SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señora Secretaria, haga del conocimiento de la Presidencia cuántos diputados y diputadas se encuentran registrados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 313 diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:14 horas): Por tanto, abrimos la sesión.

ORDEN DEL DIA

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, quiero pedir, antes de que se ponga a consideración el orden del día, un punto de inclusión, pero dado que la vez pasada expliqué desde mi lugar que la manta iba dirigida al pueblo de México, que nadie me hace caso, le pido poder hacerlo desde tribuna, dada la importancia del tema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado. Estamos en consideraciones al orden del día.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sobre el orden del día, compañeros diputados, compañeras diputadas. Está esta sesión un poco extraña, con poca asistencia y con medio mundo tratando otros medios, pero el tema que quiero pedir, a la Mesa Directiva y a esta soberanía incluir en el orden del día, es la censura sobre la película Presunto culpable.

El día de ayer nos hemos enterado de que bajo el formato de una sentencia judicial de amparo hay la orden de retirar de todas las salas de exhibición un poderoso documental que exhibe la corrupción y la deficiente, por decir suave, impartición de justicia en nuestro país.

El documental fue presentado desde 2009, octubre de 2009, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ha ganado los festivales de Los Ángeles, San Francisco, Madrid, Guadalajara, Morelia, y recientemente Budapest y Dubái.

Y resulta que apenas se le ocurrió a una persona que sale en el documental, a Víctor Manuel Reyes Bravo, decir que no está autorizado el uso de su imagen, cuando esto está en exhibición desde 2009. Y un amparo que le es otorgado, no contra un acto de autoridad, sino contra un particular.

El gobierno de facto ha manifestado, en un comunicado, que no comparte la decisión, pero que la hará valer en el momento procesal, quién sabe qué quiera decir con esto, pero huele a un nuevo acto de represión, huele a un nuevo acto de censura. Es un error gravísimo retirar este documental.

Apenas hace dos días estuvo aquí, en la Cámara de Diputados, por la fracción del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Martel, tengo entendido, invitó al director a la presentación de este documental aquí en la Cámara de Diputados y no podemos tolerar un acto más de censura tan grave como el que se está planteando.

Van a tener que dar marcha atrás, como en el caso de Carmen Aristegui, van a tener que reponer la exhibición de ese documental.

Pero quiero, finalmente, diputado presidente, precisar que además es la primera vez que una cadena mexicana, Cinépolis, genera la distribución de una película. Ésta está en manos de las grandes trasnacionales.

Entonces, por decirlo suave, extrañísimo este procedimiento judicial expedito de la licenciada Blanca Lobo Domínguez y me parece que esta Cámara de Diputados debe pedir una explicación, al Poder Judicial, sobre esta resolución y debemos exigir de ya, la representación del documental en todas las salas donde se está exhibiendo.

Por ello pido la inclusión del punto sobre Presunto culpable, en el orden del día, en el apartado de agenda política, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Kenia López.

La diputada Kenia López Rabadán:Muchas gracias, señor presidente. Quiero decir que sin lugar a dudas el punto que se pone a discusión es un punto importante no solamente para el ámbito legislativo, sino también para las instituciones en este país, y sobre todo para los espacios culturales que se encuentran como mecanismo de difusión de una realidad que, sin lugar a dudas, es imperante en nuestra nación, en nuestros estados de la República y evidentemente, esto es el tema de la exhibición de una película que si bien es cierto es una película que lleva muy pocos días en cartelera, ha tenido una extraordinaria difusión y una extraordinaria recepción por los ciudadanos mexicanos.

Por tanto, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitamos, evidentemente, que este tema sea un tema de discusión, porque no es solamente un tema sujeto a un documental, sino es un tema sujeto a un documental que exhibe una gran necesidad de una reconstrucción de la institución judicial en este país y que evidentemente nosotros entendemos que es un tema importante.

A nombre de la Comisión de Cultura, quisiera decir que abordamos este tema en la última reunión de la comisión, que fue hace apenas dos días, con el propósito de, desde la Comisión de Cultura, invitar a los compañeros integrantes de la Comisión de Justicia a conocer el documental, a discutirlo y, desde un punto de vista institucional, en la Cámara de Diputados podamos encontrar los mejores canales en lo que corresponde a nuestra materia, que es el ámbito legislativo.

Por tanto, señor presidente, agradezco esta oportunidad y quisiera decir que es necesario que este tema se discuta el día de hoy entre todos los grupos parlamentarios, así como entre quienes están interesados y podamos abordarlo desde el punto de vista, sin lugar a dudas, de la libertad de expresión, a propósito de un documental que, a través de la cinematografía, nos demuestra un rubro institucional en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Kenia López. Me han solicitado la palabra el Partido Verde y el PRI. Diputado Cárdenas, se la daré a usted una vez que oigamos estas dos intervenciones. Diputado Gerardo Flores. Diputado Martel, usted intervendrá por el Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez:Muchas gracias, diputado presidente. Coincido plenamente con mis compañeros que me antecedieron en el uso de esta tribuna. El tema de la presunta censura que está tratando de imponer un juzgado federal a este valioso documental es, sin duda, un tema que no podemos dejar de discutir el día de hoy.

Por parte del Partido Verde es un tema preocupante. Queremos obviamente que se discuta y en mi calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, también señalo que la comisión exhortará al Poder Judicial —con mucho gusto los convoco, están convocados para el próximo martes— para que analice este tema con la mayor objetividad posible, porque es paradójico que siendo un documental que exhibe las deficiencias del Poder Judicial, sea este mismo poder el que ahora está instrumentando una medida que está frenando la exhibición de este importante documental.

Se alegan violaciones al derecho a la privacidad de uno de los testigos que aparecen en ella; sin embargo, por charlas que he tenido con especialistas en el tema, entiendo que esta presunta autorización que no se solicitó a esta persona que solicitó un amparo, no aplica, según la Ley Federal de Derechos de Autor, cuando se trata de una imagen tomada en un lugar público; siendo éste un juzgado no aplicaría la interpretación que está haciendo la juez.

Por eso creo que el Poder Legislativo debe ser enfático y no debe dejar pasar este tema. Debemos discutirlo hoy mismo en esta soberanía.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Flores. Tiene la palabra el diputado Martel. Inmediatamente el diputado Cárdenas y luego el diputado Di Costanzo. Al terminar, dictaremos el trámite.

El diputado José Ramón Martel López:Muchas gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, quienes hace apenas dos días de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de Diputados nos acompañaron a la exhibición de este largometraje que es un testimonio de lo que ocurre cotidianamente en lo que implica la impartición de justicia en este país, nos podemos sentir hoy, nuevamente, no tan sólo indignados por lo que pudimos observar de ese porcentaje de 97 por ciento de los mexicanos que son sentenciados, sin siquiera tener el privilegio o la oportunidad de ver el rostro de quienes emitieron la sentencia.

Hoy el Poder Judicial le da a Víctor Manuel Reyes, a quien primero, con un testimonio logra que un juez condene injustamente a 20 años de prisión a un inculpado, este mismo testimonio, después, es uno de los elementos más útiles para lograr que una instancia superior logre la libertad de alguien que injustamente, como muchos mexicanos, no tiene más defecto que quizá la imposibilidad de pagar abogados que puedan sacarlo de la injusticia y de esos presuntos defensores de oficio que muchas veces no cumplen con esa función que se necesita hacer con vocación.

Aquí de lo que se trata es de tutelar el derecho a la información. Todos los mexicanos debemos acceder a este tipo de testimonios. De lo que se trata es de tutelar el derecho a la comunicación. De lo que se trata es de tutelar también el derecho a libre manifestación de las ideas.

Aquí estuvieron defensores, estuvieron productores y estuvieron quienes con su testimonio cimbraron más la conciencia de todos los legisladores. Tiempo es lo que le debían haber dado para impartir buena justicia al acusado, no tiempo para venir a contraargumentar esto que yo creo que a todos nos une.

De manera que, de acuerdo en la posibilidad de que hagamos de esto un debate político, pero trabajaremos también en esta sesión con una propuesta concreta de un comunicado de todas las fracciones parlamentarias, reitero, para tutelar derecho a información, a comunicación y a difusión de ideas y no a dobles lenguajes de que me parece que no es obsequiable el amparo. Sin embargo, retiro de la salas de cine todo lo que en él se está otorgando. Gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo no encuentro cómo la juez de distrito determinó la suspensión provisional de los actos reclamados, cuando el propio artículo 124 de la Ley de Amparo establece con rotundidad que la suspensión para que sea decretada requiere que no se siga prejuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Entonces la juez debió analizar al determinar si concedía o no la suspensión provisional, si había algún prejuicio al interés social o a disposiciones de orden público, y como lo señaló hace un momento el diputado Martel, del PRI, pues aquí están involucradas disposiciones de orden público fundamental, disposiciones constitucionales, el derecho a la información del artículo 6o. constitucional, la libertad de expresión del artículo 6o. constitucional y la libertad de crítica a la que han aludido varios de mis compañeros diputados.

Desde luego que en este caso el juez debió haber ponderado y haber determinado que por encima de los derechos del quejoso, del derecho a la intimidad o a la protección de sus datos personales a su imagen estaba el interés social, el orden público y la garantía plena de todos los mexicanos al derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de crítica.

Y habría que decir aquí –como hace un momento me señaló en mi curul el diputado Mario di Costanzo– si no hay un conflicto de interés de la propia juez de distrito, en tanto que este documental censura, cuestiona, critica el funcionamiento del Poder Judicial en México.

Si hay un poder en nuestro país que no es sujeto a la crítica, que no ha formado parte del proceso de transición a la democracia, un poder que vive en el siglo XIX, en el oscurantismo total y en la antidemocracia y el autoritarismo se llama Poder Judicial.

Yo creo que la juez de distrito no tenía razón alguna para decretar la suspensión provisional de los actos reclamados y haber permitido la exhibición de este documental.

Esta decisión del Poder Judicial constituye un acto de censura, un acto de censura cuestionable desde el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Antes la censura en nuestro país la promovía el presidente de la República, la Secretaría de Gobernación. Hoy en día, fíjense el atraso del Poder Judicial, la censura es alentada, estimulada y promovida por el propio Poder Judicial.

Tenemos que rechazar este acto de censura inaceptable, anticonstitucional, antijurídico, contrario a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Cárdenas. Tiene la palabra don Pedro Jiménez León, por Convergencia.

El diputado Pedro Jiménez León:El día de hoy el país amaneció con la noticia de que una juez federal ordenó la suspensión de la exhibición comercial del documental Presunto culpable, atendiéndose –dice–, una petición a través de un amparo de una persona que aparece en dicho documental y argumenta verse afectado en su imagen pública y su honor.

La determinación sorprende por provenir de una autoridad judicial, que forma parte del sistema de impartición de justicia mexicano, mismo que el documental desnuda al mostrar la forma en que un inocente fue condenado a una pena de prisión por un delito que no cometió.

Llama la atención también la rapidez con que la Secretaría de Gobernación declaró, a través del titular de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, que se dará cumplimiento a la orden de la juez.

Desafortunadamente, es altamente probable que lo que existe detrás de este amparo forme parte de una campaña organizada, tanto por autoridades como por personas que colaboran con ella, cuya intencionalidad es llevar a cabo un acto de censura disfrazado de un revestimiento legal.

El éxito comercial alcanzado por Presunto culpable, atendiendo a las cifras tanto del número de espectadores que la han visto en salas comerciales, con un número de 432 mil 354 asistentes, y una recaudación de 6.4 millones de pesos no dejan la menor duda de su aceptación entre el público, que encontró de gran interés conocer de manera muy clara la descomposición que agobia al sistema judicial mexicano.

Para el Grupo Parlamentario de Convergencia resulta preocupante que una expresión artística, como es el documental, sea motivo de una censura velada, faltando al respecto a la capacidad creativa de sus autores y reeditando viejas prácticas que consideran que el público carece de la mayoría de edad para conocer una obra cinematográfica de este nivel.

El tema no es un asunto menor, pues se enmarca en la libertad de expresión que debe ser respetada por todos los niveles de autoridad y no podemos aceptar que se le menoscabe por artilugios legales provengan de donde vengan y cualesquiera que sean los intereses a los que les sirve.

¿Cuál es la diferencia entre un régimen que censura una obra como ésta y los tiranos del Medio Oriente que censuran el Internet? Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo Armenta. Seguirán el diputado Javier Corral Jurado, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío y el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Compañeros, como lo decían los diputados que me antecedieron, el problema es éste, el problema es el conflicto de interés que tiene el Poder Judicial para pronunciarse sobre este tema.

Claramente es una película, un testimonio, un documental que muestra una severa crítica al sistema de administración de justicia en este país, una crítica profunda a los jueces y a lo que debe entenderse como justicia en un país que tiene en su propia Constitución ese término.

Desafortunadamente es un documental, es una película que podemos ver diariamente en los juzgados, lo podemos ver diariamente en todas las zonas del país, y yo me pregunto si todo el mundo, si todos nosotros estamos condenando este hecho ¿qué vamos a hacer, qué medidas, qué pronunciamientos, qué acciones vamos a tomar? Porque si todo mundo está de acuerdo en que eso está mal, ¿entonces de dónde viene esta censura a la película de Presunto culpable?

Lo tenemos que hacer, compañeros, tenemos que tomar decisiones hoy y no dejarlo meramente como un testimonio, porque entonces los presuntos culpables vamos a ser nosotros, como presunto culpable ha sido este Congreso de solapar tantas aberraciones del Ejecutivo federal y del Poder Judicial. Son a ellos a los que en el Presupuesto se les aprobaron estos exorbitantes salarios; son a ellos a los que se les aprobaron también bonos de riesgo; son a ellos a los que les aprobamos prebendas en sus salarios en un sistema de impartición de justicia que está torcido, que está pervertido y que nosotros hemos permitido que se pervierta.

Las leyes se hacen en el Congreso, las acciones se pueden tomar en el Congreso. Solamente es cuestión de voluntad política que tengamos para tomar verdaderamente acciones y que no quede en discursos demagógicos, como muchos que suben y que subimos a decir aquí. Es el momento de tomar acciones en esto y en muchos otros temas, si no, no dejaremos de ser ni siquiera presuntos culpables. Nos convertiremos en culpables de la tragedia de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Javier Corral, tiene usted la palabra, hasta por 3 minutos.

El diputado Javier Corral Jurado:Gracias, señor presidente. Para sumarme a las expresiones de preocupación y de condena por este hecho que pretende eliminar de la pantalla del cine mexicano un documental de la profundidad, como lo que significa Presunto culpable.

En efecto, una obra cinematográfica que ha combinado real-mente un trabajo de investigación, de periodismo, con una fabulosa edición cinematográfica que describe el estado en el que se encuentran en muchos ámbitos del Poder Judicial en México la administración de justicia, los procedimientos judiciales.

Yo quiero formularle a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados algunas propuestas, sugerencias de cómo creo que este pleno y esta Cámara debiera conducirse en esta materia.

Me parece que es muy importante que la Mesa Directiva, a nombre del pleno de la Cámara de Diputados, pudiera dirigir a la Presidencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la comunicación en donde se contengan y expresen las preocupaciones de esta Cámara de Diputados por la resolución de la jueza de ordenar la suspensión temporal de exhibición y distribución de esta película que, hoy por hoy, es vista ya casi por medio millón de mexicanos; para que, conforme a los procedimientos del pleno de la Corte, pueda ser sujeto de revisión ese fallo judicial.

También que se pueda dirigir comunicación al Consejo de la Judicatura Federal para que se analice el supuesto que aquí se ha señalado de posible conflicto de intereses.

En tercer lugar –que me parece fundamental–, exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, acuda a las vías de impugnación previstas precisamente en la Ley de Amparo, para revertir esta decisión judicial, no sólo porque la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía carece de las facultades y de las atribuciones para concretar esa suspensión, sino porque me parece fundamental reiterar los criterios en los que se dio la autorización para la exhibición y distribución de esa película cinematográfica, en la categoría de documental.

México tiene una larga tradición en recoger la prohibición de la censura. Desde nuestro constitucionalismo primero, desde 1824 la censura está prohibida. La Constitución de 1857 prohibió la previa censura.

El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en el que México ha suscrito varios convenios y tratados, sólo ha reconocido la revisión previa de películas cinematográficas para efectos de la clasificación al público, en términos del acceso de las personas a la sala cinematográfica o en la exhibición de la pantalla de la televisión.

En este sentido, me parece fundamental que una posición de la Cámara de Diputados debe recuperar no sólo la larga tradición de compromiso constitucional en México, con las libertades de expresión y de información, sino solicitar al gobierno de la República que ponga en marcha todos los mecanismos de impugnación a ese fallo judicial, y un atento llamado al Poder Judicial de la Federación a revertir esa decisión que no prestigia al Poder Judicial, al tratar de eliminar una película de esta calidad, de este contenido y, por supuesto, de este impacto social sobre la impartición de justicia en México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Las medidas que usted propone serán analizadas por esta Mesa Directiva, de conformidad con los lineamientos que la rigen.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo, desde su lugar.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Para una propuesta concreta, presidente, que aunaría a las que ha formulado el diputado Corral y a las que han expresado mis compañeros, sin quitarles tiempo de tribuna.

Creo que si ya se exhibió el documental en esta Cámara, gracias a la promoción del señor diputado Martel, se puede seguir exhibiendo en esta Cámara de Diputados. Y sugiero se tome la decisión de que pueda ser retrasmitida por el Canal del Congreso, la autonomía, genéricamente llamada soberanía, de esta Cámara se lo permitiría. Independientemente de las acciones de carácter judicial y de las mociones que podría hacer la Cámara, creo que la mejor respuesta de esta soberanía es seguir exhibiendo el documental.

Podríamos pedirle también a los Congresos de los estados que lo hicieran y, sobre todo, que se retransmita por el Canal del Congreso. Nosotros no somos autoridad responsable, aunque a veces somos hasta responsables.

Señor presidente, no sé si esto debiera someterse a votación, pero creo que sería una decisión que este pleno podría tomar, para ser congruentes con lo que decimos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Si los señores diputados lo permiten, esta Mesa Directiva analizará con el departamento Jurídico la pertinencia de cada una de estas medidas y de ser así, en el ámbito de sus atribuciones, las pondríamos en práctica. Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Castro Cosío. Tengo enlistados a Castro Cosío, Arturo Zamora, Ramírez Rangel, Ramón Jiménez y a don Emilio Serrano. Puntualmente, terminando don Emilio Serrano procederemos con el trámite correspondiente.

El diputado Víctor Manuel Castro Cosío:Compañeras y compañeros. Señor presidente, muchas gracias. Creo que este tema de nuevo concita la unidad de este Congreso. Hay que partir de esta unidad para regresar a la institución del Legislativo la confianza de que frente a estos atropellos a la libertad, el Congreso, a través de sus diputadas y sus diputados, habrá de oponerse, habrá de tener firmeza para acompañar a la Comisión de Cultura , que creo que es la convocada hoy a tener una posición firme y defender este insulto a la cultura nacional, este agravio a la libertad de expresión, del colapso de las instituciones judiciales, no sólo se ha documentado fielmente en el trabajo periodístico que hay que reconocer, impulsar y sobre todo, fortalecer desde este Congreso, las posibilidades de fondo de que el Poder Judicial en este país sea reformado profundamente.

Es menester recordar que en la Comisión de Justicia hay una serie de propuestas, entre ellas algunas del PRD, donde este asunto que hoy nos trae a la unidad y nos convoca a rechazar esta afrenta nos impulse a revisar, desde este Congreso, lo que está detrás de esta declaración de amparo de esta señora que de verdad da pena la manera de cómo se comporta un miembro del Poder Judicial.

Esta señora, creo que no sabe que lo que está haciendo no sólo agravia a la nación entera, a quienes durante años han luchado para que en este país la libertad sea un hecho real; que la impunidad se destierre.

Es vergonzoso ver cómo este colapso de la justicia nacional hoy en día atraviesa, como muchas instituciones, y aquí hemos dicho una y otra vez, el Congreso ha de levantarse contra este tipo de medidas para ser una institución que recupere la legitimidad.

No a la impunidad, no a ese acto que atenta contra la libertad de todas y todos los mexicanos y de quienes amamos un mundo libre, porque queremos un mundo de libertad plena.

Opongámonos, con todas las medidas que este Congreso tiene, a esta absurda decisión judicial.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, presidente, muy buenos días, señoras diputadas y señores diputados, hoy nos convoca precisamente un tema de la mayor importancia en el contexto de la opinión pública nacional: la publicación, reproducción y edición de un documental denominado Presunto culpable, que no es otra cosa que el reflejo de lo que está ocurriendo desde hace muchos años en el contexto del sistema de justicia penal en nuestro país.

Debo hacer una acotación que me parece de la mayor importancia porque los hechos que se documentan en este trabajo intelectual se corresponden con el sistema de justicia local. Esto significa, entonces, que en muchos de los casos el sistema del Poder Judicial de la Federación ha venido actuando como garante precisamente de los derechos procesales y de las garantías de todos los mexicanos.

Es importante hacer esta acotación porque es realmente relevante el efecto que tiene que ver con la imagen de las instituciones públicas y, en este caso, del sistema de justicia federal frente al sistema de justicia local.

Debo decirles que efectivamente nosotros, como Grupo Parlamentario del PRI, reprobamos todo tipo de censuras a la libre expresión de las ideas, reprobamos desde luego que haya mecanismos que puedan ser instrumentados para impedir que la opinión pública tenga la sensibilidad de los dramas que están viviendo muchas familias de mexicanos que se encuentran privados de la libertad, siendo inocentes, y el drama que han vivido históricamente muchas familias mexicanas de personas que han sido condenadas injustamente, sin tener responsabilidad.

Hoy nos encontramos aquí ante un conflicto de derechos o un conflicto de intereses. Por un lado tenemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información frente al derecho a la intimidad y el derecho a la vida privada.

En este sentido, un juez federal ha otorgado una suspensión provisional para evitar que este documental se siga transmitiendo. Yo comparto la opinión de muchos que me han antecedido en la palabra en el sentido de que hagamos un pronunciamiento. Me parece importante hacer un pronunciamiento por parte de todos los grupos parlamentarios en el sentido de que se debe garantizar el derecho a la información.

Sin embargo, los aspectos procesales de este procedimiento de juicio de amparo no nos pueden llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La queja y la revisión, en su caso, para la suspensión provisional y definitiva la tiene que resolver un tribunal colegiado. Tampoco somos terceros perjudicados en este procedimiento; sin embargo, lo que creo y considero que es de la mayor importancia será un pronunciamiento conjunto para que en este país se garanticen este tipo de derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por otro lado, en cuanto al tema del Canal del Congreso, me parece importante que en todo caso, lejos de difundir este documental, que sería contra una norma y una disposición judicial, dejar ese espacio abierto para decir que está reservado para la difusión de esta película.

Por eso, señoras diputadas y señores diputados, les solicitamos atentamente que en su momento se defina un pronunciamiento conjunto para garantizar estas libertades. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Rangel.

El diputado Jesús Ramírez Rangel:Muchas gracias, diputado presidente. Sin duda alguna, compañeras diputadas, compañeros diputados, Presunto culpable ha estrujado las conciencias de millones de mexicanos y también me da muchísimo gusto que haya hecho lo propio en esta Cámara de Diputados.

Reconozco y felicito a todos los grupos parlamentarios por el apoyo que estamos dando. Además, solicitar que ese apoyo se haga de manera institucional. Creo que la Comisión de Cultura ya ha dado un paso adelante. Creo que son ellos los que deben dar ese posicionamiento y apoyo institucional de esta Cámara de Diputados, y, por supuesto, apoyar lo que ya dijo aquí el diputado Javier Corral.

Pero aquí quiero aprovechar también la oportunidad de esta discusión que estamos teniendo y el ánimo tan bueno que tenemos los diputados, para invitarlos a impulsar el propósito final de Presunto culpable, no nada más quedarnos en la película bonita, en la película que nos estruja las conciencias, sino empezar a legislar, y legislar las cosas que tenemos pendientes.

Tenemos una reforma de justicia pendiente en muchos estados en donde no se ha tenido ni un solo avance. Estados que son de todos los partidos políticos. Tenemos estancado aquí, en esta Cámara de Diputados, el Código de Procedimientos Penales, el Código Único. Tenemos también estancada la necesidad urgente de definir el mando único policiaco en los estados.

Así es que yo invitaría a todos los grupos parlamentarios a que, en este ánimo que nos ha traído la película Presunto culpable, en este ánimo en donde por supuesto estamos en contra de la censura absurda por parte de un integrante del Poder Judicial, a que este ánimo nos invite a legislar y a dar soluciones concretas en la reforma de justicia y, por supuesto, en el mando único policiaco.

Hoy día los presuntos culpables ya no deben existir. Debemos de ir a los juicios orales, a la presunción de inocencia; eliminar es número atroz de 98 por ciento de impunidad, de 75 por ciento de los delitos que no se denuncian.

Los invito, compañeros diputados, a que en este ánimo vayamos al siguiente paso: empecemos a legislar, empecemos a dar soluciones al país y empecemos a dar respuesta a esta película tan bien vista por todos nosotros. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Jiménez López.

El diputado Ramón Jiménez López:Gracias, señor presidente. Debemos decir con mucha claridad que esta película documental, Presunto culpable, sólo es un botón de muestra de los niveles de opacidad, corrupción, conflicto de intereses, por lo menos, que privan en el sistema de impartición de justicia en nuestro país.

A este documental debemos seguir por lo menos con otro nuevo documental que seguramente sería Presunto culpable II, que muestre de manera muy clara el conflicto de intereses que se ha ido consolidando en nuestro país entre los funcionarios públicos de alto nivel de este gobierno federal. Jueces y ministros del Poder Judicial, y además, los representantes de la oligarquía nacional y las empresas trasnacionales.

Ayer estuvieron presentes en la Comisión Especial para dar seguimiento al conflicto minero de este país, de la Cámara de Diputados, una parte de los dirigentes nacionales del Sindicato Minero Nacional y, junto con ellos, el señor Linares Montufar, dirigente minero, que estuvo preso por más de dos años de manera injusta, por una acción judicial promovida por el Grupo Minero México, que encabeza Germán Larrea Mota-Velasco y algunos esquiroles del Sindicato Minero.

Linares Montufar estuvo preso más de dos años y durante ese tiempo, escúchese bien, el juez que llevó el proceso citó en 19 ocasiones a Germán Feliciano Larrea Mota-Velasco, el cual nunca acudió a las audiencias. Después de estas 19 citas, no le quedó otra al juez que llevar el proceso de dejar en libertad, después de dos años de prisión injusta, a Linares Montufar.

Esto muestra, lo que el documental Presunto culpable nos ha enseñado y más todavía. Muestra la utilización del Poder Judicial por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, particularmente en este caso concreto, del secretario de Trabajo, Lozano Alarcón, del Grupo México, empresa multimillonaria en contra de acallar las voces de un sindicato que ha procurado luchar de manera más eficiente y eficaz por los intereses de los trabajadores mineros en nuestro país.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, y a todos los que nos escuchan. Debemos decir que con esta acción, seguramente en estos días estaremos viendo Presunto culpable II, pero día con día estaremos agregando Presunto culpable III, IV, V, hasta el infinito, si es que no cambia radicalmente la forma de impartir justicia en nuestro país y hasta que nuestro pueblo se canse de tanta insolencia y tantas arbitrariedades, opacidad, corrupción y conflicto de intereses entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y –repito para concluir- en este caso concreto, empresas trasnacionales y nacionales de alto nivel económico. Muchas gracias, señor presidente.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Emilio Serrano, es usted el último orador en esta lista.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Primero quiero respaldar la propuesta que hace el presidente de la Mesa Directiva. Creo que esto lo deben ver expertos para poder emitir un juicio o una opinión, y qué bueno que aquí nos estamos manifestando en contra de lo que a todas luces se ve: injusticia. Pero, recordemos, y lo sostengo, que la mayoría de los Ministerios Públicos hacen culpables o inocentes, y por corrupción los jueces, magistrados y hasta ministros se venden.

Y muchas veces, los impartidores y los procuradores de administrar la justicia son cómplices y encubridores de los presuntos responsables. Como es el caso de Juan Molinar Horcasitas, como es el caso de Eduardo Bours, los dueños de la guardaría ABC que son protegidos por el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

Y en ese caso, la juez en lugar de hacerle un bien a Víctor Manuel Reyes Bravo, lo está perjudicando más porque ahora hay un interés mayor en el público de ver qué trata y cuál es la trama de la película que se está comentando.

Sabemos que no es un amparo que otorga de un particular a otro particular, sino en contra del permiso que dio la Secretaría de Gobernación. Y qué bueno que mis compañeros de Acción Nacional están al pendiente, están preocupados y quieren que se respete la ley, que se respete la libertad de expresión y de comunicación. Ojalá sea igual en todos los casos, como el del caso de Carmen Aristegui.

Creo que es importante que velemos por hacer mejores leyes y estar al pendiente de que estas leyes se respeten. Ojalá que así como se ve ahora esa exigencia de respeto a la ley, sea en todos los casos.

Invito a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados, a que también exijamos el respeto de la ley y la comparecencia de Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, y los dueños de la Guardería ABC, como presuntos responsables del incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 víctimas que no debieron morir. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada López Rabadán. Sonido, por favor.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente y a efecto de que está concluyendo esta discusión, que por lo visto no es una discusión, sino una confluencia de ideas, solamente solicitar que una vez que usted instruya la decisión de este tema, la Comisión de Cultura, de manera plural y conjunta, pueda coadyuvar al trabajo de la definición de esta Cámara de Diputados, a efecto, por supuesto, de fijar posición como una institución colegiada y plural. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Han participado 15 oradores, todos los grupos parlamentarios, prácticamente, los presidentes de 5 comisiones de esta Cámara, en una discusión de 48 minutos. Por  consiguiente, me permito solicitar a la Junta de Coordinación Política, la instrucción para elaborar un manifiesto que refleje el sentimiento que esta  Cámara ha dejado expreso en las intervenciones de los señores diputados. Que se instruya en estos términos...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sumado a lo que estaba planteando, diputado presidente, la intención nuestra, de la Comisión de Cultura, era que nos permitieran presentarle al pleno una propuesta de pronunciamiento, como Comisión de Cultura y que el pleno lo apruebe.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me parece sumamente adecuado. Le solicito a la  Junta de Coordinación Política coordine los trabajos con la Comisión de Cultura y los representantes de los grupos parlamentarios, a fin de contar con este pronunciamiento antes de que concluya.

Me imagino que solicitará el diputado Flores que se incluya a la Comisión de Radio y Televisión, como es lógico, y le solicito al señor presidente de la Comisión de Justicia, que por favor pueda integrarse a este mismo grupo de trabajo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría con el orden del día.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 3 de marzo de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los Diputados Cora Cecilia Pinedo Alonso, Elsa María Martínez Peña, María del Pilar Torre Canales, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Yolanda del Carmen Montalvo López, Paz Gutiérrez Cortina, Laura Elena Estrada Rodríguez, Adriana Fuentes Cortés, Jorge A. Kahwaghi Macari, Laura Felicitas García Dávila y J. Eduardo Yáñez Montaño.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite Informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2010.

De la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Cuarto Informe Trimestral de 2010, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos.

De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite informe por Entidad Federativa correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2010 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.

De la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene la Aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente con el mes de enero de 2010.

Minuta

Con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Migración y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de las Leyes: Federal contra la Delincuencia Organizada; De la Policía Federal; De Asociaciones Religiosas y Culto Público; De Inversión Extranjera; y General de Turismo. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ley o decreto de senadores

Con proyecto de Decreto que deroga la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, presentada por el Sen. Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Votación)

Con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el Sen. Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Votación)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos: Jesús Iván Flores Contreras, Rebeca Aguirre Machado, Noel Urias Ramírez, Héctor Jiménez Franco y Henok Montoya Balvastro, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México; y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas; Hermosillo, Sonora y Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos: Minako Nishimura Murakami, Eduardo Francisco Jiménez Gómez, Gerardo Mejía Lara, Ernesto Martínez Rivera y Juan Carlos Morales Moreno, para prestar servicios en la Embajada del Japón en México; y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Monterrey, nuevo León y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que concede permiso a los Ciudadanos: Ibrahim Manuel Malja Castro, Eduardo García Urbina y Arturo Coronel Flores para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los Gobiernos de El Salvador, de la República Argentina, de la República de Chile, de la República de Cuba, de la República Federal de Alemania y de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Cultura, con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con Proyecto de Decreto que adiciona un Segundo Párrafo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Energía, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a instalar medidores con tecnología apropiada para garantizar que el cobro por el servicio de energía eléctrica corresponda fielmente al consumo realizado.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de Petróleos Mexicanos, realice acciones para continuar con la limpieza de los territorios afectados por el derrame de petróleo ocurrido en 2007 en el Municipio de Agua Dulce, Veracruz.

De la Comisión de Energía, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad realice una revisión urgente del exagerado incremento de la tarifa de energía, para establecimientos comerciales y de servicios en el Estado de Morelos.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emita por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Rural la declaratoria de contingencia climática para efectos de las reglas de operación del programa de atención a contingencias climatológicas, en virtud de los daños por la Sequía Atípica, impredecible y no recurrente que afectó diversos municipios de Puebla.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instale sistemas de aterrizaje por instrumentos en el aeropuerto de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el Mercado Nacional y por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobre precio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presenten un informe detallado de las obras marítimas y dragado.

De la Comisión de Transportes, con Puntos de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, suspenda cualquier intento concerniente al proceso administrativo de revisión y dictaminación del proyecto de Norma Oficial 031 ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

De la Comisión de Transportes, con Puntos de Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Baja California, concluir la ampliación de carriles en el Cruce Internacional Puerta México; y al Ejecutivo Federal, ordenar la aplicación parcial del Sistema de Supervisión y control vehicular en ese lugar, hasta que se concluya el nuevo paso fronterizo en el Chaparral.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el Proyecto del Ferrocarril de Guadalajara-Aguascalientes, pase por la región de Los Altos Sur, del Estado de Jalisco.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expida normas que obliguen a las empresas que prestan servicios de transporte terrestre, marítimo o aéreo de pasajeros, tomen medidas que eviten mediante estos servicios la Comisión de Delito de Trata de Personas.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno Federal, revocar la concesión que se otorgó a la empresa Ferrosur, S.A. de C.V., actualmente Ferromex, así como solicitar la donación de los tramos de vía en desuso y abandonadas del tramo comprendido a partir de la comunidad de San Antonio Nanahuatipan hasta la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tome las medidas pertinentes a efecto de detectar e impedir la prestación del servicio de transporte de personas por autobuses “Piratas” en el territorio nacional.

De la Comisión de Transportes, con Puntos de Acuerdo, por los que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público, consideren la propuesta de exentar el cobro de derechos del peaje, al servicio de transporte escolar.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria designe un comisionado especial para la atención y solución definitiva a los conflictos agrarios en el Estado de Morelos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario analizar la viabilidad de reubicar el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 43 con sede en Tampico Tamaulipas a Ciudad Valles, San Luis Potosí.

De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente”.

De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, analizar la posibilidad de exentar el Programa de “Hoy no Circula” a los vehículos con permiso de internación temporal.

De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, entregar el subsidio para la seguridad pública de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (Subsemun).

De la Comisión del Distrito Federal, con Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, dar a conocer el Sistema de Alertamiento Temprano para Prevenir Sismos.

Dictámenes en sentido negativo de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Energía, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, con Puntos de Acuerdo por los que se dese-chan dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que expide la Ley Nacional Agraria y la Ley Agraria.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, con punto de acuerdo por el que desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6 de la Ley Agraria y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con Puntos de Acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Gobierno del estado de Chihuahua y a los gobiernos municipales, coordinen y pongan en marcha todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida, protección y tranquilidad de la familia Reyes Salazar, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación de Mexicana de Aviación, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Comentarios para referirse a la situación migratoria, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José del Pilar Córdova Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Luis Videgaray Caso y suscrita por integrantes de diversos Grupos Parlamentarios . (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, y expide la Ley Federal para la Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos por el Delito, a cargo del diputado José Luis Ovando Patrón y suscrita por el diputado Bonifacio Herrera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85, 107 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 6°, 9° y 10 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 12 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7° y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Transitorio Primero y deroga los Artículos Transitorios Décimo Segundo y Décimo Tercero, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 141 de la Ley Federal del Trabajo, y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 6° y 20 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) considerar para el 8 de marzo.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Maurilio Ochoa Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 28, 37 y 43 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 86 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Víctor Roberto Silva Chacón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Seguro de Desempleo, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° y deroga los artículos 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y 39 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 25 de la Ley de Aeropuertos y 7° de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que expide la Ley de Adopción, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 56 y 58 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 4°, 21 y 171 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16, 113 y 156 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 24, y adiciona un artículo 24 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para Favorecer la Actividad Laboral de Grupos Vulnerables, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, y de la ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley que Crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo 3°de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 72, 73, 78 y 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 7° Bis a Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 Bis, 36 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de “Manuel Gómez Morín”, a cargo de la diputada Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1° y 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Lucila el Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, de la Conagua y de la Semarnat, implementen medidas sanitarias y ambientales para subsanar los problemas de salud y daños ambientales producidos por la presa Endhó, en el estado de Hidalgo, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para expresar una felicitación al Titular del Ejecutivo Federal, por haber decretado la deducibilidad de las colegiaturas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al Padrón de Infractores de Vida Silvestre, suscrito por los diputados Diego Guerrero Rubio y Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, investigue los actos de corrupción en la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la reparación y mantenimiento de buques tanque de PEMEX, cometidos por funcionarios de la Paraestatal en la terminal marítima Ciudad Madero, a cargo del diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas y a la ALDF, instauren acciones reglamentarias para la vigilancia y control sobre la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en las llamadas tardeadas y/o prebares, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Soberanía, para que a través de la inserción en los ordenamientos aplicables, se incluya nombre y funciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, a fin de darle certeza jurídica y promover su desempeño como órgano técnico, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, retire la exhibición en puestos de periódicos, de revistas que violan lo establecido en el reglamento de publicaciones y revistas ilustradas, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SRE, solicite al gobierno de Cuba la búsqueda de vías institucionales para canalizar el conflicto entre el gobierno y los disidentes políticos, en virtud de la represión por el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, a cargo del diputado Jesús Ramírez Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SEP, instrumente un programa nacional que dote del servicio de internet a todas las escuelas públicas desde nivel básico hasta superior, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias.

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputado Téllez?

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): En el mismo sentido, presidente. En vista de que hay un buen ánimo ahorita, mi invitación es muy respetuosa al Partido Revolucionario Institucional, para que presente la reforma laboral lo antes posible, su propuesta de reforma laboral y pueda ser discutida y podamos beneficiar a millones de mexicanos que están esperando esta reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan consignadas las expresiones del diputado Téllez.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo y diputado Cárdenas, posteriormente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Diputado presidente, mire, el día de ayer envié un comunicado a la Mesa Directiva solicitando la destitución del presidente de la Comisión de Seguimiento del Caso Mexicana de Aviación, ¿por qué razón? Porque el señor ha hecho una sola reunión. Se está cayendo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, permítame decirle que no está en el orden del día, entonces, no puedo introducir a discusión un asunto donde obviamente el interesado tendría todo el derecho de defenderse.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Permítame, presidente, no he terminado. Nada más quiero preguntar, ¿qué trámite se le está dando? Porque es la segunda vez que no incluyen comunicaciones que envío.

Esta llegó a las 10:58, no sé si tenga que anexar mi tipo de sangre, qué tipo de anexos hay que ponerle, para que estos señores incluyan mis comunicados. Le repito, es la segunda vez y me están ignorando.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El tipo de sangre no nos serviría, pero si lo manda antes de las 10 de la noche sí nos serviría, porque el orden del día se envía justo antes de eso.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si me permite, desahogo su trámite. La comunicación que usted nos envió no correspondía a nosotros, que no somos quienes asignamos las titularidades de las presidencias de Comisión. Entonces, lo que hicimos fue turnarlo de inmediato a la Junta de Coordinación Política, donde seguramente se desahogará. Pero con mucho gusto le prometo, señor diputado, que incluiremos en el orden del día el texto puntual que usted nos envió en la próxima sesión. Gracias, diputado Di Costanzo. Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Respecto del orden del día, presidente, dos puntos: uno, que nuevamente un punto es, que nuevamente no encuentro en el orden del día la propuesta de la Junta de Coordinación Política a este pleno para la designación de los consejeros electorales del IFE.

Pasan los días, pasan los meses, se acerca el proceso electoral y no tenemos un Consejo General del IFE integrado. Ése es el primero, presidente.

El segundo, que tiene que ver con el orden del día, preguntarle, presidente, sobre la controversia constitucional que varios diputados hemos solicitado respecto de la cédula de identidad ciudadana y el registro ciudadano, por el reglamento del 19 de febrero, que de manera anticonstitucional e ilegal aprobó Felipe Calderón. Preguntarle, ¿qué pasa con esta controversia?

Finalmente, dos comentarios más, presidente. Tengo entendido y quiero que se investigue, que el secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional es militar y quiero saber si esto no implica alguna incompatibilidad por su grado militar con la función legislativa que desempeña como secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional.

Al igual también, presidente, insisto en que cuando sean propuestos presidentes o miembros a las comisiones analicemos muy bien los acuerdos correspondientes, que estén fundados y motivados por toda esta discusión pública que hay respecto de un compañero de esta Cámara, que es el actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el diputado Cerda.

A mí me gustaría que antes, que este tipo de asuntos tan trascendentales implicaran siempre una mayor fundamentación y motivación, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Por supuesto, quedan consignadas sus expresiones alrededor de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa. Esto es parte del ámbito de la Mesa Directiva: investigarlo de inmediato. Muchas gracias.

Respecto de la controversia, estamos trabajando justo en eso con el departamento Jurídico, que ya concluyó el dictamen de viabilidad para presentarla.

Tenemos pendiente que es el último día, en unos momentos más vamos a llevar a cabo una reunión, tras banderas, los diputados que solicitan la controversia, el diputado Ibarra, usted, el diputado Escudero y el diputado Pérez Cuevas, a fin de determinar el camino jurídico, dados los inconvenientes que nos pone ahora el nuevo Reglamento. Con gusto le daré seguimiento a su solicitud. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente, muchas gracias. Es importante mencionar este tema y yo lamento en primer lugar que el encargado de la política interior de este país, el secretario Blake no respete los acuerdos.

En la reunión que tuvimos en Bucareli, el grupo de la cédula, integrado por todos los grupos parlamentarios, tuvimos coincidencias y también asumimos acuerdos que tiempo después desconoció el secretario Blake.

Y para sorpresa de estos legisladores, ayer vimos al diputado Pérez Cuevas tratando de obstruir la presentación de esta controversia constitucional; es decir, había un montaje desde la Secretaría de Gobernación con el diputado Pérez Cuevas para que se venciera el término para presentarlo.

Yo le pido que tome cartas en el asunto, que se presente y que se tome este asunto con la seriedad debida y exhortamos al diputado Pérez Cuevas a que no use la Junta de Coordinación Política para tratar de dilatar y retrasar los temas que son importantes para este país. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En relación al tema, creo que quiere hacer algún pronunciamiento el diputado Pérez Cuevas. Tiene el uso de la palabra desde la curul.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Usaré la tribuna, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Era desde su curul, señor diputado Pérez Cuevas, porque el asunto no está a discusión. Diputado, tiene usted el uso de la palabra desde su curul. Desde su curul, por favor, diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Es mi derecho, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: No está a discusión el tema, diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Gracias, presidente. Siempre es un honor contar con tantos gritos y aplausos de popularidad. Muchas gracias, señores diputados.

Pero amerita cuando hay quizás un mal entendimiento o una calumnia que no voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, y ustedes mismos han dicho que se cumpla el Reglamento, que se cumpla. Ahí viene claramente cómo se presenta una controversia constitucional.

A la cual, por cierto, previo a referir el requisito que obligaba a que 24 horas antes de que se presente al pleno los 500 diputados conozcan de esa controversia. Yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes conoce el texto que se va a discutir o a analizar, para que sigamos gritando que se cumpla el procedimiento.

Cuando se conoce, entonces se pide que la Junta le solicite a la Mesa Directiva que al Jurídico le pida opinión en un plazo breve de 5 días. Luego entonces, la propuesta que hace el diputado Escudero llegó hace 2 días, y con todo respeto, no admito los comentarios que dice del uso de la Junta, porque lo que vimos, incluso con la Mesa Directiva, era buscar el mecanismo para que ésta se presentara.

Lo aclaro y lo digo con todas sus letras: el PAN está porque se presente esta controversia constitucional, a pesar de que hemos advertido que ya en dos ocasiones, por caprichos de algunos legisladores, la Suprema Corte de Justicia  ha desechado en dos ocasiones, por notoriamente improcedentes, dos controversias constitucionales expresadas por la Cámara de Diputados. Y ahí está el antecedente.

El Jurídico ha expresado que no tiene sustento para presentarse. Si la quieren presentar, el Partido Acción Nacional está de acuerdo en que se presente para tener...

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:... para tener la tercera llamada de atención del Poder Judicial, respecto de hechos notoriamente improcedentes, por caprichos personales o políticos.

El PAN está de acuerdo en que se presente, presidente. Usted tiene facultad como presidente de esta Mesa Directiva para, incluso, sin pasar por el pleno, presentar la controversia constitucional, con la cual estamos de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señores diputados, no voy a conceder el uso de la palabra a nadie más, no está a discusión el tema de la controversia. Como he especificado, es una facultad de la Mesa Directiva y en esos términos después la resolveremos e informaremos oportunamente al pleno.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes primero de marzo de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos treinta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del martes primero de marzo de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al orden del día los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo y Pablo Escudero Morales y Guillermo Cueva Sada, ambos del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones. En votación económica se dispensa la lectura del Acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera.

El Presidente invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la delincuencia organizada, a petición del diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México.

A las doce horas, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y ocho diputadas y diputados.

La Presidencia informa a la Asamblea que se procede con la votación nominal del punto de acuerdo, por el que se proponen diversas acciones en apoyo a la Presidencia Municipal de Ensenada, Baja California, respecto de la operación de la empresa “Regasificadora Energía-Costa Azul, S. de R. L. de C. V.”, propiedad de Sempra Energy. Desde sus curules realizan comentarios con relación al tema los diputados: Francisco Javier Orduño Valdez y Jesús Ramírez Rangel, ambos del Partido Acción Nacional y  José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática. En votación nominal se aprueba el punto de acuerdo por doscientos cincuenta y nueve votos; noventa y cinco en contra y cinco abstenciones. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• José Alberto González Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Alejandro Encinas Rodríguez y José Luís Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecisiete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyectos de decreto a los diputados:

• Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; de la Ley Federal de Defensoría Pública, y de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, para dictamen.

• Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y quien acepta interpelaciones de los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Herón Agustín Escobar García, ambos del Partido del Trabajo; José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática; y Rosalina Mazari Espín, del Partido Revolucionario Institucional; y realizan moción de procedimiento los diputados: Pablo Escudero Molares, del Partido Verde Ecologista de México y Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

Se recibe del diputado Alejandro Cano Ricaud, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Arana Arana, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley de Ciencia y Tecnología; y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Gobernación y de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

Se recibe del diputado Francisco Herrera Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• Francisco Herrera Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que abroga la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

• Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doce y treinta y uno de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• Víctor Humberto Benítez Treviño, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley Federal de Propaganda Institucional, quien acepta interpelación del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Enrique Salomón Rosas Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos séptimo, cuarenta y seis y noventa y cinco del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo dos mil setecientos noventa del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Seguridad Social, para opinión.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Jaime Flores Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo setenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Que reforma el artículo dieciocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cincuenta y cinco y cincuenta y ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar, que reforma el artículo sesenta y nueve y adiciona un setenta y tres Bis a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos veintiséis, veintisiete y veintiocho de la Ley General para el Control del Tabaco. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen y a la Comisión de Puntos Constitucionales, para opinión.

– Que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma los artículos ciento ocho y ciento diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alberto Emiliano Cinta Martínez y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y la de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a las Comisiones de Comunicaciones, Economía, Energía y de la Función Pública, para opinión.

• Alejandro Cano Ricaud, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el artículo cuarenta y nueve de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Víctor Manuel Báez Ceja, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma el artículo ciento trece de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

– Que reforma los artículos segundo, dieciocho y diecinueve de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

– Que reforma los artículos veinticinco, ochenta y nueve, ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo:

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, para dictamen.

– Que adiciona un artículo diecinueve Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

– Que reforma el artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Se reciben comunicaciones oficiales:

• De la Mesa Directiva, con el que se remiten dictámenes a proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, de las Comisiones de Desarrollo Social, de Juventud y Deporte, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Seguridad Pública, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad  con el artículo ciento ochenta numeral dos, fracción segunda del Reglamento de la Cámara de Diputados, se instruye  su publicación en el Diario de los Debates y se archiven los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

• De los diputados Caritina Saénz Vargas, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Mario Moreno Arcos y Balfre Vargas Cortez, Ma. De Lourdes Reynoso Femat, José Óscar Aguilar González e Ilich Augusto Lozano Herrera. por las que solicitan que sus iniciativas presentadas en septiembre de dos mil nueve a diciembre de dos mil diez, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento, se turnan nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Se instruye su publicación en el Diario de los Debates y se actualicen los registros parlamentarios.

• De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del centésimo octogésimo segundo Aniversario Luctuoso de Josefa Ortíz de Domínguez, el dos de marzo a las diez horas. Se designa comisión de representación.

• Del Gobierno del estado de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a la incorporación de las adolecentes embarazadas a la vida laboral. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

• De la Policía Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los operativos en las zonas fronterizas, a efecto de combatir el tráfico de armas. Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

• Del Gobierno del Estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativa a la venta de comida chatarra en el entorno de las escuelas de educación básica. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Gobernación, con las que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, relativos:

– A la operación de la planta generadora de energía de la subestación eléctrica Los Remedios. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

– Al uso de los biocombustibles. Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

– A contrarrestar el alza de precios en los insumos y comercialización de los productos del sector campesino. Se remite a las Comisión de Agricultura y Ganadería y de Economía, para su conocimiento.

– Al convenio ciento ochenta y tres de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Protección de la Maternidad. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– A la propuesta legislativa SB 1460. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

– Al diseño de un programa de subsidio y apoyo para el estado de Chihuahua. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

– Al financiamiento para vivienda ubicadas en zona de riesgo. Se remite a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.

– A los “acuerdos de equivalencia” en materia de aparatos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos, así como en materia de dispositivos médicos. Se remite al promovente, para su conocimiento.

• De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para agilizar y facilitar la realización de los trámites de impacto ambiental, particularmente de proyectos de granja acuícolas. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe Trimestral sobre la Situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de dos mil diez. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.

• Del Congreso del Estado de Chiapas, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción novena al artículo veinticinco y los artículos cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, y cincuenta, recorriendo los subsecuentes en su orden de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• De la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo y adiciona la fracción novena del primer párrafo del artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se recibe proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita una aplicación presupuestal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de fortalecer los programas de apoyo al campo en Sinaloa, debido a las heladas registradas recientemente. Intervienen el diputado Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, quien realiza una propuesta de modificación al acuerdo. Desde sus curules realizan moción de procedimiento los diputados: Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones; José Ramón Martel López; Miguel Ernesto Pompa Corella, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática y Julián Nazar Morales, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Recursos Hidráulicos, que reforma y adiciona los artículos siete bis y dieciocho de la Ley de Aguas Nacionales.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Que reforma las fracciones trigésima cuarta del artículo tercero, y tercera del artículo setenta y siete Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Que reforma la fracción segunda del artículo ciento veintisiete y adiciona la fracción vigésima cuarta al artículo ciento veintidós de la Ley General de Vida Silvestre.

• Que reforma el artículo setenta y siete de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

c) De Justicia, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

d) De Agricultura y Ganadería, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo quince de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

Se somete a discusión el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Energía, que reforma la fracción segunda del artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Fijan postura de sus grupos parlamentarios los diputados: Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, quien realiza propuesta de modificación al dictamen; Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien acepta la propuesta de modificación presentada. Se somete a discusión e intervienen en contra del dictamen los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo quien solicita moción de ilustración al pleno; Ramón Jiménez López, del Partido de la Revolución Democrática; e intervienen en pro los diputados; Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México, quien acepta interpelación del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; César Octavio Pedroza Gaitán, del Partido Acción Nacional. En votación económica se acepta la propuesta de modificación presentada.

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Agustín Guerrero Castillo y José Narro Céspedes, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, realiza comentarios con relación a las heladas en Sinaloa, y sobre la aplicación del Reglamento de la Cámara de Diputados, en dos ocasiones y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, con relación al tema; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

En votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por doscientos setenta y nueve votos; cincuenta y siete en contra y ocho abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea procederá al desalojo  del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que solicita una aplicación presupuestal a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de fortalecer los programas de apoyo al campo en Sinaloa, debido a las heladas registradas recientemente, con la propuesta de modificación aceptada. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyectos de decreto de los diputados:

• Rolando Rodrigo Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintiséis y ciento veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley de Emergencia contra los Feminicidios, y reforma el artículo ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo diez de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro y cincuenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y dos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana, para dictamen.

• Ramón Merino Loo, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta y cinco de la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de De-sarrollo Rural, para dictamen.

• Luis Felipe Eguía Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se declara el año dos mil once, como “Año Nacional del Cooperativismo”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se reciben las proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Paula Angélica Hernández Olmos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, implemente medidas y acciones que permitan frenar el deterioro ambiental de la Laguna de Tecocumulco. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Carlos Luis Meillón Johnston, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, aplique la normatividad sobre pesos y dimensiones al autotransporte de carga en las carreteras federales del territorio nacional, y en forma particular en la carretera ochenta, en el tramo Cocula-Barra de Navidad ubicada en el estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, amplíe y emita una circular con el propósito de que se otorgue un descuento permanente en las tarifas del transporte público para personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Paula Angélica Hernández Olmos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue la concesión del Aeropuerto Ing. Juan Guillermo Villasana a ubicarse en el corredor Pachuca-Tizayuca, en el estado de Hidalgo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Carlos Luis Meillón Johnston, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, fortalezca la política pública relacionada con la regulación ambiental en materia agrícola y promueva tecnologías alternativas al uso del fuego en la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio de la población, del medio ambiente y del sector azucarero. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, para celebrar una Sesión Solemne al interior de este Recinto Parlamentario, para conmemorar los setenta y cinco años de la fundación del Instituto Politécnico Nacional. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud, implementen y difundan información respecto de las enfermedades de depósito lisosomal. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Cecilia Soledad Arévalo Sosa, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales, analicen mediante un estudio, la viabilidad de impulsar la incorporación de los diferentes tipos y modalidades educativos, una asignatura de carácter presencial dirigida a estudiar y hacer comprensibles los efectos del cambio climático y las acciones de su disminución y prevención. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito federal y a las Delegaciones del Distrito Federal, verifiquen la operación de los hoteles que se ubican en zonas de la ciudad en las que se oferta el sexo servició, y en caso de existir presunción de comisión de delitos que ameriten acciones de extinción de dominio, se dé vista a las autoridades competentes. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Clara Gómez Caro, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haga lo conducente para ayudar a los cincuenta y uno connacionales sentenciados a muerte en Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Yolanda Montalvo López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública, estudie la pertinencia de incorporar en los contenidos curriculares del sistema de educación básica a la danza folklórica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Francisco Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Comisión Nacional del Agua, implementen acciones institucionales a fin de regularizar el agua destinada para uso agrícola, pecuario e industrial del acuífero Valle de Tehuacán. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Nelly Edith Miranda Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, realicen en conjunto foros regionales de consulta que impacten en todos los estados y municipios del país, donde se promuevan y consoliden el derecho a la no discriminación y la libertad de expresión de los jóvenes. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseñe, implemente y ejecute un programa especial sobre asuntos de la juventud, tendiente a fomentar la formación y capacitación de los jóvenes, en materia de derechos humanos. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Héctor Franco López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a una reunión con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Soberanía, con el fin de presentar su Programa de Trabajo. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves tres de marzo de dos mil once a las diez horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. Queda aprobada el acta.Diputado Serrano.

GUARDERIA ABC

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Señor presidente de la Mesa Directiva, le pido por favor que sea tan amable de solicitarle a la asamblea que guardemos un minuto de silencio en memoria de la niña Ana Paula Acosta Jiménez; Santiago de Jesús Santiago Lemas; Jimena Álvarez Cota; Jimena Yáñez Madrid; Axel Abraham Angulo Cásares; Daré Omar Valenzuela Contreras; Jesús Julián Valdés Rivera y Adriana Aragón Valenzuela.

Niños de quienes hemos puesto sus nombres en sesiones anteriores, porque dije que dos por sesión vamos a poner los nombres de los niños que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC. Lo hacemos con la intención de que no quede olvidado este caso tan lamentable.

Le suplico que sea tan amable de pedir un minuto de silencio en memoria de estos niños.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así lo haremos, señor diputado, como usted lo solicita. También harán este minuto de silencio con nosotros –y agradezco su presencia- los 80 alumnos de la Escuela Normal de Ecatepec, invitados del diputado Felipe Solís Acero.

Le suplico a la asamblea pongámonos de pie para guardar un minuto de silencio por las víctimas inocentes de la grave tragedia de la Guardería ABC.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Continúe la Secretaría con comunicaciones oficiales.

INICIATIVAS TURNADAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos grupos parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica) Presidente.»

«La Mesa Directiva con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen.

1. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 20 de octubre de 2009.

Turno: Derechos Humanos.

Expediente y sección: 400, Cuarta.

2. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el artículo 3 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 23 de febrero de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

Expediente y sección: 1372, Cuarta.

3. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 16 de junio de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2474, Primera.

4. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 38 y 65 de la Ley General de Educación. 30 de noviembre de 2010.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y sección: 3357, Octava.

5. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 184 Bis-1 a la Ley General de Salud. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 3541, Segunda.

6. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Vivienda.

Expediente y sección: 3640, Séptima.

7. Promovente: Diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 61 de la Ley de Aviación Civil y 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Transportes y de Economía.

Expediente y sección: 3642, Primera.

8. Promovente: Diputada Elsa María Martínez Peña.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de octubre de 2009.

Turno: “Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias”.

Expediente y sección: 244, Primera.

9. Promovente: Diputada Elsa María Martínez Peña.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 27 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2082, Quinta.

10. Promovente: Diputada Elsa María Martínez Peña.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona los artículos 110 y 111 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 13 de octubre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Expediente y sección: 2934, Sexta.

11. Promovente: Diputada Elsa María Martínez Peña.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación.

Expediente y sección: 3636, Tercera.

12. Promovente: Diputada María del Pilar Torre Canales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 12, 13, 29 y 35 de la Ley General para el Control del Tabaco. 25 de marzo de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 1738, Quinta.

13. Promovente: Diputada María del Pilar Torre Canales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 22 de abril de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 1996, Primera.

14. Promovente: Diputada María del Pilar Torre Canales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2242, Octava.

15. Promovente: Diputada María del Pilar Torre Canales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 211 Bis 8 al Código Penal Federal. 11 de noviembre de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 3238, Octava.

16. Promovente: Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 95 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 11 de febrero de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 1311, Cuarta.

17. Promovente: Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 554 de la Ley Federal del Trabajo. 23 de septiembre de 2010.

Turno: Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 2716, Cuarta.

18. Promovente: Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 3605, Cuarta.

19. Promovente: Diputada Yolanda del Carmen Montalvo López.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 25 de noviembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 3319, Cuarta.

20. Promovente: Diputada Paz Gutiérrez Cortina.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 16 de junio de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2466, Primera.

21. Promovente: Diputada Paz Gutiérrez Cortina.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que expide la Ley de Protección a la Salud Materna. 13 de diciembre de 2010.

Turno: “Salud, con opinión de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública”.

Expediente y sección: 3467, Sexta.

22. Promovente: Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2298, Segunda.

23. Promovente: Diputada Laura Elena Estrada Rodríguez.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Salud y de Seguridad Social.

Expediente y sección: 3465, Cuarta.

24. Promovente: Diputada Adriana Fuentes Cortés.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 33, 40 y 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 23 de noviembre de 2010.

Turno: Defensa Nacional.

Expediente y sección: 3285, Séptima.

25. Promovente: Diputada Adriana Fuentes Cortés.

Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se inscriben con letras de oro en el Muro de Honor del recinto de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, los nombres de Adela Velarde Pérez y de Valentina Ramírez Avitia. 11 de agosto de 2010.

Turno: “Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias”.

Expediente y sección: 2578, Primera.

26. Promovente: Diputada Adriana Fuentes Cortés.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Desarrollo Social.

Expediente y sección: 2314, Segunda.

27. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3 de septiembre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 18, Octava.

28. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. 8 de septiembre de 2009.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y sección: 36, Octava.

29. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 23 de septiembre de 2009.

Turno: Atención a Grupos Vulnerables.

Expediente y sección: 82, Cuarta.

30. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. 1 de octubre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 147, Primera.

31. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 15 de octubre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 370, Sexta.

32. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 10 de noviembre de 2009.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 601, Cuarta.

33. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. 1 de diciembre de 2009.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 772, Sexta.

34. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 2010.

Turno: Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 1224, Segunda.

35. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 14 y 30 de la Ley General de Educación. 11 de febrero de 2010.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y sección: 1301, Segunda.

36. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional. 16 de marzo de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 1599, Primera.

37. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona un artículo 40 bis y reforma el artículo 85 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 16 de marzo de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Expediente y sección: 1603, Quinta.

38. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 de la Ley que Crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 18 de marzo de 2010.

Turno: Defensa Nacional.

Expediente y sección: 1644, Tercera.

39. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 6 de mayo de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2277, Cuarta.

40. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de mayo de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y sección: 2279, Sexta.

41. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General de Protección Civil. 2 de junio de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 2441, Séptima.

42. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 232, 241, 264 y 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 25 de agosto de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y sección: 2597, Tercera.

43. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 21 de septiembre de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y sección: 2701, Octava.

44. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 21 de septiembre de 2010.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y sección: 2703, Segunda.

45. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 464 Ter y 469 de la Ley General de Salud. 28 de octubre de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 3082, Octava.

46. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6 y 17 de la Ley General de Salud. 28 de octubre de 2010.

Turno: Salud.

Expediente y sección: 3084, Segunda.

47. Promovente: Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley General de Turismo. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Turismo.

Expediente y sección: 3457, Cuarta.

48. Promovente: Diputada Laura Felicitas García Dávila.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de octubre de 2010.

Turno: Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y sección: 2929, Octava.

49. Promovente: Diputada Laura Felicitas García Dávila.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Seguridad Social.

Expediente y sección: 3604, Tercera.

50. Promovente: Diputado J. Eduardo Yáñez Montaño.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 113 bis 5 a la Ley de Instituciones de Crédito. 11 de febrero de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y sección: 1308, Primera.»

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente y actualícense los registros parlamentarios.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del Acuerdo relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada María Hilaria Domínguez Arvizu cause alta como secretaria en la Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros.

• Que el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella cause baja como integrante de la Comisión Especial sobre el Cambio Climático.

• Que el diputado Miguel Ernesto Pompa Corella cause baja como integrante de la Comisión Especial para la lucha contra la trata de personas

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado José Antonio Arámbula López cause alta como presidente en la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros.

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que la diputada María del Carmen Guzmán Lozano cause alta como integrante en la Comisión de Equidad y Género.

• Que la diputada María del Carmen Guzmán Lozano cause alta como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.

• Que la diputada Adriana Fuentes Cortés cause alta como secretaria en la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Pablo Rodríguez Regordosa cause baja como secretario de la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado César Daniel González Madruga cause alta como integrante en la Comisión Especial del Sistema Cutzamala.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Pedro Vázquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo:

• Que el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación en Chiapas.

• Que el diputado Óscar González Yáñez cause alta como integrante en la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación en Chiapas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Reyes Tamez Guerra, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Comisión de Seguridad Social

Baja: Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco (integrante)

Comisión de Vivienda

Alta: Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco(secretario)

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades a las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en el país

Baja: Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (integrante)

Comisión Especial de Competitividad

Baja: Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comisión de Fortalecimiento al Federalismo

Baja: Diputado Sergio Gama Dofour (integrante)

Comisión de Recursos Hidráulicos

Alta: Diputado Sergio Gama Dofour (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Alejandro Encians Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comisión de Derechos Humanos

Baja: Diputado Martín García Avilés (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comisión Especial de la Cuenca del Sistema Cutzamala

Alta: Diputada Rosario Brindis Álvarez (integrante)

Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación

Alta: Diputado Diego Guerrero Rubio (integrante)

Alta: Diputado Liborio Vidal Aguilar (integrante)

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 2 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Víctor Manuel Anastacio Galicia Ávila cause alta como integrante en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Víctor Manuel Anastacio Galicia Ávila cause alta como integrante en la Comisión de Función Pública.

• Que el diputado Víctor Manuel Anastacio Galicia Ávila cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Que el diputado José Luis Álvarez Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Que el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano cause baja como integrante de la Comisión de Cultura.

• Que el diputado Eviel Pérez Magaña cause alta como integrante en la Comisión de Pesca.

• Que el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Noé Fernando Garza Flores cause baja como integrante de la Comisión de Economía.

• Que el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano cause baja como integrante de la Comisión Especial de desarrollo de microrregiones.

• Que el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada María Elena Pérez de Tejeda cause baja como integrante de la Comisión de Seguridad Social.

• Que el diputado Rubén Arellano Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Miguel Antonio Osuna Millán cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Miguel Antonio Osuna Millán cause baja como integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Miguel Antonio Osuna Millán cause baja como integrante de la Comisión Especial para el fomento educativo.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Vidal Llerenas Morales cause alta como integrante en la Comisión de Economía.

• Que el diputado Gerardo Leyva Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Que el diputado Gerardo Leyva Hernández cause baja como secretario de la Comisión Especial para impulsar el desarrollo de la industria vitivinícola y de la vid.

• Que la diputada Olga Luz Espinosa Morales cause baja como secretaria de la Comisión Especial de vigilancia y seguimiento de la industria azucarera.

• Que la diputada Olga Luz Espinosa Morales cause alta como integrante en la Comisión Especial para la Familia.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que el diputado Adán Augusto López Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Cultura.

• Que el diputado Adán Augusto López Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Vivienda.

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de febrero de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

No habiendo quien haga uso de la palabra y en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.

TALLERES O MAQUILADORAS SOCIALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-837, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, Presidente y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2011.DGE.085, suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la creación de talleres o maquiladoras sociales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SEL/UEL/311/4055/10 del 8 de diciembre de 2010, mediante el cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre del mismo año, en el que se exhorta a esta Secretaría a elaborar un informe de los recursos que se han destinado para apoyar la creación de talleres o maquiladoras sociales en la presente administración, y a partir de ese reporte se elabore un programa que fortalezca y destine mayores recursos para ese propósito, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

A través del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (Fonaes), órgano desconcentrado de esta secretaría dedicado a la atención de proyectos productivos, individuales y colectivos de emprendedores de escasos recursos, se apoya la formación, constitución y consolidación de empresas sociales, así como el fomento a la participación en esquemas de financiamiento social.

Por otra parte, el Fondo Pyme a través del Programa Nacional de Emprendedores, ha canalizado recursos a las incubadoras de empresas que atienden proyectos sociales como se muestra en la siguiente tabla:

Asimismo, mediante medidas administrativas se ha impulsado el registro de los talleres familiares como unidades económicas legalmente constituidas, para facilitar su desa-rrollo, toda vez que son unidades de producción de bienes o prestación de servicios operadas por los miembros de una familia, las personas asimiladas a la familia y dependen de los ingresos que se generan en el taller familiar. Al 2010, esta Secretaría ha registrado más de 13 mil talleres que son susceptibles de acceder a opciones de capacitación y crecimiento a través del Fondo Pyme.

Finalmente, se adjunta al presente documento con los informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondientes a los ejercicios fiscales 2007-2009, y el informe de los Programas Sujetos a Reglas de Operación enero-diciembre de 2010.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al Secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de febrero de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

TRABAJO INFANTIL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0999, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 0055, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, así como hacer cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/240/10, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en su sesión del 26 de enero de 2011, en el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en estricto cumplimiento a lo preceptuado por la Ley Federal del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias, realice investigaciones e inspecciones orientadas a determinar los casos en que proceda sancionar a los patrones que empleen niñas y niños en las labores del campo, en general, haga cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene en este sector de la economía, e igualmente, celebre con las autoridades de las entidades federativas los convenios de coordinación necesarios en materia de inspección que permitan vigilar el cumplimiento de los preceptos jurídicos en materia de trabajo, por el bien de los trabajadores del campo.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar los siguientes aspectos:

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 indica, en el eje 2, “economía competitiva y generadora de empleos”, específicamente en la estrategia 4.2, que “se otorgará atención prioritaria a grupos en situación de vulnerabilidad a partir de políticas focalizadas, particularmente en materia del trabajo temporal en el campo de grupos migratorios”.

Por su parte, el objetivo 7 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 señala que es necesario instrumentar estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias, en atención a lo dispuesto en el eje rector 2, objetivo 4 del PND, el cual menciona que “se fortalecerá la coordinación interinstitucional y la sinergia de programas gubernamentales para garantizar el acceso de la población jornalera agrícola a un trabajo digno; con respeto a los derechos laborales y de seguridad y previsión social, y en condiciones de equidad, justicia y legalidad que permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, destino y en tránsito”.

Por lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumenta la política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permisible, que contempla tres ejes:

1. Generar información estadística en forma periódica

Se ha considerado de vital importancia la generación de estadísticas periódicas en torno a la ocupación infantil en México. Con base en ello, se diseñó un módulo de trabajo infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante los años 2007 y 2009, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de medir la ocupación infantil de 5 a 17 años y con ello mejorar la focalización de las políticas públicas en la materia.

Con la aplicación de dicho módulo, nuestro país cuenta por primera vez con datos comparables.

Los resultados entre 2007 y 2009, son:

1. La población infantil de 5 a 17 años disminuyó -3.3 por ciento, al pasar de 29.2 a 28.2 millones de 2007 a 2009.

2. El total de niños y niñas ocupadas en este rango de edad registró un descenso del-17.3 por ciento, pasando de 3.6 a 3 millones en el mismo periodo. La mayor disminución fue en los ocupados de 5 a 13 años con -23.1 por ciento, mientras que en el grupo de 14 a 17 años la caída fue de -14.8 por ciento.

3. Los niños ocupados que no asistían a la escuela también disminuyeron al registrar un descenso de -21 por ciento, frente a un decremento de -14~8 por ciento en los que asistían a la escuela.

4. De los poco más de 630 mil niños y niñas que dejaron de realizar actividades económicas en el periodo, 26 por ciento laboraba en las actividades agropecuarias, 30.3 por ciento en la industria, 19 por ciento en el comercio, 23.2 por ciento en los servicios, y el resto no especificó el sector de actividad económica.

5. Los niños y niñas que desempeñaban quehaceres domésticos sin remuneración en sus propios hogares registraron un ligero descenso al pasar de 19.3 a 19 millones, es decir, un decremento de -1.4 por ciento.

6. La tasa de ocupación infantil bajó de 12.5 por ciento en 2007 a 10.7 por ciento en 2009, porcentaje que en los niños pasó de 16.6 a 14.1 por ciento y en las niñas de 8.3 a 7.2 por ciento en el periodo.

7. La tasa de hogares con niños y niñas ocupadas, de 18.4 por ciento, descendió a 15.8 por ciento entre 2007 y 2009, en tanto que la tasa de hogares monoparentales con niños ocupados de 20.9 por ciento en 2007 pasó a 17.9 por ciento en 2009.

Los indicadores en general muestran importantes avances en la lucha contra el trabajo infantil en el periodo analizado, pues cada vez menos niños y niñas participan en las actividades económicas.

2. Impulsar mecanismos de coordinación interinstitucional

Se colabora con los sectores público, social y privado para promover buenas prácticas en materia de trabajo infantil, retomando los resultados de los respectivos Módulos de Trabajo Infantil 2007 y 2009, como insumo para la instrumentación de políticas públicas más eficientes.

A la fecha se han realizado 22 Foros-taller: La participación intersectorial en la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible realizados en Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas.

Como producto de dichos Foros-taller, se han firmado 19 Cartas Compromiso Intersectorial para la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección de menores trabajadores en edad permisible, en los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. En el caso de Michoacán, se han firmado 142 compromisos voluntarios para erradicar la explotación laboral infantil con actores clave de gobierno y sociedad, 110 de ellos han sido firmados con Municipios, de un total de 113 que conforman el estado.

3. Prevenir y erradicar el trabajo infantil en el sector agrícola

En el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha evidenciado la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo en los campos agrícolas, especialmente en las entidades federativas que se han caracterizado como receptoras de trabajadores agrícolas temporales.

• Durante el 2010, se otorgó el distintivo “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”, a 21 empresas agrícolas de los estados de Baja California, Jalisco, Sinaloa y Sonora, por haber adoptado una política de cuidado y protección infantil; con lo cual se convierten en los primeros centros laborales del país que contratan jornaleros agrícolas, en ser reconocidos por su práctica de responsabilidad social dirigida a la no contratación ni utilización de mano de obra infantil, además de establecer procesos para el desarrollo integral de las familias de los trabajadores, con particular atención en las niñas y niños.

• El gobierno de México solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la realización de una tercera fase del Proyecto de Cooperación Técnica IPEC-OIT (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil), así como su apoyo para iniciar un nuevo programa específico en relación con el trabajo infantil de los jornaleros agrícolas. Se autorizó la ejecución del proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura, con un presupuesto de $4’750,000 dólares estadounidenses, con el objetivo fortalecer las estrategias nacionales y las políticas públicas para la atención del trabajo infantil agrícola, resultante de la migración interna y de la población infantil indígena.

Por otro lado, para la atención de las causas que originan la migración, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de la Estrategia para la Atención de los Jornaleros Agrícolas y sus familias a partir de noviembre de 2007 instaló el Grupo de Coordinación Interinstitucional, el cual está integrado por más de 13 dependencias del gobierno federal, organizándose en 5 grupos de trabajo para atender la diversidad de problemáticas de la población:

• Normatividad e inspección.

• Seguridad y previsión social.

• Educación.

• Promoción del desarrollo.

• Integración de la información.

El Grupo de Promoción atiende las condiciones de la población migrante desde sus comunidades de origen ampliando las capacidades de esta población. Particularmente se cuenta con las siguientes estrategias:

• La estrategia Enlaza, que conjunta servicios y apoyos para establecer un vínculo de atención integral para la población jornalera agrícola, cuenta con cinco módulos. Se está integrando una base de datos con 176 regiones de atención en 27 estados que identifican a más de 1.7 millones de jornaleros, los cuales representan el 83 por ciento de la población potencial.

• En la Semana Nacional de Migración, celebrada durante el mes de octubre de 2010, cuyo propósito fue el promover una conciencia social y solidaria respecto del fenómeno migratorio en la mayor parte del territorio nacional, fue incluido el tema de la migración interna como parte importante del fenómeno migratorio, a través de la realización de foros de discusión sobre el tema de los jornaleros agrícolas migrantes.

• Se realizó la Cruzada Nacional por los Derechos de los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, que desarrolló acciones directas de promoción de los derechos de los jornaleros en los campos agrícolas de manera simultánea en 21 estados de la república.

• El proyecto de acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales para los jornaleros agrícolas se ejecuta en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA-Rural), asociación de participación estatal mayoritaria sectorizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

• Con esta asociación estratégica se han tenido los siguientes avances:

• En 2008 se certificó a 973 jornaleros agrícolas a través de 40 talleres de capacitación en la Norma Técnica de Competencia Laboral “Cosecha de Hortalizas”, en 16 empresas agrícolas de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Sinaloa.

• En el 2009 resultaron competentes en la misma norma 1,599 jornaleros agrícolas en cinco entidades federativas, Colima, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Sonora.

• En el 2010 se acreditaron poco más de 5,000 jornaleros agrícolas en habilidades laborales en cosecha de hortalizas de los estados de Baja California, Coahuila, Jalisco, Morelos, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Estos mismos jornaleros son candidatos a ser certificados en la Norma Técnica de Competencia Laboral en “Cosecha de hortalizas”.

Por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección Federal del Trabajo y las Delegaciones Federales del Trabajo, como instancias normativa y operativa respectivamente, en los términos de lo dispuesto por los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de conformidad con la distribución de competencias, prevista en los artículos 123, Apartado “A”, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, 527-A y 529 de la LFT, realizan visitas de inspección en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, prestando especial atención en la salvaguarda de las prerrogativas aplicables al trabajo de menores, llevando su actuación a las ramas industriales y actividades económicas donde se presume que existe un alto índice de trabajo infantil.

Durante 2009 se practicaron un total de 42,502 visitas de inspección, de las cuales 10,512 corresponden a la materia de condiciones generales de trabajo (CGT), que invariablemente aborda la revisión del tema de trabajo de menores, en el marco de lo dispuesto por el Título Quinto Bis de la Ley Federal del Trabajo, y asimismo, en 2010, se realizaron 49,500 inspecciones, en las que 11,153 se refieren a la materia de CGT.

A su vez se realizaron operativos especiales, como lo fueron a campos agrícolas, minas subterráneas de carbón e industria de la construcción, por ser consideradas de interés en el tema por la Organización Internacional del Trabajo, obteniendo los siguientes resultados:

En el caso de los menores detectados en los citados operativos especiales, se dio parte a la autoridad laboral local para que procediera conforme a sus facultades, toda vez, que la actividad agrícola no se contempla en las ramas industriales y actividades económicas de competencia federal respecto a la vigilancia en materia de Condiciones Generales de Trabajo.

En este orden de ideas, al resultar fundamental la colaboración entre las esferas de gobierno, la STPS ha prestado especial atención en la suscripción y actualización de convenios de coordinación para promover la seguridad y salud en el trabajo y fortalecer la inspección laboral, instrumento que materializa la coordinación que debe existir entre las autoridades federales y locales, y que compromete a la partes en todas aquellas acciones tendientes al intercambio de mejores prácticas en materia de promoción de la seguridad y salud en el trabajo; en los que se cuenta con el siguiente avance:

Asimismo, dentro de las disposiciones que en materia de seguridad e higiene fueron verificadas, destacan por su importancia:

• Prohibir que se realice carga manual de materiales con pesos de más de 35 kilogramos a trabajadores varones menores de 18 años.

• Prohibir que se realice carga manual de materiales a mujeres con pesos de más de 20 kilogramos.

• Prohibir que los menores realicen actividades con plaguicidas.

• Prohibir que menores de 18 años laboren en el interior de las minas subterráneas de carbón.

• Servicios al personal.

• Servicios preventivos de medicina.

Finalmente, resulta de gran relevancia destacar que toda vez que con los números que arroja el módulo de trabajo infantil 2009, se ha evidenciado que las sanciones previstas en la ley vigente no son suficientes para evitar la práctica de contratar menores de 14 años (la multa más elevada que se puede aplicar es de 315 veces el salario mínimo diario), se ha propuesto a través de la reforma laboral presentada en marzo del año 2010, que busca una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, el tipificar como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar (1 a 4 años de prisión con independencia de la multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general), ordenando el cese inmediato de las labores del menor, y en caso de que éste no reciba el mismo salario de un trabajador que realice actividades similares, el patrón deba resarcirle las diferencias.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 18 de febrero de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase al promovente para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SPEDT/ 200.049.2011, el licenciado Carlos Petersen y vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios correspondiente al cuarto trimestre de 2010, así como las observaciones de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Anexo al presente oficio remito el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios correspondiente al cuarto trimestre de 2010, entregado por Pemex el 31 de enero de 2011 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía relativas a este informe, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 (decreto).

Lo anterior, con objeto de que por su amable conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Licenciado Carlos Petersen y vom Bauer (rúbrica), subsecretario de Planeación Energética y Desa-rrollo Tecnológico.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

PETROLEOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número SPEDT/ 200.050.2011, el licenciado Carlos Petersen y vom Bauer, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, remite el cuarto informe trimestral de 2010 relativo a la operación y gestión de Petróleos Mexicanos.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido y de sus anexos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Anexo al presente oficio remito el informe del Programa para Incrementar la Eficiencia Operativa en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, correspondiente al cuarto trimestre de 2010, entregado por Pemex el 31 de enero de 2011 a esta dependencia, así como las observaciones de la Secretaría de Energía relativos a este informe, de conformidad con lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007 (decreto).

Lo anterior, con objeto de que por su amable conducto se haga llegar dicha información al Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Licenciado Carlos Petersen y vom Bauer (rúbrica), subsecretario de Planeación Energética y Desa-rrollo Tecnológico.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Comisión Nacional del Agua.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder), y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento el informe por entidad federativa correspondiente al cierre del ejercicio fiscal de 2010 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2011.— Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector General.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos para su conocimiento.

ARTICULO 43 CONSTITUCIONAL

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, el Presidente de la Cámara de Senadores realizó el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas estatales, informó a la asamblea y formuló la declaratoria de aprobación del decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 225, fracción IV, del Reglamento del Senado, para los efectos correspondientes, remito el expediente integrado, así como la declaratoria de aprobación.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso de la Unión.

Declaratoria de Aprobación

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 22 de febrero de 2011.— Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del  honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de enero de 2011.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de enero de 2010.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de 2011.

Adicionalmente, se incluye la información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de enero del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 2 de marzo de 2011.— Ernesto Javier Cordero Arroyo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

LEY DE MIGRACION - LEY GENERAL DE POBLACION - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - LEY DE LA POLICIA FEDERAL - LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PUBLICO - LEY DE INVERSION EXTRANJERA - LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo.

Atentamente

México, DF, a 24 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Migración.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, ya la trata de personas en todas sus modalidades.

Complementariedad de los mercados laborales con los paí-ses de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.

Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país.

Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.

Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desa-rrollo regional y nacional.

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Autoridad migratoria, al servidor público que ejerce la potestad legal expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria;

II. Acuerdo de readmisión: al acto por el cual la Secretaría determina autorizar la internación al país de un extranjero deportado con anterioridad;

III. Asilado político: a quien solicita el ingreso a territorio nacional para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas, en los términos de los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano;

IV. Apátrida: toda persona que no sea considerada como nacional por, ningún Estado, conforme a su legislación. La ley concederá igual trato a las personas que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva.

V. Centro de Evaluación: al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración;

VI. Condición de estancia: a la situación regular en la que se ubica a un extranjero en atención a su intención de residencia y, en algunos casos, en atención a la actividad que desarrollarán en el país, o bien, en atención a criterios humanitarios o de solidaridad internacional.

VII. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Cuota: al número máximo de extranjeros para ingresar a trabajar al país ya sea en general por actividad económica o por zona de residencia.

IX. Defensor de derechos humanos: a toda persona u organización de la sociedad civil que individual o colectivamente promueva o procure la protección o realización de los de derechos humanos, libertades fundamentales y garantías individuales en los planos nacional o internacional.

X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria;

XI. Extranjero: a la persona que no pasea la calidad de mexicano, conforme a lo previsto en el artículo 30 de la Constitución;

XII. Filtro de revisión migratoria: al espacio ubicado en el lugar destinado al tránsito internacional de personas, donde el Instituto autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos;

XIII. Instituto: al Instituto Nacional de Migración;

XIV. Ley: a la presente Ley;

XV. Lugar destinado al tránsito internacional de personas: al espacio físico fijado por la Secretaría para el paso de personas de un país a otro;

XVI. Mexicano: a la persona que posea las calidades determinadas en el artículo 30 de la Constitución;

XVII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo migrante nacional o extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal;

XIX. Oficina consular: a las representaciones del Estado mexicano ante el gobierno de otro país en las que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localizan en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento;

XX. Presentación: a la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.

XXI. Protección complementaria: a la protección que la Secretaría otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

XXII. Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente;

XXIII. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley;

XXIV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual;

XXV. Remuneración: a las percepciones que reciban las personas en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos por la prestación de un servicio personal subordinado o por la prestación de un servicio profesional independiente;

XXVI. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;

XXVII. Situación migratoria: a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;

XXVIII. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el que los extranjeros acreditan su situación migratoria regular de residencia temporal o permanente;

XXIX. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquélla documentación o información que solo tenga que presentarse en caso de un requerimiento del Instituto, y

XXX. Visa: a la autorización que se otorga en una oficina consular que evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se puede otorgar a través de medios y registros electrónicos pudiéndose denominar visa electrónica o virtual. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar, según el tipo de visado su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos para el ingreso.

Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria.

Artículo 5. Quedan exceptuados de la inspección migratoria los representantes y funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales que se internen al país en comisión oficial, sus familiares y los miembros del personal de servicio, así como las personas que, conforme a los tratados y convenios de los cuales sea parte el Estado Mexicano, a las leyes y a las prácticas internacionales reconocidas por el Estado Mexicano, gocen de inmunidades respecto de la jurisdicción territorial, atendiendo siempre a la reciprocidad internacional.

Los extranjeros que concluyan su encargo oficial en los Estados Unidos Mexicanos y deseen permanecer en el país, así como aquéllos que gocen de inmunidad y renuncien a ella con el fin de realizar actividades lucrativas, deberán cumplir con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TÍTULO SEGUNDO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIGRANTES

CAPÍTULO ÚNICO

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.

Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.

En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Artículo 9. Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil .ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.

Artículo 10. El Estado mexicano garantizará a los migrantes que pretendan ingresar de forma regular al país o que residan en territorio nacional con situación migratoria regular, así como a aquéllos que pretendan regularizar su situación migratoria en el país, el derecho a la preservación de la unidad familiar.

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.

Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.

Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:

I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;

II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y

III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones.

La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer la información mencionada, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 14. Cuando el migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la comunicación.

Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un intérprete. En caso contrario, se designará como intérprete a una persona que pueda entenderlo.

En caso de dictarse sentencia condenatoria a un migrante, independientemente de su condición migratoria, las autoridades judiciales estarán obligadas a informarle de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de traslado de reos, así como de cualquier otro que pudiera beneficiarlo.

Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural.

Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Cuando se trate de extranjeros con, situación migratoria regular, resguardar y custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación.

II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;

III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la materia, y

IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 17. Sólo las autoridades migratorias podrán retener la documentación que acredite la identidad o situación migratoria de los migrantes cuando existan elementos para presumir que son apócrifas, en cuyo caso deberán inmediatamente hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que éstas resuelvan lo conducente.

TÍTULO TERCERO

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA

CAPÍTULO I

DE LA AUTORIDADES MIGRATORIAS

Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. Formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento, así como las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil;

II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos para la emisión de visas y la autorización de condiciones de estancia, siempre que de ellas se desprenda para su titular la posibilidad de realizar actividades a cambio de una remuneración; así como determinar los municipios o entidades federativas que conforman las regiones fronterizas o aquellas que reciben trabajadores temporales y la vigencia correspondiente de las autorizaciones para la condición de estancia expedida en esas regiones, en los términos de la presente Ley. En todos estos supuestos la Secretaría deberá obtener previamente la opinión favorable de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tomará en cuenta la opinión de las demás autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;

III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;

IV. Suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de la presente Ley y su Reglamento;

V. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y suscribir instrumentos internacionales en materia de retorno asistido tanto de mexicanos como de extranjeros;

VI. Fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en términos de esta Ley y su Reglamento;

VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, en los supuestos previstos en esta Ley, y

VIII. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. Instrumentar la política en materia migratoria;

II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;

III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;

IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento;

V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento;

VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;

VII. Asegurar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos;

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en territorio nacional;

IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 21. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales;

II. Promover conjuntamente con la Secretaría la suscripción de instrumentos internacionales en materia de retorno asistido de mexicanos y extranjeros;

III. Promover conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, la suscripción de acuerdos bilaterales que regulen el flujo migratorio;

IV. En los casos previstos en esta Ley, tramitar y resolver la expedición de visas, y

V. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO II

DE LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO

Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente Ley.

Artículo 23. En términos del artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los servidores públicos del Instituto están obligados a someterse al proceso de certificación que consiste en la comprobación del cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, necesarios para el ejercicio de sus funciones, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, en los términos del Reglamento.

La certificación es requisito indispensable de ingreso, permanencia y promoción.

Para efectos de la certificación, el Instituto, contará con un Centro de Evaluación acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El Centro de Evaluación se integrará con el personal de las áreas técnicas y administrativas necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 24. El Centro de Evaluación tendrá; las siguientes atribuciones:

I. Llevar a cabo las evaluaciones periódicas a los Integrantes del Instituto, a fin de comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

II. Comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las evaluaciones que practique, para los efectos del ingreso, promoción o permanencia de los servidores públicos del Instituto, según corresponda;

III. Emitir y actualizar el certificado correspondiente al personal del Instituto que acredite las evaluaciones correspondientes;

IV. Contribuir a identificar los factores de riesgo que repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones migratorias, con el fin de garantizar la adecuada operación de los servicios migratorios;

V. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de certificación de las personas a quienes se les hayan practicado e implementar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida en dichas bases;

VI. Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los resultados de las evaluaciones practicadas, y

VII. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 25. Los servidores públicos del Instituto para su ingreso y permanencia deberán cursar y aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia migratoria y derechos humanos, así como contar con la certificación a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley.

Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los servidores públicos del Instituto serán establecidos en el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO III

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA

Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Turismo:

I. Difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la internación, tránsito, estancia regular y salida de los extranjeros que pretendan visitar el país;

II. Participar en las acciones interinstitucionales en materia migratoria, que coadyuven en la implementación de programas que fomenten y promuevan el turismo en destinos nacionales, para el desarrollo y beneficio del país, y

III. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Establecer requisitos sanitarios para la internación de personas al territorio nacional, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos y terrestres, mediante visitas de inspección conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Diseñar y difundir campañas en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, para la prevención y control de enfermedades, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y

V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 28. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Federal Ministerial, Agentes del Ministerio Público y Oficiales Ministeriales en materia de derechos humanos;

II. Proporcionar a los migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;

IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes;

V. Conocer respecto de los delitos previstos en los artículos 159 y 161 de esta Ley, y

VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el De-sarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta Ley;

III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes; y

IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el Instituto, que permitan atender la problemática de las mujeres migrantes, y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano;

II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante y la erradicación de todas las formas de discriminación en su contra;

III. Proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de igualdad de género, con énfasis en el respeto y protección de los derechos humanos de las migrantes, y

IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

TÍTULO CUARTO

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL

CAPÍTULO I

DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 31. Es facultad exclusiva de la Secretaría fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; de Salud; de Relaciones Exteriores; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en su caso, de Marina. Asimismo, consultará a las dependencias que juzgue conveniente.

Las dependencias que se mencionan están obligadas a proporcionar los elementos necesarios para prestar los servicios correspondientes a sus respectivas competencias.

Artículo 32. La Secretaría, podrá cerrar temporalmente los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por causas de interés público.

Artículo 33. Los concesionarios o permisionarios que operen o administren lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, estarán obligados a poner a disposición del Instituto las instalaciones necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, así como cumplir con los lineamientos que al efecto se emitan.

Las características que deberán tener las instalaciones del Instituto en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, se especificarán en el Reglamento.

Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire.

La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias.

Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos.

Artículo 36. Los mexicanos no podrán ser privados del derecho a ingresar a territorio nacional. Para tal efecto, deben acreditar su nacionalidad además de cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Los mexicanos comprobarán su nacionalidad, con alguno de los documentos siguientes:

I. Pasaporte;

II. Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad Personal o su equivalente;

III. Copia certificada del Acta de Nacimiento;

IV. Matrícula consular;

V. Carta de Naturalización, o

VI. Certificado de Nacionalidad Mexicana.

En su caso, podrá identificarse con credencial para votar con fotografía, expedida por la autoridad electoral nacional, o cualquier otro documento expedido por la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá acreditar la nacionalidad mexicana mediante cualquier otro elemento objetivo de convicción que permita al Instituto determinar que se cumplen con los supuestos de acreditación de la nacionalidad mexicana.

En los casos en que el Instituto cuente con elementos suficientes para presumir la falta de autenticidad de los documentos o de veracidad de los elementos aportados para acreditar la nacionalidad mexicana, determinará el ingreso o rechazo de la persona de que se trate, después de realizar la investigación respectiva. Este procedimiento deberá ser racional yen ningún caso excederá de 4 horas.

De igual forma, al ingresar al país, los mexicanos estarán obligados a proporcionar la información y los datos personales que, en el ámbito de sus atribuciones, les sea solicitada por las autoridades competentes y tendrán derecho a ser informados sobre los requerimientos legales establecidos para su ingreso y salida del territorio nacional.

Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán:

I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes:

a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y

b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o

c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias.

II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones.

III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano;

b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo;

c) Titulares de un permiso de salida y regreso;

d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría;

e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y

f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México.

Artículo 38. La Secretaría, por causas de interés público y mientras subsistan las causas que la motiven podrá suspender o prohibir la admisión de extranjeros mediante la expedición de disposiciones administrativas de carácter general, que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 39. En los términos de esta Ley y su Reglamento, en el procedimiento de trámite y expedición de visas y autorización de condiciones de estancia intervendrán:

I. Las oficinas establecidas por la Secretaría en territorio nacional, y

II. Las oficinas consulares, de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento.

Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:

I. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.

II. Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada y realizar actividades remuneradas.

III. Visa de visitante para realizar trámites de adopción, que autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se inscriba en el Registro Civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de esta autorización, sólo procederá respecto de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos Mexicanos hayan suscrito algún convenio en la materia.

IV. Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo no mayor a cuatro años.

V. Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que se llevarán a cabo en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, y realizar actividades remuneradas conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 53 de esta Ley.

VI. Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer de manera indefinida.

Los criterios para emitir visas serán establecidos en el Reglamento y los lineamientos serán determinados en conjunto por la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores, privilegiando una gestión migratoria congruente que otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los flujos migratorios ordenados y regulares privilegiando la dignidad de los migrantes.

Ninguna de las visas otorga el permiso para trabajar a cambio de una remuneración, a menos que sea explícitamente referido en dicho documento.

La visa acredita requisitos para una condición de estancia y autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso al país en dicha condición de estancia, sin perjuicio de que posteriormente obtenga una tarjeta de residencia.

Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa en las oficinas consulares. Estas autorizarán y expedirán las visas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

En los casos del derecho a la preservación de la unidad familiar, por oferta de empleo o por razones humanitarias, la solicitud de visa se podrá realizar en las oficinas del Instituto. En estos supuestos, corresponde al Instituto la autorización y a las oficinas consulares de México en el exterior, la expedición de la visa conforme se instruya.

La oficina consular podrá solicitar al Instituto la reconsideración de la autorización si a su juicio el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

El Instituto resolverá en definitiva sin responsabilidad para la oficina consular.

Artículo 42. La Secretaría podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias, sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 37 de esta Ley.

Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública;

II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables;

III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados;

IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o

V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas.

Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que se requieran.

El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar.

Artículo 44. Las empresas de transporte internacional de pasajeros marítimo o aéreo, tienen la obligación de verificar que los extranjeros que transporten, cuenten con la documentación válida y vigente que se requiere para internarse al territorio nacional o al país de destino final.

Artículo 45. Los tripulantes extranjeros de empresas en tránsito internacional de transportes aéreos, terrestres o marítimos que lleguen al territorio nacional en servicio activo, sólo podrán permanecer en el país por el tiempo necesario para reiniciar el servicio en la próxima salida que tengan asignada.

Los gastos que origine la presentación, deportación o salida del país de tripulantes que no cumplan con esta disposición, serán cubiertos por la empresa de transporte para la cual laboran.

Artículo 46. Las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves y los barcos de carácter privado que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir electrónicamente al Instituto la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte que entren o salgan del país.

En el Reglamento se especificará la información que se solicitará, y los términos para su envío serán determinados en las disposiciones administrativas de carácter general que expida el Instituto.

Artículo 47. Para la salida de personas del territorio nacional, éstas deberán:

I. Hacerlo por lugares destinados al tránsito internacional de personas;

II. Identificarse mediante la presentación del pasaporte o documento de identidad o viaje válido y vigente;

III. Presentar al Instituto la información que se requiera con fines estadísticos;

IV. En el caso de extranjeros, acreditar su situación migratoria regular en el país, o el permiso expedido por la autoridad migratoria en los términos del artículo 137 de esta Ley, y

V. Sujetarse a lo que establezcan otras disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto en los siguientes casos:

I. Se le haya dictado por autoridad judicial, providencia precautoria o medida cautelar, siempre que tenga por objeto restringir la libertad de tránsito de la persona;

II. Que se encuentre bajo libertad caucional por vinculación a proceso;

III. Que goce de libertad preparatoria o condicional, salvo con permiso de la autoridad competente;

IV. Por razones de seguridad nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

V. Tratándose de niñas, niños y adolescentes sujetos a un procedimiento de restitución internacional, de conformidad con lo establecido en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.

El Instituto contará con los medios adecuados para verificar los supuestos anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 49. La salida del país de niñas, niños y adolescentes o de personas bajo tutela jurídica en términos de la legislación civil, sean mexicanos o extranjeros, se sujetará además a las siguientes reglas:

I. Deberán ir acompañados de alguna de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, y cumpliendo los requisitos de la legislación Civil.

II. En el caso de que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen solos, se deberá presentar el pasaporte y el documento en el que conste la autorización de quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela, ante fedatario público o por las autoridades que tengan facultades para ello.

Artículo 50. El Instituto verificará la situación migratoria de los polizones que se encuentren en transportes aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo conducente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.

Artículo 51. La Secretaría estará facultada para emitir políticas y disposiciones administrativas de carácter general, que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de atender las necesidades migratorias del país, tomando en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Población.

CAPÍTULO II

DE LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente:

I. VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al extranjero para transitar o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remuneración en el país.

II. VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS. Autoriza al extranjero que cuente con una oferta de empleo, con una invitación por parte de alguna autoridad o institución académica, artística, deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o venga a desempeñar una actividad remunerada por temporada estacional en virtud de acuerdos interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras, para permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.

III. VISITANTE REGIONAL. Autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de tres días y sin permiso para recibir remuneración en el país.

Mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría establecerá la vigencia de las autorizaciones y los municipios y entidades federativas que conforman las regiones fronterizas, para efectos del otorgamiento de la condición de estancia de visitante regional.

IV. VISITANTE TRABAJADOR FRONTERIZO. Autoriza al extranjero que sea nacional de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos comparten límites territoriales, para permanecer hasta por un año en las entidades federativas que determine la Secretaría. El visitante trabajador fronterizo contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la oferta de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee.

V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional.

Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.

Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la condición de estancia de residente permanente, y

b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del artículo 74 de esta Ley.

c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de refugiado o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 55 de esta Ley.

También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneración.

VI. VISITANTE CON FINES DE ADOPCIÓN. Autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y en su caso, se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de esta autorización solo procederá respecto de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos Mexicanos haya suscrito algún convenio en la materia.

VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal:

a) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia;

b) Cónyuge;

c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha situación jurídica conforme a los supuestos que señala la legislación mexicana, y

d) Padre o madre del residente temporal.

Las personas a que se refieren los incisos anteriores serán autorizados para residir regularmente en territorio nacional bajo la condición de estancia de residente temporal, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.

En el caso de que el residente temporal cuente con una oferta de empleo, se le otorgará permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con dicha oferta de empleo.

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes temporales podrán introducir sus bie-nes muebles, en la forma y términos que determine la legislación aplicable.

VIII. RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que va a realizar en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, hasta la obtención del certificado, constancia, diploma, título o grado académico correspondiente, con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee, con permiso para realizar actividades remuneradas cuando se trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación.

La autorización de estancia de los estudiantes está sujeta a la presentación por parte del extranjero de la carta de invitación o de aceptación de la institución educativa correspondiente y deberá renovarse anualmente, para lo cual el extranjero acreditará que subsisten las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial. La autorización para realizar actividades remuneradas se otorgará por el Instituto cuando exista carta de conformidad de la institución educativa correspondiente y estará sujeta a una oferta de trabajo en actividades relacionadas con la materia de sus estudios. El residente temporal estudiante tendrá derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y contará también con el derecho a la preservación de la unidad familiar, por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las personas que se señalan en la fracción anterior.

IX. RESIDENTE PERMANENTE. Autoriza al extranjero para permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país.

Artículo 53. Los visitantes, con excepción de aquéllos por razones humanitarias y de quienes tengan vínculo con mexicano o con extranjero con residencia regular en México, no podrán cambiar de condición de estancia y tendrán que salir del país al concluir el período de permanencia autorizado.

Artículo 54. Se otorgará la condición de residente permanente al extranjero que se ubique en cualquier de los siguientes supuestos:

I. Por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria o por la determinación de apátrida, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. Por el derecho a la preservación de la unidad familiar en los supuestos del artículo 55 de esta Ley;

III. Que sean jubilados o pensionados que perciban de un gobierno extranjero o de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, un ingreso que les permita vivir en el país;

IV. Por decisión del Instituto, conforme al sistema de puntos que al efecto se establezca, en términos del artículo 57 de esta Ley;

V. Porque hayan transcurrido cuatro años desde que el extranjero cuenta con un permiso de residencia temporal;

VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento, y

VII. Por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento.

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes permanentes tendrán la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.

Asimismo, los residentes permanentes podrán introducir sus bienes muebles, en la forma y términos que determine la legislación aplicable.

Las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de la condición de refugiado, el otorgamiento de la protección complementaria y la determinación de apátrida, se regirán por lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y demás leyes aplicables.

Artículo 55. Los residentes permanentes tendrán derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las siguientes personas, mismas que podrán residir en territorio nacional bajo la misma condición de estancia y con las prerrogativas señaladas en el artículo anterior:

I. Padre o madre del residente permanente;

II. Cónyuge, al cual se le concederá la condición de estancia de residente temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre y cuando subsista el vínculo matrimonial;

III. Concubinario, concubina, o figura equivalente al cual se le concederá la condición de estancia de residente temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre y cuando subsista el concubinato;

IV. Hijos del residente permanente y los hijos del cónyuge o concubinario o concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia, y

V. Hermanos del residente permanente, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o estén bajo su representación legal.

Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas que obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y demás legislación aplicable.

Artículo 56. Los mexicanos tendrán el derecho la preservación de la unidad familiar por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las siguientes personas extranjeras:

I. Padre o madre;

II. Cónyuge, al cual se le concederá la condición de estancia de residente temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre y cuando subsista el vínculo matrimonial;

III. Concubinario o concubina, acreditando dicha situación jurídica conforme a los supuestos que señala la legislación civil mexicana, al cual se le concederá la condición de estancia de residente temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre y cuando subsista el concubinato;

IV. Hijos nacidos en el extranjero, cuando de conformidad con el artículo 30 de la Constitución no sean mexicanos;

V. Hijos del cónyuge, concubinario o concubina extranjeros, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o estén bajo su representación legal, y

VI. Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o estén bajo su representación legal.

Artículo 57. La Secretaría, podrá establecer mediante disposiciones administrativas de carácter general que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, un sistema de puntos para que los extranjeros puedan adquirir la residencia permanente sin cumplir con los cuatro años de residencia previa. Los extranjeros que ingresen a territorio nacional por la vía del sistema de puntos contarán con permiso de trabajo y tendrán derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las personas señaladas en el artículo 55 de esta Ley.

La Secretaría a través del Sistema de Puntos, permitirá a los extranjeros adquirir la residencia permanente en el país. Dicho sistema deberá considerar como mínimo lo siguiente:

I. Los criterios para el ingreso por la vía del sistema de puntos, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 18, fracción II de esta Ley para el establecimiento de cuotas para el ingreso de extranjeros al territorio nacional;

II. Las capacidades del solicitante tomando en cuenta entre otros aspectos el nivel educativo; la experiencia laboral; las aptitudes en áreas relacionadas con el desarrollo de la ciencia y la tecnología; los reconocimientos internacionales, así como las aptitudes para desarrollar actividades que requiera el país, y

III. El procedimiento para solicitar el ingreso por dicha vía.

Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a que las autoridades migratorias les expidan la documentación que acredite su situación migratoria regular una vez cubiertos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento. Cuando la documentación que expidan las autoridades migratorias no contenga fotografía, el extranjero deberá exhibir adicionalmente su pasaporte o documento de identidad y viaje vigente.

Artículo 59. Los residentes temporales y permanentes, con excepción de aquellos que soliciten asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado o determinación de apátridas, tendrán un plazo de treinta días naturales contados a partir de su ingreso a territorio nacional, para gestionar ante el Instituto la tarjeta de residencia correspondiente, misma que permanecerá vigente por el tiempo que se haya autorizado la estancia. Con esta tarjeta acreditarán su situación migratoria regular en territorio nacional mientras esté vigente.

Los solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado, que sean determinados como apátridas o que se les otorgue protección complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia permanente a la conclusión del procedimiento correspondiente.

Obtenida la tarjeta de residencia, los residentes temporales y permanentes tendrán derecho a obtener de la Secretaría la Clave Única de Registro de Población.

Los requisitos y procedimientos para obtener la tarjeta de residencia correspondiente serán establecidos en el Reglamento.

Artículo 60. Los extranjeros independientemente de su condición de estancia, por sí o mediante apoderado, podrán, sin que para ello requieran permiso del Instituto, adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos, con las restricciones señaladas en el artículo 27 de la Constitución y demás disposiciones aplicables.

Artículo 61. Ningún extranjero podrá tener dos condiciones de estancia simultáneamente.

Artículo 62. Los extranjeros a quienes se autorice la condición de estancia de residentes temporales podrán solicitar al Instituto que autorice el cambio de su condición de estancia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento.

Artículo 63. El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de residente temporal o de residente permanente.

Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al Instituto de cualquier cambio de estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa a la cual ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de los noventa días posteriores a que ocurra dicho cambio.

Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o permanente, por las siguientes causas:

I. Manifestación del extranjero de que su salida es definitiva;

II. Autorización al extranjero de otra condición de estancia;

III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto documentación oficial apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta;

IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas establecidas en esta Ley;

V. Perder el extranjero el reconocimiento de su condición de refugiado o protección complementaria, de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables; y

VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública.

Artículo 65. Los extranjeros deberán acreditar su situación migratoria regular en el país, en los actos jurídicos en los que se requiera de la intervención de los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces, en lo relativo a cuestiones inmobiliarias, y los corredores de comercio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, la Ley de Inversión Extranjera y demás leyes y disposiciones aplicables, los extranjeros deberán formular las renuncias correspondientes.

TÍTULO QUINTO

DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL TERRITORIO NACIONAL

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley.

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria.

Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.

Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley.

Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de:

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano;

II. El motivo de su presentación;

III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable;

IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado;

V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y

VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley.

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.

Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes.

Artículo 72. La Secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes que realizan las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, las mujeres, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores.

Para tal efecto, la Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios y con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.

En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acampanado.

Artículo 75. La Secretaría celebrará convenios de colaboración con dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para el efecto de establecer acciones de coordinación en materia de prevención, persecución, combate y atención a los migrantes que son víctimas del delito.

Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes.

TITULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN Y REGULACIÓN MIGRATORIA

Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes.

Artículo 78. Los interesados podrán solicitar copia certificada de las promociones y documentos que hayan presentado en el procedimiento administrativo migratorio y de las resoluciones que recaigan a éstos, las que serán entregadas en un plazo no mayor de quince días hábiles.

Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental respecto de información reservada y confidencial.

Artículo 79. El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley.

Artículo 80. Al ejercer sus facultades de control, verificación y revisión migratoria, el Instituto deberá consultar e informar a las autoridades responsables de la Seguridad Nacional sobre la presentación o identificación de sujetos que tengan vínculos con el terrorismo o la delincuencia organizada, o cualquier otra actividad que ponga en riesgo la Seguridad Nacional y deberá, adicionalmente, coadyuvar en las investigaciones que dichas autoridades le requieran.

CAPÍTULO II

DEL CONTROL MIGRATORIO

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.

El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 82. El personal del Instituto tiene prioridad, con excepción del servicio de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en medios de transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en los puertos, fronteras y aeropuertos.

Artículo 83. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes de que el Instituto efectúe la inspección correspondiente.

Artículo 84. Ningún transporte aéreo o marítimo en tránsito internacional podrá salir de aeropuertos o puertos, antes de que se realice la inspección de salida por el Instituto y de haberse recibido de éstas la autorización para su despacho.

Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de organismos internacionales que se internen en el país en comisión oficial, así como los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se encuentren a bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de inmunidades.

De acuerdo con la costumbre internacional, a los funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales en comisión oficial se les darán las facilidades necesarias para internarse al país, cumpliendo con los requisitos de control migratorio.

Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el Instituto por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente Ley, deberá abandonar el país por cuenta de la empresa que lo transportó, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Ley.

El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, es la determinación adoptada por el Instituto en los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En el caso de transporte marítimo, cuando se determine el rechazo del extranjero, no se autorizará su desembarco. Cuando exista imposibilidad material de salida de la embarcación de territorio nacional, el extranjero será presentado y se procederá a su inmediata salida del país con cargo a la empresa naviera.

Artículo 87. Cuando las autoridades migratorias adviertan alguna irregularidad en la documentación que presente una persona que se pretenda internar al territorio nacional, o no satisfaga los requisitos exigidos en esta Ley o tenga algún impedimento legal, se procederá a efectuar una segunda revisión.

Artículo 88. En el caso de que el Instituto determine el rechazo del extranjero, se levantará constancia por escrito en la que se funde y motive la causa de inadmisibilidad al país de la persona de que se trate.

Artículo 89. Los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire deberán contar con espacios adecuados para la estancia temporal de éstas en tanto se autoriza su ingreso, o bien, se resuelve el rechazo a que hubiere lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 90. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito internacional sin la autorización previa de las autoridades sanitarias y del personal del Instituto.

Artículo 91. Las empresas de transporte responderán pecuniariamente de las violaciones que a la presente Ley y su Reglamento cometan sus empleados, agentes o representantes, sin perjuicio de la responsabilidad directa en que incurran éstos.

CAPÍTULO III

DE LA VERIFICACIÓN MIGRATORIA

Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento.

Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes:

I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;

II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y

III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder.

La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones de orden público.

La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven.

Artículo 93. El Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente.

Artículo 94. Los extranjeros, cuando sean requeridos por el Instituto deberán comprobar su situación migratoria regular en el país, en los términos señalados en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del Instituto para que resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título.

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, el acta que al efecto se levante deberá contener los datos necesarios para que se proceda a citar al extranjero para continuar el procedimiento de que se trate.

Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria.

CAPÍTULO IV

DE LA REVISIÓN MIGRATORIA

Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros.

La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará.

Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley.

CAPÍTULO V

DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS

Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional.

La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.

Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición.

Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio.

Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá:

a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad;

b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá;

c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y

d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana.

La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley.

Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien, que cuente con una orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables.

En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o absolutoria, deberán notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte.

Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título.

Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de conformidad con el artículo 96 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO VI

DE LOS DERECHOS DE LOS ALOJADOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS

Artículo 106. Para la presentación de migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime convenientes.

No se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada. En ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente.

Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;

II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.

Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;

III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente;

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;

V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;

VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular;

IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y

X. Las demás que establezca el Reglamento.

El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 108. A fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina se mantendrán con apego a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría y respetando en todo momento sus derechos humanos.

Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria:

I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso;

II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto;

III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas;

V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio;

VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español;

VII. Acceder a comunicación telefónica;

VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;

IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal;

X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones;

XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria;

XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;

XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, y

XV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría.

Artículo 110. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en los dormitorios de mujeres, será exclusivamente del sexo femenino.

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.

El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad V/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;

II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;

III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;

IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado;

V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país, y

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles.

Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

CAPÍTULO VII

DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo su custodia y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria.

Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicable;

II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación, de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

III. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o estación migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;

IV. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño, niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica;

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente.

V. En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente o de la institución de asistencia del niño, niña o adolescente del país de que se trate se procederá a la búsqueda de sus familiares adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular.

En el caso de que el niño, niña o adolescente se ubique en los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a la regularización de su situación migratoria, y

VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia.

El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia.

Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional cuyo estado emocional no les permita tomar una decisión respecto a si desean retornar a su país de origen o permanecer en territorio nacional, el Instituto tomará las medidas pertinentes a fin de que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas o privadas especializadas que puedan brindarles la atención que requieren.

En el caso de que los extranjeros víctimas de delito tengan situación migratoria regular en el país o hayan sido regularizados por el Instituto en términos de lo dispuesto por la presente Ley, el Instituto podrá canalizarlos a las instancias especializadas para su debida atención.

El procedimiento que deberá seguir el Instituto para la detección, identificación y atención de extranjeros víctimas del delito se regulará en el Reglamento.

CAPÍTULO VIII

DEL RETORNO ASISTIDO Y LA DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTREN IRREGULARMENTE EN TERRITORIO NACIONAL

Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 115. El Instituto contará con los mecanismos de retorno asistido y deportación para hacer abandonar el territorio nacional a aquél extranjero que no observó las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 116. La Secretaría en· coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir instrumentos internacionales con dependencias u órganos de otros países y con organismos internacionales, en materia de retorno asistido, seguro, digno, ordenado y humano de extranjeros que se encuentren irregularmente en territorio nacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 117. El Reglamento establecerá los lineamientos que deben contener los instrumentos interinstitucionales a que se refiere el artículo anterior, así como las previsiones necesarias para la regulación de este capítulo.

Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en los instrumentos interinstitucionales, los extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos:

I. Se encuentren irregularmente en el territorio nacional, a disposición del Instituto, y

II. No exista restricción legal emitida por autoridad competente para que abandonen el país.

En el caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio del retorno asistido, se procederá a su presentación, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 119. El retorno asistido de mayores de dieciocho años que se encuentren irregularmente en territorio nacional se llevará a cabo a petición expresa del extranjero y durante el procedimiento se garantizará el pleno respeto de sus derechos humanos. Previo al retorno asistido, el extranjero tendrá derecho a:

I. Ser informado de su derecho a recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

II. Recibir información acerca de la posibilidad de permanecer en el país de manera regular, así como del procedimiento de retorno asistido, incluyendo aquella relativa a los recursos jurídicos disponibles;

III. Avisar a sus familiares, representante legal o persona de su confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de éste, para tal efecto, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

IV. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, para el caso de que no hable o no entienda el español;

V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio;

VI. Que el Instituto se cerciore que el extranjero pasee la nacionalidad o residencia regular del país receptor;

VII. Ser trasladado juntos con sus efectos personales, y

VIII. Que en el caso de que el extranjero sea rechazado por el país de destino, sea devuelto al territorio de los Estados Unidos Mexicanos para que el Instituto defina su situación migratoria.

Artículo 120. En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos.

En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país receptor. Asimismo, se deberán tomar en consideración:

I. El interés superior de estas personas para garantizar su mayor protección, y

II. Su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que serán trasladados a su país de origen.

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el de víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su mayor protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación migratoria.

Artículo 121. El extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido o de deportación, permanecerá asegurado en la estación migratoria, observándose lo dispuesto en el artículo 111 de la presente Ley.

El retorno asistido y la deportación no podrán realizarse más que al país de origen o de residencia del extranjero, exceptuando el caso de quiénes hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso se observará el principio de no devolución.

Artículo 122. En el procedimiento de deportación, los extranjeros tendrán derecho a:

I. Ser notificados del inicio del procedimiento administrativo migratorio;

II. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ésta, excepto en el caso de que hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

III. Avisar a sus familiares o persona de confianza, ya sea en territorio nacional o fuera de éste, para tal efecto se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;

IV. Recibir información acerca del procedimiento de deportación, así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto;

V. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, para el caso de que no hable o no entienda el español, y

VI. Recibir asesoría legal.

Artículo 123. En todo caso, el Instituto proporcionará los medios de transporte necesarios para el traslado de los extranjeros al país de origen o de residencia. Asimismo, deberá preverse de ser el caso, el suministro de agua potable y los alimentos necesarios durante el trayecto, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

En los mecanismos contenidos en este capítulo, los extranjeros deberán estar acompañados por las autoridades migratorias mexicanas, las cuales deberán en todo momento respetar los derechos humanos de los extranjeros.

Artículo 124. Los extranjeros que con motivo del procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido regresen a su país de origen o de residencia, serán puestos a disposición de la autoridad competente en el país receptor, en la forma y términos pactados en los instrumentos interinstitucionales celebrados con los países de origen.

Artículo 125. Sólo por caso fortuito o fuerza mayor podrá suspenderse temporalmente el traslado de extranjeros que soliciten el retorno asistido, reanudándose una vez que sea superada la causa que originó la suspensión.

CAPÍTULO IX

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO EN MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA

Artículo 126. Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y requisitos que se precisen en la Ley, el Reglamento y en otras disposiciones administrativas de carácter general.

Artículo 127. La solicitud de visa deberá presentarla personalmente el extranjero interesado en las oficinas consulares, con excepción de los casos de derecho a la preservación de la unidad familiar, oferta de empleo o razones humanitarias, que podrán tramitar en territorio nacional, en los términos establecidos en el artículo 41 de esta Ley.

Artículo 128. La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo.

Si el particular lo requiere, la autoridad emitirá constancia de tal hecho, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de expedición de la referida constancia.

Artículo 129. Las solicitudes de expedición de visa presentadas en las oficinas consulares deberán resolverse en un plazo de diez días hábiles.

Artículo 130. Si el interesado no cumple con los requisitos aplicables al trámite migratorio que solicita, la autoridad migratoria lo prevendrá conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y le otorgará un plazo de diez días hábiles a partir de que se le notifique dicha prevención para que subsane los requisitos omitidos. En caso de que no se subsanen los requisitos, se desechará el trámite.

Artículo 131. Los informes u opiniones necesarios para la resolución de algún trámite migratorio que se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en un plazo no mayor a diez días naturales. En caso de no recibirse el informe u opinión en dicho plazo, el Instituto entenderá que no existe objeción a las pretensiones del interesado.

Artículo 132. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su situación migratoria, cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

I. Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar su situación migratoria regular;

II. Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se encuentre vencida, o

III. Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los cuales se les otorgó una determinada condición de estancia.

Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en territorio nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al extranjero la condición de estancia que corresponda conforme a esta Ley.

Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la regularización de su situación migratoria los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

I. Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona mexicana o de persona extranjera con condición de estancia de residente;

II. Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación legal o custodia de persona mexicana o extranjera con condición de estancia de residente;

III. Que el extranjero sea identificado por el Instituto o por autoridad competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional;

IV. Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido; y

V. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes.

Artículo 134. Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su situación migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley, cuando:

I. Habiendo obtenido autorización para internarse de forma regular al país, hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando presenten su solicitud dentro de los sesenta días naturales siguientes al vencimiento del período de estancia autorizado, o

II. Realicen actividades distintas a las que les permita su condición de estancia.

Para el efecto anterior, deberán cumplir los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 135. Para realizar el trámite de regularización de la situación migratoria, el extranjero deberá cumplir con lo siguiente:

I. Presentar ante el Instituto un escrito por el que solicite la regularización de su situación migratoria, especificando la irregularidad en la que incurrió;

II. Presentar documento oficial que acredite su identidad;

III. Para el caso de que tengan vínculo con mexicano o persona extranjera con residencia regular en territorio nacional, deberán exhibir los documentos que así lo acrediten;

IV. Para el supuesto de que se hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, deberán presentar el documento migratorio vencido;

V. Acreditar el pago de la multa determinada en esta Ley, y

VI. Los previstos en esta Ley y su Reglamento para la condición de estancia que desea adquirir.

Artículo 136. El Instituto no podrá asegurar al extranjero que acuda ante el mismo a solicitar la regularización de su situación migratoria.

Para el caso de que el extranjero se encuentre en un estación migratoria y se ubique en los supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de esta Ley, se les extenderá dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de que el extranjero acredite que cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan a las oficinas del Instituto a regularizar su situación migratoria, salvo lo previsto en el artículo 113 en el que se deberá respetar el período de reflexión a las víctimas o testigos de delito.

El Instituto contará con un término de treinta días naturales, contados a partir del ingreso del trámite correspondiente, para resolver sobre la solicitud de regularización de la situación migratoria.

Artículo 137. El Instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un periodo determinado a los extranjeros que tengan un trámite pendiente de resolución que no haya causado estado.

El Instituto expedirá una orden de salida del país a los extranjeros, cuando:

I. Se desistan de su trámite migratorio;

II. El trámite migratorio le sea negado, y

III. Así lo solicite el extranjero.

En estos casos, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo concedido por el Instituto y podrá reingresar de forma inmediata, previo cumplimiento de los requisitos que establece esta Ley.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LAS SANCIONES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS SANCIONES

Artículo 138. El Instituto impondrá las sanciones a que se refiere esta Ley, dentro de los límites señalados para cada infracción, con base en la gravedad de la misma y el grado de responsabilidad del infractor, tomando en cuenta:

I. Las circunstancias socioeconómicas del infractor;

II. Las condiciones exteriores, los antecedentes del infractor y los medios de ejecución;

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;

IV. El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, y

V. El nivel jerárquico del infractor y su antigüedad en el servicio, tratándose de autoridades distintas al Instituto.

Artículo 139. Los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracción a esta Ley, se destinarán al Instituto para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona.

CAPÍTULO II

DE LAS CAUSAS PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO

Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas:

I. Sin estar autorizados, den a conocer cualquier información de carácter confidencial o reservado;

II. Dolosamente o por negligencia retrasen el trámite normal de los asuntos migratorios;

III. Por sí o por intermediarios intervengan de cualquier forma en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o su Reglamento o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones o trámites migratorios a los interesados o a sus representantes;

IV. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria;

V. Faciliten a los extranjeros sujetos al control migratorio los medios para evadir el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;

VI. Por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la autoridad competente, y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.

Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución, la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 141. Las sanciones a los servidores públicos del Instituto, serán aplicadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 142. Se impondrá multa de cien a un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que sin permiso del Instituto autorice u ordene el despacho de un transporte que haya de salir del territorio nacional.

CAPÍTULO III

DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes.

Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley.

La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos previstos en el artículo 144 de esta Ley.

Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que:

I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas;

II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia;

III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serio;

IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública;

V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y

VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto.

En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría.

En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva.

Artículo 145. A los extranjeros que soliciten la regularización de su situación migratoria en los términos previstos en las fracciones I y II del artículo 133 de esta Ley, se les impondrá una multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los extranjeros que se encuentren en los supuestos de las fracciones III, IV y V del artículo 133 de esta Ley no serán acreedores a ninguna multa.

Artículo 146. A los extranjeros que se les autorice la regularización de su situación migratoria en los términos previstos en el artículo 134 de esta Ley, se les impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 147. Salvo que se trate de autoridad competente a quien, sin autorización de su titular retenga la documentación que acredite la identidad o la situación migratoria de un extranjero en el país, se impondrá multa de un mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 148. El servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza mayor, niegue a los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley, así como los que soliciten requisitos adicionales a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se harán acreedores a una multa de veinte a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con independencia de las responsabilidades de carácter administrativo en que incurran.

Esta sanción será aplicada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o de la ley que corresponda, de acuerdo con el carácter del servidor público responsable.

Artículo 149. A cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y permita que se sustraiga del control del Instituto, se le sancionará con multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra cuando ello constituya un delito y de que se le haga efectiva la garantía prevista en el artículo 102 de esta Ley.

Artículo 150. Se impondrá multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste último pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que esta Ley establece para estos casos.

Igual sanción se impondrá al extranjero que contraiga matrimonio con mexicano en los términos del párrafo anterior.

Artículo 151. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que el Instituto otorgue el permiso correspondiente.

Artículo 152. El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, se castigará con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se impondrá a las personas físicas o morales con actividades comerciales dedicadas al transporte internacional de personas, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes.

Artículo 153. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que el extranjero de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia.

Artículo 154. Serán responsables solidarios, la empresa propietaria, los representantes, sus consignatarios, así como los capitanes o quienes se encuentren al mando de transportes marítimos, que desobedezcan la orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados o deportados por la autoridad competente de territorio nacional, y serán sancionados con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

A las empresas propietarias de transportes aéreos se les impondrá la misma sanción. En ambos supuestos se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar las particularidades del caso.

Artículo 155. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salarió mínimo general vigente en el Distrito Federal a la empresa propietaria, sus representantes o sus consignatarios cuando la embarcación salga de puertos nacionales en tráfico de altura antes de que se realice la inspección de salida por el Instituto y de haber recibido de éstas, la autorización para efectuar el viaje.

Artículo 156. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades migratorias, será castigada con multa de diez hasta cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o arresto hasta por treinta y seis horas.

La misma sanción se impondrá a la persona que, sin facultades para ello autorice la visita a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 157. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la empresa de transporte internacional aéreo o marítimo que incumpla con la obligación de transmitir electrónicamente la información señalada en el artículo 46 de esta Ley.

Igual sanción podrá imponerse para el caso de que la transmisión electrónica sea extemporánea, incompleta o contenga información incorrecta.

Artículo 158. Se impondrá multa de veinte hasta cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los residentes temporales y permanentes que se abstengan de informar al Instituto de su cambio de estado civil, domicilio, nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de forma extemporánea.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS DELITOS EN MATERIA MIGRATORIA

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS DELITOS

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien:

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;

II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria.

Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente.

No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria.

Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen:

I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior;

II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, o

III. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público.

Artículo 161. Al servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier persona a violar las disposiciones contenidas en la presente Ley, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo 162. En los casos de los delitos a que esta Ley se refiere, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público de la Federación se realizará de oficio. El Instituto estará obligado a proporcionar al Ministerio Público de la Federación todos los elementos necesarios para la persecución de estos delitos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La Ley de Migración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las disposiciones que están sujetas a la vacancia prevista en el artículo Segundo Transitorio.

SEGUNDO. El artículo 10; las fracciones I, II, III y VI del artículo 18; el artículo 21; los Capítulos I y II del Título Cuarto; el último párrafo del artículo 74; los artículos 101 y 102; el artículo 117; el último párrafo del artículo 112; los artículos 126 y 127, y los artículos 149, 157 y 158 de la Ley de Migración, entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la misma Ley.

TERCERO. Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.

CUARTO. Las disposiciones administrativas de carácter general en materia migratoria emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de Ley de Migración, continuarán vigentes en todo lo que no se le opongan, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma.

QUINTO. Las erogaciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, deban realizar para dar cumplimiento a las acciones establecidas en la Ley de Migración, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada para ese fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

SEXTO. Para efectos de la aplicación de la Ley de Migración, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

I. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante, dentro de las características de turista, transmigrante, visitante en todas sus modalidades excepto los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante dentro de la característica de Visitante Local, otorgada a los nacionales de los países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de los Estados Unidos Mexicanos, ministro de culto, visitante distinguido, visitante provisional y corresponsal, se equiparán al Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas;

II. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante dentro de la característica de Visitante Local, otorgada a los nacionales de los países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de los Estados Unidos Mexicanos, se equipará al Visitante Regional;

III. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante, dentro la característica de estudiante, se equiparán al Residente temporal Estudiante;

IV. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante, dentro las características de asilado político y refugiado, se equiparán al Residente permanente;

V. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de Inmigrante, dentro las características de rentista, inversionista, profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiar, artista y deportista o asimilados, se equiparán al Residente temporal, y

VI. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de inmigrado, se equipararán al Residente permanente.

SÉPTIMO. Las referencias realizadas en la Ley de Migración al auto de vinculación a proceso, quedarán entendidas al término vigente de auto de formal prisión, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el artículo 19 constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

OCTAVO. La Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la Federación, las reglas relativas al Sistema de Puntos previsto en la Ley de Migración, dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de su entrada en vigor.

NOVENO. Los trámites migratorios que se encuentren en proceso o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Migración, deberán concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.

DÉCIMO. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de Migración, por el delito previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 77, el artículo 81, los artículos 83 y 84; se derogan las fracciones VII y VIII del artículo 3°, los artículos 7 al 75, los artículos 78 al 80, el artículo 82, las fracciones II, III y V del artículo 113, los artículos 116 al 118, los artículos 125 al 141 y los artículos 143 al 157, y se adiciona una fracción III al artículo 76 y el artículo 80 bis de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I a VI. ...

VII a VIII. (Se derogan)

IX a XIV. ...

Artículo 7 al 75. (Se derogan).

Artículo 76. ...

I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictar medidas para regularla;

II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos, y

III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, la celebración de acuerdos con los gobiernos de otros países, para que la emigración se realice por canales legales, seguros y ordenados, a través de programas de trabajadores temporales u otras formas de migración.

Artículo 77. Se considera emigrante al mexicano o extranjero que se desplace desde México con la intención de cambiar de residencia o país.

Artículo 78 al 80. (Se derogan)

Artículo 80 bis. El Gobierno Federal, en coordinación con los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipales deberá:

I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio nacional;

II. Crear programas para atender los impactos de la emigración en las comunidades de origen, especialmente en lo relacionado con la problemática de la desintegración familiar y con la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo 81. Se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país.

Artículo 82. (Se deroga).

Artículo 83. La Secretaría estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Artículo 84. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos.

Asimismo, la Secretaría vigilará que en la recepción de mexicanos regresados por gobiernos extranjeros, se respeten sus derechos y se cumpla con los’ acuerdos internacionales en la materia.

Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una adecuada recepción, poniendo especial énfasis en la revisión de su estado de salud, en la comunicación con sus familiares y apoyándolos en el traslado a su lugar de residencia en México.

Artículo 113. ...

I. ...

II. a III. (Se derogan).

IV ....

V. (Se deroga).

Artículo 116 al 118. (Se derogan).

Artículo 125 al 141. (Se derogan).

Artículo 143 al 157. (Se derogan).

ARTÍCULO TERCERO. Se deroga el artículo 156 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 156. (Se deroga).

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma la fracción V del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. ...

I a IV. ...

V. De la Ley de Migración, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159.

VI. a XVIII. ...

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 2° fracción III de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a II. ...

III. Tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;

IV a VII. ...

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 51, fracción IV de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue;

Artículo 51. ...

I. ...

a) a n) ...

II a III. ..

IV. De la Ley de Migración, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159, y

VI ...

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el artículo 13 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 13. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Igualmente podrán hacerlo los extranjeros siempre que comprueben su situación migratoria regular en el país, en los términos de la Ley de Migración.

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 3o y 33, fracción I, inciso d) de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros en el país con la condición de estancia de Residente Permanente, salvo aquélla realizada en las actividades contempladas en los Títulos Primero y Segundo de esta Ley.

Artículo 33. ...

I. En los supuestos de las fracciones I y II:

a) al c). ...

d) Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y condición de estancia en su caso, domicilio de los inversionistas extranjeros en el exterior o en el país y su porcentaje de participación;

e) y f). ...

II. ...

...

...

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 43, fracción IV, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 43. ...

I a III. ...

IV. Los ingresos fiscales que se obtengan de manera proporcional por la recaudación del Derecho por la autorización de la condición de estancia a los extranjeros, en los términos establecidos por la Ley Federal de Derechos, y

V ...

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE MIGRACIÓN Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, Y DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las derogaciones a las fracciones VII y VIII del artículo 3° y a los artículos 7 a 75, que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración.

Las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pública, a la Ley de Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración.

TERCERO. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la Ley de Migración.

CUARTO. Las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria durante la vigencia de las disposiciones de la Ley General de Población que se derogan, surtirán sus plenos efectos jurídicos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 24 de febrero de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Justicia para dictamen, y a las Comisiones de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación

El suscrito, senador Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 15 de febrero, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos que realicen para la obtención de servicios educativos.

El estímulo que deriva de dicho decreto consiste en la posibilidad de deducir las colegiaturas que paguen los contribuyentes a escuelas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, para efecto de calcular el impuesto sobre la renta que deberán enterar a la hacienda pública en su declaración anual.

El beneficio aplica sólo a personas físicas respecto de las colegiaturas de los niveles básico (preescolar, primaria, secundaria) y medio superior (técnica, preparatoria o bachillerato) erogadas para los estudios del propio contribuyente, de su cónyuge o concubina, de sus hijos o de sus padres.

Además, se establecen montos máximos de deducibilidad (equivalentes al gasto por alumno que el gobierno federal ejerce en dichos niveles de educación) que van desde 12 mil 900 hasta 24 mil 500 pesos anuales, dependiendo del nivel educativo de que se trate.

Según informa el propio decreto, la medida se sustenta en la necesidad de “apoyar a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso en la educación de sus hijos”, con la pretensión de “fortalecer la economía familiar” generando una “mayor disponibilidad de recursos en el hogar” para que sean destinados a otros rubros de gasto “indispensables para el mejoramiento y bienestar en el hogar”.

II. El decreto es discutible por diversas causas:

1. Es conocido el grave déficit de cobertura que presenta la educación pública en el país, sobre todo en los niveles secundaria y bachillerato, y las magras condiciones de infraestructura y calidad con que el operan los servicios públicos educativos. Ello implica una infracción del Estado mexicano en su obligación constitucional de garantizar educación gratuita, suficiente y de calidad a todos los gobernados, frente a su correlativo derecho a recibirla.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo federal se precipita hacia una política pública que en última instancia incentiva el acceso de los gobernados a la educación que imparten los particulares, renunciando con ello a la obligación estatal referida. Incluso, el discurso pronunciado por el titular del Ejecutivo el pasado 14 de febrero admite la falla estatal al afirmar que “los alumnos que asisten a escuelas privadas no representan un costo para el Estado en materia de educación, aun cuando sus familias siguen contribuyendo a financiar el gasto de la educación pública a través del pago de sus impuestos”. Entonces, la lógica del decreto se orienta hacia la renuncia del Estado a las contribuciones que enteran quienes no hacen uso de los servicios educativos públicos, y en esa medida advierte el Ejecutivo “un principio elemental de justicia distributiva”.

2. Se equivoca, sin duda, el Ejecutivo. El estímulo fiscal ofrecido en su decreto tiene un carácter no distributivo, es decir regresivo, pues el acceso al mismo se encuentra limitado por diversas normas fiscales que contraen el universo de beneficiarios.

En principio, el beneficio sólo se dirige a quienes tienen la posibilidad de pagar una colegiatura; por ello, la medida desatiende a una gran mayoría de mexicanos a quienes está vedado el acceso a la educación privada, por el bajo o nulo nivel de su ingreso, siendo, además, quienes enfrentan en mayor medida los problemas de acceso a la educación pública, sea porque las cada vez más precarias condiciones económicas les exigen la búsqueda temprana de un mínimo ingreso familiar, o bien porque son víctimas de la carencia de espacios educativos suficientes.

Pero el reducido universo de posibles beneficiarios del “estímulo” se acota aún más si se entiende que sólo podrán realizar la deducción quienes realicen declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria.

Es decir, en general, las deducciones podrán realizarlas quienes paguen colegiaturas y perciben más de 400 mil 000 pesos al año, expidan recibos de honorarios por su trabajo (profesionistas y otros autoempleados) o reciban ingresos acumulables distintos de salarios, según dispone el artículo 117 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los trabajadores asalariados o quienes tributan en el régimen de asimilados a salarios, cuyos impuestos son retenidos por el patrón, no presentan declaración anual, por lo que no pueden realizar la deducción contenida en el decreto. Por ello, el beneficio no es aplicable a un sector importante de la clase media a media alta que labora en oficinas gubernamentales o en empresas públicas y privadas cuyo patrón retiene y entera el ISR en su nombre.

Entonces, el estímulo fiscal se vuelve regresivo, pues beneficia en mayor medida a quienes perciben un ingreso de medio a alto; desestima a la mayoría de quienes realizan un verdadero esfuerzo para pagar por el servicio educativo; relega nuevamente a quienes perciben bajos o nulos ingresos, y renuncia a un importante ingreso fiscal que bien pudiera utilizarse para mejorar la oferta educativa del Estado mediante un ejercicio efectivamente redistributivo.

III. Si bien las apreciaciones anteriores pueden ser sujetas a la discusión en el plano de la confección e implantación de las políticas públicas, desde la perspectiva de la estricta legalidad que deben revestir los actos de autoridad, resulta muy dudosa la facultad que alude el Ejecutivo federal para establecer el estímulo.

El decreto en cuestión está fundado en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39 del Código Fiscal de la Federación, que, en lo conducente, se expresan en los siguientes términos:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VIII. ...

IX. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que lo competa a otra secretaría;

...

Código Fiscal de la Federación

Artículo 39. El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional.

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo federal deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.

Los mismos fundamentos han sido utilizados por el titular del Ejecutivo federal para emitir otros instrumentos de idéntica naturaleza, por los cuales se confieren estímulos fiscales consistentes en condonaciones o exenciones del pago de contribuciones, prórrogas para realizar dichos pagos o deducciones de diversos gastos.

En 2010 se emitieron cinco decretos semejantes al que se comenta:

• Tres relacionados con desastres naturales: el sismo que afectó a Mexicali, BC, y San Luis Río Colorado, Son.; las inundaciones derivadas del huracán Alex en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y las inundaciones registradas en Veracruz por diversos fenómenos, casos en los cuales se concedió desde la prórroga para pagar el ISR hasta la posibilidad de deducir los gastos para reconstrucción.

• Uno más, que se refiere al pago de la tenencia, concediendo un crédito fiscal favorable por el monto de la misma a los armadores y vendedores de autos nuevos que opten por pagarla y descontarla al consumidor final.

• Y otro, por el que se conceden deducciones por las donaciones que reciban las asociaciones civiles (ajuste derivado de una reforma fiscal).

Al respecto, son claramente viables las potestades del Ejecutivo para condonar o eximir el pago de contribuciones en casos concretos, sobre todo tratándose de medidas emergentes, así como para aplazar o modificar la forma de su pago al fisco o para reglamentar los pormenores administrativos que den eficacia a la recaudación de impuestos. Ello, porque el ejercicio de dichas potestades no altera los elementos constitutivos de las contribuciones, los cuales deben estar contenidos en disposiciones legislativas, según ordena la fracción IV del artículo 31 constitucional.

En cambio, no presenta la misma viabilidad la potestad que la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación confiere al Ejecutivo para decretar estímulos fiscales, al menos no con tan amplio arbitrio. Sobre todo si consideramos que los estímulos que se conceden en forma de deducciones impactan en la determinación de la base gravable, elemento sustancial de las contribuciones que debe estar expresamente definido en una ley.

En efecto, el artículo 31 constitucional, en la fracción IV, considera cuatro principios que debe observar toda contribución: el de legalidad, el de proporcionalidad, el de equidad tributaría y el destino de toda contribución a sufragar el gasto público.

De entre ellos, el principio de legalidad es fundamental para nuestra discusión.

Éste consiste en que toda contribución, su forma, su contenido y alcances, así como sus elementos esenciales, como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, deben estar consignados de manera expresa en la ley, a efecto de evitar arbitrariedad de las autoridades exactoras y para dar plena certeza a los contribuyentes.

De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que el principio de legalidad de las contribuciones exige

... que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la federación, del estado o municipio en que resida (jurisprudencia de rubro Impuestos, elementos esenciales de los. Deben estar consignados expresamente en la ley).

Ahora bien, es claro que el Ejecutivo federal puede reglamentar diversos aspectos relativos al pago de las contribuciones haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Constitución federal. Pero no puede la autoridad administrativa hacer uso de dicha facultad para alterar los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución.

Al respecto, la Suprema Corte ha aclarado que los elementos que deberá contener la ley son aquéllos que generen certidumbre al contribuyente sobre el hecho o circunstancia objeto del gravamen, la forma de calcular la base gravable; la tasa o tarifa que debe aplicarse; las modalidades de forma, tiempo y lugar para realizar el pago y otras que permitan al gobernado conocer qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse.

Ahora bien, la propia Corte reconoce la posibilidad de que la autoridad administrativa determine o calcule alguno de los elementos que repercuten en el monto de la contribución sin que ello transgreda el principio de legalidad tributaria, siempre que “en las disposiciones formal y materialmente legislativas aplicables se prevea el procedimiento o mecanismo que aquélla debe seguir, con tal precisión que atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, se impida su actuación arbitraria y se genere certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributarias” (jurisprudencia de rubro Legalidad tributaria. La circunstancia de que el cálculo de algún elemento de las contribuciones corresponda realizarlo a una autoridad administrativa no conlleva, necesariamente, una transgresión a esa garantía constitucional).

Así, teniendo en cuenta que la base gravable de una imposición se compone de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente, misma que deriva de disminuir a la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio las deducciones autorizadas, es claro que dichas deducciones son elementos sustantivo s de la imposición de que se trate y, por ello, toda deducción debe estar contenida en una norma emanada de un acto formal y materialmente legislativo.

Lo anterior debe suceder, incluso, en el caso de los estímulos fiscales que se conceden mediante mecanismos de deducción de gastos. Si bien la autoridad administrativa puede determinar algunos elementos para el cálculo de la base gravable, incluso tratándose de deducciones, esta determinación no puede estar sujeta a su libre arbitrio, sino que es indispensable que derive de un procedimiento establecido en una ley.

Es decir, el estímulo debe estar dispuesto en ley y a la administración sólo se permite determinar cuándo se ha actualizado la hipótesis normativa que lo hace efectivo y cuál es el resultado del cálculo que la propia norma establece, conforme a los elementos técnicos a que ésta hace alusión. Pero no puede el Ejecutivo establecer un estímulo diverso del que fijan las leyes, a su libre arbitrio, pues ello impacta en forma directa la base gravable, convirtiéndose en un elemento sustantivo de la contribución que no ha sido establecido en ley y que, por tanto, la somete a un elemento de incertidumbre.

En la resolución dictada a contradicción de tesis 19/2005-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno del máximo tribunal define las deducciones que se otorgan con la forma de estímulos fiscales como “la prestación de carácter económico concedida al sujeto pasivo, que puede hacer valer en su favor respecto de un impuesto a su cargo, con el objeto de obtener a través de ese beneficio un fin parafiscal o extrafiscal”, concepto de cual extrae varios elementos:

1. El beneficiario debe ser contribuyente del impuesto. Este elemento es fundamental porque el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno de las cargas tributarias que pesan sobre él.

2. La situación especial del sujeto beneficiado establecida en abstracto en la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir el otorgamiento de dicho estímulo en su favor.

3. El objetivo parafiscal o extrafiscal. Éste es el elemento más relevante del estímulo fiscal que consta de un objetivo directo y un objetivo indirecto. El primero consiste comúnmente en obtener una actuación específica del sujeto beneficiado, y el segundo estriba en lograr a través de la conducta del propio contribuyente, efectos que trasciendan de su esfera personal al ámbito social.

Al final, la Suprema Corte concluye:

... los estímulos fiscales, además de ser útiles o benéficos para el sujeto pasivo, se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente una o varias actividades o usos sociales, con la condición de que sea objetiva la finalidad perseguida con ellos, no arbitraria ni caprichosa, respetando, además, los principios de justicia fiscal que les resulten aplicables cuando incidan directa o indirectamente en alguno de los elementos esenciales del tributo, como acontece en el impuesto sobre la renta en el que el estímulo puede revestir la forma de deducción que el contribuyente podrá efectuar sobre sus ingresos gravables, una vez que cumpla todos los requisitos previstos para tal efecto.

Es decir, la Corte identifica con claridad la circunstancia jurídica que venimos sosteniendo, a saber: que el estímulo que consiste en una deducción de gastos para efectos del cálculo del ISR, impacta en un elemento esencial de la contribución, como es la determinación de la base gravable, por lo que el estímulo debe quedar comprendido en la ley y no puede ser dispuesto por decreto administrativo.

IV. De todo lo expuesto se obtienen diversas conclusiones que esta soberanía debe considerar en aras de hacer valer la representación popular que ostenta a efecto de que, en última instancia, sean los propios gobernados quienes determinen por la vía representativa las formas y montos en que contribuirán al gasto público, buscando maximizar el beneficio colectivo.

En principio, la potestad que ejerce el Ejecutivo federal por vía de la cual impacta en forma directa los elementos sustanciales para determinar la base gravable del ISR, otorgando una deducción que no ha sido definida por la representación popular, es arbitraria, con lo que se corre el riesgo de que la contribución o sus elementos esenciales se tomen regresivos y lesionen los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributaria, como ha sucedido en el caso que motiva esta iniciativa.

En segundo lugar, la facultad concedida por la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación transgrede el principio de legalidad tributaria, lo que vicia con inconstitucionalidad la norma aludida.

Se trata sin duda de un resabio del antiguo régimen presidencialista, caracterizado por el otorgamiento de un poder omnímodo y extraconstitucional al titular del Ejecutivo federal, que implicaba además la renuncia expresa de un Congreso obediente a sus propias facultades constitucionales. Pero esta circunstancia ha cambiado, por lo que el Congreso debe actuar en consecuencia, derogar la potestad que se ha otorgado al Ejecutivo en forma anticonstitucional y recuperar a plenitud sus potestades legislativas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se deroga la fracción III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 39. El Ejecutivo federal mediante resoluciones de carácter general podrá

I. y II. ...

III. Derogado.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2011.— Senador Pablo Gómez Álvarez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

PERMISOS PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el día 15 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Jesús Iván Flores Contreras, Rebeca Aguirre Machado, Noel Urías Ramírez, Héctor Jiménez Franco y Henok Montoya Balvastro puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México, y en sus Consulados en Matamoros, Tamaulipas; Hermosillo, Sonora y Guadalajara, Jalisco, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Jesús Iván Flores Contreras  para prestar servicios como investigador en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Rebeca Aguirre Machado, para prestar servicios como asistente de Apoyo Administrativo en el Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Noel Urías Ramírez, para prestar servicios como guardia de seguridad en el Consulado de Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Jiménez Franco para prestar servicios como auxiliar en la Sección Consular del Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Henok Montoya Balvastro para prestar servicios como operador de computadoras el Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 1 de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 24 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Minako Nishimura Murakami, Eduardo Francisco Jiménez Gómez, Gerardo Mejía Lara, Ernesto Martínez Rivera y Juan Carlos Morales Moreno, puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México y en los Consulados de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León, y en Tijuana, Baja California, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento y de la declaración de nacional mexicana.

La solicitud no implica la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobierno extranjeros ni la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del Apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Minako Nishimura Murakami para prestar servicios como asistente en el Departamento Económico, en la Embajada de Japón, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Francisco Jiménez Gómez para prestar servicios como empleado de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Gerardo Mejía Lara para prestar servicios como empleado de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ernesto Martínez Rivera para prestar servicios como empleado de seguridad en la Oficina Regional de Seguridad, en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Juan Carlos Morales Moreno para prestar servicios como técnico electricista en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 1 de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

PERMISOS PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En sesión celebrada el 25 de noviembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite los expedientes que contienen las minutas con proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos Ibrahim Manuel Malja Castro, Rafael Eduardo García Urbina y Arturo Coronel Flores, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que, en diferentes grados, les otorgan los gobiernos de las Repúblicas de El Salvador, Argentina, Chile, Cuba, Federal de Alemania y Bolivariana de Venezuela, respectivamente, turnándose a la suscrita Comisión para su dictamen, los expedientes relativos.

Consideraciones

De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

Esta comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República, en la aprobación de las solicitudes, remitidas a la Cámara de Diputados en calidad de minutas con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso para que ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la Medalla Antorcha a la Excelencia Académica, que le otorga el gobierno de la República de El Salvador.

Artículo Segundo. Se concede permiso para que ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la Medalla Escuela Superior de Guerra, que le otorga el gobierno de la República de Argentina.

Artículo Tercero. Se concede permiso para que ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la Medalla Minerva, que le otorga el gobierno de la República de Chile.

Artículo Cuarto. Se concede permiso para que ciudadano Ibrahim Manuel Malja Castro pueda aceptar y usar la Medalla Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que le otorga el gobierno de la República de Cuba.

Artículo Quinto. Se concede permiso para que ciudadano Rafael Eduardo García Urbina pueda aceptar y usar la Medalla de Oro al Rendimiento Militar, que le otorga el gobierno de la República Federal de Alemania.

Artículo Sexto. Se concede permiso para que ciudadano Arturo Coronel Flores pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Estrella de Carabobo, en grado Único, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 1o. de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en abstención), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Por ahí tenemos pendiente un oficio de la Cámara de Senadores.

LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, senador a la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 8o. numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las grandes aspiraciones del pueblo de México ha sido la educación. Los mexicanos quieren que sus hijos no sólo vayan a la escuela, sino que reciban una educación de calidad. Nuestra Constitución Política contiene uno de los preceptos más acabados en torno a la materia educativa. Mientras otros tópicos torales para el desarrollo del país avanzan a tropezones, a una velocidad que para muchos no es la que requieren los retos frente al mundo, en el tema educativo las fuerzas políticas han coincidido y se observa una constante ampliación de los derechos de los mexicanos. A la decisión de hace unos años de hacer obligatoria la educación pre-escolar para garantizar el desarrollo de habilidades cognoscitivas en niñas y niños, como base no sólo para la adquisición de posteriores aprendizajes sino de pautas de socialización, se suma ahora la obligatoriedad de la educación media superior en beneficio de jóvenes con el propósito de que logren en las aulas una visión y experiencia de la democracia que se abre paso en la república, y que cuenten con la capacidad de insertarse en el competitivo mercado laboral de hoy día. Es de tal trascendencia la importancia de la educación para el país que cabe señalar que la Cámara de Diputados aprobó el 9 de diciembre del 2010 una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de hacer obligatoria la educación media superior.

Dicha reforma se encuentra en estudio en el Senado de la república.

Para tener un panorama sobre la situación de la educación en México resulta idóneo el Programa Sectorial de Educación 2007 -2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 2008.

Entre sus indicadores y metas, destaca el Objetivo 2 Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. A continuación, tomado de dicho Programa, en lo relativo al Objetivo 2 mencionado, podemos apreciar la situación en el país en torno a la necesidad de becas en los diferentes niveles de educación con una proyección hacia el 2012:

Como se puede apreciar la ampliación de la matrícula guarda una relación directa con el aumento de los diferentes tipos de becas que hoy día otorga el Estado Mexicano, sin desconocer que existen otros factores que de hecho inciden en esta circunstancia. El sentido económico de la beca estriba en que su monto permite al beneficiario no sólo financiar los gastos de materiales .educativos como útiles escolares junto con el uniforme, en su caso, sino que también constituye una cantidad equivalente a lo que el beneficiario aportaría a su familia si en lugar de acudir a la escuela estuviera trabajando. Por ello considero que la mejor forma de lograr un número de creciente de adolescentes en las aulas la encontramos en el otorgamiento sistemático de becas para un segmento cada vez mayor entre aquellos que las necesitan, pues la beca es el instrumento de entre todas las políticas públicas de desarrollo social que tiene la mayor factibilidad de mantener a los educandos dentro del proceso educativo.

El hecho de que las escuelas particulares tengan, de aprobarse esta propuesta, la opción de pagar con becas el Impuesto Empresarial a Tasa Única garantiza que dicha contribución se quede en el ámbito del sector educativo en lugar de dispersarse en las partidas del presupuesto general, quizás algunas de menor importancia. Sin perjuicio de entrar a un estudio en detalle, una simple observación nos permite considerar que desde el punto de vista del análisis costo- beneficio es más eficiente que dichos planteles otorguen becas que la administración destine de acuerdo a sus programas ya establecidos a alumnos de bajos ingresos, que pagar en numerario el tributo y generar una estructura tendiente a promover la participación de la juventud en el proceso educativo.

En el nivel bachillerato, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido la Reforma Integral de la Educación Media Superior, en cuyo marco se cuenta con los datos siguientes:

Datos oficiales indican que en México 4 millones de estudiantes asisten a 13 mil instituciones de educación media superior: 7 mil 500 públicas y 5 mil 500 privadas. Tres mil quinientas estarían incorporadas a la SEP. La Directora de Programas Sociales en la Universidad Social del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Laura Ruíz Pérez, ha señalado que muy pronto México se convertirá en la octava fuerza laboral a nivel mundial y de los resultados que obtengan los alumnos en las aulas de la Educación Media Superior, dependerá la competitividad del país.

Durante 2007 el nivel medio superior presentó los peores indicadores de todo el sistema educativo. Su deserción escolar alcanzó cerca del 40 por ciento. Es también el de mayor reprobación y repetición. Los indicadores reflejan la urgencia de atender a este nivel educativo; sin embargo, el reto actual es aún mayor, ya que es precisamente en la primera década del siglo XXI cuando México cuenta con el número más grande de jóvenes en toda su historia.

Existe un claro problema de equidad en el acceso al bachillerato o preparatoria. Sólo asiste el 13.5 por ciento de los jóvenes con un nivel de ingresos en el decil 1 (bajo ingreso); mientras que asiste el ciento por ciento de jóvenes cuyos ingresos se ubican en el decil 10 (alto ingreso). Según la Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2008, el ingreso promedio trimestral para los hogares en el decil 1 fue de 6 mil 116 pesos y en el decil 10 fue de 133 mil 48 pesos.

A nivel nacional, la cobertura es del 63 por ciento. Por ello, el 37 por ciento de los jóvenes no cursa el bachillerato. En 20 años esa cobertura apenas ha crecido un 10 por ciento. México está por detrás de países como Corea, cuyo alcance aumentó 55 por ciento. Para el caso de Estados Unidos, la cobertura se mantiene en el 90 por ciento de la población estudiantil, lo mismo que Canadá. En Chile, la atención pasó del 40 al 65 por ciento, y en Brasil, del 25 al 40 por ciento.

La SEP apunta que la demanda es la mayor en la historia, con una tasa de crecimiento de 2.7 por ciento anual. Para alcanzar las metas del Programa Sectorial 2007-2012, tendrían que matricularse 666 mil 343 estudiantes, es decir, aumentarla 10 por ciento y abrir 110 mil espacios adicionales. Hasta diciembre de 2006, la educación media superior tenía la mayor deserción de alumnos. La matrícula se redujo 46 por ciento respecto del último grado de secundaria. La tasa de cobertura del primer año de preparatoria fue del 78.1 por ciento. Para el tercero, el total de alumnos disminuyó hasta 46.5 por ciento.

La ausencia de recursos económicos es uno de los principales motivos de deserción escolar en este nivel. La SEP señala que entre el 30.7 y el 35.3 por ciento de los estudiantes de 15 a 19 años abandonaron la preparatoria por falta de dinero o porque tenían que trabajar. En tanto que del 2.1 al 3.1 por ciento, en ese mismo rango de edad, nunca asistió a la escuela.

Hacia el último trimestre de 2008, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo calculó que el 21 por ciento de la población económicamente activa completó su educación media superior y tenía un ingreso mensual promedio de 5 mil 250 pesos.

Por otra parte, diversas asociaciones de escuelas particulares han explicado que dichas instituciones están obligadas a otorgar el equivalente al cinco por ciento en becas de la población escolar y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es recuperable para ellos.

Además, la aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) desde 2008 ha colocado a las escuelas en una situación muy difícil, a la que se suma la crisis por la que pasan muchas familias.

La Asociación Nacional de Escuelas Privadas hace las consideraciones siguientes:

Como efecto de la crisis económica, las escuelas privadas perderán (en el ciclo escolar 2009-2010) alrededor de 450 mil alumnos de educación básica. Como es natural, estos alumnos buscarán las escuelas públicas generando un impacto tanto en la cobertura como en la calidad de la educación, pues los grupos tendrán que acumular estudiantes o de plano invertir en la creación y consolidación de nuevos grupos con la consecuente ampliación de la nómina de trabajadores de la educación, en particular docentes.

Entre 400 y 500 planteles cerrarán o suspenderán temporalmente sus servicios y esto traerá como consecuencia que alrededor de mil 500 maestros y empleados se quedarán sin trabajo.

Ya existe una cartera vencida con cerca de 400 mil padres de familia en los planteles de enseñanza básica. De continuar con esta tendencia se está anunciando la desaparición de las escuelas privadas laicas (comunicado ANEP “Crónica de una muerte anunciada. La extinción de la educación laica en México”).

Con la finalidad de apoyar la cobertura de la enseñanza en el bachillerato para efectos de mantenerla y hacerla crecer ahora que es inminente la obligatoriedad de dicho nivel educativo, propongo que el impuesto empresarial a tasa única se pague por medio de becas, lo cual daría la oportunidad a los jóvenes de escasos recursos a continuar con sus estudios abatiendo la iniquidad que priva en los bachilleratos y preparatorias. El esquema anterior no implicaría una merma en los ingresos públicos, pues ahora que el Estado tendrá el deber de brindar la educación media superior significaría un ahorro, pues se aprovecharían instalaciones, planes de estudio y plantillas de maestros ya existentes pero que además el Estado no correría ni con los contingentes laborales de los trabajadores de la educación ni con el mantenimiento de las instalaciones de los planteles. Habría beneficios adicionales al evitar la reducción de la planta docente en escuelas particulares, conservando los empleos de los maestros derivado de reducir la deserción de los alumnos al no tener las escuelas que cubrir con numerario el tributo a que hemos hecho referencia.

Cabe señalar que el Programa de Becas instaurado en México ha sido reconocido por economistas extranjeros ya que está diseñado no sólo para que los beneficiarios continúen con sus estudios, sino para que aporten en sus hogares un ingreso que contribuya al sostenimiento de la familia, pues la deserción escolar obedece principalmente no a que ya no se pueda correr con los gastos escolares sino a que ante el alza de la vida se requiere que el hijo se consiga un trabajo para llevar su salario al seno familiar. Estos programas han mostrado su atinada administración, de ahí que determinado el monto a pagar de forma voluntaria por el plantel, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expediría las reglas para convertirlo en becas disponibles para los programas a que se ha hecho referencia. Es importante señalar que para mantener a los jóvenes de escasos recursos en la escuela, sería necesaria una beca en numerario pero de mucho menor cuantía, ya que sólo sería complementaria para que el joven lleve a su casa un ingreso que sirva al sostenimiento familiar. Abrir espacios educativos contribuye siempre a reducir la exclusión social, facilita la capilaridad social y enriquece la justicia social. Es igualmente importante destacar el sentido económico de la propuesta contenida en esta iniciativa: pues no se deja exentos a los planteles escolares, sino que se les hace partícipes en la solución del problema de la falta de cobertura en la educación media superior brindándoles una forma de pago del tributo que en comparación con el numerario resulta un estímulo.

Con el propósito de aprovechar las instalaciones, planes y plantillas docentes en el sector de las escuelas particulares o privadas, ampliando el acceso especialmente al bachillerato a jóvenes de escasos recursos y haciendo realidad los postulados del Artículo Tercero Constitucional pongo a consideración de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Único. Se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno al artículo 2o. de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

..

..

..

..

...

Las escuelas que impartan educación, de acuerdo con el Capítulo V de la Ley General de Educación, podrán pagar el impuesto empresarial a tasa única mediante el otorgamiento de becas.

El número de becas que corresponda para el pago del impuesto deberá ser independiente al porcentaje de becas que dichas instituciones están obligadas a proporcionar de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría de Educación Pública establece para este concepto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública se encargarán de expedir las reglas generales para que el pago en especie de este impuesto se convierta en becas destinadas a la educación media superior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los causantes que opten por el pago del impuesto empresarial a tasa única en términos de este decreto, lo podrán realizar a partir del próximo año fiscal.

México, Distrito Federal, a 22 de febrero de 2011.— Senadores: Felipe González González, Rosalía Peredo Aguilar, Leticia Jasso Valencia (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Todavía se encuentra abierto el sistema electrónico. ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia?

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 437 diputados y diputadas. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para dar la bienvenida a amigas y amigos de la comunidad del Rosario, Tlalnepantla, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada, vicepresidente de esta Cámara. Bienvenidas y bienvenidos.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Pablo Escudero, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Escudero, por favor.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Conforme al Reglamento pedí la palabra desde hace unos momentos para rectificación de hechos y para ilustrar a la asamblea, porque no es correcto lo que dijo el diputado Pérez Cuevas en tribuna, y hay que hacer dos precisiones claras, precisas y concisas.

El tema de la controversia constitucional no versaba sobre la que yo presenté, versaba la que presentó el diputado Jaime Cárdenas hace más de una semana, en tiempo y forma. Versaba sobre ésa que el día de ayer no se pudo discutir ni votar en la Junta de Coordinación Política por los mecanismos que utilizó el diputado Pérez Cuevas para evadir esta votación.

Y, segundo, el jurídico nunca dijo que no era procedente, hay que aclararlo. El jurídico dijo que era procedente acudir a la Suprema Corte de Justicia para que ahí se dirimiera el asunto. Es importante hacer esas dos precisiones para que esté informada correctamente la asamblea. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Se registran sus consideraciones.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Ibarra, ¿con qué objeto? Porque el asunto ya fue abordado y se está tratando, también –debo informarlo– por la Presidencia de la Mesa Directiva.

En la mañana también fue -en la reunión de la Mesa Directiva correspondiente- abordado el tema para que fuera considerado en sus propias reflexiones y su contenido, y con las consideraciones mismas del Jurídico de la Cámara, por la propia Presidencia de la Mesa Directiva.

Sonido a la curul del diputado Ibarra y luego, acá en la curul del diputado Pérez Cuevas.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Sólo para corroborar que lo que acaba de expresar el diputado Pablo Escudero está apegado a lo que ocurrió en las reuniones de la Junta de Coordinación, que efectivamente la discusión giraba en torno a la acción que había promovido el diputado Jaime Cárdenas Gracia, que había sido presentada con toda oportunidad desde el día 24 de febrero. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo porque es una alusión personal. Decir que el tema que les interesaba, que está zanjado, que es la controversia, ya lo hará el presidente con sus facultades.

Pero cuando hay una mentira y una calumnia no la dejaré pasar, porque eso cualquiera de los que estamos aquí lo que tenemos es nuestro nombre y nuestro prestigio.

No debatiré esos argumentos con palabras, pediré que traigan la versión estenográfica de la sesión donde se presentó ese documento, donde por acuerdo de los vicecoordinadores parlamentarios, incluido el diputado Ibarra, que me ha antecedido, incluido el diputado Escudero, que me ha antecedido, pidieron al Jurídico de Cámara les hiciera un análisis y un informe para ver la procedencia, sin seguir el Reglamento, porque el Reglamento pedía que se mandara a Mesa Directiva, se cumplieran los 5 días, se le pidiera al Jurídico, regresara y entonces, se presentara al pleno. No admitiré ese tipo de mentiras; las niego categóricamente.

Pediré que sea la Secretaría la que lea la versión estenográfica, que pido al área técnica de la Junta de Coordinación Política traiga, porque trae la firma de los señores que hoy dicen que ese tema es una decisión unilateral, cuando los acuerdos en Junta son acuerdos políticos de todas las fracciones parlamentarias y cuando ellos son representantes de sus bancadas.

El tema de la controversia está. No estamos de acuerdo. Esperaremos, porque no tiene sustento jurídico que la Corte, por tercera ocasión, a la Cámara de Diputados nos diga que los asuntos son notoriamente improcedentes, pero al tiempo, esperemos el resultado de la Cámara.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Reitero lo que el diputado Pérez Cuevas retomó al inicio de esta intervención, en el sentido de que la Presidencia de la Mesa Directiva tiene en sus manos el asunto y le dará el curso correspondiente con la opinión del Jurídico de la Cámara y desde luego, en su momento, también daremos curso a lo que proceda en relación con lo que se plantea.

Saludamos la presencia en este recinto de los prestadores de servicio social de la Honorable Cámara de Diputados. Sean todas y todos ustedes bienvenidos y éxito en su trabajo. Igualmente, saludamos la presencia de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Centro Urbano Miguel Alemán, invitados por el diputado Ramón Martel. Bienvenidas y bienvenidos.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y  numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictaminen a la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas”, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1.El 2 de febrero de 2010, la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó, para la referida iniciativa, el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas”.

3. El 3 de marzo de 2010 con Oficio No. CAI/086/2010, la Presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas remitió a los integrantes de la misma, la citada Iniciativa, para efectos de estudio y opinión.

Análisis de la iniciativa

La diputada proponente a través de esta iniciativa pretende que por mandato de ley, se faculte a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), “...para diseñar, elaborar y actualizar el padrón nacional de comunidades indígenas que contenga el nombre de la comunidad y su significado; la ubicación en el plano nacional; croquis de la comunidad; identificación general que incluye población; porcentaje de hablantes de lengua indígena; lengua que se habla; fecha de fundación; estatus legal de la posesión de la tierra con su distribución y la confirmación de autoadscripción como comunidad indígena; historia; asentamientos internos de la población (barrios o anexos); estructura interna, presentada en forma de organigrama; información de faenas, cultivos, religiones y comités internos; delitos que se resuelven internamente; fiestas y rituales y migración”.

La utilidad de este padrón, según la exposición de motivos correspondiente, será servir como instrumento en la “... planeación aplicación y seguimiento de las políticas públicas encaminadas a la atención de los indígenas mexicanos, sin descuidar el respeto a las diversas formas de organización y cultura de las distintas comunidades”; además, “...  contribuirá a mejorar la actuación de las instituciones a fin de que se comprometan a generar las acciones necesarias para abatir los rezagos y resolver la injusta desigualdad de la cual han sido objeto los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas”.

Para alcanzar ese propósito la Iniciativa se propone adicionar una fracción que será la XVII, al artículo 2, referente a las funciones, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y recorrer la numeración de las fracciones que le siguen hasta la XX, como sigue:

“Artículo 2. ...

I. a XVI. ...

XVII. Diseñar, elaborar y actualizar el Padrón Nacional de Comunidades Indígenas en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y las instituciones académicas y de investigación que se requieran para tal efecto.

Consideraciones de la comisión

I. La comisión estima de fundamental importancia dotar de los mejores elementos normativos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el propósito de que esta entidad cumpla a cabalidad sus propósitos que, según el artículo 2 de la ley que la crea, son: “...orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas ...”, y, el espíritu de la Iniciativa en comento, es congruente con esta visión, ya que promueve un instrumento y acciones que permitirán mejorara la planeación y hacer más eficientes las tareas de la institución, y por tanto contribuirá a que con mayor eficacia se superen las condiciones de desventaja social que hoy caracterizan a los pueblos y comunidades indígenas de México.

II. Existe una queja constante tanto en las autoridades tradicionales de pueblos y comunidades indígenas como, incluso, de las autoridades municipales sobre la desatención a la población indígena, sobre todo en los programas productivos y de infraestructura social básica, debido a que los criterios de elegibilidad, establecidos en las respectivas reglas de operación, solo consideran como sujetos de atención a comunidades cuyo volumen de población indígena supere el 40 por ciento de su total, según la información censal. Información que por lo regular es mal integrada y que contrasta con observaciones directas que refieren que, en la mayoría de los casos, el porcentaje de población indígena es muy superior a lo que expresa la información censal. Por lo que la comisión coincide con la proponente, en la necesidad de contar con un instrumento de información confiable que, con base en el reconocimiento que por mandato constitucional deben hacer las entidades federativas, a partir de su legislación,  permita identificar a los sujetos de atención –pueblos y comunidades indígenas–, con mayor certeza, para acceder a los programas y acciones de gobierno que sienten las bases para la superación de las desigualdades que padecen, como lo establece el artículo 2o. constitucional.

III. No obstante considerar valiosa la aportación de la diputada proponente, los términos en que está redactada la adición, de aprobarse así, invadiría la competencias de las autoridades estatales ya que el reconocimiento de las comunidades indígenas es una facultad que el último párrafo de artículo 2o. constitucional delega a las constituciones y leyes de las entidades federativas, quienes, “...establecerán las normas para el reconocimiento de las comunidades Indígenas...”. Por este motivo, no es posible otorgar la facultad a la CDI de diseñar, elaborar y actualizar el Padrón Nacional de Comunidades Indígenas, puesto que para atender dicha atribución tendría que elaborar normas a seguir por las entidades federativas, constituyendo esto una invasión de facultades. Además, la redacción propuesta no es suficiente para alcanzar el objetivo de que el padrón sea referente para la definición de políticas y acciones de gobierno.

IV. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora propone modificaciones a la redacción del proyecto legislativo, consistentes en:

Establecer la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, nombre más adecuado ya que el instrumento habrá de respetar los criterios y normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas que definan las legislaciones de las entidades federativas.

Lo anterior en estrecha y permanente coordinación con las entidades federativas.

Establecer la obligatoriedad de considerar la información contenida en el Registro para la definición de los sujetos de atención de los programas y acciones de la administración pública federal y específicamente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

V. A diferencia de lo propuesto en la iniciativa, esta comisión, determina que no deben considerase recursos extraordinarios para la integración del Registro, puesto que dicho instrumento habrá de ser producto de, entre otras, las facultades de investigación y de coordinación que le confiere su ley a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el artículo 2.

En mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVII, recorriéndose las demás fracciones en su orden al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVI. ...

XVII. Coadyuvar en la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, con las aportaciones de las entidades federativas y en coordinación con ellas. La información contenida en este Registro deberá ser la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la atención a los pueblos y comunidades indígenas;

XVIII. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciséis días del mes de febrero de 2011.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell, José Gerardo Fernández Noroña (rúbrica en abstención).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No ha pedido nadie de la Comisión la palabra para fundamentar el dictamen, de acuerdo con el Reglamento de la propia Cámara de Diputados. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.

El diputado Jaime Cárdenas en contra; el diputado Porfirio Muñoz Ledo en contra. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el objeto de mi intervención y la discusión que quiero someter a todos ustedes es para manifestarme en contra de este dictamen.

Este dictamen propone una modificación a la fracción XVII del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y recorrer la numeración de las fracciones que le siguen hasta la XX.

¿Qué es lo que propone el dictamen? Propone que es facultad de esta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas diseñar, elaborar y actualizar el padrón nacional de comunidades indígenas en coordinación con las dependencias, entidades federales, estatales y municipales.

Quiero decirles que aquí hay un problema severo de constitucionalidad, porque el artículo 2o. de la Constitución, en el último párrafo del Apartado A señala que serán las Constituciones y las leyes de las entidades federativas, es decir, de los estados, quienes determinarán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

Es decir, la Constitución General de la República, en este último párrafo del Apartado A, del artículo 2o. reenvía o remite a las Constituciones y leyes estatales el reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

Esto significa que también cuestiones que tengan que ver con el registro del padrón nacional de comunidades indígenas tendrían que ser una atribución de carácter estatal y no una atribución en donde concurran autoridades federales.

Es verdad que en los considerandos del dictamen se trata de equilibrar o de armonizar esta posibilidad, y se dice que en este registro o este padrón nacional de comunidades indígenas –en él– participarán autoridades federales, pero también las autoridades estatales y municipales.

Yo estimo que la Constitución es muy clara y de manera expresa indica que en esta materia, en las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas, se trata de una materia exclusivamente reservada a las entidades federativas.

Votar este dictamen a favor implicaría una infracción, una vulneración a éste último párrafo del artículo 2 A de la Constitución y, desde luego, también una infracción a lo dispuesto por el artículo 124 de nuestra Constitución.

Yo espero que ustedes reflexionen en lo que estoy aquí señalando, para que en su momento normen el criterio y voten en contra de este dictamen, porque está invadiendo competencias constitucionales de los estados de la República. La federación no puede intervenir en la constitución de este padrón nacional de comunidades indígenas, compañeros. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, para hablar en pro, la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reconoce que la nación mexicana es una realidad viva, abierta, multicultural y pluriétnica; es cuna y espacio para el florecimiento de un vínculo específico que brinda elementos de unidad para quienes, al identificarse con ella, superan toda visión temporal, geográfica o de origen étnico.

Por ello, estamos conscientes de la importancia que representan los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país al aportar a la nación una gran riqueza, a través de sus recursos patrimoniales, naturales, territoriales, culturales y lingüísticos.

En este sentido, consideramos de suma relevancia la propuesta que encierra este dictamen, toda vez que es una rea-lidad que en nuestro país se requiere contar con información más específica sobre los pueblos y comunidades indígenas y su población, ya que muchas veces al no poder ubicar a varias de estas comunidades, sobre todo en las zonas más alejadas, se le impide el acceso a la población indígena a los programas y acciones de gobierno.

En este orden de ideas, el dictamen en comento en efecto contribuirá a que el presupuesto, los programas, estrategias y en general el trabajo de las instituciones públicas en la materia se enfoquen de manera adecuada en la población indígena del país, y de esta forma lograr una verdadera igualdad de oportunidades y mejorar sus condiciones de vida, a fin de que obtengan un desarrollo integral.

Es por eso que nos sumamos a esta propuesta de impulsar mayores atribuciones para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que coadyuve en la integración de un registro nacional de pueblos y comunidades indígenas, con la aportación de las entidades federativas y en coordinación con ellas, en un esfuerzo por lograr el respeto a sus derechos constitucionales, al tiempo de crear una herramienta fundamental de gran utilidad en la planeación, aplicación y seguimiento de las políticas públicas encaminadas a la atención de los indígenas mexicanos, sin descuidar el respeto a las diversas formas de organización y cultura de las distintas comunidades.

Respecto de lo que mencionaba el diputado que me antecedió, quiero hacer una aclaración: efectivamente, es facultad de los estados legislar en materia indígena y elaborar estos padrones. El reconocimiento de los pueblos indígenas es facultad de los estados. Sin embargo, hasta la fecha son dos estados los que han trabajado en esta legislación, que son Querétaro y San Luis Potosí.

Es una realidad que hoy existen pueblos y comunidades indígenas que por circunstancias diversas han tenido que salir de sus lugares de origen y se han tenido que ir a otras poblaciones, en las cuales se tienen registrados como de mediana o de baja marginación. Por tanto, estos pueblos, estas comunidades indígenas no están siendo sujetos de los apoyos del gobierno federal o los gobiernos estatales y municipales.

Si ustedes revisan lo que estamos presentando, dice claramente coadyuvar; por tanto, no estamos invadiendo facultades de ninguna manera. Pero sí es preciso que se pueda elaborar un registro puntual y que hoy ésos millones –quizá- de indígenas que o están recibiendo estos apoyos, lo puedan tener. Creo que estaremos colaborando para la igualdad de oportunidades de millones de indígenas.

Yo les pido, compañeros diputados, que su voto sea a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Luna. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Compañeras y compañeros, con el más rancio de los paternalismos nos hemos topado. La Ley para la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indios corresponde, en su concepción, a la visión paternalista de relación de las etnias con el país, anterior a los movimientos intelectuales, armados, legales y constitucionales que han comenzado a modificar nuestra legislación nacional.

Antes era función del Estado o nación no solamente registrar, sino como se dice todavía aquí, reconocer a los pueblos indios. Esto empezó a cambiar gracias a las luchas autonomistas de los pueblos indios. Hay ahora una concepción distinta.

Tenemos todavía como un obstáculo esta absurda declaración del Congreso que está en la Constitución, de llamarlos entidades de interés público cuando no lo son; cuando son entidades de derecho público.

Yo quiero concentrarme en el hecho de que durante muchísimo tiempo el Departamento de Asuntos Agrarios, el Instituto Nacional Indigenista, el Departamento de Pueblos Indios pertenecieron a una filosofía protectora no reconocedora de los derechos originales territoriales, de autoidentificación, subterritoriales, contenidos en los convenios y tratados internacionales.

Y yo he hecho uso de esta tribuna, porque volvemos a lo mismo, es lo que yo llamo legislación de chisguete. Yo pregunto a los autores de esta iniciativa: ¿conocen el proyecto integral de reforma constitucional sobre pueblos indios, elaborado en la legislatura pasada, aprobado por el CENCA (Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos) y que está para dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales?

Yo hago un llamado, respetuoso y amistoso como siempre, al presidente de la comisión, Juventino Castro, para que se dictamine un proyecto integral que fue aprobado por todos los partidos en el ejercicio de la CENCA. Ahí está el conjunto de los derechos indios, de sus capacidades territoriales, incluso, de su derecho al uso del suelo y al subsuelo. No hay más identificación de las comunidades indias que la personalidad que éstas tengan como derecho público.

En este proyecto se reconoce el derecho a la asociatividad municipal, de modo que puedan formar una sola entidad pública los pueblos indios y se reintegre así su unidad histórica. A mí me parece que es fruto, o bien de la frivolidad, o bien de la responsabilidad, o bien de la ignorancia, no saber lo que se está discutiendo en materia constitucional.

Yo quiero aprovechar, antes de que se acabe el tiempo, señor presidente. Señor presidente, acaba de darse turno a la minuta de sobre la Ley de Migración, del Senado, yo había hablado con el presidente de la Cámara, porque no se le da turno a la Comisión de Relaciones Exteriores, y nos va a pasar lo mismo que pasó con la Ley del Refugio, no por el magnífico trabajo que se hizo en esa Comisión de Migración, sino por algunas insistencias de bancadas parlamentarias que aprobamos un texto contrario al tratado internacional que lo fundamenta.

Yo le quiero rogar, antes de dejar esta tribuna, que se reconsidere el turno a la Comisión de Relaciones Exteriores, porque estamos legislando, deshilachado. Es elemental que antes de aprobar una decisión de esta naturaleza, cuyo sentido es exactamente inverso a la legislación contemporánea en materia de pueblos indios, le demos paso a la iniciativa que ha sido ya estudiada por dos legislaturas, y que no sabemos por qué razones ahora afortunadamente la parte válida del Reglamento nos favorece, tiene que ser dictaminada.

No podemos seguir legislando así, informémonos de lo que hay atrás. Démosle el nivel a las decisiones y decidámonos a elaborar un nuevo andamiaje constitucional para el país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Muñoz Ledo. Tomamos la nota correspondiente del planteamiento hecho, para ser analizado en la propia Mesa Directiva y por la Presidencia de la misma.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Aguilar González, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar a favor.

El diputado José Óscar Aguilar González:Muchas gracias, señor presidente. Honorable asamblea, a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas quiero poner a consideración el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII, del artículo 2o., de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

A través de este dictamen se pretende ampliar las facultades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para coadyuvar en la integración y actualización del Registro Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, con las aportaciones de las entidades federativas y en coordinación con ellas, la información contenida en este registro deberá ser la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen en dependencias y entidades de la administración pública federal, para la atención a los pueblos y comunidades indígenas.

No obstante que constitucionalmente se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, en la mayoría de las constituciones y leyes de las entidades federativas a las que constitucionalmente se les delegó la facultad de reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho, no han legislado apropiadamente para ejercer los derechos colectivos.

Además, los censos realizados han demostrado que sus resultados no identifican plenamente a la población indígena, por lo que un gran porcentaje de éstas no ha sido adecuadamente atendidas por las instituciones federales, principalmente, la más cercana a los indígenas.

Su argumento es que la información censal no los considera como indígenas. Esta realidad a todas luces injusta y anómala, se pretende corregir parcialmente con la aprobación de este dictamen. Se trata de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación con las entidades federativas, integre y mantenga actualizado el Registro de Comunidades Indígenas.

Además de ese instrumento, le otorgamos un valor legal al establecer que será la base para la definición de las políticas públicas, normas y requisitos de los programas que operen las dependencias y entidades de la administración pública federal, para la atención de los pueblos y comunidades indígenas.

En consecuencia, en el registro que se propone, los programas de atención a la población indígena de los tres órdenes de gobierno, pero principalmente el federal, habrán de considerar en sus ejercicios de planeación y en un mayor número de beneficios para los indígenas y por tanto, contribuirá a la mejor actuación y eficiencia en las instituciones del Estado que atienden a nuestra población indígena.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la Comisión de Asuntos Indígenas este dictamen alcanzó un amplio consenso. Los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias coincidimos en que debe apoyarse, sobre todo porque en los censos de población que se vienen realizando por diferentes motivos, a veces por pena, en muchas ocasiones porque han sentido realmente que algunos grupos no les dan el mismo valor humano, han negado hablar una lengua indígena y no por ese simple hecho de haber negado una lengua indígena vamos a excluirlos de estos beneficios.

Es por ello que ahora pedimos a ustedes se solidaricen y sobre todo, apoyen para que este dictamen sea aprobado para beneficio de las comunidades más marginadas, de los pueblos que hoy incluso han sido desplazados y que aquí en el propio Distrito Federal, en el estado de México, hay una gran cantidad de ocupantes que vienen de comunidades indígenas y que hoy no han sido reconocidos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguilar. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD, desde su curul ¿o va a pasar a tribuna? Sonido en la curul del diputado Rodríguez Martell.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para comentarle que justamente su servidor, como integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas, lamentamos mucho que se asuma un papel hipócrita porque pretendemos, aparentemente, apoyar a nuestros pueblos y comunidades indígenas al hacer este reconocimiento o tener un padrón de pueblos y comunidades a la mano, para poder acceder a los programas de gobierno.

Esto sin duda alguna no es, como lo comenta el diputado Porfirio Muñoz Ledo, no es más que una actitud paternalista que se tiene contra los pueblos indígenas.

Hay que recordar que efectivamente tenemos un proyecto de dictamen que se ha venido atorando en la Comisión de Puntos Constitucionales, que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas y que no se han podido reconocer bien.

Esto no ha podido trascender porque justamente en la pasada Legislatura nuestros compañeros diputados del PAN hicieron vacío. Quiero decirles que sean consecuentes con la propuesta que hoy hacen y que traten de empujar para que este punto se dictamine lo más pronto posible para que nuestros pueblos indígenas tengan el carácter de sujeto de derecho público, para lo cual ya presenté excitativa durante la sesión de la Comisión Permanente pasada.

Por eso exhorto a la Comisión de Puntos Constitucionales y a los compañeros del PAN para que nos ayuden a sacar este dictamen lo más pronto posible. Sin embargo, estamos conscientes de que durante este periodo y de acuerdo con el sistema político que tenemos en el país, requerimos de un apoyo como pueblos y comunidades.

Por ello he votado a favor, dentro de la Comisión de Asuntos Indígenas, sobre esta propuesta de reconocimiento del padrón de comunidades, toda vez que San Luis Potosí ha sido uno de los primeros estados que ha hecho este trabajo.

Estamos a favor los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, pero exigimos congruencia en la dictaminación de la ley que está pendiente. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rodríguez Martell. No habiendo más oradores inscritos, el dictamen se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de amigas y amigos de la primaria Centro de Estudios José de la Borda, AC, de Taxco de Alarcón, Guerrero, invitados por el diputado Esteban Albarrán Mendoza. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputados y diputadas que falten de emitir su voto, sigue abierto el sistema, pueden votar. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de periodistas de Río Verde, San Luis Potosí, invitados por el diputado Sergio Gama Dufour. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico.

Diputado presidente, se emitieron 378 votos a favor, 13 abstenciones y 3 en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 378 votos, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona la fracción XVII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas que suscribe fue turnada, para su estudio y dictamen, la resolución emitida por la Cámara de Senadores con relación al proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción para quedar como III, recorriéndose la actual III a la IV y se reforma el último párrafo del artículo 6 y; se reforma el artículo 13, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Esta comisión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el documento de referencia, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 8 de abril de 2008, la diputada Elda Gómez Lugo y el diputado Wenceslao Herrera Coyac, presentaron a la honorable asamblea de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

2. El 5 de marzo de 2009, la Cámara de Diputados aprobó por doscientos setenta y siete votos en pro y cero en contra, el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Indígenas remitiéndose a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales procedentes.

3. El 9 de marzo de 2009 la Cámara de Senadores recibió el proyecto de referencia, turnándolo a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Segunda.

4. Con fecha 29 de abril de 2010 se sometió a consideración del pleno de la colegisladora el dictamen de las comisiones citadas, siendo aprobado, con modificaciones a la minuta, por ochenta y ocho votos a favor y cero en contra.

5. Con fecha 6 de mayo de 2010 fue recibida en la Cámara de Diputados la minuta correspondiente con las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores y con fecha 7 de septiembre de 2010 del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su estudio y dictamen.

Contenido de la minuta

La minuta que remite la Cámara de Senadores a esta soberanía dictamina favorablemente la adición de una fracción, que será la III; realiza observaciones a la reforma del último párrafo y; desecha la adición de una fracción que sería la IV, todas ellas del artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que propuso la Cámara de Diputados. Además, plantea la reforma al artículo 13 de la misma ley.

Las diferencias entre ambos proyectos de decreto se aprecian a partir del siguiente cuadro comparativo:

Minuta de la Cámara de Diputados

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. ...

III. El presidente del Consejo Consultivo;

IV. Un integrante, de origen indígena, del Consejo Consultivo, y

V. El director general de la Comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a los que se refieren las fracciones II, III y IV, cada miembro propietario contará con un suplente. Los integrantes a que se refiere la fracción II deberán tener un nivel jerárquico de subsecretario de Estado. El integrante a que se refiere la fracción IV, así como los suplentes de éste y del integrante al que se refiere la fracción III, deberán ser electos en sesión plenaria del Consejo Consultivo de la Comisión. Los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV, tendrán voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz.

Minuta Cámara de Senadores

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. ...

III. El Presidente del Consejo Consultivo;

IV. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a los que se refiere la fracción II, cada miembro propietario contará con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de Subsecretario de Estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, solo con derecho a voz.

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, electo democráticamente en sesión plenaria del Consejo.

Consideraciones de la Comisión

1. Aunque esta comisión dictaminadora no coincide plenamente con los argumentos y las modificaciones de la colegisladora, considera que el proyecto de decreto que propone la Cámara de Senadores, mantiene el espíritu original que motivó la Iniciativa y posterior minuta de esta Cámara de Diputados que es: promover la participación de la representación indígena, integrada y legitimada en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en la Junta de Gobierno de esa entidad de la Administración Pública Federal.

2. Cabe reafirmar aquí que el Consejo Consultivo de la CDI es parte de la estructura de dicha entidad como lo establecen tanto el artículo 12 de la Ley de la referida Comisión, que dispone que ésta contará con un Consejo Consultivo y le define su integración; como el artículo 13 de la misma ley que señala sus funciones.

3. Con la reforma propuesta, la Junta de Gobierno de la Comisión podrá contar con la voz de la representación indígena, en la persona del Presidente del Consejo Consultivo, y con ello dar mayor pertinencia y fortaleza a sus decisiones.

4. Con la adición al artículo 13 de la ley de referencia, que propone la colegisladora, se reafirma el carácter democrático que sustenta la representación indígena que integra el Consejo Consultivo de la CDI y a su instancia de dirección.

5. Con la aprobación de las reformas propuestas se dará un paso significativo en la atención a la demanda indígena y al mandato del artículo 2º Constitucional en el sentido de promover la participación indígena en la toma de decisiones de Gobierno que los afecten.

6. También, al aprobarse las reformas que se proponen, se avanza en la armonización de la legislación nacional con los contenidos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, suscrita por el Ejecutivo Federal y ratificada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el once de julio de 1990, y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de ese organismo, con el voto favorable del representante del Gobierno de México, el 13 de septiembre de 2007.

Por lo expuesto y para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión sometemos a consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción III, pasando la actual a ser IV, al artículo 6; y se reforman los artículos 6, último párrafo, y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. ...

II. ...

III. El Presidente del Consejo Consultivo, y

IV. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a los que se refiere la fracción II, cada miembro propietario contará con un suplente que deberá tener un nivel jerárquico de Subsecretario de Estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a voz y voto. El Presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente en relación al asunto a tratar, solo con derecho a voz.

Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Consultivo sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, electo democráticamente en sesión plenaria del Consejo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), presidente; José Óscar Aguilar González (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Socorro Sofío Ramírez Hernández (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Felipe Cervera Hernández (rúbrica), María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), María Elena Pérez de Tejada (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Luis Hernández Cruz (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales (rúbrica en contra), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica en contra), José Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica en contra).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No hay inscrito orador por parte de la comisión, y por tanto está, a discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Se está anotando el contra el diputado Jaime Cárdenas.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, para hablar en contra. Se han anotado para hablar a favor la diputada María Felicitas Parra Becerra, el diputado Filemón Navarro Aguilar y el diputado Teófilo Manuel García Corpus. Adelante, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el motivo de mi voto en contra o los motivos son dos: el primer motivo es que este dictamen es consecuencia de una minuta que nos envía el Senado de la República, la Cámara de origen fue la Cámara de los Diputados y en esta Cámara de los Diputados se aprobó por la Cámara, la integración de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con dos representantes indígenas. Llega al Senado de la República y el Senado estima que esta Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas solamente debe estar integrada por un representante indígena.

Me parece, en primer lugar, como lo dije en mi primer motivo, que es indebido que el Senado de la República recorte la integración indígena en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Ésa es la primera razón, no tenemos porqué estar atendiendo una petición del Senado de la República, que a todas luces limita la participación de los pueblos indígenas o de los representantes de los pueblos indígenas en la Junta de Gobierno de esta Comisión Nacional.

En segundo lugar, creo, y en contra de lo que establece actualmente la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que esta Junta de Gobierno debiera estar integrada mayoritariamente por representantes de pueblos y comunidades indígenas. Pero no es así, la representación en esta Junta de Gobierno está integrada mayoritariamente por representantes de las autoridades federales, por representantes de autoridades, pero no por los que tienen que resolver y que además conocen los problemas de los pueblos y de las comunidades indígenas.

Es absurdo que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas solamente vaya a tener a un representante, a un integrante de los pueblos indígenas y que todos los demás sean funcionarios públicos que no conocen la realidad de los pueblos indígenas, que no son indígenas y que no entienden las concepciones, las cosmovisiones de los pueblos indígenas de nuestro país.

Son dos los motivos, repito, para votar en contra de este dictamen. En primer lugar el recorte en la participación de los pueblos indígenas en la Junta de Gobierno de esta Comisión. Y en segundo lugar, que es un argumento más de fondo, el hecho de que esta Junta de Gobierno debiera estar integrada en su mayoría por representantes de los pueblos indígenas, y solamente debiera haber un funcionario público para que levantaran las actas o llevara a cabo de manera ejecutiva los acuerdos que adopte o que adoptara la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas.

Estamos legislando supuestamente a favor de los pueblos indígenas, pero estamos recortando la representación en la Junta de Gobierno de este Consejo de los Pueblos Indígenas, qué absurdo.

Y además nos estamos sometiendo a un punto de vista ina-decuado e inaceptable del Senado de la República, que recorta algo que esta Cámara de Diputados ya había aprobado, estableciendo que debieran ser dos los integrantes en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas.

Tenemos que tomarnos con seriedad, como nos convocaba hace un momento el compañero diputado Muñoz Ledo, tomarnos con seriedad la agenda de los derechos de los pueblos indígenas, y creo que no lo estamos haciendo. Estamos recortando su participación en los órganos que toman las decisiones en materia indígena en este país.

Yo les llamo, compañeros, a que regresemos este dictamen o proyecto de dictamen a la comisión respectiva para que la comisión respectiva lo reformule y al menos establezca lo que originalmente ya había aprobado el pleno de esta Cámara de Diputados: dos integrantes en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Felicitas Parra Becerra:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Nuestro país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de la población que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización,  y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y política o parte de ellas.

En este sentido, el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la superación de los rezagos económicos y sociales, y el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y las comunidades indígenas, son responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno.

Por ello se han creado distintas instituciones y definido múltiples políticas para atender a este sector de la población, por lo que en 2003 fue creada, por disposición de la ley, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

Parte de los objetivos de esta institución es contribuir al desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas y coadyuvar a su libre determinación y al ejercicio de su autonomía, de acuerdo con el contexto de la Constitución mexicana.

Cabe resaltar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con un Consejo Consultivo como órgano de consulta y vinculación con los pueblos indígenas y la sociedad, que analiza, opina y hace propuestas a la Junta de Gobierno y al director general, sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas.

En este sentido, en Acción Nacional estamos a favor de impulsar el fortalecimiento de las instituciones encargadas de atender a la población indígena del país. Por ello, resulta plausible el dictamen que hoy se vota, ya que el incluir al presidente del Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno de la CDI permitirá crear un espacio de interlocución directa entre estos, en donde se harán escuchar las demandas de la población indígena y se considerará su participación en las instancias de decisión sobre las políticas que les afectan directamente.

Abrir espacios a la representación indígena en un órgano como éste constituirá un gran avance, ya que atender eficazmente las múltiples necesidades y demandas de la población indígena implica la participación y el trabajo corresponsable, tanto de este sector de la sociedad como de las instituciones para avanzar en el mejoramiento de sus condiciones de vida, a fin de alcanzar su desarrollo integral. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Parra. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Filemón Navarro Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro.

El diputado Filemón Navarro Aguilar:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la participación de los pueblos indígenas y sus comunidades en los órganos de decisión nacional ha sido y es reiteradamente demanda de sus representantes.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, en esta Cámara de Diputados, vengo a esta tribuna para solicitar su respaldo al dictamen aprobatorio propuesto por la Comisión de Asuntos Indígenas a la minuta que ha enviado el Senado de la República, en la que se incorpora a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el presidente del Consejo Consultivo, sea integrado por representantes indígenas, órgano de consulta y vinculación de esta institución con los pueblos indígenas.

Esta propuesta constituye un paso necesario e importante para dar participación a una representación indígena, con derecho a voz y voto en el órgano de decisión de la institución encargada de la conducción de la política indígena en el gobierno federal.

Con la aprobación de esta iniciativa se da una respuesta a las exigencias de participación de los pueblos y comunidades indígenas. Sin duda esta participación permitirá orientar en beneficio de esta población la toma de decisiones en torno a su desarrollo.

Estoy seguro que la plenaria de esta Cámara expresará su voluntad y compromiso con los pueblos indígenas para votar este dictamen de manera aprobatoria. Sin embargo, también debo expresar de manera contundente que aún este espacio es insuficiente.

Los pueblos indígenas hoy reclamamos mayor participación, mayores espacios y por eso planteo también, como una inquietud, la necesaria transformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en una Secretaría para la Atención a los Pueblos Indígenas.

Y que esta Cámara manifieste su compromiso con los pueblos indígenas para que en el próximo presupuesto podamos ir a plantear ya no el 1.3 por ciento para los pueblos indígenas, sino el 10 por ciento del presupuesto para los pueblos indígenas y vayamos saldando la deuda histórica que traemos con esta población originaria y que se ha encontrado en el rezago y la marginación.

Compañeros, lo que hoy vamos a aprobar significa un avance, un avance mínimo, pero al final es un avance. Tenemos muchas deudas, vayamos comprometiéndonos a atender de fondo la problemática de los pueblos indígenas y dejemos de seguir negándoles el acceso a los derechos fundamentales. Los pueblos indígenas ya no queremos seguir mendigando nuestro derecho.

Queremos el cumplimiento y respeto por parte de esta Cámara y por eso planteamos que vayamos en este primer momento a aprobar esta minuta; y que vayamos promoviendo el compromiso de esta Cámara de ir discutiendo con seriedad el tema indígena, que ya no se le relegue, que ya no sea el tema que esté marginado dentro de la agenda de los grupos parlamentarios, porque es un tema de prioridad nacional. Es cuanto, compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Navarro. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Teófilo Manuel García Corpus, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos para hablar en pro.

El diputado Teófilo Manuel García Corpus:Con su venia, señor presidente. A nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas pongo a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas.

A través de este dictamen la Comisión de  Asuntos Indígenas propone:

Primero. Que un integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se integre a la Junta de Gobierno de esa entidad de la administración pública federal con derecho a voz y a voto.

Segundo. Que el presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sea electo democráticamente en sesión plenaria de dicho órgano.

Los diputados de la Comisión que aprobamos el dictamen por unanimidad estamos convencidos de que con estas reformas se avanza en el propósito de promover la participación de los indígenas en los órganos de poder público, que además de ser una demanda de los pueblos indígenas es también una obligación del Estado mexicano, contraída al firmar y ratificar el 11 de julio de 1990, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el 13 de septiembre de 2007.

Con las propuestas de reformas y adiciones que estamos sometiendo a la consideración de ustedes, se establecen condiciones para que las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas sean escuchadas directamente por ese órgano de gobierno, y puedan transformarse en políticas públicas; decisiones que hoy están en manos de funcionarios públicos, la mayoría de ellos desligados de las necesidades, cultura y aspiración de nuestros pueblos.

Los diputados indígenas y los diputados solidarios con nuestras causas, integrantes de nuestra comisión, tenemos la certeza de que llevar un representante indígena a la Junta de Gobierno significa la gran posibilidad de influir en la orientación con pertinencia cultural y congruencia, de las decisiones políticas públicas en materia, atributos de los que hoy carecen.

Con la aprobación del presente dictamen que les pido hoy a ustedes, por sus contenidos, se promueve la transparencia y rendición de cuentas al tener la posibilidad de que un representante de los pueblos indígenas se entere y comunique a sus representados de primera mano sobre las decisiones del gobierno federal en relación a sus obligaciones, como lo establece el artículo 2o. constitucional, de atender y superar las carencias de los pueblos y comunidades.

Es importante decir a ustedes que el presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es el presidente de una de las instancias integrantes de esa comisión, prevista en el artículo 2 de la ley que crea, y para ser electo a ese cargo ha recorrido un proceso de legitimidad.

En la formulación del dictamen hemos sido cuidadosos en garantizar la legalidad. Sobre este particular es conveniente señalar que ni en la Constitución General de la República ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni en la Ley Federal de Entidades Paraestatales existe impedimento para que el presidente de dicho consejo se integre a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Compañeros diputados, esta propuesta nace de dos legisladores de origen y con representación mazahua, náhuatl y totonaca, propuesta que aprobamos y apoyamos en nuestras respectivas comisiones diputados y senadores ñañú, tenec, pueblos tzotziles, tzeltal, mexicaneros, yoremes y coras, entre otros.

Le pido a nombre de los indígenas, que la mayoría de ustedes representa, y a los que no, de todas maneras, les pido su solidaridad, apoyo y voto favorable para este dictamen. Con ello contribuiremos a avanzar un poco en el resarcimiento de la enorme deuda histórica que tiene la nación con sus pueblos originarios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García Corpus. Diputado Fernández. Sonido en la curul.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sólo una precisión. El compañero diputado que preside la Comisión de Asuntos Indígenas comentó que había salido por unanimidad el acuerdo. Es inexacto. Yo voté en contra y lo hice no por estar en desacuerdo de la integración, sino porque es insuficiente, como ya se argumentó. Lo consideran un avance, pero es claramente insuficiente. De hecho en la argumentación el propio diputado insistió en la necesidad de por lo menos integrar dos representantes en este consejo. Quiero hacer esa precisión porque es inexacto que haya sido unánime la decisión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández Noroña, se registra su intervención para ser incorporada en el marco del Diario de los Debates.

Agotada la lista de oradores se considera el dictamen suficientemente discutido; y no habiendo artículos reservados...

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Rodríguez Martell. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Domingo Rodríguez Martell(desde la curul): Presidente, nada más para comentar que efectivamente hubo algunos votos en contra y dentro de esos votos también aparece el mío.

Porque no es que esté en contra de que los pueblos indígenas tengan representación, lo que pasa es que me parece insuficiente y yo creo que los pueblos y comunidades indígenas ya no estamos en condiciones de seguir mendigando una representación política o administrativa, como en este caso. Necesitamos avanzar en lo más fundamental que es el reconocimiento de los derechos de manera completa para los pueblos y comunidades.

Entiendo la preocupación de mis hermanos y hermanas que presentaron esta propuesta, pero sigo manteniendo mi posición en lo particular que o vamos a mendigar derechos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Están registrados efectivamente en el dictamen presentado por la comisión cuatro votos en contra. Así están considerados en la propia publicación de la Gaceta Parlamentaria y son correctas las precisiones que se han hecho.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Me veo obligado a intervenir en el mismo sentido. El paternalismo es de dos sentidos. Implica el filiacionismo. Es una actitud, como ha dicho el señor diputado, mendigante. Dame un lugarcito en tu tierra, hombre blanco.

Yo quiero dejar en actas que la cita que ha hecho el diputado que pasó a la tribuna respecto de la Convención Internacional sobre los Pueblos Indios y Tribales en Países Independientes, la Convención de la OIT dice exactamente lo contrario. No hay ningún artículo de la Convención que tenga que ver con la integración subordinada de los indígenas –uno-; dos, a organismos nacionales, organismos de otras etnias.

De la cabeza a los pies; de punta a punta, la Convención Internacional habla de la autonomía, del derecho a su propio territorio; del derecho al subsuelo; del derecho a su propia organización política; del derecho a la disposición de recursos presupuestales; del derecho a su propia educación; del derecho a sus propios medios de comunicación. El espíritu de la Convención es radicalmente contrario a lo que están diciendo los que promueven esta iniciativa.

De ahí que algunas cosas haya que mandarlas, señor presidente, a la Comisión de Relaciones Exteriores que es la que tiene la competencia de interpretar los tratados internacionales para que no se vengan a citar aquí de manera dolosa y hasta falaz. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Muñoz Ledo.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Eduardo Zarzosa. Sonido a la curul del diputado Zarzosa.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez(desde la curul): Señor presidente, con el objeto de dejar muy claro que coincidimos plenamente en que no es suficiente que la representación de los pueblos indígenas al interior de cualquiera de las juntas de gobierno siempre será insuficiente.

Sin embargo, quiero dejar muy claro, para los compañeros que están promoviendo el voto en contra de este dictamen, que le echemos una revisadita, y desde 2008 se presentó esta iniciativa, es decir, han pasado casi tres años. Tres años para que hoy vuelva a esta Cámara y que esté en nuestras manos el que hoy les demos la representatividad a los pueblos indígenas al interior de esta Junta de Gobierno.

Insisto, coincidimos en que no es suficiente, pero, ¿cuánto habrá que esperar? ¿Otros tres años? ¿Otros cinco años, para que tengamos esta oportunidad de darles a los pueblos indígenas una representación al interior de esta Junta de Gobierno?

Hay que tener claro que las juntas de gobierno se integran, siempre, por los órganos, por las dependencias gubernamentales. Así que esperemos que éste sea un primer paso para que el día de mañana no sea uno, sino que ojalá y fuera un representante de cada pueblo indígena que tuviera esta representación al interior de esta Junta de Gobierno.

Yo les pido a los señores diputados y diputadas, que demos hoy el primer paso, para que los pueblos indígenas tengan por primera vez representación en la Junta de Gobierno de esta importante Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. La diputada Isabel Pérez, desde su curul.

La diputada María Isabel Pérez Santos(desde la curul): Gracias, presidente. Por parte de los pueblos originarios, yo soy una mujer indígena, además integro la Comisión de Asuntos Indígenas, soy secretaria, yo quiero desde aquí hacer un llamado a todos mis compañeros diputados a que voten a favor de este dictamen.

Es importante que tengamos la representación con voz y voto en la toma de decisiones y también en el manejo de los recursos. Desde aquí hago esta invitación a favor. No coincido con los demás compañeros que no están de acuerdo en que se haga efectivo este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Queda consignada su intervención.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 359 votos en pro, 30 en contra y 3 abstenciones.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por 359 votos. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras diputadas y señores diputados, hemos recibido de la Junta de Coordinación Política la solicitud de pasar directamente al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es decir, el de robo de combustibles, lo cual esta Mesa Directiva accede a realizar.

La Secretaria diputada María Guadalupe García Almanza:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1 , fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de la minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 18 de agosto de 2010, el senador Alejandro González Alcocer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Segundo. Con fecha 19 de octubre de 2010, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores, los senadores Tomás Torres Mercado y Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 254 Bis y se adicionan los artículos 254 Bis 1, 254 Bis 2, 254 Bis 3, 254 Bis 4, 254 Bis 5, 254 Bis 6 y 254 Bis 7 al Código Penal Federal, y por el que se reforman el artículo 178 y el numeral 19 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Tercero. Con fecha el 26 de octubre de 2010, en ejercicio de la facultad implícita en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sesión ordinaria celebrada por esta colegisladora, el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 381 Ter al Código Penal Federal.

Cuarto. Presentadas las iniciativas de mérito en la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen correspondiente, la Mesa Directiva acordó dar a las mismas el trámite de recibo y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios legislativos, Primera.

Quinto. En sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, celebrada el 9 de diciembre de 2010, se aprobaron dichas iniciativas, remitiendo la correspondiente minuta a esta Cámara de diputados.

Sexto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 14 de diciembre de 2010, se dio cuenta con el oficio número DGPL-1P2A.-4655, de fecha 9 de diciembre de 2010, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Séptimo. En la misma fecha la Mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acordó turnar a la Comisión de Justicia dicha minuta para su estudio y dictamen correspondiente.

Análisis de la Minuta

En la minuta proyecto de decreto, la Cámara de Senadores, señala que se incorporan al Código Penal sustantivo en materia federal, la descripción de conductas hasta ahora no reconocidas por su tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad; se precisa una penalidad severa en contra de sus autores y copartícipes; se consignan algunas de ellas dentro del catálogo de los delitos que se califican como graves, por la trascendencia de su afectación en la sociedad, y; se integran algunos de los supuestos de hecho que comprenden entre los delitos que actualizan la sanción a sus autores como miembros de la delincuencia organizada, abriendo la posibilidad de agravar aún más la determinación definitiva de la pena, siempre y cuando concurran también las demás circunstancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es decir, siempre que se trate de tres o más personas que se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado consumar los supuestos consabidos. Por consiguiente, reconocemos las bondades que dan sustento a esta iniciativa, sin embargo, también reconocemos en algunas de las reformas que plantea la presencia de cuestiones de inconsistencia que no es prudente aprobar, en virtud de los argumentos que en su oportunidad se aducen en apoyo de esta consideración.

Tal es el caso, de la posesión ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, o la ostentación de la propiedad de estos productos al margen de la ley, prevista en la fracción I de la nueva estructura del artículo 368 Quáter que se incorpora al Código Penal Federal, en la iniciativa del 18 de agosto de 2010, apartado en donde se manifiesta una inconsistencia legislativa en la determinación de la multa que se impone en razón de la cantidad que se posea o sobre la que se ostente la ilícita propiedad, habida cuenta que en sus párrafos segundo y tercero fija los mismos extremos en esta sanción, no obstante que en el tercero de éstos se fija una pena de prisión que en su extremo mínimo es igual al máximo que se prevé en el segundo párrafo, y su extremo mayor lo supera por cinco años. Es decir, en la especie, la posesión ilícita de más de 300 litros de estos productos, sin que llegue a los 1000, o la ostentación ilícita de su propiedad, se castiga con una pena de tres a ocho años de prisión y decien a quinientos días multa, que es igual a la multa que se impondrá cuando en este supuesto de hecho la cantidad del objeto del mismo sea menor de 300 litros; hipótesis, esta última, que se sancionará, además, con una pena de prisión de uno a tres años. Por tanto, en ese orden de ideas, si bien es atendible dejar los extremos de la multa en los términos en que se disponen en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter del ordenamiento federal punitivo en cita, a juicio nuestro, es pertinente elevar de quinientos a mil días los que corresponden a la multa que se contempla en el párrafo tercero de la misma fracción, en virtud de representar la consumación del delito en esta modalidad un peligro concreto mayor que el que se alcanza a distinguir en el párrafo segundo.

Consideración distinta, sobre el tema de la penalidad en cita, corresponde a los extremos de la pena de prisión que se plantean en los distintos supuestos de hecho que se comprenden en la reforma de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal; extremos, mínimos y máximos, contrarios a la finalidad que se desprende del principio que obra imbíbito en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Ciertamente, se ha dicho, y con razón, que la lucha contra la delincuencia no debe cruzar necesariamente por el endurecimiento de las penas o la severidad en el castigo, porque ni siquiera la pena de muerte ha generado los efectos esperados con su vigencia. Se ha disertado, también, sobre la necesidad de reubicar la política criminal en México sobre un concepto que revalorice la eficacia y utilidad de la prisión ante su evidente fracaso y, por añadidura, se ha pensado seriamente en la tarea de impulsar una reforma integral que, en el plano legislativo, establezca un sistema de sanciones proporcionales –lo más humana y técnicamente posible– con relación a la naturaleza de los derechos o intereses lesionados o afectados por el delito, a la calidad de los sujetos que intervienen en su consumación, a la mayor o menor gravedad del daño causado, a la culpabilidad, al resultado y a la unidad o pluralidad de la acción. Y en el ejecutivo, dé paso a la construcción de un verdadero sistema penitenciario que contribuya efectivamente al logro de la readaptación social de quienes han sido sentenciados.

En efecto, si la dimensión de la pena de prisión debe ser determinada lo más objetiva y proporcionalmente con relación a la importancia de los bienes jurídicos que el Derecho tutela y la trascendencia del daño que el delito produce, en la especie, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución del hecho y las peculiares del delincuente, en la reforma del primer párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, se plantea una pena de prisión de seis meses a dos años en el supuesto de la posesión de hasta trescientos litros de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados; en el párrafo segundo, de la fracción y precepto consabidos, de dos a cuatro años de prisión en el supuesto de la posesión de más de trescientos pero menos de mil litros de estos bienes; y en el tercer párrafo, de los mismos apartados, de cuatro a diez años de prisión cuando la posesión o detentación ilegítima de estos productos sea igual o mayor a mil litros. La dinámica de este fenómeno delincuencial en la actualidad es alarmante, sin embargo, desde la perspectiva del tratamiento penitenciario y sus implicaciones, reprender al agente del delito con las penas de prisión que establece el proyecto que se examina, a juicio nuestro, sería contrario al superior propósito que se busca con la consagración del principio fundamental inmerso en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se justifica, de tal manera, la disminución de los extremos de la pena de prisión aplicable en distintos supuestos de hecho previstos en la reforma de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, para establecer la posibilidad de actualizar la concesión de algún beneficio preliberacional, cuando proceda.

Señala la colegisladora que para arribar a un proyecto único, enriquecido lo mejor posible desde el punto de vista de una adecuada técnica jurídica en su elaboración, que busca que éstas sean claras, completas y coherentes, en el tema de las circunstancias que agravan la responsabilidad y el castigo en los supuestos de hecho previstos en la nueva fracción VIII que se adiciona en el artículo 254 y los que se manifiestan en el artículo 368 Quáter, ambos, del Código Penal Federal, si bien es cierto que, conforme al artículo 212, del propio ordenamiento, para los efectos del Título Décimo –“DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS”– Y el subsecuente “es servidor públicotoda persona que desempeñe un empleo,cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal,organismos descentralizados,empresas de participación estatal mayoritaria,organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos económicos federales ...”, de aquí no es posible arribar a un criterio de interpretación para incorporar al “trabajador sindicalizado” de la industria petrolera dentro del concepto de “servidor público” de la misma. Una consideración contraria, sería inadmisible en materia penal sin quebrantar el principio fundamental de legalidad que lo rige todo en el ámbito de su aplicación. Asumir, por simple analogía, ese criterio, además de ser contrario a lo que manda el principio consabido, la conclusión que se deduzca no sería aplicable para el Título Decimocuarto del Código Penal Federal, que comprende los “DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA PÚBLICA”, porque el artículo 212 categóricamente indica para que efectos define el concepto. La falta de precisión del concepto de “trabajador” de la industria petrolera dentro de las circunstancias agravantes de referencia, a juicio nuestro, podría dar lugar a espacios de impunidad cuando se trate de la participación en estos delitos de trabajadores que sean sindicalizados o no lo sean. Ergo, es atendible insertar entre las circunstancias que agravan la punibilidad, en la especie, el concepto que alude a la calidad específica del trabajador de esa industria, como elemento normativo para imponerla cuando se actualice el supuesto.

Juicio análogo, señalan que tratándose de la descripción típica que se inserta en la nueva fracción VIII del artículo 254 del Código Penal Federal, también de la iniciativa del 18 de agosto de 2010, para prohibir y sancionar la alteración de los instrumentos de medición que se utilizan en la enajenación o suministro de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, porque en su construcción literal no se advierte la misma técnica que se aplica en la formulación de los demás tipos contra la economía pública que están presentes en las fracciones ya vigentes del propio numeral. Esto es, no se alcanza a columbrar la expresión relativa al elemento subjetivo del que se colija en el supuesto de hecho que se describe, la dañada intención del agente de consumarlo con conocimiento de las circunstancias que lo constituyen y la voluntad de realizarlo con representación del resultado que se quiere o consiente, es decir, con conciencia de que se quebranta el principio que prohíbe alterar los instrumentos de referencia. Elemento subjetivo, que si aparece en otros enunciados, a saber: “...destrucción ‘indebida’ de materias primas, productos agrícolas o industriales o medios de producción, que se haga con ‘perjuicio’ del consumo nacional...” (Fracción I); “Al que ‘dolosamente’, en operaciones mercantiles exporte mercancías nacionales de calidad inferior, o en menor cantidad de lo convenido...” (Fracción IV); “Al que ‘dolosamente’ adquiera, pasea o trafique con semillas, fertilizantes, plaguicidas, implementos y otros materiales destinados a la producción agropecuaria que se hayan entregado a los productores por alguna entidad o dependencia pública a precios subsidiados...” (Fracción V); “Al que ‘sin derecho’ realice cualquier sustracción o alteración a equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo...” (Fracción VII); y “Al que ‘sin derecho’ realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica...” (Fracción VIII).

Lo que es más, si alterar significa, entre otras cosas, “cambiar la esencia o forma de algo”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es incuestionable que estamos en presencia de un concepto muy amplio que, por añadidura, al insertarlo en la estructura del supuesto de hecho que ahora se invoca reconocer en el derecho positivo nacional por su relevancia jurídica, a través de la palabra “altere”, presente del subjuntivo del verbo rector de la conducta: “alterar”, no define con claridad el sentido de la intención que representa para considerarla como contraria al derecho o al orden social, puesto que, este elemento normativo, por sí sólo, no impregna de ese especial matiz de delictuosa a la idea que se inserta en la nueva fracción VIII que se adiciona al artículo 254 del Código Penal Federal. En tal contexto, es palmaria en la redacción del supuesto de hecho así establecido la existencia de un cierto margen de incerteza e inseguridad jurídicas en perjuicio del operador del instrumento de medición o de quien tenga a su cargo la obligación de darle mantenimiento para garantizar, lo más perfecto humanamente posible, la fidelidad de los datos que registre. En este sentido, es dable que un instrumento de medición sea alterado por muchos motivos, sin que ello implique la intención de consumar un delito. Tal es el caso, por ejemplo, de la implementación de Controles Volumétricos implantado en gasolineras para mejorar la inspección del suministro y evitar la compra de pipas de combustible robado al incluir procesos de comunicación directa con Petróleos Mexicanos y nuevos elementos para facilitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la realización de auditorías en este tipo de establecimientos; controles que se adaptan a los dispensarios que son utilizados para medir el suministro de gasolinas o diesel que se venden al consumidor final, como dispositivos de vigilancia permanente para evitar el uso y la venta de combustibles robados o adulterados, circunstancia, que se traduce en una alteración de aquellos instrumentos de medición, sin que ello implique el propósito de consumar un delito.

Apunta la Minuta que para no violentar el principio de congruencia que debe atender siempre el legislador en la creación de una nueva disposición legal; reflexión que nos obliga no solamente a suprimir el número de la fracción que se indica en el enunciado que agrava la penalidad de la conducta que se prohíbe en la nueva fracción VIII del artículo 254 del Código Penal Federal, sino a incluir ese enunciado dentro del contexto de esta última fracción. Por qué, porque en la redacción de ese enunciado se habla de una fracción IX como el apartado en el que se comprende la hipótesis a la que está vinculada la circunstancia que agrava el castigo, sin que esto sea correcto. A otra conclusión, no es posible arribar, si la voluntad del legislador al concebir ese nuevo supuesto de hecho por su relevancia jurídica, se orientó hacia la finalidad de castigarlo con mayor severidad si en su consumación participa un servidor público o un trabajador de la industria petrolera. Ciertamente, así se infiere del “ARTÍCULO PRIMERO” del proyecto de decreto en estudio, cuando dice: “Se adiciona la fracción IX y un último párrafo al artículo 254... del Código Penal Federal...”, cuenta habida que la que se adiciona es la VIII y no la IX en razón de los argumentos contenidos en el apartado II del capítulo de “ANÁLISIS DE LA INICIATIVA”, a los cuales nos remitimos en obvio de insustanciales repeticiones, y de otras consideraciones que confirman esta aseveración, como lo es la transcripción que se hace de la citada fracción IX con puntos suspensivos, que da a entender que se trata de un texto ya conocido, que no es otro, por supuesto, que el de la fracción VIII vigente, que solamente se recorrió en su orden.

Por todo lo anterior, señala la Minuta que, tratándose de la iniciativa presentada el 18 de agosto de 2010, ninguno de los principios apuntados al proemio de este capítulo, ni garantía alguna de seguridad jurídica o constitucional se quebrantan, porque en las reformas y adiciones que se han examinado lo que se manifiesta es la potestad que al legislador le concierne, primero, para decretar que un supuesto de hecho determinado debe ser reconocido por el Estado como delito, en virtud de la trascendencia del daño o peligro que socialmente representa; y, segundo, la delimitación de su penalidad o su sanción correspondiente. Es decir, en estas reformas y adiciones, solamente se concreta la voluntad del legislador para establecer la descripción típica de nuevas conductas criminales, su punibilidad y la agravación de éstas por la calidad específica de algunos de los sujetos que intervienen en su consumación; figuras nuevas que tienen vida independiente; conductas dolosas en las que es evidente la voluntad y conciencia de poner en peligro la economía pública y el bienestar de la población en general; conductas que se despliegan por organizaciones delictivas de rápida expansión, cuyos efectos negativos inciden, en última instancia, en la extracción o robo de grandes flujos de combustible que se mueven a lo largo de la red de transportación de todo el país; circunstancia que, además, de generar el establecimiento de depósitos clandestinos para su almacenamiento y posterior distribución, pone en alto riesgo la integridad física de las personas que habitan en torno a las áreas en donde se realizan estas actividades. En su desarrollo, la corrupción de trabajadores y servidores públicos de la propia industria constituye otro de los aspectos negativos de este fenómeno criminal. En la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal, se plantea su reforma para prohibir y sancionar, además de la sustracción y alteración de equipos o instalaciones de la industria petrolera, la sustracción o aprovechamiento de hidrocarburos o sus derivados, de los propios equipos o instalaciones, pero distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter de este Código, que también se reforma, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.

Luego, si una de las tareas esenciales del Estado mexicano estriba en el aseguramiento de un orden y de una constante coordinación de actividades que garanticen una justa y equilibrada convivencia en nuestra sociedad, la existencia de penas y medidas de seguridad severas para sancionar la deshonestidad, la infidelidad, la ineficacia dolosa, el engaño o la falacia, el desvío doloso de la conducta, o la complicidad y el encubrimiento, de servidores públicos corruptos en la industria petrolera, bien se justifican las circunstancias que agravan la penalidad de aquellos sujetos que tengan esa calidad o la hubiesen tenido –con independencia de límite temporal que se aduce en ellas, por las razones que más adelante se exponen– e intervengan en la alteración dolosa de los instrumentos de medición utilizados en la venta y suministro de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, o en la posesión ilícita de petróleo crudo o ese mismo tipo de combustibles líquidos, o en la ostentación de su propiedad al margen de la ley, en cantidades mayores o iguales a 1000 litros. Así, sin la desestimación de la tarea que nos conduzca a continuar vigorizando los instrumentos jurídicos que nos permitan contar con un régimen legal eficaz para combatir de manera frontal y decidida este fenómeno de la delincuencia, son atendibles estas circunstancias para obligar a los negligentes e indisciplinados a sujetarse a ese orden establecido. A todos nos preocupa el desmesurado aumento y fortalecimiento del crimen organizado en México y la inoperancia ante este fenómeno de las instituciones encargadas de su prevención y de la procuración y administración de justicia, pero más nos debe inquietar el que esta criminalidad organizada se engendre en las propias entrañas de la función pública nacional.

Estiman por otra parte que es inatendible insertar en sus términos, es la relativa al señalamiento de un límite o espacio temporal tan corto relacionado con el carácter específico que hubiese tenido el sujeto activo del delito antes de su consumación, para imponerle la nueva penalidad agravada prevista en los artículos 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal. Sería desafortunado, ciertamente, establecer la aplicación de estas circunstancias agravantes de punibilidad, solamente para aquellos trabajadores o servidores públicos de la industria petrolera que un año antes de la perpetración del injusto criminal hubiesen estado vinculados a dicha industria. Por qué, porque el mismo daño al bien jurídico tutelado en tales preceptos –o uno mayor– y con el mismo grado de responsabilidad imputable al agente, lo pueden provocar quienes hubiesen sido trabajadores sindicalizados o servidores públicos de Petróleos Mexicanos o de sus organismos subsidiarios o empresas filiales, uno, tres o más años anteriores a la consumación del delito; sujetos que, probablemente, tienen el conocimiento de las formas o métodos para extraer los flujos de combustible que se mueven a lo largo de la red de transportación de todo el país. En ese orden de ideas, en suma, se estima atendible eliminar también de las circunstancias agravantes que se invocan, la referencia al lapso de un año como condición objetiva para que se actualice la aplicación de la penalidad agravada a trabajadores o servidores públicos de la industria petrolera, que hubiesen participado en la perpetración de los supuestos de hecho consabidos en cualquiera de las formas previstas en el artículo 13 del propio ordenamiento federal punitivo.

Bajo ese mismo orden de cambios que, en la especie, se estiman atendibles establecer para darle mayor congruencia a la descripción típica del delito que se consigna en la fracción I del artículo 368 Quáter, se suprime en ésta la locución que se refiere a uno de los modos de obrar del sujeto activo del delito –además del concepto que alude a la “posesión”–-, relativo a la “ostentación como propietario” de manera ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, y se inserta en su lugar la palabra “resguarde” referido a la detentación de los mismos productos. También, y acudiendo a la misma técnica que se emplea en la integración del supuesto de hecho y su agravación, implícitos en la fracción VIII del artículo 254, con relación a la excusa absolutoria que impide la aplicación de la penalidad señalada para el primero de los supuestos de hecho previstos en la fracción I del artículo 368 Quáter, en contra de su autor cuando la posesión o resguardo de hidrocarburos procesados o sus derivados no exceda de la cantidad de trescientos litros y su consumo lo tenga destinado al desarrollo de actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de la comunidad en la que se encuentren; excusa absolutoria que se contempla como párrafo último de la reforma que se plantea en el precepto con antelación citado. A juicio nuestro, el párrafo en el que se consigna esta excusa absolutoria, para quedar comprendido en su justa dimensión temática, debe ubicarse al final de la fracción I del artículo 368 Quáter.

Con relación a las reformas y adiciones que se comprenden en las iniciativas del 19 y 26 de octubre de 2010 puntualizan; en la primera de estas iniciativas, se estiman inatendibles las adiciones de los artículos 254 Bis, párrafos primero, segundo y tercero, 254 Bis 1, 254 Bis 2, 254 Bis 3, 254 Bis 4, 254 Bis 5, 254 Bis 6 y 254 Bis 7, habida cuenta que el sentido y alcance de las disposiciones que consignan, o su significado ya lo establecen las reformas que se plantean en el primero de los proyectos que se han examinado, con independencia de las cuestiones de inconstitucionalidad que se advierte en el tercero de los proyectos consabidos. En consecuencia, a juicio nuestro, no es dable la procedencia de las reformas que en el segundo de los proyectos de referencia se invocan en los artículos 178 y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Juicio distinto, nos corresponde expresar, tratándose de la descripción típica de la conducta que se imputa al trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos que afecten a la industria petrolera, pero no solamente para que se le considere como autor o copartícipe de los mismos, porque de hecho al proporcionar aquella información, su autoría o participación nace inmediatamente en los términos del artículo 13 del Código Penal Federal. Bajo esa tesitura, en los artículos 254 y 368 Quáter de este ordenamiento federal punitivo, que se reforman con el primero de los proyectos que se dictaminan, haciendo las adecuaciones que se tengan que hacer, deberá insertarse el enunciado que contemple esa prescripción para cerrarle un espacio más a la impunidad de la delincuencia en nuestro país.

Análisis Comparativo

Consideraciones

Antes de entrar al estudio y en su caso aprobación de la minuta en estudio, es importante destacar, que esta Comisión de Justicia y posteriormente el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobaron una reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de robo de hidrocarburos, minuta que se encuentra en el Senado de la República para su estudio y dictamen correspondiente y que coincide en gran parte con las reformas y adiciones propuestas en la minuta materia del presente dictamen.

Primera. Después del análisis a la minuta remitida por la Cámara de Senadores, esta Comisión de Justicia, considera procedentes y adecuadas las consideraciones y reformas y adiciones que el Senado de República realizó al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo anterior, en virtud de que resultan ser adiciones y reformas que protegen aún más los bienes jurídicos tutelados como resultan ser el consumo y la riqueza nacionales y el patrimonio de las personas, por lo que se aprueba en sus términos.

Segunda. Se coincide con la colegisladora, en el sentido de arribar a un proyecto único, enriquecido lo mejor posible desde el punto de vista de una adecuada técnica jurídica en su elaboración, que busca que éstas sean claras, completas y coherentes, en el tema del establecimiento de nuevas conductas y su correspondiente castigo en los supuestos de hecho previstos en las adiciones del artículo 254 y los que se manifiestan en el artículo 368 Quáter, ambos, del Código Penal Federal.

Por lo que se está de acuerdo con la minuta, en el sentido, de que para no violentar el principio de congruencia que debe atender siempre el legislador en la creación de una nueva disposición legal, por lo que en estas reformas y adiciones, solamente se concreta la voluntad del legislador para establecer la descripción típica de nuevas conductas criminales, su punibilidad y la agravación de éstas por la calidad específica de algunos de los sujetos que intervienen en su consumación; figuras nuevas que tienen vida independiente; conductas dolosas en las que es evidente la voluntad y conciencia de poner en peligro la economía pública y el bienestar de la población en general; conductas que se despliegan por organizaciones delictivas de rápida expansión, cuyos efectos negativos inciden, en última instancia, en la extracción o robo de grandes flujos de combustible que se mueven a lo largo de la red de transportación de todo el país; circunstancia que, además, de generar el establecimiento de depósitos clandestinos para su almacenamiento y posterior distribución, pone en alto riesgo la integridad física de las personas que habitan en torno a las áreas en donde se realizan estas actividades.

En ese sentido, y toda vez que una de las tareas esenciales del Estado mexicano estriba en el aseguramiento de un orden y de una constante coordinación de actividades que garanticen una justa y equilibrada convivencia en nuestra sociedad, la existencia de penas y medidas de seguridad severas para sancionar la deshonestidad, la infidelidad, la ineficacia dolosa, el engaño o la falacia, el desvío doloso de la conducta, o la complicidad y el encubrimiento, de servidores públicos, por lo que a todos nos preocupa el desmesurado aumento y fortalecimiento del crimen organizado en México y la inoperancia ante este fenómeno de las instituciones encargadas de su prevención y de la procuración y administración de justicia, pero más nos debe inquietar el que esta criminalidad organizada se engendre en las propias entrañas de la función pública nacional.

No se omite señalar que la minuta en estudio debe sufrir una modificación, en virtud que se considera necesario incluir en el catálogo de delitos graves que contempla el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y en los delitos que se persiguen bajo las reglas de la delincuencia organizada, a lo establecido en el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 368 Quáter, es decir, la hipótesis que dispone que a quien posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados en caso de que la cantidad sea igual o mayor a 1000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa, lo anterior toda vez que, derivado de la cantidad que contempla dicha hipótesis, se estima que se trata de grupos organizados que se dedican al robo de hidrocarburos y lo poseen o resguardan para venderlo o usarlo en la comisión de otros delitos, por lo que se considera que dicho tipo penal cumple con las reglas de la Convención de Palermo, para ser incluido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo anteriormente expuesto y para los efectos del artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Justicia somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Primero. Se reforman las fracciones VII y actual VIII y se adiciona una fracción VIII, pasando la actual VIII a ser IX al artículo 254, y se reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254. ...

I. a VI ...

VII. Al que sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter de este Código, cualquiera que sea su estado físico; o realice cualquier sustracción o alteración de dichos equipos o instalaciones.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los duetos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de dicha industria.

VIII. A quien de manera dolosa altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados. En este caso la sanción que corresponda se aumentará hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera, y

IX. Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica.

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más para el trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Artículo 368 Quáter. Se sancionará a quien:

I. Posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados.

Cuando la cantidad sea menor de 300 litros y hasta 300 litros, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa.

Cuando la cantidad sea mayor de 300 litros pero menor de 1000 litros, con pena de prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa.

En caso de que la cantidad sea igual o mayor a 1000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa.

No se aplicará la pena prevista en el segundo párrafo de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.

II. Enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro con pena de prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

III. Enajene o suministre gas licuado de petróleo mediante estación de Gas L.P., para carburación, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro con una pena de prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa.

IV. Sustraiga o aproveche petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales con pena de prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa.

Las sanciones que correspondan en este artículo se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo, se aumentarán en una mitad más para el trabajador o servidor público que, con motivo de su trabajo, suministre información de las instalaciones, del equipo o de la operación de la industria que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de referencia.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 177, párrafo primero; 194, fracción I, inciso 25); se adiciona un párrafo quinto al artículo 181 y se deroga el inciso 28), fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 177. Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracciones VII y VIII; 254 Ter; 368, fracción II y 368 Quáter, fracciones I y IV del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.

Para el acreditamiento de la propiedad federal, no se exigirá la presentación de factura o escritura pública o la inscripción en el registro público.

Artículo 181. ..

..

..

...

Cuando se asegure petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, el Ministerio Público vigilará su aseguramiento y entrega sin dilación alguna a Petróleos Mexicanos o a sus organismos subsidiarios, para que proceda a su disposición final, previa inspección en la que se determinará la naturaleza, volumen y demás características de éstos; conservando muestras representativas para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa y en proceso, según sea el caso.

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) a 24)...

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, los previstos en el párrafo cuarto de la fracción I y en la fracción IV del artículo 368 Quáter;

26) y 27) ...

28)Se deroga.

29)a 36) ...

II. a XVIII ...

...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; los previstos en el párrafo cuarto de la fracción I y en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II. a VII ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 22 de febrero de 2011.

La Comisión de Justicia, diputados: Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García, Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria, Pedro Vázquez González, J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos para fundamentar este dictamen, por tanto, está a discusión en lo general. Don Pedro Vázquez, en pro. Don Óscar Arce, también se inscribe a la lista de oradores. Con todo el respeto de esta Presidencia, don Pedro, muchas gracias.

El diputado Pedro Vázquez González:Como siempre, gracias, presidente. Con la venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputados, acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En principio, queremos destacar que nuestro grupo parlamentario es un firme defensor de los recursos petroleros. Tal y como lo dispone el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son propiedad de la nación, esto es, de todos los mexicanos.

En el dictamen que nos ocupa se propone la modificación de algunos artículos del Código Penal para sancionar el robo de hidrocarburos o sus derivados. En nuestra opinión, más que la sanción por sí misma, urge que Petróleos Mexicanos pueda denunciar, prácticamente en tiempo real, a la autoridad correspondiente cuando se detecte baja de presión en los distintos tramos de los ductos que la paraestatal tiene.

La ordeña de combustible es una práctica común a todo lo largo y ancho del país y sólo en muy pocas ocasiones los responsables son detenidos y sancionados. En reiteradas ocasiones nuestro grupo parlamentario ha señalado que en principio nos oponemos al incremento de las penas, ya que esta medida por sí misma no desalienta la comisión de ellos. En todo caso, lo que Pemex y la Policía Federal Preventiva deben hacer es prevenir la comisión de este delito.

Coincidimos con la comisión que dictamina en la necesidad de considerar al delito de robo de combustible como grave y que quienes lo cometan no puedan tener la libertad caucional mientras están sujetos a proceso.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta conducta delictiva requiere para su realización contar con equipo de extracción y almacenamiento, por lo que quienes la realizan no son personas que lo hacen por necesidad, sino que pertenecen en su gran mayoría a organizaciones delictivas debidamente organizadas.

En este sentido debemos solicitarle a la Procuraduría General de la República que nos informe, a esta soberanía, sobre el número de averiguaciones previas que se han integrado, las consignaciones realizadas y las sentencias condenatorias obtenidas en contra de quienes han cometido estos delitos.

Al final de cuentas, nuestra obligación es salvaguardar la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales. Por estas consideraciones, invito a mis compañeros diputados y a mis compañeras diputadas a que votemos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Pedro Vázquez, distinguido coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra el diputado Óscar Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional, en pro.

El diputado Óscar Martín Arce Paniagua:Con su venia, presidente. Quiero aclarar que el presidente de la comisión, el doctor Humberto Benítez Treviño, me pidió que interviniera a nombre de la comisión, siguiendo este apartado para fundamentar el dictamen.

Abonando a lo que mi compañero Pedro acaba de comentar, éste es un tema muy noble que es necesario abordar y votar rápidamente por el daño que se ha hecho a la nación por el robo de hidrocarburos.

Tenemos diversas cifras que se han manejado, que van desde la pérdida de 10 millones de dólares diarios hasta 3 mil millones de dólares en un año, y con tomas clandestinas con un aumento en más de 80 por ciento en los cinco años que han pasado.

Por tanto, el daño que se le ha hecho a la nación en el tema de robo de hidrocarburos es muy severo. Tenemos que tener medidas mucho más fuertes para que en ciertos tipos penales, como bien lo comentaba el compañero, sea sancionada con más severidad la gente que abusa y que comete robo de este bien de la nación.

De manera particular queremos comentarles que en la comisión acordamos que la pena se agravara cuando la persona sostenga o retenga ilegalmente más de mil litros de hidrocarburos; que no compruebe la legalidad.

También agravar la pena en más de la mitad cuando la persona que lo cometa lo haga en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y que sea una persona que haya tenido como tarea el cuidar las mismas.

Agravando esta pena de robo de hidrocarburos vamos a responder fuertemente en contra de lo que hoy se ha convertido en un negocio de la delincuencia organizada. En las denuncias que se han presentado y donde se ha detenido gente en robo de hidrocarburo, en más de la mitad de los casos se ha comprobado que existe una relación directa y que se ha obtenido dentro de la incautación droga o algunos otros elementos que son señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, o delitos contra la salud.

Por tanto, y en nombre de la comisión que preside el doctor Humberto Benítez, les pido el voto a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la minuta que estamos a punto de votar establece nuevas descripciones para agravar las conductas que tienen que ver con los sujetos que intervienen en el robo de hidrocarburos y sus derivados.

Se incorporan al Código Penal Federal la descripción de conductas delictivas, hasta ahora carentes del reconocimiento por su tipicidad en el código sustantivo federal, y que afectan, evidentemente, a la economía pública.

Se precisan penalidades severas en contra de quienes las cometen y se agrava la penalidad cuando se trata de delincuencia organizada. Es decir, la voluntad del legislador es la de establecer la descripción típica de estas nuevas conductas ilegales, su punibilidad y la gravación de éstas por la calidad específica de quien comete el ilícito, que por cierto, será un delito doloso que afecta a la economía pública y a toda la nación por sus repercusiones y cuyos efectos directos se traducen en la extracción o robo de combustible que circula por la red de conducción de todo el país, sin soslayar que esto genera la creación de depósitos clandestinos que generan un peligro real, actual e inminente para todos los vecinos y personas que viven en los entornos de ellos.

Los estados financieros de Petróleos Mexicanos señalan que en los últimos años más de 20 mil millones de pesos le cuestan cada año al erario, éste tipo de ilícitos. La adulteración y la venta ilícita de combustible, 30 por ciento de ese volumen corresponden al robo que se realiza en las instalaciones de la paraestatal, 20 por ciento al robo en poliductos y el 50 por ciento restante a la comercialización de combustibles adulterados y de los productos internados de manera irregular al territorio nacional.

Se trata de una actividad que controla la delincuencia organizada en varias entidades del país. Sin embargo, en la actualidad estos grupos ya no sólo ordeñan los ductos de la paraestatal, roban gasolinas, diesel y condensados, sino que ahora se sustrae petróleo crudo para someterlo a una refinación artesanal clandestina y el cual termina vendiéndose sin control como combustible que se vende en el autotransporte de carga de pasajeros. Es decir, que estos combustibles adquieren la calidad de adulterados.

Se trata de una serie de actos ilícitos que como el robo, la adulteración y el comercio ilegal de combustible afectan gravemente el patrimonio de petróleos mexicanos y de la nación, de ahí que nuestro marco jurídico requiera actualizarse, por lo que resulta necesario graduar la sanción respecto de la posesión ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados o sus derivados, o la ostentación de la propiedad de estos productos.

Sanciona la enajenación o suministro de gasolinas o diesel. La enajenación o suministro de gas licuado de petróleo mediante estación de gas LP para carburación. En los casos de sustracción o aprovechamiento de petróleo crudo, o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Pemex, se establece en esta nueva normatividad, una penalidad hasta los 12 años que puede incrementarse hasta una mitad más, cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

Con esta nueva legislación le estamos proporcionando herramientas precisas al Ministerio Público de la federación para una debida integración y perfeccionamiento en la consignación de este tipo de ilícitos. Pero también, le estamos otorgando al Poder Judicial federal, instrumentos y herramientas para sentenciar debidamente y en su más estricta aplicación de la ley, a la persona que cometa este tipo de ilícitos, trátese de delincuencia organizada o no.

Por ello, la fracción el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos llamando a votar a favor del presente dictamen, que en nuestra particular consideración es de vital importancia para mejorar  la economía de nuestro país, aclarando también que nuestro grupo parlamentario seguirá promoviendo medidas para controlar de manera legal, es decir, dentro del marco jurídico, la actividad propia del Consejo de Administración de Pemex, hablando específicamente de sus consejeros y lo que perciben en este cargo público que ostentan al día de hoy. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Santana. Tiene la palabra ahora el diputado Arturo Zamora Jiménez.

Y antes de que nos haga el honor de dirigir la palabra la asamblea, quiero saludar la presencia de alumnos del Conalep, de Santiago Tianguistenco, estado de México, invitados del diputado Fernando Ferreyra Olivares. Muchas gracias por encontrarse con nosotros.

Y también están con nosotros alumnos destacados del estado de Michoacán, invitados del diputado Benigno Quezada Naranjo. Muchas gracias a nuestros compañeros michoacanos.

Y, están con nosotros alumnos del Colegio Isaac Newton. Ellos son invitados de la diputada Silvia Pérez Ceballos. Bienvenidos todos ustedes a la Cámara de Diputados esta tarde.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Jaime Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, para insistir, ya sea en esta sesión o en la próxima, que discutamos el viaje de Felipe Calderón a los Estados Unidos, por lo que implica esto a la política interior y exterior de nuestro país, sobre todo el nivel de sujeción y de subordinación del gobierno mexicano, del Ejecutivo, a los designios políticos, económicos, militares de los Estados Unidos, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tomo nota, señor diputado, con mucho gusto. Adelante, diputado Zamora.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, presidente. Estimados compañeros diputados, una vez más estamos en posición de destacar el compromiso que esta honorable Cámara de Diputados tiene con todos los mexicanos para proteger de manera más efectiva los intereses de la nación.

El robo de hidrocarburos daña a la economía nacional, lesiona y pone en peligro a la población, genera competencia desleal, provoca corrupción institucional y social, y todo esto ha motivado se presentaran numerosas iniciativas que dieron pie a un intenso trabajo legislativo por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de reformar y adicionar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de proteger de manera más intensa y efectiva los bienes jurídicos que debemos tutelar como son: el garantizar el consumo y riqueza nacionales, el patrimonio de la nación, la integridad física de las personas, y la competencia con reglas claras.

Señores diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI solicitamos el voto a favor de este dictamen en que se puntualiza y describen conductas hasta ahora no contempladas en el Código Penal. Se trata de sancionar con pena de 3 a 10 años de prisión a quienes sustraigan o aprovechen hidrocarburos de las instalaciones petroleras.

También se trata de sancionar con este dictamen a las personas que posean de manera ilícita combustible; que posean de manera ilícita combustible se establezca no solamente la pena privativa de libertad sino como un delito de carácter grave y, sobre todo, un delito de delincuencia organizada.

Con este dictamen se pretende sancionar con pena de 3 a 6 años de prisión a los expendedores de gasolina o diesel que con conocimiento entreguen una cantidad menor a la que se hace en la operación de compra-venta.

El Grupo Parlamentario del PRI también está interesado en proteger los intereses de los consumidores y, en este sentido también es importante señalar a ustedes que hay aumentos de penas de manera importante, para que cuando en el robo de hidrocarburo, en él participen funcionarios o servidores públicos, o trabajadores de la industria paraestatal.

Se incluye en el catálogo de delitos como delitos graves el tema que tiene que ver precisamente con la posesión de más de 1 mil litros de gasolina, de diesel o sus derivados, porque precisamente se trata de prevenir y de evitar en el contexto nacional que se utilicen estas sustancias para causar daño a la población.

Señores diputados, ante la presencia de delitos intencionales de esta naturaleza, en los que se pone en peligro la economía nacional, la seguridad de la población, en general el Estado mexicano debe contar con herramientas que aseguren el orden, eliminen la corrupción y garanticen adecuadamente sus bienes y valores.

Con la aprobación del presente dictamen, de manera responsable estaremos dotando al Ejecutivo federal de mayores y mejores herramientas para el combate de estos delitos, por lo que ahora le corresponderá a éste implementar las medidas necesarias para revertir la impunidad que campea en este ámbito.

Señores legisladores, tenemos nosotros información precisa, en el sentido de que con motivo del robo de hidrocarburos en el territorio nacional, al mes la industria mexicana está perdiendo 15 millones de dólares.

Tenemos que evitar este tipo de socavación a la economía de nuestra nación y tenemos que evitar, con este dictamen, el daño que se está generando a la población en términos generales.

Por tal motivo, les reitero la solicitud del voto a favor del presente dictamen, que será precisamente a favor de la seguridad y el bienestar de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Para concluir la lista de oradores, hace uso la palabra el diputado presidente de la Comisión de Justicia, don Humberto Benítez Treviño. Todo suyo hasta por 5 minutos, don Humberto.

El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño:Es usted muy amable, señor presidente de la Mesa Directiva.

Distinguidas diputadas; compañeros legisladores, el dictamen que vamos a votar es un parteaguas más en la defensa de los recursos de la nación. No es apoyar a Petróleos Mexicanos, es defender la riqueza de todo el pueblo de México.

¿Sabían ustedes que el robo en este momento, a los ductos de Pemex, asciende a 8 mil barriles diarios? ¿Sabían ustedes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que el monto que se roban por estas actividades ilícitas, con el precio del petróleo que hoy tiene, asciende a 800 mil dólares cada día?

¿Sabían ustedes que con esta actividad ilícita se atenta contra la seguridad de los mexicanos, porque el 1 por ciento del petróleo que se extrae carece de medidas de seguridad y pone en riesgo a toda la población?

Este delito ha ido in crescendo en los últimos tiempos. Del 42 por ciento del robo del petróleo en 2008 ha ascendido al 75 por ciento. Por eso es que a nombre de la Comisión de Justicia que me honro en presidir, quiero con su venia, señor presidente, felicitar a todas y a todos los miembros de esta comisión, de todos los partidos políticos, que una vez más en la Comisión de Justicia sobreponen el amor a México, a las instituciones antes que filias o fobias partidistas.

Por otro lado, bien lo decía mi compañero Arturo Zamora, y Óscar Arce en la fundamentación del dictamen: estamos modificando el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal para Combatir la Delincuencia Organizada.

Se está estableciendo el robo a los ductos de Pemex como robo calificado. Se está estableciendo el robo a los ductos de Pemex como delincuencia organizada y se está estableciendo el robo del petróleo y derivados como delito grave. Le estamos dotando al Ministerio Público federal de instrumentos eficaces, enérgicos, reales para combatir el robo a las entrañas de la nación.

Por eso es, compañeras diputadas, compañeros diputados, que los invito a todos ustedes a votar este dictamen a favor, porque hoy nuevamente la Cámara de Diputados hace historia. Nos hemos puesto de acuerdo en los temas que son centrales para que la nación siga su curso.

Este país es un país de instituciones, tenemos que defenderlas todos los días y aquí nosotros, que somos caja de resonancia de todo el país, hoy estamos poniendo nuevamente el ejemplo en la defensa de los intereses del pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado Benítez Treviño.

Agotada la lista de oradores, el asunto se considera suficientemente discutido y en virtud que de conformidad con el artículo 109 no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Denos el cómputo y tome la nominal de los señores diputados que faltan.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Ciérrese el sistema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esperamos un momento a que vote el diputado Ríos Piter.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:De viva voz, por favor. Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): A favor.

La diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es cuanto. Denos el cómputo, diputado.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 386 votos, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.Consígnese que se realizó una sola abstención.

MEXICANA DE AVIACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, pasamos a la agenda política, y tiene la palabra el diputado Ignacio Rubí Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos, para hacer comentarios relativos a la situación de Mexicana de Aviación.

Comunico a esta asamblea que por solicitud de los coordinadores parlamentarios cumplimentaremos una ronda de esta agenda política, y la continuaremos en la siguiente sesión. Adelante, señor diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Con su permiso, señor presidente. Señores integrantes de la Mesa Directiva, compañeros diputados, acudo a esta tribuna, la más alta de mi país, en mi condición de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, y también en mi condición de presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento del problema que enfrenta la empresa Mexicana de Aviación.

Empresa constituida en 1921, y una de las tres más antiguas del mundo, fuente de empleo de ocho mil trabajadores, poco más de ocho mil trabajadores, entre trabajadores de tierra, sobrecargos y pilotos. Prestadora de servicios de transportación aérea nacional y extranjera donde destacan los principales destinos turísticos del país.

El 28 de agosto de 2010 dejó de operar Mexicana de Aviación como resultado de su alto nivel de endeudamiento y también de su alto costo de operación. La suspensión del servicio por parte de esta línea aérea no se puede ver de manera aislada. Se debe inscribir sin lugar a dudas en la problemática mayor que la aeronáutica civil mexicana se encuentra enfrentando. Particularmente quiero referir la relativa reciente degradación que por parte de la autoridad competente de los Estados Unidos de América llevó a cabo precisamente respecto de los servicios aéreos de Mexicana.

Se trata de una aerolínea cuyos pasivos la han colocado en la situación en que actualmente se encuentra. Pero no podemos olvidar su carácter histórico y emblemático, así como el valor estratégico de los slots con los que cuenta. No podemos pensar en soluciones fáciles que impliquen la socialización de pérdidas como tampoco, desde el sector público, podemos asumir una actitud pasiva dado el interés público que se encuentra inmerso.

Si bien de manera formal no existe responsabilidad por parte de las autoridades que se involucraron en el rescate de esta empresa, los resultados expresan con contundencia su falta de atención y cuidado.

No obstante lo anterior, este problema no puede ni debe ser politizado, porque la contribución que desde los sectores social, público y privado realicemos para la atención de este problema, sólo puede tener dos resultados: la reactivación de Mexicana o la quiebra de esta empresa.

Lo primero implicaría la posibilidad de permanencia de fuente de trabajo –repito- para una considerable cantidad de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra. La atención a los destinos que actualmente o que en su momento seguía cubriendo, pero también el beneficio económico que conlleva la prestación de transportación aérea a diferentes lugares de nuestro país.

También implicaría la posibilidad de que los usuarios que pagaron de manera anticipada el servicio de transportación aérea lo puedan recibir o, en su caso, recuperar su inversión. Significaría, por supuesto también, que el servicio que tiene su impacto en la economía, en el nivel de bienestar de muchos mexicanos, se pueda por supuesto reactivar. Significaría también que los derechos que han conquistado los trabajadores de dicha empresa puedan quedar a salvo. La quiebra por supuesto, significaría exactamente lo contrario.

Con base en las atribuciones que la ley establece para cada uno de los poderes públicos, el Grupo Parlamentario del PRI expresa su total disposición para participar en las acciones que permitan ver cruzar por el espacio aéreo nacional e internacional los aviones de Mexicana.

Asimismo, nos pronunciamos a favor de que se realice una exhaustiva investigación para determinar los delitos que eventualmente se pudieron cometer por parte de la administración inmediata anterior de la empresa y también, por qué no decirlo, de servidores públicos relacionados con la prestación de servicios aéreos y que dieron como resultado la suspensión de operaciones de la misma.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI exhortamos a los dirigentes sindicales y en general a los trabajadores de esta empresa, para que muestren total disposición en las negociaciones para la reactivación de la misma, particularmente en lo que se refiere a la revisión de sus contratos colectivos de trabajo y en la negociación correspondiente a los pasivos laborales.

De igual manera, se exhorta a los acreedores para que brinden las facilidades posibles para la renegociación de la deuda, en especial al Ejecutivo federal, tomando en cuenta que si bien se trata de una empresa privada, en su naturaleza se encuentra inmerso, como es obvio, el interés público.

Han transcurrido poco más de seis meses que dejó de operar Mexicana de Aviación y después de este largo periodo de tiempo, las autoridades competentes, el conciliador y el administrador de la empresa, nos dan a conocer una importante noticia: no es cierto lo que les hemos estado expresando en múltiples ocasiones, no es cierto que el reinicio de operaciones de Mexicana de Aviación esté por darse en los próximos días.

Exhortamos al administrador y al conciliador de la empresa, así como a los servidores públicos de las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes, para que asuman con seriedad y con responsabilidad el papel que juegan en el proceso de reactivación de Mexicana, no sólo que disminuyan, sino que eliminen el riesgo de volver a ser engañados, y con ello de que vuelvan a engañar al pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Rubí. Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, por el Grupo de Nueva Alianza.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Dos cosas. Una pregunta, diputado presidente, y un reclamo. La pregunta es sobre el documento que ya está terminado, sobre la discusión que se dio al inicio de Presunto culpable, ¿sí se va a presentar?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Ah, es que como había dicho que era una ronda, no me quedaba claro si se iba a presentar.

Y sobre el tema de que en la agenda política sea sólo una ronda. Reclaman que su Reglamento funcione y  luego lo violentan a cada rato; deberían ser las dos rondas, hay tiempo suficiente. Simplemente que quede establecido mi reclamo, no estoy planteando ninguna otra cosa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Esto lo establecemos en función precisamente de que la asamblea terminará, concluirá sus trabajos a las 15:45 horas, para cumplimentar las cinco horas del Reglamento y como anuncié al principio, el tema se continuará. Adelante, diputada Pinedo.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy cobra relevancia el problema ocasionado por la crisis, en la situación financiera de Mexicana de Aviación, porque afecta a miles de mexicanos que laboraban para dicha compañía, quedando desempleados, así como todos los usuarios que se vieron afectados por la suspensión de los servicios aéreos que prestaba.

En el Grupo Parlamentaria de Nueva Alianza tenemos claro que esta situación es consecuencia de la aplicación de una política errática en este sector por parte del gobierno federal, misma que dio inicio mucho tiempo atrás, así como de las erróneas decisiones que se tomaron desde la privatización de esta compañía en el año 2006, permitiendo que la adquiriera un grupo de inversionistas que no garantizaba experiencia en el sector aéreo.

Es así que Mexicana de Aviación a mediados del año pasado reconoció pasivos de mil millones de dólares contra activos únicamente por 500 millones de dólares, lo que supuestamente se originó por los altos salarios y prestaciones que se cubrían a pilotos y sobrecargos respecto de otras aerolíneas, ya que argumentaron que esto representaba el 20 por ciento de sus ingresos.

Los más afectados de toda esta situación son sin duda los 8 mil 500 trabajadores de la aerolínea que quedaron desempleados, por lo que uno de los grandes temas a resolver es en materia laboral, por la reestructuración del contrato colectivo de trabajo que tendría que generarse en perjuicio de estos trabajadores por la consecuente disminución de los sueldos de los pilotos de hasta el 41 por ciento y de los sobrecargos de hasta el 39 por ciento, para hacerlos comparativamente similares a lo pagado en otras aerolíneas.

Por otra parte, entre las acciones que se han llevado a cabo para rescatar de la crisis financiera que atraviesa Mexicana de Aviación, es el concurso mercantil ganado por PC Capital. Sin embargo el día 1 de marzo, que era la fecha límite para que ésta demostrara su solvencia financiera y entregara 200 millones de dólares para capitalizar a la aerolínea, no cumplió, con lo que de nueva cuenta se ponen de manifiesto los errores en las decisiones de las autoridades que eligieron a dicho grupo de accionistas como la alternativa más viable.

Adicionalmente, como otro efecto negativo de la suspensión de vuelos de Mexicana de Aviación, es la considerable afectación económica para el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la Ciudad de México, ya que tan sólo esta aerolínea generaba el 40 por ciento de los ingresos de la terminal, por conceptos aeronáuticos.

Si bien operativamente se han estado cubriendo las rutas por parte de otras aerolíneas, hubo un encarecimiento en el costo de los boletos de avión, lo que afecta en el bolsillo de los usuarios de estos servicios, sin que las autoridades competentes hagan nada al respecto.

En este punto cabe destacar que durante los últimos años, a pesar de ser un servicio concesionado, es preocupante que las autoridades no han cumplido con su responsabilidad reguladora y de supervisión.

En nuestra opinión, la política aeronáutica debe ser un asunto de seguridad nacional por la importancia que representa la navegación del espacio aéreo de nuestro país y hacia el exterior.

Por todo ello exigimos a las autoridades, y particularmente a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Comunicaciones y Transportes, que tomen una posición más firme, mediática y enérgica para que a la brevedad se reanuden las operaciones de Mexicana de Aviación. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Cora Pinedo Alonso.

Antes de conceder el uso de la palabra al diputado Mario di Costanzo, saludamos la presencia de 70 alumnos de la Universidad La Salle de Morelia, invitados por el diputado Agustín Torres Ibarrola y a 25 alumnos de la Universidad de Monterrey, de la licenciatura en derecho, invitados del diputado Héctor Franco López.

También se encuentran con nosotros vecinos de la colonia Lomas Verdes, Tercera Sección, del municipio de Naucalpan de Juárez, invitados por el diputado Sergio Mancilla Zayas. Bienvenidos, amigos, amigas a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra, como hemos anunciado, el diputado Mario di Costanzo Armenta, para hablar respecto de la situación de Mexicana de Aviación.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras, nuevamente hablamos en esta tribuna de crisis en una actividad económica muy importante. Nuevamente hablamos de impunidad financiera para los poderosos, de negligencia y corrupción en funcionarios públicos y de complacencia en este Congreso.

Impunidad porque mientras 8 mil trabajadores están en la calle, han sido maltratados, han sido agredidos, Gastón Azcárraga –y así hay que decirlo– Gastón Azcárraga anuncia nuevas inversiones en sus hoteles.

Nuevamente nos damos cuenta que Javier Lozano viene a burlarse de este Congreso. Nadie le cree que fue engañado por PC Capital; le consta al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara que aquí, el 18 de enero, nos vino a mentir, nos vino a decir que la operación con PC Capital era un hecho. Nos vino a decir que todo se manejaba correctamente, mientras Gerardo Badín y mientras Javier Christlieb saqueaban a Mexicana de Aviación. Sacaron 20 millones de pesos para pagarle honorarios a PC Capital.

Aquí mintió y se le advirtió que había otros proyectos viables, otros proyectos que se habían desechado por malos manejos y por intereses. Él y nuevamente Horcasitas cargan enteramente con la culpa de esta crisis.

Hemos sido complacientes. Hace un rato subió el presidente de la comisión. Yo le preguntaría: ¿cuántas reuniones hizo?, ¿qué información pidió? Mire, presidente, los informes no son más de seis hojas de un proceso que lleva más de cuatro meses y terminó en un fracaso. Aquí están las verdades y no las puede objetar el presidente de la propia Cámara de Diputados.

Tú estás de testigo, diputado Rubí, de cómo nos mintió Lozano. El principio del conflicto y la solución al problema es que Lozano se vaya. No le tengan miedo; hay que decirlo con sus palabras: Lozano se tiene que ir. Lozano ya se convirtió en el inverso del rey Midas: todo lo que toca lo convierte en basura. Así está convirtiendo en basura a Mexicana de Aviación y nosotros se lo estamos permitiendo.

Hoy mismo me acaban de informar que los nuevos inversionistas se están retirando de la mesa de las discusiones porque los quieren encamisar en el proyecto de PC Capital. ¿Qué hay detrás de estos intereses? ¿Qué hay detrás, que han cooptado hasta los propios secretarios generales de los sindicatos, a Lizette Clavel y a Fernando Perfecto, a apoyar una propuesta que solamente contemplaba conservar al 30 por ciento de la planta de trabajadores y volar con seis aviones? Al final volaron con nada; mientras había otras que ofrecían salir con más de 60 aviones y conservar al 76 por ciento de la planta laboral.

Señores, no cerremos los ojos. Estamos ante una negligencia, ante corrupción, ante el reflejo de lo que ha sido la administración de Felipe Calderón: proteger a los ricos y golpear a los empleados, golpear a los trabajadores. Hemos permitido que se maltraten los derechos de los trabajadores.

Su comisión de seguimiento no ha servido pa’nada. No ha hecho absolutamente nada. Se postró ante los pies de Javier Lozano y estuvo con PC Capital. Éstas son las consecuencias. Se los dijimos muchas veces. Me cansé de advertir que PC Capital era un mito. Y fue un mito. Lo saben muchos diputados en esta Cámara y el presidente mismo.

La solución al problema de Mexicana empieza por la salida de Lozano y el fincamiento de responsabilidades y demandas a Javier Christlieb, a Gerardo Badín, a Lozano, a Horcasitas y a la propia empresa PC Capital. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado Mario di Costanzo Armenta.

Voy a dar la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, pero antes voy a darle turno por alusiones personales al diputado Ignacio Rubí Salazar. Perdón, diputado Carabias. Vamos a permitir que haga uso de la palabra el diputado Rubí, para alusiones personales. Muchas gracias por su amabilidad.

Antes de que haga uso de la palabra el diputado Rubí quiero informarles que nos acompaña la señorita bachiller y futura abogada María Leticia Sánchez Campos, quien no es otra más que hija de nuestro distinguido diputado Melchor Sánchez de la Fuente; un orgulloso papá, a quien todos apreciamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la Cámara de Diputados. Adelante, diputado Rubí.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Gracias. Agradezco, señor presidente, la oportunidad que me da de hacer uso de la tribuna.

Quiero puntualmente señalar al diputado Di Costanzo, así como a todos y cada uno de los integrantes de esta LXI Legislatura, que el trabajo que se ha realizado en esta Comisión Plural de Seguimiento al Problema de Mexicana de Aviación se inscribe puntualmente en lo que el marco jurídico de nuestro país señala: la Cámara de Diputados no puede ir más allá, por supuesto, de lo que la ley señala, de lo que la ley establece.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Rubí.

Diputado Di Costanzo, no ha lugar a las interpelaciones, porque el diputado está contestando alusiones personales. Adelante, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:No puede ir más allá de lo que la ley establece. No puede ir más allá de lo que nuestro marco jurídico nos permite en términos institucionales, en términos de atribuciones que el Poder Legislativo tiene, y en particular la Cámara de Diputados tiene.

La intención o la pretensión del diputado Di Costanzo, de intervenir, incluso en las negociaciones de este concurso mercantil en el que se encuentra inmersa Mexicana de Aviación es por supuesto inviable. Siempre estuvimos al pendiente y nos reunimos, efectivamente, en muchas ocasiones, como a él le consta y como yo lo he acreditado, tanto a la Mesa Directiva de la Legislatura, como a la propia Junta de Coordinación Política, en una gran cantidad de ocasiones...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado Rubí. Diputado Di Costanzo, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Como le comentaba, no ha lugar a interpelaciones ni preguntas, porque el orador está respondiendo alusiones personales. Adelante, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:Y de esto pueden comprobarlo todos y cada uno de quienes conforman la comisión, pero también todos y cada uno de quienes formamos parte precisamente de esta legislatura.

Ricardo Perfecto, Miguel Ángel Yudico, Lizet Clavel, como secretarios generales, respectivamente de los sindicatos, de pilotos, de trabajadores de tierra y de sobrecargos, lo pueden constatar como lo he señalado. Pero también, incluso los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría del Trabajo, incluso al propio presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le consta que hemos estado al pendiente del seguimiento, precisamente, que se nos encargó para la atención de este problema.

Yo quisiera de manera puntual y respetuosa, solicitarle precisamente a quien me aludió, a que revise el marco jurídico de nuestro país para que tenga claras las atribuciones, las facultades de cada uno de los poderes. Nosotros no podemos propiciar una invasión de competencias. Nosotros debemos actuar estrictamente ajustados a lo que la ley nos permite. No podemos, repito, actuar en funciones del Poder Ejecutivo.

Hemos hecho un exhorto puntual y concreto de que la disposición del Grupo Parlamentario del PRI -y que también es una invitación para que los demás grupos parlamentarios lo hagan- lo hagamos puntual y concretamente para poder contribuir de manera verdadera, de manera eficaz, a resolver este delicado problema.

Que no contribuyamos a su politización, que no con planteamientos demagógicos y populistas que aparentemente pretenden resolver el problema, nuestro fin último verdadero sea atraer las cámaras, llamar la atención, hacer ruido político, esto no es lo que merecen los trabajadores de Mexicana de Aviación, merecen respeto y el respeto lo vamos a brindar actuando dentro de un marco de legalidad, de seriedad y de responsabilidad.

Subrayo, la demagogia, el populismo no contribuye en nada a resolver este delicado problema. Exhorto, y con esto termino, a que los diferentes grupos parlamentarios a través de las propuestas que puntualmente en el seno de la comisión hemos discutido, nos sumemos para que en colaboración con el Poder Ejecutivo, efectivamente contribuyamos a resolver de fondo este problema.

Y reitero de manera subrayada, desde mi particular punto de vista -como lo señalé al finalizar mi intervención anterior- puntual y concretamente digo: fueron engañadas las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; fueron engañadas las autoridades de la Secretaría del Trabajo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar:... el administrador y el conciliador, y ellos a la vez engañaron al pueblo de México. Esto implica responsabilidad y por supuesto la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, tiene posibilidades de actuar. Muchas gracias.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado Di Costanzo, ¿con qué objeto?

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Para alusiones personales y para hechos, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para alusiones personales no corresponde, diputado, porque en los términos del artículo 120, fracción II, el orador que hubiere hecho la alusión personal, no podrá replicar a continuación, aun cuando sea aludido.

Le voy a dar la palabra para hechos, como señala el artículo 121, fracción II, al final de la lista de oradores. Adelante, diputado Carabias.

El diputado Alejandro Carabias Icaza:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema de la quiebra de Mexicana de Aviación, por supuesto es un tema que le preocupa al Grupo Parlamentario del Partido Verde. Yo creo que hemos dejado pasar mucho tiempo para hacer un pronunciamiento más enérgico, una postura mucho más definida de esta Cámara sobre la actuación del gobierno federal en este tema, y en particular, obviamente que lamentamos la pérdida de miles de empleos directos que se calculan en 8 mil y en directos que todavía no se ha hecho un cálculo completo, pero seguramente son muchos miles y que a la fecha no se han podido recuperar, y tienen verdaderamente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México convertida en una terminal fantasma.

Lamentamos, también, no nada más la pérdida de los empleos, sino la pérdida de la competitividad aérea de México, que ha traído consigo la quiebra de Mexicana de Aviación, el golpe que se recibió en la capacidad instalada de este país fue un golpe brutal, de un solo golpe se pierde el 50 por ciento de la capacidad aérea de este país.

Lamentamos también la pésima imagen y la nota negativa que ha dado México; Mexicana de Aviación no era cualquier empresa de aviación, era un ícono de este país, era la empresa de aviación más antigua de Latinoamérica y era respetada y reconocida a nivel mundial y de un solo golpe se pierde la capacidad de transportar a casi 2 millones de personas por año.

Por supuesto que lamentamos que el gobierno federal no haya sido capaz de actuar de manera oportuna; que hubiera una vigilancia prácticamente nula de lo que estaba sucediendo al interior de Mexicana de Aviación; que no se haya tenido la capacidad como autoridad para prevenir un colapso, hay que decirlo, no de una empresa privada, sino de una concesión del mayor interés público, una concesión, diría yo, estratégica.

No es posible que dejemos caer de un día para otro el 50 por ciento de la capacidad de transportación aérea de este país.

Por supuesto, lamentamos que el reinicio de las operaciones siga suspendido; que no se haya podido de alguna manera distinguir entre empresas sólidas serias y con respaldo, para poder volver a echar a andar Mexicana, con algunas que parecería ser que únicamente están persiguiendo una especulación para hacer negocio.

A pesar de esto que se nos anunció, que en diciembre se reiniciaría con las operaciones de Mexicana al 35 por ciento, ni siquiera eso se ha podido lograr; 35 por ciento de la operación significa recuperar sólo el 17 por ciento del 50 por ciento que hemos perdido de la capacidad instalada.

Por supuesto, lamentamos esta situación monopólica que se da con las tarifas ridículamente caras y los abusos de Aeroméxico, que aprovechando la quiebra de Mexicana han establecido tarifas de verdad que no tienen ningún fundamento, ningún sentido.

Aprovecharía nada más para dar dos datos y lo puede checar cualquier diputado el día de hoy, si cotiza un boleto; un vuelo México-Cancún por Aeroméxico cuesta 7 mil 640 pesos, un boleto México-París por American Airlines cuesta el día de hoy 7 mil 625; un boleto México-Acapulco cuesta 5 mil 893 pesos por Aeroméxico y un boleto México-Nueva York cuesta por Delta Airlines 5 mil 762 pesos.

Esto de verdad es un abuso en las tarifas, es un absurdo que se esté tasando la tarifa en estos precios. No hay una explicación lógica, más que se esté fortaleciendo el monopolio de Aeroméxico en este país y que se esté, por supuesto, disminuyendo la calidad en el servicio, la capacidad instalada y la competitividad de este país en el tema del transporte aéreo.

En conclusión, lamentamos todo el conjunto de actos y omisiones que tienen a tantos mexicanos y a este país entero agraviado y nos seguimos preguntando por qué, nos seguimos preguntando hasta cuándo.

Creo que nosotros también como soberanía estamos obligados a hacer una revisión del marco legislativo, del marco regulatorio del transporte aéreo, del tema de las concesiones públicas para el transporte aéreo, para que podamos aprender.

Seguramente esta situación tiene algo que ver con una ley insuficiente y vacíos legales que han permitido este colapso de 50 por ciento de la capacidad aérea de este país y estamos obligados también a trabajar en el ámbito de nuestras competencias para fortalecer una legislación que pueda prever en el futuro que alguna otra aerolínea nacional pueda estar en esta misma situación tan lamentable de Mexicana de Aviación. Por su atención, gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Carabias. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez.

El diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez:Con su venia, diputado presidente. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, más parece el secretario del desempleo. Hoy están sin trabajo 8 mil trabajadores de Mexicana de Aviación y su Contrato Colectivo de Trabajo ha sido despedazado.

Lozano se llama engaño frustrado por el incumplimiento de un grupo de inversionistas que supuestamente comprarían y rescatarían a esta empresa aérea, pero que no tenían el dinero para hacerlo, de lo cual él no tenía conocimiento.

El grupo de inversionistas PC Capital compraría Tenedora K, dueña de las acciones de Mexicana de Aviación. Las acciones Mexicana ahora se denominan Nuevo Grupo Aeronáutico.

Durante seis meses PC Capital hizo negociaciones para concretar la adquisición accionaria con participación de Lozano en las mismas, pero ahora resulta que PC Capital no tenía ni tiene el dinero requerido y Lozano nunca lo supo.

¿Qué clase de funcionario es éste que no se dio cuenta de tal engaño y aún así cada semana anunciaba el reinicio inminente del vuelo de Mexicana?

Ante la situación que vivía Mexicana de Aviación, desde mediados de febrero, era claro que aumentaban las probabilidades de quiebra de la empresa, con lo que cada día que pasaba sin que volara la aerolínea, su margen de acción y salvación se reducía aceleradamente. Así lo reconoció desde entonces la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.

Para la agrupación sindical era evidente, aunque no así para Lozano, que aunque en términos jurídicos Mexicana está formalmente lejos de la quiebra; en términos técnicos y financieros sí lo está.

Poco antes y debido a las declaraciones irresponsables de Lozano, aún creía en la posibilidad de que Mexicana iniciaría vuelos de prueba para obtener la certificación de la Dirección General de Aeronáutica y avanzar hacia la reanudación de operaciones.

Es una burla conjunta, señores diputados, de Lozano con Molinar Horcasitas y ahora con el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuevamente TG Group tiene interés en Mexicana, después de que su plan de negocios fuera considerado como inviable.

Respecto de las liquidaciones, Lozano indicó que en breve se empezarían a pagar al personal de Mexicana y se estaría comenzando con las nuevas contrataciones. También los pilotos iniciarían los cursos de capacitación para estar debidamente preparados para el reinicio de operaciones.

El secretario del Trabajo aseguró que estaban a punto de concretarse las transferencias de acciones de Tenedora K a PC Capital y la inversión que harían los próximos accionistas. Por su parte, PC Capital informó que inyectaría capital por 200 millones de dólares para garantizar el despegue de la aerolínea, inclusive, se había anunciado que finalmente se llevó a cabo el traspaso de las acciones en la Notaría 1 de la Ciudad de México.

Sin embargo, compañeros diputados, repentinamente Lozano se de entera que no hay condiciones reales para que PC Capital rescate a Mexicana de Aviación, por lo que TG Group, la opción que eliminó el ex secretario Juan Molinar Horcasitas volverá a presentar un plan de negocios.

Curiosamente, compañeros diputados, los pilotos y sobrecargos denunciaron que PC Capital era una imposición de las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la actual situación de desventaja de los trabajadores de la aerolínea, Lozano ha jugado un papel preponderante. Desde que la empresa dejó de realizar vuelos asumió el rol de negociador o intermediario entre los trabajadores y los dueños originales, sustituyendo así a Molinar Horcasitas en sus obligaciones, ya que en su momento argumentó que era un problema entre particulares.

Desde un principio se dio al conflicto un carácter esencialmente laboral, cuando no era exactamente así. Lozano ha demostrado una vez más su ineptitud y arrogancia. Debe dar explicaciones y aclaraciones puntuales, ciertas y convincentes o de lo contrario, debe renunciar. Él ha agravado el problema del desempleo en el país, que de por sí es preocupante, toda vez que la tasa de desempleo se ha incrementado en los últimos meses.

Por  tanto, compañeros legisladores, de verdad los invito a que sumemos esfuerzos para que construyamos juntos el México que todos queremos y necesitamos. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Hernández Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Arturo García Portillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Arturo García Portillo:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como integrante de la Comisión Especial para darle Seguimiento al caso de Mexicana de Aviación, vengo a hacer un posicionamiento a nombre del Partido Acción Nacional respecto de esta situación, sin duda sensible para los usuarios, para el ambiente de negocios en nuestro país, en general para todas aquellas personas que hacemos uso del transporte aéreo y que requerimos indudablemente competitividad, calidad en el servicio y la oportunidad de trasladarnos y hacer uso de las diferentes rutas aéreas en nuestro país, en las mejores condiciones.

Pero yo coincido más y aprecio más los esfuerzos de aquellas personas que abordan esto de una manera constructiva, que buscan encontrar las soluciones, y no coincido con aquellas actitudes inconsistentes de los neoinquisidores de bolsillo, que se dedican solamente a estar averiguando quiénes son los buenos y quiénes son los malos de este país, para ponerlos en las hogueras, porque es cierto que este problema fue abordado como un problema de Estado por las diferentes instancias del gobierno encargadas de esto.

Las Secretarías del Trabajo y de Comunicaciones y Transportes se dedicaron a buscar las soluciones ante una situación que era la inmediatamente previsible, que hubiera sido la quiebra de Mexicana de Aviación.

Antes de que se agotara el esfuerzo, antes de rendir la plaza por esa opción que lastimaría tanto, se han buscado las alternativas para hacer viable que pueda volver a funcionar en condiciones correctas para los trabajadores, en condiciones de seguridad, esta importante compañía mexicana que está en el borde de una tercera quiebra y que algunos pensarían y quisieran que se rescatara una empresa privada con capital público; una opción que desde luego no estamos de acuerdo y a la cual nos negamos.

Estamos de acuerdo en que se revisen técnicamente la viabilidad jurídica, financiera y logística para echar a andar esta compañía de la manera adecuada. A eso se han dedicado los esfuerzos del secretario del Trabajo, en su momento del secretario de Comunicaciones y Transportes, el anterior y el actual. Ése es el punto.

Nada de andar trayendo a esta tribuna visiones de sospecha porque diríamos que justamente con la misma calidad con que alguien puede sospechar parcialidad en la asignación a PC Capital, exactamente la misma sospecha puede despertar el que quieran inclinarse por el otro grupo para asignarle este proceso.

Hay que recordar cuál es la situación y saber cuál es la situación exactamente en ese momento. En este momento se ha revisado y se ha aceptado un plan de negocios para la compañía. En este momento se han hecho las negociaciones con los acreedores y ya hay un acuerdo de principio para poder solventarlos.

Se han rubricado los convenios para los nuevos contratos colectivos de trabajo. Se han hecho los convenios para la terminación de relaciones laborales individuales-colectivas. Y se ha diseñado un dispositivo para que las liquidaciones de los trabajadores se realicen de una manera ágil. Falta ciertamente el elemento fundamental que es el capital para poder reactivar esta aerolínea.

Hay trabajo avanzado, hay una situación ya propicia para que, si no fue este grupo, cualquier otro que pueda acreditar su solvencia técnica y financiera, haya aprovechado el camino hasta ahora recorrido y pueda aceptar entrar a invertir en esta importante empresa mexicana y rescatar todos los empleos que sea posible hacer. Que respete totalmente los derechos de los trabajadores y que nos abra las posibilidades de la competencia y de los mejores precios.

Señoras diputadas y señores diputados, nada de posiciones populistas. Nada de soluciones mágicas y facilonas a este tipo de problema. Sí al compromiso legislativo de exigir que se concluya el proceso y se concluya en los mejores términos técnicos, políticos y financieramente adecuados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado García Portillo. Ahora tiene la palabra el diputado Silvio Lagos Galindo. Adelante, diputado Lagos.

El diputado Silvio Lagos Galindo:Muchas gracias, presidente. Con su permiso, presidente; Compañeros diputados, Mexicana de Aviación, la tercera línea más antigua del mundo y que fue una empresa fundamental para el desa-rrollo de la Aviación Nacional está en el limbo. Lo más trágico es que sus empleados: pilotos, sobrecargos y el personal de tierra, están en la más completa e injusta de las incertidumbres laborales por una parálisis gubernamental y un conjunto de actos irresponsables de un empresario que desconocía el negocio de la aviación y que se le ocurrió un día jugar a los avioncitos como si estuviera jugando el turista.

De acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil, Mexicana de Aviación representaba un 28.7 del mercado aéreo nacional e internacional, es decir, transportaba a 3.5 millones de pasajeros.

El día de hoy se tiene un triste contraste de lo que sucedía solamente hace unos meses. Varias decenas de aviones de Mexicana están sin volar en la base de mantenimiento que alguna vez representó un orgullo para la aviación latinoamericana.

Hablar del impacto del Concurso Mercantil de Mexicana es hablar de 8 mil trabajadores sin patrón y más de 50 mil empleos indirectos como son los maleteros, personas que laboran en agencias de viajes, comercios, restaurantes, bancos, vehículos de transporte público de pasaje y en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que parece estar desierta, en el olvido, en un país con 10 años de soledad.

Lo más preocupante es que a tan sólo medio año de esta crisis aeronáutica, los estragos son evidentes también en la rama turística, situación que resulta, por más, incongruente, ya que tan sólo este lunes el presidente Calderón anuncia una gran cruzada por el turismo y tan sólo dos días después el principal motor del turismo, que es la aviación, vuelve a morir y deja a un país incomunicado por vía aérea en muchos de sus polos urbanos.

El gobierno no puede dejar a la suerte a poblaciones que no siendo polos turísticos son entidades de importancia y que no pueden estar desconectadas del mundo. Las rutas de Mexicana de Aviación comunicaban a diversas ciudades de la República con ciudades estadounidenses, con un elevado flujo de compañeros mexicanos que trabajan en el vecino del norte. Éstas han quedado varadas.

Ante esta realidad surgen algunas preguntas para hacerle al titular del Ejecutivo federal: ¿se puede permitir esta clase de incertidumbres en un gobierno que presume de solidez institucional y democrática? ¿Es ética y políticamente responsable mandar a la calle de un día para otro a miles de empleados por los malos manejos que hiciera un seudogrupo empresarial aeronáutico? ¿No hay castigo para un empresario que desfalcó a una empresa de tantas décadas? Éste seguramente es el ejemplo del presidente del empleo.

La crisis de Mexicana de Aviación representa también la crisis de un gobierno autista, que con un ex secretario de Comunicaciones, investido con una gran arrogancia, prepotencia y con un serio conflicto de intereses, justificó la no intervención de esta crisis por ser un conflicto entre particulares, hizo caso omiso de los derechos de los trabajadores y el respeto a los usuarios, confirmando la poca importancia a los temas aeronáuticos que originaron la peor crisis de comunicaciones en la historia del país.

Si bien es cierto que ayer todos nos enteramos del fracaso de la venta, es importante hacer algunas reflexiones de cómo surge este conflicto mercantil, ya que el gobierno olvida o quiere hacernos olvidar algunos datos que son muy relevantes.

Esta venta o regalo es fruto de un proceso de desincorporación de activos del IPAB en 2005, en donde Gastón Azcárraga compra Mexicana de Aviación por 165 millones de dólares, y solamente le bastaron cinco años para destruir nueve décadas en el aire.

Durante esa administración recibieron créditos de Bancomex por 991 millones de pesos y vendieron los activos de la empresa como es la torre que era insignia de esta aerolínea, en 40 millones de dólares, a pocos meses de haberla comprado y a pesar de eso Mexicana está en quiebra.

Ahora resulta incongruente que quien quiera comprar esta aerolínea debe invertir casi 500 millones de dólares porque hay que pagarle al fisco casi mil millones por impuestos retenidos y no enterados, juicio que se encuentra vigente.

Adeudos laborales, gastos de operación, como el pago de combustible y Ceneam, así como el pago de servicios en aeropuertos nacionales e internacionales de los espacios que se ocupaban en las terminales en donde Mexicana operaba rutas, además de los gastos de la operación cotidiana. Ante esta realidad financiera y jurídica, la inversión gubernamental no puede dejar a salvo a empresarios que han cometido errores y no existe un solo señalamiento legal.

¿Acaso el compromiso de las aportaciones de campaña de este empresario a Felipe Calderón son una  serie de complicidades que benefician a unos cuantos?

El gobierno tiene la obligación de dar cauce a las demandas ciudadanas, por ello es urgente que este nuevo proceso de negociación con TG Group, sea reconducido por el secretario del ramo, ya que hoy con Dionisio Pérez Jácome, un funcionario formado en la administración pública de nuestro país, no por coyunturas electorales, dará con un mandato imperativo de serenidad y experiencia, con una negociación exitosa y no con el ego y con la vanidad del secretario del Trabajo.

La crisis de Mexicana ha evidenciado otros aspectos de la crisis de la aviación nacional: la degradación del espacio aéreo por la OASI, por la SAA y por sus protocolos de seguridad.

Hace sólo unos meses en este recinto y en reunión con la Comisión de Transportes, el entones subsecretario Humberto Treviño reconoció que no existía una política aeronáutica en el país y desde aquí le preguntamos a Calderón ¿hasta cuándo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Silvio Lagos Galindo:...concluyo, presidente, mi intervención. Por lo tanto es necesario que tengamos una definición clara de la política aeronáutica.

Hemos violentado el artículo 7 de la Ley de Aviación Civil, han pasado por alto circulares emitidas por la Dirección General de Aeronáutica, en donde debían haber verificado cada uno de los temas, especialmente el administrativo, financiero y el legal, de Mexicana; nunca lo hicieron y sin embargo, contestan a esta soberanía como resultado de las gestiones de la Comisión Permanente que esa información es clasificada. Eso es una verdadera tomada de pelo y tiene a 8 mil trabajadores en la calle por un serio conflicto de intereses de Horcasitas, porque su hermano era miembro del consejo directivo de Mexicana. Lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetirlo, el cochinero de Horcasitas, junto con el de Lozano tienen un interés mayor, por tanto, es importante que el Estado mexicano tenga la fuerza para dar certidumbre y dejar en manos profesionales a la línea aérea.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:   Concluya, diputado.

El diputado Silvio Lagos Galindo:Concluyo, presidente. Hay un debate importante. El dinero del Estado en las empresas. Estados Unidos lo hizo con la crisis del 11 de septiembre, con el precio de los altos combustibles; nuestro país, inerme.

En Europa se ha hecho; Chile y Brasil han logrado que el gobierno sea accionista...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Silvio Lagos Galindo:...nuestro país, inerme. Concluyo, presidente. Se nos olvida que las líneas aéreas son también líneas de bandera, insignias nacionales y puente con el mundo. No olvidemos a nuestra aviación nacional. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, por el Partido del Trabajo. Espero que responda usted a esas alusiones personales.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Yo también lo amo, estimado compañero. Compañeras, compañeros, estaba yo pensando que tomaría la segunda ronda hasta la siguiente semana, pero celebro que entremos al tema.

Miren, lo de Mexicana es una canallada mayor. Calderón, que dijo que iba a ser el presidente del empleo y que se robó la Presidencia y ha generado un desempleo brutal, en el caso de Mexicana tiene una responsabilidad importantísima.

Dice acción nacional que no están de acuerdo en rescatar con dinero público a una empresa privada y se les olvida que es una empresa del Estado mexicano y patrimonio del país, pero que además es estratégica en las comunicaciones nacionales, porque mueve casi un tercio del mercado nacional, como aquí se ha planteado, y ha generado un alza en las tarifas terrible, los vuelos van hasta el tope, hay retrasos en el desplazamiento. La verdad es que hay problemas muy serios de comunicación en el país por la salida de Mexicana de Aviación.

Pero además no son sólo 8 mil trabajadores altamente calificados entre pilotos, sobrecargos, mecánicos de tierra, trabajadores de tierra, como les llaman, sino hay 60 mil empleos en torno a Mexicana que han quedado liquidados por la irresponsabilidad de este gobierno, que además le estuvo jugando el dedo a los trabajadores sobrecargos, con el apoyo de la dirigente sindical, que pertenece a Acción Nacional también, diciendo que a más tardar en diciembre iba a empezar a funcionar la empresa nuevamente. No se hizo así.

Como aquí se ha dicho, una empresa que planteaba mejores condiciones y una mayor cobertura de servicio y mejores condiciones para los trabajadores fue desestimada y al día de hoy Lozano sale que fue ingenuo, que no sabía el pobre angelito que le estaba tomando el pelo la empresa, que no tenía conocimiento de que no iban a cumplir, cuando tendría, en  cualquier procedimiento de este tipo, la obligación de las garantías económicas, de que cumplieran con los ofrecimientos que habían planteado para hacerse cargo de la empresa.

Yo he estado insistiendo en que Lozano Alarcón debería ser calificado como interlocutor no válido; dicho en castellano claro, debería exigir esta soberanía la remoción de Lozano Alarcón. Se ha caracterizado por su profundo odio a los trabajadores, por su parcialidad a favor del capital, por su irresponsabilidad y su insensibilidad en el manejo de los conflictos laborales del país.

La verdad es que él, Molinar, que ya se fue y a quien defendía mucho el diputado que preside la Comisión de Comunicaciones, y que ya está fuera, deberían estar en la cárcel, junto con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Caderón Hinojosa.

La verdad es que estos funcionarios le han hecho mucho más daño al país que un terremoto de veinte grados. Es terrible lo que han hecho en el campo del empleo, en el campo de la estabilidad, en el campo de las comunicaciones.

Huele nuevamente a fraude, a negocios hechos al cobijo del poder, a no importarles el sufrimiento, el dolor, la de-sesperación de gente que había apostado su vida a una empresa, que había hecho una carrera dentro de esa empresa, que había servido con eficacia y con responsabilidad a esa empresa y que hoy se encuentra en la calle en absoluto abandono.

La verdad es que hemos visto aquí desfilar a los trabajadores de Mexicana, hemos sido sensibles a su planteamiento. No piden nada, piden su empleo, piden su contrato colectivo, piden respeto a sus condiciones de trabajo y ni siquiera podemos garantizarles esta condición.

Es inaceptable la manera en que se está manejando el tema de Mexicana. Yo aquí refrendo mi solidaridad con los trabajadores de esta empresa. Insisto en la necesidad de que sea removido Lozano Alarcón. Me parece que esta soberanía debería tomar una determinación que genere el rescate de esta empresa para que vuelva a ser patrimonio de los mexicanos, vuelva a ser una de las líneas que dé servicio eficiente en el país y que se ataque también todo el atraco que está habiendo en torno a las tarifas de transporte aéreo para estar favoreciendo, por cierto, a gente a la que le dieron nuevas concesiones por ser gente cercana a los gobiernos en turno y al cobijo del poder.

Termino planteando que la verdad es que uno de los diputados que ha hecho una tarea muy seria en este sentido, corrijo, son dos en realidad: el diputado Mario di Costanzo y el diputado Hernández Juárez, quienes han planteado con mucha claridad la defensa de los trabajadores, el conocimiento de este problema y planteado a esta soberanía una salida que, hasta el momento, no hemos asumido que debemos llevar a cabo. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Justamente tiene la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, hasta por 5 minutos.

El diputado Francisco Hernández Juárez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, quisiera precisar mejor con relación a los acontecimientos que yo viví en este problema. Seguramente ustedes saben que los compañeros sobrecargos, los compañeros pilotos pertenecen a la central de trabajadores que hemos constituido, a la Unión Nacional de Trabajadores.

Cuando se dio a conocer que el gobierno había decidido suspender a Mexicana, bajarla de volar, inmediatamente las organizaciones nos convocaron a una reunión de urgencia para que la Unión Nacional de Trabajadores pudiera, además de expresar su solidaridad a nuestras organizaciones y a sus trabajadores, establecer mecanismos de solidaridad y de apoyo para la solución de su problema.

La primera propuesta que nos hicieron obviamente fue hacer gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para buscar una solución. De manera más en corto las organizaciones sindicales me pidieron que tuviera acercamiento con empresarios que estuvieran interesados en invertir en esta empresa para poder rescatarla y volver a poner a funcionar esta línea aérea.

Cuando yo me acerqué a inversionistas para pedirles que invirtieran en Mexicana, todos, sin excepción, me dijeron que las condiciones del problema hacían imposible que cualquier inversionista se interesara en trabajar con Mexicana, porque la manera como lo estaba operando el gobierno, era lamentable.

Yo la verdad no tenía mucha idea de cómo podía ser esto y tuve oportunidad de entrar en contacto con sindicatos de Estados Unidos del sector aéreo y de Europa, para saber cómo manejaban ellos ese tipo de problemas. Y me decían en ambos casos: Francisco, por ejemplo, hay líneas aéreas norteamericanas y europeas que han entrado en crisis semejante a Mexicana en dos o tres ocasiones, y en todos los casos el gobierno es el primero en entrar a rescatarlo para asegurar un escenario mínimo para encontrar una solución.

Se tiene que garantizar que la línea aérea siga volando, para que cuando menos tenga los ingresos necesarios para que la deuda no se siga acumulando, tenga los recursos para pagar el combustible y lo que cuesta el funcionamiento en el aeropuerto.

Y una vez que la línea aérea sigue volando, el gobierno nombra un interventor o un especialista en quiebras o un juez que se sienta a negociar con los acreedores para su reestructuración, se sienta a negociar con los trabajadores para reestructurar el esquema laboral, y una vez que tiene reestructurada la deuda, una vez que tiene reestructurada la cuestión laboral; entonces sí invita a los inversionistas para que ya viendo que está cuadrado el problema, entonces sí se puedan interesar en invertir en Mexicana de Aviación.

Hablé con los sindicatos, les dije que sólo de esa manera podían interesarse los inversionistas en meter sus recursos en la empresa y la Secretaría de Trabajo se negó rotundamente siquiera a considerar nuestra proposición; inclusive a nivel de la Comisión de Comunicaciones estuvimos analizando el problema y se acordó integrar una comisión conjunta. La comisión de diputados trabajó y tuvo propuestas en tiempo, pero la comisión del Senado, simplemente no se podía reunir porque el presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara es un diputado del PAN, que desde el principio abiertamente se opuso, ni siquiera a convocar a la comisión, tuve que ir yo directamente a la Cámara de Senadores para hablar con los diputados, y amablemente las demás fracciones parlamentarias aceptaron reunirse con la Comisión de la Cámara de Diputados, pero la boicoteó radicalmente el presidente de la comisión en la Cámara de Senadores, y se negaron a considerar si quiera nuestra propuesta.

Bueno pues el secretario del Trabajo y el de Comunicaciones se dedicaron a armar un esquema, en donde todos sabíamos que no iba a funcionar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, concluya, por favor. Le voy a dar un minuto para concluir.

El diputado Francisco Hernández Juárez:Estoy por concluir. La idea es, en mi opinión, volver a cumplir con los dictados de estas políticas neoliberales que insisten en que la mejor política en el sector aéreo son los cielos abiertos para que las grandes empresas trasnacionales del sector aéreo vengan a dominar el mercado aéreo mexicano.

Y bueno, cuando uno ve el muerto y ve quién se beneficia, pues uno tiene que creer que en ese sentido se están cumpliendo fielmente los propósitos del gobierno, de tronar a la línea aérea, líneas aéreas nacionales y permitir que las empresas extranjeras dominen el mercado nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra para referirse a este mismo tema el diputado Carlos Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico:Gracias, presidente. Fíjense que hablando de este tema de Mexicana, si no fuera porque se trata de una verdadera tragedia para más de 8 mil trabajadores, si no fuera porque es una verdadera tragedia para más de 20 mil proveedores, uno podría pensar que es un acto circense, donde como el gran Houdini o el moderno David Copperfield pone un avión, encima pone un gran telón, dice: nada por aquí, nada por allá, cataplum, y desa-parece todo un avión.

Éstos son mucho mejores, de un cataplum desaparecen toda una empresa. La más grande empresa que ha tenido este país, la tercera del mundo y la que tenía casi la cuarta parte del mercado en un santiamén. Eso es eficacia para destruir instituciones, empresas, empleos, seguridad, equidad, todo lo bueno que se pueda tener está al alcance de la mano perniciosa e ineficaz del gobierno que nos desgobierna.

¿Y qué ha pasado? Primero una oferta en la panza del IPAB, una oferta de 165 millones de dólares, de dinero público eh, que se fue en sólo 4 años, como David Copperfield, flu, a la nada. Había 165 millones, ya no los hay.

¿Ahora qué tenemos? Una deuda de más de 11 mil 500 millones de pesos, pasivos laborales por otros 4 mil 500 millones, y una cola de proveedores exigiendo su pago, además de los cientos de miles de usuarios defraudados por este gran maquinado circo del fraude institucional.

¿Y dónde está el piloto? No el de Los Pinos, ése ya sabemos que no está. ¿Dónde está el piloto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Resolviendo el problema del ABC, y de pronto aparece un secretario oficioso, dueño del Twitter y del tiempo de la Secretaría para decirnos: no hay problema. Tranquilícese todo mundo, el Estado mexicano no va a gastar un solo peso en esta empresa; va a funcionar en unas cuantas semanas.

Y semanas van, semanas vienen, anuncios van, anuncios vienen, avioncitos que iban a salir no salieron, y nadie resulta responsable de nada. El primer compromiso que tenía el secretario amigable componedor, tengo que llamarle, porque aquí tengo sus 19 atribuciones constitucionales y legales, y en ninguna de las 19 está que figure como amigable componedor en procesos corporativos.

Pero bueno, el amigable componedor dice: en unas cuantas semanas estaremos restableciendo las cosas y adivinen el paladín de la defensa del trabajo de México, solamente a costa de 80 por ciento de la plantilla laboral.

Ése es el señor Lozano, el amigable componedor, que todo lo descompone, casi ya tiene el alias del Enterrador: enterró Cananea –Pompa Corella, tú lo has dicho aquí 50 veces–, enterró Compañía de Luz, está a punto de enterrar esta empresa también y las que se le atraviesen en el camino. Ésa es la ineficacia del gobierno del señor Calderón.

Alguien me dice por ahí: hay que dejar muy claro, Flores Rico, ahí en la tribuna que este país carece de política aeronáutica. Le digo: ¿nada más de política aeronáutica? Carece de toda política; política de seguridad, no hay, 34 mil muertos; política de educación, no hay, último lugar en todos los indicadores y evaluaciones; política de bienestar social, 56 millones de pobres; política...

¿De qué les gusta? Díganme, para que lo que digan, hay. Internacional, conflictos en Sudamérica, conflictos en Francia, conflictos con Estados Unidos, problemas con Venezuela, problemas con Cuba, incapacidad con los Estados Unidos, el campo, no saben qué hacer con las sequías y las heladas. Pueden decirme lo que quieran, no hay política de nada y ésa es la realidad. ¿Qué queremos? Que ya se vayan. Gracias.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sonido a la curul del diputado Pompa, por favor.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente, por alusiones personales. Quisiera aprovechar esta ocasión nada más para sumarle una raya más al tigre, que es Lozano. Efectivamente, está enterrando hoy Mexicana de Aviación, los empleos, Cananea, ya tenemos Pasta de Conchos, ¿qué más tenemos que seguir soportándole a esta persona, que ha demostrado todo, menos eficiencia en el gobierno?

Le pediría a los de Acción Nacional que nos ayuden, señor presidente, a que venga y responda el secretario del Trabajo a los diputados.

En estos momentos está declarando que está viendo la posibilidad de demandar a PC por el incumplimiento que tuvo después de 3 meses, porque no dieron color. Ésa fue la definición que dio.

Les pediría que se sumen y que nos venga a dar la cara el secretario del Trabajo y nos dé las respuestas que estamos solicitando.

No se enoje y después no se asusten con las mantas y con los señalamientos al gobierno federal; cuando los funcionarios como Lozano pierden la vergüenza, nosotros los gobernados les perdemos el respeto. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado García Portillo, puede usted usar el turno que tiene Acción Nacional pendiente del diputado Liev Vladimir Cárdenas, que no se encuentra.

Tiene la palabra para hechos, rectificación de hechos, el diputado Mario di Costanzo y con él terminaremos la agenda política.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sonido en la curul del diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, una pregunta respecto del tema de la controversia constitucional; si sabe qué ha ocurrido con ese trámite, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya hemos resuelto, en consulta con los coordinadores parlamentarios, que la controversia se interpondrá el día de hoy, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta:Gracias, presidente. Simplemente para señalar que si hubo tales reuniones de la Comisión de Seguimiento del Caso de Mexicana, ¿dónde están las actas? ¿Dónde están los acuerdos? Lo único que tenemos son dos informes que suman menos de seis hojas, eso ha sido; pero sí tenemos grabaciones de programas en donde se pronunciaron claramente a favor de la propuesta de PC Capital algunos integrantes de la Comisión de Seguimiento.

Yo le preguntaría si recibió a la coalición de trabajadores que no está de acuerdo con lo que ha negociado ni Fernando Perfecto ni Lizette Clavel. Yo le preguntaría si se interesó y conoce el documento de un despacho que avala la propuesta de TG Group. Yo le preguntaría si conoce las demás propuestas, bueno, si conoce el tema de Mexicana. No lo conoce porque no les ha interesado.

Y aquellos que se refieren a los inquisidores de bolsillo, yo me podría referir también a los fracasados de costal, porque es lo que ha sido la administración de Calderón: un fracaso, y nuevamente señalo que lo que pasa con Mexicana de Aviación es la síntesis de lo que ha sido la administración de Calderón, una complicidad por parte del Congreso -ya lo vemos en el actuar de la Comisión de Seguimiento- un atropello a los derechos de los trabajadores, 8 mil trabajadores siguen en la calle.

Ahorita, en este momento siguen queriendo imponer el proyecto de PC Capital y Lozano lo está encabezando y el actual secretario de Comunicaciones y Transportes esconde la cabeza como avestruz.

Ya tenemos a Lozano, que encabeza la Secretaría del Trabajo, tiene atribuciones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hoy va a empezar a deshacer al sector turismo, porque ya dieron una conferencia de prensa conjuntos. El inverso del Rey Midas ya va a destrozar otro sector, lo poco que nos queda.

En el año del turismo no tenemos flota aérea. Magnífico. Eso es el resultado de la gestión de Calderón y sí es muy fácil llamar inquisidores de bolsillo. Ustedes son fracasados de costal. No son propuestas populistas. Son propuestas humanas, que simplemente buscan darle empleo a la gente.

Ahí está Rubí, cuando se puso de tapete con Horcasitas y defendió a ese delincuente cuando Gerardo Fernández Noroña lo increpó. Fue desgraciadamente el tapete de Horcasitas y ahora lo es de Lozano. Y no somos inquisidores de bolsillo, tenemos muchas propuestas, más que ustedes.

El diputado del PAN que subió a hablar de Mexicana no tiene la menor idea de lo que está hablando, lo ha demostrado a través de mucho tiempo. Me ha tocado estar en mesas redondas con él y no aporta nada, simplemente se dedicó a apuntalar, a festejar, a abanderar la fracasada propuesta de PC Capital.

¿Y ahora qué dicen? Que somos inquisidores. Pues si son un gobierno fracasado, ¿qué quieren que digamos? ¿Que les aplaudamos? Porque no han escuchado nuestras propuestas, porque, ¿saben qué?, Gastón Azcárraga ya tiene más impuestos diferidos que hace 6 meses.

Los invito a checar los informes de Grupo Posadas en la bolsa. Eso sí, no tuvo dinero para rescatar a Mexicana de Aviación.

Hicimos propuestas que no involucraban recursos fiscales, pero que garantizaban mantener el empleo, porque aquí en este país se puede rescatar a Cemex y a Comercial Mexicana con recursos fiscales, pero es incapaz de mantener el trabajo de 8 mil personas. Entonces sí ponemos muchos condicionamientos.

No chamaquearon a Lozano. Lozano es un chamaco. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, haciendo uso del turno que correspondía al Partido Acción Nacional en esta ronda.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, y en especial al pueblo de México en este tema que es tan importante...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, diputado. Diputado Flores Rico. Sonido en la curul del diputado Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): ¿De qué está hablando el señor diputado ahora?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado está hablando en el turno que le correspondía al PAN, porque cuando lo llamamos no se encontraba en el salón.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): No, perdón, yo hablé y cerré la ronda, señor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, las rondas están inscritas. El diputado Vladimir Ramos Cárdenas –y puede usted solicitar la versión estenográfica– fue llamado y no se encontraba en el salón. Está en el uso de la palabra en el turno que le correspondía. Termine usted, diputado. Adelante.

Estamos en agenda política, donde no aceptamos las preguntas, diputado. Adelante, diputado Ramos.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nuevamente y en particular al pueblo de México, una de las responsabilidades y obligaciones que los legisladores debemos observar a toda costa cuando estamos en tribuna, es manifestarnos en total apego a la realidad, pues es la única manera de construir acuerdos ante las desavenencias del país, y para el caso que nos atañe, que es la situación de Mexicana de Aviación y el concurso mercantil de ésta, primero debe quedar muy claro al pueblo de México lo siguiente:

Que en julio de 2010 Mexicana de Aviación informó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que atravesaba por una situación financiera crítica, de crisis como consecuencia de un segundo trimestre negativo y para salvar tal situación solicitó entrar a concurso mercantil, y paralelamente manifestó que negociaría con los sindicatos la reestructura financiera de Mexicana como empresa...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame usted, señor diputado.

Solamente para ilustrar a la asamblea el turno del orador, le suplico a la Secretaría lea el artículo 104, fracción X. Adelante. Fracción X, diputado. Diputado Vázquez o diputada.

Están en un debate, diputados, pueden inscribirse.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:Si el orador no se encuentra en el salón de sesiones, se le colocará al final de la lista correspondiente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es el Reglamento, señores diputados. Estoy inscribiendo al diputado Silvio Lagos para hechos al final de la lista de oradores.

El diputado Silvio Lagos Galindo(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Eso aplica en dictámenes, no en agenda política. La agenda política tiene una dinámica propia. No es el caso.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por supuesto aplica lo mismo para rectificación de hechos, agenda política; y les recuerdo que quien conduce los debates es la Presidencia de la Mesa Directiva. Tratamos de hacerlo con el mayor equilibrio posible.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul). Gracias, presidente. Sólo para dejarle dicha nuestra opinión. Éste es un debate pactado con turno en los oradores;  no opera el resto de la normatividad porque es un debate pactado con turnos y acuerdos relativos, específicos para este caso.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así es, diputado, solamente que en la conducción del debate aplicamos lo que la norma general dice. Eso es lo que aplicamos siempre que algún diputado no se encuentra en el salón de sesiones.

Espero que la intención del diputado Vladimir Ramos haya sido efectivamente estar ausente y no tratar de guardar un turno al final. Y espero que el resto de la asamblea se conduzca en el debate, haciendo uso de los instrumentos que el Reglamento le concede. Esta Mesa va a aplicar el Reglamento. Gracias, diputado. Diputado Ramos, gracias.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas:Gracias, diputado presidente. Un mes después, en agosto, Nuevo Grupo Aeronáutico, entonces accionista y controladora de Mexicana, Click y Link, posterior a transferencias entre particulares, transfirieron las acciones de Tenedora K, quien además adquirió con ello responsabilidades y pasivos.

En septiembre de 2010 Mexicana suspende operaciones y entra con concurso mercantil. La relación entre Tenedora K y PC Capital, por su sola naturaleza mercantil es un tema entre particulares. Eso tiene que quedar muy claro en este pleno.

Y la participación del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contrario a lo que se ha manifestado, se constriñe aregular las operaciones aéreas de la empresa.

En cuestión de responsabilidades es el conciliador quien otorga los vistos buenos a todas las propuestas de inversionistas y es el encargado de llevar a cabo el proceso de reestructura de la empresa. Conciliador y administrador recibieron de tres inversionistas notificación de intereses y propuestas para invertir en Mexicana; de ahí el ejercicio mediante el cual salió PC Capital.

En lo que respecta a la SCT, la recertificación de la empresa debía darse mediante cuatro capacidades, de las cuales la ausencia de una sola de ellas echaba por abajo cualquier trámite; y eran técnica, financiera, administrativa y jurídica.

De la primera –la técnica– se han realizado todas las pruebas conforme a la normatividad vigente. En cuanto a la capacidad financiera, las reuniones con PC Capital sirvieron para poner en la mesa la solidez y los planes de trabajo, y fueron tan detallados como poner en claro la sensibilidad del modelo financiero respecto de cada variable de la industria.

Esto no pretende ser respuesta, sino dejar en claro algo. PC Capital manifestó haber obtenido que los recursos para invertir ascendían a 220 millones de pesos, y en palabras del despacho encargado de llevar a cabo el concurso mercantil PC Capital enseñó cartas con las cuales demostraba su capacidad y señalaba que los recursos estaban por llegar. Sin embargo, dice que de no lograrse lo comprometido por la empresa, el concurso se abrirá a otros grupos siempre y cuando existan de por medio las autorizaciones previstas por la SCT.

Aquí es importante recalcar que actuando de buena fe, confiando en la capacidad y en la responsabilidad de los inversionistas, los cuales fueron escudriñados por el conciliador y el administrador, así como la participación del despacho encargado del concurso, escapa a las capacidades de cualquier funcionario saber si la empresa tiene o no la capacidad financiera necesaria; no obstante, el funcionario ya se pronunció porque se castigue a PC Capital.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el caso de Mexicana hace mucho dejo de ser únicamente un problema de particulares para convertirse en uno mayor, y es aquel que compromete, entre otros aspectos, la soberanía aeronáutica de nuestro país y confiamos en que el gobierno federal, como lo ha hecho hasta ahora, seguirá manifestándose a favor de Mexicana de Aviación, de los usuarios del servicio y de todos aquellos que directa o indirectamente dependían de Mexicana de Aviación, y lo hará hasta donde la ley lo permita y hasta donde la responsabilidad y el compromiso le obligue.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas:Concluyo, presidente. Por tanto, manifestar aquí una tragedia a causa de la mala conducción del tema por parte del gobierno federal es una falacia que no pretende sino confundir a la ciudadanía y en particular a los principales afectados como pilotos, sobrecargos, encargados de mantenimiento.

México y Mexicana no están para demagogia de tribuna, señores, sino para ser realistas y, sobre todo, solidarios con la causa general y no con la particular partidista. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Silvio Lagos para rectificación de hechos.

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pompa, usted solicitaba la palabra, ¿con qué objeto?

El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella(desde la curul): Declino, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declina, gracias.

El diputado Silvio Lagos Galindo:Con su permiso, presidente. El tema de Mexicana no es ningún tema de demagogia y mucho menos de demagogia o de posición de cualquier diputado.

El tema de Mexicana tiene que ver con una serie de errores garrafales y con un gran conflicto de intereses por parte del anterior secretario. Dicen que esto no es un conflicto entre particulares y yo quiero preguntar: ¿quién otorga la autorización para prestar el servicio aéreo de transporte de personas, de carga o de cualquier otra normatividad que está establecida en la Ley de Aviación Civil?

Estados Unidos con la FAA tiene tres clasificaciones, México tiene tres clasificaciones, y por si no lo sabe, compañero diputado, deben cumplir con un procedimiento que se llama AOC, y para que puedan operar y puedan volar los cielos aéreos, los cielos de nuestro país, requieren una autorización del Estado mexicano. Si ese es un conflicto entre particulares, entonces ya me perdí.

Pero tampoco es venir a decir cosas cuando existen elementos de las aportaciones de Gastón Azcárraga a la campaña de Calderón, aquí están, y de todos los que formaban parte del consejo directivo. Esto se llama conflicto de intereses.

Y si quiere también le saco todos los que formaban parte del consejo directivo de Mexicana, como reitero, el hermano de Horcasitas. Éste es un tema muy serio.

Lozano se ha equivocado. Como lo dijo Carlos Flores Rico y como lo señaló mi compañero Pompa, Lozano es el secretario del Trabajo, no es el conciliador y mucho menos es cabeza o titular del ramo; el titular, por si Lozano no lo ha sabido, se llama Dionisio Pérez Jácome y es el secretario de Comunicaciones.

Él es el que tiene que realizar las negociaciones con TG Group y que Lozano, así como lo señalaba Mario di Costanzo, que a la mejor Mario quiso hacer una referencia de cómo le dicen a los niños en España; cree que Twitter es la solución para resolver los temas fundamentales.

Lozano debe vigilar el cumplimiento de los contratos colectivos, sí, pero el tema, como usted bien lo dijo, diputado, tiene que ver con capacidad técnica, financiera, de seguridad, protocolos de la FAA, criterios de la OASI, criterios de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Y si bajo ese entendido no sabemos que si no se resuelve el tema de Mexicana, como muchos otros años han venido sucediendo; siete aerolíneas han quebrado ¿una más? ¿Y permitir que Aeroméxico siga abusando con sus pésimos servicios y sus altos costos de tarifas?

Si eso no es tener un interés público, compañero diputado, creo que hay que volver a las clases de administrativo, si es usted abogado. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Señores diputados, hemos concluido la parte relativa. Con mucho gusto le pediría a Servicios Parlamentarios que enliste a los diputados que aún faltan por hacer uso de la palabra, pero tal y como anunciamos, por favor tome nota Servicios Parlamentarios, del diputado Castro Cosío, del diputado Cárdenas, la diputada Sofía Castro, el diputado Miguel Pompa y el diputado Vladimir Ramos, quienes quedarán inscritos para la continuación de este debate que se suspende en estos momentos por haber llegado al límite del tiempo, tal y como anunció la Mesa Directiva al inicio.

Lea por favor la Secretaría el proyecto de manifiesto de la Junta de Coordinación Política.

DOCUMENTAL PRESUNTO CULPABLE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de sus facultades para lograr entendimientos y convergencias políticas, y en relación a la suspensión provisional concedida por la juez decimosegunda de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, a la difusión en salas de cine públicas, del filme documental Presunto Culpable, esta soberanía expone lo siguiente:

“La Cámara de Diputados, en observancia al principio de división de poderes, respetuosamente se manifiesta a favor de la protección de las garantías de libre expresión e información, ponderando adecuadamente la salvaguarda de los derechos de terceros y procurando en todo momento beneficiar la libre información, comunicación y difusión de las ideas, fundamento primordial de las sociedades democráticas.

Asimismo, lamentamos que una inusual determinación judicial afecte la exhibición del documental Presunto Culpable, que ofrece una fuerte crítica al sistema de justicia mexicano para fortalecer las instituciones de nuestro país, por lo que hacemos votos para que se restablezca de manera inmediata la exhibición del largometraje, garantizando los derechos antes mencionados”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador de Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputado Reyes S. Tamez Guerra (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Diva Gastélum.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): Señor presidente, quisiera que me permitiera, como se hizo al inicio de esta sesión, hacer un comentario al respecto.

Me parece que sería incompleto lo que aquí se ha tratado sobre el Presunto culpable si no se abordara un asunto que hemos enlistado las diputadas Enoé Uranga, Carolina Viggiano y una servidora. Quisiera que me pudiera dar la oportunidad de poder hacer una relatoría muy rápida.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Dado que vamos a poner a discusión el punto, le pregunto si quiere hacer usted hacer uso de la palabra de su lugar. Diputada Enoé Uranga, diputada Viggiano.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Le agradezco. Para solicitar de usted que permitiera que la diputada Diva pudiera hacer la intervención desde tribuna.

Hoy se está presentando una de las propuestas para acceso a la justicia en este país más importante sin duda alguna, que al posibilitar el acceso a la justicia para las mujeres, también lo hace para los más desprotegidos de este país.

Se trata de una reforma integral que tiene la virtud, además, de buscar la armonización legislativa a nivel federal, da respuesta de hecho a este compromiso que acompañaría al manifiesto y creo que es muy importante dejar constancia de que la Cámara de Diputados se está comprometiendo efectivamente con el tema y por ello solicitarle que dejara que la diputada Diva tomara la tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Viggiano.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido. Hoy hemos escuchado durante muchas horas los pronunciamientos de los partidos políticos acerca de lo que sucedió con la película Presunto culpable y esta iniciativa justamente responde al problema de la deficiencia de justicia que tenemos en nuestro país.

Particularmente es un tema de armonización legislativa para el tema de las mujeres y toca a 15 figuras jurídicas, dentro de las que se proponen figuras nuevas como la del feminicidio, la discriminación, delitos cometidos en la administración de justicia, el fraude familiar, el incumplimiento de deberes de subsistencia, entre otros.

Por esto creo que lo importante es darle una respuesta a la sociedad sobre el problema que vive este país en materia de justicia y le pido lo mismo que mi compañera Enoé, que le dé oportunidad a la diputada Diva de pasar a la tribuna a exponerlo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ramos, con qué objeto.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas(desde la curul): Presidente, estamos seguros de que el tema que se está abordando en este momento es sumamente importante; sin embargo, importante es también manifestarle que estamos en medio de un debate y que fue cortado por cuestiones de tiempo. Yo pediría a la Mesa nos aclare cuál es el criterio que está siguiendo. >

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estamos siguiendo el criterio de equidad, diputado. En la mañana les di la palabra a cuantos quisieron hacer uso de ella con relación a este tema. Hoy las mujeres me piden hacer uso de la palabra respecto de este tema, justo cuando estamos en el contexto de la aprobación del manifiesto de la Junta.

Le voy a dar la palabra a la diputada Gastélum Bajo. Diputado Ramos. Diputado Martel y luego diputado Fernández. Diputado Ramos.

El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas(desde la curul): Decir que en el grupo estamos de acuerdo. Hemos seguido de cerca lo que ha promovido la diputada Diva; solamente le solicitaría que en ese mismo tenor nos permitiera que alguno de nosotros o alguna de nuestras compañeras pudiera subir a tribuna.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Primero para reconocer que si la primera excepción se hizo con el diputado que ahorita no quería permitirle hablar a la diputada Diva, hacer un reconocimiento a la Mesa por esa apertura,  porque si se fue flexible en cuanto a que estaba ausente totalmente en el pleno, cuando él quiso hacer uso de la palabra, qué bueno, felicitamos a la Presidencia de la Mesa por abrir este espacio para que la diputada pueda hablar sobre este tema que es fundamental también para el pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, para subir el tema del que va a tratar la diputada Diva...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Diva va a tratar un tema relativo al sistema penal de las mujeres, porque como lo han explicado las diputadas Uranga y Viggiano, hoy presentaron una iniciativa en ese sentido y completan el manifiesto de la Junta con estas expresiones.

Por eso le concedo el uso de la palabra a la diputada Diva. Al terminar, si ustedes me solicitan la palabra, desahogaremos uno por uno cada uno de los puntos.

Haga uso de la palabra, diputada Gastélum Bajo.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Presidente, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada López Rabadán.

La diputada Kenia López Rabadán(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para dejar en claro que por supuesto que el Partido Acción Nacional siempre refrendará la posibilidad de que una mujer suba a la tribuna; que siempre, en función de esta lógica jurídica de discutir temas importantes tendremos la apertura, señores compañeros diputados, para que las compañeras y los compañeros puedan subir a presentar iniciativas.

Que lo que el Partido Acción Nacional establecía simple y sencillamente fue aclarar las reglas de cómo conducir, en términos de tiempo, y por supuesto, reconocer y refrendar, y lo haremos en su momento, para respaldar la iniciativa. Ésta y cualquier otra iniciativa que permita la mejor conducción de este país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Insisto, la diputada Diva no presentará una iniciativa. No se ha roto el orden del día. Hará los comentarios respectivos, dentro del tema del manifiesto de la Junta.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Ya déjenme hablar.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Perdón, diputada Diva. Yo había pedido la palabra desde un inicio sólo para, sobre el documento que se ha leído, plantear que se había acordado en la redacción, en el segundo párrafo donde dice: ... lamentamos que una resolución judicial, se había acordado que dijera: lamentamos que una expedita resolución judicial, y está excluida esta palabra que había sido acordada su integración.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Solicito a la Junta que revise si el documento que hemos leído es acorde a lo que pactaron. Adelante, diputada.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Muchas gracias, señor presidente. Así batallamos las mujeres, ¿eh? Primero sí, luego no y así. Ése es un rollo con el que batallamos siempre. Pareciera que la cuestión cultural de discriminación en contra de las mujeres nunca terminará.

Le agradezco mucho, diputada, la observación que hizo, y el no regateo a un comentario que vale la pena que hagamos aquí.

Carolina Viggiano, Enoé Uranga, Diva, Rosario Brindis, tenemos tiempo trabajando un tema de prevención. Lo hemos venido trabajando con mucho cuidado. Lo intentamos por las comisiones; luego entendimos que causaba mucho ruido; luego lo intentamos de manera personal, con el apoyo de organizaciones y de expertas y de expertos; también subrayo a Laura Carrera, directora del Conavim.

Pero entendimos que como siempre se regatea a las mujeres el acceso a la justicia, éste también sería el caso. Y estuvimos viendo cómo entrar. Estamos en la iniciativa número 85. Ustedes díganme cuándo íbamos a llegar aquí.

Justo estamos enfrente del 8 de marzo y teníamos una gran urgencia, no por Carolina, no por Enoé, no por Diva, no por Rosario Brindis, no por Margarita Liborio; no. Tampoco por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); por las mujeres de este país.

Tenemos un serio problema en el tema de armonización legislativa en materia penal. Si algo adolece la procuración e impartición de justicia es ahí; serios problemas tenemos. En muchos estados la violación es menos penada, menos sancionada que el robo de una vaca o el abigeato, el robo de un animal. Así de grave está el problema en este país.

Esta Cámara le ha regateado una y otra vez tipificar el delito de feminicidios. No entiendo porqué les hace mucho ruido el título, pero lo más grave es que seguimos formando parte de las estadísticas de este país. Si le decimos feminicidio, homicidio de mujeres o cómo se llame, finalmente las niñas y mujeres de este país son asesinadas solamente por ser mujeres.

Quince figuras, lo decía Carolina Viggiano, tiene esta propuesta, y me enorgullece enormemente que una panista diga: vamos con la propuesta; eso habla de un compromiso. Porque presencia de mujer en Cámara, a veces no garantiza conciencia de género. Y aquí estamos y estamos levantando la voz y buscamos una rendija; qué increíble para poder hablar de un tema de la mayor importancia de este país, que es el acceso de la justicia a las niñas y mujeres mexicanas.

Por eso, le agradezco enormemente, presidente, su sensibilidad; la forma cómo nos da oportunidad: qué le hace, pareciera que por la puerta de atrás. Pero somos más de la mitad de la población y  muchas más las que padecemos violencia en este país.

Este trabajo profesional que hemos venido realizando y que yo quiero decirlo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:... la propuesta la trajo Carolina Viggiano y la hemos trabajado fuertemente. Yo las invito a que se sumen. Vale la pena armonizar la legislación penal de este país y vamos por esta reforma. El PAN ya lo dijo, el Verde ya lo dijo, el PRD también, el PRI, por supuesto, Nueva Alianza también, el PT, Convergencia, todos vayamos igual por esta armonización legislativa en materia penal. Muchas gracias por sus consideraciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La Junta nos informa a través de la diputada Kenia López, que está de acuerdo en que el texto en cuestión diga:

En su segundo párrafo: Asimismo lamentamos que una determinación judicial inusualmente expedita, afecte la exhibición del documental: Presunto Culpable.

¿Si es así, diputado Pérez Cuevas?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, quizá estaríamos de acuerdo con el tema inusual, porque fue inusual. Pero, que este pleno se pronuncie por un acto expedito del Poder Judicial, es lo que los ciudadanos reclaman, que sean prontos, que sean expeditos.

En este caso faltó que fuera certero, que fuera apegado a derecho, que reuniera una serie de requisitos. Pero si se queda con una mala interpretación de pedir que: lamentamos por una justicia expedita, creo que podría generar alguna consecuencia que no es lo que esta Cámara pretende. Nos quedaríamos con el tema inusual, en dado caso.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Entonces quedaría, inusual determinación judicial?

Lea nuevamente el texto, señora secretaria, el segundo párrafo, agregando la palabra inusual, después de la palabra judicial. Asimismo lamentamos que una inusual determinación  judicial...

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Así es: Asimismo lamentamos que una inusual determinación judicial afecte la exhibición del documental Presunto culpable que ofrece una fuerte crítica al sistema de justicia mexicano para fortalecer las instituciones de nuestro país, por lo que hacemos votos para que se restablezca de manera inmediata la exhibición del largometraje garantizando los derechos antes mencionados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias presidente, le agradezco que me dé el uso de la palabra.

Yo simplemente quería manifestarme a favor de la propuesta de la diputad Diva y de las demás compañeras diputadas, porque entiendo que el problema tiene que ver con la reforma al sistema de justicia y, desde luego, esa reforma al sistema de justicia penal de otro tipo familiar, civil, en nuestro país, debe hacerse esa reforma con una perspectiva de género.

Simplemente quería subir a tribuna a apoyar y a respaldar a mis compañeras diputadas, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Agradezco su solidaridad con la asamblea, señor diputado. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el comunicado de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el comunicado de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Diputada Uranga, ¿algún otro asunto?

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Yo sé que la ley lo dice y por ello mi extrañeza de subrayar en el texto, ya se ha votado y me disciplino, presidente, pero no entendí por qué la objeción a señalar algo que es un principio jurídico y que está señalado en nuestras leyes en cuanto a que la justicia sea expedita como principio general del derecho.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.

Ponga a votación, dado que no hay oradores registrados, el cambio que propone la Junta de Coordinación Política, a fin de que la Comisión de Equidad y Género pueda tener presidenta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor  Muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias por la solidaridad.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

• Que la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo cause alta como presidenta en la Comisión de Equidad y Género.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo ocupa ahora la Presidencia de la Comisión de Equidad de Género, por designación de su grupo parlamentario y acuerdo de la Junta de Coordinación Política, suscrito por la diputada Josefina Vázquez Mota.

Se acaba de recibir oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite minuta proyecto de decreto.

PREMIO INTERNACIONAL A LAS MUJERES DE VALENTIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Marisela Morales Ibáñez para que pueda aceptar el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.

Atentamente

México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Marisela Morales Ibáñez para que pueda aceptar el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.­ México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Gobernación para su dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En término de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las iniciativas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.

Antes de concluir la sesión, señoras diputadas y señores diputados, solamente quisiera manifestarles dos cosas: la primera, que es muy probable que el miércoles haya sesión exclusivamente para iniciativas, si así lo resuelve la Junta de Coordinación Política y nos lo comunicará el mismo lunes, para efecto de que los señores diputados hagan sus previsiones.

La segunda, me siento profundamente orgulloso de ser presidente de la Mesa Directiva. Lo único que quiero decirles es que no voy a declinar en el cumplimiento del Reglamento y espero que eso pueda, a pesar de los inconvenientes que causa, ser reconocido. Gracias.

Se levanta...

MESA DIRECTIVA

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente, creo que esto es muy dable y lo asumo con mucha responsabilidad a nombre de la bancada. Ejercer un cargo de responsabilidad de la institución tan grande, como es la Cámara de Diputados, obliga a que esto que ha pronunciado nosotros lo respaldemos, le reconozcamos; si la institucionalidad que hoy expresa usted se lleva al pie de la letra, conforme al Reglamento, siempre encontrará el respaldo de Acción Nacional.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Sabe usted bien que no es nuestro estilo hacerle la barba, presidente, pero nosotros también nos sentimos orgullosos de que usted sea nuestro presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Eso me hace todavía más...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Creo, todavía falta mucho de su encargo, diputado presidente, pero creo que se ha conducido con responsabilidad y con seriedad todo el tiempo.

Quiero sólo dejar en claro que en el compromiso que está haciendo ya lleva implícito el que quedó totalmente dese-chada la necedad de que está prohibido manifestarse, lo que la Constitución garantiza y ha quedado plenamente acreditado, así es que le agradezco mucho.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El presidente lo tendrá que resolver cada vez que se presente.

El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guevara.

El diputado Héctor Guevara Ramírez(desde la curul): Se han pronunciado las diferentes fracciones parlamentarias en voz de los señores diputados. Sólo decirle que cuando se es capaz de cumplir con la norma los diputados nos sentimos verdaderamente atendidos de su Presidencia y del equipo de trabajo. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lo agradezco mucho, se lo reconozco y agradezco. La intención es solamente esa: cumplir con la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputados.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(a las 16:35 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes, 8 de marzo de 2011, a las 11 horas.

Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 4 hora 54 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 334 diputados • Asistencia al cierre de registro:  398 diputados • Minuto de silencio: 1 • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1 • Oradores que participaron: 112 PRI                                  39PAN                                 25PRD                                 20PVEM                      9PT                                       15Convergencia                   2Dip. Ind.                            2 Se recibió o presentó: • 1 comunicación de la Mesa Directiva con la que informa que acordó turnar nuevamente 24 iniciativas con proyecto de decreto a las comisiones correspondientes para que presenten dictamen, con base a lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • 1 oficio del Gobierno del estado de Morelos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Policía Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Gobierno del estado de México con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 8 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2010; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Chiapas; • 1 iniciativa con proyecto de decreto de senador del PAN; • 24 iniciativas del PRI; • 5 iniciativas del PAN; • 9 iniciativas del PRD; • 3 iniciativas del PVEM; • 6 iniciativas del PT; • 1 iniciativa de Diputado Independiente; • 1 proposición con punto de acuerdo, aprobada; • 15 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma las fracciones XXXIV del artículo 3 y III del artículo 77 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 127 y adiciona la fracción XXIV del artículo 122 de la Ley General de la Vida Silvestre; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; • 1 de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; • 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Desarrollo Social con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a tomar medidas que fortalezcan el Programa de Adquisición de Leche Nacional de Liconsa para promover la compra del producto de origen mexicano; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar las Reglas de Operación de Liconsa; • 1 de la Comisión de Juventud y Deporte con el que se desecha proposición con punto de acuerdo con la que se exhorta al licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Ejecutivo federal, a considerar la inclusión de la ciudadana Yadira Lira Navarro como candidata al Premio Nacional del Deporte 2010; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el que se desecha proposición con punto de acuerdo relativa a la construcción y operación del viaducto elevado Bicentenario en el estado de México; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública con el que se desecha proposición con punto de acuerdo por la que se solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal que exhorte al secretario de Seguridad Pública a realizar lo conducente a fin de que los ex funcionarios públicos de Michoacán detenidos durante los operativos de fecha 26 de mayo y 29 de junio de 2009 sean trasladados al centro de readaptación social licenciado David Franco Rodríguez de la Ciudad de Morelia, Michoacán; • 1 de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma la fracción segunda del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética