SUMARIO

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 Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

ASISTENCIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los señores y señoras diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputados y diputadas, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz(11:18 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Permítame, secretaria. Dígame, diputado Jaime Cárdenas Gracia. A sus órdenes.

(desde la curul): Compañeras diputadas, compañeros diputados, nuevamente con mi insistencia respecto de la propuesta de la Junta de Coordinación Política a este pleno, para la integración debida del Consejo General del IFE, presidente.

Creo que es importante seguir haciendo este señalamiento, porque no tenemos información fidedigna de la Junta de Coordinación Política a este respecto. Entonces yo sí insisto para que se solicite nuevamente a la Junta cualquier información que puedan brindar a este pleno sobre la integración del Consejo del IFE. Y un comentario más, presidente, respecto de otro tema.

El día de ayer tuvimos reunión en la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, presidente, y hay un problema con la interpretación del Reglamento, con los artículos séptimo y octavo transitorios del Reglamento, porque estos artículos exigen, el séptimo por ejemplo, que las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores acuerden los procedimientos a los que se deben sujetar las minutas pendientes de dictamen presentadas desde el 1 de septiembre de 2009, y hasta la fecha esos procedimientos no existen, presidente.

Entonces, algunos señores diputados consideran que mientras no existan esos procedimientos no podemos dictaminar. Es decir, estamos deteniendo el trabajo en las comisiones porque no se ha cumplido a satisfacción lo que establece este artículo séptimo transitorio, y el octavo, que también dice que Conferencia deberá resolver respecto de todas las iniciativas, minutas y proposiciones presentadas antes del 1 de septiembre.

Entonces hay aquí un incumplimiento al Reglamento que está dificultando los trabajos de la Cámara, y lo quería poner a consideración de todos ustedes, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado Jaime Cárdenas.

Le informo que sobre el tema de los consejeros del IFE, a esta Mesa Directiva no le ha llegado ninguna comunicación en la materia, sin embargo, haremos llegar nuevamente su inquietud.

Con respecto a los transitorios séptimo y octavo, tomamos nota de su intervención y la haremos llegar a la Junta y a la Mesa Directiva.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Yo también para insistir en el tema que he estado reiteradamente, en cada inicio de sesión, al no ver incluidos ellos en el orden del día, pedirle a la Mesa Directiva que los incluya porque al paso que vamos, les voy a hacer su fiesta de cumpleaños.

El primer tema es mi solicitud de que al secretario del Trabajo del gobierno de facto –Lozano– se le declare interlocutor no válido. Es el único funcionario que no vino a la glosa del informe. No puede venir porque está ampliamente repudiado. Yo he pedido formalmente se le dé esta calificación de interlocutor no válido y no se ha presentado al pleno mi solicitud desde hace varios meses ya.

La segunda –que también presenté por escrito– es mi solicitud de que se forme una comisión investigadora de los presuntos vínculos del narco con el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Tampoco se ha dado nada a este respecto.

Tercero. En este punto apenas he iniciado mi reclamo de que la Comisión Investigadora de presuntos actos de corrupción de funcionarios del gobierno panista, del gobierno de facto en Pemex, no se ha instalado, no han convocado a su inicio de tareas y ya van varios meses desde que se decidió su integración.

Finalmente, diputado presidente, aunque formalmente hay quórum es evidente que en el salón de plenos no lo hay. Lo desangelado de esta sesión muestra la hipocresía de muchos diputados y diputadas que dicen que quieren trabajar, que quieren el avance de la patria y que a la hora buena son unos simuladores.

Es una asistencia muy magra la que tenemos en este momento. Es muy lamentable. Quiero decir que a pesar de la magra asistencia, como hoy, quien usurpa la Presidencia de la República tomó militarmente el Zócalo, voy a hacer un pequeño acto de desagravio en este momento. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tomamos nota.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Muñoz Ledo, estamos apenas en el orden del día, usted quiere hacer una acotación en el acta, un momento más, por favor.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): En el orden del día.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En el orden del día, tiene usted la palabra, dígame. Sonido a la curul del diputado Muñoz Ledo.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Primero la diputada Araceli Vázquez.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Ah, no, si es la diputada antes, con todo gusto. Con todo gusto la diputada. Por favor, discúlpame Araceli.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Muy buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas. Presidente de la Mesa Directiva, yo turné un punto de acuerdo solicitando que el Congreso de la Unión se sume a los festejos del 75 aniversario del Politécnico Nacional. Un 23 de abril se fundó y considero muy importante que pudiera sumarse el Congreso.

Ojalá que me pudieran dar respuesta. Es un sistema público que nació allá en 1936, que fue un sistema público que apuntaló un modelo de país independiente, soberano económicamente y soberano políticamente, y abierto a los hijos de obreros y de campesinos que iban a ser los profesionistas para desarrollar una industria mexicana nacional, de capital mexicano, con trabajadores mexicanos.

Un proyecto de país que tenía los energéticos como propiedad de los mexicanos, con un mercado interno muy fuerte y con un campo que no solamente alcanzaba para alimentar a los mexicanos sino también para exportar.

Ojalá que pudiera haber una respuesta positiva de la comisión política que es quien decide aquí los asuntos en el Congreso. Ojalá que pudiera haber una respuesta favorable a mi solicitud y que sin terminar, sin dejar pasar febrero pudiéramos sumarnos a esta serie de festejos para reconocer el papel del Politécnico en el desarrollo de nuestro país. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputada. Han pedido hacer uso de la palabra los diputados Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Cuevas García, el diputado Omar Fayad, el diputado Pablo Escudero y el diputado Gerardo Cortez; terminando estas observaciones seguiremos con el contenido de nuestra sesión. Adelante, diputado Porfirio Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. ¿Podría llamarlo respetuosamente “el solitario de la Mesa”? Está usted ahí solo, absolutamente.

Atentamente también lo que estamos contemplando es el desorden y la incuria en la Cámara de Diputados. Gracias a que usted asistió tenemos sesión, una sesión con un quórum endeble, que de ninguna manera refleja el número de diputadas y diputados que estamos en este salón.

No podríamos aceptar que esta representación nacional renunciara a su función esencial que es legislar. No puedo aceptar, señor presidente, lo digo con respeto y con énfasis, el que una vez más se pospongan las iniciativas de reformas legales y constitucionales.

Tengo exactamente cuatro semanas de haber planteado una reforma constitucional para crear un apartado sobre política exterior de Estado.

Éste es un asunto que lleva más de 20 años discutiéndose en el país y ha habido cuando menos tres comisiones de reforma del Estado que lo han propuesto.

Ésta es la síntesis de muchos años de trabajo; lo consideramos fundamental para darle un rumbo nuevo a la política exterior de México, para adaptarla a nuevas circunstancias, para distribuir competencias y para establecer criterios constitucionales en materia de tratados, antes de que entremos a la discusión de las leyes respectivas.

De semana en semana se ha venido posponiendo esta iniciativa. Ayer le pedí al presidente de la Mesa, le pregunté a qué hora pasaba. Me dijo que ya no era tiempo y efectivamente, las iniciativas no pasaron.

Pero me dijo del modo más formal que en esta sesión, por acuerdo que ya se ha tomado –no creo que sea el famoso Reglamento–, primero serían las iniciativas constitucionales y legales; por tanto, disciplinadamente desde las 10 de la mañana estoy en este recinto esperando mi turno.

Pero me entero de que en reunión expedita la Mesa decidió, por sí y ante sí, cambiar el orden de las propuestas. Y ahora resulta que estamos iniciando la sesión  a las 11 y media de la mañana y que es probable que no se vuelvan a presentar hoy las iniciativas de reforma.

Yo quiero rogarle, y lo haré por escrito, que por lo que hace a la mía, porque estoy seguro de que no va a haber tiempo para que se desahogue, la pospongamos para el martes, pero con un compromiso de la Mesa de que le demos relevancia, espacio al debate sobre las iniciativas, sobre todo la que estoy presentando que, independientemente de la consideración que merezca a mis compañeros de Cámara, es una iniciativa de gran calado.

Podría decirse, frente a un pleno vacío —fíjese que contradicción, un pleno vacío— que las comisiones están trabajando. No señor presidente. Ayer hicimos una encuesta del quórum de las comisiones. La que tengo el honor de presidir, a pesar de los llamados con 15 días de anticipación, a pesar de la asiduidad que aplaudo y reconozco de algunos diputados y diputadas, por segunda vez consecutiva no pudo tener quórum. No podemos adoptar el acta de la sesión anterior.

Pregunté a mis compañeros –y aquí hay expertos en el Reglamento– qué se hace conforme al nuevo Reglamento que ustedes dicen que está vigente. Las comisiones no están trabajando como se debiera, los dictámenes están detenidos, la famosa productividad de la Cámara, en honor de la cual se hizo esta reforma, está por verse.

Tal parece que se trata de la reforma laboral que, so pretexto de la productividad, lo que quiere es quitarles derechos a los trabajadores. En este caso a las diputadas y a los diputados.

Acepte, señor presidente, con el debido respeto, una protesta formal porque esta Cámara no se aboca a su función fundamental. Y una petición. Perdón, la ley indica que las sesiones comienzan a la hora que se convoca. Cuando tuve el honor de estar sentado donde usted está, a la hora en punto se iniciaban las sesiones y terminaban cuatro horas después. Es hora de que pongamos orden y respeto en el trabajo de la Cámara. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Cuevas García, tiene usted la palabra. Sonido a la curul del diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Decirle que el día de hoy es un día muy especial, por ser Día de la Bandera, y es lamentable que una persona, y peor, que un diputado deshonre así a este día a la bandera, a un símbolo patrio; pero qué bueno que vinieron a regañar al compañero los diputados Noroña, Cárdenas y Di Costanzo, porque no se vale. No se vale que un día como hoy se agravie así a un símbolo patrio como es la bandera mexicana. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputado. No hay alusiones personales en este momento.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El diputado Omar Fayad tiene la palabra. Sonido a la curul del diputado Omar Fayad.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Gracias, presidente. Quiero rogarle que nos dé una explicación del porqué de los cambios del orden del día. Creo que coincido con el diputado Muñoz Ledo en que tiene que haber un respeto al trabajo legislativo.

Esta Cámara está haciendo un esfuerzo por no gastar dinero en papel; ya no se imprime el orden del día; nos llega electrónicamente, y lo que estamos recibiendo dista mucho de los puntos del orden del día que aquí ahora se dice que vamos a tratar. Por eso la solicitud de explicación.

Yo le pido que exhorte a la Junta de Coordinación Política para que informe oportunamente de los cambios en la agenda y que cada diputado sepa exactamente qué va a pasar. No es posible que además los turnos con los que se pueden exponer las importantes iniciativas de ley que se presentan en esta Cámara sean modificados libre y arbitrariamente, y resulte ser que la posición de una iniciativa que un día está en el número 12, dos días después o a la siguiente sesión aparezca en el veintitantos o treintaitantos.

Creo que no está habiendo respeto al trabajo de los diputados. Creo que no está habiendo un orden en la agenda cotidiana. Creo que los diputados no la conocemos y estamos exigiéndole y pidiéndole a la Mesa Directiva que ponga orden. Lo que quede agendado que se respete. Si tiene que haber cambios porque la agenda es dinámica estamos de acuerdo; pero que se informen, se fundamenten y se justifiquen. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero. Adelante, diputado.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Lo primero es rechazar la aseveración de que las comisiones, en términos generales, no están trabajando. Seguramente habrán algunas que no, por lo menos la de la Función Pública sesionamos en tiempo y forma el día de antier y rechazo el comentario.

Lo otro, presidente. Preguntarle, ¿cuál es el trámite que ha recibido mi pregunta parlamentaria que fue votada en la Junta de Coordinación Política, si ya fue notificada al secretario de la Función Pública o qué estado guarda? Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí. Ahora le informamos, señor diputado. El diputado Gerardo Cortez, después el diputado Pérez Cuevas y el diputado Gerardo Fernández. Sí, diputado Gerardo Cortez.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Diputado presidente, ya se retiró ahí mi compañero tocayo. Iba yo a hablar para defender su derecho que tiene a manifestarse. Lo que no estoy de acuerdo es precisamente lo que dijo mi compañero diputado, de mi fracción, no estoy de acuerdo en que utilice nuestros símbolos patrios para sus payasadas. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Pérez Cuevas. Sonido, por favor, a la curul del diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. Yo haría un exhorto y un llamado a nuestros compañeros legisladores, sobre todo a los que han hablado hace un momento: a que quizá habría que profundizar más en el conocimiento del Reglamento, presidente.

No es la Junta de Coordinación Política la que decide el orden del día. Dice el Reglamento que la Junta propone a la Mesa Directiva y la Mesa Directiva la determina. Pero no es la Mesa Directiva ni la Junta las que cambian el orden ni alteran las iniciativas.

El Reglamento es claro: si al final de la sesión, el diputado no ha retirado su iniciativa para que se lea en otra sesión, automáticamente se turna a comisiones. Por eso hay un movimiento en el orden. Y hay otra forma en que los grupos parlamentarios pueden enrocar el orden de las iniciativas; a propuesta de las coordinaciones se pide que una iniciativa se cambie por otra.

También como dice el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no hay  un impedimento ni violación para presentar iniciativas. El Reglamento ahora dice que si no se da en la sesión la oportunidad de leerlas se turnarán inmediatamente.

De tal manera que yo pediría que profundizáramos en el Reglamento -que es complicado- que es un cambio después de décadas que veníamos teniendo, ya una forma de trabajar muy hecha, pero que ahora nos obligará a ir observando este Reglamento y, por supuesto, las fallas irlas planteando.

Y sobre esa dinámica pedirle, presidente, que es en las acusaciones sin ton ni son a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación, porque lo único que se está aplicando es estrictamente el Reglamento que esta asamblea votó en pleno.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sobre el orden del día, diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sobre el orden del día y el propio Reglamento, diputado presidente.

Pedí en las reservas que hice al Reglamento, me parece un sinsentido y un despropósito que esta asamblea no vote su orden del día. No solamente hay cambios discrecionales en el orden del día. No solamente es un desorden, sino además nunca esta soberanía vota su orden del día.

Es la primera asamblea que conozco que no vota su orden del día. Yo presenté ésa, dentro de muchas modificaciones al Reglamento, y son de las cosas que deberían operarse para evitar este tipo de problemas.

Segundo, yo solicité en la agenda política, hice un cambio, un enroque, con compañeros del PRD y desde la sesión pasada solicité que volviera  a tener el lugar el punto que yo había enrocado. Ya que se perdió la oportunidad política de criticar el subsidio a la educación privada que está haciendo Calderón y que anda haciendo propaganda en medios con dinero público de manera desaforada.

Entonces pedí que el punto de las alianzas PAN-PRD volviera a su lugar, que es el primer punto que nos corresponde a nosotros, de la agenda del día, después del tema de Chihuahua  y pediría que, por tanto, el orden del día fuera modificado en ese sentido.

Finalmente, diputado presidente, las alusiones son siempre alusiones y uno tiene derecho a responder a ellas. Yo sólo quiero plantear que ni Mario ni Jaime me regañaron, yo me eduqué con mi abuela, y desde que se murió mi abuela no me regaña nadie.

Y, la verdad es que decidí 5 minutos de protesta con la Bandera, con un moño de luto, que no hay ninguna falta de respeto por los miles de muertos en la mal llamada guerra contra el narco porque está ensangrentado el territorio nacional, porque es una tragedia que usurpen la Presidencia de la República y que quien la usurpa además esté vinculado al narco, sea alcohólico, sea corrupto y sea un vende patrias. Por esa razón es que le puse un moño negro a la Bandera. No hay ningún agravio y no hay ninguna cosa incorrecta. Muchas gracias, diputado presidente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: La última intervención sobre el orden del día, diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Señalar, presidente, que éstas son las consecuencias de tener un Reglamento mal habido, presidente. El cambiar el orden del día sin previo aviso, a voluntad, se me hace una grandísima falta de respeto.

Sobre el trabajo de comisiones, yo nada más quisiera hacerle una observación: las comisiones no saben qué hacer con el Reglamento. Usted no está para saberlo, pero ayer en la Comisión Especial de Competitividad querían que aprobáramos una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Congreso.

Imagínese cómo andan las comisiones de trabajo, con eso le digo todo, y eso gracias al Reglamento, que además no han querido arreglar, presidente, y en lugar de estar trabajando estamos discutiendo cosas que ustedes están deteniendo para que esta Cámara pueda sesionar.

La labor principal de un legislador es presentar iniciativas y aquí se altera el orden del día como quieren. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 24 de febrero de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De los Diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Luis Jaime Correa, Janet Graciela González Tostado, María Elena Pérez de Tejada Romero, Antonio Benítez Lucho, Leticia Quezada Contreras, Silvia Isabel Monge Villalobos, Ramón Merino Loo, José Manuel Marroquín Toledo, Francisco Javier Orduño Valdés, Alma Carolina Viggiano Austria, Francisco Javier Ramírez Acuña, Ricardo Armando Rebollo Mendoza, Emiliano Velázquez Esquivel, Jesús Ramírez Rangel y María Araceli Vázquez Camacho.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 486 Aniversario Luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, el 28 de febrero a las 10:00 hrs.

De la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009.

Del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite Acuerdo aprobado, por el que solicita a la Cámara de Diputados, reforme el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; con el objeto de ampliar la Vacatio Legis del mismo, en ciento ochenta días. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite siete contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

Dos, de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Minako Nishimura Murakami, Juan Carlos Morales Moreno, Ernesto Martínez Rivera, Gerardo Mejía Lara, Eduardo Francisco Jiménez Gómez, puedan prestar servicios en la Embajada del Japón en México y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California y Monterrey Nuevo León, respectivamente; e informa que los ciudadanos Juan Pablo López Cruz, Gaciela Balcazar Rivera, Alejandra Domínguez Saldaña, José Francisco Serna Gómez y Mónica Anel Montaño han dejado de prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. (Turno a Comisión)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de enero de 2011, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Iniciativa de ley o decreto de senadores

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 137 Bis 1 de la Ley Aduanera. (Turno a Comisión)

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona un Segundo Párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas de diputadas y diputados y a nombre de grupo

Que reforma los artículos 42, 43 y 45 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 61 Bis y 67 Bis a la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión

Que reforma los artículos 22, 23 y 34 Bis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 426 Bis y 426 Ter al Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes y suscrita por la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2790 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 7°, 46 y 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 6° y 20 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69 y adiciona un 73 Bis a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y la de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85, 107 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 6°, 9° y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Transitorio Primero y deroga los Artículos Transitorios Décimo Segundo y Décimo Tercero, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Arámbula López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que abroga la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, a cargo del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8° del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Paz Gutiérrez Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 37 y 43 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 121 Bis y 121 Ter a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Civil Federal y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 18 y 19 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Seguro de Desempleo, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal de Mecanismos de Cooperación Ciudadana en la Gestión Pública de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Báez Ceja, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° y deroga los artículos 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, y expide la Ley Federal para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón y suscrita por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 82 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25 del Código Penal Federal, y 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 171 y 174 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 395 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y 39 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 25 de la Ley de Aeropuertos y 7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 376 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que expide la Ley de Adopción, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 56 y 58 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Oscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal para el Rescate y Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4°, 21 y 171 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16, 113 y 156 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 126 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Carlos Luis Meillón Johnston, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Tomasa Vives Preciado y suscrita por la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 13, 21 y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9° y 10 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 24, y adiciona un artículo 24 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a los Derechos Humanos en el estado de Chihuahua, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios para referirse a la situación migratoria, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, convoque a la firma de un pacto nacional que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas libres de mercado favorezcan la criminal escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la canasta básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes, así como para que convoque al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano, que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales de este sector, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se proponen diversas acciones en apoyo a la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, respecto de la operación de la empresa “Regasificadora Energía-Costa Azul, S. de R. L. de C. V.”, propiedad de Sempra Energy, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, incorpore el municipio de General Zuazua a la zona metropolitana de Monterrey y sea beneficiado con los recursos del Fondo Metropolitano, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado y suscrita por el diputado Rogelio Cerda Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, aumente el número de operativos, para que el autotransporte de carga que circula por las carreteras federales en el estado de Tamaulipas, cumpla con la normatividad en materia de pesos y dimensiones, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, revise exhaustivamente la ejecución de los recursos erogados en las entidades federativas y municipios, derivados del FIDEM, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la venta ilegal de información del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, enfoque los programas a su cargo, a diversificar la economía, promover y fomentar las vocaciones productivas, impulsar el desarrollo de las cadenas productivas, y difundir e impulsar el modelo de franquicias de las empresas del norte del país en el territorio nacional y en el extranjero, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Unión, emita un Decreto para rescatar los restos mortales de los 63 mineros que permanecen en los túneles de la mina Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, a cargo de la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del estado de Tamaulipas, generen e intensifiquen campañas de promoción del turismo en sus diferentes modalidades en dicha entidad, así como impulsen y desarrollen la infraestructura en las playas del municipio de Matamoros, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, excluya diversas fracciones en la negociación del Tratado de Libre Comercio con la República del Perú y no modifique los aranceles de las fracciones no presentadas en el Acuerdo de Complementación Económica No.8, permaneciendo conforme a la oferta original de México con reciprocidad, la desgravación más larga a 10 años, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que a través del Centro Nacional de Prevención del Delito, realice un estudio que tenga el objeto de considerar la viabilidad de la implementación de la “Policía Social”, a cargo del diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo al Día del Ejercito Mexicano, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa al 16 de febrero, Décimo Quinto Aniversario de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano, a cargo de la diputada Adriana Fuentes Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, a cargo de los diputados Teófilo Manuel García Corpus, María Isabel Pérez Santos y María de Jesús Mendoza Sánchez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, respectivamente.

Con motivo del 20 de febrero, conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, a cargo de las diputadas Rosi Orozco y Leticia Quezada Contreras, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Con motivo de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Señor, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Sí, diputado Fayad, permítame un segundo. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Sobre este punto, diputado Fayad, dígame.

El diputado Omar Fayad Meneses(desde la curul): Presidente, yo le estoy pidiendo la palabra desde el punto del orden del día. Le hice una pregunta y usted no ha respondido. Lo conmino a que me dé respuesta y que explique a esta asamblea los cambios en el orden del día. A lo mejor son razonables y estaremos de acuerdo con ellos. Explique usted los cambios al orden del día y luego entonces votemos el orden del día.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El orden del día no se vota, honorable diputado, pero entiendo su molestia y en alguna medida, incluso, la comparto.

El orden del día se integra, como dijo el diputado Pérez Cuevas, con la propuesta de la Junta de Coordinación Política. Voy a hacerle llegar la propuesta de la Junta de Coordinación Política, quien en esta ocasión nos pidió que comenzáramos con los dictámenes y la agenda política y posteriormente con las iniciativas.

No fue el planteamiento inicial de la Mesa, pero atendemos el criterio con el que nos lo solicita la Junta, ¿por qué? Entiendo que siendo una sesión de jueves lo que la Junta pretende es que las votaciones se desahoguen con el mayor quórum posible.

En cuanto a los cambios en el listado de las iniciativas, ofrezco a usted que inmediatamente va a ir alguien de Servicios Parlamentarios a revisar en qué orden se han afectado esos cambios. No debe haber ninguna afectación, es rigurosa la inscripción y sólo a petición de los grupos parlamentarios debe tener alguna modificación y en todo caso, tendría que preguntarse al diputado proponente si él está aceptando esa modificación. Acto seguido, lo harán, señor diputado. Diputado Cárdenas. Diputado Muñoz Ledo, en un segundo más.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Sí, efectivamente, es una práctica en esta Cámara del anterior Reglamento y del nuevo Reglamento que el orden del día no sea votado por el pleno, lo que nos parece del todo inconveniente, como ya lo hemos dicho.

Es parte ese cambio que hemos propuesto en nuestras reservas y observaciones, para que el orden del día se vote por el pleno, porque es incorrecto que los diputados y las diputadas de esta Cámara estemos subordinados a las decisiones de la Junta y de la Mesa Directiva, de la Mesa de esta Cámara, presidente.

Debemos ser tratados con respeto y no como menores de edad. En esta ocasión creo que estamos siendo tratados como menores de edad; está vulnerándose la soberanía del pleno y se está colocando en primer lugar el papel de la Mesa y de la Junta.

Además, el propio Reglamento nuevo, en el artículo 62, aunque reconoce que el orden del día es acordado por la Mesa Directiva, establece un orden de prelación de los apartados: artículo 62, párrafo segundo. Generalmente, desde que entró en vigor a medias este Reglamento en la Cámara, no se cumple con el orden de prelación que establece el artículo 62 del nuevo Reglamento, presidente.

Entonces, yo creo que el llamado de varios compañeros de distintos partidos es al respeto que nos merecemos las diputadas y los diputados, que no seamos tratados como menores de edad y que la Mesa Directiva de esta Cámara y la Junta de Coordinación Política no subordinen nuestra voluntad.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

Comparto plenamente con usted lo del respeto y en lo demás le aseguro que esta Mesa Directiva busca el cumplimiento cabal del Reglamento.

Diputado Muñoz Ledo, diputado Pérez Cuevas y con esto terminamos... Diputado García, y con él terminamos las discusiones para continuar la asamblea.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Señor presidente, estaba usted por desgracia ausente todavía, y lo quiero repetir delante de usted y añadir algo, que en la última sesión llegaron muy tarde las efemérides y desde luego, no llegaron a desahogarse las iniciativas de reforma legal y constitucional.

Quedé con los miembros de la Mesa y con usted mismo, muy amablemente, en que esta sesión comenzaríamos por las iniciativas constitucionales y legales, y resulta que equis intereses de equis bancadas rompen un acuerdo que estaba ya tomado.

El deber fundamental de esta Cámara es legislar, y yo le ruego que hoy, que no va a poderse desahogar tampoco, la voy a retirar con la súplica de que el martes en la mañana se pueda presentar.

Avanzaré algunas cosas en el debate sobre migración. Respecto del Reglamento, presidente, yo he tenido el honor de presidir esta Cámara, de presidir la Comisión Permanente y otros organismos parlamentarios, éste es el único organismo parlamentario del mundo donde no se vota la agenda.

Perdóneme usted, el orden del día se vota en las comisiones, se somete a la consideración de la comisión el orden del día, eso es lo primero que se hace. Primero se levanta el quórum. Esto es una verdadera satrapía.

No estoy haciendo responsables personales, cuando al dirigirse a esta Cámara se habla de esta soberanía no se está hablando del mandarinato; se está hablando de los diputados. A nosotros no nos mandan los mandarines, de una vez por todas; no estamos en Trípoli. Que se vayan a tomar clases con el señor Gaddafi. Están acabando con la paciencia de los diputados y de las diputadas.

Vamos a trabajar en serio y vamos a aplicar lo que sea racional en el Reglamento, pero ya no podemos seguir en la ambigüedad. Yo le ruego que quede claro, que esta soberanía como cualquier cuerpo colegiado, cualquier cuerpo colegiado; un consejo; una asamblea; una junta de gobierno establece su orden del día, no se la establecen de arriba para abajo. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se toma nota, señor diputado. Puede usted estar seguro que así será. Diputado Pérez Cuevas, y después Cuevas García. Con usted terminamos.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, nuevamente lamentar y pedir que hubiera una profundización en el Reglamento.

Sé que es complicado porque han pasado décadas en que este proceso no se tocaba, y seguramente encontraremos fallas, habrá temas que modificar, pero no existe tal mandarinato, no es una decisión de la Mesa Directiva per se ni de la Junta de Coordinación Política; es cumplimiento al Reglamento, que por cierto fue aprobado por el pleno, con lo cual constituye un mandato y una obligación.

El tema que expresa el diputado Porfirio Muñoz Ledo, respecto de las iniciativas, es un tema que ayer surgió en un debate en la Junta de Coordinación, muy amplio. El tema que se presenta aquí como iniciativa sólo constituye responsabilidad de la Mesa Directiva turnarlo a la comisión que corresponde; el pleno no participa. Por eso el pleno prácticamente está vacío, el pleno no discute esa lectura de iniciativa, no aporta, no pregunta, sólo escucha.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No estamos en un debate sobre el Reglamento, quiero advertir a los que intervienen. Concluya por favor, diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sin embargo, no es debate. Estamos comentando que esos temas los tendremos que analizar, porque este Reglamento que a todas luces ha generado nuevas dinámicas de trabajo en el Congreso, habrá otras que no están de acuerdo.

En otros Congresos las iniciativas no se leen ante el pleno, las iniciativas se leen ante las comisiones. Las iniciativas se presentan directamente en otros espacios y el proceso legislativo continúa. Creo que hay un error de percepción pensar que el proceso legislativo arranca cuando el legislador está en la tribuna leyendo la iniciativa.

El proceso legislativo arranca con la presentación y con el turno de la iniciativa de la Mesa Directiva a la comisión respectiva. Por tanto, una gran cantidad de iniciativas presentadas ya están en comisiones. Hay materia, hay temas a trabajar. Corresponderá hacerlo a estas comisiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cuevas. Adelante, diputado Cuevas.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Estuve pidiendo la palabra desde que el compañero Noroña pidió e hizo uso de la palabra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cuevas, no es ninguna parte procesal relativa a un debate el que usted pueda tener con el diputado Noroña. Si no se refiere al acta voy a tener que retirarle el uso de la palabra; lo mismo advierto en la otra situación. Adelante.

El diputado Juan José Cuevas García(desde la curul): Diputado, nada más para hacer el comentario de que se tiene que hacer un procedimiento administrativo por la forma como se dio y creo que usted como presidente de la Mesa Directiva para poner orden en ello, porque violó el artículo 32 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales.

Hago un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que se le multe como en su momento a Paulina Rubio se le multó con 250 salarios mínimos, que son un total de 52 mil 590 pesos. Por la violación a la ley, creo que bien merece la pena, sobre todo a la Bandera en este día tan especial, ese castigo por lo menos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Háganos usted llegar por favor por escrito su planteamiento, diputado, para que tenga el procesamiento debido.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña nuevamente. ¿Cuál es el objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): En realidad mi petición –no sabía lo que iba a decir el diputado- tiene que ver con otra cosa. Haré una precisión también al respecto.

En el orden del día, diputado presidente, la sesión pasada yo solicité que se consultara al pleno un punto de urgente u obvia resolución para que compareciera el secretario de Hacienda del gobierno usurpador, Cordero, a explicarnos cómo puede hacerle la gente para vivir con 6 mil pesos.

No nos recibieron el documento que porque no se había presentado con antelación. Se presentó por escrito, tenemos el sello de recibido. Ayer el diputado Enrique Ibarra en la Junta de Concertación planteó el tema y ahora estamos en el colmo del absurdo, porque lo que es un derecho de un diputado presentar un punto de acuerdo y que lo acepte o no la asamblea, ahora resulta que es la Junta de Concertación o Coordinación, o como le llamen ahora, la que decide qué pasa y no pasa.

Rechazaron presentar el tema. Es un atropello a mi derecho, es un abuso a facultades que no le da nadie. Es derecho de todo legislador presentar puntos de acuerdo al pleno y es facultad del pleno rechazarlos o aceptarlos. Por tanto, solicito que se incluya en el orden del día de urgente u obvia resolución el punto de acuerdo de que comparezca a explicarnos el señor Cordero cómo se vive con 6 mil pesos, él que sólo para gastos de comida recibe 3 mil pesos diarios.

Y sobre lo que dijo el diputado Cuevas, la verdad es que me da ternura la ignorancia del diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, diputado, pero no estamos solicitándole su opinión.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Pero me aludió, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay alusiones desde la curul.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul). Entonces lo que está planteando es que yo no falté al respeto. Es la Bandera con un moño negro de luto por la situación nacional que está ensangrentado el territorio nacional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se toma nota, diputado. Una vez que recibamos la solicitud del diputado Cuevas, la desahogaremos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Le darán trámite, pero yo quiero de todos modos que quede asentado en el acta mi rechazo a su imputación, mi derecho a hacerlo, mi respeto absoluto, contrario a ellos que pisotean la Bandera...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, concluya, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): ...que pisotean las instituciones, que se robaron la Presidencia...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): ...que se roban el patrimonio nacional, contrario a ello...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Termino...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Contrario a ello, yo tengo un absoluto respeto al pueblo de México, a mi país, a mis símbolos, antes de que...

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Estoy terminando...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, permítame, diputada. Concluya, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Bueno, lo que le quiero decir, diputado presidente, es no sólo que tengo un absoluto respeto, sino una absoluta entrega a la transformación de esta patria.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintidós de febrero de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y un diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del martes veintidós de febrero de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, con relación con los Consejeros de Instituto Federal Electoral, en dos ocasiones, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, con relación al orden del día y solicita moción de orden, en tres ocasiones, ambos del Partido del Trabajo; Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, con relación a una iniciativa; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, con relación al orden del día; y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional, solicita moción de orden. El Presidente hace aclaraciones. En sendas votaciones económicas se dispensa la lectura del Acta de la sesión anterior y se aprueba.

Se reciben comunicaciones oficiales:

• De la Mesa Directiva, se reciben dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo de las siguientes Comisiones:

a) Derechos Humanos, y de Justicia , por el que se de-secha la proposición con punto de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita con la mayor brevedad sus observaciones y recomendaciones sobre el caso de los ex funcionarios públicos del estado de Michoacán de Ocampo detenidos por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

b) Distrito Federal

– Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a balizar los carriles de circulación del tramo comprendido de la salida de la carretera México-Toluca conocido como la Puerta a la avenida Constituyentes.

– Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a los jefes delegacionales a observar la legislación vigente en la capital.

– Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a hacer públicas sus recomendaciones para desa-rrollos habitacionales en las 16 delegaciones de la capital.

– Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a analizar y, en su caso, desechar o modificar el proyecto de iniciativa por el cual se expide la nueva Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal.

c) Transportes:

– Por el que se tiene por atendida la proposición con punto de acuerdo para exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública a aplicar acciones inmediatas respecto al descenso de categoría de la aviación civil en México por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de América.

– Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes a realizar el presupuesto y programar recursos para modernizar el tramo carretero Campeche-Mérida, consolidar el periférico de Campeche, así como conservar y modernizar sus carreteras.

– Por el que se desechan tres proposiciones con punto de acuerdo:

• Con la que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la eliminación de la caseta de peaje número setenta y uno, de Chalco, porque es perjudicial para el presupuesto familiar de los habitantes de la zona oriente del Estado de México.

• Para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar con la concesionaria de la autopista las negociaciones necesarias para que se elimine la caseta en el tramo Armería-Manzanillo, en apoyo de la economía y la seguridad personal de los usuarios.

• A fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales a eliminar las casetas números ciento siete, desarrollo industrial Emiliano Zapata; ciento seis, aeropuerto Mariano Matamoros, Temixco; y ciento cinco, Xochitepec.

De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, se instruye su publicación en el Diario de los Debates y se archiven los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes en Comisiones Ordinarias. De Enterado, comuníquense.

• De los diputados Víctor Manuel Báez Ceja, Rodolfo Lara Lagunas, Javier Usabiaga Arroyo, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Uriel López Paredes, Juan José Cuevas García, Claudia Edith Anaya Mota, Ramón Merino Loo, Alejandro Gertz Manero, Leobardo Soto Martínez, José Luis Jaime Correa, Norma Sánchez Romero, Mario Alberto Di Costanzo Armenta y Norma Leticia Salazar Vázquez, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas en septiembre de dos mil nueve a diciembre de dos mil diez, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento, se turnan nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y se actualicen los registros parlamentarios.

• De la diputada Sandra Méndez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por la que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a crear un Fondo Económico Municipal para la rehabilitación física y mantenimiento de la infraestructura educativa. De conformidad con el artículo setenta y nueve, numeral tres del Reglamento de Cámara de Diputados, se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

De la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del septuagésimo primer Aniversario del Día de la Bandera. Se designa una comisión de representación.

• De la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la licitación veintiuno, sobre banda de frecuencia del espectro radioeléctrico. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

• De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios o, en su caso, permisionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Gobernación, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por:

a) La Cámara de Diputados, relativos a:

– La incorporación de México a la Red Internacional del Bambú y del Ratán. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

– La discriminación en el acceso laboral para las personas mayores de cuarenta años. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– Los riesgos laborales con las herramientas de trabajo. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– La nota otorgada al Sindicato Independiente Nacional de los Trabajadores de la Salud y a sus secciones. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– Los derechos laborales y la seguridad social de los jornaleros agrícolas, especialmente de los niños. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

b) La Comisión Permanente, relativa a la atención médica y seguridad de los pacientes en clínicas y hospitales públicos. Se remite al promovente, para su conocimiento.

• Del Gobierno del estado de San Luis Potosí, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones que reduzcan la mortalidad materna. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Del Gobierno del estado de Veracruz, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la incorporación de las adolecentes embarazadas a la vida laboral digna. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

• Del diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita en términos del artículo treinta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sea considerado como diputado sin partido. De Enterado, comuníquese.

• De la Cámara de Senadores, con la que remite:

a) Solicitud de los senadores Eloy Cantú Segovia y Javier Castellón Fonseca, de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para que se dictamine la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo doscientos diecinueve de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

b) Minutas con proyectos de decreto:

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la fracción primera del artículo cuarenta y cuatro de la Ley de Puertos. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción vigésima primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el siguiente dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Energía, que reforma la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

A las once horas con cuarenta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos ochenta y tres diputadas y diputados.

Se someten a discusión los dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

• De Marina, que reforma los incisos a y c de la fracción cuarta del artículo trescientos veintiocho de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Fundamenta el dictamen el diputado Luis Antonio Martínez Armengol. Fija postura de su grupo parlamentario el diputado Carlos Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido; y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos noventa y ocho votos y cuatro abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Desde sus curules los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, manifiesta el respaldo al derecho y libertad de expresión, por la colocación de mantas en el salón de sesiones; y Domingo Rodríguez Martell, del Partido de la Revolución Democrática, para corrección del sentido de su voto.

• De Justicia, que reforma la denominación del Capítulo primero del título décimo quinto y el artículo doscientos cincuenta y nueve Bis del Código Penal Federal. Fundamenta el dictamen el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional; y Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por cuatrocientos catorce votos y una abstención. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

• De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el primer párrafo del artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Bahena Flores, del Partido Acción Nacional; María de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro del dictamen los diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar; Onésimo Mariscales Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Alberto Di Costanzo Armenta y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por cuatrocientos diez votos; y tres abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

• Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Fundamenta el dictamen el diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; Juan Pablo Escobar Martínez, del Partido Acción Nacional; y José Óscar Aguilar González, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul hace comentarios el diputado Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido. El Presidente informa a la Asamblea de la reserva del artículo cuarenta y uno del proyecto de decreto. En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados por trescientos noventa siete votos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, quien realiza propuesta de modificación al artículo cuarenta y uno; y acepta interpelación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido y se desecha la propuesta de modificación. En votación nominal se aprueba en lo particular el artículo cuarenta y uno, en términos del dictamen, por trescientos treinta y tres votos; catorce en contra y ocho abstenciones. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con puntos de acuerdo al diputado Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, modifique, ajuste y reestructure las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la República Mexicana, para crear una tarifa aplicable a centros escolares públicos en las regiones del país con temperaturas ambientales superiores a los treinta grados centígrados.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro del punto de acuerdo los diputados: Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza; Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Tomas Gutiérrez Ramírez, del Partido Acción Nacional; José Alberto González Morales, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; y en contra Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza, quien realiza propuesta de modificación al punto de acuerdo y que es aceptada por la Asamblea; Óscar Román Rosas González, del Partido Revolucionario Institucional; y Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática. En votación nominal se aprueba el punto de acuerdo por doscientos noventa y dos votos; tres en contra y una abstención. Comuníquese.

Se recibe de la Junta de Coordinación Política:

• Comunicación, con relación a cambios de integrantes de Comisiones Ordinarias, Especiales y de Mesa Directiva de Comisiones. Desde su curul realiza comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se aprueban, comuníquense.

• Pronunciamiento, por el que se hace un reconocimiento al ejército mexicano en la conmemoración de su nonagésimo octavo Aniversario. Desde su curul realiza comentarios con relación al tema el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

En el capítulo de efeméride se refiere al fallecimiento de Don José Iturriaga Sauco, importante intelectual y político, ocurrido el sábado diecinueve de febrero, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, quien solicita a la presidencia guardar un minuto de silencia en su memoria. El Presidente obsequia la petición. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Sergio Gama Dufour, del Partido Acción Nacional; María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Código Civil Federal. Se turna a las Comisiones Unidas Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Justicia, para dictamen.

• Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes y de Justicia, para dictamen.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo ciento setenta y uno de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo veintitrés de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma los artículos treinta y tres y setenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo noventa y cinco del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo cientos setenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que expide la Ley General de Bienestar Animal. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

– Que reforma el artículo cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos primero, quinto y catorce de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Alejandro Carabias Icaza y suscrita por los diputados Guillermo Cueva Sada y Diego Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de De-sarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos primero y segundo de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, y doscientos cincuenta y tres Bis del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Justicia, para dictamen.

• María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos noventa y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ochenta y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley para Favorecer la Actividad Laboral de los Grupos Vulnerables. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Álvarez Cisneros, de los Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y Jaime Álvarez Cisneros, de los Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, para dictamen.

• Sonia Mendoza Díaz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Israel Madrigal Ceja, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, y de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Se turna a la Cámara de Senadores.

• Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Que reforma el artículo doscientos veintidós de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que adiciona un artículo trescientos veintiuno Bis a Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Que reforma los artículos trescientos uno, trescientos seis y cuatrocientos veintiuno Bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– A nombre propio y del diputado Rodrigo Reina Liceaga, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona un artículo ochenta y tres Bis a la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a revertir la estrategia de reducción arancelaria para la importación de acero. Asimismo, se cree un grupo de trabajo que dé seguimiento a las necesidades de la industria acerera nacional. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desa-rrollo Social, amplíe el Padrón de Beneficiarios del Programa setenta y más para que dé cobertura a los Adultos Mayores que habitan los Polígonos Urbanos de Pobreza detectados por el Programa Hábitat. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, cubra los requerimientos del pago de prestaciones, gratificaciones y pensiones a los trabajadores jubilados y pensionados de la sección seis del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Delegación de Colima. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a diversas autoridades gubernamentales con atribuciones en la gestión de barrancas, implementen las medidas necesarias para desazolvar y entubar el cauce de la Barranca la Coyotera. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Distrito Federal, para dictamen.

• Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y a la Procuraduría General de la República, resuelvan la investigación por el desfalco cometido por la empresa Solución Total, del consultor y político Eukid Castañón Herrera, en contra de las arcas municipales de la entidad. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, amplíe las actividades de detección oportuna de la enfermedad denominada Alzheimer y su respectivo tratamiento, e inicie la construcción de residencias con instalaciones adecuadas y personal capacitado para la atención de adultos mayores y familiares afectados por la misma. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Oscar Saúl Castillo Andrade, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los Titulares de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, fortalezcan medidas preventivas y de coordinación en áreas naturales, bosques y suelos forestales para evitar la Tala Clandestina, así como disminuir los efectos devastadores al medio ambiente y a la sociedad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a los titulares de la Comisión Federal de Comunicaciones y de la Procuraduría Federal del Consumidor, realicen las acciones necesarias para que el proveedor de telefonía digital TELCEL, atienda el caso de comunidades rurales del país, conminándolo a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Javier Gil Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluya de manera obligatoria en sus normas, referencias técnicas y manuales, que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en las autopistas de cuota de la red nacional carretera. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de los diputados Rodrigo Reina Liceaga y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes de los gobiernos de las entidades federativas, se coordinen con la Secretaría de Salud, a fin de desarrollar e implementar diversas acciones a favor de la detección oportuna del cáncer de mama. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Javier Gil Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, revierta a favor del dominio público los tramos de vía ferroviaria en desuso y abandonada por la empresa ferroviaria Ferrosur, comprendidos entre Calpulalpan y Tlaloc, Tlaxcala, con la finalidad de que sean donados a esas comunidades para obras de beneficio social. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Francisco Arturo Vega de Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del estado de Baja California, para que se concluya la construcción del Aeropuerto Civil, en la ciudad de Ensenada, Baja California. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorguen un subsidio especial para las escuelas de educación básica y media superior, en el pago de energía eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, relativo a la creación del Grupo de Amistad México – Santa Sede. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Daniela Nadal Riquelme, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, implemente acciones para cubrir las necesidades de educación especial a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con dos minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves veinticuatro de febrero de dos mil once a las diez horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta. Queda aprobada el acta.

MODIFICACION DE TURNO

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se realizaron modificaciones de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de los siguientes asuntos:

1. Iniciativa que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 15 de febrero de 2011.

Se turna a las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Puntos Constitucionales.

2. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Baja California, para que respete los derechos humanos de las mujeres y se decrete la inmediata liberación de Leslie y de todas las mujeres que han sido encarceladas en el estado por decidir sobre su cuerpo o por sufrir un accidente que interrumpió su embarazo, presentada por la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 15 de febrero de 2011.

Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Derechos Humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con los artículos 73, 74, numeral 2 del Reglamento, se modifican los turnos para ser publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Adelante con los comunicados de la Junta.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Que el diputado Adolfo Rojo Montoya cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Que el diputado Adolfo Rojo Montoya cause baja como integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

• Que el diputado Alberto Esquer Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Pablo Rodríguez Regordosa cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama cause baja como integrante de la Comisión Especial para el desa-rrollo de microrregiones.

• Que la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero cause baja como integrante de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera.

• Que la diputada Paz Quiñones Cornejo cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

• Que la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 23 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda de enterado. Comuníquense.

INICIATIVAS TURNADAS

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las Comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de febrero de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), presidente.»

«La Mesa Directiva con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen

1. Promovente: Diputada Claudia Edith Anaya Mota.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. 26 de mayo de 2010.

Turno: Derechos Humanos.

Expediente y sección: 2424, Sexta.

2. Promovente: Diputado José Luis Jaime Correa.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 22 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 1995, Octava.

3. Promovente: Diputada Janet Graciela González Tostado.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social. 28 de octubre de 2010.

Turno: Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 3089, Octava.

4. Promovente: Diputada María Elena Pérez de Tejada Romero.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 2 de marzo de 2010.

Turno: Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 1449, Octava.

5. Promovente: Diputado Antonio Benítez Lucho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 13 de octubre de 2009.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 349, Sexta.

6. Promovente: Diputado Antonio Benítez Lucho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 53 Bis a la Ley General de Salud y 3º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 4 de noviembre de 2009.

Turno: Unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de Seguridad Social.

Expediente y sección: 540, Séptima.

7. Promovente: Diputado Antonio Benítez Lucho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social. 28 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Salud y de Seguridad Social.

Expediente y sección: 2141, Octava.

8. Promovente: Diputado Antonio Benítez Lucho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 28 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.

Expediente y sección: 2119, Segunda.

9. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 15 de octubre de 2009.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Expediente y sección: 373, Primera.

10. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prevención, Atención Integral y Control del VIH/sida. 1 de diciembre de 2009.

Turno: Salud, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 777, Cuarta.

11. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 de diciembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales, con opinión de Equidad y Género.

Expediente y sección: 769,Tercera.

12. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 9 de febrero de 2010.

Turno: Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género.

Expediente y sección: 1243, Séptima.

13. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 23 de febrero de 2010.

Turno: Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género.

Expediente y sección: 1379,Tercera.

14. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 14 y 38 de la Ley General de Educación. 16 de marzo de 2010.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y sección: 1601,Tercera.

15. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Productos Orgánicos y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 22 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Salud, de Agricultura y Ganadería y de Economía.

Expediente y sección: 2002, Séptima.

16. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 28 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública.

Expediente y sección: 2145, Cuarta.

17. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 29, 30 y 32 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 29 de abril de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 2318, Sexta.

18. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Carlos Monsiváis Aceves. 23 de junio de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y sección: 2484, Cuarta.

19. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Subrogación Gestacional y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 28 de julio de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 2538, Séptima.

20. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y del Código Penal Federal. 28 de julio de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 2541,Quinta.

21. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 28 de octubre de 2010.

Turno: Función Pública.

Expediente y sección: 3093, Cuarta.

22. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre Celebración de Tratados. 9 de noviembre de 2010.

Turno: Relaciones Exteriores.

Expediente y sección: 3220, Sexta.

23. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 11 de noviembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 3244, Séptima.

24. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y 6o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Derechos Humanos y de Justicia.

Expediente y sección: 3647, Sexta.

25. Promovente: Diputada Leticia Quezada Contreras.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 19 de enero de 2011.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Expediente y sección: 3774,Tercera.

26 Promoventes: Diputados Silvia Isabel Monge Villalobos, Ramón Merino Loo, José Manuel Marroquín Toledo y Francisco Javier Orduño Valdés.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 3660,Tercera.

27. Promovente: Diputada Alma Carolina Viggiano Austria.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales, con opinión de Desa-rrollo Social, de Vivienda, de Desarrollo Metropolitano y del Distrito Federal.

Expediente y sección: 3536,Quinta.

28. Promovente: Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 21 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 1966, Cuarta.

29. Promovente: Diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Comercio y del Código Civil Federal. 25 de marzo de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 1735,Segunda.

30. Promovente: Diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 23 de septiembre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 2727,Primera.

31. Promovente: Diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza.

Iniciativa: Proyecto de decreto que expide la Ley de Energía para los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 9 de noviembre de 2010.

Turno: Unidas de Recursos Hidráulicos y de Energía, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 3222, Octava.

32. Promovente: Diputado Jesús Ramírez Rangel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 152 de la Ley Aduanera. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 3444, Séptima.

33. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 y 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 8 de septiembre de 2009.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Expediente y sección: 31,Tercera.

34. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 29 de octubre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 486,Segunda.

35. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 1 de diciembre de 2009.

Turno: Unidas de Justicia, de Defensa Nacional y de Equidad y Género.

Expediente y sección: 780, Séptima.

36. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3 de diciembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 816, Quinta.

37. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 25 de marzo de 2010.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 1733, Octava.

38. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal. 29 de abril de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 2302, Sexta.

39. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2312, Octava.

40. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 9 de junio de 2010.

Turno: Derechos Humanos.

Expediente y sección: 2451,Segunda.

41. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 3o. y la fracción XXIX del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 25 de agosto de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2595, Primera.

42. Promovente: Diputada María Araceli Vázquez Camacho.

Iniciativa: Proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. 23 de noviembre de 2010.

Turno: Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública y de la Comisión Especial sobre Cambio Climático.

Expediente y sección: 3277, Séptima.

43. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de octubre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 241, Sexta.

44. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. 8 de octubre de 2009.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y sección: 302, Cuarta.

45. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 20 de octubre de 2009.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 399,Tercera.

46. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 27 de octubre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 456, Sexta.

47. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 397 Bis y reforma los artículos 443 y 444 del Código Civil Federal. 10 de diciembre de 2009.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 967,Quinta.

48. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 23 de febrero de 2010.

Turno: Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 1376, Octava.

49. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 23 de marzo de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 1668,Segunda.

50. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 1760, Séptima.

51. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 29 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Expediente y sección: 2304, Octava.

52. Promovente: Diputado Emiliano Velázquez Esquivel.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Un

dos Mexicanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2300, Cuarta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario de presentar el dictamen.

Publíquense en el Diario de los Debates y actualícense en los registros parlamentarios.

Adelante, secretaria.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 486 aniversario luctuoso de Cuauhtémoc, último huei tlatoani de la Triple Alianza, el lunes 28 de febrero de 2011, a las 10:00 horas, en la estatua erigida en su memoria en Paseo de la Reforma e Insurgentes, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior me permito solicitar a ustedes los nombres de los diputados de esa Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado José Vicente de la Rosa Herrera, coordinador.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Oportunamente esta Mesa Directiva publicará en la Gaceta Parlamentaria los nombres de los diputados designados para cubrir esta representación.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Auditoría Superior de la Federación.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El pasado 16 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación hizo formal entrega a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Vigilancia, del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2009, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 28, 29, 30, primer párrafo, y 85, fracción XV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Es por ello que me permito enviarle, en un disco compacto, los 945 informes de auditoría practicadas con un nuevo formato que facilita una consulta más ágil de su contenido. Asimismo, remito el tomo ejecutivo de dicho informe, en el que se resumen los resultados más relevantes de la fiscalización efectuada, así como las principales conclusiones y recomendaciones que de ella derivaron.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de febrero de 2011.— Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez (rúbrica), auditor superior de la Federación.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado y se remite al archivo para consulta de los señores diputados.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO PENAL FEDERAL - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY DE LA POLICIA FEDERAL - LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACION -LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: «Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados.

Para su conocimiento y los efectos conducentes le remito copia del acuerdo número 85 Bis/2011 II PE, así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del estado atentamente solicita a esa alta representación que reforme el artículo primero transitorio del decreto por medio del cual se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con objeto de ampliar la vacatio legis de éste en 180 días, que permita al Congreso de la Unión entrar en el estudio de la presente y analizar el efecto que tendrá en las entidades federativas.

Sin otro particular de momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 10 de febrero de 2011.— Diputado Fernando Mendoza Ruiz (rúbrica), presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.

Acuerdo número 85 Bis/2011 II PE

La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Chihuahua, reunida en su segundo periodo extraordinario de sesiones, en el primer año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Chihuahua atentamente solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que reforme el artículo primero transitorio del decreto por medio del cual se expide la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de ampliar la vacatio legis de éste en 180 días, que permita al Congreso de la Unión entrar en el estudio de la presente y analizar el efecto que tendrá en las entidades federativas.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como de la iniciativa y dictamen que le dan origen, al Congreso de la Unión, a efecto de analizar el efecto que tendrá en las entidades federativas la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás reformas, adiciones y derogaciones.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en Chihuahua, Chihuahua, a diez de febrero de dos mil once.— Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón (rúbrica), presidente;diputada Patricia Flores González (rúbrica), secretaria;diputado Alex Le Barón González (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las comisiones de Justicia y Seguridad Pública para su atención.

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-0767, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 12406, suscrito por el general de brigada diplomado de Estado Mayor Genaro Robles Casillas, subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la adquisición de equipos y herramientas tecnológicos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Por medio del presente y por disposición del secretario de la Defensa Nacional, me es grato enviarle un cordial saludo y en atención de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4067/ 10, de fecha 8 de diciembre de 2010: sobre el particular esta secretaría del Ejecutivo federal, con fundamento en los artículos 73, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con relación al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita a esta secretaría que en la medida de las posibilidades se realicen adquisiciones de equipos y herramientas tecnológicos que coadyuven al mejor desempeño de las atribuciones que le fueron conferidas por la Constitución Política y demás ordenamientos jurídicos, hago de su conocimiento que esta dependencia, no obstante las restricciones presupuestarias, ha adquirido diverso equipamiento, con objeto de volver eficiente las labores que por ley tiene asignadas. Por tal motivo se anexa la relación de las adquisiciones que involucran ese tipo de tecnologías que se han materializado o se encuentran en proceso de adquisición correspondientes a los años fiscales de 2010 y 2011.

Respecto a la adquisición de equipos y herramientas de base tecnológica para la revisión a unidades de transporte durante su paso por los puestos de control militar establecidos por esta secretaría como parte del combate del narcotráfico y de la delincuencia organizada, hago de su conocimiento que esta dependencia, con base en las posibilidades presupuestarias y en los convenios logrados con otras dependencias y gobiernos estatales se encuentra modernizando 11 puestos de control estratégicos y 4 regionales fijos, los cuales se encuentran distribuidos en diversas entidades (se informó en el oficio número 84612, de fecha 22 de octubre de 2010).

En el mismo sentido, y a fin de privilegiar las inspecciones no invasivas, a la fecha se cuenta con 739 detectores moleculares GT-200, 18 medidores de densidad Buster y 43 Mobile Trace GE (transferidos por Iniciativa Mérida), que se emplean en los puestos de control de las diferentes regiones militares, facilitando y agilizando las revisiones.

Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido consciente de la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas en el quehacer diario de sus integrantes, facilitándoles sus labores, que redundan en mayores resultados para garantizar la seguridad de la población, a la que se debe.

Sin otro particular, reciba las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, DF, a 15 de febrero de 2011.— General de Brigada DEM Genaro Robles Casillas (rúbrica), subjefe Administrativo y Logístico del EMDN.»

«Anexo 12406

Adquisición de equipo y herramientas tecnológicas correspondientes a los años fiscales de 2010 y 2011

Empleo (3 084 mdp para el año fiscal de 2010)

A. Pago del arrendamiento financiero inherente a la adquisición de 5 aviones casa C-295.

B. Adquisición de un banco de pruebas para motores de avión.

C. Servicios de mantenimiento mayor para un helicóptero Mi-17.

D. Mantenimiento mayor de 2 aviones C-130 y 3 helicópteros Mi-17.

E. Adquisición de paracaídas.

F. Adquisición de vehículos blindados de fábrica.

G. Adquisición de 282 vehículos diversos.

H. Compra de sistemas programables de detección molecular.

I. Instalación y equipamiento de centros C4 en 7 regiones militares.

J. Adquisición de 5 máquinas para la fabricación del fusil Fx-05.

K. Fortalecimiento del sistema integral de administración.

L. Modernización del laboratorio científico de investigaciones.

M. Implantación de la red informática logística del servicio de abastecimiento de material aéreo.

N. Materialización de la primera y segunda fases del proyecto de fotointerpretación de imágenes satelitales.

O. Adquisición de radios Matra.

P. Implantación del sistema de control de armamento con identificación por radiofrecuencia.

Q. Implantación de la segunda fase del sistema de adiestramiento virtual láser electromecánico.

Empleo (1 584 mdp para el año fiscal de 2011)

A. Pago inherente a la adquisición de 6 helicópteros Cougar.

B. Pago del arrendamiento financiero inherente a la adquisición de 5 aviones casa C-295.

C. Pago del arrendamiento financiero inherente a la adquisición de otros 6 helicópteros Cougar.

D. Primera fase de la adquisición de radares.

E. Adquisición de equipos de comunicación.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

PROGRAMA 70 Y MAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-643 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Cara Cecilia Pineda Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGVII 105 12011 suscrito por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las Reglas de Operación del Programa 70 y Más.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SEL/UEL/311/3128/10 a través del cual comunica a esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso deja Unión, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a modificar las Reglas de Operación del Programa 70 y Más, a fin de que los operadores del programa proporcionen obligatoriamente a los adultos mayores los formatos de reclamo de recursos no cobrados y apoyen, en la medida de lo posible, al llenado de los beneficiarios y se informe el m6nto de los recursos públicos que no son cobrados ni reclamados por lo beneficiarios y que destino tienen, me permito enviarle la siguiente documentación:

• Copia del oficio 613.UPRI.0030/2011, suscrito por el maestro Alberto Mayorga Ríos Coordinador de Asesores de la Subsecretaria de Prospectiva Planeación y Evaluación, a través del cual se atiende el punto .de acuerdo referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2011.— Licenciado Enrique Lepine Muñoz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional.

Hago referencia al oficio número DGVI/599/2010, remitido a esta Unidad el día 20 de octubre 2010, en el que nos informan los puntos de acuerdo aprobados por el H Congreso de la Unión el 28 de septiembre de 2010:

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a modificar la Reglas de Operación del Programa 70 y Más, a fin de que los operadores del programa proporcionen obligadamente a los adultos mayores los formatos de reclamo de recursos no cobrados y apoyen, en la medida de lo posible, al llenado de los beneficiarios.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar a esta soberanía el monto de los recursos públicos que no son cobrados ni reclamados por los beneficiarios y que destino tienen.

Al respecto me permito informarle lo siguiente:

Sobre el primer punto de acuerdo

Se toman en cuenta sus recomendaciones y les informamos que en las Reglas de Operación 2011 (ROP), inciso 4.2.2, Proceso de atención, se establece que “con la finalidad de acercar los apoyos y servicios del programa a la población beneficiaria, se establecen mesas de atención como unidades de trabajo que dan cobertura a localidades cercanas integrando subregiones. Además, se conformará en función del presupuesto y capacidad operativa una red social que informe, comunique y eduque a la población beneficiaria; así como coadyuve en las actividades para la entrega de los apoyos y servicios. La red social se integra por los promotores, gestores y facilitadores voluntarios de las comunidades que establecen relaciones de colaboración”.

Sobre el segundo punto de acuerdo

El proceso de asignación de recursos destinados a la entrega de apoyos monetarios a beneficiarios del Programa 70 y Más inicia cuando se emite el estado de liquidación correspondiente a los beneficiarios que tienen derecho de recibir su apoyo en el primer bimestre enero-febrero. Una vez que la Dirección de Padrones de la DGAGP realiza el cálculo y asigna los recibos que identifican el pago a beneficiarios, se capturan en el Sistema de Administración Financiera Federal las cuentas por liquidar certificadas por los importes totales de los operativos de pago programados a fin de que la Tesorería de la Federación (TESOFE) deposite el recurso en las cuentas bancarias de las liquidadoras responsables de la entrega final al beneficiario. Cuando el calendario de pago ha sido cubierto y expira la vigencia de los recibos programados, se realiza una conciliación entre la Dirección de Validación, Autorización y Presupuesto y las Liquidadoras para determinar la cantidad de recursos que deben ser reintegrados a la TESOFE por concepto de apoyos no cobrados durante los operativos de pago. Al mismo tiempo se entrega a la Dirección de Padrones el resultado de dicha conciliación con la finalidad de que sea considerada en el cálculo de la emisión del siguiente bimestre. Los recursos reintegrados al finalizar un bimestre de pago permiten dar revolvencia al siguiente periodo de entrega, por lo que al finalizar el bimestre noviembre-diciembre coincide con el cierre del ejercicio fiscal y por lo tanto el recurso remanente de los apoyos no cobrados se depositan a la Tesorería de la Federación y son reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal como ahorros presupuestarios del programa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México DF, a 8 de febrero de 2011.— Maestro Alberto Mayorga Ríos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-865, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0049 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a reclasificar la Ciudad del Carmen, Campeche, en el área geográfica “A”, en materia de salarios mínimos para el 2011.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio de la Unidad de Enlace Legislativo SEL/UEL/311/4201/10, del pasado 15 de diciembre, mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en su sesión del 14 de diciembre de 2010, relativo a la exhortación a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para que lleve a cabo estudios técnicos y económicos, a efecto de reclasificar el municipio de Ciudad del Carmen, Campeche, al área geográfica “A”, en materia de salarios mínimos para el 2011.

Al respecto, esta dependencia del Ejecutivo federal toma conocimiento de dicha exhortación y comunica a usted que la misma se analizará en su oportunidad por las instancias competentes, ya que, como se sabe, el 18 de diciembre de 2010, el Consejo de Representantes de la Conasami acordó por unanimidad otorgar para el año 2011 un aumento general de 4.1 por ciento a los salarios mínimos de las tres áreas geográficas en que se divide al país, así como mantener la actual integración municipal de las áreas geográficas para la aplicación de los salarios mínimos. Actualmente, el estado de Campeche se ubica en el área geográfica “C”.

La Conasami, órgano tripartito con facultades para fijar en forma colegiada los salarios mínimos generales y profesionales que rigen para cada año, previsto en el artículo 123, Apartado A, fracción VI, párrafo tercero, de nuestra Carta Magna, ha señalado que la decisión unánime del Consejo de Representantes fue tomada de manera objetiva y responsable, cuyo propósito es apoyar la supervivencia y creación de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo en el país, elemento fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familia.

Cabe destacar que para adoptar dicha resolución, el Consejo de Representantes de la Comisión, integrado por el presidente de la misma, junto con 11 consejeros del sector obrero y 11 consejeros del sector patronal, analizaron y discutieron el contenido del Informe de la Dirección Técnica de la propia Conasami en cuanto a las investigaciones y estudios efectuados durante el 2010 y los presentados por los trabajadores, los patrones y las distintas instancias de representación pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 562 y 573 de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior no es obstáculo para que los sectores obrero y patronal lleven a cabo, en el marco de la negociación colectiva, las revisiones salariales y contractuales en la más amplia libertad, considerando las condiciones específicas de productividad, grado de competencia de cada empresa y, sobre todo, la necesidad de generar más y mejores empleos formales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reitera su compromiso con la autonomía de la Conasami, como órgano tripartito y la función que realiza en aras del entendimiento entre los sectores productivos, para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales en el país.

Hago de su conocimiento lo aquí expresado para efectos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

INICIATIVA MERIDA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0613 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Balfre Vargas Cortez, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0234/11 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la Iniciativa Mérida.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la unidad bajo su digno cargo, me permito hacerle llegar los elementos de respuesta al punto de acuerdo aprobado el 12 de octubre de 2010 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo se cita a continuación:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a implantar indicadores de desempeño en la aplicación de la Iniciativa Mérida para lograr los objetivos de ésta”.

Elementos de respuesta:

• La Iniciativa Mérida es un ejercicio de cooperación binacional que se sustenta en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país. Sus mecanismos de seguimiento son de carácter bilateral.

• Ambos gobiernos han trabajado en los últimos años para definir esquemas de identificación de metas y medidas de efectividad, que representen un carácter genuinamente bilateral y garanticen el pleno respeto a la soberanía y a la legislación interna de México y de Estados Unidos.

• En el marco del Grupo Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida, se están definiendo/validando de común acuerdo una serie de medidas de efectividad, por parte de las dependencias mexicanas y las agencias estadounidenses que participan en dicho ejercicio de cooperación.

Lo anterior para que por su amable conducto se remitan, de así considerarlo pertinente, dichos elementos de respuesta a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2011.— Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE QUINTANA ROO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0750, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 0050, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la equidad en los salarios mínimos a los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulúm, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas del estado de Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio de la Unidad de Enlace Legislativo SEL/UEL/311/4218/10, del pasado 15 de diciembre, mediante el cual hace del conocimiento el acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobado en su sesión del 14 de diciembre de 2010, relativo a la exhortación a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para que lleve a cabo estudios técnicos y económicos, a efecto de reclasificar para el 2011 diferentes municipios del estado de Quintana Roo, del área geográfica “C” a la “A”, en materia de salarios mínimos.

Los municipios a que se refiere el Punto de Acuerdo son Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Lázaro Cárdenas.

Al respecto, esta dependencia del Ejecutivo federal toma conocimiento de dicha exhortación y comunica a usted que la misma se analizará en su oportunidad por las instancias competentes, ya que, como se sabe, el 18 de diciembre de 2010, el Consejo de Representantes de la Conasami acordó por unanimidad otorgar para el año 2011 un aumento general de 4.1 por ciento a los salarios mínimos de las áreas geográficas “A”, “B” y “C”, así como mantener la actual integración municipal de las áreas geográficas para la aplicación de los salarios mínimos.

La Conasami, órgano tripartito con facultades para fijar en forma colegiada los salarios mínimos generales y profesionales que rigen para cada año, previsto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, ha señalado que la decisión unánime del Consejo de Representantes fue tomada de manera objetiva y responsable, cuyo propósito es apoyar la supervivencia y creación de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo en el país, elemento fundamental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Cabe destacar que para adoptar dicha resolución, el Consejo de Representantes de la Comisión, integrado por el presidente de la misma, junto con 11 consejeros del sector obrero y 11 consejeros del sector patronal, analizaron y discutieron el contenido del Informe de la Dirección Técnica de la propia Conasami en cuanto a las investigaciones y estudios efectuados durante el 2010 y los presentados por los trabajadores, los patrones y las distintas instancias de representación pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 562 y 573 de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior no es obstáculo para que los sectores obrero y patronal lleven a cabo, en el marco de la negociación colectiva, las revisiones salariales y contractuales en la más amplia libertad, considerando las condiciones específicas de productividad, grado de competencia de cada empresa y, sobre todo, la necesidad de generar más y mejores empleos formales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reitera su compromiso con la autonomía de la Conasami, como órgano tripartito y la función que realiza en aras del entendimiento entre los sectores productivos, para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales en el país.

Hago de su conocimiento lo aquí expresado para efectos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-1000, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Paula Angélica Hernández Olmos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 312.A.E.-73, suscrito por el licenciado Alejandro Escandón Jiménez, director general adjunto de Programación y Presupuesto de Energía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos necesarios para la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/270/11, de fecha 27 de enero del año en curso, mediante el cual se comunica a esta secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que, en el numeral quinto, “exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que promueva e impulse la liberación de recursos extraordinarios necesarios con cargo a las partidas presupuestales existentes, para ordenar la construcción de 10 buques con los requerimientos específicos que señale Pemex, en el astillero que apruebe esa dependencia”.

Sobre el particular, en términos de lo previsto por los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 65-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 (PEF), la honorable Cámara de Diputados aprobó los recursos presupuestarios necesarios para la renovación de la flota mayor de Pemex Refinación, la que incluye 10 buques tanque para el manejo de productos petrolíferos.

Al respecto, cabe comentar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 45 y 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es responsabilidad de Pemex Refinación cuidar que, en el ámbito de su presupuesto, el ejercicio del gasto contribuya al equilibrio presupuestario, a la administración por resultados y que se sujete a los montos autorizados en el PEF.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2011.— Licenciado Alejandro Escalón Jiménez (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

ESTADO DE CHIAPAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-1351 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-VI- 065 suscrito por Luis Octavio Alvarado, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al reajuste de la tarifa del servicio de luz eléctrica en la comunidad de Lancajá Chansayab.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/UEL/311/237/11 con fecha del 28 de enero de 2011, mediante el que remite el punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión, en el que se exhorta a esta secretaría llevar a cabo un reajuste de la tarifa por el servicio de energía eléctrica proporcionado en la comunidad Lacanjá Chansayab, en el que se considere un cobro no mayor a 20 pesos por recibo. Al respecto le comento lo siguiente.

Conforme a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la modificación, ajuste o restructuración de las tarifas eléctricas se hace de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras de los organismos y las de ampliación del servicio público, así como para fomentar el consumo racional de energía, y su aplicación responde a criterios generales.

Las tarifas eléctricas, en particular las aplicadas al sector doméstico, no alcanzan a cubrir los costos de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, por lo que implícitamente consideran apoyos a los usuarios, los cuales pagan un precio menor al costo; actualmente estas tarifas cubren aproximadamente 36 por ciento del costo de suministro. Esta situación ha distorsionado la señal de precios de proveer el servicio y ha afectado las finanzas del organismo suministrador.

Por otro lado, en cumplimiento a los compromisos con las familias de menores recursos, desde 2007, el gobierno federal otorga un apoyo adicional que actualmente asciende a 60 pesos mensuales para cada una de las 5.2 millones de familias beneficiarias del programa Oportunidades, a través del programa Oportunidades Energético. Con este apoyo se pretende contribuir al gasto destinado al consumo de energía por parte de dichas familias (electricidad y gas, principalmente), y su costo anual en 2009 ascendió a 3,203 millones de pesos (mdp). Considerando 359.9 mdp para el estado de Chiapas, donde se apoyó a más de 544 mil familias (50.8 por ciento del total estatal).

De acuerdo con la información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el estado de Chiapas el consumo medio del usuario doméstico durante 2010 fue de 70 kWh/mes, lo que equivale a una factura media 58 pesos (con IVA), por lo que el apoyo de Oportunidades Energético cubre el total de dichas facturas para las familias de menores ingresos en ese estado.

De esta manera el gobierno federal otorga un apoyo implícito a través de las tarifas eléctricas y otro explícito a través del programa Oportunidades Energético, por lo que no es viable dicha propuesta.

En su caso, cualquier apoyo adicional al consumo de energía eléctrica debería ser otorgado de manera explícita por los gobiernos locales con cargo a sus presupuestos de egresos.

Finalmente le comento que una alternativa es implementar los programas existentes para el ahorro de energía, mismos que tienen efectos inmediatos en la facturación de los usuarios y beneficios permanentes, por lo que se recomienda acudir al organismo suministrador para obtener mayor información al respecto.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de febrero de 2011.— Luis Octavio Alvarado (rúbrica), director general Adjunto.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente, para su conocimiento

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0248/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Gerardo Mejía Lara.

Puesto:Empleado de seguridad en la oficina regional de seguridad.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre:Ernesto Martínez Rivera.

Puesto:Empleado de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre:Juan Carlos Morales Moreno.

Puesto:Técnico electricista.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre:Minako Nishimura Murakami.

Puesto:Asistente en el Departamento Económico.

Lugar de trabajo:Embajada del Japón en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copias certificadas de las actas de nacimiento y de la declaración de nacional mexicana por nacimiento, que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los cuales solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre:Juan Pablo López Cruz.

Puesto:Empleado.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre:Graciela Balcazar Rivera.

Puesto:Empleada.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Nombre:Alejandra Domínguez Saldaña.

Puesto:Asistente de Visas.

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativa.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0205/11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Eduardo Francisco Jiménez Gómez.

Puesto: Empleado de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad

Lugar de trabajo:Consulado de Estados de Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en el cual solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copia simple de su identificación oficial.

Al mismo tiempo se informa que las personas que se citan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Francisco Serna Gómez.

Puesto Chofer

Lugar de trabajo:Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Mónica Anel Montaño Mendoza.

Puesto: Empleada.

Lugar de trabajo:Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Atentamente

México, DF, a 14 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación para dictamen.Por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, remítanse a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su conocimiento.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de enero de 2011 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2011.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía para su conocimiento.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Osuna Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 137 Bis 1 de la Ley Aduanera.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores de la LXI Legislatura.— Presente.

El suscrito, senador a la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, 164, 169, 172 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 137 Bis 1 de la Ley Aduanera, de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Las regiones fronterizas del norte de nuestro país se caracterizan, entre otros aspectos, por las oportunidades de desa-rrollo y crecimiento que registran año con año, derivado de factores como el flujo poblacional, la situación geográfica, la cercanía con el vecino país y los regímenes fiscales que le son aplicables.

En el norte del estado de Coahuila, existe una zona conocida como los cinco manantiales, que está conformada por los municipios de Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, ocupa una superficie territorial de 11,593.81 kilómetros cuadrados, y de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda 2010 tiene una población de 77,766 habitantes y 21,115 viviendas ocupadas.

Dentro de las principales actividades económicas de la zona destacan la agricultura, la ganadería, la minería, la industria, el comercio de alimentos, bienes y productos varios, así como servicios educativos, de hospedaje, profesionales, médicos, restaurantes, por mencionar algunos.

La zona se ve afectada económicamente por la desventaja que tiene en relación con las cercanas ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, ya que la población se traslada a estas últimas para realizar diversas transacciones comerciales o prestar sus servicios.

Esta región de los cinco manantiales se encuentra ubicada muy cerca de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. A través de la autopista 57 se comunica con la vecina ciudad norteamericana de Eagle Pass, Texas, y por la carretera 29 con la ciudad Del Río, Texas, circunstancia que la pone en franca desventaja para el desarrollo del comercio, servicios y otras actividades productivas dada la diferencia de los precios que se ofrecen al otro lado de la frontera, así como el diferencial en la tasa de los impuestos, sin dejar de mencionar las ofertas y promociones que frecuentemente dan los establecimientos comerciales del vecino país.

Ello es así, dado que en las ciudades de Eagle Pass y Del Río, Texas, el impuesto al consumo conocido como tax tiene una tasa de 8 por ciento, además de que puede ser devuelto a los extranjeros en las oficinas autorizada para tal efecto, lo que al final de cuentas se refleja en un menor precio de los productos y servicios en relación con los precios mexicanos, considerando que actualmente el IVA aplicable en la zona es de 16 por ciento, o sea el doble de tasa impositiva estadounidense.

Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito modificar el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de otorgar a la región de los cinco manantiales el carácter de región fronteriza, dado que reúne las características geográficas para ello.

Tan sólo baste reconocer que la aduana está ubicada en el municipio de Allende, Coahuila, en el kilómetro 53.5, a tan sólo 3 kilómetros de distancia del centro de población y no obstante ello, la zona conformada por los cinco municipios no se considera frontera para términos fiscales, pero sí en lo que respecta a al punto de revisión aduanal.

La propuesta es una verdadera necesidad social que reiteradamente ha sido presentada, pero que no ha tenido una respuesta afortunada que responda a la solución de los problemas económicos y sociales de la zona.

El hecho de considerar como región fronteriza a la región conocida como de los cinco manantiales en Coahuila, conformada por los municipios de Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, apoyará a las empresas y comercios mexicanos asentados en dicho territorio, para que puedan competir en mejores condiciones con los situados al otro lado de la frontera, sobre todo en lo que concierne al comercio de bienes y servicios, además de que permitirá instrumentar una política económica y social de modernización, que aproveche las ventajas y oportunidades de crecimiento que se deriven del incremento en el comercio internacional, y que elevará la eficiencia y competitividad del sector productivo, con mayor generación de empleos.

Con la medida propuesta, se aprovechará la situación geográfica de cinco municipios de Coahuila que, considerando su distribución en el territorio del estado y su infraestructura carretera, convertirá a la región en un nicho de oportunidades para el desarrollo de grandes proyectos detonadores del crecimiento económico y podrán establecerse condiciones de sana competencia económica respecto de las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Del Río, Texas, beneficiando a la sociedad coahuilense asentada en dicha región.

Ello es así, toda vez que, en los últimos años, se han registrado migraciones a otras ciudades en busca de mejores mayores oportunidades de desarrollo, con el consecuente costo económico y social que ello implica.

En abono de lo anterior, cabe señalar que en otras regiones del país se han implementado medidas similares, como lo es el caso de Ciudad Juárez, donde su región fronteriza llega hasta la garita aduanal situada a 73 km al sur de dicha localidad, o la de Reynosa, Tamaulipas donde la garita Km 30 queda ubicada a 181.2 km al suroeste de la ciudad o la garita Km 26 se localiza a 95.5 km al sur de la ciudad.

Cabe mencionar que la Ley Aduanera en su artículo 136, expresa que es facultad del Ejecutivo federal determinar la región fronteriza, más sin embargo, tanto el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como el artículo 137 Bis 1 de la Ley Aduanera, señalan expresamente lo que se considera como tal para los efectos fiscales de las mismas.

Asimismo, es de señalarse que la medida que se propone no implicará un costo fiscal para el erario, dado que por la cercanía territorial con las ciudades de Del Río o Eagle Pass, Texas, los habitantes de la región prefieren trasladarse a éstas para efectuar sus compras, lo que en última instancia, ocasiona un efecto nocivo en el desarrollo económico de las localidades situadas en los cinco manantiales.

La medida propuesta tampoco implicará un inconveniente en relación con otros municipios aledaños, ya que las condiciones geográficas y económicas de los cinco manantiales reúnen las características para ser considerados como región fronteriza.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 137 Bis 1 de la Ley Aduanera

Artículo Primero. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora; la región parcial del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del Municipio Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional; así como los municipios de Nava, Morelos, Zaragoza, Villa Unión y Allende, hasta el km 53.5, todos en el Estado de Coahuila.

Artículo Segundo. Se reforma el último párrafo del artículo 137 Bis 1 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:

Artículo 137 Bis 1. Las personas físicas que acrediten su residencia en la franja fronteriza norte, así como en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en el municipio fronterizo de Cananea, estado de Sonora, así como los municipios de Nava, Morelos, Zaragoza, Villa Unión y Allende, hasta el kilómetro 53.5, todos en el estado de Coahuila, podrán efectuar la importación definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 22 de febrero de 2011.— Senador Carlos Osuna Dávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.

ESTADO DE CHIHUAHUA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativo a los derechos humanos en el estado de Chihuahua, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra la diputada Leticia Quezada Contreras, hasta por 10 minutos.

Antes de que ella haga uso de la palabra les daremos la bienvenida a los alumnos de la Universidad Emilio Cárdenas, del Grupo Cudec, de Tlalnepantla, estado de México, invitados del diputado Amador Monroy Estrada. Adelante, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Gracias, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a nombre de Josefina Reyes Salazar, a nombre de Rubén Reyes Salazar y de Maricela Escobedo, activistas asesinados injustamente. Ellos quisieran estar en este momento protestando.

A nombre de ellos, aquí en la máxima tribuna del país exigimos justicia, justicia para quienes desgraciadamente sus voces fueron apagadas, eliminadas o borradas por atreverse a levantar la voz.

Desgraciadamente sus protestas no serán escuchadas más, nunca, nunca más. Agradezco al Grupo Parlamentario del PRD, a mis compañeras y compañeros diputados, la sensibilidad para con el tema y también agradezco a mi coordinador por el apoyo a esta causa y también por ser coherente con los principios del PRD.

La mal llamada estrategia Todos somos Juárez es el sufrimiento de una familia, es lo que ahorita está reflejando la equivocada estrategia Todos somos Juárez.

La familia Reyes Salazar lo demuestra. El programa Todos somos Juárez está reprobado, está siendo operado sin sentido, sin visión, a modo de un secretario de Seguridad Pública federal.

El programa fue concebido sin sensibilidad y con arrogancia por parte de la federación. El plan ha sido ineficaz y sus resultados son magros. No se puede hablar de avances cuando el número de homicidios aumentó 25 por ciento en 2010, a pesar de una inversión federal extraordinaria de 3 mil 200 millones de pesos.

Desgraciadamente este plan ha fallado; así da cuenta esta familia. Esta familia a la que le asesinaron a Josefina Reyes Salazar, en enero de 2010; Rubén Reyes Salazar asesinado en agosto de 2010; el 7 de febrero de este año, hace unos días fueron levantados, secuestrados Elías Reyes Salazar, Malena Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto, quien es nuera y parte integrante de esta familia.

¿Por qué tanta saña y odio hacia esta familia? Pregunto, ¿por qué estas injusticias? Sigo preguntando, ¿por qué la familia Reyes Salazar? Esa familia es conocida en el valle de Juárez por sus aportaciones a la vida cultural y social. Colaboraron ampliamente en las gestiones que derivaron en la fundación del Colegio de Bachilleres; han participado en la defensa de los derechos de las mujeres que trabajan en las maquiladoras, y encabezaron la exitosa lucha en contra del tiradero nuclear de Sierra Blanca.

Ellos han denunciado los feminicidios en Ciudad Juárez, son activistas, son defensores de derechos humanos. En los  últimos años han denunciado los abusos de militares en Chihuahua y se han manifestado contra la desaparición forzada de personas, ocurridas en el estado a raíz de la guerra contra el narcotráfico.

La denuncia de estos casos que les menciono de los asesinatos y los levantones de los miembros de esta familia fueron desestimados tanto por la Procuraduría General de la República como por la Fiscalía local. Ni siquiera el subprocurador de Justicia del estado de Chihuahua les ha hecho caso. Apenas el martes, el gobernador César Duarte ha recibido a la familia Reyes Salazar; pero todavía ellos no saben el seguimiento de las investigaciones de sus familiares. Lo que piden y lo que exigen es que sean regresados con vida.

Esas agresiones ponen en riesgo la vida y la integridad de toda la familia. Lo que pedimos y exigimos es que se investigue a fondo, que se dé con el paradero de las personas desaparecidas y que se encuentre a los responsables.

Es una familia defensora de derechos humanos. Es un ejemplo de lo que está pasando en Ciudad Juárez, que si no los vemos y si no los protegemos es una familia que terminará siendo eliminada.

Esta familia quisiera tocar los corazones de los diputados y de las diputadas. Iniciaron una huelga de hambre desesperados, desolados, con la finalidad de exigir que se devuelvan con vida a Malena, a Elías y a Luisa.

El martes 8 de febrero comenzaron esta huelga de hambre a pesar de las duras condiciones en el estado de Chihuahua, de las condiciones climáticas; sin embargo, le quemaron la casa a la señora Sara Salazar. Su casa fue quemada. Ella es la madre de los jóvenes asesinados y de la familia secuestrada. También quemaron la casa de Malú García Andrade, presidenta del grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C. igual también, defensora de derechos humanos, defensora y activista en Ciudad Juárez.

Ante tantos atropellos, el 15 y el 16 de febrero de este mismo año, la familia Reyes Salazar decidió llegar al Distrito Federal. Desde el 15 y 16, diputadas y diputados, están en huelga de hambre y en un plantón permanente a las afueras del Senado de la República, a un costado del Senado. Un plantón, quién sabe, tal vez indefinido, porque ellos dicen que tienen la convicción de que seguirán luchando por la vida de sus familiares, y por supuesto que nosotros les estaremos ayudando.

Hemos dicho una y otra vez, la estrategia contra el narcotráfico es un error, es una guerra que está equivocada y que está siendo perdida. Yo le pregunto a Felipe Calderón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué espera para actuar, para despertar del sueño aletargado en el que se encuentra? ¿Qué espera si Ciudad Juárez es considerada la urbe más violenta de México? Durante el primer mes de este año fueron asesinadas 210 personas. Esto, aunado a los feminicidios; primer lugar en feminicidios.

Basta, compañeros, compañeras. Levantemos la voz, 3 mil 100 homicidios en Ciudad Juárez. ¿Esto no nos hace despertar acaso? ¿Qué pasa Felipe Calderón para cambiar a Genaro, qué espera para cambiar a Genaro García Luna? Que sólo ha demostrado indiferencia, omisión e incompetencia. Sus disque operativos en contra del narcotráfico, más bien cuando salen a las calles siembra terror. La gente vive en este país con terror. Lejos de que ayudan a la gente, se siente más insegura. Se les han otorgado millones y millones de pesos y hay nulos resultados. Es el sexenio más sangriento que hemos tenido.

¿Qué espera Calderón para correr a Genaro García Luna? Cuando es el responsable de que nuestro país esté hundido en baños de sangre. Cuando no da resultados. Qué es más claro, esta familia que está siendo y que llegó a la Ciudad de México.

Varios estados ya han cambiado a sus secretarios de seguridad. Por tanto, exigimos la renuncia de Genaro García Luna. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe Calderón? ¿Por qué? ¿Por qué Genaro García Luna es intocable para este gobierno? Es una respuesta que tiene que dar de frente a la sociedad.

¿Qué pasa cuando tenemos un secretario que organiza shows mediáticos? ¿No recordamos el caso de la francesa? Es el centro de los reflectores por su incompetencia y corrupción, que genera impunidad y que nos tiene hundidos en una violencia diaria. ¿Qué pasa Calderón? ¿Qué le has hecho al país? ¿Qué le ha pasado a los activistas defensores de derechos humanos que han sido asesinados, levantados y callados? Si los han callado y la difusión del miedo, eso sí es lo que saben hacer, pero no saben defender a activistas humanos.

¿Qué pasa con Genaro y con el dinero que se le ha otorgado en contra del narcotráfico? Él lo reconoce. Cito: “hoy Chihuahua para México representa casi el 30 por ciento de los homicidios de todo el país”. Lo reconoce, compañeras y compañeros, ¿qué ha hecho? Solamente ha dejado muerte; muerte y más muerte en este país.

Soy la voz de una madre desesperada que pide ayuda, doña Sara Salazar. Está desesperada. Cito textualmente: “hace pensar en una complicidad de los criminales y los agentes de seguridad del gobierno. ¿Qué nadie puede hacer algo? ¿Qué nadie me puede ayudar? ¿Qué más puede decir una madre desesperada que le han acabado a su familia? ¿Qué acaso no tenemos sensibilidad en este país, y en este grupo, y aquí en los diputados?”.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Por la familia Reyes Salazar exigimos y pedimos justicia, justicia en este país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Cora Pineda Alonso, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, en 2008 el presidente Calderón manifestó que la prioridad del gobierno era la seguridad de los ciudadanos, y declaró en una de sus primeras visitas a ciudad Juárez que los juarenses y sus autoridades no estaban solos en la batalla para lograr que esta localidad se convierta en la ciudad segura que todos anhelamos.

Por ello, el gobierno federal ha estado y seguirá estando con todo el apoyo. A tres años de ello, y tras la implementación de estrategias como Todos somos Juárez, que incluyó 160 acciones en los temas de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social, dirigidas a atacar la violencia y reconstruir el tejido social y del reciente plan de seguridad que la Secretaría de Gobernación anunció que para depurar a la policía local y mejorar la coordinación entre corporaciones, la realidad está muy lejos de que se cumplan las promesas y compromisos hechos.

Hoy ciudad Juárez ese el ícono de la violencia y la crisis de inseguridad que golpea al país como resultado de la lucha contra el crimen organizado. La presencia de más policías y militares no ha logrado abatir la inestabilidad social.

Los más de 3 mil asesinatos y lo que llama el gobierno efectos colaterales de esta batalla, son verdaderamente alarmantes.

Los habitantes de Ciudad Juárez se encuentran entre la violencia relacionada con el tráfico de drogas y violaciones a las garantías fundamentales cometidas por las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellas impunes.

Señala el informe elaborado en 2010 por la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos: la situación de inseguridad en la región es tan alta que paradójicamente, alrededor de 230 mil personas abandonaron la ciudad desde que el gobierno federal implementó el Operativo Conjunto Chihuahua.

De la misma manera, las cifras tampoco logran describir a plenitud otras muertes que recorren las calles de la ciudad: femenicidios, ejecuciones de jóvenes a manos de la delincuencia organizada y también de las fuerzas del orden llamadas a garantizar la seguridad en el territorio; miles de asesinatos de migrantes anónimos en su recorrido final a Estados Unidos.

Y es en este crudo escenario que casos como el que hoy nos trae a esta tribuna acontecen sin ninguna respuesta: el asesinato de Josefina Reyes en enero de 2010, activista y defensora de derechos humanos y la posterior persecución de la que ha sido protagonista su familia, que incluye entre otras cosas la ejecución de uno de sus hermanos, siete meses después de su muerte; el secuestro en febrero pasado de su cuñada y otros dos hermanos y el acoso que ha sufrido Sara Salazar, su madre. Están también el brutal asesinato de Susan Chávez, la ejecución de Maricela Escobedo Ortiz, por mencionar algunos más.

Todos ellos, muestras claras de que ser periodista o defensor de derechos humanos en México es igual a ser víctima de abuso, tortura, homicidio, levantones, actos de acoso y detenciones arbitrarias.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: ¿Cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad y conceda de una vez la importancia que merecen las recomendaciones de organismos internacionales?

Quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos en que resulta decisiva la creación de un mecanismo de protección efectivo que incluya funciones de prevención, protección e investigación, que sea de jurisdicción federal y que cuente con suficientes recursos e independencia.

Si el gobierno tiene la intención de diseñar un mecanismo de protección que realmente funcione, las organizaciones de derechos humanos deberán participar en todos los aspectos de su diseño, implementación y seguimiento.

¿Cómo no hacerlos partícipes si son ellos quienes están sufriendo junto con la sociedad en su conjunto las consecuencias de Estado de violencia agravado? Es indispensable recuperar la confianza de la población. Las estrategias están ahí, sin embargo, si no se implantan acciones claras que se materialicen en la vida diaria de las personas, no avanzaremos.

Combatir los abusos y proteger los derechos de quienes dedican su vida a alzar la voz y visibilizar los abusos, los crímenes y los actos de corrupción e impunidad es condición necesaria de una política de seguridad firme. Sólo así empezaremos por hacer que la premisa Todos somos Juárez sea parte de una realidad y no de un discurso más.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún:Buenas tardes. Efectivamente, el programa Todos somos Juárez se instrumentó aproximadamente hace un año, en esta ciudad del norte de nuestra patria.

Se constituyó de 160 acciones o compromisos, dentro de los cuales sólo cinco son de empleo, 11 de economía, 12 de seguridad y un sinnúmero de educación, cultura y deportes, que tienen más que ver con arreglar una cancha, varias veces la misma cancha y hacer una página web y desarrollar caravanas y comprar 24 o 30 camas para un hospital, contratar a 10 psicólogos. De eso está constituido el programa Todos somos Juárez.

Lo importante de este programa es que costó en un año 3 mil 383 millones de pesos. Es uno de los programas más costosos que hay en este país; sin embargo, sería importante hacer una evaluación de qué ha pasado con el programa Todos somos Juárez.

Sara Salazar, Josefina Salazar, Rubén Salazar, Malena Salazar, Elías Salazar, Luisa Ornelas, ellos son Juárez. Ellos y ellas son verdaderamente Juárez y los miles y miles de muertos en Ciudad Juárez, más de 3 mil muertos en Ciudad Juárez en un promedio de uno por cada millón de pesos que se gasta el gobierno federal en Ciudad Juárez. No se ha resuelto el problema de seguridad en esa ciudad; no se ha resuelto el problema de seguridad en el estado de Chihuahua y no se ha resuelto el problema de seguridad en el país.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo exigimos el alto a la militarización del país. Exigimos la construcción de una verdadera estrategia de seguridad que contenga como elementos fundamentales una política de desarrollo social integral, el respeto irrestricto a los derechos humanos, que se termine con el fuero militar, cuando éste es sólo un instrumento para proteger a asesinos, a violadores y a secuestradores que se amparan en un uniforme.

Exigimos, igualmente, la presentación con vida de la familia Reyes Salazar. Exigimos el fin de la impunidad y el castigo a los responsables de quienes han ensangrentado a Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua.

El día de hoy, Día de la Bandera, día en que todos nos ponemos patrióticos y que hay incluso quienes se ofenden cuando se le pone un moño negro a la Bandera de México, sería importante que recordáramos que esa bandera, esa tela que representa, representa a la patria y en ese sentido, tendríamos que recordar dónde está la patria, en qué reside la patria.

¿Por qué nos ofendemos con esto y no nos ofendemos con el baño de sangre que está llenando a todo nuestro país? ¿Cómo no se ofenden por 35 mil muertos? ¿Cómo no se ofenden por las mujeres y los niños violados, lastimados, asesinados? ¿Cómo no se ofenden por las familias dese-chas? ¿Cómo no se ofenden por la destrucción del territorio nacional? ¿Cómo no se ofenden porque el narco controla el país? ¿Cómo no se ofenden porque controla gran parte de los gobiernos, desde el federal hasta algunos de los estados? ¿Cómo no se ofenden por eso y sí se ofenden por un moño negro en una bandera, un 24 de febrero?

Realmente quienes representamos al pueblo tenemos deberes superiores, tenemos que exigir desde esta tribuna no más sangre, no más muerte. Sí queremos la seguridad, pero no por encima de los derechos humanos y no por encima de la destrucción de la patria.

Exigimos desde aquí la presentación con vida de las familias Reyes Salazar y de todos los secuestrados. Que el crimen no pase, que el crimen sea detenido. No más sangre.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, señor presidente.

Sin duda alguna, cada vez son más las violaciones a los derechos humanos. Sin duda alguna, se manifiesta y se registra un ataque y una persecución a los activistas en derechos humanos, a los defensores de la ciudadanía; a las ONG, a los que luchan sin interés alguno y su única misión es velar por los derechos humanos.

Casos son muchos, todos igual de importantes, pero las oportunidades de intervenir de manera ágil, eficiente y eficaz son pocas. Estamos a tiempo de levantar la voz y exigir que se le dé atención inmediata a la activista Maricela Reyes Salazar. Es necesario conocer a detalle qué fue lo que sucedió con esas medidas cautelares que fueron solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Maricela denunció una red que opera en el estado y que se dedica a la trata de personas. La historia de Maricela todos la conocen; viene de una familia luchadora por los derechos humanos. Su hermana Josefina fue asesinada el 3 de enero de 2010, al poco tiempo también lo fue su hermano Rubén. Hace algunos días la casa de su madre, Sara, fue incendiada.

Maricela exige la presentación de sus familiares; de su hermano; de su hermana, de su cuñado. Ella, de manera valiente nos dice que a pesar de todo esto no piensa abandonar este país.

Maricela ha emprendido un ayuno en el Senado de la República, una huelga de hambre para exigir la libertad de su familia, pero no sólo eso, Maricela en momentos difíciles también piensa en el país, también piensa que es necesario detener la violencia.

Estamos a tiempo de encontrarlos, estamos a tiempo de actuar con la rapidez que se actuó en el caso del servidor público estadounidense que fue asesinado. Ahí sí actuamos de manera rápida. Estamos a tiempo de hacer lo mismo.

Maricela dice que el gobierno federal es quien ha creado este monstruo –así lo llama ella- y la verdad de las cosas es que todos tenemos una responsabilidad en este tema. La falta de educación, la falta de trabajo y la falta de seguridad social son, sin duda, los reactivos que llevan a esta violencia.

No podemos dejar de hacer la reflexión porque así lo pide Maricela. La primera reflexión es Juárez. El Ejecutivo, acompañado de gran parte de su gabinete, se instaló en Juárez para presentar el plan: Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad. Buscaba revertir el fracaso de los proyectos anteriores. ¿Cuáles fueron los resultados? Las jornadas más violentas de la historia en Juárez.

El presidente se trasladó a Juárez, dejó ahí a un integrante importante de su gabinete, al señor Vivanco a resolver este problema y ¿cuáles son los resultados? Jornadas que en el 2010 arrojan un balance de más de 4 mil 500 asesinatos en Juárez. Ahora nos vuelven a decir que buscan revertir una vez más la estrategia que ya vimos que no funciona. Estrategia fallida a la cual nos hemos referido en múltiples ocasiones.

Otra reflexión obligada, sin duda alguna, son aquellos diálogos por la seguridad a los que acudimos casi todos los grupos parlamentarios. La pregunta es ¿qué se obtuvo de esos diálogos? ¿Qué se obtuvo de esa buena voluntad de acudir a expresar en qué sí estábamos de acuerdo y en qué no? Lamentablemente no se ha obtenido nada. Lamentablemente ha sido un monólogo sin sentido.

Pareciera, pareciera que la única estrategia dentro de estos diálogos fue la mediática. Fue la de obtener tiempo y legitimación. ¿Qué nos ha dado el gobierno a cambio? Según los datos oficiales, mas de 35 mil muertos de los cuales 15 mil 273 se presentaron en el 2010. Es decir, más de mil 200 asesinatos mensuales. ¿Cómo puede hablar el gobierno de una mejoría?

Nosotros hemos insistido y lo seguiremos haciendo en nuestras propuestas. Es necesaria la implementación del mando único estatal urgente y sin demora alguna. Es necesario también un sistema de evaluación real, certero y consensuado que sirva para la medición y la toma de decisiones. Y es necesario también atender el informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, así como la Recomendación número 18 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales, del PRD, hasta por 5 minutos.

La diputada Florentina Rosario Morales:Buenas tardes, compañeros diputados. Basta ya de represión a la familia Reyes Salazar. En éstos últimos días integrantes de una familia que está viviendo en permanente angustia y temor viajaron a más de dos mil kilómetros desde su natal Valle de Juárez En Chihuahua a la capital del país.

El objetivo de tal viaje no es otro que exigir justicia y frenar la ola de asesinatos y desapariciones forzadas que en estos meses se han intensificado en torno a la familia de activistas y defensores de los derechos humanos.

A la cabeza de la comitiva se encuentra la señora Sara Salazar, de 76 años, la cual es madre de los hermanos Reyes Salazar, quien ante la insensibilidad del gobierno estatal de Chihuahua y del gobierno federal, ha resuelto trasladar una huelga de hambre a las afueras del Senado de la República, que junto con sus hijos Maricela y Saúl mantenían a las afueras de la fiscalía estatal de Chihuahua.

Con esta nueva determinación, la familia busca llamar la atención para que el Poder Legislativo se sume a la exigencia de la presentación, con vida, de Elías y Magdalena, además de Luis Ornelas, hijos y nuera, respectivamente, de doña Sara, detenidos y desaparecidos el pasado 7 de febrero.

¿Por qué tanta saña contra la familia Reyes Salazar? En México defender los derechos humanos, manifestar la inconformidad ante las políticas públicas o intentar siquiera la más mínima democratización de las instituciones, repercute en graves consecuencias para los opositores al régimen y para sus círculos más allegados como colegas de las organizaciones, amigos y familiares, inmediatamente se vuelve presa de la vigilancia y del acoso gubernamental.

La familia Reyes Salazar, además de atender una panadería, la cual es el negocio familiar, son un referente de la lucha social en el Valle de Juárez y en la entidad norteña de Chihuahua, son pioneros en exigencia en el esclarecimiento de los feminicidios, sobre todo Josefina, hija de doña Sara, y quien fuera asesinada a principio del 2010.

Los Reyes también tuvieron una participación fundamental en contra del tiradero nuclear de Sierra Blanca, y ni se diga del apoyo humanitario que brindan a los migrantes en su paso al país vecino. Y aún más de resaltar son las movilizaciones que organizan para la elevar la calidad de vida de las colonias marginales y municipios aledaños a Ciudad Juárez, a través de las cuales exigían agua entubada, la electrificación, la regularización de los predios, entre otros tantos reclamos. Ésos fueron los delitos que ahora están pagando los Reyes Salazar.

La osadía de contrariar a los gobernantes se ha traducido para esta familia activista en una ola de violaciones a sus derechos más elementales como el derecho a la vida, a la seguridad y, claro está, acompañada de tales violaciones, la ya acostumbrada impunidad.

La violación en contra de la familia Reyes Salazar ante un recuento de los hechos, podemos deducir que lo que se busca es ir acabando uno a uno de los miembros de esta familia activista.

En el 2009, Juan Manuel, hijo de Josefina Reyes, es asesinado. En este mismo año apresan a Miguel Ángel, otro hijo de la señora Josefina, lo acusan de pertenecer a una banda delictiva. El 3 de enero de 2010 asesinan a Josefina Reyes, quien fue durante una década un símbolo de lucha en contra de los asesinatos ocurridos en el Valle de Juárez.

El 16 de agosto de 2010 es igualmente asesinado Rubén Reyes, hermano de Josefina; el 7 de febrero de 2011 son detenidos y desaparecidos Elías y María Magdalena Reyes Salazar, además de Luisa Ornelas, esposa de Elías.

El 16 de febrero de 2011es incendiada la casa de la madre de los activistas Salazar, al igual que la casa de Malú García, quien es presidenta de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que lucha por castigar y poner fin a los feminicidios en Ciudad Juárez.

La familia Reyes Salazar está en la capital de la república y vienen a exigir justicia y la presentación con vida de sus otros integrantes desaparecidos contra su voluntad. Vienen a exigir que se cumpla con el pedido que hace la Comisión de los Derechos Humanos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, ciudadana diputada.

La diputada Florentina Rosario Morales:Que para que se esclarezcan toda esa serie de violaciones a sus derechos, ahora después de una larga travesía están tocando las puertas de este Congreso de la Unión.

Es menester intervenir ante las mayores muestras de ausencia del Estado. En aquella región del país es prioridad garantizar el derecho fundamental de la vida, a la integridad física, mental, no solamente a la familia Reyes Salazar, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, principalmente a sus derechos humanos. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

Saludamos a un grupo de artesanas de la Asociación de Costura y Bordados de la comunidad de San Nicolás, municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, a invitación de la diputada Paula Hernández Olmos; sean ustedes bienvenidos.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes:Con su venia, señor presidente. Algunas voces actualmente intentan, de manera sistemática, devaluar el combate al narcotráfico, argumentando principalmente la violación de los derechos humanos. Nada más alejado de la realidad.

El flagelo del narcotráfico y el crimen organizado representa para la sociedad una de las más terribles amenazas jamás vistas en la historia de nuestro país. Resulta indispensable contrarrestar y apagar su tremenda capacidad de violencia con la fuerza del Estado mexicano.

Hay quienes en lugar de buscar de manera urgente un esquema jurídico que facilite la colaboración del Ejército con los gobiernos estatales, proponen que éstos con su experiencia, formación y disciplina, en lugar de estar al servicio de los mexicanos se mantengan ajenos a la problemática. Al crimen organizado no se le puede combatir con los cuerpos policiacos municipales o estatales, porque esas estructuras débiles, improvisadas y corrompidas, no están en posibilidades de apoyo a la comunidad.

No obstante el gran esfuerzo del Estado mexicano para combatir la delincuencia, no se ve el mismo trabajo en los estados.

Tal vez esa falta de colaboración y eficiencia de los gobernantes, sobre todo priistas, se debe a lo que ayer el ex presidente de Nuevo León, Sócrates Rizzo, confesó con imperdonable cinismo, que los pasados presidentes de la República emanados del priismo controlaban y repartían el país a los grupos poderosos de narcotráfico, con el pretexto de no perturbar la paz. Qué terrible declaración, qué cinismo de hombre y qué vergüenza de político.

Señor Sócrates Rizzo, la paz social incluye, entre otras muchas cosas, proteger a nuestros jóvenes y nuestros niños del peligro de las drogas, incluye también cuidar la salud pública. Eso es parte de la paz social, señor.

Lo que dijo Sócrates Rizzo no es novedad. A todos nos ha quedado claro que los presidentes priistas controlaban el crimen organizado. De esto da clara información el reporte emitido por la Procuraduría suiza en el caso de los hermanos Salinas de Gortari.

Pero algo que no dijo Sócrates Rizzo es cuánto, cuánto cobraron esos presidentes por ceder el control del país al narcotráfico. Algo que no ha dicho es cuántos millones de dólares cobraron todos y cada uno de los gobernantes priistas que, bajo el cinismo del mismo criterio, por 70 años concesionaron los estados a los cárteles del crimen organizado.

Como diputada le exijo al señor Sócrates Rizzo que nos diga cuánto cobró él por concesionar su estado al crimen organizado. Hoy entiendo por qué Monterrey es uno de los estados más ensangrentados por el crimen organizado y el crimen del delito común.

El estado de Chihuahua desde hace más de 40 años ha visto entre su comunidad empresarios que lavan dinero y narcotraficantes poderosos. Nada sucedió. El estado de México, arropando a los principales capos mexicanos.

Nos queda claro, señor Sócrates Rizzo, que parte de la herencia de su gobierno que recibieron los mexicanos de ese estado de Nuevo León fueron los pactos que usted hizo con los criminales que hoy azotan esa noble entidad.

Los mexicanos no hemos luchado solamente para tener elecciones democráticas; hemos luchado también y seguiremos luchando para sacar de las calles a los criminales, pero también seguiremos luchando para sacar a los criminales de la política, a los criminales de los puestos de representación popular, a los criminales que, bajo el cobijo de la voluntad ciudadana, se atribuyen de manera inmoral el pacto y la comercialización de la paz social de los mexicanos. Ése es el verdadero cambio que México necesita: hombres y mujeres valientes que hoy se jueguen hasta el capital político por hacer lo correcto, lo que México necesita, lo que México debió haber hecho desde hace 70 años: combatir a los criminales y a los enemigos de esta nación. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Flores Castañeda:Compañeras diputadas y compañeros diputados, un elemento más de la violencia que envuelve al país y que agobia a las familias mexicanas lo constituye la persecución y los ataques a defensores de los derechos sociales y humanos en distintas partes del país.

Nuevamente el norte de nuestra nación es sede principal de estos reprobables actos. En las últimas semanas hemos atestiguado la muerte y la agresión a diversos actores ciudadanos que han tenido el valor de levantar la voz para hacer valer sus derechos y los de todos nosotros.

Es evidente que hemos fallado como estado y como autoridades en proteger su vida, su patrimonio y su dignidad. Incluso fallamos como conciudadanos en acompañarlos en esta cruzada.

El caso de la señora Marisela Escobedo y su hija Marisol Frayre Escobedo, y más recientemente el caso de la familia Reyes, que acumula un catálogo de agravios por todos conocidos. Aquí me detengo para decirles que el martes pasado acudió personalmente mi gobernador, César Duarte Jáquez, con la familia Reyes. Estuvo dialogando, platicando y atendiendo el asunto de manera personal.

Los defensores de derechos humanos no han hecho más que mostrarnos un camino donde ellos buscan y sacan adelante la dignidad, el valor y su entereza. Ciudadanos que toman la responsabilidad en sus manos y rebasan, incluso, a las autoridades, mostrando que sí es factible hacer un frente común contra la delincuencia en todas sus formas.

Vivimos tiempos y procesos de violencia que rebasan, en mucho, nuestra capacidad de asombro, pero aún más grave, que rebasan nuestra capacidad de protección, con la oportunidad, la eficiencia y la responsabilidad que nos demandan por las amenazas y persecución de que son objeto.

Sumo por igual a los periodistas que enfrentan situaciones similares, que tardíamente reciben el acompañamiento que las autoridades están obligadas a proporcionarles, en ocasiones, con resultados lamentables.

Señoras diputadas y señores diputados, la violencia en todas sus formas nos desborda. La capacidad de delinquir, de transgredir los marcos sociales y las reglas más elementales de vida y convivencia civil no son frontera para quienes atentan contra la seguridad de los mexicanos y de nuestras instituciones.

Es urgente aplicarnos a fondo; el avanzar más rápido que los delincuentes y agresores. Es urgente que exijamos instituciones policiacas más efectivas y con mayor capacidad de respuesta en éstos y en todos los casos. Ahí están los recursos autorizados por esta soberanía para fortalecer la seguridad pública local, en todo el país.

Sin una acción preventiva que resulte efectiva, sin la procuración de justicia, el abatimiento de la brutal tasa de impunidad en que vivimos los ciudadanos no será posible. Deberemos seguir enfrentándonos, en la indefensión, contra quienes atentan contra nuestra seguridad y paz.

No habrá acción de gobierno que alcance los mínimos resultados si carece del apoyo y participación de la ciudadanía; pero tampoco ésta se hará a cabalidad mientras no logremos construir un escudo efectivo de protección para quienes asumen la avanzada en esta guerra frontal contra la delincuencia.

Quiero también manifestar a la diputada que me antecedió que aquí se asuman las responsabilidades, si las hay. Pero también quiero señalar que si hay pruebas, que acuda al Ministerio Público y ella las señale. Asimismo, negamos ser parte de una tolerancia en esta materia. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. En la segunda ronda tiene, en primer lugar, la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia, hasta por 5 minutos.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, señoras diputadas y señores diputados, la situación actual que vive el país de violencia, persecución, pero lo más grave también, de impunidad, de una violación constante a los derechos humanos.

Pero, ¿cuántas veces más Ciudad Juárez será el lugar donde se presenten los hechos más violentos, acciones en contra de los ciudadanos, acciones que violentan los derechos fundamentales de los juarenses?

De las mujeres: ¿cuántos feminicidios más? De los niños: ¿cuántos niños sin tener a sus padres? De los jóvenes: ¿cuántos jóvenes se les va a asociar, una vez más, que pertenecen al crimen organizado o que están vinculados con el narcotráfico? Simplemente por ser señalados o simplemente para justificar un hecho que viene a señalarnos y decirnos que no se debe atentar más contra la vida de los ciudadanos de Ciudad Juárez. Asimismo, ¿cuántos migrantes? Más de 35 mil asesinatos.

Y aquí se han señalado y se han dado cifras. Pero, ¿qué se hace? ¿Cuál es la respuesta y la atención del gobierno federal? ¿Cuál es la respuesta y la atención de un gobierno estatal? ¿Y cuál es la respuesta y la atención de un gobierno municipal?

Aquí, todos, si no son unos, son otros los que se echan la bolita, pero no hay una atención a un problema serio, a un problema grave. ¿Cuántas veces más se van a callar las voces de activistas que han señalado que se violan las garantías constitucionales, sus derechos humanos? ¿Cuántas veces más tenemos que escuchar nombres como el de Maricela Reyes Salazar? ¿Cuántas veces más haremos uso de la voz en esta tribuna para señalar que no se deben violentar más los derechos humanos de los mexicanos? ¿Y cuántas recomendaciones más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pero más allá de las fronteras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cuántas veces más?

Señoras diputadas y señores diputados, tenemos un gran compromiso con la nación. Tenemos que no quedarnos callados, pero no nada más haciendo exhortos y haciendo llamados. Esto va más allá de simple ocasiones de subir a tribuna y señalar lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Nuestro país no merece estar en esa situación ni en esa condición.

No podemos permitir más que todas las fuerzas del narcotráfico y de la delincuencia organizada sean simplemente lo que sea parte de nuestro discurso.

Y que tampoco, que todas las acciones y presupuestos mayoritariamente sean destinados para ese problema. ¿Por qué no preocuparnos por la educación? ¿Por qué no preocuparnos por fomentar el desarrollo económico de este país? ¿Por qué tiene que ser siempre la violencia? ¿Por qué tiene que ser siempre la violación a los derechos humanos?

Todos unidos debemos estar en contra de este flagelo, en contra de esta violación constante a los derechos humanos. Todos aquí somos promotores de su defensa. Todos aquí somos promotores de respetar esas garantías individuales.

Hagamos, pues, un seguimiento puntual de todos estos señalamientos. Vamos, todos juntos, con nuestra buena voluntad, con nuestro querer a México, a exhortar al gobierno federal a que vea, a que garantice la seguridad que todos los mexicanos necesitamos y tenemos derecho a ello.

No más violencia en Ciudad Juárez. Es mentira que todos hoy digamos que somos Juárez cuando vemos que en Juárez es donde se dan las violaciones más grandes y la violencia más grande contra la sociedad.

Sí, todos tenemos que ver por que Ciudad Juárez aparezca en el escenario de este país, pero aparezca, siempre, con una mejor calidad de vida y garantía y respeto de todos los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT.

Me permito enviar un saludo muy afectuoso a un grupo de estudiantes de bachillerato del Instituto, La Paz, de Puebla, A.C., quienes fueron invitados por la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández. Sean ustedes bienvenidos a este recinto. Adelante, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, escuché con mucha atención todas las intervenciones, particularmente el posicionamiento de Acción Nacional.

A quien de Acción Nacional no le quede el saco, que no se lo ponga, pero me llamó la atención que no hubo un solo señalamiento al asesinato de Josefina Reyes Salazar. Una sola mención. Es el tema, y se fue a hablar del narco y de la mal llamada guerra contra el narco, que Calderón dice que no dijo porque tiene lagunas mentales por un problema que trae arrastrando.

Me parece muy grave, además que no leen el libro que les regalé, sí Anabel Hernández lo documenta, que los presidentes del PRI tenían el asunto del control y de los acuerdos con los narcotraficantes, se documenta desde los cincuenta y que con Fox y con Calderón llegaron directo a la Presidencia y que Calderón está vinculado al grupo del Chapo Guzmán.

Dice Acción Nacional que va a ir contra los delincuentes que estén en el gobierno. Tienen dos grandes candidatos: Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y Genero García Luna, que deberían de estar en la cárcel. Vinculados a grupos de secuestradores García Luna y, los dos, vinculados al grupo del Chapo Guzmán.

Pero no les creo lo que dijeron en tribuna, porque dijeron que se iban a bajar el 10 por ciento del sueldo y no han promovido ninguna iniciativa, cuando nosotros propusimos que era 50 por ciento.

Pero volviendo al tema. No sólo al PAN sino tampoco a la cúpula del PRI se les mueve una pestaña con lo que se está denunciando de la tragedia en torno a la familia Reyes Salazar. Es gravísimo lo que se está diciendo y no pasa absolutamente nada.

Les voy a decir cómo se tendría que apellidar la familia Reyes Salazar, o más bien, qué nacionalidad tendrían que tener para ser atendidos. El 15 de febrero fue asesinado un agente especial de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí.

Este agente que fue asesinado, de apellido Zapata, en ocho días, ayer ya tenían supuestamente a los responsables. No sé si sean los responsables o no, porque ya ven cómo se las gasta García Luna, quien inventa todo. Pero en tan sólo ocho días ya están detenidos los presuntos responsables del homicidio de este agente de Migración, que seguro es de la CIA, no entiendo qué hace un agente de migración en San Luis Potosí si era de Aduanas de los Estados Unidos, porque se han metido hasta la cocina.

Esto sí lo resuelven, pero hace un año que fue asesinada Josefina Reyes Salazar y nada, y todo lo que aquí se ha dicho: familiares secuestrados, quemada su casa, amenazada la familia, viven un verdadero infierno en vida y no hay ni un solo compromiso de detener todo este acoso, toda esta represión, toda esta violencia criminal que viene desde los más altos círculos del ejercicio del gobierno.

Vuelvo a insistir, compañeros diputados y compañeras diputadas, que de lo que deberíamos estar hartos es de la simulación. Cómo se viene aquí a hablar de justicia cuando los principales delincuentes gobiernan este país. Cómo se viene aquí a hablar de honorabilidad cuando están sumiendo a la nación en un baño de sangre brutal y cuando familias como la de Reyes Salazar se tienen que desplazar hasta la Ciudad de México, hacer un sacrificio enorme no sólo del desplazamiento sino una huelga de hambre sólo para exigir justicia.

¿Tienen que matarlas a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua para que sean atendidas o a las puertas de Palacio Nacional? ¿Qué tiene que suceder para que ya detengamos esta situación brutal, de barbarie en la que ha sumido al país Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa?

Y aquí el PAN y el PRI, sus cúpulas son responsables, juntos, de esta tragedia nacional. El PAN por ejercer el gobierno de manera irresponsable y de manera canalla, y el PRI por sostenerlo, el PRI por apoyarlo de manera permanente en todas sus políticas criminales, por haberle asignado a García Luna los presupuestos que se le ha dado en vez de dárselos a Educación; por haber tolerado todas las corrupciones, corruptelas, tropelías que hay desde el partido del gobierno de facto y que con toda tranquilidad aquí esta Cámara ha venido validando por las cúpulas de ambos partidos.

Sé –y termino– que tanto en el PAN como en el PRI hay hombres y mujeres honestos, comprometidos y consecuentes, preocupados por la situación, pero las cúpulas de ambos partidos han sumido al país en esta situación trágica en que se encuentra y la responsabilidad central, sin duda, es de quien usurpa la Presidencia de la República.

Así es que le pido a Acción Nacional que sea consecuente con lo que dijo y si va contra los criminales, vamos contra Calderón y García Luna. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra el señor diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México.

No encontrándose el diputado Natale en el salón, tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero, del PRD, hasta por 5 minutos.

La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero:Gracias, presidente. Me tocó el turno de subir a este muro de lamentaciones, porque francamente no es otra cosa esta tribuna: vacía y además también sorda ante reclamos de justicia que son elementales.

Se ha dicho hasta el cansancio en este lugar, lo hemos dicho muchos de distintos partidos, que la estrategia con la cual se está combatiendo al crimen organizado en el país está resultando contraproducente.

Hay estudios que demuestran que violencia e ilegalidad no son correlativas. Se nos dice en el discurso oficial que la violencia que hay, la violencia criminal corresponde justamente al crimen organizado y no se da cuenta que con la estrategia se ha creado un escenario de violencia de todos contra todos, sobre todo en Ciudad Juárez.

Por desgracia, no estamos considerados todavía como un área de conflicto. Por los muertos, por la cantidad de muertos solamente que hay en Ciudad Juárez ya debiera ser considerada una ciudad, mártir como si existiera una guerra.

Escuchamos a los gobernantes decir que lo que está pasando en Libia es una masacre y que hay que detener el baño de sangre. Con perdón, pero las imágenes que hicieron circular sobre Libia, sobre la matanza de Gaddafi a la población son pálida sombra frente a las imágenes de la sangre y de los asesinatos que suceden diario, sobre todo en esa entidad.

Por eso ya puede suceder lo que sea y hay sicarios que matan a cuenta, incluso hasta de asesinos individuales, como fue el caso de Maricela, que la mató un sicario justamente enfrente del Palacio de Gobierno y hay policías y militares que aparecen ligados en asesinatos y en levantones y en secuestros, y es la guerra de todos contra todos y sigue la mata dando, y ahora se nos dice que eso que se está haciendo en Juárez se va a aplicar también en otras entidades del norte del país; que el programa Todos somos Juárez es exitoso y ahora lo van a clonar en otras entidades.

Seguimos aquí señalando los errores de esa estrategia, los costos de esa estrategia, pero no veo que en esta soberanía tengamos capacidad para detener este baño de sangre, nada más venimos a quejarnos, venimos a decir que eso no puede seguir ocurriendo, pero todo sigue ocurriendo y todo sigue pasando, y hay personas, familias desplazadas en Ciudad Juárez, como en cualquier zona de conflicto, miles, cientos de miles de familias desplazadas y cientos de familias que han sido aniquiladas, sobre todo aquellas en las que sus miembros han enfrentado pidiendo justicia, pidiendo esclarecimiento de los hechos, como es el caso de la familia Reyes Salazar y también como es el caso de Malú, que viene también desde allá en las mismas circunstancias, pidiendo asilo en esta ciudad porque allá no hay ninguna garantía.

Es importante entonces, compañeros, que actuemos, que pidamos efectivamente que el Ejecutivo local y Ejecutivo nacional garanticen la vida y la seguridad de estas familias y lleven a una revisión de esta estrategia. Es importante que nosotros nos involucremos en esto.

Yo, la verdad me desanima mucho ver que no tomamos con energía estos problemas y que no actuamos para ponerles remedio. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López:Con su permiso, diputado presidente.

Conscientes de los retos que México enfrenta en materia de seguridad, el gobierno del presidente Felipe Calderón asumió, desde el inicio de su administración, la responsabilidad constitucional y ética para combatir a la delincuencia organizada con firmeza, a fin de fortalecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.

Es cierto que existen voces en el país que no están de acuerdo con que el Ejército se encargue de estas tareas, pero también existe la opinión de expertos en el tema, que coinciden con la decisión tomada por nuestro presidente.

¿Por qué creer que el problema se puede resolver con pura mera buena voluntad? Siguiendo la carencia de estrategia del pasado, resulta no sólo ingenuo sino irresponsable. La presencia del Ejército es necesaria, como mencioné anteriormente. Muchos expertos han coincidido en su importancia.

Por otro lado, la atención a los derechos humanos es y seguirá siendo una prioridad, ya que la persona humana ha sido siempre para Acción Nacional el fin de toda política.

En días recientes, el ex gobernador Sócrates Rizzo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, declaró que durante los regímenes priistas el presidente tenía un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico, lo que impedía, según su curiosa lógica, que hubiera ataques a la población y la violencia que vive hoy México.

Si bien la confesión en derecho no constituye una prueba plena, sí constituye un indicio y presupone que aunque no haya una prueba contundente, nos permite inferir –al menos- que hay un antecedente importante, algo sobre lo que hay que poner atención y que, vinculándose a otras evidencias, puede acreditarse como prueba plena. La lógica es simple: “cuando el río suena, agua lleva”, reza la sabiduría popular.

El señor ex gobernador también afirmó que el presidente tenía amplias potestades que los mandatarios estatales tenían que obedecer. Y ¿qué es esto, compañeras y compañeros legisladores, sino una abierta confesión de que los gobiernos priistas pactaban con el crimen organizado?

En Acción Nacional siempre hemos señalado y coincidido en la obligación primaria del Estado para brindar seguridad a los ciudadanos y a la población en general. La tranquilidad de las personas es fundamental para nuestra sociedad.

Conscientes de que las organizaciones criminales necesitan ser contenidas, el gobierno del presidente Calderón ha emprendido una lucha decidida en contra del crimen organizado, del narcotráfico; en contra de aquéllos que vulneran la tranquilidad de los mexicanos y la estabilidad del Estado.

Es una lucha frontal que ha emprendido con las herramientas e instrumentos que se tienen al alcance y con la entera voluntad de combatir un problema que por muchos años se dejó crecer, tanto a nivel federal como a nivel local. En ese sentido, el Ejército es clave para hacer frente a las organizaciones criminales.

La seguridad pública es una de las más altas prioridades, ya que una sociedad segura, alejada del crimen y de sus consecuencias es sin duda una sociedad más libre en la que personas ejercen sin amenazas ni riesgos sus derechos y obligaciones democráticas.

En cumplimiento de este objetivo, destaca la firma del plan de trabajo entre la Secretaría de Defensa Nacional y la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para la formación de sus elementos en esta materia.

La seguridad pública en todos los niveles de gobierno debe ser una prioridad. No podemos dejar que el estado de México ocupe los primeros lugares de todo el país en feminicidios, en robos de autos, entre otros.

Tan solo los feminicidios aumentaron en un 106 por ciento de entre 2005 a 2010 en el estado de México, sin dejar de lado el hecho de que la población femenina tan solo creció un 8 por ciento en el mismo periodo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ¿qué hacer ante una confesión tan clara? No podemos comprar el argumento que se dio hace tiempo cuando el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado reveló a la periodista Carmen Aristegui verdades que apuntaban en la misma línea. Claro que entonces se pensó borrar la verdad, ocultarla, aludiendo a las facultades mentales del ex presidente De la Madrid. Sin embargo, ahora podemos descartar dicho argumento y saber con plena certeza que el ex gobernador Rizzo está en pleno uso de sus facultades mentales y que así ha confesado la verdad que todo México siempre ha sabido, la verdad de que los gobiernos priistas pactaban con el narcotráfico y el crimen organizado.

El Estado de derecho no debe hacer excepción en ningún rincón del país, el crimen organizado no puede tener zonas de tolerancia ni de ductos infranqueables a la acción del Estado.

Acción Nacional estamos dispuestos a trabajar para que así sea, velando por el castigo de los culpables y por la promoción del bien y de la salvaguarda de las instituciones democráticas.

En Acción Nacional estamos por la generación de sinergias y la suma efectiva de esfuerzos para avanzar por la lucha contra el crimen organizado...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Concluya, diputada.

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López:Concluyo, señor presidente. Debemos empezar por hacer un frente común y dejar de lado los ataques en aras del desprestigio y que sólo atentan contra la eficacia del combate al narcotráfico y el crimen organizado. El país necesita de nuestra unión para hacer frente al terrible enemigo que representa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

La diputada Adriana Terrazas Porras:Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, que los ingenuos y quienes tienen otros intereses caigan en la tentación de seguir declaraciones que a título personal no tienen otro sentido que el de turbar el ambiente y distraer las verdaderas causas y los temas de fondo que deben discutirse en el país.

Rechazamos, compañeros diputados, categóricamente, que gobiernos priistas tengan que ver con el narcotráfico, tolerando si tiene pruebas. Le solicito, diputada, si tiene pruebas presentarlas y no utilice esta tribuna sin probar lo dicho.

Compañeros diputados, avancemos en la discusión y en la formulación de medidas de fondo para atender y resolver el clima de violencia de esta guerra, que no es guerra pero huele a pólvora y sangre de miles de muertos, de los cientos de ciudadanos asesinados desde el poder de la delincuencia y desde la ineficiencia del gobierno, que prometió defenderlos y los usa mediáticamente para su lucimiento. Eso es lo realmente grave y es lo que importa y es importante.

Señoras diputadas y señores diputados, la violencia en Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez, no es un fenómeno de geografía política o de discusiones partidistas, es un tema de gravedad que no admite posicionamientos combativos en tribuna, sino de enfrentar los datos duros, los hechos significativos, con plena entereza y autocrítica.

Ciudad Juárez fue elegida por el crimen organizado como el laboratorio que da paso a la multiplicación en todo el territorio nacional de métodos de violencia perfeccionados en su dimensión y en su crueldad.

Lo que hoy se registra en mi ciudad, en Ciudad Juárez, mañana se aplica en otras regiones y localidades. Sede de feminicidios sistemáticos, de decapitaciones, de bombas que alcanzan a la sociedad civil, atentados diversos y masacres repetidas. No hay una sola forma de violencia que no se haya registrado sistemáticamente en mi ciudad.

No es por otras razones que el presidente Felipe Calderón inició su lucha contra el crimen organizado en Ciudad Juárez, y digo lucha, batalla o guerra, porque eso ha sido hasta el día de hoy.

Movilizaciones policiales, presencia del Ejército, uso y abuso de la capacidad del fuego en una medida que supera a la aplicación de los servicios de inteligencia y al ordenamiento de las capacidades institucionales.

Reitero con firmeza, Ciudad Juárez no es tema de debate partidista, compañeros diputados llevarnos a este terreno es ofender a la población que resiste y enfrenta día a día a las bandas criminales, a las personas que han sido sacrificadas y lastimadas en los últimos años.

Lo hemos dicho y lo reitero, demasiada sangre y demasiadas balas y muy pero muy pocos resultados. Es tiempo de mover las fichas y establecer nuevas estrategias. Ciudad Juárez merece respeto, pleno respeto, pues sólo quienes ahí vivimos el día a día sabemos cuánto miedo, dolor y sangre se ha acumulado en sus calles, en cientos de hogares de familias que están a la espera de mejores decisiones que los protejan efectivamente y recuperen su tranquilidad.

Sí, compañeras diputadas y compañeros diputados, sabemos que tenemos la razón, el derecho, la fuerza pública, pero ese no es motivo suficiente para que las bandas de criminales organizadas se retiren de la ciudad.

Lo que Ciudad Juárez reclama es una acción integral de los tres niveles de gobierno, del apoyo irrestricto del país entero, de la suma de esfuerzos y voluntades de todos, de una efectiva coordinación de los instrumentos de que dispone el gobierno federal en apoyo a las órdenes del gobierno local.

Y no es una demanda menor. Toca reconocer que Ciudad Juárez es el espejo en el cual la nación se mira a sí misma, en sus resultados y es el termómetro de la irracionalidad y la violencia generalizada que vive todo el país.

Seamos entonces, Ciudad Juárez, el motivo para que desde esta soberanía no sólo se exija al presidente de la República y a su gabinete una acción más efectiva, sino también para proponer las medidas que coadyuven a dicho propósito.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Adriana Terrazas Porras:No basta el uso de la fuerza... Termino, señor presidente. Se necesita de programas en serio que aporten a los jóvenes y les den las oportunidades de proyectos culturales para recuperar plazas y calles, de empleos y más empleos, de garantizar los servicios de salud.

Hoy no hay médicos ante los permanentes secuestros, sacrificios y ampliar la educación media y superior. Me parece que Ciudad Juárez merece más tiempo, señores diputados.

Una acción integral...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Adriana Terrazas Porras:...que ponga a los juarenses. Termino, señor presidente. Una acción integral que ponga a los juarenses como el centro de la acción pública, no como espectadores de una destrucción que no tiene fronteras.

Dejemos de lado las descalificaciones y los ataques, no abonan a las respuestas pero sí a las divisiones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Adriana Terrazas Porras:Recuperar Juárez es iniciar la reconstrucción de la armonía y de la vida pacífica del país. Tengamos esa altura de madurez que estamos obligados a mostrar ante la nación y los ciudadanos, señores diputados. Muchas gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Fernández? Sonido en la curul del diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, para pedirle que quede asentado en el acta, yo no interrumpí a los oradores a pesar de que en el caso de Acción Nacional nunca tocaron el tema. Quisiera que quedara aclarado que nunca tocaron el tema, que no hubo ni el mínimo de solidaridad, que no hubo nada de condena ni de exigencia para que se resuelva el caso de la familia Reyes, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se registra su intervención, señor diputado. Diputada Pérez Reyes.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente por alusiones de la oradora anterior.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay alusiones en la agenda política, diputada.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes(desde la curul): Me limito a decir que las pruebas que la diputada Terrazas exige sobre mi discurso, me someto a la máxima del derecho que dice que a confesión de partes relevo de pruebas.

La confesión de Sócrates Rizzo está publicada hoy en Reforma. Las declaraciones de Miguel de la Madrid fueron ampliamente difundidas y me someto a las declaraciones de ellos mismos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda registrada su intervención, señora diputada.

Continúe la Secretaría. Vamos a pasar al capítulo de acuerdo de los órganos de gobierno.

EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010, relativo al pago total de la devolución de los ahorros de los ex trabajadores migratorios mexicanos

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que desde el inicio de esta legislatura ha sido tema sobre el que se ha avocado, para hacer justicia a los ex trabajadores migrantes mexicanos, que ahorraron diversas cantidades durante el tiempo en que se desempeñaron como tales en los Estados Unidos de América.

II. Que es justificado y legal, que a nuestros connacionales, aunque tarde, 65 años después, se les haga realidad el pago que les corresponde en el tiempo previsto en nuestra legislación.

III. Que las autoridades determinaron que la devolución de los multicitados ahorros, sería de 38 mil pesos, para cada uno de los ex trabajadores mencionados y no debe omitirse el hecho de que los connacionales en comento, han cumplido 82 años o más de edad, por lo que la medida aprobada debe ser ejecutada sin mayores dilaciones.

IV. Que las autoridades hacendarias pagaron a algunos de los ex trabajadores migrantes una partida de 4 mil pesos, con lo que el adeudo se redujo en algunos casos a 34 mil pesos.

V. Que el 28 de abril de 2010, esta Soberanía aprobó la devolución antes mencionada, turnándose de inmediato a la colegisladora, organismo que también mereció su aprobación el 29 de abril de 2010.

VI. Que el decreto a que se hace mención establece literalmente en el Artículo Quinto Transitorio, que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las previsiones necesarias, a fin de que a los beneficiarios se les otorgue el apoyo social establecido en la fracción II del artículo 5 de la ley, en un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación”, y dicho vencerá el 9 de marzo del año en curso.

Por lo expuesto, la Junta de Coordinación Política manifiesta su apoyo a los ex trabajadores migratorios y somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010, y se proceda a realizar el pago total de la devolución de los ahorros de los ex trabajadores migratorios mexicanos.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto propuesto por la Junta de Coordinación Política y está inscrito el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza, la diputada Hilaria y Samuel Herrera. Les recuerdo que son de 3 minutos. Si no tienen inconveniente, voy a organizarlo por grupo parlamentario. Primero el PT, luego el PRD y luego el PRI. Adelante, diputado, tiene usted 3 largos minutos. No haga que le demos tres cortos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Y los ex trabajadores braceros, señor presidente, están, desde 1942 esperando que se les haga un poco de justicia; no son comparables los 3 minutos con ellos.

Amigas legisladoras y amigos legisladores: el tema que estamos tratando y que fue aprobado en algunos órganos de esta Cámara y que esperamos el respaldo de ustedes es de la más elemental justicia, un poco de justicia para millones de ciudadanos que están en espera de ser retribuidos de algo que fue fruto de su trabajo, de algo que fue fruto de su sacrificio de dejar a sus familias durante años y que, cuando esperaban recibir ese trabajo acumulado en sus ahorros, en este país el gobierno les extravió los recursos y no les han llegado.

Ante esa situación, esta Legislatura, por consenso, desde un principio lo centró como uno de sus temas esenciales. El gobierno de la República emitió un decreto que más que ello contenía una burla, tanto en la cantidad como en la forma de retribuirles a esos ex trabajadores braceros 38 mil pesos.

En el decreto de marras se exponía que les pagarían anualmente 4 mil pesos y que el último abono lo pagarían en el 2019.

Ante ello las Cámaras, la de Diputados primero, por unanimidad, en la última sesión de abril del año pasado acordamos que se les pagara en una sola exhibición. Al día siguiente la colegisladora de la República, el Senado, en los mismos términos consensuó también que el pago fuera en una sola exhibición.

En el transitorio quinto de ese decreto se estableció que el gobierno federal tendría un máximo de seis meses para pagarles esa cantidad una vez que fuera publicado dicho decreto. Ese plazo vence el próximo 10 de marzo; esto es: estamos a unos cuantos días de que el gobierno de la República tenga que pagarles a casi 200 mil mexicanas y mexicanos esos 34 mil pesos en una sola exhibición.

El caso es que el presupuesto contempla una cantidad inferior. En ese fideicomiso sólo existen mil 800 millones de pesos que son insuficientes...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le voy a conceder 1 minuto más, diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Hace días el gobierno de la República, cuando hizo política en materia de deducción de impuestos educativos, dijo que no importaba que el costo fuera de 13 mil millones; que el gobierno tiene otras fuentes de financiamiento. Esperemos que eso ocurra también y que se les pague ya lo que durante tantos años cientos de miles de personas, de 82 años en promedio, en condiciones de salud precarias, reciban una mínima parte de lo que les corresponde por lo que fue su trabajo y por su esmero. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Samuel Herrera Chávez.

Aprovechando el espacio que nos brinda mientras sube el diputado Herrera, queremos agradecer la presencia en este salón de sesiones de un grupo de estudiantes y profesores de la escuela primaria David G. Berlanga, y del Colegio Skinner. Estos alumnos participaron hoy con nosotros en la ceremonia cívica con motivo del Día de la Bandera Nacional en esta Cámara de Diputados, organizado por la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Cultura. Muchas gracias por su asistencia. Estimados amigos, sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Gracias, diputado presidente. Hoy estamos aquí para reclamar el pago justo a los ex braceros que están aquí, afuera de esta Cámara de Diputados, y no les hemos dado respuesta.

Hoy la Secretaría de Gobernación ha hecho una afrenta porque el día de antier citó al Comité del Fideicomiso 2106 y no citó al representante de la Cámara de Diputados; y no se han publicado las listas y no se les ha pagado lo justo a los ex braceros.

Tenemos mil 752 millones de pesos listos para pagarlo. Pasó el 2008, el 2009, el 2010 y hasta ahorita, en el 2011, no se ha pagado. Exigimos que se publique y se le pague a los ex braceros.

Por eso nuevamente vengo a abordar este tema de uno de los grupos vulnerables más golpeados por tantas injusticias: los ex braceros.

Esta Cámara de Diputados, a través de las últimas tres legislaturas ha tratado de resolver esta problemática. ¿Por qué tocamos otra vez este tema? Daremos algunos datos que exhibirán las dificultades de hacer efectivo este programa federal.

La única entidad encargada de la operatividad de este programa, el Fideicomiso 2106 integrado por Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de la Función Pública son los componentes, pero en la práctica es la Secretaría de Gobernación la que decide y ejecuta políticamente sobre cómo beneficiar o perjudicar a los ex braceros.

Por eso, reclamamos que desde septiembre del año pasado no hay aplicación de recursos económicos a este programa federal. Responsabilizamos directamente a la Secretaría de Gobernación, porque tiene actualmente en fondos más de 560 millones de pesos, de los Presupuestos de Egresos de 2009 y 2010; estos debieron haberse ejercido y no hay aplicación, y no sabemos por qué hay esta omisión.

Así como la próxima acumulación de los recursos de los mil 200 millones de pesos que se aprobaron en el Ejercicio Fiscal 2011, que el legislativo aprobó en el paquete de egresos ante la imperiosa necesidad de ayudar a los ex braceros. Así también la Secretaría de Gobernación tiene en sus manos más de 150 mil expedientes de ex braceros que ya cumplieron con la ley; no entendemos por qué Gobernación tiene detenido este programa.

Esas personas pasaron por un riguroso proceso de revisión de requisitos en las mesas receptoras, para esto se erogó una cantidad importante de recursos. Luego entonces, se pone como pretexto que es la documentación el motivo principal para que no salgan las listas de apoyo.

De la lista 30 a la 34 se publicaron 149 mil 20 beneficiarios con un apoyo raquítico de 4 mil pesos. Nos queda claro que si ya aparecieron en el Diario Oficial de la Federación, son personas que ya cumplieron con los requisitos y no tuvieron problemas, y no hay pretexto para que se pare este programa.

¿De qué se trata entonces? Todo lo anterior es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. En este momento, esta Cámara de Diputados ha cumplido plenamente para resolver en gran medida este problema. Se ha reformado la ley, se han aprobado recursos como en ningún otro año en este programa.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, todos hemos conocido de cerca a ex braceros o a sus familiares que reclaman sus recursos, con justa razón quieren su pago en vida, que lejos de gozar estos recursos por los que han esperado más de 50 años, sólo les servirá seguro para medicamentos o, desafortunadamente, para el pago de servicios funerarios. El pago no puede esperar más.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Samuel Herrera Chávez:Llamo su atención –voy a concluir-, compañeras y compañeros, para reclamar en conjunto a la Secretaría de Gobernación para que sin dilación cumpla con los ex braceros, cumpla con esta Cámara y cumpla con esta deuda histórica del gobierno federal para estos mexicanos.

Por ello, hemos pedido al secretario de Gobernación que comparezca o reciba a la Comisión de ex Braceros y emulando al señor Alejandro Martí, en base a todo lo comentado, sólo resta decirles a los encargados de este programa: cumplan; si no, si no pueden renuncien. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Samuel Herrera Chávez. Tiene la palabra, el diputado Carlos Martínez Martínez.

El diputado Carlos Martínez Martínez:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en Acción Nacional reconocemos las demandas justificadas de los trabajadores ex braceros, mismos que laboraron entre 1942 y 1964 en las zonas agrícolas de Estados Unidos, y que gracias a los intercambios diplomáticos entre los gobiernos México y Estados Unidos pudieron acceder a un Fondo de Ahorro Campesino, como parte del convenio consistente en el 10 por ciento de los salarios pagados, estos con la administración del extinto Banrural.

Es por todos conocida la parte oscura de la historia que señala que los gobiernos anteriores, el viejo régimen, fue el responsable de la grave omisión de estos ahorros ganados con tanto esfuerzo por los ex braceros.

También es una realidad que el actual gobierno desde que ocupa el poder, en conjunto con el Congreso de la Unión, han asumido la responsabilidad de una manera solidaria para resarcir a este sector de la población, en un intento extraordinario por otorgarle los recursos que los gobiernos anteriores le privaron.

El gobierno federal ha hecho su parte y Acción Nacional también, participando activamente en la ley que creó el fideicomiso para pagar a los ex braceros, así como en el seguimiento y perfeccionamiento de las reglas de operación que regulan la repartición y distribución del apoyo social a los niños.

Y el antecedente más reciente que tenemos, como participación del Partido Acción Nacional, es precisamente la presentación de un punto de acuerdo en el periodo de sesiones que recién terminó en diciembre pasado, en donde solicitamos su asignación presupuestaria por más de 5 mil 300 millones de pesos para dar una solución definitiva a esta problemática que tanto nos preocupa. Y con satisfacción podemos declarar que nuestros esfuerzos rindieron frutos, puesto que la asignación original propuesta por el Ejecutivo federal era de 300 millones de pesos, lo que implicaba una disminución del 3.8 por ciento en términos reales respecto del presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010.

Gracias a nuestra inquietud y al consenso con las demás fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, logramos la aprobación de mil 200 millones de pesos, 900 millones más que en 2010, lo que nos arroja un crecimiento de 74 por ciento en términos reales con relación al año precedente.

Recurso que si bien no dan una solución definitiva, nos permiten avanzar, efectivamente, hacia la meta establecida con la posibilidad de aportar a un mayor número de ex braceros con el beneficio de los 38 mil pesos estipulados en las reglas de operación...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le doy un minuto más, diputado.

El diputado Carlos Martínez Martínez:Vale la pena señalar que este punto de acuerdo no ha sido el único que hemos presentado, es preciso recordarles que hemos hecho exhortos encaminados a modificar las reglas de operación del fideicomiso para hacerlo más transparente y flexible, a efecto de que no se convierta en un cuello de botella para la distribución del apoyo social.

En Acción Nacional estamos preocupados por los ex braceros, y nuestro esfuerzo nos llevó a ocupar la presidencia de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros, y desde esa trinchera trabajaremos por encontrar los mecanismos que de una manera transparente y justa beneficien a los ex braceros, que lo único que esperan del Congreso de la Unión es el pago que por sus años de trabajo, en los Estados Unidos, hicieron en su momento.

De esta manera, manifestamos nuestra posición a favor de que se agilicen los trámites necesarios para que los recursos que aprobamos para el Presupuesto 2011 se puedan ejercer con prontitud para abatir el rezago pendiente de pago del apoyo social.

Si esto implica la publicación de las nuevas reglas de operación o la simple liberación de los recursos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Carlos Martínez Martínez:...que sirva este exhorto para alcanzar los acuerdos necesarios que promuevan el uso expedito y efectivo de los recursos destinados para este fin. Muchas gracias, señor presidente...

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Miguel Pompa. Sonido en la curul del diputado Pompa.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente, le quería hacer una pregunta al ponente. Lamentablemente ya bajó de la tribuna. Quisiera ver si me pudiera responder si así lo desea.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya no puede responder el ponente, señor diputado, porque ya no está en uso de la palabra. Gracias, diputado Pompa. Tiene la palabra María Hilaria Domínguez Arvizu, hasta por 3 minutos.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Gracias, diputado presidente de nuestra Mesa Directiva. Aprecio y agradezco mucho a la Junta de Coordinación Política que ha emitido este acuerdo el día de hoy, como lo emitió el 10 de febrero para nombrar a ésta su servidora como representante del Poder Legislativo ante el Comité del Fideicomiso del Fondo Social de Trabajadores Migratorios Mexicanos (braceros).

Aprecio y agradezco a esta soberanía, a mis compañeras diputadas y compañeros diputados y a esta Mesa Directiva su confianza, pero vengo a comparecer ante ustedes y a expresarles que como establecen las reformas que sufrió la ley que creó el fideicomiso, que aquí se dijo muy bien el 28 de abril de 2010, y aprobadas en el Senado el 29 de abril de 2010 por unanimidad y publicado el 10 de septiembre de 2010, en donde tenemos un espacio el Poder Legislativo en el Comité Técnico.

La Mesa Directiva comunica al secretario de Gobernación el mismo 10 de febrero, y aquí está el acuse de recibo y aquí, al que se dice presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo Social de Braceros Mexicanos Migratorios 1942-1964, fueron notificados en tiempo y forma. Luego entonces, el Comité Técnico sesiona este martes 22 de febrero en Gobernación sin ser convocada la representación, la Cámara de Diputados, sin ser representado ahí el Poder Legislativo en este Comité Técnico.

Previamente, recuerden ustedes que encontramos un subejercicio que no ejerció el Comité Técnico del Fideicomiso: en 2009 los 300 millones de pesos; 2010, 300 millones de pesos que fue lo que aprobamos, que significó un subejercicio que no aplicó de 600 millones de pesos.

Nosotros, en esta soberanía aprobamos 900 millones de pesos y todo porque el Ejecutivo, aún conociendo dos meses antes las reformas a la ley, tramposamente las publica hasta el 10 de septiembre y nos manda un presupuesto de 300 millones de pesos. Ahora tenemos una bolsa de mil 800 millones de pesos que se tienen que ejercer en el ejercicio presupuestal 2011. El asunto es que en la mesa del Poder Legislativo, en el Comité Técnico no fuimos convocados. Esto a mí me causa extrañeza y también dudas. ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué aprobaron las reglas de operación y aprobaron listas de los ex braceros?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le doy 1 minuto más, diputada.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Esto me causa extrañeza y me da la sospecha de que no hay transparencia.

Por eso, presidente, desde esta soberanía solicito, al no ser representado y al no ser convocado en tiempo y forma, a tomar su lugar, la representación de esta soberanía, sean invalidados todos los acuerdos que se hayan tomado en este comité el martes 22 y que seamos nosotros, y nosotros hemos puesto el dinero.

El presidente tiene de aquí al 10 de marzo para que les pague a los braceros. No les va a cumplir a todos los braceros, a los 200 mil braceros que están enlistados.

Esta soberanía le dimos 200 millones de pesos más y creo que es justo y claro, para que sea transparente, que esta soberanía entre en la discusión, el análisis, la aprobación de las reglas de operación y la publicación de las listas, para que haya legalidad y transparencia. Muchas gracias.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Tengo dos preguntas que quieren hacerle el diputado Pompa.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Para una pregunta a la diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Primero, desahogamos la pregunta, si no tiene inconveniente. Adelante, diputado Pompa.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Espero que lo haga el compañero, igual y versa sobre lo mismo, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El compañero va a presentar una moción, no una pregunta.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Para una pregunta, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿También es pregunta? El diputado Pompa.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente, si me permite la compañera hacerle una pregunta, quisiera, hablan de responsabilidad los compañeros de Acción Nacional, se parecen a los de Poncio Pilatos, para todo se están lavando las manos el día de hoy.

Quisiera hacerle una pregunta, ¿cuánto es el subejercicio que tiene este fideicomiso? Ya dijo usted que considera que hay opacidad en la forma en la que se está manejando por parte del gobierno federal este fideicomiso.

La hago, compañera diputada y compañeros diputados, porque en Sonora algunos compañeros diputados de Acción Nacional andan haciendo campaña partidista diciendo que nosotros, los del PRI, somos los que nos hemos opuesto a que se ejerza y se aplique este recurso, que a la luz de todo lo que sucedió en el presupuesto pasado fuimos noso-tros los que impulsamos que de 300 millones que mandó Felipe Calderón como propuesta, se incrementara a 1 mil 200.

La duda, aparte de que esto es irresponsable e inmoral por parte de estos diputados que andan colgándose medallitas que no les toca, la duda es, compañera diputada: ¿cuándo asciende el subejercicio y qué año se ha dejado de aplicar el recurso aprobado por esta soberanía para ayudar a nuestros amigos ex braceros? Muchas gracias.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Con mucho gusto, diputado, le contesto. Mire usted, cuando nosotros llegamos nos encontramos con que les estaban pagando 4 mil pesos anuales hasta por 10 años; la mayoría de nuestros hermanos ex braceros son de 82 años para adelante.

Acuérdese que en esta tribuna subí para pedirle al secretario de Gobernación que mejor le cambiáramos su sueldo, porque él sí era joven y tenía un compromiso con el de arriba para que durara los 10 años.

Contesto precisamente. En estos momentos, al nosotros poder encontrarnos con las personas de seguimiento, responsables operativas del comité técnico 2006 en Gobernación. Pudimos percatarnos de que efectivamente hay un subejercicio de 600 millones de pesos y que desde que se mandató y se publicó el decreto que dio el fideicomiso y que esta  humilde servidora subió a esta tribuna para que se diera ese decreto, que fue en 2005, el 25 de mayo, a partir de esa fecha y de ese presupuesto invariablemente fueron 300 millones de pesos.

Nos encontramos entonces que no se ejerció el 2009, tampoco el 2010, el presupuesto. Ahorita, en estos momentos existen en este comité, en este fideicomiso, 600 millones de pesos que no han sido ejercidos y comento. El Ejecutivo federal, el presidente de la República manda a esta soberanía un proyecto de Presupuesto, una propuesta de 300 millones de pesos. Ya existía la ley que obligaba a pagar los 200 millones, que es precisamente lo que está demandando la Junta de Coordinación Política, el cumplimiento al pago de los braceros.

Sólo existían 300 millones, la publicación del Ejecutivo la hace el 3 de septiembre, el Presupuesto lo aprobamos en noviembre. Al ver que eran 200 mil ex braceros se ocuparon 5 mil 300 millones de pesos...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor concluya la respuesta, diputada.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:... a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a nuestro coordinador Francisco Rojas, todo nuestro Grupo Parlamentario del PRI platicamos con los coordinadores de todos los grupos parlamentarios y sacamos 500 millones de pesos.

El día 15 de noviembre subo a esta tribuna a demandar más presupuesto para los hermanos ex braceros, y en una moción suspensiva nos autorizaron 400 millones de pesos, para hacer 900 millones de pesos que esta soberanía autorizó y los 300 que mandó el Ejecutivo, se hizo una bolsa para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2011, de mil 200 millones de pesos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Meillón Johnston, su pregunta.

El diputado Carlos Luis Meillón Johnston(desde la curul): Con todo respeto, señor presidente, la pregunta que le quiero hacer a la compañera Hilaria, desde luego que sí reconozco su desesperación y la situación tan crítica que están pasando estas personas, pero mi pregunta concreta es; ¿dónde quedó ese dinero que les correspondía a los migrantes, que el gobierno de Estados Unidos transfirió a México y por qué no se les entregó cuando llegó ese dinero? Yo creo que eso lo debe saber la compañera Hilaria.

Por otro lado, también comentarle a la compañera Hilaria, preguntarle, ¿desde cuándo está ella enterada de que este fondo existía y cuándo es cuando se empezó a entregar, en qué tiempos se empezó a entregar?, porque estamos actuando como si ésta fuera una causa del gobierno actual o como si fuera una causa de un partido, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, es hacer a un lado la cuestión partidista y caer a la realidad.

A la gente hay que informarle las cosas tal como son, no como nosotros nos las imaginamos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Compañero, yo no me imagino nada. No me imagino nada porque tengo documentos fehacientes de que los ex braceros fueron a trabajar a Estados Unidos en un acuerdo binacional, del 42 al 31 de enero de 64, y que con motivo les descontaron el 10 por ciento de su salario.

Si usted me pregunta qué pasó, perdóneme, yo todavía no nacía. Nada más la cara tengo de viejita, pero mi edad es joven.

Segundo. Comento a usted la responsabilidad republicana, constitucional y oficial se da al funcionario, no a la persona. Entonces ¿qué quiere decir? Que el Ejecutivo federal en estos momentos es el licenciado Felipe Calderón Hinojosa; por tanto, es el responsable de que responda ahora de un recurso de un fideicomiso, de una ley que creó esta soberanía en el 2005 de reformas a la ley a los artículos 2, 3, 4 y 5 que orienta y faculta al Ejecutivo para que les pague en 180 días a los hermanos ex braceros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya su respuesta.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu:Está dada la respuesta.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, el diputado Pablo Escudero quería... No vamos a admitir más preguntas porque la diputada ya había concluido su intervención y por eso registramos tres. Adelante, diputado. Muchas gracias al diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, no es una pregunta, es un tema tan delicado que el Partido Verde no puede estar ajeno a fijar la posición. Quiero simplemente decir que estamos en total apoyo y respaldo a los ex braceros a que se les pague de manera inmediata. Es lamentable que sigamos con estos discursos y no haya acciones concretas.

Por tanto, nosotros exhortamos a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda a que cumplan con una obligación social y económica que tienen con los ex braceros y con el pueblo de México. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquese.

Agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a un grupo de alcaldes y diputados del estado de Yucatán –ni más ni menos–, invitados por la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama y por el diputado Daniel Ávila. Bienvenidos a la Cámara de diputados, señores alcaldes y diputados.

También les damos la bienvenida a alumnos de la Universidad de Occidente, Unidad Guasave y Unidad Guamichil, del estado de Sinaloa, todos ellos invitados por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo.

Están con nosotros alumnos de la Universidad Mexicana, plantel Izcalli de Cuautitlán, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada.

Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos la tarde de hoy en esta animada sesión de la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría, por favor, con la publicidad de dictámenes.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada, para dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 82 y los párrafos primero y tercero del artículo 84, ambos de la Ley Agraria.

De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 80, 81, 82, 84, 85, 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados esta Comisión es competente para entrar al estudio y dictamen de la iniciativa en cuestión mismo que se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 27 de abril de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la iniciativa que reforma los artículos 82 y los párrafos primero y tercero del artículo 84, ambos de la ley agraria, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-8-418, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 2077, conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.

3. Con fecha 3 de mayo de 2010, la Mesa Directiva de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.

4. En sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero 2011, la Comisión de Reforma agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su mesa directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que se presenta a continuación:

Contenido de la propuesta

En su exposición de motivos, el diputado promovente refiere que es insoslayable y urgente revisar los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria vigente, en virtud de que su interpretación y aplicación han generado incertidumbre, contradicciones y conflictos que es necesario superar.

Que el artículo 82 establece que, una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución de que una o varias parcelas pasan al dominio del o de los ejidatarios, los interesados podrán, desde luego, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, y se expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. Hasta aquí, el texto nos parece inobjetable, pero en el segundo párrafo de este artículo se establece literalmente: “...A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común”. En la práctica, esta disposición ha generado interpretaciones y aplicaciones distintas en los diversos estados de la república, principalmente en cuanto se refiere al régimen patrimonial a que quedará sujeto el adquirente en virtud de su matrimonio civil, pues algunos notarios han considerado que la adquisición inicial del dominio fue a título gratuito, por lo que no ingresa al régimen de sociedad conyugal, en tanto que a otros estiman que la asunción del dominio pleno fue a titulo oneroso y en consecuencia forma parte del patrimonio común de los consortes.

Resulta a todas luces procedente modificar el texto del segundo párrafo del artículo 82, para aclarar y precisar que el dominio pleno de las parcelas se adquiere a título gratuito, facilitando así la aplicación del derecho común y del régimen patrimonial a que, en su caso, el adquirente este sujeto en su vida matrimonial es decir, el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes que corresponda en cada entidad federativa conforme a la legislación civil de cada localidad. Con este texto se resuelve cualquier duda y problema de interpretación, pero principalmente se dota de seguridad jurídica al patrimonio familiar de los campesinos.

Por lo que se refiere al artículo 84 de la Ley Agraria vigente, que reglamenta el derecho de preferencia consagrado en el artículo 27 constitucional, para el caso de primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, y dispone que “los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados, y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto...”. Esta disposición adolece de falta de precisión que genera nuevamente problemas de interpretación jurídica y potencializa conflictos legales innecesarios entre los miembros del núcleo de población ejidal. Resulta prácticamente imposible cumplir el expediente de notificar en su orden, a todos los que la norma involucra como sujetos del derecho del tanto; al incluir como tales sujetos a los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, vuelve impracticable, gravoso y prolongado el cumplimiento de todo el trámite.

Aún cuando el último párrafo del artículo 84 citado prevé que “la notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto”, el hecho de trasladar la carga de la notificación al comisariado y de dar efectos de notificación personal a los actos que realice, alivia pero no resuelve el problema, pues subsiste la obligación legal de notificarlos a todos, en su orden, lo cual, insistimos, vuelve prácticamente imposible el procedimiento.

Para resolver lo anterior, en esta iniciativa se proponen tres medidas:

1. Que la notificación sea hecha al presidente del comisariado ejidal, en lugar del comisariado, pues éste es un órgano colectivo que se reúne periódicamente y esto retrasaría el trámite.

2. Que la notificación se realice conjuntamente a todos los que puedan ejercer el derecho del tanto, pero por conducto del presidente del comisariado ejidal, en la inteligencia de que el orden se refiere al ejercicio del derecho de preferencia y no a la práctica material de la notificación.

3. Que la notificación que se realice al presidente del comisariado ejidal, deberá publicarse, bajo su responsabilidad, en los lugares más visibles del ejido, y contendrá, además de una relación de los bienes o derechos que se enajenan, lo siguiente: La indicación del titular de los bienes o derechos, la pretensión de enajenación en los términos del propio artículo 84 de la Ley Agraria, y el apercibimiento a quienes consideren tener el derecho del tanto, que lo hagan valer en el término de treinta días naturales a partir de la notificación, o de lo contrario caducará su derecho.

Con lo anterior se terminarían los problemas de contradicción e interpretación jurídica y conflicto legales innecesarios entre los integrantes del núcleo de población ejidal y los ejidatarios o terceros adquirientes de buena fe que asumen el dominio pleno de una parcela.

Compañeros diputados, la iniciativa que pongo a su consideración busca agilizar el trámite del derecho de preferencia o del tanto, que consagran la Constitución y su ley reglamentaria, en materia de primera enajenación de bienes que fueron ejidales y están entrando al dominio pleno, esta disposición se justifica por el fin de la legislación agraria de preservar y fortalecer los núcleos de población ejidales, pero requiere con urgencia de precisiones y adecuaciones para hacerla operativa y que no constituya una carga de trámites excesivos y hasta imposibles de cumplir, que se traducen en detrimento de la productividad y bienestar de estas comunidades.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 82 y los párrafos primero y tercero, del artículo 84, ambos de la Ley Agraria, par como sigue:

Artículo 82. ...

Párrafo segundo. A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, entendiéndose, para todos los efectos legales, que el dominio pleno se adquiere a título gratuito.

Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a que se refiere el párrafo tercero de este articulo, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

Párrafo segundo...

Párrafo tercero. La notificación hecha al presidente del comisariado ejidal, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto el presidente del comisariado ejidal, bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Considerandos

Primero. Según la Ley Agraria, en efecto, una vez que las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas (artículo 81) la asamblea podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas.

Segundo. Las parcelas para los ejidatarios no son como los solares. Estos son “de propiedad plena de sus titulares” (artículo 56). Las parcelas una vez delimitadas y asignadas son de posesión privada en el sentido de que pertenecen a un sólo titular. El ejido es propietario de las tierras que le han sido dotadas (artículo 9) pero el ejidatario sólo lo es de su parcela hasta que adquiere el dominio pleno.

Tercero. El cambio del régimen ejidal de posesión privada al de dominio pleno es cuando el titular del derecho agrario solicita la cancelación del régimen ejidal de su parcela en tenencia privada pero sin dominio pleno y la cambia al régimen de tenencia de la tierra privada con dominio pleno, es decir, al de propiedad privada. Dominio pleno es en este sentido, un atributo de una forma de tenencia de la tierra distinta de la del régimen ejidal, atribuible solamente a la propiedad privada tradicional, clásica o histórica.

Cuarto. En relación a la iniciativa de reforma al artículo 82, hay que recordar que “a título oneroso” o “a título gratuito” son modalidades de adquisición de la propiedad. Estos modos son hechos jurídicos o negocios jurídicos que producen la radicación o traslación de la propiedad entre patrimonios. A la radicación o traslación de la propiedad, se le llama “título”, a lo oneroso o gratuito modos o modalidades del título.

Quinto. La expresión “gratuito” significa sin cargo, sin coste o sin contraprestación alguna. La expresión “oneroso” en los negocios jurídicos supone conmutación de prestaciones recíprocas, esto es, gravoso y beneficioso para ambas partes.

Sexto. Esta clasificación atiende primero, al supuesto de la existencia de ambas partes, dos partes en transacción y segundo, a si se exige o no al adquirente realizar un desembolso económico. Tienen el carácter de a título gratuito la ocupación, la accesión, la prescripción adquisitiva y la sucesión por causa de muerte, si es compra-venta será oneroso.

Séptimo. En el supuesto de la existencia de ambas partes, cabe el supuesto de la radicación o traslación patrimonial. De acuerdo con las figuras jurídicas del párrafo anterior, el acto gratuito implica por tanto empobrecimiento o disminución patrimonial de una de las partes y enriquecimiento o aumento patrimonial de la otra parte. El acto oneroso implica un mutuo empobrecimiento y enriquecimiento.

Octavo. Ahora bien, volviendo al punto, de acuerdo con el artículo 81 de la ley agraria, éste establece el derecho de los ejidatarios de adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas mediante la asamblea que cumpla con las formalidades previstas por los artículos 24 a 28 y 31 de la ley.

Noveno. La adopción del dominio pleno en el derecho agrario es un cambio de naturaleza jurídica del bien en el mismo patrimonio, el del titular parcelario. Cambia la naturaleza jurídica ejidal del bien por la naturaleza jurídica privada del mismo en un solo patrimonio en un solo titular de derechos. No obstante, el supuesto de la existencia de ambas partes o dos partes patrimoniales, una que se empobrece y otra que se enriquece o, ambas partes que se empobrecen y se enriquecen mutuamente, se cumple para el primero de los casos, al empobrecerse el patrimonio del régimen ejidal de la tenencia de la tierra para enriquecer el régimen de la propiedad privada de tenencia de la tierra.

Décimo. Por estas razones es propio y procedente declarar que el dominio pleno se adquiere a título gratuito, como se propone en modificación al párrafo segundo del artículo 82, aunque no se adquiere en el sentido de las modalidades de adquisición de la propiedad. El dominio pleno se adopta por los mismos titulares del derecho de un bien que ya existe en su patrimonio y que sólo cambia de naturaleza jurídica. Esto es, que tiene una naturaleza jurídica ejidal y cambia ésta por la naturaleza jurídica privada; pero este cambio genera un debe y un haber, en los regímenes de tenencia de la tierra ejidal por una parte y privado por el otro.

Undécimo. En relación a la iniciativa de reforma al artículo 84, se pertinente sustentar una decisión en los principios de actuación de los comisariados ejidales establecidos en el artículo 32 de la misma Ley Agraria, que establece que si nada dispone el reglamento interno del ejido, se entenderá que los integrantes del comisariado funcionarán conjuntamente. La jurisprudencia generada al respecto ha establecido que la actuación de los comisariados ejidales debe ser colegiada.

Lo anterior sustenta lo establecido por el tercer párrafo del artículo 84, en relación a las notificaciones al tomar al comisariado como lo que es según el artículo 32 de la Ley Agraria, el órgano de representación y gestión administrativa del ejido. La notificación hecha al comisariado surte los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho de tanto, de ahí que bajo este supuesto una notificación al órgano colegiado, al comisariado, constituye por su naturaleza colectiva, una mejor garantía de que este publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido la relación de los bienes y derechos que se enajenan.

Casi todos los ejidos tienen oficinas en el domicilio social de los comisariados y no es necesario esperar una asamblea para realizar los trámites y, en ausencia del domicilio social, es más fácil localizar en el ejido a cualquiera de los tres miembros integrantes del comisariado que hacer depender un trámite de una sola persona, del presidente de este órgano colegiado, que por sí solo, no ostenta la representación ejidal.

En razón de lo expuesto, esta Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 82 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 82. ...

A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, entendiéndose, para todos los efectos legales, que el dominio pleno se adquiere a título gratuito.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de enero de 2011.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz, María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Felipe Cervera Hernández (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre, Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández, María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Fernando Santamaría Prieto, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra, Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), José Manuel Marroquín Toledo, Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y  numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictaminen a la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas”, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1.El 2 de febrero de 2010, la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó, para la referida iniciativa, el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas”.

3. El 3 de marzo de 2010 con Oficio No. CAI/086/2010, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas remitió a los integrantes de la misma, la citada Iniciativa, para efectos de estudio y opinión.

Análisis de la iniciativa

La diputada proponente a través de esta iniciativa pretende que por mandato de ley, se faculte a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), “...para diseñar, elaborar y actualizar el padrón nacional de comunidades indígenas que contenga el nombre de la comunidad y su significado; la ubicación en el plano nacional; croquis de la comunidad; identificación general que incluye población; porcentaje de hablantes de lengua indígena; lengua que se habla; fecha de fundación; estatus legal de la posesión de la tierra con su distribución y la confirmación de autoadscripción como comunidad indígena; historia; asentamientos internos de la población (barrios o anexos); estructura interna, presentada en forma de organigrama; información de faenas, cultivos, religiones y comités internos; delitos que se resuelven internamente; fiestas y rituales y migración”.

La utilidad de este padrón, según la exposición de motivos correspondiente, será servir como instrumento en la “... planeación aplicación y seguimiento de las políticas públicas encaminadas a la atención de los indígenas mexicanos, sin descuidar el respeto a las diversas formas de organización y cultura de las distintas comunidades”; además, “...  contribuirá a mejorar la actuación de las instituciones a fin de que se comprometan a generar las acciones necesarias para abatir los rezagos y resolver la injusta desigualdad de la cual han sido objeto los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas”.

Para alcanzar ese propósito la Iniciativa se propone adicionar una fracción que será la XVII, al artículo 2, referente a las funciones, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y recorrer la numeración de las fracciones que le siguen hasta la XX, como sigue:

“Artículo 2. ...

I. a XVI. ...

XVII. Diseñar, elaborar y actualizar el Padrón Nacional de Comunidades Indígenas en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y las instituciones académicas y de investigación que se requieran para tal efecto.

Consideraciones de la comisión

I. La comisión estima de fundamental importancia dotar de los mejores elementos normativos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de que esta entidad cumpla a cabalidad sus propósitos que, según el artículo 2 de la ley que la crea, son: “...orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas ...”, y, el espíritu de la Iniciativa en comento, es congruente con esta visión, ya que promueve un instrumento y acciones que permitirán mejorara la planeación y hacer más eficientes las tareas de la institución, y por tanto contribuirá a que con mayor eficacia se superen las condiciones de desventaja social que hoy caracterizan a los pueblos y comunidades indígenas de México.

II. Existe una queja constante tanto en las autoridades tradicionales de pueblos y comunidades indígenas como, incluso, de las autoridades municipales sobre la desatención a la población indígena, sobre todo en los programas productivos y de infraestructura social básica, debido a que los criterios de elegibilidad, establecidos en las respectivas reglas de operación, solo consideran como sujetos de atención a comunidades cuyo volumen de población indígena supere el 40 por ciento de su total, según la información censal. Información que por lo regular es mal integrada y que contrasta con observaciones directas que refieren que, en la mayoría de los casos, el porcentaje de población indígena es muy superior a lo que expresa la información censal. Por lo que la comisión coincide con la proponente, en la necesidad de contar con un instrumento de información confiable que, con base en el reconocimiento que por mandato constitucional deben hacer las entidades federativas, a partir de su legislación,  permita identificar a los sujetos de atención –pueblos y comunidades indígenas–, con mayor certeza, para acceder a los programas y acciones de gobierno que sienten las bases para la superación de las desigualdades que padecen, como lo establece el artículo 2o. constitucional.

III. No obstante considerar valiosa la aportación de la diputada proponente, los términos en que está redactada la adición, de aprobarse así, invadiría la competencias de las autoridades estatales ya que el reconocimiento de las comunidades indígenas es una facultad que el último párrafo de artículo 2o. constitucional delega a las constituciones y leyes de las entidades federativas, quienes, “...establecerán las normas para el reconocimiento de las comunidades Indígenas...”. Por este motivo, no es posible otorgar la facultad a la CDI de diseñar, elaborar y actualizar el Padrón Nacional de Comunidades Indígenas, puesto que para atender dicha atribución tendría que elaborar normas a seguir por las entidades federativas, constituyendo esto una invasión de facultades. Además, la redacción propuesta no es suficiente para alcanzar el objetivo de que el padrón sea referente para la definición de políticas y acciones de gobierno.

IV. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora propone modificaciones a la redacción del proyecto legislativo, consistentes en:

Establecer la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, nombre más adecuado ya que el instrumento habrá de respetar los criterios y normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas que definan las legislaciones de las entidades federativas.

Lo anterior en estrecha y permanente coordinación con las entidades federativas.

Establecer la obligatoriedad de considerar la información contenida en el Registro para la definición de los sujetos de atención de los programas y acciones de la administración pública federal y específicamente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

V. A diferencia de lo propuesto en la iniciativa, esta comisión, determina que no deben considerase recursos extraordinarios para la integración del Registro, puesto que dicho instrumento habrá de ser producto de, entre otras, las facultades de investigación y de coordinación que le confiere su ley a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el artículo 2.

En mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVI. ...

XVII. Coadyuvar en la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, con las aportaciones de las entidades federativas y en coordinación con ellas. La información contenida en este Registro deberá ser la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la atención a los pueblos y comunidades indígenas;

XVIII. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de febrero de 2011.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell, José Gerardo Fernández Noroña (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas que suscribe fue turnada, para su estudio y dictamen, la resolución emitida por la Cámara de Senadores con relación al proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para quedar como III, recorriéndose la actual III a la IV y se reforma el último párrafo del artículo 6 y; se reforma el artículo 13, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Esta comisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el documento de referencia, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 8 de abril de 2008, la diputada Elda Gómez Lugo y el diputado Wenceslao Herrera Coyac, presentaron a la honorable asamblea de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2. El 5 de marzo de 2009, la Cámara de Diputados aprobó por doscientos setenta y siete votos en pro y cero en contra, el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Indígenas remitiéndose a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales procedentes.

3. El 9 de marzo de 2009 la Cámara de Senadores recibió el proyecto de referencia, turnándolo a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda.

4. Con fecha 29 de abril de 2010 se sometió a consideración del pleno de la colegisladora el dictamen de las comisiones citadas, siendo aprobado, con modificaciones a la minuta, por ochenta y ocho votos a favor y cero en contra.

5. Con fecha 6 de mayo de 2010 fue recibida en la Cámara de Diputados la minuta correspondiente con las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores y con fecha 7 de septiembre de 2010 del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta que remite la Cámara de Senadores a esta soberanía dictamina favorablemente la adición de una fracción, que será la III; realiza observaciones a la reforma del último párrafo y; desecha la adición de una fracción que sería la IV, todas ellas del artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que propuso la Cámara de Diputados. Además, plantea la reforma al artículo 13 de la misma ley.

Las diferencias entre ambos proyectos de decreto se aprecian a partir del siguiente cuadro comparativo:

Minuta de la Cámara de Diputados

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. ...

III. El presidente del Consejo Consultivo;

IV. Un integrante, de origen indígena, del Consejo Consultivo, y

V. El director general de la Comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a los que se refieren las fracciones II, III y IV, cada miembro propietario contará con un suplente. Los integrantes a que se refiere la fracción II deberán tener un nivel jerárquico de subsecretario de Estado. El integrante a que se refiere la fracción IV, así como los suplentes de éste y del integrante al que se refiere la fracción III, deberán ser electos en sesión plenaria del Consejo Consultivo de la Comisión. Los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV, tendrán voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz.

Minuta Cámara de Senadores

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. ...

III. El Presidente del Consejo Consultivo;

IV. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a los que se refiere la fracción II, cada miembro propietario contará con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de Subsecretario de Estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, solo con derecho a voz.

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, electo democráticamente en sesión plenaria del Consejo.

Consideraciones de la Comisión

1. Aunque esta comisión dictaminadora no coincide plenamente con los argumentos y las modificaciones de la colegisladora, considera que el proyecto de decreto que propone la Cámara de Senadores, mantiene el espíritu original que motivó la Iniciativa y posterior minuta de esta Cámara de Diputados que es: promover la participación de la representación indígena, integrada y legitimada en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la Junta de Gobierno de esa entidad de la Administración Pública Federal.

2. Cabe reafirmar aquí que el Consejo Consultivo de la CDI es parte de la estructura de dicha entidad como lo establecen tanto el artículo 12 de la Ley de la referida Comisión, que dispone que ésta contará con un Consejo Consultivo y le define su integración; como el artículo 13 de la misma ley que señala sus funciones.

3. Con la reforma propuesta, la Junta de Gobierno de la Comisión podrá contar con la voz de la representación indígena, en la persona del Presidente del Consejo Consultivo, y con ello dar mayor pertinencia y fortaleza a sus decisiones.

4. Con la adición al artículo 13 de la ley de referencia, que propone la colegisladora, se reafirma el carácter democrático que sustenta la representación indígena que integra el Consejo Consultivo de la CDI y a su instancia de dirección.

5. Con la aprobación de las reformas propuestas se dará un paso significativo en la atención a la demanda indígena y al mandato del artículo 2º Constitucional en el sentido de promover la participación indígena en la toma de decisiones de Gobierno que los afecten.

6. También, al aprobarse las reformas que se proponen, se avanza en la armonización de la legislación nacional con los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrita por el Ejecutivo Federal y ratificada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el once de julio de 1990, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de ese organismo, con el voto favorable del representante del Gobierno de México, el 13 de septiembre de 2007.

Por lo expuesto y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión sometemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción III, pasando la actual a ser IV, al artículo 6; y se reforman los artículos 6, último párrafo, y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. ...

III. El Presidente del Consejo Consultivo, y

IV. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a los que se refiere la fracción II, cada miembro propietario contará con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de Subsecretario de Estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, solo con derecho a voz.

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, electo democráticamente en sesión plenaria del Consejo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales (rúbrica en contra), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica en contra), José Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica en contra).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura, con fundamento en con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73, fracción XXX, en relación con el artículo 28, párrafo noveno, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

I. Antecedentes

I. Con fecha 28 de enero de 2009, el diputado Fidel Antuña Batista, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

II. En Esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de Cultura para efectos de estudio y dictamen correspondientes.

III. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura aprobó en reunión ordinaria, con fecha 21 de abril de 2009, el proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la ley federal del derecho de autor, el cual fue remitido a la Mesa Directiva y se enlistó en el orden del día del 29 de abril de 2009, sin embargo quedó pendiente de conocimiento y discusión por el pleno.

IV. Que en observancia de lo prescrito en el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los dictámenes en poder de la Mesa Directiva quedaron a disposición de las comisiones respectivas de la LXI Legislatura con el carácter de proyectos.

V. Que mediante acuerdo suscrito por la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, de fecha 17 de septiembre de 2009, todos los proyectos que reciban las comisiones, con independencia del estado procesal que guarden, para ser conocidos por el pleno deberán reiniciar su trámite legislativo conforme a las disposiciones normativas relativas al análisis y discusión.

VI. Que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura recibió en carácter de proyecto el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor y, una vez analizado, coincide plenamente con lo expuesto, en razón de las siguientes

II. Consideraciones

El diputado proponente señala en su exposición de motivos que el progreso de una nación se cimenta en una cultura de legalidad eficiente que brinde a su sociedad un verdadero estado de derecho; razón por la cual el Estado tiene la obligación de adecuar el marco legal a los constantes cambios de la sociedad y que ante la sofisticación de la delincuencia, responda como un sistema justo en torno a su realidad nacional.

Señala el proponente que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece en su primer eje rector el compromiso de trabajar estrechamente con la sociedad y los Poderes Legislativo y Judicial, para que se respeten de manera absoluta los derechos humanos, y sean debidamente tutelados por la legislación, teniendo como uno de sus objetivos el garantizar la protección a los derechos de propiedad. Precisando que en este objetivo se dispone la estrategia de proteger la propiedad intelectual, toda vez que los delitos vinculados a este derecho desalientan la innovación de diversos sectores.

El diputado destaca que los derechos de autor han sido un mecanismo que se otorga como pago al esfuerzo invertido en el desarrollo de una creación intelectual y constituyen la vía más importante para fomentar la creatividad y sostener a las industrias que se relacionan con éste.

Señala que la industria de los medios, entre las cuales se encuentra la cinematográfica, ha tomado acciones firmes para frenar el robo de sus obras, a través de la colaboración con otras empresas de cine y video mediante acciones preventivas, revisando las estrategias de precios y calendarios de estrenos y cerrando los procesos de distribución para controlarlos y evitar filtraciones. Que se ha advertido que la piratería en la industria fílmica ha sido controlada por organizaciones criminales que cuentan con poder e infraestructuras bien constituidas, pues ante la innovación tecnológica de información y comunicaciones, las copias de obras fílmicas hoy se pueden obtener de varias formas:

A través de copias promocionales, masterizadores digitales, importaciones paralelas, copias de DVD legales, pirateo por software, el cual consiste en copiar y distribuir contenido pirata a través de Internet en los siguientes formatos: Protocolo de transferencia de archivos, tecnología punto a punto e Internet relay chatque es un sistema para chatear en Internet donde los usuarios intercambian información y contenidos digitales entre ellos en tiempo real; así como también en lugares públicos abiertos o cerrados tales como salas cinematográficas, videosalas, transportes y otros donde pueda efectuarse la exhibición ya que las películas exhibidas en estos lugares pueden ser grabadas con una cámara digital en formatos DVD, VHS o VCD, o bien colocarse en Internet para descargarse.

El proponente refiere su preocupación respecto al fenómeno de la piratería el cual ce de manera indiscriminada y más aún a través del software, ya que su naturaleza es internacional lo que hace muy difícil la persecución del delito. Ante tal situación, sostiene que este acto delictivo afecta a un importante sector productivo de nuestro país, destacando que la introducción de las tecnologías de la información y comunicación y su acelerado desarrollo ha tenido que impulsar gestiones que vayan a la par de este dinamismo.

En este tenor y a efecto de coadyuvar a prevenir el incremento y expansión de esta transgresión al marco jurídico legal y de derechos humanos, en materia de derechos de autor y de propiedad industrial, señala el diputado proponente que se deben implementar acciones legales que accedan el blindar a una parte importante del sector de servicios de la industria cinematográfica en el sentido de utilizar artefactos, dispositivos y equipos de audio o ambos, fotografía, video y comunicación, periféricos y consumibles, para realizar grabaciones de películas en estos establecimientos o lugares.

Para lo cual, con apoyo en lo dispuesto en la Ley Federal de Cinematografía y toda vez que las obras cinematográficas son obras que se encuentran protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, sostiene el proponente que la acción de realizar una grabación será entendida como fijación, concordante a los artículos 5, 6 y 13, fracción IX, de la Ley Federal del Derecho de Autor el cual letra dispone:

Artículo 6.Fijación es la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás, elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.

La comisión dictaminadora coincide plenamente con la intención del iniciante toda vez que la violación a los derechos de autor y de propiedad intelectual se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales que vulneran el estado de derecho, en razón de que no solo atenta contra los derechos de carácter patrimonial de los titulares de los derechos autorales, sino también repercute en enormes pérdidas en la economía del país y en el erario público, lo que deviene en el menoscabo de la oferta laboral.

El fenómeno de la “piratería” como se denomina coloquialmente en el ambiente de los derechos de autor a la reproducción y explotación de obras, películas, discos, etcétera, se ha extendido cada vez más a diversos productos incluso aquellos que se encuentran protegidos por los derechos de propiedad intelectual, tales como las medicinas, la ropa, el calzado y aquello que sea susceptible de ser copiado y vendido.

Según cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, esta situación ha repercutido en la pérdida de 15 mil millones de pesos por la evasión al impuesto al valor agregado; siendo que la economía informal es el principal mercado de este tipo de productos ya que se estima que de cada diez puestos ambulantes, ocho comercian con productos piratas.

En los últimos años, con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación a piratería, las ventas de la industria fonográfica, por poner un ejemplo, descendieron en un 18 por ciento en unidades en los últimos dos años, según datos de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, lo que representó una disminución en las ventas por 4 mil 960 millones de pesos.

Sobre el particular, cabe señala que la Procuraduría General de la República ha implementado diversas acciones para combatir los delitos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, entre ellos el programa de trabajo denominado “Plan Antipiratería”, diseñado para combatir frontalmente estos delitos.

Asimismo, en el año 2000 se conformó el Comité Interinstitucional para la Atención de los Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, conformado por instituciones del sector público, del sector social y del sector privado el cual ha demostrado con avances significativos la importancia del trabajo coordinado entre todos los sectores involucrados.

Entre las principales acciones podemos señalar el impulso de una estrecha y permanente comunicación entre los afectados y las autoridades que son responsables de la defensa de los titulares de los derechos, un incremento en la transparencia de las actuaciones de las autoridades y los afectados y una mejor planeación en las estrategias y acciones al comprender cuál es la problemática existente en cada sector.

En este orden de ideas, si bien es cierto que las autoridades han realizado acciones para combatir estos delitos, también lo es que resulta necesario realizar reformas que fortalezcan nuestro marco jurídico y que deben ser impulsadas desde el Poder Legislativo. Esta dictaminadora coincide plenamente con la preocupación expresada por el proponente, la cual ha sido una inquietud constante de los diputados integrantes de esta Comisión de Cultura.

Al respecto, cabe destacar la reforma constitucional impulsada por esta comisión para incluir en el artículo 73 de la Carta Magna la facultad expresa del Congreso de la Unión de legislar en materia de derecho de autor y otras figuras de propiedad intelectual relacionadas con ésta, tales como los derechos conexos que comprenden a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión; la reserva de uso exclusivo, la imagen de una persona retratada y la protección de las culturas populares respecto de sus expresiones.

En ese sentido y acorde a lo anterior, esta dictaminadora coincide con la importancia de instrumentar un marco jurídico que provea certidumbre y seguridad a los autores y castigue a quienes hacen de la piratería su modo de vida. La escalada en la comercialización y producción de dichos objetos ha sido impresionante, de igual forma es nuestra obligación legislativa apoyar las medidas para hacerle frente desde nuestro ámbito de competencia.

Por otra parte, no podemos dejar de lado la necesidad de crear una conciencia pública que haga entender a los consumidores que la adquisición de productos de origen ilegal genera más daño que los beneficios aparentes que se obtienen con ella.

Con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor para quedar como sigue:

Artículo 231.Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I. y II. ...

III. Fijar,producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. a X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Cultura, diputados: Kenia López Rabadán (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica en abstención), José Antonio Aysa Bernat, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Elpidio Desiderio Concha Arellano, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Héctor Hernández Silva, David Hernández Vallín (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Adán Augusto López Hernández, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Reyes Tamez Guerra, María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, correspondiente a esta LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa por la que se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología presentada por el diputado Pedro Jiménez León del Grupo Parlamentario de Convergencia en fecha 23 de septiembre de 2010.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e, f y g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80; 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Comisión de Ciencia y Tecnología presenta a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el jueves 23 de septiembre de 2010, los secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la iniciativa que a rubro se cita, suscrita por el diputado Pedro Jiménez León del Grupo Parlamentario Convergencia, en ejercicio del derecho conferido por el artículo 71 constitucional así como el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acordó dar el siguiente trámite “Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología”.

Contenido

El legislador propone:

• Establecer un elemento normativo adicional que, sin contravenir lo dispuesto por la Constitución y las leyes secundarias, fortalezca las facultades de control del Poder Legislativo, al recomendar que la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad constitucional, realice las previsiones pertinentes, para que en la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, los montos destinados al rubro de la ciencia y la tecnología sea de uno por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, como se estipula en el artículo 25 de la Ley General de Educación (LGE) y el mismo artículo 9 Bis Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT), de tal manera que con lo anterior se asegure el cumplimiento de dichos preceptos legales y se propicie la recuperación del sector.

Mediante la siguiente adición:

• Un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Con base en lo anterior, los integrantes de esta comisión formulamos las siguientes

Consideraciones

Primera. El crecimiento económico se liga a la priorización de políticas de ciencia y tecnología en cada nación, particularmente las enfocadas al conocimiento y sus aplicaciones.

Es innegable que rubros como la ciencia, tecnología, innovación y educación contribuyen de manera exponencial al desarrollo económico y social de los pueblos; de ahí la necesidad de impulsarlos como medios fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible de las sociedades, resultando imprescindible así en la agenda de cualquier país. Esta importancia es mayor cuando una nación evidencia atraso principalmente en ciencia y tecnología.

Segunda. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el último sitio en inversión para la investigación y desarrollo. Situación que resulta lamentable y más bochornosa si nos comparamos con países como Suecia, que encabeza la lista de la OCDE, con una asignación presupuestal de 4.0 por ciento de su PIB; o Finlandia y Japón que destinan 3.5 y 3.2 por ciento respectivamente, a la ciencia y la investigación.

Aunado a ello, otro informe de la OCDE detalla cómo nuestro país ha perdido competitividad en actividades basadas en el conocimiento, pues posee el nivel más bajo de sus miembros integrantes en diversos aspectos, como la producción científica, la formación de recursos humanos en ciencia, la inversión en ciencia y tecnología, en educación de la ciencia, e incluso hasta en solicitudes de patentes.

Tercera. En tal virtud, fortalecer áreas como la ciencia y la tecnología se convierte en una palanca impulsora del desa-rrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural y del desarrollo sustentable de los países, por ofrecer a sus ciudadanos los elementos necesarios para su desarrollo integral, superación personal y una mejor calidad de vida.

Acceder a una sociedad moderna supone necesariamente realizar acciones decisivas en el campo de la ciencia y la tecnología, pues una nación que soslaye esta tarea no sólo correrá el peligro de estancarse en su desarrollo pleno, sino también estará condenada a quedar marginada de la historia ignorando el lenguaje de los países científica y tecnológicamente más avanzados.

Cuarta. Ponderando lo anterior es que esta dictaminadora está por impulsar cada una de las propuestas legislativas que en su espíritu acojan el interés por el sector científico y tecnológico y busquen favorecer políticas de estado a corto, mediano y largo plazos, que fortalezcan la cadena de educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación.

En tal virtud, es que nuestro país requiere destinar recursos presupuestales suficientes, para políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, innovación, investigación y educación que permitan un desarrollo sostenido.

Quinta. En México sólo se invierte 0.3 y 0.4 por ciento en innovación en las empresas, cuando debería estar en cuatro por ciento del producto interno bruto como los hacen en China, India, Taiwán, Singapur y Corea, que apenas hace diez años se encontraban en un gran atraso económico y por debajo del nivel de nuestro país.

Presupuestando anualmente cifras muy por debajo de las recomendaciones de organismos internacionales como la Unesco, la OCDE y el Banco Mundial, que sugieren invertir entre 1 y 1.5 por ciento del PIB en ciencia, tecnología e innovación para impulsar el crecimiento económico de naciones en desarrollo, es muy evidente que los recursos destinados no atienden los preceptos de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente.

Cumplir con la recomendación de la OCDE, respecto del mínimo presupuesto necesario en el rubro, debe ser una tarea del gobierno mexicano y particularmente del poder legislativo ya que debemos considerar primordial el cumplimiento de la normatividad respectiva.

Sexta. La Ley General de Educación en su artículo 25 menciona que “... el monto anual que el estado –federación, entidades federativas y municipios–, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos uno por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico”, de igual manera en la Ley de Ciencia y Tecnología en el artículo 9 Bis que se pretende adicionar dispone que “ ... EI monto anual que el estado–federación, entidades federativas y municipios– destinen a las actividades de investigación científica y de-sarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a uno por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley”.

Séptima. El artículo 74 de la Carta Magna, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, “Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo”, lo que brinda la posibilidad a esta Cámara, de realizar una revisión minuciosa del proyecto de presupuesto y realizar las previsiones que correspondan, a fin de que el monto destinado al rubro de ciencia y tecnología no sea inferior a uno por ciento del producto interno bruto señalado en la ley.

Octava. De acuerdo a lo anterior es que los diputados que integran la comisión que dictamina, reconocen y concluyen la necesidad de adicionar la Ley de Ciencia y Tecnología para establecer en ella la facultad de control del Poder Legislativo, específicamente de la Cámara de Diputados, para que con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público, realice las previsiones presupuestales pertinentes para que el presupuesto asignado a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico no sea inferior al mínimo recomendable de uno por ciento del producto interno bruto del país.

Por las consideraciones anteriores la que dictamina somete a esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue

Artículo 9 BIS.

...

Corresponderá al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, en ejercicio de su facultad constitucional, de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, realizar una revisión del mismo, a fin de rea-lizar las previsiones presupuestales correspondientes para que el monto anual que el estado-federación, entidades federativas, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, no sea inferior a uno por ciento del producto interno bruto del país, de conformidad con lo establecido en la presente ley, sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días de febrero de 2011.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales, Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Robles Medina, Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica) secretarios; Ángel Aguirre Herrera, Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Óscar Lara Salazar (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez, Oralia López Hernández (rúbrica), Miguel Antonio Osuna Millán, José Trinidad Padilla López (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Jorge Romero Romero, José Luis Velasco Lino (rúbrica)|, José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 15 de febrero de 2011, los senadores Alejandro González Alcocer, Jesús Murillo Karam y Tomás Torres Mercado, presentaron ante el Pleno de dicha colegisladora la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 12 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Presentado el proyecto de decreto de referencia, para su estudio y dictamen correspondiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, acordó el trámite de su recibo y dispuso su turno a las comisiones unidas de Justicia; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tercero. En sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, celebrada el 17 de febrero de 2011, se aprobó la minuta en cita, por lo que fue enviada a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

Cuarto.En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de febrero de 2011, se dio cuenta con la minuta en estudio, mediante el cual la Cámara de Senadores reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Quinto.En ese misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,acordó se turnara a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para su estudio y dictamen correspondiente.

Análisis de la minuta

En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores, señala que el sentido y alcance al que se orientan las reformas que se plantean en los párrafos primero y cuarto del artículo 12 y la adición de un tercer párrafo en el artículo 2, de Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primero, de estos preceptos, inicialmente se corrige un problema de técnica legislativa que se manifiesta en su estructura por la indeterminación de la naturaleza de una de las consecuencias jurídicas que habrán de imponerse a quien espontáneamente libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de la ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito.

Es decir, por la indeterminación de la índole de la pena corporal, que por un descuido del legislador no fue precisada en el primero de los párrafos del artículo 12 de la ley que se expidió con el Decreto que habrá de entrar en vigor a los noventa días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, después del 30 de noviembre de 2010, conjuntamente con las reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Señala que la reforma se encamina a enmendar esencialmente un vicio de inconstitucionalidad que subsiste en el párrafo primero del artículo 12 de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuestión de inconstitucionalidad, tomando como parangón la acontecido en el párrafo primero del artículo 247 del Código Penal Federal, desde su reforma establecida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, fecha en que se omitió precisar la naturaleza de la pena temporal aplicable a los diversos tipos del delito de falsedad previstos en el numeral aludido; vicio de inconstitucionalidad, que perduró a pesar de una fe de erratas que con la finalidad de subsanar ese descuido y otras inconsistencias que se detectaron en la redacción de otros preceptos legales implícitos en este último decreto, se publicó el 1 de febrero de aquel año, aclarando, en lo conducente, que la pena temporal de referencia era la de prisión.

Pero que dicha fe de erratas que los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Unión enviaron al secretario de Gobernación, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1994, no fue suficiente, ya que en la resolución de la denuncia de contradicción de tesis 19/2001-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirmó la subsistencia de la incertidumbre jurídica que volvió imperativa la necesidad de plantear y aprobar su reforma.

La minuta señala que al resolver la contradicción de tesis denunciada en cuanto a la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal —ahora Código Penal Federal—, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, declaró que debía prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio conforme al cual, el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que fije de un modo preciso la consecuencia jurídica que habrá de imponerse por la consumación de aquel hecho, para evitar un estado de incertidumbre jurídica en el inculpado y la posibilidad de una actuación arbitraria por parte del juzgador. En ese contexto resuelta la contradicción de tesis aludida, a partir del cumplimiento de las reglas previstas en la Ley de Amparo para producir sus efectos, quedó asentada en el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, la inconstitucionalidad de este precepto solamente en la parte que corresponde a la pena temporal aplicable por la consumación de los diversos tipos del delito de falsedad que consigna, subsistiendo válidamente tanto el tipo penal como la multa contemplados en el mismo.

Por lo que la colegisladora realiza un juicio análogo, en relación a la falta de precisión de los extremos del plazo que el juez deberá considerar, al individualizar la pena que se imponga, para determinar el espacio temporal durante el cual se aplicará la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia, como medida de seguridad adicional a la pena de prisión y la multa que se decreten, cuando a la víctima del delito se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal.

Similar consideración establecen en el enunciado, que consigna la obligación del juez de sujetar a prisión preventiva durante el proceso penal a los imputados por la consumación de alguno de los delitos previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de Ley General que se reforma y adiciona. Luego, es inobjetable la procedencia de estos cambios, porque en los términos en que se encuentra el texto vigente de las disposiciones legales en que se insertan, es palmaria la presencia una inarmonía con la fuente suprema de la que emergen. Señalando que la Constitución, como ordenación jurídica fundamental del Estado, que organiza, faculta, regula actuaciones, limita y prohíbe, está por encima de cualquier institución jurídica, aun de las constituciones de los estados miembros y de las leyes de carácter orgánico y reglamentario que instrumenten o desarrollen sus propios textos. Supremacía, en cuya virtud, la normatividad legal secundaria —cuya legitimidad hace posible— solamente será válida en tanto no quebrante sus preceptos.

Consideraciones de la minuta

Primera.Después del análisis a la minuta remitida por la Cámara de Senadores, estas Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, consideran procedentes y adecuadas la reforma y adición a la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, en virtud de que resultan ser propuestas que dan certeza jurídica a los gobernados y a las autoridades de procuración y administración de justicia.

Lo anterior es así, ya que dará certeza jurídica al gobernado y obligará a las autoridades encargadas de aplicar dicha la ley general que nos ocupa, a respetar la garantía de exacta aplicación de la ley penal y en consecuencia, el acatamiento a la garantía de seguridad jurídica, pues no debe soslayarse que las leyes emanadas del Congreso de la Unión, deben estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, ello en atención, a la citada garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que instituye la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, prohibición que es reconocida por el principio de derecho penal, nulla poena sine lege.

Segunda. De los antecedentes relatados en el contenido de la minuta en estudio, se advierte que en el proceso legislativo, se omitieron disposiciones en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tienen que ver con la claridad, precisión y exactitud de la norma, por lo que para no violar la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, ya que crea incertidumbre en la aplicación de la pena y, por consiguiente, transgrede la garantía de seguridad jurídica, ya que la omisión a dicha ley, puede permitir actos arbitrarios de la autoridad encargada de aplicarla, o de otras autoridades, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pueden presumir que se trata de la pena de prisión o bien de otras que también son susceptibles de medirse en tiempo.

En ese sentido, es dable la minuta propuesta por la Cámara de Senadores, en relación a las reformas que se plantean en los párrafos primero y cuarto del artículo 12 y la adición de un tercer párrafo en el artículo 2, de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como ha quedado señalado, las leyes emanadas del Congreso de la Unión, deben estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, para crear certeza jurídica a favor de los gobernados.

Ello es así, porque es de explorado derecho que el principio de legalidad contiene los siguientes supuestos, a saber: no hay pena sin ley estricta, no hay pena sin ley previa y no hay pena sin ley cierta. En ese sentido y respecto al último supuesto, se entiende como la prohibición en la creación de tipos penales y penas indeterminadas, es decir, el legislador debe establecer perfectamente el supuesto de hecho (mandato o prohibición), así como su consecuencia jurídica (pena de prisión, multa, etc.). Por lo que resulta procedente la adición al primer párrafo del artículo 12 de la citada ley general.

Tercera. Mismas consideraciones se deben tomar en cuenta para precisar los extremos del plazo que el juez deberá considerar, al individualizar la pena que se imponga, para determinar el espacio temporal durante el cual se aplicará la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia, como medida de seguridad adicional a la pena de prisión y la multa que se decreten, cuando a la víctima del delito se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, adición planteada en el párrafo cuarto del mismo artículo 12 de la citada ley general.

Y por último establecer la obligación del juez de sujetar a prisión preventiva durante el proceso penal a los imputados por la consumación de alguno de los delitos previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de Ley General que se reforma y adiciona, hace que ésta sea armónica con la fuente suprema de nuestro régimen normativo que es la Constitución, norma fundamental del Estado.

Por lo anterior, es evidente que corresponde a esta Legislatura solventar las omisiones del propio Congreso de la Unión, pues constitucionalmente éste, tiene la obligación de expedir las leyes de carácter federal, de forma clara, precisa y exacta, de tal manera que el gobernado tenga certeza de la intención del legislador al emitir las leyes.

Por los argumentos vertidos en párrafos que anteceden, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública estamos de acuerdo con la minuta objeto del presente dictamen, ya que de esta forma se hace efectiva la protección a la garantía de seguridad pública que el Estado debe proveer a todos los individuos que están dentro del territorio mexicano, consignada por la Constitución Política.

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, someten a la consideración de esta Asamblea, el:

Decreto por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 12, párrafos primero y cuarto; y se adiciona el párrafo tercero del artículo 2, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 2. ..

...

Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva.

Artículo 12.Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena será de dos a seis años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

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No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de nueve a dieciséis años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, así como la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

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Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 22 de febrero de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yañez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica),Víctor Hugo Círigo, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Camilo Ramírez Puente, Rodrigo Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y como lo han solicitado las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública pregúntese, que en virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En términos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución y se pone a discusión y a votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí se considera de urgente resolución.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 433 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, tiene la palabra, para fundamentar el dictamen por las comisiones en términos del artículo 104 del Reglamento, la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente y el diputado Bonifacio Herrera Rivera. Tiene la palabra la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hasta por 5 minutos.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, presidente. Diputadas, diputados, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, con fecha 22 de febrero de 2011, se dio cuenta con la minuta en estudio, mediante el cual la Cámara de Senadores reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha y después del análisis a la minuta, remitida por la Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública consideraron procedentes y adecuadas la reforma y adición a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria, como les decía, de la Fracción XXI del Artículo 73.

Estas reformas sin duda darán certeza jurídica al gobernado y obligarán a las autoridades encargadas de aplicarlas a respetar la garantía de exacta aplicación de la ley.

El acatamiento a la seguridad jurídica no debe soslayarse de ninguna manera por las leyes emanadas del Congreso de la Unión, deben estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, en atención a la citada garantía que instituye la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, provisión que es reconocida por el principio de derecho penal nulla poena sine lege.

De los antecedentes relatados en el contenido de la minuta que se estudió, se advierte que en el proceso legislativo se omitieron disposiciones en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que tienen que ver con la claridad, precisión y exactitud de la norma, con la finalidad de no violar la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, crea incertidumbre la aplicación de la pena y por consiguiente, transgrede la garantía de seguridad jurídica, ya que la omisión a dicha ley puede permitir actos arbitrarios de la autoridad encargada de aplicarla o de otras autoridades, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional pueden presumir que se trata de la pena de prisión o bien de otras que también son susceptibles de medirse en el tiempo.

En ese sentido es loable la minuta propuesta por la Cámara de Senadores en relación a las reformas que se plantean en los párrafos primero y cuarto del artículo 12, y la adición de un tercer párrafo en el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues como ha quedado señalado, como señalamos en estos momentos, las leyes emanadas del Congreso de la Unión deben estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, para crear certeza jurídica a favor de los gobernados.

Es de explorado derecho que el principio de legalidad contiene los siguientes supuestos: no hay pena sin ley estricta; no hay pena sin ley previa y no hay pena sin ley cierta.

En ese sentido y respecto al último supuesto, se entiende como la prohibición en la creación de tipos penales y penas indeterminadas, es decir, el legislador debe establecer perfectamente el supuesto de hecho, mandato o prohibición, así como su consecuencia jurídica, por lo que resulta procedente la adición al primer párrafo del artículo 12.

Mismas consideraciones se deben tomar en cuenta para precisar los extremos del plazo que el juez deberá considerar al individualizar la pena que se imponga para determinar el espacio temporal durante el cual se aplicará la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia como medida de seguridad adicional a la pena de prisión y a la multa que se decrete cuando a la víctima del delito se le hubiera causado alguna lesión.

Y por último, establecemos la obligación del juez de sujetar a prisión preventiva durante el proceso penal a los imputados por la consumación de algunos de los delitos previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General que se reforma y adiciona, y con esto se hace que sea armónica con la fuente suprema de nuestro régimen normativo que es la Constitución, norma fundamental del Estado.

Por todas estas consideraciones las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública solicitan a este pleno su aprobación o la aprobación de este decreto. Gracias, señor presidente...

Presidencia del  diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Bonifacio Herrera Rivera.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados: como secretario de la Comisión de Seguridad Pública me permito sustentar ante esta honorable asamblea el dictamen de la minuta que reforma y adiciona los artículos 2 y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello es preciso hacer nota de que el 30 de noviembre del año pasado fue aprobada en esta soberanía la ley en comento, misma que al momento de ser discutida se analizó concienzudamente y con precisión la gravedad del problema al que se enfrentaba la ciudadanía relacionado con esta actividad ilícita, que es injustificable y deleznable desde cualquier perspectiva que se observe.

Ante las voces que argumentaban que la ley era perfectible, siempre consideramos que era preciso expedir una normatividad que hasta la fecha no existía y posteriormente se harían las propuestas necesarias que la fueran perfeccionando, tanto directamente en la ley como en los ordenamientos jurídicos relacionados.

Al respecto se observó la existencia de algunas disposiciones que pudieran calificarse de evidentes y obvias. Sin embargo, el legislador, en su afán por perfeccionar las leyes para hacerlas claras y de fácil interpretación, ha encontrado en el artículo 2 de la citada ley que se establece una pena para el delincuente de dos a seis años, es decir, se especifica la duración de la sanción, pero no su naturaleza que en este caso debe precisarse que es de prisión preventiva y en las circunstancias que el mismo artículo en la referencia indica con exactitud, a fin de cumplimentar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, considerando que la naturaleza del delito exige en el sujeto activo una determinada capacidad y voluntad por lesionar el orden jurídico y los derechos de terceros, esta ley busca a toda costa evitar la reincidencia de quienes, no obstante, habiendo cumplido la sentencia que les fue impuesta en razón de su conducta, aún pudieran tener los medios y los bríos necesarios para reincidir en conductas delictivas.

Es por ello que la autoridad debe asegurarse de que el sujeto en cuestión se haya reinsertado de manera efectiva en la sociedad, que tenga una manera lícita de vivir y que, en todo caso, de no hacerlo así, se tengan los elementos para proceder conforme a derecho.

Para ello se propone corregir la deficiencia encontrada en la ley, ya que establece el uso de mecanismos de localización, pero sólo mientras se purga una pena de prisión corporal, lo cual resulta ocioso, toda vez que el condenado se encuentra dentro de una institución penitenciaria. Lo relevante es poder monitorear cuando éste abandone el centro penitenciario y que este monitoreo pueda hacerse durante cinco años, después de haber sido liberado, cuando sea el caso en que la víctima haya infringido o causado algunas lesiones previstas en los artículos 291 al 293 del Código Penal Federal.

Ésa es la razón, señoras diputadas y señores diputados, por la que debemos aprobar esta reforma y adición que no altera el sentido y el espíritu de la ley, sino que es una especie de interpretación auténtica que aclara la intención del legislador para evitar cualquier confusión que pueda suscitarse al momento de llevarla a la práctica. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Se han inscrito para la discusión en lo general, en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT; y para hablar en pro, el diputado Camilo Ramírez Puente, del PAN, y la diputada Ángeles Nazares Jerónimo, del PRD, y también el diputado Arturo Santana, del PRD.

En consecuencia, tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para hablar en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Diputadas y compañeros diputados, como dijeron hace un momento los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, la discusión de este dictamen obedece a una minuta que nos envía el Senado para corregir algunas deficiencias de la ley que este pleno había aprobado en diciembre pasado, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, y como mencionó muy bien la diputada Guillén Vicente, pues se trata básicamente de garantizar principios de derecho penal como: no hay pena sin ley estricta; no hay pena sin ley previa y, no hay pena sin ley cierta.

Esto, desde luego, parece correcto. Yo me inscribí en contra porque, como recordarán, cuando se votó esta ley antisecuestro sostuve que el espíritu de esta reforma legal, de esta ley general, propiciaba lo que la doctrina jurídica, la doctrina penal denomina como el derecho penal del enemigo.

Voy a repetir brevemente en qué consiste este derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo propone un Estado policiaco y no un Estado de derecho. No constituye un derecho garantista o mínimo, sino máximo. No incluye a los ciudadanos infractores para rehabilitarlos sino que los excluye del tejido social. No forma parte del derecho penal ordinario sino que es un derecho de excepción. No busca corregir o rehabilitar, sino eliminar. No es consecuente con la dignidad de las personas sino que destruye la dignidad. No maximiza derechos humanos, sino que los minimiza. Y, es propio no de un Estado constitucional y democrático de derecho, sino de un Estado autoritario.

El dictamen que votamos en esta materia en el pleno de la Cámara, de ley antisecuestro, establecía una serie de elementos restrictivos con los derechos procesales de los detenidos, de los indiciados y establecía, o establece también penas altísimas para sancionar el delito de secuestro.

Yo en su momento hice consistir 14 críticas a esta ley, que fue aprobada por el pleno de la Cámara, que me permito recordar:

1. No prevé –decía en aquella ocasión– garantizar el equilibrio procesal de las partes, tal como lo establece en el artículo 1 y 3 de la ley.

2. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones, como recordaremos, son imprescriptibles en materia de secuestro.

3. No hay reserva de averiguación previa, el Ministerio Público está obligado en todos los casos a ejercitar la acción penal; artículo 6.

4. Las penas son desproporcionadamente altas, mayores que en otros tipos penales; artículos 9, 10 y 11.

5. Se establece la figura de la inexcusabilidad del testigo.

6. Los sentenciados por los delitos a que se refiere la ley no tienen derecho a los beneficios de la libertad preparatoria, sustitución o conmutación de la pena, o cualquier otro que implique reducción de la condena; artículo 19.

7. La autoridad judicial puede ordenar vigilancia policial hasta por cinco años después de que los reos hayan compurgado su sanción y ya hayan sido liberados; artículo 20.

8. Establece un sistema de testigos protegidos que ha demostrado en México su ineficacia; artículo 26.

9. Las atribuciones de la policía son excesivas e imprecisas; artículo 43.

10. A los procesados y sentenciados se les pueden aplicar medidas especiales de vigilancia; artículo 46.

11. Hay adelantamiento de la punibilidad; artículo 55 del Código Penal Federal.

12. Debiendo aplicarse las reglas del concurso ideal de delitos, en el secuestro siempre se aplican las del concurso real; artículo 64 del Código Penal Federal. Y otras deficiencias que constituyen derecho penal del enemigo, a las que en su momento me referí.

Por las mismas razones que en aquella ocasión, en esta ocasión votaré en contra.

Creo, que la letra y el espíritu de esta Ley Antisecuestro constituyen un derecho de excepción inaceptable en un derecho penal democrático. Por su atención, muchas gracias, y votaré en contra de esta minuta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Camilo Ramírez Puente, del Grupo Parlamentario del PAN.

Aprovechamos, en lo que hace uso de la palabra, para saludar la presencia de invitados especiales de Yucatán, invitados a esta Cámara por el diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello. Sean bienvenidos.

El diputado Camilo Ramírez Puente:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nuevamente el día de hoy tenemos la oportunidad de perfeccionar una ley que es necesaria, que requiere nuestro país y que verdaderamente es de reconocer el esfuerzo hecho por el Senado al momento de dictaminarlo hace algunos días, inmediatamente ser dictaminado por la Comisión de Justicia de esta Cámara y, al día siguiente inmediatamente también, ser dictaminado por la Comisión de Seguridad.

Esto es signo inequívoco del compromiso que tiene, que asume y al que responde el Congreso de la Unión a las leyes que requieren los mexicanos. Verdaderamente con esto venimos a demostrar todos, que no tan solo nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional, sino todos los demás grupos parlamentarios aquí representados en esta Cámara, que verdaderamente estamos atentos a lo que pasa en nuestra sociedad, que verdaderamente estamos cumpliendo con la tarea que nos ha sido encomendada.

Muchas gracias licenciado Benjamín, como siempre, muy gentil. Verdaderamente reconocemos el esfuerzo de todos los integrantes de las comisiones y el día de hoy de este pleno. Estamos convencidos, estamos ciertos de que la votación será abrumadoramente mayoritaria, quizá con algún voto en contra, pero pues qué bueno porque eso significa que tenemos la diversidad de la opinión, la diversidad de las convicciones y que es algo que hoy por hoy nuestro país privilegia.

Quiero reiterar, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene un compromiso al que no va a renunciar nunca. El compromiso es ver que emitamos las leyes que se requieren para afrontar eficazmente un problema grave que tenemos ahorita y que es uno de los principales que nos reclama la ciudadanía, es restablecer la seguridad y no vamos a renunciar nunca a esa obligación y a esa necesidad.

Que quede claro a todos aquí, pero sobre todo afuera, en esa sociedad que cree que la impunidad se va a permitir, eso no es tolerable. El grupo parlamentario de Acción Nacional reconoce la plena valía de todos los demás grupos aquí representados. Lo reiteramos para que quede bien claro que estos dictámenes han sido mayoritariamente votados a favor en las comisiones.

Y si la unanimidad no se ha logrado, estoy convencido que también ello tiene una explicación y que es, nuestro país admite la disidencia en la opinión, admite la libertad de expresión, admite la diversidad en todos aquellos que comparten este Congreso.

Ésa es la explicación. No creemos que se trate de actos que tengan el sentido únicamente de llevar una contra o de llevar un no. Estamos convencidos de que esas opiniones también deben ser respetadas. Las respetamos y desde ese punto de vista estamos completamente atentos a ello.

Reiteramos y lo volvemos a dejar bien claro, que a la sociedad no le quede la menor duda de que así vamos a continuar reformando y emitiendo todas las demás leyes que sean necesarias.  La tarea no concluye el día de hoy. Tenemos muchas leyes todavía pendientes en nuestras comisiones. La de Justicia, la de Seguridad, la de Puntos Constitucionales, pero aquí hay un compromiso y todos estamos de acuerdo en asumirlo.

Esas leyes van a salir y van a salir en bien de la nación. Ése es el compromiso con el cual hoy le damos la cara a todos aquellos que nos han traído aquí. Que esa situación quede entonces perfectamente clara para propios y extraños. Muchas gracias por la atención.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

Aprovechamos para saludar la presencia también de jóvenes integrantes del sexto semestre de telebachillerato de Cuatzintla, Veracruz, invitados por el diputado Víctor Manuel Kidnie de la Cruz. Bienvenidas y bienvenidos.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, la minuta que estamos por aprobar refleja la preocupación de la sociedad y organismos de la sociedad civil por uno de los delitos que preocupan a la mayoría de la población: el secuestro.

Se trata de una reforma que busca enriquecer la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro expedida recientemente por este Congreso de la Unión. Dicha minuta corrige aspectos de técnica legislativa con la finalidad de que esta ley cuente con la claridad, la precisión y la exactitud de una norma de carácter penal y por consiguiente no violentar el principio de exacta aplicación de la ley penal y evitar con ello interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución.

De ahí que esta minuta reforme el primer párrafo del artículo 12 de la ley para establecer expresamente en dicho artículo la palabra prisión, ya que se refiere a la pena que habrá de imponerse a quien espontáneamente libere a la víctima de secuestro dentro de los tres días siguientes al de la privación de la libertad.

Por otra parte, la minuta ajusta en su último párrafo al propio artículo 12 para establecer expresamente que en tratándose de la colocación de dispositivos de localización, la vigilancia por la autoridad policial será hasta por cinco años posteriores a su liberación.

Con la aprobación de esta minuta, el Congreso de la Unión cumple con la sociedad al solventar omisiones de técnica legislativa y su función de expedir las leyes de forma clara, precisa y exacta, de tal manera que el gobernado tenga certeza de la intención del legislador al emitir las leyes.

Por otra parte, los legisladores cumplimos con la función no sólo de aprobar las leyes, sino también de dar el seguimiento a las mismas para que cumplan con la finalidad para la cual fueron aprobadas y, de no ser así, hacer las enmiendas correspondientes.

Por tanto y dado que el delito de secuestro requiere de una legislación adecuada a la realidad de nuestro tiempo es que el voto de nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos; después participará la diputada Adriana Sarur Torre, del Verde Ecologista; Rosaura Ochoa Mejía y el diputado Humberto Benítez Treviño, por último. Adelante, diputado Santana.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Gracias, diputado presidente. Solamente para complementar lo que acaba de explicar de una manera clara, de una manera precisa mi compañera de bancada, la diputada Ángeles Nazares.

Decir que en el momento en que aprobamos nosotros esta ley, en diciembre pasado, advertimos la posibilidad de perfeccionar la normatividad que rige en materia de sanción de delitos de secuestro en nuestro país. Eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy.

Recibimos de una manera fraterna la minuta que nos hace llegar el Senado de la República y decirles a ustedes que la pena debe ser asequible al daño causado al bien jurídico tutelado, que en este caso es la privación ilegal de la libertad, que está por demás decirlo, es una de las principales demandas de la sociedad, hoy por hoy.

En relación a lo que comentaba el diputado Jaime Cárdenas Gracia, creemos nosotros en la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, que la pena se ajusta; el criterio de la penalidad máxima se ajusta, por considerar que es un delito gravísimo y que está lacerando el bienestar y la seguridad, la paz social de todos los mexicanos.

En relación a las dos enmiendas, que el día de hoy seguramente aprobaremos, creemos que los procesados y los sentenciados por la comisión de este delito deben ser claramente vigilados.

En los 5 años que se establecieron de inicio en la ley, solamente se está agregando la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia por el mismo término. Lo cual consideramos nosotros que viene a complementar de una manera positiva el dictamen que aprobamos en el mes de diciembre, en relación a este tema.

Por lo relacionado a la prisión preventiva, creemos que ningún procesado, que ningún indiciado por la Comisión de estos hechos delictivos debe gozar de algún beneficio de ley. Por lo que, como bien lo comentaba mi compañera de bancada, el Partido de la Revolución Democrática votará a favor de estas enmiendas, que vienen a complementar y a perfeccionar el texto de la ley vigente para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro.

Podemos decir nosotros que evidentemente se puede dar un debate leguleyo, un debate jurídico, pero lo que está esperando la sociedad mexicana, hoy por hoy, son resultados y creo que la Cámara de Diputados está cumpliendo cabalmente con ese objetivo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con su venia, diputado presidente. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido directa o indirectamente el sufrimiento que trae aparejado el secuestro? En México esta industria ilícita ha ido creciendo desproporcionadamente en el último lustro.

Estudios del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad nos informan que el universo de delitos cometidos y denunciados, un ejemplo, en 2007, ascendieron a 1 millón 578 mil 680 delitos.

A finales del año pasado el Congreso aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en ella se contienen sanciones muy duras para quienes participen en la realización de estas conductas lesivas y reprobables, que atentan contra el bienestar de la sociedad.

Sin embargo, el propio órgano legislativo ha considero necesario incluir dos nuevos elementos: por una parte el someter a prisión preventiva a todos los procesados; por otra, establecer una medida de control y vigilancia a quienes, aunque ya hayan cumplido su condena deban ser verificados durante los 5 años subsecuentes a su liberación.

Es necesario seguir buscando la manera de dar solución a fondo a la criminalidad en México. Es necesario que se den más oportunidades de educación, trabajo y desarrollo para los ciudadanos y con ello el día de mañana, leyes como ésta quedan obsoletas por la ausencia de estos delitos. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputada Sarur. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosaura Ochoa Mejía, del grupo parlamentario de Convergencia, hasta por 5 minutos.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, después de un proceso legislativo intenso pero jurídicamente pulcro, de su publicación el pasado 30 de noviembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y de las correcciones pertinentes a los artículos 2 y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, finalmente le podemos decir a la sociedad mexicana que el Congreso de la Unión ha cumplido con una gran nueva encomienda: la de asumir con toda responsabilidad y justicia  una de las demandas más sentidas de la población, la de enfrentar con las mejores armas jurídicas a los que secuestran y han secuestrado la esperanza y la felicidad de miles de mexicanos.

Esta nueva ley es sin duda de las que mayor respaldo institucional ha tenido, con una participación decidida y encomiable de la sociedad civil y de los poderes del Estado mexicano. Por eso, señoras diputadas y señores diputados, si se me permite decirlo, no sólo es un nuevo marco jurídico para combatir sin tregua el secuestro, es más al mismo tiempo una política pública con visión de Estado, donde todos estamos llamados a combatir este grave delito.

No hay nada más desgarrador para las familias mexicanas que verse sometidos por la delincuencia organizada y sentirse mutilados o golpeados en su seguridad patrimonial, personal o en su dignidad.

Con esta nueva ley el Estado mexicano busca tener las mejores condiciones y herramientas legales para hacer valer su primera obligación constitucional: la de resguardar la seguridad de las personas.

Los órganos de seguridad pública y las instituciones que deben procurar justicia en todos los niveles están llamados a asumir su responsabilidad constitucional con la mayor pulcritud y profesionalismo; con la imparcialidad y con el trato humanitario que se merece toda víctima; y que el victimario sepa claramente que no habrá vuelta atrás en la aplicación de la justicia.

Que el órgano jurisdiccional encargado de impartir la justicia deberá valorar la ineficiencia o ineficacia y la corrupción de la investigación, ya que conllevará al nacimiento de un nuevo delito que será castigado severamente y no habrá medias tintas ni mucho menos indiferencia institucional.

Los distintos niveles de gobierno están llamados a un mayor compromiso y a que dispongan sus mayores esfuerzos para hacer efectiva y expedita la ley.

El Estado, a través de quienes representan los órganos de justicia, son los que deben dar la cara ante la sociedad y para que se recobre la confianza y se asuma con mayor corresponsabilidad en esta gran tarea.

Si todos cumplimos con la parte que nos corresponde, seguramente la ley obtendrá grandes dividendos de seguridad y bienestar que los mexicanos reclaman. El acierto de esta ley provoca que exhortemos a los órganos de procuración de justicia a que asuman su responsabilidad en la integración de las investigaciones.

Con la entrada en vigor de esta nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, tenemos que pasar de la desesperanza de muchos mexicanos a la certeza y a la esperanza esperada; de la incertidumbre a la seguridad de nuestras familias; de la impunidad a la aplicación de la ley; y de la aplicación de la ley al fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y de justicia.

Éstas deben ser las principales encomiendas y propósitos de esta ley. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, estimada diputada. Tiene la palabra el diputado Humberto Benítez Treviño. Con él cerramos la lista de oradores y preguntaríamos si está suficientemente discutido.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Distinguidas compañeras legisladoras, compañeros diputados, subo a esta tribuna con mi doble carácter: el de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y como miembro de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. Como presidente de la Comisión de Justicia, agradecer a este ejemplar grupo de mexicanos de todos los partidos políticos que la integran, por su decisión, su compromiso con México y su terquedad para combatir impunidad y delincuencia.

Reconocer al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, a los 30 integrantes de esta comisión, que hayan coincidido con los planteamientos del dictamen aprobado el martes próximo pasado, en el seno de la Comisión de Justicia.

En los tres cambios que se han aprobado y que les pido votemos a favor a todos ustedes, como lo han hecho mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, para que no haya lugar a diferentes apreciaciones del contenido de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entra en vigor el próximo 28 de febrero en todo el país.

El primero, para precisar la penalidad de dos a seis años cuando se deje en libertad al secuestrado.

El segundo, para aterrizar el 19 constitucional, en el sentido de que en todos los casos de secuestro los imputados deben llevar el proceso con prisión preventiva obligatoria.

El tercer lugar, que ya lo contempla la ley, para establecer medidas de vigilancia pospenitenciaria para los secuestradores, en un horizonte hasta de cinco años.

Aquí, en esta tribuna, mi compañero Cárdenas Gracia se ha referido varias veces a que con esta ley estamos estableciendo un derecho penal de excepción, también llamado derecho penal del enemigo.

Pero hemos comentado, y en ese término viene la ley y las modificaciones, que ante la proliferación de los delitos de secuestro, ligado cada día más a bandas de delincuencia organizada de alta criminalidad, el Estado, como garante de la tranquilidad social, debe responder con eficacia y energía, con firmeza y prontitud, para cumplir con la razón filosófica que le dio razón de ser, que es garantizar la seguridad pública, la seguridad jurídica de todos los mexicanos.

Ciertamente coincido con los inteligentes planteamientos de mi compañero Cárdenas Gracia. Sí estamos estableciendo un derecho penal de excepción. Sí estamos estableciendo los cimientos de un derecho penal del enemigo. Pero no olvidemos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, y por eso les pido a todos su voto a favor, que el enemigo común del Estado mexicano, de la sociedad mexicana, no son los ciudadanos, son las bandas de delincuencia organizada que están enfrentando el orden constitucional establecido. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Diputado Cárdenas, tiene la palabra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Si, presidente, quise subir para hacer dos consideraciones que me parecen importantes.

Agradezco mucho las palabras también del diputado Benítez Treviño, que confirma esa tendencia que existe en el derecho penal mexicano para establecer un derecho de excepción, un derecho de excepción muy duro, un derecho de excepción, por ejemplo en este caso, de la Ley Antisecuestro, que llega a contemplar sanciones hasta por 70 años de prisión, lo que va a impedir, desde luego, cualquier readaptación social, cualquier rehabilitación de aquellas personas que cometan el delito porque no solamente se castiga hasta con 70 años de prisión en algunos casos el delito, sino que como aquí también se ha dicho, cinco años después que se compurga la sanción, que se compurga la pena hay vigilancia policial extracárcel, extracentro penitenciario. Si esto no es derecho penal del enemigo, no sé lo que es.

El derecho penal del enemigo es grave, porque no es un derecho que coincida, que sea conforme al Estado democrático, al Estado de derecho.

Es verdad, el secuestro, como otros delitos, son delitos lacerantes, pero son delitos que deben atenderse no mediante penalidades agravadas, sino como todos bien sabemos en este pleno, llevando a proceso penal a todos los que incurren en esos delitos, a todos aquellos que actualizan los supuestos del tipo penal.

El gran problema en México se llama impunidad, que muy pocos delitos son llevados ante los jueces y los responsables son sometidos al debido proceso penal.

Si todos los que cometen el delito o un porcentaje muy alto de los que cometen delitos fuesen sometidos a un proceso penal, creo que la actitud de la sociedad hacia cualquier delito, por más reprochable que sea, sería distinta.

El problema es que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema penal, no lleva a las personas a los procesos penales, es un sistema que privilegia la impunidad penal. Eso es lo que tenemos que cambiar en México, tenemos que llevar a las personas que cometen delitos a los procesos correspondientes, pero llevarlos con todas las garantías, con todos los derechos fundamentales que les corresponden; no menoscabarles los derechos al debido proceso penal.

Esta Ley Antisecuestro está menoscabando los derechos procesales, los derechos al debido proceso penal, está limitando los beneficios penales.

Constitucionalmente, en el artículo 19, se obliga a que los responsables de estos delitos tengan que comparecer o ventilar los procedimientos correspondientes en prisión preventiva. Se trata de violaciones, en este caso, aunque sean constitucionales, al debido proceso penal.

Eso es lo que me alarma. No podemos seguir apuntalando un derecho penal de excepción. Tenemos que establecer un derecho penal ordinario para todos, con las suficientes garantías. Y lo que tenemos que resolver en nuestro país es el problema de la impunidad en materia penal.

Debemos someter a los delincuentes al proceso penal, pero estos delincuentes deben tener derecho, como cualquier persona, a la readaptación social, a la rehabilitación, y las penas, tal como lo establece también el artículo 22 de la Constitución, deben ser penas proporcionales a las faltas cometidas, no ser penas inusitadas.

Y este cuerpo legislativo, esta ley que se va a aprobar establece penas inusitadas, contrarias al artículo 22 de la Constitución e impide además la rehabilitación de las personas y también limita el debido proceso penal.

Por eso yo refrendo mi voto en contra de esta minuta proveniente del Senado de la República. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, el asunto se encuentra suficientemente discutido y por tanto, en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En tanto se realiza esta votación, quiero informar a esta asamblea que el día de hoy se ha reanudado la labor del Grupo de Trabajo relacionado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el cual participan vicecoordinadores de los distintos grupos parlamentarios, uno por cada uno de ellos.

Este grupo de trabajo solicitará a la Secretaría de Gobernación una reunión a realizarse en el transcurso de la próxima semana; misma a la que acudirán los integrantes de este grupo de trabajo y una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Por otro lado, quiero informar a los señores diputados y señoras diputadas, que esta Mesa Directiva es absolutamente sensible a las distintas protestas y propuestas que los señores diputados y diputadas han formulado con relación al tema del tiempo destinado para iniciativas.

Por tal motivo, el criterio de esta Mesa Directiva para la formulación del orden del día en las siguientes sesiones será incluir siempre una hora mínima para la presentación de iniciativas hasta desahogar el total del rezago, que concluimos. Gracias.

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente, queremos informar a ustedes que la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados manifiesta su reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional por conmemorar el 75 aniversario de su fundación.

Pilar fundamental de la vida educativa de nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional es espacio permanente para la generación de conocimientos, ciencia e investigación. Pensado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río como el espacio de excelencia para la formación tecnológica de los hijos de la Revolución que no podían acceder a la educación universitaria por la escasez de recursos, en poco tiempo el Politécnico se constituyó no sólo en la escuela para familias obreras y campesinas, sino para cientos de miles de mexicanos que se han forjado en sus aulas.

El Politécnico ha sido un semillero de servidores públicos y del sector privado, hasta que finalmente, en los años noventa del siglo pasado, el ideal del general Lázaro Cárdenas de que un estudiante surgido de aquel campo llegara a la Presidencia de la República se cumplió.

Hoy en día, luego de 75 años, el Politécnico Nacional se ha consolidado en la formación de profesionistas destacados, de sólidos investigadores, y en la generación permanente de saberes para campos tan diversos como la medicina, la ingeniería, la petroquímica y la electrónica, entre muchos otros.

Desde esta Mesa Directiva felicitamos a la comunidad politécnica y hacemos votos para que siga siendo la institución educativa generadora de científicos de primerísimo nivel, enriqueciendo con ello el acervo nacional y mejorando la calidad de vida de los mexicanos. Felicidades al Instituto Politécnico Nacional.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Araceli Vázquez, desde su curul si es tan amable.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Quisiera que me dieran la oportunidad de externar un pensamiento para felicitar al Politécnico.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Desde su curul, si es tan amable, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Muchas gracias.

El Instituto Politécnico Nacional, coloquialmente conocido como Politécnico, nuestro querido Poli, fue fundado en 1936 por Lázaro Cárdenas del Río, siguiendo los ideales revolucionarios en la reconstrucción del país, buscando dar educación profesional a las clases más desprotegidas, además de ser un impulso para el desarrollo industrial y económico de México. Así, como una institución que tuviera una función noble, al subsanar las necesidades de la población mexicana sumida en la pobreza.

En el Instituto Politécnico Nacional se cristalizaron los ideales educativos de equidad y justicia social de un México que superaba la lucha revolucionaria. Es necesario que se conmemore su nacimiento y se fortalezca el desarrollo de la institución con la misma pasión que imprimieran Bassols, Bátiz, integrados al proyecto renovador de Lázaro Cárdenas, que soñó y concretó, aunque efímero, un Estado benefactor, con un proyecto nacionalista porque priorizó a los nacidos en México. Un Estado soberano, porque dignamente dialogó de igual a igual con los gobiernos de Estados Unidos y con otras naciones. Un Estado autónomo que nacionalizó el petróleo para cimentar una industria mexicana con capital mexicano, con una mano de obra mexicana, y un Estado independiente, porque puso los cimientos de una patria que construyó un mercado interno, que ofreció trabajo y empleo a los mexicanos, reconociendo sus derechos laborales, con un campo que alcanzaba para dar de comer a los mexicanos y a otros países.

Desde el Congreso de la Unión es necesario apoyar con presupuesto a las instituciones que han permitido el desa-rrollo de la nación mexicana.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho(desde la curul): Diputadas y diputados, desde el Congreso de la Unión felicitamos en su 75 aniversario al Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, presidente.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Desde su curul tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes. Sonido en la curul de la diputada Paredes.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Con el mismo propósito, señor presidente; para expresar el reconocimiento de la bancada del Grupo Parlamentario del PRI, y en especial de los egresados del Politécnico, integrantes de nuestra bancada, a la fructífera labor que en 75 años ha realizado esta institución académica.

Nos parece crucial la definición del Estado mexicano, de seguir respaldando la educación pública superior. Creemos que este 75 aniversario, además de merecer el homenaje discursivo, debe encontrar en el gobierno de la República la decisión de respaldar con mayor presupuesto al Instituto Politécnico Nacional y a la investigación en materia de ciencia y tecnología.

Estamos ciertos de que el futuro de México depende de nuestra capacidad, de tener recursos humanos formados con alta calidad en nuestras instituciones de educación superior. Por eso, desde aquí, le expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo pleno al Instituto Politécnico Nacional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Paredes.

El diputado Sergio González Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sergio González, por favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputada. Escucháremos al diputado Sergio González. Mientras tanto, quien no haya votado, por favor, concluya la votación. Adelante, diputado González.

El diputado Sergio González Hernández(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Igualmente en Acción Nacional hay egresados del Instituto Politécnico Nacional como su servidor. Nos sumamos a la felicitación por parte del Partido Acción Nacional por estos 75 años de formación de muchos profesionistas, y decirle que la técnica está al servicio de la patria. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada López Rabadán.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada quisiera decirle que es un orgullo hablar del Instituto Politécnico Nacional en esta Cámara de Diputados, que el IPN nació con una matrícula de 14 mil 300 alumnos y hoy tiene más de 360 mil.

Que sin lugar a dudas el esfuerzo que ha hecho la doctora Yoloxóchitl a través de esta gestión, ha permitido hoy contar con más de 63 mil becas para alumnos. Por ello, pongo a su consideración, y a consideración de la junta de coordinadores, así como de la Mesa Directiva, podamos resolver en lo posible en este marco del 75 Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, llevar a cabo una sesión solemne en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sea tan amable de enviarnos por escrito la propuesta, señora diputada, para que se procese debidamente.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto a la diputada Ifigenia Martínez. Sonido a la curul de la diputada Ifigenia Martínez.

La diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández(desde la curul): Señor presidente y compañeros diputados, igualmente es un motivo de orgullo y de placer el contar con una institución como el Politécnico Nacional, de manera que yo quiero a nombre de nuestra bancada, del PT, extender también una felicitación a este órgano de este Instituto que ha ya formado a una juventud y que seguirá formando a través de todos su órganos de investigación. Nuestra felicitación cordial para el Instituto Politécnico Nacional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Jiménez.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero manifestar a todos mis compañeros diputados que soy egresado del Instituto Politécnico Nacional y que para mí es un gran honor poder hablar el día de hoy sobre esta gran institución.

Queremos recordar que ésta es una institución surgida y forjada con el programa de la Revolución Mexicana y que el general Lázaro Cárdenas tuvo la gran visión, en el año de 1936, de constituir esta extraordinaria institución.

Que la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional es una ley avanzada y que debemos seguir fortaleciendo esta institución, porque por primera vez en la historia de nuestro país el Instituto Politécnico Nacional dio educación gratuita a los hijos de los obreros, de los campesinos y de los soldados.

Se creó el Instituto Politécnico Nacional por medio de un internado al cual podían acudir los jóvenes hijos de campesinos, venían de distintos estados de la República, solamente con una muda de ropa y ahí esta gran institución les extendió los brazos en el Casco de Santo Tomás, donde podríamos llamarlo, fue la ciudad politécnica, jóvenes estudiantes tenían ahí alimentación. Era un gran internado. Las políticas neoliberales...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, vamos a terminar la votación. Concluya, por favor.

El diputado Ramón Jiménez López(desde la curul): Sí, gracias, señor presidente. Quiero decir que de esta gran institución, los jóvenes politécnicos dieron su gran aporte al movimiento estudiantil de 1968 y como resultado de la sangre joven que murió en ese periodo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz decidió clausurar varias escuelas, entre ellas la Vocacional 7, de la cual soy egresado, que se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Fue cerrada y fue dado el edificio al Instituto Mexicano del Seguro Social, tratando de acallar el aporte histórico de los estudiantes politécnicos al movimiento estudiantil de octubre de 68.

Hoy que conmemoramos estos 75 años, no podemos olvidar el aporte tanto teórico como práctico y la sangre generosa de los estudiantes del 68 del Politécnico para engrandecer esta institución. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Jiménez. Con este reconocimiento al tecnológico va el recuerdo a nuestro compañero Germán Osvaldo Cortez Sandoval, politécnico distinguido y que siempre viera y velara por los intereses de esta institución. Denos el resultado de la votación, señora secretaria.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada, puede votar en este momento. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Diputado presidente, se emitieron 350 votos a favor, 5 abstenciones y 4 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PRECIOS DE LA CANASTA BASICA - PLAN DE ACOPIO DE GRANOS PARA CONSUMO HUMANO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Hemos recibido dos proposiciones calificadas por la Junta de Coordinación Política como de urgente resolución. Dado que en ambas hay unanimidad de firmas de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, escucharemos a los promoventes de cada uno de estos puntos de acuerdo, y acto seguido serán puestos a votación.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo desde su curul.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, creo que es el primer punto de acuerdo que se va a someter, yo quiero hablar en contra y para esto estoy invocando el artículo 79, numeral 2, fracción IV.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es así, diputado. Nada más le suplico tengan la consideración de que si se cumple el tiempo para terminar la sesión no incluiré ningún otro punto más en el orden del día. Adelante, diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados:Muchas gracias, compañero presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hace unos breves minutos el Banco de México dio a conocer el índice de inflación de la primera semana del mes de febrero, lo ubicó en el 0.21 por ciento contra el 0.17 por ciento que tuvimos de inflación en la primera quincena de febrero del año pasado.

Obedece fundamentalmente y así lo razona el Banco de México, a la escalada de precios que se ha venido presentando en razón del desastre en la agricultura que se dio en Sinaloa, Tamaulipas, sur de Sonora y parte de Chihuahua.

Por esta emergencia se presentan, como ustedes lo han visto ya, visos de especulación en el precio de los productos básicos. Reportes del mercado nos dicen que la tonelada de maíz se ha disparado de los 2 mil 300 pesos a 5 mil pesos; la de frijol, que estaba en 12 mil pesos, llegó ya a 24 mil; el kilo de tomate, está ahorita ya en 18 pesos y estaba apenas en 8 pesos hasta la semana pasada; el de papa está en 15 pesos. Así por el estilo.

Se prevé que los precios de la carne, el huevo y la leche subirán también, porque los costos de granos y forrajes ya están por las nubes.

Esto es síntoma del oportunismo voraz de aquellos, que aprovechándose de la ocasión, no se han detenido para especular libremente con los precios de los artículos de la Canasta Básica.

Vemos cómo un grupo de irresponsables e insensibles, sin la mínima consideración y ante el desconcierto que genera el reciente desastre del campo, se aprovechan de las circunstancias, en perjuicio de los bolsillos de quienes menos tienen.

El panorama refleja la necesidad de un gobierno que no ha sabido o no ha querido intervenir oportunamente para frenar la escalada criminal de precios a los artículos de primera necesidad.

No se debe dejar el paso libre a la voracidad de los especuladores. No hay que olvidar que en toda época la falta de alimentos origina graves y sangrientas catástrofes. La dependencia alimentaria es suicida; el bolsillo de los consumidores sufre ya las consecuencias del desastre agrícola de estos estados.

Es prudente la intervención de un gobierno, para que con altura de miras se adelante a las circunstancias. Las medidas tomadas hasta hoy no satisfacen los legítimos reclamos de la gran mayoría de la ciudadanía; ni de productores ni del consumidor.

Convocamos por ello al Ejecutivo, para definir con acciones reales cuál es la prioridad para garantizar la subsistencia alimentaria del pueblo de México.

No se vale que para justificar esta lesiva escalada de precios a los artículos básicos se pudiera decir que es un fenómeno propio de la oferta y la demanda. No debe escudarse el gobierno argumentando que todo debe dejarse al libre mercado. En materia alimentaria no podemos poner en riesgo la subsistencia de millones de mexicanos.

Urge la rectoría del Estado en este asunto, además la ley lo obliga, las bases jurídicas están contenidas en el artículo 25 de la Constitución General de la República así como en la Ley de Planeación, fundamentalmente en el artículo 41, entre otros.

Por lo expuesto y fundado me permito proponer al pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el uso de sus atribuciones convoque a todos los órdenes de gobierno y a los actores económicos y sociales, a la firma de un pacto nacional que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas libres del mercado favorezcan la criminal escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la Canasta Básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones convoque a todos los órdenes de gobierno y a los actores económicos y sociales al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales de este sector que operan en el país.

En virtud de que el texto íntegro ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito de ustedes, compañeros diputados, el apoyo a la presente proposición. Muchísimas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar a la firma de un pacto nacional que frene la especulación desmedida e impida que las libres fuerzas del mercado favorezcan la criminal escalada de precios, de alarmantes afectaciones en el costo de la canasta básica, así como al establecimiento de un plan urgente de acopio de granos para consumo humano, que comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales del sector, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los dispuesto en los artículos 6o., fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A causa de las heladas recientes, en el estado de Sinaloa se dañaron 500 mil hectáreas de cultivos, en su mayoría sembradas con maíz y hortalizas, de acuerdo con organizaciones de productores.

Informes más conservadores de las autoridades gubernamentales, reportan afectaciones en una superficie de 300 mil hectáreas.

No dejan de ser cifras preocupantes. El panorama es desolador.

Se ha declarado por ello una emergencia alimentaria y cuantificado pérdidas por un monto de 50 mil millones de pesos.

Reportes del mercado nos dicen que la tonelada de maíz se ha disparado de los 2 mil 300 pesos hasta 5 mil pesos.

La tonelada de frijol que estaba hace un mes en 12 mil pesos, llega ya a los 24 mil pesos.

El kilogramo de tomate de 6 pesos está ya en 18 pesos, la papa pasó de los 6 a los 15 pesos por kilogramo y así por el estilo.

Se estima que los precios de la carne, el huevo y la leche subirán también, porque los costos de granos y forrajes ya están por las nubes.

Son síntomas estos del oportunismo voraz de aquellos que aprovechándose de la ocasión, no se han detenido para especular libremente con los precios de los artículos de la canasta básica.

Vemos cómo un grupo de irresponsables e insensibles, que sin una mínima consideración y ante el desconcierto que genera el reciente desastre del campo, se aprovechan de las circunstancias en perjuicio de los bolsillos de quienes menos tienen.

No es posible que se siga tratando al pueblo como un sujeto privado de voluntad o de razón.

Tampoco hay que olvidar que en toda época la falta de alimentos origina graves y sangrientas catástrofes.

El bolsillo de los consumidores sufre ya las consecuencias del desastre agrícola de Sinaloa. Estado que a pesar del infortunio no se dobla y que por el contrario, preparado está para levantarse nuevamente.

Es prudente la intervención de un gobierno sensible que con altura de miras se adelante a las consecuencias. Las medidas tomadas hasta ahora son una falta de respeto al pueblo, porque no satisfacen sus legítimos reclamos.

Retamos al gobierno a definir con acciones reales cuál es la prioridad para garantizar la subsistencia alimentaria del pueblo de México. No hemos vistos hasta hoy respuestas que satisfagan los reclamos y demandas validas de productores y consumidores.

No se vale que para justificar esta lesiva escalada de precios a los artículos básicos, se diga que es un fenómeno propio de la oferta y la demanda.

Que no se escude el gobierno argumentando que todo es producto del libre mercado.

En materia alimentaria, no podemos poner en riesgo la subsistencia de millones de mexicanos.

Urge la rectoría del estado en este asunto. Las bases jurídicas están contenidas en el artículo 25 de la Constitución General de la República, así como en la Ley de Planeación.

Estos ordenamientos dan sustento al eje rector denominado economía competitiva y generadora de empleos, que contenidos en el tópico alimentario dan sustento al plan nacional de desarrollo de la presente administración federal.

Es oportuno demandar del presidente de la República, convoque a la firma de un pacto nacional, que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas libres del mercado favorezcan la criminal escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la canasta básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes.

De la misma manera, que el titular del Poder Ejecutivo federal convoque al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano, que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios de este sector que operan en el país.

Estas medidas son urgentes, porque en el caso de Sinaloa, que tradicionalmente registra una producción anual de 5 millones de toneladas de maíz blanco, destina un excedente de millón y medio de toneladas al consumo pecuario.

Es decir, ahora que se esperan menores rendimientos de producción a causa del siniestro agrícola y que serán insuficientes para la demanda de consumo humano, no alcanzarán para cubrir las necesidades del sector pecuario, por lo cual, como ya lo cite, los precios de la carne, leche y huevo, estarán a la alza.

Por lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de

Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones, convoque a todos los órdenes de gobierno y a los actores económicos y sociales a la firma de un pacto nacional que tenga como propósito frenar la especulación desmedida y que no permita que las fuerzas del libre mercado favorezcan la escalada de precios, cuyas afectaciones al costo de la canasta básica de alimentos son ya de proporciones alarmantes.

Segundo.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones, convoque a todos los órdenes de gobierno y a los actores económicos y sociales al establecimiento de un plan emergente de acopio de granos para el consumo humano, que reúna y comprometa el apoyo de todos los intermediarios comerciales de este sector que operan en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputado Miguel Ángel García Granados (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Nuevamente, compañeros, vengo a hablar en contra de este punto de acuerdo, no por el fin que persigue, sino por la forma y por los medios.

Miren, permítanme leerles el artículo 7o de la Ley Federal de Competencia Económica: Para la imposición en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se establece lo siguiente:

Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar, mediante decreto, los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante.

Dos. La Secretaría de Economía, previa opinión de la comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados.

¿Qué es este exhorto? Es una petición a que el Ejecutivo cumpla con su obligación. No tenemos que andar exhortando a algo que por ley y por obligación es obligación del Ejecutivo federal.

Sabemos que en estos mercados hay acaparamiento, sabemos que es especulación, sabemos que hay monopolios y todas estas prácticas deben desaparecer, pero no por exhortos del Congreso, sino por la aplicación de la ley del propio Ejecutivo, y lo único que estamos haciendo es darle alternativas al Ejecutivo, para que no cumpla con la ley que mandata este país, en donde no deben existir los monopolios privados.

Aguas compañeros, porque estamos viendo ya problemas en otro tipo de monopolios, como el de telecomunicaciones. Aguas, porque ahí está la bronca de Carlos Slim con las televisoras, ¿y quién paga esto? Los consumidores, la gente.

Entonces no le demos alternativas al Ejecutivo. Pidámosle, exijámosle que cumpla con el mandato que tiene en la ley.

Ellos que hablan tanto del combate a los monopolios, es momento en que lo pongan en práctica y no andemos con exhortos que no sirven para nada. Por eso es que yo estoy en contra de que se exhorte nuevamente al Ejecutivo a cumplir con un mandato legal.

Ya basta de que este Congreso sea la oficialía de partes del Ejecutivo. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado Ríos Piter, tiene la palabra. No se encuentra en el salón. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, nadie puede estar en contra de un esfuerzo nacional de la cooperación de los distintos órdenes de gobierno para mantener la estabilidad de la economía que tanto trabajo nos costó conquistar.

México tuvo periodos de inflaciones enormes en el pasado y que a base de esfuerzos, uno de esos esfuerzos fue precisamente un pacto para la estabilidad económica a finales del gobierno del presidente Miguel de la Madrid.

México tiene hoy una situación inflacionaria que es la más baja de los últimos 25 años. En los últimos años, en la última década, la inflación se ha mantenido en los niveles del cuatro y medio por ciento aproximadamente. Incluso, los precios de la Canasta Básica, la inflación de la Canasta Básica medida por el Banco de México nos habla de que hemos logrado mantener la Canasta Básica con incrementos de precios promedio alrededor del 5 por ciento anual.

Pero esta situación se nos puede revertir. Se nos puede revertir porque hay presiones en los precios de los alimentos, porque los problemas en Sinaloa van a presionar sin duda el precio del maíz y no debemos cerrar los ojos a esos fenómenos.

Debemos, como lo dice el diputado proponente, debemos hacer un esfuerzo de unidad nacional; debemos hacer un esfuerzo de que todos los órdenes de gobierno participen.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. El diputado Di Costanzo quiere hacerle una pregunta seguramente.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez:No, ya es tarde. Después, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No acepta la pregunta el orador. Adelante, señor diputado.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez:Es momento de que hagamos un esfuerzo de unidad nacional –decía- para que los precios se mantengan en esos niveles. No debemos dejar que la escalada se produzca. Debemos evitarlo con el objeto –insisto- de mantener una estabilidad de precios que tanto trabajo nos ha costado conseguir y que tanto trabajo cuesta mantener.

Por eso votaré en favor de esta moción y seguramente el Grupo Parlamentario del PAN hará lo propio. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, ábrase el sistema de votación, hasta por 5 minutos, a efecto de recoger el sentido del voto de los señores diputados sobre este punto.

La Secretaria diputado María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado Enrique Torres, de viva voz.

El diputado Enrique Torres Delgado(desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Manuel Báez Ceja(desde la curul): A favor.

El diputado Miguel Martínez Peñaloza(desde la curul): A favor.

La diputada Rosalina Mazari Espín(desde la curul): A favor.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): A favor.

La diputada Rosi Orozco(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Jaime Correa(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Se emitieron 290 votos en pro, 3 en contra y 5 abstenciones.

Presidencia del  diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Proposición con punto de acuerdo. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto de la operación de la empresa Regasificadora Energía Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy, hasta por 5 minutos.

El diputado José Narro Céspedes:Muchas gracias, presidente. Quisiera comentar dos puntos que tienen que ver con la Constitución.

Inicialmente pedirle a usted, presidente, que se inscriba en el Diario de los Debates la totalidad de nuestro documento, porque no lo vamos a leer en su totalidad y vamos a hacer algunos comentarios sobre él.

Queremos señalar que el artículo 27 de la Constitución señala con mucha precisión que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requiera para dichos fines.

También dice la Constitución que sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir dominio de las tierras, aguas y sus acciones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas...  En una faja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y de 50 kilómetros en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir dominio directo sobre tierras y aguas...

Esto es muy importante para nosotros comentar y señalar que el punto de acuerdo se basa en un punto de acuerdo que aprobó el 26 de enero la Comisión Permanente, que presentó nuestro compañero senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Legorreta Ordorica, en el que se señalan las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta Regasificadora de Energía Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

La resolución señala lo siguiente: remítase copia del presente expediente al honorable ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de este municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.

Queremos decir que esta empresa, desde los terrenos mismos que aparentemente habían comprado, que resultó que se la compró a una señora que un año y medio antes falleció, ha estado plagado de una serie de irregularidades.

Cuando el ayuntamiento revisó los permisos que se habían otorgado, éstos se otorgaron en forma irregular porque el permiso tiene que ser avalado por el cabildo, tiene que estar en el acta y a partir de ahí el presidente municipal otorga el permiso correspondiente.

Revisando las actas de cabildo, nunca hubo ningún permiso. El presidente municipal otorgó el permiso a título personal, sin el aval del ayuntamiento ni del cabildo, por lo cual el permiso respectivo carecía de total validez, por lo cual la presidencia municipal, en el marco del acatamiento de este punto de acuerdo, procedió a la clausura de esta empresa que estaba funcionando en forma totalmente irregular.

Ante estos hechos, lo que sucedió fue que hubo un desplazamiento de elementos del Ejército y de la Policía Federal Preventiva a abrir la planta, violentando una atribución que es del ayuntamiento.

Aquí tenemos que respetar la división de poderes y que respetar también el federalismo. En este sentido se violentó esta disposición que tomó el pleno del cabildo del Ayuntamiento de Ensenada.

Por eso hoy queremos respaldar al Ayuntamiento de Ensenada por las decisiones que tomó y expresarle toda nuestra solidaridad.

Ante esto, queremos proponer el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias el resolutivo quinto de la comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión del 26 de enero del 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que se señalan las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energy Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

Segundo. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autoridades para la operación de la empresa regasificadora Energy Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.

Tercero. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto e informe a esta soberanía el resultado de su investigación y consulta.

Cuarto. Se turna el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado.

Quinto. Se comunique el presente punto de acuerdo al ciudadano gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basadas en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes.

Sexto. Se exhorta al Ejecutivo a que gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las Fuerzas Armadas de la zona militar que resguardan Ensenada se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal y en defensa de un particular, de una empresa que está incumpliendo las leyes mexicanas y contaminando las aguas marinas de la región y cuya participación podría desembocar en perjuicio de un gran número de ensenadenses.

Séptimo. Se comunique el presente acuerdo al Congreso del estado de Baja California para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes.

No es posible, compañeras y compañeros, que se instale una regasificadora que no se ha instalado en Estados Unidos ni en Canadá porque es contaminante. Es cuanto, presidente y muchas gracias a los compañeros diputados por su atención.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se proponen diversas acciones en apoyo de la presidencia municipal de Ensenada, Baja California, respecto a la operación de Regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PRD, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se proponen diversas acciones en apoyo a la presidencia municipal de Ensenada, Baja California.

La carta abierta publicada el pasado 15 del presente mes y año en diario de circulación nacional dirigida por el presidente municipal de Ensenada, contador público Enrique Pelayo Torres, al honorable Congreso de la Unión, merece una puntual respuesta que, mediante la presente proposición, ponemos a consideración de las diputadas y los diputados de esta Cámara.

El pasado 26 de enero del año en curso, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se aprobaron los resolutivos correspondientes al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

El resolutivo quinto de la Comisión Permanente que fue aprobado, expresa textualmente lo siguiente:

Quinto: Remítase copia del presente expediente al honorable ayuntamiento del municipio de Ensenada, Baja California, para que en el marco de sus atribuciones revise los permisos otorgados por los anteriores ayuntamientos de ese municipio a la empresa Energía Costa Azul, para el funcionamiento de la terminal de gas natural licuado.

En cumplimiento a esa disposición del órgano legislativo federal, la autoridad municipal de Ensenada, Baja California, procedió a realizar el análisis solicitado por nuestros compañeros legisladores, encontrando diversas irregularidades y violaciones a diversas disposiciones legales, tanto por parte de la autoridad municipal que en su momento otorgó el permiso de uso del suelo, como de la empresa, por lo que, en pleno ejercicio de la autonomía municipal prevista en la Constitución y con base en las atribuciones que le otorgan las leyes del estado, procedió a la clausura temporal de la citada planta regasificadora.

Dicha clausura fue consumada técnica y jurídicamente, la tarde del día 11 de febrero del presente año, por parte de las autoridades del ayuntamiento de Ensenada, atendiendo un mandato del pleno del Congreso de la Unión y un conjunto de irregularidades y violaciones a las leyes nacionales y estatales.

Esta acción del municipio causó una respuesta inmediata de los gobiernos federal y estatal, expresada en la presencia de fuerzas militares y estatales para obligar a la reapertura de la planta. Es grave e irresponsable que el propio Secretario de Gobernación Francisco Blake le haya llamado al secretario de Seguridad Pública del ayuntamiento de Ensenada para pretender darle instrucción, sin estar facultado para ello. ¿Cómo se puede pedir respeto al Estado de derecho cuando la misma autoridad recurre a prácticas ilegales y autoritarias que pensábamos que estaban superadas?

En una actitud contraria a cualquier forma de respeto interinstitucional, el secretario de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona Benavides, dirigió la operación en contra del acto de clausura total temporal, realizado por el vigésimo ayuntamiento de Ensenada, mediantes las atribuciones que el marco jurídico, nacional y estatal, le brindan a la representación municipal.

La prudencia de las autoridades municipales, particularmente del alcalde y del secretario de Seguridad Pública Municipal, general DEM Florencio Raúl Cuevas Salgado –quien se retiró conjuntamente con sus elementos de las instalaciones de la empresa– impidió un enfrentamiento armado que bien pudo llenar de luto al país, considerando que en la regasificadora se encuentran dos tanques cada uno con capacidad de almacenamiento de 189 millones de litros y una explosión o incendio, que pudieran ocurrir con el fuego cruzado, hubiera sido de magnitudes inconcebibles.

Es notoria, compañeras y compañeros diputados, la irresponsabilidad con la cual se manejó este asunto, que pudo costar, en caso de haber intercambio de fuego en aras de la defensa de una empresa extranjera que viola las leyes mexicanas, la vida de la totalidad de los contendientes de las fuerzas militares y de seguridad pública estatales y municipales presentes, la de quienes en ese momento circularan por la carretera y de los habitantes de los poblados cercanos a la planta.

Si esto hubiera sucedido, ¿quiénes serían los culpables? Seguramente, a pesar de haber sido la causante la empresa simple y olímpicamente se lavaría las manos.

Lo que sucedió en Ensenada, es grave compañeras y compañeros. Y es grave no sólo por lo que acabo de mencionar. El que se haya utilizado al ejército como punta de lanza para defender los intereses de la trasnacional, demuestra la falta de oficio político y los intereses de quienes gobiernan no sólo el estado, sino de quienes, desde el centro del país, autorizaron su intervención.

Con este sólo hecho –independientemente de todo lo expresado y sustentado en contra de la empresa en el Congreso Local de Baja California, en esta Cámara y en el Senado de la República–, queda demostrado lo pernicioso que es para el país que Sempra Energy opere la planta multicitada o cualquier otra en territorio nacional.

Es grave también porque el municipio no actuó por cuenta propia, sino en cumplimiento de un exhorto emanado del Poder Legislativo federal que representamos. La amenaza con la intervención del ejército, en contra de la policía municipal de Ensenada, es así, un atentado a lo dispuesto por esta soberanía y quebranta, de hecho, el marco legal que nos rige.

Queremos pensar que los militares desconocían esto, que la acción municipal era en cumplimiento de un acuerdo del Congreso para que se llevara a cabo la investigación en relación con los permisos otorgados por anteriores administraciones municipales para la instalación de la empresa. Queremos pensar que se les dijo que el municipio era el que estaba incumpliendo con la ley.

Hoy que sale la verdad a la luz, y que el ayuntamiento ensenadense ejerció en forma valiente y decidida las facultades que le permiten actuar para que se cumpla la ley y en defensa del patrimonio colectivo de la ciudadanía, no es comprensible la presencia militar ni de fuerzas públicas estatales en la planta regasificadora.

Coincidimos con el presidente municipal cuando expresa que los hechos sucedidos no sólo coartan la libre determinación municipal, sino que constituyen un atentado a la Constitución, al régimen republicano y al municipio libre. Es pertinente identificar a los responsables de lo ocurrido y fincarles las responsabilidades que correspondan.

Con todo el respeto que merece el ejército mexicano, le decimos que meterse en éste problema no le corresponde. Es una situación de carácter legal, justificada en contra de una empresa que está violando la Constitución y  las leyes nacionales, que el propio ejército está obligado a defender.

En la carta que mencionamos al principio, el presidente municipal de Ensenada solicita nuestro apoyo en esta que menciona desigual batalla por la legalidad, en la cual está de nuestro lado. Desde esta tribuna les contestamos: No están solos ni el ayuntamiento ni el pueblo de Ensenada. Cuentan y contarán con nuestro apoyo, señor presidente municipal de Ensenada, Enrique Pelayo Torres.

Es loable su decidida acción para clausurar una empresa que está corrompiendo a las instituciones, destruyendo el medio ambiente de la región y violentando la legalidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, quien suscribe, me permito proponer con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo, hasta sus últimas consecuencias, el resolutivo quinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 26 de enero de 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

2. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma, se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa regasificadora Energía-Costa Azul, S de RL de CV, propiedad de Sempra Energy.

3. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal, y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy en el municipio de Ensenada, Baja California; e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuanto tiempo y por quienes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios, a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto; e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consultas.

4. Se turne el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente, de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado.

5. Se comunique el presente punto de acuerdo al gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades  que le son otorgadas por las leyes.

6. Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional para que las fuerzas armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada, se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal.

7. Se comunique el presente punto de acuerdo al congreso del estado de Baja California, para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes.

Palacio de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputados: José Narro Céspedes, María Dina Herrera Soto, Balfre Vargas Cortez, María Araceli Vázquez Camacho, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, José M. Torres Robledo (rúbricas).»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Tal como lo solicita el orador, el texto íntegro de su documento se inscribe en el Diario de los Debates.

Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Energía para sus efectos.

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Carlos Samuel Moreno Terán(desde la curul): Creo que no está clara la votación. Yo le pediría, por favor, que le dé instrucciones a la Secretaría para que se vote de nuevo.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A fin de darle mayor claridad al punto, consulte nuevamente la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución o no.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se considera de urgente resolución.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Pérez Cuevas, por favor.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, yo pediría que se aplique, en términos del Reglamento, la primera determinación que tomó y que avaló el pleno. Si hay un elemento en que los diputados no estén de acuerdo, que lo hagan valer, pero el presidente no puede cambiar la decisión del pleno, una vez que ya turnó.

Yo pido copia de la versión estenográfica donde usted ya turnó, en el primer punto, a comisiones. Ya no puede este órgano revocar su propia decisión, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En todo caso y frente a la duda, esto está sujeto a la decisión de la asamblea. La asamblea se ha pronunciado.

Tiene la palabra, el diputado Alberto Cinta Martínez para hablar en pro.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Pérez Cuevas, está ya en uso de la palabra el orador.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Gracias. Con su venia, presidente.

A nombre de la bancada del Partido Verde Ecologista subimos a tribuna para adherirnos a la iniciativa del diputado Narro Céspedes, que viene de una iniciativa también del Partido Verde en el Senado, y que aborda temas que son fundamentales para el desarrollo de la vida, del turismo, de la riqueza y de la biodiversidad en Baja California.

Este tema, que hay diputados que no quieren tocar, creo que es importante que se discuta en esta tribuna; que se discuta en esta tribuna porque aborda dos temas fundamentales: uno, el del terrible daño ecológico con serias dudas sobre los permisos, licencias que se gestionaron a favor de una empresa extranjera, que ni siquiera ofrece un servicio a los nacionales.

Somos el único país de la costa del Pacífico norte que tiene aprobada una regasificadora en sus costas. Para los que, tal vez no lo sepan, esto implica que se reinyecten 24 mil metros cúbicos de agua por hora que se extraen del lecho marino y se reinyectan a una temperatura 8 grados inferior, de la cual fue sacada.

El impacto ecológico a la costa por esta actividad es terrible, por no hablar de la inyección de cloro, de la inyección de otros elementos peligrosísimos para el medio ambiente, como el hipoclorito de sodio y que son verdaderamente dañinos.

Además, hay una serie de irregularidades que ya mencionó el diputado Narro Céspedes, esta planta utilizó un mecanismo donde no se consultó al cabildo. Es una empresa que tiene varias demandas en Estados Unidos por corrupción y por soborno, en donde parece que su modus operandi es el tráfico de influencias.

Se construyó una carretera de cuatro carriles que originalmente iba a costar 600 millones de pesos y acabó costando 2 mil 400 y que tiene como finalidad pasar un tubo escondido que atraviesa tres municipios para llevar el gas de las playas de Tijuana a San Diego, quienes son los únicos beneficiarios de esta planta regasificadora.

Por si fuera poco, el Congreso en la Comisión Permanente hizo un punto de acuerdo en donde el presidente municipal, haciendo caso de esta resolución y estas recomendaciones, reexaminó el caso y estableció una clausura temporal, para que se pudiera tener el tiempo de evitar un daño adicional ecológico, al turismo, a los pescadores y por una planta que no genera beneficios económicos para nadie.

Entró el Ejército, entró la fuerza pública en contra de una resolución del cabildo, del presidente municipal en pleno desconocimiento y reconocimiento de la autonomía municipal, y por eso nos subimos a la iniciativa, al punto de acuerdo del diputado Narro.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiempo, señor diputado.

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez:Muchas gracias, estamos a favor de la ecología, estamos a favor de la libertad municipal y yo creo que este punto de acuerdo protege los dos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto diputado Gerardo Noroña?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Con el objeto de pedirle, diputado presidente, que con fundamento en el artículo 115 del Reglamento –que nosotros hemos planteado que hasta el 1 de septiembre entra en vigor y Pérez Cuevas ha insistido en que entró en vigor ya– se le llame al orden al diputado Pérez Cuevas. Dice: moción de orden. La petición que hace el pleno para que se guarde silencio, se mantenga la compostura, se ocupen las curules y se cumpla este Reglamento.

Es visible que el diputado Pérez Cuevas está alterando el orden, está deteniendo la marcha...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe el orador con el uso de la palabra. Es de considerarse su moción.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, yo no voy a contestar este comentario que a todas luces es burdo, porque cuando el Reglamento aplica para otros, entonces sí se exige y cuando se pide para el propio no se cumple. Yo les voy a hacer un llamado, presidente, porque este desorden se genera, cuando ya se tomó una determinación de Mesa se tiene que cumplir, presidente, sea la que sea. Este antecedente obliga que el pleno revoca sus propias decisiones en el mismo momento.

Ése es el desorden, presidente, y sí hay un llamado de atención, debiese ser a la conducción de la Mesa Directiva en este momento.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Voy a dar lectura al artículo 143, si usted me lo permite, señor diputado: el presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto del pleno, y así lo hicimos. Gracias. Continúe señor orador. Continúe, por favor el orador...

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:No he empezado, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Entonces, empiece usted, señor orador.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Amigas y amigos representantes de la nación, estoy en pro del asunto que nos convoca aquí en este momento por los argumentos que en diversos aspectos ya manifestaron mis preopinantes, los diputados Narro y el diputado Cinta, porque obras de esta naturaleza trastocan fundamentalmente el derecho al medio ambiente, a la soberanía de los estados, a la autonomía de los municipios, y lo más grave, al interés de la gente.

Sin embargo, quisiera adicionar un punto a los alegatos aquí ya expuestos y le pediría, señor presidente, que se diera lectura a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución y al breve artículo 129 de la misma, deduciendo el poco tiempo que en ello se invierta. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Orduña...

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Va a ser lectura...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Ah, perdón, perdón. Dé lectura, usted.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Gracias. Como ya todas y todos ustedes escucharon, la Constitución es muy clara. Al Ejecutivo sólo se le otorga el uso del Ejército y las Fuerzas Armadas para la seguridad nacional y la defensa ante el exterior; y en tiempos de paz, dice el 129, el Ejército permanecerá en los cuarteles y la disposición de las Fuerzas Armadas sólo podrá usarse en cuestiones vinculadas a la disciplina militar.

Y qué oscuro episodio, degradante trae en este tema que nos ocupa el uso que el gobierno de facto le da al Ejército, cuando los vecinos protestaron, cuando las organizaciones de medio ambiente cuestionaron la realización de trabajos de esta generadora de gas, el Ejército fue usado. Aquí está la fecha, el 14 de febrero, hace unos días, en donde se dice: en un caso sin precedente en México, la Secretaría de la Defensa Nacional tomó el control de la seguridad de la compañía Sempra y permanecerá ahí hasta nuevo aviso, declaró Cuauhtémoc Cárdenas Benavides, secretario general del gobierno de Baja California.

Esto es muy grave. Es poner a una institución que surgió del pueblo, que llegó a nutrirse del pueblo, que tuvo el respaldo del pueblo y que cada día se divorcia más de él por la insana e ilegal función que le da Calderón. El Ejército ha perdido cercanía con el pueblo y que sean usadas nuestras Fuerzas Armadas como si fueran guardias blancas en la época porfirista.

¿Por qué nuestras Fuerzas Armadas están salvaguardando empresas trasnacionales que aparte de depredar el medio ambiente...

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se agotó su tiempo, señor diputado.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:... están también en ejercicio de corrupción? Esto, señoras diputadas y señores diputados, se sustenta en dos cosas: la corrupción en el gobierno de la República y también el entreguismo de nuestros recursos naturales y de nuestra energía para favorecer a la industria de las termoeléctricas. Esto es lo que no debemos tolerar. Gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para pronunciarse en contra tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Orduño, del Partido Acción Nacional.

El diputado Francisco Javier Orduño Valdez:Con su venia, presidente. Nada más aquí quiero aclarar y dejar muy claro este punto. En el periodo de receso, en la Permanente, vino a comparecer el secretario de Medio Ambiente y ahí agotó todas las preguntas que le hicieron los diputados y los senadores con respecto a esta planta regasificadora que se encuentra en el estado de Baja California.

Soy de Baja California, conozco perfectamente bien el proyecto, éste es más que todo... Y lo dijo claramente, claramente lo dijo el secretario de Medio Ambiente, que cumple con todos sus requisitos y que cuenta con el estudio de impacto ambiental.

Por eso, nosotros los diputados del Partido Acción Nacional estamos a favor del medio ambiente, pero tampoco vamos a permitir que autoridades municipales quieran cerrar una planta, cuando lo que queremos en este país es invertir, que llegue inversión extranjera para seguir generando empleos. Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos qué hacer y no estar buscando cuestiones políticas para que una empresa que está en nuestro país, que sigue generando empleos, para que los habitantes del municipio de Ensenada tengan un empleo digno.

Por eso los exhorto, compañeros, a que no caigamos en este sentido, sino busquemos el mejor ánimo y el mejor ambiente, por el bien de todos los mexicanos y de los bajacalifornianos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría a la asamblea si el punto se encuentra suficientemente discutido, en votación económica.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Para los efectos del artículo 113, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores Del Río Sánchez:Punto de acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envíe un escrito expresando su respaldo formal e institucional al presidente municipal de Ensenada, Baja California, para llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias el resolutivo quinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 26 de enero de 2011, relativo al punto de acuerdo presentado por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, en el que señala las diversas irregularidades en que ha incurrido desde su construcción la planta regasificadora Energía-Costa Azul, propiedad de Sempra Energy.

Segundo. Que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que una subcomisión de la misma se traslade a Ensenada, Baja California, para reunirse con las autoridades y conocer en detalle la situación relacionada con las autorizaciones para la operación de la empresa regasificadora Energía-Costa Azul.

Tercero. Que la representación de legisladores referida en el resolutivo anterior, con el apoyo de la autoridad municipal y en su caso estatal y federal, verifique documentalmente el cumplimiento de toda la legislación, reglamentación y normas oficiales mexicanas, estatales y municipales aplicables en la construcción y operación de la planta regasificadora de la empresa Sempra Energy, en el municipio de Ensenada, Baja California, e investigue en qué forma, bajo qué criterios, en cuánto tiempo y por quiénes fueron otorgados los permisos, licencias y documentos necesarios a fin de detectar si hubo irregularidades, incumplimientos u omisiones al respecto, e informen a esta soberanía el resultado de su investigación y consulta.

Cuarto. Se turna el presente punto de acuerdo al Senado de la República, considerando que la Comisión Permanente de la cual emanó el resolutivo quinto previamente citado, está integrada también por legisladores integrantes del Senado.

Quinto. Se comunique el presente punto de acuerdo al ciudadano gobernador del estado de Baja California y se le exhorte a que, en cumplimiento del pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las dependencias a su cargo expresen un comportamiento republicano de pleno respeto a la autonomía municipal, basada en el ejercicio de las atribuciones y facultades que le son otorgadas por las leyes.

Sexto. Se exhorta al Ejecutivo gire instrucciones al secretario de la Defensa Nacional, para que las Fuerzas Armadas de la zona militar que resguardan a Ensenada se abstengan de intervenir en problemas de carácter legal y en defensa de una empresa que está incumpliendo las leyes mexicanas y contaminando las aguas marinas de la región, y cuya participación pudiera desembocar en perjuicio de un gran número de ensenadenses.

Séptimo. Se comunica el presente punto de acuerdo al Congreso del estado de Baja California para los fines y efectos que el mismo considere como más pertinentes.

Firma diputado José Narro Céspedes; María Dina Herrera; Balfre Vargas; Araceli Vázquez Camacho.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 5 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Por favor un segundo, diputado.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Gracias, señor presidente. Yo exhortaría a los señores legisladores; primero a todas las fracciones parlamentarias a que recordaran que este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución fue votado y firmado –documento que obra en poder de la Mesa-, reitero, por todas y absolutamente todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Por eso se decidió, de acuerdo al Reglamento, que era un punto de urgente u obvia resolución.

Y un exhorto respetuoso, fraternal, a nuestros compañeros legisladores y compañeras legisladoras para que, de acuerdo al artículo 144 en su numeral tres, que si no hay inconveniente, me permitiré leer.

Dice “Los asuntos listados en el orden del día con carácter informativo no se someterán a votación...

Y tercero –subrayo–. “Mientras se realice la votación ningún diputado o diputada deberá salir del salo de sesiones ni excusarse de votar”.

De manera que por respeto al compañerismo legislativo y en acatamiento a lo que ordena el Reglamento, sugeriríamos respetuosamente a todas las fracciones parlamentarias a que cumpliésemos todos con el orden jurídico al que estamos obligados. Es cuanto, señor presidente.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputado. Diputado Noroña. Sonido a la curul del diputado Noroña. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, solamente como está a punto de terminar el tiempo de votación, quiero solicitar –es la segunda vez que lo pido y espero que se aplique, porque hay quienes aquí dicen que no quieren detener el desarrollo del país, pero lo hacen todo el tiempo– que se les descuente a los que estén ausentes de esta votación, diputado presidente. Pido formalmente el descuento del día.

Y pido también que se le haga un extrañamiento a la fracción de Acción Nacional que es la segunda vez que, en los hechos, abandona la sesión en un punto de discusión y de decisión.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Gerardo Cortez, por favor.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Diputado presidente, nada más para decirle que cuando queremos pedimos que se respete el nuevo Reglamento; cuando no nos conviene no pedimos eso.

Eso que se está pidiendo por parte de mi tocayo, son payasadas. Muchas gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Permítame un momento, presidente. Ya tengo sonido. Para decir que no son payasadas, presidente, porque no solamente esta obligación es reglamentaria, sino es constitucional.

El artículo 64 de la Constitución obliga a que estemos presentes en las sesiones y si no comparecemos a las sesiones, cada día que no comparecemos, se nos descuenta un día de dieta. Es una disposición constitucional, no es el Reglamento y no son payasadas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul). Señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Pérez Cuevas, por favor. ¿Con qué objeto, diputado? ¿Pidió usted el uso de la palabra?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, a ver, primero resulta que hay diputado adivinos que ya hacen exhorto sobre lo que va a pasar. En primera.

Hay otros que piden el cumplimiento irrestricto del Reglamento. La sesión debió de haber acabado a las 3:30 de la tarde, si eso es cumplimiento irrestricto de la sesión. Piden cumplimiento irrestricto, díganme qué punto tenemos.

Se somete un punto a votar, no están de acuerdo, se vuelve a repetir la votación. Ésta no es la tierra de nadie ni la tierra de a ver quién hace lo que quiere. Aquí hay una postura clara, política de que no se puede estar haciendo lo que se quiere, bajo esa circunstancia decidan.

Si ya cumplieron el Reglamento, pasan más de las 3:30 ya se acabó. ¿Cuál fue la votación válida? ¿La que se turnó a comisiones? O, ¿la que plantea el pleno? Y ahora, ¿qué aplicación de Reglamento hay si no hay quórum? Y terminó ya el punto de votación y además podríamos hacerla de manera personal.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Seguimos con la intervención del diputado Víctor Manuel Castro Cosío.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Le estoy pidiendo la palabra, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Pues sí, pero primero la pidió el diputado. Adelante, diputado Castro Cosío.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío(desde la curul): Compañeras y compañeros, lo que queda claro, independientemente del resultado de la votación, es la posición de Acción Nacional. De nueva cuenta sabotean las reuniones. De nueva cuenta toman una decisión política, para estar a favor de una empresa trasnacional. Ésa es la realidad que está atrás.

La realidad, pueden ustedes aderezarla como les venga en gana, pero queda clarísimo que su posición es proyanqui, es una posición de las más retrógradas en este país. Esta posición de aliarse con una empresa extranjera los deja tal cual son: aliados del capital extranjero. Eso es lo que al pueblo de México debe quedarle claro el día de hoy.

Voten como quieran o no voten, pero tengan la vergüenza, la claridad absoluta que no están creando más fuentes de empleo. Están destruyendo al país, su riqueza natural. Vayan al pueblo de Ensenada. La verdad, da pena su posición, compañeros panistas.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Consulte la Secretaría si falta algún diputado o diputada de votar.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico, diputados, pueden votar.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: A ver, ¿con qué objeto, diputado Gerardo Noroña? Sonido a la curul del diputado Noroña, por favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, es evidente que no hay quórum. Es evidente también que es un derecho de la fracción de Acción Nacional tomar esta decisión política. Es evidente que eso los pinta de cuerpo completo. Y es evidente que nosotros hemos impugnado el Reglamento desde un principio.

Quienes lo aplican a su conveniencia son ellos, no noso-tros. Quien exige el cumplimiento del Reglamento desde un principio han sido ellos, y quienes lo infringen permanentemente son ellos. Hay hipocresía, hay doble rasero, hay inconsistencia, hay inconsecuencia, hay inmoralidad.

El tema es de la más alta importancia, hoy va a pasar, pero en la siguiente sesión con quórum va a volver a pasar y no van a poder seguir defendiendo una transnacional en contra de los intereses del pueblo de México. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Continúe la Secretaría. Gracias a usted, diputado.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron 195 votos en pro y 3 en contra.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Voy a permitirme dar lectura al artículo 46, en su numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados: una vez iniciada la sesión, ésta sólo se suspenderá si se comprueba la falta de quórum en alguna votación nominal. En este caso el presidente declarará un receso hasta por 15 minutos. Si al término del mismo se verificara que no existe quórum, levantará la sesión. Procedemos. Adelante, diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Señor presidente, parte de lo que el Reglamento y la costumbre para levantar la votación, antes de decretar el posible receso y recordando también que si llegase a suspenderse la reunión, sin ser adivino de lo que sucederá, tendríamos que iniciar la próxima exactamente en este punto.

El diálogo que se está teniendo es que hay coincidencia de que había un acuerdo en cuanto a que habría un punto de urgente u obvia resolución, en que no queremos que se sienten precedentes de que los acuerdos que toma la Junta de Coordinación Política sean rotos.

Antes de proceder a la suspensión quisiéramos rogar que se cumpliese con la posibilidad de que se pida si falta algún compañero o compañera diputada de emitir su voto y si fuese así, que se cumpla con el Reglamento tal cual está.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Con qué objeto, diputado Pérez Cuevas?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Para el mismo tema, presidente. La protesta clara y precisa es por la conducción en este momento y respetamos su figura de presidente y no es ningún agravio.

El tema es que genera confusión, genera complicación en el pleno tomar una decisión, cambiar la decisión; de pronto someter una forma de procedimiento y luego otro, aplicar una parte del Reglamento y después otra. Eso no puede suceder en el pleno.

La protesta en este momento de la bancada es con responsabilidad, porque ya no sabemos qué estamos votando ni en qué proceso estamos ni en qué parte del Reglamento.

Aplique, presidente lo que usted considere en el Reglamento, sólo que lo que aplique debe ser general para todas las bancadas en el momento que lo compensan.

Bajo esa circunstancia, ahí está el tablero, ahí está nuestra protesta, aquí estamos nosotros y lo hacemos de una manera civilizada, clara y directa, diciendo por qué el diferendo, porque la Mesa Directiva en este momento no ha tenido la conducción adecuada de este proceso.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sólo le recuerdo, señor diputado Pérez Cuevas, que quien conduce en este momento la sesión como presidente, es un servidor y exijo el respeto que yo les brindo a ustedes.

La Secretaría ya consultó; en razón de que el resultado de la votación nominal nos... A ver, diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Creo que cada quien es libre de mantenerse al margen o de manifestar su simpatía por alguna iniciativa.

Lo único que yo quisiera es que antes de que se declarara que no existe quórum, señor presidente, no fuéramos omisos respecto de lo que hoy se celebra, porque todo pareciera indicar que vamos olvidándonos mucho de fechas históricas.

Yo no quisiera que dejáramos pasar esta fecha. Hoy es el Día de la Bandera y quisiera sugerir respetuosamente un minuto de aplausos a favor de nuestra enseña nacional o entonar el Himno Nacional, antes de que culmine esta asamblea.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se obsequia formalmente la petición del diputado García Granados. Un minuto de aplausos.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las iniciativas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada(a las 16:12 horas):Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 1 de marzo del 2011 a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 de la mañana.

Perdón. Saludamos a estudiantes de la Universidad Veracruzana, de la región Córdoba-Orizaba, invitados por el la diputada Isabel Pérez Santos.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 4 hora 44 minutos con un receso de 3 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 289 diputados • Asistencia al cierre de registro:  433 diputados • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1 • Diputados que participaron: 173 PRI                                  30PAN                                 57PRD                                 51PVEM                      7PT                                       22Convergencia                   4Nueva Alianza                   2 Se recibió o presentó: • 1 comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la que comunica modificación de turno una iniciativa y una proposición con punto de acuerdo; • 1 oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Agricultura y Ganadería; Población, Fronteras, Asuntos Migratorios; Asuntos Indígenas; Reforma Agraria; Defensa Nacional; Especial de Desarrollo de Microrregiones; Especial de Vigilancia y Seguimiento de la Industria Azucarera; y del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; • 1 comunicación de la Mesa Directiva con la que informa que acordó turnar nuevamente 52 iniciativas con proyecto de decreto a las comisiones correspondientes para que presenten dictamen, con base a lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • 1 oficio de la Auditoria Superior de la Federación; • 1 oficio del Congreso del estado de Chihuahua; • 5 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México e informa que igual número de ciudadanos dejan de prestarlos, respectivamente; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; • 1 iniciativa de senador del PAN; • 1 tema de agenda política; • 9 iniciativas del PRI, con base al artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 4 iniciativas del PAN, con base al artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 39 iniciativas del PRD, con base al artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 4 iniciativas del PRI; • 24 iniciativas del PAN; • 2 iniciativas de Convergencia; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 1 proposición con punto de acuerdo, aprobada; • 10 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Reforma Agraria con proyecto de decreto que reforma los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria; • 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; • 1 de la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; • 1 de la Comisión de Cultura con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor; • 1 de la Comisión de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Dictámenes aprobados: • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos