SUMARIO

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Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 281 diputados. Por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz(11:23 horas): Se abre la sesión. Sí, diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Buenos días, compañeras diputadas, buenos días compañeros diputados. Nuevamente para señalar mi inconformidad porque hasta esta fecha la Junta de Coordinación Política no ha remitido los nombres de los que serán propuestos a este pleno como consejeros o consejeras electorales, presidente.

Creo que hay que urgir a la Junta de Coordinación Política para que a la brevedad proponga estos nombres.

También, por los medios de comunicación y porque además se hizo público ya el informe del auditor superior respecto de la Cuenta Pública del 2009, en las observaciones a esta cuenta hay distintos señalamientos respecto de la Cámara de Diputados, presidente.

Creo que es bien importante que todos los diputados estemos enterados de los procedimientos administrativos o de responsabilidad que se seguirán en contra de los funcionarios públicos de esta Cámara que se encuentren en algún supuesto de observaciones o de recomendaciones, o también de inicio de procedimiento administrativo.

Debemos dar el ejemplo comenzando a tomar cartas en el asunto y no dejar que estas observaciones y recomendaciones que el auditor superior hizo a la Cámara queden en el aire. Ésa es mi segunda petición.

La tercera. Hoy estaban citados en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía distintos funcionarios del Canal 11, del nuevo organismo de medios audiovisuales y esos funcionarios decidieron no comparecer al pleno de esta Cámara.

Me parece muy grave. Se está haciendo ya costumbre que cuando las comisiones citan a funcionarios del Ejecutivo a comparecer, éstos no asisten, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Quedan registradas sus observaciones y se harán llegar a los órganos competentes. Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Tres peticiones, diputado presidente. Una es para el orden del día y una observación. Las peticiones son insistir sobre mi solicitud de que se declare interlocutor no válido al secretario del Trabajo del gobierno usurpador, Lozano Alarcón. Ya van muchos meses de mi solicitud formal y sigue sin presentarse a este pleno mi petición. Por ello le solicito una vez más que ésta sea presentada al pleno.

Mi segunda solicitud va en el sentido de que la comisión que va a investigar los presuntos actos de corrupción en torno a Petróleos Mexicanos, desde diciembre se decidió su integración y es el momento que no se instala para su primera sesión de trabajo. Me parece también una negligencia que esta comisión no se instale y pediría que se exhorte a los integrantes y a quien la preside para que sea convocada, se instale e inicie sus trabajos, ya que el tema es muy importante.

La tercera petición, diputado presidente, se la entregaré por escrito en un momento. Quiero solicitarle un punto de obvia o urgente resolución: pedir que comparezca ante este pleno el secretario de Hacienda del gobierno usurpador, Ernesto Cordero, para que nos explique cómo se puede vivir con 6 mil pesos y cómo se puede tener lo mínimo indispensable para ello, porque podría con ello ganar no sólo el Premio Nobel de Economía, sino resolver los problemas de este país. Sería realmente importante que esta Cámara conociera la solución a los problemas económicos de la mayoría de las familias de los mexicanos, por 6 mil pesos. Estoy solicitando formalmente que sea convocado a este pleno el funcionario citado.

Éstas son mis peticiones, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Su tercera petición será turnada a la Junta de Coordinación, como corresponde, una vez que la recibamos por escrito, para que sea inscrita con el carácter que usted solicita. Y sobre los dos primeros puntos le informo que la Mesa Directiva esperará la resolución que corresponda para darle el trámite reglamentario.

Continúe, secretaria, por favor. Diputado Cuevas, dígame.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Sí, diputado presidente, para decirle que el 15 de diciembre quedó agendada una iniciativa que su servidor presentó y la estuve rastreando. El día 24 iba a pasar, supuestamente, a comisiones, y resulta que en este rastreo que se dio no aparece mi iniciativa.

Por lo cual solicito que sea agendada, si se puede, para el próximo jueves, ya que no fue un error de un servidor sino fue un error, me imagino, no sé si de Mesa o la Cámara, pero sí me gustaría que la iniciativa que es con respecto al proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expide la nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y abroga la Ley Federal vigente, sí me gustaría, si por favor me la agendan ahí.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Cómo no, señor diputado. Ahora mismo instruimos a Servicios Parlamentarios para que le informen el estado de su solicitud para que sea incluida a la mayor brevedad posible en el orden del día.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: A ver, diputado Fernández Noroña; otra vez. Sonido, por favor.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Yo ya había pedido la palabra desde antes.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No lo había yo visto; ahora se la doy.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Yo muy puntual. Lo que pasa es que se me pasó, gracias diputado presidente.

Se me pasó solicitar para el orden del día, el que yo accedí la sesión anterior, a cambiar el punto de la agenda política que me correspondía, a hacer un trueque con el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, el tema no se abordó la sesión pasada, creo que ha perdido su oportunidad política y por tanto, solicito me sea restablecido el punto de la agenda política donde estaba, que era el primero o el segundo, ya no lo sé; sobre las alianzas PRD-PAN. Pediría que vuelva a ser incorporado el punto como estaba originalmente acordado.

Y finalmente, diputado presidente, aunque hay más de 251 diputados y hay quórum formalmente, está absolutamente desolado este pleno. Yo quisiera que les hiciera un llamado a esos diputados y diputadas que con tanto fervor dicen que quieren trabajar, que hay quien con una manta para el desarrollo de la nación, que vinieran a cumplir con su responsabilidad, que es la de estar aquí en este pleno.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Sí, presidente.

Primero, en el mismo sentido que Gerardo. Yo creo que ya basta de tanta simulación, por un lado quieren aplicar estrictamente el Reglamento, y por el otro vemos que todo mundo pasó lista, pero todo mundo se fue. Esto no puede seguir, porque entonces el Reglamento se aplica como ustedes quieren.

Punto dos, el día de ayer envié una serie de peticiones, de hecho dos oficios, para que en términos del artículo sexto transitorio del Reglamento se dé trato a algunas iniciativas que he presentado. No la veo, no veo nombrado, ahora sí que no me veo citado en la Gaceta en la parte de comunicaciones.

Quiero saber si también la Mesa Directiva va a decidir a cuáles oficios se les da entrada y a cuáles no. Me parece que esto ya es un exceso, es una burla. Ayer, están aquí, aquí tengo los sellos y no veo por qué no están reflejados en la Gaceta. Que no me diga que no les dio tiempo de enlistarlos, por favor, son dos hojas, presidente. Ya basta de estas cosas, ya basta de simular este Congreso.

Entonces, sí le pido y le exhorto que sean incluidos en esta sesión estos dos oficios de iniciativas que yo le estoy pidiendo que con su Reglamento, bajo su Reglamento se le dé trato a mis iniciativas.

Yo sé que son molestas, yo sé que procuran y piden que las grandes empresas paguen impuestos. Pero eso no los exime de que se le dé el trato del Reglamento que ustedes mañosamente aprobaron y que vean cómo están aplicando.

El salón de plenos vacío, con trescientos y tantos diputados que según pasaron lista, y condicionando las iniciativas al trato que se le da. Me parece que esto ya es una burla a los diputados.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, cómo no, señor diputado. Me informan que sus peticiones llegaron después de las 13 horas que marca el Reglamento. En cuanto nos la mande la Junta de Coordinación, las incluiremos en la sesión.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): No me salga con eso, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No nos han llegado, señor diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): No me salgo con eso.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Está bien, señor diputado, las tomaremos en cuenta ahora que nos lleguen. Adelante la Secretaría.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, el 19 de febrero no tuvimos sesión, era un día inhábil, pero el Partido Verde no quiere perder la oportunidad de hacer un reconocimiento y de manifestar nuestro respeto, nuestra solidaridad y una felicitación a una gran institución como es el Ejército mexicano, ahora este 19 de febrero. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado Escudero. Quedan registrados sus comentarios sobre el Ejército.

Sí, diputado Pérez Cuevas. ¿Quién? Diputado Gerardo Cortez. Dígame, diputado.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Sí, diputado presidente. Hace una semana solicité atentamente que se formara una comisión para ver la posibilidad de buscar el desafuero del tipo éste, Noroña; porque continúa con sus payasadas. No estamos dispuestos a continuar con este tipo de eventos que deterioran las actividades del Congreso. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Quedan registradas sus expresiones, señor diputado. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Primero, me extraña que invoquen un Reglamento que quedó que entraría en vigor hasta el 1 de septiembre; que usted permita que este compañero –que creo que es mi tocayo, por cierto– esté usando estas formas de dirigirse a mi persona.

Soy el diputado Gerardo Fernández Noroña, aunque te lleve más trabajo y te tardes un poco. Y quiero informarle en su absoluta ignorancia, compañero diputado, creo que aunque no lo ha hecho, por escrito debe turnarse su solicitud.

Que, aunque me desaforaran por sacar una manta, que es un derecho de libre manifestación garantizado en la Constitución, que está por encima de cualquier reglamentación y la que acabo de sacar alude a nuestro artículo 61 sobre nuestra inviolabilidad en torno a nuestras opiniones, le comunico al diputado, al que urge deshacerse de mí, que aunque me desaforaran –que no veo cómo– yo seguiría siendo diputado, seguiría usando la tribuna, seguiría usando la palabra, seguiría manifestándome; sólo que sin fuero. Así es que si me quitan el fuero, me tiene sin cuidado francamente. Lo digo con toda claridad. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Cárdenas Gracia. Y es la última intervención antes de continuar con el trámite del orden del día. Sí, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Sí, presidente, sin querer hacer un debate de estos señalamientos que hace un momento han vertido respecto de mi compañero Fernández Noroña, mi compañero diputado.

Sí es bien importante, presidente, que nos tomemos en serio la Constitución General de la República, no hay que olvidar que de acuerdo al artículo 128 de la Constitución, todos, cuando tomamos protesta de nuestro cargo de diputadas y de diputados, protestamos guardar en primer lugar la Constitución y las leyes que de ella emanaran.

En este sentido, la Constitución como lo mencionaba hace un momento mi compañero Fernández Noroña, establece en el artículo 61 el principio de que las opiniones de los legisladores, sus expresiones son inviolables y que jamás un legislador puede ser reconvenido por sus expresiones, ya sean materiales, orales, con mímica, etcétera, no puede ser un legislador reconvenido jamás por sus expresiones, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continúe la Secretaría. Consulte si se le dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 22 de febrero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De los diputados Víctor Manuel Báez Ceja, Rodolfo Lara Lagunas, Javier Usabiaga Arroyo, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Uriel López Paredes, Juan José Cuevas García, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Merino Loo, Alejandro Gertz Manero, Leobardo Soto Martínez, José Luis Jaime Correa, Norma Sánchez Romero, Norma Leticia Salazar Vázquez y Sandra Méndez Hernández.

De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 71 Aniversario del Día de la Bandera.

De la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite seis contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

Del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Del Gobierno del Estado de Veracruz, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.

Del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández.

De la Cámara de Senadores, con la que remite solicitud de los senadores Eloy Cantú Segovia y Javier Castellón Fonseca, de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del Articulo 44 de la Ley de Puertos. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, determinar que, dada la imposibilidad jurídica y material, se realizará el cumplimiento al laudo dictado en el expediente número 2833/03, en lo relativo a la reinstalación de los CC. Luciano Lorenzo Hernández Alcántara, Yolanda Cid González y José Francisco Rodríguez Cárdenas, ex trabajadores del Canal del Congreso, en términos de la fracción IX del apartado b) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Votación)

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto, que reforma los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto, que reforma la denominación del Capítulo I del Título Décimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Agenda política

Comentarios sobre el informe de resultados de la Cuenta Pública 2009, presentados por la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Comentarios relativos a la problemática en materia de derechos humanos e inseguridad en las entidades federativas, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

Iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Clara Gómez Caro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y suscrita por la Dip. María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 7°, 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 6° y 20 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 y adiciona un 73 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y la de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85, 107 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Bienestar Animal, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 6°, 9° y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Transitorio Primero y deroga los Artículos Transitorios Décimo Segundo y Décimo Tercero, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1°, 5° y 14 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza y suscrita por los diputados Guillermo Cueva Sada y Diego Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1° y 2° de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y 253 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8° del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 37 y 43 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 121 Bis y 121 Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para Favorecer la Actividad Laboral de los Grupos Vulnerables, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Civil Federal y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Seguro de Desempleo, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Mecanismos de Cooperación Ciudadana en la Gestión Pública de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° y deroga los artículos 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, y expide la Ley Federal para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón y suscrita por el Dip. Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 82 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Álvarez Cisneros, de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Álvarez Cisneros, de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Israel Madrigal Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 171 y 174 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 395 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7°, de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, y de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 321 Bis a Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y 39 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 301, 306 y 421 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 83 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por el Dip. Rodrigo Reina Liceaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 25 de la Ley de Aeropuertos y 7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que expide la Ley de Adopción, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 56 y 58, de la Ley Agraria, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, modifique, ajuste y reestructure las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana, para crear una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con temperaturas ambientales superiores a los 30 grados centígrados, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a revertir la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero. Asimismo, se cree un grupo de trabajo que dé seguimiento a las necesidades de la industria acerera nacional, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL, amplíe el Padrón de Beneficiarios del Programa 70 y más para que dé cobertura a los Adultos Mayores que habitan los Polígonos Urbanos de Pobreza detectados por el Programa Hábitat, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, cubra los requerimientos del pago de prestaciones, gratificaciones y pensiones a los trabajadores jubilados y pensionados de la sección 6 del SNTE de la Delegación de Colima, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades gubernamentales con atribuciones en la gestión de barrancas, implementen las medidas necesarias para desazolvar y entubar el cauce de la Barranca la Coyotera, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y a la PGR, resuelvan la investigación por el desfalco cometido por la empresa Solución Total, del consultor y político Eukid Castañón Herrera, en contra de las arcas municipales de la entidad, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, amplíe las actividades de detección oportuna de la enfermedad denominada Alzheimer y su respectivo tratamiento, e inicie la construcción de residencias con instalaciones adecuadas y personal capacitado para la atención de adultos mayores y familiares afectados por la misma, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, fortalezcan medidas preventivas y de coordinación en áreas naturales, bosques y suelos forestales para evitar la Tala Clandestina, así como disminuir los efectos devastadores al medio ambiente y a la sociedad, a cargo del diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Cofetel y de la Profeco, realicen las acciones necesarias para que el proveedor de telefonía digital Telcel, atienda el caso de comunidades rurales del país, conminándolo a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, incluya de manera obligatoria en sus normas, referencias técnicas y manuales, que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en las autopistas de cuota de la red nacional carretera, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos de las entidades federativas, se coordinen con la Secretaría de Salud, a fin de desarrollar e implementar diversas acciones a favor de la detección oportuna del cáncer de mama, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrito por los diputados Rodrigo Reina Liceaga y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, revierta a favor del dominio público los tramos de vía ferroviaria en desuso y abandonada por la empresa ferroviaria Ferrosur, comprendidos entre Calpulalpan y Tlaloc, Tlaxcala, con la finalidad de que sean donados a esas comunidades para obras de beneficio social, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al Gobierno del estado de Baja California, para que se concluya la construcción del Aeropuerto Civil, en la ciudad de Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CFE y la SHCP, otorguen un subsidio especial para las escuelas de educación básica y media superior, en el pago de energía eléctrica, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la creación del Grupo de Amistad México – Santa Sede, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEP, implemente acciones para cubrir las necesidades de educación especial a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a cargo de la diputada Daniela Nadal Riquelme, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo al Día del Ejercito Mexicano, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa al 16 de febrero, Décimo Quinto Aniversario de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo de los diputados Teófilo Manuel García Corpus, María Isabel Pérez Santos y María de Jesús Mendoza Sánchez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Con motivo del 20 de febrero, conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de las diputadas Rosi Orozco y Leticia Quezada Contreras, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Con motivo del fallecimiento de Don José Iturriaga Sauco, importante intelectual y político, ocurrido el sábado 19 de febrero, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecisiete de febrero de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos diecisiete diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del jueves diecisiete de febrero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día. Desde sus curules intervienen los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, con relación a los Consejeros Electorales del Instituto Electoral Federal; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo, con relación al orden del día. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se dispensa la lectura al Acta de la sesión anterior. Desde sus curules los diputados: Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, realiza comentarios con relación al orden del día; Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional, quien solicita moción de orden; y Pedro Ávila Nevárez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre su iniciativa con proyecto de decreto que fue devuelta por la Mesa Directiva. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se aprueba el Acta.

Desde su curul hace comentario sobre TURISSSTE el diputado, Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones.

Se reciben comunicaciones oficiales:

• De la Mesa Directiva en relación a dictámenes en sentido negativo de proposiciones con punto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda del Reglamento, se instruye su publicación en el Diario de los Debates y se archiven los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias, Especiales y Bicamaral. De Enterado, comuníquense.

Desde su curul realiza comentarios con relación al capítulo de Agenda Política, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

• De los diputados Juventino Víctor Castro y Castro, Arturo Santana Alfaro, Teófilo Manuel García Corpus, María Joann Novoa Mossberger y José del Pilar Córdova Hernández, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de dos mil nueve a diciembre de dos mil diez, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Reglamento de Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo Sexto Transitorio del Reglamento, se turnan nuevamente las iniciativas a las Comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y se actualiza los registros parlamentarios.

Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a la comunicación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, por la que solicita información a la Secretaría de Seguridad Pública y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con relación a las empresas que brindan seguridad privada. Se remite al Ejecutivo.

• De la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la prevención y sanción contra la explotación sexual y la trata de personas en la población penitenciaria del país. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

• De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Cámara de Diputados considere el análisis, discusión y dictaminación de todas las iniciativas en materia de deducción de colegiaturas, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de enero de dos mil once, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de dos mil diez. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Se recibe una minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho y treinta y uno de la Ley Agraria. Se Turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• De la Secretaría de Gobernación, tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

– La incorporación de México a la Red Internacional del Bambú y del Ratán. Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería.

– Al programa de inspección para el cumplimiento de las disposiciones laborales a bordo de los buques y de las plataformas. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

– A la prevención oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto:

• Del Congreso del Estado de Chihuahua, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• De la Cámara de Senadores que reforma la fracción cuarta del artículo veintinueve-A del Código Fiscal de la Federación, presentada por el senador Francisco Agundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

• De Justicia, que reforma la denominación del capítulo primero del título décimo quinto y el artículo doscientos cincuenta y nueve Bis del Código Penal Federal.

• De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el primer párrafo del artículo veinticinco de la Ley General de Educación.

• Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

En el capítulo de Agenda Política se concede el uso de la palabra al diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, con relación a los hechos ocurridos en la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el quince de febrero. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza; Pedro Jiménez León; de Convergencia; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; para responder alusiones personales el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones. Continúan las intervenciones de los diputados: Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Juanita Arcelia Cruz Cruz, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones;

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus curules realizan comentarios los diputados: Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática; Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva; Jorge Venustiano González Ilescas y Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional.

Intervienen con relación al tema los diputados: Pedro Jiménez León, de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa Ramos, de Partido del Trabajo; Juan Carlos Natale López, Partido Verde Ecologista de México; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; María de Jesús Mendoza Sánchez, del Partido Acción Nacional; y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu, del Partido Revolucionario Institucional. Desde sus respectivas curul solicitan moción de procedimiento el diputado Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional; y responde alusiones personales el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

A las trece horas con treinta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cincuenta y ocho diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los diputados:

• José Luis Álvarez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, apoye a los productores cañeros veracruzanos afectados por diversos meteoros climatológicos. En votación económica se considera urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los diputados: Fernando Santamaría Prieto, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido.

• Caritina Saénz Vargas, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Salud para que implemente las acciones correspondientes a fin de modificar la NOM 041-SSA2-2009 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia del Cáncer de Mama, en el punto siete, punto tres, punto tres, punto seis, con el objeto de establecer el derecho a realizarse una mastografía de manera gratuita cada dos años, a las mujeres asintomáticas a partir de los cuarenta años de edad, sin necesidad de que cuenten con antecedentes de cáncer de mama directos y sin indicación médica. En votación económica se considera urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los diputados Gerardo Del Mazo Morales, de Nueva Alianza; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; y María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones. Desde su curul la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, hace una propuesta de modificación al punto de acuerdo; y Caritina Saénz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios el diputado; Miguel Ángel García Granados; del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones. En votación económica se considera suficientemente discutido.

En votación nominal se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo por trescientos setenta y cinco votos; y una abstención, comuníquense.

Se concede el uso de la palabra para presentar las siguientes iniciativas con proyectos de decreto a los diputados:

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos trescientos uno y cuatrocientos veintiuno y adiciona un artículo cuatrocientos veintiuno Ter a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• Juan Carlos López Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo:

– Que reforma el artículo treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide de la Ley General de Candidaturas Independientes. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo catorce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Olivia Guillén Padilla, a nombre propio y del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sesenta y siete y sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Marcela Guerra Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, para dictamen.

• Jaime Sánchez Vélez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia, para dictamen.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo Noveno Transitorio a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos primero y cuarto de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y cuatro y setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sergio Mancilla Zayas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de  Gobernación, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo quinientos dos de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo quinientos uno de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo quinientos diecisiete de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo sesenta y seis de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo cuatrocientos setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo cuatrocientos noventa y cinco de la Ley Federal del Trabajo.

– Que reforma el artículo novecientos noventa y cinco de la Ley Federal del Trabajo.

Se turnan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo setenta y ocho de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo trescientos cuarenta y tres Ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se reciben las siguientes proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Martín Enrique Castillo Ruz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, realice una evaluación sobre el impacto que ha tenido la participación de los productores usuarios de riego, en el desarrollo de la agricultura bajo riego, y sobre el cumplimiento de los compromisos que éstas tienen con la administración del agua, así como lo relativo al mantenimiento y construcción de infraestructura y preservación de los recursos dentro de cada cuenca o distritos de riego. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, por el que se realiza un extrañamiento al Gobernador y al Fiscal General del estado de Coahuila, ante los diversos casos de desapariciones de personas ocurridos en la entidad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, dé cumplimiento a la sentencia dictada por La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el treinta y uno de agosto de dos mil diez, en el expediente caso Rosendo Cantú y otra contra México. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Liborio Vidal Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México y suscrito por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la estabilización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los precios de los combustibles. Se turna el primer resolutivo a la Comisión de Energía, para dictamen y el segundo resolutivo a la Junta de Coordinación Política.

• Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila para que a través de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila y el Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, revisen y modifiquen las condiciones establecidas en los contratos celebrados entre éstos y los productores de carbón de Coahuila. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Especial de Seguimiento y Análisis del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico Generado por Petróleos Mexicanos, soliciten a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen de manera conjunta una visita al municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, con la finalidad de estudiar, evaluar y, en su caso, atender el impacto ambiental generado por la actividad de Pemex y diversas empresas privadas relacionadas con la actividad petrolera. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión Especial de Seguimiento y Análisis del Daño Ecológico, Impacto Social y Económico generado por Petróleos Mexicanos, para opinión.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibe proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, sobre la relación México-Francia. En votación económica se aprueba, comuníquese.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta y dos minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veintidós de febrero de dos mil once a las once horas.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo atendidos y en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismos que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Derechos Humanos, y de Justicia

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

Distrito Federal

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como la Puerta a la avenida Constituyentes.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a observar la legislación vigente en la capital.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas sus recomendaciones para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones de la capital.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal.

Transportes

• Por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo para exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a aplicar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de América.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a realizar el presupuesto y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche, así como conservar y modernizar sus carreteras.

• Por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo:

– Con la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del Estado de México.

– Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar con la concesionaria de la autopista las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios.

– A fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales a eliminar las casetas números 107, desarrollo industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de las Comisiones de Derechos Humanos, y de Justicia, relativo a la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

1.El 29 de octubre de 2009, el diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita con la brevedad posible sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo.

2.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la presente proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia para su estudio y dictamen, y al grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, para su conocimiento.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La proposición con punto de acuerdo de fecha 29 de octubre de 2009 solicita respetuosamente a la CNDH que emita su recomendación sobre los hechos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009, relacionados a la detención e internamiento de ex funcionarios michoacanos, tanto del gobierno estatal como presidentes municipales, acusados de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Consideraciones

El 26 de mayo y el 29 de junio de 2009 elementos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el estado de Michoacán para dar cumplimiento a diversas órdenes de localización y presentación emitidas por el Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República (PGR).

Con base en ello detuvieron a varios funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán.

A consecuencia del impacto público que tuvo dicho evento, y como demanda de los familiares de los inculpados y del Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos de Michoacán se constituyó una comisión especial en el congreso del estado de Michoacán de Ocampo y un grupo plural de seguimiento en la Cámara de Senadores.

En fecha 20 de octubre de 2009 la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados creó el grupo plural de trabajo para dar seguimiento al proceso judicial a que han sido sometidos ex servidores públicos del estado de Michoacán, detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, que se instaló el 29 del mismo mes.

Por otra parte, los familiares de los inculpados presentaron diversas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que fueron turnadas a la CNDH, y desde la detención han realizado lo siguiente:

• Desde la detención en mayo y junio de 2009, denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los inculpados desde el momento de la detención, hasta su confinamiento.

• Recurrieron con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, a fin de denunciar la violación de los derechos humanos y promover la inocencia de los presuntos responsables.

• Junto con sus abogados realizaron diversos documentos fundados en la averiguación previa y el proceso judicial donde destacan cientos de inconsistencias, irregularidades y contradicciones.

• De la misma manera denunciaron la fabricación de pruebas por parte de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) basados en la actuación de los testigos protegidos y de la parte informativa de la Policía Federal.

Por su parte el entonces presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes Fernández, en fecha 30 de noviembre de 2009, aseguró durante una visita de trabajo en la ciudad e Morelia, que se violaron los derechos de los inculpados, tanto constitucionales como procesales, desde la detención hasta el confinamiento. Incluso manifestó que el arraigo era propio de los sistemas inquisitorios de la Edad Media. Aseguró, por otra parte, que el perfil de los detenidos no correspondía al de la peligrosidad delincuencial de los centros de readaptación en los que fueron internados y denunció la falta de las garantías mínimas establecidas en los ordenamientos internacionales que México ha firmado y ratificado, durante operativo Michoacán.

Por otra, parte, el Colectivo de Organizaciones de Derechos Humanos de Michoacán:

• Denunció violaciones a los derechos humanos de los inculpados y promovió en 2009, una delegación para visitar los penales de Nayarit para dar fe de las violaciones a los derechos de los inculpados. El 6 de julio de 2009 se realizó dicha visita conjuntamente con CNDH, CEDH, Congreso local y un senador de la república.

• Denunció que hubo trato inhumano, abusos de autoridad, tortura psicológica, mala alimentación e inasistencia médica, entre otros.

• A principios de agosto de 2009, con los familiares, realizaron y promovieron un punto de acuerdo para crear una comisión especial de investigación, pedir el traslado de los internos a un penal de Michoacán, solicitar la recomendación de la CNDH y justicia, el cual fue entregado al Congreso local y promovido en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

• Valoró con los familiares la posibilidad de recurrir a instancias internacionales de derechos humanos, una vez que se agote la instancia nacional y se cierre el expediente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados de esta Comisión concordamos con el  diputado proponente, en la necesidad de conocer la recomendación en la materia. Sin embargo ésta fue emitida por la CNDH, el 30 de octubre de 2009, un día después de que el diputado proponente presentara su proposición con punto de acuerdo. Por lo que el cometido de ésta se encuentra debidamente cumplido por la CNDH y la proposición ha quedado sin materia.

Por último vale la pena mencionar que la recomendación número 72/2009, en el apartado de observaciones la CNDH acreditó lo siguiente:

• Violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada y debido proceso, derivadas de los cateos practicados sin orden emitida por autoridad competente y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial en perjuicio de los agraviados.

• Violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces PFP, consistentes en allanamientos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán.

• Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, consistentes en dilación para poner a los agraviados a disposición de la autoridad ministerial, atribuibles a servidores públicos de la entonces PFP.

• Violaciones a los derechos de presunción de inocencia, defensa y debido proceso, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la SIEDO de la PGR.

• Dilación en los procesos de los inculpados para ejercer su defensa adecuada, en la que han incurrido los jueces primero y segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, toda vez que no se les permitió acceso a la acusación sino hasta semanas después de dictado el auto de formal prisión. Además de que constantemente se han diferido las audiencias de ampliación de declaración de los testigos protegidos ofrecidos por la PGR.

• Inefectividad del derecho al debido proceso legal y, con ello, de las prerrogativas que a favor de los indiciados establece el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política. Por lo cual, mediante oficios números 43635 y 48440 del 17 de septiembre y 12 de octubre de 2009 respectivamente, se dio vista a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que, de ser el caso, sean resarcidos en el goce de las garantías que les fueron conculcadas y, sobre todo, se les garantice una pronta y expedita impartición de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia someten a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desechala proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita con la brevedad posible sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas, presentada por el diputado Víctor Manuel Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 29 de octubre de 2009.

Segundo.Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Dada la importancia de la recomendación que comentamos se resumen algunos de sus párrafos respetando el sentido del documento original. El texto íntegro puede consultarse en  http://www.cndh.org.mx/ recomen/recomen.asp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de septiembre del 2010.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Silvia Isabel Monge Villalobos, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).

La Comisión de Justicia, diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica en abstención), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, respecto de la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como la Puerta a la avenida Constituyentes

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-7-380, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes, presentada por la diputada Leticia Robles Colín, entonces del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

1. Con fecha 7 de abril de 2010, la diputada Leticia Robles Colín presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como la puerta a la avenida Constituyentes.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el desarrollo de la zona poniente de la Ciudad de México se ha dado de manera anárquica, lo que ha propiciado una falta de infraestructura vial en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

Asimismo, la proponente sostiene que en la avenida Constituyentes confluyen la zona deportiva militar, diversos edificios de oficinas y centros de salud, así como la central de autobuses del poniente, lo que genera un intenso tránsito vehicular hacia la carretera de Toluca.

4. La diputada indica que una demanda de los habitantes de esa zona es el balizamiento de los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca, conocido como La Puerta, a la avenida Constituyentes, ya que la falta de señalización genera un grave conflicto vial al confundir a los conductores que transitan por esa vía.

5. Por lo anterior, la proponente considera necesario exhortar a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere al balizamiento de los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal tiene el despacho de las materias relativas a la normatividad de obras públicas y servicios urbanos; la construcción y operación hidráulica; los proyectos y construcción de las obras del sistema de transporte colectivo; los proyectos y construcción de obras públicas, así como proponer la política de tarifas y prestar el servicio de agua potable.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la secretaría tiene adscritas dos Direcciones Generales: la de Obras Públicas y la de Servicios Urbanos. De conformidad con el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, a la segunda le corresponde:

- Establecer los criterios y normas técnicas para la conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana de las vialidades en el Distrito Federal.

- Realizar las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan la funcionalidad e imagen urbana de las vialidades que conforman la red vial primaria, vías rápidas y ejes viales.

- Realizar en coordinación con los Órganos Político-Administrativo, las acciones de conservación y mantenimiento vial, alumbrado público y de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento y la imagen urbana de las vialidades principales.

- Atender y dar seguimiento a las necesidades de conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento vial y del alumbrado público, así como de aquellos elementos que determinan la imagen urbana de las vialidades.

En términos de la lista de vialidades primarias emitido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, que cita como fuente Láminas de Alineamiento, Números Oficiales y Derechos de Vía de Seduvi, tanto el tramo de la carretera México-Toluca como la avenida Constituyentes son vías primarias y, por ende, los trabajos que se realicen en el tramo a que alude la diputada proponente deberán llevarse a cabo por la Dirección General de Servicios Urbanos de dicha dependencia.

El director de Mantenimiento de Infraestructura Urbana de la Dirección General de Servicios Urbanos, de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, remitió a esta dictaminadora el oficio número “GDF/SOS/DGSU/DMIU/ 2010-12-03-009” de fecha 3 de diciembre de 2010, del cual se transcribe, en su parte conducente, lo siguiente:

“En atención al oficio PCDF/ST/237/2010, de fecha 17 de noviembre del año en curso, donde se exhorta a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar carriles de circulación que se encuentran en el tramo de la carretera México-Toluca, conocido como La Puerta, a la avenida Constituyentes.

Al respecto le informo que esta Dirección tiene programados los trabajos de balizamiento en la ubicación en comento, a partir del 7 de diciembre del presente año”.

Por lo anterior, y en cumplimiento de sus atribuciones legales, la Secretaría de Obras y Servicios ha realizado las acciones necesarias con el propósito de atender la demanda ciudadana esbozada anteriormente. Motivo por el cual, esta comisión considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes del gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como La Puerta a la avenida Constituyentes, presentada por la diputada Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 7 de abril de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, relativo a la proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a observar la legislación vigente en la capital

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para su estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0442, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a que cumplan cabalmente la normatividad del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como toda la legislación vigente en materia de administración pública, desarrollo sustentable y recursos públicos para el Distrito Federal; presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para: a) exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que observe estrictamente el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente en el territorio del Distrito Federal y las aplique cabalmente, exigiendo su cumplimiento en todos sus niveles de Gobierno; y b) exhortar a los Jefes Delegacionales a que, en la medida de sus facultades, acaten a la letra el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente dentro de su competencia, en todas las materias.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que, si bien la reforma política se ha convertido en una necesidad urgente para los habitantes de la Ciudad de México, lo que verdaderamente necesita el Distrito Federal es un cabal cumplimiento de las leyes y un eficaz combate a la impunidad de ciertos servidores públicos.

Como ejemplo de lo anterior, la proponente recuerda el conflicto político que protagonizaron Rafael Acosta y Clara Brugada en la delegación Iztapalapa. Asimismo, hace referencia al incremento en el presupuesto que para el ejercicio 2010 solicitó el delegado de Magdalena Contreras para su demarcación, siendo ésta una de las delegaciones más problemáticas de la capital, ya que enfrenta problemas en los servicios de agua, luz, bacheo y banquetas, entre otros.

Adicionalmente, la diputada refiere los casos de la denominada supervía Poniente y del “Bar Bar”. Respecto al primero, sostiene que dicha obra afecta las vialidades de las colonias que se encuentran en la zona de construcción; mientras que, por lo que se refiere al segundo, aduce que el delegado de Álvaro Obregón confirmó que en los cinco años previos a los conocidos acontecimientos no se realizaron verificaciones a dicho establecimiento.

4. Por lo antes expresado, la proponente considera necesario:

a) Exhortar al Gobierno del Distrito Federal a que observe estrictamente el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente en el territorio del Distrito Federal y las aplique cabalmente, exigiendo su cumplimiento en todos sus niveles de gobierno; y

b) Exhortar a los jefes delegacionales a que, en la medida de sus facultades, acaten a la letra el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal y la legislación vigente dentro de su competencia, en todas las materias.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere al acatamiento de los ordenamientos legales vigentes por parte del Gobierno del Distrito Federal y de los jefes delegacionales de la capital.

III. La comisión dictaminadora, después de valorar las inquietudes expresadas por la promovente, considera que los resolutivos del punto de acuerdo de mérito son ambiguos y constituyen una “generalización apresurada” de sucesos muy concretos. Por ello, se debe concluir que la solicitud resulta carente de sustento y sin un objetivo preciso, incumpliendo con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual establece que los puntos de acuerdo “representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico”.

Aunque en el cuerpo de los considerandos se expresan diferentes acontecimientos en los que la proponente alega un incumplimiento del marco jurídico de la capital, los resolutivos no se centran en ninguno de dichos sucesos, por lo que no estimamos necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar los juicios de valor y aprobar el punto de acuerdo solicitado.

IV. Además, cabe decir que los resolutivos propuestos por la diputada no tienen razón de ser, en virtud de que la legislación mandata al Jefe de Gobierno y a los titulares de los órganos político-administrativos a cumplir con las leyes que se encuentran en la esfera de su competencia. En este sentido, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece lo siguiente

Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:...

...II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos;

III. Cumplir y ejecutar las leyes relativas  que expida el Congreso de la Unión en la esfera y competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;...

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala que corresponde a las delegaciones “velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, levantar actas por violaciones a las mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal”.

V. Por lo anterior, la Comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor ni aprobar el punto de acuerdo solicitado.

VI. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a cumplir cabalmente la normatividad del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como toda la legislación vigente en el ámbito de su competencia, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo el 20 de abril de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, relativo a la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas sus recomendaciones para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones de la capital

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para su estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-5-695, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia a las 16 delegaciones de la capital, presentada por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 27 de abril de 2010, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia a las 16 Delegaciones del Distrito Federal.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) ha encontrado irregularidades en licencias y permisos de construcción de algunos desarrolladores inmobiliarios en la delegación Benito Juárez. Ante ello, dicha institución emitió algunas recomendaciones entre las que se encuentran revocar registros de manifestaciones de construcción, suspender actividades de edificación, demoliciones, entre otras sanciones.

4. La iniciante sostiene que es imperativo que la población se entere de los criterios y razones en los cuales las autoridades del Distrito Federal fundan las decisiones para permitir la construcción de desarrollos inmobiliarios a fin de transparentar sus acciones y evitar la corrupción. Además, señala que dicha información permitirá determinar qué autoridades han incurrido en alguna irregularidad durante el otorgamiento de las licencias y los permisos necesarios para llevar a cabo construcciones.

5. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario exhortar a la PAOT a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina pretende transparentar la actuación de las autoridades del Distrito Federal que se encargan de otorgar los permisos y las licencias de construcción, a través de las recomendaciones que realiza la PAOT.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición con punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

La PAOT, como autoridad ambiental, es un organismo público descentralizado que dentro de sus atribuciones tiene las siguientes:

– Conocer e investigar sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

– Imponer fundada y motivadamente, las acciones precautorias que resulten procedentes, derivadas de los reconocimientos de hechos que lleve a cabo la Procuraduría y emitir las resoluciones que correspondan a los procedimientos que se lleven a cabo con motivo de la atención de denuncias e investigaciones de oficio;

– Solicitar a la autoridad competente la revocación y cancelación de las licencias, certificados, autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones;

– Dar respuesta a las denuncias presentadas, notificando al denunciante el resultado de los reconocimientos de hechos realizados y, en su caso, de las acciones que se hayan tomado para su atención;

– Emitir recomendaciones a las dependencias; órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; así como para la ejecución de las acciones procedentes derivadas de la falta de aplicación o incumplimiento de dichas disposiciones; o cuando incurran en actos u omisiones que generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave de los ecosistemas o sus elementos; y

– Formular y difundir estudios, reportes e investigaciones respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento  territorial; así como de actos u omisiones, que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños a los ecosistemas del Distrito Federal o su elemento;

IV. La Ley Orgánica de la PAOT contiene disposiciones que promueven la apertura y transparencia de sus resoluciones, recomendaciones e investigaciones. En este sentido, el artículo 11 dispone que el procurador debe enviar anualmente al jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa un informe sobre las actividades de la Procuraduría, el cual deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y contener una descripción sobre las denuncias recibidas, las investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las resoluciones que se hubieren tomado, las recomendaciones y sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes por cumplimentarse; y los datos estadísticos e información que se consideren de interés.

Además de ello, el artículo 17 señala que “la Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios entre los habitantes del Distrito Federal, así como de sus programas, a efecto de lograr el mayor acceso de la ciudadanía a las instancias de gestoría y denuncia. Asimismo difundirá ampliamente sus recomendaciones y sugerencias, así como las resoluciones que considere de importancia para promover y propiciar la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial y sus informes periódicos”.

Reafirmando lo anterior, el artículo 33 Bis dispone que las recomendaciones serán públicas, aunque no tendrán carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirija.

V. En atención a lo dispuesto en la citada Ley Orgánica, así como en los artículos 3, 14, fracción XIX, y 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la PAOT hace públicos los informes que presenta ante su Consejo de Gobierno y ante el Instituto de Acceso a la Información Pública local.

Dichos informes incluyen las recomendaciones y resoluciones que la PAOT realiza cada año y están disponibles en el siguiente vínculo electrónico: http://www.paot.org.mx/index.php?module=paginas&func=display&pageid=274 , el cual contiene información que es pública de oficio por referirse a investigaciones concluidas.

VI. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal, considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a que haga públicas las recomendaciones de dicha dependencia para desarrollos habitacionales en las 16 delegaciones del Distrito Federal, presentada por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de abril de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Distrito Federal, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0574, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal propuesta por el jefe de gobierno, presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 29 de abril de 2010, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a los integrantes de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que de manera acuciosa y objetiva analicen y, en su caso, desechen o modifiquen las múltiples inconsistencias que presenta el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal que propone el jefe de gobierno.

2. En la misma fecha, la Proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, el diputado sostiene que la iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal presentada por el jefe de gobierno el 9 de diciembre de 2009, incluye disposiciones discrecionales que ponen en riesgo el futuro de la ciudad en materia de desarrollo urbano, dejando en una sola persona el destino del uso de suelo de predios y zonas del territorio de la capital.

4. Como ejemplo de lo anterior, el Diputado señala que dicha iniciativa consideraba dentro de las atribuciones del jefe de gobierno el “decretar zonas de intervención que dirijan la planeación y el ordenamiento del desarrollo urbano en áreas específicas de la ciudad”, facultándose a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) a elaborar el proyecto de zona de intervención y someterlo a la aprobación del jefe de gobierno; medida que pretendía deformar y alterar las colonias con un solo uso de suelo, fomentándose el establecimiento de nuevas áreas con usos mixtos.

A juicio del proponente, esta situación es preocupante, toda vez que se corre el riesgo de regularizar todos aquellos asentamientos que, violando la norma vigente, han sido tolerados o permitidos por las autoridades de manera discrecional e irregular como son invasiones, giros comerciales y oficinas en zonas exclusivamente habitacionales.

5. El diputado también manifiesta que la iniciativa del jefe de gobierno genera incertidumbre porque se permite al titular del Ejecutivo local y a la Seduvi incrementar las alturas y densidades de las construcciones en todo el Distrito Federal, sin limitante alguna, a través de la constitución de áreas de actuación, zonas de intervención, transferencia de potencialidades, normas generales de ordenación, incrementos del potencial constructivo, entre otras facultades.

6. Finalmente, el iniciante argumenta que de aprobarse la iniciativa se atentaría contra el orden constitucional y el Estatuto de Gobierno, ya que en este ordenamiento se define que la Asamblea Legislativa es la única facultada para legislar y regular todo lo relativo al desarrollo urbano en la capital y que, de prosperar la misma, se estaría dotando al jefe de gobierno de una facultad que no le es conferida por el marco legal.

7. Por ello, el proponente considera necesario lo siguiente:

a) Exhortar a los integrantes de la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de que de manera acuciosa y objetiva analicen y, en su caso, desechen o modifiquen las múltiples inconsistencias que presenta el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal que propone el jefe de gobierno.

b) Exhortar a los integrantes de la Comisión de Desa-rrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar de forma objetiva la propuesta de Ley de Desarrollo Urbano, enviada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, ya que de ser aprobada en sus términos, se invadirían facultades expresamente conferidas a dicho órgano legislativo local.

c) Exhortar al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, a reconsiderar y replantear su propuesta de ley en materia de desarrollo urbano, la cual debió ceñirse a los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, particularmente en lo referente a las facultades de desarrollo urbano.

Consideraciones

I. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere específicamente a que la iniciativa de ley presentada por el jefe de gobierno le confiere a éste facultades para regular la ordenación urbana, pasando por encima de los programas delegacionales y parciales aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, órgano facultado para legislar en materia de planeación del desarrollo, desarrollo urbano y particularmente en lo relativo al uso del suelo, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

III. Sin embargo, la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que da origen a la proposición que se dictamina, fue aprobada por el pleno del Órgano Legislativo de esta capital el 27 de abril de 2010, con 45 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones. Además, el 15 de julio de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto por el que se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano.

IV. Por ello, esta dictaminadora considera que la inquietud expresada por el proponente se refiere a un evento y objetivo concreto que ha sido rebasado por el mero transcurso del tiempo y que ha sido resuelto en definitiva por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por lo que debe concluirse que la solicitud realizada carece en la actualidad de materia.

V. Por lo anterior, la comisión dictaminadora no estima necesario entrar al análisis del fondo del asunto ni realizar juicios de valor.

VI. Consecuentemente, la Comisión del Distrito Federal considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo del expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único.Se desecha la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificada en el apartado de antecedentes, presentada por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de abril de 2010.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

Suscriben este dictamen los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión:

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Transportes, relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a aplicar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Función Pública a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la administración federal de aviación de Estados Unidos de América.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente D.G.P.L. 61-II-2-887, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Función Pública a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la administración federal de aviación de Estados Unidos de América, presentada por el diputado Éric Luis Rubio Barthell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el miércoles 15 de diciembre de 2010.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

En la exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa, establece que: “el 18 de septiembre de 2007, los gobiernos de México y de Estados Unidos de América firmaron el acuerdo para el fomento de la seguridad en la aviación. Éste fue aprobado por la Cámara de Senadores el 8 de octubre de 2009, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre del propio año”.

Con fecha 23 de febrero de 2010 se publicó en el DOF el decreto promulgatorio del acuerdo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos de América para el fomento de la seguridad en la aviación, firmado en Montreal el 18 de septiembre de 2007, donde se establece que dicho decreto entra en vigor el 24 de febrero de 2010.

Asimismo, entre los propósitos del acuerdo se definen  términos como aprobaciones de aeronavegabilidad, autorización de operaciones de vuelo, tripulación de vuelo, mantenimiento y monitoreo.

El legislador indica que la Administración Federal de Aviación, (AFA), emite una clasificación para la aviación. Los países etiquetados en la categoría 1 son los de buenas prácticas, mientras que la 2 está reservada para los que no cuentan con recursos para aplicar las normas que emite la Organización de Aviación Civil Internacional, (OACI).

Como consecuencia de la degradación de la aviación de México a categoría 2, se restringen nuevos servicios a ciudades estadounidenses y se limitan las posibilidades de las aerolíneas para establecer acuerdos comerciales.

Concluye el legislador estableciendo que: “se ha dicho que tras la visita de supervisión que realizó la AFA a la DGAC se solicitó al gobierno mexicano la exhibición de la lista de pilotos egresados de la citada escuela no certificada, así como la ubicación de cada uno de ellos. El plazo para entregar dicha información era febrero pasado. Concluido el plazo sin una respuesta del gobierno mexicano, a finales de julio del presente año la Embajada de Estados Unidos en México confirmó a la SCT que la AFA decidió bajar la calificación de México en materia aeronáutica a categoría 2 por incumplir los lineamientos de seguridad solicitados por la OACI”.

“Por ello es de vital importancia que se informe y puntualice a esta Soberanía cuál es el origen del incumplimiento por el cual se degradó a categoría 2 la aviación civil mexicana; cuál es el alcance de la información solicitada por la AFA; y qué acciones ha emprendido la autoridad para resolver las medidas que originaron esta situación y para que México recobre la categoría, a efecto de fundar y motivar la acción o la omisión de las autoridades responsables a fin de que, en su caso, se les separe de su encargo y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes”.

Consideraciones de la comisión

Con fecha 1 de diciembre de 2010, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) elevó la certificación aérea de México a categoría 1 por considerar que ya cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La recuperación de esa categoría se confirmó debido a que cumple con todos los estándares internacionales de seguridad establecidos por la OACI, con base en los resultados de la revisión que se realizó en noviembre de 2010.

La Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refirió que se contrataron cien personas y se adquirió software y equipo de alta tecnología para asegurar una rápida recuperación en las insuficiencias que señaló la AFA.

Asimismo, se contrató a 40 pilotos, inspectores e ingenieros aeronáuticos para hacer inspecciones de plataforma y a los procesos administrativos, como la vigencia de licencias.

En ese sentido, la Comisión que dictamina considera que la proposición en comento, quedó sin materia a subsanarse los elementos que motivaron su presentación, por lo que no resulta necesaria su aprobación.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero.Se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de la Función Pública a tomar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la administración federal de aviación de Estados Unidos de América, presentada por el diputado Éric Luis Rubio Barthell, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancilla Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Transportes, respecto de la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a realizar el presupuesto y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche, así como conservar y modernizar sus carreteras

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a presupuestar y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche y conservar y modernizar sus carreteras.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y, conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-2-841, que contiene proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presupuestar y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche y conservar y modernizar sus carreteras, presentada por el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente

Contenido de la proposición

El diputado Carlos Oznerol Pacheco menciona que actualmente el estado de Campeche presenta el mayor rezago en infraestructura carretera en nuestro país, pese a su ubicación estratégica para el traslado de insumos a toda la península de Yucatán; además de que constituye el paso obligado por la vía terrestre hacia uno de los principales destinos turísticos en Quintana Roo, que aporta una importante cantidad de divisas a la federación.

Asimismo, indica que al interior del estado, a pesar de que se han iniciado trabajos de modernización, los recursos que se han destinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no son suficientes.

Agrega el diputado Pacheco Castro, que se encuentran en desarrollo trabajos de modernización en el tramo carretero que comunica a la ciudad capital de San Francisco de Campeche con la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que considera necesario destinar más recursos para concretar una vialidad que satisfaga las necesidades de los municipios que se encuentran enlazados por esta obra carretera, como son Tenabo, Hecelchakán y Calkiní.

La proposición del diputado Pacheco Castro expone también que el volumen de tránsito vehicular hacia el extremo de la península, ha convertido a ésta en una carretera altamente peligrosa por lo estrecho de sus dimensiones y lo confuso que pueden resultar para los viajeros las intersecciones y desviaciones que a lo largo del camino existen, pues a diario transitan aproximadamente 5 mil 500 vehículos, cantidad que se duplica los fines de semana, lo que propicia una saturación en la carretera y que debido a la escasa inversión, propicia que los accidentes estén a la orden del día, muchos de ellos con resultados mortales.

En ese sentido, el diputado Oznerol Pacheco plantea que se destinen y programen durante el ejercicio fiscal 2011, 550 millones de pesos para el plan carretero de Campeche, por lo que propone que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a asignar tales recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Transportes reconoce que el mantenimiento de una carretera tiene como propósito fundamental el de prever y solucionar los problemas que se presentan a causa de su uso para brindar al usuario el nivel de servicio para el que fue diseñada. Asimismo, la duración de un camino está determinada por una adecuada respuesta al mantenimiento para prolongar su vida útil, velando siempre por la seguridad de los que en ella transitan y detonar el desarrollo integral del estado y en consecuencia del país.

La infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son fundamentales para lograr un desarrollo humano sustentable, con crecimiento económico y la generación de los empleos que requiere la sociedad, todo lo cual ha de propiciar mayor equidad con reducción de la pobreza y fomento del bienestar.

Sin embargo, la solicitud que plantea el diputado Pacheco Castro no está correctamente fundamentada, toda vez que la solicitud de destinar una importante cantidad de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación al desarrollo del plan carretero de Campeche carece de los elementos necesarios que le den sustento a una decisión tan importante por parte de esta Cámara de Diputados.

Si bien, corresponde a una comisión legislativa revisar, evaluar, discutir, integrar y aprobar el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, ésta es precisamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; no así, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como lo plantea la propuesta en estudio.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 46 de su reglamento, todo programa o proyecto de inversión que se desee emprender, requiriendo fondos con cargo al presupuesto de egresos de las dependencias o entidades de la administración pública federal, deberá contar con un número de registro en la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con lo anterior, sólo las entidades y dependencias gubernamentales tienen la facultad para llevar a cabo la solicitud de registro mediante el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP).

Por esta razón, desde la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la emisión del reglamento correspondiente, los gobiernos locales que deseen obtener recursos del presupuesto federal para financiar algún programa o proyecto de inversión en sus jurisdicciones, deben acudir ante las representaciones estatales o regionales de las dependencias o entidades gubernamentales para que a través de ellas se realice el registro correspondiente.

Cabe mencionar que, en primer lugar, los gobiernos locales, municipales o estatales, deben desarrollar su propuesta para llevar a cabo un programa o proyecto de inversión. Asimismo, deben integrar un bosquejo o presentación preliminar donde se exponga su idea de proyecto de inversión, así como los estudios de costo y beneficio correspondientes.

Posteriormente, deberán acudir con su propuesta a la delegación o representación estatal o regional de la dependencia a la cual corresponda su proyecto de inversión, es decir, a la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el caso que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo en análisis, por lo que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presupuestar y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche y conservar y modernizar sus carreteras, presentada por el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de diciembre de 2010.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

«Dictamen de la Comisión de Transportes, en relación con tres proposiciones con punto de acuerdo: por la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco; por la que se exhorta a esa misma dependencia a negociar con la concesionaria que se elimine la caseta del tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios; y por la que se exhorta a la SCT y a Caminos y a Capufe a eliminar las casetas números 107, desarrollo industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fueron turnadas, para estudio, análisis y dictamen, tres proposiciones con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar diversas casetas de peaje en autopistas nacionales.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de las proposiciones señaladas y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGLP 61-II-4-153, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del estado de México, presentada por el diputado Armando Corona Rivera, del PRI, en sesión ordinaria de fecha 10 de noviembre de 2009.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo a la Comisión de Transportes.

3. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGPL 61-II-1-0218, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a realizar con la concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios, presentada por el diputado Carlos Cruz Mendoza del PRI en sesión ordinaria de fecha 8 de diciembre de 2009.

4. En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo a la Comisión de Transportes.

5. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGPL 61-II-8-355, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a eliminar las casetas números 107, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar del PRI en sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2010.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de las proposiciones con punto de acuerdo citadas:

1. La proposición del diputado Armando Corona Rivera plantea que considerando la crisis económica reciente, la población del oriente del estado de México que en su mayoría está compuesta por migrantes de las entidades más pobres del país resultan afectados económicamente por la localización de la caseta de cobro en la autopista México-Puebla, es decir, los pobladores de los municipios de Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cocotitlán, Tenango del Aire, Temamatla, Juchitepec, Tlalmanalco y Amecameca, que en conjunto representan cerca de 4 millones de habitantes.

Indica también que por el mismo motivo, se afecta a los miles de paseantes que los fines de semana transitan con sus vehículos automotores en un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros que comprende esa “autopista”, teniendo que hacer el pago del peaje, aún cuando su intención es incorporarse a la carretera federal México-Cuautla, lo que afecta el libre tránsito de los vecinos de varios municipios del mismo estado y de Morelos.

Por ello, plantea que la caseta se reubique por lo menos a 5 kilómetros posteriores de su actual ubicación, cobrando así por la continuidad y uso de la autopista mas no por el tramo recorrido que se describe.

2. Por su parte, el diputado Carlos Cruz Mendoza expone en su proposición que Colima aporta a la federación importantes recursos provenientes del puerto de Manzanillo, ya que es el más importante de occidente; además, de la actividad económica alimentada por el sector turístico nacional e internacional y el comercio en general que se desarrollan en esa zona. Sin embargo, plantea que las cuotas de peaje de las casetas que integran el tramo carretero Armería-Manzanillo, afectan la actividad económica, comercial y turística de ese estado, por los cobros excesivos que se observan.

Agrega que, como consecuencia de la intensa actividad comercial del puerto, el tráfico de camiones de carga también se ha incrementado notablemente, sobre todo en el tramo Manzanillo-Armería de la carretera federal, donde la circulación es lenta y peligrosa, debido a que por ahí circulan tractocamiones con semirremolque o doble semirremolque, por el alto costo de peaje que significa viajar por la autopista.

En ese sentido, el diputado Cruz Mendoza propone que se elimine la caseta de peaje por el uso de la autopista en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y seguridad personal de quienes hacen uso de dicha vía de comunicación.

3. Asimismo, el diputado José Manuel Agüero Tovar expone que la zona metropolitana de Cuernavaca cuenta con dos vías de comunicación, la Autopista del Sol México-Acapulco que atraviesa de norte a sur, comunicando los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Jiutepec y Xochitepec, y la carretera federal México-Acapulco, que comunica con otros municipios vecinos.

De tal manera, indica el diputado Agüero Tovar, en el tramo carretero Cuernavaca-Central de Abastos conocido como Diez, se encuentra la caseta 107 situada en el kilometro 102+000 con una longitud de 7 kilómetros, compartiendo el tramo los municipios de Temixco y Emiliano Zapata. Por su parte, ubicada en el kilómetro 104+800, la caseta 106 aeropuerto “Mariano Matamoros” del municipio de Temixco tiene una longitud de 9.8 kilómetros; además, en el kilómetro 107+900 y con una longitud de 13.072 kilómetros se localiza la caseta 105 en el municipio de Xochitepec.

Lo anterior da pie a que estas vías de comunicación se encuentren operando con toda su capacidad, más aún los fines de semana, cuando el tránsito vehicular hacia la ciudad de Acapulco, Guerrero, se duplica, con los consecuentes problemas de tráfico. Por ello, el diputado Manuel Agüero propone la eliminación de las casetas de peaje, para agilizar el tránsito e incentivar el movimiento económico y turístico hacia las zonas arqueológicas y balnearios de Morelos.

Consideraciones de la comisión

1. En relación con la proposición del diputado Armando Corona, la Comisión que suscribe considera adecuado destacar que la autopista México-Puebla es una importante vía de comunicación que conecta la Ciudad de México con los estados de México, Tlaxcala y Puebla, la cual cuenta con una longitud de 129 kilómetros y una alta capacidad de tránsito; es por ello que en la misma se encuentran varias casetas de peaje, pues su intenso servicio requiere de un mantenimiento constante para ofrecer la alta calidad que se desea.

Por otro lado, cabe recordar que como parte de las modalidades del esquema de rescate carretero que se presentó en nuestro país a mediados de la década de 1990, se plantearon cuatro opciones: la concesión a la iniciativa privada, la bursatilización, la obra pública financiada y la emisión de bonos a largo plazo. Igualmente se consideró la posible bursatilización de nuevos tramos carreteros y que la administración de algunas autopistas quedara en manos de consorcios mixtos, integrados por el gobierno federal, empresas operadoras e inversionistas, que garanticen la rentabilidad a largo plazo y saneen las finanzas públicas.

Además, se constituyó el Fideicomiso 1936, en el que participa como institución fiduciaria y fideicomitente el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y se le expidió la concesión para explotar las 23 carreteras objeto del rescate. En tal virtud, se estipuló que dichas carreteras se destinarían al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública vigilaran el cumplimiento de dicho rescate.

En ese sentido, las tarifas de peaje son fijadas por el organismo responsable de su operación. En el caso de las carreteras construidas por el Estado y que han sido entregadas a Capufe para su administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza la tarifa; para el caso de las autopistas manejadas por el FARAC, es el comité técnico del fideicomiso el que determina la tarifa, y para las autopistas concesionadas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien determina la tarifa bajo reglas específicas. Por tal motivo, la propuesta del diputado Corona Rivera no resulta adecuada, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es la única instancia involucrada en la operación de las casetas de peaje en las autopistas del país.

Asimismo, la Comisión de Transportes considera que no es de aprobarse la propuesta en análisis, toda vez que, en el caso de una eventual reubicación de la caseta de peaje en la autopista México-Puebla, se verían afectados los recursos que recibe el municipio donde ésta se ubica, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los ingresos de la Federación por concepto de Aprovechamientos contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.

2. Por su parte, la Comisión de Transportes considera que proposición del diputado Cruz Mendoza también resultaría gravosa para las finanzas del municipio donde se encuentra la caseta de peaje de la autopista Armería-Manzanillo, en el sentido de que si se presentara la eliminación de dicha caseta, la hacienda municipal no tendría acceso a la participación en los ingresos que se obtienen por aforo vehicular de ésta, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, los ingresos de la Federación por concepto de Aprovechamientos contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación se verían afectados.

Lo anterior, sin menoscabo de que una acción como la que se propone generaría un grave perjuicio a la empresa concesionaria, generando un estado de incertidumbre jurídica, en términos del título de concesión a su favor, por lo que esta comisión dictaminadora no considera adecuado aprobar la propuesta de mérito.

3. De igual manera, la Comisión de Transportes no considera adecuado aprobar la proposición presentada por el diputado José Manuel Agüero en los términos de las anteriores consideraciones, toda vez que la eliminación de las casetas de peaje que se propone, resultaría en detrimento de las finanzas públicas de los municipios donde se encuentran ubicadas las casetas y de la Federación, al eliminarse también la participación en los ingresos por aforo vehicular en las mismas, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, y los ingresos por Aprovechamientos, contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.

En tal sentido, la Comisión de Transportes considera que las medidas planteadas en las proposiciones de mérito no son la solución adecuada a los problemas económicos y de vialidad de las distintas regiones de nuestro país y por el contrario, vulneran la situación de las finanzas públicas municipales, en detrimento de las necesidades de sus habitantes.

Sobre el particular, se debería dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que cuando se proponga un aumento o creación de gasto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

En consecuencia, se deben tener identificados los recursos presupuestarios con cargo a los cuales se realizaría la compensación de ingresos. De no ser así, se correría el riesgo de que se aprobara la medida sin contar con los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos para su cumplimiento, o que se tuvieran que afectar otros programas prioritarios.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos que no son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo en análisis, por lo que sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a considerar la eliminación de la caseta de peaje número 71, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del estado de México, presentada por el diputado Armando Corona Rivera del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 10 de noviembre de 2009.

Segundo. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a realizar con la concesionaria de la autopista Manzanillo-Armería las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios, presentada por el diputado Carlos Cruz Mendoza del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 8 de diciembre de 2009.

Tercero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a eliminar las casetas números 107, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata; 106, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y 105, Xochitepec, presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 7 de abril de 2010.

Cuarto. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

Comisión de Agricultura y Ganadería

Baja: Diputdo Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (integrante)

Comisión de Desarrollo Rural

Baja: Diputado Sergio Ernesto Gutiérrez Villanueva (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de febrero de 2011.—Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS TURNADAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las Comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«La Mesa Directiva con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen

1. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad para los Servidores Públicos de los tres Poderes de la Unión y de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 de octubre de 2009.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 159, Séptima

2. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México. 21 de abril de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 1963, Primera

3. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 1768, Séptima

4. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. 5 de octubre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 2820, Segunda

5. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 12 de octubre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2911, Séptima

6. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil. 13 de octubre de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 2932, Tercera

7. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 28 de octubre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 3088, Séptima

8. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 9 de noviembre de 2010.

Turno: Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, con opinión de Seguridad Social.

Expediente y sección: 3209, Primera

9. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11 de noviembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 3246, Primera

10. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 25 de noviembre de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 3321, Sexta

11. Promovente: Diputado Víctor Manuel Báez Ceja.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se expide la Ley Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Expediente y sección: 3472, Tercera

12. Promovente: Diputado Rodolfo Lara Lagunas.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Educación. 29 de abril de 2010.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y sección: 2244, Segunda

13. Promovente: Diputado Rodolfo Lara Lagunas.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación. 28 de septiembre de 2010.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y sección: 2771, Octava

14. Promovente: Diputado Rodolfo Lara Lagunas.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y del Código Civil Federal. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Justicia.

Expediente y sección: 3441, Cuarta

15. Promovente: Diputado Rodolfo Lara Lagunas.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 237-A de la Ley del Seguro Social. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Seguridad Social, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 3470, Primera

16. Promovente: Diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 21 de julio de 2010.

Turno: Unidas de Gobernación y de Economía.

Expediente y sección: 2530, Quinta

17. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 36 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.4 de agosto de 2010.

Turno: Equidad y Género.

Expediente y sección: 2546, Quinta

18. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres. 4 de agosto de 2010.

Turno: Equidad y Género.

Expediente y sección: 2550, Primera

19. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes, del artículo 8 y se modifican los artículos 13 y 45 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 25 de agosto de 2010.

Turno: Función Pública.

Expediente y sección: 2594, Octava

20. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 3 de noviembre de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 3143, Sexta

21. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 204 y 206 Bis del Código Penal Federal. 23 de noviembre de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 3281, Tercera

22. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 25 de noviembre de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y sección: 3307, Primera

23. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. 25 de noviembre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Expediente y sección: 3308, Segunda

24. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 30 del Código Federal de Procedimientos Penales. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 3667, Segunda

25. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Radio, Televisión y Cinematografía.

Expediente y sección: 3664, Séptima

26. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y sección: 3614, Quinta

27. Promovente: Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 45 y 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Seguridad Pública.

Expediente y sección: 3654, Quinta

28. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 8 de diciembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 865, Primera

29. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 y adiciona el artículo 42 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y adiciona el artículo 194, fracción XVIII del Código Federal de Procedimientos Penales. 4 de noviembre de 2009.

Turno: Unidas de Energía y de Justicia.

Expediente y sección: 532, Sexta

30. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 1 de diciembre de 2009.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y sección:778, Quinta

31. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto por la que se expide la Ley para Regular la Emisión y Cobro de Tarjetas de Crédito. 10 de diciembre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 959, Quinta

32. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 58 del Código de Justicia Militar. 28 de abril de 2010.

Turno: Defensa Nacional.

Expediente y sección: 2137, Cuarta

33. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 2237, Tercera

34. Promovente: Diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforman el Capítulo XIII de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social. 28 de septiembre de 2010.

Turno: Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 2772, Primera

35. Promovente: Diputado Uriel López Paredes.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 203, 211 y 213 de la Ley del Seguro Social. 23 de junio de 2010.

Turno: Seguridad Social.

Expediente y sección: 2482, Segunda

36. Promovente: Diputado Juan José Cuevas García.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010. 23 de noviembre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 3267, Quinta

37. Promovente: Diputado Juan José Cuevas García.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 3579, Segunda

38. Promovente: Diputado Juan José Cuevas García.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 23 de noviembre de 2010.

Turno: Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 3265, Tercera

39. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4 de noviembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 535, Primera

40. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10 de diciembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 963, Primera

41. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 25 de febrero de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 1395, Quinta

42. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 23 de marzo de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 1674, Octava

43. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. 21 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Expediente y sección: 1965, Tercera

44. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 19 de octubre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 3028, Sexta

45. Promovente: Diputado Ramón Merino Loo.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. 29 de abril de 2010.

Turno: Recursos Hidráulicos.

Expediente y sección: 2243, Primera

46. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2646, Séptima

47. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se expide el Código Penal Único. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Justicia, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 2650, Tercera

48. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales Único. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Justicia, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 2651, Cuarta

49. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Justicia Cívica. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Justicia, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 2649, Segunda

50. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Justicia para Adolescentes. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 2647, Octava

51. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Seguridad Pública, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 2648, Primera

52. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 7 de septiembre de 2010.

Turno: Unidas de la Función Pública, de Justicia y de Gobernación.

Expediente y sección: 2652, Quinta

53. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Puertos. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Transportes y de Marina, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 3471, Segunda

54. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1o. de diciembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 774, Primera

55. Promovente: Diputado Alejandro Gertz Manero.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 40 y se derogan los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 4 de febrero de 2010.

Turno: Función Pública.

Expediente y sección: 1221, Séptima

56. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 29 y 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 18 de noviembre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 653, Cuarta

57. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley del Banco de México. 15 de diciembre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 981, Tercera

58. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 15 de diciembre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 980, Segunda

59. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 11 de febrero de 2010.

Turno: Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Expediente y sección: 1297, Sexta

60. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 16 de marzo de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 1595, Quinta

61. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 3599, Sexta

62. Promovente: Diputado Leobardo Soto Martínez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 94, 95 y 96 de la Ley Federal del Trabajo. 21 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 3572, Tercera

63. Promovente: Diputado José Luis Jaime Correa.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 34 y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 4 de febrero de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de Relaciones Exteriores.

Expediente y sección: 1218, Cuarta

64. Promovente: Diputado José Luis Jaime Correa.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 16 de marzo de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 1611, Quinta

65. Promovente: Diputado José Luis Jaime Correa.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XXIX-P al artículo 73 y una fracción IV al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 21 de julio de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2524, Séptima

66. Promovente: Diputado José Luis Jaime Correa.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Salud.

Expediente y sección: 3646, Quinta

67. Promovente: Diputada Norma Sánchez Romero.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 29 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de Gobernación y de la Función Pública.

Expediente y sección: 2323, Tercera

68. Promovente: Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 16 de marzo de 2010.

Turno: Relaciones Exteriores.

Expediente y sección: 1600, Segunda

69. Promovente: Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 29 de abril de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial de la Industria Automotriz.

Expediente y sección: 2333, Quinta

70. Promovente: Diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 28 de septiembre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 2765, Primera.

71. Promovente:Diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta.

Iniciativa: Proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación. 13 de octubre de 2009.

Turno:Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 348, Cuarta

72. Promovente:Diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta.

Iniciativa:Proyecto de decreto reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 9 de febrero de 2010.

Turno:Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 1256, Cuarta

73. Promovente: Diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta.

Iniciativa:Proyecto de decreto adiciona un inciso e) a la fracción II del artículo 1º.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 14 de octubre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 2989, Octava

74. Promovente:Diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta.

Iniciativa:Proyecto de decreto reforma los artículos 247 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de procedimientos Penales.  12 de octubre de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección:2901, Tercera.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen.

Publíquense en el Diario de los Debates y actualícense los registros parlamentarios.

INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo económico municipal para la rehabilitación física y mantenimiento de la infraestructura en el nivel de educación básica, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández.

La suscrita, diputada Sandra Méndez Hernández, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, que se sustenta en las siguientes

Consideraciones

Una de las problemáticas que debe atenderse en el tema educativo, es la referente a la calidad de la infraestructura educativa, la cual muestra rezagos importantes, provocados por la falta de mantenimiento de los planteles o el deterioro ocasionado por eventos meteorológicos que prácticamente han dejado inservibles instalaciones de centros educativos.

La Secretaría de Educación Pública reporta que poco más de 35 millones de estudiantes, son atendidos en más de 245 mil centros educativos, los cuales, en su mayoría, muestran graves daños por falta de mantenimiento y rezago en su infraestructura.

La atención a la infraestructura educativa se refleja en la calidad de la educación, dado que permite la utilización de mejores herramientas tecnológicas para la trasmisión de conocimientos. Por otra parte, permite que los alumnos acudan a planteles que les brindan condiciones de seguridad e higiene, dignos de ser usados por los estudiantes de todos los niveles.

Para atender el problema del equipamiento y el mantenimiento de las escuelas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se destinó, dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples, la cantidad de 8 mil 227 millones 745 mil 33 pesos, la cual es canaliza a las entidades federativas conforme se dispone en los artículos 40 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, en virtud de los cuales, las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban los estados de la federación y el Distrito Federal, se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria; este Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuye entre las entidades federativas de acuerdo a las asignaciones y reglas que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la actualidad, la distribución y aplicación de estos recursos es exclusivo de las autoridades educativas de las entidades federativas, sin que se tomen en consideración a las autoridades municipales, a las propias instituciones educativas, a los padres de familia o al alumnado.

En ese sentido, se ha venido observando que para atender el problema de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física de las escuelas, en la mayoría de las ocasiones, se recurre a los padres de familia, principalmente, directores y maestros de las escuelas para obtener los recursos, afectando con esto su economía y pese a que, es el gobierno quien debe ser el que atienda puntualmente estas necesidades .

Desde una perspectiva democrática e incluyente, en la que se amplíe la participación de la sociedad en las decisiones gubernamentales, es necesario que para la canalización y administración de los recursos destinados para la infraestructura educativa, participen de forma activa las autoridades municipales, las autoridades de educación en todos los niveles y las directivas de las instituciones educativas.

En las relacionadas condiciones es indispensables establecer un fondo que sea canalizado a los municipios en forma directa, para que éstos lo administren y lo destinen al equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física educativa, donde se permita la participación activa de los sujetos beneficiarios de los recursos del fondo, como son, las propias autoridades municipales, las autoridades educativas, los maestros, padres de familia y alumnos, quienes determinaran los proyectos a los que habrán de destinarse los recursos. Para ello sería indispensable establecer reglas de operación de los fondos destinados para ese fin.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Con el propósito de contar con planteles de calidad mediante la realización de obras de equipamiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura física en el nivel de educación básica, se autorice la creación de un fondo municipal con el objeto de que la aplicación de los recursos presupuestales correspondientes se ejerzan directamente por la autoridad municipal, tomando en cuenta, en su determinación y administración, la participación de las autoridades educativas, maestros, asociaciones de padres de familia y alumnos.

Segundo. La asignación de los recursos para este fondo, se determinarán en el Presupuesto de Egresos; para su aplicación y ejercicio, los municipios deberán estar a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley Federal de Educación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputada Sandra Méndez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con el artículo 79, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la Ceremonia cívica del 71 aniversario del Día de la Bandera, el jueves 24 de febrero, a las 8:45 horas, en la Columna de la Independencia, situada en Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado José Vicente de la Rosa Herrera, coordinador.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para asistir en representación de esta Cámara se darán a conocer las propuestas que oportunamente den a conocer los grupos parlamentarios. Continúe la Secretaría.

TELEVISA-NEXTEL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero a su oficio D.G.P.L. 61-II-9-2238, notificado en esta comisión el 30 de noviembre de 2010, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el siguiente punto de acuerdo:

“Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en términos de la fracción IV del artículo 9 A y fracciones IV y VII del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, así como del numeral 18 de las bases de la Licitación No. 21, declare la revocación del título de concesión por dejar de existir la figura jurídica que concursó en el proceso y reponga a la brevedad el proceso de licitación, emitiendo una nueva convocatoria. En la reposición de la licitación se deben exponer de manera clara las condiciones que atiendan la responsabilidad del Estado establecida en el artículo 28 constitucional que obliga al uso eficiente del espectro, el uso social de los bienes concesionados y evitar fenómenos de concentración contrarios al interés general.”

Asimismo, anexa a su oficio el escrito de fecha 21 de octubre de 2010, suscrito por el diputado Javier Corral Jurado, mediante el cual solicitó el punto de acuerdo antes señalado, mismo que contiene diversos argumentos que sirvieron de base para que esa honorable Cámara de Diputados emitiera el punto de acuerdo antes señalado.

En ese sentido, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a esta Comisión para que se revoque el título de concesión otorgado por razón de la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el acceso inalámbrico en el segmento de 1710-1770/2110-2170 MHz (Licitación No. 21), toda vez que, según se desprende del punto de acuerdo, la “figura jurídica que concursó en el proceso” dejo de existir.

Sobre el particular, resulta importante precisar que dentro de los diversos participantes de la Licitación No. 21, resultaron ganadores de la misma tres empresas que a saber son, Pegaso Comunicaciones y Sistemas, SA de CV, Radiomóvil Dipsa y el grupo de inversionistas conformado por las empresas Comunicaciones Nextel de México, SA de CV, Inversiones Nextel de México, SA de CV y Televisa, SA de CV, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previa opinión de esta Comisión, otorgó los títulos correspondientes a las dos empresas primeramente señaladas.

En el caso del grupo de inversionistas conformado por Comunicaciones Nextel de México, SA de CV, Inversiones Nextel de México, SA de CV, y Televisa, SA de CV (Nextel-Televisa), a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estuviera en posibilidad de entregar los títulos correspondientes derivados de la Licitación 21, constituyeron previo a dicho acto, una empresa denominada NII Digital, S DE RL DE CV, en cumplimiento del numeral 18 de las bases de la licitación, la cual establecía expresamente lo siguiente:

18 Constitución de la sociedad.

Los grupos de inversionistas que hayan resultado ganadores de uno o más concursos, deberán constituir dentro del plazo establecido en el calendario, una sociedad de nacionalidad mexicana de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como con lo establecido en el formulario de calificación, sociedad a la que, en su caso, se le otorgará la o las concesiones respectivas.

Dicha sociedad, deberá ser constituida en términos de los porcentajes de participación de los miembros del grupo de inversionistas consignados por el Participante, conforme a lo dispuesto en el formulario de calificación. Las personas físicas o morales que constituyan la sociedad antes referida, deberán coincidir con aquellas que hayan sido consideradas en la resolución de Cofeco.

Es importante señalar, que la razón de establecer el numeral antes transcrito en las bases de la Licitación No. 21, se debe a que los “Grupos-de Inversionistas” no pueden ser consideradas legalmente como personas morales ya que carecen de personalidad jurídica, por lo que no son susceptibles de adquirir derechos y obligaciones, como los que otorga un título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico; por lo tanto a efecto de incentivar la inversión en el mercado de las telecomunicaciones se permite participar en este tipo de licitaciones a consorcios, previa presentación ante esta autoridad del convenio de entendimiento respectivo, y en caso de resultar ganadores, tienen la obligación de constituir una persona moral, la cual, en su caso, será responsable de las condiciones establecidas en la concesión respectiva.

En el caso de la Licitación No. 21 al resultar ganadores del concurso 29 AWS EF, el grupo de inversionistas Nextel-Televisa, constituyeron una empresa mexicana denominada NII Digital, S de RL de CV, lo cual fue congruente con la documentación presentada previamente y con la integración accionaria anunciada por dicho consorcio a esta Comisión y a la Comisión Federal de Competencia, a efecto de participar en dicho proceso.

En tales condiciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a NII Digital, S de RL de CV, por ser una persona moral debidamente constituida, los títulos de concesión derivados del resultado de la Licitación No. 21 quedando como única responsable de las obligaciones del mismo, la cual por cierto, es diferente jurídicamente al grupo de inversionistas que se presentó al proceso, figura que dejó de existir al momento en que se otorgaron los mencionados títulos, por lo que no resulta legalmente procedente revocar las concesiones tal y como lo solicita en su exhorto la honorable Cámara de Diputados.

En efecto, según se desprende del documento firmado por el diputado Javier Corral Jurado, se solicita la revocación del título de concesión de la empresa NII Digital, S de RL de CV, en virtud de que las empresas que conformaron dicha empresa anunciaron la terminación de su acuerdo de inversión, utilizando como fundamento el artículo 38, fracciones IV y VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establecen respectivamente lo siguiente:

“Artículo 38. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

...

IV. No cumplir con las obligaciones o condiciones establecidos en el título de concesión y en los permisos.

...

VII. Ceder, gravar o transferir las concesiones o permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos en contravención a lo dispuesto en esta Ley,...”

Al respecto, cabe mencionar que el título de concesión no establece en sus condiciones ninguna prohibición a los accionistas de la sociedad concesionaria para enajenar sus acciones y sólo les obliga a dar aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de la condición 1.14 respectiva, por lo que cualquier operación accionaria de la concesionaria no se puede entender como un cambio a otra persona moral.

Asimismo, en el supuesto sin conceder, que la cocesionaria hubiera incumplido con alguna de las condiciones de su título, esto no sería causal de revocación directa, siendo necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sancionara por lo menos en tres ocasiones, conforme lo establece el último párrafo del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Resulta importante señalar que las bases de la Licitación No. 21 prohibían a los participantes o a los grupos de inversionistas modificar su estructura accionaria durante el proceso de licitación, prohibición que evidentemente concluyó con el término de la licitación, con la entrega de los títulos de concesión correspondientes, por lo tanto, en ese momento las bases dejaron de tener cualquier efecto jurídico, lo cual se entiende si se considera que su finalidad es establecer las reglas del proceso, es decir, no es un ordenamiento regulatorio para los concesionarios del sector de telecomunicaciones, los cuales se tienen que apegar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

Atento a lo expresado, resulta evidente que la terminación del acuerdo de inversión que tenían las empresas Televisa y Nextel de México no puede ser sancionado a la luz de las bases de la Licitación No. 21, documento que ha dejado de tener validez jurídica y la modificación a la estructura accionaria de los concesionarios que resultaron de dicho proceso, no incumple ninguna condición de sus títulos de concesión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, solicitando además su amable intervención para que la presente sea hecha del conocimiento del Pleno de esa H. Cámara de Diputados

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2011.— Maestro Mony de Swaan Addati (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Comunicaciones para su conocimiento.

ZONA FEDERAL MARITIMO-TERRESTRE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.— Presente

Hago referencia a mi similar PFPAlC4/8C.17.5/872/10 del 19 de noviembre de 2010, mediante el cual se remitió contestación a su oficio D.G.P.L. 61-11-4-643, Expediente Número 2153 de fecha 14 de octubre de 2010 en el que se refiere al punto de acuerdo que a letra señala:

“Único:La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia en la zona federal marítimo terrestre, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios o permisionario de esa zona, particularmente respecto de la obligación de permitir cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dicha zona.”

En el citado oficio se informó que ésta Dirección General giró instrucciones para que las Delegaciones de la Profepa en los 17 estados costeros, tomen en consideración la inquietud señalada en el punto de acuerdo de referencia, y en la integración de las actividades que se programen en un futuro, se intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia con el fin de promover y garantizar el libre acceso y tránsito por la Zofemat.

Al respecto, me permito informar a usted que la Delegación de esta Procuraduría en el Estado de Guerrero ha informado a esta Dirección General, mediante su oficio PFPAl19.3/ 8C.17.5/0074/2011 de fecha 28 de enero de 2011, que el pasado mes de diciembre de 2010 y enero de 2011, llevó a cabo un operativo de navidad y año nuevo, con el objeto de dar cumplimiento a lo antes descrito, del cual se anexan los reportes de las actividades realizadas.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mis distinguidas consideraciones.

México, DF, a 14 de febrero de 2011.— Licenciado Raziel Villegas Núñez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Raziel Villegaz Núñez, director general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Profepa.— Presente

En relación a su oficio circular PFPAl4.1/3C.17,5/870-10, de fecha 18 de noviembre de 2010, dance se solicita a esta delegación intensificar las acciones de inspección y vigilancia en la zona federal marítimo terrestre a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de ese bien de la nación, particularmente respecto de la obligación de permitir, el libre acceso a dicho bien de la nación, lo anterior en atención al oficio número D.G.P.L. 61-11-4-643, expediente numero 2153, de fecha 14 de octubre ce 2010, suscrito por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, dirigido al ciudadano Patricio Patrón Laviada procurador Federal de Protección al ambiente, mediante el cual hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y que a la letra señala.

“Único. La Cámara de Diputados del Honorable congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se intensifiquen las acciones de inspección y vigilancia, en la zona federal marítimo terrestre a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones de les concesionarios o permisionarios de esa zona, particularmente respecto de la obligación de permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dicha zona.

Al respecto le informo que esta Delegación por conducto del personal adscrito a la Subdelegación de Inspección y Vigilancia de Impacto Ambienta y ZOFEMAT, llevo a cabo el operativo de “Navidad y Año Nuevo”, con el objeto de dar cumplimiento a lo antes descrito, del cual se anexan los reportes de las actividades realizadas.

Para cualquier duda o comentario al respecto estoy a sus órdenes. Reciba un cordial saludo.

Atentamente

Acapulco, Guerrero, a 28 de enero de 2011.— Licenciado Joel Ángel Tacuba García (rúbrica), delegado Federal.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para: Ingeniero Andrés Velázquez Uriostegui

Subdelegado de Impacto Ambiental y Zofemat

De la Profepa de Guerrero

Presente

Nota Informativa

“Operativo de Navidad y Año nuevo”

Reporte de operativo decembrino

21 de diciembre.Siendo las 10:30 am, del año en curso se inicio el operativo decembrino con la finalidad de evitar el cierre de accesos e instalaciones de comerciantes semifijos que obstruyan el libre tránsito, como el acceso a las diferentes playas, acto continuo se llevaron a cabo recorridos por las diferentes áreas de playa para que este ordenamiento se cumpliera iniciando en el área revolcadero, que de manera respetuosa se le solicitaba a los automovilistas y prestadores de servicios la colaboración de estos con la finalidad de que el área de playa que se encuentra ubicada en la boca barra de Puerto Marqués no se saturara de vehículo y por consecuencia la obstrucción del libre tránsito de los vacacionistas y público en general.

22 de diciembre. Se verifico la autorización de la empresa Casa Geo para llevar a cabo actividades de publicidad en el punto conocido como Playa San Vicente, contando solamente con el pago de uso y goce ·de la zona federal marítimo terrestre continuando con el recorrido en el punto conocido de la Casa de Luis Miguel se observo la instalación de toldos de renta, por lo cual nos dirigimos con el responsable el C. Erasto Ramírez N. para solicitarle la autorización o permiso para realizar dichas actividad y al no contar con ello se le solicito el retiro de los toldos de esta área concesionada.

23 de diciembre. En la vigilancia sistemática que se llevó a cabo en el punto conocido como playa Alfredo V Bonfil se observaron acordonamiento con madera de la región los frentes de los restaurantes Las Gaviotas, Bar Alejo, El Pulpo, Los Hermanos, y con una extensión de área acordonada mayor a la autorizada por lo que se solicitó a los responsables de estos restaurantes se abstenga de continuar con esta práctica sin la autorización de la Semarnat, tomando nota de lo anterior.

24 de diciembre. Realizando recorrido por el punto conocido playa La Gloria se detectaron instalaciones de sombrillas  construidas con macera y palapa de la región estás ubicadas frente al restaurante Margarita, por lo que se dispuso a solicitar a la encargada la autorización o permiso para la instalación de dichas sombrillas, una vez que la persona encargada no presento ningún tipo de autorización se le invito a que retirara dicha sombrilla, ya que estas se encuentra fuera de la área autorizada, retirándolas en ese mismo momento.

25 de diciembre.Se llevo a cabo el retiro de un puesto semifijo de venta de alimentos en el área de pescados de playa hamacas, el responsable se negó a dar sus generales, seguidamente en playa papagayo se retiraron vendedores semifijos que se encontraban en los accesos del punto conocido Asta Bandera, continuando con el recorrido se verifico que el punto conocido Acapulco plaza se permitiera el libre acceso por parte de los prestadores de servicios que rentan de toldos y sombrillas apercibiéndoles a no invadir las áreas concesionadas de los hoteles playa suite y crown plaza.

26 de diciembre. En playa Icacos se atendió la denuncia de Sara del Socorro Almeida administradora del condominio Torre Aqua, con relación a la invasión de su área de playa concesionaria [él cual se encontraba invadida por mobiliario de la administradora de playa por lo cual nos trasladarnos a ese punto y se hablo con el encargado de modulo de renta de sombrillas y toldos cuyo responsable es Carlos Ortegón con la finalidad de apercibirlos para el retiro de sus instalaciones del área concesionada el condominio Torre Aqua.

27 de diciembre. En playa Bonfil, se observó la instalación de un módulo frente al restaurante BQ Concobar en el área de playa por lo se procedió a solicitar- la autorización o permiso transitorio para llevar a cabo este tipo de actividad fuera del área concesionada por lo que nos entrevistamos con José Alberto Martínez Álvarez encargado para solicitarle la autorización y al no contar con el permiso S2 solicito el retiro de dicho modulo atendiendo en el acto.

Se llevo a cabo la visita de inspección en playa Tlacoyunque para verificar el cumplimiento a las medidas impuestas en el resolutivo en materia de zona federal, emitido por esta delegación, con número de acta GR0384RN2009VR002, así como también se llevo a cabo la visita de inspección para verificar el cumplimiento a las medidas dictadas en el resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por esta Delegación, con No, de Acta GR0417RN2008VR001, en Playa Brisas del Mar, ambas visitas de inspección se llevaron a cabo en el Municipio de Tecpan de Galeana Gro.

28 de diciembre. Se llevo a cabo un recorrido en el vehículo gator por Playa Revolcadero este se llevo El cabo en coordinación con el subdelegado de Impacto Ambiental y Zona Federal marítimo Terrestre Andrés Velázquez Uriostegui, participan también los inspectores, Crisogono Almaraz y Alejandro Mendoza Sampayo, acto continuo nos trasladamos al área de playa del Hotel Princess observando que en el área concesionada del hotel se llevo a cabo actividades de promoción de una empresa cervecera, por lo que se solicito a Mauricio Álvarez jefe de seguridad de la hospedería, con la finalidad de que se apegaran a lo autorizado ya que se observaron dos inflables en forma de botella de la marca “corona” con un altura aproximada de diez metros que no estaban contemplado por lo que se sclic.to el retiro de dicho inflables, continuamos con el recorrido y llegamos al punto conocido Playa San Vicente y como referencia el condominio Las Olas se observo una maquina de las llamadas trascabo, de la marca Caterpillar, color amarillo con número de serie CAT0416EEH02488, al preguntarle al operador de nombre Édgar Bucio Muñoz la razón por la cual se encontraba en ese sitio, contesto que había sido contratado por el encargado del condominio Las Olas para realizar actividades de remoción y nivelación del frente de dicho condominio, razón por la cual se le solicito a la licenciada Claudia Cursi Dorante la autorización o en su defecto aviso para llevar a cabo dichos trabajos la cual solo presentaron solicitud de dichas actividades, por lo cual se solicito a [a responsable del condominio, el retiro de la maquina ante señalada. Así también, se observo a personas trabajando en una construcción en la Zofernat y colindante con un canal pluvial, al preguntarles el nombre del responsable de la construcción, no proporcionaron información, solamente comentaron que la construcción lleva el nombre de “Club de Playa de Casas Geo”, ubicado en playa San Vicente.

29 de diciembre. En playa Revolcadero se retiraron dos módulos de masajes ya que no cantaban con autorización para llevar a cabo estés actividades en el punto conocido como el Parián Princess lado oriente, acto continuo se prosiguió con el recorrido y en el punto conocido corno punto muerto que está ubicado a un costado de condominio Marena y Costa Bamboo, se retiraren cincos vehículos de turistas que había ingresado de manera indebido al área de playa continuando con el recorrido nos ubicarnos frente el club de playa El Cano donde fuimos abordados por turistas del Distrito Federal los cuales nos manifestaron que personal de este club de playa, no les permitían instalar sombrillas propias argumentando que el área de playa la tenía en concesión y sólo los huéspedes de dicho club podían permanecer en dicha área y que además tenían personal armado para retirarlos en consecuencias a estos actos nos entrevistamos con el señor Genaro Arroyo que dijo ser empleado del club El Cano para explicarle que el área de playa, es un área no concesionada, que ninguna persona física o moral puede evitar la instalación de toldos o sombrillas particulares ya que la playa es un bien de la nación y por lo tanto no existe restricción para el esparcimiento y goce de ésta.

30 y 31 de diciembre.En atención a las denuncias presentadas por turistas y condóminos en playa diamante, respecto a que en el área de playa de los condóminos playa mar, playa mar II y playa mar diamante, por estas fechas han instalado mallas ciclónicas y objetos que delimitan o impiden el libre tránsito frente al área de playa y zona federal marítimo terrestre, al respecto, se observa que frente al condominio playa mar diamante, se llevan a cabo instalación de toldos, mesas, sombrilla, módulos expendiendo bebidas alcohólicas de forma provisional en consecuencia nos dimos a la tarea de buscar el responsable para solicitar la autorización para llevar a cabo las actividades de la cena de fin de año a lo que presentaron permiso transitorio de DFG-083-2010 para uso general a nombre de C. Javier Guerra Cisneros, así también se constato físicamente que este condominio y los otros dos, no realizan ningún tipo de delimitación con plantas, cetos o mayas, ciclónicas como en años anteriores.

1 al 2 de enero de 2011.En playa caleta en el área del puente de acceso a islote se retiraron vendedores ambulantes con la finalidad de permitir el libre acceso a los visitantes para trasladarse a la vacación a la isla la roqueta, constituidos en la isla se hablo con los prestadores de servicios turísticos que ofertan deportes acuáticos se abstuvieran de realizar sus actividades en el área del muelle de embarque y desembarque atendiendo el señalamiento y desplazándose hacia el área de playa, acto continuo nos trasladamos a playa papagayo, sonde se llevo a cabo el retiro de vendedores semifijo que se instalan en los corredores del punto llamado Asta Bandera, posteriormente nos trasladamos  al área de playa la condesa con la finalidad de retirar instalaciones que obstruían el libre acceso en el área del Parián Oriente, así como también el retiro de os módulos de servicios de mensajes que no contaron con el permiso para realizar dichas actividades.

3 y 4 de enero de 2011.En playa Icacos, en el punto conocido como condominio Cristóbal Colon, se retiraron toldos, mesas, sombrillas que estaban invadiendo en área concesionada del condominio esas personas se escudan en que son personal del administrador de playas, frente al Centro Internacional de Convivencia Infantil (CICI), se retiraron sillas y sombrillas que instala Carlos Ortegón, a través de su personal que atiende el modulo de venta de mariscos y rentan mobiliario, ubicado a lado oriente del CICI.

Cabe mencionar que en todo el periodo vacacional, se conto con la participación y apoyo de la jefatura de quejas y denuncias en la atención al público en el modulo del revolcadero, a través de Alejandro Arellano.

Acapulco, Guerrero, a 7 de enero de 2011.— Inspectores: Javier Genaro Noyola Torres, Óscar Galeana Chávez, Crisógono Almaraz Castro, Alejandro Mendoza Zampayo (rúbricas).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

BAMBU Y RATAN

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-3-838, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00000639, suscrito por la licenciada Raquel Ramírez Parra, directora de Legislación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación de México a la Red Internacional del Bambú y del Ratán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, doy respuesta a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4053/ 10, mediante el cual hace del conocimiento de esta unidad administrativa el punto de aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 7 de diciembre del año próximo pasado relativo a la integración en la Red Internacional del Bambú y el Ratán.

Sobre el particular, sírvase encontrar adjunta al presente copia del oficio número CGPP- 0040/ 11, signado por el maestro en ciencias Sergio Humberto Graf Montero, coordinador general de Producción y Productividad de la Comisión Nacional Forestal Gerente, por el que en el ámbito de su competencia da respuesta al punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2011.— Licenciada Raquel Ramírez Parra (rúbrica), directora de Legislación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente.

Con relación a su oficio número 112/ 05780, de fecha 16 de diciembre de 2010, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, adoptado en su sesión del 7 de diciembre pasado y por instrucciones del doctor Juan Manuel Torres Rojo, director general de la Comisión Nacional Forestal, le refiero lo siguiente:

Actualmente, la Comisión Nacional Forestal realiza los trámites requeridos para integrarse como miembro de la Red Internacional del Bambú y del Ratán. Una vez que el ingreso se concrete se informará por su conducto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Atentamente

Zapopan, Jalisco, a 13 de enero de 2010.— Sergio Humberto Graf Montero (rúbrica), coordinador general de Producción y Productividad.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

DISCRIMINACION LABORAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0752 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0039 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión social.

Maestro Juan Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4217/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre del 2010, por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a las autoridades laborales de los ámbitos federal y local a instaurar las acciones y los procedimientos necesarios a efecto de prevenir la discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de 40 años.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, propone en el Eje 2 Economía competitiva y generadora de empleos, específicamente en la Estrategia 4.2, dirigido a fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.

Con base en ello, el Programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 2007-2012 establece, en su Objetivo 9, relativo a promover la equidad y la inclusión laboral, la generación de políticas y de adecuar la normatividad para la no discriminación e igualdad de oportunidades de las personas en el empleo.

Frente a este compromiso de gran envergadura y con la finalidad de fomentar el ingreso, la promoción y permanencia en el empleo en condiciones de trabajo decente, la STPS promueve la equidad y la inclusión laboral, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad laboral, a través de las siguientes acciones:

- Programas de capacitación gratuitos: buscan ampliar las’ capacidades y habilidades de las personas a fin de que puedan acceder a un nuevo empleo. Para ello, se ponen a su disposición el Programa de Formación de Agentes Multiplicadores y el Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores (Procadist).

- Servicio Nacional de Empleo: vincula la oferta y demanda de empleo mediante la orientación y difusión de puestos vacantes, y apoya la movilidad de la población desempleada y subempleada para que incremente sus capacidades laborales, a través de:

• Portal del empleo: es la bolsa de trabajo electrónica más grande de México (www.empleo.gob.mx) que reúne y difunde información sobre vacantes de empleo, apoyos de capacitación, asesoría para realizar y difundir el curriculum del trabajador;

• Kioscos de información: equipos informáticos con acceso a internet las 24 horas del día para consultar ofertas de empleo, requisitos, contactar con las empresas e inscribirse en un servicio de correo electrónico para recibir avisos periódicos de las ofertas de empleo, y

• Centros de intermediación laboral: servicios tecnológicos de apoyo para la búsqueda de empleo, así como asesoría de personal especializado en orientación ocupacional para jóvenes.

Por otra parte, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), órgano desconcentrado de la STPS, tiene la misión de asesorar a los trabajadores y a sus beneficiarios en materia laboral y, en su caso, representarlos jurídicamente, además de proponer soluciones a trabajadores y empleadores a través de la conciliación, proporcionando todos sus servicios de manera gratuita. La Profedet, a efecto de brindar un servicio más eficiente de orientación y asesoría jurídico laboral, en coordinación con la Subsecretaría de Inclusión Laboral de la STPS, implantó desde febrero de 2009, la instalación de un servicio de atención de llamadas telefónicas en la referida materia, con enfoque de género y de servicio a grupos en situación de vulnerabilidad, a través de una línea telefónica única, confidencial, gratuita y a nivel nacional, 01 800 911 7877, en la que se otorga la asistencia debida a los usuarios sobre los asuntos que plantean, ante la posible presencia de conflictos laborales, y eventualmente se les canaliza a instancias de apoyo especializadas y/o locales.

Asimismo, es de mencionarse que la STPS firmó un convenio con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el objeto de prevenir y erradicar la discriminación en el mercado laboral y fue emitida la Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, como un instrumento de certificación que establece requisitos, expresados en prácticas e indicadores, que comprueban que las organizaciones respetan la igualdad y la no discriminación, la previsión social, el clima laboral adecuado, la libertad sindical y la accesibilidad laboral entre mujeres y hombres, dirigida a organizaciones públicas, privadas y sociales, ya sean empresas, dependencias o entidades públicas, sindicatos u organizaciones de la sociedad civil, sin importar su tamaño o actividad, en todo el territorio mexicano.

Los requisitos de la norma, consistentes en indicadores puntuales, están divididos en 5 ejes:

A. Igualdad y no discriminación: se refiere a la adopción de políticas y acciones para la igualdad y la no discriminación entre mujeres y hombres en las comunicaciones internas y externas de la organización; en el reclutamiento, selección y permanencia en el trabajo; en los salarios, incentivos y compensaciones; y en la promoción vertical y horizontal.

B. Previsión social: verifica que las y los trabajadores disfruten, sin ningún tipo de discriminación, de las prestaciones y beneficios ofrecidos por la organización. Asimismo, se refiere a la instrumentación de esquemas y mecanismos que permitan a trabajadoras y trabajadores conciliar la vida familiar y la vida laboral.

C. Clima laboral: comprueba la existencia de prácticas e indicadores para crear un ambiente de trabajo libre de violencia laboral; cuenta con un instrumento que mide el nivel de satisfacción de las y los trabajadores en el espacio laboral.

D. Accesibilidad y ergonomía: se refiere a espacios físicos y mobiliario adaptado a las necesidades de mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

E. Libertad sindical: corrobora el respeto al derecho de las y los trabajadores para constituir organizaciones sindicales, y para afiliarse o no a las existentes, sin ningún tipo de discriminación.

Finalmente, cabe manifestar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, contiene medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades, así como procedimientos para que cualquier persona denuncie presuntas conductas discriminatorias y presente las reclamaciones o quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya sea directamente o por medio de su representante.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

CONDICIONES LABORALES REPARTIDORES Y MENSAJEROS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-867, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0040 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los riesgos laborales con las herramientas de trabajo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4203/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre del 2010 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar las medidas conducentes para asegurar que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, tenga condiciones dignas de trabajo y cuente con protección social que le permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo, además de considerar que se adicione un capítulo en el reglamento en materia de seguridad e higiene, que considere el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, en caso de ser ésta la principal herramienta de trabajo.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracciones XIV y XV, establece:

“Artículo 123. ...

Apartado A ...

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;

XV. El patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;

...”

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo aborda el tema de los riesgos de trabajo de la manera siguiente:

“Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

...

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizacionesde conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento;

...

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo...

...”

“Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a:

...

VI. La indemnización fijada en el presente título...

...”

De lo anterior se desprende claramente que, tanto la Carta Magna como la Ley Federal del Trabajo, consideran la regulación de los riesgos de trabajo (enfermedades y accidentes a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo), los cuales son responsabilidad del patrón, quien está obligado a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de la negociación, supuestos que son del todo aplicables al caso que nos ocupa sobre los empleados que se desempeñan como repartidores, mensajeros o similares, y cuya herramienta principal de trabajo es una motocicleta.

En este sentido, toda vez que son características de la ley el ser general, impersonal y abstracta, esto es, que comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase, y no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, se estima que no es necesario modificar o agregar disposiciones específicas para catalogar el uso de la motocicleta como un riesgo de trabajo, pues se reitera que las actuales normas laborales, que regulan los riesgos de trabajo, son aplicables, no solamente a los trabajadores cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, sino a todos los trabajadores.

Por otra parte, en cuanto a que los empleados que se de-sempeñen como repartidores, mensajeros o similares, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, cuenten con la protección social que les permita afrontar los riesgos laborales inherentes a su empleo, se aprecia que las vigentes normas de seguridad social, otorgan protección a dichos trabajadores.

En efecto, la Ley del Seguro Social señala, en la fracción I de su artículo 15, que los patrones están obligados, entre otras cuestiones, a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual incluye, desde luego, a todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta.

Igualmente, la Ley del Seguro Social establece que el régimen obligatorio comprende, entre otros, el seguro de riesgos de trabajo, el cual otorga diversas prestaciones en dinero y especie, y en su artículo 53 dispone: “El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo”.

En virtud de lo expuesto, se considera que todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, goza de las condiciones mínimas de trabajo que establecen el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, incluyendo las relativas a riesgos de trabajo, los cuales son responsabilidad del patrón, quien entre otras cuestiones, está obligado a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, como son las motocicletas.

Asimismo, los patrones, por disposición de la Ley del Seguro Social, tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores, incluyendo a todo empleado que se desempeñe como repartidor, mensajero o similar, y cuya herramienta principal de trabajo sea una motocicleta, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que puedan gozar de las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo.

Lo anterior, sin dejar de observar que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, contienen disposiciones tendentes a vigilar el cumplimiento de las obligaciones patronales, incluyendo el tema de los riesgos de trabajo, así como las relativas a la imposición de sanciones por la falta de cumplimiento.

De aceptarse la propuesta que nos ocupa, se podría llegar al extremo de realizar un apartado específico para cada tipo de empleo o puesto de trabajo, lo cual se considera improcedente en el sistema jurídico mexicano, toda vez que, como se manifestó líneas arriba, son características de las leyes ser generales, impersonales y abstractas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2011.— El subsecretario del Trabajo, licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

SINDICATO INDEPENDIENTE NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-869, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 0042, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Acuso recibo del oficio de la Unidad de Enlace Legislativo SEL/UEL/311/4202/10, del pasado 15 de diciembre, por el que comunicó el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en su sesión del 14 de diciembre de 2010, relativo a la exhortación a los Secretarios de Salud de diferentes entidades federativas para respetar la toma de nota con que cuenta el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud y sus secciones.

Al respecto, es pertinente precisar que el 11 de diciembre de 2007, la Dirección General de Registro de Asociaciones de esta secretaría otorgó el registro correspondiente al citado sindicato, en estricto acatamiento de la sentencia de amparo dictada el 29 de noviembre de 2007 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Ello se hizo del conocimiento de los secretarios de Gobierno de Tabasco, Michoacán, Puebla, Durango, Zacatecas, Chiapas, Hidalgo y Distrito Federal, mediante sendos oficios de fecha 31 de marzo de 2008, girados por la propia Dirección General de Registro de Asociaciones.

No omito señalar que éste y otros asuntos de carácter laboral relacionados con el referido Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, cuyo secretario general es el doctor Antonio Sánchez Arriaga, fueron atendidos en el marco del diálogo impulsado por esta dependencia del Ejecutivo federal con la Unión Nacional de Trabajadores, desde el inicio de la presente Administración.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de enero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

DERECHOS DE JORNALEROS AGRICOLAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-8-698, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 0037, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los derechos laborales y la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente de los niños.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4209/ 10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la sesión del 14 de diciembre de 2010, donde se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tutelar con energía lo dispuesto en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, de manera que se respeten los derechos laborales y la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente de los niños, y a establecer las sanciones a quienes violenten la normatividad jurídica relativa, y en su caso, se puedan deslindar responsabilidades.

Comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar los siguientes aspectos:

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 indica en el eje 2, “Economía competitiva y generadora de empleos”, específicamente en la estrategia 4.2, que “se otorgará atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de grupos migratorios”.

El objetivo 7 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 señala que es necesario instaurar estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias, en atención de lo dispuesto en el eje rector 2, objetivo 4, del PND, el cual menciona que “se fortalecerán la coordinación interinstitucional y la sinergia de programas gubernamentales para garantizar el acceso de la población jornalera agrícola a un trabajo digno, con respeto de los derechos laborales y de seguridad y previsión social, y en condiciones de equidad, justicia y legalidad que permita el de-sarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, destino y en tránsito”.

Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instaura la política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permisible, que considera tres ejes:

1. Generar información estadística en forma periódica

Se ha considerado de vital importancia la generación de estadísticas periódicas en torno de la ocupación infantil en México. Con base en ello se diseñó un módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante 2007 y 2009, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, A fin de medir la ocupación infantil de 5 a 17 años y con ello mejorar la focalización de las políticas públicas en la materia.

Con la aplicación de dicho módulo, el país cuenta por primera vez con datos comparables. Los resultados entre 2007 y 2009 son éstos:

1. La población infantil de 5 a 17 años disminuyó en 3.3 por ciento: pasó de 29.2 a 28.2 millones de 2007 a 2009.

2. El total de niños ocupados en este rango de edad registró un descenso de 17.3 por ciento: pasó de 3.6 a 3 millones en el mismo periodo. La mayor disminución fue en los ocupados de 5 a 13 años, con 23.1 por ciento, mientras que en el grupo de 14 a 17 años la caída fue de -14.8 por ciento.

3. Los niños ocupados que no asistían a la escuela también disminuyeron: registraron un descenso de 21 por ciento, frente a un decremento de 14.8 por ciento en los que asistían a la escuela.

4. De los poco más de 630 mil niños que dejaron de realizar actividades económicas en el periodo, 26 por ciento laboraba en las actividades agropecuarias, 30.3 en la industria, 19 en el comercio, 23.2 en los servicios, y el resto no especificó el sector de actividad económica.

5. Los niños que desempeñaban quehaceres domésticos sin remuneración en sus hogares registraron un ligero descenso: pasaron de 19.3 a 19 millones, es decir, un decremento de 1.4 por ciento.

6. La tasa de ocupación infantil bajó de 12.5 por ciento en 2007 a 10.7 en 2009, proporción que en los niños pasó de 16.6 a 14.1 por ciento y en las niñas de 8.3 a 7.2 en el periodo.

7. La tasa de hogares con niños ocupados descendió de 18.4 a 15.8 por ciento entre 2007 y 2009, en tanto que la de hogares monoparentales con niños ocupados pasó de 20.9 en 2007 a 17.9 en 2009.

Los indicadores en general muestran importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil en el periodo analizado, pues cada vez menos niños participan en las actividades económicas.

2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional

Se colabora con los sectores público, social y privado para promover buenas prácticas en materia de trabajo infantil, retomando los resultados de los respectivos módulos de trabajo infantil 2007 y 2009, como insumo para instaurar políticas públicas más eficientes.

A la fecha se han realizado 22 foros-taller La participación intersectorial en la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, en Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Como producto de dichos foros-taller, se han firmado 19 cartas compromiso intersectorial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, en Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero. Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca. Puebla, Querétaro. Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora. Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En el caso de Michoacán, se han firmado 142 compromisos voluntarios para erradicar la explotación laboral infantil con actores clave de gobierno y sociedad; 110 de ellos han sido firmados con municipios, de los 113 que forman el estado.

3. Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola

En el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha evidenciado la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo en los campos agrícolas, especialmente en las entidades federativas que se han caracterizado como receptoras de trabajadores agrícolas temporales.

• En 2010 se otorgó el distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil a 21 unidades económicas agrícolas de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora, por haber adoptado una política de cuidado y protección infantiles, con lo cual se convierten en los primeros centros laborales del país que contratan jornaleros agrícolas en ser reconocidos por su práctica de responsabilidad social dirigida a la no contratación ni utilización de mano de obra infantil, además de establecer procesos para el desarrollo integral de las familias de los trabajadores, con particular atención en los niños.

• El gobierno de México solicitó a la Organización Internacional del Trabajo la realización de una tercera fase del Proyecto de Cooperación Técnica IPEC-OIT (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), así como su apoyo para iniciar un programa específico en relación con el trabajo infantil de los jornaleros agrícolas. Se autorizó la ejecución del proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, con un presupuesto de 4 millones 750 mil dólares estadounidenses, con el objetivo de fortalecer las estrategias nacionales y las políticas públicas para la atención del trabajo infantil agrícola, resultante de la migración interna y de la población infantil indígena.

Para la atención de las causas de la migración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, a partir de noviembre de 2007 instaló el grupo de coordinación interinstitucional, el cual está integrado por más de 13 dependencias del gobierno federal, organizadas en 5 grupos de trabajo para atender la diversidad de problemáticas de la población:

• Normatividad e inspección;

• Seguridad y previsión social;

• Educación;

• Promoción del desarrollo; e

• Integración de la información.

El grupo de promoción atiende las condiciones de la población migrante desde sus comunidades de origen, ampliando las capacidades de ésta. Particularmente se cuenta con las siguientes estrategias:

• Enlaza, que aúna servicios y apoyos para establecer un vínculo de atención integral para la población jornalera agrícola, cuenta con cinco módulos. Se está integrando una base de datos con 176 regiones de atención en 27 estados que identifican a más de 1.7 millones de jornaleros, que representan 83 por ciento de la población potencial.

• En la Semana Nacional de Migración, celebrada durante octubre de 2010, cuyo propósito fue promover una conciencia social y solidaria respecto al fenómeno migratorio en la mayor parte del territorio nacional, se incluyó el tema de la migración interna como parte importante del fenómeno migratorio, a través de la realización de foros de discusión sobre el tema de los jornaleros agrícolas migrantes.

• Se realizó la Cruzada Nacional por los Derechos de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, que desarrolló acciones directas de promoción de los derechos de los jornaleros en los campos agrícolas de manera simultánea en 21 estados de la república.

• El proyecto de acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales para los jornaleros agrícolas se ejecuta en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), asociación de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Con esta asociación estratégica se han tenido los siguientes avances:

- En 2008 se certificó a 973 jornaleros agrícolas a través de 40 talleres de capacitación en la norma técnica de competencia laboral Cosecha de Hortalizas, en 16 empresas agrícolas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sinaloa.

- En 2009 resultaron competentes en la misma norma mil 599 jornaleros agrícolas en Colima, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora.

- En 2010 se han acreditado 5 mil 20 jornaleros agrícolas en habilidades laborales en cosecha de hortalizas de Baja California, Coahuila, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Los mismos jornaleros son candidatos a ser certificados en la norma técnica de competencia laboral Cosecha de Hortalizas.

Por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección Federal del Trabajo y las Delegaciones Federales del Trabajo, como instancias normativa y operativa, respectivamente, en términos de lo dispuesto en los artículos 40, fracción 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de conformidad con la distribución de competencias, prevista en los artículos 123, Apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 527, 527-A y 529 de la LFT, realizan visitas de inspección en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, prestando especial atención en la salvaguarda de las prerrogativas aplicables al trabajo de menores, llevando su actuación a las ramas industriales y actividades económicas donde se presume que hay alto índice de trabajo infantil.

En 2009 se practicaron 42 mil 502 visitas de inspección, de las cuales 10 mil 512 correspondieron a la materia de condiciones generales de trabajo, que invariablemente aborda la revisión del tema de trabajo de menores, en el marco de lo dispuesto en el Título Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo.

En 2010 se realizaron 49 mil 500 inspecciones, en las que 11 mil 153 se refieren a la materia de CGT.

Se realizaron operaciones especiales, como en campos agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción, por ser consideradas de interés en el tema por la Organización Internacional del Trabajo, obteniendo los siguientes resultados:

En el caso de los menores detectados en las citadas operaciones especiales, se dio parte a la autoridad laboral local para que procediera conforme a sus facultades, toda vez que la actividad agrícola no se considera en las ramas industriales y actividades económicas de competencia federal respecto a la vigilancia en materia de condiciones generales de trabajo.

Como resulta fundamental la colaboración entre las esferas de gobierno, la STPS ha prestado especial atención en la suscripción y actualización de convenios de coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la inspección laboral, instrumento que materializa la coordinación que debe haber entre las autoridades federales y las locales, y que compromete a las partes en todas las acciones tendentes al intercambio de mejores prácticas en materia de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, en los que se cuenta con el siguiente avance:

De las disposiciones en materia de seguridad e higiene verificadas, destacan por su importancia éstas:

• Prohibir que se realice carga manual de materiales con pesos de más de 35 kilogramos a trabajadores varones menores de 18 años.

• Prohibir que se realice carga manual de materiales a mujeres con pesos de más de 20 kilogramos.

• Prohibir que los menores realicen actividades con plaguicidas.

• Prohibir que menores de 18 años laboren en el interior de las minas subterráneas de carbón.

• Servicios al personal.

• Servicios preventivos de medicina.

Toda vez que los números que arroja el Módulo de Trabajo Infantil 2009 evidencian que las sanciones previstas en la ley vigente no son suficientes para evitar la práctica de contratar menores de 14 años (la multa más elevada que se puede aplicar es de 315 veces el salario mínimo diario), se ha propuesto a través de la reforma laboral presentada en marzo de 2010, que busca una reforma integral de la Ley Federal del Trabajo, tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar (1 a 4 años de prisión, con independencia de la multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general), ordenando el cese inmediato de las labores del menor; y en caso de que éste no reciba el mismo salario de un trabajador que realice actividades similares, el patrón deba resarcirle las diferencias.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de febrero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento

TELEVISA-NEXTEL

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Rubí. Dígame. Sonido a la curul del diputado Rubí, por favor.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar(desde la curul): Señor presidente, nada más para subrayar que este turno que está haciendo usted a la Comisión de Comunicaciones, de la respuesta al exhorto aprobado por el pleno, desde mi punto de vista es improcedente.

Este punto de acuerdo con exhorto fue presentado por un compañero diputado del Partido Acción Nacional y fue aprobado por el pleno. El hecho de que se turne hoy a la Comisión de Comunicaciones, dado el origen –repito– del punto de acuerdo, no tiene ninguna razón de ser.

Esto lo comento en razón de que en aquel debate su servidor, en nombre del grupo parlamentario al que pertenezco, que es el Partido Revolucionario Institucional, estuve reiterando la improcedencia y lo absurdo que significaba la aprobación de ese punto de acuerdo con exhorto, para efectos de llevar a cabo la anulación de la licitación 21. Lo que solicito es que se pudiese rectificar esta decisión de turno, dada la improcedencia a partir del origen del propio punto de acuerdo.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, cómo no, señor diputado. Lo que leyó la Secretaría es que se recibió de la Comisión Federal de Telecomunicaciones una contestación a un punto de acuerdo, por eso se ha turnado a la Comisión de Comunicaciones.

Si usted tiene una alternativa, por favor, le sugiero que nos la presente y la tomaremos en cuenta con mucho gusto, señor diputado. Muy bien. Continúe la Secretaría.

CLINICAS Y HOSPITALES PUBLICOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1333 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ 623/2011 suscrito por la licenciada María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la atención médica y seguridad de los pacientes en clínicas y hospitales públicos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Hago referencia al punto de acuerdo aprobado el 19 de enero del año en curso en la sesión de la Comisión Permanente, presentado el 12 de enero pasado por el diputado Marco Antonio García Ayala (PRI), por el que se solicita al Ejecutivo federal establezca y refuerce medidas para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones, en las clínicas y hospitales públicos.

Al respecto, me permito acompañar oficio CAS/0152/11, suscrito por el maestro Ramiro Tamayo Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, quien emite sus comentarios respecto del punto de acuerdo referido.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2011.— María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Por indicaciones de la doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud y en atención a su oficio número 170/UCVPS/ DGAVS/125/2011 con fecha de 28 de enero de 2011, mediante el cual solicita comentarios sobre punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal que establezca y refuerce medidas para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores e instalaciones en las clínicas y los hospitales públicos. Presentado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; en el ámbito de competencia de esta Subsecretaria le informo lo siguiente:

• La inseguridad y violencia que se viven en el país, principalmente en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas ha venido afectando a centros y profesionales de la salud, pero no específicamente a temas que se integren dentro de las líneas de acción de sicalidad que comprenden los temas de calidad en la atención médica y seguridad de los pacientes.

• Esta subsecretaria comparte la preocupación de los legisladores, por lo que se proponen las siguientes medidas:

Dictar medidas de control riguroso de acceso y circulaciones a los establecimientos médicos.

Exigencia de portar el gafete de identificación o documento que acredite el acceso, principalmente en las áreas de urgencias.

Extremar la vigilancia de las empresas de seguridad en los perímetros hospitalarios, estacionamientos y entradas de los establecimientos médicos con los apoyos que se consideren convenientes con las autoridades competentes.

Supresión en las páginas Web de los hospitales en los estados afectados por la violencia, del directorio de personal de la salud que integra el centro.

Prohibición expresa de portar el uniforme o bata de trabajo fuera del recinto hospitalario o establecimiento médico.

Reforzar los medios de seguridad que se consideren convenientes en los supuestos de traslados de reos con problemas de salud que deban ser internados en un hospital.

Lo anterior, a efecto que la información recabada sea de utilidad.

Atentamente

México, DF, a 9 de febrero de 2011.— Maestro Ramiro Tamayo Rodríguez (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase al promovente para su conocimiento.

EMBARAZO SALUDABLE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Servicios de salud.— San Luis Potosí.

Diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

En respuesta a su oficio número D.G.P.L. 61-II-7-741 enviado al doctor Fernando Toranzo Fernández, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, referente a acuerdo de la Comisión de Salud del honorable Congreso de la Unión, para atender en forma cabal los acuerdos y las normas sobre embarazo saludable y la prevención a favor del embarazo, informo a usted de las intervenciones actualmente desarrolladas para dar respuesta a tal solicitud en base a los puntos planteados en el documento anexo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, a 28 de enero de 2011.— Doctor Alejandro A. Perea Sánchez (rúbrica), director general.»

«Servicios de Salud de San Luis Potosí.— Dirección de Políticas y calidad en Salud.— Subdirección de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y Adolescencia.— Departamento de Salud Reproductiva.— Coordinación de Salud Materna y Perinatal

Acuerdos y normas sobre embarazo saludable

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo a fortalecer la campaña mediática de información del gobierno federal sobre la estrategia embarazo saludable y prevención médica en favor del embarazo.

Se han llevado entrevistas en medios locales de televisión (Canal 13, Televisora Potosina y Cablecom) para difundir la atención oportuna al embarazo mediante el inicio del control prenatal en el primer trimestre de la gestación, de igual manera, se han entregado 460 carteles titulados “Señales de alarma en el embarazo; cuida tu vida y la de tu bebé”, a las distintas jurisdicciones sanitarias que conforman estos servicios de salud; aunado a lo anterior, en las consultas de control prenatal se inició con la entrega del díptico “Señales de alarma en el embarazo”, el cual se une a la cartilla de control prenatal como herramienta para la identificación oportuna de los signos y síntomas de alarma en el embarazo por parte de la mujer y de su núcleo familiar. Considero pertinente mencionar que se arrancará la campaña “Prevención de la mortalidad materna” en el estado, mediante la difusión de spots de radio en español y lenguas indígenas, así como la colocación de espectaculares, actividades de las cuales se informará oportunamente.

Segundo. Se hace un llamado a los Gobiernos Estatales a cumplir a cabalidad los acuerdos, las normas, los linea-mientos y las guías de atención en salud encaminadas a atender esta problemática a escala local.

Al respecto, se otorgaron 655 gafetes sobre flujogramas pata la atención de enfermedad hipertensiva del embarazo y hemorragia obstétrica en primer nivel de atención, los cuales están basados en las guías de práctica clínica disponibles en la página electrónica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; de igual manera, se tomó como referencia los anteriores documentos para conformar un examen de opción múltiple el cual explora los conocimientos en atención a la salud materna y perinatal y cuyos resultados permiten orientar en que área es necesario reforzar los conocimientos del personal en contacto con el paciente; por otra parte, en las visitas de monitoreo y asesoría a la implementación del programa “Arranque parejo en la vida” se verifica con especial énfasis el apego a la Norma Oficial Mexicana (NOM) 168 del Expediente Clínico, NOM 007 Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido NOM 034 Para la prevención y control de los defectos al nacimiento.

En el tercer punto se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a emitir un informe sobre las Cuentas Públicas 2008 y 2009, de lo cual, comunico a usted que estos servicios de salud a mi cargo otorgarán las facilidades a tal órgano administrativo para el cumplimiento de dicho exhorto.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Salud para su conocimiento.

ADOLESCENTES EMBARAZADAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo.— Gobierno del Estado de Veracruz.

Jefes de las Coordinaciones del Bachillerato Estatal Dependientes de esta dirección general.— Presentes.

Se recibió en la dirección general oficio número SUBSEMSyS/0190/2011, fechado el 18 de los cursantes, signado por la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, maestra Denisse Uscanga Méndez, mediante el cual da a conocer el acuerdo único aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, que versa así:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno a realizar las acciones necesarias a favor de fomentar, pero además, instruir y desarrollar una política pública que tenga por objetivo capacitar para el autoempleo y fomentar la educación técnica entre las adolescentes embarazadas, a fin de promover su incorporación a la vida laboral de una manera digna para ellas y sus familias”.

En relación con lo anterior, con objeto de dar cumplimiento al citado acuerdo, y por indicaciones superiores, se les instruye a fin de que comuniquen a los directores de las escuelas oficiales y particulares a su digno cargo que a partir del ciclo escolar 2011-2012 se condonará el pago total de inscripción a todas las jóvenes en estado de gravidez entre los 14 y 18 años de edad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle y ratificarle mis sinceros respetos.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Veracruz, a 28 de enero de 2010.— Licenciado Daniel Lugo Carrasco (rúbrica), director general de Bachillerato.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Equidad y Género para su conocimiento.

DIPUTADO INDEPENDIENTE

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputada Josefina Vázquez Mota, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Me permito informar a usted que, con fecha 31 de diciembre del 2010, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió una Sentencia de expulsión en contra de mi persona como militante activo de este Instituto Político. Por encontrar vicios de origen en el procedimiento de referencia, el pasado 14 de febrero por voluntad propia presente mi renuncia con carácter de irrevocable como militante activo del Partido Revolucionario Institucional y, por consiguiente, en sus efectos legales, la separación como integrante del Grupo Parlamentario PRI.

Por lo anterior, me permito solicitar a usted que, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se me considere como diputado sin partido o diputado independiente, respetándose las mismas consideraciones que a todos los legisladores federales para desempeñar mis atribuciones como representante popular.

En esta nueva etapa de mi vida política, refrendo mi compromiso por servirle con vocación y lealtad al pueblo de Guerrero, así mismo, ratifico mi compromiso a sumarme al esfuerzo colectivo de mis compañeros Diputados Federales al servicio de nuestro país.

Para los efectos a que haya lugar le solicito atentamente instituir el procedimiento legislativo y de orden administrativo que corresponda.

Por su atenta y distinguida consideración, le reitero mi reconocimiento.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 17 de febrero del 2011.— Diputado Socorro Sofio Ramírez Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De enterado. Comuníquese.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los Senadores Eloy Cantú Segovia y Francisco J. Castellón Fonseca, presentaron solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto que adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentado el 28 de abril de 2010.

La Presidencia acordó remitir la documentación, misma que se anexa, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Señor Presidente

Con fundamento en el artículo 216 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos formular excitativa, a través de la Mesa Directiva de su digno cargo, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados a efecto de que dictaminen a la brevedad la iniciativa por la que se adiciona el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los suscritos el 28 de abril de 2010 y remitida por la Mesa Directiva del Senado de la República a la honorable Cámara de Diputados en la misma fecha y turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la colegisladora para su análisis y dictamen el 29 de abril de 2010.

Asimismo, nos permitimos solicitarle atentamente, que la excitativa en comento se incluya en el orden del día de la siguiente sesión del pleno que corresponda y se realice el trámite procedente para remitirla a la honorable Cámara de Diputados.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 10 de febrero de 2011.— Senadores: Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su atención.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMOS - LEY DE PUERTOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos

Primero.Se reforma la fracción VI del artículo 8; los párrafos primero, segundo, cuarto y quinto del artículo 55; el primer párrafo del artículo 56; la fracción III y el párrafo segundo del artículo 57. Se adicionan la fracción XIV del artículo 2; el párrafo sexto al artículo 55; y la fracción V al artículo 57. Y se deroga la fracción IV del artículo 57, todos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XIII. ...

XIV. Pilotaje es la actividad eminentemente intelectual que realiza de forma directa y sin intermediarios una persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, llamado práctico o piloto de puerto, consistente en realizar maniobras con las embarcaciones, a fin de preservar la vida humana, el ambiente marino, y la seguridad de las embarcaciones y de las instalaciones portuarias en las zonas de pilotaje.

Artículo 8....

I. a V. ...

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos, en su caso;

VII. a XXII. ...

Artículo 55.El servicio de pilotaje o practicaje es de interés público. La secretaría determinará la asignación de pilotos de puerto, con base en el reglamento, las reglas de pilotaje, las reglas de operación de cada puerto y de acuerdo con las necesidades del tráfico.

El servicio de practicaje o de pilotaje se prestará a toda embarcación mayor en un puerto o zona de pilotaje, así como a las demás que sin estar obligadas lo soliciten.

...

La secretaría determinará, con base en criterios de seguridad, economía y eficiencia, los puertos y las zonas de pilotaje en los cuales será obligatorio este servicio, que serán prestados en la forma que prevengan el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto. La secretaría estará facultada, de acuerdo con dichos criterios, para establecer en el reglamento de operación de pilotaje de cada puerto los supuestos mediante los cuales se exima de la obligatoriedad del servicio de pilotaje.

En el ámbito de sus atribuciones y responsabilidad corresponderá sólo a los pilotos de puerto tomar las decisiones técnicas tendentes a la seguridad de la navegación.

El servicio público de pilotaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día.

Artículo 56.En todo lo relativo al servicio de pilotaje, el reglamento correspondiente y las reglas de operación de pilotaje de cada puerto que expida la secretaría contendrán los elementos mínimos que establezca el reglamento de la presente ley. El servicio público de pilotaje se considera como un servicio profesional. La secretaría deberá tomar en cuenta la opinión técnica de los pilotos de puerto cuando la considere necesaria.

Artículo 57. ...

I. y II. ...

III. Contar con el certificado de competencia y la autorización para prestar el servicio de pilotaje para el puerto respectivo o zona de pilotaje, expedido por la secretaría;

IV. Se deroga.

V. Realizar prácticas obligatorias en el puerto o zona de pilotaje donde se aspire a prestar el servicio.

La secretaría estará facultada para implantar la certificación de calidad de los programas de capacitación de los pilotos de puerto.

...

Segundo.Se reforma la fracción I del artículo 44 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 44....

...

I. Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, como el remolque, amarre de cabos y lanchaje;

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, DF, a 17 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 12, párrafos primero y cuarto; y se adiciona el párrafo tercero del artículo 2, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

...

Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva.

Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravante del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

...

...

No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 17 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública para dictamen.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o., de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición  Energética.

«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, en atención al contenido de los artículos 38 y 40 de las Normas Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del H. congreso de la Unión celebrada el 11 de agosto de 2010, el diputado Juan José Guerra Abud, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Energía”.

II. Contenido y objeto de la Iniciativa

La iniciativa del diputado Juan José Guerra Abud propone reformar la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) con el fin de incorporar como objeto de aplicación de la misma, los proyectos hidroeléctricos que, aunque tengan una capacidad de generación superior a 30 megawatts, requieran embalses con una superficie menor a una hectárea o con capacidad de almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos.

Para ello, propone reformar la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar con la siguiente redacción:

“Artículo 1o. ...

Se excluye del objeto de la presente ley, la regulación de las siguientes fuentes para generar electricidad:

I. ...

II. Energía hidráulica que requiera crear nuevos embalses con superficies mayores a una hectárea o con capacidad de almacenamiento mayor a 50 mil metros cúbicos; en el entendido que cualquier nuevo embalse debe estar ubicado dentro del inmueble sobre el cual el permisionario de la planta hidroeléctrica tenga un derecho real;

III. y IV. ...”

El diputado Guerra Abud, justifica su propuesta en los siguientes términos:

1. La energía hidroeléctrica es renovable si le damos al agua un uso sustentable, esto es, evitando o disminuyendo al máximo los impactos ambientales, económicos y sociales.

2. Las grandes plantas hidroeléctricas requieren de la inundación de una gran superficie de terreno de distinta clase de usos de suelo, agrícola, forestal, de conservación, zonas recreativas e incluso sitios de valor cultural e histórico, que quedan inhabilitados para dichos usos. En algunos casos, se afecta la calidad y flujo del agua, de modo que intermitentemente, disminuye el suministro para consumo humano, afectando las poblaciones ubicadas río abajo; además, el agua se vuelve inadecuada para piscicultura ya que el dique constituye una barrera para la migración de los peces.

3. La opción más conveniente para generar electricidad a través del recurso hidráulico, son las centrales mini hidroeléctricas, ya que tienen menor impacto ambiental porque utilizan un embalse pequeño, permitiendo aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes presas.

4. En la redacción actual de la LAERFTE se excluyen del objeto de la Ley, las centrales hidroeléctricas con capacidad mayor a 30 MW, lo cual deja fuera de los apoyos previstos para las energías renovables, a los proyectos de mayor capacidad.

5. Es incorrecto excluir por completo a estos proyectos, en virtud de que algunas de estas centrales no utilizarían embalses nuevos o embalses con superficie menor a una hectárea y por consiguiente tienen un bajo impacto ambiental, por lo cual deberían considerarse renovables y en consecuencia ser promovidas y apoyadas.

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa planteada por el diputado Guerra Abud, los integrantes de esta Comisión de Energía fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Actualmente, se considera como fuente de energía renovable la energía hidráulica de fuentes con capacidad menor a 30 megawatts –energía mini hidráulica–. El diputado Guerra Abud estima que existen proyectos con mayor capacidad y que pueden ser considerados como fuentes de energía renovables y que, por tanto, no deben excluirse del objeto de la ley que se intenta modificar. Por lo tanto, propone modificar la redacción actual para considerar como energía mini hidráulica la derivada de proyectos que requieren nuevos embalses con superficies menores a una hectárea, o con capacidad de almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos.

Segunda. Los integrantes de esta Comisión de Energía coinciden con el criterio expresado por el diputado Guerra Abud en el sentido de aprovechar al máximo el potencial que representan las energías renovables, manteniendo el uso responsable de nuestros recursos naturales.

Este mismo criterio está presente en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, ya que reconoce y regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar la electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Asimismo, considera, entre otras, como fuente de energía renovable, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales.

Sin embargo, la ley en cita excluye de su objeto algunas fuentes para generar electricidad, entre las cuales se encuentra la energía hidráulica de fuentes con capacidad de generar más de 30 megawatts. De esta forma, se acota la energía mini hidráulica, tal y como se reconoce en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables.

En ese instrumento de regulación y planeación derivado de la misma ley en comento, se establece que la energía mini hidráulica es producida en instalaciones hidroeléctricas de capacidad limitada, utilizando la energía potencial o cinética generada por el agua que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos. Este tipo de energía se considera renovable, pues no agota la fuente primaria al explotarla, y no implica la emisión de contaminantes o residuos.

Tercera. Los diputados integrantes de esta comisión de Energía consideran apropiado modificar el concepto actual de la energía mini hidráulica para ampliar su alcance e incluir todos aquellos proyectos que cumplan con las características que se proponen en la iniciativa; es decir, que requieran embalses con superficies no mayores a una hectárea o con una capacidad de almacenamiento de agua menor a 50 mil metros cúbicos, sin que la capacidad de generación sea una limitante.

Estos proyectos, al igual que los ya considerados en la actual legislación, por su escala limitada, permiten reducir los impactos sobre el ambiente, y permiten aprovechar corrientes de agua poco caudalosas o donde no es posible la construcción de grandes instalaciones.

Los proyectos mini hidráulicos, además de contribuir con la diversificación de las fuentes primarias de energía, se adecuan a los principales beneficios económicos y sociales de este tipo de energía señalados en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables: reducción de riesgos por inundaciones; mitigación de erosión de cuencas; mejoramiento de labores agrícolas; desarrollo agroindustrial; derrama económica por la construcción y operación, y arraigo en las zonas rurales y capacitación.

Sin embargo, esta Comisión de Energía no pasa por alto que en todo proyecto siempre será necesario valorar qué impacto adicional se generará por la ejecución de los proyectos, los cuales llevan asociados a la operación central la construcción de subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, caminos de acceso, etcétera, que en su conjunto, producen una serie de impactos ambientales acumulativos o sinérgicos. Por lo que cada proyecto debe evaluarse de manera integral, para evitar sesgos en la interpretación de los posibles efectos que se ocasionarían al ambiente. Asimismo, deberán cumplir con la normatividad vigente en materia de exploración y explotación de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico e integridad de los ecosistemas.

Cuarta.No obstante que esta Comisión de Energía coincide con el planteamiento realizado por el diputado en su exposición de motivos, se estima que la reforma legislativa planteada debe ser modificada.

Lo anterior, en virtud de que propone considerar solamente como energía mini hidráulica la derivada de proyectos que: a) requieren nuevos embalses con superficies menores a una hectárea, o, b) con capacidad de almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos. Asimismo, elimina considerar como energía mini hidráulica la proveniente de fuentes de generación menores a 30 Mw.

Con dicha redacción no sólo indica su objetivo sino que además restringe el universo de los proyectos que actualmente se consideran renovables y que actualmente son objeto de la Ley, pues lejos de ampliar el concepto de energía mini hidráulica, como se manifiesta en la exposición de motivos, se limita aún más.

Asimismo, se considera factible modificar el término “permisionario de la planta hidroeléctrica” por el de “el generador”, a fin de homologar dicha referencia con la redacción actual de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. En la fracción V del artículo 3 de esta ley se establece que por “generador” se entenderá la “persona física de nacionalidad mexicana o persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que genere electricidad a partir de energías renovables.

En consecuencia, esta Comisión de Energía plantea que la redacción de la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética quede como sigue:

“II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.”

Quinta. Finalmente, en atención a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta Comisión de Energía estima conveniente precisar que con la eventual aprobación de la reforma planteada en la iniciativa que se dictamina no se incide en materia de gasto y, por lo tanto, no causa ningún impacto presupuestario.

Por lo anteriormente expuesto, es que los diputados integrantes de esta Comisión de Energía sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Artículo Único.Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

I. ...

II. Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megawatts, excepto cuando se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cúbicos de agua o que tengan un embalse con superficie menor a una hectárea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses deberán estar ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real.

III. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2010.

La Comisión de Energía, diputados: Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica en contra), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica en contra).»

«Voto particular del diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética

Con fundamento en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien, presentar un voto particular, para impugnar el sentido del dictamen sobre la iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, presentada por el diputado Juan José Guerra Abud del PVEM el 11 de agosto de 2010.

Primeramente considero pertinente ubicar bien el contexto del actual tratamiento a las denominadas pequeñas hidroeléctricas:

Al margen de las dudas sobre su constitucionalidad, los particulares pueden generar electricidad para usos propios y venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad según lo disponen los artículos 3º y 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y para lo cual no se establece ningún límite en capacidad, corrobora lo anterior el hecho de que actualmente los particulares cuentan con una capacidad instalada para autoabastecimiento de 5,000 MW, en la que se incluyen plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y eoloeléctricas.

En el caso de las hidroeléctricas consideradas como energías renovables, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, no restringe la capacidad que pueden instalar los particulares, lo que limita es la capacidad de las que pueden ser objeto de trato preferencial y apoyos económicos, que actualmente son las menores de 30 MW; la propuesta del diputado Juan José Guerra es la de aumentar esa capacidad.

Sobre este particular me permito las siguientes reflexiones.

Atendiendo a las virtudes de las pequeñas hidroeléctricas, en lo concerniente a sus efectos mínimos con el medio ambiente, a constituir una opción para sustituir generación eléctrica con combustibles fósiles, a constituir una alternativa para comunidades a las que no llega la red eléctrica y también por consideraciones de escala, existe una tendencia internacional para incentivar su desarrollo por los particulares mediante apoyos presupuestales, en esa tendencia se inscribe la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables.

Sin embargo, la propuesta no es compatible con los alcances de las tendencias internacionales; al respecto la Asociación Internacional de Pequeñas Hidroeléctricas, consideran como tales, las menores de 10 MW de capacidad, la normatividad en Alemania solo considera apoyos presupuestales para hidroeléctricas menores a 5 MW y la de España privilegia el apoyo a las hidroeléctricas menores de 10 MW.

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, insta a que se aproveche el potencial estimado en México de 3,250 MW de pequeñas hidroeléctricas, con capacidades menores a 10 MW.

Lo anterior tiene su lógica, ya que las que no presentan duda sobre su conveniencia para el medio ambiente son las verdaderamente pequeñas hidroeléctricas. Destinar recursos presupuestales a hidroeléctricas con capacidades mayores, reduciría los recursos para destinarlos a las auténticas pequeñas hidroeléctricas, y se considera procedente que en capacidades mayores los propietarios particulares, asuman el costo de su construcción y operación íntegramente.

Es de notar también que en la iniciativa que se comenta, no está definido el límite de la nueva capacidad, ya que propone que serían aquellas con embalses con un almacenamiento de agua menor a 50 mil m3 o con una superficie menor a una hectárea.

Al respecto la capacidad de una central hidroeléctrica, no está en función de los parámetros citados, sino que es función del flujo de agua de diseño de las turbinas, y la diferencial de alturas entre el embalse y el eje de turbinas, a ninguno de estos parámetros se hace referencia, por tanto lo que se está proponiendo es dejar indeterminada la capacidad máxima.

De suyo las indeterminaciones y vaguedades en una ley son contrarias a una buena práctica legislativa, porque deja la posibilidad de sesgar los objetivos que se persiguen con dicha ley.

Cabe añadir que en las referencias internacionales citadas, se señala precisamente la capacidad de las hidroeléctricas y no indirectamente a través de los parámetros indicados en la reforma propuesta.

Resumiendo, se considera que la reforma propuesta no es de aprobarse por lo siguiente:

A. No acredita la justificación para que hidroeléctricas mayores de 30 MW propiedad de particulares sean objeto de trato preferencial y apoyos económicos, principalmente presupuestales, que restarían recursos para las auténticas pequeñas hidroeléctricas, lo que es contrario a la práctica internacional y contrario a las recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

B. Está indeterminado el límite de la capacidad de las hidroeléctricas que serían objeto de trato preferencial y apoyos económicos, lo que constituye una práctica legislativa inapropiada.

C. El marco jurídico aplicable no limita la capacidad de instalaciones hidroeléctricas de particulares para autoabastecimiento y venta de excedentes como lo prueba el Modelo de Contrato de Interconexión para Fuente de Energía Hidroeléctrica, publicado por la Secretaría de Energía  en el Diario Oficial de la Federación del 20 de abril de 2010, pero considero que ese marco jurídico debe continuar manteniendo trato preferencial y apoyos económicos, solo a pequeñas hidroeléctricas menores de 30 MW.

Diputado César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Se informa a la presidencia que hasta el momento se han registrado 382 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 30 minutos para realizarla por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

LEY DE NAVEGACION Y COMERCIO MARITIMO

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los incisos A y C de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Dictamen de la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 68, 80, 81, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se procedió al análisis de la minuta, presentando a la consideración de esta asamblea el siguiente

Dictamen

La Comisión dictaminadora se abocó al examen de la minuta descrita, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2009, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c., fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

II. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa, a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.

III. En sesión ordinaria que tuvo lugar el 25 de febrero de 2010, los senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

IV. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Marina del Senado de la República para su estudio y dictamen.

V. El día 3 de noviembre de 2010 fue presentado el dictamen ante el pleno de la Cámara de Senadores como de primera lectura y en sesión del día siguiente 4 de noviembre del mismo año, se omite la segunda lectura, queda sin debate y se somete a votación. Es aprobado por 70 votos y remitido a la Cámara de Diputados.

VI. Mediante oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0782 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Marina para su dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

VII. En acatamiento al proceso técnico legislativo, con fecha 19 de enero de 2011, el pleno de esta Comisión de Marina valoró la minuta presentada por la colegisladora y como resultado de los consensos alcanzados en la reunión plenaria, aprobó el presente dictamen.

Valoración de la Minuta

Primero.El Congreso de la Unión se encuentra legitimado para legislar en materia de vías generales de comunicación de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo.Del análisis de la minuta se desprende que mediante las iniciativas presentadas por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos y los senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón, respectivamente, se corrigieron errores de nomenclatura contenidos en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos tal como se describe a continuación.

Tercero.En el artículo 328 fracción IV aparecen por error de técnica legislativa, tal como lo menciona la colegisladora, que el inciso a. menciona correlativamente el artículo 89, debiendo ser el número 90 y que el inciso c. menciona correlativamente el artículo 41, debiendo ser el 42.

Cuarto. Para corregir esta irregularidad, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos presentó por su parte, la iniciativa correspondiente para corregir los incisos a. del artículo 328 y remitirlo al artículo 90 y el c. para remitirlo al artículo 42 como debe corresponder por lógica jurídica y orden normativo.

Quinto.Asimismo, los senadores Francisco Herrera León y Adolfo Toledo Infanzón presentaron por su parte iniciativa para corregir el inciso c. del mismo artículo 328 y hacerlo corresponder con el artículo 42.

Sexto.En tal virtud y tomando en cuenta los argumentos que se esgrimieron en ambas iniciativas lo que mereció la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores y en virtud de que las comisiones dictaminadoras correspondientes afirman “Estas comisiones dictaminadoras coinciden con los razonamientos que vierten los autores de los proyectos de decreto en sus respectivas exposiciones de motivos, de eliminar los errores de técnica legislativa, en la correlación de artículos que se mencionan actualmente en los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, mismos que han ocasionado que la autoridad competente para sancionar las conductas que contrarien otros artículos que establecen requisitos para el desguace y para la prestación de servicios que requieren de permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no lo puedan hacer, al encontrarse con la imposibilidad de poder aplicar la sanción prevista en el multicitado precepto, ya que erróneamente los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328, remiten a los artículos 89 y 41, respectivamente, sin que estos últimos se refieran a los contenidos con que se relaciona el precepto que contiene los montos de las multas, siendo que en realidad, el inciso a. de la fracción IV del artículo 328, se correlaciona con el artículo 90, que hace referencia a los requisitos para el desguace, asimismo, el precepto normativo que se relaciona con el contenido del inciso c. de la fracción IV del mismo artículo, es el 42, por lo que resultan necesarias las reformas planteadas para corregir los artículos que deben de correlacionarse y permitir que se cumplan sus propósitos, lo anterior, toda vez que uno de los objetivos del legislador al redactar la norma, es el de trasmitir el mensaje con fluidez y claridad, para que los receptores estén en posibilidad de acatar su contenido, por lo que se presupone que quien legisla debe justificar la elaboración de normas desde una perspectiva racional, jurídica, pragmática, teleológica, ética y de correlación.”, esta Comisión de Marina consideró corregidos los errores de técnica legislativa de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos vigente y en relación con lo que establece el artículo 132 en su último párrafo que señala a los sujetos que deben cumplir las obligaciones en materia de prevención de la contaminación marina, se consideró perfeccionado dicho ordenamiento.

Por todo lo anterior y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, la Comisión de Marina somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Artículo Único.Se reforman los incisos a. y c. de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 328.La secretaría impondrá una multa de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo vigente, tomando en consideración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a:

I a III. ...

IV. Los propietarios de las embarcaciones o los navieros por:

a. Proceder al desguace en contravención con lo establecido por el artículo 90;

b. ...

c. Por prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 sin permiso de la secretaría;

d. ...

e. ...

V. a X. ...

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la vigencia del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2011.

La Comisión de Marina, diputados:Alejandro Gertz Manero (rúbrica), presidente; Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Antonio Benítez Lucho, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Martha Elena García Gómez, Luis Alejandro Guevara Cobos, Carlos Manuel Joaquín González, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, César Mancillas Amador, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Miguel Martín López, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Alejandro Gertz Manero para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos. Sí, diputado Gertz.

Nos solicita el diputado Gertz Manero que, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen lo hará el diputado Luis Antonio Martínez Armengol. Adelante, diputado Martínez Armengol, hasta por 10 minutos.

El diputado Luis Antonio Martínez Armengol:Muchas gracias, diputado presidente. En realidad esta modificación del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos implica una corrección exclusivamente para corregir precisamente una técnica legislativa.

En la legislatura anterior y desde el año 2006, cuando se modifica la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, se comete un error al poner dentro del artículo 328 una condicionante que tiene que ver con el artículo 90 y no con el 89. Ésta es una facultad que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cuanto a penalizar a quienes desguacen, dentro de los límites de puerto, alguna de sus embarcaciones y con esto provoquen alguna contaminación no nada más de carácter ambiental, sino contaminación del propio puerto.

Esto significa que debemos corregirlo y por eso precisamente pedimos la aprobación de ustedes en lo que debe ser la fracción IV del propio artículo en el inciso a), cambiar del artículo 89 al 90.

Y en la segunda parte, otro error que se aprecia, también de técnica legislativa, es la relación que tiene este mismo artículo en su propia fracción IV, en el inciso c), que hace mención al artículo 41 y éste debe ser el artículo 42.

Necesariamente tenemos que hacer la modificación porque queda implícito que las sanciones deben estar encuadradas dentro de los marcos normativos de la propia ley. Esto nos debe llevar a clarificar, con toda extensión, lo que pretendemos en esta modificación.

Esta modificación la trajo a nuestra Cámara de Diputados, a través del Senado, la senadora Ludivina, quien en el 2009 presentó este proyecto de modificación de su acuerdo.

Entonces pido al pleno de la Cámara de Diputados que sean tan amables en votar a favor la iniciativa y la modificación de este dictamen.

Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario el diputado Carlos Martínez Martínez, por el Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Martínez Martínez:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a hablar a favor del dictamen de la Comisión de Marina, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

El objeto de este dictamen legislativo es corregir dos errores de redacción que se dan en los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de dicha ley, ya que dichos incisos hacen referencia a los artículos 89 y 41, debiendo ser los artículos 90 y 42 de dicha ley.

Como pueden apreciar, la modificación que se propone versa sobre un par de errores de redacción que devienen desde el proceso legislativo de creación de esta ley. Se debió al articulado o numeración de los artículos de los proyectos de ley que en ocasiones se modifican o recorren, y en el caso particular se omitió actualizar la referencia correcta a los artículos 90 y 42 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, quedando los inmediatos anteriores, que son 89 y 41, respectivamente.

Es de suma importancia hacer la aclaración legislativa, ya que de otra manera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede sancionar a propietarios de embarcaciones o navieros que puedan causar un daño, como bien lo dijo nuestro compañero Martínez Armengol.

Y ante tal error de la ley, consistente en hacer referencia a los artículos 89 y 41, cuando lo correcto es referirse a los 90 y 42, queda cuestionada la legalidad de la autoridad.

Por tanto, al corregir los citados errores se facilitará el ejercicio de la facultad desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la imposición de sanciones en los supuestos a que se refieren dichas normas, y habrá seguridad y certeza jurídica para los propietarios de embarcaciones o navieros respecto de las sanciones que se llegasen a imponer.

Finalmente, debemos hacer énfasis en que se trata de una corrección formal que estamos obligados a realizar a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y que se originó desde su proceso de creación, por lo que no implica mayores cambios o afectaciones de fondo al sentido de la ley, buscando sólo la seguridad jurídica del sector naviero y portuario.

Por lo anteriormente expuesto solicito a ustedes su voto para aprobar el dictamen, cuyo fin especial es adecuar de manera correcta los reenvíos, la referencia que se hace a los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto?

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprovechamos, señoras diputadas y señores diputados, para enviar un saludo y la bienvenida a alumnos y maestros de la escuela  primaria Damián Carmona, del municipio de Tenancingo, estado de México, que han sido invitados por el diputado Fernando Ferreyra Olivares.

Igualmente, para maestros y alumnos de la escuela primaria del Instituto Irlandés, que han sido invitados por el diputado Jorge Juraidini Rumilla. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Óscar García Barrón(desde la curul): A favor.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Santamaría Prieto(desde la curul): A favor.

El diputado Baltazar Martínez Montemayor(desde la curul): A favor.

El diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo(desde la curul): A favor.

El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez(desde la curul): A favor.

La diputada Guillermina Casique Vences(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Ramírez Rangel(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh(desde la curul): A favor.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): A favor, Esthela Damián.

El diputado Emiliano Velázquez Esquivel (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos (desde la curul): Silvia Monge, a favor.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 398 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular por 398 votos el proyecto de decreto que reforma los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se informa a la asamblea que el reloj presenta una falla y no puede ajustarse en este momento la fecha correspondiente a la sesión de este día. Se instruye a las áreas de servicios la reparación de manera inmediata al final de la sesión.

Dígame, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para que quede en el acta la siguiente petición: quiero manifestar mi respaldo al derecho de Acción Nacional a poner su manta ahí al principio. No estoy de acuerdo en nada de lo que dice su manta, pero es su derecho y es su libertad de expresión.

Entonces, quiero que quede asentado en el acta que manifiesto mi respaldo a ese derecho, que lo respeto absolutamente y que pueden decir lo que quieran; inclusive que 6 mil pesos le alcanzan a una familia para vivir bien en este país. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Queda registrada su intervención.

Dígame, diputado Rodríguez Martell. Sí, diputado paisano.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): Mire, presidente, muchas gracias. Solamente para hacer una corrección. En la votación de abstenciones aparecieron cuatro, pero uno de esos votos era mío y lo corregí a favor.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se consigna y queda registrado su voto en el sentido en que usted lo ha manifestado.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la denominación del Capítulo I, del Título decimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la denominación del capítulo I del título decimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura fueron turnadas para estudio, análisis y dictamen correspondientes dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, en materia de hostigamiento sexual.

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en fecha 26 de mayo de 2010, el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

Segundo. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en la misma fecha, acordó que se turnase a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 23 de noviembre de 2010, el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

Cuarto. La Mesa Directiva, en la misma fecha, mediante oficio acordó que se turnase a la Comisión de Justicia para estudio y dictamen.

Contenido de las iniciativas

En la primera iniciativa expone el autor que el hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra la integridad física, psicológica y económica de las personas; y elimina sus oportunidades de desarrollo y la posibilidad de desenvolverse en un ambiente sano, digno y seguro.

Señala que el hombre y la mujer pueden ser víctimas de este delito; sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en la segunda.

Agrega que en 2008 se presentaron 25 mil 728 casos de acoso sexual en 258 dependencias y entidades de la administración pública federal, pero sólo se denunciaron 7 mil 796 casos, por temor a represalias.

Lo anterior, señala, permite inferir que el hostigamiento sexual constituye una realidad en el país. Por ello propone reformar el delito de hostigamiento sexual previsto en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal.

Propone modificar la descripción típica del hostigamiento sexual a fin de sustituir el elemento subjetivo de “fines lascivos” por la intención de obtener un acto sexual del sujeto pasivo, atendiendo fundamentalmente a que el bien jurídico tutelado son la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas, pues con ella se eligen de manera voluntaria las relaciones sexuales.

Por eso concluye en la iniciativa presentada a esta soberanía que tal conducta no debe quedar impune, en particular porque ese delito difícilmente se denuncia ya sea por temor a perder el empleo, a represalias del superior jerárquico, por la dificultad para acreditar los elementos del tipo penal o por la mínima pena impuesta, razón por la cual propone aumentar la punibilidad para quedar de seis meses a dos años de prisión y duplicarla para el caso de que el sujeto pasivo sea una persona menor de dieciocho años de edad.

En la segunda iniciativa expone el autor que en 1991 se tipificó por primera vez el “hostigamiento sexual”, con una sanción de hasta 40 días de multa.

Señala que desde entonces el delito de hostigamiento sexual en el fuero federal no ha sido reformado y se limita a sancionar la agresión que se ejerce a través de las relaciones jerárquicas laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, sin considerar el “acoso sexual” que se ejerce en un plano horizontal, entre compañeros y que afecta por igual a hombres y mujeres.

Puntualiza que hasta la publicación de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, no se reconoció en el orden jurídico federal la distinción entre el acoso y el hostigamiento sexual como parte de la violencia laboral y docente.

Recalca que el acoso y hostigamiento sexuales constituyen formas de discriminación y violencia, de las cuales tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas. Sin embargo, quienes la presentan con mayor frecuencia son las mujeres.

Por eso, el diputado iniciante propone modificar la descripción típica del hostigamiento sexual previsto en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, con el fin de sancionar el acoso sexual y aumentar la pena, atendiendo al principio de proporcionalidad, conforme al cual la pena debe ser proporcional al delito cometido y al bien jurídico dañado, en virtud de que la pena de hasta cuarenta días que actualmente se prevé no corresponde con el bien jurídico tutelado como es la libertad sexual y por ende la salud física y mental del individuo.

De igual forma propone suprimir como requisito para que el delito sea punible “el daño o perjuicio” y en todo caso modificar la descripción típica del ilícito para establecer que el asedio será punible cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole.

Análisis comparativo

Texto vigente

Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique su-bordinación, se impondrá sanción hasta de cuarenta días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Propuesta

Iniciativa 1

Artículo 259 Bis. Al que asedie a persona de cualquier sexo, sin su consentimiento, con el fin de obtener de ésta un acto sexual, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, se impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y cuarenta a cien días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo por el mismo término de la pena impuesta.

La pena a que se refiere el presenta artículo se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Iniciativa 2

Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, valiéndose de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, se impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y treinta a cincuenta días de multa.

La sanción será de ocho meses a tres años de prisión y de cuarenta a ochenta días multa cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que implique subordinación.

Si el acosador o el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por el mismo término de la pena de prisión impuesta.

Las penas a que se refiere el presenta artículo se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.

Sólo se procederá contra el acosador o el hostigador, a petición de parte ofendida.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta Comisión considera procedente la reforma planteada por las siguientes consideraciones.

Primera. La comisión considera procedentes los proyectos que reforman el artículo 259 Bis del Código Penal Federal para sancionar el hostigamiento sexual, para así lograr que nuestra legislación penal federal proteja aún más el bien jurídico que tutela este tipo penal y erradicar la violencia de género que se ejerce en el ámbito laboral y docente, acorde con los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Toda vez que esta conducta delictiva si se actualiza en el ámbito federal, a diferencia de otras conductas que la Comisión de Justicia ha considerado que sólo se dan en el ámbito local, ya que la pueden cometer servidores públicos o empleados federales, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; o bien cometerse en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ello en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Un ejemplo de ello son las estadísticas emitidas en 2008 por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, que señalan que se presentaron 25 mil 728 casos de acoso sexual en 258 dependencias y entidades de la administración pública federal, pero sólo se denunciaron 7 mil 796 casos (de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública), por temor a represalias.

Segunda. A escala internacional, México como Estado parte de diversos instrumentos internacionales está obligado a adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo para garantizar a la mujer el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre, entre los que se incluyen el derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, entre ellos, los siguientes:

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 2, 3 y 11).

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará (artículos 2, 3, 6 y 7).

Esta última establece claramente en el artículo 2, inciso b), que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y que sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Tercera. El 21 de enero de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, y para toda la república en materia de fuero federal, a través del cual por primera vez se tipifica el hostigamiento sexual con una sanción de hasta cuarenta días multa.

De esa reforma legal se advierte que sólo se sancionó penalmente la agresión que se ejerce a través de las relaciones jerárquicas laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, sin considerar el hostigamiento sexual que se ejerce en un plano horizontal, entre compañeros.

Cuarta. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007, reconoce a escala federal la distinción entre el acoso y el hostigamiento sexuales como parte de la violencia laboral y docente, en los siguientes términos:

Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Quinta. Se advierte que a fin de fortalecer el marco jurídico y asegurar la sanción penal a quienes hostigan y acosan, los proyectos en estudio, proponen, por una parte, modificar el tipo penal del delito de hostigamiento sexual y, por otra sancionar el acoso sexual, en los siguientes términos:

• Sustituir en la descripción típica del hostigamiento sexual el elemento subjetivo de “fines lascivos”, por la intención de obtener un acto sexual del sujeto pasivo, atendiendo fundamentalmente a que el bien jurídico tutelado es la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas.

• Aumentar la punibilidad que actualmente se prevé en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal de hasta 40 días de multa, para establecer una pena de prisión de seis meses a dos años y duplicarla para el caso de que el sujeto pasivo sea una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo.

• Tipificar el acoso sexual con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y 30 a 50 días de multa, atendiendo al principio de proporcionalidad, conforme al cual la pena debe ser proporcional al delito cometido y al bien jurídico dañado.

• Aumentar la pena en su mínimo y su máximo cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que implique subordinación, para quedar de 8 meses a 3 años de prisión y de 40 a 80 días de multa.

• Suprimir como requisito para que el delito sea punible “el daño o perjuicio” y en todo caso modificar la descripción típica del ilícito para establecer que el asedio será punible cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole.

• Para precisión se agrega que la destitución del servidor público se hará “por el mismo término de la pena de prisión impuesta”, en caso de que el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione.

Sexta. Ahora bien, en cuanto hacer la distinción entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual, esta dictaminadora advierte, que no es necesario, toda vez que se trata de conductas iguales, que solo se distinguen por la calidad en el sujeto activo del delito, toda vez que por un lado, en el hostigamiento sexual se establece que el activo se vale de la posición jerárquica que mantiene frente a la víctima, es decir se encuentran en una relación vertical, y por otro, en el acoso sexual, la relación se da entre iguales, es decir están en una relación horizontal.

Para apoyar lo anterior, el Diccionario de la Real Academia Española define el verbo acosar como “(del ant. cosso, ‘carrera’). 1. tr. Perseguir, sin dar tregua ni reposo, a un animal o a una persona. 2. tr. Hacer correr al caballo. 3. tr. Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos”; la palabra asediar, “(del lat. obsidi?ri). 1. tr. Cercar un punto fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de fuera. 2. tr. Importunar a alguien sin descanso con pretensiones”;y hostigar, “(del lat. fustig?re). 1. tr. Dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento para hacer mover, juntar o dispersar. 2. tr. Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. 3. tr. Incitar con insistencia a alguien para que haga algo”.

Es decir, las palabras hostigar, acosar y asediar son sinónimas, por lo que no es necesario modificar el tipo penal al respecto, toda vez que como ha quedado asentado, la conducta que se pretende tipificar ya se considera en el Código Penal Federal.

Séptima. La comisión dictaminadora señala que la propuesta de sustituir en la descripción típica del hostigamiento sexual el elemento subjetivo de “fines lascivos”, por la intención de obtener un acto sexual del sujeto pasivo, resulta innecesaria.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el adjetivo lascivo significa “perteneciente o relativo a la lascivia”, el cual a su vez define la lascivia como “f. propensión a los deleites carnales”, por lo que aun cuando se sustituyera el elemento subjetivo de “fines lascivos”, por la intención de obtener un acto sexual del sujeto pasivo, sería indispensable acreditar esa intención lasciva del sujeto activo, independientemente del acto que realice.

Toda vez que la expresión acto sexual debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo sin su consentimiento; es decir, el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costa del sujeto pasivo.

Pero sí es procedente reformarlo para considerar forma de hostigamiento sexual conductas que trascienden la esfera doméstica y se manifiestan en el lugar de trabajo, escolar o de otra índole, que no sólo se lleva a cabo en una relación jerárquica, en forma vertical, sino que también se puede presentar en un plano horizontal, entre compañeros de la misma jerarquía.

Esta comisión advierte la necesidad de sancionar penalmente el asedio que se realiza sobre persona de cualquier sexo, valiéndose de las relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule.

Octava. En cuanto al aumento de la punibilidad para sancionar de una manera más fuerte el delito de hostigamiento sexual, a fin de que estas conductas no queden impunes y establecer la pena de prisión, además de la pena de días multa que actualmente se prevé, la comisión dictaminadora considera que es procedente el incremento, toda vez que se cumpliría con el principio de proporcionalidad de las penas que establece el artículo 22 constitucional, que señala que la sanción deberá ser proporcional al delito sancionado y al bien jurídico que protege la norma.

De esta manera estaríamos atendiendo a la función preventiva y represiva que debe caracterizar a las sanciones penales.

Novena. Con relación a la propuesta de suprimir como requisito para que el delito de hostigamiento sea punible “el daño o perjuicio” y en todo caso modificar la descripción típica del ilícito para establecer que el asedio será punible cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole, se estima procedente, toda vez que el bien jurídico tutela es la liberta psicosexual de las personas, y sólo basta la amenaza de causar en la víctima un daño relacionado respecto a la actividad que los vincule, ya sea jerárquicamente o no, para que el bien jurídico protegido se ponga en peligro o se vulnere.

Décima. De igual forma resulta viable el proyecto de reforma, en lo relativo a agravar la pena atendiendo a la calidad específica del sujeto activo, cuando éste sea persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, atendiendo a falta de madurez física y mental, que por su condición de vulnerabilidad y de desventaja requieren de una debida protección legal.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título decimoquinto y se reforma el artículo 259 Bis del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman la denominación del capítulo I del título decimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo IAcoso Sexual, Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, con motivo de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado respecto a la actividad que los vincule, se impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y treinta a cincuenta días multa.

La sanción será de ocho meses a tres años de prisión y de ciento veinte a doscientos cuarenta días multa cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación.

Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por el mismo término de la pena de prisión impuesta.

Las penas a que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.

Sólo se procederá contra el hostigador a petición de parte ofendida.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida, Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdez Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Eduardo Ledesma Romo para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos.

El diputado Eduardo Ledesma Romo:Con el permiso de la Presidencia, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este dictamen que hoy se pone a discusión es resultado del consenso de los diputados que integramos la Comisión de Justicia, sin distinción de grupos parlamentarios.

La reforma que se somete a su consideración atiende a una realidad al acoso y hostigamiento sexual como violencia de género que se vive en el ámbito laboral, docente, doméstico o cualquier otro que constituye formas de discriminación y violencia, de las cuales tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas.

Sin embargo, quienes la sufren con mayor frecuencia son las mujeres. El hostigamiento y el acoso sexual son las conductas que vulneran la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual y la dignidad íntima de la persona.

Estos bienes jurídicos están garantizados en el ámbito nacional e internacional y salvaguardan en nuestra Carta Magna el instrumento internacional ratificado por México, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En 1991 se tipificó por primera vez el hostigamiento sexual con una sanción de hasta 40 días de multa, pero difícilmente hay denuncias. No se denuncian estas conductas por temor a perder el empleo, a represalias de los superiores o por pena mínima.

Según información del Instituto Nacional de las Mujeres, en 2008 se presentaron cerca de 26 mil casos de acoso sexual, en 258 dependencias y entidades de la administración pública, pero sólo se denunciaron aproximadamente 8 mil.

En virtud de que la pena de hasta 40 días que actualmente se prevé no corresponde al bien jurídico tutelado, como es la libertad sexual y por ende la salud física y mental del individuo, se está proponiendo aumentar la pena del hostigamiento sexual, para quedar de 8 meses a 3 años de prisión y de 120 a 240 días de multa.

Por otra parte, de la reforma legal de 1991 se advierte que sólo se sancionó penalmente la agresión que se ejerce a través de las relaciones jerárquicas, sin considerar el acoso sexual que se ejerce en un plano horizontal.

Compañeros legisladores, esta conducta lesiva de carácter sexual, no sólo se lleva acabo en una relación que implica subordinación en forma vertical, también se puede presentar en un plano horizontal, en una relación entre iguales razones. Por la cual, con este dictamen se está proponiendo reformar el Código Penal Federal para tipificar el delito de acoso sexual con una pena de 6 meses a 2 años de prisión, y de 30 a 50 días de multa.

Otra de las reformas que se someten a su consideración consiste en establecer que el asedio que realiza el acosador será punible cuando se lleve a cabo, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado respecto de la actividad que la vincule con el sujeto activo; sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole, por lo que ya no será necesario que la víctima acredite que sufrió un daño o perjuicio para que el delito sea punible.

Es preciso destacar que en el tema de nuestro Código Penal Federal se ha quedado rezagado, ya que la mayoría de las legislaciones de los estados sancionan penalmente tanto el acoso como el hostigamiento sexual. Sólo 3 exigen acreditar un daño o perjuicio para que la conducta sea punible y que la entidad federativa sancione el hostigamiento sexual con pena de multa.

Con la reforma al artículo 259 Bis del Código Penal Federal estaríamos cumpliendo la obligación de legislar en el término de la Convención de Belém do Pará, de la cual México es parte desde 1988.

Compañeros legisladores, debemos cerrar la brecha entre la realidad de los hechos y las estadísticas oficiales de casos denunciados y resueltos, es necesario evidenciar que el hostigamiento y el acoso son un problema de violencia de género. Si aumentamos las penas en el plano vertical y sancionamos el asedio que se da en un plano  horizontal, dejaremos de ser cómplices de sus reproducciones e impunidad.

Combatir la violencia en contra del género femenino representa un reto y un agravio reprobable que hay que atender. Estoy cierto que la reforma penal que presenté y que fue enriquecida con la aportación de mis compañeros integrantes de la Comisión de  Justicia sólo cubre un aspecto del problema, pero mujeres y hombres debemos estar convencidos de que es necesario unir esfuerzos e impulsar el compromiso de todas las instituciones públicas de los tres ámbitos de gobierno para resolver la situación de violencia que enfrentan las mujeres, razón por la cual los exhorto a votar a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, los siguientes diputados y diputadas: por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Ángeles Nazares Jerónimo; por el Partido Acción Nacional, el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, y por el Partido Revolucionario Institucional, Víctor Humberto Benítez Treviño.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Ángeles Nazares Jerónimo, hasta por 5 minutos.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo:Gracias, diputado presidente. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que atenta contra la integridad física, psicológica y económica de las personas. Elimina sus oportunidades de desarrollo y la posibilidad de desenvolverse en un ambiente sano, digno y seguro.

Si bien es cierto que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de este delito, es en las mujeres en quienes recae mayoritariamente este ilícito. Es el acoso sexual una forma de violencia en contra de las mujeres en la que existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos simultáneos. Las cifras oficiales así lo demuestran.

Un ejemplo de ello son las estadísticas emitidas en 2008 por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública que señalan que se presentaron 25 mil 728 casos de acoso sexual en 258 dependencias y entidades de la administración pública federal, pero sólo se denunciaron 7 mil 796 casos, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, esto por temor a represalias.

Para nuestro grupo parlamentario tal conducta no debe quedar impune, en particular porque ese delito difícilmente se denuncia, ya sea por temor a perder el empleo, a represalias del superior jerárquico, por la dificultad para acreditar los elementos del tipo penal o por la misma pena impuesta, que es una pena mínima, razón por la cual se propone aumentar su penalidad.

De ahí que el dictamen que se somete a la consideración del pleno propone reformar el artículo 259 Bis del Código Penal Federal para sancionar de seis meses a dos años de prisión al que con fines lascivos, asedio a persona de cualquier sexo con motivo de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra, con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule; asimismo cuando se encuentren en el mismo plano.

Esta sanción se aumenta cuando el que asedie se valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación.

Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará por el mismo término de la pena de prisión impuesta. Asimismo, las penas se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo.

Por tanto, por tratarse de una reforma que beneficia la seguridad jurídica y brinda protección a las mujeres, el voto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es a favor del presente dictamen. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: A usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Jaime Cárdenas, dígame. Sonido por favor en la curul del diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para que me inscriba, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Lo inscribimos, señor diputado. Diputado Cárdenas, pase usted ahora mientras llega el señor diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a mí en principio este dictamen me parece muy conveniente porque precisa las condiciones, los elementos del tipo respecto de acoso y hostigamiento, supera esa diferencia teórica que existe, aumenta las sanciones, me parece en general correcto el dictamen.

Sin embargo, tengo dos preguntas o dos cuestionamientos al propio dictamen y a la redacción del artículo 259 Bis, porque solamente se sancionará el hostigamiento y el acoso cuando no solamente hay relación laboral, docente, de asedio a una persona, sino que el otro elemento del tipo es cuando exista la amenaza de causar a la víctima un mal.

Es decir, no se tipificará el delito si no se da este segundo elemento: la amenaza de causar a la víctima un mal. Pero ya en sí mismo el hecho de asediar a una persona con fines lascivos, como propone el artículo 259 Bis, pues debe constituir o constituye, desde mi punto de vista, una conducta reprobable.

No es necesario solicitar este otro elemento de la amenaza de causar a la víctima un mal, porque el que está asediando se está aprovechando de su condición laboral, docente o doméstica para ese fin, para un fin lascivo, pero aquí estamos incorporando este elemento de la amenaza de causar a la víctima un mal, con lo que muchas conductas de asedio sexual quedaran sin ser consideradas delito.

Respecto del último párrafo del tipo penal, del 259 Bis, debe quedar claro entre nosotros que solamente se considera delito de hostigamiento. Es un delito que se persigue de querella o a petición de parte ofendida, pero no es un delito que se persiga oficiosamente. Me hubiese parecido, considerada superior la redacción de este tipo si se estableciese que el delito de acoso, hostigamiento, abuso sexual, etcétera, se persiguiese de oficio y no necesariamente de querella. Ésos son mis dos comentarios respecto de este tipo penal.

Lo votaré a favor, porque considero que constituye un avance en la legislación penal. Pero sigo pensando que se trata de un tipo penal muy restrictivo, que exige condiciones difíciles de probar como la amenazada de causar a la víctima un mal, y también que sea un delito que solamente se persiga a petición de parte y no de manera oficiosa.

Ésas son mis observaciones, compañeras diputadas, compañeros diputados. Creo que lo ideal sería regresar este dictamen de nuevo a la comisión, para repensar lo que aquí hemos considerado, pero si la comisión sostiene su punto de vista votaremos a favor de este dictamen, porque implica –repito– un avance con la redacción actual de este tipo penal. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el dictamen que hoy se somete a su consideración atiende a uno de los problemas que violentan de una forma por demás grave a la dignidad humana de hombres y de mujeres.

Desafortunadamente la violencia surge y circula entre la sociedad en múltiples formas, no sólo con armas de fuego o con cuchillos.

En ese sentido, cuando una persona se encuentra en una situación privilegiada en donde puede obtener beneficios de otra, gracias a sus relaciones laborales, docentes o de otra índole, es capaz de violentar la paz y tranquilidad de la víctima.

Por desgracia son las mujeres las que sufren en mayor cuantía los desdeñables efectos del hostigamiento y del acoso  sexual, por tanto, se trata de un mal que lastima a toda nuestra sociedad, no sólo a un determinado grupo.

Así la víctima de tal conducta sufre problemas como el estrés emocional, humillación, ansiedad, depresión, ira, impotencia, fatiga o enfermedad física, efectos que se constituyen como, algunos gravísimos, que sufren las víctimas de esta clase de actos.

Recordemos que en nuestro país son muchas las mujeres que con su trabajo colaboran de forma importante en la economía de sus familias o bien se erigen como el pilar principal de un hogar. Sin embargo, se ven obligadas a luchar dentro del ambiente laboral o académico contra las actitudes ventajosas de los sujetos que las amenazan.

Señoras diputadas y señores diputados, la problemática que hoy atendemos es digna de que en este momento, como representantes del pueblo de México, aprobemos reformas al Código Penal que permitan inhibir la comisión de un mal social y de absoluto interés público.

En Acción Nacional estamos en plena disposición de dar todo nuestro esfuerzo y empeño para lograr reformas legales que a través de sanciones justas prevengan la comisión de este tipo de violencia, la cual es ejercida mediante el abuso de poder que conlleva a un estado de incertidumbre, de indefensión y de miedo para la víctima, toda vez que su integridad física y moral se encuentran en grave riesgo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nuestro voto debe ser a favor del dictamen que hoy se nos presenta. No podemos seguir permitiendo que en nuestra sociedad subsistan rasgos de discriminación y violencia en contra de las mujeres o de los hombres.

En Acción Nacional estamos seguros de que nuestra sociedad debe llegar a un sitio en donde los derechos y la dignidad de cada sujeto sean respetados. Por ello tenemos plena convicción en apoyar el dictamen, toda vez que los hombres, y sobre todo las mujeres de México, merecen vivir en un país en donde nadie pueda someterlos, amenazarlos o humillarlos aprovechándose de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquiera otra que implique subordinación para obtener un beneficio en detrimento de la dignidad de los individuos. Por esa razón, en nombre de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen y así lo solicitamos a todos los diputados y diputadas de esta honorable Cámara. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Con su permiso, señor presidente de la Mesa Directiva. Distinguidas diputadas, compañeros diputados, a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, manifiesto nuestra convicción de votar este dictamen a favor, porque constituye un paso más en la defensa de uno de los tres valores fundamentales que tutelan la ley: la vida es el primero, la libertad ambulatoria es el segundo y la libertad sexual es el tercero.

Por eso es que felicito al diputado Eduardo Ledezma Romo por la presentación de esta iniciativa que establece un parteaguas en la tutela de la libertad sexual.

Aquí se ha dicho con razón que en las diferentes reformas que ha habido, había quedado una laguna. Hoy estamos distinguiendo en el dictamen lo que es el hostigamiento sexual, en donde hay una relación jerárquica de subordinación, y el acoso sexual, en donde hay una relación horizontal entre el delincuente y el ofendido.

Como está el Código, se sancionaba con una multa hasta de 40 días. Hoy tenemos de 6 meses a 2 años. La penalidad se grava a 3 años cuando hay relación jerárquica y se vuelve a gravar en una mitad cuando en la comisión del delito la parte ofendida es menor de 18 años o no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho.

Ya lo dijeron mis compañeros diputados, en el 2008 hubo 25 mil delitos de este tipo; solamente se denunciaron ocho mil, lo que acredita la impunidad en esta materia y la necesidad de los legisladores de adecuar el Código Penal para proteger a la víctima del delito que, subrayo, puede ser una mujer o puede ser un hombre. Sin embargo, la estadística nos muestra que mayoritariamente las víctimas de este delito son las mujeres.

Creo que es un avance y esto responde a la inquietud de mi amigo y diputado, Jaime Cárdenas Gracia, porque como está redactado en este momento el Código Penal se establece la necesidad de que se cometa un daño para proceder en consecuencia. El avance del dictamen que venimos a defender es que basta con la amenaza para causar un daño para que se esté incurriendo en esta figura delictiva.

Por esta razón, compañeras diputadas y compañeros diputados, mi partido, el Revolucionario Institucional, votará a favor de este dictamen. Ruego a todos ustedes, por ser un avance en la tutela de la libertad sexual, que votemos todos en consonancia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. No habiendo más oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputados.

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Está abierto el sistema. Gracias.

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada Hilaria, puede usted votar.

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Las diputadas, de viva voz.

La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal(desde la curul): A favor.

La diputada Tomasa Vives Preciado(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se emitieron 414 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por práctica unanimidad, 414 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto, y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura fue turnada para estudio y análisis la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 4 de noviembre de 2009 por los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica, así como 60 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 4 de noviembre de 2009, los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación.

En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para estudio y dictamen correspondiente.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo correspondiente y procedió a su análisis y discusión.

II. Descripción de la iniciativa

En la exposición de motivos, los promoventes de la iniciativa manifiestan preocupación ya que mientras la cobertura educativa en México aumentó en 11 por ciento entre 1995 y 2002, el gasto por estudiante continua siendo bajo. Lo anterior, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Argumentan que el entorno general de la educación en la nación enfrenta graves problemas, entre otros, de la calidad del aprendizaje del estudiante y de eficiencia terminal. No obstante, precisan que el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública en 2010 (196 mil 415 millones 595 mil 798 pesos) presenta un decremento de 4 mil 514 millones 961 mil 867 pesos, es decir, 2.25 por ciento, respecto al de 2009.

Refieren que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado a través de la UNESCO que los países, incluido el nuestro, deben destinar mínimo 8 por ciento de su producto interno bruto (PIB) a la educación, con objeto de asegurar plenamente la cobertura educativa a todos los ciudadanos, erradicar el analfabetismo y desarrollar programas que fomenten la formación de capital humano.

Con el afán de cumplir ese compromiso y, sobre todo, garantizar un desarrollo progresivo de la educación para los niños y los jóvenes mexicanos a fin de elevar la calidad educativa en México, los autores proponen reformar la Ley General de Educación para establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir, de un ejercicio fiscal a otro, el presupuesto destinado a la educación pública y servicios educativos. De tal manera que lo propuesto se establezca como una tarea permanente de la Cámara de Diputados, particularmente durante las discusiones anuales para la etiquetación de programas y líneas de acción en materia de modernización educativa. Por ello someten a consideración de la soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto públicos correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor de ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto al menos 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Además, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor que el asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberán dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, a fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

...

...

...

III. Consideraciones

Los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos comparten la preocupación de los promoventes de la iniciativa sobre la problemática que enfrenta el sistema educativo mexicano, especialmente respecto a la educación básica.

La comisión reconoce que la educación es uno de los pilares de una sociedad moderna porque además de ser un derecho humano fundamental, contribuye con el ser humano a alcanzar importantes fines sociales, morales y económicos.

Asimismo, reconoce que en el sistema educativo mexicano se han logrado avances importantes. Igualmente, coincide con los legisladores en que pese a la mejoría mostrada, hay retos importantes para alcanzar una educación de calidad y garantizar su desarrollo progresivo. Por ello participan de su intención para establecer como una obligación del Estado no reducir el presupuesto anual destinado a la educación pública y servicios educativos, ya que su sostenimiento depende sobre todo de los recursos públicos.

La educación en México

Como exponen diversos estudios, el sistema educativo mexicano ha crecido a paso acelerado, ya que pasó de aproximadamente 3 millones de estudiantes en 1950 a más de 30 millones para 2000. En este periodo se lograron avances importantes en la ampliación de la cobertura, la universalización de la educación básica, la terminación escolar, en reducir las iniquidades de género y regionales de los servicios educativos. Estos avances se produjeron pese a que prevalece un contexto de restricción presupuestaria y de que se dio un crecimiento acelerado de la población en edad escolar.

Sin embargo, el sistema educativo todavía presenta serias deficiencias, pues hay altos índices de reprobación y deserción de los alumnos, así como bajos niveles de aprovechamiento. En general, el promedio de escolaridad de la población es inferior al de secundaria terminada, lo que constituye un grave problema para lograr el potencial desarrollo nacional.

Como muestran los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos 2006 de la OCDE, en el país un número excesivo de estudiantes no cuenta con las competencias y los conocimientos necesarios.

Esas deficiencias indican que la formación escolar prevaleciente no ha logrado desarrollar plenamente en los estudiantes habilidades que les permitan resolver los problemas con creatividad y eficacia.

Por consiguiente, actualmente la atención se centra en resolver los problemas que enfrenta el sistema educativo para lograr una educación de calidad, con equidad, relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia, sin dejar de atender los problemas de cobertura y permanencia en la escuela.

Consecuentemente, debido a las deficiencias y a los problemas educativos existentes, implica la necesidad de destinar mayores recursos a la educación para incrementar las oportunidades educativas de los niños y los jóvenes que aún no pueden incorporarse al sistema educativo. Además, hay necesidad de recursos económicos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, los salarios de los docentes, los programas de capacitación y actualización para éstos, así como para los apoyos de los niños y de los jóvenes que presentan amplias desventajas socioeconómicas.

Financiamiento de la educación

Como se mencionó, el sostenimiento de la educación en el país depende en su mayoría de los recursos públicos. Con la intención de que el sistema educativo pudiese contar con los recursos suficientes para su funcionamiento, en 2002 la Cámara de Diputados reformó la Ley General de Educación, específicamente al artículo 25, con la finalidad de asegurar que el monto anual que el Estado (gobiernos federal, estatales y municipales) destine al gasto educativo no sea menor de 8 por ciento del PIB del país, destinando de este monto al menos 1 por ciento a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior.

No obstante, se observa que el gasto público en educación, como porcentaje del PIB, se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la LGE, en contravención del mismo ordenamiento. El gasto público en educación para 2006 fue de 3.44 por ciento del PIB; en 2007, de 3.48; en 2008, de 3.56; y en 2010, de 3.80. Como se aprecia, durante los últimos cinco años el gasto educativo no ha mostrado un crecimiento significativo: presenta casi nulo crecimiento. Destaca 2009, cuando alcanzó 4.7.

Por otro lado, la OCDE señala que en México la mayor parte del gasto nacional en educación se aplica a salarios (93.6 por ciento), destinando sólo 6.4 por ciento al gasto de capital para aplicarlo al mejoramiento de la infraestructura indispensable para el proceso educativo. Ante la insuficiencia de recursos para el mantenimiento y la conservación de inmuebles y equipo en las escuelas públicas, los padres de familia tienen que aportar, mediante cuotas, al gasto corriente para mantener la escuela donde asisten los hijos en condiciones funcionales. La situación se agudiza en las comunidades donde los padres de familia carecen de recursos para hacer dichas aportaciones.

Vernor Muñoz, relator especial sobre Derecho a la Educación de la ONU, en febrero de 2010 recomendó a México eliminar las cuotas voluntarias que otorgan los padres de familia a las escuelas y aumentar de forma gradual el presupuesto a la educación, ya que considera que estas cuotas afectan con mayor crudeza a las familias más pobres. Por ello, indicó, es necesario que el gobierno federal acate lo establecido en la Ley General de Educación respecto al presupuesto que debe destinar al financiamiento de la educación.

En tal virtud, el Observatorio Ciudadano de la Educación precisa que un reto constante que afrontan en materia educativa los países menos desarrollados consiste en otorgar recursos suficientes al sector educativo y que éstos sean utilizados eficientemente. Plantea que dichos recursos son fundamentales para ampliar las oportunidades educativas de la población y asegurar una formación de calidad aceptable que les permita tener mayores oportunidades de mejorar sus condiciones de vida.

Dicho organismo refiere que aunque la calidad de los sistemas educativos no depende exclusivamente de la magnitud de los recursos asignados; éstos son fundamentales para mantener o incrementar el acceso de la población a la educación, así como para que las diversas instancias, instituciones y programas del sector educativo cuenten con los recursos suficientes para su funcionamiento, especialmente en contextos con amplios rezagos educativos y sociales, como es el caso mexicano.

En el criterio de esta comisión, es indiscutible la importancia que tiene la educación para el desarrollo social y económico del país. Sin embargo, no se han logrado establecer mecanismos que aseguren que el sistema educativo nacional cuente con recursos suficientes para llevar a cabo su función, ya que éstos no presentan un crecimiento gradual, pues las crisis y los periodos de recesión económica afrontados han provocado que los recursos destinados al sector educativo decrecieran o presentaran tasas de crecimiento muy bajas.

Mientras que la matrícula del sistema educativo escolarizado creció a una tasa anual de casi 2 por ciento durante el periodo 1990-2005, el gasto educativo público afrontó dinámicas diferentes, que reflejan en gran medida los altibajos de la economía. Para responder a la dinámica del crecimiento de la población, la oferta pública de educación ha tenido que crecer en mayor medida que los niveles educativos, requiriendo para ello mayores recursos.

Con la reforma realizada en 2001 por los diputados y los senadores al artículo 3o. constitucional, se estableció que la educación preescolar se constituyera en parte de la educación básica obligatoria para todos los mexicanos, igual que la primaria y la secundaria. Esto se configura en un punto apremiante desde el punto de vista de los recursos financieros requeridos para los niños y los jóvenes que todavía no tienen acceso a la educación básica obligatoria.

En los últimos años, el Poder Legislativo ha incrementado los recursos económicos que se destinan al sector educativo, ya que en contraparte el gobierno federal de manera reiterada ha disminuido el monto de éstos en el proyecto del Presupuesto que envía cada año a la Cámara de Diputados para su aprobación. Por ejemplo, en 2005, el Ejecutivo vetó el Presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, reduciendo el monto autorizado por los diputados para ejercer por el sector educativo. Pese a la voluntad que ha mostrado el Poder Legislativo para incrementar los recursos del sector público, es urgente encontrar mecanismos que sean respetados por los actores que tienen injerencia directa en la determinación del presupuesto educativo. Sin embargo, la prioridad principal en relación con el financiamiento de la educación en México debe ser legislar sobre criterios que aseguren la suficiencia de los recursos para el sector, así como una distribución más eficiente, equitativa y transparente que permita mejorar la eficacia del sistema educativo en su conjunto.

Con base en la argumentación anterior, los miembros de la comisión consideran pertinente aprobar la reforma propuesta, pues tiende a contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado (gobiernos federal, estatales y municipales) referente al presupuesto anual que debe otorgar para el financiamiento de la educación pública establecido en la propia Ley General de Educación.

No obstante, se considera adecuado realizar una breve modificación a la propuesta inicial con la intención de que sea más precisa para alcanzar el objetivo planteado. Por ello se propone agregar “en términos reales”, a fin de que se consideren los recursos en moneda de igual valor después de los ajustes por la inflación y evitar que en lo sucesivo se presenten recortes en el gasto público destinado al financiamiento de la educación y servicios educativos.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta honorable asamblea acordar que se remita a la Cámara de Senadores el presente proyecto de decreto, que reforma la Ley General de Educación, a efecto de que las reformas propuestas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la iniciativa materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, en materia del financiamiento destinado a la educación

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado –federación, entidades federativas y municipios– destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor de ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Además, el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor, en términos reales, que el asignado en el ejercicio fiscal anterior. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación se deberán dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible.

...

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 OCDE (2010). Perspectivas OCDE: México políticas clave para un desarrollo sostenible.

2 Ídem.

3 SEP (2007). Programa Sectorial de Educación, 2007-2012, SEP, México.

4 INEE (2010). El derecho a la educación en México. Informe 2009, INEE, México.

5 Elaboración propia con base en datos del PPEF y PEF de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, INEGI-BIE, y los Criterios Generales de Política Económica de 2010.

6 López, A.; et al. (2005). “El sostenimiento de la educación en México”, en Papeles de Población, UAEM, México.

7 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ONU recomienda más recursos a educación (en línea), consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=82_1&ltemid=99999999

8 Márquez, Alejandro (2006). “El financiamiento de la educación”, en Plataforma Educativa 2006, cuaderno de trabajo. México.

Salón de sesiones de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 11 de octubre de 2010.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López, presidente; Jorge Romero Romero, Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Óscar Lara Salazar, José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica en abstención), Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica en contra), María Sandra Ugalde Basaldúa, Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Reyes S. Tamez Guerra.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No tenemos registrado ningún orador por la comisión para fundamentar el dictamen, por tanto, está a discusión en lo general y lo particular.

Para fijar posturas tenemos inscritos a la diputada Elsa María Martínez Peña, por Nueva Alianza; al diputado Víctor Manuel Castro Cosío, por el PRD; al diputado Alejandro Bahena Flores; y a la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, nuestra distinguida secretaria.

Por tanto, tiene la palabra la diputada Elsa María Martínez Peña, por Nueva Alianza. Estamos en la discusión en lo general y en lo particular. Permítame, diputado...

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo(desde la curul): Presidente, deseo inscribirme para hablar a favor del dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Onésimo, usted está registrado, sí, en la siguiente etapa en pro, igualmente el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Adelante, diputada.

La diputada Elsa María Martínez Peña:Con su permiso, presidente. Compañeros legisladores, el tema del financiamiento para las instituciones de educación pública es recurrente cuando hablamos de la imperiosa necesidad de que éstas sean de calidad.

Es por todos conocido que año con año, cuando esta Cámara recibe el paquete presupuestal del Ejecutivo federal, la educación no aparece como un espacio estratégico y por ende, los recursos que se le destinan parecieran estar encaminados a su sostenimiento inicial.

Pese a los esfuerzos realizados por muchos de nosotros y compañeros diputados de anteriores legislaturas, no se ha logrado hacer cumplir lo que la Ley General de Educación establece en su artículo 25, que el monto anual que el Estado, federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país.

Estamos conscientes de que el país ha padecido crisis económicas y financieras, así como debilidad en las finanzas públicas, que han orillado a trabajar tanto en el sector educativo como en muchos otros, bajo un escenario de austeridad.

Sin embargo, aún en etapas como éstas, muchos países han apostado por la educación como una inversión. Por desgracia, en el nuestro destinar más recursos al sector es considerarlo como un gasto, muchas de las veces oneroso.

Pero las experiencias internacionales nos ratifican día a día que nos encontramos en un error. Aquellos gobiernos mejor posicionados a nivel mundial otorgan a la educación un lugar primordial en el diseño de sus políticas públicas y de financiamiento.

Ello les ha valido no sólo posiciones estratégicas en las pruebas internacionales sobre desempeño educativo en el rating con que miden la calidad de las instituciones educativas a nivel mundial, un sector productivo pujante, infraestructura científica y tecnológica de vanguardia, mayor independencia alimentaria y comercial, sino también una sociedad pacífica, estable, participativa y democrática.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza no tenemos duda alguna respecto de que la educación es el motor de desarrollo, ya que invertir en ella es la mejor de las estrategias del país.

Por ello, nos sumamos a la aprobación de la iniciativa de los diputados María de Jesús Aguirre y Eduardo Bailey, quienes de manera visionaria proponen que el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no puede ser menor en términos reales que el asignado en el ejercicio fiscal anterior.

Probablemente el conjunto de condiciones que nos han hecho transitar presupuestalmente al sector educativo no cambian a corto plazo, pero debemos garantizar que al menos año con año y atendiendo a los efectos de la inflación se invierta más en este sector tan estratégico.

La meta siguiente será alcanzar ese 8 por ciento del producto interno bruto que la ley ya establece. No dudamos que un peso más para la educación hoy representa en todos los sentidos un mejor futuro para el país, porque la educación es la solución. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, voy precisar algunas cuestiones: que en la Comisión de Educación el espíritu es plural. Y debo decirle con todo respeto a este pleno que hemos venido trabajando de manera, quizá, por encima de cualquier interés, de alguna corriente ideológica, política o partidaria.

Nos ha unido, como a tantas mexicanas y a tantos mexicanos, el interés supremo de que la educación no debe ser objeto de mezquindades; pero tampoco debe ser objeto de una visión única, de una visón donde el gran desafío que significa educar al pueblo de México tienda a privatizarse, tienda a obedecer a una lógica unívoca.

Por el contrario, en la Comisión de Educación hemos coincidido plenamente en que el sistema educativo nacional, en crisis ahora, en una condición de desventaja frente al mundo moderno, una educación que hoy por hoy reconocemos todos los mexicanos debe jugar un papel fundamental en el desarrollo del país. Pero, desafortunadamente, el sistema educativo nacional vive hoy un deterioro muy fuerte.

Por eso esta propuesta, compañeras y compañeros, de que no podemos dejar de invertir menos que el ejercicio anterior, llamamos nosotros a que todas las diputadas y todos los diputados la reforcemos con nuestro voto y podamos hacer este cambio en la ley.

Por otro lado, quiero advertir algo que ha generado hoy en el país una serie de controversias, de visiones encontradas sobre el último decreto que acaba de emitir el Ejecutivo y que por supuesto, nosotros, en la fracción del PRD, consideramos que este decreto no ayuda a la educación pública. Que este decreto sólo beneficia a una franja muy localizada de mexicanas y mexicanos que tienen todo, mientras hay escuelas que carecen de todo.

Una educación privada que tiene mejores condiciones de desarrollo en infraestructura, en atención, en número de estudiantes, mientras la escuela pública se encuentra hoy en un retroceso muy claro, muy evidente, preocupante para la república.

Si no fortalecemos la educación pública como es el espíritu de la comisión a través de una inversión que alcance el 8 por ciento de producto interno bruto, estamos condenados a seguir por una ruta, por un callejón sin salida.

La educación debe ser el faro que guíe a esta nación y no lo digo sólo como un subterfugio declarativo, sino como una necesidad imperante del país.

Si hoy no corregimos las grandes fallas del sistema educativo nacional, no sólo a través de la inversión pública. Si hoy no recomponemos el Sistema Educativo Nacional con un proyecto que verdaderamente ponga por delante la educación pública, reencauce la educación pública como la alternativa única de transformación del sistema formador nacional, muy poco habremos de aportar.

Por eso, saludamos esta propuesta de nuestros compañeros, pero seguimos insistiendo, sigue siendo limitada la inversión, sigue siendo hoy por hoy una necesidad insalvable el que se corrija el rumbo del Sistema Educativo Nacional; de no ser así, corremos todavía más riesgos de los que hoy estamos viviendo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, estimado diputado Castro Cosío. Tiene la palabra el diputado Alejandro Bahena Flores, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Alejandro Bahena Flores:Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce que la educación pública es uno de los pilares del desarrollo nacional.

Además, permite a las personas desarrollar su potencial humano y aprovechar mejor las oportunidades de desarrollo. A través de ella se potencian las capacidades y habilidades de la persona para su desenvolvimiento en la vida cotidiana y le permiten una inserción adecuada al mercado laboral.

Por ello, saludamos la propuesta que permitirá garantizar que el sector educativo reciba los recursos públicos necesarios, para que el Estado pueda cumplir con su responsabilidad en materia educativa.

La propuesta que hoy votamos en el sentido de que el presupuesto destinado a educación pública y servicios educativos no podrá ser menor, en términos reales, al que se le ha asignado en el ejercicio fiscal anterior, es loable y de un profundo sentido social.

Lo anterior garantizará que la educación en nuestro país permita atender a la población en edad de cursar la educación básica, pero de manera mucho más importante a los jóvenes que demandan educación media superior y superior.

No obstante, es necesario tomar en cuenta que esta Cámara de Diputados dentro de las facultades exclusivas con las que cuenta, aprobó para el año 2001 recursos presupuestales para educación en el Ramo 11, 25 y 33, por un total de 249 mil 989.9 millones de pesos, pero para 2011 el presupuesto aprobado alcanzó la suma de 536 mil 143.2 millones de pesos, lo que representa en términos nominales un incremento de más de 100 por ciento en la última década, lo que refrenda el compromiso de esta Cámara con la educación pública.

Sin embargo, es necesario señalar que cuando hablamos del financiamiento público a la educación, éste se realiza por el Estado, entendiendo por éste a la federación, entidades federativas y municipios, tal y como lo expresa de manera textual el artículo que estamos reformando.

Por ello, es necesario señalar que también, amén de lo que hagamos en el Congreso y desde la propia Secretaría de Educación Pública, es necesario que este esfuerzo lo compartan decididamente en el ámbito local, pues en la medida en que los estados y municipios aporten más recursos al gasto educativo público tendremos mejores posibilidades para atender a nuestros niños y jóvenes.

Hay que reconocer que la complejidad y dimensión de la problemática educativa demanda de la concurrencia y corresponsabilidad de los tres ámbitos de gobierno y del importante apoyo que desplieguen los sectores social y privado; establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir de un ejercicio fiscal a otro el presupuesto destinado a la educación pública y servicios educativos contribuye a resolver parte del problema, pues también debemos reconocer que el problema educativo en nuestro país no es sólo un problema de asignar cada año un mayor presupuesto, como se ha señalado, el cual, por cierto, ha crecido sustantivamente aunque tal vez no lo que quisiéramos, sino que se debe cuidar también cómo se gasta y en qué se gasta, pues tenemos que enfrentar con mucho mayor fuerza el alcanzar una mejor calidad en la educación, y en este sentido exigir resultados.

Potenciar los avances en la educación requiere que los estados y municipios asuman también el compromiso de apoyar con mayores recursos a la educación pública del país y a nuestras autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Gastar dichos recursos de manera eficaz y eficiente, pero también con tal transparencia y rendición de cuentas, lo que nos permita alcanzar una educación de calidad para todos los mexicanos. Es por ello que el Partido Acción Nacional votará en sentido positivo el sentido de esta iniciativa, e invitamos a todos los grupos parlamentarios a votar de igual manera. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra en pro del dictamen el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.

Perdón. Antes la diputada Aguirre Maldonado. Con mis disculpas, señora secretaria.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que ahora se presenta por parte de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos tiene por objeto aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación en materia de financiamiento destinado a la educación, para que este presupuesto nunca sea menor de un año a otro en términos reales y poder llegar, lo más pronto posible, al 8 por ciento a que nos obliga este mismo artículo.

Resulta incongruente que mientras la educación se enfrenta a serios problemas, como lo podemos observar en las diversas evaluaciones como la del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA), el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública disminuya en términos reales de un año para otro.

Ello va en contra de lo manifestado por la Organización de las Naciones Unidas, que ha señalado, a través de la UNESCO, que los países –incluido el nuestro- deben destinar mínimo el 8 por ciento de su producto interno bruto a la educación, con el objetivo de asegurar plenamente la cobertura educativa a todos los ciudadanos, erradicar el analfabetismo y desarrollar programas que fomenten la formación de capital humano. Contrario a ello, actualmente se observa que el gasto público en educación, como porcentaje del PIB, se encuentra casi 50 por ciento por debajo de lo establecido en la Ley General de Educación, contraviniendo dicho ordenamiento. El gasto público en educación para 2006 fue de 3.44 por ciento del PIB; en 2007 de 3.48; en 2008 se ubicó en el 3.56; y para el 2010 representó el 3.80.

Con la finalidad de cumplir con ese compromiso y sobre todo, el garantizar un desarrollo progresivo de la educación para los niños, niñas y jóvenes mexicanos, a fin de elevar la calidad educativa en México, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propusimos reformar la Ley General de Educación para establecer como una obligación del Estado mexicano no reducir de un ejercicio fiscal a otro el presupuesto destinado a la Educación Pública y Servicios Educativos; sino que, por el contrario, este presupuesto sea aumentado en términos reales de un ejercicio a otro hasta llegar a ese compromiso. Con ello se podrán incrementar las oportunidades educativas de quienes aún no pueden incorporarse al sistema educativo público.

Actualmente son los padres de familia quienes tienen que aportar, mediante cuotas, el gasto corriente para mantener la escuela donde asisten sus hijos, lo cual afecta de manera grave a aquellas familias con bajos ingresos, lo cual resulta verdaderamente inaceptable.

Sabemos que la calidad de los sistemas educativos no depende exclusivamente de la magnitud de los recursos asignados, pero sí éstos son fundamentales para mantener o incrementar el acceso de la población a la educación, así como para el mejor funcionamiento de instituciones y programas del sector educativo.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de este dictamen. El compromiso es con nuestros niños, con nuestras niñas y con los jóvenes de México. El compromiso es por la educación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Ahora sí tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, si bien es cierto que todos coincidimos en el valor estratégico que guarda la educación para alcanzar la prosperidad en nuestro país, también lo es que año con año continúa siendo un tema pendiente cuando discutimos la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Todos los años le fallamos a la sociedad, pues con los recursos que aprobamos pareciera que no apostamos por el desarrollo y por el país competitivo que anhelamos por construir, por ello saludo con agrado el dictamen que hoy se presenta.

De aprobarse la iniciativa estaremos cerrando el círculo para asegurar por ley la asignación del 8 por ciento del PIB al ramo educativo y el 1 por ciento a la ciencia y la tecnología. Y lo más importante, la posibilidad de incrementar los recursos a la educación a fin de que por ningún motivo sean menores respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior o sean vulnerables a las crisis económicas como en el 2009.

Es importante reflexionar sobre los retos que debemos superar, principalmente en cumplir con lo que estamos aprobando. En esta Cámara de Diputados, cuando se discute el Presupuesto, todas las fuerzas parlamentarias y las autoridades hacendarias sucumbimos en politizar los recursos y quedarnos cortos en hacer realidad lo que mandata el artículo 25 de la Ley General de Educación.

Tan sólo para el Ejercicio Fiscal 2011 aprobamos 520 mil millones de pesos para la función de educación, lo cual representó apenas el 4.7 por ciento del PIB; es decir, estamos tres puntos porcentuales por debajo de lo que estamos obligados a aprobar.

Hoy es necesario revisar la relación entre el gasto ejercido y los resultados educativos alcanzados. Ya no es suficiente plantearnos incrementos presupuestales en el sector educativo en función de las condiciones macroeconómicas del país, sino en indicadores de cobertura, de objetivos, de eficiencia, de equidad, pero sobre todo de resultados. Es decir, lograr una educación de calidad.

Debemos transitar hacia otro lado y hacia otro esquema de financiamiento, que reconozca las disparidades regionales, pero que fije criterios de convergencia por las características propias de nuestro país, que es asimétrico y diverso, donde hay estados con indicadores de rendimiento escolar que se encuentran por debajo del promedio nacional.

Hoy tenemos la oportunidad histórica de cambiar la realidad, pero sólo podrá lograrse con un gran compromiso nacional, en donde los legisladores, el gobierno federal, todos seamos responsables y generosos en asignar mayores recursos para mejorar el sector educativo.

No basta con que pongamos en la ley tal o cual disposición. Se requiere voluntad política para lograr que las disputas y negociaciones queden en un segundo término.

Tenemos el compromiso de fortalecer y asegurar la educación, es una necesidad de nuestro país para el desarrollo, así como una cuestión de justicia y equidad.

Debe quedarnos claro que la asignación de recursos a la educación no debe considerarse como un gasto sino como una inversión del capital humano que necesita el futuro de nuestro país.

La educación es la mejor política social, pero sobre todo es el eje fundamental para la consolidación de una auténtica política económica en el mediano y en el largo plazo.

Nuevamente saludo con agrado los cambios legislativos dirigidos para mejorar la educación, pero lo más importante, acudo a esta máxima tribuna a exhortarlos para que en el próximo Presupuesto de Egresos hagamos realidad lo que hoy estamos aprobando en la ley. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Vázquez Aguilar. Aprovecho la ocasión para saludar que en esta tarde tenemos la presencia de invitados del municipio de Metepéc, estado de México. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Ellos fueron invitados por el diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza. Bienvenidos.

Tiene ahora la palabra el diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, por parte del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Onésimo Mariscales Delgadillo:Con su permiso, señor presidente. Respetables diputadas, compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional vengo a apoyar la iniciativas que presentaron los compañeros diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa que tiene como propósito incorporar, en la Ley General de Educación, disposiciones respecto de un tema fundamental para el desarrollo social y económico de nuestro país: el asegurar los recursos suficientes del Sistema Educativo Nacional.

Esta iniciativa ha sido incorporada en el dictamen que se someterá a su consideración y que tiene sentido positivo.

Si bien la Ley General de Educación ya contempla algunas disposiciones en materia de financiamiento a la educación, la reforma que se propone mediante este dictamen tiene un carácter más específico, ya que tiende a contribuir al cumplimiento del Estado, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, referente al presupuesto anual que debe otorgar para el financiamiento de la educación pública establecido en la propia ley.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a apoyar la aprobación de este dictamen por las razones que enumero a continuación.

Primera. La iniciativa objeto del presente dictamen se refiere de manera general a un asunto prioritario como es el financiamiento de la educación pública, considerando que la educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo y progreso de nuestro país.

Segunda. Resulta de suma importancia que el Estado asegure los recursos suficientes al sector educativo para su funcionamiento y con ello ampliar las oportunidades educativas de la población que le permita tener mayores oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Tercera. No obstante que el artículo 25 de la Ley General de Educación señala que el monto anual que el Estado debe destinar al gasto educativo no debe ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto del país, actualmente se encuentra casi en un 50 por ciento por debajo de lo establecido, ya que en ese año del 2010 el producto interno bruto o el gasto para educación fue de 3.80.

Cuarta. El proyecto de decreto que se somete a su consideración pretende que el monto anual del presupuesto destinado a la educación pública y servicios educativos no sea menor, en términos reales, al asignado en el ejercicio fiscal anterior, con la finalidad de cumplir con el compromiso señalado en el punto anterior y sobre todo, para garantizar un desarrollo progresivo de la educación para todos los ciudadanos y elevar la calidad educativa en México.

Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor, porque el que haya más presupuesto para la educación significa que los ciudadanos tendrán la oportunidad de tener una mejor garantía para lo social, profesional y laboral. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Mariscales Delgadillo. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta para hablar en pro del dictamen.

Antes de que inicie el señor diputado Di Costanzo Armenta, aprovecho la ocasión para saludar a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México, campus Querétaro, que nos visitan esta tarde, invitados por la diputada Aranzazú Quintana Padilla. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Me da gusto, compañeros, que la mayor parte de las intervenciones sea en el sentido de aprobar o en el sentido favorable a esta iniciativa.

Sin lugar a dudas, la inversión en educación es fundamental para el desarrollo del país. Sin embargo, permítanme reflexionar en cómo pensamos que se cumpla lo que hoy estamos aprobando cuando tenemos a un titular de las finanzas públicas, porque no le puedo decir secretario de Hacienda, que piensa que con 6 mil pesos al mes una familia puede pagar la educación de sus hijos, un carro y un crédito para casa.

¿Cómo podemos pensar en que lo que hoy estamos aprobando se va a cumplir si quien se dice ser el titular de las finanzas públicas emitió un decreto para favorecer al 10 por ciento de los alumnos de toda la matrícula de educación básica, preescolar y bachillerato?

Es ahí donde debemos reflexionar. Vamos a aprobar esta iniciativa y luego qué. ¿Qué pasa por la mente de ese titular de las finanzas públicas que año con año envía presupuestos reducidos o no le otorga a la educación lo que debe otorgarle bajo el supuesto de que no tienen dinero?

El señor se acaba de aprobar sólo un boquete al presupuesto de gastos fiscales, de cuando menos 13 mil millones de pesos, como si nada pasara, y se le dejaron de asignar a la educación pública en el presente ejercicio fiscal cuando menos 13 mil millones de pesos. Luego corrige la plana diciendo que con 6 mil pesos al mes a las familias les alcanza y les sobra gracias a la recuperación de la economía mexicana.

Es cuando me pregunto, compañeros, ¿de veras estamos aprobando algo que vaya a servir? ¿O estamos haciendo como que hacemos? ¿Acaso estamos imponiendo algún candado fuerte, algún castigo fuerte? Porque las leyes sin castigo son letra muerta. El hecho de que estamos exigiendo que se destine más a la educación que el presupuesto anterior, sin una pena por violar esa ley, es letra muerta, compañeros, es letra muerta y más cuando vemos lo que tienen los secretarios de despacho en la cabeza.

Porque me parecen ofensivas para la población las declaraciones y los decretos emitidos por ese personaje, que además, quiere ser el próximo presidente del país. Me parece muy lamentable que no pongamos estos candados que obliguen a evitar estas aberraciones mentales de algunos funcionarios públicos, de primer nivel, o que se dicen ser de primer nivel.

Por lo demás, celebro que por lo menos estemos de acuerdo en que los recursos para la educación tengan que ser incrementados año con año. Pero también pongamos candados para que esta discrecionalidad con la que la Secretaría de Hacienda ejerce el Presupuesto se pueda evitar y no tengamos la sorpresita que estamos teniendo todos los años en el ejercicio del gasto público.

Porque este decreto de las colegiaturas es violatorio de la Constitución, violatorio de la equidad fiscal y atenta gravemente contra la educación, atenta gravemente porque esos 13 mil millones de pesos que se van a subsidiar a los ricos bien pudieron ser aplicados a ampliar la matrícula de la educación superior; bien pudieron ser aplicados al equipamiento de miles de primarias o de secundarias públicas. Es verdaderamente reprobable que tengamos a un titular de las finanzas públicas que piense que con 6 mil pesos por familia se arregló el problema de casa, comida, sustento y educación. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, no hay motivo para votar en contra de este dictamen que establece un principio de progresividad en materia de gasto educativo para que cada año se gaste más en educación y nunca se pueda gastar menos en educación. Desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la técnica legislativa es impecable el dictamen.

En general, los dictámenes que estamos votando el día de hoy, todos son impecables. Como me decía hace un momento el diputado Muñoz Ledo, parece que estamos votando el día de hoy dictámenes hipócritas, porque son buenos los dictámenes, no hay motivo de queja, son dictámenes que favorecen la realización, en este caso, de los derechos humanos, de los derechos a la educación.

Sin embargo, lo que yo creo que tendría que hacer esta Cámara y el Congreso de la Unión es cumplir, lograr que el gobierno federal, los gobiernos estatales, etcétera, cumpliéramos con esa aspiración que establece la Ley de Educación; es decir, que efectivamente se gastara el 8 por ciento del producto interno bruto en educación.

También sería muy importante que este Congreso de la Unión fortaleciera a la educación pública del país y no hiciésemos lo que hizo el Ejecutivo, de establecer este elemento de deducibilidad a favor de las clases medias y de las clases altas en el país, que implica una privatización de la educación del país.

Creo que este Congreso de la Unión está siendo muy tibio, porque debiéramos lograr el 8 por ciento de gasto del producto interno bruto en la educación, que debiéramos tomarnos muy en serio el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para transparentarlo, democratizarlo y lograr que en la educación de este país existiese realmente pluralidad sindical.

Tendríamos que estar resolviendo el problema de los 7.5 millones de jóvenes sin acceso a la educación universitaria en México y tendríamos que preocuparnos por la calidad educativa en nuestro país; cómo aprobar indicadores que midan la calidad de la educación en el país. Tendríamos que volver seguramente aquí hacia el pasado, para lograr, como fue en el pasado en México -por lo menos en mi generación-, que la educación fuese el instrumento de la movilidad social, el instrumento de la igualdad social.

Pero todos esos temas están ausentes en el debate de esta Cámara y del Congreso de la Unión. Creo que son los temas que tendría que abordar la Comisión de Educación de esta Cámara y traer a este pleno los dictámenes suficientes y necesarios para que el derecho a la educación en nuestro país sea un derecho exigible, para que se gaste lo que se tiene que gastar en educación, el 8 por ciento del producto interno bruto del país, y para lograr democratizar y transparentar el funcionamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lograr la calidad educativa en México.

Está bien que aprobemos este dictamen. Es un paso adelante, pero es un paso tibio, insuficiente para colocarnos en la vanguardia que este país reclama, la vanguardia en materia educativa y en materia social que este país nos está reclamando a todos nosotros.

Bienvenida la aprobación del dictamen, pero que quede claro que es un dictamen insuficiente, que no está yendo al fondo de los problemas educativos de México.

Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Cárdenas. Consulte la Secretaría si está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces está suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con gusto, diputado presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún compañero de emitir su voto? Continúa abierto el tablero, compañero.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El diputado Neyra.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Se emitieron 410 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos, el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Honorable Asamblea

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez del Grupo Parlamentario del PRI, la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de fecha 01 de Octubre de 2009.

Estas Comisiones Unidas, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis de la iniciativa antes señalada, reunidos en Pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión del 1 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y suscrita por los diputados Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente del Grupo Parlamentario del PRI, para su estudio y dictamen.

Es conveniente señalar que las modificaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que se proponen a través del presente dictamen, son el resultado del análisis de cada una de las iniciativas que sobre esta materia fueron turnadas a estas comisiones unidas, respecto de las cuáles se procedió a dictaminarlas en el sentido que más adelante se señala. Las iniciativas relacionadas con la materia objeto de dictamen, se enuncian a continuación:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del PVEM, de fecha 4 de marzo de 2008.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 27 de marzo de 2007.

• Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el Diputado Ramón Félix Pacheco Llanes, del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 4 de marzo de 2008.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros del Grupo Parlamentario del PRI, de fecha 17 de septiembre de 2008.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 4 de noviembre de 2008.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del PRD, de fecha 4 de febrero de 2009.

Descripción de las iniciativas

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, menciona que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se crea como una institución con carácter social, cuyo compromiso principal radica en proveer mejores condiciones de vida y bienestar a los trabajadores, al facilitarles la obtención de créditos oportunos y de bajo costo, que permitan satisfacer sus necesidades de vivienda y construir un patrimonio familiar digno.

Asimismo, que el problema de obtención de una vivienda tiene como germen la falta de empleo, o contando con él, la insuficiencia de recursos para ser sujeto de un crédito de vivienda. La problemática se agrava cuando, habiendo accedido a un crédito para obtener casa habitación, se pierde la fuente de ingreso quedando el trabajador en imposibilidad de continuar con el pago correspondiente. En este caso, lejos de que el trabajador tenga mecanismos adecuados para resolver la situación, se enfrenta a la falta de información sobre la obligación que asumió y a intereses muy altos, que sumados a los ordinarios y el monto de los pagos omisos, hacen impagable la deuda.

Finalmente, refiere la iniciativa que la reforma tiene como objetivo primordial el modificar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, tenga la posibilidad de trasladar a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos que trabajadores omisos tengan en pago con él, así como prohibirle en todo caso, ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos que los mismo trabajadores tengan para con el instituto.

La iniciativa de la diputada Ana María Ramírez Cerda propone reformar el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para prohibir que el Consejo de Administración, a propuesta del director general, pueda aprobar el ceder o descontar su cartera vencida a personas físicas o morales especializadas en la adquisición de deuda.

Asimismo, indica la iniciativa que conforme a lo dispuesto por el artículo dieciséis, fracción IX, de la Ley del Infonavit, se autoriza a la administración a proceder a la venta de cartera vencida reservada al cien por ciento, hasta por 56 mil 491 créditos, mediante subasta pública, así como la contratación de los proveedores necesarios para realizar dicha venta, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable que al respecto haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por su parte, la iniciativa del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez propone reformar los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, estableciendo prórrogas hasta por un año renovables a los trabajadores que hubieren recibido crédito del instituto y hayan dejado de percibir ingresos salariales. Aumenta de 1 a 3 meses la solicitud de la citada prórroga, la cual se deberá presentar ante dicho instituto.

Asimismo, propone que una vez recibido el aviso de terminación de prórroga, el instituto deberá revisar el saldo insoluto el cual devengarán una tasa del 4 por ciento fija anual, durante toda la vigencia del crédito, en ningún caso el saldo de los créditos otorgados podrá revisarse para incrementarse y así reestructurar la forma de pago, la cual no será mayor al 20 por ciento de su salario base, para el pago de la vivienda.

La iniciativa que reforma los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda del diputado Ramón Félix Pacheco, menciona que la cartera vencida ha sido producto de la política económica neoliberal impuesta, ya que ha golpeado durante décadas el empleo y el salario, destacadamente fue resultado del llamado “error de diciembre” de 2004. Sin embargo, el problema también ha sido abonado por razones jurídicas y para evitar que el trabajador caiga en cartera vencida, la Ley del Infonavit, en su artículo 41, establece el derecho a la prórroga. Es decir, si el trabajador deja de tener ingresos salariales podrá dejar de pagar el capital e intereses ordinarios hasta por un año, y hasta por un total de dos años durante la vigencia de su crédito. La procedencia de este derecho, actualmente, está sujeto a que el trabajador lo solicite dentro de los 30 días posteriores a que el trabajador quede privado de su trabajo.

Sin embargo, los trabajadores normalmente desconocen su derecho a la prórroga, y menos aún están enterados del plazo y de los requisitos y trámites necesarios para su ejercicio. Peor aún, los trabajadores que pretenden ejercer tal derecho ante el Infonavit son sistemáticamente obstaculizados para ello, por lo que en la práctica derecho tan importante ha sido prácticamente anulado.

Asimismo, comenta que el ejercicio del derecho de prórroga no dependa de los caprichos de la burocracia en turno del Infonavit, ni del conocimiento o desconocimiento del trabajador sobre tan fundamental derecho, para lo cual la prórroga deberá operar automáticamente tan luego el Infonavit no reciba el puntual pago del crédito otorgado al trabajador. Es decir, en la actualidad cuando el Infonavit deja de recibir las amortizaciones, se presume la mala fe del trabajador y se le conceptúa en mora; conforme a nuestra propuesta se revertiría esta situación, ya que ante la falta de pago se partiría de que tal omisión es de buena fe por parte del trabajador por causas no imputables al mismo, ya que la inmensa mayoría de los trabajadores quiere pagar y preservar su patrimonio, normalmente su único patrimonio.

La iniciativa del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, propone reformar el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para que los créditos otorgados a los trabajadores por los conceptos de adquisición, reparación, ampliación, mejoras de habitaciones, construcción de vivienda o por el pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores, devengarán un interés anual sobre saldos insolutos que se calculará con base en la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días vigente al momento de la firma del contrato, permaneciendo fija durante todo el plazo del otorgamiento del crédito, entendiéndose que dichos créditos serán otorgados en pesos y no en veces salario mínimo.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del diputado Pablo Trejo Pérez, refiere que el Consejo de Administración del Infonavit de manera repetida se ha alejado de la legalidad, ya que mediante las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 22 de febrero de 2008, autorizó indebidamente el incremento semestral de los intereses que deben pagar los trabajadores por concepto del crédito otorgado por este Instituto, es decir las tasas de interés variables.

Asimismo, propone que los intereses sobre el saldo ajustado a los créditos de vivienda otorgados a los trabajadores por concepto de adquisición de propiedad de habitación, construcción, ampliación o mejoras de vivienda no podrán ser mayores a 6 por ciento anual sobre saldos insolutos, y que dicha tasa deberá permanecer fija durante todo el plazo de otorgamiento de los créditos.

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado José Antonio Almazán González, menciona que el manejo que los actuales directivos del Infonavit han realizado de la cartera vencida es absolutamente ilegal y nada transparente, ya que la venta de la cartera vencida que abarca a poco más de 120 mil créditos se realiza sin respaldo jurídico; pero sobre todo porque esta venta ha desembocado en el enriquecimiento, en un lucrativo negocio en favor de empresas recuperadoras de créditos concretamente estadounidenses, como es el caso de las empresas Pendulum Associates, Scrap II, Corporación para la Recuperación y Utilidad de Deuda, Sociedad Limitada de los Activos de Gramercy, Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad.

Asimismo, comenta que la inmensa mayoría de los trabajadores reconocen el adeudo que tienen con el Instituto y están en la mejor disposición de cubrirlo, sólo piden amortizaciones justas para seguir cubriéndolos y preservando su patrimonio familiar, lo cual el Instituto está en posibilidad de realizar en el marco de la Ley, y desde el momento en que se realiza las quitas gigantescas, a favor de las empresas recuperadoras de créditos.

Indica la iniciativa que no hubo razón para que la solución relativa a que el Infonavit readquiriera los créditos vendidos se limitara a diciembre de 2007, ya que evidentemente este tope amañado en el tiempo, limitaba su conocimiento y aplicación en bien de los trabajadores. Asimismo, señala que era sólo un desplante político la opción para que el trabajador escogiera entre empresa recuperado de crédito o Infonavit, ya que ésta siempre será el mejor camino, no sólo en materia de condiciones sino en cuanto al trato recibido.

Refiere la iniciativa que el contrato de crédito de vivienda se realiza entre el trabajador y el Infonavit sin que exista alguna cláusula que establezca que sin previo aviso se puede hacer tal venta y menos se señalan las condiciones para la misma, llegado el caso y que el único apoyo que podría pretender el instituto para este cambio es el artículo 49 de la Ley del Infonavit en que se señalan las causas que hacen procedente la rescisión de los créditos (enajenación, permuta o gravamen de la vivienda, etcétera).

Finalmente, la iniciativa alude que es un principio elemental del derecho que la autoridad sólo puede hacer lo que la Ley le autoriza, y que en ninguna parte de la Ley del Infonavit se autoriza al consejo de administración ni a ningún otro órgano del instituto a vender la cartera vencida y, mucho menos en las condiciones de total despojo a los intereses de los trabajadores y el propio instituto, sin que se pueda dar de pretexto el que el instituto carece del personal e infraestructura necesaria, pues una razón operativa no puede estar por encima de la ley.

Consideraciones de las comisiones unidas

Las comisiones unidas que dictaminan consideran que la propuesta de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez es procedente, toda vez que el garantizar la seguridad social a las familias mexicanas es uno de los objetivos prioridades de nuestro Estado, y siendo el caso que la vivienda es uno de los componentes principales de ésta rama previsiva, tal y como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual a la letra dice:

Artículo 4. ... Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo... ...y efecto de crear la estructura y los mecanismos necesarios para poner al alcance de la clase trabajadora el acceso a la vivienda, el 1 de mayo de 1971 las grandes centrales obreras demandaban ante el Ejecutivo federal buscar vías para resolver los principales problemas nacionales. Días después se integra la Comisión Nacional Tripartita a cuya quinta subcomisión se le encomienda el estudio del problema de la vivienda. El resultado de los trabajos de los representantes de los tres sectores de esa subcomisión propusieron la expedición de una ley para la creación de un organismo tripartita que sería el encargado de manejar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Así, el 14 de febrero de 1972 se publicaron en el Diario Oficial estas reformas propuestas por la Subcomisión de Vivienda, siendo que el 21 de abril, luego de ser aprobada, se promulga la Ley del Infonavit, que establece que las aportaciones que el patrón realice, las haga en beneficio de sus trabajadores.

Por lo cual desde la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es una institución de carácter social, siendo su principal objetivo materializar el esfuerzo de los trabajadores para incrementar su patrimonio y bienestar, mediante el financia miento de vivienda a bajo costo, en un entorno sostenible, propicio para desarrollar su potencial individual y en comunidad, mejorando así su calidad de vida.

Así pues la función del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es dar atención integral a las necesidades de vivienda de la población mexicana lo que es una tarea compleja, y se debe de manejar con todas las mediadas que garanticen el aseguramiento del patrimonio de los trabajadores, por ello para la presente iniciativa de reforma a los artículos 3, fracción I; y se adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente, al artículo 41; todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resulta de suma importancia establecer como regla principal para el instituto, prohibir la privatización de la cartera vencida ya que conlleva al enriquecimiento de unas cuantas empresas y a la inevitable pérdida del patrimonio familiar. Lo anterior provoca la deslegitimación de una entidad social, creada con el propósito de servir de apoyo y garantía a los trabajadores más necesitados, para convertirla en un ente empresarial con fines de lucro.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene una razón jurídica e histórica que le da sustento en beneficio social de los trabajadores y sus familias.

En virtud de que el artículo primero de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores determina que dicha Leyes de utilidad social y de observancia general en toda la republica, debe entenderse que la Ley debe de satisfacer de manera inmediata y directa a la clase trabajadora, toda vez, que el criterio que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el de concebir a la utilidad social como aquella necesidad de satisfacer de una manera inmediata y directa a una clase social determinada y mediante ella a toda la colectividad.

En relación al artículo segundo de dicho ordenamiento jurídico que crea al Infonavit como un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, es menester comprender que el concepto de servicio social es aquella actividad obligatoria y permanente del Estado, cuyo fin consiste en promover el bienestar social, el desarrollo y organización de la comunidad y mejorar directa e indirectamente el bienestar individual y colectivo a través de prestaciones fundadas siempre en el principio de solidaridad social.

Cabe mencionar que en las condiciones generales de contratación que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados al pago de adeudos contraídos para la adquisición construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda, se establecen disposiciones que protegen al trabajador en relación al régimen de pago y amortización del crédito correspondiente. En ese sentido, la cláusula novena de dichas condiciones, determina que la amortización del crédito en el régimen ordinario, se aplica siempre y cuando el trabajador se encuentre vinculado por una relación laboral sujeta al régimen a la Ley del Infonavit, estará obliga a pagar el saldo de capital los intereses que se devenguen en términos del contrato y cualquier otro adeudo mediante el pago de amortizaciones mensuales y consecutivas, las que serán periódicamente descontadas y retenidas por el patrón de sus salario mensual y así mismo mediante el entero que el patrón realice al Infonavit, de las mismas conforme a la Ley del Infonavit, lo que se deduce que dichos pagos se realizaran directamente a I Infonavit, sin intervención de ningún tercero.

De igual manera, en dichas condiciones generales se establece el régimen especial de amortización, que es cuando el trabajador por cualquier causa dejare de estar vinculado con la relación laboral sujeta al régimen de Ley del Infonavit o si se suspendieren los efectos de la relación laboral del trabajador, se obligara a cubrir directamente al Infonavit el saldo de capital, los interese que se devenguen y cualquier otro adeudo mediante el pago de amortizaciones especiales y consecutivas, lo que se deduce que dichos pagos se realizaran directamente al Infonavit, sin intervención de ningún tercero.

Asimismo en la cláusula decimonovena de las condiciones generales citadas anteriormente se determina el “Seguro de protección de pagos”, en el cual el trabajador instruye al Infonavit para que, por orden y cuenta suya solicite y obtenga de la compañía aseguradora contratada al efecto la cobertura de una póliza de seguro de protección de pagos que cubra al trabajador contra el riesgo de incumplimiento de su obligación de pago de las amortizaciones mensuales que se hayan estipulado, cuando dicho riesgo sea consecuencia de la perdida involuntaria de su relación laboral, de lo que se deduce que dichos pagos se realizarán directamente al Infonavit, sin intervención de ningún tercero.

Es necesario seguir garantizando los mecanismos de protección al trabajador en el pago de sus obligaciones crediticias ante el Infonavit, mas ahora debido al gran índice de desempleo que ha padecido nuestro país en las últimas décadas. Así lo demuestran las cifras emitidas por el INEGI, las que indican que en el primer semestre del año 2005, hubo 1 millón 639 mil 787 desempleados; en el cuarto trimestre del año 2009 el índice de desempleo aumento a 2 millones 506 mil 595 desempleados. En relación al año de 2006 la tasa de desempleo en el mes de enero fue de 3.60 por ciento mientras que para el mes de febrero de 2010 dicha tasa aumento a 5.43 por ciento, lo que significa que hay un gran incremento del desempleo en el país, lo que ha repercutido directamente en el pago puntual de los trabajadores, requiriéndose entonces no lucrar con la deuda de los mismos y de aquellos que por causas involuntarias hayan cesado en su relación laboral.

Es fundamental encontrar nuevos mecanismos de solución al problema de la morosidad que enfrenta el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin que ello signifique el atropello de los derechos y garantías de los trabajadores, por lo tanto es de precisarse que la iniciativa de mérito, fundamentalmente lo que pretende establecer que el propio Instituto cree nuevos mecanismos adecuados para hacer efectivo el cobro de los saldos insolutos, evitando que bajo ninguna circunstancia el Instituto quede sin fondos suficientes para su adecuado funcionamiento, pero que ello no menoscabe el patrimonio familiar de los derechohabientes.

Sin embargo, estas comisiones dictaminadoras consideran inoportuna la reforma al artículo 16 de la referida ley de la iniciativa del diputado Moreira Valdez , referente a las atribuciones y facultades del Consejo de Administración del Infonavit, por la que el instituto no podrá trasladar a particulares los derechos derivados del cobro de los adeudos que trabajadores omisos en pago tengan con él, toda vez que el Consejo de Administración en sesión ordinaria en sesión ordinaria número 653, celebrada el 26 de octubre de 2005 emitió la Resolución RCA-1316-10/05 en la que se estableció lo siguiente: “Conforme a lo dispuesto por el artículo 16, fracción IX de la Ley del Infonavit, se autoriza a la Administración a proceder a la venta de cartera vencida reservada al cien por ciento, hasta por cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y un créditos, mediante subasta pública, así como la contratación de los proveedores necesarios para realizar dicha venta, cumpliendo estrictamente con la normatividad aplicable que al respecto haya emitido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

Estas dictaminadoras señalan que en términos del artículo 2029 del Código Civil Federal habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga contra su deudor, por lo tanto la Ley faculta ampliamente al acreedor cualquiera que sea su condición o personalidad jurídica legalmente reconocida a ceder los derechos que tuviere en contra del deudor cualquiera que fuera su condición; por lo que la Ley reconoce y permite de forma expresa la cesión de los derechos y por tanto de los créditos. Asimismo, el artículo 2030 del Código señala que el acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin necesidad del consentimiento del deudor, por lo que tal y como señala la Ley, el Infonavit puede ceder los derechos que tiene como acreedor a otro sin necesidad del consentimiento del deudor.

En el mismo sentido, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Diputada Ana María Ramírez Cerda, se considera innecesaria en los términos de la iniciativa, toda vez que el honorable Consejo de Administración del instituto (que se integra con representantes de los sectores de los trabajadores, empresarial y de gobierno según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Infonavit) en su carácter de órgano rector del mismo, emitió la autorización aludida dentro de un ámbito meramente administrativo, pues esa es su propia naturaleza.

Cabe señalar que los adquirientes de la cartera se encuentran obligados contractualmente a otorgar todos los beneficios establecidos en la Ley del Infonavit, tales como la liberación de las obligaciones derivadas de los créditos en los casos de muerte, incapacidad o invalidez de los trabajadores, por lo que la venta de los créditos en cuestión no lesiona los derechos de los deudores.

Por lo que al prohibir que el consejo autorice operaciones como la venta de cartera, se elimina una herramienta muy valiosa de la cual el instituto podría valerse a fin de optimizar la administración del Fondo Nacional de la Vivienda. Más aún, que la utilización de tal herramienta no disminuirá y no disminuye los derechos de los acreditados del Infonavit.

Por lo expuesto, estas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda ponen a consideración los cambios a la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y tomando en cuenta la iniciativa de la diputada Ana Ramírez Cerda, para quedar en la forma siguiente:

Artículo 3o. El instituto tiene por objeto:

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, en beneficio de los trabajadores y sus familias;

II. a IV. ...

Artículo 41. ...

...

...

En ningún caso podrá el Instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta Ley que de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideren vencidos.

...

Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, se considera inoportuna, toda vez que implicaría un mayor riesgo para el Instituto en la recuperación de cartera al f1exibilizarse los requisitos de solicitud de prórroga para el pago del crédito otorgado, con lo cual se incrementarían los costos y se reduciría la capacidad del Instituto de otorgar créditos a la vivienda y el rendimiento que ofrece a sus derechohabientes, disminuyendo su patrimonio, al tiempo que se pone en riesgo la salud financiera del instituto.

Asimismo, se debe tener presente que cada vez que un crédito se encuentra en prórroga, los intereses que se generan se capitalizan al saldo insoluto de éste, por lo que si tuvieran derecho a solicitar prórrogas al pago de su crédito sin ningún límite máximo, se impactaría directamente a los acreditados, convirtiendo su adeudo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en impagable.

Adicionalmente, la propuesta de reforma impactaría directamente el pago de intereses al saldo de la subcuenta, pues actualmente la cantidad básica para el pago de dichos intereses se determina aplicando al saldo de las subcuentas, la tasa de incremento del salario mínimo del Distrito Federal, como lo determina el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley del Infonavit, por lo que el Instituto no podría responder de manera cabal a esa obligación, si se pacta una tasa fija para el pago del crédito.

Finalmente, la iniciativa atenta contra el principio de irretroactividad en la aplicación de la ley en perjuicio de terceros, ya que se generaría un quebranto al Fondo Nacional de la Vivienda, afectando directamente al interés de todos aquellos derechohabientes ahorradores por el impacto financiero de dicha reforma.

En cuanto a la iniciativa del diputado Ramón Félix Pacheco que reforma y adiciona los artículos 41 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las que dictaminan consideran inoportuna la propuesta de reforma, toda vez que los adquirentes de la cartera se encuentran obligados contractualmente a otorgar todos los beneficios establecidos en la Ley del Infonavit, tales como la liberación de las obligaciones derivadas de los créditos en los casos de muerte, incapacidad o invalidez de los trabajadores.

Asimismo, el Infonavit, actualmente administra más de tres millones de créditos y su cartera vencida pasó del 30 por ciento hace seis años a sólo el 4 por ciento al cierre del presente año, cuestión que ha redituado en beneficio de todos los acreditados del instituto, pues se han otorgado mayor número de créditos y rendimientos dignos y competitivos a los ahorros que los trabajadores tienen en su subcuenta de vivienda y que en última instancia les redundará en obtener una mejor pensión de retiro.

Lo anterior se ha conseguido mediante una administración responsable y apegada a derecho de la cartera del Instituto, destacándose la adopción de esquemas que premian el buen comportamiento de pago, el otorgamiento de alternativas de solución para los acreditados con voluntad de pago pero sin capacidad para realizarlo en el corto plazo y la adjudicación y reasignación de aquellas viviendas que se constituyeron como garantía de los créditos otorgados con el ahorro de millones de trabajadores mexicanos.

Estas dictaminadoras destacan que cada crédito que no se paga, limita la posibilidad de que un nuevo derechohabiente adquiera un crédito del Infonavit y compre, mejore, o construya una vivienda o pague adeudos hipotecarios respecto a la misma. De ahí la importancia de que el acreditado cubra el dinero que se le prestó, con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, a efecto de que el Instituto otorgue más y mejores créditos y pague mejores rendimientos al ahorro de millones de trabajadores, para que cuenten con un mejor fondo de vivienda, que de igual forma coadyuvará en que obtengan una mejor pensión de retiro.

Es conveniente precisar, que socialmente la actividad crediticia del Infonavit va más allá del mero otorgamiento y recuperación de créditos, pues tiene una fuerte repercusión en la economía nacional por la creación de empleos directos e indirectos, derivado del dinamismo de la industria que construye vivienda y de la que otorga créditos hipotecarios, dados los esquemas de cofinanciamiento que ha implementado el instituto.

Finalmente, las que dictaminan señalan que el artículo 41 de la Ley del Infonavit prevé que en el caso de solicitar la prórroga se generan intereses que se capitalizarán y en consecuencia aumentará el saldo insoluto del crédito. Por lo que en nuestra opinión, debe conservarse el texto del artículo tal y como se encuentra actualmente a fin de que el acreditado sea quien tome la decisión de valerse de la prórroga o no.

Respecto con la iniciativa del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, las que dictaminan consideran no procedente dicha reforma, ya que impactará directamente el pago de intereses al saldo de la subcuenta, pues actualmente la cantidad básica para el pago de dichos intereses se determina aplicando al saldo de las subcuentas la tasa de incremento del salario mínimo del Distrito Federal como lo establece el artículo 39 de la citada Ley, que a la letra dice:

Artículo 39. El saldo de las subcuentas de vivienda causará intereses a la tasa que determine el Consejo de Administración del instituto, la cual deberá ser superior al incremento del salario mínimo del Distrito Federal.

El interés anual que se acreditará a las subcuentas de vivienda, se integrará con una cantidad básica que se abonará en doce exhibiciones al final de cada uno de los meses de enero a diciembre, más una cantidad de ajuste al cierre del ejercicio.

Para obtener la cantidad básica, se aplicará al saldo de las subcuentas de vivienda, la tasa de incremento del salario mínimo del Distrito Federal que resulte de la revisión que para ese año haya aprobado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

...

También dicha propuesta de reforma daría lugar a un tratamiento inequitativo, beneficiando a aquellos trabajadores que al momento de firmar su contrato tengan una tasa de interés interbancaria de equilibrio de 28 días menor, además de que lo anterior provocaría que se tendría que reducir el monto del crédito otorgado.

Adicionalmente, se daría lugar a la desvalorización del Fondo Nacional de Vivienda si la inflación acumulada en la economía nacional en uno o varios años es igual o superior al cuatro por ciento. Igualmente sufrirá un menoscabo el valor real de los fondos de ahorro por los trabajadores en sus subcuentas de vivienda, con violación a lo citado en el artículo 39 de la referida ley.

Respecto de la iniciativa del diputado Pablo Trejo Pérez, que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las dictaminadoras consideran que contraviene lo dispuesto en el segundo párrafo del vigente artículo 44 de la citada ley, ya que prevé que la tasa de interés no será menor de 4 por ciento anual sobre los saldos insolutos, lo que a la letra dice:

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años.

Asimismo, respecto a la propuesta de fijar de la tasa de interés a no más del 6 por ciento durante el plazo del crédito, se considera que afectaría la viabilidad de los créditos, tanto por lo que respecta a su otorgamiento como a su recuperación, lo que contravendría los principios de una sana práctica crediticia y en consecuencia, abonarla a la distorsión de los mismos en el mercado.

Por otra parte, el artículo 47 de la referida Ley faculta al Consejo de Administración del Infonavit a expedir disposiciones cuyo propósito, entro otros, es el de establecer las reglas conforme a las cuales se otorgarán a los trabajadores los créditos a que se refiere el artículo 42, fracción II de dicho ordenamiento, como para:

i) La adquisición de propiedad de habitaciones; ii) a la construcción de vivienda; iii) a la reparación, ampliación o mejoras de habitaciones; iv) al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores; y v) que el Infonavit pueda descontar a las entidades financieras que cuenten con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que haya otorgado para aplicarse a los créditos para los conceptos antes señalados.

Finalmente, debe destacarse que la razón por la que los créditos que otorga el Infonavit se ajustan en los términos del salario mínimo es justamente porque permite cobrar una tasa menor ya que no es necesario incorporar una prima por riesgo de inflación. Esto permite que el saldo de los créditos otorgados sea mayor que el que se asignaría si el crédito estuviese denominado en pesos.

En relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado José Antonio Almazán González, las que dictaminan consideran no procedente dicha reforma, toda vez que la Ley regula y faculta al Infonavit o a cualquier otro acreedor sea cual fuere su condición o personalidad, para realizar de forma legal la cesión de los créditos de los cuales es legítimo acreedor.

Adicionalmente debe precisarse que los adquirientes de la cartera se encuentran obligados contractual mente a otorgar todos los beneficios establecidos en la Ley del Infonavit, tales como la liberación de las obligaciones derivadas de los créditos en los casos de muerte, incapacidad o invalidez de los trabajadores, por lo que la venta de los créditos en cuestión no lesionó los derechos de los acreditados deudores. De igual forma, se estableció la obligación contractual a las empresas compradoras de respetar cualquier beneficio que en materia de pago de créditos hubiere sido otorgado por los órganos colegiados del Instituto o que se hubiere dictado por alguna autoridad jurisdiccional.

Es importante mencionar que se ha implantado la “Garantía Infonavit”, que tiene por objeto dar a conocer a los acreditados los apoyos o beneficios a que puede llegar a tener derecho. Asimismo, se creó la “Defensoría del Acreditado” que tiene por objeto atender a aquellos acreditados a quienes se les llegue a negar el apoyo o beneficio a que tienen derecho en términos de la Garantía Infonavit.

Así, la posibilidad de continuar con este tipo de operaciones depende de manera absoluta de la disposición y acuerdo de las empresas adquirientes de la cartera, quienes en su carácter de legales titulares (acreedores) de los créditos vendidos, pueden implementar las estrategias de negocio que las mismas decidan.

Las comisiones dictaminadoras consideran que las actividades que desempeñan los despachos que ejecutan la cobranza judicial se rigen por la legislación de cada entidad federativa, así cualquier hecho que ejecuten fuera de lo previsto en la ley tiene repercusión y es valorado por los órganos jurisdiccionales dentro del ámbito de su competencia a efectos de determinar sus resoluciones.

Finalmente, estas comisiones destacan que el Infonavit no tiene fines de lucro, sin embargo debe establecer los mecanismos para mantenerse como una institución sana financieramente y ofrecer créditos que contrarresten los efectos inflacionarios sobre el poder adquisitivo del salario y del incremento de los precios de las viviendas, en beneficio de que los menos ganan. El Instituto tiene que estar en posibilidades de ser viable financieramente y poder continuar otorgando más créditos a los derechohabientes que no han sido beneficiados y por otra parte, dar rendimiento real a la subcuenta de éstos.

Por lo anterior, en términos de los considerandos del presente dictamen y en ejercicio de la facultad concedida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, con fundamento en los artículo 39 y 45 párrafo sexto, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, se permiten someter a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Único. Se reforma el artículo 3o., fracción I; y se adiciona un cuarto párrafo, pasando el actual a ser quinto párrafo al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El instituto tiene por objeto:

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, en beneficio de los trabajadores y sus familias;

II. a IV. ...

Artículo 41. ...

...

...

En ningún caso podrá el instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta ley que de acuerdo con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se consideren vencidos.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,  a los 14 días del mes de abril de 2010.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Tereso Medina Ramírez (rúbrica), presidente; Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Amador Monroy Estrada (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica en contra), José Gerardo de los Cobos Silva, Arturo Ramírez Bucio, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Diego Guerrero Rubio (rúbrica), secretarios; Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Miguel Ángel García Granado, Isaías González Cuevas (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), César Octavio Madrigal Díaz, Valdemar Gutiérrez Fragoso (rúbrica), María Felicitas Parra Becerra (rúbrica en contra), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Matilde Díaz de León Macías, Norma Sánchez Romero, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica).

La Comisión de Vivienda, diputados:Martín Rico Jiménez (rúbrica), presidente; Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica en contra), David Hernández Pérez (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), David Hernández Vallin (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Norma Leticia Orozco Torres (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), secretarios; José Oscar Aguilar González (rúbrica), Laura Arizmendi Campos, Gumersindo Castellanos Flores, Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica), Marcos Carlos Cruz Martínez, Héctor Franco López (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Leticia Robles Colín, Adela Robles Morales (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 140, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos.

El diputado David Hernández Pérez:Con su permiso, compañero presidente. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras, hoy se presenta un dictamen que ve cristalizada una serie de solicitudes de diversos grupos parlamentarios, incluso en diversas legislaturas.

La vivienda, definitivamente, es un derecho constitucional de los trabajadores y el Infonavit en su origen, en el carácter social, el sentido social para el que fue creado el Infonavit, es el de garantizar una vivienda digna a los trabajadores.

Por diversas circunstancias que se han dado a lo largo de la historia de Infonavit, por las crisis económicas que presentan de una y de otra forma los trabajadores al quedarse sin un empleo, se han visto afectados y caen a cartera vencida dentro del Infonavit.

Esto, de una o de otra forma ha sido utilizado por diversos sectores con cierto poder y el Infonavit de forma muy sencilla empezó a resolver vendiendo esa cartera vencida por miles de viviendas. Quitándole así el sentido social al Infonavit y aprovechándose un grupo de gentes con una supuesta subasta, comprando miles de viviendas que después van y despojan de manera arbitraria a los trabajadores del beneficio que tuvieron a lo largo de su crédito, al enfrentar una crisis económica que incluso no fue provocada por ellos.

Pero, al final de cuentas, los trabajadores son quienes vienen pagando las consecuencias de los malos manejos o de las situaciones por las que se pasa en el país.

Al despojar al trabajador de su patrimonio también se despoja a una familia y se le quita la oportunidad de poder renegociar en determinado momento la posibilidad de seguir pagando esa vivienda y que despachos sin ningún sentido social tengan la oportunidad de hacerse de una vivienda que cuesta 300 mil pesos, la compran en 20 mil pesos, le hacen una manita de gato y van a hacer la gran ganancia, cuando probablemente se hubiera resuelto habiéndole ofertado al trabajador la posibilidad de que se quedara con la vivienda.

A partir de esto, nuestro compañero con licencia, Rubén Moreira, presentó una iniciativa para que el Infonavit se viera imposibilitado de vender esa cartera vencida. Nos hubiera gustado que nuestro compañero Rubén Moreira hoy hubiera venido y presentado esta posición, pero sabemos que está en un proceso y nos va a dar mucho más gusto verlo de gobernador en Coahuila.

Por eso, para nuestro grupo parlamentario, el Revolucionario Institucional, es muy importante el dictamen que hoy se presenta aquí, en donde se va a imposibilitar al Infonavit para que pueda vender la cartera vencida, y a partir de esto que el Infonavit, con el sustento que le da la ley, pueda renegociar con los trabajadores y pueda darle la  oportunidad a los trabajadores de que se puedan seguir sosteniendo con su vivienda, de que en determinado momento el trabajador pueda de una o de otra forma tener una oportunidad, con un mayor sentido social de mantener su vivienda, y no que un despacho sin ningún compromiso, más que el de hacerse rico, vaya, lo despoje, le quite su vivienda y se vea afectada toda su familia.

Es por eso que nosotros les solicitamos a todos los grupos parlamentarios, sea a favor de este dictamen que hoy se presenta. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia, está a discusión en lo general el presente dictamen.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados: por el Partido del Trabajo, el diputado Mario di Costanzo Armenta; por el Partido Acción Nacional, el diputado Juan Pablo Escobar Martínez y por el Partido del Trabajo, en contra, la diputada Laura Itzel Castillo.

A petición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente. Quiero decir que vengo a fijar mi posición, pero a favor, no en contra de este dictamen. Este dictamen finalmente representa el hecho de que hay un reconocimiento de que efectivamente es una ilegalidad la venta de la cartera vencida que se dio en el año 2006 a empresas trasnacionales.

En el año 2005 se quebraron 110 mil créditos, de los cuales 55 mil se vendieron a dos empresas trasnacionales, una de ellas Capmark y la otra Scrap II. Curiosamente Capmark es filial de General Motors, es filial de G-Mark, empresa que quebró en Estados Unidos. En el caso de Scrap II, es una empresa filial de Citigroup, empresa que también quebró en los Estados Unidos.

A estas dos empresas trasnacionales se les cedió a título oneroso la cartera vencida de los trabajadores mexicanos. Lo pero del caso es que en el caso específico de Scrap II se pagó el mismo día que se constituyó la empresa recuperadora de deuda, con un cheque de mil 100 millones de pesos. Obviamente una gran irregularidad, ya que no estaba registrada en México ni tenía ningún folio de acuerdo, a lo que se manda por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. El colmo.

El empresario que estaba al frente fue también un empresario vinculado con el Fobaproa, Enrique Coliart. Él fue el que pagó ese cheque de mil 100 millones de pesos. A partir de esa situación se ha venido dando una ola de desalojos en el país y una situación muy crítica que ha dejado a mucha gente sin su vivienda, violando el artículo 123 de la Constitución política mexicana.

Pero hay algo que tenemos también que señalar. Que esta venta de la cartera vencida se hizo al 20 por ciento de su valor; es decir, a las empresas trasnacionales se les vendieron las casas en aproximadamente 20 mil pesos, cuando que los trabajadores contrataron su crédito de 150 mil pesos en promedio y ya habían realizado pagos. No se consideró ninguno de estos pagos.

¿Y saben a cuánto pretenden estas dos empresas trasnacionales venderles su vivienda de nueva cuenta a los trabajadores? En 700 mil pesos. Ellos las compraron en 20 mil pesos y las están tratando de vender en 700 mil pesos; o planteando cómodas mensualidades y una oferta de la mitad del precio a 350 mil pesos, sin considerar las quitas que se hayan realizado en mensualidades de 35 mil pesos. ¿Quién puede pagar este tipo de mensualidades?

Evidentemente el resultado de esta política es que haya en este país muchas viviendas abandonadas. Resultado de esa política equivocada, también en la Comisión de Vivienda se ha creado una subcomisión para atender los problemas relacionados con las viviendas abandonadas que, por cierto, se encuentran vandalizadas y que generan graves problemas en los distintos lugares donde se han venido construyendo.

Por esa razón, el hecho de que el día de hoy por fin se apruebe esta propuesta de modificación del artículo 41 de la Ley del Infonavit realmente es para mí un acontecimiento, porque significa que efectivamente se está considerando que esta venta fue ilegal y que afectó a muchas de las familias trabajadoras en este país.

Estamos hablando de un universo de 500 mil personas, por lo que representa cada una de las cabezas de familia. Por eso, hoy me congratulo que efectivamente esta propuesta pase en el pleno de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias por su aportación, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, señor presidente. Antes que nada y de fijar la posición del Partido Verde, creo que es necesario hacer un reconocimiento a nuestro ex compañero, al diputado federal con licencia Rubén Ignacio Moreira, que fue el que presentó esta iniciativa, que la cabildeó y que nos convenció a todos.

El derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución general, cuyo disfrute debe ser garantizado por el Estado a través del establecimiento de condiciones que promuevan el acceso a la misma.

Ese mismo derecho es el que nos permite venir el día de hoy a esta tribuna a hablar en pro de este dictamen, cuyo fin es el de garantizar que al Infonavit, organismo de servicio social, creado con el fin de financiar a los trabajadores con créditos baratos para la adquisición de habitaciones de vivienda, se le prohíba la privatización de la cartera vencida, lo que redunda en el enriquecimiento de unas cuantas empresas y la inevitable pérdida del patrimonio familiar que sufren los trabajadores.

Es mucha la angustia que han sufrido los trabajadores. Algunos de ellos han sido amenazados por las empresas que adquirieron en su momento esta deuda. No sólo fueron amenazados con perder su casa, también dichos acreedores plantearon en su momento ir contra otros de sus pocos bienes para poder cobrar esta deuda.

Las empresas que adquirieron la cartera vencida obligan a los trabajadores, a través de actos de molestia y perturbación, a someterse a nuevas condiciones de crédito, todas ellas desfavorables.

También los someten a enfrentar la pérdida de su casa, junto a las inversiones que han ido realizando y al patrimonio que han ido juntando durante toda su vida. Por lo que es importante mencionar que ninguna de las cláusulas de los contratos que suscriben los trabajadores con el Infonavit se precisaba sobre esa posibilidad, de que el Instituto pudiera transferir o ceder a terceros el cobro de dichos créditos, por lo cual estaban engañando a los trabajadores.

Lo anterior, porque esa opción escapa a la naturaleza jurídica del Instituto y no se prevé en la ley del citado organismos por ser éste una institución eminentemente social. Aunado a lo anterior, es un principio elemental de derecho que la autoridad sólo puede hacer para lo que está facultada. Es un principio de legalidad.

Con esta modificación sólo precisamos que el citado Instituto no podrá vender o ceder a terceros la cartera vencida del organismo. Hacerlo vulneraría el objeto del propio Instituto y más aún, el contenido esencial del derecho fundamental de acceso a una vivienda digna.

Con esta reforma se responde al reclamo que hoy hacen miles de mexicanos en materia de vivienda, reclamos que hoy son atendidos por este Congreso.

A partir de ahora el Infonavit tendrá que buscar nuevos mecanismos de solución al problema de la morosidad; todo esto sin que ello signifique el atropello a los derechos y a las garantías de nuestros trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto y considerando que en términos generales el dictamen en que se pretenden precisar los límites de estas acciones hacia el Instituto son favorables para todos los mexicanos, este partido, el Partido Verde Ecologista de México, manifiesta su aceptación y nuevamente reconoce a nuestro compañero Rubén Moreira. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Celebro que todos ustedes nos den su voto para aprobar esta iniciativa; esta iniciativa corrige un poquito las grandes injusticias que se han cometido con los deudores en este país.

El asunto de la cesión de derechos de la cartera a estas compañías administradoras de cartera no es nuevo. Rescatamos a los bancos, pero nunca rescatamos a los deudores. Rescatamos a los ahorradores que tenían más recursos, pero a cambio hicimos que muchos mexicanos pagaran con su sangre sus deudas.

Eso no es nuevo, ésta es una práctica perversa que se ha venido transmitiendo a instituciones, rompiendo las políticas públicas. Es una obligación del Estado el derecho y el acceso de los gobernados a la vivienda y se ha comercializado esta obligación.

Rescatamos a las Sofoles, pero no rescatamos a los deudores y lejos de eso entregamos la cartera a esas administradoras que venden y que recuperan tres o cuatro, cinco veces más lo que estos señores debían.

Pero cómo no puede ser, cómo no pululan estas políticas si Ernesto Cordero –les vuelvo a decir– piensa que con 6 mil pesos al mes una familia puede pagar su casa, su carro y la escuela de sus hijos.

Éste es el verdadero problema y de lo que debemos asegurarnos es de cerrar las puertas en la ley, pero de cerrar las puertas a estos incentivos perversos que secretarios que se dicen ser de Estado defienden.

Y vuelvo a citarlo porque es verdaderamente lamentable, es un insulto a los ciudadanos de este país y es un insulto a este Congreso que, a pesar de que hagamos leyes acá, los funcionarios las burlen.

Y tenemos mil ejemplos y por más que aprobemos leyes, hasta que no demos un escarmiento a estos funcionarios van a dejar de decir sandeces, y así lo digo, son sandeces. Porque ayer Ernesto Cordero involucró a la vivienda, involucró a la alimentación, involucró al bienestar de la gente.

Yo realmente le pediría a este Congreso, además de que apruebe esta iniciativa, que exhorte a Ernesto Cordero a que en un mes, un mes, viva con 6 mil pesos. A ver si es cierto. A ver si es cierto que se puede y si puede pagar sus créditos.

No hay un crédito, por más interés social que tenga, cuyo pago sea inferior a los 900 pesos mensuales, y este señor tiene la capacidad de decir estas sandeces en público y para rectificar dice que estamos mal, que es que los mexicanos somos muy exigentes. Esto es verdaderamente absurdo, es un insulto a la sociedad, es un insulto a la gente y es un insulto al Congreso.

Y éstos, que les gusta mucho debatir, deberían debatir esto porque no tiene perdón el que el secretario que se dice de Hacienda y Crédito Público tenga esto en la cabeza.

De qué sirve que hoy cerremos la puerta a la venta de cartera en el Infonavit si lo van a seguir haciendo con las tarjetas de crédito, si lo siguen haciendo en Fovissste, si lo siguen haciendo en otras instituciones.

Ah, pero eso sí, hay que rescatar a las Sofoles. Y lo cita la cuenta pública. Estos desfalcos a las arcas públicas, en donde se privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado.

Informo a esta asamblea que se encuentra de visita en este recinto un grupo de distinguidos ciudadanos provenientes de San Juan del Río, invitados por la diputada Sandra Ugalde Basaldúa. Sean ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Juan Pablo Escobar Martínez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladores y compañeros legisladores, a nombre de la bancada del Partido Acción Nacional vengo a compartir con ustedes el posicionamiento de nuestro partido respecto del dictamen sobre la Ley del Infonavit.

Quiero hacer mención, antes de compartir con ustedes estas ideas, que es fruto del trabajo de varios meses. Es fruto del consenso entre las diferentes fuerzas políticas el resultado que tenemos hoy como proyecto de dictamen y que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Vivienda.

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa es fundamental para todos los ciudadanos. Es un elemento esencial en la determinación de la calidad de vida de las personas ya que, además de brindar abrigo y protección, el tener una vivienda es una premisa que muchos otros derechos vinculan a la misma, como la educación, la salud y el empleo. Y para que puedan realizarse estos otros factores y llevarse a cabo, implica el tener el acceso a una vivienda digna, a servicios considerados como esenciales para alcanzar un techo mínimo de bienestar tales como el agua, energía eléctrica y drenaje, entre otros.

Es justo reconocer que en estos últimos años el gobierno mexicano ha dado énfasis a las políticas de vivienda, particularmente para los más pobres del país. Así, en los últimos 10 años, de todas las casas que se han venido construyendo o comprando, 1 de cada 4 ha recibido un financiamiento.

El número de viviendas fincadas en esta década es mayor que el número de casas o departamentos existentes en todo el Distrito Federal y en todo el estado de México. Actualmente los créditos se entregan con reglas claras y equitativas para todos.

Además, hoy las familias pueden escoger su propia casa y no tienen que vivir en donde un burócrata decida, como sucedía anteriormente, particularmente en el caso de Infonavit. Hoy la familia escoge en donde vivir y tiene derecho a un crédito.

Lo anterior da muestra del pleno reconocimiento a la vivienda como un derecho esencial que se encuentra establecido desde la Constitución de 1917 como una prerrogativa de los trabajadores en el artículo 123, y posteriormente con la reforma al artículo 4o. se consagró que todas las familias mexicanas tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, siendo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores la institución clave para materializarlo, ya que su obligación principal radica en proveer de mejores condiciones de vida y bienestar a los trabajadores al otorgar créditos hipotecarios oportunos y baratos que permitan satisfacer sus necesidades de vivienda y construir un patrimonio familiar digno.

No obstante, desde el 2005, contraviniendo su vocación social, el Consejo de Administración del Infonavit adoptó como estrategia para depurar la cartera vencida del Instituto la venta de créditos vencidos, poniendo en peligro el patrimonio de miles de familias mexicanas que han construido con gran esfuerzo su propio patrimonio.

Por lo que consideramos que es necesario el reformar la ley vigente del Instituto para no permitir que se continúe con esa práctica que beneficia únicamente a unas cuantas empresas fortaleciendo el carácter social del Infonavit, y de esta manera seguir apoyando a los trabajadores más necesitados de nuestro país.

Por lo anterior, los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor del dictamen a discusión, por el que se modifican los artículos 3o. y 41 de la Ley del Infonavit, en el ánimo de coadyuvar de manera importante con el gobierno federal y con todas las fuerzas políticas para seguir aportando soluciones habitacionales a aquellas familias de menores ingresos, que naturalmente son las que más sufren por la falta de un patrimonio propio. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene el uso de la palabra el diputado José Óscar Aguilar González, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Óscar Aguilar González:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, esta propuesta que presenta el diputado Moreira, que ha sido compartido este sentir de los líderes obreros: de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y líderes sociales que están preocupados siempre por el bienestar de la sociedad.

Quiero decirles que de este número tan elevado de 52 mil 346 créditos que se vendieron y que fue solamente al 10 por ciento del costo que tenían los créditos, generó una gran inconformidad por el quebranto que representa para el patrimonio de los trabajadores, ya que el Infonavit opera con el 5 por ciento de las cuotas obrero-patronales y que con eso ha venido generando el mayor número de empleos y de viviendas para el país, y que hoy con gran preocupación nuestros compañeros están pidiendo que se le ponga un alto a esta venta de la cartera vencida, de la cartera vigente y también de la cartera en mora.

Pero mi propuesta es a favor del proyecto de decreto que está proponiendo que ya no más a la venta de esta cartera, porque estaríamos regalando el patrimonio de los trabajadores y en muchos de los casos las empresas que lo adquirieron, si siguiera esta práctica, estarían siendo beneficiarios del subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que hoy día son 60 mil 11 pesos. Al no poder pagar una familia la amortización de su crédito, representaría estarle trasladando en el momento que le recuperen la cartera para un despacho ese subsidio y se estaría perdiendo.

Por eso la gran preocupación, por eso este interés que tenemos todos los que con un gran compromiso social vemos que se siga dando vivienda para los trabajadores, que se siga dando vivienda, que tenemos hoy un déficit de 9 millones y medio de familias que no tienen una vivienda digna en este país. Ahí es a donde debería apostar el presidente de la República, Felipe Calderón, quien hemos visto que a través de los medios masivos de comunicación dice que se está haciendo la mayor inversión de vivienda para el país.

Yo quisiera preguntarle ¿dónde está? Porque del año pasado y este año, tan solo para Fonhapo fueron aproximadamente mil 800 millones en subsidios y la Conavi, alrededor de 5 mil millones el año pasado, y en la propuesta que envía el Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2011, le resta 800 millones de pesos.

Entonces, hay más gastos en publicidad de la promoción de la imagen del presidente para decir que es cuando más inversión se ha dado en la vivienda, y hoy lo que queremos es que de verdad haya más presupuesto para vivienda y no que se les esté quitando el patrimonio a las familias de menos ingresos.

Quiero decirles que de verdad con esta gran responsabilidad que tenemos hoy como representantes populares, apoyemos esta propuesta y que posteriormente hagamos una revisión para que sea más amplia, para que tenga la posibilidad de impedir en cualquier recoveco que quedara en la ley, la acción de poder vender nuevamente a empresas que son las únicas que se van a beneficiar con la venta de esta cartera.

El patrimonio de los trabajadores se ha visto quebrantado porque no se le ha repuesto ese dinero, ese 90 por ciento. Ojalá y después se pueda recuperar a través de un programa de rescate completo de la cartera que se ha vendido y que se malbarató, completamente, porque hay operaciones de viviendas que costaban 500 mil pesos, la deuda era de 100 mil y solamente pagaron 10 mil pesos por la recuperación de una cartera.

¿Dónde está la diferencia de ése dinero? ¿Cuál es el beneficio que han obtenido de los trabajadores que están cotizando permanentemente? Ninguno. Al contrario, cuando va en detrimento del patrimonio de los trabajadores, debemos todos solidarizarnos y ponerle un alto para que no se siga quebrantando más su economía.

Lo que buscamos es que haya una vivienda digna. La mayor inversión que hay en la vida del 90 por ciento de los mexicanos es, precisamente, en la adquisición de una vivienda. Es el patrimonio más importante en la vida de una familia mexicana. Por eso nuestro compromiso será siempre de apoyar a las clases más desprotegidas y de buscar que lleguen los recursos con mayor abundancia para quienes hoy se encuentran en desamparo y que no tienen la posibilidad de una vivienda. Muchas gracias.

El diputado Leobardo Soto Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Leobardo Soto.

El diputado Leobardo Soto Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Leobardo Soto Martínez(desde la curul): Nada más para, como secretario de ambas Comisiones, la de Trabajo y la de Vivienda, felicitar a todos los miembros de las mismas, debido a que esto fue un compromiso de campaña de muchos legisladores que estamos aquí, y hoy verlo cristalizado de verdad nos da mucho gusto, porque vamos a beneficiar a millones de trabajadores.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión, por la diputada Laura Itzel, el artículo 41 del proyecto de decreto en tema.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

Vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico, señores diputados. Si algún diputado o alguna diputada falta por emitir su voto. Está abierto el sistema electrónico, señor diputado.

Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 397 votos a favor, por unanimidad.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por unanimidad de votos, con un total de 397 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra la diputada Laura Itzel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su propuesta al artículo 41, hasta por 5 minutos.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Gracias, diputado presidente. Estamos planteando adicionar un enunciado al párrafo IV de este artículo 41 de la Ley del Infonavit.

¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo? Que no puede ser que a pesar de que ha habido puntos de acuerdo reiterados y que ha habido una lucha muy importante en este país para la defensa de la vivienda y de los acreditados del Infonavit, para que no se ceda esta cartera a título oneroso, les hacen firmar a los acreditados lo que tiene que ver con un contrato que traigo en la mano, donde se señala que se autoriza por parte de los acreditados a que cedan su crédito.

Pero, no sólo eso, también, se señala en este contrato que se establece con el Infonavit que pueden comercializar sus datos personales para entregárselos a las diferentes empresas y despachos jurídicos.

Eso es lo que hacen con los trabajadores en este país, a pesar que desde la pasada legislatura se aprobó un punto de acuerdo para que no se vendiera la cartera vencida y de que ha habido mesas de trabajo con esta institución, para que no se siga vendiendo esta cartera a terceros.

¿Cuál es la razón de que se esté forzando a la gente para firmar esto? Para que tengan un documento que les dé la legalidad, en la que sabemos que han incurrido en violación y que por esa razón, lo que están considerando aquí, a través de estos contratos que se establecen con el Infonavit, es que los trabajadores estén otorgando este derecho, esta violación...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Me permite usted, diputada? Diputada, perdón por interrumpirle, el diputado Cárdenas desea hacer una pregunta, ¿usted la acepta?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Con mucho gusto.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Creo que lo que está señalando la diputada Laura Itzel Castillo es de gran importancia, porque se están comercializando presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, los datos de los trabajadores que tienen créditos con el Infonavit y eso implica una violación a la Constitución.

Lo que le quiero preguntar a la diputada Laura Itzel Castillo es que nos ilustre la diputada sobre la violación al artículo 16 de la Constitución, diputada, que prohíbe el uso de los datos personales como garantía individual.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Adelante, diputada.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Efectivamente, aquí, el diputado Jaime Cárdenas nos está ilustrando con relación a estas garantías constitucionales que tenemos los mexicanos y las mexicanas, garantías individuales que son pisoteadas una y otra vez, y en el artículo 16 de nuestra Carta Magna dice que nadie puede ser molestado en su persona; familia; domicilio; papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Continúo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Por tal motivo, el planteamiento que nosotros estamos haciendo aquí es que se adicione un enunciado que diga: tampoco podrá proporcionar los datos ni la información de los derechohabientes acreditados a instituciones, empresas, entidades financieras o despachos jurídicos.

Éste sería el agregado que nosotros estamos planteando, fundamentándonos en este artículo 16 de la Constitución política mexicana, y en congruencia con lo que hemos propuesto de la modificación del artículo 41 de la Ley del Infonavit, y desde luego de la Ley Federal de Transparencia y Protección de Datos Personales, y quisiera simplemente leerles este párrafo, que me parece indignante, que el Infonavit está haciendo que los trabajadores firmen, y una de las cosas que además tenemos que tomar consideración es que es muy difícil que un trabajador cuente con todos los elementos para saber qué es lo que está firmando específicamente, y lo que están firmando es lo siguiente.

Autorizo expresamente al Infonavit y a la entidad financiera a la que en su caso el Infonavit ceda los derechos del crédito que le otorgue, a proporcionar mis datos e información a instituciones o empresas o entidades financieras para su divulgación, reproducción, explotación, incluyendo la comercialización de productos o servicios, y en su caso, a cualquier otro organismo o proveedor de servicios que tenga relación con la presente operación.

Esto de ninguna manera lo debemos permitir. En un acto de congruencia, lo que propongo es que adicionemos este enunciado al párrafo que se ha propuesto, que señale que tampoco se podrán proporcionar los datos ni la información de los derechohabientes acreditados a instituciones, empresas, entidades financieras ni despachos jurídicos. Esto está directamente relacionado con las garantías constitucionales, con nuestros derechos humanos como mexicanos y como mexicanas, y con el compromiso que tenemos en este país con los acreditados del Infonavit, con las familias más pobres de trabajadores desamparados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputada. No habiendo oradores registrados para la discusión del artículo 41 que se había reservado, consulte la Secretaría a la asamblea si éste se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Suficientemente discutido. Proceda la Secretaría a dar lectura a la modificación presentada.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Artículo 41, párrafo cuarto.

“En ningún caso podrá el Instituto ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares los créditos otorgados de conformidad con esta ley, que de acuerdo con los con los criterios y disposiciones emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se consideren vencidos. Tampoco podrá proporcionar los datos ni la información de los derechohabientes acreditados a instituciones, empresas o entidades financieras ni despachos jurídicos”. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 41, presentada por la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación planteada por la diputada Laura Itzel. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se desecha, y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 10 minutos, para proceder a la votación.

(Votación)

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, estamos a favor de la reserva de la diputada Laura Itzel.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se está votando el artículo 41, el que se había reservado en términos del dictamen. A ver, votar a favor es votar en términos del dictamen. Votar en contra simplemente es no aceptar la propuesta. A ver, votar en contra es votar en contra de cómo está el dictamen. La propuesta de la diputada Laura Itzel ya fue desechada. Ésa ya no se vota en este momento. Ya fue votada en su momento. Fue votada en su momento y por supuesto que no fue aceptada y así se enunció.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señores diputados, vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico, quienes falten de emitir su voto está abierto todavía. Adelante, diputados.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, tenemos 333 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobados los artículos en términos del dictamen por 333 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Damos la más cordial bienvenida a alumnos y profesores de la prepa Tec, campus Eugenio Garza Sada, en Monterrey, Nuevo León. Sean ustedes bienvenidos. Ellos son invitados de la diputada Silvia Isabel Monge Villalobos. Ojalá y su estancia con nosotros sea lo más grata posible.

JUNTA DE COORDINACION POLITICA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se acaban de recibir dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que solicitan el retiro del acuerdo de los órganos de gobierno y la segunda proposición de urgente resolución.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente, sea retirado del orden del día de esta fecha, el siguiente acuerdo:

“Por el que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, determinar que, dada la imposibilidad jurídica y material, se realizará el cumplimiento al laudo dictado en el expediente número 2833/03, en lo relativo a la reinstalación de los ciudadanos Luciano Lorenzo Hernández Alcántara, Yolanda Cid González y José Francisco Rodríguez Cárdenas, ex trabajadores del Canal del Congreso, en términos de la fracción IX del apartado b) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 65 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente, se posponga para una sesión posterior, el siguiente tema:

“Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, relativo a las negociaciones de la alianza ara la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a cargo de la deputada  María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.”

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

TARIFAS ELECTRICAS

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que modifique, ajuste y reestructure las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana, hasta por 5 minutos.

El diputado Óscar Román Rosas González:Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha 8 de abril del 2002, de acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, diversos sectores de la sociedad de distintas entidades federativas se manifestaron públicamente en contra de tal disposición, argumentando que ésta afecta directamente a la economía de millones de familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, así como aquellas que habitan en regiones en que las condiciones climatológicas obligan a utilizar en mayor medida sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar los efectos de la temperatura ambiental, lo que implica necesariamente un mayor consumo de energía eléctrica.

Actualmente la Comisión Federal de Electricidad cuenta con dos clasificaciones de tarifas específicas y generales, las cuales se subdividen en 43 tipos diferentes.

La gran mayoría de los centros escolares del país se encuentran ubicados en la tarifa 2 y 3. La primera tiene un cargo fijo de 47.82 pesos al mes y un costo de 1.942 pesos por cada uno de los primeros kilowatt-hora; 2.346 pesos por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora y 2.580 pesos por cada kilowatt/hora adicional a los anteriores. La segunda tiene un cargo por demanda de 217.01 pesos mensuales y un costo de 1.442 pesos por cada kilowatt/hora.

Si comparamos este tipo de tarifas que pagan las escuelas públicas respecto de las tarifas de altos consumidores como la industria y el comercio, así como también la zona industrializada, tenemos que las tarifas para uso industrial de alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en los centros escolares. Lo anterior confirma que la tarifa que pagan las escuelas públicas en muchas ocasiones es superior a la que pagan algunas industrias.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados que tuvieron la temperatura ambiental más alta el año pasado fueron: Sonora, con 29 grados; Coahuila, con 36 grados; Campeche y Tamaulipas, con 35.5 grados; Nayarit y Nuevo León, con 35.4 grados; Chihuahua, con 34.7 grados; Sinaloa, con 31 grados; Guerrero, con 31.2 grados; Yucatán, 31.8; Tabasco, con 31; Quintana Roo, con 31; Chiapas, con 30 y Veracruz, con 31. El resto de las entidades promediaron entre 25 y 30 grados centígrados.

En algunos estados del sureste mexicano, por ejemplo en Campeche, la ola de calor, la humedad y el clima cálido de la región provocan un ambiente denso y sofocante al interior de las aulas, no propiciando que el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje sea el más adecuado para todos los estudiantes. Este fenómeno afecta a 260 mil alumnos, en más de dos mil centros escolares en la entidad, quienes tienen que soportar temperaturas de más de 35 grados en épocas de verano; sin embargo, a nivel nacional, estas temperaturas son ampliamente superadas en estados de la región norte, particularmente con clima árido.

Lo anterior no sólo provoca que las escuelas tengan que destinar más recursos para el equipamiento de las aulas con sistemas de ventilación, sino que este tipo de equipamiento eleva exponencialmente el consumo de energía eléctrica y por ende la operación de los centros escolares se vuelva más costosa.

En términos llanos, un equipo de aire acondicionado para un aula implica un pago mensual de 600 y 900 pesos, el cual deberá ser multiplicado por el número de aulas o equipos que generan costos adicionales, mismos que pudieron ser utilizados para el equipamiento de las propias escuelas.

Es de suma importancia que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, instituciones encargadas de modificar, ajustar y restaurar las tarifas servicio público de energía eléctrica, analicen y estimen la pertinencia de establecer una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con altas temperaturas ambientales.

Por lo anterior expuesto y fundamentado, me permito proponer al pleno el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, ajustar y reestructurar la tarifa del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana para crear una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con temperaturas ambientales superiores a 30 grados centígrados.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a realizar los estudios pertinentes para proponer la nueva tarifa en los centros escolares públicos de todo el país. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas de electricidad en la república para crear una aplicable a centros escolares públicos en las regiones con temperaturas ambientales superiores a 30 grados Celsius, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 8 de abril del 2002, del acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, diversos sectores de la sociedad de distintas entidades federativas se manifestaron públicamente en contra de tal disposición, argumentando que ésta afecta directamente la economía de millones de familias mexicanas, particularmente a las de menores ingresos, así como aquellas que habitan en regiones en que las condiciones climatológicas obligan a utilizar, en mayor medida, sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar los efectos de la temperatura ambiental, lo que implica necesariamente un mayor consumo de energía eléctrica.

En los años subsecuentes, la política de precios y tarifas del servicio público de energía eléctrica del Gobierno Federal, se ha orientado a promover el saneamiento financiero del sector; a focalizar los subsidios en la población de menores ingresos, privilegiando a los altos consumidores de energía; y a fomentar un uso racional de los bienes y servicios que ofrece el sector público, en lugar de impulsar el desarrollo nacional a través política tarifaria de energía eléctrica, más equitativa para los diferentes sectores de consumidores.

Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad, cuenta con dos clasificaciones de tarifas: específicas y generales, las cuales se subdividen en 43 tipos diferentes.

Dentro de las tarifas específicas se encuentran tarifas para servicio doméstico, domestico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal, mientras que dentro de las tarifas generales están las tarifas para baja, media y alta tensión, y de servicio de respaldo e interrumpible.

La gran mayoría de los centros escolares del país, se encuentran ubicadas en la tarifa 2 y 3. La primera, tiene un cargo fijo de 47.82 pesos al mes y un costo de 1.942 pesos por cada uno de los primeros 50 kilowatts-hora; 2.346 pesos por cada uno de los siguientes 50 kilowatts-hora; 2.580 pesos por cada kilowatt-hora adicional a los anteriores.

La segunda, tiene un cargo por demanda de 217.01 pesos mensuales y un costo de 1.442 pesos por cada kilowatt-hora.

Si comparamos este tipo de tarifas, las que pagan las escuelas públicas, respecto a las tarifas que pagan altos consumidores como la industria o el comercio, tenemos que las tarifas para uso industrial en alta tensión son más bajas que las que pudieran pagarse en centros escolares. Así, la tarifa H-T aplicable para la zona central del país, tiene un cargo por Demanda Facturable de 96.13 pesos por cada kilowatt al mes y el cobro aplica en tres tipos de consumo: Energía Punta 2.0186 pesos por cada kilowatt-hora; Energía Intermedia 0.8667 pesos por cada kilowatt-hora; y energía base 0.7807 pesos por cada kilowatt-hora. Lo anterior confirma, que la tarifa que pagan las escuelas públicas, en muchas ocasiones es superior a la que pagan algunas industrias.

Adicionalmente, al impacto que tienen los altos costos de la energía eléctrica en los centros escolares, estos tienen que sortear las altas temperaturas que se presentan en la temporada de calor, que regularmente comienza en marzo y se decanta en el mes de septiembre.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los estados que tuvieron la temperatura-ambiente más alta el año pasado fueron: Sonora con 39 grados, Coahuila con 36 grados, Campeche, Tabasco y Tamaulipas con 35.5 grados, Nayarit con 35.5 grados, Nuevo León con. 35.4 grados, y Chihuahua con 34.7 grados. El resto de las entidades promedian entre 25 y 33 grados centígrados.

En algunos estados del sureste mexicano; por ejemplo en Campeche, la ola de calor, la humedad y el clima cálido de la región, provocan un ambiente denso y sofocante al interior de las aulas, no propicio para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Este fenómeno afecta a 260 mil alumnos en más de 2 mil centros escolares en la entidad, quienes tienen que soportar temperaturas de más de 35 grados en época de verano. Sin embargo, a nivel nacional estas temperaturas son ampliamente superadas en estados de la región norte, particularmente con clima árido.

De esta manera, los diversos centros escolares, desde nivel básico hasta superior, tienen la imperiosa necesidad de implementar sistemas de ventilación y aire acondicionado para mitigar los efectos de las altas temperaturas ambientales, y con ello un aumento del consumo de energía eléctrica.

Lo anterior, no sólo provoca que las escuelas tengan que destinar más recursos para el equipamiento de aulas con sistema de ventilación, si no que éste tipo de equipamiento eleva exponencialmente el consumo de energía eléctrica, y por ende la operación de los centros escolares se vuelve más costosa.

En términos llanos, un equipo de aire acondicionado para un aula implica un pago mensual de entre 600 y 900 pesos; el cual deberá ser multiplicado por el número de aulas o equipos, generando costos adicionales, mismos que pudieran ser utilizados para el equipamiento de las propias escuelas.

Es de suma importancia, que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía; instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, analicen y estimen la pertinencia de crear una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con altas temperaturas ambientales.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la república mexicana, para crear una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con temperaturas mínimas de 30 grados centígrados en época de verano.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, realizar los estudios pertinentes para proponer la nueva tarifa en los centros escolares públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2011.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría, en votación económica, si la asamblea lo considera de urgente resolución. Adelante, señor secretario.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera de urgente resolución. Por tanto, está a discusión el punto de acuerdo. El diputado Pérez de Alva Blanco.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco:Gracias, señor presidente. Por supuesto que compartimos a plenitud el espíritu del punto de acuerdo, en el fondo que establece nuestro amigo Óscar; pero el grupo Nueva Alianza quisiera establecer, si fuera de su aceptación, que las escuelas públicas deben quedar exceptuadas del pago de energía eléctrica totalmente. Nomás faltaba que mañana o pasado quisieran los municipios cobrarles el predial a las escuelas públicas.

Entendamos que es una institución pública, que es una institución de educación para los menos protegidos en el ámbito de la economía nacional. Yo quiero entender, y si tengo alguna equivocación esperaría que se me corrija, que el pago de la energía eléctrica en las entidades federativas lo llevan a cabo los estados, en cada una de las 32 entidades federativas.

Si el ponente lo aceptara quisiéramos agregar al punto de acuerdo que el ahorro que pudiera derivarse, de ser aceptada la propuesta, en los erarios de las haciendas públicas de las entidades federativas, sea única y exclusivamente reorientado para el equipamiento, para el mejoramiento de las escuelas públicas de las entidades federativas, trátese de escuelas federales, descentralizadas o de las propias escuelas de los diferentes sistemas de educación de carácter estatal.

Me parece que el punto de vista es excelente, insisto. Las escuelas, las instituciones de educación pública, en la visión que tiene Nueva Alianza, deben quedar exentas, por supuesto, del pago de energía eléctrica, del pago de agua potable, del pago del predial o de cualquier otro gravamen de esa naturaleza. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Para hablar en contra, el diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Compañeros, yo vengo a hablar en contra de este punto de acuerdo por tres razones.

La primera, porque ustedes bien saben que los puntos de acuerdo no arreglan nada, y les encanta discutir mucho tiempo sobre lo que es una llamada a misa.

En segundo lugar, el problema de las tarifas eléctricas no se va a arreglar con un punto de acuerdo, compañeros, si es el fracaso de la política energética de este país es la sobrecapacidad instalada, es la producción de electricidad por agentes privados; es decir, es el colapso de la política energética y los consumidores están pagando las consecuencias. ¿ustedes creen que van a arreglar eso, con un puntito de acuerdo, me parece una burla a la gente?

Pero, en tercer lugar además, el diputado que me precedió hablaba de equipar escuelas, hablaba de destinar excedentes y ahorros. Señores, acabamos de regalar 13 mil millones de pesos al 10 por ciento de los alumnos en este país y a un menor porcentaje de escuelas privadas, y aquí vienen a hablar de ahorrar para equipar escuelas públicas; por favor, se me hace demagógico.

Si le metieron 13 mil millones de pesos al presupuesto de gastos fiscales, que anda como en medio billón, pues que le metan otros 10 mil millones para equipar todas las escuelas del país, y no hablemos de ahorros pichicatos o de pedirles que les bajen las tarifas de energía eléctrica; si tanto nos importara la educación pública y no viniéramos aquí a darnos baños de santos hablando de que hay que construir una tarifa especial.

Estamos pagando las consecuencias de los errores en la política energética y no queremos, no queremos recapacitar. Ya lo verán, a la mejor mañana o pasado se está votando aquí alguna iniciativa que fomenta todavía más la participación privada en la generación de energía eléctrica y esto nos está alcanzando y ésta es una pequeñísima parte de las consecuencias de que todos los consumidores en este país están pagando este grave error en materia de política energética, y ustedes lo quieren solucionar con un punto de acuerdo. Por eso estoy en contra.

Agarremos, legislemos y establezcamos nosotros los precios de los servicios públicos, como alguna vez la facultad de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, diputado. Muchas gracias. Tiene la palabra en pro, el diputado Alberto Cinta Martínez.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Con su venia, presidente. Bueno pues, me toca subir a esta tribuna a defender este punto de acuerdo a nombre del Partido Verde Ecologista por la importancia que el partido le da, y este pleno ya lo demostró esta mañana, que le da a la educación en este país.

Como muy bien se presenta en la exposición de motivos, pues es muy sencilla. Hay, por lo menos, tres entidades del país que registran temperaturas superiores a los 30 grados, según estudios de la OCDE.

Es imposible que los jóvenes y los niños puedan concentrarse y aprender en esas condiciones. Los costos de la energía eléctrica en muchas entidades se elevan a 600, 900 pesos al mes, lo que francamente –es por aula– lo que francamente es un gasto muy oneroso para las escuelas públicas de este país y, bueno, se puede solucionar. Ésa es la vía que se está planteando y el Partido Verde está favor con este exhorto para que se revisen las tarifas eléctricas, que sobra decirlo, en algunos casos, incluso, hay industrias que tienen tarifas eléctricas más baratas que las tarifas eléctricas que pagan las escuelas públicas del país.

Eso es inaceptable. Ésa es la razón de este punto de acuerdo. Nosotros estamos a favor de este exhorto, que las autoridades revisen las tarifas de manera tal que se pueda estudiar sin que sean estos costos tan onerosos para ellas.

Creemos que si se logra este exhorto, hay un sistema de tarifas diferenciadas que ya existen para diferentes sectores poblacionales, para diferentes sectores industriales. Yo creo que ha sido un descuido que no se incorpore en este sistema a la educación pública como un consumidor específico, aparte, que merece tarifas especiales.

El sistema ya existe, por eso creemos que en este caso el exhorto puede dar frutos, ya existe un sistema donde se diferencian las tarifas y creemos que puede ser muy positivo, obviamente, y por eso apoyamos esta iniciativa, que estamos seguros es en favor de la educación y de los jóvenes de México a los que hoy ya apoyamos previamente. Esperamos que este pleno tenga –como todos tenemos, estoy seguro– un compromiso con la juventud, con la educación, que es el futuro de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tengo registrado como siguiente orador al diputado Tomás Gutiérrez Ramírez. Acto seguido a don José Alberto González Morales.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A sus órdenes, diputada. Sonido en la curul de la diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, que yo le solicité el uso de la palabra desde que empezó la discusión del punto, cuando estaba exponiendo la propuesta el primer orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Solamente que tenían registrado por el Grupo Parlamentario al diputado Mario di Costanzo, y en términos del artículo 113 el desahogo de los puntos de acuerdo es uno por cada grupo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México el sistema de precios energéticos es demasiado amplio, hasta cierto punto complejo.

Nuestro sector eléctrico cuenta con 4 grupos de tarifas y dentro de cada uno de ellos se distinguen varios tipos de servicios. Dentro de cada tipo de servicios existen 2 o más aplicaciones para un total de 33, complejo el tema.

Nos podríamos preguntar el porqué del esquema tarifario que existe tan amplio aquí en México. Y la respuesta sería: el porqué de las clasificaciones son por zona, por región, por horario, por horario de consumo que se clasifica de esta forma.

También se dice que es de punta, intermedio y base, agregando también en Baja California un cuarto identificador como semipunta. Éstos, a su vez, son diferentes y varían dependiendo del día de la semana y de la temporada del año; es decir, dependiendo de las temperaturas ambientales.

Aquí se toca el punto donde diferimos y tratamos de meter algunas propuestas, como lo es hoy. En este sentido el diseño y estructuración de las tarifas eléctricas parten del principio de optimización y eficiencia para garantizar el bienestar de la población y el desarrollo de las actividades productivas del país.

Asimismo, es importante mencionar que las políticas instrumentadas por el gobierno federal en materia de tarifas eléctricas ayudan a mantener un equilibrio en las tarifas accesibles y para la población y sus finanzas sanas en la Comisión Federal de Electricidad.

Y solamente para agregar algunos temas, hay un tema que se dio en 2008 o 2009, en donde se dijo que 50 por ciento de los cargos de energía de punta en todas las tarifas horarias de media y alta tensión se disminuyera, 5 por ciento también en las tarifas ordinarias de media tensión y 15 por ciento en las tarifas comerciales.

No obstante esto, compañeros diputados, entendemos que es necesario, al igual que también el programa que se lleva a cabo, Para Vivir Mejor, de los electrodomésticos y así como el aire acondicionado también puesto a consideración, donde el gobierno federal aplica una inversión de más de 3 millones de pesos. Creo que esto tampoco ha sido, como bien lo dicen, suficiente.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera que es una responsabilidad constante y necesaria el que se modernicen estos servicios públicos, que se incorporen nuevas tecnologías y se preste el servicio de manera eficiente a precios justos.

Estamos de acuerdo en que el tema educativo es esencial y que por supuesto los alumnos deben tener su confort dentro del aula. ¿Esto qué implica? Que el coeficiente intelectual sea mayor, que tengamos alumnos más preparados y que podamos salir adelante como país. El Grupo Parlamentario dice que sí, pero también agrega un tema donde el punto de acuerdo dice que no es necesario, que no hace falta.

Ya se ha legislado en la Comisión de Energía en este tema...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, señor diputado.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez:...pero hoy viene a abonarle un poquito más este tema que hoy podemos aprobar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, señor diputado. Permítame un momentito.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez:Les pido que voten a favor. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entiendo que no aceptó la intervención, diputado. Diputado don José Alberto González Morales, sus seguidores le aclaman.

El diputado José Alberto González Morales:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hemos escuchado con mucha atención el punto de acuerdo que ha presentado nuestro compañero, donde manifiesta su más amplia preocupación por los altos costos en el consumo de energía eléctrica; sobre todo que se cobra a las instituciones públicas de carácter educativo.

Debo comentar a ustedes que, en primer lugar, me adhiero a ese punto de acuerdo, pero también comentar con todos ustedes que desde el 28 de abril del año 2010 presenté una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en donde se hace una ponderación precisamente de los altos costos que representa para los padres de familia.

Como bien ustedes saben, hoy los padres de familia tienen que recurrir a las famosas cuotas voluntarias, que no son otra cosa más que cuotas obligatorias, para pagar muchos servicios que el gobierno federal hasta este momento viene incumpliendo.

Pero vean ustedes que en las instituciones de carácter educativo hay que pagar desde intendentes, personal de apoyo y asistencia de la educación, agua potable, consumo de energía eléctrica y, vean ustedes, que sobre esto no se ha legislado.

Por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, el propósito de la iniciativa que hemos presentado es con la finalidad de que vayamos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame. Permítame un momento diputado González. Diputada Castillo, ¿con qué objeto?

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Para ver si le puedo formular una pregunta al diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted una pregunta, don Alberto?

El diputado José Alberto González Morales:Con mucho gusto, compañera diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta, por favor.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado, ¿sabe usted que el kilowatt hora producido por las hidroeléctricas cuesta 15 centavos y que comparado con el kilowatt hora producido por las termoeléctricas privatizadas cuesta más de 90 centavos, kilowatt hora?

Quisiera que si no tenía esta información me dijera cómo repercute esto en las tarifas eléctricas. Considerando que las hidroeléctricas hasta el momento son manejadas por el propio Estado, por la paraestatal y en el caso de las termoeléctricas son manejadas por Ibedrola, Techint y todas esas empresas trasnacionales.

El diputado José Alberto González Morales:Compañeros, creo que sobre este tema necesitamos trabajar con mucha seriedad, darle certidumbre, precisamente con el propósito de que las reformas o las iniciativas de reformas que muchos diputados hemos presentado, realmente, las convirtamos en ley.

Coincido con mis compañeros, con quienes pensamos, porque ejercemos la docencia, de que tenemos que legislar a favor de que el consumo de energía eléctrica sea exento para todas las instituciones educativas de carácter oficial.

No es posible, bajo ninguna circunstancia, que el gobierno federal destine más de 13 mil millones de pesos para apoyar a las instituciones de carácter privado.

Bien lo decía el rector de la Universidad Autónoma de México, que con esos 13 mil millones de pesos que se destinaron para cubrir al sector educativo del ámbito privado, bien podían destinarse 6 mil millones de pesos para cubrir las demandas de educación superior.

Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, les invito a ustedes para que la Comisión de Energía se reúna, dictamine, discuta y apruebe las reformas que se tienen ahí, con el propósito de exentar a todo el sector educativo oficial por el consumo de energía eléctrica. Muchas gracias, compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor secretario. Tome usted la votación de este tema.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está suficientemente discutido. Por lo consiguiente, para efecto del artículo 113, numeral 1, fracción III se pide a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Punto de acuerdo. Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana, para crear una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con temperaturas mínimas de 30 grados centígrados en época de verano.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía realizar los estudios pertinentes para proponer la nueva tarifa en los centros escolares públicos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez de Alva. Sonido en la curul del diputado Roberto Pérez de Alva.

El diputado Roberto Pérez de Alva Blanco(desde la curul): Señor presidente, quisiera que si el proponente del punto de acuerdo no tiene inconveniente, se agregara el hecho de que, de ser posible esta revisión y el ahorro que va a traer hacia las haciendas de las entidades federativas, sea única y estrictamente dedicada para el equipamiento de la escuela pública.

Conozco del tema del que dijo mi compañero Di Costanzo y no lo evadimos, será tema de discusión en algún momento, pero no es el tema en este preciso punto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para alusiones personales, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, diputado, las alusiones son en tribuna, no desde los lugares, desde las curules. Diputado Óscar Rosas.

El diputado Óscar Román Rosas González(desde la curul): Diputado presidente, retomo la propuesta con mucho gusto, diputado Roberto Pérez de Alva. Creo que sería fortalecerla aún más, que esos ahorros de energía que pudiesen generarse por la disminución de los pagos de energía eléctrica a centros escolares públicos sean destinados a las mismas entidades para fortalecer la infraestructura y equipamiento de los mismos.

Adelante, creo que la propuesta se fortalece y creo que vamos en ese sentido.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. Entonces póngala a votación con la adición aceptada por el proponente, del diputado Roberto Pérez de Alva Blanco. Diputado Llerenas, ¿con qué objeto?

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Habría que hacer notar lo que hacía notar el diputado Di Costanzo hace un momento. Me parece importante en el sentido de que esta Cámara no ha tenido una discusión sobre el hecho de que el titular del Ejecutivo dispuso de 13 mil millones de pesos para el proyecto de deducibilidad de escuelas privadas. No hay una discusión legislativa en un punto tan importante, en donde sale a colación en cada momento que el costo de oportunidad de esta medida hubiera sido invertirlo en proyectos como el que hoy se pone en el punto de acuerdo.

Creo que sería del mayor interés de esta Cámara que el tema de la deducibilidad en colegiaturas sea discutido por su pleno.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome nota la Junta de Coordinación Política.

Adelante, diputado, tome la votación por favor. Abra el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 5 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo con la adición propuesta por el diputado Pérez de Alva y admitida por la asamblea.

(Votación)

Señores diputados, señoras diputadas, vamos a cerrar el sistema electrónico, quien falte de emitir su voto favor de hacerlo. Está abierto el sistema electrónico, diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

Señor presidente, tenemos 292 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por 292 votos. Comuníquese.

Acabamos de recibir, de la Junta de Coordinación Política, oficios de los que daremos lectura inmediatamente.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que el diputado José Antonio Yglesias Arreola cause alta como integrante de la Comisión de la Defensa Nacional.

• Que el diputado Luis Alejandro Guevara Cobos cause alta como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Luis Alejandro Guevara Cobos cause baja como integrante de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Ricardo Sánchez Gálvez cause alta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Omar Fayad Meneses cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Omar Fayad Meneses cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

• Que el diputado Miguel Ángel Riquelme Solís cause baja como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

 • Que el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Miguel Ángel Riquelme Solís cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa cause alta como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Francisco Saracho Navarro cause baja como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

• Que la diputada Diana Patricia González Soto cause alta como integrante de la Comisión de Participación Ciudadana.

• Que el diputado Noé Fernando Garza Flores cause alta como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.

• Que el diputado Ángel Aguirre Herrera cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Ángel Aguirre Herrera cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Ángel Aguirre Herrera cause baja como secretario de la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Cuauhtémoc Salgado Romero cause alta como secretario de la Comisión de Transportes.

• Que el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella cause alta como secretario de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández cause baja como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Cipriano Heriberto Ambrosio cause alta como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Rogelio Cerda Pérez cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Rogelio Cerda Pérez cause alta como presidente de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Diana Patricia González Soto cause alta como integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada Diana Patricia González Soto cause alta como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Jorge Humberto López-Portillo cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Francisco Saracho Navarro cause alta como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause baja como integrante en la Comisión Especial de Industria Manufacturera de Exportación.

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause baja como integrante en la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática Surgida por los conflictos Mineros en el País.

• Que el diputado Patricio Chirinos del Ángel cause alta como presidente de la Comisión Especial de Industria Azucarera.

• Que la diputada Diana Patricia González Soto cause alta como integrante de la Comisión Especial para la Niñez.

• Que la diputada María Cristina Díaz Salazar cause baja como presidenta en el Grupo de Trabajo de Alto Nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para Impulsar una Estrategia y un Programa Eficaz en Materia de Protección y Prevención de las Adicciones.

• Que la diputada Adriana Terrazas Porras cause alta como presidenta en el Grupo de Trabajo de Alto Nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para Impulsar una Estrategia y un Programa Eficaz en Materia de Protección y Prevención de las Adicciones.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 22 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dígame, diputado Cárdenas. Sonido en la curul del diputado Cárdenas, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para preguntarle, presidente, si estos cambios se fundan y se motivan. Seguramente se fundan o se motivan, pero no creo que se motiven, quiero que me explique o que se me informe por qué los grupos parlamentarios proponen estos cambios. Sabemos que obedecen a una gran cantidad de razones, pero sería importante que esto no se realizase mecánicamente ni por parte de los grupos parlamentarios ni por parte de este pleno, aunque respetamos totalmente la independencia y la autonomía de los grupos parlamentarios.

Pero a veces parece que se trata como de ajustes de cuentas o de conflictos políticos al interior de los grupos parlamentarios y la sociedad tiene derecho a saber por qué se dan estos cambios en comisiones, que proponen los respectivos grupos parlamentarios, presidente. Por eso yo le pido que si existe alguna motivación nos informe cuál es ésta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado. La Junta ha hecho esta fundamentación basada en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica; ése es su fundamento, y seguramente la motivación está reflejada debidamente en el oficio al que por obviedad no le damos lectura completa.

Pero estoy seguro, como lo hemos visto muchas veces en esta asamblea, que si hubiera alguna inconformidad los diputados inmediatamente la manifestarían. Continúe, señor secretario.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados, comuníquense.

DIA DEL EJERCITO MEXICANO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hemos recibido de la Junta de Coordinación Política el siguiente pronunciamiento al que daré lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Pronunciamiento relativo al 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano.

Los grupos parlamentarios representados en la LXI Legislatura, hacemos un reconocimiento al Ejército Mexicano en la conmemoración de su 98 aniversario.

Siendo una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, creada con base en el honor y la lealtad; garante de las libertades, la integridad territorial y la soberanía nacional, ejemplo de vocación para la paz.

La Cámara de Diputados enaltece su entrega y esfuerzo cotidiano para lograr el fortalecimiento de la soberanía nacional; así como el apoyo brindado a la población en caso de desastres y las diversas acciones encaminadas a salvaguardar la integridad de los mexicanos.

Por lo anterior, celebramos y felicitamos al Ejército Mexicano en su día, reconociéndole su valía como pilar de nuestra vida nacional.»

Diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Está muy bien esa felicitación al Ejército. Creo que es merecida. Pero también habría que señalar, presidente, que el Ejército no siempre desarrolla las funciones que tiene encomendadas y está ejerciendo otras atribuciones, como todos sabemos, que no le corresponden al Ejército, como son las tareas de seguridad pública, que deben ser desarrolladas exclusivamente por autoridades civiles.

Me parece muy bien esta felicitación, yo no tengo inconveniente, pero me parece también fundamental señalarle al Ejército que se debe concretar a respetar la Constitución y las leyes, que no puede realizar tareas de seguridad pública que están conferidas exclusivamente a la autoridad civil, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Hemos dado lectura a un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política suscrito y avalado por los señores coordinadores que la integran.

Las expresiones del diputado Cárdenas Gracia quedan debidamente registradas en el Diario de los Debates.

JOSE EZEQUIEL ITURRIAGA SAUCO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a abrir en este momento, en el orden del día, un merecido espacio en conmemoración y efeméride del fallecimiento de don José Iturriaga Sauco, importante intelectual y político, ocurrido el pasado sábado 19 de febrero.

Para el efecto, se le otorga la palabra al señor diputado Porfirio Muñoz Ledo, hasta por 5 minutos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Gracias, señor presidente. Rogaría que se interrumpiera el avance del reloj. Pediría a los presentes, que no somos muchos, un minuto de silencio por la muerte de ese gran mexicano, sobre todo por su obra y por su vida.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hágase como ha solicitado el orador.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: :Muchas gracias. Vengo aquí en cumplimiento de un deber cívico y personal. Hace cuatro días murió don José Iturriaga, excepcional patriota. Se había llamado El último gran mexicano del siglo XX, el último de los republicanos. Personaje renacentista, todo lucidez y calidad, erudito y jovial. Sobre todo, un hombre que empató siempre sus hechos con sus palabras: “Somos lo que hacemos, no lo que decimos”, decía José Iturriaga.

Iturriaga tuvo como centro de su vida, como eje de una afanosa existencia, el descubrimiento del misterio de México, de su historia, de sus luchas, de sus sabores, de sus saberes, de sus sitios y de su destino en la historia.

Nosotros, sus alumnos y amigos, lo llamábamos mexicanólogo; el primero de ellos. Decíamos que había fundado una ciencia: el conocimiento del país desde todos sus ángulos.

Quizá su obra más sobresaliente es La estructura social y cultural de México, en donde él revisa los cambios que ha habido en el país desde que se fundó como nación independiente en lo económico, en lo social, en lo educativo; los grandes fenómenos y las grandes taras de nuestra existencia. Por ejemplo, su capítulo sobre el racismo mexicano es irrepetible.

Él tenía como pasión lo que luego llamó la UNESCO, el patrimonio cultural de la humanidad. El patrimonio tangible e intangible. Su sueño, su locura fue la restauración de los sitios históricos de México. Él fue el inventor, nadie más, de la restauración del Centro Histórico. Ayer lo despedíamos por las calles del Centro recordando sus lecciones y enseñanzas.

Él fue partidario de un liberalismo nacionalista. Narraba la historia, la escuchaba, pero la volvía a vivir. Discutía sobre Juárez como un juarista de la época, tal vez reeditaba y enriquecía los debates de la época. Estaba inmerso, moral e intelectualmente, en el curso de la historia nacional. Nada de lo mexicano le fue ajeno. Tiene, incluso, el que para mí es el mejor libro de refranes mexicanos, se llama: Los dichos de mi abuela. Era un experto en las más nimias delicadezas del arte popular y culto del país.

Pero tuvo como preocupación fundamental la equiparación y análisis de la historia de Estados Unidos y de la historia de México. ¿Por qué son ellos como son? ¿Por qué somos nosotros como somos? Con sus propios fundos y peculios fue años al Congreso de Washington y recogió todo lo que la historia de ese país han dicho sus parlamentarios sobre México: bueno, malo, regular y peor. Con esos documentos nos dio el acceso directo, mucho antes del Wikileaks, transparentó el pensamiento político norteamericano sobre nuestro país y hace poco tiempo dio a la luz un libro que se llama: Ustedes y nosotros, que es un análisis de instituciones, de historias, de personalidades, de mentalidades colectivas de los dos países.

Fue un patriota intransigente, tal vez el símbolo del México que se ha ido, del México que se ha perdido en el naufragio del extravío de la soberanía y de la incompetencia de los gobernantes. Él luchó siempre por rescatar el pasado liberal y revolucionario de México y transmitirlo a nuevas generaciones; que ese legado no se pierda.

Quiero pedir, desde esta tribuna, al Consejo Editorial de la Cámara, que editemos las obras completas de José Iturriaga y que tengamos los debates que corresponden a la altura de su vida; no los circunstanciales y efímeros, que sepamos desde aquí volver a trazar el rumbo de la nación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Muñoz Ledo, por tan extraordinaria lección de historia sobre don José Iturriaga.

Tiene la palabra ahora, don Sergio Gama Dufour, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Sergio Gama Dufour:Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, el Partido Acción Nacional expresa sus condolencias por el fallecimiento del escritor mexicano José Ezequiel Iturriaga Sauco, merecedor de la medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado de la República en 2009 y del galardón Adolfo Ruiz Cortines, otorgado en diciembre pasado por el gobierno del estado de Veracruz.

Más allá de la trayectoria del recién fallecido como funcionario público, diplomático, escritor e historiador, queremos destacar la figura del hombre de las letras y la cultura, admirar su devoción no sólo por los libros y los documentos, sino por adquirir y ensanchar los conocimientos, por tomar la información histórica y producir obras que la expresaron mejor, por la paciencia y el tesón con el que toda una vida puede resumirse en el tesoro de una gran biblioteca que en un acto de desprendimiento y generosidad donó hace unos meses al pueblo de México y al de Veracruz.

Siempre es triste la pérdida de un hombre de letras, de esos de los que tanta falta nos hacen en México. Más allá de las concordancias y discrepancias políticas que en un momento dado pudieran haber existido respecto de él.

Siempre es posible concordar y aprender de un conocedor de la historia los procesos sociales y la experiencia de haber contemplado como espectador y como actor las grandes transformaciones del México del siglo XX, país que pasó de rural a urbano, de agrícola a industrializado, de analfabeta a educado y de marginal a potencial protagonista del mundo moderno.

Y don José no sólo reflexionó y escribió sobre el México en el que tocó vivir y servir, sino además se destacó como un denotado impulsor de la cultura y las artes en el país.

Desde aquél entrañable rincón de la patria, en Coatepec, Veracruz, este hombre no sólo atesoraba la sabiduría del conocimiento, sino también se empeñaba en proyecto haciendo accesible el arte y la cultura para con sus conciudadanos y para todos los mexicanos.

Acción Nacional lamenta esta pérdida en todo lo que vale y significa, y exhorta a los veracruzanos a preservar y dar la adecuada proyección al legado que nos deja este auténtico valor de México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias diputado Gama Dufour. Tiene la palabra ahora la diputada María del Carmen Izaguirre Francos.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos:Vemos con tristeza cómo día a día se van los hombres y mujeres que ayudaron a construir una patria diferente y crítica.

El país se va quedando huérfano de pensadores brillantes, de hombres de compromiso con el tiempo y sus retos. Esos, esos sabios pentafásicos, arquitectos en todos los frentes de la construcción nacional.

A un año de lograr el centenario que lo empataba con el inicio de la gesta revolucionaria, falleció el pensador, filósofo, maestro; pero sobre todo, el ser humano gentil, divertido, agudo: don José Ezequiel Iturriaga.

Hombre de enorme sensibilidad, acompañada de una mente clara y visionaria; el que luchó brazo a brazo. Sí, para que ese centro, ese Centro Histórico de la otrora ciudad de los palacios no fuera sujeto a más agonías inmobiliarias.

El guerrero que jamás entró en periodo de reposo, el que ganó y perdió cientos de batallas; pero que jamás, jamás claudicó en su ser y en su sentir. Constructor de la mexicanidad, explorador de las raíces mexicanas y de su lugar en el mundo. Detallista de la cultura y el pensamiento.

Su último paseo por la ciudad que amó fue una síntesis de su amor por el conocimiento y por las bellas artes en todas sus expresiones. Recorrió la calle de Correo Mayor y Moneda hasta llegar al Zócalo.

Pasó lista por última vez en el Antiguo Colegio de San Idelfonso, donde nació la Escuela Nacional Preparatoria, y finalmente, abrigado por el esplendor del Palacio de Bellas Artes, se despidió de nosotros antes de tomar un merecido descanso.

Estamos ciertos de que también en Rusia se sentirán y se sentirá su ausencia y lo extrañarán sus amigos. Es de los hombres que se echan de menos y desde ya. Sí, son de los que hoy lamentamos no haber escuchado con más atención ni valorado más su humildad.

Nos deja el valor y la responsabilidad de creer, amar y pensar en México como nuestra esencia y nuestro mayor tesoro. Nos deja sus letras eternas y su sonrisa fuerte y sencilla. Descanse en paz el ilustre mexicano don José Ezequiel Iturriaga Sauco.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Ha hecho usted también una extraordinaria intervención.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me permito informar a la asamblea que, dado el horario y la hora de inicio de la sesión, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de aquéllas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.

Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se han agotado los asuntos en cartera, diputado presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 16:02 horas): Por tanto, se levanta sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 24 de febrero de 2011 a las 10 horas, informándose que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 4 hora 39 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 281 diputados • Asistencia al cierre de registro:  382 diputados • Minuto de silencio: 1 • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política: 1 • Diputados que se declara independiente: 1 • Oradores que participaron: 178 PRI                                  37PAN                                 41PRD                                 40PVEM                      9PT                                       33Convergencia                   12Nueva Alianza                 4Diputado Independiente     2 Se recibió o presentó: • 2 oficios de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Agricultura y Ganadería; Desarrollo Rural; Defensa Nacional; Turismo; Marina; Seguridad Pública; del Distrito Federal; Desarrollo Metropolitano; Presupuesto y Cuenta Pública; Economía; Participación Ciudadana; Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Juventud y Deporte; Ciencia y Tecnología; Reforma Agraria; Transportes; Justicia; Asuntos Indígenas; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Atención a Grupos Vulnerables; Derechos Humanos; Especial Industria Manufacturera de Exportación; Especial de Seguimiento a la problemática surgida por los conflictos mineros en el país; Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera; Especial para la Niñez; y en el Grupo de Trabajo de alto nivel entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para impulsar una estrategia y un programa eficaz en materia de protección y prevención de las adicciones; • 1 comunicación de la Mesa Directiva con la que informa que acordó turnar nuevamente 74 iniciativas con proyecto de decreto a las comisiones correspondientes para que presenten dictamen, con base a lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica con motivo del LXXI aniversario del Día de la Bandera; • 1 oficio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 5 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 oficio del Gobierno del estado de San Luis Potosí con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Gobierno del estado de Veracruz con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 comunicación del diputado Socorro Sofio Ramírez Hernández con la que informa declararse diputado independiente; • 1 excitativa a comisiones presentada por senadores del PRI y PRD; • 2 minutas con proyectos de decreto; • 18 iniciativas del PRI; • 25 iniciativas del PAN; • 31 iniciativas del PRD; • 4 iniciativas del PVEM; • 11 iniciativas del PT; • 10 iniciativas de Convergencia; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 2 iniciativas del PRD y Convergencia • 1 proposición con punto de acuerdo, aprobada; • 15 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (Se presenta voto particular del diputado César Francisco Burelo Burelo) Dictámenes aprobados: • 10 dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones con punto de acuerdo de las comisiones de: Derechos Humanos, y de Justicia; Distrito Federal; y de Transportes; • 1 de la Comisión de Marina con proyecto de decreto que reforma los incisos a) y c) de la fracción IV del artículo 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo; • 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la denominación del capítulo I del título decimoquinto y el artículo 259 Bis del Código Penal Federal; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley General de Educación; • 1 de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores