SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, señora secretaria, haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de las señoras diputadas y los señores diputados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 294 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum, señor presidente.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un momento, diputado Cárdenas, en primer lugar voy a abrir la sesión. ¿Me repite usted el cómputo, por favor?

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Son 296 diputadas y diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:43 horas): Habiendo 296 diputadas y diputados, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora sí le voy a dar la palabra al diputado Erandi Bermúdez, e inmediatamente al diputado Cárdenas. Diputado Bermúdez.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solicitarle de la manera más atenta poder pedir a la asamblea un minuto de silencio por las víctimas del pasado 12 de marzo del país amigo, Japón, por las consecuencias que ha traído este terremoto y este tsunami en este hermano país, para que podamos guardar un minuto de silencio.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se hará, señor diputado, al término de la lectura del acta, al inicio de esta sesión guardaremos el minuto de silencio que nos solicita. Y esta Mesa Directiva hará, a solicitud de la Junta de Coordinación Política, conocimiento de la asamblea, de un pronunciamiento. Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Son tres puntos, presidente, muy breves. Los enumero, aunque el último es de una gran gravedad.

El primero tiene que ver con la información que aún no tenemos en este pleno por parte de la Junta de Coordinación Política, respecto de la propuesta que está pendiente de designación de los consejeros y las consejeras electorales del IFE.

Creo que siguen pasando los días, las semanas y no hay propuesta de la Junta de Coordinación Política a este pleno para que hagamos la designación correspondiente. Y la Junta de Coordinación Política sigue en falta.

Hago un llamado a la diputada Vázquez Mota para preguntar cuándo tendrá a bien la Junta de Coordinación Política enviarnos estos nombres, estas propuestas al pleno de la Cámara.

En segundo lugar, presidente, hace unos días el diputado Mario di Costanzo y su servidor dieron cuenta de una información sobre una reunión del auditor superior de la Federación en Los Pinos.

Pedimos informe acerca de lo que se trató en esa reunión, porque se podría vulnerar la independencia, la autonomía de esa Auditoría Superior de la Federación y hasta el momento, por lo menos su servidor, no tiene informes de lo que trató el señor auditor en esa reunión en Los Pinos al parecer con Felipe Calderón.

En tercer lugar, presidente, algo muy grave son las declaraciones de un general que se publicaron en el periódico La Jornada el domingo 13, la periodista Sanjuana Martínez entrevistó al general Carlos  Bibiano Villa Castillo.

En esa entrevista el general Carlos Bibiano Villa Castillo reconoce ejecuciones extrajudiciales, textualmente dice el general: “si agarro a un Zeta lo mato, ¿para qué interrogarlo? Jefe policiaco.

Creo que estas declaraciones y los hechos que narra el general Bibiano Villa ameritarían una queja y una actitud firme de parte de la Cámara de Diputados.

Una queja al menos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o una solicitud de informe, para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determine si en el combate en la estrategia fallida de Calderón de combate al crimen organizado existen o no ejecuciones extrajudiciales, si en este combate al crimen organizado se respeta el debido proceso, si se respeta el Estado de derecho y sería importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigara todos estos hechos y pudiese deslindar responsabilidades, presidente.

Creo que sería oportuno que nuestra área jurídica de esta Cámara hiciera a nombre de la Cámara de Diputados una solicitud formal a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos e investigaran estos hechos que me parecen gravísimos, que fueron publicados por el periódico La Jornada el domingo 13 de marzo de este año, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Cárdenas. En relación a su expresión relativa a la denuncia que usted señalara con el diputado di Costanzo hemos referido al señor auditor superior de la Federación el texto de sus expresiones, y también lo hemos hecho a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría  Superior de la Federación. Esperaremos alguna respuesta por parte de ellos.

Con relación a lo último que usted señala, yo le agradecería mucho que a través de los mecanismos reglamentarios correspondientes nos enviara usted esta solicitud, y con mucho gusto le daríamos cauce, por lo importante que usted señala. Muchas gracias, diputado Cárdenas. Diputado Caro Cabrera.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): Gracias, presidente. Es para solicitarle apoyo en dos cuestiones.

La primera tiene que ver con una circunstancia que está afectando a todos los habitantes de Guadalajara. Tiene que ver con un deterioro acumulado de los pisos, que en este momento hace intransitables varias zonas de la ciudad, deteniendo la actividad económica, la convivencia social, restando eficacia a las tareas de seguridad pública, entre muchos otros males.

El gobierno municipal de Guadalajara ha hecho todo lo posible, ha cumplido todos los requisitos para obtener un crédito a efecto de poder realizar las obras que urgen a todos los tapatíos, y es de acuerdo a la legislación local, un asunto que implica que el gobierno del estado tiene que hacer un trámite para que los tapatíos y su gobierno accedamos a ese dinero, el gobernador se opone y sin ninguna justificación, sin ninguna legitimidad está obstaculizando el desarrollo de la ciudad y está frenando perversamente al gobierno municipal y a sus autoridades legítimas, por lo que, señor presidente, en este tema acudo a esta Mesa Directiva para que por los órganos competentes se auxilie a la ciudadanía, a mis representados, a su gobierno municipal a través de gestiones con la Secretaría de Gobernación, para que hagan entender al gobernador y ya no detenga el desarrollo de Guadalajara. Y a la Secretaría de Hacienda, para que nos dé alternativas a efecto de poder salir adelante y poder lograr el progreso y las bases para que nuestra ciudad avance.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): En otro tema, presidente. En el otro tema, brevemente, solicitar que los órganos competentes de esta Cámara se impongan de la situación que pudiera tener implicaciones graves para todos los mexicanos, para los veracruzanos, para los lugares donde hay reactores nucleares en nuestro país.

Mire, los sucesos de Japón me hacen pensar ante cuestiones recientes –que nos hemos dado cuenta- que en la Comisión Federal de Electricidad priva la corrupción y muy probablemente el abandono de áreas tan delicadas como la generación de energía a través de reactores nucleares con el potencial riesgo a los mexicanos. Si en Japón este terremoto y estos tsunamis causaron esos daños, podríamos sospechar que ventarrones –dadas las circunstancias– podrían generar los mismos males en la administración de esos instrumentos en nuestro país, por lo que muy atentamente, a efecto de que los mexicanos y los diputados conozcamos los niveles de riesgo en los que estamos inmersos, es necesario se impongan los órganos competentes, la Comisión de Energía, de qué niveles de riesgo en este momento tenemos y que se cancelen todas las obras en términos de generación de energía nuclear en nuestro país.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Recogemos sus expresiones. En lo que se refiere al caso de Guadalajara, son turnadas a la Comisión de Gestoría y a la Junta de Coordinación Política para su debido tratamiento.

Y respecto de lo segundo, le informo que esta Mesa Directiva le ha dirigido ya una atenta carta a la Comisión de Energía, a efecto de que solicite la información del estado que guarda la seguridad de nuestro reactor nuclear. Gracias, diputado.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González(desde la curul). Señor presidente.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez-Alonso; diputada Quezada. Y con ustedes terminamos esta obra.

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González(desde la curul): Gracias, presidente. Nada más secundar a mi compañero del PRD que me antecedió en la palabra, para solicitar a esta Mesa Directiva que tengamos un minuto o dos de silencio en honor a los muertos y damnificados en el reciente terremoto y recientes sucesos que pasaron en el hermano pueblo de Japón.

Ellos han sido siempre muy solidarios con México en momentos difíciles y por eso creo que esta Cámara de Diputados se tiene que pronunciar a través de un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo de Japón.

Y adicional a esto, lo que ya mencionaron aquí. Exhortar al gobierno federal para que a través de los órganos correspondientes replantee la política energética y en específico replantee la política de uso de tecnología nuclear para generación de electricidad. Si está pasando lo que pasa en un país tan avanzado en estos términos como Japón, pues en México estamos ante este riesgo y mucho más.

Nada más solicitar esas dos cosas con mucho respeto y agradecer a esta Mesa Directiva.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputada Quezada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Diputado, muchas gracias. Por supuesto, también para sumarnos a lo que hoy Japón vive, que es una desgracia y que obviamente acompañamos el minuto de silencio para pronunciarnos.

También quisiera comentar, secundando un poco lo que el diputado Jaime Cárdenas comentaba sobre las declaraciones que salen en un diario de comunicación que dice: “si agarro a un Zeta lo mato, ¿para qué interrogarlo? Jefe policiaco”. Sobre estas declaraciones y este trabajo de periodismo que se hizo, ha venido en otros medios de comunicación obviamente retomándose, quisiera pedir a esta Cámara de Diputados que se pudiera pedir un informe de los 36 mil muertos de qué tipo han sido asesinados, o de los 18 mil cuántos han sido realmente involucrados en esta lucha en contra del narcotráfico o si han sido civiles o bajo qué condiciones este tipo de declaraciones.

Creo que esta Cámara de Diputados no puede quedar omisa ante este tipo de declaraciones, que, por supuesto, son violatorias de derechos humanos.

Y solicitar también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera pronunciarse al respecto y que esto es una cuestión de oficio que se debe seguir, porque obviamente es con mucha claridad que hay una violación importante a derechos humanos.

Nosotros no defendemos a nadie, solamente creo que con esto que sale a la luz se refleja lo equivocado de la política estratégica en materia de seguridad que se está llevando por parte del Ejecutivo federal, y que una y otra vez lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, que se han equivocado y que se ve con esto reflejada la equivocación por parte del gobierno federal. Gracias, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Igualmente le agradecería que pudiera, por los mecanismos reglamentarios conducentes, enviarnos su solicitud. Diputado Uriel López, diputado Di Costanzo y terminamos con el diputado Fernández Noroña.

El diputado Uriel López Paredes(desde la curul): Sí. Diputado, presidente, nada más para comentar que no hemos tenido respuesta de la Secretaría de Gobernación respecto de la comparecencia, en la Comisión de Seguridad Social, del director general del ISSSTE, porque pediría a través de su conducto, diputado presidente, que se hicieran o se corrieran ahí los conductos necesarios para la comparecencia que está programada para el día de mañana en la Comisión de Seguridad Social, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ya hemos recibido comunicación, señor diputado, en un momento más lo estaremos comentando con usted. Diputado Di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Gracias, presidente. Cuando no es una cosa es otra, pero para no variar es el área administrativa de la Cámara.

Mire, quisiera darle en propia mano, presidente, tengo los análisis de laboratorio que le han hecho al restaurante Los cristales, ese restaurante caro y malo y creo que todos los meses ha reprobado estos análisis de laboratorio.

Hay uno que dice que hay rastros de heces fecales en los platos y ahí comemos diario muchos diputados. Y el señor se protege, el dueño de la concesión, diciendo que está apoyado por Manlio Fabio Beltrones. Creo que esto es un absurdo y es más absurdo que se esté dando este servicio a los diputados. Y a quien quiera, además, le regalaría copia de estos análisis de laboratorio que se le hacen mensualmente y donde hay hasta riesgos de enfermedades.

Creo que esto es grave; habría que ver quién dio la concesión y habría que ver qué está haciendo Haro Bélchez para resolver este problema. Pero le doy los análisis con mucho gusto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, y con mucho gusto los turnaré al Comité de Administración, a quien corresponde resolver este tipo de situaciones. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Justo acabo de desayunar en Los cristales, ya me preocupó el compañero Di Costanzo.

Diputado presidente, quiero comentar que ya que va encaminado lo de la Ley Federal del Trabajo, quiero insistir en mi exigencia de que se declare interlocutor no válido al secretario del Trabajo del gobierno usurpador, Javier Lozano. No sé ya de qué manera plantear mi reclamo de que no se presente a petición.

Quiero, en segundo lugar, son tres cosas muy puntuales: en segundo lugar comentar que ya se instaló la comisión para investigar presuntos ilícitos en Petróleos Mexicanos en base al libro Camisas azules manos negras, y ahí con el diputado que integra la comisión, diputado Ramírez, de Acción Nacional, coincidimos en la preocupación de que se cree la comisión especial que investigue los presuntos vínculos del narcotráfico con gobiernos, tanto del PRI, que estuvieron en la Presidencia, como los de Acción Nacional de Fox y de Calderón, que es de facto.

También insistir en que esa petición que presenté de obvia o urgente resolución sea presentada al pleno.

Tercero, preguntarle. En la agenda política está: comentarios relativos a la situación de Pemex; es muy importante el tema, el 18 de marzo es el 73 aniversario de la expropiación petrolera, que ha quedado en simbólica porque la han entregado nuevamente a las trasnacionales del petróleo.

Pero lo que quiero preguntarle, diputado presidente, es que el segundo tema de la agenda política era el mío sobre las alianzas PAN-PRD y ya no lo veo aparecer nunca en la agenda política y están quedando, desde mi punto de vista, en un manejo discrecional de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, los temas de la agenda política, porque los que estaban desde hace muchas semanas incluidos en la agenda no aparecen y aparecen todo el tiempo temas nuevos, con los cuales yo por cierto no tengo ninguna diferencia en que se debatan, pero sí quisiera preguntar qué pasa con los que tenían muchas semanas de antelación en la agenda política justamente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tomo nota atentamente, señor diputado, para darle una respuesta en el transcurso de la sesión.

Continúe, señora secretaria. Consulte si se le dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo muchas gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de marzo de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados: Norma Sánchez Romero, Óscar Martín Arce Paniagua, Jesús Alberto Cano Vélez, Gerardo Del Mazo Morales, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Esthela Damián Peralta, Carlos Flores Rico, Agustín Carlos Marroquín y Enrique Torres Delgado, para turnar diversas iniciativas conforme al Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De los diputados Marcos Pérez Esquer y Juan José Cuevas García.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del 73 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al uso de suelo y a la normatividad vigente en materia de construcciones y de establecimientos mercantiles.

De la Comisión Federal de Competencia, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al aumento de precios en los productos de la canasta básica.

Del Gobierno del Estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para impedir la discriminación contra las Mujeres por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar.

Del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en el Estado de Oaxaca.

De Petróleos Mexicanos, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la universalidad de los servicios de salud en México.

De la Secretaría de Gobernación, con las que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Cámara de Senadores, con la que remite solicitud del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Pronunciamiento por el que la Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con el pueblo y gobierno de Japón por la tragedia ocurrida el viernes 11 de marzo a causa del terremoto y tsunami que azotaron a esa nación.

Pronunciamiento en nombre del Grupo de Amistad México-Japón por los hechos ocurridos en Japón, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Mendez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Iniciativas de ley o decreto de los senadores y de las legislaturas de los estados

De la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, de Impuesto al Valor Agregado y Federal de Derechos; del Código Fiscal de la Federación y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Del Congreso del Estado de Guanajuato, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expresa sus condolencias al Gobierno, al Congreso y al Pueblo de Japón. (Votación)

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el inciso a) al artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4º de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas de la Herencia Numismática de México, de conformidad con el inciso c) del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados unidos Mexicanos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda de Oro Conmemorativa del “Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional”.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la Octava Moneda de Plata Conmemorativa del “Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos”.

De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación.

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Participación Ciudadana, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante la Comisión de los Derechos Humanos al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar el Trámite de Regularización de la Tenencia de la Tierra en asentamientos humanos irregulares en Tijuana, Baja California.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Cultura y las Artes a mejorar los Servicios Bibliotecarios para la población invidente.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo, por el que se solicita al Banco de México y a la Condusef, la información sobre las Instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés de garantía prendaria.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo, relativo a los Proyectos Turísticos del Fonatur de Huatulco, Oaxaca.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua implementar acciones que promuevan el uso racional del agua.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, coordinar acciones que permitan la conservación de los recursos hídricos y de biodiversidad del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal, informe sobre los resultados e impactos de los Programas Forestales Implementados.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de la Reforma Agraria, para que en coordinación con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas, elaboren los planes de Desarrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios existentes en el país.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de la Reforma Agraria, para que emita y ponga en marcha a la brevedad, una política de estado tendiente a orientar el Desarrollo Agrario del País y el Ordenamiento Territorial.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Federal informe con oportunidad sobre la existencia de un Plano Proyecto para la construcción de un Penal de máxima seguridad en el Estado de Campeche.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal, a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los Reos Federales en Centros Penitenciarios Estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, a considerar la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información en la denominada Plataforma México.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los Municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el Municipio de Ecatepec Morelos, Estado de México.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente- Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca y se solicita la intervención del Titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ordenar una auditoría, y en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba- Pie de la Cuesta.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el pea-je que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del País.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajos respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales, implanten las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el Mercado Nacional y por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobre precio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente”.

Dictámenes en sentido negativo de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos Iniciativas con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional Agraria y la Ley Agraria.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, con punto de acuerdo por el que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 de la Ley Agraria y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, conforme un grupo plural de legisladores, integrado preferentemente por aquellos que han de participar en la L Reunión Interparlamentaria México - Estados Unidos que se celebrará en esa nación en los próximos meses, a efecto de que se reúnan con sus contrapartes de la Cámara de Representantes del Congreso Norteamericano y del Gobierno Federal de esa Nación, para ampliar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento parlamentario al tráfico de armas, y analizar otros temas de la agenda común relativos a la seguridad regional que puedan ser analizados conjuntamente en dicho mecanismo bilateral, a cargo del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de una Mesa de Trabajo para discutir y acordar medidas para enfrentar la emergencia alimentaria del País, con diversas organizaciones campesinas, a cargo del diputado Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación de Pemex en el contexto del 73 Aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Iniciativas

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9°-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa de la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte. (Sólo Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6° y 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 y 39 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Domínguez Rex, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Leobardo Soto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 56 y 58 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Joel González Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 16, 113 y 156 de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que expide la Ley de Adopción, a cargo de la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21 y 24, y adiciona un artículo 24 Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley para Favorecer la Actividad Laboral de Grupos Vulnerables, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, y de la ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley que Crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo 3°de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 Bis, 36 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9°, 10 y 19 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 280 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz y suscrita por el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Transitorio Primero y deroga los Artículos Transitorios Décimo Segundo y Décimo Tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados, y que reforma los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Rivera de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 266 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 84 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, a cargo del diputado Leandro Rafael García Bringas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide el Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el subsidio para el empleo publicado en el DOF, el 1° de octubre de 2007; y se reforma el artículo 8° de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y abroga la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 266 y deroga los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8° y 12 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez y suscrita por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 13 Bis y reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 281 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Proposiciones de las diputadas y de los diputados

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, expida las credenciales, legalice y certifique las firmas de las autoridades municipales electas, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IEEM, garantice el voto de los ciudadanos del Estado de México residentes en el extranjero en la elección de Gobernador de dicha entidad, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se condenan los actos de amenaza y hostigamiento contra la defensora de derechos humanos María Luisa Andrade, se exhorta a las autoridades del estado de Chihuahua y al Presidente de la República, realicen las acciones necesarias para garantizar la vida y la seguridad de las defensoras de derechos humanos en dicha entidad, y a la CNDH, realice un informe especial, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz y suscrito por la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, emita una alerta para los mexicanos que tengan viajes programados a Arizona, o bien residan o estudien en dicho estado, por los recientes actos discriminatorios que se han suscitado en la entidad, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se autoriza a las comisiones ordinarias, para que citen a funcionarios a comparecencias y se formulen preguntas parlamentarias, en condiciones de igualdad y no de proporcionalidad en relación con las iniciativas de ley o decreto que se les turnen durante 2011, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que una proporción de los excedentes monetarios, derivados de la exportación de petróleo, se destinen al fomento de la investigación científica y de la innovación tecnológica, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a crear un fondo emergente de apoyo al sector turístico, que favorezca a las entidades que han sido afectadas en su imagen por situaciones de hechos violentos, a cargo de la diputada Laura Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación con el desabasto de medicamentos del ISSSTE, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los riesgos que representan para la población y el medio ambiente los reactores nucleares para generar electricidad en México, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía, del Titular de la SHCP, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de la Cofepris y de la Secretaría de Salud, den continuidad a las acciones de vigilancia contra los denominados productos “milagro” y al control de anuncios publicitarios que carezcan de evidencias científicas para evitar daños a la salud de la población, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Estado de México, revise su política salarial y compensaciones, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la Cofepris, del IMSS y del ISSSTE, hagan entrega de las vacunas frente al neumococo y el rotavirus a las instituciones de salud a nivel nacional, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel, adopten las medidas que correspondan para atender los problemas de calidad en las redes de telefonía móvil, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, destine los excedentes que estén resultando de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, al pago de los intereses generados de la deuda adquirida por el Gobierno del estado de Hidalgo, contratada para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la construcción de la Refinería de Tula, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora y suscrito por el diputado Ramón Ramírez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se condena la aprobación en Comisiones del Senado, de la Ley SB-1611 en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, que pretende restringir el acceso a los servicios públicos por parte de migrantes indocumentados, y exhorta a la SRE, a hacer uso de los instrumentos y mecanismos necesarios para defender los derechos de los migrantes mexicanos que puedan verse afectados con la aplicación de dicha legislación, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención del Gobierno Federal en el conflicto suscitado en el sector de las telecomunicaciones, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, intensifique las gestiones diplomáticas ante las autoridades de Estados Unidos de América, para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que residen en el exterior, especialmente en el estado de Arizona y para crear una comisión de diálogo de legisladores, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de estado de Michoacán, se responsabilice de su falta de obediencia a la Constitución Política de ese estado y subsane la omisión de publicar las reformas aprobadas por la legislatura local en materia electoral; se exhorta al Presidente y a los Consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, contribuyan a dar certidumbre, legalidad y equidad en el proceso local que se dará este año en el estado; y a todas las fuerzas políticas que participarán en los comicios para renovar gobernador, diputados y ayuntamientos, con el fin de que el próximo proceso electoral se organice con apego a los principios constitucionales de Legalidad, Equidad, Certeza, Imparcialidad y Objetividad, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, agilice la conformación y publicación de la totalidad de las reglas de operación, a que están sujetos diferentes programas públicos federales, contenidos en el anexo 18 del PEF 2011, toda vez que se requiere tomar en cuenta la opinión de las comisiones ordinarias de esta Soberanía, para que se prevea que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato, así como promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, e incluir en todos los casos, criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos, a cargo del diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se crea una Comisión Especial para investigar la complicidad de los gobiernos del PRI con el narcotráfico, de acuerdo con las declaraciones del ex Gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, a cargo del diputado Arturo Ramírez Bucio y suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la SHCP, para que este 2011 incrementen los recursos presupuestales para la SEP, a fin de implementar un proyecto piloto regional en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán para la ampliación de la cobertura de las becas del Promajoven para el nivel medio superior, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJDF, intensifique acciones y se coordine con las autoridades delegacionales, a fin de combatir la venta de material pornográfico infantil, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al tiempo compartido, transportación terrestre, aérea y marítima, en adición a los contenidos, en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada Ley, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República resuelva el problema limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, acuerde la celebración de una Sesión Solemne con motivo del 75 aniversario de la fundación del IPN y se lleven a cabo una serie de actividades conmemorativas, al interior de este Recinto, que den testimonio de la importancia y aportaciones del referido Instituto y permitan tomar conciencia colectiva de su importancia para el desarrollo nacional, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y la Secretaría de Salud, elaboren en conjunto una campaña informativa de prevención en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, sobre los efectos que el trastorno de la alcoholexia ocasiona dentro de los jóvenes, a cargo de la diputada Laura Viviana Agundiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, elabore y publique a la brevedad posible, un nuevo Programa a Favor de la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 205 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta. Consulte si se dispensa.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de marzo de dos mil once, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 290 diputadas y diputados, a las 11 horas con 14 minutos del jueves 10 de marzo de 2011, el presidente declaró abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules realizaron comentarios con relación al orden del día los diputados: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en dos ocasiones; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática; y Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional. El presidente hizo aclaraciones.

En sendas votaciones económicas se dispensaron la lectura al orden del día y del acta correspondiente a la sesión anterior, la que se aprobó de la misma manera.

Se recibieron comunicaciones oficiales:

• De la Mesa Directiva, por el que se comunican modificaciones de turno a iniciativas. Se instruye la publicación en el Diario de los Debates y la actualización de los registros parlamentarios.

• De los Diputados Jesús Ramírez Rangel, Ignacio Téllez González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Rosi Orozco, José Alberto González Morales y Alejandro del Mazo Maza, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de dos mil nueve a diciembre de dos mil diez, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo Sexto Transitorio del Reglamento, se turnan nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Se instruyó la publicación en la Gaceta Parlamentaria del listado correspondiente y se actualicen los registros parlamentarios.

• De la Secretaría de Gobernación:

a) Con las que remitió cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

- A declarar como zona de desastre a Sinaloa, afectado por fuertes heladas. Se remitió a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

- A la declaratoria de desastre natural en Chihuahua y Sonora. Se remitió a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

- A la inspección de los buques y plataformas de la empresa Protexa y subsidiarias. Se remitió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

- A la agilización de los procedimientos de impacto ambiental. Se remitió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

b) Con las que remitió dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, relativos:

- Al Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México 2007-2012.

- Al trámite de importación definitiva de vehículos pesados.

Se remitieron al promovente para su conocimiento.

De la Cámara de Senadores, con las que se remitieron:

- Minuta con proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo Primero del Titulo Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acuerdo aprobado con la minuta de referencia. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos para la resolución que corresponda; y el acuerdo en cuestión, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para su conocimiento.

- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 238 de la Ley Federal de Derechos, presentada por los senadores Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El presidente informó a la asamblea que se encontraban a las puertas del salón de sesiones los ciudadanos José Alfredo González Díaz y Pavel Díaz Juárez diputados federales por el undécimo distrito, de Michoacán, y la quinta circunscripción plurinominal, respectivamente, y designó una comisión para introducirlos al recinto para rendir protesta de ley y entraron en funciones.

Se concedió el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Tereso Medina Ramírez, en nombre propio y de los diputados Francisco Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, César Augusto Santiago Ramírez, Isaías González Cuevas, Armando Neira Chávez, Rafael Yerena Zambrano, Leobardo Soto Martínez, Armando Báez Pinal, Manuel Cadena Morales, Israel Ledesma Magaña, Miguel Ángel Luna Murguía, José Luis Soto Oceguera, Héctor Hernández Silva, Laura Felícitas García Dávila, Ana Georgina Zapata Lucero, Eduardo Bailley Elizondo, David Hernández Pérez, Amador Monroy Estrada, Raúl Domínguez Rex, Marco Antonio García Ayala, Víctor Flores Morales, Juan Nicolás Callejas Arroyo, Miguel Ángel García Granados, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Reginaldo Rivera de la Torre y otros 212 diputados del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen. Desde su respectivas curules realizaron comentarios con relación a la iniciativa los diputados: José Gerardo de los Cobos Silva; Ignacio Téllez González, ambos del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; Porfirio Muñoz Ledo, ambos del Partido del Trabajo; Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; y Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática.

• Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintinueve de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

• Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

• Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

• Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería para dictamen.

• Pedro Jiménez León, de Convergencia, que reforma los artículos 27 de la Ley General de Educación y 39 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma los artículos 4o., 21 y 171 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Venustiano González Ilescas, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar el tema con relación a la situación migratoria.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

Intervinieron con relación al tema los diputados: Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; Norma Leticia Orozco Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Carlos López Fernández, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; Ildefonso Guajardo Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional; María Teresa Rosaura Ocho Mejía, de Convergencia; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México; Marcos Carlos Cruz Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Adolfo Rojo Montoya, del Partido Acción Nacional; y Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.

A las 13 horas con 49 minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruyó el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 452 diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoJorge Carlos Ramírez Marín

Se le concedió el uso de la tribuna para moción de procedimiento y responder alusiones personales a los diputados: Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y Mario Alberto Becerra Pocoroba, del Partido Acción Nacional y desde su curul Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional. El presidente hizo aclaraciones.

Se sometieron a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Fundamenta el dictamen la diputada Susana Hurtado Vallejo, en nombre de la comisión. Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular, e intervienen en pro los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Enrique Octavio Trejo Azuara, del Partido Acción Nacional. Se consideró suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

Se concedió el uso de la palabra para referirse al fallecimiento del notable jalisciense José Rogelio Álvarez a los diputados: Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; desde su curul la diputada Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo; y Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional.

En votación nominal se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por unanimidad de 391 votos. Pasó al Senado para sus efectos constitucionales.

b) De Justicia, que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Procedimientos Civiles. Fundamentó el dictamen en nombre del dictamen la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. Desde su curul realizó comentarios el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Se sometió a discusión, en lo general y en lo particular e intervienen en pro del dictamen los diputados: Gerardo Del Mazo Morales, de Nueva Alianza; y Gregorio Hurtado Leija, del Partido Acción Nacional. Se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por 377 votos y una abstención. Pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se concedió el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo a la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las negociaciones de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. En votación económica se consideró de urgente resolución, se sometió a discusión en lo general e intervienen los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Rodrigo Pérez-Alonso González, del Partido Verde Ecologista de México; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Ramírez Rangel, del Partido Acción Nacional, quien aceptó interpelación del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. Se consideró suficientemente discutido y en votación nominal se aprobó el punto de acuerdo por 315 votos. Comuníquense.

Se dio cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que se designó a la delegación de diputadas y diputados que participará en la primera Reunión Interparlamentaria Paraguay-México, que se celebrará en Asunción, Paraguay, los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de marzo de 2011. En votación económica se aprobó. Comuníquense.

Se recibieron iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• José Luis Jaime Correa, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y Vivienda para dictamen.

• Mauricio Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática:

- Que expide la Ley Federal de Archivos. Se turnó a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

- Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

• Rodolfo Lara Lagunas, del Partido de la Revolución Democrática:

- Que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

- Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sexto de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

- Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley Federal del Trabajo. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social para dictamen.

Se recibieron proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• Salvador Caro Cabrera y suscrito por el diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que realice las averiguaciones previas respecto a los hechos violentos sucedidos los días martes 1 y sábado 12 de febrero en la zona metropolitana de Guadalajara, protagonizados por la delincuencia organizada, a fin de que se proceda a la detención de los líderes y operadores de las organizaciones criminales responsables de dichos eventos; asimismo, para que comunique de manera pública si actualmente en dicha dependencia se realiza alguna investigación respecto a funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, todos de Jalisco, o sus parientes, que pudieran estar vinculados con las organizaciones criminales responsables de los sucesos violentos en dicho estado. Se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Yolanda del Carmen Montalvo López, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que instruya al Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que instrumente las acciones y medidas necesarias para implantar, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un sistema de información estadística y geográfica sobre violencia y maltrato infantil. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular del gobierno del Distrito Federal, a que fortalezca y emprenda acciones dentro y fuera de los centros educativos ubicados en las delegaciones que conforman el llamado Triángulo de las Drogas. Se turnó a la Comisión del Distrito Federal para dictamen.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría especial a los recursos federales destinados a la realización de los décimo sextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Asimismo, se exhorta al Comité Organizador de dichos juegos, para que la infraestructura que se realiza con motivo de la justa deportiva, cumpla con todas las especificaciones técnicas internacionales. Se turnó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para dictamen.

• Gustavo Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, suspenda la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del decreto por el que se crea el área natural protegida con la categoría de flora y fauna Isla de Cozumel, Quintana Roo, y para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Conapred se sujeten y respeten la propuesta original hecha al Ejecutivo federal. Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

• Hugo Héctor Martínez González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo federal, dé a conocer a la opinión pública sobre la reducción del presupuesto aprobado para los programas de combate a la pobreza durante el 2010 y las divergencias en el gasto ejercido a dichos programas que informan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Social. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Delia Guerrero Coronado, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, emita un decreto para la creación del hospital regional de alta especialidad, doctor Ignacio Morones Prieto, en el estado de San Luis Potosí. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

• María de Jesús Aguirre Maldonado y suscrito por la diputada María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir en el Muro de Honor de esta soberanía, el nombre de Margarita García Flores. Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, incluya el medicamento Bortezomib (Velcade) en el cuadro básico institucional de medicamentos, para el tratamiento de la enfermedad de Mieloma Múltiple. Se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

El presidente clausuró la sesión a las 15 horas con 46 minutos y citó para la próxima que tendrá lugar el martes 15 de marzo de 2011 a las 11:00 horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión del acta. Adelante, diputada, no hay quien objete el acta, tome la votación si se aprueba el acta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo muchas gracias. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.

JAPON

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados expresa sus sentidas condolencias a nuestra compañera diputada María Florentina Ocegueda Silva por la irreparable pérdida de su señora madre, doña Margarita Silva Borrayo. Descanse en paz doña Margarita Silva Borrayo y vayan nuestros saludos y condolencias a nuestra compañera Florentina Ocegueda Silva.

Como lo ha solicitado la Junta de Coordinación Política, ponemos a consideración de ustedes el siguiente pronunciamiento.

«Pronunciamiento respecto a Japón.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Japón por la tragedia ocurrida el viernes pasado a causa del terremoto y el tsunami que azotaron esa nación.

Desde esta tribuna queremos enviar nuestras condolencias a las familias de las miles de víctimas. Es una desgracia que enluta al mundo entero, que hemos seguido de cerca como si fuera propia y que nos recuerda como humanidad que ningún país está a salvo frente a las fuerzas violentas de la naturaleza.

Solicitamos al gobierno de nuestro país que realice los esfuerzos necesarios para que, con la comunidad internacional, pueda prestarse toda la ayuda posible a fin de responder a la catástrofe que, siendo de un país, por sus impactos y repercusiones involucra a todo el mundo.

Como en otras ocasiones apelamos al espíritu de solidaridad de los mexicanos para ser corresponsables con esos momentos en que el país ha necesitado el auxilio de otras naciones para salir adelante de los imprevistos de la naturaleza.

Japón, civilización y cultura milenarias, se ha levantado una y otra vez frente a la adversidad. Su sapiencia, sentido del orden y disciplina lo han sacado adelante. Estamos seguros de que lo hará nuevamente para bien de su pueblo y para bien de la humanidad.

Atentamente

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

Pregunte, señora secretaria, si es de aprobarse el anterior pronunciamiento.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestar-lo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado. Comuníquesey envíese la atenta misiva a la embajada de Japón para hacerlo del conocimiento de este pueblo hermano.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa sus condolencias al gobierno, al Congreso y al pueblo de Japón

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y derivado de los lamentables hechos ocasionados por los desastres naturales ocurridos en Japón, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Consejeros, al gobierno y al pueblo de Japón sus más sentidas condolencias por las pérdidas humanas y los daños provocados por el sismo de 8.9 grados en la escala de Richter y el maremoto que sacudieron hace unos días la geografía japonesa, y expresa su más profunda solidaridad con las familias de las víctimas haciendo votos por una pronta recuperación económica y emocional.

Segundo. Al pueblo japonés, los mejores anhelos de esperanza y aliento, considerando siempre los más altos valores de cooperación, solidaridad y comprensión mutua que han distinguido la histórica relación política, económica, social y cultural entre México y Japón, surgida desde 1888.

Tercero. A la Cámara de Representantes, el compromiso permanente para apoyar decididamente las iniciativas de cooperación binacional e internacional en materia de prevención y atención de desastres naturales que se promuevan en las asambleas parlamentarias de las que ambas naciones forman parte.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León, Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia;Diputado Reyes S. Tamez Guerra, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tal como lo ha solicitado el señor presidente del Grupo de Amistad México-Japón, concederemos 1 minuto de silencio en honor de las víctimas de esta tragedia de la naturaleza.

(Minuto de silencio)

GUARDERIA ABC

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Diputado presidente, le solicito atentamente, como lo he hecho y lo voy a seguir haciendo en todas las sesiones de este pleno, para que guardemos un minuto de silencio en honor a la memoria de los niños que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC.

En esta ocasión lo pido para Yeselin Noemí Baceli Meza, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, van un año, nueve meses, diez días y aún no tenemos solución jurídica en el caso de la Guardería ABC. Todavía sigue gozando de plena libertad Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours, los dueños de la Guardería ABC y demás implicados. Le solicito por estos dos pequeños el minuto de silencio.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado don Emilio Serrano. Si no tiene usted inconveniente, lo haríamos antes de pasar a los dictámenes, si me lo permitiera usted. Muchas gracias.

Adelante, diputado.

INICIATIVAS TURNADAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«La Mesa Directiva con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen

1. Promovente: Diputada Norma Sánchez Romero.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17, 69-C y 70-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 37 del Código Fiscal de la Federación. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:3458, Quinta.

2. Promovente: Diputado Oscar Martín Arce Paniagua.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 15 de diciembre de 2009.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y Sección:971, Primera.

3. Promovente: Diputado Oscar Martín Arce Paniagua.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Federal de Defensoría Pública. 27 de abril de 2010.

Turno: Unidas de Justicia y de Gobernación, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y Sección:2041, Sexta.

4. Promovente: Diputado Jesús Alberto Cano Vélez.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 27 de octubre de 2009.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y Sección:450, Séptima.

5. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 10 de diciembre de 2009.

Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.

Expediente y Sección:950, Cuarta.

6. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforman los artículos 14, 33 y 42 de la Ley General de Educación. 8 de abril de 2010.

Turno: Educación Pública y Servicios Educativos.

Expediente y Sección:1849, Quinta.

7. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 102 del Código Penal Federal. 21 de julio de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y Sección:2527, Segunda.

8. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 7 y 17 de la Ley de Aviación Civil. 9 de noviembre de 2010.

Turno: Transportes.

Expediente y Sección:3216, Primera.

9. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley que crea la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley Orgánica de la Armada de México. 25 de noviembre de 2010.

Turno: Unidas de Ciencia y Tecnología, de Defesa Nacional y de Marina.

Expediente y Sección:3325, Segunda.

10. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1 y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 30 de noviembre de 2010.

Turno: Justicia.

Expediente y Sección:3366, Primera.

11. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y Sección:3601, Octava.

12. Promovente: Diputado Gerardo del Mazo Morales.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 del Código Fiscal de la Federación. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:3658, Primera.

13. Promovente: Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 1 de octubre de 2009.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y Sección:168, Primera.

14. Promovente: Diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 10 de diciembre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:968, Sexta.

15. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 20 de octubre de 2009

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:406, Segunda.

16. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 20 de octubre de 2009.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:404, Octava.

17. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 24 de noviembre de 2009.

Turno: Función Pública.

Expediente y Sección:691, Séptima.

18. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 34 y 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 9 de febrero de 2010.

Turno: Gobernación.

Expediente y Sección:1247, Tercera.

19 Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 9 de febrero de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.

Expediente y Sección:1239, Tercera.

20. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 74, fracción VI párrafo segundo, 79 fracción II párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 2 de junio de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Expediente y Sección:2445, Tercera.

21. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 74, fracción VI párrafo tercero y cuarto, 79 párrafo tercero y cuarto y fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 párrafo segundo y cuarto, 15 fracción IX párrafo segundo, XXII y XXVII, 16 párrafo primero y segundo, 36 y 78 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 2 de junio de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.

Expediente y Sección:2448, Séptima.

22. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 40 y 45 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 9 de junio de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y Sección:2450, Primera.

23. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 89 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el artículo 37, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 9 de la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal y el artículo 50 de la Ley del Banco de México. 18 de agosto de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:2589, Cuarta.

24. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 26, 29 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 8 de diciembre de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y Sección:3417, Cuarta.

25. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 8 de diciembre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:3423, Segunda.

26. Promovente: Diputada Esthela Damián Peralta.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 18 y adiciona un artículo 138 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Defensa Nacional.

Expediente y Sección:3461, Octava.

27. Promovente: Diputado Carlos Flores Rico.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de octubre de 2009.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y Sección:367, Tercera.

28 Promovente: Diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 1 de diciembre de 2009.

Turno: Gobernación.

Expediente y Sección:776, Tercera.

29. Promovente: Diputado Enrique Torres Delgado.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:3618, Primera.

30. Promovente: Diputado Enrique Torres Delgado.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Expediente y Sección:3628, Tercera.

31. Promovente: Diputado Enrique Torres Delgado.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de diciembre de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y Sección:3671, Sexta.

32. Promovente: Diputado Enrique Torres Delgado.

Iniciativa: Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de abril de 2010.

Turno: Puntos Constitucionales.

Expediente y Sección:2332, Cuarta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el sexto transitorio del Reglamento, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario de presentar el dictamen. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente y actualícense los registros.

ARTICULOS 26; 27; 28; 29; 37; 65; 66; 67; 69; 72; 74; 76; 78; 84; 85; 87; 88; 89; 93; 102; 105; Y 135 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito solicitarle que tenga a bien dictar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea retirada de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa, suscrita por un servidor, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada en sesión del 8 de marzo del año en curso.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2011.— Diputado Marcos Pérez Esquer (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Retírese de la Comisión de Puntos Constitucionales y actualícense los registros parlamentarios.

ARTICULO 10 CONSTITUCIONAL - LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO - LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito solicitarle tenga a bien girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la iniciativa suscrita por un servidor, que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley Federal de Armas de Fuego y abroga la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, turnada en sesión del 9 de marzo del año en curso a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y Defensa Nacional, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, sea retirada de las mismas y de los registros parlamentarios correspondientes.

Lo anterior con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2011.— Diputado Juan José Cuevas García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Retírese de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Defensa Nacional, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y actualícense los registros parlamentarios.

Agradecemos la presencia de un grupo de alumnos de la escuela primaria Venustiano Carranza, municipio de Ixtapaluca, estado de México, invitados de nuestro compañero Armando Corona Rivera. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

También les damos las gracias por visitarnos a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Cuernavaca, invitados del diputado Jesús Giles Sánchez. Gracias, amigos. Adelante, señor secretario.

SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 73 aniversario de la Expropiación Petrolera, el viernes 18 de marzo, a las 10:00 horas, frente a la cripta que guarda los restos del general Lázaro Cárdenas del Río en el Monumento a la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República y Ponciano Arriaga, delegación Cuauhtémoc.

Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciado José Vicente de la Rosa Herrera (rúbrica), coordinador.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para asistir en representación de esta Cámara ha sido designado el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y los que en su oportunidad serán designados por los grupos parlamentarios que serán dados a conocer en la Gaceta de esta Cámara. Adelante, señor Secretario.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio número CG/144/2011, mediante el cual el contralor general del Distrito Federal da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a que en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos encargados de practicar las visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil, en los inmuebles descritos en el antecedente quinto.

Lo anterior, en relación con el oficio número D.G.P.L.61-11-8-528, en donde se comunicó por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de marzo del 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención al oficio número SG/LVH/897/2010, suscrito por el licenciado Luis Villanueva Herrera, asesor jurídico en esa secretaría, a través del cual hizo del conocimiento el punto de acuerdo del 30 de septiembre de 2010, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el que en el punto segundo se exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a efecto de que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos encargados de practicar las visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil, en los inmuebles descritos en el antecedente quinto del referido punto de acuerdo, se señala lo siguiente:

El oficio que se contesta, así como el punto de acuerdo referido, fueron turnados a la Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal para que, en uso de las facultades y competencia conferidas en el artículo 105-B del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, determinara lo que en derecho corresponde.

En seguimiento, mediante oficio número CG/DGAJR/DJC/143/2011, la Dirección de Juicios Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal solicitó a la referida Dirección de Quejas y Denuncias un informe respecto de las acciones implantadas con relación al punto de acuerdo que nos ocupa.

Así las cosas, mediante diverso número CG/DGAJR/DQD/ 00872/2011, el director de Quejas y Denuncias informó que el 31 de diciembre de 2010, esa área dictó acuerdo de inicio de  investigación, por lo que se aperturó el expediente número DQD/SQYD/D/490/2010, en el que se están realizando las diligencias de investigación en términos de lo establecido por el artículo 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para en su caso determinar si solicita no el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.

No se omite señalar que la información contenida el expediente de investigación tiene el carácter de acceso restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; no obstante lo anterior, si esa secretaría o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideran necesaria la consulta del referido expediente, éste queda a su disposición en el domicilio de la Dirección de Quejas y Denuncias, sito en avenida Juárez número 92, mezzanine uno, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, CP 06040, en días y horas hábiles, por lo que para poder brindar las facilidades necesarias, se solicita que con la debida anticipación se señale día y hora para tal efecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de febrero de 2011.— Licenciado Ricardo García Sáinz Lavista (rúbrica), contralor general del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Para: José Ángel Ávila Pérez

De: Marcela Gómez Zalce

Anexo a la presente, para tu conocimiento y atención procedente, punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a que se investigue el legal proceder de los funcionarios públicos encargados de practicar las visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil.

Sin otro particular, te envío un cordial saludo.

México, DF, a 4 de octubre de 2010.— (Rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

“Primero. Se exhorta al director general del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a efecto de que, en ejercicio de sus atribuciones, ordene verificar si los inmuebles descritos en el antecedente quinto de este dictamen, y en los que se pretenden instalar plazas comerciales, cuentan con el correspondiente uso de suelo. Segundo. Se exhorta al contralor general del gobierno del Distrito Federal a efecto de que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el legal proceder de los funcionarios públicos encargados de practicar las visitas de verificación administrativa en materia de construcciones, uso de suelo y protección civil, en los inmuebles descritos, en el antecedente quinto de este dictamen.”

Lo que hacemos de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar.

México, DF, a 30 de septiembre de 2010.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente;diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

AUMENTO DE PRECIOS EN PRODUCTOS DE CANASTA BASICA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGPL 61-II-1-0980, por el cual se hace del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia (CFC) el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 de enero de 2011, por el que se exhorta a la CFC en los siguientes términos:

(...)

Segundo. La Comisión Permanente, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Comisión Federal de Competencia que emita opinión sobre las condiciones de competencia efectiva que guardan los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final, así como una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, que sean las causantes del aumento injustificado de precios en este inicio de 2011, y un desglose de alternativas para resolver estructuralmente dichos conflictos.

Tercero. La Comisión Permanente solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que a través de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Competencia y la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, implanten de manera urgente a escala nacional las medidas necesarias de verificación, vigilancia y sanción para evitar la injustificada alza de los productos de la canasta básica, con objeto de proteger la economía de las familias y reducir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

(...) [Énfasis añadido]

Esta autoridad emite el presente a fin de atender el punto de acuerdo exclusivamente por lo que respecta a las facultades de la CFC, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

En primer término, el punto de acuerdo solicita a la CFC emitir opinión sobre las condiciones de competencia efectiva en los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final. Al respecto, le informo que de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 7 de la LFCE, relativo a la imposición de precios en productos necesarios para la economía nacional o el consumo popular, resulta necesario que la CFC emita una resolución sobre la ausencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados donde se pretende imponer la regulación de precios. Sin embargo, en términos del artículo 33 Bis de la LFCE, la comisión sólo podrá emitir dicha resolución a petición del Ejecutivo federal.

Para eso, la autoridad solicitante deberá motivar la necesidad de emitir la resolución y presentar información que permita determinar el mercado relevante y poder sustancial, conforme a los criterios que establece la LFCE.

Esta autoridad no tiene facultades para iniciar de oficio el procedimiento señalado en el artículo 7 de la LFCE, pues por mandato de ley el Ejecutivo federal debe solicitar el inicio del procedimiento ante la comisión.

En segundo término, el punto de acuerdo requiere que la CFC indique una lista de obstáculos que no permiten la libre competencia, causantes del aumento injustificado de precios al inicio del año. Al respecto, le informo que la comisión en varias ocasiones ha detectado problemas y señalado ineficiencias que presentan diversos mercados de productos básicos para la alimentación de la población mexicana.

Esos problemas e ineficiencias son consecuencia de regulaciones anticompetitivas que provocan distorsiones en los mercados, que generan mayores precios de estos productos. Un ejemplo claro es el mercado de masa y tortillas de maíz, en el cual se han detectado barreras regulatorias –sobre todo a escala municipal– que inhiben la competencia y libre concurrencia y, por tanto, provocan precios artificialmente altos de este alimento.

Por ello, en 2010 el pleno de la comisión emitió opinión que propone lineamientos para prevenir restricciones regulatorias al funcionamiento eficiente de los mercados de producción, comercialización y distribución de masa y tortillas de maíz, a fin de que las autoridades estatales y las municipales identificaran disposiciones en sus reglamentos municipales –relativos al mercado de tortillas– que generan barreras regulatorias y provocan ineficiencias en estos mercados.

Los lineamientos incluyeron cuatro recomendaciones que surgieron de las restricciones más comunes identificadas por la CFC, consistentes en a) eliminar distancias mínimas y otras restricciones al número de participantes: b) eliminar disposiciones que permiten a comercios establecidos opinar sobre entrada de nuevos participantes y precios en el mercado; c) atender solicitudes de acceso al mercado con base en criterios transparentes y públicos que favorezcan la entrada; y d) eliminar requisitos de cuotas mínimas de insumos locales.

La aplicación de estos lineamientos por las autoridades contribuiría a eliminar barreras artificiales a la entrada de nuevas tortillerías y haría más difíciles los acuerdos ilegales de precios, lo que favorecería precios más competitivos que beneficien a los consumidores, especialmente a los más pobres.

Esta opinión forma parte de varias actuaciones de la CFC relativas al mercado de masa y tortillas de maíz, las cuales han incluido procedimientos de investigación por prácticas monopólicas –que cuando resultó procedente se sancionaron–, así como la emisión de opiniones no vinculantes por el presidente de la comisión.

Actualmente hay dos procedimientos en curso en el mercado de masa y tortillas de maíz. En diciembre de 2010, la CFC inicio una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precio en el mercado de la producción, distribución y comercialización de nixtamal y tortilla de maíz en el territorio nacional.

En julio de 2010 se inició una investigación por denuncia, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la segmentación del mercado de la producción, distribución y comercialización de masa y tortillas de maíz en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En fechas recientes se han emitido opiniones sobre regulaciones federales y locales que generan distorsiones en otros mercados de productos básicos para la alimentación.

Por ejemplo, en diciembre de 2010 se emitió opinión sobre diversas iniciativas que pretendían crear una ley de mercados públicos en el Distrito Federal, la cual contenía diversas disposiciones que resultaban contrarias a la competencia y que de aprobarse, podrían perjudicar a los consumidores que compran productos de la canasta básica en los mercados públicos del Distrito Federal, en especial a los de menores ingresos.

Además, la CFC tiene en curso diversos procedimientos en mercados de productos básicos para la alimentación.

Por ejemplo, en diciembre de 2009 se inició una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas consistentes en la fijación de precios en el mercado de producción, distribución y comercialización de productos de la industria avícola en el territorio nacional.

De igual forma, hay procedimiento de investigación de oficio por la posible comisión de diversas prácticas monopólicas relativas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de guayabas de exportación, iniciado en enero de 2010.

En los últimos años, la CFC ha sancionado a varios agentes económicos por prácticas monopólicas en mercados de productos básicos para la alimentación.

Por ejemplo, en febrero de 2004 se concluyó un procedimiento por prácticas monopólicas absolutas consistentes en segmentar mercados de frutas y verduras, cometidas por varios agentes económicos en un municipio de Sinaloa, en el cual se ordenó la supresión de las prácticas.

En 2002 se sancionó a un sindicato y sus agremiados por la comisión de prácticas monopólicas absolutas y relativas en el mercado de distribución y comercialización de carne de porcino en Campeche, consistentes en segmentar mercados y rehusarse a vender o proporcionar bienes normalmente ofrecidos a terceros.

Además, se han emitido recomendaciones a diversas entidades federativas, a fin de que eliminaran barreras al comercio interestatal que impedían la competencia y libre concurrencia en productos alimentarios como carne, huevo y tomate fresco.

Esta autoridad considera que hay problemas estructurales en diversos sectores que tienen efectos negativos en la eficiencia de los mercados. Estos problemas ocurren principalmente en sectores de efecto horizontal, como telecomunicaciones, servicios financieros, energía y transporte, denominados “sectores regulados”, los cuales presentan ineficiencias que se trasladan al resto de las actividades económicas del país, como las relacionadas con productos básicos para la alimentación.

Esas ineficiencias se deben esencialmente a deficiencias en el marco regulatorio de los sectores regulados que limitan injustificadamente la competencia.

Por ello, conforme a las facultades conferidas en la LFCE, la CFC mediante la emisión de opiniones ha participado activamente en el impulso de medidas que contribuyan a disminuir los precios al consumidor y generar mayor crecimiento económico, a través de la propuesta de acciones concretas de política pública y de mejora del marco regulatorio.

Algunas de esas propuestas se han adoptado en la regulación sectorial e implantado en el diseño de políticas públicas, por lo que ya hay algunos resultados concretos en los sectores regulados.

Por último, el punto de acuerdo solicita a la CFC que señale un desglose de opciones para resolver estructuralmente los conflictos referidos.

Al respecto, esta autoridad considera que una medida de política pública que ha probado ser efectiva para contener el incremento de los precios de bienes y de servicios en el mediano y largo plazos es la promoción de mayor competencia y libre concurrencia.

Esa medida crea las bases y condiciones para que los mercados funcionen de manera eficiente, lo cual no sólo evita el incremento en los precios sino que genera más opciones y mejor calidad de bienes y servicios, que benefician a la población, en especial a la de menores recursos.

Para lograr mayor competencia se requieren dos acciones específicas: mejorar el marco regulatorio y fortalecer la política de competencia. Las mejoras del marco regulatorio se logran mediante reformas que promueven la incorporación de medidas pro competitivas y eliminación de barreras a la entrada en la regulación. Por ello, la CFC manifiesta su disposición de colaborar con el Congreso de la Unión para trabajar en conjunto en iniciativas que tengan por objeto generar un marco regulatorio más eficiente.

En materia de política de competencia, en abril de 2010, el presidente de la República presentó una iniciativa de ley para reformar la LFCE a fin de fortalecer la política de competencia y reforzar las facultades de la CFC. La iniciativa tiene tres objetivos principales.

El primer objetivo es el fortalecimiento de la política de competencia, el cual incluye los siguientes temas: i. La mejora del esquema de sanciones económicas y penales, las cuales contribuirían a disuadir efectivamente la comisión de prácticas monopólicas; ii. La agilización de visitas de verificación, a fin de obtener información relevante de forma expedita para la investigación de prácticas monopólicas; y iii. Facultar a la CFC para ordenar medidas cautelares, con objeto de prevenir que las conductas anticompetitivas dañen gravemente el proceso de competencia y libre concurrencia.

El segundo objetivo es la facilitación del cumplimiento de la legislación de competencia, el cual abarca los siguientes temas: i. La terminación anticipada de los procedimientos, la cual pretende dar opciones a los agentes económicos investigados para acelerar la solución del problema, minimizar el uso de recursos públicos y evitar litigios; ii. Las audiencias orales, a fin de dar oportunidad al probable responsable de esclarecer sus argumentos de manera oral antes que se emita resolución; y iii. La simplificación de la notificación de concentraciones, con objeto de disminuir la carga regulatoria de las concentraciones sin problemas de competencia.

El tercer objetivo es la corrección de lagunas en la legislación actual y en el funcionamiento institucional, el cual considera los siguientes temas: i. La posibilidad de determinar poder sustancial conjunto, en caso de que más de una empresa impida el acceso a nuevos competidores; ii. Facultar a la CFC a fin de requerir información para estudios de mercado y opiniones, con objeto de brindarle una base más sólida en la elaboración de éstos; iii. Facultar a la CFC para emitir lineamientos en materia de competencia y libre concurrencia en el otorgamiento de concesiones, adquisiciones y obra pública, a fin de incorporar criterios pro competitivos en estos procesos y garantizar las mejores condiciones al Estado; iv. Brindar mayor certeza jurídica a los agentes económicos, a través de una operación institucional más transparente; y v. Establecer tribunales especializados en materia de competencia, con objeto de agilizar la resolución de controversias.

Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en sesión del 29 de abril de 2010 y modificada por el Senado del República en diciembre del mismo año. En su caso, la futura aprobación de la iniciativa permitiría reforzar las herramientas con que cuenta la CFC para combatir eficazmente las restricciones del proceso de competencia y libre concurrencia, lo que beneficiaría al país en términos de menores incrementos y mayor oferta con mejor calidad y menores precios en productos y servicios.

Esta autoridad considera que debería analizarse el régimen de comercio exterior (por ejemplo, las cuotas compensatorias) que se aplica a los productos básicos para la alimentación de la población mexicana, a fin de evitar que éstas puedan implicar riesgos a la competencia y libre concurrencia en estos mercados.

Finalmente, esta autoridad reitera su compromiso de vigilar y sancionar cualquier práctica que tenga por objeto dañar el proceso de competencia y libre concurrencia, al tiempo de promover la inclusión de principios pro competitivos en el marco regulatorio del país que evite el incremento de los precios de bienes y servicios y que beneficie a la población.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.

Notas:

1 Disponibles en http://www.cfc.gob.mx/index.php/RESOLUCIONES-Y-OPINIONES/buscador-de-resolucion es-y-opiniones-de-la-cfc.html

2 Disponible en http://resoluciones.cfc.gob.mx/Docs/Mercados%20 Regulados/V3/7/1388785.pdf

Atentamente

México, DF, a 7 de marzo de 2011.— Eduardo Pérez Motta (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase al promovente para su conocimiento.

DERECHOS LABORALES DE MUJERES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Guanajuato, Gobierno del Estado.— Contigo Vamos.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.

Por instrucciones del licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y, en respuesta a su atento oficio número D.GP .L. 61-II-8-805, a través del cual comunica la aprobación del punto de acuerdo que señala:

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a reforzar las acciones y políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres embarazadas, con el fin de impedir la discriminación por razones de maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, con base en lo anterior, me permito informarle:

El creciente ingreso de la mujer al ámbito laboral y sus múltiples roles que desempeñan en la sociedad han contribuido a que se visibilice la situación de la mujer en el trabajo. Una de las situaciones que laceran más en el ámbito laboral es la discriminación que se realiza sobre las mujeres por razones de maternidad, en ese sentido son condenables estos actos de discriminación.

El gobierno del estado de Guanajuato tiene como una de sus principales encomiendas el respeto irrestricto de los derechos humanos y por ende, de sus garantías individuales, por ello, en el estado de Guanajuato, su respeto es una premisa en la elaboración de cualquier política pública, por ende, el plan de gobierno del estado de Guanajuato 2006-2012, en su objetivo general 1.6. señala: «Promover el desarrollo humano integral de los grupos prioritarios mediante una agenda de políticas públicas transversales, salvaguardando los derechos humanos», lo cual transforma en imperante el respeto a los derechos de las mujeres, procurando en todo momento la eliminación de cualquier práctica discriminatoria en el trabajo por cuestiones de maternidad.

Sin embargo, es de reiterar que el Instituto de la Mujer Guanajuatense así como la Dirección General de Promoción y Desarrollo Laboral de la Secretaría de Gobierno, y en términos generales, todas las dependencias y entidades involucradas con el tema de respeto de derecho de las mujeres, encauzaran sus actividades para que la mujer no sufra discriminación en el ámbito laboral por encontrarse embarazada.

Reconociendo su digna labor, le envío mis más atentos saludos.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de febrero del 2011.— Licenciado Héctor Germán René López Santillana (rúbrica), secretario de Gobierno.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Remítase a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo.— Oaxaca de Todos un Gobierno de Todos.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente; diputada Paula Angélica Hernández Olmos, secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura Federal.— Presentes.

Por instrucción del licenciado Gabino Cué Monteagudo, gobernador constitucional del estado, con fundamento en el artículo 3o., fracciones III y VII, del decreto que crea esta subsecretaría, en atención a su similar D.G.P.L.61-II-4-858, mediante el cual hacen referencia al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a solicitar al estado de Oaxaca un informe sobre las acciones que se están ejecutando para investigar, perseguir y sancionar a los autores de diversos hechos delictivos ocurridos recientemente en la entidad y se reciba en audiencia a diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca, me permito manifestar lo siguiente:

1. Con relación a la denuncia por el secuestro de migrantes centroamericanos ocurrido el 16 de diciembre del año próximo pasado, con fecha 20 de diciembre el agente del Ministerio Público adscrito a Santo Domingo Zanatepec, inició de oficio el legajo de investigación 335/ZAN/201O por el delito de secuestro. El 6 de enero de 2011, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Tráfico de Menores, indocumentados y órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, ejercitó la facultad de atracción.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó los recorridos de vigilancia permanente en la región.

Por otra parte le señalo que el gobierno del estado tiene el firme propósito de coadyuvar para que a los migrantes que transitan por el territorio oaxaqueño les sean respetados sus derechos fundamentales, para este efecto en la Procuraduría General de Justicia del Estado ha iniciado los trámites jurídico administrativos para establecer una fiscalía de atención a delitos cometidos en contra de migrantes en la región del Istmo de Tehuantepec, bajo las siguientes líneas de acción:

Capacitación y sensibilización del personal que integre la fiscalía, rotación de agentes estatales de investigación ubicados en la región, aplicación de exámenes de control de confianza al personal de la fiscalía, creación de una visitaduría regional para difundir la cultura de la legalidad, implementación de operativos conjuntos entre la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Estatal para la Prevención de la Comisión de Delitos contra migrantes, activación de una línea 01 800 de asesoría general al migrante, realización de campañas de difusión y sensibilización de los derechos del migrante al personal que integra la Procuraduría General de Justicia, creación de una comisión interinstitucional para atender y dar seguimiento a las líneas de acción que para tal efecto implementen las dependencias del gobierno del estado en la región del istmo, establecimiento de una coordinación permanente con dependencias del gobierno federal para la atención y prevención de delitos contra migrantes.

2. Por el homicidio del señor Luis Jiménez Mata, presidente municipal de Santiago Amoltepec, el 13 de enero del año en curso, se inició la averiguación previa 19/(S.A.D.A.I)/2011.

Con fecha 11 de febrero se consignó la indagatoria y se solicitó al juez de la causa la correspondiente orden de aprehensión.

Con fecha 13 de febrero, se ejecutó orden de aprehensión en contra de Vitaliano Velasco Velasco, quedando pendiente la ejecución de la orden de aprehensión en contra de otras personas.

3. Por el homicidio del señor Heriberto Pazos, dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui ocurrido el 23 de octubre de 2010, en esa propia fecha se inició la averiguación previa 15(SADAI)2010, dentro de la cual se han realizado diversas diligencias tendentes a la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad de quienes resulten responsables de su comisión.

Con relación a que el titular del Ejecutivo del estado reciba en audiencia a los diputados integrantes del grupo plural de trabajo para dar seguimiento a los conflictos suscitados en la región triqui de Oaxaca, se contempla la posibilidad de que en próximas fechas una comisión de servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado sostengan una reunión de trabajo con el grupo plural de diputados a efecto de enterarlos de la situación que actualmente impera en la región aludida.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 3 de marzo de 2011.— Licenciado Dagoberto Carreño Gopar (rúbrica), subsecretario Jurídico y de Derechos Humanos.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite al promovente para su conocimiento.

UNIVERSALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Petróleos Mexicanos.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención al oficio número D.G.P.L.61.II.7.736, mediante el cual comunica al director general de Petróleos Mexicanos, doctor Juan José Suárez Coppel, el punto de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente al establecimiento de condiciones de portabilidad y convergencia para lograr universalidad de los sistemas de salud, así como contar con un sistema informático de la personas que tienen filiación a un sistema de salud, le informo que:

i) Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos cuentan con un sistema informático que registra datos personalizados de la atención médica a partir de año de 2002, a la fecha.

Las especificaciones de la información, que sería materia de portabilidad, están en proceso de definición en las “reuniones técnicas de seguimiento del proyecto de interoperabilidad y despliegue de expedientes clínicos electrónicos”, que coordina la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, de la Secretaría de Salud. Cabe destacar que en estas reuniones, participamos de manera regular.

De lo anterior se desprende que estamos en condiciones de aportar la información técnico médica que se determine, una vez que se realice la capacitación sectorial para la operación del protocolo de transferencia de información: “HL7” que también está en etapa de programación por la subsecretaría mencionada.

ii) Respecto al “identificador biométrico”, recomendado para compartir la información, nuestro sistema de expediente electrónico opera con el número de ficha del trabajador y códigos de identificación de los usuarios, por lo que será necesario esperar a la definición sectorial sobre las especificaciones para manejo y trasferencia de información del sistema.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración que tuviera al respecto.

Atentamente

México, DF, a 24 de febrero de 2011.— Licenciado Homero Niño de Rivera Vela (rúbrica), coordinador Ejecutivo.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud para su conocimiento.

SECTOR CITRICULTOR

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0726, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.-090/2011, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) en los estados productores de cítricos en el territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio SEL/UEL/311/4063/10 del 8 de diciembre de 2010, mediante el cual nos remite los siguientes resolutivos aprobados en sesión del honorable Congreso de la Unión, exhortando al Ejecutivo federal a profundizar y agilizar eficientemente las acciones señaladas, en lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) en los estados productores de cítricos en el territorio nacional; poner especial atención a las zonas de mayor relevancia de producción citrícola, particularmente en las áreas de limón mexicano, donde el segundo productor nacional es Michoacán y se encuentra en peligro inminente debido a su cercanía con Colima; considerar la experiencia del proyecto estratégico para mitigar el impacto del huanglongbing sobre la citricultura de Colima en la aplicación de medidas similares en el resto del país, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio número BOO.000108 del 4 de febrero de 2011, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, informando que para dar entero cumplimiento a la Ley Federal de Sanidad Vegetal y al Acuerdo mencionado, requiere de mayor presupuesto para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB en los estados productores de cítricos en el territorio nacional.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF. 7 de marzo de 2011.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica), coordinador general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño Gonzalez, coordinador General de Política Sectorial.— Presente.

Hago referencia a su oficio número 112.- 894/2010, de fecha 13 de enero del presente, por el que solicita la información necesaria, en relación con el punto de acuerdo aprobado en sesión del honorable Congreso de la Unión, que contiene los siguientes resolutivos:

“Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a profundizar y agilizar eficientemente las acciones señaladas, en lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y en la NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) en los estados productores de cítricos en el territorio nacional.

”Segundo. Poner especial atención a las zonas de mayor relevancia de producción citrícola, particularmente en las áreas de limón mexicano, donde el  segundo productor nacional es Michoacán y se encuentra en peligro inminente debido a su cercanía con Colima.

”Tercero. Considerar la experiencia del proyecto estratégico para mitigar el impacto del Huanglongbing sobre la Citricultura de Colima en la aplicación de medidas similares en el resto del país, e informar a esta Soberanía sobre los resultados derivados de este exhorto”.

Primero

Le comento que la competencia de este órgano administrativo desconcentrado en relación con la Ley Federal de Sanidad Vegetal, será entre otras, la de establecer las medidas necesarias para asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del territorio nacional.

Por ello este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la referida ley, en lo que concierne a las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing implementó la NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing en los estados productores de cítricos (Candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, terminando su vigencia el 8 de enero del 2010, sin embargo este servicio nacional logró una prórroga de la misma, la cual finalizó en agosto del 2010.

Aunado a lo anterior, el 16 de agosto 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing (Candidatus liberibacter spp. –HLB) y su vector, cuyo objetivo principal es garantizar la prevención y control de plagas que por su impacto puedan tener efecto sobre los vegetales, sus productos o subproductos de importación, movilización nacional y exportación; dicho acuerdo fue dado a conocer a las delegaciones estatales de la Sagarpa, a los sistemas producto involucrados y a la Dirección General de Inspección Fitozosanitaria, con lo que se promueve el cumplimiento a la legislación vigente, de esta forma se evita la introducción de mercancías de aquellos países en donde existan enfermedades y/o plagas, así como la prevención de su dispersión y la de su vector en el interior del país, adicionalmente le comento que el acuerdo se encuentra disponible en la página web del Senasica.

Al ser el citado acuerdo el fundamento legal vigente que permite prohibir y controlar la movilización para ordenar la retención, disposición y destrucción de hospedantes del HLB, también se llevó a cabo una puntual capacitación del personal que labora en las delegaciones estatales de la secretaría; como técnicos que laboran directamente en las unidades de producción de material propagativo de cítricos, viveristas, productores, personal que labora en los puntos de verificación e inspección y personal que participa en la verificación y certificación de instalaciones que producen hospedentes de HLB y en la certificación de la movilización de los mismos, así como a los técnicos de los organismos auxiliares de sanidad vegetal.

Segundo

En lo que toca a la agilización eficiente de las acciones señaladas en el dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería (coordinación y asesoría a productores de limón para el control del HLB y de la diaphorina; producción de material propagativo bajo condiciones protegidas e indemnización de viveros); se realizó una difusión a la población sobre los efectos de HLB en la citricultura; se renovaron huertas para atenuar el efecto HLB; transferencia de tecnología para el manejo del HLB, así como también de dotó de infraestructura a los puntos de vigilancia e inspección para controlar la dispersión del HLB).

De las investigaciones a nivel mundial y de la experiencia de los países que han sido y están siendo afectados par el HLB, indican que el manejo eficiente de esta enfermedad y su vector se basa en las siguientes tres acciones fundamentales:

1) Detección y eliminación de plantas enfermas,

2) Control sistemático del Psilido asiático de los cítricos y,

3) Uso de plantas producidas en viveros certificados.

En la solicitud expresan que las acciones deben intensificarse en los estados de mayor relevancia citrícola, para lo cual me es preciso informarle que desde el 2008, año que iniciaron las actividades contra esta plaga, se han invertido recursos federales en los 23 estados citrícolas del país, dando prioridad a la inversión durante los años 2009 y 2010 a aquellos en donde se fue detectado el HLB Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán. Cabe destacar que, en el caso de Michoacán, durante el año 2010 se invirtieron 18,601,460 pesos, siendo el estado con mayor inversión federal para atender la problemática relacionada con esta enfermedad y su vector, presupuesto que permitió el apoyo necesario para atender la problemática; sin embargo, debido al avance de la enfermedad, actualmente todos los 23 estados con cítricos están considerados de alto riesgo, lo que hace necesario invertir sumas importantes en cada uno de estos, para ser efectivos contra la enfermedad y su vector.

Lo anterior se soporta técnicamente en la rápida diseminación que ha mostrado el HLB en el país, ya que en junio de 2009 solo estaba presente en un municipio de un estado (Yucatán), y actualmente (19 meses después) se encuentra en 68 municipios de 8 estados (Campeche, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán), además de que se han detectado poblaciones del vector portando a la bacteria en Morelos y Veracruz, lo que significa que al corto o mediano plazo el HLB estará presente en todas las zonas citrícolas de México.

Tercero

Considerando la experiencia del proyecto estratégico para mitigar el impacto del huanglongbing sobre la citricultura de Colima, se realizó la entrega de dicho proyecto por personal del gobierno del estado de Colima, para la aplicación de medidas similares en el resto del país, durante la primera reunión de la Subcomisión de Huanglongbing de la Comisión Especial de Citricultura del honorable Congreso de la Unión, la cual se realizó el 10 de junio de 2010 y aunque en lo general dicho proyecto contiene los tres elementos clave para el control efectivo del HLB (detección y eliminación de plantas enfermas, control sistemático del psilido asiático de los cítricos y uso de plantas producidas en viveros certificados), no ha sido posible su cabal aplicación por insuficiencia presupuestaria.

Es por ello que este servicio nacional, para dar entero cumplimiento a la Ley Federal de Sanidad Vegetal y al acuerdo mencionado, requiere de mayor presupuesto para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del HLB en los estados productores de cítricos en el territorio nacional.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2011.— Médico Veterinario Zootecnista Enrique Sánchez Cruz (rúbrica), director en Jefe.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

DESARROLLO ECONOMIA NACIONAL

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-860 signado por los diputados José de Jesús Zambrano Grijalva y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 349-A-0132 suscrito por Ernesto Revilla, jefe de la unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a promover el desarrollo de la economía nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/UEL/311/418/11 de fecha 11 de febrero de 2011, dirigido al doctor Moisés Alcalde Virgen, coordinador de asesores del secretario de Hacienda y Crédito Público, a través del cual comunica el punto de acuerdo aprobado el 10 de febrero de 2011 por el Congreso de la Unión, en que se exhorta al gobierno federal a revisar de manera profunda su política económica y fiscal, para que ponga en marcha estrategias tendientes a promover el desarrollo de la economía nacional.

Sobre el particular, le comento que con el fin de fortalecer la estabilidad económica del país y así promover el desa-rrollo de la economía nacional; la política fiscal se encuentra inmersa en un proceso permanente de revisión. En este contexto, se han establecido las medidas siguientes

i. En el paquete económico para 2011 no se presentó iniciativa de reforma fiscal con el propósito de fomentar la inversión no sólo a través de los mecanismos que hoy día contiene la legislación tributaria sino también a partir de la permanencia de las disposiciones fiscales. Debe precisarse que el esquema tributario es altamente competitivo, pues contiene disposiciones modernas y esquemas generales que promueven la inversión. Además, de esta manera se genera certidumbre y un entorno económico más propicio para la inversión y la generación de empleos.

Cabe señalar también que el Congreso de la Unión legisló la incorporación de un estímulo para fomentar la creación de empleos formales, en especial el primer empleo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Dicho incentivo consiste en una deducción adicional en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tendrá una vigencia de tres años.

ii. Recientemente el Ejecutivo federal emitió un decreto por el cual se otorga un estímulo fiscal consistente en hacer deducibles en el ISR el gasto en colegiaturas, correspondiente a los grados preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que realizan las personas físicas. La aplicación de este estímulo permitirá fortalecer la economía familiar al dotarlos de una mayor disponibilidad de recursos que podrán ser destinados a otros rubros para el mejoramiento y bienestar del hogar.

iii. Con el fin de coadyuvar a la reactivación económica de las zonas agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, afectadas por las inusuales heladas, mediante diversos decretos, se otorgaron beneficios fiscales consistentes en posponer el cumplimiento del pago de los impuestos federales. Sin duda, este apoyo permitirá a los contribuyentes no distraer recursos de su actividad para el cumplimiento fiscal, lo que les permite destinarlos a reactivar su actividad productiva, en especial la resiembra de la superficie afectada, coadyuvando a preservar las fuentes de empleo.

Es importante precisar que la principal estrategia de la política fiscal es el fortalecimiento de los ingresos tributarios, al posibilitar que las tasas de interés de la economía sean sustancialmente bajas y, de esta manera, se impulse la inversión productiva y, consecuentemente, la creación de empleos y el crecimiento económico, elementos que influyen en la estabilidad económica del país.

De conformidad con lo antes señalado, se considera que el punto de acuerdo ha sido atendido en el sentido de que el gobierno federal mantiene una revisión permanente de la política económica y fiscal, a efecto de establecer instrumentos tendientes a promover el desarrollo de la economía nacional.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2011.— Ernesto Revilla (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-700 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Guadalupe García Almanza, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0327/11 suscrito por Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me dirijo a usted en referencia a su oficio SEL/UEL/311/ 4208/10, a través del cual remite a la Secretaría de Relaciones Exteriores el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2010, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a firmar el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares.

Al respecto, me permito, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad bajo su digno cargo, enviar en archivo adjunto el Dictamen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social relativo a la viabilidad de que el gobierno de México se vincule al citado convenio.

Lo anterior para que por su amable conducto se haga llegar, de así considerarlo pertinente, la presente respuesta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Betina Claudia Chávez Soriano (rúbrica), directora General.»

«Dictamen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social relativo a la viabilidad de que el gobierno de México se vincule al Convenio 156 de la OIT sobre Trabajadores con Responsabilidades Familiares, adoptado en Ginebra, Suiza, el 23 de julio de 1981

El Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 23 de junio de 1983 y siendo ratificado hasta el momento por 41 de los 183 Estados miembro de la OIT.

Dicho convenio se aplica a hombres y mujeres con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o respecto de otros miembros de su familia directa que, de manera evidente, necesiten de su cuidado o sostén, en todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores.

Asimismo, sus disposiciones pueden aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales o mediante una combinación de tales medidas o de cualquier otra forma de acuerdo a la práctica nacional e igualmente, si fuera necesario, puede aplicarse por etapas, siempre que tales medidas de ejecución se hagan extensivas en todos los casos, a la totalidad de los trabajadores con responsabilidades con sus hijos.

Este convenio tres directrices que obligan a los Estados miembro a realizar las siguientes acciones:

a) Incluir entre los objetivos de su política nacional, el permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales;

b) Tomar todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades, y

c) Que la responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.

Así, la política a que se refiere este instrumento debe estar articulada dentro de la política oficial destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en todas las esferas de la formación y del empleo; los Estados parte deben desarrollar o promover servicios comunitarios –públicos o privados– tales como medios de asistencia a la infancia y la familia.

Desde que este convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1981 a la fecha.se han formulado las siguientes posturas:

• En diciembre de 1982, la STPS remitió a la cancillería un dictamen, cuyas conclusiones establecieron que el adoptar medidas compatibles ente las condiciones de trabajo y las necesidades como lo establece el Convenio, pareciera implicar un derecho preferencial para estos trabajadores, en detrimento del resto de los trabajadores que no tienen una responsabilidad familiar.

• El 28 de diciembre de 1987, el Senado de la República, en una comunicación dirigida a la Cancillería, manifestó que carecía de facultades legales para sancionar la aprobación del Convenio, en virtud de que el instrumento no fue celebrado por el Ejecutivo de la Unión (sic), conforme el artículo 76, fracción I, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

• En 1992, el gobierno de México presentó a la Oficina Internacional del Trabajo, una memoria acerca de este convenio y de la recomendación sobre los trabajadores familiares, 1981 (número 165), de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT, respecto de los convenios no ratificados, en la cual se expuso que nuestro país tenía reservas acerca de la introducción de medidas aplicables a determinados grupos, pues se consideró que la legislación y la política nacionales debían cubrir a todos los trabajadores por igual.

• Posteriormente, desde 1999 y hasta años recientes, se han presentado loables esfuerzos por parte de legisladoras mexicanas para intentar que nuestro país se sume a las naciones que han ratificado el Convenio Internacional 156, sin que hasta el momento no haya sido posible.

Actualmente, la legislación laboral mexicana no contempla de manera específica las necesidades particulares de los trabajadores con responsabilidades familiares, sin embargo, se considera que nuestros principios constitucionales y legales son acordes con las disposiciones del Convenio 156, al establecer como garantía individual la igualdad entre hombres y mujeres, así como la protección de la organización y desarrollo de la familia, y de observar la no discriminación por cuestión de género.

De hecho, ha sido muy significativa la evolución de la legislación mexicana en la última década, haciéndola cada vez más acorde con el contexto internacional en la búsqueda de una igualdad plena entre los hombres y las mujeres y la no discriminación, lo que sin duda coadyuvaría para una eventual ratificación del Convenio en cuestión, resaltándola emisión de diversos ordenamientos, tales como:

• Reforma al artículo 4o. constitucional, DOF, 7 de abril de 2000.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, DOF, 12 de enero de 2001.

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, DOF, 11 de junio de 2003.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DOF, 1 de febrero de 2007.

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, DOF, 2 de agosto de 2006.

• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, DOF, 29 de mayo de 2000.

De igual forma, cabe destacar que fueron generadas iniciativas de reforma tendientes a plasmar en las leyes respectivas las corresponsabilidad de los padres (hombres y mujeres) ante los hijos, las cuales si bien aún no han sido aprobadas, han logrado focalizar el tema de tal manera que hoy en día se ha contemplado el poder conceder días de descanso extraordinario a los padres varones la nacimiento de sus hijos, con el fin de que compartan con las mujeres la responsabilidad del cuidado y atención que necesita el recién nacido.

En este sentido, en la iniciativa de reforma laboral presentada en marzo del año 2010, que busca una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, se aportan elementos de vanguardia en el tema sobre corresponsabilidad que debe tener el Estado en materia de conciliación vida-trabajo, incluyendo entre otras, las siguientes propuestas que responden al contenido del convenio y su recomendación:

Teletrabajo y trabajo en casa. Considera como trabajo a domicilio el teletrabajo que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo y en casa, para que hombres y mujeres concilien su trabajo· con las responsabilidades familiares y cuenten con seguridad social y con la protección de las normas de trabajo.

Embarazo, estado civil y cuidado de las y los hijos. Como respuesta a una justa y ancestral demanda de las mujeres, se busca prohibir el despido de las trabajadoras por estar embarazadas, por cambio de estado civil o por tener a su cuidado hijos menores.

Licencia por maternidad. Propone legalizar la práctica de transferir las semanas de descanso del preparto al postparto, para que las mujeres permanezcan más tiempo al lado de los hijos.

Períodos de lactancia. Plantea establecer la modalidad de reducir una hora la jornada de trabajo de las mujeres durante los seis meses posteriores al nacimiento de los hijos, en el período de lactancia.

Fomento a la capacitación. Propone que el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior, forme parte de los programas de capacitación.

Salario por unidad de tiempo. Plantea una medida que consiste en que el trabajador y el patrón puedan convenir que, tratándose de salario por unidad de tiempo, el pago se realice por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada legal.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

CANCER DE MAMA

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-2728, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/264/2011, suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al control y vigilancia del cáncer de mama.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Julián Hernández Santillán, subsecretario de Enlace Legislativo  de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al punto de acuerdo presentado el 17 de febrero pasado por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM, en los siguientes términos:

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Salud a fin de que implante con la mayor brevedad las acciones correspondientes a fin de modificar la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-2009, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama”, en el punto 7.3.3.6, con objeto de establecer el derecho a realizarse una mastografía de manera gratuita cada 2 años a las mujeres asintomáticas a partir de los 40 años de edad y sin necesidad de que cuenten con antecedentes de cáncer de mama directos y sin indicación médica.

Al respecto, me permito acompañar oficio CNEGSR/DG/ 304/1371/11, suscrito por la doctora Aurora del Río Zolezzi, directora general adjunta de Equidad de Género y Encargada de la Dirección General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Doctor José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

En respuesta a su oficio 170/UCVPS/663/2011, respecto al punto de acuerdo emitido por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al Secretario de Salud a fin de modificar la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-2009, “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama”, en el punto 7.3.3.6, con objeto de establecer el derecho a realizarse una mastografía de manera gratuita cada 2 años a las mujeres asintomáticas a partir de los 40 años y sin necesidad de que cuente con antecedentes de cáncer de mama directos y sin indicación médica.

Al respecto le comento que el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-041-SSA2 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en base al artículo 47, fracción III, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para que los interesados presenten sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. A partir del 4 de marzo del año en curso, fecha en que concluyen los sesenta días naturales señalados por la mencionada ley, deberán circular entre los miembros del comité el primer borrador proyecto de respuestas a los comentarios. La revisión del documento se plantea tener para el 22 de marzo en la primera sesión ordinaria del CCNNPCE en 2011. Le manifiesto que se han recibido propuestas bajo el mismo tenor, por lo que no dudamos que el comité las tome en cuenta al momento de emitir su resolución final para la publicación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de marzo de 2011.— Doctora Aurora del Río Zolezzi (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó solicitud de excitativa a comisiones, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, aprobado el 13 de diciembre de 2007.

La presidencia acordó remitir la documentación, misma que se anexa, a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Presente.

El que suscribe, Juan Bueno Torio, senador de la República para la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 214 y 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito respetuosamente a esta presidencia que en pleno uso de sus facultades conferidas remita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados excitativa a la Cámara de Diputados para que formule el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en razón de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 13 de febrero de 2007, presenté una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

II. En sesión ordinaria los senadores integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido en conjunto de las iniciativas presentadas por el senador Juan Bueno Torio y por la senadora Minerva Hernández Ramos con el objeto de expresar sus observaciones y comentarios al mismo e integrar un dictamen.

III. En consecuencia este dictamen fue aprobado en el pleno el 13 de diciembre del año 2007 mismo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 220 del Reglamento del Senado del la República, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió dicha iniciativa a la Cámara de Diputados la cual se recibió el día primero de febrero del año 2008 y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su dictamen correspondiente y que a la fecha no ha sido presentado dictamen alguno, en consecuencia presento ante esta soberanía solicitud para que se formule excitativa en razón de las siguientes

Consideraciones

Primero. Al día de hoy, la política fiscal es un instrumento poderoso para orientar la economía de un país, por lo que deben existir condiciones de completa transparencia, oportunidad y correcta aplicación, en el manejo de los recursos y la instrumentación de programas sociales, durante tiempos electorales, a fin de evitar la opacidad en los mismos, y coadyuvar en el sano desarrollo de la democracia.

Segundo. La naturaleza de los recursos del El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyo fin es estrictamente humanitario, al ser aplicado para la restitución de la infraestructura y el patrimonio de la población afectada, exige que su ejercicio esté respaldado por prácticas estrictas de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, trascendiendo en este ámbito las acciones meramente cuantitativas, para enfatizar en las de carácter cualitativo.

Tercero. Es importante señalar que los recursos que ejercen las entidades federativas y municipios, una vez que son entregados por el fideicomiso estatal a las dependencias a las que corresponda su ejercicio, no están sujetos a reglas claras que garanticen una adecuada fiscalización, para evitar que sean desviados a fines ajenos a la situación de desastre, o que incurran en prácticas de corrupción.

Cuarto. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establecen que cuando se involucren recursos federales en los gobiernos estatales y municipales, así como toda clase de fideicomisos, estos estarán sujetos a las disposiciones de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización contenidas en dichas leyes.

Quinto. La ley federal en el ramo dispone que para el caso de los recursos federales ejercidos por autoridades locales, fideicomisos y particulares, se llevará a cabo el control a través de convenios de coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación y los Congresos locales. Sin embargo, los convenios suscritos se limitan a la fiscalización de los recursos del Ramo 33 y del PAFEF, ignorando por completo los relativos al Fonden, por lo que las previsiones establecidas en las reglas de operación son letra muerta.

Sexto. Las comisiones encargadas del dictamen en la Cámara de Senadores estimaron conveniente realizar la precisión dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que como, parte de las disposiciones que deberán observarse para el control y fiscalización de los recursos, se incluyan las reglas de operación del Fonden.

Séptimo. Además, las dictaminadoras, consideraron de gran importancia adicionar en la Ley General de Protección Civil, el término de “recursos materiales y financieros”.

Octavo. Asimismo, se precisó que los insumos a que hace referencia la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria son aquellos que se adquieren con cargo al fondo revolvente, sin limitarse a la reserva estratégica que de acuerdo con las nuevas reglas de operación del Fonden, ya existen como tal.

En este sentido y con la intención de definir el control y la fiscalización de los apoyos que brinda el Fondo de Desastres Naturales y cubrir precisamente esas lagunas, y garantizar que la ayuda canalizada a través del mismo fondo y sus instrumentos llegue a quien verdaderamente la necesita, de manera incondicional y en el momento preciso;

Y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 214 del Reglamento del Senado de la República, a usted presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito

Único. En los términos del artículo 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente se remita a la presidencia de la Cámara de Diputados la presente excitativa, para que formule el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Atentamente

Cámara de Senadores, a 10 de marzo de 2011.— Senador Juan Bueno Torio (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION - LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y Federal de Derechos; del Código Fiscal de la Federación y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

La presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 10 de marzo de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 y por el inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 162 y 163, párrafo 2, del Reglamento del Senado de la República, los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión, teniendo como Cámara de origen la de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos, y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Marco general

Durante la última década, la economía mexicana ha experimentado una notoria falta de dinamismo reflejado en tasas de crecimiento anual del producto interno bruto, PIB, muy por debajo de lo que otras naciones de nuestro continente han logrado alcanzar en el mismo periodo. Considerando las tasas de crecimiento real del PIB durante el periodo 2000-2009 (base 2000=100), encontramos que la economía peruana registra un incremento del 59.6 por ciento; la de Colombia del 42.9 por ciento, la de Chile del 37.5 por ciento y la de Brasil del 32.8 por ciento (tasa acumulada para el periodo); mientras que la economía de México registra un magro 13 por ciento.

Lo anterior, se acompaña y explica por una muy débil formación bruta de capital fijo, que se compara de manera muy desfavorable con lo alcanzado en otras economías. En efecto, según el dato para el año 2007, mientras que en México la formación bruta de capital fijo, como porcentaje del PIB, se ubicó en un 21.4 por ciento, en China significó el 40.1 por ciento; en España el 30.7 por ciento y en Corea el 28.2 por ciento.

El débil dinamismo de nuestra economía ha provocado que durante las últimas tres décadas, el PIB per cápita se haya prácticamente estancado, con una tasa de crecimiento de apenas el 0.2 por ciento; aun si consideramos solamente las dos décadas recientes, para así eliminar los efectos negativos de las profundas crisis experimentadas en la década de los años ochenta del siglo pasado, encontramos que el crecimiento del PIB per cápita, para ese período, fue de apenas 0.6 por ciento; como se constata en los indicadores de desarrollo social y humano, ello se ha traducido en un crecimiento sustancial del número de personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, significaría alrededor de más de 6 millones de mexicanos en esa condición.

El virtual estancamiento de la economía ha sido acompañado, especialmente durante la primera década del nuevo siglo, de un grave deterioro del poder de compra del salario, lo que medido por el indicador de su referente base, es decir el salario mínimo legal, acumula casi un 60 por ciento de deterioro. Para paliar la debilidad de los ingresos tributarios, se ha recurrido al expediente de aumentar los precios de los bienes públicos de consumo generalizado, como la electricidad, las gasolinas y el diesel, provocando un impacto negativo aún mayor sobre el poder de compra de las familias.

En paralelo, hoy tenemos en México la peor distribución del ingreso y de la riqueza de toda nuestra historia. Mientras que las familias menos favorecidas han visto reducir su participación en el ingreso nacional, las más poderosas, económicamente hablando, lo han incrementado a niveles sin referente a escala mundial, como se comprueba con los indicadores del Inegi a este respecto.

Lo peor, si es que puede haber algo todavía más negativo que el deterioro del salario y la concentración del ingreso a niveles de ofensa social, es la incapacidad del sistema económico para generar los empleos que demanda una población que sigue creciendo. Al rezago acumulado, que provoca para millones de personas la necesidad de ocuparse en actividades informales –o peor aún, delictivas– se ha sumado la imposibilidad que enfrentan las nuevas generaciones de encontrar un empleo formal.

De nada sirven las irreales cifras del desempleo abierto que periódicamente presume el gobierno. Si a ellas atendemos, México está en mejor condición que Estados Unidos o que la mayoría de los países de la Unión Europea. Solo que los jóvenes no viven de esas cifras, como tampoco los adultos que en edad tan temprana como los 40 o 50 años, no consiguen colocarse en un empleo formal.

Son múltiples los factores que explican el comportamiento macroeconómico antes referido, pero de entre ellos se destaca la debilidad estructural de las finanzas públicas en México.

Esa condición ha estado presente por varias décadas, pese a las diversas reformas tributarias que han tenido lugar, desde la aprobación, en diciembre de 1978, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de las varias reformas al impuesto sobre la renta, o de la más reciente reforma que dio lugar a la creación del impuesto empresarial a tasa única.

En una perspectiva comparada, frente al promedio de carga fiscal total observada para los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, (35.9 por ciento en 2008), para México, en el mismo año, la carga fiscal total (como porcentaje del PIB) se ubicó en 20.4 por ciento, y de ese porcentaje, 5.6 puntos porcentuales corresponden a los derechos por el petróleo.

Ahora bien, si al porcentaje del 20.4 por ciento se descuentan los ajustes por ingresos negativos del impuesto especial sobre producción y servicios y los subsidios al empleo, la carga fiscal total en México, para el año 2008, se ubicó en 18.7 por ciento del PIB (incluye derechos por petróleo).

Otros análisis al respecto son todavía más pesimistas, pues estiman que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior (2010), nuestro país alcanzó una recaudación tributaria equivalente a tan sólo 10 puntos porcentuales respecto al PIB (no incluye petróleo), lo que nos coloca al final de la lista de esfuerzo tributario, no sólo entre las naciones que forman la OCDE, sino en América Latina en su conjunto, excluidos Haití y quizá Guatemala.

Es evidente, y en ello coinciden los analistas económicos mexicanos y del extranjero, que en México el sistema tributario presenta un problema estructural que conduce al desaprovechamiento de las potencialidades de recaudación que podríamos alcanzar, considerando entre otros indicadores: el tamaño de nuestra economía, la población total, la población económicamente activa y el número potencial de contribuyentes.

Hemos llegado a un punto en que es necesario y urgente adoptar medidas que permitan un cambio de fondo en el diseño y objetivos del sistema tributario mexicano.

Por razones económicas, fiscales y sociales, no es admisible seguir por la ruta de incrementar los impuestos, de manera generalizada, a quienes ya contribuyen hoy en día a sostener el gasto estatal. De persistir en esa ruta, nuestra economía perderá, aún de manera más notable, competitividad ante el exterior; se desalentará, aún más, el ahorro y la formación de capital, se incrementarán las prácticas de evasión o elusión fiscales; se reducirá el número de contribuyentes y, más temprano que tarde, los ingresos derivados del petróleo serán insuficientes para sostener, en el mejor escenario, el nivel de recaudación hoy observado.

Sin pretender exagerar el argumento, podemos afirmar que no estamos lejos de un colapso de las finanzas públicas –hasta ahora evitado gracias a los elevados precios del crudo en el mercado mundial– derivado de la insuficiencia creciente de ingresos tributarios que financien el gasto del Estado.

De llegar a esa situación, indeseable para todos, las únicas salidas serían incurrir en déficits cada vez mayores, que inevitablemente nos regresarían a épocas que creíamos superadas, o a la drástica reducción del ya de por sí insuficiente gasto público en la atención de los derechos sociales de todos los mexicanos, como es el destinado a educación, salud, construcción de vivienda, dotación de infraestructura y servicios básicos, y también la seguridad pública.

Quienes suscribimos la presente iniciativa, estamos convencidos de que es el momento de tomar decisiones que permitan atender lo inmediato para poner orden en las finanzas del Estado, y trazar una ruta de fortalecimiento de las finanzas públicas, en beneficio de quienes menos tienen y también en provecho de las clases medias; cambios que promuevan la inversión privada y pública, la competitividad con el exterior, la competencia interna y, sobre todo, que contribuyan a elevar la calidad de vida de los mexicanos y sus familias.

Tenemos que reconocer que los innegables y profundos cambios que el avance democrático ha hecho posible no se han traducido, durante los últimos diez años, o más, en la generación de bienes públicos que beneficien a la sociedad y hagan crecer nuestra economía, en aras de generar los empleos estables y justamente remunerados, que nuestra sociedad requiere.

Hoy enfrentamos la peor situación de muchas décadas: el ánimo social ha decaído por la incapacidad del gobierno de ofrecer seguridad y justicia, millones de mexicanos no tienen posibilidad alguna de obtener un empleo formal y estable, para millones de jubilados o pensionados el ingreso que perciben, después de varias décadas de trabajar, es por completo insuficiente. Pero además, si consideramos los mejores cálculos sobre el costo a futuro del sistema público de pensiones y jubilaciones, estamos ante un enorme “boquete” de las finanzas estatales, que muy pronto podrían llevarnos al extremo de no tener recursos para pagarlas. Los cálculos más optimistas al respecto, estiman que el déficit en esta materia equivale a más del cien por ciento del PIB, los pesimistas lo estiman en más del 130 por ciento.

La calidad de la educación se ha deteriorado de manera alarmante en sus niveles básicos, los servicios de salud están saturados por la irresponsable conducta gubernamental que convirtió el llamado “seguro popular” en fuente de millones de nuevos derechohabientes, sin otorgar los recursos necesarios para ampliar la infraestructura, el equipamiento y el personal de los servicios públicos de salud, necesarios para dar respuesta a los nuevos demandantes de sus servicios.

Los legisladores del PRI estamos convencidos de la necesidad impostergable de poner sobre la mesa del debate nacional, en el espacio institucional de que disponemos para tal efecto, que es el honorable Congreso de la Unión, iniciativas y propuestas concretas, específicas, como las que en esta iniciativa postulamos.

México es un país “sobre diagnosticado”, no hay asunto público en el cual no contemos con estudios, modelos, perspectiva comparada, debates y reflexiones.

Lo mismo vale para los temas políticos, que para la educación, la vivienda, los impuestos o el gasto.

Sabemos lo que México requiere, los cambios que son necesarios e impostergables para trazar una nueva ruta en la que, con orden y de manera concertada entre quienes tenemos responsabilidades ante la sociedad, demos respuesta a las demandas de nuestra sociedad y a las exigencias que como nación tenemos que atender.

De eso trata la presente iniciativa.

No escapa en forma alguna a nuestra comprensión que los cambios que proponemos en materia de ingresos tributarios deberán ser acompañados de profundas reformas en la estructura del gasto público.

En los últimos años, se han multiplicado –de manera injustificada– el número de organismos estatales, tanto en el ámbito federal como en los estados, municipios y el Distrito Federal. Las plazas de mandos superiores con elevados sueldos y prestaciones han aumentado en forma exponencial, a lo que se agrega el gasto asociado al personal profesional, técnico y administrativo, que trabaja al servicio de esos cargos.

De igual forma, se observa una alarmante ausencia de control y rendición de cuentas sobre el gasto público destinado a la compra de bienes y servicios y a la inversión en obras; las instancias y mecanismos de control interno en los gobiernos federal, las entidades federativas y municipios, han perdido eficacia; la opacidad, discrecionalidad y, en no pocos casos, la corrupción, afectan de manera creciente el destino y uso del gasto público.

Habrá que adoptar, cuanto antes, medidas radicales para detener y revertir tales situaciones, empezando por las instancias ejecutoras del gasto público, y también mediante reformas legales o reglamentarias que aprueben el H. Congreso de la Unión, las legislaturas locales y los cabildos municipales.

Por mandato constitucional, corresponden a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión las facultades exclusivas en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos y revisión de la Cuenta Pública. En respeto a esa norma constitucional y a las atribuciones de la Colegisladora, las Senadoras y los Senadores del PRI que suscribimos la presente iniciativa, dejamos al criterio, conocimientos y experiencias de quienes integran la Cámara de Diputados, determinar las acciones de reforma legal, o los nuevos criterios y reglas a incluir en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (2012) con el objetivo de reducir el gasto corriente, incrementar el gasto de inversión en áreas cruciales para el desarrollo nacional, así como imponer las medidas de transparencia y rendición de cuentas que permitan a la sociedad evaluar la eficiencia y honradez con la que se ejerce el gasto autorizado por la Cámara de Diputados.

II. Hacia un nuevo sistema tributario

Frente a las corrientes teóricas e ideológicas extremas, quienes suscribimos la presente Iniciativa hemos buscado encontrar el punto de equilibrio en el que se conjuguen, al mismo tiempo, las ventajas y virtudes del mercado y la responsabilidad indeclinable del Estado mexicano para ejercer la rectoría del desarrollo nacional, contribuir a superar los problemas de pobreza y marginación, fomentar el empleo y trazar para México una ruta de crecimiento sostenido, que sea la base para generar empleos estables y adecuadamente remunerados, como el medio idóneo para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y sus familias.

El Estado mexicano por su formación histórica, tiene un compromiso social al que no puede renunciar, a riesgo de desaparecer.

Al Estado corresponde la tutela social de los sectores desprotegidos, la promoción del progreso a favor de quienes menos tienen, y la moderación de la opulencia que a tantos ofende.

Al plantear la imperiosa necesidad de realizar reformas al sistema tributario, lo hacemos con visión de mediano y largo plazo. Sabemos que nuestras propuestas, reflejadas en esta Iniciativa, constituyen apenas la primera parte; el cimiento de una nueva casa, a la que otros habrán de añadir nuevos componentes, en pluralidad de ideas y propuestas; siempre pensando en el bien de México y en el progreso de los mexicanos.

Tenemos una visión integral de lo que requiere el sistema tributario mexicano, por ello, proponemos los primeros cambios, los más urgentes y necesarios, para desatar un ciclo virtuoso de reformas que habrán de completarse en el futuro inmediato.

Nuestra propuesta se funda en cuatro ejes rectores:

1. Ampliar la base de contribuyentes;

2. Disminuir las tasas impositivas en los niveles de bajos ingresos;

3. Reformar o derogar normas, legales o reglamentarias, que propician la elusión y evasión fiscales; y

4. Elevar los niveles de recaudación y, en el mediano y largo plazos, alcanzar niveles suficientes para atender los requerimientos del gasto público, que de inmediato deberá ser reordenado en sus objetivos, ser eficiente en su aplicación y transparente para fines de rendición de cuentas ante la sociedad.

Para ampliar la base de contribuyentes es necesario propiciar la incorporación a la formalidad de millones de personas y establecimientos que hoy en día operan en los mercados informales, para ello proponemos varias medidas.

Entre ellas, la adecuación de regímenes especiales de tributación que habiendo sido, quizá, justificados, han cumplido su objetivo y ahora constituyen vías para la elusión o evasión tributarias.

Sobre todo, proponemos una medida que, además de representar un beneficio general para todos los consumidores, estimulará el interés de las personas para formalizar su condición ante el fisco, mediante el establecimiento de un mecanismo de devolución garantizada de una parte importante del impuesto al valor agregado pagado en cada transacción mercantil por la que se pague dicho impuesto.

De la tasa general –nominal– del impuesto al valor agregado (del 16 por ciento), 3 puntos de esa tasa, que equivalen a cerca del 20 por ciento del monto pagado, serían reembolsados por la autoridad hacendaria al consumidor, a través de depósito o transferencia bancaria, en un plazo no mayor a un mes. La única condición exigible al consumidor sería demostrar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, a través del documento oficial que para tal efecto expida la autoridad hacendaria. De esta forma, la tasa efectiva del impuesto al valor agregado se ubicaría en 13 por ciento.

Consideramos que la reducción de la tasa efectiva, acompañada del medio de control-devolución que proponemos, fomentará la incorporación a la formalidad tributaria de millones de consumidores y establecimientos mercantiles, permitiendo expandir de manera significativa la base de causantes.

Dada la reducción que proponemos de la tasa efectivamente pagada de impuesto al valor agregado y para evitar distorsiones en el cobro del impuesto, que además son fuente de prácticas de evasión o elusión, proponemos suprimir la actual diferencia de tasa en las zonas fronterizas.

En contrapartida de lo anterior, proponemos mantener la tasa cero de impuesto al valor agregado solamente en los alimentos de consumo generalizado que constituyen la base de la canasta alimentaria de la población de menores ingresos (la que se ubica en los primeros cuatro deciles, en la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares).

La tasa cero, actualmente vigente, aplica a todos y cada uno de los productos destinados a la alimentación, sin importar si forman parte del consumo popular o del consumo de la población de mayores recursos, más aún, al aplicarse la tasa cero por ciento a todo producto destinado a la alimentación, el beneficio se otorga por destino, sin importar si el producto realmente es consumido como alimento o tiene un uso diferente.

Con lo anterior, se desnaturalizó el beneficio que originalmente pretendió otorgarse a los sectores de la población de menores ingresos y se convirtió en un subsidio generalizado, altamente regresivo.

Basta analizar las últimas cifras de ingreso-gasto de los hogares, para darnos cuenta de que, aproximadamente, de cada 100 pesos de consumo afecto a la tasa del cero por ciento, solamente el 3 por ciento lo ejercen los dos primeros deciles de la población de menores ingresos, en tanto que casi el 50 por ciento es absorbido por los dos últimos deciles de la población de mayores ingresos.

Dicho de otra forma, para disminuir en tres centavos el costo de vida de los cinco millones de familias más pobres de este país, hay que subsidiar con cincuenta centavos a los cinco millones de familias más ricas.

Adicionalmente a la enorme regresividad que se verifica en la aplicación de la tasa del cero por ciento en productos destinados a la alimentación, el sacrificio fiscal que ello implica, supera por mucho los niveles de gasto social en los rubros más importantes del país. En efecto, considerando cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Informe de Finanzas Públicas, la reducción en ingresos por la tasa del cero por ciento en alimentos es del 1.3 puntos del PIB.

Es por ello que proponemos incluir en la ley los alimentos que seguirán sujetos a tasa cero de IVA, que serían los siguientes:

• animales y vegetales que no estén industrializados,

• carne en estado natural;

• tortillas, masa, harina y pan, sean de maíz o trigo;

• pastas secas;

• leche natural y huevo, cualquiera que sea su presentación;

• azúcar, mascabado y piloncillo;

• sal;

• aceite comestible; y

• atún y sardinas enlatadas.

No escapa, a quienes suscribimos la presente iniciativa, la polémica y el debate que provoca una medida como la que ahora proponemos, estamos dispuestos a discutir en todos los foros públicos y de especialistas la necesidad y pertinencia de lo que proponemos. A lo que nos negamos es a admitir que el tema tenga un carácter de tabú.

Ese debate está presente en las filas de nuestro propio partido, pues existen opiniones respetables que interpretan una expresión contenida en los documentos básicos del PRI, respecto del cobro de impuesto al valor agregado en alimentos, como una tajante prohibición de admitir no sólo que se cobre ese impuesto, sin distingo, a tales productos, sino incluso que se promueva y discuta una propuesta como la que hacemos en esta iniciativa.

De nuestra parte, consideramos que el compromiso del PRI, a que se refiere esa parte de nuestros documentos básicos, que compartimos y respaldamos a plenitud, es con las clases populares, con los sectores más desprotegidos y vulnerables, así como con las clases medias.

Para hacer efectivo ese compromiso es que en esta Iniciativa proponemos una canasta básica de alimentos (con tasa cero de impuesto al valor agregado) lo suficientemente amplia como para mantener la protección a los sectores populares y de clase media.

Los indicadores estadísticos disponibles, en especial la Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares, señalan que los alimentos que estamos proponiendo incluir en la canasta básica a tasa cero, constituyen la base de la dieta diaria de las familias de menores ingresos, y que representan la parte mayor del gasto que destinan a la alimentación.

Analicemos con objetividad y veracidad el impacto que sobre la población de menores ingresos tiene establecer una canasta de alimentos en tasa cero como la que proponemos en esta Iniciativa, enmarcada en el contexto integral de nuestra propuesta, con reducción significativa de la tasa efectiva del impuesto al valor agregado, así como la reducción y simplificación propuestas en materia del impuesto sobre la renta. Se verá, entonces, que el efecto neto sobre la población de menores ingresos será neutro o incluso favorable.

De igual forma, proponemos mantener la tasa cero para las medicinas de patente, para así evitar un impacto negativo en el gasto que en tales productos realizan los sectores de menores ingresos, así como las clases medias. Es nuestra convicción que en tanto el Estado no tenga la capacidad y recursos para asegurar a toda la población el abasto suficiente y oportuno de medicinas de patente, éstas deberán permanecer en tasa cero.

Mención especial merece el tratamiento que proponemos en esta Iniciativa para los productores rurales, tanto en lo que hace al impuesto al valor agregado como en materia del impuesto sobre la renta.

Por su condición de actividad estratégica para el desarrollo nacional, por la seguridad alimentaria en beneficio de todos los mexicanos; por el histórico rezago social que aún padecen millones de habitantes del campo; por la necesidad de proteger el ingreso familiar en esas áreas, es que nos pronunciamos, y así lo proponemos, por mantener el tratamiento que desde hace varios lustros se ha otorgado, en materia del impuesto al valor agregado, a los productores rurales.

De esta forma, los productores del campo continuarán recibiendo el beneficio de la tasa cero en la venta de su productos, ya sean vegetales o animales, sin industrializar, así como en la compra de maquinaria, equipos, semillas y demás insumos y servicios que requieren para su actividad.

De igual forma, tal medida seguirá repercutiendo, positivamente, en el precio de los productos que el sector rural aporta para la alimentación diaria del conjunto de la población, así como en la competitividad del sector en los mercados internacionales y ante los productos importados que se ofrecen en el mercado nacional.

Como mencionamos antes, en materia del impuesto sobre la renta a las personas morales con actividad empresarial, proponemos que la reducción de la tasa máxima que ya está contemplada en la ley hoy vigente, se continúe en forma gradual hasta ubicarla en 25 por ciento. Para tal efecto, se reduciría al 27 por ciento en 2013, al 26 por ciento en 2014, hasta quedar establecida, en 2105, en el 25 por ciento. La gradualidad permitirá distribuir el sacrificio fiscal a lo largo de un periodo razonable, así como evaluar los efectos de esta medida sobre los niveles de recaudación, el comportamiento del ahorro y la inversión, y el crecimiento del PIB.

El objetivo que se busca alcanzar con la reducción de la tasa al 25 por ciento es fomentar el ahorro interno de las empresas y la reinversión de utilidades en las mismas, para así desatar un círculo virtuoso que propicie el aumento sostenido del PIB y la mayor generación de empleos.

Tratándose del impuesto sobre la renta aplicable a personas físicas, proponemos una nueva tarifa que permitirá mantener la protección a quienes perciben un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos, beneficiar a los sectores de ingresos medios y aumentar la tasa máxima aplicable a los causantes de muy elevados ingresos (de casi medio millón de pesos de ingresos mensuales), al 35 por ciento.

Consideramos que la tarifa propuesta se sujeta a los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución y además constituye un instrumento de justicia tributaria que permite cumplir con otro principio elemental: que quienes más tienen, más contribuyan.

Esta adecuación de la tarifa no impactará negativamente la reinversión de utilidades de las empresas, pues mientras esas utilidades se mantengan invertidas y generando crecimiento, el impuesto se determinará considerando la tasa del 25 por ciento.

En esta iniciativa se propone introducir en la Ley del Impuesto sobre la Renta el derecho de los padres de familia a deducir, en el monto que se determinaría en la propia ley y cumpliendo con los requisitos señalados en ésta, el pago por concepto de colegiaturas de sus hijos, de ellos o sus dependientes en línea directa. La deducción sería aplicable tanto para los niveles educativos señalados hoy en día como obligación del Estado en el artículo 3o. constitucional (preprimaria, primaria y secundaria) como para el nivel de bachillerato; esto último en virtud de que en el honorable Congreso de la Unión se encuentra en proceso de trámite legislativo una iniciativa de reforma al citado artículo constitucional para incluir como obligación del Estado proporcionar educación de nivel bachillerato, que seguramente merecerá el respaldo de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras.

Para hacer realidad la incumplida promesa de simplificación tributaria, a favor de las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial, proponemos que aquellas con ingresos de hasta un máximo anual de 20 millones de pesos puedan optar por un régimen simplificado, con una tasa anual fija del 5 por ciento sobre sus ingresos brutos, antes de cualquier deducción. Esas personas seguirían presentando declaraciones parciales, mensuales, aplicando la misma tasa del 5 por ciento, sin deducciones.

Conviene precisar que cuando una persona opte por el régimen simplificado, las autoridades fiscales solamente podrán realizar verificaciones, conforme a la ley, sobre sus ingresos, más no sobre los gastos, lo que viene a reforzar las garantías a favor del contribuyente.

Tratándose de los productores rurales, en la misma intención, antes expuesta, de conservar el estímulo que reciben en materia de impuesto al valor agregado, proponemos establecer que, en lo que hace al impuesto sobre la renta, el régimen opcional simplificado contemple un límite anual máximo de ingresos brutos de hasta cuatro millones de pesos, y que la tasa aplicable sea del 3 por ciento del ingreso bruto obtenido. Esta medida beneficiará a millones de productores minifundistas, tanto del sector social como del privado, cuya actividad principal sigue siendo la siembra de maíz.

Más adelante detallaremos otros aspectos importantes que contiene esta Iniciativa; por ahora queremos dejar establecido que, de acuerdo a los ejercicios de cálculo de impacto sobre la recaudación tributaria, el efecto de nuestras propuestas será crecientemente positivo conforme se avance en la reglamentación de las nuevas medidas y en la instrumentación de los procedimientos y sistemas que permitan su adecuada administración por parte de las autoridades hacendarias.

Los cálculos y proyecciones de impacto en la recaudación total de los impuestos a que se refiere esta Iniciativa nos indican que el efecto conjunto de las reformas en el impuesto sobre la renta, en el impuesto empresarial a tasa única y en el impuesto al valor agregado, producirán un efecto positivo en la Hacienda Pública del orden de un punto porcentual del PIS, de manera directa. Además, se obtendrán beneficios adicionales, estimados en el equivalente a medio punto porcentual del PIB, de la mayor eficiencia recaudatoria en la medida que maduren los efectos de la reforma, por el combate a la evasión y elusión fiscales y por la promoción de la formalidad.

Por el resultado esperado de las medidas antes expuestas, es que la presente iniciativa contempla una reforma a la Ley Federal de Derechos para otorgar un importante estímulo para la inversión en la que es y seguirá siendo la principal empresa del Estado, Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria de Exploración y Producción.

Considerando el período de ajuste que dichas autoridades requieren para la instrumentación de los nuevos sistemas, es que nuestra propuesta considera que la entrada en vigor de las medidas contenidas en el proyecto de decreto debe establecerse a partir del 1 de enero del año 2013. Lo anterior permitirá, además, que la presente administración pública federal concluya su mandato sin enfrentar incertidumbre respecto de las estimaciones de ingresos tributarios con que cuenta conforme a las normas legales y reglamentarias hoy vigentes.

III. Contenido detallado de la propuesta

Al tenor de los ejes rectores anteriores, pasamos ahora a detallar el contenido fundamental de nuestra propuesta, explicado para cada ley e impuesto:

A. Impuesto sobre la renta

Se propone modificar el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos preceptos regulan el régimen de las actividades empresariales de las personas morales, con base en lo siguiente:

• Sustituir el régimen de devengado por flujo de efectivo.

• Disminuir, gradualmente, la tasa nominal para personas morales, hasta ubicarla en 25 por ciento.

• Integrar en el impuesto sobre la renta los elementos más importantes del impuesto empresarial a tasa única, abrogando este último.

• Establecer un régimen opcional de tributación simple.

1. Régimen del flujo de efectivo

Las personas morales contribuyentes del impuesto sobre la renta, se encuentran obligadas actualmente a acumular los ingresos conforme estos se devenguen a su favor; igualmente, estos contribuyentes pueden realizar la deducción de sus gastos cuando éstos se devengan a cargo.

El concepto de devengado implica la obligación de acumular los ingresos o el derecho a deducir el gasto, aún cuando el primero no haya sido efectivamente percibido en efectivo, en bienes o en servicios, y el segundo no haya sido realmente erogado.

Tratándose de las inversiones en el régimen de devengado, éstas se deducen anualmente en el por ciento que corresponda al número de años de vida útil del bien de que se trate, o en un sólo ejercicio - deducción inmediata - aplicando una tasa de descuento sobre el valor de la inversión y en atención al número de años en que se depreciaría linealmente dicha inversión.

Asimismo, el régimen de devengado implica que la compra de mercancías, materias primas, productos terminados y semiterminados, se deduzca hasta el ejercicio en el que el bien sea enajenado y bajo la mecánica de costo de lo vendido.

Por último, este régimen aplicado a deudas y créditos impone la necesidad de reflejar los efectos fiscales de la inflación mediante el ajuste anual acumulable o deducible.

Llama particularmente la atención que tratándose de inversiones y de compras, el sistema es asimétrico ya que la acumulación del ingreso devengado por la enajenación es total en un sólo ejercicio –al devengarlo– en tanto que la deducción de estos bienes se prolonga por todo el periodo de vida útil de los mismos.

Esta asimetría se constituye en un elemento que desincentiva la inversión en activos fijos productivos y, por ende, en el desarrollo y crecimiento de las empresas mexicanas.

Cabe destacar que el régimen de devengado únicamente aplica a personas morales en el impuesto sobre la renta. Efectivamente, para efectos del impuesto al valor agregado y del impuesto empresarial a tasa única, estos contribuyentes están en un régimen de flujo de efectivo; más aún, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como de algunas personas morales, ya se observa también en flujo de efectivo.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone homologar el régimen de acumulación y deducción de las personas morales con actividades empresariales con el del impuesto al valor agregado con el propio impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma tal que la base del gravamen se reconozca en flujo de efectivo.

Con esta reforma, las personas morales que realicen actividad empresarial estarán obligadas a acumular los ingresos hasta el momento en el que efectivamente los mismos sean percibidos, tendrán derecho a efectuar las deducciones sólo cuando las erogaciones correspondientes hayan sido efectivamente realizadas.

Esta medida, además de eliminar la asimetría que hoy se observa en el impuesto sobre la renta empresarial, llevará el momento de pago al momento en el que se tienen los ingresos para efectuar el mismo, facilitando con ello el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitando cargas financieras implícitas en el anticipo impositivo del régimen de devengado.

Adicionalmente, debe destacarse que la deducción de las inversiones en flujo de efectivo, se traducirá en un impulso a la inversión y al crecimiento de la planta productiva de las industrias mexicanas y en un elemento promotor de la inversión extranjera.

Asimismo, el establecimiento del régimen de flujo de efectivo permitirá simplificar de manera importante la determinación de este impuesto, al resultar innecesarios los ajustes por inflación y cambiarios, al tiempo de permitir a las autoridades fiscales una fiscalización más eficiente a través del registro de operaciones en el sistema financiero.

2. Disminución de la tasa

Considerando que el promedio de las tasas impositivas en el impuesto sobre la renta de las personas morales de los sistemas tributarios de los países miembros de la OCDE es del 25 por ciento, estimamos procedente ubicar, gradualmente, a lo largo de un periodo que culminaría en el año 2015, en dicho nivel la tasa nominal de este gravamen en México.

Lo anterior, implica disminuir gradualmente la tasa nominal hasta ahora vigente, que es del 30 por ciento hasta 2012 –en los términos de la reforma aprobada en el año 2009– para disponer un esquema de transición que permita ubicarla en el 25 por ciento, en el año 2015.

Se aclara que esta disminución no implica una reducción equivalente en la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, ya que esta última, tenderá a incrementarse por las propias medidas establecidas en esta iniciativa.

Para tales efectos, la tasa del 30 por ciento se mantendría en vigor durante el presente y el siguiente ejercicio fiscales (2011-2012); en 2013 la tasa bajaría al 27 por ciento, anticipando la previsión vigente; en 2014 la tasa sería del 26 por ciento y para el ejercicio fiscal de 2015 se aplicaría la tasa objetivo de la reforma que proponemos, al quedar en el nivel del 25 por ciento. Para tales efectos, en las disposiciones transitorias aplicables a la Ley del Impuesto sobre la Renta se detallan las normas legales aplicables.

La disminución progresiva en la tasa nominal del impuesto sobre la renta, generará mayor ingreso disponible para que el sector productivo pueda reinvertir utilidades, y con ello, generar crecimiento económico, empleo y mejores remuneraciones para los trabajadores.

El sacrificio fiscal que esta medida pudiera implicar, no se transformará de manera directa en una utilidad adicional libre de gravamen para los empresarios, ya que nuestro sistema impositivo integra el impuesto empresarial con el impuesto personal, de forma tal que el primero es un anticipo del segundo.

Por tanto, las utilidades de las empresas pagarán, a partir del año 2015, el 25 por ciento sólo en la medida en que las mismas permanezcan invertidas en las empresas, pero podrán pagar una tasa mayor si los empresarios disponen de dicha utilidad toda vez que, en este último caso, la tasa nominal podría llegar al 35 por ciento en los términos de la tarifa del impuesto de las personas físicas.

Con esta medida, el impuesto sobre la renta empresarial se ubica de manera clara y previsible en niveles competitivos a nivel internacional; fomentará la reinversión de las utilidades de las empresas para el crecimiento y desarrollo de las mismas, así como de la planta laboral y de los salarios reales.

3. Integrar en el impuesto sobre la renta los elementos más importantes del impuesto empresarial a tasa única, abrogando éste

En el año 2008 entró en vigor el impuesto empresarial a tasa única; dicho gravamen, se causa cuando el impuesto sobre la renta en un ejercicio es menor al primero, de forma tal que se consideró un impuesto mínimo y de control, complementario al impuesto sobre la renta.

La recaudación estimada para este gravamen en el año 2008 –primer ejercicio de aplicación– fue de 69.7 miles de millones de pesos. Al cierre del ejercicio fiscal de 2010 la recaudación observada fue de 45 mil millones de pesos. Este sólo dato de la caída recaudatoria en un periodo muy corto –caída del 50 por ciento en sólo tres años–, sería suficiente para reanalizar la viabilidad de mantener en vigencia un impuesto que hace compleja la operación empresarial y cuya recaudación refleja una clara tendencia a la baja.

Además, en los hechos este impuesto ha afectado seriamente el desarrollo de la planta productiva en nuestro país, al constituirse en una carga fiscal adicional al impuesto sobre la renta. En efecto, actualmente las personas morales que pagan impuesto sobre la renta pueden distribuir sus utilidades –por las cuales ya se pagó el 30 por ciento– sin el pago de ningún impuesto adicional. Asimismo, quien percibe la utilidad por la que ya se pagó el impuesto sobre la renta, la acumula a sus demás ingresos y acredita el impuesto pagado por la empresa. Ello implica una carga fiscal integrada a una tasa nominal del 30 por ciento sobre las utilidades, lo cual se refleja de manera directa en la tasa interna de retorno esperada por quienes invierten capital en el sector productivo.

Con el impuesto empresarial a tasa única se paga un impuesto del 17.5 por ciento sobre los flujos remanentes de la producción. Sin embargo, cuando dichos flujos remanentes se constituyen en utilidad distribuible, sobre los mismos se causa el impuesto sobre la renta a la tasa del 30 por ciento de manera adicional, lo que implica, que la carga tributaria nominal en estos casos pueda alcanzar el 47.5 por ciento.

Lo anterior, incide de manera negativa en la inversión productiva nacional y extranjera, al afectar de manera directa la tasa interna de retorno de cualquier inversión, haciendo que nuestro país sea poco competitivo y limitando el potencial de desarrollo económico.

Adicionalmente, debe recordarse que al aprobarse la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, se estableció un periodo de tiempo para revisar la eficiencia de este impuesto y, en su caso, determinar su permanencia o su derogación considerando que dicho periodo ha llegado a su fin y el momento de revisar el gravamen es ahora.

Por lo anterior, en esta iniciativa se propone abrogar el impuesto empresarial a tasa única y trasladar, parcialmente, sus efectos de control al impuesto sobre la renta, de manera tal que la integración de ambos impuestos implique una mayor neutralidad en la carga directa que hoy enfrentan las actividades empresariales, sin perder recaudación y sin fomentar o permitir el uso de figuras elusivas sobre las cuales este impuesto tiene un efecto directo.

Con las consideraciones anteriores se analizaron los elementos reales que constituyen la base de este impuesto. Si bien, en términos legales la base se constituye por la diferencia entre los ingresos y las deducciones, en términos económicos la base está dada en función de los componentes que no son objeto de este impuesto, es decir, los sueldos y salarios, las regalías y los intereses, fundamentalmente.

El que los intereses no sean objeto del impuesto empresarial a tasa única implica, para quien los paga, la imposibilidad de deducirlos, lo que se transforma en una carga fiscal aplicable a la inversión. En efecto, el crecimiento en activos productivos de las empresas, tanto en México como en el resto del mundo, guarda una estrecha relación con la posibilidad de obtener financiamiento para la adquisición de activos; así, una carga fiscal sobre los costos financieros que enfrentan las empresas para su desarrollo, se estima como una barrera al crecimiento económico y a la generación de nuevos empleos.

Cabe destacar que resulta antieconómico el establecer un impuesto de control sobre el impuesto a la renta, cuyo resultado sea impedir que la base de este último crezca en la coyuntura económica. Además y hay que comentario, en materia de intereses ya existen en la Ley del Impuesto sobre la Renta los mecanismos de control necesarios para impedir una erosión artificial de la base gravable. Por ello, no se estima viable que al integrarse ambos impuestos continué la carga hoy existente sobre los intereses pagados.

Respecto de los sueldos y salarios, se estima que el impuesto empresarial a tasa única ha generado cambios en las conductas fiscales elusivas y evasivas, derivadas del amplio espectro de prestaciones exentas del impuesto sobre la renta personal. En efecto, en los últimos años se ha observado el crecimiento de figuras jurídicas creadas exprofeso para evadir el impuesto sobre la renta, teniendo como claro ejemplo de ello, a las sociedades cooperativas o empresas de servicios a través de las cuales se pretende desnaturalizar el concepto de pagos por la prestación de un servicio personal subordinado para simular el pago de prestaciones exentas.

Más aún, el crédito al salario, ahora denominado subsidio al empleo, ha dejado de ser un ingreso adicional disponible para los trabajadores y se ha convertido en un componente del sueldo o salario pagado por el Estado en sustitución del patrón.

Por lo anterior, consideramos necesario rescatar y mantener el efecto tributario que el impuesto empresarial a tasa única tiene actualmente en materia de sueldos y salarios, estableciendo la no deducción de las erogaciones efectuadas por este concepto y manteniendo las exenciones actualmente aplicables para los trabajadores que perciben dichos ingresos.

Se destaca que con este cambio los trabajadores no sufrirán efecto o impacto alguno, pues su régimen de tributación permanecerá sin cambio.

No obstante, también consideramos necesario el evitar una doble tributación sobre la fuente del salario que pudiera verificarse al no ser deducible para el patrón y sí acumulable para el trabajador. Por ello, se propone continuar con un crédito similar al que actualmente tiene la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, incorporándolo al impuesto sobre la renta y hasta por el monto resultante de aplicar la tasa del 25 por ciento sobre los ingresos gravados de los trabajadores, o con la tasa correspondiente a los períodos de transición.

Con la medida anterior, el impacto fiscal que pudiera sufrir el patrón, se equipara al que hoy tiene en el impuesto empresarial a tasa única, pero con los beneficios de poder aplicar los atributos fiscales propios del impuesto sobre la renta.

Igualmente, en materia de regalías coincidimos plenamente con la opinión expresada en el dictamen aprobatorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en el sentido de que sea identificado con claridad que los pagos por regalías han sido utilizados como medios para erosionar la base del impuesto sobre la renta, por lo que estimamos conveniente mantener la carga fiscal que actualmente establece la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, ahora en la Ley del Impuesto sobre la Renta, mediante la no deducción de los pagos efectuados por este concepto.

4. Establecer un régimen opcional de tributación simple

La presente iniciativa propone crear un régimen opcional para las personas morales y las personas físicas que realicen actividad empresarial, con ingresos anuales de hasta 20 millones de pesos, consistente en aplicar una tasa reducida - 5 por ciento - sobre el total de ingresos percibidos, sin deducción alguna.

Tratándose de los productores rurales, ese sistema simplificado aplicaría para aquellos con ingresos anuales de hasta. 4 millones de pesos, con una tasa reducida de 3 por ciento sobre los ingresos totales percibidos, igualmente sin deducción alguna.

Este régimen opcional se constituye así en una buena opción de simplificar el cumplimiento de la obligación de pago en el impuesto sobre la renta.

Cabe destacar que este régimen opcional no sería aplicable a aquellos contribuyentes que hoy aplican algún régimen de excepción en el propio impuesto sobre la renta; tal es el caso de quienes consolidan fiscalmente, de las sociedades de inversión de capitales que hoy gozan de un diferimiento de impuesto sobre la renta y de quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes, entre otros.

Si bien este régimen genera una facilidad de pago, consideramos necesario el que no genere efectos fiscales paralelos adversos al fisco federal o a terceros. Por ello, se regula de manera específica y neutral el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, así como de los dividendos que pueden distribuirse con cargo a la utilidad que ya pagó impuestos, a efecto de evitar un incremento irreal en la cuenta de utilidad fiscal neta.

Quienes opten por este régimen simplificado tendrán la garantía de que las autoridades fiscales solamente podrán revisar sus ingresos, pero no sus gastos.

B. Impuesto empresarial a tasa única

El impuesto empresarial a tasa única, en tan sólo tres ejercicios de vigencia ha perdido su potencial recaudatorio, tal como lo demuestran las cifras de recaudación observada al cierre del 2010. Por la integración de la base de este impuesto es previsible que la tendencia continúe siendo decreciente hasta estabilizarse en el valor de una base correspondiente al valor de las contraprestaciones al trabajo personal subordinado, exentas en el impuesto sobre la renta, así como al valor de los intereses.

Respecto del componente salarial de la base gravable del impuesto empresarial a tasa única y, como se señaló en el apartado anterior, éste se integraría al impuesto sobre la renta; por lo que hace a los intereses y como también ya se señaló, gravar estos equivale a establecer un impuesto al crecimiento de la actividad económica, es decir, a la inversión financiada en activos fijos, gastos, y cargos diferidos.

Por lo anterior, se propone la abrogación del impuesto empresarial a tasa única llevando como un gasto no deducible al impuesto sobre la renta el valor de la nómina exenta de este último gravamen, con lo cual, se mantiene el primordial elemento de control establecido en la ley cuya abrogación se propone, al tiempo de no impactar negativamente la recaudación Federal derivada de este gravamen.

C. Impuesto al valor agregado

Sin duda alguna, uno de los temas más sensibles en materia impositiva es el impuesto al valor agregado y mayormente en materia de alimentos. Por ello, las líneas generales de la propuesta que se pone a consideración de esta Legislatura, son las siguientes:

1) Establecimiento de una devolución garantizada de tres puntos de tasa sobre la general del 16 por ciento, recuperable para quienes adquieran bienes o servicios en el mercado formal.

2) Homologación territorial de la tasa general.

3) Establecimiento de una canasta básica alimentaria sujeta a tasa cero en el pago del impuesto al valor agregado, para mantener la protección a los sectores de menores y medianos ingresos.

4) Incrementar la recaudación y la eficiencia en el impuesto al valor agregado, cerrando brechas de evasión y elusión fiscales.

El impuesto al valor agregado entró en vigor en México en 1980, sustituyendo al impuesto sobre ingresos mercantiles, el cual tenía efectos económicos negativos por piramidarse en los costos de cada una de las etapas de producción, distribución y venta.

Desde su creación, el impuesto al valor agregado mostró su eficiencia al no impactar con cargas fiscales permanentes los costos de producción y venta y limitar la carga económica en el consumidor final, quien es el pagador único del gravamen.

En su origen, se estableció como una medida de apoyo, a las clases de menores ingresos, la exención de este impuesto en la enajenación de los productos alimenticios básicos. Para dicha exención, se señalaron, de manera taxativa en la propia ley, los productos cuya venta gozaban de este beneficio.

Posteriormente, esta exención sufrió una transformación de un impacto negativo trascendente en la recaudación y en las finanzas públicas. La exención se transformó en una tributación a la tasa del cero por ciento para todos los alimentos, sin distinción alguna.

En este punto cabe resaltar que cuando un acto o actividad está exenta del impuesto al valor agregado, el contribuyente que realiza esa actividad se constituye en el pagador del impuesto por todo el valor agregado previo a su actividad, de forma tal que la recaudación sólo se ve disminuida por el valor agregado efectivo posterior a la enajenación.

Por el contrario, la tasa cero implica que quien asume, para efectos económicos y de ingresos, el pago del impuesto al valor agregado sea el Estado mexicano, lo que no sólo impacta negativamente y de manera muy importante la recaudación, sino que también genera un enorme incentivo a la elusión y evasión fiscales.

La transformación de la exención a la aplicación de la tasa cero se acompañó también de una enorme ampliación del universo de productos a los cuales se les aplica el tratamiento de beneficio, al pasar de una enumeración taxativa de productos básicos –canasta básica alimentaria– a una norma genérica de destino del producto.

En efecto, como señalamos en la parte inicial de esta exposición de motivos, y ahora conviene reiterar a la letra: la tasa cero actualmente vigente, aplica a todos y cada uno de los productos destinados a la alimentación, sin importar si los mismos forman parte del consumo popular o del consumo de la población de mayores recursos; más aún, al aplicarse la tasa cero por ciento a todo producto destinado a la alimentación, el beneficio se otorga por destino, sin importar si el producto realmente es consumido como alimento o tiene un uso diferente.

Con lo anterior, se desnaturalizó el beneficio que originalmente pretendió otorgarse a los sectores de la población de menores ingresos y se convirtió en un subsidio generalizado altamente regresivo.

Basta analizar las últimas cifras de ingreso-gasto de los hogares, para darnos cuenta de que aproximadamente de cada 100 pesos de consumo afecto a la tasa del cero por ciento, solamente el 3 por ciento lo ejercen los dos primeros deciles de la población de menores ingresos en tanto que, casi el 50 por ciento es absorbido por los dos últimos deciles de la población de mayores ingresos.

Dicho de otra forma, para disminuir en tres centavos el costo de vida de los cinco millones de familias más pobres de este país, hay que subsidiar con cincuenta centavos a los cinco millones de familias más ricas.

Adicionalmente a esta enorme regresividad que se verifica en la aplicación de la tasa del cero por ciento en productos destinados a la alimentación, el sacrificio fiscal que ello implica, supera por mucho los niveles de gasto social en los rubros más importantes del país. En efecto, considerando cifras emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Informe de Finanzas Públicas, la reducción en ingresos por la tasa del cero por ciento en alimentos es del 1.3 puntos del PIB.

Adicional a este enorme sacrificio fiscal, los estudios más recientes en materia de impuesto al valor agregado demuestran que la segmentación de tasas –existencia de varias tasas– es el principal instrumento para la evasión y la elusión fiscal en este tipo de gravámenes.

En efecto, si medimos la eficiencia de los impuestos, observaremos que a menor número de tasas y de tratamientos preferenciales y a mayor ampliación de la base, la recaudación se incrementa tanto por el efecto sistémico como por la brusca disminución de las tasas de evasión.

Como ejemplo de lo anterior, tenemos el caso del impuesto al valor agregado aplicado en Chile cuya recaudación es superior a los 8 puntos del PIB, con una tasa del 18 por ciento, en tanto que en México, con una tasa de 16 por ciento dicha recaudación ronda 4 puntos del PIB. Así, la eficiencia del impuesto al valor agregado en Chile, por punto de tasa, duplica la eficiencia del impuesto al valor agregado en México, tanto por la inexistencia de segmentación de las tasas, como por la disminución de la evasión que ello produce, aun con una canasta básica alimentaria excluida de la cadena tributaria.

Adicionalmente, debe resaltarse que los impuestos al valor agregado tienen en su estructura una mecánica de autofiscalización y de autocontrol. En efecto, para que un contribuyente pueda acreditar el impuesto que a él le trasladan, debe, necesariamente, contar con un comprobante fiscal de la operación que dio lugar a dicho traslado; ello implica que nadie se sustraiga de la cadena tributaria pues, al intentar hacerla, impacta con el costo del impuesto al resto de dicha cadena.

Con base en lo anterior, las brechas de evasión y elusión fiscal las encontramos fundamentalmente en dos consideraciones:

• En la simulación de los productos cuyo destino no es la alimentación y que, aún y cuando se les da esta calidad de forma indebida, se les aplique la tasa del cero por ciento y obtener la devolución correspondiente.

• El mercado informal.

Con base en lo anterior y respecto de la tasa cero consideramos conveniente retomar el espíritu inicial de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y gravar los alimentos a la tasa general, dejando en tasa cero únicamente la canasta básica alimentaria que proponemos, la que, reiteramos, protege a la población de menores ingresos y a las clases medias.

Para ello se propone establecer en la propia ley, de manera limitativa, los bienes de la canasta alimenticia a los cuales será aplicable la tasa del cero por ciento.

Esta canasta está conformada por los productos alimenticios de mayor consumo y de mayor impacto en la economía de las familias de menores ingresos de nuestro país.

Precisamos que, conforme al Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado hoy vigente, en la categoría de “vegetales” están incluidos productos como el maíz, frijol, arroz, trigo y otros granos de consumo generalizado (de manera enunciativa, no limitativa, ya que también incluye productos como la lenteja, el haba y el garbanzo). Esa misma interpretación está presente en la iniciativa que sometemos a consideración del honorable Congreso de La Unión, por lo que, sin lugar a duda alguna, esos productos están incluidos en la canasta sujeta a tasa cero que proponemos.

Esta medida, se acompaña de una disminución de la tasa efectiva para pasar del 16 por ciento nominal al 13 por ciento como tasa efectiva, cuando los bienes se adquieran en el mercado formal, lo anterior en virtud de la devolución garantizada de tres puntos que se propone en la presente iniciativa.

Bajo esta mecánica, el efecto real que observarán las familias mexicanas que adquieran bienes en el comercio formal, será la de la disminución de la tasa del 16 por ciento nominal al 13 por ciento de tasa efectiva, en tanto que, quienes adquieran bienes en el mercado informal, al no tener derecho a esta devolución, no verán disminuido dicho costo.

Conjuntamente y para evitar evasión por la segmentación de las tasas, también se propone homologar al 16 por ciento la tasa reducida que hoy aplica en las fronteras, con el mismo mecanismo de devolución garantizada.

En síntesis, la reforma propone una disminución de la tasa efectiva para todos los contribuyentes, con el consecuente estímulo para reducir la informalidad y con ello ampliar la base de quienes pagan impuestos, acompañada del establecimiento de una canasta básica alimentaria sujeta a la tasa del cero por ciento en todo el país, eliminando los tratamientos preferenciales en las fronteras norte y sur del país, que son fuente de elusión y evasión en perjuicio de todos.

D. Código Fiscal de la Federación

De manera complementaria a las reformas establecidas, fundamentalmente en el impuesto al valor agregado, se estima necesario proponer reformas al Código Fiscal de la Federación en dos aspectos fundamentales:

• Justicia de ventanilla

• Que la información derivada de las devoluciones del impuesto al valor agregado no pueda ser utilizada para fines de fiscalización.

Actualmente, el Código Fiscal de la Federación establece para el caso de negativa de devolución de cantidades solicitadas por el contribuyente, dos medios de defensa aplicables: el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Los dos medios de impugnación con que cuenta el contribuyente para hacer valer su derecho a la devolución, están diseñados, en lo fundamental, para contribuyentes de mediana y gran capacidad económica y que pueden absorber, en su estructura de costos, los honorarios de profesionistas que se requieren para ejercer cualquiera de estas vías de acción. Sin embargo, los pequeños contribuyentes se ven, en los hechos, imposibilitados a ejercer sus derechos a través de estas vías ordinarias.

La situación anterior, sería aún más grave para aquellos consumidores finales que, en los términos de la reforma propuesta a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se ubiquen en la hipótesis de devolución garantizada y esta no se realice. Pretender que los procedimientos ordinarios hoy vigentes sean aplicados para la obtención de esta devolución implicaría, en los hechos, hacer nugatorio el derecho ante un acto arbitrario de la autoridad administrativa.

Por lo anterior, se propone establecer una vía de justicia expedita y eficaz, para cuyo ejercicio los contribuyentes no se vean obligados a contratar los servicios de un profesionista y cuyos resultados se constituyan, además, en un control de legalidad del actuar cotidiano del Servicio de Administración Tributaria.

Bajo esta tesitura, se estima conveniente que el procedimiento sea opcional pero limitado a devoluciones y siempre que el monto de éstas no exceda de cien mil pesos. Para otro tipo de inconformidades o para devoluciones de cantidades mayores, continuarán vigentes las vías de acción actualmente existentes.

Por último, es importante que la población que tendrá acceso a la devolución del impuesto al valor agregado en los términos propuestos en esta iniciativa, no sienta un infundado temor de que el ejercicio de este derecho puede producir actos de molestia en su persona por parte de las autoridades fiscales.

Por ello, se propone establecer en el Código Fiscal de la Federación que la información derivada y relativa a estas devoluciones de impuesto al valor agregado, no podrá ser utilizada por las autoridades fiscales como instrumento para la programación de auditorías, revisiones de gabinete u otras facultades de comprobación, a ejercerse directamente con los contribuyentes de que se trate.

Cabe señalar que esta medida de ninguna manera es un salvoconducto para quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales pues, para estos casos, las autoridades fiscales cuentan con facultades para hacer efectivo el cobro de las cantidades que, en justicia, corresponden cobrar como impuestos.

E. Ley Federal de Derechos

Nuestra propuesta consiste en establecer, con un esquema gradual aplicable a lo largo de los tres años siguientes, contados a partir de la entrada en vigor del decreto contenido en esta iniciativa, que Petróleos Mexicanos Exploración y Producción, pueda reflejar entre los factores de costo deducibles, para fines del pago de derechos, el costo en que se incurra por las inversiones que realice para la exploración, recuperación secundaria y mejorada, así como para el mantenimiento de la instalaciones productivas. Esto será un gran incentivo para la empresa paraestatal, a fin de dar prioridad a los proyectos para reponer reservas de hidrocarburos y para lograr incrementar el coeficiente de recuperación de los yacimientos que explota.

Estamos seguros de que tal medida permitirá fortalecer la capacidad de inversión de PEMEX y sus empresas subsidiarias, al empezar a solucionar el grave problema que enfrentan por la desmedida extracción fiscal de sus ingresos.

Por lo expuesto y fundado, los suscritos y suscritas senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, décimo sexto párrafo; 8, quinto párrafo; 9, cuarto párrafo; 10, primer párrafo; 11, primero, cuarto y último párrafos; 12, segundo párrafo; 13, sexto párrafo; 14, fracciones I y III; tercer y cuarto párrafos del artículo; 16, fracciones I y II, inciso a); 17, primer párrafo; 18; 20, fracciones II, V y X; 21, primer párrafo; 22, fracciones VIII y IX, tercer párrafo; segundo párrafo del artículo; 24, fracción II inciso b) y párrafo segundo del artículo; 29, fracciones II, IV y IX; 30, tercer párrafo; 31, fracciones II, VIII, IX, XIII y XV; 32, fracciones I y VII; 33, fracción VI y último párrafo del artículo; 36, segundo párrafo; 37, primero y quinto párrafos; 39, fracción III; 43, primer párrafo; 45, fracción II; 46, primer párrafo; 58, primer párrafo; 64, segundo párrafo; 71 segundo, tercero, quinto, sexto y séptimo párrafos; 71-A, fracción II, inciso c); 73, primer párrafo; 78, segundo y tercer párrafos; 88 tercer y quinto párrafos; 89, cuarto párrafo de la fracción I, tercer párrafo de la fracción II y séptimo párrafo del artículo; 107, segundo párrafo; 109, fracciones VIII, XVII, segundo párrafo; séptimo párrafo del artículo; 113 (tarifa); 123, fracción II, tercer párrafo; 124, primer párrafo; 127, primer párrafo; 130, primer párrafo; 136 primer párrafo; 142, fracción IV; 143, segundo párrafo; 148, último párrafo; 149, primer párrafo; 151, primer párrafo; 165, primer párrafo; 172, fracción X, segundo y tercer párrafos; 177 (tarifa); 193, fracción I; 215, segundo párrafo; 224, fracciones IV, V, IX, X, XIII, segundo y quinto párrafos y XIV, se adicionan los artículos 8, quinto párrafo, fracciones I, II, III y IV, pasando el actual quinto a ser sexto; séptimo, octavo, noveno incisos a), b) y c), pasando el actual sexto a ser décimo párrafo; 10, con un último párrafo; 10-A; 11, con un último párrafo pasando el actual último a ser penúltimo; 29, fracción XII; 32, fracciones XXVIII, XXIX y XXX; 36 con un noveno párrafo pasando el actual noveno a ser décimo; 45 último párrafo; 79, último párrafo; 92-A, 92-B, 92-C, 92-0, 92-E, 92-F; 145, último párrafo; 176, fracción IX; 215 con un tercer párrafo y se derogan los artículos 16, fracción I, incisos b) y c) y fracción II, incisos b) y d); 19; 20, fracciones VI y XI; 22 fracción VIII segundo párrafo; tercer párrafo del artículo; 29, fracciones VI y X; 31, fracciones X, XII, XVI, XX, XXI, XXII y XXIII; artículo 32, fracción XXVII y el último párrafo del artículo; 38; 42, fracción VII; la Sección III Del Costo de lo Vendido 45-A; 45-B; 45-C; 45-D; 45-E; 45-F; 45-G; 45-H; 45-1; 79, fracción IV; 80 fracción II; 81, cuarto párrafo; 84; 86, fracción XVII y segundo párrafo de la fracción XVIII; 124, segundo y tercer párrafos; 133, fracción XII; 151, segundo párrafo; 172, fracciones VII, segundo párrafo y XVI; 174; 220, 221; 221-A; de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

“ Artículo 6. ...

No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, cuando su retención o pago esté condicionado a su acreditamiento en los términos de esta ley. Igualmente, lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los contribuyentes que opten por determinar el impuesto sobre la renta a su cargo de conformidad con las disposiciones del Capítulo X, del Título II de esta ley.

...

Artículo 8. ...

Para los efectos de esta ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, cuyo concepto se señala a continuación:

I.Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desa-rrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro del curso normal de sus operaciones.

II.Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público concesionado.

III. Cargos diferidos son aquellos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la actividad de la persona moral.

IV. Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquellas que tienen por objeto la investigación y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que las erogaciones se efectúen antes de que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma constante. Tratándose de industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con la exploración para la localización y cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse.

Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas. La previsión social debe otorgarse .en forma general en beneficio de todos los trabajadores.

Asimismo, se considera previsión social, las aportaciones a los fondos de ahorro, cuando además de ser generales el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general del área geográfica que corresponda al trabajador, elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que se establezcan en el Reglamento de esta ley.

Igualmente, se considera previsión social los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores, cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se entreguen como pago único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes y los pagos de primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los trabajadores, del cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o de ascendientes o descendientes en línea recta, de dichos trabajadores.

Tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas se generen como parte del fondo de previsión social a que se refiere el artículo 58 de dicho ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas, los mismos se considerarán previsión social cuando cumplan con los siguientes requisitos:

a) Que el fondo de previsión social del que deriven se constituya con la aportación anual del porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General.

b) Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas a las siguientes reservas:

1. Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales.

2. Para formar fondos y haberes de retiro de socios.

3. Para formar fondos para primas de antigüedad.

4. Para formar fondos con fines diversos que cubran: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga.

c) Acreditar que al inicio de cada ejercicio la asamblea general fijó las prioridades para la aplicación del fondo de previsión social de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa.

...

Artículo 9o....

La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, se considerará como una operación de financiamiento; la cantidad que se obtenga por la cesión se tratará como préstamo, debiendo acumularse las rentas cobradas conforme al contrato, aun cuando éstas se cobren por el adquirente de los derechos. La contraprestación pagada por la cesión se tratará como crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá el tratamiento de interés.

...

Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 25 por ciento.

...

El contribuyente podrá optar por determinar el impuesto sobre la renta a su cargo de conformidad con este artículo o aplicando lo dispuesto en el Capítulo X del presente Título, siempre que, en este último caso, se cumpla con los requisitos que al efecto establece dicho capítulo.

Artículo 10-A. Las personas morales que determinen el impuesto sobre la renta a su cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley, podrán aplicar, en contra del impuesto causado en el ejercicio, un crédito fiscal consistente en el monto que resulte de aplicar el factor 0.25 al monto de las erogaciones efectivamente pagadas por los conceptos a que se refiere el Capítulo I, del Título IV de esta ley, considerando al efecto sólo aquellas erogaciones que sirvieron de base para calcular el impuesto sobre la renta de cada persona que percibió el ingreso.

El crédito fiscal aplicable en el ejercicio no excederá del monto del impuesto causado en el mismo. El contribuyente que no aplique en el ejercicio el crédito a que se refiere este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme a este precepto, perderá el derecho a hacerla en ejercicios posteriores.

La aplicación del crédito a que se refiere este artículo estará supeditada a que efectivamente se entreguen las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo tengan derecho a percibir los trabajadores, que se dé cumplimiento a los requisitos que regulan dicho subsidio y siempre que el impuesto que a ellos corresponda, en los términos del artículo 113 de esta ley, haya sido efectivamente enterado.

No será aplicable el crédito a que se refiere este artículo, tratándose de contribuyentes que opten por determinar el impuesto sobre la renta a su cargo en los términos del Capítulo X, del Título II de esta ley.

Artículo 11. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa del 35 por ciento sobre los dividendos o utilidades distribuidos. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa del 35 por ciento.

...

Cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece esta ley, en lugar de aplicar la tasa del 35 por ciento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las personas morales aplicarán la tasa del 10 por ciento al resultado de multiplicar dichos dividendos o utilidades por el factor 1.3333.

Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, que distribuyan dividendos provenientes de su cuenta de utilidad fiscal neta aplicarán la tasa del 10 por ciento al resultado de multiplicar dichos dividendos o utilidades por el factor 1.2307, y al resultado obtenido se le aplicará la reducción del 25 por ciento .

...

II. Para los efectos del artículo 88 de esta ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta calculada en los términos de dicho precepto, la cantidad que resulte de dividir el impuesto acreditado entre el factor 0.3333.

...

Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 165 fracciones I y II de esta ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre los mismos la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa del 35 por ciento.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a quienes tributen conforme a lo establecido en el Capítulo X del presente Título, de esta ley.

Artículo 12. ...

Para los efectos de esta ley, se entenderá que una persona moral residente en México se liquida, cuando deje de ser residente en México en los términos del Código Fiscal de la Federación o conforme a lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación en vigor celebrado por México. Para estos efectos, se considerarán enajenados todos los activos que la persona moral tenga en México y en el extranjero y como valor de los mismos, el de mercado a la fecha del cambio de residencia; cuando no se conozca dicho valor, se estará al avalúo que para tales efectos lleve a cabo la persona autorizada por las autoridades fiscales.

Para estos efectos, se considerará efectivamente cobrado el ingreso por la enajenación en la fecha en la que se cambie de residencia. De los ingresos que se determinen conforme a este artículo se podrá restar el saldo pendiente de deducir de los activos enajenados por liquidación. El impuesto que se determine se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.

...

Artículo 13....

Para los efectos de determinar la utilidad o la pérdida fiscal del ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso, en las deducción se incluirá la que corresponda a los bienes aportados al fideicomiso por el fideicomitente cuando sea a su vez fideicomisario y no reciba contraprestación alguna en efectivo u otros bienes por ellos, y siempre que además no hubiese deducido la erogación correspondiente a la adquisición de los mismos, considerando como costo de adquisición el monto original de la inversión actualizado aún no deducido o el costo promedio por acción según el bien de que se trate que tenga el fideicomitente al momento de su aportación al fideicomiso y ese mismo costo de adquisición deberá registrarse en la contabilidad del fideicomiso y en la cuenta del capital de aportación de quien corresponda. El fideicomitente que aporte los bienes a que se refiere este párrafo, no podrá efectuar la deducción de los mismos en la determinación de sus utilidades o pérdidas fiscales derivadas de sus demás actividades. No obstante lo anterior, cuando los contribuyentes hubiesen deducido la erogación por la adquisición de bienes aportados al fideicomiso, podrán optar por incluir en las deducciones correspondientes a la actividad empresarial realizada a través del fideicomiso el costo de adquisición de los mismos, siempre que acumulen a sus demás ingresos, en el ejercicio en que aporte el bien de que se trate, un monto equivalente a la cantidad cuya deducción proceda en el fideicomiso, cumpliendo al efecto los demás requisitos establecidos en este precepto; la deducción se ajustará a lo establecido en esta ley.

Artículo 14....

I.Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal o la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso, se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.

...

III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción que antecede, pudiéndose acreditar contra el impuesto por pagar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales, la retención que se hubiera efectuado al contribuyente en el periodo en los términos del artículo 58 de la misma, siempre que los ingresos por los que se efectuó la retención hayan sido efectivamente cobrados por el contribuyente, y el monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley, considerando para la determinación de éste último sólo las erogaciones efectivamente realizadas durante el periodo al que corresponde el pago provisional.

...

Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los efectos de este artículo, los intereses conforme se obtengan, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unidades.

Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando los conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo, considerando lo señalado en este párrafo.

...

Artículo 16....

I.A los ingresos acumulables del ejercicio en los términos de esta ley, se les sumarán los siguientes conceptos correspondientes al mismo ejercicio:

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b) (Se deroga)

c) (Se deroga)

...

II. ...

a) El monto de las deducciones autorizadas por esta ley.

b) (Se deroga)

...

d) (Se deroga)

...

Artículo 17. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero.

...

Artículo 18. Para los efectos del artículo 17 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen cuando sean efectivamente cobrados, salvo que en otros artículos de esta ley se establezca un supuesto diferente.

Para los efectos de esta ley, los ingresos se consideran efectivamente cobrados cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando correspondan a anticipos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a los ingresos.

En el caso de cheques se considerará que el ingreso se obtiene cuando el mismo sea cobrado o cuando el contribuyente lo transmita a un tercero, excepto que dicha transmisión sea en procuración.

Tratándose de deudas no cubiertas por el contribuyente se considerará que su monto es un ingreso efectivamente cobrado, en el mes en el que se consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el párrafo segundo de la fracción XVI del artículo 31 de esta ley.

Tratándose de ingresos por la enajenación de bienes o prestación de servicios independientes, que se exporten, en el caso de que no se perciba efectivamente el ingreso durante los 12 meses siguientes a aquel en el que se realice la exportación, se entenderá efectivamente percibido el ingreso en la fecha en que termine dicho plazo.

Artículo 19. (Se deroga).

Artículo 20....

II.Los ingresos derivados de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie.

...

V.La ganancia, derivada de la enajenación de títulos valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como los ingresos que deriven de la enajenación de activos fijos y terrenos, de la fusión o escisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. Tratándose de la enajenación por fusión, o escisión, el ingreso se considerara efectivamente percibido en la fecha en que ocurra el acto o hecho jurídico de que se trate; cuando se trate de reducción de capital o liquidación de sociedades a que se refiere este párrafo, se considerará efectivamente cobrado el ingreso cuando éste se perciba.

...

En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable el que derive de la transmisión de bienes en dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación.

VI. (Se deroga)

X.Los intereses devengados a favor efectivamente cobrados en el ejercicio, sin ajuste alguno.

XI. (Se deroga)

Artículo 21. Para determinar la ganancia por la enajenación de títulos valor que representen la propiedad de bie-nes, excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor cuyos rendimientos no se consideran intereses en los términos del artículo 9o. de la misma, de piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y de las piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación.

...

Artículo 22. ...

VIII. La ganancia acumulable o la pérdida deducible de las operaciones financieras derivadas referidas al tipo de cambio de una divisa, se determinará al vencimiento.

Segundo párrafo (Se deroga).

IX....

Las cantidades pagadas o percibidas por las operaciones descritas en esta fracción no se actualizarán.

Para los efectos de este artículo, se consideran cantidades iniciales, los montos pagados a favor de la contraparte de la operación financiera derivada por adquirir el derecho contenido en el contrato respectivo, sin que dicho pago genere interés alguno para la parte que la pague y que se hubieran deducido para efectos de este impuesto. Dichas cantidades se actualizarán por el periodo transcurrido entre el mes en el que se pagaron o se percibieron y aquél en el que la operación financiera derivada se liquide, llegue a su vencimiento, se ejerza el derecho u obligación consignada en la misma o se enajene el título en el que conste dicha operación, según sea el caso. La cantidad que se pague o se perciba por adquirir el derecho o la obligación a realizar una operación financiera derivada a que se refiere la fracción V anterior, se actualizará por el periodo transcurrido entre el mes en el que se pague o se perciba y aquél en el que se liquide o se ejerza el derecho u obligación consignada en la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación.

Tercer párrafo (Se deroga)

...

Artículo 29....

II.Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes, de servicios independientes o al uso o goce temporal de bienes, que se utilicen para la administración de las actividades de la empresa o la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, siempre que se cumpla con los requisitos que para su deducibilidad establezca esta ley.

Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la adquisición de bienes a que se refiere los artículos 9, 21 y 24 de esta ley, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en los citados preceptos.

...

IV. Las inversiones efectuadas en territorio nacional, se podrán deducir cuando efectivamente se pague el monto original de la inversión y hasta por el monto efectivamente erogado en el ejercicio. Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable tratándose de inversiones en bienes que se utilicen permanentemente en territorio nacional. En el caso de que el bien de que se trate no permanezca en territorio nacional durante el período de vida útil del mismo, el monto deducido se considerará ingreso efectivamente obtenido en el momento en que el bien de que se trate sea exportado.

...

VI. (Se deroga)

IX. Los intereses a cargo pagados en el ejercicio, sin ajuste alguno.

X. (Se deroga)

...

XII. Las erogaciones efectuadas en la adquisición de terrenos ubicados en territorio nacional. Tratándose de terrenos ubicados en el extranjero, la erogación, actualizada, se disminuirá del ingreso obtenido por su enajenación.

...

Artículo 30. ...

No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente ubicado en México a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando dichas remesas se hagan a título de honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho de utilizar patentes u otros derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por gestiones hechas o por intereses por dinero enviado al establecimiento permanente.

...

Artículo 31....

II. Que se encuentren efectivamente pagadas. Se consideran efectivamente pagadas cuando el acreedor las reciba en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a los ingresos.

...

VIII. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles los intereses pagados que se devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos; si en alguna de estas operaciones no se estipularan intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado u organizaciones auxiliares del crédito, en la realización de las operaciones propias de su objeto.

En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o para la realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos se efectúen a crédito, y para los efectos de esta ley dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente, los intereses pagados que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, sólo serán deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo sean.

...

IX. Que los pagos hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Sólo se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones.

...

X. (Se deroga)

XI. En los casos de asistencia técnica o de transferencia de tecnología, se compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México, y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo.

XII. (Se deroga)

XIII. ...

Si mediante el seguro se trata de resarcir al contribuyente de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, accidente o enfermedad, de técnicos o dirigentes, la deducción de las primas procederá siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en disposiciones de carácter general.

...

XV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación, siempre y cuando haya sido efectivamente erogado. Tratándose de ajustes a precios de mercado en mercancías de importación, que realicen partes relacionadas con posterioridad a la introducción en territorio nacional de los bienes adquiridos, la deducción adicional procederá siempre que dicho ajuste sea efectivamente erogado, que se cuente con el soporte documental correspondiente en los términos del artículo 86, fracción XV de esta ley y, en su caso, que se hayan pagado las diferencias correspondientes a otros impuestos, aranceles y, en su caso, las retenciones que se establecen en esta ley.

XVI. (Se deroga)

...

XX. (Se deroga)

XXI. (Se deroga)

XXII. (Se deroga)

XXIII. (Se deroga)

Artículo 32. ...

I.Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tampoco serán deducibles los pagos del impuesto a los depósitos en efectivo, a cargo del contribuyente.

...

VII. Los intereses devengados efectivamente pagados por préstamos o por adquisición, de valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como tratándose de títulos de crédito o de créditos de los señalados en el artículo 9o. de esta ley, cuando el préstamo o la adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o personas morales con fines no lucrativos.

...

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. Los pagos por concepto de regalías.

XXIX. Las erogaciones que, para quien las reciba, se consideren ingresos de los señalados en el artículo 110 de esta ley.

XXX. La adquisición de los bienes a se refiere el artículo 21 de esta ley, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en dicho precepto.

Último párrafo (Se deroga)

Artículo 33. ...

VI. El contribuyente únicamente podrá disponer de los bienes y valores a que se refiere la fracción II de este artículo, para el pago de pensiones o jubilaciones y de primas de antigüedad al personal o a los socios de las sociedades civiles, en su caso. Si dispusiere de ellos o de sus rendimientos, para fines diversos, cubrirá sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley.

Lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo no será aplicable si el fondo es manejado por una administradora de fondos para el retiro y los recursos del mismo son invertidos en una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro. Los pagos que se efectúen por pensiones o jubilaciones, con cargo a estas reservas, no se considerarán para los efectos del crédito establecido en el artículo 10-A de esta ley.

Artículo 36....

No se considerarán dentro de la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere el párrafo anterior, las erogaciones no deducibles conforme a esta ley; los gastos de operación y los financieros tampoco se incluirán en la estimación y en su caso se deducirán en los términos establecidos en esta ley.

...

Si de la comparación a que se refieren los tres párrafos anteriores resulta que el total de las erogaciones estimadas actualizadas deducidas son menores a las efectivamente realizadas actualizadas, la diferencia se deducirá en el ejercicio en el que se terminen de acumular los ingresos relativos a la obra o a la prestación del servicio de que se trate.

...

Artículo 37. Las inversiones realizadas fuera del territorio nacional así como aquellas que no se destinen de manera permanente a su uso en el país se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, de los por cientos máximos autorizados en esta sección, sobre el monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares.

...

Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente.

El contribuyente podrá no iniciar la deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por cientos máximos autorizados por esta ley. Igualmente, los contribuyentes que deduzcan las inversiones conforme al artículo 29, fracción IV de esta ley y durante el periodo de vida útil de dichas inversiones las exporten, perderán el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a este artículo y hasta el ejercicio en que el bien sea exportado.

...

Artículo 38. (Se deroga).

Artículo 39. ...

III. 15 por ciento para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción de los señalados en la fracción IV del presente artículo.

Artículo 42....

VII. (Se deroga)

Artículo 43. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra.

...

Artículo 45. ...

II.Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, deberá considerarse como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y el ingreso obtenido por la participación en la enajenación a terceros.

Lo dispuesto en este artículo, también será aplicable a las inversiones en territorio nacional.

Sección IIIDel Costo de lo Vendido

(Se deroga)

Artículo 46. Los integrantes del sistema financiero determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por inflación, como sigue:

...

Artículo 58. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, deberán calcular el impuesto sobre la renta el último día del mes de calendario de que se trate aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley sobre el monto de los intereses reales positivos devengados a favor del contribuyente durante dicho mes. La retención del impuesto sobre la renta se deberá efectuar el día siguiente a aquél en el que dicho impuesto se haya calculado. Esta retención se considerará como pago definitivo del impuesto sobre la renta y se enterará ante las oficinas autorizadas dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en el que se hubiese efectuado la misma. Las personas morales residentes en México deberán considerar la citada retención como pago provisional del impuesto sobre la renta hasta por el monto que corresponda a los intereses efectivamente percibidos en el ejercicio de que se trate, en tanto que los residentes en el extranjero estarán a lo dispuesto en el artículo 195 de la presente ley por los ingresos por intereses que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

...

Artículo 64....

La sociedad controladora que opte por considerar su resultado fiscal consolidado, deberá determinarlo conforme a lo previsto en el artículo 68 de esta ley. Al resultado fiscal consolidado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 10 de esta ley, en su caso, para obtener el impuesto a pagar por la sociedad controladora en el ejercicio. La sociedad controladora podrá determinar el monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley, por las erogaciones efectuadas por dicha sociedad y aplicarlo en contra del impuesto sobre la renta consolidado causado en el ejercicio; igualmente, la sociedad controladora podrá acreditar, contra el impuesto sobre la renta consolidado causado en el ejercicio, el monto del crédito que sus sociedades controladas determinaron en lo individual conforme al citado artículo 10-A de esta ley, sin que el monto acreditable exceda del impuesto que en lo individual cada sociedad haya causado en el ejercicio por el cual se efectúa el cálculo y considerando únicamente la participación consolidable.

...

Artículo 71. ...

La sociedad controladora deberá reconocer los efectos de la desincorporación al cierre del ejercicio inmediato anterior en declaración complementaria de dicho ejercicio. Para estos efectos, sumará o restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal consolidada de dicho ejercicio, el monto de las pérdidas de ejercicios anteriores a que se refiere el primer párrafo del inciso b) de la fracción I del artículo 68 de esta ley, que la sociedad que se desincorpora de la consolidación tenga derecho a disminuir al momento de su desincorporación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en que se restaron las pérdidas fiscales de la sociedad que se desincorpora para determinar el resultado fiscal consolidado, las utilidades que se deriven de lo establecido en los párrafos sexto y séptimo de este artículo, así como los dividendos que hubiera pagado la sociedad que se desincorpora a otras sociedades del grupo que no hubieran provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, multiplicados por el factor de 1.3333. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de sociedades controladas a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 68 de esta ley estarán a lo dispuesto en este párrafo siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse por la sociedad que las generó en los términos de la fracción XVII del artículo 32 de esta ley.

Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de acciones correspondientes a la sociedad que se desincorpora, se sumarán en la participación consolidable del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que dicha sociedad se desincorpore. La cantidad que resulte de multiplicar los dividendos a que se refiere el párrafo anterior por el factor de 1.3333 se sumará en su totalidad.

...

La sociedad controladora comparará el saldo del registro de utilidades fiscales netas de la controlada que se desincorpora con el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas. En caso de que este último fuera superior al primero se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente. Si por el contrario, el saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas fuera inferior al saldo del registro de utilidades fiscales netas de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3333. La controladora, en este último caso, podrá tomar una pérdida fiscal en los términos del artículo 61 de esta ley por un monto equivalente a la utilidad acumulada, la cual se podrá disminuir en la declaración del ejercicio siguiente a aquél en que se reconozcan los efectos de la desincorporación. El saldo del registro de utilidades fiscales netas consolidadas se disminuirá con el saldo del mismo registro correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad controladora comparará el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad controlada que se desincorpora con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada. En el caso de que este último sea superior al primero sólo se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora. Si por el contrario el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera inferior al de la sociedad controlada que se desincorpora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos multiplicada por el factor de 1.3333 y se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada el saldo de la misma cuenta correspondiente a la sociedad controlada que se desincorpora, hasta llevarla a cero.

Adicionalmente, la sociedad controladora deberá disminuir del pago provisional consolidado del mes en el que se verifique el supuesto de desincorporación, el monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley correspondiente a la sociedad que se desincorpora, que se hubiese acreditado en contra del pago provisional consolidado del mes anterior a aquel en el que se verificó el supuesto de desincorporación. Lo dispuesto en éste párrafo será igualmente aplicable cuando disminuya la participación consolidable de la sociedad controladora en una o algunas de sus sociedades controladas, en el monto que resulte de dicha disminución.

...

Artículo 71-A. ...

II. ...

c) Cuando el saldo del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada sea inferior al de las sociedades controladas y de la controladora, se considerará utilidad la diferencia entre ambos saldos y se multiplicará por el factor de 1.3333.

...

Artículo 73. La sociedad controladora que enajene el total o parte de las acciones de alguna de sus sociedades controladas, determinará el costo promedio por acción de dichas acciones de conformidad con los artículos 24 y 25 de esta ley.

Del costo promedio por acción de las acciones que enajene determinado conforme a este párrafo, disminuirá los dividendos actualizados pagados por la sociedad controlada por los que hubiera pagado el impuesto en los términos del primer párrafo del artículo 11 de esta ley de no haber consolidado fiscalmente, multiplicados por el factor de 1.3333 o de 1.5385, si los dividendos se pagaron después del 1° de enero de 2013, en la proporción que corresponda a dichas acciones. Dichos dividendos se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en que se pagaron y hasta el mes en que se enajene el total o parte de las acciones de la sociedad controlada. En el caso de que el resultado de multiplicar los dividendos actualizados por el factor de 1.3333 o de 1.5385, según corresponda, sea mayor que el costo promedio por acción de las acciones, el excedente formará parte de la ganancia. Cuando la enajenación de acciones de la sociedad controlada dé como resultado la desincorporación de dicha sociedad, no se disminuirán del costo promedio por acción de las acciones que se enajenen, los dividendos actualizados multiplicados por el factor de 1.3333 o de 1.5385, según corresponda, a que se refiere este párrafo, y se estará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 71 de esta ley.

Artículo 78. ...

El impuesto por los dividendos o utilidades que las sociedades que consolidan se hubieran pagado entre sí en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago, y que no se hubiera pagado al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago del impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta ley, se calculará aplicando la tasa del artículo 10 de esta ley vigente en el ejercicio fiscal en que dichos dividendos fueron pagados o dichas utilidades fueron distribuidas conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta ley o aplicando lo dispuesto en este último precepto citado tratándose de dividendos distribuidos a partir del 1 de enero de 2013.

La sociedad controladora podrá optar por calcular el pago del impuesto sobre la renta diferido por los dividendos o utilidades a que se refiere el párrafo anterior, aplicando la tasa del artículo 10 de esta ley vigente en el ejercicio fiscal en que se deba efectuar el pago del impuesto diferido, conforme a la mecánica que se establece en el primer párrafo del artículo 11 de esta ley. Para tal efecto, los dividendos o utilidades se actualizarán desde el mes en que se pagaron o distribuyeron y hasta el mes en que deba pagarse el impuesto diferido de conformidad con el artículo 70-A de esta Ley, tratándose de los dividendos o utilidades distribuidos con posterioridad al 1 de enero de 2013, el impuesto diferido por los dividendos o utilidades se calculará conforme al artículo 11 de esta ley, debiendo enterar directamente a las autoridades fiscales el monto que corresponda a la participación no consolidable.

Artículo 79. ...

IV. (Se deroga)

...

Las personas morales a que se refiere este artículo, podrán aplicar el régimen opcional establecido en el Capítulo X de este Título, únicamente respecto de sus ingresos propios, sin poder aplicarlo por los ingresos de sus integrantes, aún cuando en los términos de este capítulo, cumplan por cuenta de ellos con las obligaciones establecidas en esta ley.

Artículo 80. ...

II. (Se deroga)

...

Artículo 81. ...

Cuarto párrafo (Se deroga)

...

Artículo 84. (Se deroga)

Artículo 86. ...

XVII. (Se deroga)

XVIII. ...

Segundo párrafo (Se deroga)

Artículo 88. ...

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, los contribuyentes determinarán la utilidad fiscal neta del ejercicio, restando del resultado fiscal del ejercicio, disminuido de las partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 32 esta ley, el monto del impuesto que resulte de aplicar la tasa del 35 por ciento sobre dicho resultado fiscal.

...

Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la utilidad fiscal neta determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que se presente la declaración complementaria. Cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de presentación de la declaración referida, se deberá pagar, en la misma declaración, el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa del 35 por ciento a la cantidad que resulte de sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el impuesto correspondiente a dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe adicionar, se multiplicará la diferencia citada por el factor de 1 y al resultado se le aplicará la tasa del 35 por ciento. El importe de la reducción se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate.

...

Artículo 89. ...

I. ...

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 10 de esta ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.3333 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta ley.

...

II. ...

Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 10 de esta ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.3333 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de esta ley. Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la mencionada cuenta de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 11 de esta ley y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada cuenta. La utilidad que se determine conforme a esta fracción se considerará para reducciones de capital subsecuentes como aportación de capital en los términos de este artículo.

...

Título IIPersonas Morales

Capítulo XDel régimen opcional para actividades empresariales

Artículo 92-A. Las personas morales residentes en México, cuyos accionistas en su totalidad sean residentes en México, obligadas al pago del impuesto sobre la renta de conformidad con el presente Título, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de un monto equivalente a 4 millones 373 mil 342 unidades de inversión, en lugar de aplicar lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley, podrán optar por determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo, aplicando la tasa del 5 por ciento a la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio, sin deducción alguna.

Tratándose de personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubiesen excedido de un monto equivalente a 874 mil 668 unidades de inversión, podrán optar por determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la tasa del 3 por ciento a la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio, sin deducción alguna.

El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este Capítulo, no podrán aplicar el crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley.

Los contribuyentes que inicien actividades, podrán optar por aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo, siempre que estimen que sus ingresos no excederán los montos a que se refiere este artículo y no se ubiquen en los supuestos establecidos en el artículo 92-B de esta ley.

En el caso de que durante el ejercicio se exceda el límite de ingresos señalado en este artículo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, continuarán tributando en los términos de este Capítulo hasta el cierre del ejercicio, pero deberán determinar el impuesto a su cargo del mismo en los términos del artículo 10 de esta ley y considerarán los pagos provisionales efectuados como acreditables. En este caso, al determinar el impuesto del ejercicio podrán aplicar el crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley.

Artículo 92-B. Los contribuyentes que opten por tributar conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, deberán cumplir con las demás disposiciones previstas en esta ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en este capítulo.

Una vez ejercida la opción que establece este capítulo, el contribuyente deberá pagar el impuesto con base en la misma por lo menos durante los cinco ejercicios subsecuentes, incluso cuando durante dicho periodo se inicie el ejercicio de liquidación. Quienes paguen el impuesto conforme a este capítulo no podrán disminuir las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir al momento de ejercer la opción.

Las personas morales que tributen de conformidad con los Capítulos IV, VI, VII-A del presente Título; las sociedades de inversión de capitales que opten por aplicar lo dispuesto en el artículo 50 de esta ley, los integrantes del sistema financiero, los organismos descentralizados que realicen actividades empresariales ,las personas morales con fines no lucrativos que tributen en los términos del Título III de esta ley, las asociaciones en participación y los fideicomisos los residentes en el extranjero y las sociedades en liquidación no podrán optar por determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo conforme a este capítulo.

No será aplicable lo dispuesto en este capítulo por los ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero.

Artículo 92-C. Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en este capítulo, deberán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago.

El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes al que corresponda el pago, sin deducción alguna, la tasa del 5 por ciento o del 3 por ciento, según corresponda.

Artículo 92-D. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes que opten por tributar conforme a este capítulo, considerarán como renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, la que resulte de conformidad con el artículo 16 de esta ley.

Artículo 92-E. Los contribuyentes que opten por aplicar lo establecido en este capítulo, en lugar de aplicar lo establecido por la artículo 88 de esta ley llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta del régimen opcional. Dicha cuenta se adicionará anualmente con la utilidad fiscal neta del ejercicio la que resulte de acuerdo con lo siguiente:

I.El monto total de los ingresos obtenidos en el mismo, sin deducción alguna, se multiplicará por el coeficiente de utilidad que corresponda a dicho ejercicio.

II.Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior se le aplicará la tasa del 35 por ciento.

III.La utilidad fiscal neta del ejercicio se obtendrá de restar al monto obtenido conforme a la fracción I el monto que resulte conforme a lo previsto en la fracción II, ambas de este artículo.

El coeficiente de utilidad a que se refiere la fracción I de este artículo, se determinará dividiendo la utilidad que hubiese resultado para el mismo ejercicio en los términos del artículo 10 de esta ley, de no haber aplicado este régimen opcional, entre el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio, sin deducción alguna.

La cuenta a que se refiere este artículo será independiente de la que, en su caso, hubiesen llevado con anterioridad en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de esta ley.

Las personas que opten por tributar conforme a este Capítulo y que distribuyan dividendos que no provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 88 de esta ley ni de la cuenta de utilidad fiscal neta del régimen opcional a que se refiere este artículo, estarán a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de esta ley.

Cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta del régimen opcional a que se refiere este artículo los contribuyentes calcularan el impuesto que corresponda a dichos dividendos o utilidades aplicando a los mismos la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa del 35 por ciento.

Al impuesto determinado conforme al párrafo anterior se le restará el impuesto sobre la renta efectivamente pagado por dichas utilidades en los términos del artículo 92-A de esta ley y la diferencia se enterará conjuntamente con el pago provisional correspondiente tendrá el carácter de definitivo y no será acreditable.

Artículo 92-F. Las personas físicas que únicamente realicen actividades empresariales y que tributen conforme a las Secciones I y II, de Capítulo II, del Título IV de esta ley, podrán aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo y determinar y pagar el impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio aplicando al total de los ingresos obtenidos, sin deducción alguna, la tasa que corresponda en los términos del artículo 92-A de esta ley. La opción a que se refiere este precepto deberá ejercerse por todos los ingresos obtenidos por la actividad empresarial y deberá aplicarse por un periodo no menor de cinco ejercicios.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también podrá ser aplicado por las personas físicas que, además de los ingresos a que se refiere dicho párrafo, obtengan ingresos del Capítulo VI, del Título IV de esta ley, aún cuando por estos ingresos no será aplicable la opción a que se refiere el presente Capítulo.

Quien ejerza la opción a que se refiere este artículo, no podrá aplicar las deducciones autorizadas en el artículo 176 de esta ley.

Quienes apliquen lo dispuesto en este artículo estarán a lo señalado en el artículo 132 de esta ley, para los efectos de determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, su declaración anual en el mes de abril del año siguiente al ejercicio que se deba declarar. Asimismo deberán efectuar los pagos provisionales que correspondan conforme a lo previsto por el artículo 92-C de esta ley.

Artículo 107. ...

Para los efectos de este artículo también se consideran erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes y los depósitos en cuentas bancarias o en inversiones financieras. No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras ni los traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado, ni los depósitos efectuados a las cuentas del contribuyente por la autoridad fiscal cuando éstos deriven de cantidades cuya devolución proceda conforme a las leyes.

...

Artículo 109. ...

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando cumplan con lo establecido en el artículo 8 de esta ley.

...

XVII. ...

Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social y siempre que en el caso del seguro que cubre la muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las personas relacionadas con el titular a que se refiere la fracción I del artículo 176 de esta ley y se cumpla con lo establecido en el artículo 8 de esta ley. La exención prevista en este párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de seguros o su colectividad.

...

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos que para ser considerados previsión social establece el artículo 8 de esta ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta ley.

Artículo 113. ..

Artículo 123. ...

II. ...

En el caso de ingresos por enajenación de acciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 24 de esta ley.

...

Artículo 124. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la deducción por inversiones aplicando lo dispuesto en los artículos 29, fracción IV o 37 de esta ley, según corresponda. Para estos efectos, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 8 de esta ley.

...

Segundo párrafo (Se deroga)

Tercero párrafo (Se deroga)

Articulo 127. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. Al monto determinado como impuesto a cargo en el pago provisional, se le podrá disminuir el crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley, considerando, para este último, sólo las erogaciones efectivamente realizadas en el periodo al que corresponde el pago provisional y aplicando la tasa que corresponda conforme a la tarifa del artículo 113 de esta ley, sobre el monto de dichas erogaciones, en sustitución del factor 0.25, siempre que además se hayan cumplido los demás requisitos establecidos en el citado artículo 10-A de esta ley.

No procederá la aplicación del crédito establecido en este párrafo cuando los contribuyentes opten por la deducción del 35 por ciento establecida en el segundo párrafo del artículo 142 de esta ley.

...

Artículo 130. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 177 de esta ley.

Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate.

A la utilidad fiscal así determinada, se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; el resultado será la utilidad gravable. Los contribuyentes calcularán el monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley, considerando para éste sólo las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio y, en lugar de aplicar el factor 0.25, aplicarán sobre dichas erogaciones la tasa que corresponda conforme al artículo 177 de esta ley, la cantidad que resulte la podrán acreditar en contra del impuesto sobre la renta a su cargo en el ejercicio y hasta por el monto del impuesto sobre la renta que corresponda a la utilidad gravable a que se refiere este artículo, sin considerar los demás ingresos que pudieran resultar acumulables en el mismo ejercicio y aplicando sobre dicha utilidad fiscal la tarifa del artículo 177 de esta ley; siempre y cuando además se cumplan los requisitos previstos en el citado artículo 10-A de esta ley.

...

Artículo 133. ...

XII. (Se deroga)

...

Artículo 136. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 134 de esta ley, deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos conforme al artículo 29, fracción IV de esta ley.

...

Artículo 142. ...

IV. Las comisiones y honorarios efectivamente pagados, siempre que dichas erogaciones no se consideren, para el perceptor, como ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de esta ley.

...

Artículo 143. ...

El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 127 de esta ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 142 de la misma, correspondientes al mismo periodo. Al monto determinado como impuesto a cargo en el pago provisional, se le podrá disminuir el crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley, considerando, para este último, sólo las erogaciones efectivamente realizadas en el periodo al que corresponde el pago provisional y la tasa que corresponda al monto de dichas erogaciones conforme a la tarifa del artículo 113 de esta ley, en sustitución del factor 0.25, y siempre que se hayan cumplido los demás los requisitos establecidos en el citado artículo 10-A de esta ley. No procederá la aplicación del crédito establecido en este párrafo cuando los contribuyentes opten por la deducción del 35 por ciento establecida en el segundo párrafo del artículo 142 de esta ley.

...

Artículo 145. ...

Los contribuyentes calcularán el monto del crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley considerando únicamente las erogaciones efectivamente realizadas y la tasa que conforme al monto de dichas erogaciones corresponda conforme a la tarifa del artículo 177 de esta ley, en sustitución del factor 0.25, y lo podrán acreditar en contra del impuesto sobre la renta que resulte a su cargo en el ejercicio; en este caso, el monto máximo que los contribuyentes podrán acreditar en la declaración del ejercicio, será hasta por el monto del impuesto sobre la renta que corresponda a la utilidad derivada de los ingresos a que se refiere este Capítulo, sin considerar los demás ingresos acumulables que pudiera haber tenido el contribuyente, y aplicando al efecto la tarifa del artículo 177 de esta ley. Además, deberán haber cumplido los requisitos previstos en el citado artículo 10-A de esta ley, no podrán aplicar el crédito a que se refiere este párrafo, los contribuyentes que opten por aplicar la deducción del 35 por ciento a que se refiere el segundo párrafo del 142 de esta ley.

Artículo 148. ...

Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran pérdidas en la enajenación de acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de esta ley, siempre que tratándose de acciones, de los certificados de aportación referidos y partes de partes sociales, se cumpla con los requisitos que fije el Reglamento de esta ley.

La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en enajenación de bienes inmuebles, se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deduzca.

Artículo 149. Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente:

...

Artículo 151. Para actualizar el costo comprobado de adquisición de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue:

...

Segundo párrafo (Se deroga)

...

Artículo 165. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por dividendos o utilidades. Asimismo, dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la constancia a que se refiere la fracción XIV del artículo 86 de esta ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa 35 por ciento al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad por el factor de 1.5385.

...

Artículo 172. ...

VII. ...

Segundo párrafo (Se deroga)

X....

Tratándose de intereses pagados en los años anteriores a aquél en el que se inicie la explotación de los bienes dados en arrendamiento y que no hubiesen sido deducidos al erogarse, éstos se podrán deducir, procediendo como sigue:

Se sumarán los intereses pagados de cada mes del ejercicio correspondientes a cada uno de los ejercicios improductivos. La suma obtenida para cada ejercicio improductivo se actualizará con el factor de actualización correspondiente desde el último mes de la primera mitad del ejercicio de que se trate y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que empiecen a producir ingresos el bien o los bienes de que se trate.

...

XVI. (Se deroga)

Artículo 174. (Se deroga)

Artículo 176. ...

IX. Las erogaciones efectuadas por concepto de colegiaturas en instituciones de educación privada, que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la ley General de Educación, erogadas a favor del propio contribuyente, de su cónyuge o de la persona con quien viva en concubinato o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. El monto máximo de la deducción anual por cada beneficiario no podrá exceder de las cantidades que a continuación se señalan por nivel educativo:

Para aplicar la deducción de las erogaciones a que se refiere esta fracción, los contribuyentes deberán efectuar el pago correspondiente mediante cheque nominativo, traspasos de cuenta en Instituciones de Crédito, Casas de Bolsa, tarjeta de crédito, débito o de servicios y deberán recabar de las instituciones educativas el comprobante respectivo.

Los montos máximos establecidos en este artículo se actualizarán anualmente conforme al índice nacional de precios al consumidor.

Artículo 177. ...

Artículo 193. ...

I.Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes de personas morales extranjeras a la oficina central de la sociedad o a otro establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la cuenta de remesas de capital del residente en el extranjero, respectivamente. En este caso, el establecimiento permanente deberá enterar como impuesto a su cargo el que resulte de aplicar la tasa del 35 por ciento. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto sobre la renta que se debe adicionar a los dividendos o utilidades distribuidos, se multiplicará el monto de dichas utilidades o remesas por el factor de 1.5385 y al resultado se le aplicará la tasa del 35 por ciento.

...

Artículo 215. ...

En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. Para estos efectos, se considerará efectivamente cobrado en el ejercicio respecto del cual la autoridad determine el monto o precio de la contraprestación.

...

Artículo 220. (Se deroga)

Artículo 221. (Se deroga)

Artículo 221-A. (Se deroga)

Artículo 224. Los fideicomisos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 223 de esta ley, estarán a lo siguiente:

...

IV. El fiduciario deberá retener a los tenedores de los certificados de participación el impuesto sobre la renta por el resultado fiscal que les distribuya aplicando la tasa del 25 por ciento sobre el monto distribuido de dicho resultado, salvo que los tenedores que los reciban estén exentos del pago del impuesto sobre la renta por ese ingreso. Igualmente el fiduciario determinará el crédito a que se refiere el artículo 10-A de esta ley, y en su caso lo dividirá entre el número de certificados de participación.

V. Los tenedores de los certificados de participación que sean residentes en México o residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país acumularán el resultado fiscal que les distribuya el fiduciario o el intermediario financiero provenientes de los bienes, derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de dichos certificados, sin deducir el impuesto retenido por ellos, y las ganancias que obtengan por la enajenación de los citados certificados, salvo que estén exentos del pago del impuesto por dichas ganancias, y podrán acreditar el impuesto que se les retenga por dicho resultado y ganancias, contra el impuesto sobre la renta que causen en el ejercicio en que se les distribuya o las obtengan. Asimismo los tenedores podrán acreditar el monto del crédito que determine el fiduciario en términos del artículo l0-A de esta ley que en lo individual le corresponda.

...

IX. Cuando se enajene alguno de los bienes inmuebles fideicomitidos antes de haber transcurrido el periodo mínimo al que se refiere la fracción IV del artículo 223 de esta ley, la fiduciaria deberá pagar, dentro de los quince días siguientes al de la enajenación, el impuesto por la ganancia que se obtenga en dicha enajenación, que resulte de aplicar la tasa del 25 por ciento al monto de dicha ganancia determinado en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta ley, por cuenta de los tenedores de los certificados de participación, sin identificarlos, y este impuesto será acreditable para los tenedores a los cuales la fiduciaria les distribuya dicha ganancia, siempre que ésta sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la distribución de esa ganancia.

X.Cuando el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes fideicomitidos sea mayor al monto distribuido del mismo a los tenedores de los certificados de participación hasta el 15 de marzo del año inmediato posterior, la fiduciaria deberá pagar el impuesto por la diferencia, aplicando la tasa del 25 por ciento a esa diferencia, por cuenta de los tenedores de los referidos certificados, sin identificarlos, dentro de los quince días siguientes a esa fecha, y el impuesto pagado será acreditable para los tenedores de dichos certificados que reciban posteriormente los ingresos provenientes de la citada diferencia, siempre que sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto por la distribución de dicha diferencia.

...

XIII. ...

Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 25 por ciento al monto de la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes inmuebles y deberá pagarse dentro de los quince días siguientes a la enajenación de los certificados de participación correspondientes.

...

Para los contribuyentes del impuesto sobre la renta será acumulable la ganancia en el ejercicio en que enajenen los certificados o la fiduciaria enajene los bienes fideicomitidos, actualizando su monto por el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso hasta el mes en que se enajenaron los certificados o los bienes inmuebles, y el impuesto pagado conforme a lo dispuesto en esta fracción se considerará como pago provisional del impuesto de dicho ejercicio.

...

XIV. Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso que sean arrendados de inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir el pago del impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes hasta el momento en que termine el contrato de arrendamiento, siempre y cuando no tenga un plazo mayor a diez años, o el momento en que el fiduciario enajene los bienes inmuebles aportados, lo que suceda primero. Al terminarse el contrato de arrendamiento o enajenarse los bienes inmuebles por el fiduciario se pagará el impuesto causado por la ganancia que resulte de aplicar la tasa del 25 por ciento al monto actualizado de dicha ganancia por el periodo transcurrido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso hasta el mes en que se termine el contrato de arrendamiento o se enajenen los bienes por el fiduciario.”

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Articulo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de esta ley, se estará a lo siguiente:

I. En relación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente:

1. Para los efectos del primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2013 se aplicará la tasa del 27 por ciento, en el ejercicio fiscal de 2014 la tasa del 26 por ciento y en el ejercicio de 2015 la tasa del 25 por ciento.

2. Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se deba aplicar el factor 1.3333, durante el ejercicio fiscal de 2013 se aplicará el factor 1.3698, y durante el ejercicio fiscal 2014 se aplicará el factor 1.3513.

3. Cuando conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta se daba aplicar el factor 0.3333, durante el ejercicio fiscal de 2013 se aplicará el factor 0.3698, y durante el ejercicio fiscal de 2014 se aplicará el factor 0.3513.

II.Lo dispuesto en el artículo 10-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no será aplicable contra el impuesto sobre la renta correspondiente a los ejercicios anteriores a la entrada en vigor de este decreto.

III. Para la determinación de los pagos provisionales del ejercicio inmediato siguiente a la entrada en vigor de este decreto, los contribuyentes, en la determinación del coeficiente de utilidad, no considerarán la deducción que en su caso hubiesen efectuado en los términos del artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, pudiendo aplicar, en su caso, el por ciento de deducción correspondiente al bien de que se trate conforme a la Sección II del Capítulo II del Título II de esa ley.

IV. Las reformas al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serán aplicables para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal en que entra en vigor el presente decreto y los subsiguientes.

V.Los contribuyentes del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen acumulado los ingresos devengados a favor no cobrados, en los términos de dicha Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán no acumularlos cuando los mismos sean efectivamente cobrados con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto.

Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen acumulado ingresos derivados de contratos de obra inmueble, en los términos del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán no acumular dichos ingresos cuando los mismos sean efectivamente cobrados.

Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen celebrado contratos de arrendamiento financiero o realizado enajenaciones a plazos, y hubiesen optado por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, no podrán acumular las cantidades efectivamente cobradas con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto, correspondientes a los montos previamente acumulados.

Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este artículo deberán identificar, en sus registros contables, aquellas operaciones e ingresos que no habiéndose cobrado en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito que se acumularon en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, y vincularlos debidamente con los registros contables al momento en que los ingresos sean efectivamente cobrados.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias para el control y en su caso fiscalización de estos ingresos.

VI. Para los efectos del artículo 9-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se entenderá por saldo pendiente de deducir el monto original de la inversión que corresponda al activo fijo, gasto o cargo diferido de que se trate disminuido del monto deducido conforme a los artículos 39, 40 y 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto.

En el caso de activos fijos por los que se hubiera optado por efectuar la deducción inmediata en los términos del artículo 220 de dicha ley, vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, se considerará como saldo pendiente por deducir el que hubiera correspondido de no haber optado por dicha deducción, en cuyo caso, se aplicarán los porcientos máximos de deducción establecidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes, hasta el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo al tipo de bien del que se trate.

VII. Los contribuyentes que hubiesen adquirido terrenos, cuya contraprestación no hubiese sido deducible conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, al momento de enajenar dichos terrenos en lugar de acumular el ingreso obtenido podrán determinar y acumular la ganancia que resulte de restar al ingreso obtenido por la enajenación, el monto original de la inversión, ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se realice la enajenación. Tratándose de personas físicas se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas físicas en lugar de acumular la ganancia podrán aplicar lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley del Impuesto sobre la Renta siempre que cumplan con lo establecido en dicho precepto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior en ningún caso será aplicable a los contribuyentes que optaron por deducir los terrenos conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, ni a los contribuyentes que hubiesen aplicado lo dispuesto en la fracción LXXXVI del Artículo 2 de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de enero de 2002, ni quienes, al amparo de cualquier otro precepto, hubieran efectuado la deducción al adquirir dicho terrenos.

Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable para las personas físicas que obtengan ingresos de los señalados en el Capítulo IV del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por la enajenación de bienes inmuebles, cuyo monto original de la inversión no se hubiese deducido.

Los contribuyentes que efectúen las deducciones a que se refiere esta fracción y sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate. Tratándose de personas físicas dicha pérdida se podrá disminuir en el año en que se sufra o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

VIII. Los contribuyentes que conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, hubiesen acumulado la ganancia o deducido la pérdida al cierre del ejercicio fiscal de 2012, por operaciones financieras derivadas referidas a un tipo de cambio de divisas cuya fecha de vencimiento sea posterior a la entrada en vigor de este decreto, deberán disminuir o adicionar, según corresponda, la ganancia o la pérdida acumulada o deducida, del resultado neto de la operación cuyo ejercicio o cancelación se verifique con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto.

IX. Los contribuyentes que durante el periodo transcurrido entre el primero de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012 hubiesen adquirido mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados, que al 1° de enero de 2013 se encuentren en su inventario y cuya deducción se encuentre referida al momento de su acumulación por enajenación por formar parte del costo de lo vendido en los términos de la Sección III, del Capítulo II, del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, deberán continuar aplicando lo dispuesto en dicha Sección por la enajenación que de dichos bienes realicen con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto. Lo dispuesto en este párrafo únicamente será aplicable a los bienes por cuya adquisición la contraprestación correspondiente haya sido efectivamente pagada, total o parcialmente, antes del 31 de diciembre de 2012.

Cuando se enajenen los bienes a que se refiere el párrafo anterior y no sea efectivamente cobrada el total de la contraprestación que corresponda a dicha enajenación, la deducción del costo de lo vendido se aplicará en la proporción que represente, en el ejercicio de que se trate, el ingreso efectivamente percibido respecto del total de la contraprestación pactada.

Tratándose de los bienes a que se refiere el primer párrafo cuya contraprestación por la adquisición sea efectivamente pagada en su totalidad con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, los contribuyentes podrán deducir dicha erogación, en cuyo caso no serán aplicables las disposiciones de la Sección III, del Capítulo II, del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto.

Para los efectos de esta fracción, los contribuyentes deberán levantar un inventario físico de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, al 31 de diciembre del 2012 que fueron adquiridas en el periodo transcurrido entre el 1° de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2012 identificando el valor de los bie-nes cuya contraprestación se pagó antes del 31 de diciembre de 2012 y el que se pagó o pagará posteriormente y entregarlo a las autoridades fiscales a más tardar el 15 de febrero del año inmediato siguiente. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria, podrá emitir reglas de carácter general para el registro, contabilidad y en su caso fiscalización de los inventarios por los cuales se aplique la opción establecida en esta fracción.

Los contribuyentes que apliquen la opción establecida en este precepto, en cuyo inventario existan mercancías iguales a las adquiridas con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, considerarán, al momento de enajenarlas, que las últimas entradas son las primeras salidas.

Cuando los bienes reportados en el inventario a que se refiere esta fracción, por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente pierdan su valor, se podrá efectuar la deducción correspondiente, siempre que los mismos no hayan sido deducidos previamente y se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados a que se refiere este párrafo, siempre que antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de dicha ley.

Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen efectuado erogaciones por la adquisición de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, y a la entrada en vigor de este decreto no les hubieran sido físicamente entregados y, por ende, no se encuentren en el inventario a que se refiere esta fracción, deberán aplicar lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente antes de la entrada en vigor de este decreto, respecto de dichos bienes; en caso de existir alguna otra erogación por dichos bienes en fecha posterior a la entrada en vigor del presente decreto la misma no será deducible, cuando se erogue y, en su caso, formará parte del costo de lo vendido. Cuando se enajenen los bienes a que se refiere este párrafo y no sea efectivamente cobrada el total de la contraprestación que corresponda a dicha enajenación, la deducción del costo de lo vendido se aplicará en la proporción que represente el ingreso efectivamente percibido respecto del total de la contraprestación pactada.

Lo dispuesto en esta fracción se aplicará con independencia de lo establecido en las fracciones IV y V del artículo 3o. del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004.

Cuando los contribuyentes deduzcan la adquisición de bienes en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y éstos se deterioren o pierdan su valor por causas no imputables al propio contribuyente, su destrucción no se considerará como faltante de inventarios en la determinación que puedan hacer las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, siempre que se hayan ofrecido en donación conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

Las deudas correlativas a las deducciones efectuadas en el ejercicio fiscal de 2012 y en los ejercicios anteriores, que efectivamente se eroguen con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto, serán deducibles, en su caso, conforme a las disposiciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2012.

X.Los contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre Renta que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen realizado operaciones en moneda extranjera, estarán a lo siguiente:

1. Tratándose de contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, hubieran deducido la adquisición de bienes o de servicios cuyo pago se verifique en moneda extranjera con posterioridad al 1° de enero del 2013, determinarán la ganancia o la pérdida cambiaria, acumulable o deducible según corresponda, considerando la fluctuación de la moneda ocurrida entre el último día del ejercicio en que se efectuó la deducción y el día en que la misma se pague.

2. En el caso de los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubieran acumulado ingresos devengados en moneda extranjera cuyo cobro efectivo se verifique después del 1° de enero del 2013, acumularán o deducirán adicionalmente, según corresponda, la ganancia o la pérdida cambiaria deducible, considerando la fluctuación de la moneda ocurrida desde el día en que se acumuló el ingreso y hasta el día en que el mismo efectivamente se cobre.

3. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubieran contraído obligaciones o adquirido derechos por operaciones diferentes a las señalada en los numerales 1 y 2 de este precepto, cuya solventación en moneda extranjera se verifique a partir del 1 de enero del 2013, ajustarán el ingreso acumulable o la erogación deducible, con la ganancia o la pérdida cambiaria que resulte en dicha operación al momento de su solventación. En este caso, se dará el tratamiento de interés en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta a la ganancia o la pérdida cambiarias que resulte.

Para los efectos de este precepto la pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, establecidas por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se solvente la obligación.

XI. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen efectuado inversiones en los términos de la Sección II, del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que no hubiesen sido deducidas en su totalidad con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, aplicarán la deducción de dichas inversiones conforme a la citada Sección II del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, únicamente sobre el saldo pendiente de deducir en los términos de dicha Sección y considerando como monto original de la inversión el que correspondió en los términos de la misma.

Cuando los contribuyentes enajenen los bienes de activo fijo a que se refiere el párrafo anterior, podrán disminuir del ingreso acumulable efectivamente cobrado, la parte del monto original de la inversión deducible, no deducida hasta ese ejercicio, actualizada; si la contraprestación por la enajenación se cobra parcialmente, la deducción se aplicará en la proporción que corresponda al ingreso percibido, respecto del total de la contraprestación pactada.

Igualmente si los bienes de que se trata dejan de ser útiles para la obtención de ingresos o se pierden por caso fortuito o fuerza mayor, los contribuyentes podrán deducir en el ejercicio en que ello ocurra la parte del monto original de la inversión deducible aún no deducida, actualizada.

Tratándose de contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen aplicado el estímulo establecido en el artículo 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicarán lo dispuesto en las fracciones II y III del artículo 221 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, cuando los bienes de que se trate se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles.

Tratándose de contribuyentes que se encuentren en proceso de fabricación de bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación, aplicarán sobre dichos bienes las disposiciones de la Sección II del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta antes de la entrada en vigor de este decreto, considerando como monto original de la inversión el total de las erogaciones efectuadas para la adquisición o fabricación de dichos activos hasta antes de la entrada en vigor de este decreto y, podrán deducir conforme al artículo 29, fracción IV, las erogaciones realizadas con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto. Lo dispuesto en este párrafo únicamente será aplicable tratándose de inversiones cuya deducción no hubiese iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto y siempre que, respecto de las mismas no se hubiese aplicado lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los contribuyentes a que se refiere esta fracción llevarán un registro específico de las inversiones cuya deducción se efectuó conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta anteriores a la entrada en vigor de este decreto, anotando los datos de la documentación comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el por ciento máximo de deducción que correspondió y el ejercicio en el que se inició la deducción.

Los contribuyentes que hayan iniciado la utilización de los bienes de activo fijo en los cuatro meses anteriores a la entrada en vigor de este decreto, podrán optar por deducir en 2013 las cantidades efectivamente erogadas para la adquisición de dichos bienes, en lugar de aplicar las disposiciones de la Sección II del Capítulo II, del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, lo anterior será aplicable únicamente tratándose de inversiones que resulten deducibles conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XII. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen devengado intereses a favor que hubiesen acumulado conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes antes de la entrada en vigor de este decreto, no estarán obligados a acumularlos cuando efectivamente los perciban.

Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubiesen devengado intereses a cargo que hubiesen deducido conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes antes de la entrada en vigor de este decreto, no podrán deducirlos cuando efectivamente los eroguen.

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable respecto de intereses cuya deducción proceda en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XIII. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que opten por determinar el impuesto a su cargo en los términos del Capítulo X, del Título II de la citada ley, y que al hacerla tengan pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores pendientes de aplicar, no perderán el derecho para aplicar dicha pérdida en ejercicios posteriores, siempre que no hayan transcurrido más de 10 ejercicios desde que se sufrió la pérdida y hasta que la misma se aplique y siempre que hubiesen tributado cinco ejercicios seguidos en los términos del Capítulo X del Título II de la citada ley.

En ningún caso podrán aplicarse las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores para determinar el impuesto a cargo en los términos del Capítulo X del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XIV. Tratándose de pago en especie con bienes adquiridos antes de la entrada en vigor del presente decreto, en lugar de acumular el ingreso en los términos del artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes podrán acumular la ganancia. En este caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que se cumplan con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las demás disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto.

XV. Los pagos que se perciban con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto, por recuperación de un crédito deducido por incobrable en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 31 de diciembre de 2012, serán acumulables en el momento en que efectivamente se perciban en los términos del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XVI. Las personas físicas que con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto hubiesen iniciado la deducción de inversiones en los términos del artículo 174 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, continuarán aplicando la deducción en los términos de dicho precepto hasta deducir el monto original de la inversión que proceda conforme al mismo.

XVII. Los contribuyentes determinarán el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 88 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al 31 de diciembre del 2012. Cuando se distribuyan dividendos o utilidades que provengan de dicha cuenta, no se estará obligado al pago del impuesto establecido en el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las personas morales que reciban dividendos o utilidades provenientes del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo anterior, acumularán dichos dividendos o utilidades al saldo existente que a su vez tengan en su cuenta de utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2012 en este caso los dividendos percibidos se actualizarán únicamente por el periodo transcurrido desde su percepción y hasta que los mismos se distribuyan.

Las personas físicas que perciban dividendos o utilidades provenientes del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, los acumularán a sus demás ingresos y podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la renta correspondiente a la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que los dividendos o utilidades distribuidos se adicionen con el impuesto pagado por la sociedad. Para estos efectos el impuesto pagado por la sociedad se determinará conforme a lo siguiente:

1. Determinarán la tasa que conforme al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta corresponda a los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio en el que se efectúa el cálculo, considerando los propios dividendos o utilidades percibidos.

2. A la unidad se le restará la tasa que corresponda conforme al numeral anterior.

3. La unidad se dividirá entre el resultado del numeral 2 de esta fracción.

4. A los dividendos o utilidades percibidos se les aplicará el factor obtenido conforme al numeral anterior y el monto obtenido se multiplicará por la tasa del numeral 1, el resultado así determinado será el impuesto que corresponda adicionar a las utilidades y que podrá acreditarse por la persona física.

En el caso de que la tasa aplicable a la persona física sea inferior al 30 por ciento, el impuesto a cargo de la persona moral que se adicionara a los dividendos y se acreditará se determinará multiplicando los dividendos por el factor 1.4285 y el resultado se multiplicará por la tasa del 30 por ciento.

Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades provenientes de la cuenta a que se refiere el primer párrafo de esta fracción harán constar esta circunstancia en la constancia que expidan en los términos de la fracción XIV del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Tercero. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2007.

Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única

Artículo Cuarto. Las obligaciones derivadas de la ley que se ABROGA conforme al Artículo Tercero de esta ley, que hubieran nacido por la realización durante su vigencia, de las situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha ley, deberán ser cumplidas en los montos, formas y plazos establecidos en dicho ordenamiento y conforme a las disposiciones, resoluciones a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos a que se refería la ley que se deroga.

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 2-A, fracción I, inciso a), b) y segundo párrafo; 5, fracción I, 15, fracciones V y XIII, y 25, fracción III; se adicionan los artículos 7-A y 7-B; se deroga el artículo 2 y 5, último párrafo; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 2. (Se deroga)

Artículo 2o. -A....

I. La enajenación de:

a). Carne en estado natural; tortillas, masa, harina y pan, sean de maíz o trigo; pastas secas; leche natural y huevo, cualquiera que sea su presentación; azúcar, mascabado y piloncillo; sal; aceite comestible; atún y sardinas enlatadas; animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.

Para estos efectos, se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada.

b) Medicinas de patente.

...

Se aplicará la tasa del 16 por ciento a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no se cuente con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

...

Artículo 5. ...

I.Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o a las que se les aplique la tasa de 0 por ciento. Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.

...

Último párrafo (Se deroga)

Artículo 7-A. Las personas físicas que no siendo contribuyentes del impuesto al valor agregado reciban el traslado del impuesto en los términos de esta ley, podrán obtener la devolución del monto que resulte de aplicar al impuesto trasladado la tasa del 18.75 por ciento. Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de personas físicas que realicen actos o actividades gravados por esta ley, únicamente por el impuesto que les hubiese sido trasladado y que no resulte acreditable por no cumplir con lo dispuesto en la fracción I del artículo 5 de esta ley.

La devolución a que se refiere el párrafo anterior será automática cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. Estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

II.Adquirir los bienes o servicios o el uso o goce temporal de los mismos, de personas físicas o morales que se encuentren inscritas ante el Registro Federal de Contribuyentes y que emitan comprobantes fiscales digitales en los términos establecidos en esta ley y en el Código Fiscal de la Federación.

III. Obtener y conservar una impresión del comprobante digital que ampare el pago de la contraprestación y el traslado expreso y por separado del impuesto.

Dicho comprobante, además de cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, deberá contener la leyenda “impuesto al valor agregado sujeto a devolución automática en los términos del artículo 7-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”.

IV. Proporcionar a quien enajena el bien, presta el servicio u otorga el uso o goce temporal, de que se trate, el número de la cuenta bancaria en la que las autoridades fiscales depositarán los montos de la devolución que corresponda conforme al presente artículo.

Cuando el pago de la contraprestación que dé lugar al traslado del impuesto al valor agregado se realice en parcialidades, la devolución automática procederá únicamente por el impuesto que se traslade por cada una de las parcialidades.

Las personas físicas que habiendo adquirido bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes, no cuenten con documento digital que ampare dichos actos, podrán solicitar la devolución del impuesto a que se refiere este artículo aplicando lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Para ello, deberán conservar copia del comprobante respectivo con el dispositivo de seguridad y con los demás requisitos que establecen las disposiciones fiscales.

Igualmente, no procederá la devolución automática a que se refiere este artículo, cuando en los términos de la fracción I del artículo 5 de esta ley, la erogación para la adquisición del bien, el servicio o uso o goce temporal, sólo sea parcialmente deducible en los términos del último precepto citado, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Quien al pagar la contraprestación y recibir el traslado del impuesto no proporcione los datos requeridos para solicitar la devolución automática podrá, en los términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, solicitar posteriormente la devolución correspondiente, cumpliendo con los requisitos que se establecen en otras disposiciones fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas de carácter general que estime necesarias para efectos de realizar y facilitar la devolución a que se refiere este artículo.

7-B. Las autoridades fiscales contarán con un plazo de treinta días naturales para efectuar la devolución automática del impuesto a que se refiere el artículo 7 -A de esta ley, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en dicho precepto.

Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en este artículo, las autoridades fiscales pagarán intereses sobre la cantidad actualizada, mismos que se calcularán al día siguiente del vencimiento de dicho plazo y hasta que se efectúe la misma, aplicando, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación.

Cuando la devolución no pueda efectuarse dentro del plazo establecido en el presente artículo por causas imputables a quien enajena el bien, presta el servicio u otorga el uso o goce temporal del bien de que se trate, se impondrá a éstos una multa del 50 por ciento al 100 por ciento del monto de los intereses que deba pagar la autoridad fiscal al solicitante de la devolución por exceder el plazo para efectuar la misma.

Artículo 15. ...

V.El transporte público terrestre de personas, excepto por ferrocarril y por autobús siempre que en este último caso el servicio sea foráneo. Para estos efectos, se entiende por servicio foráneo aquel cuya distancia de recorrido sea mayor a 25 kilómetros y siempre que atraviese al menos dos entidades federativas.

...

XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el convenio con el Estado o el acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal, donde se presente el espectáculo, no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de esta ley. La exención prevista en esta fracción no será aplicable a las funciones de cine, por el boleto de entrada.

...

Artículo 25. ...

III. Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa del 0 por ciento conforme a los artículos 2-A y 2-8 de esta ley.”

...

...

Código Fiscal de la Federación

Artículo Sexto. Se adicionan los artículos 22-D, 22-E y 41-A con un último párrafo; del Código Fiscal de la Federación.

“ Artículo 22-D. Una vez transcurridos los plazos a que se refiere el sexto párrafo del artículo 22 de este Código, sin que las autoridades fiscales hayan realizado las devoluciones correspondientes, los contribuyentes que hayan solicitado devoluciones de hasta cien mil pesos, podrán acudir ante dichas autoridades para acreditar la procedencia de la devolución solicitada, caso en el cual las autoridades contarán con un plazo de cinco días para efectuar la devolución o, en su caso, emitir la resolución correspondiente.

En los casos en que el contribuyente acredite que la devolución era procedente, las autoridades fiscales deberán pagar los intereses que correspondan desde el momento en que se presentó la solicitud y hasta el momento en que se efectúe la devolución.

Para los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que se configura la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 este Código, transcurrido el plazo de cinco días sin que se notifique la resolución al interesado, pudiendo éste interponer los medios de defensa correspondientes.

Artículo 22-E. Los contribuyentes a los que se les niegue expresamente la devolución solicitada, podrán optar por aplicar lo previsto en el artículo 22-D de este Código. La interposición de este medio será optativa para el contribuyente y, en contra de la resolución que se emita procederá el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Artículo 41-A. ...

No será lo aplicable lo dispuesto en este artículo, respecto de la información que les haya sido proporcionada por los particulares como consecuencia de la aplicación de lo previsto por el artículo 7 -A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.”

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación

Artículo Séptimo. Lo dispuesto en los artículos 22-D y 22-E del Código Fiscal de la Federación, será aplicable a las devoluciones que se soliciten con posterioridad a la entrada en vigor de la presente decreto.

Ley Federal de Derechos

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

“Artículo 254. ...

El monto de la deducción por concepto de los costos, gastos, e inversiones deducibles, relacionados con el petróleo crudo y gas asociado extraídos, sin considerar las inversiones realizadas en exploración, en recuperación secundaria, en recuperación mejorada, y en mantenimiento de las instalaciones productivas, así como los señalados en las fracciones V, VI y VII del presente artículo, no excederá el valor de 6.50 dólares de los Estados Unidos de América por barril de petróleo crudo equivalente del volumen total del mismo en el año de que se trate.

...”

Disposiciones Transitorias de la Ley Federal de Derechos

Artículo Noveno. Las inversiones realizadas por el organismo público descentralizado denominado “Petróleos Mexicanos, Exploración y Producción”, en exploración; recuperación secundaria; recuperación mejorada y mantenimiento de sus instalaciones productivas, se deducirán en los términos previstos en el Artículo Octavo del presente decreto, por el equivalente del 25 por ciento, del 50 por ciento y del 75 por ciento, respectivamente, de las inversiones efectuadas en los años 2013, 2014 y 2015, respectivamente.

Transitorios

Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2013.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de marzo de 2011.— Senadores: Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), Jesús Murillo Karam, Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Carlos Aceves del Olmo (rúbrica), Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), Rosario Green Macías (rúbrica), Ramiro Hernández García (rúbrica), Francisco Herrera León (rúbrica), Norma Esparza Herrera, Margarita Villaescusa Rojo, Jorge Mendoza Garza (rúbrica), Rosalinda Elena Mondragón Santoyo (rúbrica), Melquiades Morales Flores (rúbrica), Magaly Ramírez Hermosillo (rúbrica), María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbrica), Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), Ricardo Francisco Pacheco Rodríguez, María Elena Orantes López, Jesús María Ramón Valdes (rúbrica), Heladio Elías Ramírez López (rúbrica), Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), Rogelio Humberto Ruega Sánchez (rúbrica), Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Fernando Castro Trenti (rúbrica), Pedro Joaquín Coldwell (rúbrica), Antelmo Alvarado García (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Fernando Baeza Meléndez (rúbrica), Carmen Gudalupe Fonz Sáenz (rúbrica), Alfonso Elías Serrano (rúbrica), Carlos Jiménez Macías, María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO - LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para los efectos del último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos remitir la iniciativa de decreto aprobada por las diputadas y los diputados integrantes de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del estado de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, mediante la cual se reforma la fracción III del artículo 4o.; se adiciona el Capítulo III, artículos 87-O, 87-P, 87-Q, 87-R, 87-S y 87-T a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y se reforma la fracción IX del artículo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Sin otro particular, aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, a 3 de marzo de 2011.— Juan Antonio Acosta Cano (rúbrica), secretario;David Cabrera Morales (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

Iniciativa de decreto que reforma la fracción III del artículo 4o.; se adiciona el Capítulo III, artículos 87-O, 87-P, 87-Q, 87-R, 87-S y 87-T a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; se reforma además la fracción IX del artículo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acordó presentar ante el Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, en los siguientes términos:

Artículo Primero. Se reforma la fracción III del artículo 4o.; y se adiciona el Capítulo III, artículos 87-O, 87-P. 87-Q, 87-R. 87-S y 87-T; todos a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Se consideran actividades...

I. y II. ...

III. La realización habitual y profesional de operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Capítulo III De la realización habitual o profesional de operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria

Artículo 87-O. Las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria sólo se podrán realizar en forma habitual y profesional por cualquier persona, sin necesidad de requerir autorización del gobierno federal para ello.

Para efectos de lo dispuesto en esta ley, serán casas de empeño los proveedores personas físicas o morales no reguladas por leyes que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Las casas de empeño estarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Los proveedores deberán transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en todos sus establecimientos abiertos al público, de manera permanente y visible, una pizarra de anuncios o medio electrónico informativo, que tendrá como propósito brindar información al público en general sobre los términos y condiciones de dichos contratos. Además deberán informar, el monto de la tasa de interés anualizada que se cobre sobre los saldos insolutos; dicha información deberá resaltarse en caracteres distintivos de manera clara, notoria e indubitable.

Artículo 87-P. La protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios que, en la realización de las operaciones señaladas en el artículo 87-O de esta ley, presten las casas de empeño, estarán a cargo de la Comisión Nacional y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la cual podrá ejercer, respecto de las casas de empeño por la prestación de los servicios señalados, las mismas facultades que esta ley le confiere y serán aplicables a dichas sociedades las correspondientes sanciones previstas en el propio ordenamiento.

Para las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria se requiere autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el reglamento que para tal fin publique la dependencia. Dichas autorizaciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Las casas de empeño al iniciar operaciones, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán comunicar por escrito dicha circunstancia a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a más tardar, a los diez días hábiles posteriores de dicho inicio de operaciones.

Artículo 87-Q. Las casas de empeño sólo podrán realizar los actos necesarios para la celebración de operaciones de mutuo con interés y garantía prendaría en sus establecimientos.

Las casas de empeño no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.

Artículo 87-R. Las casas de empeño deberán integrar expedientes de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes. Dichos expedientes deberán contener copia de las identificaciones oficiales, huellas digitales, comprobantes de domicilio de los clientes, así como de aquellos documentos que comprueben la legítima propiedad de la prenda, de conformidad con lo establecido en el reglamento citado en el artículo 87-P de la presente ley.

Artículo 87-S. Las casas de empeño sólo podrán celebrar operaciones de mutuo con interés y garantía prendaría hasta por un monto máximo de dos mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por transacción y en los términos del contrato de adhesión previamente registrado y autorizado en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 87-T. Las casas de empeño deberán contar con una póliza de seguro otorgada por la compañía aseguradora autorizada, en los términos del reglamento expedido para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyo monto asegurado sea suficiente para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a los pignorantes.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción IX del artículo 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de...

I. a VIII. ...

IX. Entidad financiera: a las instituciones de crédito, a las sociedades financieras de objeto limitado, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, a las sociedades financieras populares, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a las entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen crédito, préstamo o financiamiento al público y a las casas de empeño.

X. a XII. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las casas de empeño contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como para notificar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en términos del artículo 87-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que se encuentra en operación.

Artículo Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el reglamento aludido en los artículos 87-P, 87-R y 87-T establecidos en el artículo primero del presente decreto.

Artículo Cuarto. Remítase la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para los efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, remítase la presente iniciativa a las legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su adhesión y apoyo, a través de similar acción legislativa.

Guanajuato, Guanajuato, a 3 de marzo de 2011.— La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato: diputado José Jesús Correa Ramírez (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva;diputado Juan Antonio Acosta Cano (rúbrica), primer secretario; diputado David Cabrera Morales (rúbrica), segundo secretario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Declaratoria de publicidad sobre dictámenes.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157 fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado el 7 de septiembre de 2010 para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables, el expediente número 1178, que contiene la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Mediante la minuta de referencia se plantea la adición del artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, relativo a los supuestos que se consideran infracciones graves a dicho ordenamiento.

La finalidad, de acuerdo con el senador promovente Mario López Valdez, es ampliar el espectro de sanciones contenidas en la ley, a fin de establecer medidas que ayuden a prevenir la comisión de conductas que perjudiquen la práctica deportiva nacional, como un cambio que permite mejorar el desarrollo del deporte nacional, la participación de nuestro país en el ámbito internacional, así como fortalecer la credibilidad, honradez y transparencia de la práctica deportiva.

La codictaminadora concuerda ampliamente con el ánimo legislativo del promovente, en virtud de que es necesario que se realicen acciones tendientes al adecuado cumplimiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, como se expone en el documento en análisis.

Los senadores argumentan que las sanciones previstas en el ordenamiento vigente son adecuadas toda vez que para cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, llámense asociaciones, sociedades deportivas, directivos, deportistas, técnicos, árbitros y jueces, la sanción más grave es aquella que los priva de los apoyos y de la participación en algún evento de su disciplina deportiva; hipótesis reguladas por los órganos de justicia deportiva que incluso prevé la inhabilitación de por vida, refiere la exposición del Senado de la República.

Por lo tanto, consideran legalmente procedente y viable incorporar al apartado de sanciones graves previstas en el artículo 138 de la ley en estudio, los siguientes supuestos:

1. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;

2. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y

3. El incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Por otro lado, este órgano legislativo recibió de la Comisión de Grupos Vulnerables, opinión de la minuta en estudio.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la minuta de referencia, tomando las consideraciones expresadas en la opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables, llevando a cabo para tal efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes

Consideraciones

En efecto, como lo exponen los senadores, es necesario llevar a cabo acciones tendientes a garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en beneficio de la comunidad deportiva y del desarrollo del deporte de nuestro país. El deporte y las otras expresiones de cultura física, hay que destacar, son instrumentos sumamente útiles en la promoción, incremento y recuperación de la salud física, aportan decisivamente en la prevención y atención de conductas antisociales, promueven el turismo y tienen un alto impacto positivo en la productividad, reduce los accidentes laborales y sus consecuencias y, en general, constituyen un factor primordial para la integración y cohesión de la familia y la sociedad, dando identidad de nación; y la Ley General de Cultura Física y Deporte constituye el instrumento jurídico para garantizar su cumplimiento.

Ampliar los supuestos que se consideran infracciones graves a la ley, a partir de inhibir y sancionar las conductas contrarias a los fines de la ley, y con la finalidad de brindar mayores garantías para alcanzar su cumplimiento, representa verdaderamente una aportación que debe ser aprobada.

Por lo tanto, la propuesta del senador Mario López Valdez, en el sentido de establecer nuevas medidas que ayuden a prevenir la comisión de conductas que perjudiquen la práctica deportiva nacional, como un cambio que permite mejorar el desarrollo del deporte nacional, la participación de nuestro país en el ámbito internacional, así como fortalecer la credibilidad, honradez y transparencia de la práctica deportiva; así como la aprobación del Senado de la República, constituyen esa aportación, a la que este órgano legislativo se suma en sus términos ya que, además, no encuentra impedimento legal alguno, y por el contrario, concuerda con el proyecto sobre el que agrega los siguientes razonamientos:

Respecto a la propuesta de considerar como infracción grave “las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades”, si bien es cierto que las conductas están prohibidas en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución, y sancionadas por diversas leyes secundarias, también lo es que no está debidamente garantizado este derecho, ni prohibido, ni sancionado su incumplimiento, mucho menos en materia de deporte, donde lamentablemente siguen presentándose ese tipo de conductas perjudicando en todos los ámbitos a los deportistas. En este sentido, la propuesta viene a garantizar el cumplimiento de la Constitución y a preservar los derechos fundamentales en ella consagrados. Por lo tanto, consideramos viable y necesaria la adición de la fracción VI al artículo 138 de la ley en estudio, aprobada por el Senado de la República.

En cuanto al considerar como infracción grave “el uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos”, los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte la encontramos no sólo jurídicamente viable, sino una adición necesaria que promueve y otorga mayores garantías hacia el uso adecuado de los recursos públicos; anhelo al que aspiramos todos los mexicanos en pro de nuestro propio desarrollo.

Finalmente, sobre la propuesta de incluir al apartado de infracciones graves “el incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos”, coincidimos en la necesidad de incorporarlo a la ley, toda vez que el respeto a los estatutos de las asociaciones deportivas es un principio fundamental para impulsar el desarrollo del deporte.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte aprueba en sus términos la minuta en estudio, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 138 con las fracciones VI, VII y VIII, de la Ley General de Cultura Física y el Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 138. ...

I. a III. ...

IV. Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del dopaje;

V. La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva;

VI. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;

VII. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y

VIII. El incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2011.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera, Sandra Méndez Hernández, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Diego Guerrero Rubio (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica).»

«Opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Comisión de Juventud y Deporte:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para opinión la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Este órgano legislativo, de conformidad con los artículos 39, numeral 1, y 45 numeral 6, inciso e) y f); y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente

Opinión

Antecedentes

I. La Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria del 7 de septiembre, recibió minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. Con fundamento en los artículos 23 numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva turnó el 7 de septiembre de 2010 a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En tal virtud, la comisión realizó el análisis del proyecto de decreto contenido en la minuta, y sustenta su opinión con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. Ésta comisión opinante coincide plenamente con la colegisladora en el sentido de considerar digno de ser aprobado el proyecto de decreto mediante el cual se adicionan tres fracciones al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que se considere como infracciones muy graves a la ley las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; el uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de éstos, y el incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Segundo. Para esta comisión opinante la actividad física y el deporte resultan trascedentes en el papel que realizan en la inclusión de diversos sectores vulnerables a la vida social de la nación.

En materia de discapacidad, el deporte representa una oportunidad de desarrollar las habilidades residuales de las incapacidades que dejan accidentes, enfermedades, deformaciones congénitas y demás causales de discapacidad. México, en el rubro del deporte paralímpico se encuentra ubicado dentro de los primeros 20 sitios. A nivel panamericano ocupa entre el 3o. y 5o. sitio. Además de que alrededor de 30 entidades federativas cuentan con un representativo estatal.

Por lo que se refiere a las niñas, niños y adolescentes el deporte representa una actividad para el mantenimiento de su salud, la interiorización de hábitos sociales y personas les positivos en su vida diaria. Y, hoy en día es la punta de lanza de las políticas públicas contra enfermedades como la obesidad y otras derivadas del sedentarismo.

En los adultos mayores, el deporte es un apoyo para evitar el deterioro de sus facultades físicas y un elemento de convivencia social.

El deporte juega un papel integrador para muchos grupos vulnerables, materia de nuestro quehacer legislativo y parlamentario.

Tercero. En general esta comisión considera que la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, armoniza plenamente estas disposiciones jurídicas al marco normativo de la cultura física y el deporte, en razón de que el artículo 2 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, señala, en congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los Poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.

Asimismo, se estará garantizando que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, reconocemos la soberanía de las asociaciones civiles, los derechos y las obligaciones de éstas, como organismos privados, que se encuentran establecidas en el Código Civil; sin embargo, resulta necesario que el Estado cuente con mecanismos que le den certeza de que la ejecución de los recursos asignados a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sean aplicados para los fines que fueron entregados.

Por lo expuesto y fundado, el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Resuelve

Único. Esta comisión opina que es procedente la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en los términos propuestos por el Senado de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.

La Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, diputados:Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme, María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), , Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña, Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazarí Espín, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica), Ana Elia Paredes Arciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Caritina Sáénz Vargas, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), Patricia González Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE EXPROPIACION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del 20 Bis de la Ley de Expropiación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Expropiación.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es competente para analizar, valorar y elaborar el dictamen correspondiente basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 10 de septiembre de 2009, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

Segundo. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Tercero. El 29 de noviembre de 2009, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República aprobaron la iniciativa en cuestión.

Cuarto. El 8 de diciembre de 2009, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República.

Quinto. El 10 de diciembre de 2009 se presentó ante esta soberanía la minuta enviada por el Senado de la República, turnándola a la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados.

Consideraciones de la colegisladora

Primera.Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el senador proponente en que la propiedad privada que es un derecho que tiene los particulares, personas físicas o morales de derecho privado, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en la ley, de acuerdo a las modalidades que dicte el interés público y de modo que no se perjudique a la colectividad.

De manera que la expropiación, como limitante al derecho de la propiedad tiene que estar no solo fundamentada y motivada, como dispone el precepto constitucional, sino que también se tiene que respetar las garantías de legalidad y audiencia en todo procedimiento. En este sentido para hacer valido dicho derecho es necesario que los interesados se encuentren informados al respecto, mediante la debida publicación del acto, por medios alcanzables a toda la población.

Segunda. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el objeto y los propósitos que animan la presente iniciativa en el sentido de que consideramos que la Ley de Expropiación contiene una deficiencia respecto a la publicación de la declaratoria de expropiación, tratándose de procedimientos que son competencia del Distrito Federal, así como la confusión que genera el uso de un término inadecuado como bien expone el proponente.

Tercera.En el caso de las declaratorias de expropiación emitidas por las autoridades administrativas del Distrito Federal, la Gaceta Oficial del Distrito Federa, al ser el medio por el cual se publican entre otras cosas las resoluciones y actos emitidos por dichas autoridades, constituye el medio idóneo para hacer las publicaciones y notificaciones personales en dichos procedimientos, ya que garantiza la debida publicación del acto, al ser el órgano oficial de difusión del gobierno local.

Cuarta.En relación con el artículo 6o. de la Ley de Expropiación a la cual el senador también hace alusión, este precepto señala que la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad, para posteriormente asignarla a quienes resulten los titulares legítimos del bien o derecho, pero como indica el proponente, en dicho precepto se hace mención del término “recurso” siendo que la interpretación semántica del mismo se concluye que el legislador no hace referencia al recurso como medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, sino que en realidad se refiere al procedimiento de expropiación que se este llevando a cabo. En vista de lo cual el empleo equívoco de dicha expresión puede conducir a diversas interpretaciones igual de inexactas.

Valoración de la minuta

Primera. Esta Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados coincide a plenitud con las consideraciones de la Cámara de Senadores en cuanto a que la Gaceta Oficial del Distrito Federal es el medio por el cual se publican los actos y resoluciones de gobierno emitidas por la autoridad de la administración pública del Distrito Federal como se deriva del propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que se convierte el instrumento idóneo para hacer las publicaciones y notificaciones de los procedimiento de expropiación que lleva a cabo la autoridad capitalina garantizando de esa manera la debida publicación del acto que emite la autoridad del Distrito Federal.

Segunda. Por lo que respecta a la reforma del artículo 6o. de la ley en comento esta comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados cita el párrafo cuarto de las consideraciones de la colegisladora que establece lo siguiente:

Cuarta.En relación al artículo 6o. de la Ley de Expropiación a la cual el senador también hace alusión, este precepto señala que la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad, para posteriormente asignarla a quienes resulten los titulares legítimos del bien o derecho, pero como indica el proponente, en dicho precepto se hace mención del término “recurso” siendo que la interpretación semántica del mismo se concluye que el legislador no hace referencia al recurso como medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, sino que en realidad se refiere al procedimiento de expropiación que se está llevando a cabo. En vista de lo cual el empleo equívoco de dicha expresión puede conducir a diversas interpretaciones igual de inexactas.

De la redacción citada se desprende con claridad la modificación al artículo 6o. de la Ley de Expropiación que aunque sólo corrige una palabra, ésta generaba diversas interpretaciones erróneas, por lo que se considera atinada la reforma planteada por el promovente y aprobada por la colegisladora.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a  consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación

Artículo Único.Se reforma el artículo 6o y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación para quedar como sigue.

Artículo 6o.De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda.

Artículo 20 Bis. ...

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 1 de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera, Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el inciso a) al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fecha 11 de septiembre, “aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico”,  al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, los senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y Melquiades Morales Flores, y los diputados Morelos Canseco Gómez y José Francisco Rábago Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de incorporar el 11 de septiembre, aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con esa misma fecha, trece de febrero de dos mil siete, la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para estudio y dictamen.

3. Con fecha dos septiembre de dos mil diez, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente por 77 votos a favor, ordenándose su remisión a la Cámara de Diputados.

4. Con fecha siete de septiembre de dos mil diez, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta de referencia, turnándose a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen correspondiente.

5. En sesión del primero de marzo de dos mil once, los  integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señalan los iniciadores que en los años posteriores a la consumación de la Independencia, el gobierno de la República Mexicana tuvo que enfrentar la amenaza de las tropas españolas acantonadas en el fuerte de San Juan de Ulúa, que hostilizaban al puerto de Veracruz, siendo un hecho que negaba la independencia de la nación mexicana de la corona española.

La invasión española era una amenaza efectiva hacia y para tal fin en 1829, España dispuso una empresa militar junto con la difusión de proclamas a través de manifiestos dirigidos a los habitantes de la república, en donde no quedaba duda sobre sus intenciones de reconquista del antiguo virreinato.

El presidente Vicente Guerrero tuvo conocimiento del desembarco de las fuerzas españolas. Para dirigirse a Tampico, solicitó poderes extraordinarios al Congreso para hacer frente a la invasión, lanzando una proclama a todos los habitantes de la república para repeler la acción del enemigo y en defensa de la patria. Ya en Tampico, pequeñas fuerzas de Tamaulipas y Veracruz intentaron detener el avance español, especialmente en “Los Corchos” y en “Fortín de la Barra”; sin  embargo, Tampico fue ocupada por el invasor español el 7 de agosto. Hacia el 9 de septiembre, un huracán provocó una gran inundación que los mexicanos aprovecharon para entrar en acción, dándose la batalla final entre españoles y mexicanos en la noche del 10 al 11 de septiembre con la toma del Fortín de la Barra.

La derrota del invasor llevó a la capitulación del enemigo, misma que fue redactada por el Ejército Mexicano en Pueblo Viejo de Tampico y ratificada por el Real Ejército de Vanguardia Español en la Casa Fuerte de Castilla en la Plaza de la Libertad de Tampico el 11 de septiembre de 1829. Con ello, el enemigo entregó armas y banderas y los prisioneros de guerra fueron remitidos a La Habana, lo que puso fin al último intento de la corona española por la reconquista de México.

De acuerdo con los iniciadores, esta fecha debe reforzar nuestra identidad a través del conocimiento de la historia y la victoria sobre el ejército español en 1829 es uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país pues con ello se evitó la reconquista de la República Mexicana por el Reino de España.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

I. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

II. Para conseguir lo anterior, se decretaron legislaciones importantes en torno a los símbolo patrios, como fue la Ley sobre las características y el uso del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 17 de agosto de 1968 en el Diario Oficial de la Federación, y la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación; dichos ordenamientos establecieron los criterios a seguir en el culto a los símbolos representativos de nuestra Nación y en la conmemoración y honor debidos a los héroes y a los diferentes acontecimientos suscitados en la historia nacional.

III.En este sentido, el legislador, durante la discusión que originó la promulgación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en vigor, reflexionó sobre este honor que le es debido a los héroes, afirmando: “Amamos a nuestros símbolos patrios y a nuestros héroes, pero no en la frialdad de los mármoles y los bronces, o en los panteones oficiales que petrifican la historia y hacen rutinas sin sentido, incomprensibles, las gestas del pueblo trabajador. Esos símbolos y esos héroes viven cálidamente en la memoria popular —nuestra verdadera historia— como el mito que está siempre a punto de realizarse, como una promesa a punto de cumplirse, como una esperanza irrenunciable, como una promesa que es, al mismo tiempo, voluntad inquebrantable de seguir viviendo y hacer de este mundo, el mundo que aspiramos” (Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 71, diciembre 29, 1983).

IV.A mayor abundamiento, el debate hizo énfasis sobre el testimonio y ejemplo de los héroes que forjaron la nación independiente y soberana que ahora somos, manifestando de esta forma que “en cada uno de nuestros héroes hay siempre un paso a seguir. Por eso nos empeñamos en rescatar y mantener su recuerdo; por eso les rendimos culto; por eso se mantienen vivos en el verdadero sagrario de la patria, que es la memoria popular. Somos como nación lo que nuestros hechos heroicos fueron. Nuestra historia se nos presenta como una larga cadena de grandes hechos y de grandes hombres, en la que unos son siempre el ejemplo a seguir para otros.

B) En lo particular. La batalla de Tampico del 11 de septiembre de 1829

I. El 11 de septiembre de 1829, pues, constituye un hito en la historia patria porque no sólo las armas mexicanas se cubrieron de gloria, sino que además, se concluyó para siempre y en definitiva, el capítulo de la presencia española en el territorio del país. Los acontecimientos previos a esa fecha, no sólo ponen de relieve la férrea voluntad del pueblo de México, sino además, su capacidad de entrega y su vocación de sacrificio; luego del desembarco español el 27 de julio de 1829 en Cabo Rojo, Veracruz, a una distancia aproximada de 70 kilómetros del heroico puerto de Tampico, las fuerzas mexicanas conjuntas de Tamaulipas y Veracruz intentaron detener la marcha de los españoles hacia el puerto; ante la imposibilidad de frenar el avance del ejército invasor, el gobierno mexicano hizo un llamado a la población civil para que abandonaran sus hogares. En el proceso, las mujeres tampiqueñas no titubearon en poner en práctica la estrategia de “tierra quemada” y no sólo destruyeron fincas y arrasaron huertos y parcelas, sino que clausuraron pozos y aljibes y destruyeron cualquier vestigio que pudiera haber sido de alguna utilidad al invasor.

II. Las fuerzas mexicanas se reagruparon y abandonaron la ciudad, la cual fue tomada por las tropas extranjeras el 5 de agosto; establecido su cuartel por los soldados españoles en una finca del actual centro histórico, los combatientes mexicanos establecieron el suyo en Pueblo Viejo, Veracruz; de donde regresarían para cobrar justa revancha. Menos de un mes después, el 21 de agosto, el contingente español se dividió; una parte marchó de Tampico para tomar Villerías (actual Altamira, Tamaulipas) y otra, más reducida, permaneció en el puerto. A su vez, el Ejército Mexicano atravesó el río Pánuco e hizo frente a la milicia extranjera hasta la capitulación española, que se interrumpió cuando el grueso de sus tropas regreso de su expedición para prestarles auxilio.

III. A partir de ese momento las hostilidades se recrudecieron; el cuartel general de los peninsulares fue bombardeado por los mexicanos desde el paso conocido como “El Humo” a la espera de los refuerzos que debían llegar de la capital del país. Como medida adicional, los nacionales empezaron a construir una serie de fortificaciones para envolver y paralizar al enemigo que, paulatinamente, empezó a padecer la falta de víveres, agua potable, así como los estragos de la fiebre amarilla.

IV. Aprovechándose de las condiciones climáticas, el 9 de septiembre azotó un fuerte huracán las playas y costas en la entidad, las tropas mexicanas empezaron ataque definitivo; la noche del 10 de septiembre, los mexicanos ocuparon el Fortín de la Barra. Tras la dura refriega, las bajas considerables y el agotamiento de la fuerza invasora, ésta capituló a la mañana siguiente, esto es, el 11 de septiembre.

V. Esta serie de acontecimientos viene a unirse, sin duda, a las gestas de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, entre otros esforzados mexicanos, pues si con su valor y bravura dieron inicio y llevaron a feliz término la Independencia de México, los héroes de Tampico, con esta victoria indiscutible consolidaron para siempre y en forma definitiva, la Independencia Nacional.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Único. Se adiciona el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, incluyéndose la fecha de conmemoración propuesta en el orden cronológico correspondiente, recorriéndose las demás fechas posteriores a dicha fecha para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

21 de enero:

Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779.

1 de febrero:

Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

5 de febrero:

Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

19 de febrero:

Día del Ejército Mexicano.

24 de febrero:

Día de la Bandera.

1 de marzo:

Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.

(15 de marzo. Derogado)

18 de marzo:

Aniversario de la expropiación petrolera, en 1938.

21 de marzo:

Aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en 1806.

26 de marzo:

Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.

2 de abril:

Aniversario de la toma de Puebla, en 1867.

(15 de abril. Derogado)

1 de mayo:

Día del Trabajo.

5 de mayo:

Aniversario de la victoria sobre el Ejército Francés en Puebla, en 1862.

8 de mayo:

Aniversario del nacimiento, en 1753, de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México.

15 de mayo:

Aniversario de la toma de Querétaro por las Fuerzas de la República, en 1867.

1 de junio:

Día de la Marina Nacional.

21 de junio:

Aniversario de la victoria de las Armas Nacionales sobre el Imperio, en 1867.

1 de septiembre:

Apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

11 de septiembre:

Aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico, en 1829.

14 de septiembre:

Incorporación del estado de Chiapas al pacto federal.

15 de septiembre:

Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de septiembre:

Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810.

27 de septiembre:

Aniversario de la consumación de la Independencia, en 1821.

30 de septiembre:

Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765.

12 de octubre:

Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492.

22 de octubre:

Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810.

23 de octubre:

Día Nacional de la Aviación.

24 de octubre:

Día de las Naciones Unidas.

30 de octubre:

Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873

(1 de noviembre. Derogado)

6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813.

20 de noviembre:

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.

23 de noviembre:

Día de la Armada de México.

29 de diciembre:

Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859.

Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

b)...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 72, diciembre 29, 1983.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 1 de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín, Sami David David, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 42 y 43, se adiciona un tercer párrafo al artículo 40 y se deroga la fracción II del artículo 41 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, párrafo primero, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 11 de octubre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió el Oficio SEL/300/3921/ 07, suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo, por medio del cual se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita por el Ejecutivo Federal.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de referencia fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente

III. En sesión del 28 de abril de 2010, las comisiones dictaminadoras presentaron a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el proyecto correspondiente, aprobándose por 85 votos a favor.

IV. El día 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados recibe la minuta referida turnándose a esta Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

V. En sesión del primero de marzo de dos mil once, se sometió a consideración de los miembros integrantes de la Comisión de Gobernación el anteproyecto de dictamen respectivo, quienes lo discutieron y aprobaron.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

A. Contenido de la minuta

Primero. La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal proponía reformar los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, relativos a la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca; reformas que se hacen consistir en lo siguiente:

1. El párrafo segundo del artículo 40 establece que la Condecoración se tramitará por un Consejo presidido por los Secretarios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional; proponiéndose la supresión de la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de que se trata de un reconocimiento de carácter civil.

Asimismo, se incluye un tercer párrafo que establece que las condecoraciones de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgarán, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional.

2. Con base en el artículo 41 de la Ley, actualmente la Condecoración se entrega en siete grados: Collar; Cruz; Banda; Medalla; Placa; Venera; e Insignia. La propuesta de reforma se hace consistir en suprimir los grados de Cruz y Medalla, en virtud de que dichas joyas nunca fueron manufacturadas y consecuentemente, nunca han sido otorgadas.

3. En el artículo 42, se propone la modificación de la redacción “excepción hecha del Collar de la Cruz”, eliminándose “de la Cruz” en virtud de su inexistencia.

4. El artículo 43 de la Ley en estudio, establece el requisito de temporalidad de dos años para que los Jefes de Misión Diplomática sean recipiendarios de la Condecoración al concluir sus funciones en nuestro país; en la iniciativa se deja al Consejo de la Orden la facultad discrecional de otorgar la condecoración con base en la valoración de la labor desempeñada.

5. Por último, se propone que la condecoración en grado de Insignia, se denomine “Insignia Benito Juárez al Mérito Internacional”, lo anterior con el objeto de unificar la normatividad, toda vez que el 9 de diciembre de 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que establece el otorgamiento de esta insignia a extranjeros que se hayan destacado en el mejoramiento de las relaciones bilaterales o multilaterales de México, en sus ámbitos político, económico, diplomático, cultural, artístico, ecológico, demográfico, científico, tecnológico y social en general.

En relación con la propuesta contenida en la iniciativa del Ejecutivo en el sentido de establecer la Insignia Benito Juárez al Mérito Internacional, como grado a la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, estas Comisiones dictaminadoras consideran oportuno que dicha insignia continúe como una orden independiente, regulada por el Decreto expedido por el presidente de la república bajo la administración 1989-1993, además de que el propósito de la insignia es reconocer las acciones o contribuciones excepcionalmente meritorias que tanto nacionales como extranjeros realicen en el mejoramiento de las relaciones bilaterales o multilaterales de México, en sus ámbitos político, económico, diplomático, cultural, artístico, ecológico, demográfico, científico, tecnológico y social en general, propósito distinto al de la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remitieron a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, de la colegisladora, el dictamen de impacto presupuestario señalando que no se requiere manifestación de impacto regulatorio, respectivamente. Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

B. En lo general

Primero. La condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la más importante distinción que el gobierno de México otorga a ciudadanos extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la Humanidad y, que desde el año de 1976, quedó regulada en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Segundo. Resulta pertinente la modificación propuesta en la Minuta en estudio, ya que las categorías de la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a las que demanda la costumbre internacional, toda vez que las joyas que corresponden a la Cruz y a la Medalla, nunca han sido elaboradas, ni otorgadas y se encuentran en desuso, razón por la cual, se considera procedente suprimir dichas categorías y dividir el grado de Banda en las siguientes categorías:

a) Banda en Categoría Especial: Reservada a jefes de gobierno, príncipes herederos, consortes de jefes de Estado y personas de categorías similares.

b) Banda: Ministros o secretarios de Estado, miembros de familias reales, embajadores o personas de categorías similares.

Por lo tanto, se considera que la concentración en seis grados contribuye a dotar de mayor prestigio a la orden.

Por otro lado, esta comisión dictaminadora considera procedente reformar el artículo 43 para precisar que será facultad del consejo otorgar la condecoración a los diplomáticos extranjeros con base en la valoración de la labor desempeñada. No obstante lo anterior, esta Comisione considera que debe mantenerse el requisito de residencia por dos años en el país que establece la ley actualmente para el otorgamiento de la orden.

Tercero. Coincidimos con el contenido de la propuesta que se dictamina en el sentido de establecer que la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgue, principalmente, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre los jefes de Estado o jefes de gobierno, sin excluir las propuestas que se realicen a favor de extranjeros distinguidos por sus méritos no relacionados necesariamente con dichas visitas.

Cuarto. Por lo que hace a la propuesta de modificación del artículo 40 de la ley, esta comisión estima que es atendible la misma en el sentido de establecer que la condecoración de mérito se tramitará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de un consejo presidido por el secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como vocales a los subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, ya que por un lado, se trata de una galardón de carácter eminentemente civil, y por otro lado, se considera oportuno que los criterios de intervención o participación de los subsecretarios en dicho Consejo sean de índole geográfica o por materia, toda vez que ello permitirá garantizar una valoración mucho más profunda sobre las razones que lleven al consejo a otorgar dicho reconocimiento.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que el que se reforman los artículos 40, 41, 42 y 43; se adiciona el artículo 40 con un tercer párrafo y se deroga el artículo 41, fracción II, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Único. Se reforman los artículos 40, 41, 42 y 43; se adiciona el artículo 40 con un tercer párrafo y se deroga el artículo 41, fracción II, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 40. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros, con objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos.

Esta condecoración se tramitará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de un Consejo presidido por el Secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como vocales a los Subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, y como Secretario del Consejo, al Director General que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgará, principalmente, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional, cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre los jefes de Estado, jefes de gobierno o primeros ministros.

Artículo 41. La Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgará en los grados de:

I. Collar, a jefes de Estado;

II. Se deroga;

III. Banda en Categoría Especial, a jefes de gobierno, a príncipes herederos, consortes de jefes de Estado y personas cuya categoría equivalga a las citadas;

IV. Banda, a ministros o secretarios de Estado, miembros de familias reales, embajadores o personas cuya categoría equivalga a las citadas;

V. Placa, a subsecretarios o viceministros de Estado, a encargados de negocios ad hoc, cónsules generales, generales brigadieres, contralmirantes, vicealmirantes, así como a aquellos cuya categoría equivalga a las citadas;

VI. Venera, a ministros residentes, encargados de negocios titulares, coroneles y tenientes coroneles, capitanes de navío, fragata o corbeta, así como a aquellos cuya categoría equivalga a las citadas, y

VII. Insignia, a consejeros, primeros, segundos y terceros secretarios de Embajada, capitanes, tenientes de navío, a aquellos cuya categoría equivalga a los citados y a los demás casos que el Consejo estime pertinente.

Artículo 42. En casos especiales, a juicio del Consejo, podrá conferirse la Orden Mexicana del Águila Azteca en sus diferentes grados a extranjeros distinguidos, según sus méritos, excepción hecha del grado de Collar.

Artículo 43. A los diplomáticos extranjeros acreditados en México, sólo se les otorgará la orden al término de su misión, siempre que hayan permanecido en el país dos años continuos como mínimo. El Consejo otorgará la condecoración con base en la valoración de la labor desempeñada en el país.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a primero de marzo de dos mil once.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín, Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

Esta comisión resulta competente para dictaminar la minuta presentada por la Cámara de Senadores, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, con base en las facultades que le confieren los artículos 80, 81, 82, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público se abocó al análisis de la citada minuta y conforme a las deliberaciones que sobre ésta realizaron los miembros de esta comisión reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

1. En sesión de fecha 19 de marzo del 2009 de la Cámara de Senadores, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa con proyecto de decreto antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, para estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria del 3 de febrero del año en curso, se presentó ante el pleno del Senado de la República el dictamen respectivo, que fue aprobado por 92 votos a favor y 1 abstención.

4. En sesión ordinaria del 9 de febrero de 2010, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta en comento para su estudio y dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta en estudio plantea reformar el artículo 4o. de la ley en cita para facultar al Ejecutivo federal, por conducto del Banco de México, a cubrir el equivalente a 3 millones de dólares estadounidenses, correspondientes a la última reposición de capital del Fondo Especial para el Desarrollo a que se refiere el artículo 8o. del Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).

Esta minuta se enmarca en las reposiciones periódicas que el BDC realiza del Fondo Especial de Desarrollo (FED), cuyos recursos de carácter concesional se utilizan para otorgar garantías, préstamos y donaciones para proyectos de alta prioridad para el desarrollo.

El propósito de la minuta es que México dé cumplimiento a las resoluciones de contribuyentes al Fondo Especial para el Desarrollo, de fechas 20 de octubre de 1995, 13 de diciembre de 2001 y 13 de octubre de 2005, las cuales acuerdan llevar a cabo la cuarta, quinta y sexta reposición de recursos, para financiar diversos programas de préstamo para la reducción de la pobreza en la región del Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la reducción de la vulnerabilidad de la zona, el desarrollo sustentable y la mejora de las instituciones locales, por un monto superior a los 400 millones de dólares estadounidenses.

Lo anterior toda vez que, México como miembro del BDC, acordó aportaciones correspondientes a 3 millones de dólares estadounidenses en cada una de las resoluciones citadas, por lo que con la medida planteada se complementará la cantidad total de contribuciones al FED, equivalente a 29 millones 333 mil dólares estadounidenses.

Consideraciones de la comisión

Primera.Esta comisión dictaminadora coincide con el contenido y alcance de la minuta que se dictamina, toda vez que

i) La membrecía de nuestro país en el BDC posibilita ampliar las relaciones de carácter político, económico y comercial con esta importante región que se constituye en la frontera este de México. Asimismo, al ser los miembros prestatarios del banco países con menor grado de de- sarrollo relativo, la participación de México en el BDC representa un refrendo de uno de los principios normativos de la política exterior de nuestro país, consagrado en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo.

ii) La participación de México en este banco regional le permite contribuir a solucionar los principales problemas de los países prestatarios del BDC, muchos de los cuales se encuentran señalados por el Banco Mundial en la lista de los países más pobres y altamente endeudados. Con los fondos que México y otros países otorgan al banco, se realizan importantes proyectos de desarrollo en infraestructura, turismo y agricultura en los países miembros prestatarios.

iii) Las contribuciones de México al banco abren también posibilidades para llevar a cabo acciones de cooperación y asistencia técnica con las instituciones y los países del Caribe, así como para apoyar los programas regionales del BDC enfocados en la reducción de la pobreza, la prevención y mitigación de desastres naturales, el fortalecimiento institucional y la integración regional, entre otros.

Segunda. Esta dictaminadora considera que nuestro país debe brindar respuesta al contenido de las resoluciones del BDC, en razón de la aprobación que en 1982 realizó el honorable Congreso de Unión para suscribir el convenio constitutivo del citado organismo multilateral.

Cabe señalar que el BDC es una institución financiera regional constituida el 18 de octubre del año 1969, que inició sus operaciones el 26 de enero de 1970 con el propósito fundamental de contribuir al crecimiento  económico y al desarrollo de los países del Caribe miembros de esa institución, así como para promover la cooperación económica e integración de los mismos, dando especial atención a las necesidades de los países menos desarrollados del área.

Tercera.En este contexto, mediante las resoluciones de contribuyentes al FED de fechas 20 de octubre de 1995, 13 de diciembre de 2001 y 13 de octubre de 2005 se acordó llevar a cabo la cuarta, quinta y sexta reposición de recursos (FED IV, V y VI), por un monto de 96.66, 125 y 184 millones de dólares de Estados Unidos de América, respectivamente, para financiar diversos programas de préstamo con el propósito de reducir la pobreza en la región del Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la reducción de la vulnerabilidad de la zona, el desarrollo sustentable y la mejora de las instituciones locales por un monto superior a los 400 millones de dólares estadounidenses.

En este sentido, nuestro país, como miembro de dicha institución, acordó las aportaciones correspondientes a 3’000,000.00 de dólares estadounidenses, según se indica en cada una de las resoluciones citadas. Lo anterior, completará una cantidad total de contribuciones al FED equivalente a 29’333,000.00 dólares estadounidenses.

Cuarta. Cabe aclarar que el propósito de la minuta que se dictamina no genera ningún impacto en la estructura ocupacional al no requerir creación o modificación de unidades administrativas y plazas, o en su caso, creación de nuevas instituciones. Asimismo, no genera impacto en los programas aprobados de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De igual modo, no requiere el establecimiento de destinos específicos de gasto público, ya que las aportaciones que realice el Banco de México al Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe no representa ninguna erogación presupuestal para la federación ni para el Banco de México, así como el establecimiento de nuevas atribuciones ni actividades que deberán realizar las dependencias o entidades. Tampoco se considera que sea necesario el establecimiento de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Quinta. La comisión que dictamina considera adecuado aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución como medida para continuar fortaleciendo nuestras relaciones de carácter político y económico con esta región estratégica, vinculada a México por múltiples razones de carácter geográfico, histórico y económico, así como una manifestación práctica de cumplimiento a las declaraciones y posiciones que México ha sostenido a nivel internacional.

Por lo expuesto, los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, para efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución

Articulo Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o. El Ejecutivo federal por conducto de Banco de México cubrirá el equivalente a 3,000,000.00 (tres millones) de dólares de Estados Unidos de América, correspondiente a la última reposición de capital del Fondo Especial para el Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8o. del convenio constitutivo del propio banco. En consecuencia, el monto total aportado por México al Fondo Especial para el Desarrollo asciende a la cantidad de 29,333,000.00 (veintinueve millones trescientos treinta y tres mil) dólares de Estados Unidos de América

Transitorio

Único.El presentedecreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de marzo de 2011.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados: Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario di Constanzo Armenta (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villareal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Cobarruvias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica a favor en lo general; en contra en lo particular), Leticia Quezada Contreras (rúbrica en contra), María Marcela Torres Peimbert, José Adán Ignacio Rubí (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

MONEDAS CONMEMORATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas Herencia Numismática de México, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas de la “Herencia Numismática de México”.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre la misma realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de fecha 28 de septiembre de 2010, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas de la “Herencia Numismática de México”.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

3. Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa en estudio establece las características de veinticuatro monedas bimetálicas acuñadas en metales industriales con núcleo de plata, todas ellas alusivas a la “Herencia Numismática de México”.

Dentro de la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que gracias a la inmensa riqueza argentífera de México, la explotación y la amonedación de la plata fueron fundamentales para nuestra economía a lo largo de cuatro siglos, desde la fundación del Virreinato de la Nueva España, hasta las postrimerías del siglo XIX. En este contexto, cabe recordar que la Casa de Moneda de México fue la primera casa de moneda fundada en América, mediante Cédula Real en 1535, acuñándose en ella, monedas virreinales de diferentes tipos y metales conocidas coloquialmente como “Carlos y Juana”, “macuquinas”, “columnarios”, “peluconas” y “de busto”; una vez independizado México, en ella, también se batieron monedas imperiales de Agustín de Iturbide, entre 1822 y 1823 y de Maximiliano entre 1864 y 1866; así como diversas piezas republicanas a lo largo del siglo XIX, entre las que destacan por su denominación popular “resplandores”, “de manita” y “balanzas”. A partir de 1905, en la misma ceca se ha troquelado la moneda contemporánea, a nombre de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, se establece que no sólo las piezas acuñadas en la Casa de Moneda de México conforman el vasto panorama numismático de nuestro país. A ellas se suman numerosas monedas de necesidad ordenadas por realistas e insurgentes durante la Guerra de Independencia; así como las fabricadas por distintas fuerzas beligerantes durante la Revolución Mexicana. Además, las piezas republicanas procedentes de las cecas foráneas, como Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Guanajuato, entre otras, amplían dicho horizonte, del mismo modo que lo hace la nutrida emisión de fichas particulares o tlacos.

Respecto a la moneda mexicana como medio de pago de aceptación general a nivel mundial, la iniciativa refiere que gracias a su bella factura y buena ley, se convirtió en moneda de curso internacional; se utilizó en lugares como el Caribe, y en general en todo el continente americano; en Europa, las Azores y África; incluso en Australia, Tailandia, las Filipinas, Japón y, sobre todo, en China. Lugares, todos ellos, donde circuló con intensidad y con frecuencia, fue resellada y contramarcada. La moneda mexicana gozó de tal aceptación en el mundo entero, que se convirtió en el medio de pago internacional predilecto durante varios siglos.

El objeto de esta iniciativa es rescatar y dar una nueva proyección a la importante herencia numismática de México, con ellas, no sólo se pretende revaluar nuestra historia numismática, sino darle un nuevo impulso a la presencia internacional de la moneda mexicana como pieza de colección. Se trata de una nueva serie de monedas orientadas, fundamentalmente, al creciente mercado de piezas bimetálicas, en este caso, con núcleo de plata, acorde a la centenaria tradición argentífera de nuestro país.

Mediante el decreto, se propone una selección de imágenes de piezas antiguas mexicanas, procedentes de distintas etapas de nuestra historia y relevantes por su significado o su belleza, entre las cuales destacan:

De la época virreinal:

• Carlos y Juana: Las primeras monedas acuñadas en la Casa de Moneda de México, a partir de 1536, fueron del tipo “Carlos y Juana”, primera serie. Se caracterizan por llevar la inicial “R”, correspondiente al primer ensayador de la ceca, llamado Francisco del Rincón. En la representación de la denominación de estas monedas, se preservó el uso prehispánico, ya que, por ejemplo, los 3 reales se expresaron con tres puntos.

• Columnario: Bella pieza barroca de plata que se acuñó en México de 1732 a 1771, en las denominaciones de 8, 4, 2, 1 y ½ real. Su reverso ostenta dos columnas coronadas (”Columnas de Hércules” que representan el estrecho de Gibraltar), con listones en los que se lee la divisa “PLUS ULTRA”. Entre las columnas se observan dos mundos, Europa y América, unidos bajo la corona española. Alrededor se lee la leyenda “VTRAQUE VNUM” (`Ambos son uno´), la marca de la ceca M° y el año de acuñación.

• Chops y resello de Filipinas: La moneda de 8 reales de plata, acuñada en México durante el Virreinato, se utilizó en Oriente como medio de pago de aceptación generalizada. Ante la aparición de falsificaciones, los banqueros y comerciantes chinos adoptaron la práctica de verificar el fino de las monedas y estampar, en aquellas que resultaran auténticas, pequeños punzones llamados chops. Mientras más marcas de este tipo tuviera una pieza, era aceptada con mayor confianza. En Filipinas se contramarcó la moneda mexicana para validar su circulación. Este tipo de piezas documentan la aceptación de la moneda mexicana en el lejano Oriente.

De la guerra de Independencia:

• Morelos tipo SUD: Moneda de cobre y en menor cantidad, de plata, ordenada acuñar por el generalísimo José María Morelos y Pavón durante la Guerra de Independencia, en cuyo reverso se observan un arco y una flecha, con la palabra “SUD” en la parte inferior. El conjunto se acompaña de elementos vegetales de ornato. Se trata de una pieza de necesidad, ordenada por Morelos para el pago de sus tropas y el abastecimiento de circulante de los territorios bajo su dominio. La palabra “SUD” remite a la zona de la Nueva España en la que actuó el caudillo insurgente.

• Suprema Junta de América: Esta junta insurgente, también conocida como Junta de Zitácuaro, fue la primera en utilizar al águila posada sobre un nopal en la moneda mexicana, aunque en estas piezas, el águila aparece coronada y el nopal nace en un puente. Estas piezas fueron todavía acuñadas a nombre de Fernando VII, monarca español cautivo de las fuerzas napoleónicas.

Del México independiente en el siglo XIX, se enfatiza la influencia en la moneda de las continuas guerras civiles e invasiones extranjeras y de un naciente espíritu nacionalista:

• Resplandor: La moneda republicana de plata llevó en su reverso, durante gran parte del siglo XIX, el resplandor; conjunto iconográfico formado por un gorro frigio, en cuyo frente se lee la palabra “Libertad”, misma a la que simboliza; detrás del cual surgen rayos solares resplandecientes. Alrededor, se lee la leyenda “8R D° 1824 R.L. 10Ds. 20 Gs” (es decir: 8 reales, la marca de la ceca de Durango, el año de acuñación, las iniciales del oficial responsable de certificar la buena ley de la pieza, o ensayador, y la ley de la plata 10 dineros y 20 granos).

• 1 peso del Segundo Imperio: Durante el Imperio de Maximiliano se acuñaron las primeras monedas decimales. A la usanza imperial, estas monedas ostentan el busto de perfil del monarca.

• Balanza: Al adoptarse el sistema decimal en la amonedación republicana, se utilizó el tipo de balanza, que es una representación del orden republicano: la espada del Poder Ejecutivo, el código abierto del Legislativo y una balanza del Judicial. Este tipo numismático se utilizó en las monedas de plata durante el último tercio del siglo XIX.

Finalmente, se incluyen también las piezas del siglo XX, en las cuales se ven representadas las postrimerías del porfiriato, la Revolución Mexicana y la época moderna de nuestro país, mediante piezas como las siguientes:

• Caballito: Para conmemorar el centenario del inicio de la Guerra de Independencia, el general Porfirio Díaz Mori ordenó la acuñación de esta moneda en 1910, misma que continuó hasta 1914. La pieza fue diseñada por el artista francés Charles Pillet y lleva en su reverso la imagen ecuestre de la Libertad que sostiene una rama de encina en la mano derecha y una antorcha en la izquierda; como fondo se observa un sol naciente y en la parte inferior el año de acuñación.

• Peso de bolita: En octubre de 1913, Maclovio Herrera, por orden del general Francisco Villa, ordenó la acuñación de estas monedas en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Es una de las más célebres piezas revolucionarias. El nombre con el que se le conoce, procede del círculo que aparece detrás del numeral “1” de la denominación.

• Ferrocarril del Sureste: Una de las piezas contemporáneas más bellas es la moneda de plata de 5 pesos, acuñada en 1950 para conmemorar la inauguración del Ferrocarril del Sureste. En primer plano del reverso destaca un fino grabado del ferrocarril en un paisaje tropical, con el sol resplandeciente al fondo.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con los argumentos del Ejecutivo federal, ya que la acuñación de las monedas propuestas, es una oportunidad de destacar la importancia y significado de la acuñación de moneda en México, permitiendo reflexionar en torno al papel que la moneda ha jugado como testigo de la historia de nuestro país, además que ofrece la posibilidad de colocarlas en el mercado internacional.

Segunda.Es del conocimiento de esta comisión dictaminadora, que en anteriores ocasiones han sido bien recibidas por el público las monedas bimetálicas con núcleo de plata, como es el caso de las piezas conmemorativas de la unión de los Estados, la del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, la del 400 aniversario de la publicación de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, entre otras.

Tercera. Asimismo, esta comisión coincide con los planteamientos de la iniciativa, en el sentido de que la acuñación de estas monedas promueve no solo la numismática mexicana, sino difunde tanto a nivel nacional como internacional la historia de nuestro país, fomentando su estudio y análisis, a través del interés inmediato que generan las propias piezas.

Cuarta. Por lo expuesto, la que Dictamina considera procedente la acuñación de estas monedas, ya que no solo se fomenta la industria minera del país, también se promueve el análisis e investigación de nuestra historia y se difunden momentos importantes de ella relacionados con las piezas.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es de aprobarse y para los efectos del artículo 72, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas de la “Herencia Numismática de México”

Artículo Único. Se establecen las características de veinticuatro monedas bimetálicas conmemorativas de la Herencia Numismática de México, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

A. Características comunes:

I. Valor Nominal: Cien pesos.

II. Forma: Circular.

III. Diámetro: 39.0 mm (treinta y nueve milímetros).

IV. Canto: Estriado discontinuo.

V. Composición: Las monedas serán bimetálicas y estarán constituidas por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

VI. Parte central de cada moneda.

a. Composición: Plata Sterling.

b. Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos), mínimo de plata.

c. Metal de Liga: Cobre.

d. Peso: 16.812 g (fieciséis gramos, ochocientos doce miligramos).

e. Contenido: 15.552 g (wuince gramos, quinientos cincuenta y dos miligramos), equivalente a ½ (un medio) de onza troy de plata pura.

f. Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más o en menos.

g. Tolerancia en peso por pieza: 0.336 g (trescientos treinta y seis miligramos) en más o en menos.

VII. Anillo perimétrico de cada moneda.

Podrá estar constituido por cualquiera de las aleaciones siguientes:

a. Aleación de bronce-aluminio.

Esta aleación estará integrada como sigue:

92% (noventa y dos por ciento) de cobre; 6% (seis por ciento) de aluminio; y 2% (dos por ciento) de níquel; con una tolerancia, en más o en menos, de 1.5% (uno punto cinco por ciento), por elemento.

En esta composición el peso será de 17.155 g (diecisiete gramos, ciento cincuenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.772 g (setecientos setenta y dos miligramos), en más o en menos.

b. Aleación de acero recubierto de bronce.

Esta aleación estará compuesta por dos partes:

Un núcleo cuyo peso corresponderá entre 92% (noventa y dos por ciento) y 96 % (noventa y seis por ciento) y un recubrimiento cuyo peso corresponderá entre 8% (ocho por ciento) y 4% (cuatro por ciento) del peso total de la pieza.

La composición de cada una de estas partes será la siguiente:

Núcleo de acero.

Esta aleación estará integrada como sigue:

0.08% (ocho centésimos de punto porcentual) de carbono, máximo; entre 0.25% (veinticinco centésimos de punto porcentual) y 0.40% (cuarenta centésimos de punto porcentual) de manganeso; 0.04% (cuatro centésimos de punto porcentual) de fósforo, máximo; 0.05% (cinco centésimos de punto porcentual) de azufre, máximo; y lo restante de hierro.

Recubrimiento de bronce.

Estará integrado como sigue:

Entre 86% (ochenta y seis por ciento) y 90% (noventa por ciento) de cobre; entre 14% (catorce por ciento) y 10 % (diez por ciento) de estaño.

En esta composición el peso será de 17.198 g (diecisiete gramos, ciento noventa y ocho miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.774 g (setecientos setenta y cuatro miligramos) en más o en menos.

c. Aleación de bronce-aluminio-hierro.

Esta aleación estará integrada como sigue:

5% (cinco por ciento) de níquel, máximo; 5% (cinco por ciento) de aluminio, máximo; 1% (uno por ciento) de hierro, máximo; 0.6% (seis décimos de punto porcentual) de manganeso, máximo; y lo restante de cobre.

En esta composición, el peso será de 17.394 g (diecisiete gramos, trescientos noventa y cuatro miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.783 g (setecientos ochenta y tres miligramos), en más o en menos.

d. Aleación de alpaca dorada.

Esta aleación estará integrada como sigue:

70% (setenta por ciento) de cobre; 5.5% (cinco, cinco décimos por ciento) de níquel; y 24.5% (veinticuatro, cinco décimos por ciento) de zinc; con una tolerancia en más o en menos, de 1.5% (uno punto cinco por ciento), por elemento.

En esta composición el peso será de 18.918 g (dieciocho gramos, novecientos dieciocho miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 0.851 g (ochocientos cincuenta y un miligramos), en más o en menos.

VIII. Peso total de cada moneda.

Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá para cada inciso de la fracción VII anterior, como a continuación se indica:

a. 33.967 g (treinta y tres gramos, novecientos sesenta y siete miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.108 g (un gramo, ciento ocho miligramos), en más o en menos.

b. 34.010 g (treinta y cuatro gramos, diez miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.110 g (un gramo, ciento diez miligramos), en más o en menos.

c. 34.206 g (treinta y cuatro gramos, doscientos seis miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.119 g (un gramo, ciento diecinueve miligramos), en más o en menos.

d. 35.730 g (Treinta y cinco gramos, setecientos treinta miligramos), y la tolerancia en peso por pieza será de 1.187 g (Un gramo, ciento ochenta y siete miligramos), en más o en menos.

B. Cuño de Anverso:

I. Anverso Común: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, en semicírculo superior la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso.

C. Cuño de reversos:

I. Reverso de la primera moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda virreinal de 8 reales, 1732, tipo columnario, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

II. Reverso de la segunda moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda virreinal de 8 reales, Carlos III, 1783, tipo de busto, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

III. Reverso de la tercera moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda insurgente de Morelos de 8 reales, cobre, tipo SUD, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

IV. Reverso de la cuarta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda republicana de 8 reales, tipo resplandor, 1824, ceca Durango, ensayador R.L., en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

V. Reverso de la quinta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda de los Estados Unidos Mexicanos, de un peso, 1914, tipo caballito, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

VI. Reverso de la sexta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda villista de un peso, 1913, acuñado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, tipo de bolita, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

VII. Reverso de la séptima moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda virreinal de 8 reales, Carlos III, 1804, con resellos de Filipinas y chops, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

VIII. Reverso de la octava moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda virreinal de 8 reales, 1608, ceca de México, inicial “F”, tipo macuquino, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

IX. Reverso de la novena moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda provisional realista de 8 reales, 1811, acuñada en Zacatecas, “L.V.O.”, primer tipo, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

X. Reverso de la décima moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda del Segundo Imperio de 1 peso, 1866, acuñada en México, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XI. Reverso de la décima primera moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda republicana de 8 escudos, tipo de manita, 1828, acuñada en México, iniciales de ensayador JM, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XII. Reverso de la décima segunda moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda de los Estados Unidos Mexicanos, 5 pesos, 1950, Inauguración del Ferrocarril del Sureste, acuñada en México, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XIII. Reverso de la décima tercera moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda zapatista de 2 pesos, 1915, acuñada en Suriana, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XIV. Reverso de la décima cuarta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda virreinal de 3 reales (denominación en puntos), acuñada en México, inicial del ensayador R, tipo Carlos y Juana, primera serie, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XV. Reverso de la décima quinta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda republicana de 1 peso, tipo balanza, acuñada en Zacatecas, inicial de ensayador H, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XVI. Reverso de la décima sexta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda republicana de 8 reales, tipo resplandor, con chops, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XVII. Reverso de la décima séptima moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda insurgente de la Suprema Junta de América de 8 reales, 1811, plata, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XVIII. Reverso de la décima octava moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda del Primer Imperio, de 8 escudos, 1822, acuñada en México, primer tipo, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XIX. Reverso de la décima novena moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda villista de 1 peso de, 1914, acuñada en Cuencamé, Durango, seis estrellas, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XX. Reverso de la vigésima moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda virreinal de 8 escudos, tipo Pelucona, Fernando VI, 1748, acuñada en México, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XXI. Reverso de la vigésima primera moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda revolucionaria del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 60 pesos, 1916, acuñada en Oaxaca, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XXII. Reverso de la vigésima segunda moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda provisional realista de Oaxaca, 8 reales, 1812, acuñada en Oaxaca, león grande, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XXIII. Reverso de la vigésima tercera moneda: Al centro, la imagen del anverso de una moneda virreinal de Carlos IV, 8 reales, 1806, tipo de Busto, acuñada en México, con resello de la Guayana Inglesa, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

XXIV. Reverso de la vigésima cuarta moneda: Al centro, la imagen del reverso de una moneda republicana de ¼ de real, cobre, 1834, acuñada en México, inicial A, en el campo superior paralelo al marco la leyenda “Herencia Numismática de México”, en el campo izquierdo la Ceca de la Casa de Moneda de México, en el campo derecho el año de emisión; en el exergo el signo de “$” continuo al número “100”, gráfila perlada. El marco liso.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las monedas a que se refiere el presente decreto podrán acuñarse a partir de la entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de las monedas descritas en el presente decreto.

Artículo Único, Apartado B, Fracción I

Anverso común.

Artículo Único, Apartado C, Fracción I

Reverso de la primera moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción II

Reverso de la segunda moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción III

Reverso de la tercera moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción IV

Reverso de la cuarta moneda

Artículo Único, Apartado C, Fracción V

Reverso de la quinta moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción VI

Reverso de la sexta moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción VII

Reverso de la séptima moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción VIII

Reverso de la octava moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción IX

Reverso de la novena moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción X

Reverso de la décima moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XI

Reverso de la décima primera moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XII

Reverso de la décima segunda moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XIII

Reverso de la décima tercera moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XIV

Reverso de la décima cuarta moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XV

Reverso de la décima quinta moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XVI

Reverso de la décima sexta moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XVII

Reverso de la décima séptima moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XVIII

Reverso de la décima octava moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XIX

Reverso de la décima novena moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XX

Reverso de la vigésima moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XXI

Reverso de la vigésima primera moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XXII

Reverso de la vigésima segunda moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XXIII

Reverso de la vigésima tercera moneda.

Artículo Único, Apartado C, Fracción XXIV

Reverso de la vigésima cuarta moneda

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de marzo de 2011.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), maría Marcela Torres Peimbert, José Adán Ignacio Rubí (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda de oro conmemorativa Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda de oro conmemorativa Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre ella realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno, presenta a esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de fecha 28 de septiembre de 2010, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la moneda de oro conmemorativa Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para estudio y dictamen.

3. Los integrantes de la comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios respecto a ella, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

En la iniciativa se recuerda que durante la segunda década del siglo XIX, México vivió uno de sus más importantes y trascendentes episodios históricos: la consumación del movimiento de Independencia Nacional, iniciado en septiembre de 1810, el cual tras más de una década de persistente e incansable lucha, terminó con tres siglos de coloniaje y de dominio español. A su culminación, se inició la construcción de México como una nación libre y soberana, brindando identidad al país como nación y provocando importantes consecuencias en el ámbito político, económico y cultural, las que han contribuido a la formación y consolidación del Estado mexicano y han permitido el establecimiento de valores y virtudes en provecho de la patria.

Asimismo, hace mención de que, con el propósito de conmemorar el bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, el Congreso de la Unión declaró mediante decreto publicado el 16 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación 2010 como Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional, y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana y se creó, además, la comisión organizadora de la conmemoración de ambos acontecimientos.

Relacionado directamente con la materia de la iniciativa, se hace un breve resumen de la cuestión monetaria durante la gesta independentista, ya que a efecto de satisfacer los requerimientos de circulante de la población civil y de las Fuerzas Armadas durante dicha gesta, realistas e insurgentes batieron sus monedas; mención especial merecen las piezas ordenadas por el generalísimo José María Morelos y Pavón en plata y cobre, así como las emitidas por la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, antecedente directo del uso del actual Escudo Nacional en la amonedación mexicana.

Ambas gestas, reconoce la iniciativa, fueron recordadas a lo largo del siglo XX mediante piezas numismáticas acuñadas en metales finos, alusivas a diversos episodios y personajes de nuestro devenir, incluido el movimiento de Independencia, con las cuales se enriqueció el legado numismático de México. En 1910, en el gobierno del general Porfirio Díaz Mori, la Casa de Moneda de México acuñó por primera vez en el país una moneda conmemorativa de un acontecimiento de trascendencia nacional, la cual tenía un valor nominal de un peso y se batió a propósito del centenario del inicio de la lucha por la independencia. Esa pieza formó parte de las múltiples celebraciones del centenario del inicio de la Independencia de México y posee uno de los diseños más bellos de la historia numismática nacional.

Respecto a la pieza de oro de 50 pesos, conocida como “centenario”, la iniciativa hace mención de su origen, en 1921, una vez concluida la Revolución, cuando se celebró el primer centenario de la consumación de la Independencia de México. Esta pieza, de 37.5 gramos de oro puro, circuló como moneda de curso legal hasta mediados de 1931. Posteriormente fue desmonetizada, debido a los conflictos que se presentaron entre el valor del oro y el valor facial de dicha moneda. A pesar de lo anterior, el “centenario” comenzó a ser demandado de manera creciente por coleccionistas e inversionistas, tanto por su contenido de metal fino como por su valor numismático.

Aun cuando el “centenario” es quizá la pieza mexicana acuñada en oro más reconocida, la acuñación y emisión de monedas de oro por la Casa de Moneda de México y el Banco de México, respectivamente, han sido muy significativas en cuanto a su variedad, ya que se han emitido monedas de diferentes tamaños y acabados, las cuales han sido bien recibidas tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La iniciativa menciona que ha sido precisamente la diversificación en el tamaño de las piezas acuñadas y emitidas en metales finos un factor importante para mantener la presencia de la moneda mexicana a escalas nacional e internacional.

Analizado lo anterior, el proyecto establece que tanto por la importancia fundamental de la lucha por la independencia como por la ya tradicional acuñación de monedas conmemorativas del devenir histórico, se considera que el bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional debe conmemorarse de manera muy especial, mediante la acuñación de una pieza de un kilogramo de oro puro.

El Ejecutivo señala que la moneda que se propone no tiene precedente en México. Sin embargo, cuenta con una similar en plata, la cual se acuña desde 2002, con el esquema de la serie Libertad. El diseño propuesto es una clara referencia histórica a los 200 años del inicio del movimiento de Independencia del país, por lo que considera adecuado conmemorar tan importante evento de manera única en la numismática nacional.

El decreto propuesto contiene diversos propósitos: continuar la celebración del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional, que se conmemoró durante 2010; preservar la ancestral tradición numismática mexicana; fortalecer la emisión de monedas conmemorativas, fomentar la industria minera; y consolidar la presencia de México en materia numismática a escala mundial.

Consideraciones de la comisión

Primera.La comisión dictaminadora está de acuerdo con los argumentos del Ejecutivo federal, en el sentido de que al conmemorar el inicio de la gesta que nos dio origen como nación con la acuñación de una pieza de un kilogramo de oro puro se mantiene y preserva la tradición numismática nacional.

Segunda. Cabe señalar que conforme lo establece el Ejecutivo, las monedas acuñadas en plata de dimensiones superiores a una onza han sido bien aceptadas por el público nacional e internacional, posicionando al país en el mercado numismático y de inversión en metales finos, con efectos positivos para la industria minera.

Tercera.Con relación a las piezas acuñadas en oro, principalmente la serie Libertad y la familia del “centenario”, son apreciadas por todos los mexicanos como un medio de inversión y de ahorro, en especial recientemente que el precio de ese metal ha alcanzado niveles históricos.

Cuarta.La que dictamina considera procedente la acuñación de la moneda propuesta por el Ejecutivo federal, en especial por haber sido 2010 el bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional, ya que si bien hay diversas monedas y medallas alusivas a la Independencia, acuñar una pieza de las dimensiones propuestas es un hecho único en la tradición numismática del país, aunado a que en otros países, como Canadá, Rusia, China y Australia, han sido acuñadas monedas de oro de estas dimensiones, e incluso mayores, con gran éxito, lo cual fortalecería la presencia de México en el mercado numismático internacional.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es de aprobarse y para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de la moneda de oro conmemorativa Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional

Artículo Único. Se establecen las características de la moneda de oro conmemorativa Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Valor Nominal: Doscientos pesos.

II. Forma: Circular.

III. Diámetro: 90 milímetros (noventa milímetros).

IV. Canto: En hueco la inscripción “Independencia y Libertad”.

V. Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro.

VI. Peso: 1 000 gramos (Mil gramos).

VII. Contenido: 1 kilogramo de oro puro.

VIII. Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.

IX. Tolerancia en peso: Por unidad: 3.5 gramos (tres gramos, cinco décimos). Por conjunto de diez piezas: 90 gramos (noventa gramos). Ambas en más o en menos.

X. Cuños: a) Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado en semicírculo superior con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia del país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino. El marco liso.

b) Reverso: En el campo superior en semicírculo el texto “Bicentenario”; bajo éste, el número “1810”; y debajo, el número “2010”. Al centro, en perspectiva, la figura de la Victoria Alada de la Columna de la Independencia; en el campo izquierdo, en semicírculo, la leyenda “1 kg oro puro”; en el campo inferior derecho en conjunto, el número “200” y la palabra “pesos”, gráfila escalonada; en el exergo, la ceca de la Casa de Moneda de México. El marco liso.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor del mismo.

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente decreto.

Moneda de oro conmemorativa Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional

Anverso

Reverso

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 9 de marzo de 2011.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortázar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta Martínez (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García, Mario Alberto di Costanzo Armenta (rúbrica en contra), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza Kaplan (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert, José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la octava moneda de plata conmemorativa Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal sometió a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la octava moneda de plata conmemorativa “Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos”.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la citada iniciativa y conforme a las deliberaciones que sobre ésta realizaron los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de fecha 28 de septiembre de 2010, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la octava moneda de plata conmemorativa “Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos”.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para estudio y dictamen.

3. Los integrantes de esta comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus observaciones y comentarios de ésta, e integrar el presente dictamen.

Descripción de la iniciativa

La iniciativa materia del presente dictamen señala que en 1991, el gobierno español, a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, convocó a los países iberoamericanos a unirse a los festejos para conmemorar, por medio de un programa numismático, el quinto centenario del encuentro de dos mundos, el cual es también conocido como “encuentro de dos mundos” y considera emisiones bianuales de monedas acuñadas en plata, por cada país participante, y que en su reverso presentan un diseño diferente, relacionado con un tema en particular. A estas emisiones bianuales se les conocen con el nombre de “Series Iberoamericanas”.

Señala también, que a la fecha son siete las Series Iberoamericanas que se han emitido con la participación de por lo menos nueve países iberoamericanos por cada serie. Los temas seleccionados para la elaboración de los diseños utilizados en los reversos de las monedas de estas siete primeras series fueron los siguientes:

• Primera Serie Iberoamericana: “Encuentro de Dos Mundos”.

• Segunda Serie Iberoamericana: “Animales Autóctonos en Peligro de Extinción”.

• Tercera Serie Iberoamericana: “Danzas y Trajes Típicos Iberoamericanos”.

• Cuarta Serie Iberoamericana: “El Hombre y su Caballo”.

• Quinta Serie Iberoamericana: “La Náutica”.

• Sexta Serie Iberoamericana: “Arquitectura y Monumentos”.

• Séptima Serie Iberoamericana: “Países Iberoamericanos en los Juegos Olímpicos”.

Dentro de la exposición de motivos, el Ejecutivo señala que actualmente los países participantes en ese programa numismático han considerado conveniente llevar a cabo la emisión de una octava moneda conmemorativa de esta serie. El tema seleccionado para desarrollar el diseño del reverso de la moneda perteneciente a la octava Serie Iberoamericana es el de “monedas históricas iberoamericanas”.

En el caso de México, se ha escogido como motivo principal del reverso una réplica de la moneda conmemorativa del Grito de Dolores conocida como “peso de caballito”, cuya acuñación fue ordenada por el general Porfirio Díaz Mori en 1910, para conmemorar el centenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional. Esta pieza, señala la iniciativa, guarda un particular significado, no sólo por el importante motivo de su acuñación, sino porque con ella, se inició en nuestro país la acuñación de monedas conmemorativas que desde entonces han enriquecido sensiblemente la tradición numismática de México.

Respecto a la historia del “peso de caballito”, se establece que además de poseer uno de los diseños más bellos y afortunados de la numismática nacional, fue obra del artista francés Charles Pillet, y ostenta en el anverso el Escudo Nacional en el que se aprecia una vigorosa águila mexicana de frente, con las alas desplegadas, entre las palabras “un peso” de la denominación y la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, en semicírculo superior; el reverso muestra la figura ecuestre de la Libertad, que sostiene en su mano derecha una rama de encina que representa la fuerza y, en la izquierda, una antorcha que simboliza la permanente lucha por la libertad; al  fondo, en el horizonte, se aprecia un sol naciente cuyos rayos resplandecientes se extienden por el campo de la pieza; en el exergo se aprecia el año de acuñación, los cuales fueron de 1910 a 1914.

Por estas características, aunado a la belleza propia del diseño, se ha decidido que la representación del “peso del caballito” se encuentre plasmada en la moneda conmemorativa, materia del presente decreto.

Consideraciones de la comisión

Primera.Esta comisión dictaminadora concuerda con el Ejecutivo, ya que las monedas emitidas por nuestro país para este programa han gozado de una amplia aceptación en el mercado numismático mundial, e incluso varias piezas han ganado el galardón “La Moneda más Bella de la Serie”, tales como:

• La Columnaria en la primera serie, la cual es una réplica de la popular moneda del siglo XVIII, que circuló en todo el mundo;

• La Tortuga Golfina en la segunda, que hace alusión a una de las especies que se encuentra en peligro de extinción en México;

• El Jarabe Tapatío en la tercera, en donde se muestra a una pareja realizando el popular baile típico mexicano;

• El Paso de la Muerte, suerte de la charrería, la cual se encuentra bellamente representada en una moneda de la cuarta serie; y

• La del Palacio de Bellas Artes, situado en el centro histórico de la Ciudad de México, última moneda premiada y que integra la sexta serie.

Lo anterior es motivo de orgullo para nuestro país, ya que mundialmente se reconoce la calidad de nuestra acuñación.

Segunda. De igual forma, coincide la que dictamina, en que la emisión de monedas iberoamericanas son un claro testimonio de la evolución histórica de los países que conforman la región y; como tal, en ellas han quedado plasmados diversos acontecimientos de importancia nacional, por lo que esta serie estrecha vínculos con naciones hermanas y fortalece una presencia iberoamericana a nivel mundial.

Tercera.La que dictamina considera procedente la acuñación de esta moneda, ya que oportunamente refiere de manera directa a la reciente celebración del bicentenario del inicio de nuestra Independencia Nacional y fortalece los vínculos entre naciones que tienen un pasado común, además de ser un medio de ahorro y de interés para un cada vez más amplio sector de la población de Iberoamérica, la cual ha distinguido a nuestro país con los premios señalados en la consideración primera del presente dictamen.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera que es de aprobarse y para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se establecen las características de la octava moneda de plata conmemorativa Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos

Artículo Único.Se establecen las características de una octava moneda de plata conmemorativa “Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos”, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos:

I. Valor Nominal: Cinco pesos.

II. Forma: Circular.

III. Diámetro: 40.0 mm  (cuarenta milímetros).

IV. Ley: 0.925  (novecientos veinticinco milésimos) de plata.

V. Metal de liga: 0.075  (setenta y cinco milésimos) de cobre.

VI. Peso: 27.0 g (veintisiete gramos).

VII. Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura.

VIII. Tolerancia en ley: 0.005  (cinco milésimos) en más.

IX. Tolerancia en peso: Por unidad 0.216 g (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de mil piezas: 6.831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos.

X. Canto: Estriado.

XI. Cuños:

a) Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado en semicírculo superior con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, los escudos nacionales de los otros países participantes en la octava emisión de las monedas conmemorativas Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos.  El marco liso.

b) Reverso: En el campo superior en semicírculo la leyenda “Monedas Históricas Iberoamericanas”. Desfasada del centro al campo derecho el diseño del reverso de la pieza conocida como “un peso de caballito”, en un primer plano y el anverso en el segundo plano con el Escudo Nacional utilizado en la referida moneda. En el campo inferior izquierdo el signo de pesos “$” continuo del número “5”, bajo éste el número “2010”. En el campo superior izquierdo la ceca de la Casa de Moneda de México. En el exergo la palabra “México”. Como fondo, un plano marítimo donde aparece la Nueva España. El marco liso.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La moneda a que se refiere el presente decreto podrá acuñarse a partir de la entrada en vigor de éste.

Tercero.Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los cuales deberán ser acordes con las características de la moneda descrita en el presente decreto.

Octava moneda de plata conmemorativa Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos

Anverso

Reverso

Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de marzo de 2011.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario di Constanzo Armenta (rúbrica en contra), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villareal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Cobarruvias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert, José Adán Ignacio Rubí (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE PLANEACION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondientes la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XXX, a la luz de lo dispuesto en el artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El 26 de septiembre de 2002, el senador Marco Antonio Adame Castillo, del Partido Acción Nacional durante la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó en sesión de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República para estudio y dictamen.

II. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 29 de abril de 2003 se aprobó el dictamen correspondiente con 88 votos. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó que se turnara el proyecto de decreto a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La minuta fue recibida el 30 de abril de 2003 en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión. La Presidencia de la Mesa Directiva instruyó que se turnara a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para análisis y dictamen.

IV. En virtud del decreto publicado el 29 de septiembre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del título segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se creó la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública cambió su nombre, quedando a cargo de la hoy Comisión de Gobernación el dictamen de la minuta a que se ha hecho referencia.

V. En sesión del 2 de julio de 2008, la diputada Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó solicitud de excitativa a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente excitó a la Comisión de Gobernación para emitir el dictamen de la minuta a que se ha hecho referencia.

VI. En sesión plenaria del 23 de abril de 2009 se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.

VII. Por el oficio número DGPL 61-II-5-95, del 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la Comisión de Gobernación copia del dictamen positivo de la minuta de referencia en calidad de proyecto, de conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyecto de ley o decreto y proposiciones con punto de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de septiembre de 2009.

VIII. En sesión plenaria del 4 de noviembre 2009 se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la minuta objeto del presente dictamen.

Contenido de la minuta

La iniciativa del senador Marco Antonio Adame Castillo pretende contribuir a los esfuerzos de desarrollo en México a través de la creación de instrumentos conceptuales y metodológicos que permita incorporar la cultura en los procesos de identificación, formulación y ejecución en las políticas de acción internacional, nacional y local, así como en los niveles y órdenes intermedios y de proyectos concretos.

Como afirma el dictamen de la colegisladora, la cultura debe ser considerada como el bien común de los pueblos en particular porque es estructura vital de una comunidad acumulado a lo largo de su historia, convirtiéndose en un instrumento eficaz para el desarrollo de los pueblos. La globalización hace indispensable afirmar la identidad cultural y contribuir solidariamente a globalizar los valores fundamentales del hombre, entre los que destaca la cultura a partir de una clara identificación y consideración al papel que el hecho cultural tiene en la integración y desarrollo del país.

Por lo anterior se considera reformar y adicionar la Ley de Planeación para integrar la cultura como elemento fundamental en el desarrollo del país, a fin de que en las normas y los principios básicos, conforme a los cuales se llevará la planeación nacional del desarrollo, se integre el concepto de cultura y así encauzar las actividades de la administración pública federal, de las entidades federativas y los diferentes órdenes de gobierno que garanticen la integración de la política cultural en beneficio de los diversos grupos sociales en los Estados Unidos Mexicanos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los integrantes de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

I. El artículo 26, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la obligación del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

II. Los objetivos de planeación tendrán como base los fines del proyecto nacional que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a través de la participación de los diversos grupos sociales, se recogerán las aspiraciones y demandas para que sean incorporadas al plan y programas de desarrollo; a este plan nacional de desarrollo se sujetarán, de manera obligatoria, los programas de la administración pública federal conforme al mandato establecido en el artículo 26, Apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La Ley de Planeación, publicada el 5 de enero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación, tiene por objeto establecer las normas y principios básicos por los cuales se llevará a cabo la planeación nacional de desarrollo, integrando el Sistema Nacional de Planeación Democrática entre el Ejecutivo federal y las entidades federativas y estableciendo las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y las comunidades indígenas.

IV. Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera cinco ejes fundamentales por los que se integran las estrategias gubernamentales en cada aspecto de la vida de los habitantes de la república, de acuerdo con los retos y transformaciones que el país demanda. (Cfr. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “Introducción”, página 12.)

B) En lo particular

I. El Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, han impulsado el proyecto Factibilidad Cultural en la Planeación del Desarrollo. Éste se refiere a la cultura como la totalidad de las actividades humanas y como dimensión transversal de lo que concierne al de-sarrollo y a la integración. El proyecto plantea que los beneficiaros de la factibilidad cultural sean las sociedades, comunidades y colectividades en general de los países de la región.

II. En este sentido, el proyecto quiere agregar a la factibilidad cultural para que se establezcan los eventuales efectos culturales que pueda tener un determinado instrumento de planeación e identificar los efectos positivos en los planes, programas y proyectos de que se trate, además de la factibilidad financiera, económica, social, política y ambiental que considera la Ley de Planeación.

III. México ha sido el primer y único país que, en el marco del Parlatino, ha presentado una iniciativa en este sentido.

IV. A escala nacional, la “Igualdad de oportunidades”, eje tercero del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, considera que unas de las principales finalidades de la política social es “lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social sustentable hay que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país...” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, eje tres, “Igualdad de oportunidades, página 143.)

V. El mismo eje tercero menciona la herencia cultural de México como un motivo de orgullo para el engrandecimiento de la patria; en este sentido, el planteamiento de estrategias resulta indispensable para fortalecer la política cultural en cualquier ámbito comunitario, educativo, en la preservación del patrimonio y en el fortalecimiento de la herencia cultural de todos los mexicanos.

VI. Los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se diseñan en el sector cultural, a fin de aplicar los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, tienen como parámetro el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, el cual expone las necesidades culturales concretas del país a través de ocho ejes en los que señala los objetivos, las estrategias y las líneas de acción de este sector que incide en el desarrollo humano de los habitantes del país.

VII. Efectivamente, el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 “traza el camino para lograr un objetivo nacional: que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y el disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural del país como parte de su pleno desarrollo humano. Insiste, también, en reconocer a las expresiones culturales como fuentes de aprendizaje, crecimiento y entretenimiento y como factores indudables de desarrollo económico y de generación de empleo”. (Programa Nacional de Cultura 2007-2012, 1, “La cultura en el desarrollo humano sustentable. Para una visión de largo plazo”, página 22.)

VIII. Desde la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, legisladores de distintos grupos parlamentarios han propuesto diversas iniciativas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer como garantía individual el derecho de los mexicanos al libre acceso de la cultura y de los derechos culturales.

IX. El 2 de octubre de 2008, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 334 votos a favor el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución General de la República a fin de establecer el derecho a la cultura para todos los mexicanos. A juicio de la comisión dictaminadora, al citar la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982, estima que la “cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. Así, el crecimiento de la cultura se ha concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta que detrás de las cifras debe considerarse una evaluación de los programas culturales: la formación de públicos, los hábitos de consumo cultural, los hábitos de lectura, etcétera. Por ello, el auténtico desarrollo persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno y de todos”. La adición del artículo 4o. de la Constitución quedó de la siguiente forma:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

X. La adición señalada fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores el 4 de diciembre de 2008 con 94 votos a favor, pasando a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

XI. El sistema de planeación ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe considerar el establecimiento de políticas específicas en el sector cultural como la protección de nuestro patrimonio, de la diversidad e infraestructura cultural, la promoción de nuestra cultura nacional, el estímulo a los talentos creativos, el impulso de la formación e investigación antropológica, histórica, cultural y artística, el esparcimiento cultural y el fomento de la lectura y el apoyo al turismo y las industrias vinculadas a la cultura, que redundarán en el desarrollo humano integral de los mexicanos, por lo que esta comisión considera viable el proyecto de reformas y adiciones de la Ley de Planeación.

C) Modificaciones de la minuta

I. Esta comisión considera modificaciones de la minuta remitida, con relación a algunos conceptos que se encuentran en la ley en vigor, así como de técnica legislativa que precisarán el contenido de las reformas y adiciones.

II. Los artículos 8o., 21, 27 y 40 de Ley de Planeación en vigor consideran la aplicación de instrumentos, planes y programas en materia ambiental. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como cuarto eje “la sustentabilidad ambiental”, entendida como “la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras”. En este sentido, el Plan Nacional de Desa-rrollo considera que “uno de los principales retos que enfrenta México incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Sólo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza”. (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, eje 4, “Sustentabilidad ambiental”.)

III. Conforme a lo anterior, el 21 de enero de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012, de observancia obligatoria para las dependencias de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de obligatoriedad extensiva a las entidades paraestatales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las entidades paraestatales coordinadas por ella deben elaborar sus programas anuales, a efecto de que se provean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2012 en materia de sustentabilidad ambiental, por lo que es claro que debe realizarse la planeación y programación de políticas ambientales conforme a lo establecido en la Ley de Planeación.

IV. Sin embargo, la minuta con proyecto de decreto materia de este dictamen elimina de los artículos por reformar y adicionar la cuestión ambiental. Efectivamente, de la lectura de la iniciativa del senador Marco Antonio Adame Castillo y del dictamen de las comisiones unidas de la colegisladora se desprende que no hay consideración alguna para derogar el término ambiental de los artículos 8o, 27 y 40 de la Ley de Planeación y lo relativo a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo que deben tomar en cuenta las variables ambientales que se relacionen con la actividad económica, social y cultural que señala el artículo 21, segundo párrafo, del ordenamiento en vigor.

V. Por lo anterior, esta comisión considera oportuno conservar dichos términos como se encuentran en la ley actualmente, en virtud de que el sector ambiental debe ser un tema de cuidado especial a fin de prevenir problemas y riesgos futuros a la seguridad de nuestra nación en concordancia, igualmente, con los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de protección ambiental que redunde en un desarrollo sustentable del país.

VI. Por otro lado, también se considera conservar otros términos en vigor, mismos que el proyecto de decreto omite sin que el dictamen de la colegisladora haga referencia específica. Efectivamente, el artículo 21, segundo párrafo, de la disposición en vigor señala que el Plan Nacional de De-sarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país.

VII. El desarrollo sustentable es entendido como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las generaciones futuras, implicando un desenvolvimiento en términos cualitativos en una interrelación entre los sectores económico, social y ambiental, sin que el avance de uno implique el deterioro de otro; en virtud de que éste es un concepto integral, esta comisión considera conservarlo en su redacción actual.

VIII. La primera parte del artículo 27 en vigor señala que para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales. El proyecto de decreto es omiso en cuanto a los programas institucionales por lo que, como se ha descrito, la ejecución de programas sectoriales es también de carácter obligatorio en instituciones que pertenecen a la administración pública federal centralizada y descentralizada; en este sentido, se sugiere conservar el término “institucionales”.

IX. Finalmente, el artículo 40 de la Ley de Planeación en vigor señala que los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere la ley en comento; sin embargo, la minuta con proyecto de decreto cambia el verbo inducir por introducir, sin ofrecer consideración alguna para realizar esta sustitución.

X. Por inducir debe entenderse la causa para conducir las acciones por realizar. En este sentido, la intención del legislador ha sido que la administración pública federal tenga como premisa el Plan Nacional de Desarrollo del cual derivarán las acciones necesarias que se aplicarán en los distintos sectores de su competencia, por lo que se estima oportuno conservar el verbo “inducir” contenido en el artículo 40 en vigor.

XI. Sobre el artículo 2o., es necesario considerar que la misma disposición establece los “principios” que observa la planeación democrática nacional. La propuesta de adición indica la “evaluación del impacto cultural”, lo que no es congruente con el sentido del artículo 2o., ya que la evaluación se trata de una etapa del proceso de planeación.

XII. Al observar el espíritu de la iniciativa, se considera oportuno establecer en la mencionada disposición a la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales como uno de los principios de la planeación democrática que procuren el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades que representa la cultura como una dimensión fundamental que contribuye a fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones, por lo que se propone tal modificación.

XIII. Finalmente, se considera realizar las adecuaciones pertinentes de técnica legislativa en la fracción IV que se reforma y en las precedentes a la fracción VII que se adiciona con el fin de establecer la secuencia entre ellas, como se precisa a continuación:

Artículo 2o. ...

I. a III. ...

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos y culturales;

V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social ; y

VII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

XIV. Por lo expuesto, esta comisión considera las modificaciones que se señalan:

Artículo 2o. ...

I. a III. ...

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;

V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional ;

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social ; y

VII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Artículo 8o. ...

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural en función de dichos objetivos y prioridades.

......

Artículo 21. ...

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen con éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

...

Artículo 27. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social , ambiental y cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social , ambiental y cultural, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta ley.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación

Único. Se reforman los artículos 2o., fracciones IV, V y VI, 3o., segundo párrafo, 8o., segundo párrafo, 21, segundo párrafo, 27 y 40, primer párrafo; y se adiciona el artículo 2o., fracción VII, todos de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a III. ...

IV. El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, políticos y culturales;

V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional;

VI. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social; y

VII. La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Artículo 3o. ...

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

Artículo 8o. ...

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural, en función de dichos objetivos y prioridades.

...

...

Artículo 21. ...

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social y cultural, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

...

Artículo 27. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Estos programas anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 40. Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de política económica, social, ambiental y cultural, deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta ley.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los estados deberán adecuar sus leyes de la materia conforme a lo dispuesto en este decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 1 de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín, Sami David David, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 409 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

GUARDERIA ABC

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A continuación vamos a dar cauce a la solicitud del diputado don Emilio Serrano y guardaremos un minuto de silencio en honor de las víctimas de la Guardería ABC.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de  la Comisión de Participación Ciudadana, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, le fue turnado para su estudio y análisis la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5, fracción VIII, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, 40 y 45 numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 157 numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

La comisión dictaminadora se abocó al examen de la iniciativa descrita, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I.Con fecha 15 de diciembre de 2010, el diputado federal Enrique Torres Delgado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 5, fracción VIII, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

II.En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a la Comisión de Participación Ciudadana, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

1.El diputado proponente manifiesta en su iniciativa, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece derechos para cada uno de los individuos relativos a la participación ciudadana, los cuales se encuentran plasmados en el artículo 6o. que dispone la libre manifestación de las ideas y el acceso a la información; por otra parte, el artículo 8o. plasma el derecho de petición del ciudadano a todo funcionario público y la obligación del servidor público de emitir respuesta por escrito; en tanto que el artículo 9o. consagra el derecho de asociación y de tomar parte en los asuntos políticos del país y complementa el derecho de petición con el derecho a presentar una queja ante cualquier acto de la autoridad.

Asimismo, manifiesta que no obstante el marco jurídico existente, se constata que los mexicanos tienen una baja participación en acciones civiles y que los ciudadanos prefieren  involucrarse en asuntos de la iglesia y la escuela donde la participación es informal y se hace de manera individual.

Por tal motivo, advierte el proponente que se necesita fomentar la organización y participación de los ciudadanos en problemas que les atañe directamente, requiriendo de una mayor organización que permita que los vecinos implementen acciones de acuerdo a las características sociales y culturales propias de cada colonia, de cada barrio, fomentando ante todo el rescate de la cultura de la comunidad, la reconstrucción del tejido social y la participación vecinal.

De igual forma, considera el iniciante que se requiere de una mayor organización vecinal como un mecanismo de creación de capital social, en la medida en la que la ciudadanía se incorpora al trabajo vecinal, toma una mayor responsabilidad al momento de plantear agendas, ejecutar proyectos y desarrollar programas, se genera una corresponsabilidad entre el gobierno y los miembros de una determinada comunidad por el beneficio común, con lo que se motivará a los vecinos de las comunidades para que encuentren alternativas de solución a sus particulares problemas como lo es el de la inseguridad.

El diputado Enrique Torres Delgado considera que la inseguridad, además de deteriorar la calidad de vida, genera una sensación de incertidumbre e indefensión que, por desgracia, se ha ahondado al paso del tiempo, estimando de igual manera que existen diversas causas que han generado este problema; sin embargo, considera que la principal causa es el avanzado deterioro en las zonas urbanas del tejido social, por lo que, para revertir esta situación, se requiere lograr un cambio en la actitud de los vecinos y en el papel que deben tomar dentro de la prevención del delito; ya que, si bien es cierto que la responsabilidad de combatir el delito recae en los distintos niveles de gobierno, es cierto también que la prevención del mismo está en manos de todos los ciudadanos.

Además, estima que más allá de que las autoridades identifiquen los factores de riesgo que vuelven inseguras a las ciudades, la participación organizada de los comités vecinales tiene importancia vital para la recuperación del espacio público, con el fin de analizar la importancia e influencia del entorno urbano y el diseño ambiental para planear, diseñar y gestionar ciudades más seguras. Lo importante es que los vecinos se involucren desde el principio en los procesos de recuperación, pues el trabajo vecinal puede ayudar a disminuir la sensación de inseguridad.

Es por ello que la Iniciativa en comento encuentra necesario promover la participación ciudadana y la cohesión vecinal para que las personas utilicen, disfruten y transiten con tranquilidad los espacios públicos. En la medida en que más vecinos se involucran en este tipo de proyectos, y se creen grupos de colonias que se cuidan entre sí, también es muy importante que las autoridades conozcan las aspiraciones de los vecinos con respecto al espacio público a intervenir.

El diputado proponente plantea reformar la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de que los vecinos cuenten con un instrumento normativo más para incidir en el mejoramiento del entorno urbano, particularmente en la conservación y seguridad de los espacios públicos como medida para fortalecer el tejido social y, de esta manera, contribuir a la prevención del delito.

En tanto que la institucionalidad del sector se debe de dar paralelamente al fortalecimiento de tres pilares básicos que deben sostenerlo: la participación ciudadana, a través o mediada por una organización civil; la movilización de recursos de la sociedad y para la sociedad; y la construcción e impulso de redes y creación de frentes que permitan defender los intereses del sector y ser eficaces en la incidencia de lo público.

De acuerdo a las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, no existe definida alguna actividad, específicamente, para el mejoramiento del entorno urbano y rescate de espacios públicos, por lo que se plantea reformar la fracción VIII para que los vecinos de forma organizada, puedan acceder a los recursos necesarios, a fin de emprender proyectos, más y mejores elementos para solicitar a la autoridad correspondiente aquello que necesitan para mejorar su calidad de vida.

La prevención de la delincuencia, mediante el diseño de espacios urbanos seguros contempla un conjunto de acciones o medidas que tienen como objetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia de delitos, con lo que se incrementa  la sensación de seguridad mediante la modificación de su entorno.

Por lo antes expuesto, el diputado proponente plantea que se reforme la fracción VIII de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para que quede de la siguiente manera:

Artículo 5. ...

I. a VII. ...

VIII. Apoyo para el Desarrollo Comunitario, mejoramiento del entorno urbano y rescate de espacios público para el fortalecimiento del tejdo social y la prevención del delito.

2.Establecidos los antecedentes y contenidos de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

Primero. Que con base en los antecedentes antes indicados y con los elementos de información disponibles, la Comisión de Participación Ciudadana, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de decreto de referencia.

Segundo.Sin duda, el rescate de los espacios públicos tiene antecedentes muy remotos, comenzando con el filósofo Aristóteles, a quien se le considera como el responsable de iniciar el reconocimiento del espacio público ya que dichas áreas se consideraban, en ese entonces, espacios vitales donde la sociedad se reunía para compartir opiniones, evaluar propuestas y elegir la mejor decisión de manera conjunta. Dicho concepto fue evolucionando y  ahora, en los tiempos actuales, son considerados como aquellos espacios donde se desarrolla una faceta de lo social, o de cualquier sitio de confluencia y convivencia social que hace posible observarnos a nosotros mismos como sociedad y cultura.

El rescate y el mejoramiento del entorno social debería de ser prioritario para la sociedad y se debe de trabajar de manera conjunta con los gobiernos federal, estatal y municipal para que no se pierdan los espacios de recreación.

No obstante lo anterior, esta comisión es de la opinión que, aunque resulta plausible la iniciativa del diputado Enrique Torres Delgado al considerar la recuperación de espacios públicos, no debemos de limitar las actividades de la organizaciones de la sociedad civil a sólo la recuperación de dichos espacios públicos, sino que se debe contemplar el que se incluyan otras tantas actividades que incidan en el mejoramiento de su entorno; además, con ello se evita el que se involucre a un programa federal como lo es el de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio y la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas, como lo es el “Programa Rescate de Espacios Públicos ”, que contempla disposiciones particulares para su articulación. De ahí que debemos de reconocer la importancia de que se desarrolle este programa que, como el resto de los programas sociales, cuenta con un padrón de beneficiarios, para los que se procura mejorar su calidad de vida y la seguridad ciudadana en espacios incluyentes, seguros, sustentables y con identidad propia, por lo que no es posible calificar como viable una propuesta que no se refiere al programa responsable de operar la sustantividad con la que se pronuncia, pues tal pareciera que no se estaría reconociendo acción alguna en materia de espacios públicos con relación a la prevención al delito y a la participación ciudadana, situación que resulta incongruente pues tanto el multicitado Programa, así como el de Coinversión Social que opera el Indesol, han venido trabajando en dichos rubros, cada uno bajo respectivas especificidades, sin interferir y/o intervenir en sus campos respectivos.

Adicionalmente, es pertinente apuntar que en términos técnicos, el desarrollo comunitario es inclusivo respecto al entorno urbano, puesto que finalmente  su objetivo se dirige a población en condición de marginación, en espacios públicos, sin delimitar si es urbano o rural. Por otra parte, las actividades de las organizaciones que son objeto de fomento son temáticas, por lo que en lo concerniente a incorporar en la fracción VIII del artículo 5 de la ley en comento, el mejoramiento del entorno urbano y el rescate de espacios públicos, resultaría en que la prioridad sea la concordancia de la ley con programas de la administración pública federal.

Segundo. No obstante lo anterior, la razón por la cual se estima que debe ser en sentido positivo este dictamen, se debe a que la propuesta que hace el diputado Enrique Torres Delgado, tiene por objeto el que se reconozca como actividad de las Organizaciones de la sociedad Civil el que se fomente la organización y participación de los ciudadanos en  el desarrollo comunitario de la sociedad, lo que, sin duda traería muchos beneficios para ésta.

Después de un estudio minucioso hecho por los diputados secretarios de la junta directiva de la Comisión de Participación Ciudadana, se llegó al consenso de modificar la propuesta hecha por el diputado Enrique Torres Delgado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformar la fracción VIII de la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, por considerar que la redacción planteada podría anteponerse a la autonomía de los municipios y estados, además de que resultara restrictiva en determinados casos, por lo que se considera pertinente eliminar el concepto de “rescate de espacios públicos” en razón de los argumentos antes expuestos y, de igual forma, se recomienda utilizar el término “cooperación”  en lugar de “apoyo”, por ser más apropiado para los efectos que se persiguen.

Toda vez que, como está redactada la fracción VIII de la ley en comento, ya se establece como actividad susceptible de fomento al desarrollo comunitario, por lo que la comisión considera conveniente el que se incluya a las comunidades urbanas y rurales en su texto para quedar en los siguientes términos:

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;

IX.Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

Tercero.Por lo que respecta a la prevención del delito, que se contempla en la parte final de la reforma a la fracción VIII del artículo 5 que se plantea, como ésta es incorporada en la Iniciativa con la finalidad del mejoramiento del entorno urbano y el rescate de espacios públicos, por no ser una temática propositiva a abonar entre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que son objeto de fomento, esta dictaminadora considera pertinente separar lo que es el mejoramiento del desarrollo comunitario del entorno urbano y rural del tema de la prevención del delito por ser competencia de la federación, de los estados y de los municipios de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Carta Magna; sin embargo, consideramos que las Organizaciones de la Sociedad Civil requieren de participar en acciones tendentes a la seguridad que la ciudadanía necesita, de manera adicional y complementaria a la que presta el Estado, por lo que se estima conveniente utilizar el término “seguridad ciudadana” en lugar de “prevención del delito”.

Por consiguiente, la comisión considera necesario el que se establezca en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, una nueva fracción que contemple precisamente aquellas actividades tendientes a fomentar, tanto el fortalecimiento del tejido social, como la seguridad ciudadana, en las que puedan participar las organizaciones de la sociedad civil, habida cuenta que el propio Iniciante estima que se precisa de una mayor organización que permita la reconstrucción del tejido social, por ser éste sinónimo de solidaridad, de saberse protegido ante los embates de la inseguridad.

Como lo señala el proponente, la inseguridad además de deteriorar la calidad de vida, genera una sensación de incertidumbre e indefensión en todo momento a la sociedad, ya que afecta a todos sin importar género ni situación económica, refiriendo, además, que si bien es cierto la responsabilidad de combatir el delito recae en los distintos niveles de gobierno, la ciudadanía, debidamente organizada estará en aptitud de emprender acciones tendientes a la seguridad.

Por ello, es fundamental la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil para llevar a cabo la realización de tal fin, por lo que esta comisión considera que se requiere reformar la fracción XVIII y adicionar una fracción XIX al artículo 5 de la ley en comento, para quedar como sigue:

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y

XIX.Las que determinen otras leyes.

Por lo expuesto, la comisión determina que es procedente la aprobación de la iniciativa objeto del presente dictamen con la adición agregada, por las consideraciones antes expuestas y someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo Único.Se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción XVIII, pasando la actual a ser XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5.

I. a VII. ...

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;

IX. a XVI.

XVII.Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y

XIX.Las que determinen otras leyes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a  24 de febrero de 2011.

La Comisión de Participación Ciudadana, diputados:Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Armando Corona Rivera, Marcos Carlos Cruz Martínez (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Fernando Espino Arévalo, Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), María Isabel Merlo Talavera (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina, Melchor Sánchez de la Fuente, Francisco Saracho Navarro, María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Con su permiso, diputado presidente.

Señoras diputadas y señores legisladores, el dictamen que hoy se somete a la consideración de esta soberanía tiene como materia reformar la fracción VIII y adicionar una fracción XVIII al artículo 5o de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, derivado de la iniciativa presentada por el diputado Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Participación Ciudadana coincide con el diputado proponente en la necesidad de fomentar la organización y participación de los ciudadanos en problemas que les atañen directamente, así como el que se requiere de una mayor organización que permita implementar acciones de acuerdo a las características sociales y culturales propias de cada colonia, de cada barrio, que fomenten el rescate de la comunidad y la reconstrucción del tejido social.

De igual forma, también compartimos con el diputado iniciante que con una mayor organización de la ciudadanía es como se crea ese capital social, que permite generar una corresponsabilidad entre el gobierno y los miembros de una determinada comunidad por el beneficio común, y se den alternativas de solución a sus problemas particulares.

Punto por demás importante, tratado por el diputado proponente, es el relativo a la inseguridad, que además de deteriorar la calidad de vida genera en los ciudadanos una sensación de incertidumbre e indefensión, considerándola como la principal causa del avanzado deterioro del tejido social en las zonas urbanas, por lo que se requiere de un cambio de actitud que les permita incidir en este tema, que si bien es cierto la responsabilidad recae en los distintos niveles de gobierno, también lo es que la solución está en manos de todos.

La participación organizada de la sociedad en la recuperación de espacios públicos ayudará sin duda a disminuir esa sensación de inseguridad, aunado a que con la reforma dictaminada mejorará el entorno urbano y rural.

Los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana reconocemos la necesidad de que se incluya como una actividad de las organizaciones de la sociedad civil el que se fomente la organización y participación de los ciudadanos en el desarrollo comunitario de la sociedad.

Respecto de la prevención del delito contemplada en la reforma planteada por el diputado proponente, la Comisión de Participación Ciudadana consideró pertinente separarla del desarrollo comunitario, adicionando una nueva fracción que contempla el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.

La fracción VIII del artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil queda con la siguiente redacción:

Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

Fracción VIII: Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural.

En tanto, la fracción XVIII que se adiciona a ese mismo numeral queda como sigue:

Fracción XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.

En razón de lo anterior, invito a los señores legisladores y señoras legisladoras a aprobar de manera favorable este dictamen que el día de hoy se propone.

Quiero aprovechar este momento también para hacer un llamado respetuoso a la Comisión de Puntos Constitucionales, debido a que de la Comisión de Participación Ciudadana y relacionado con este dictamen hemos enviado ya opinión favorable por parte de todas las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Participación Ciudadana para objeto o con el objeto de que se dictaminen reformas constitucionales a los artículos 35, 40 y 73 de nuestra Carta Magna, para poder complementar estas acciones de democracia participativa y poder plasmar en una Ley General o en una Ley Federal de Participación Ciudadana estas reformas con toda legitimidad.

Tenemos conocimiento de que en la sesión pasada de la Comisión de Puntos Constitucionales se bajó la discusión de este dictamen por el diputado Reginaldo del Partido Revolucionario Institucional. Hacemos un llamado respetuoso a darle celeridad para objeto de poder darles cauce a estas figuras de democracia participativa. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para hablar a favor del dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A favor del dictamen. Permítame entonces escuchar al promovente diputado Enrique Torres Delgado, hasta por 5 minutos. Inmediatamente después el diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Enrique Torres Delgado:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. Promover la participación no es una tarea sencilla. Desde pequeños se nos educa para actuar pasivamente en la familia, en la comunidad, en la escuela o el trabajo. Unos toman decisiones por otros o le sugieren qué hacer.

Por ello es necesario que la ciudadanía participe activamente en todo el trabajo o actividad que se realiza dentro de su comunidad, desde definir los problemas y las necesidades hasta proponer y participar en su solución, ya que naturalmente sus habitantes son quienes conocen mejor su comunidad.

Es claro que el hecho de participar, o de no hacerlo, está influido por un conjunto de características como la estructura de oportunidades y el acceso a la información para la participación. Por lo que la iniciativa que presenté trata precisamente de incidir en estos factores.

La aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil fue un parteaguas para potenciar la participación organizada de la ciudadanía en nuestro país.

Con esta ley se reconoce a las organizaciones civiles como entidades de interés social e interlocutoras del gobierno, en la formulación e implementación de políticas públicas, y establece que las dependencias federales deben fomentar esas actividades mediante el financiamiento público.

Del conjunto de actividades susceptibles de financiamiento que enumeran en el artículo 5 de la citada ley, se requiere que incluyamos alguna en particular, cuyo objeto sea recomponer la vida comunitaria de nuestros barrios, de nuestras colonias, y a la vez evitar conductas antisociales y la violencia, y contar con lugares dignos donde los vecinos recuperen la cohesión social, y nuestros jóvenes, niños y personas adultas mayores cuenten con lugares seguros para su esparcimiento y la convivencia, redundando en la calidad de vida de las familias mexicanas.

Más allá de que las autoridades identifiquen los factores de riesgo que vuelven inseguras a las ciudades, la participación organizada de los vecinos de la comunidad tiene importancia vital para el mejoramiento del entorno urbano y rural.

Es por ello, compañeros diputados y diputadas, que necesitamos promover la participación ciudadana y la acción y cohesión vecinal, para que las personas utilicen, disfruten y transiten con tranquilidad por sus comunidades.

En la medida en que más vecinos se involucren en ese tipo de proyectos, se crean comunidades que se cuidan entre sí, reforzando el tejido social de la sociedad, pues no hay nada más que enriquecer las ideas surgidas por los propios vecinos.

En Acción Nacional consideramos preciso reconstruir las formas de vida vecinal para recomponer el tejido comunitario que nos permita restaurar la convivencia sana y segura de las familias vecinas, y en esta labor la sociedad civil tiene un papel fundamental.

Estamos convencidos de que con la aprobación de este dictamen contribuiremos cerrando espacios a la delincuencia y a las adicciones, y abrimos oportunidades para una mejor convivencia y seguridad de nuestras comunidades.

Compañeros legisladores, por todo lo anterior expuesto los invito a votar a favor este dictamen que se someterá a votación y que le da a la sociedad la oportunidad de empoderarse en la reconstrucción del tejido social. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Jaime Cárdenas en pro de este dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presidente, buenos días. Efectivamente me parece que se trata de un dictamen muy positivo. Es un dictamen positivo porque va a permitir que organizaciones ciudadanas participen en la discusión, en el debate, en el diseño de políticas públicas que favorezcan a su entorno urbano.

Es decir, que la propia sociedad, que las propias organizaciones ciudadanas tengan algo que decir sobre la manera en que en las ciudades, en las comunidades se decide la política pública en materia de urbanismo.

Por eso es positiva esta iniciativa y este dictamen, promovido por el compañero del PAN, Enrique Torres Delgado, y desde luego también auspiciada por el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el diputado Arturo Santana Alfaro.

Pero este dictamen nos debe obligar a reflexionar en torno a lo que pasa en otras comisiones, en particular en la Comisión de Puntos Constitucionales. El diputado Juventino Castro y su servidor hemos estado insistiendo, al igual que otros diputados de esa comisión y diputados de la Comisión de Participación Ciudadana, para que se apruebe el proyecto de dictamen que está sobre la mesa de la Comisión de Puntos Constitucionales y en la mesa también de la Comisión de Participación Ciudadana, para que se apruebe el dictamen que establezca en nuestro país reformas a la Constitución para introducir en la Carta Magna de México mecanismos de democracia participativa, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, el presupuesto participativo, la revocación de mandato, la acción ciudadana de inconstitucionalidad.

¿Y qué es lo que ha ocurrido en la Comisión de Puntos Constitucionales? Que ese proyecto de dictamen se ha paralizado, se encuentra detenido, no por la voluntad del presidente de la comisión que en todo momento ha auspiciado la aprobación de este dictamen, no por la posición de diputados del PRD, del PT, de algunos del PAN que insisten en la aprobación de este dictamen.

El grupo parlamentario que rechaza en México que los ciudadanos cuenten con mecanismos de democracia participativa y deliberativa es el Partido Revolucionario Institucional. El PRI no quiere, en la Comisión de Puntos Constitucionales ni en la Comisión de Participación Ciudadana, aprobar estos mecanismos de democracia participativa.

Esto hay que decirlo de cara a la nación. No es válido que el PRI se oponga a la democracia participativa, no es válido que a los ciudadanos de este país se les restrinjan sus derechos ciudadanos para participar más allá del proceso electoral.

La democracia contemporánea, compañeras y compañeros, no solamente se desahoga en cada proceso electoral. La democracia contemporánea debemos desahogarla en todo momento. Los ciudadanos deben tener los mecanismos participativos necesarios para vigilar el comportamiento de las autoridades en todo momento.

Los ciudadanos debemos ser autónomos y libres no solamente al momento de votar, sino en todo momento.

La sociedad mexicana nos está reclamando acercar la función del gobierno a lo que ellos reclaman y reivindican.

Ya es hora de ponerle punto final a este divorcio existente entre la clase política y la clase gobernada. Debe haber un acercamiento entre ciudadanos y autoridades, y la forma de lograr ese acercamiento, de romper con ese vínculo que se separa día a día entre gobernantes y ciudadanos, es incorporando en la Carta Magna y en las leyes los mecanismos de democracia participativa.

Yo hago un llamado a los compañeros diputados del PRI, a las compañeras diputadas del PRI que participan en las comisiones de esta Cámara, principalmente en la Comisión de Puntos Constitucionales, a aprobar el dictamen que está pendiente, que incorporemos a los ciudadanos a la vida activa de este país en todo momento. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Por favor, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Muchas gracias, nada más para solicitarle, diputado presidente, que del orden del día que hoy vamos a abordar se pudiera retirar el punto 22 de los puntos de acuerdo, y que pudiera ser programado para la siguiente sesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, en tanto que la Junta de Coordinación Política nos lo notifique.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Erandi.

JAPON

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Solamente para que en este momento pudiera permitirme hacer un pronunciamiento a nombre del Grupo de Amistad México-Japón.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado. Como se lo habíamos ofrecido al inicio de la sesión, en este momento hará un pronunciamiento a nombre del Grupo de Amistad México-Japón.

Mientras usted sube para hacer uso de la palabra saludo la presencia de los alumnos de la escuela primaria Ramón García Chávez, del estado de México. Ellos son invitados del diputado Amador Monroy Estrada.

También tenemos invitados de la delegación Coyoacán, de la secundaria 43; invitados del diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez.26

Y, de la escuela secundaria Andrés Molina Enríquez, invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Todos ustedes sean bienvenidos a la Cámara de Diputados.

El diputado José Erandi Bermúdez Méndez:Gracias, diputado presidente. A nombre propio y del Grupo de Amistad México-Japón, que me honro en presidir, extiendo nuestro más sentido pesar por los terribles acontecimientos que han ocurrido al pueblo japonés a consecuencia del terremoto, de 9 grados en escala Richter, y del tsunami que azotaron el pasado viernes 12 de marzo a un sinnúmero de poblaciones, y que han dejado como consecuencia miles de muertos, cientos de heridos y de personas damnificadas.

Desde esta Cámara de Diputados expresamos nuestra más sentidas condolencias y entera solidaridad a toda la nación japonesa con la que México ha extendido sus lazos de fraternidad y cooperación desde hace ya varios siglos, y cuyo pueblo nos inunda de tan rica y vasta cultura a todos y cada uno de los mexicanos.

La tragedia ocurrida a este país hermano implica una situación de desastre ante la cual el pueblo mexicano no debe ser ajeno. Sabemos bien que los instantes críticos en una eventualidad de esta naturaleza son precisamente en los esfuerzos que deben concentrarse para salvaguardar las vidas humanas, en rescatar a quienes permanecen bajo los escombros, en prestar atención médica a los heridos, en restablecer los servicios mínimos que permitan a la región disponer de agua, energía, vivienda, el restablecimiento de infraestructura primaria, entre muchas otras necesidades que nuestros hermanos de Japón necesitan y que nosotros, pueblo mexicano, podemos cooperar con ellos. En estos casos de emergencia es indispensable brindar los apoyos y actuar de inmediato, con la urgencia que demanda la posibilidad de salvar vidas. México cuenta con la experiencia necesaria para prestar esta ayuda a la población pues derivado de lo acontecido en septiembre de 1985, contamos ya con capacidad material y con equipo, expertos en búsqueda y rescate de personas.

Los mexicanos ya hemos pasado por este tipo de emergencia y lo primero que surge es la solidaridad del pueblo mexicano. Es por eso que hacemos un llamado para continuar con esas acciones, para que el pueblo mexicano se solidarice con nuestros hermanos en Japón.

Quienes formamos parte de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso, nos unimos y nos solidarizamos en torno a estos acontecimientos, con la firme convicción de colaborar para que de forma pronta nuestro hermano país del Japón se recupere de estos embates que sin piedad la naturaleza ha cobrado en su territorio  y en su gente. Muchas gracias, diputado presidente.

«Pronunciamiento, a cargo del Presidente del Grupo de Amistad México-Japón, diputado José Erandi Bermúdez Méndez y en nombre del Grupo de Amistad México-Japón, externa un mensaje de solidaridad, fraternidad y da las más sinceras condolencias a la nación hermana del Japón

A nombre propio y del Grupo de Amistad México-Japón que me honro en presidir, extiendo nuestro más sentido pesar por los terribles acontecimientos que han ocurrido al pueblo japonés a consecuencia del terremoto de 9.0 grados en la escala de Richter y del Tsunami que azotaron el pasado viernes 11 de marzo a un sinnúmero de poblaciones y que ha dejado como consecuencia miles de muertos, cientos de heridos y de personas damnificadas.

Desde ésta Cámara de Diputados expresamos nuestras más sentidas condolencias y entera solidaridad a toda la Nación japonesa con la que México ha extendido sus lazos de fraternidad y cooperación desde hace ya varios siglos, y cuyo pueblo nos inunda de tan rica y vasta cultura a todos y cada uno de los mexicanos.

La tragedia ocurrida en el hermano país del Japón, implica una situación de desastre ante la cual el pueblo mexicano no es ajeno.

Sabemos bien que los instantes críticos en una eventualidad de esta naturaleza son precisamente en los que los esfuerzos deben concentrarse en salvaguardar las vidas humanas; en rescatar a quienes permanecen bajo los escombros, en prestar la atención médica necesaria a los heridos, en restablecer los servicios mínimos que permitan a la región disponer de agua, energía, atención médica, contar con alimento suficiente, medicamentos, vivienda de emergencia, el restablecimiento de la infraestructura primaria, entre otras necesidades que son urgentes para el pueblo y con lo que México puede cooperar de manera importante.

En estos casos de emergencia, es indispensable brindar los apoyos y actuar de inmediato, con la urgencia que demanda la posibilidad de salvar vidas. México cuenta con la experiencia necesaria para prestar ayuda a la población de Japón,  pues derivado de lo acontecido en septiembre de 1985, contamos ya con la capacidad material y con equipos de expertos en búsqueda y rescate de personas.

Los mexicanos hemos pasado ya por este tipo de emergencias, y lo primero que surge es la solidaridad de la sociedad civil, a la que hacemos un llamado para continuar con las acciones y actividades de acopio de recursos para seguir colaborando a paliar las necesidades de las personas más afectadas.

De la misma forma queremos solicitar a la cancillería mexicana continuar con los esfuerzos y ofrecer todas las garantías a nuestros connacionales que se encuentran en Japón y estar atenta a sus  necesidades y seguridad.

Quienes formamos parte de esta LXI legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, nos unimos y nos solidarizamos en torno a estos acontecimientos con la firme convicción de colaborar para que, de forma pronta, nuestro hermano país de Japón, se recupere de estos embates sin piedad que la naturaleza ha cobrado en su territorio y su gente.

Diputado José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica), Presidente del Grupo de Amistad México-Japón.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, diputado.

Anéxese el pronunciamiento del señor diputado Erandi Bermúdez, al comunicado que se da a la embajada de Japón, a nombre del Grupo de Amistad.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Denos el cómputo, señor diputado. Adelante, diputado.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Ciérrese el sistema de votación.

Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 354 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por 354 votos y unanimidad, el proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ARTICULOS 4 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo décimo al artículo 4o., reformando la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de  la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo décimo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente dictamen:

I. Antecedentes legislativos

1. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 28 de abril de 2008, los senadores Javier Orozco Gómez, Alejandro Moreno Cárdenas, José Isabel Trejo Reyes, Martha Leticia Rivera Cisneros y José Luis Máximo García Zalvidea, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cultura física y deporte.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos; para su análisis y dictamen correspondiente.

3. El 28 de abril de 2009, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 86 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos.

4. Para los efectos constitucionales, en esa misma fecha fue enviada a esta Honorable Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. El 30 de abril de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, la minuta en comento, para análisis y dictaminen correspondiente.

6. El 9 de febrero de 2010, la Diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a ésta Comisión, para efecto de dictaminar la Minuta en comento.

7. El 4 de marzo de 2010, los senadores Javier Orozco Gómez, Alejandro Moreno Cárdenas, José Isabel Trejo Reyes y José Luís Máximo García Zalvidea, presentaron excitativa para que la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara, dictamine la minuta antes señalada.

8. Con fecha 9 de marzo de 2010, se dio cuenta del oficio DGPL-2P1A.-4566 enviado por el Senado de la República, a través del cual remitió la excitativa mencionada.

II. Antecedentes de la minuta

Para un correcto entendimiento se transcribe el dictamen emitido por el Senado de la República, para consideración de ésta Comisión:

“Estas comisiones unidas comparten el espíritu que anima la iniciativa en estudio y se coincide con la propuesta.

Toda vez que, si bien es cierto que existe la Ley General de Cultura Física y Deporte, y que la Ley General de Educación establece como objetivo de la educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, que ésta estimule la educación física y la práctica del deporte, también lo es que, es preciso que nuestra Carta Magna consagre la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la cultura física y el deporte a través de su promoción, fomento y estímulo.

La práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes públicos su estímulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se den en las mejores condiciones y se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en los demás aspectos de la vida social.

Más allá de lo anterior, debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades a que hace mención la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte emitida el 21 de noviembre de 1978 durante la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, sólo podrán llevarse a acabo cuando se tenga el pleno reconocimiento de lo que representan la cultura física y el deporte, así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado mexicano.

De todos es sabido que el deporte engrandece la vida; el deporte y la actividad física amalgaman la práctica recreativa, el ejercicio físico, el aprendizaje del desarrollo colectivo e individual. Este tipo de actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos aspectos, tanto físicos como psicológicos, de la vida futura. En definitiva, la actividad física y deportiva no es solo diversión, sino que también es salud ya que, en esencia, facilita el desarrollo integral de toda persona.

En el campo de la prevención de la violencia, el deporte ofrece a los adolescentes un modo de canalizar sus tensiones físicas y les permite aprender formas de competición positiva y de conducta no agresiva.

En el caso de los adultos, los expertos reconocen que el ejercicio sirve de palanca para empezar a rebajar la presencia de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial, la arterioesclerosis, la obesidad, entre otros.

La práctica de un ejercicio o deporte junto con la observancia de otros hábitos de salud puede tener consecuencias positivas inmediatas en la salud. Además el ejercicio físico mejora la capacidad orgánica del corazón, disminuyendo la necesidad de oxígeno, reduciendo la tensión arterial.

En el caso de los adultos mayores la práctica de la actividad física regular es una de las prioridades como forma de prevención de enfermedades crónico-degenerativas. La promoción de actividad física en los adultos mayores es indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y preservar su capacidad funcional.

A grandes rasgos este es sólo un pequeño recuento de las grandes ventajas que la educación física y el deporte ofrece para el crecimiento y desarrollo integral. Su elevación a rango constitucional ampliaría las oportunidades de convivencia y bienestar en pro de la sociedad mexicana.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que el reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y el deporte, significará para los poderes del Estado la asunción definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa en el desarrollo del Estado mexicano.

Asimismo, es importante mencionar que tanto en el ámbito internacional como en el derecho comparado es indudable que el deporte se ha convertido en una de las actividades del ser humano, que mayor atención capta; ya sea como entretenimiento, espectáculo, alto rendimiento o profesional; de ahí la gran importancia que representa y genera para la sociedad siendo innegable tanto su existencia y reconocimiento como derecho social.

Dicha existencia y reconocimiento del derecho del deporte que, en el ámbito internacional, guían a la cultura física y el deporte, han provocado y traído la atención de diferentes sectores de la sociedad quienes indudablemente han visto en éste un gran medio para el desarrollo de diversas actividades sociales y económicas.

En la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, se argumenta que la falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, La Ley General del Deporte y la actual Ley General de Cultura Física y Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que defina claramente la participación del Estado.

Así y conforme a los antecedentes jurídicos existentes en la materia, se estima obvio que ha correspondido al Derecho, jurídicamente hablando, un retraso en llegar a comprender a la cultura física y el deporte desde el especializado y particular punto de vista, lo cual nos permite en este momento dimensionar dichas actividades tomando en cuenta y considerando que si bien es cierto se ha escrito y han estudiado como un fenómeno basado en la actividad física, nos queda claro que también son un fenómeno normativo; donde las reglas y normas, incluso propias, llegan a rebasar los límites establecidos en cada una de sus modalidades, mismos que repercuten en diversas ocasiones diferentes ámbitos sociales por lo que no es posible seguir haciendo caso omiso de las acciones y repercusiones jurídicas de las actividades físicas deportivas.

Es por ello que el planteamiento motivo del presente dictamen obtiene mayor repercusión cuando se trata como lo plantean los autores de la iniciativa, de la inserción de la cultura física y el deporte en los ordenamientos jurídicos y aun más cuando se promueve su incorporación al derecho positivo mexicano desde su constitucionalización como un derecho social, cuestión sin duda alguna novedosa que directamente incidirá en nuestro contexto normativo y doctrinal.

Por tal motivo y como lo han afirmado diversos teóricos de la materia, “se hace impostergable un acercamiento al deporte desde la perspectiva del Derecho, que permita delinear los contornos teóricos de la dogmática particular del derecho al deporte, en primer lugar, y a partir de la misma determinar si sus elementos constitutivos operan en el ámbito normativo del deporte, bien sea éste producto de los órganos estatales o bien las organizaciones deportivas”.

De tal manera que lo anteriormente expuesto coincide con lo planteado por los autores de la iniciativa, con referencia a que se debe definir claramente la participación del Estado, de su órgano representante; al igual que de asociaciones civiles como la Confederación Deportiva Mexicana y el Comité Olímpico Mexicano en el fomento, promoción y desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país.

Por lo que corresponde a la reforma a la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional, los autores consideran que dicha fracción solo otorga a un poder del Estado, en este caso al Legislativo Federal, la facultad de legislar para establecer bases generales de coordinación en la materia, más no su proclamación y reconocimiento como un derecho.

Es por ello que con el reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y el deporte en el artículo 4o. constitucional, el complemento necesario de dicha adición resultaría ser precisamente la adecuación de dicha fracción XXIX-J, dando hincapié a la expedición de una nueva ley de carácter reglamentario correspondiente al derecho a la cultura física y el deporte.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, estas comisiones dictaminadoras, coinciden en la necesidad de aprobar la iniciativa propuesta.

Respecto al artículo 4o. constitucional se considera más conveniente que el párrafo que se adiciona sea un párrafo décimo, considerando la reciente reforma al mismo artículo, relativa al derecho a la cultura.

Asimismo en lo que respecta a los preceptos de “normativa” y “difusión” contenidos en dicho párrafo, consideramos la necesidad de modificar su redacción, tomando en cuenta que la atribución normativa se encuentra implícita en la expresión “conforme a las leyes en la materia”, mientras que la expresión “difusión” podría llevar a suponer que nadie más que el Estado puede ocuparse de la difusión del deporte, incluso del profesional o de espectáculos deportivos.

En lo relativo al régimen transitorio planteado, correspondiente al plazo para la expedición de la consecuente Ley Reglamentaria, hemos considerado hacer únicamente algunas adecuaciones tendientes a una mejor redacción.

Por las razones anteriormente expuestas, estas Comisiones Unidas consideran que la propuesta de la iniciativa de mérito es loable y necesaria, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Proyecto de decreto

Por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4º. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Artículo 73. (...)

I a XXIX-I. (...)

XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;

XXIX-K. a XXX. (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación general reglamentaria del artículo cuarto constitucional en materia de cultura física y deporte.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a los veintiún días del mes de abril de dos mil nueve.”

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, después de hacer un análisis exhaustivo de la minuta enviada por el Senado de la República, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo para agregar un décimo párrafo al artículo 4o. y modificar la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En los últimos años, ha sido una constante por parte de ésta Cámara, la protección de los derechos colectivos, muestra de ello, son las diferentes reformas a la Constitución sobre derechos colectivos que tienen como fin proteger al individuo y su medio ambiente, así como procurar un sano desarrollo proveyéndole diversos medios para una vida plena y satisfactoria.

Para seguir con la constante de espíritu protector, esta Comisión considera procedente plasmar en la Constitución el derecho al deporte, ello en función de lo siguiente:

El origen del derecho del deporte, es uno de los acontecimientos más destacados en el campo jurídico universal –y del cual no sólo no es ajeno el derecho mexicano, sino inclusive “ pionero”-, esto es así, en atención al espíritu del constituyente de 1917 que dio pauta al nacimiento de los derechos sociales.

En efecto, se trata de derechos en los cuales se entroniza al ser humano no como individuo aislado, sino formando parte –y parte dinámica- de una colectividad que tiene una tarea, una finalidad, igualmente colectiva.

El jurista español Luis María Cazorla en la obra Derecho del Deporte,refiere que la evolución del mismo, ocurrió de modo progresivo a medida que se desarrolla la revolución industrial, que da nacimiento a la civilización mecánica y plantea el problema del proletariado obrero, derivado de que la noción del Estado gendarme es remplazada por la concepción del Estado providencia. Las Constituciones occidentales incorporan nuevos derechos económicos y sociales, que tienen la finalidad de: el acceso de todos los ciudadanos a un mínimo vital indispensable, al bienestar entendido en su plena acepción sin agotarse en sus contenidos meramente materiales.

El derecho al deporte, aparece ligado a la concepción de lo que debe ser la actuación de los poderes públicos y el bie-nestar que éstos deben deparar a sus ciudadanos; el deporte, dotado de respaldo constitucional, se convierte en aspecto señero de la idea de calidad de vida que el Estado debe procurar a sus gobernados.

Como resultado del movimiento social de 1910, plasmado normativamente en la Constitución Política de 1917, la preocupación mexicana ya no se dirige tanto a los derechos individuales y a su defensa –que por supuesto son plenamente ratificados-, sino por los derechos sociales que novedosamente enumera y sostiene nuestra vigente Constitución.

No cabe duda que correspondió a nuestra Constitución, el privilegio de ser la primera que consagró las normas protectoras de las clases sociales y su pleno reconocimiento. Los derechos sociales imponen al Estado un hacer, una conducta positiva que cuida la condición de los hombres frente a la economía y el capital, a la vez que significan un imperativo dirigido al Estado para que vigile, intervenga y garantice su respeto.

Tanto en la urbe moderna como en nuestra América Latina, se ha producido un auge de estudios y logros legislativos de la denominada constitucionalización del deporte, de los cuales el derecho comparado, en diversas constituciones, puede destacar:

Constitución Federal de la Confederación Suiza

Articulo 68 Deporte

1. La Confederación fomentará el deporte, especialmente la formación deportiva.

2. Gestionará una Escuela deportiva.

3. Podrá decretar normas sobre la práctica del deporte juvenil y declarar obligatoria la enseñanza del deporte en los colegios.

Constitución de Portugal

Artículo 79

1. Todos tienen derecho a la cultura física y al deporte.

2. Corresponde al Estado, en colaboración con los establecimientos de enseñanza y las asociaciones y colectividades deportivas promover, estimular, guiar, orientar y apoyar la práctica y difusión de la cultura física y del deporte, así como prevenir la violencia en el deporte.

Constitución de Bulgaria

Artículo 52

(1) Los ciudadanos tienen derecho a seguro médico garantizarle la atención médica asequible y de atención médica gratuita en las condiciones y procedimientos establecidos por la ley.

(2) La atención médica se financiarán con cargo al presupuesto del Estado, los empleadores, a través de planes de seguros de salud privados y colectivos, y de otras fuentes de conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos por la ley.

(3) El Estado protegerá la salud de todos los ciudadanos y promoverá el desarrollo del deporte y el turismo.

(4) Nadie podrá ser sometido a tratamiento médico por la fuerza o las medidas sanitarias, salvo en los casos previstos por la ley.

(5) El Estado debe ejercer un control sobre todos los centros médicos y más de la producción y el comercio de productos farmacéuticos, sustancias biológicamente activas y equipo médico.

Constitución de España

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Constitución de Guatemala

Artículo 91

Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no federado.

Artículo 92

Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.

Constitución de Panamá

Artículo 82

El Estado fomentará el desarrollo de la cultura física mediante instituciones deportivas, de enseñanza y de recreación que serán reglamentadas por la Ley.

Constitución de Cuba

Artículo 9o. El Estado

1. como Poder del pueblo, en servicio del propio pueblo, garantiza:

• Que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias necesidades;

• Que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;

• Que no haya enfermo que no tenga atención médica;

• Que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido;

• Que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar;

• Que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte.

Constitución de Colombia

Artículo 52

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

Constitución de Perú

Artículo 14

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias.

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa.

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.

Constitución de Brasil

Artículo 217

Es deber del Estado fomentar las prácticas deportivas formales y no formales, como derecho de cada uno, observando:

I. La autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones, en lo referente a su organización y funcionamiento;

II. El destino de los recursos públicos a la promoción prioritaria del deporte escolar y, en casos específicos, para el deporte de alta competición;

III. El tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional;

IV. La protección y el incentivo a las manifestaciones deportivas de creación nacional.

1o. El Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competiciones deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, regulada en la ley.

2o. La justicia deportiva tendrá el plazo máximo de sesenta días, contados desde la instrucción del proceso, para dictar la resolución final.

3o. El Poder Público incentivará el ocio, como forma de promoción social.

Constitución de Nicaragua

Artículo 65

Los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación y al esparcimiento. El Estado impulsará la práctica del deporte y la educación física mediante la participación organizada y masiva del pueblo, para la formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizará con programas y proyectos especiales.

Constitución de Chile

Artículo 107. ...

Las municipalidades podrán asociarse entre ellas para el cumplimiento de sus fines propios. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte. La participación municipal en ellas se regirá por la ley orgánica constitucional respectiva.

Constitución de Ecuador

Artículo 82

El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas actividades.

Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

Constitución de Paraguay

Artículo 84

El Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente, estimulará la participación nacional en competencias internacionales.

Constitución de Venezuela

Artículo 111

Todas las personas tienen el derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva.

El estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley.

El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley.

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país.

Por lo que respecta en la actualidad, el derecho al deporte no sólo debe ser visto como un derecho social aislado, sino por el contrario, resulta ser un derecho que en conjunto a los previamente señalados en la Constitución, de su cumplimiento se complementan.

Es sabido, que el propio artículo 4o. constitucional, ya contempla el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y otros derechos que generan un bie-nestar en el individuo.

El derecho al deporte, resulta ser un derecho más que debe ser incluido en nuestra Constitución, como garante del de-sarrollo personal del individuo y de la sociedad.

El arribo de las denominadas sociedades de masas han hecho complejos los escenarios de tensión colectiva, económica y política, y han establecido la necesidad de búsqueda de mecanismos de cohesión social e incorporación efectiva de los derechos denominados de tercera generación.

Estos derechos de tercera generación, que en esencia son colectivos, se han introducido gradualmente en los marcos normativos de la mayoría de los países, para responder a los complejos escenarios actuales de la sociedad moderna y su plena incorporación debe ser la aspiración de un Estado social de derecho.

Hoy en día, el bienestar del individuo y de la sociedad se encuentra en una crisis que debe ser atendida con urgencia, tal emergencia son los alarmantes índices de obesidad infantil. De acuerdo a la Secretaría de Salud, se debe a dos factores principales: alimentación inadecuada y una falta de actividad física, que están asociadas al sedentarismo, producto de las condiciones de vida actuales, incluyendo que no existen programas gubernamentales, que verdaderamente incluyan al menor en programas de desarrollo físico.

El promedio nacional, determina que 30 por ciento de la población tiene obesidad y 70 por ciento sobrepeso, cifras alarmantes y demuestran en términos generales un incumplimiento al mandato constitucional de bienestar.

Es preciso recordar que el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2007-2012, establece: “El gobierno de la República prestará especial atención a las políticas públicas que inciden en el arte, la cultura y el deporte...”, circunstancias que en conjunto justifica la procedencia de la reforma en estudio en el presente dictamen.

Esta comisión dictaminadora, considera que la incorporación de las reformas propuestas, sin duda alguna enriquecerán el actual marco jurídico nacional y consagrarán la existencia en nuestro derecho positivo de una nueva materia inexistente en el país, como la del derecho público del deporte, permitiendo a nuestras comunidades universitarias, docentes e investigadores entre otras interesadas, a participar en el desarrollo jurídico de esta vital e importante actividad en la vida nacional.

La adecuación y actualización de la fracción XXIX-J del artículo 73, permitirá la expedición de una nueva Ley Reglamentaria en la materia, de la que podrán emanar un determinado grupo de reglamentos que complementen la legislación en materias como:

a) Deportistas de alto rendimiento;

b) Disciplina deportiva;

c) Reconocimiento de la formación y titulación de los técnicos y entrenadores deportivos;

d) Prevención de la violencia en los eventos y espectáculos deportivos;

e) Registro y reconocimiento de asociaciones deportivas nacionales;

f) Conformación de delegaciones representativas nacionales, y

g) Regulación laboral especial de los deportistas profesionales, complementario de la Ley Federal del Trabajo.

h) La vinculación del derecho a la cultura física y al deporte con los derechos a la salud, educación y la alimentación.

El reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y el deporte, significará para los poderes del Estado, la asunción definitiva de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa en el desarrollo del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados:

IV. Concluye

Primero. Esta comisión dictaminadora, comparte las consideraciones anteriormente expuestas de la colegisladora, para dictaminar en sentido positivo el proyecto que adiciona un décimo párrafo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que muestran el trabajo de años de análisis, discusión y acuerdo de todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales y académicos del país y sociedad civil, en materia de cultura física y deporte, que se hizo tangible en la iniciativa presentada en el Senado de la República.

Segundo. En este tenor, la Comisión de Puntos Constitucionales precisa que la incorporación explicita del derecho a la cultura física y el deporte, de acuerdo al estudio de derecho comparado realizado por esta Comisión, ha tenido un impacto significativo en las sociedades contemporáneas, en las cuales se introdujo como derecho, la obligación del Estado a fomentarlo, lo que les ha permitido establecer una política de Estado en materia deportiva, con bases jurídicamente sólidas, pudiendo implementar a su interior una mejor cultura deportiva, así como desarrollar un marco jurídico que vele por los derechos de los deportistas y establecer claramente, sin duda alguna, el papel e incumbencia de las diversas organizaciones deportivas nacionales e internacionales en la materia.

Tercero. Que en la sociedad moderna, se favorecieron durante mucho tiempo las relaciones entre individuos y las instituciones, con los antiguos marcos normativos de corte individualista y liberal; pero que el desplazamiento de las sociedades de producción a sociedades de consumo, acrecentó los conflictos sociales en todas las sociedades contemporáneas y la mexicana no es la excepción.

Cuarto. Con las reformas y adiciones propuestas, no cabrán mas posturas interpretativas unilaterales e incuestionables que desmeriten, intervengan o interrumpan el desa-rrollo del ordenamiento jurídico en la materia.

Quinto. La estructura normativa de la cultura física y del deporte en nuestro país, será reformada desde la perspectiva de ambas, como un derecho y no como un concepto complementario o coyuntural, lo que permitirá la definición de una serie de directrices de actuación de los poderes públicos y las instancias particulares en sus respectivas y definidas competencias.

Sexto. Que el principio jurídico de la tutela de intereses y derechos colectivos, no puede ser de carácter limitativo a unas cuantas materias; ya que se establecerían criterios reduccionistas, en los derechos de los sujetos en materia de acciones colectivas en la Ley Fundamental, que contravienen el espíritu incluyente de la reforma, así como el pleno goce de derechos de todos los mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión dictaminadora estima pertinente aceptar las reformas por el Senado de la República, fortaleciendo por parte de esta colegisladora los considerandos vertidos, con el fin de demostrar la procedencia y urgencia de la reforma propuesta. Es por ello que con fundamento en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta comisión someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Artículo 73. ...

I. a XXIX-I. ...

XXIX-J.- Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado.

XXIX-K. a XXX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación general reglamentaria del artículo cuarto constitucional en materia de cultura física y deporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días de marzo de 2011.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica en abstención), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica en abstención), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Óscar Martín Arce Paniagua, Sonia Mendoza Díaz, Camilo Ramírez Puente (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se le concede la palabra al diputado Juventino Castro y Castro para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 15 minutos. Adelante, doctor, maestro y apreciado diputado.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro:Con su venia, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, a nombre de la Comisión de  Puntos Constitucionales de esta Cámara que me honro en presidir, vengo a presentar el dictamen en sentido positivo a la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y reforma la fracción XXIX, letra J, del artículo 73 de la Constitución...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a suplicar a los señores diputados guardar silencio para poder escuchar al orador. Permítame usted, señor diputado. Adelante diputado Castro y Castro.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro:Los primeros 29 artículos de la Constitución que nos rige establecen los derechos fundamentales que reconoce el Estado mexicano a los habitantes del país, y las garantías que el propio Estado queda comprometido a otorgar.

Dentro de esos derechos fundamentales se encuentran los que se reconocen a los individuos en sus libertades de acción y de respeto a la misma, ya sea en sus costumbres, creencias y usos para desarrollarse a plenitud, no sólo por el Estado, sino por las personas titulares de él.

Es así como se garantiza por nuestro sistema constitucional la libertad corporal y las disposiciones frente a los principios religiosos ante la libre expresión y manifestación de las ideas y, como ciudadano, padre de familia, residente en un hogar habitable, en general la Constitución garantiza que el ser humano se desarrolle en su plenitud.

A estos atributos se le llama derechos humanos, son derechos fundamentales por sus características propias del ser humano en una sociedad de la misma calidad.

Nos ha parecido así que nuestros Constituyentes hubieren previsto totalmente defensas para el ser humano a plenitud en toda su vida ante la colectividad, pero no es así; las necesidades humanas han cambiado y se han multiplicado.

Por tanto, en la minuta del Senado y por consiguiente en este dictamen, se puntualizan relaciones normativas respecto de las nuevas necesidades que nuestra actual sociedad exige. Una de ellas ha sido la previsión de que los que habitan en nuestro país tengan acceso a la plenitud de los servicios de salud y de educación.

Para prever normalmente la salud de los habitantes de nuestra sociedad, ya sea que se trate de atenciones profesionales o bien de sistemas preventivos o continuos las disciplinas educativas a su vez significan no sólo estrategias para afrontar problemas cotidianos y para ilustrar a los educandos, sino para adoptar una estrategia en el convivir, en el crear y en el proyectar, bajo un sistema de acción disciplinario.

Todo ello es una referencia a las prácticas de lucha y de toma de decisiones que contienen en su esencia al deporte como rutina para preservar la salud y también para ensayar una dinámica de acción.

No existe en nuestro sistema constitucional un derecho a practicar un deporte, que no sólo preserve la salud sino que permita ensayar estrategias vivenciales. El Senado de la República así lo ha entendido y, por consiguiente, esta Comisión de Puntos Constitucionales lo ha ratificado en el dictamen que se pone a su consideración, al haber analizado cuidadosamente iniciativas que impulsan una reforma constitucional para promover no sólo un derecho social aislado, sino un lógico complemento de los derechos fundamentales con los cuales contamos y en ocasiones con mucha anticipación.

Un gran número de constituciones de países amigos contemplan ya el derecho a la protección de la salud como medio aprobado para generar en los individuos su bienestar generalizado.

Por todo ello, la Comisión de Puntos Constitucionales ha visto en la minuta del Senado una reforma constitucional que dará contenido al derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

Por tanto, se propone en este dictamen una adición al artículo 4o., que comprende un nuevo derecho adicional a los que se han dado cabida y que enriquecen al individuo en nuestra sociedad.

Por su parte, el artículo 73 autorizará -si ustedes lo aprueban- al Congreso de la Unión a expedir y dar contenido a una ley especial en la materia en donde se reglamenten los nuevos derechos reconocidos.

Inspira esta recomendación una de las conclusiones del Senado cuando aprobó la reforma: “El reconocimiento constitucional del derecho a la cultura física y al deporte significaría para los Poderes del Estado la asunción de un compromiso encaminado al aseguramiento del bienestar social de nuestra sociedad, lo cual claramente reflejará el establecimiento de una nueva etapa del Estado mexicano”. Muchísimas gracias.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas y diputado Fernández, ¿con qué objeto?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para apuntarme en la lista.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para apuntarse a la lista. Permítame leer. Para posicionar por los grupos parlamentarios en la discusión en lo general se han registrado, por el Partido del Trabajo, el diputado Muñoz Ledo. Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Guillermo Cueva Sada. Por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Nazario Norberto Sánchez. Y por el PAN, el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera. Desahogada esta lista, inscribiremos a favor y en contra a los señores diputados.

Damos un saludo al licenciado Germán Ibarra Ramos, distinguido ciudadano sinaloense invitado por los diputados Rolando Bojórquez Gutiérrez y los diputados del Grupo del PRI, de Sinaloa. Bienvenido nuestro amigo Ibarra a la Cámara de Diputados.

Tiene la palabra el diputado Porfirio Muñoz Ledo, para posicionar por 5 minutos. Adelante.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Ciudadano presidente, compañeras y compañeros, vengo a emitir una opinión a favor de esta reforma que hace tiempo se había venido elaborando, aunque originalmente, y es algo que no me explico del todo, era una reforma al artículo 3o de la Constitución, que es el que rige los derechos humanos en materia educativa.

Ahora, aparece en el 4o, bueno está, con una enmienda o reforma a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución, para otorgar facultades concurrentes a la federación, a los estados y al Distrito Federal diría, también a los municipios en la materia.

Votaré a favor, porque está en el buen sentido, pero quiero subrayar que estas declaraciones sin políticas públicas que permitan su exigibilidad pueden terminar en saludos a la Bandera.

El tema de la educación física en el Sistema Educativo Nacional ha sido crecientemente desatendido por varias razones:

Primero. La carencia de un sistema de formación de profesores y de plazas suficientes en las escuelas. Menos de 10 por ciento de las escuelas de educación básica tienen profesores de educación física.

Segundo. Por la estrechez de los espacios escolares y por su falta de acceso a parques, jardines y sistemas de seguridad social.

Tercero. Por el tema de la salud y la alimentación de los educandos. No es posible seguir fomentando la alimentación chatarra cuando al mismo tiempo se está pidiendo en contrapeso fomentar la educación física tenemos que atacar los problemas por su raíz.

Quiero decir, además, que la entidad de gobierno federal responsable de coordinar tanto educación pública como educación física, como deporte es la Secretaría de Educación Pública y no quisiera que se entendiera esta inclusión en el artículo 4o como una merma en sus responsabilidades.

En cuanto a reporte se exige un Programa Nacional del Deporte. Tenemos en un nivel el deporte escolar en la formación de los educandos: tenemos el deporte municipal y tenemos pendiente la coordinación de todas las instancias de bienestar social municipales, empresas y sindicatos, hay el ordenamiento, pero no hay un sistema.

Tenemos, por otra parte, las federaciones deportivas que por desgracia están en manos de intereses particulares, fundamentalmente, de las mismas televisoras que envenenan con sus comerciales a la juventud.

Tenemos, también, un sistema de coordinación de ligas deportivas, terriblemente, centralizadas.

Tenemos, por último, un sistema de alta competencia deportiva que no está vinculado para nada con el sistema educativo. Los países que tienen grandes rendimientos en los juegos olímpicos es porque han enraizado la formación de los deportistas en el sistema educativo.

Mi temor es que, al no aparecer en el artículo 3o. se entienda que es un derecho por fuera del sistema educativo, cuando el artículo 3o. consagra derechos para todas las personas, y mi último temor de carácter genérico, aunque debo decir que está muy bien fundamentada la iniciativa y está muy bien redactada, es que sigamos con la vieja práctica de consagrar derechos sociales que carecen en absoluto de exigibilidad.

Yo propondría a los interesados en este tema que elaboráramos y  que planteáramos reformas fundamentales al sistema de educación y de promoción deportiva, que convirtieran estos buenos propósitos en realidades. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Muños Ledo, ahora tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.

El diputado Guillermo Cueva Sada:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, mente sana en cuerpo sano. Sí, compañeros, para mantener nuestra mente y cuerpo sanos, sin vicios ni ocio, es necesario mantenernos activos, practicar algún deporte. Por simple que éste sea, siempre fortalecer y ocupar nuestra mente en algo positivo.

El deporte es salud, quién no ha escuchado esta frase. Yo creo que todos, pues hagamos lo necesario para que esta frase no sólo sean palabras al aire. Corresponde al Estado establecer todas las acciones que hagan posible una mejor vida para los mexicanos, por ello la promoción, fomento y estímulo del deporte es nuestra obligación.

Quién ha olvidado que México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ocupa la primera posición mundial entera en obesidad, lo que significa que aproximadamente el 30 por ciento de la población adulta tiene este problema y el 69.5 por ciento sufre de sobrepeso.

También vemos con tristeza que aproximadamente un millón de jóvenes en México se encuentra vulnerable a las garras del crimen organizado y a la violencia, por falta de trabajo y educación, pero también por falta de promoción, fomento y estímulo o espacios adecuados para participar en algún deporte. Alarmante, ¿verdad?

Se considera que en el país viven aproximadamente 29 millones de jóvenes entre 14 a 29 años ¿Por qué no brindarles la oportunidad de practicar algún deporte en algún lugar, en lugar de dedicarse a andar robando automóviles? ¿Qué preferimos y deseamos, niños y jóvenes con un balón de futbol o con una pistola; niños enfermos de diabetes o niños sanos?

En espacios como la Conferencia Mundial de la Juventud 2010¨,1 llevada a cabo en agosto del año pasado en nuestro país como anfitrión, se expusieron datos que reflejan la alta necesidad que se tiene que acercar a nuestros niños y jóvenes a una cultura con más deporte, lo que además de alejarlos de las calles, los vicios y la delincuencia, los lleva a una vida más sana.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, no hay que olvidar que los niños y jóvenes son el futuro y presente de nuestro país. Dar la importancia al deporte no sólo es hablar de él sino vivirlo, sentirlo y apoyarlo para crear una cultura de deporte. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cueva Sada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

Mientras tanto, aprovechamos para dar la bienvenida a invitados del Comité Municipal del municipio de Atlacomulco, estado de México, invitados por el diputado Emilio Chuayffet Chemor.

Igualmente del Instituto Latino de México del Distrito Federal, invitados por la diputada Silvia Pérez Ceballos.

A personal y alumnos de la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz de Ecatepec, estado de México, invitados por el diputado Martín Vázquez Pérez.

De la Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes de Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga.

También a los ganadores del concurso de dibujo El diputado contigo, invitados por el diputado Liborio Vidal Aguilar. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Adelante, diputado Nazario Norberto.

El diputado Nazario Norberto Sánchez:Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Esta reforma trascendental del artículo 4o. constitucional, así como del artículo 73, fracción XXIX-J es muy importante, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El artículo 4o. queda reformado de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia.

La fracción XXIX del artículo 73 queda de la siguiente manera:

Para legislar en materia de cultura física y deporte con el objeto de cumplir lo previsto en el artículo 4o, establece la concurrencia entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la participación de los sectores social y privado.

El derecho al deporte aparece ligado a la concepción de lo que debe ser la actuación de los poderes públicos y el bie-nestar que éstos deben deparar a sus ciudadanos. El deporte, dotado de respaldo constitucional, se convierte en un aspecto de la idea de calidad de vida que el Estado debe procurar a sus gobernados.

Hoy en día el bienestar del individuo y de la sociedad se encuentra en una crisis que debe ser atendida con urgencia. Tal emergencia son los alarmantes índices de obesidad infantil, juvenil y adulta, siendo así que el ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad.

El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales, por medio de la educación física y el deporte, deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como de los demás aspectos de la vida social.

El deporte y la actividad física unen la práctica recreativa, el ejercicio físico, el aprendizaje del desarrollo colectivo e individual. Este tipo de actividades resultan decisivas para el desarrollo de muchos aspectos tanto físicos como psicológicos.

En definitiva, la actividad física y deportiva no sólo es diversión, sino que también es salud ya que, en esencia, facilita el desarrollo integral de toda persona. La práctica de un ejercicio o deporte, junto con la observancia de otros hábitos de salud, puede tener consecuencias positivas inmediatas en la salud. Además, el ejercicio físico mejora la capacidad orgánica del corazón, disminuyendo la necesidad de oxígeno y reproduciendo así la tensión arterial.

El derecho al deporte resulta ser un derecho más que debe ser incluido en nuestra Constitución, como garante del de-sarrollo personal del individuo y de la sociedad. Es por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, que es necesaria la incorporación explícita del derecho a la cultura física y el deporte en nuestra Carta Magna.

Por eso los convoco, compañeras y compañeros, a que voten a favor de esta iniciativa trascendental. Muchas gracias, diputados y diputadas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Norberto Sánchez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

El diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, el deporte ha estado presente en la historia de la humanidad como una actividad sana, por ello es que en todas las culturas su importancia ha sido manifiesta.

Realizar actividades deportivas contribuye a lograr una condición física apropiada y una salud inmejorable, al mismo tiempo permite un mejor desarrollo intelectual propiciando personas más ágiles física y mentalmente.

Gracias al deporte la población puede aumentar su esperanza de vida y reducir la probabilidad de desarrollar varias enfermedades. No obstante, los beneficios no sólo se limitan al aspecto físico sino social, ya que es de gran utilidad, a fin de fomentar la integración social y a enseñar mecanismos de control, así como beneficios psicológicos como la reducción de la depresión y la mejora de la concentración.

El deporte tiene un efecto muy poderoso, tanto en el tratamiento como en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. La inactividad física es el gran problema en nuestro tiempo.

La actividad física, regulada con una correcta intensidad, duración y frecuencia, provoca beneficios en la salud, porque reduce los riesgos de enfermedades cardiovasculares en un 40 por ciento, disminuye el riesgo de enfermedades cerebrovasculares en un 27 por ciento, reduce la incidencia de diabetes casi en un 50 por ciento, reduce la incidencia en alta presión sanguínea por casi un 50 por ciento, reduce la mortalidad y el riesgo de recurrencia de cáncer de mama por un 50 por ciento, puede reducir el cáncer de colon en un 60 por ciento, puede reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzhaimer en una tercera parte, puede disminuir la depresión tan efectivamente como el medicamento Prosac o la actividad psicológica, entre otras.

Además se sabe que el ejercicio físico ayuda al desarrollo corporal armónico, incrementando las capacidades motrices básicas de nuestro organismo.

Hay evidencia de que el ejercicio físico sistematizado auxilie a los escolares en sus actividades académicas al demostrarse un incremento en su desempeño en aquellos que lo realizan en forma regular y bien encaminada.

Sin duda podemos observar que los beneficios que aporta el deporte a la sociedad son de suma importancia, todo tomando en consideración que actualmente en nuestro país enfrentamos un problema de gran magnitud en todos los grupos de edad, el cual se está experimentando a gran velocidad: el sobrepeso y la obesidad, esto a consecuencia del sedentarismo y la escasa práctica de la cultura física y del deporte entre la población.

Lo anterior a pesar del esfuerzo mexicano por buscar generar cada vez mayores acciones y espacios, a fin de que la población realice actividades físicas y deportivas de manera constante.

En Acción Nacional es de nuestro interés que México sea un país sano, en donde las personas sin distinción alguna cuenten con los instrumentos necesarios que les permitan formar aptitudes, capacidades, hábitos y destrezas que contribuyan a su desarrollo integral.

En este orden de ideas compartimos el sentido del presente dictamen toda vez que resulta un gran avance al reconocer el derecho constitucional de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, al tiempo de fijar el compromiso del Estado en sus tres órdenes de gobierno, de promover y fomentar todas aquellas acciones a fin de hacer efectivo el cumplimiento de este derecho.

La reforma que hoy aprobaremos fortalecerá el derecho a la cultura y al deporte para toda la población, pero tendrá un impacto fundamental en nuestra niñez y juventud, que en muchos casos se encuentran hoy en gran riesgo de convertirse en víctimas de adicciones, delincuencia o de problemas de salud como la obesidad.

Asimismo, estamos convencidos de que la reforma que hoy nos ocupa permitirá que como legisladores nos comprometamos a revisar el marco jurídico vigente en la materia, especialmente la Ley General de la Cultura Física y el Deporte, con el fin común de actualizar y reforzar las bases para el desarrollo del deporte nacional y de la sociedad.

Agradezco a la Comisión de Puntos Constitucionales por su apoyo, ya que ninguno de sus integrantes votó en contra de esta reforma. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias a usted, diputado Balderas. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos.

El diputado José Ricardo López Pescador:Gracias, señor presidente. Amigas y amigos, compañeras diputados y compañeros diputados, estamos revisando una reforma constitucional de enorme trascendencia. Se trata de adicionar un párrafo décimo al artículo 4o., de la Constitución y una reforma a la fracción XXIX del artículo 73 de la Carta Magna.

En las actuales condiciones, hoy más que nunca el Estado mexicano debe asumir un compromiso serio, un compromiso que tenga base constitucional para diseñar políticas públicas que fomenten la cultura física y la práctica del deporte.

Los principales beneficiarios de esta reforma que hoy está a su consideración son los casi 30 millones de jóvenes mexicanos entre 14 y 29 años de edad. Esta reforma, de concretarse, busca generar condiciones para el desarrollo pleno de la personalidad humana. Las habilidades, las destrezas físicas e intelectuales de los jóvenes necesitamos hacerlas prioridad en nuestro país. El deporte incide directamente en la salud de quienes lo practican.

Por eso, a través del deporte, los jóvenes pueden en México destinar sus actividades al desarrollo pleno. Es tiempo de comprometernos con los jóvenes de México. Es tiempo de que tomemos decisiones que incidan en políticas públicas a favor de esa juventud que hoy demanda de nosotros decisiones, acuerdos, propuestas y legislación acorde con esas necesidades.

Hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiero pedirles su voto a favor de este dictamen. El PRI comparte el contenido pleno de este dictamen porque estamos comprometidos con una política social que remueva las estructuras de nuestro orden, y trabajar por la juventud, con ellos, y que el Estado se comprometa con políticas claras, con bases constitucionales es hoy una responsabilidad nuestra.

El Estado mexicano debe tener más compromiso con la práctica del deporte. Hoy estamos, con este dictamen también, ampliando los derechos de los gobernados. La juventud mexicana hoy demanda de nosotros, de esta Cámara, un compromiso serio. Por eso esta reforma viene a consolidar una demanda de la juventud mexicana.

Vamos también a legislar en la ley secundaria de este artículo 4 de la Constitución. Por eso es que, a nombre de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, les solicito que votemos a favor de este dictamen y le demos a la juventud mexicana mayores expectativas de desarrollo, alejados de otras tentaciones. Los jóvenes mexicanos quieren desarrollarse plenamente y quieren desarrollarse en un ámbito positivo a sus cualidades y desde luego, a lo que este país demanda. Muchas gracias y esperamos su voto a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López Pescador. Continuamos ahora con la siguiente ronda de oradores. Para hablar en contra tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Es a favor, perdón. Y luego el diputado Gerardo Fernández Noroña, también a favor. Perdón, estábamos aquí mal referenciados. Dicen que por la costumbre; pero de ninguna manera, aquí está el diputado para hablar a favor del dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, diputado presidente. Sí, ya es la costumbre. Pero no, ahora es a favor, presidente.

Desde luego que se trata de un buen dictamen. Es un dictamen que está proponiendo reformas y modificaciones al artículo 4o. de la Constitución y al artículo 73, para establecer como derecho fundamental, como derecho humano, el acceso de cualquier persona a la cultura física y al deporte. Esto, desde luego, es importantísimo.

El diputado Muñoz Ledo hace un momento hablaba de lo importante que era o que hubiese significado incorporar este derecho humano al deporte en la parte del derecho a la educación. Tiene razón Porfirio, tiene que ver con la educación. Así lo veía el ideal griego de la paideia. El deporte, la gimnasia y desde luego el conocimiento teórico, filosófico, matemático estaban vinculados a la educación.

Pero también el derecho humano al deporte tiene relación con la salud y tiene relación con la alimentación; es decir, este dictamen está promoviendo un enfoque –como se dice hoy día– holístico o integral de la persona. Vincula al deporte, la educación, la salud, la alimentación para promover el desarrollo humano, el desarrollo de cada persona.

Decía yo hace un momento que este dictamen tiene como fundamento filosófico y teórico la idea de aquel filósofo griego Isócrates, que hablaba de la paideia, de la vinculación para el desarrollo humano del cuerpo con el espíritu o del cuerpo con el alma como base de la educación.

Simplemente para ilustrar a la asamblea voy a hablar de cómo en la paideia se integraba como base de la educación un buen número de materias. Estaba en la paideia la gimnasia, la gramática, la retórica, la poesía, las matemáticas y la filosofía. Todos estos elementos, todas estas asignaturas contribuían al desarrollo integral y holístico de los seres humanos.

Esta idea creo que pervive en este dictamen. Sin embargo, a mí me preocupan dos cuestiones que no prevé el dictamen, aunque voy a votar a favor. Una materia que no prevé este dictamen es el tema, también apuntado por mi compañero Muñoz Ledo, de la exigibilidad de este derecho. Cómo vamos a hacer exigible el derecho humano al deporte y a la cultura física cuando nuestra constitución no establece los mecanismos de defensa constitucional, no establece los mecanismos procesales, constitucionales para hacer exigible este derecho humano a la cultura física y al deporte.

Creo que aquí hay una deficiencia en el dictamen; deficiencia que, me dirán muchos, puede ser cubierta en la legislación secundaria, pero de nuevo aquí hay un defecto constitucional porque las leyes secundarias no son para hacer exigibles los derechos constitucionales. La Constitución debe prever sus propios mecanismos para hacer exigibles los derechos.

Y otro aspecto que me preocupa de este dictamen es la participación que prevé la fracción XXIX-J del artículo 73, que permite la intervención del sector privado para promover, para garantizar el derecho humano a la cultura física y al deporte; y esto me da mucho temor, la intervención del sector privado. Me da temor por dos razones: una teórica constitucional y otra real, otra fáctica.

La teórica constitucional que establece que los derechos humanos están fuera del comercio. El derecho a la educación, a la salud, al deporte, a la alimentación no deben tener nada que ver con el comercio y con el negocio privado, y al incorporar al sector privado al ejercicio del derecho del deporte y de la cultura física podemos incorporar este fenómeno o esta parte comercial que es a todas luces indebida.

Segunda razón. Me preocupa en este dictamen la inclusión del sector privado, y con esto termino, señor presidente, porque este dictamen ha sido promovido por el Partido Verde Ecologista de México, que en el enfoque de los derechos humanos siempre ve, siempre observa la intervención del sector comercial o del mercado en el ejercicio y en la garantía de los derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de lo anterior voy a votar a favor, esperando que en la legislación secundaria no exista un fin comercial o un fin económico, un fin de mercado para garantizar el derecho humano a la cultura física y al deporte. Por su atención, muchas gracias compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Y por su paciencia también.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 5 minutos para hablar en pro del dictamen.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente.

No se puede hablar en contra de este dictamen, es un planteamiento formalmente correcto.

Yo vengo a hablar a favor y a hablar en contra de la simulación. Dicen varios de los que aquí han hecho uso de la palabra, que el deporte genera salud y que esto va a evitar que la juventud caiga en los vicios de la droga y de la delincuencia. No hay nada más falso que esto, porque me están diciendo que con esta reforma constitucional está resuelto el problema de desigualdad y de injusticia brutal que existe en el país.

Díganle a los 40 millones que ganan 1 dólar al día que haciendo deporte sus hijos van a estar muy sanos. Díganle cómo van a hacer deporte si ni siquiera desayunan, porque no gana su familia más que 1 dólar al día, si es que van a alguna escuela. Díganle a los 49 millones que ganan 2 dólares al día que haciendo deporte van a estar en muy buenas condiciones. Díganle a los 80 millones de mexicanos en la pobreza, que van a estar sanísimos ahora, que tienen garantizado el derecho a la salud. Y díganle a la mayoría que tienen en escuelas públicas a sus hijos que no tienen ni cristales las ventanas, ni instalaciones deportivas, que ahora sí tienen garantizado el derecho al deporte con esta importantísima reforma constitucional que se está llevando a cabo.

No está garantizado el derecho a la alimentación. No está garantizado que no haya ni un solo niño con desnutrición en este país. No se han tomado las medidas para que no haya hambre en un país que tiene al hombre más rico del mundo, con 74 mil millones de dólares en su fortuna, frente a 40 millones en la extrema pobreza.

Es demagogia y simulación absoluta plantear este tipo de cosas, cuando además tienes a 7 y medio millones de jóvenes sin acceso a la universidad, a muchísimos que salen de la secundaria sin acceder a la preparatoria.

La verdad es que es increíble cómo se plantean cosas falsas en esta tribuna. Es increíble que se planteen derechos que no tienen ningún sustento para llevarse a la realidad. Que se planteen cosas que están aisladas de la difícil y dura realidad de la inmensa mayoría de los mexicanos.

No hay ninguna garantía al deporte si ni siquiera hay becas, si ni siquiera hay una estructura deportiva que genere y encuentre los talentos de cada uno de los niños y niñas de este país. Si ni siquiera está garantizado, insisto, ya no digo beca económica, sino beca alimentaria para darle especial cuidado a los que tienen talento en las áreas deportivas.

Está hecha un desastre la educación de este país. Está hecha un desastre la repartición de la riqueza y se viene a hablar a aquí que ahora sí se está garantizando el derecho al deporte de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas.

Con la demagogia adicional que acaba de anunciar Calderón, 13 mil millones de pesos –dice  el rector de la UNAM que son más de 20 mil millones de pesos- de subsidio a la educación privada. Para acabar con el mundo al revés, la educación privada va a ser gratuita y la educación pública cuesta, porque desde la pre-primaria hasta la universidad se pagan cuotas que dicen que son voluntarias pero que no lo son, y que incrementan la injusticia, la desigualdad y la pobreza de la mayoría de los mexicanos.

Me parece, por todas estas razones, inaceptable que se estén planteando con esta retórica, con esta demagogia, esta serie de argumentos falaces que no cambian la injusta realidad, la brutal desigualdad que se vive en el país.

Demagogia y más demagogia. Falsedad y más falsedad. Hipocresía pura la que aquí se está planteando al sostener en el papel derechos que son imposibles de llevar a la realidad en este México desigual que vivimos.

Por todas estas razones, yo vuelvo a recomendarles, compañeros y compañeras, que lean el libro de Política del rebelde. Que justo hace una crítica a esta simulación existente en todos los regímenes supuestamente democráticos del mundo sobre derechos que a la hora buena son pura falsedad, y tomada de pelo para la mayoría de los seres humanos.

La verdad es que me indigna mucho este tipo de cosas y me indigna más –termino con esto– que se hable. Ahora, después van a decir también que la reforma laboral es para mejorar los derechos de los trabajadores de este país cuando es para fastidiarlos, cuando ni siquiera se considera a estas alturas el salario mínimo para que pudieran tener derecho al deporte a la salud, derecho a un mínimo de garantías, debería ser de 10 mil pesos mensuales, calculo yo.

Eso sería una verdadera reforma y no este tipo de cosas que están planteando. Pero votaré a favor porque la intención es buena, aunque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Muchas gracias, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputado Fernández. No habiendo más oradores inscritos, el dictamen se considera suficientemente discutido, y en virtud de que de conformidad con el Reglamento no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de integrantes de la comunidad de profesionistas de la escuela de graduados en administración pública del Tec de Monterrey, campus Estado de México, invitados por la diputada Rosaura Ochoa.

Igualmente, invitados de la comunidad de San Juan de la Vega, de Celaya, Guanajuato, invitados por el diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo. Y alumnos de la escuela oficial número 693, Andrés Molina Enríquez, de la colonia Villas de San José, del municipio de Tultitlán, estado de México, invitados por la diputada Sandra Méndez Hernández. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, por favor para que voten. Pueden hacerlo electrónicamente. ¿Algún diputado o diputada que siga votando? Ya la corrigieron.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos de sexto año de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, del plantel Justo Sierra, invitados por el diputado federal Roberto Rebollo, sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ciérrese el sistema de votación. Faltó algún diputado, ya se cerró el sistema. Diputado Caro Cabrera.

El diputado Salvador Caro Cabrera(desde la curul): A favor.

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Piña Olmedo(desde la curul): A favor.

El diputado Héctor Guevara Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Eviel Pérez Magaña(desde la curul): A favor.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Hernández Juárez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, diputado. El diputado Héctor Hernández.

El diputado Héctor Hernández Silva(desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Herrera Chávez(desde la curul): A favor.

Diputado presidente se emitieron 422 votos, todos a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos,es decir, por unanimidad, el proyecto de decreto que... Si, diputado Navarrete Prida, sonido en la curul del diputado Navarrete Prida, por favor.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul): Señor presidente, nada más es una consulta. ¿Cómo puede ser que marque 412 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, y marca 413 votos totales? ¿Podrían revisar el sistema? Hay algo que no está funcionando.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Desde luego que hay ahí un error en la contabilización misma del tablero electrónico, que ya lo habíamos señalado desde sesiones anteriores, para que se pueda corregir.

Lo que pasa es que son 422 votos, son de viva voz, pero acá estamos con 412 a favor y 413 de asistencia. La diputada Laura Piña no pudo votar, ahí está en la asistencia pero sin voto. Ya nos están precisando aquí si se había corregido el asunto y lo hizo de viva voz, diputado Navarrete. ¿Le quedó claro?

La diputada Laura Piña, que está en el tercer lugar de abajo para arriba, dice Piña Olmedo Laura, tiene registrada su asistencia, su presencia pero no pudo votar y entonces lo hizo de viva voz. Ésta es la razón. Ya estamos precisando la información.

Entonces decía, aprobado por unanimidad de 422 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona un párrafo 10 al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-J, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las legislaturas de los estados.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 15 de septiembre de 2009, el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

El legislador establece en la iniciativa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un órgano autónomo que, por mandato constitucional, tiene la noble e importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y cuya dirección se encuentra a cargo de un presidente, quien conduce a la institución para lograr el cumplimiento del imperativo constitucional apuntado.

En la exposición de motivos, el diputado Escudero señala que por virtud de lo anterior resulta indispensable que quien dirija la CNDH no pueda ser cuestionado por la conducción o ejecución de su labor, derivado de razones inherentes a la legalidad o legitimidad de su designación, que permita cuestionar sobre la sujeción a derecho de sus determinaciones, por simples cuestiones adjetivas y no de sustancia, como sería la falta de designación del presidente de la CNDH por el Senado de la República, no obstante que el periodo para el que fue designado el titular saliente haya concluido; verbigracia, la ausencia de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, o la falta de terna propuesta al pleno del mismo cuerpo legislativo, la ausencia de la votación calificada que requiere la norma o por cualquier otra circunstancia ajena al propio organismo autónomo.

En la argumentación, el diputado Escudero agrega que hoy el artículo 10 de la Ley de la CNDH establece el procedimiento y las particularidades en el nombramiento de su presidente, empero, no determina el supuesto de que en el proceso de elección a cargo del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no se obtenga la votación que dicho precepto señala, o que por cualquier otra razón no se realice la designación del sucesor de ese presidente no obstante que el periodo del funcionario en turno haya concluido.

El diputado Escudero no deja pasar inadvertido que si bien el artículo 14 de la Ley de la CNDH señala en el segundo párrafo que el primer visitador general podrá sustituir interinamente al presidente, dicho supuesto es expreso al determinar que esto sólo será procedente dado el caso de que sea removido de sus funciones por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en consecuencia, tal interinato no es aplicable, ni siquiera por analogía, para la falta de designación del titular del organismo.

Por otra parte, el diputado Escudero refiere que el artículo 20 del Reglamento Interno de la CNDH establece como supuesto que, ante una ausencia temporal de su presidente, sus funciones y su representación legal serán ejercidas por el primer visitador general; en ausencia de éste, por el segundo visitador general o, en su caso, el tercer, cuarto o quinto visitadores generales, en su orden, sin embargo, ese precepto reglamentario no subsana la problemática expuesta, fundamentalmente porque esta argumentación es derivada de una interpretación por analogía o simple mayoría de razón, lo que por sí mismo puede no otorgar certitud de la legalidad y legitimidad de las determinaciones de su titular, sin soslayar que dicho precepto establece como presupuesto las ausencias temporales de su presidente, lo que definitivamente representa la existencia de la designación de un presidente por el Senado de la República.

Por ello, en opinión del diputado Escudero, es menester establecer un tiempo máximo para la designación del presidente de la CNDH. Por la importancia que reviste esta instancia, se debe otorgar el tiempo necesario para examinar cuidadosamente la propuesta de la terna o, en su caso, la ratificación del titular por la Cámara de Senadores. Por tanto, resulta indispensable que la propia ley determine de forma precisa e inexpugnable un interinato en la Presidencia de la CNDH dado el caso de la carencia de su designación por el Senado de la República, estableciendo un plazo fatal para su designación, evitando con ello que la elección quede pendiente por tiempo indefinido y no se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley de la CNDH.

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta comisión formula las siguientes

Consideraciones

1. En la exposición de motivos de la iniciativa analizada, el proponente estima de gran trascendencia la labor del presidente de la CNDH para el cabal cumplimiento de la misión que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le impone a dicho órgano promotor y protector de los derechos humanos en México.

La importancia de este cargo se desprende de las facultades y obligaciones que tiene a su cargo, según se puede advertir del artículo 15 de la Ley de la CNDH que establece literalmente:

Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

II. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la comisión, así como nombrar, dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la comisión;

IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno;

V. Presentar anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades, en los términos del artículo 52 de esta ley;

VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;

VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores;

VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos en el país;

IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para presentarse al consejo de la misma; y

X. Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos.

Esta comisión coincide con la relevancia de la tarea que tiene bajo su responsabilidad el presidente de la CNDH.

2. A juicio del proponente, el régimen jurídico actual relativo a la suplencia de la vacancia en caso de ausencia del presidente no es el más adecuado, toda vez que si bien es cierto se prevé el supuesto de cubrir la ausencia temporal del presidente de la CNDH, no se regula la hipótesis precisa relativa a que en el proceso de elección a cargo del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no se obtenga en un primer momento la mayoría agravada que como votación exige el artículo 102, Apartado B, de la Constitución, o que por cualquier otro motivo no se lleve a cabo la designación de quien habría que sustituir en la titularidad de la CNDH, no obstante que el periodo de ese servidor público hubiere concluido.

En efecto, la falta de previsión normativa de suplencia para el supuesto de ausencia de presidente de la CNDH por virtud de término del plazo de su nombramiento, genera incertidumbre no sólo al interior de dicho órgano sino para la determinación de importantes asuntos que gravitan en la dinámica de la institución en relación con la promoción y el respeto de los derechos humanos de los mexicanos.

La Constitución da muestras claras de la necesidad de determinar de manera precisa la manera en que deben ser suplidas las faltas sean temporales o definitivas de algunos servidores públicos. El caso más paradigmático es el del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas suplencias ante determinadas hipótesis de ausencia se encuentran previstas en los artículos 84 y 85 constitucionales.

En consecuencia, una reforma como la propuesta por el diputado Escudero daría mayor certeza jurídica al funcionamiento de la CNDH en momentos de cambio institucional y establecerá un lapso razonable para que el órgano legislativo correspondiente resuelva el relevo institucional del titular de la CNDH una vez haya concluido en el encargo.

Esta comisión comparte la preocupación del diputado Escudero de que la CNDH no quede acéfala en ningún momento, pero la solución de este problema no es designar a un presidente suplente porque esto sería materia de una reforma constitucional. Por tanto, se propone que la solución sea designar a un encargado de despachopara atender las funciones de la presidencia de la CNDH, en caso de que haya concluido el periodo para el que fue designado el presidente saliente de la CNDH, y no se haya designado el presidente entrante.

Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Único. Se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

...

En el supuesto de que concluya el periodo para el que fue designado el saliente presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no haya sido designado por los siguientes supuestos:

a) No se obtenga la votación calificada para la elección del presidente a que se refiere el presente artículo;

b) No sea presentada la terna al pleno del Senado de la República por la comisión o comisiones correspondientes; o

c) Que por cualquier otra causa no haya sido designado.

Se procederá a lo siguiente: el primer visitador general, sin perder su carácter y responsabilidades, se hará cargo de atender los asuntos urgentes correspondientes del despacho de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en ausencia de éste, se hará cargo el segundo visitador general o, en su caso, el tercero, cuarto o quinto visitadores generales, en su orden, hasta en tanto se elija y designe al presidente de dicho organismo.

En este caso, el plazo para realizar el proceso de designación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deberá exceder de 90 días, contados a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado el saliente titular de ese organismo autónomo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, en términos del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, hasta por 5 minutos.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:Gracias, señor presidente. La iniciativa que se somete a consideración del pleno tiene como finalidad la de establecer un nuevo régimen jurídico para la suplencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando haya concluido el periodo por el que fue designado, y establecer un plazo específico para la designación del nuevo titular por el Senado de la República, con el propósito de que no se interrumpa el funcionamiento institucional de un organismo tan relevante para México.

Esta propuesta, originalmente presentada por el Partido Verde, concretamente por el diputado Pablo Escudero, tiene que ver con que la redacción actual del artículo 10 de la Ley de la CNDH sólo establece el procedimiento para la designación de su presidente, pero es omisa en los supuestos en que dicho procedimiento no se materializa en los términos previstos en dicho precepto.

Por ejemplo, en los casos en que no se presente una propuesta de terna al Senado de la República o la falta de votación calificada que señala la ley, o bien que no haya sesionado la Comisión de Derechos Humanos, ese órgano legislativo o cualquier otra causa ajena a la CNDH.

La reforma que se propone consiste en incorporar al texto vigente del artículo décimo de la Ley de la CNDH los supuestos en los que no se haya designado el presidente; y, en caso de que se actualice cualquiera de dichos supuestos, se establece el mecanismo para designar al servidor público que fungiría como encargado del despacho del organismo en tanto se nombra al nuevo presidente. Asimismo, se establece un plazo perentorio de 90 días contados a partir de la conclusión del periodo para el que fue designado el titular saliente, para que se designe al nuevo titular.

Se trata en síntesis de dar certeza. Si por alguna razón en gobiernos divididos no hay designación del presidente de la CNDH y se vence el término de su mandato que pueda haber siempre una cabeza con fundamento legal, con nombramiento legal acreditado que pueda conducir los destinos del organismo público que tanto le sirve a México. Sería cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Navarrete. Ahora para la discusión en lo general y en lo particular tiene la palabra, para fijar posición por el Grupo Parlamentario del PT, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, hasta por 5 minutos.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega:Estimados compañeros y compañeras. Éste es un caso típico de legislación de chisguete y además equivocado.

No podré estar de acuerdo en el continuo bloqueo de las reformas de fondo en materia de derechos humanos y estas salidas laterales que no solamente están equivocadas, sino que son peligrosas.

El decir que cuando no se nombre a tiempo al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos habrá una suplencia sucesiva, es avalar, es cohonestar el cumplimiento de deberes constitucionales del Senado, como se ha avalado de deberes constitucionales de esta Cámara que no ha proveído tres miembros del Consejo Electoral del IFE.

En cualquier legislación armónica-democrática, cuando no cumple su deber constitucional un órgano es sancionado y pasa a otro órgano la designación. En este caso sería difícil decir que en ausencia del nombramiento por el Senado le corresponde al presidente de la República, como hemos hecho con el voto de bolsillo. Si el presidente no promulga, la Cámara promulga.

La solución universal es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene como función proveer los miembros de un órgano de Estado que no ha designado la autoridad competente. Ni siquiera analizan el fondo del problema.

En la iniciativa de reforma constitucional sobre derechos humanos nosotros proponemos, a fin de evitar estos vacíos e inconsistencias, un cambio en el sistema de nombramiento. Se acatan los Principios de París, que son las recomendaciones de Naciones Unidas para la formación y designación de los órganos públicos responsables de la promoción de los derechos humanos, que consiste en que organizaciones no gubernamentales, Academia y Judicatura, en un número predeterminado crean el Consejo, no consultivo, sino Directivo, y éstos nombran a su vez a su presidente, como es en el caso de las universidades. No hay nada más lamentable, nada más vergonzoso que ver deambular por los corredores del Senado y de la Cámara a grandes personalidades que van a ser los responsables de funciones esenciales del Estado.

Nosotros hemos propuesto una reforma en profundidad de la Comisión de Derechos Humanos como defensoría del pueblo, con diversas secciones o capítulos que sean responsables de los distintos tipos de violación de los derechos humanos.

Hemos propuesto que haya un juicio restitutorio. Esto es, que la fiscalía pueda intentar ante un juez la restitución y resarcimiento para los ofendidos. Y hemos propuesto también que tenga la verdadera fuerza de consignar, para que sea perseguido por la justicia.

Este esquema antes de terminar quisiera leerlo, porque me recuerda una famosa película de don Luis Buñuel que se llama El ángel exterminador: “si por cualquier razón no se ha nombrado al presidente se procederá a nombrar al primer visitador y si no al segundo y si no al tercero y si no al cuarto y si no al quinto, y si el quinto no aparece desaparece la comisión”.

Yo me pregunto: ¿se puede pensar en un cargo público que sea designado en orden descendente? Es una degradación y es una cobardía del Congreso de la Unión no sancionar el incumplimiento de tan alto deber constitucional y no pensar en un mecanismo superior de designación.

Vamos a entrarle en serio a los problemas, es a veces hasta divertido, pero francamente es irrisoria la manera como pretendemos modificar el orden jurídico de este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Muñoz Ledo. Tiene ahora el uso de la palabra, para fijar posición por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Pablo Escudero Morales, hasta por 5 minutos.

El diputado Pablo Escudero Morales:Gracias, presidente. Sin duda alguna tenemos coincidencias con el diputado Muñoz Ledo, en tema de las reformas, ya hace falta más trabajar. Sí, efectivamente.

Creo que hemos avanzado, las reformas están ahí, se ha hecho un gran esfuerzo desde el Senado y desde esta Cámara de Diputados, y estoy cierto que vamos por buen camino. Lo que estamos corrigiendo es una realidad. No es una reforma de chisguete. Es lo que sucede y lo estamos viendo en el Instituto Federal Electoral y en otros.

La misión más importante de la presidencia de la CNDH consiste en contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y la conservación de la paz social, incluso en eso. Ante tales compromisos resulta de suma importancia que dicho organismo autónomo cuente con una dirección continua y permanente que permita garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales en todo momento. La falta de certidumbre jurídica en el procedimiento para la designación del presidente de la  CNDH puede llevar implícito el desconocimiento, la desacreditación o el rechazo de sus recomendaciones. De eso es de lo que estamos hablando.

No podemos olvidar que la eficacia y la validez de todo acto administrativo están sujetas a encontrarse suscritas por un servidor público legalmente autorizado para ello. La ley en estos momentos sólo habla de la suplencia temporal, no definitiva.

Por estas razones es necesario contar con una regulación, pues la legalidad y legitimidad de quien dirige una institución pública con tales responsabilidades como ésta deben encontrarse contenidas de modo directo e incuestionable en la ley.

Resulta indispensable que quien encabeza dicho organismo autónomo no pueda ser cuestionado sobre la conducción o ejecución de su labor, derivado de razones inherentes a la legalidad o legitimidad de su designación.

Por estas razones es indispensable que la propia ley determine un interinato en la presidencia de la CNDH, dado el caso de la carencia de su designación por el Senado de la República, estableciendo un plazo para su designación y evitando con ello que la elección quede pendiente por tiempo indefinido y no se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido en la propia ley.

La reforma propuesta al artículo 10o. de la Ley de la Comisión Nacional de de los Derechos Humanos resuelve esta problemática expuesta y dice: En el supuesto que concluya el periodo para el que fue designado el saliente presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no haya sido designado por los siguientes supuestos:

1. Que no se obtenga la votación calificada en el Senado -que puede ser muy probable.

2. Que no sea presentada en el pleno del Senado la terna porque no hay un acuerdo dentro de la Comisión de Derechos Humanos -que es muy probable, ya lo hemos vivido- o que por cualquier otra causa no esté designado se procederá a lo siguiente:

El primer visitador ocupará el cargo y en ausencia de éste, se hará sucesivamente hasta por 90 días.

Esta iniciativa resuelve el problema, resuelve una realidad a la que nos enfrentamos. Basta con observar los demás institutos, está el caso del Instituto Federal Electoral, y de los demás organismos autónomos que pueden caer en este supuesto.

Efectivamente falta mucho por trabajar en la materia de derechos humanos, es verdad, falta mucho por hacer, por proponer, pero también es verdad y tenemos que reconocerlo, y más ahora que se han aprobado estas reformas en derechos humanos, que vamos por buen camino, que el Congreso ha tomado conciencia de la responsabilidad que tiene en materia de derechos humanos, que se está trabajando de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los organismos autónomos y con las ONG, que están participando de manera activa en todas estas reformas que estoy seguro de que vamos por buen camino.

Es verdad, hace falta mucho por hacer y por trabajar por los derechos humanos, pero vamos en buena senda. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Escudero. Tiene ahora el uso de la palabra para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Roda Adriana Díaz Lizama, hasta por 5 minutos y anotamos, están anotados en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, Gerardo Fernández Noroña, ya están anotados. Adelante, diputada.

La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama:Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, desde el momento en que por mandato constitucional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria en el año de 1999, se marcó un parteaguas en la protección y defensa de los derechos humanos.

A partir de ello, en Acción Nacional tenemos la convicción de atender todos aquellos aspectos que contribuyan a que se desempeñen con plenitud las atribuciones que nuestra norma fundamental le otorga a la Comisión. La protección de los derechos humanos de todas las personas que nos encontramos en el territorio nacional se basa en ello.

El dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara trata de aliviar la inquietud de precisar en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el régimen de suplencias aplicable ante las ausencias temporales del presidente de dicho organismo, lo cual es sin duda alguna bienvenido, ya que lo que se desea es clarificar y precisar que ante dichas ausencias será el primer visitador el que lo suplirá, tal y como lo establece actualmente el artículo 20 del reglamento de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otro aspecto importante a destacar son las causales por las cuales podría quedar acéfala la presidencia de la Comisión, resaltando que una de ellas será cuando el presidente no haya sido nombrado en tiempo y forma por el Senado de la República, situación que, desde nuestro punto de vista, sería difícil de presentarse, aunque no imposible, dada la regulación de dicho procedimiento en el marco jurídico interno de la Cámara de Senadores.

Acción Nacional votará a favor de este dictamen, no sin antes señalar que debemos seguir trabajando en la elaboración de propuestas que permitan solucionar de manera integral los supuestos tanto de ausencias temporales como definitivas del presidente de la comisión, así como respecto del fortalecimiento de consejo consultivo, promoviendo su participación en otras áreas de la misma Comisión Nacional mediante las cuales podamos promover, además, la transparencia y la rendición de cuentas de dicho organismo, tal y como se ha propuesto en algunas iniciativas presentadas por nuestro grupo parlamentario.

En el Partido Acción Nacional tenemos un compromiso firme con la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual conlleva a mantenernos activos en la actualización del marco jurídico por el que éstos se rigen y en la revisión de aquellas reformas que den fortaleza a su estructura administrativa. Por tanto, votaremos a favor de este dictamen. Es cuando, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Díaz Lizama. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en contra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Nosotros votamos en contra de dictamen porque lo que es indebido es el sistema de designación de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Tanto en este órgano como en otros órganos constitucionales autónomos, la designación, como sabemos, depende del poder de los grupos parlamentarios mayoritarios, es decir, son designaciones que se deben a las cuotas. Lo mismo pasa en el IFE, lo mismo pasa en el Banco de México, lo mismo pasa en la Auditoría Superior de la Federación. Son designaciones que obedecen al cuoteo de los partidos. Lo que hay que cambiar es este sistema.

Esas designaciones debieran ser producto de una elección democrática de los ciudadanos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debiera ser elegido por el voto directo secreto universal de los ciudadanos de la República y no bajo el sistema de cuotas.

Por eso nosotros estamos en contra, pero también estamos en contra, como lo explicaba el diputado Muñoz Ledo, porque es causa de responsabilidad política, es causa de juicio político violar normas y principios constitucionales.

Cuando esta Cámara de Diputados no ha designado a los consejeros electorales del IFE en tiempo y forma, los que somos responsables jurídicamente somos nosotros, estamos en falta, y debiéramos ser sometidos a un procedimiento de juicio político. Sabemos que esto no puede ser porque seríamos nosotros juez y parte. Los que conocen de un juicio político son los propios legisladores.

Entonces, lo que tenemos que arbitrar es una institución distinta, tenemos que arbitrar un tribunal constitucional para que el tribunal constitucional, a falta de la elección o de la designación de estos titulares de los órganos constitucionales autónomos, elija o designe al funcionario respectivo.

A mí la propuesta que se nos está presentando aquí me parece una propuesta muy débil, una propuesta que es a todas luces deleznable y cuestionable. ¿Cómo se cubre el interinato? Se cubre con el primer visitador, como se explicó y como dice la iniciativa, hasta con el quinto visitador. Y si no hay quinto visitador, ¿quién ocupará el interinato? ¿Será el señor de la limpieza de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es degradar; esta propuesta degrada la fortaleza de las instituciones.

Yo me pregunto si las recomendaciones del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no son acatadas, ¿acaso serán acatadas las recomendaciones del quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Lo dudo, por eso también nos oponemos a este dictamen.

También nos oponemos por una razón política. Recientemente la Cámara de Senadores ha conocido de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta Cámara de Diputados había aprobado por mayoría calificada que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interviniese, junto con el presidente de la Comisión, en la investigación por violaciones a las garantías individuales.

¿Qué hizo el Senado de la República? Nos dio una puñalada trapera. Estableció que solamente el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin el Consejo Consultivo, debiera conocer de estas investigaciones por violaciones a las garantías y a los derechos humanos.

Me parece que el Senado de la República no está jugando limpio, sobre todo en este caso en donde todos sabemos, políticamente, que el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está ahí por el designio de un senador muy poderoso y muy importante que se llama Manlio Fabio Beltrones.

Nosotros no vamos a apoyar y no le vamos a hacer el juego a Manlio Fabio Beltrones, estableciendo un procedimiento ahora, hasta de 90 días, para que negocie, o 60 días, para que negocie el señor Manlio Fabio Beltrones con los senadores importantes del Senado, con el mandarinato para designar a los interinos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Creo que es muy importante que busquemos reformas de largo alcance, reformas de gran envergadura. Cambiemos el sistema de elección del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y no nos conformemos con este sistema de designación...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ... que responde a las cuotas de los partidos. Por su atención, muchas gracias, señor presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Si el orador me permite una pregunta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Ya concluí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. Bueno, ya concluyó el orador, le informo.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Si no quiere, no. Se vale, se vale. Si no quiere, no.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Si quiere adelante, le contesto lo que quiera. A ver, adelante.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, es con la Mesa el diálogo, señor diputado. Es con la Mesa el diálogo. Diputado Escudero, al parecer acepta el diputado Cárdenas.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Nuestro amigo el diputado Cárdenas conoce bien la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El artículo 15 especifica cuáles son las facultades exclusivas del presidente de la CNDH, tres importantes: la representación legal, la emisión de las recomendaciones y la elaboración del presupuesto para que esta Cámara lo autorice. Es decir, si queda acéfala no se puede cumplir ninguna de estas tres facultades que tiene la CNDH.

Ésa es la gravedad, ¿qué opina respecto de eso? ¿Qué prefiere, entonces no se pueden emitir recomendaciones? ¿No se pueden emitir medidas cautelares, que hay momentos específicos donde peligra la vida de algunos ciudadanos? Hemos tenido casos aquí de la señora Maricela. No se podrían ni siquiera expedir las medidas cautelares. Ése es el tamaño de la responsabilidad y eso es lo que estamos arreglando. Quisiera conocer su opinión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Adelante, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Con mucho gusto, señor diputado. Me parece que lo que usted señala, estas tres facultades del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la representación legal, la facultad de emitir recomendaciones y la de proponer a este pleno el presupuesto de la Comisión se pueden salvar de una manera constitucional y correcta, sin que el Senado de la República incurra en responsabilidades; pues designando en tiempo y forma al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No dándoles una oportunidad, de hasta 90 días para que se haga esa designación, para permitir ese manejo partidista, de cuotas, que como sabemos nada más beneficia en este momento al PAN y al PRI, que son los que tienen el poder de designar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Yo le contestaría regresándosela: qué cumplan su responsabilidad constitucional y legal designando en tiempo y forma al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque si no designa el Senado, en tiempo y forma, al presidente de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, incurre en responsabilidades políticas que están previstas, a su vez, por el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice, en su fracción V, que es causa de juicio político violar los principios y las normas constitucionales.

Ésa es la respuesta, señor diputado. Yo creo que no se vale seguirle permitiendo a las cuotas y a los partidos mayoritarios en el Senado que hagan, con ese tipo de órganos constitucionales autónomos, que hagan lo que quieran y que pongan ahí a incondicionales. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Fernández Noroña, hasta por 5 minutos...

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: No sé si haya otra pregunta, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No veo que nadie quiera preguntarle, diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Ya el diputado Muñoz Ledo y el diputado Jaime Cárdenas han dado argumentos muy contundentes. Yo quiero solamente dar un par más.

En esta soberanía se han votado leyes secundarias que violan flagrantemente la Constitución. Es una moda dejar la Constitución intocada y violarla sistemáticamente con legislaciones secundarias.

Ahora se quiere introducir un nuevo modelo, que es legalizar –entre comillas- los incumplimientos en la designación de funcionarios, lo cual me parece un despropósito mayor.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos jugaba un papel muy importante. Tuvo algún par de comisionados presidentes que se tomaron en serio su papel, y luego ha venido cayendo en un deterioro enorme, cada vez se emiten menos recomendaciones, cada vez se hace más de lado frente a las sistemáticas violaciones a derechos y garantías constitucionales.

Y cuando emite recomendaciones no tiene peso político, no tiene autoridad moral, no tiene fuerza suficiente para hacer valer sus recomendaciones. Si encima de esta situación de debilidad se plantea que frente al incumplimiento del nombramiento por parte del Senado se vaya en orden decreciente hasta llegar al empleado que recibe en oficialía de parte las quejas de los ciudadanos y las ciudadanas, creo que acabaría por liquidarse en los hechos la intención original de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es absurdo que se plantee este relevo en orden descendiente y que se plantee, además, ese plazo, como ya aquí se ha establecido, de 90 días. Se tiene que cumplir con la responsabilidad en tiempo y forma del nombramiento. No podemos seguir generando que sumado a la simulación que hay continúe con el deterioro existente de las instituciones públicas.

Como aquí se ha dicho, esta Cámara ha incumplido su responsabilidad de elegir a los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral y ahora se está planteando que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dé una situación similar. Es verdaderamente inaceptable.

Yo entiendo esta propuesta solamente en un sentido, y ahí sería una propuesta congruente. Si al frente de la Presidencia de la República está un usurpador, pues que no haya un sustituto del sustituto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata entonces, me parece, de acabar de desprestigiar las instituciones, de acabar de inutilizarlas, de generar una mayor degradación de la vida institucional y la vida pública del país.

Nosotros estamos en contra de esa degradación, estamos en contra de esa simulación. Estamos en contra de legislar para hacer legales cosas claramente ilegales, claramente inconstitucionales y por eso hemos manifestado nuestra determinación de votar en contra de esta iniciativa de ley. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Navarrete Prida.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul): Sí, señor presidente. Solamente para dejar en claro que en esta reforma se están proponiendo dos cosas muy sencillas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo. El diputado Navarrete Prida hace una moción de rectificación de hechos. Está inscrito al final de la lista y en uso de su derecho decide hablar desde su curul. Adelante, diputado.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul): Muchas gracias. Solamente son dos cosas muy sencillas. Esta reforma, la primera, si el Senado de la República por cualquier razón en el tiempo que tiene no designa al nuevo presidente de la CNDH y concluye su periodo, que permita que el primer visitador que lo hace en este momento pero que tenga fundamento en ley, asuma el carácter de encargado del despacho por ley y eso sea un aval de nombramiento para efectos de la representación de la CNDH. Eso fortalece a la CNDH.

Segunda. A los señores legisladores y a la colegisladora, con todo respeto, lo que se está proponiendo es ponerles un plazo perentorio de 90 días para que cumplan con su responsabilidad. De tal manera que ni se está dejando al garete ni se está pidiendo que sea un tercero, un cuarto o un quinto. Ni se está desprestigiando a la CNDH, se le está protegiendo en el marco constitucional que existe en este momento sobre la CNDH.

Si hablamos de cambiar el marco constitucional será otra discusión. Bajo este marco constitucional esta medida pretende proteger a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y generar un plazo para que se designe a su presidente. Es cuanto, señor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): En el mismo sentido, por rectificación de hechos. Desde mi curul, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Ha estado clarísima desde un principio la intención. El diputado Navarrete Prida dice que la intención es fortalecer la CNDH, nosotros insistimos en que es degradarla porque el Senado ya tiene un plazo y es el plazo inmediato para el nombramiento. No tiene por qué esperar si no tiene que sustituir cuando se termina el mandato del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Si habla de un tercero, de un cuarto y un quinto, y hasta deja abierta la posibilidad de que vaya en orden decreciente el sustituto si los visitadores primeramente señalados no aceptan. Y sí violenta un mandato constitucional que existe de responsabilidad del Senado de la República en este momento.

Así es que se falta a la verdad cuando se dice que se quiere fortalecer a la CNDH. Reitero que es un hecho de -entre comillas- legalizar la ilegalidad, de seguir en la simulación y de debilitar una de las instituciones que en los hechos ya tiene una debilidad manifiesta muy evidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega(desde la curul): Sí, también para rectificación de hechos, con todo respeto para el diputado Navarrete Prida.

Usted sabe, porque lo discutimos varias veces, que hay en esta Cámara para dictamen un proyecto de reformas constitucionales que por desgracia no ha sido considerado en las comisiones correspondientes.

Es a lo que yo llamo legislación de chisguete. ¿Se pueden hacer las cosas o para qué estamos aquí? ¿O vamos a continuar este pacto de simulación? A todas luces el sistema de sustitución es equivocado, y contrario a las resoluciones internacionales y de toda evidencia el sistema de tercero, cuarto, quinto visitador es un sistema degradante.

Todas las constituciones mexicanas han previsto en caso de ausencia de un titular, como es el Ejecutivo, la designación automática o por un pleno. Eso de que el número dos, el número tres o el número cuatro es una degradación automática; porque no se le concede ni su calidad ni su jerarquía constitucional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Escudero, usted será la última rectificación de hechos que se admita. Adelante.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Simplemente para ilustrar a la asamblea, porque aquí hay la percepción como han querido hacer notar nuestros compañeros de que el primer visitador es más importante que el segundo visitador, y que el segundo visitador es más importante que el tercero, y el tercero que el cuarto, y el cuarto que el quinto.

No es así, todos son igual de importantes, todos tienen el mismo nivel jerárquico, es importante que ilustremos y que informemos correctamente. El orden decreciente es simplemente de forma, porque se divide en materias el trabajo de las visitadurías, pero por ningún motivo el primer visitador es más importante que el quinto, todos son iguales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores se considera el asunto suficientemente discutido en lo general y en lo particular, por lo que la Secretaría hará en este momento los avisos oportunos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por 10 minutos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para recoger la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Para recoger la votación en lo general y en lo particular.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.  De manera muy particular, mientras estamos votando, saludamos la presencia de los presidentes municipales del estado de Puebla, invitados de la diputada Janet Graciela González Tostado. Muchas gracias amigos por acompañarnos, hoy, de ese vecino y precioso estado de Puebla.

Igualmente, están con nosotros alumnos del Colegio Williams del Distrito Federal, ellos son invitados de la diputada Clara Gómez Caro. Muchas gracias niños.

Alumnos de la Universidad La Salle, de la licenciatura en derecho, son invitados del diputado Omar Fayad Meneses. Buenas tardes, bienvenidos a la Cámara de Diputados, espero que pasen una tarde entretenida, así como nosotros.

Y están los alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Hidalgo, invitados de la diputada Gloria Romero León. Muchas gracias amigos por estar con nosotros, en la Cámara de Diputados.

(Votación)

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico.

La diputada Esthela Damián Peralta(desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Flores Rico(desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): A favor.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 396 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 396 votos, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa a Senado para sus efectos constitucionales.

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 3 de noviembre de 2010, las diputadas Caritina Sáenz Vargas y Lorena Corona Valdés, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

Las diputadas Sáenz y Corona señalan en la exposición de motivos de su iniciativa que para contribuir a una prevención más eficaz en la trata de personas, especialmente de mujeres y menores de edad se deben desarrollar medidas que sancionen a los traficantes y protejan a las víctimas con un enfoque más amplio e internacional.

Las diputadas mencionan que

El congreso español, aprobó la autorregulación para eliminar la publicación de los anuncios de prostitución, además de solicitar se promueva, en colaboración con las comunidades autónomas, campañas de sensibilización social contra la explotación sexual y los soportes publicitarios vinculados.

Asimismo, señalan que en la Cámara de Senadores se encuentra una iniciativa que reforma el Código Penal federal, a fin de castigar o sancionar a quien contrate o publique mediante anuncios impresos o electrónicos, publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de edad.

Las diputadas promoventes mencionan en la exposición de motivos que

... los anuncios publicitarios de prostitución de estos medios constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, pues quienes utilizan estos medios publicitarios, a fin de llevar a cabo la práctica del delito de trata de personas, fomentan la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, es decir la trata de personas.

La trata de personas es un delito que constituye un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos; por lo que es un problema de orden público mundial, la vulnerabilidad de algunos grupos sociales es aprovechada por las organizaciones delictivas para extender sus redes de tráfico de personas para la explotación sexual de ellas.

Sin duda el desarrollo de nuevas tecnologías ha contribuido a acrecentar este problema, aunado a ello, no existe una prohibición a la publicidad que tenga contenidos pornográficos.

Las diputadas Sáenz y Corona señalan que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas debe complementarse para ayudar a la prevención de este delito. Por ello, en opinión de las diputadas esta iniciativa

... tiene por objeto prevenir la trata de personas a través de la publicidad; sin que ello implique atentar contra la libertad de expresión, sino proteger de manera preventiva y legal a quienes son víctimas de la trata de personas.

En este sentido, la modificación propuesta se refiere a la adición de un inciso e) a la fracción III del artículo 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin de que la Comisión Intersecretarial de manera preventiva, en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, fomente acciones tendientes a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en dicha ley.

De igual manera, se propone incorporar un capítulo V denominado Publicidad para prohibir los contenidos publicitarios que directa o indirectamente repercutan en la comisión del delito de trata de personas. Esta propuesta tiene dos vertientes: la publicidad ilícita cuyo objeto es prohibir la contratación de publicidad que explote a las víctimas de trata de personas y el que se refiere a la publicidad engañosa.

Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta comisión formula las siguientes

Consideraciones

Las diputadas y diputados de esta comisión compartimos la preocupación de las diputadas promoventes en la urgente necesidad de establecer legalmente las medidas preventivas necesarias que inhiban la trata de personas, a través del desarrollo de “bases legales que permitan desarrollar una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad.”

Como lo mencionan las diputadas Sáenz y Corona en su exposición de motivos, en el Senado de la República se encuentra una iniciativa presentada por el senador Francisco Herrera León que contiene un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 204 del Código Penal federal.

Con esta iniciativa se pretende sancionar a quien con fines de lucro o sin él, contrate o publique mediante anuncios impresos o electrónicos en medios de comunicación, publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de dieciocho años de edad.

En cuanto a la primera propuesta para adicionar un inciso e) a la fracción III del artículo 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que la Comisión Intersecretarial de manera preventiva, en el diseño del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, fomente acciones tendientes a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en la ley de la materia, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión la consideramos procedente.

Ahora bien, respecto a la incorporación de un nuevo capítulo V denominado Publicidad, consideramos que el ámbito de la publicidad, entendida como toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones, trasciende el objeto de esta ley. Además de que los términos de publicidad ilícita o publicidad engañosa son conceptos transversales que pueden ser aplicados a muchas otras materias, tales como, el derecho de los consumidores.

Por tal motivo, recomendamos modificar el tipo penal de trata de personas establecido en el artículo 5 de la ley para que sea en esta disposición desde donde se regulen las conductas de contratar la publicidad por cualquier medio de comunicación impresa o electrónica y de publicar los anuncios en los que directa o indirectamente encuadren en el supuesto del delito de trata de personas.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 5 y 13 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5, recorriéndose el actual párrafo segundo para constituirse en tercero y al artículo 13, un inciso e) a la fracción III de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para quedar como sigue

Artículo 5. ...

La persona que contrate publicidad por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios, que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley.

...

Artículo 13. ...

I. y II. ...

III. ...

a) a d). ...

e) Monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera, Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado(rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Alfonso Navarrete Prida, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:Muchas gracias, ínclito presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, jurisperito.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida:La iniciativa que hoy se somete a la consideración del pleno tiene como objetivo fundamental el de establecer medidas legales para castigar a quienes promuevan la trata de personas a través de la publicidad, y establecer medidas de prevención para que los anuncios que se difundan en los medios no fomenten esta práctica delictiva.

El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha facilitado el trabajo de las redes del crimen organizado que se dedican a la trata de personas, ya que se valen de publicidad o propaganda engañosa en medios impresos o electrónicos, para contactar a sus víctimas potenciales, que generalmente pertenecen a los grupos sociales más vulnerables o inclusive a menores de edad.

Por ello, esta iniciativa pretende sancionar a quienes, con fines de lucro o sin él contraten o publiquen, mediante anuncios impresos o electrónicos en medios de comunicación, publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de 18 años de edad.

La reforma propuesta comprende regular y sancionar las conductas de contratar la publicidad por cualquier medio de comunicación y de publicar anuncios que se ajusten directa o indirectamente a las conductas típicas del delito previsto en la ley. No se trata de coartar la libertad de expresión, de ninguna manera, sino de sancionar con claridad conductas que ya hoy son delito.

También se propone que la comisión intersecretarial prevista en la ley, tenga como nueva facultad la de monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen por cualquier medio no contravengan lo dispuesto en la misma, como parte de las acciones que esta comisión realiza –la comisión intersecretarial– para la prevención social del delito de trata de personas.

La Comisión de Derechos Humanos reconoce el mérito de las diputadas Cristina Sáenz Vargas y Lorena Corona Valdés, del Partido Verde, en promover tan importante iniciativa que contribuye a crear bases legales más sólidas para que un delito tan lesivo para la sociedad, como es el de trata de personas, tenga medidas preventivas mucho más eficaces. Muchas gracias, señor presidente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputado. Para la discusión en lo general tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, hasta por 5 minutos.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con su permiso, presidente. La prostitución y la trata de personas con contrarias a todos los derechos humanos. Implican graves obstáculos para la igualdad social y la equidad entre hombres y mujeres.

La compra y la explotación de seres humanos en calidad de mercancía son inaceptables. Se les roba a las personas sometidas a trata su derecho y su poder sobre su propia vida y su cuerpo. Se les roba su derecho de gozar de sus derechos como seres humanos, en su mayoría mujeres y niñas; no obstante, también hombres y niños son afectados.

Muchos consideran que la trata de personas con fines de explotación sexual es la esclavitud de nuestro tiempo. La demanda es una de las razones principales de su existencia. La pobreza, la falta de igualdad y el respeto por los derechos humanos; un nivel de educación bajo y el desempleo, son factores que hacen que las personas más fácilmente entren en contacto con la trata y la prostitución.

Me parece muy positivo que en México continuemos avanzando en la lucha contra la trata de personas, tomando medidas concretas como la aprobación de esta reforma.

Las diputadas y los diputados respondemos así a la urgente necesidad de establecer legalmente las medidas preventivas necesarias que inhiban la trata de personas, a través de instrumentos jurídicos que permitan desarrollar una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Con esta reforma se avanza creando el marco institucional que abre la posibilidad de sancionar a quien, con fines de lucro o sin él, contrate o publique mediante anuncios impresos o electrónicos en medios de comunicación, publicidad o propaganda para promover la pornografía de personas menores de edad.

Por ello Nueva Alianza apoya la propuesta de reforma que modifica el tipo penal de trata de personas, establecido en el artículo 5 de la ley, para que sea en esta disposición desde donde se regulen las conductas de contratar la publicidad por cualquier medio de comunicación impresa o electrónica, y de publicar los anuncios en los que, directa o indirectamente, encuadren en el supuesto del delito de trata de personas.

Consideramos que con esta iniciativa se amplía la protección de los grupos más vulnerables, por ello en nuestro grupo, Nueva Alianza, le daremos el voto a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Muchas gracias, diputada. Para fijar la postura de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Rosario Brindis Álvarez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos.

La diputada María del Rosario Brindis Álvarez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en la actualidad la trata de personas es un problema global al que ningún país desarrollado o en vías de desarrollo escapa.

Este fenómeno social se ha convertido en un desafío para los gobiernos y en una grave amenaza para la convivencia armónica de los pueblos. El brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos ha hecho de éste un problema de orden público mundial, tanto por su vinculación a los flujos migratorios como por la situación de pobreza y la peligrosa actuación de la delincuencia organizada transnacional.

La preocupación sobre el incremento de este delito ha puesto a este tema en el centro de la discusión en los foros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. No es casual que en los países donde la falta de educación, el desempleo y la pobreza son eminentes, sea precisamente donde se incrementa dramáticamente este fenómeno social, especialmente si tomamos en cuenta que es justamente donde existe más resistencia a modificar sus legislaciones para poner fin a este delito.

Según el informe del Departamento del Estado Norteamericano sobre la Trata de Personas 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexual y laboralmente, siendo extraídos, con engaños, de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo.

No obstante, la falta de legislación específica o adecuada acerca de la trata de personas, en nuestro país, constituye uno de los principales obstáculos en la lucha contra esta problemática.

En este orden de ideas, para combatir y contribuir de una manera más amplia y eficaz a la prevención de la trata de personas, especialmente de mujeres y menores de edad, se requiere un enfoque amplio que incorpore medidas preventivas y sanciones adecuadas para los que participen en este delito.

Asimismo es importante reconocer que en el mundo globalizado en el que vivimos, la masividad de los medios de comunicación ha sido un factor determinante para la comisión de este delito.

De manera especial los anuncios publicitarios en los medios de comunicación escritos, ya sean periódicos o revistas, se han convertido en una herramienta efectiva para atraer a los diferentes consumidores potenciales.

Así estos anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, pues utilizan estos medios publicitarios a fin de llevar a cabo la práctica del delito de trata de personas, fomentar la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Ante esta circunstancia resulta fundamental sentar las bases legales que permitan desarrollar una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Conscientes de estas circunstancias y convencidos de que la gravedad de este fenómeno social amerita modificaciones legislativas que complementen el texto normativo de la actual Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para evitar que la publicación de la publicidad propicie, derive en delito, el Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa que hoy se dictamina para establecer las medidas preventivas necesarias que inhiban la trata de personas en un marco de respeto a la libertad de expresión de los medios de comunicación, con la única finalidad de que a nuestros ojos resulta ineludible de proteger a quienes mediante engaños se conviertan en víctimas de este delito.

Quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, así como a su presidente, el diputado Navarrete Prida, por su disposición, sensibilidad y compromiso para impulsar esta iniciativa que con certeza generará una importante contribución para evitar que se continúe transgrediendo la libertad y derechos humanos de las víctimas de la trata de personas.

De aprobarse este dictamen se logrará sancionar a quienes contraten y publiquen anuncios que encuadren en las conductas del delito de trata de personas y se facultará a la autoridad a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen no contravengan este ordenamiento.

Por lo anterior, conmigo a todas las fracciones parlamentarias y a los diputados en lo individual, a ser conscientes y manifestar su compromiso con las víctimas de este delito mediante su voto a favor de este dictamen. Muchísimas gracias.

El Presiente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz:Gracias a usted, diputada. Para fijar la postura de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos.

Quisiera enviarles un saludo a invitados especiales de Toluca, estado de México, que han sido invitados a esta Cámara por el diputado José Luis Velasco Lino. Sean ustedes bienvenidos, que su estancia sea ilustrativa.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Gracias, presidente. Lo primero que hay que apuntar es que no todo el sexo-servicio es objeto de trata de personas. Hay mujeres que eligen, en este país que no ofrece oportunidades e igualdad, entre ser afanadoras, entre ser recepcionistas que sufren el hostigamiento permanente sexual de sus jefes, elegir ellas a quiénes les venden su cuerpo, sí hay mujeres que eligen el mal menor, que es dedicarse al sexo-servicio. Y no es a ellas a las que va dirigido este tema en particular.

Se trata de evitar que quienes están usando a mujeres de manera delincuencial, que tienen a mujeres atrapadas contra su voluntad, sigan haciéndolas objeto de uso, predominantemente de los hombres de este país, ante la impunidad y la falta de respuesta del Ejecutivo.

Lamentablemente, Felipe Calderón ha incumplido con su responsabilidad de hacer un diagnóstico sobre trata, que hace tres años tendría que existir, que permitiera ya hoy conocer dónde y cómo enfrentar la trata. Ha publicado un Programa Nacional para Sancionar la Trata, en la que este tipo de temas está absolutamente ausente, así como la prevención, la atención a las víctimas.

Ello ha hecho que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reaccione buscando con esto obligar a Calderón, obligar al Ejecutivo a que haga su labor, por medio de esta ley, sancionando lo que es evidente, lo que está a la luz de todos en el país, en los periódicos todos los días: tratantes ofreciendo a estas mujeres que tienen atrapadas, publicitándolas, vendiéndolas como mercancía, con la impunidad, con la indolencia y con la corrupción del Ejecutivo federal.

Se trata de dejar explícitamente señalada la responsabilidad que obligue a Calderón, esperemos a rehacer ese inútil Programa Nacional de Tratas que ha publicado, a cumplir con su responsabilidad de hacer un diagnóstico y, en tanto, a por lo menos procurar que esa mafia que está a la luz de todos y que está perfectamente permitida por un gobierno que simplemente es cómplice silencioso de ella siga trabajando.

Por ello es que estamos totalmente a favor de esta disposición, hasta en tanto logremos una gran reforma que ojalá sea producto de este diagnóstico que Calderón ha tardado ya tres años en publicar.

La trata de personas es muchísimo más que la delincuencia organizada y muchísimo más que el uso sexual de las mujeres. Pero sin duda alguna en esta parte, en la de la publicidad, en la del vender a las mujeres como objetos, es en una en las que el Ejecutivo federal más ha fallado, más indolencia ha mostrado y en la que, desde el Legislativo, tenemos que ponerle el dedo en la llaga. Tenemos que señalarle y obligarle a que haga su trabajo.

De ahí que el Grupo Parlamentario del PRD acompañe a esta reforma y felicita los esfuerzos también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos por encontrar esta salida a la propuesta original.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para fijar la postura de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 5 minutos.

La diputada Rosi Orozco:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes diputadas y diputados.

El dictamen que nos es puesto a consideración por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien felicitamos por este dictamen, sin lugar a dudas se vincula con la armonía social de mexicanas y mexicanos.

Este tema aún es de interés internacional por lo cual la ONU escoge a nuestro país como el primer país donde se lanza la campaña Corazón Azul debido al incremento de la trata de personas en nuestra nación.

En diversas ocasiones hemos sostenido como una prioridad, en el Grupo Parlamentario del PAN, las acciones tendentes a prevenir y combatir la trata de personas, así como las que conllevan la protección de los derechos y dignidad de quienes integran los grupos vulnerables.

En esta tribuna se ha reiterado la problemática de seguridad que genera el fenómeno de la trata de personas. No se trata, y sí es importante señalar, de limitar la libertad de expresión ya que esto es un derecho que hemos logrado, todo México, y en todos los estados. Sin embargo, sí es importante que la libertad siempre vaya de la mano de la responsabilidad, no sólo en periódicos de circulación nacional, no sólo en medios de comunicación mexicanos, aun internacionales.

Tenemos el ejemplo en España, donde vemos claramente países que han tenido una medida similar a la que hoy se propone en este dictamen. Se ha calificado como justa razón la trata de personas como un flagelo lacerante de la sociedad, como una forma moderna de esclavitud humana en este nuevo milenio y en el que nuestro país se encuentra catalogado como nación de origen, tránsito y destino de esta terrible actividad.

Del mismo modo, no hemos reparado en señalar estas conductas como dañinas a la libertad de los seres humanos, denigrantes a su dignidad y en completo desprecio de los derechos fundamentales por parte de quienes los cometen.

La trata de personas es un delito en el cual muchas veces se encuentran inmiscuidos grupos de la delincuencia organizada, pero con independencia de que estos grupos de delincuentes puedan tener injerencia o no, lo cierto es que son verdaderas redes para delinquir. Como tal, diseminan sus acciones para conseguir su objetivo y con ello dañar severamente a nuestra sociedad.

Por tanto, es claro que un sinnúmero de casos de estas redes se valen de publicitar, a través de los medios, servicios indignantes para la sociedad y para quienes sufren personalmente este flagelo.

En la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas hemos escuchado a 62 víctimas, de las cuales muchas de ellas fueron vendidas literalmente como objetos a través de estos medios publicitarios.

Es hora de actuar para ir erradicando estas perniciosas conductas. Es tiempo de hacer partícipe a la sociedad en la prevención de este delito y esto, claro, incluye a quienes contratan los medios para publicitar actividades que están relacionadas con este mal.

Por todas estas razones, dentro de nuestras tareas legislativas debemos seguir apuntalando acciones para combatir y erradicar estos crímenes y ante ello, compañeras y compañeros legisladores, felicito a las compañeras que presentaron esta iniciativa. Felicitamos a la Comisión de Derechos Humanos, a todos los integrantes. Y seguimos uniéndonos en algo que ofende a todos los mexicanos, y tal como lo dijo la ONU: “el ser humano en México no está a la venta”. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hasta por 5 minutos, tiene la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del PRI.

Enviamos un saludo a maestros y alumnos de la Universidad La Salle, de la licenciatura en derecho, que han sido invitados por el diputado Omar Fayad Meneses. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.

La diputada Marcela Guerra Castillo:Compañeras diputadas y compañeros diputados, honorable asamblea, con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Adelante, diputada.

La diputada Marcela Guerra Castillo:El Partido Revolucionario Institucional, mi partido, coincidimos en que la trata de personas es un problema global, al que a ningún país desarrollado o en vías de desarrollo es inmune.

Coincidimos también en que es un problema de orden público mundial, por su vinculación a los flujos migratorios. Coincidimos y estamos plenos en que el tráfico y comercio de las personas corresponde a una forma primitiva de esclavitud y hoy transpolada al siglo XXI con una dimensión nunca prevista y sólo superada por el comercio de drogas y de armas. Es la forma más primaria de dominación y de mayor degradación del humano a nivel de objeto, por lo que contraviene lo más fundamental de los derechos sociales y humanos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional define este crimen de lesa humanidad como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción: al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad. A la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.

Y es aquí donde quiero centrar la parte del discurso y del posicionamiento nuestro. Estamos frente a un mercado ilegal, el de la trata de personas, y como todos los mercados obedecen a toda una industria, de los cuales vive mucha gente, muchas redes. Muchas redes que viven de este mercado y de esta industria ilegal; porque esta industria, este mercado, compañeras y compañeros, genera una oferta y una demanda, y es ahí donde una oferta y una demanda de un objeto que sería la persona, un ser humano, que en este caso, como ustedes saben, la ONU ha establecido que en los últimos 27 años, más de 27, casi 30 millones de personas están siendo casi esclavizadas por este concepto del comercio sexual, donde el 80 por ciento son mujeres y niñas.

Por eso no es un problema menor; esto es un problema. Estamos frente a un asunto de orden económico que tenemos que tratar no sólo desde el punto de vista social, protegiendo y estableciendo leyes sancionatorias como la que se acaba de verter en este dictamen, sino que tenemos que atacar más allá, darle el tratamiento precisamente, el que si existe una oferta, hay también una demanda o viceversa.

En ese sentido, esta industria, compañeros, no requiere más que de la mínima inversión. ¿Y cuál es esa inversión? La falta de escrúpulos, compañeros y compañeras. La falta de escrúpulos de quienes a través de la esclavitud, de forzar a los hombres, a las mujeres, pero sobre todo a las niñas, establecen este tipo de comercio, generando este mercado ilegal de oferta y de demanda.

Ahora bien, nosotros en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional pedimos que todos apoyemos esta minuta. Estamos a favor de ella y nos comprometemos a seguir luchando para contrarrestar, para erradicar este problema, para no quitar el dedo del renglón, para revisar con lupa todo aquello que lacere a todo lo que tenga que ver con la libertad y la dignidad de las personas.

El uso de la publicidad es una parte sustancial de esta industria. Por eso es importante, y tengamos conciencia de que no se trata de coartar la libertad de expresión, sino se trata de ir más allá, de buscar frenar todo aquello que se publicite y que se dé como si fuera en el comercio sexual un objeto.

Muchas gracias. El PRI está a favor de la libertad y de la dignidad humana. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, diputada. Para hablar en contra del dictamen tiene la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Sí, presidente. Nada más para una aclaración. No es exactamente en contra, sino es una abstención, presidente, y voy a explicar por qué es la abstención.

Creo, como todas las compañeras que han subido aquí a tribuna, que el delito de trata de personas debe ser sancionado, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

También considero que la prostitución debiera ser sancionada, pero que el camino que tendría que seguir este Poder Legislativo debiera ser el camino de los suecos, es decir, sancionar penalmente al que compra servicios sexuales.

Esto sería lo radical en este Congreso. Sancionemos a todos los hombres, a todas las personas que compran favores sexuales. Esto es lo que tendríamos que sancionar para tener un compromiso profundo con el respeto a la dignidad de las mujeres y de los hombres, para que los seres humanos no seamos instrumentalizados y tratados como objetos.

Pero este dictamen no propone eso, no propone el modelo sueco, sancionar penalmente al que compra servicios sexuales. ¿Qué propone? Propone algo que ya está previsto en el propio artículo 5o. de la Ley de Trata. El artículo 5o. en su primer párrafo, de la Ley de Trata, establece lo siguiente:

Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para tercero a una persona por medio de la violencia física-moral, el engaño, el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, etcétera. Es decir, aquí ya se está penalizando al que promueva la trata de personas.

¿Qué hace el párrafo segundo, parte de este dictamen? Establece lo siguiente. La persona que contrate publicidad, por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata, será sancionada. Es decir, este párrafo segundo está remitiendo al párrafo primero.

En ese sentido la visión que se propone es innecesaria. Y si no es innecesaria, es una adición excesiva. Esto es lo que me preocupa a mí, que sí puede criminalizar la libertad de expresión y la libertad de imprenta. También puede vulnerar el principio de proporcionalidad para los delitos y penas que establece el artículo 22 de la Constitución.

No podemos perder de vista en este debate sobre trata de personas el contexto en el que nos encontramos. Hace unas semanas dos medios de comunicación, sobre todo uno de carácter televisivo, promovió un debate al respecto para cuestionar a otro medio de comunicación.

Me refiero a la información que divulgó Televisa en su noticiero de mayor audiencia, por boca del locutor López Dóriga, para cuestionar la publicidad sexual que hacía otro medio de comunicación. Me refiero al periódico Reforma y específicamente al periódico Metro, que forma parte del Grupo Reforma. Entonces, también la respuesta que en su momento el Grupo Reforma dio a Televisa para señalarle que también Televisa en TV Notas hace publicidad de carácter sexual. Estamos enfrente de este conflicto de intereses. La adición que se propone al artículo 5o., la verdad, no añade nada porque ya es parte del tipo penal la promoción de trata de personas.

Aquí lo que se está pretendiendo es, sobre todo, limitar la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Ya el delito de trata de personas prohíbe en la redacción vigente del primer párrafo del artículo 5o. la promoción, promover la trata de personas. Eso ya es delito en México.

¿Qué se hace ahora? Pues inhibir, inhibir a los medios de comunicación que publicitan información de carácter sexual. Eso puede, repito, limitar la libertad de expresión establecida y garantizada en el artículo 6o. de la Constitución.

Para terminar, compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero decir que debemos tomar medidas radicales, que tenemos que promover la libertad sexual y el trato digno de las personas. Que las personas no debemos ser...

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ...objetos sexuales sino sujetos sexuales.

Termino, presidente. Por tanto, yo invito a las legisladoras y a los legisladores de esta Cámara a algo realmente radical: sancionemos penalmente a los que compran servicios sexuales y no sigamos con esta hipocresía que, a final de cuentas, va a favorecer a una de las televisoras de este país.

Por su atención, gracias. Y si alguien quiere hacerme una pregunta, puedo contestar preguntas.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Permítame, diputado Cárdenas. Dígame, diputada Uranga.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Señor presidente, sí quería, antes de que el orador concluyera la intervención, hacerle una pregunta, pero en este momento quisiera pedirle la palabra para hechos.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Al final de la lista, diputada. Seguimos con las intervenciones. Para hablar a favor del dictamen tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Con su permiso, señor presidente. A mí se me hace que este es un debate innecesario, porque es cómo aceptar que en una planta nuclear alguien con su libertad de expresión diga: fuego. Eso es libertad de expresión, de ese tamaño es el tema de la trata.

Es no querer ver en aras de la libertad de expresión un problema de gran dimensión, como es el delito en contra de las pobres y los pobres de este país. Al delito de la trata le hemos dado muchas vueltas, porque no somos millonarios, no es secuestro, son las niñas y los niños que son enganchados y, ahora, qué tal la publicidad.

Escuchaba, aquí, con atención, lo que se ha dicho y no se trata de defender a nadie, se trata de defender a los que no tienen voz aquí y quiero felicitar a las dos valientes promoventes, que son Caritina y Lorena por esta propuesta.

Por supuesto que no se violenta la libertad de expresión, porque está claro que lo que se está vendiendo es el servicio, el cuerpo y demás, y entonces la línea es muy delgadita y lo que estaríamos promoviendo sería la apología de la trata, y la apología de la trata es muy grave.

Ahorita, yo decía: sí, los medios publicitarios y que tal el Internet. Abra usted el Internet y va a encontrar mil formas de la venta de cuerpo y demás que no están reguladas en este país.

Por eso, mi partido está a favor de la propuesta de estas dos valientes iniciadoras, porque no violenta la libertad de expresión, porque al contrario, tenemos que poner los límites necesarios para ir acotando este delito que todavía no lo tratamos como se debe.

No hay una ley correspondiente y en tanto eso se da tenemos que ir por el problema más grave que ha sido la publicidad en los medios masivos de comunicación, porque decir que en aras de proteger la libertad de expresión puedan exhibir el cuerpo, puedan dar teléfonos, puedan decir posiciones y formas sexuales, creo que estamos hablando de una doble moral que no corresponde a esta Cámara de Diputados.

Por eso, me pronuncio a nombre de mi partido a ir a favor de este dictamen, porque esta industria es mega, ultra y lo que sigue de millonaria; 30 mil millones de dólares genera, y esas niñas y niños y esas mujeres requieren una norma jurídica adecuada, por supuesto que no violenta la libertad de expresión. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Para hablar en contra del dictamen tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 5 minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, el formato no permite plantear el por qué la abstención y no es correcto pedir la palabra a favor si no se está a favor, y mi posición es en abstención y explico las razones.

Yo, por más que hago un esfuerzo... Primero, respeto muchísimo a todos los que me han antecedido y las que me han antecedido en el uso de la palabra, porque les reconozco autoridad y buena fe en sus planteamientos. El problema no es ése; el problema es una vez más, mi pregunta por ejemplo, es, ¿en la publicidad cómo van a saber qué es trata o qué es un anuncio individual?

Los tratantes son tan bobos como para decir: miren, ahí les va todo este paquete de opciones. Pues no, es evidente que no lo hacen así. Es evidente que estamos queriendo acallar nuestra conciencia diciendo: ya, aunque sea hacemos un poquito para enfrentar la trata, aunque no lo resolvemos.

No, no lo resolvemos compañeros diputados y compañeras diputadas, y no es un avance este planteamiento, no es ningún avance, porque va a quedar en letra muerta no sólo porque en este país no se respeta la ley, sino porque no hay manera de ver claramente quién hace publicidad en trata de personas y quién está ofreciendo de manera individual sus servicios sexuales. No existe esa posibilidad.

Quiero decirles además, que nuestra hipocresía es de tal grado que hoy la ganancia principal de los grupos mafiosos está en la economía legal, tienen el control de la economía legal, de la explotación legal de la esclavitud.

Cierto que la sexualidad es de las formas de esclavitud más brutales, pero no es la única. Tenemos una esclavitud moderna con personas que ganan un dólar al día; candidatos a trata, de ser tratados efectivamente.

Tenemos personas que ganan dos dólares al día; enormes candidatos a caer en manos de estas mafias, que primero producen la pobreza, la miseria, la desigualdad y luego se aprovechan de ella en los diferentes ámbitos, desde la economía legal hasta la venta de drogas; desde la economía legal hasta la trata de personas; desde la economía legal hasta la trata de menores; desde la economía legal hasta la venta de órganos.

Ése es un problema en serio y de fondo brutal, que no se está abordando con seriedad. Es un parchecito, un curita a un problema terrible de explotación que se está viviendo en nuestro país.

Por supuesto que mi voz está en contra de esos mafiosos, por supuesto que mi voz está en contra de esos delincuentes que hoy a algunos se les dice señor secretario, señor secretario, señor empresario, cómo está usted; señor político.

Tenemos que acabar con esa simulación. Tenemos que sacar esos niveles de explotación. Tenemos que acabar con esa desigualdad. Tenemos que acabar con esa injusticia, y mientras se estén abordando los problemas de manera parcial para acallar nuestra buena conciencia, estamos contribuyendo a que se sigan reproduciendo estas formas de explotación brutal que estamos denunciando, que coincidimos que no deben existir y que no tocamos ni de lejos la raíz que está generando esa problemática.

Así es que yo no puedo votar en contra porque me niego a ser utilizado y que digan que somos protectores de estos grupos mafiosos que combatimos con toda firmeza y energía; pero me niego también a sumarme a la simulación. Me niego a decir un voto que calme mi conciencia, cuando sé que el problema sigue intocado y que sigue habiendo.

Hoy por hoy es uno de los paraísos de la trata de menores, nuestro país. Ya no es Tailandia: México. Siguen ahí libres quienes desde la política y con denuncias muy claras de Lydia Cacho han sido protectores de pederastas. En la jerarquía católica –se me olvidaba- protectores de pederastas, protectores de esta problemática que, el que se apruebe esa iniciativa, no va a resolver en ninguna medida.

Termino mi comentario, compañeros diputados, compañeras diputadas. Mi voto es en abstención porque insisto, hasta el último día de esta Legislatura estaré combatiendo lo que desde mi punto de vista es una enorme simulación que se vive en este espacio. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Lucila Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional. Quiere hacerlo desde su curul, adelante, diputada. Sonido, por favor. Adelante.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena(desde la curul): Para comentar el día de hoy, tanto a título personal como a nombre de mi partido, el de Acción Nacional, congratularme por este dictamen en cuya aprobación estaremos combatiendo de manera frontal el grave problema social que representa la trata de personas.

La trata de seres humanos tiene una dimensión mundial en la que decenas de personas, sobre todo mujeres, niños y niñas y adolescentes, son lamentablemente las primeras víctimas.

Las causas de este tráfico son a menudo la pobreza, la discriminación, la desigualdad de género, la falta de oportunidades económicas, el desconocimiento, la promesa de beneficios materiales, la falta de educación y la vulnerabilidad.

De ahí la importancia de la aprobación de este dictamen por el cual se modifica el tipo penal de trata de personas, a efecto de sancionar las conductas relacionadas con la contratación de personal por cualquier medio de comunicación, impresa o electrónica, y con la publicación de anuncios en los que directa o indirectamente encuadren el supuesto del delito de personas.

El Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen porque estamos conscientes que de no contar con una legislación que prevea cada uno de los supuestos que intervienen en la cadena de trata y la explotación sexual comercial. Este fenómeno va a seguir incrementándose, generando cada día mayores daños a mujeres, niñas, niños y adolescentes y lacerando así a toda la sociedad.

Por último, quiero mencionar que se han presentado 17 iniciativas sobre este tema, lo cual nos dice la preocupación que tiene este Congreso por legislar en la materia. Considero que por congruencia debieron haber sido turnadas a las mismas comisiones para ser dictaminadas en conjunto y lamentablemente no fue así. Sin embargo, el resultado será el esperado: poner fin a esta parte de la cadena de explotación de personas.

Solicito que esta situación sea tomada como referente para subsecuentes ocasiones. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. La diputada Lucila Gallegos estaba inscrita a favor, pero prefirió hablar desde su curul. Tiene ahora la palabra la diputada Enoé Uranga, para rectificación de hechos. También la ha pedido el diputado Emilio Serrano. Después de ellos dos declararemos agotado el tema.

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz:Qué irá a decir Emilio Serrano. No sé, pero más allá de esa preocupación es importante señalar que es falso que la trata de personas tenga en los menores de edad, diputado Jaime Cárdenas, la mayor preocupación.

Como decía hace un momento, Calderón ha incumplido en darnos el diagnóstico que permita conocer la situación de trata en el país, pero lo que sí sabemos gracias a CEDAW es que son las mujeres entre 19 y 25 años las que más padecen la trata, ahí es donde están siendo específicamente víctimas en la parte sexual.

Hay 17 iniciativas presentadas en la Cámara, unas están en Justicia, unas en Derechos Humanos y unas en Comisiones Unidas. Estamos trabajando ya en un proyecto para la dictaminación.

Entiendo, después de la intervención del diputado Noroña, que habrá una iniciativa 18, quiero suponer, que después de todo lo que nos acaba de recetar acá, traerá otra iniciativa que tendremos en congruencia que estar revisando.

Pero lo que es importantísimo señalar es que en este momento no se trata, de ninguna manera, de limitar ni la libertad de expresión de nadie ni el sexo-servicio voluntario de quienes en este penoso país prefieren eso a trabajar con un mal salario y hostigadas por un jefe que les abusa sexualmente.

El tema es encontrar una salida que obligue al Ejecutivo, que como usted sabe, ha publicado el peor Plan Nacional de Trata de la historia, un plan que incluso trae apartados en blanco que no sirven para nada, a que haga su trabajo.

Se trata de que ante la evidencia, por todos conocida, de la publicidad en la que se expone el uso de estas mujeres, le expliquemos a la Procuración de Justicia con bolitas y palitos que eso es lo que tiene que prohibir y que eso es lo que tienen que atender.

El problema es que estamos en un sistema de impunidad y corrupción en el que tenemos que ser absolutamente explícitos, para que quien tiene que hacer y cumplir su responsabilidad la haga sin poder eludir lo que hasta este momento está haciendo. Eso es lo que estamos haciendo con esta reforma.

Desde luego falta una revisión integral que atienda desde la prevención hasta la readaptación de las víctimas. Ustedes saben que se está haciendo una revisión profunda y que hay distintas visiones de ver, desde la delincuencia organizada, el juego de guerritas de Calderón, que a eso se reducen las propuestas de la derecha, hasta quienes planteamos desde la visión de los derechos humanos una salida integral que vaya no sólo a la prevención, sino también al esquema de la delincuencia organizada.

Es decir, ésta es apenas una medida emergente para algo que estamos viendo todos los días y a lo que hay que reaccionar. El juego en este momento de salir con un discurso en el que la salida sea que no hagamos nada es verdaderamente vergonzoso. Esto sin duda alguna, efectivamente, no resuelve el problema, pero resuelve parte del problema. Lo otro es hipocresía barata.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Uranga. El diputado Emilio Serrano, para rectificación de hechos. El diputado Cárdenas, para alusiones, tiene prelación. Adelante.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, presidente. Para agradecer a la diputada Enoé Uranga la información que nos da acerca de las 19 iniciativas que se han presentado con este tema y también la información que yo desconocía acerca de que la trata de personas. Sobre todo la sufren mujeres, si no oí mal, entre 19 y 25 años y no tanto con menores de edad. Agradezco mucho esa información.

Sin embargo, sí quiero decir que sí estamos haciendo en nuestro grupo parlamentario algo. El diputado Fernández Noroña y su servidor estamos trabajando en una iniciativa para promover el modelo sueco, por eso me referí a él, para sancionar a todas las personas que compren sexo, no a la persona que se dedica a esa profesión, al sexo-servicio voluntario, sino para sancionar a los que compran o adquieren sexo.

Nosotros, diputada Enoé Uranga, compañeros diputados, compañeras diputadas, estamos por darle plena dignidad al ser humano; estamos en contra de que la mujer o el hombre sean tratados como objeto sexual.

Para nosotros todas las personas tienen dignidad y deben ser sujetos con plenos derechos humanos, con plenos derechos fundamentales.

Y sí, dijimos que íbamos a abstenernos en este dictamen porque nos parece que el tipo penal vigente ya prohíbe, ya tipifica como delito de trata la promoción de la trata y que era innecesario establecer de manera textual, en un párrafo segundo nuevo, la prohibición para que los medios de comunicación difundan este tipo de publicidad en materia sexual.

Además de que esa prohibición está inserta en un debate entre dos medios de comunicación de este país, un medio de comunicación televisivo y un medio de comunicación impreso y que nosotros, como lo hemos también expresado en otras iniciativas, particularmente en una que su servidor presentó hace algunas semanas, al finalizar el periodo de sesiones anterior, se reforma al artículo 6o., y 7o. de la Constitución, para prohibir cualquier tipo de criminalización de la libertad de expresión o de imprenta.

Entonces esto lo estamos haciendo con plena convicción, porque nosotros creemos que en México debemos garantizar las condiciones de una sociedad libertaria, una sociedad que promueva la libertad de expresión, que la maximice y que al igual que en la enmienda número uno de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, entendamos que la libertad de expresión no puede ser regulada, no puede ser tocada ni siquiera por el legislador, no solamente por la autoridad administrativa.

Hacemos una defensa a ultranza de la libertad de expresión, que nos parece fundamental para que la libertad de expresión en México y la libertad de imprenta...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, permítame un segundo.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: ...sea el oxígeno de la vida democrática de este país. Con mucho gusto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Ricardo Ahued ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Ahued Bardahuil(desde la curul): Para hacerle una pregunta al compañero diputado, si es tan amable.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted la pregunta, diputado Cárdenas?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí, con mucho gusto.

El diputado Ricardo Ahued Bardahuil(desde la curul): Gracias, diputado. Usted comenta que su grupo parlamentario está tratando de hacer un modelo que usted bien menciona en esta iniciativa.

En la mercadotecnia el comprar sexo también se publica en los medios. ¿No sería un buen principio de esta iniciativa que ustedes tienen, evitar la venta en todos los medios de comunicación para que de alguna manera se deje de proponer la venta a lo que ustedes quieren llegar y evitar así el vergonzoso hecho de que en cada periódico a nivel nacional aparecen continuamente degradantes escenas, manchando la imagen de cientos de mujeres?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado. Nosotros en lo que estamos en contra es que se penalice la venta de sexo. En lo que estamos a favor es en penalizar la compra de sexo.

Los que solicitan servicios sexuales son los que deben ser sancionados, los que deben ser castigados, no las personas, no las mujeres que por razones socioeconómicas tienen que vender su cuerpo. Eso nos parece indebido que sea penalizado, nos parece inmoral y contrario a la dignidad de la mujer.

Lo que nosotros queremos penalizar en la iniciativa que estamos concluyendo es determinar la penalización de los compradores de sexo; ésos son los que deben ser penalizados.

En cuanto al uso de los medios para este mercado, tendremos mucho cuidado en nuestra iniciativa de no establecer, como parte del tipo penal, como parte del delito, penalizar el uso de los medios de comunicación. La libertad de expresión debe ser irrestricta en este país si queremos generar condiciones democráticas. Si queremos seguir penalizando la libertad de expresión nunca alcanzaremos a promover condiciones democráticas adecuadas en nuestro país, señor diputado. Muchas gracias por su pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Hay una pregunta que me quiere formular la diputada Yolanda de la Torre.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada De la Torre.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): Preguntarle su opinión. El tráfico o trasiego de droga, cocaína, mariguana, como se llame, es un delito. ¿Usted estaría de acuerdo en que los medios de comunicación publicitaran la venta o la exposición de la droga?

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Algunos de los diputados del grupo parlamentario hemos manifestado, tanto en eventos académicos como en algunas reuniones de comisiones y de comités en esta Cámara, que estamos a favor de la legalización de algunas drogas.

Los diputados de nuestro grupo parlamentario, por lo menos algunos de ellos –yo hablo por mí mismo– estamos a favor de la legalización de las drogas y desde luego que estaríamos a favor de que eso se pudiese publicitar en los medios de comunicación, diputada.

La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): Estoy hablando de derecho positivo mexicano, no de supuestos que todavía no existen. Mi pregunta fue si estando tipificado en este momento en el derecho positivo mexicano como delito, debiera también publicitarse. Es cuanto. Muchas gracias

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Está prohibido en el Código Penal, y usted sabe que los delitos contra la salud constituyen un delito en México y que el artículo 6o. de la Constitución establece, en materia de libertad de expresión, un límite a la libertad de expresión cuando se trata de delitos.

Por eso yo decía que la iniciativa de ustedes y el dictamen que varias compañeras diputadas presentaron a este respecto era innecesario, porque el tipo penal de trata de personas previsto en el primer párrafo del artículo 5o. de la Ley de Trata ya sanciona la promoción de la trata de personas y eso trae consigo también la prohibición de su difusión.

En este momento eso ya está prohibido penalmente y constituye una limitación a la libertad de expresión. La duda o el cuestionamiento nuestro es si eso ya está penalizado, por qué adicionan, por qué incorporan un nuevo párrafo al artículo 5o. si ya en el párrafo primero está prohibido; para qué lo vuelven a prohibir si ya está prohibido.

Yo entiendo que lo vuelven a prohibir solamente para dar respuesta a esta polémica que hubo en México sobre dos medios de comunicación, entre Televisa y el periódico Reforma.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Ya terminé, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. El diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Gracias. Con su venia, diputado presidente. Sabemos que es mucho muy importante cómo legislemos; pero también es importante que la ley se respete. Nosotros debemos estar al pendiente de que cada una de las partes de la Constitución, de las leyes secundarias, se cumpla.

Desafortunadamente en México se aplica la ley para lograr justicia para los poderosos, a los influyentes, a los que tienen dinero. Creo que nuestra observancia, nuestra vigilancia debe ser que la ley se aplique sin distinción y buscar la justicia principalmente para los que menos tienen.

No es posible que se abuse de los niños, que se abuse de las mujeres poniéndolas a trabajar, explotándolas, haciendo un negocio inmenso con el trabajo de niños, con el trabajo de mujeres, con el sexo-servicio.

Y aquí están involucradas autoridades, están involucrados jefes de policía, están involucrados personajes que han hecho de esta explotación un gran negocio. Tenemos la oportunidad ahora de pararlo; pero pararlo de a de veras, con una legislación que se pueda aplicar y vigilar su observancia.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, yo estoy a favor de esta iniciativa, de que se vote a favor. Creo que de esta manera vamos a dar más respaldo, más confianza a quienes más lo necesitan. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.

Habiéndose agotado la lista de oradores se considera suficientemente discutido. Le pido a la Secretaría que haga los avisos respectivos para pasar a la votación hasta por 10 minutos, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con gusto, diputado presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen, hasta por 10 minutos.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votaciones.

Le informo, diputado presidente, que el presente dictamen fue aprobado por 401 votos a favor, 6 abstenciones y 0 en contra.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 401 votos el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con puntos de acuerdo que a continuación se discutirán.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferronales a agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en Tijuana, Baja California

Honorable Asamblea:

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número 60-II-1-2398, de fecha 14 de abril de 2009, turnó a la Comisión de Desa-rrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 5357, que contiene una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) y Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) a fin de agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares de Tijuana, Baja California, presentada por el diputado Ricardo Franco Cázarez,del Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional en sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en fecha 11 de diciembre de 2008.

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue instalada el 6 de octubre de 2009 y recibió, como parte de los asuntos para dictaminar, la proposición con punto de acuerdo referida.

Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta bajo los siguientes

Considerandos

Primero. Que debido a la dinámica de crecimiento urbano de Tijuana, que ha ocasionado que a lo largo de los años se hayan conformado asentamientos humanos en superficies sin planeación y sin cumplir con los principios legales correspondientes, existe la imperiosa necesidad de regularizar estos predios ante la demanda de sus posesionarios por la incertidumbre jurídica que esta situación representa para sus familias, siendo éste su único patrimonio, así como la inserción al desarrollo urbano ordenado y armónico, y con ello potenciar el valor del patrimonio, garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y acceder a fuentes formales de financiamiento que contribuyan a lograr una mejor calidad de vida y los habitantes de la municipalidad vivan mejor.

Segundo. Que con relación a lo anterior, se hace indispensable tomar las medidas necesarias para ordenar el crecimiento urbano y sus asentamientos humanos en Tijuana, mismos que se encuentran ubicados principalmente en zonas de desarrollo urbano acelerado, con el objeto de insertarlos al desarrollo urbano ordenado, para con ello evitar la especulación que propicia el desarrollo urbano y la vivienda. Es de urgente prioridad social solucionar y prevenir el indebido crecimiento de los asentamientos humanos en Tijuana, resulta imprescindible la planificación para el ordenamiento de éstos mediante la regularización de la tenencia de la tierra y su inserción al desarrollo urbano, para su equipamiento urbano y consecuentemente, otorgar certeza jurídica a los posesionarios que acrediten debidamente la posesión como manera de adquirir la propiedad.

Tercero. Que en las consideraciones del punto de acuerdo, el diputado proponente señala: “Resulta prioritario atender las demandas de tenencia y propiedad de la tierra mediante la celebración del convenio establecido entre la Corett y Ferronales, a fin de que las familias que carezcan de seguridad jurídica por no contar con un documento legal que las acredite como propietarias de las tierras en que actualmente se encuentran sólo en posesión; esto es, a fin de que los posesionarios se conviertan en legítimos propietarios”. Asimismo, expresa la necesidad de dar cumplimiento al convenio de colaboración celebrado el 24 de septiembre de 2007, en donde la Corett declara que es objeto suyo “regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables la tenencia de la tierra donde haya asentamientos humanos irregulares de propiedad federal”, así como en coordinación con Ferronales declara en el punto III.1 que “es su interés otorgar certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra a nivel nacional sobre los inmuebles propiedad de Ferronales”, a través de la consolidación de su patrimonio inmobiliario, regularizando los asentamientos humanos irregulares o, en su caso, constituyendo reservas territoriales para el desarrollo urbano o la vivienda.

Cuarto. Que de conformidad con el Plan Nacional de De-sarrollo 2007-2012, es necesario reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren su nivel de vida y garanticen alimentación, salud, educación y una vivienda digna, como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. De igual modo, se establece como prioritario afianzar una cultura de legalidad para que los mexicanos vean protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica.

Quinto. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 de Baja California, en el eje denominado “Desarrollo regional sustentable”, establece como una de sus prioridades el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. En los últimos años, la población de las cabeceras municipales del estado ha mantenido elevada tasa de crecimiento. Adicionalmente, los altos costos de la infraestructura y la falta de aplicación de estrictas políticas públicas para la utilización de reservas territoriales han provocado, entre otras situaciones, un incremento en la demanda de suelo apto para el desa-rrollo urbano y en consecuencia se han ocupado zonas de riesgo y sin servicios, resultando en asentamientos irregulares de difícil acceso y factibilidad de servicios. De esta manera, es importante establecer una política estatal de promoción de la adquisición de reserva territorial en condiciones adecuadas para ser desarrolladas en el corto y mediano plazo, primordialmente como uno de los principales insumos para el desarrollo urbano sustentable. Para el cumplimiento de este objetivo es importante hacer copartícipe a la sociedad, sobre todo al sector privado, de tal manera que se puedan unificar esfuerzos y recursos para incrementar la reserva territorial que redunde en el fomento de la actividad económica en la ciudad, así como desarrollar suelo urbano para uso habitacional.

Sexto. Que el Plan Municipal de Desarrollo de Tijuana en el eje de desarrollo urbano y regional, considera impulsar acciones para el control de asentamientos humanos irregulares. Tiene como líneas estratégicas: 1. Identificar y proteger áreas susceptibles de invasión para evitar en lo posible, asentamientos humanos irregulares en éstas. 2. Coordinar, con las instancias competentes en los diferentes órdenes de gobierno, acciones para el resguardo, protección, preservación y liberación de zonas de riesgo y derechos de vía. 3. Promover con los gobiernos estatal y federal, la asignación de suelo urbano y vivienda a la población de escasos recursos.

Séptimo. Que la Corett es una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social, creada mediante decreto con fecha 6 de noviembre de 1974, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 del mismo mes y año; que tiene entre sus funciones principales el regularizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad federal, así como coadyuvar con los gobiernos de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo soliciten, en los términos de los convenios que al efecto se celebren, en sus procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra, así como de adquisición, administración y enajenación de suelo y reservas territoriales para desarrollo urbano y la vivienda.

Octavo. Que para poder llevar a cabo sus funciones la Corett ha celebrado múltiples convenios de colaboración con el Registro Agrario Nacional, así como con Ferronales, en liquidación, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 14 de junio, 24 de septiembre y 25 de septiembre de 2007, respectivamente.

El objeto de los convenios de colaboración es el sumar acciones con la finalidad de regularizar los asentamientos humanos irregulares, para que con ello los posesionarios y sus respectivas familias tengan certeza y seguridad jurídica en el lote que poseen, que en general son predios aptos para el crecimiento urbano ordenado, los cuales a la fecha no han sido posible su regularización, lo que coadyuvará al reordenamiento y desarrollo urbano armónico de los municipios, trayendo consigo el ordenamiento urbano correctivo y preventivo.

Noveno. Que el 9 de mayo de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la regla 04/08, “Regla para la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano y la vivienda”, cuyo objeto es establecer el procedimiento que realiza la Corett para la adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano y vivienda.

Décimo. Que en consideración de lo anterior y tomando en cuenta que es impostergable dar solución al problema de los asentamientos humanos irregulares, la Corett y Ferronales deben agilizar el procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra en Tijuana, Baja California, uniendo esfuerzos para lograr una regularización integral que tome en cuenta los aspectos administrativos, jurídicos y urbanos necesarios para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, la expedición de escrituras y la dotación de servicios públicos municipales.

El pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 9 de febrero del año en curso dictaminar la procedencia del punto de acuerdo del diputado proponente.

Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social emite el siguiente

Dictamen

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración de poderes, hace un respetuoso exhorto a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a concretar el convenio y llevar a cabo acuerdos necesarios para agilizar el trámite de la regulación de la tenencia de la tierra, en asentamientos irregulares en Tijuana, de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Jesús Giles Sánchez (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez (rúbrica), Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores registrados se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Continúe a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

INVIDENTES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a mejorar los servicios bibliotecarios destinados a invidentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y análisis la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional de Cultura y las Artes (Conaculta) a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente, en particular los ofrecidos en la Biblioteca de México, presentada el 8 de abril de 2010, por el diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182 numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

A la comisión que suscribe de Educación Pública y Servicios Educativos les fue turnado para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo en la que se exhorta a la SEP y al Conaculta a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente, en particular los ofrecidos en la Biblioteca de México, presentada por el diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de abril de 2010.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis correspondiente.

Descripción de la proposición

En la proposición, presentada por el diputado José Trinidad Padilla López manifiesta preocupación por la poca atención que brindan las bibliotecas públicas a los grupos de población minoritaria, en particular, de los invidentes. Asimismo, pone especial interés en la Biblioteca de México, la cual recibe diariamente “en promedio 23 personas en esa condición”. A pesar de que ésta cuenta con una sala para personas invidentes, los servicios son muy limitados, los libros en braille son pocos, no se tiene actualizado el equipo especial y los espacios físicos no son los más adecuados para el libre tránsito de estas personas.

Aunque se cuenta con la Ley General de Bibliotecas y La Ley General de Personas con Discapacidad, aún sigue existiendo un déficit en la atención de servicios bibliotecarios en personas con esta discapacidad.

Por tanto, el diputado solicita al pleno de esta soberanía la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los lineamientos establecidos en las Leyes Generales de Bibliotecas, y de las Personas con Discapacidad respecto a los servicios bibliotecarios ofrecidos a las personas con discapacidad en las instituciones que forman la red nacional de bibliotecas públicas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas conducentes que permitan mejorar sustancialmente el servicio en la sala de invidentes de la Biblioteca México, toda vez que constituye el centro de información del Distrito Federal al que concurre la mayor cantidad de usuarios en esta condición, mediante el incremento del acervo especializado, la adquisición de equipo tiflotecnológico, la adecuación de las instalaciones físicas y la capacitación del personal encargado del área.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública incorporar en el acervo de la Biblioteca México ejemplares de todos los libros que ésta edita en sistema braille, incluidos los libros de texto de la educación primaria.

Consideraciones de la comisión

Los miembros de esta comisión reconocen la importancia de mejorar los servicios bibliotecarios para los grupos minoritarios, como los invidentes. La educación es un derecho que deben recibir todos las personas (primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Esta educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia” (Segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). El sentido fundamental de la educación, es garantizar que todas y todos aprendan a ser, a conocer, a hacer y a vivir juntos. En la actualidad, los actores involucrados en el ámbito educativo han estado trabajando para que se cumpla dicha máxima “Educación para todos”. De acuerdo con el Informe de Seguimiento de Educación para Todos en el mundo 2010, la “marginación de los niños discapacitados limita sus opciones y aumentan la probabilidad de que pasen la vida adulta en la pobreza, lo que entraña costos más altos para la sociedad”. Por lo que en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, y en el Programa Sectorial de Educación, PSE, 2007-2012, se propone la reducción de las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas, a través de mejoras sustanciales a la calidad y pertinencia de la educación. (Objetivo 10 del PND y Objetivo 2 del PSE). Por tanto, la educación debe ser inclusiva donde se brinde “una educación de calidad para todos, respetando la diversidad y las distintas necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de los educandos y de las comunidades, eliminando toda forma de discriminación”

La inclusión educativa es integrar a todo ser humano al proceso de enseñanza-aprendizaje, con todo lo que implica, métodos, usos del conocimiento, herramientas, recursos. Uno de los recursos más importantes para que las personas perfeccionen sus conocimientos, ejerzan sus derechos de manera democrática y tengan un papel activo en la sociedad, es la biblioteca. De acuerdo con la UNESCO, la biblioteca como centro de información permite crear y consolidar el hábito de la lectura, apoyar a la educación, estimular la imaginación y creatividad, sensibilizar en cuanto a la ciencia, artes y la cultura, y contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones básicas de informática. En consecuencia, las bibliotecas públicas representan un papel muy importante en las personas, ya que ofrecen acceso a una serie de conocimientos, ideas y opiniones. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Bibliotecas, “la biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber”. Por tanto, “debe contar además con servicios específicos para quienes por una u otra razón no puedan valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, deficientes físicos y mentales, enfermos o reclusos”. Conforme a la Ley General de las Personas con Discapacidad en el artículo 11, las personas tienen derecho a recibir información, y se establece que en el “Sistema Nacional de Bibliotecas, salas de lectura y servicios de información de la Administración Pública Federal se incluirán, entre otros, los equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braile, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad” (segundo párrafo, artículo 11).

Las personas con discapacidad son una minoría considerable, en México en el año 2000 se tenía un porcentaje de 1.84 por ciento de la población total del país, mientras que en el 2003, representaba el “9 por ciento de la población total del país, ...por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país”. La Red Nacional de Bibliotecas, es un sistema de coordinación que opera los servicios bibliotecarios en el ámbito Federal, Estatal y Municipal. Está dirigida por la Dirección General de Bibliotecas en relación con las Coordinaciones Estatales de Bibliotecas Públicas y del Distrito Federal. La Red Nacional está integrada por 7 mil 298 bibliotecas, de las cuales sólo el 0.66 por ciento cuentan con material en Braille. Entre ellas, se encuentra la Biblioteca de México que ofrece entre sus áreas para el servicio bibliotecario, una sala Braille. Las colecciones para los invidentes son audiolibros en literatura, psicología y ciencias aplicadas; Braille consulta: diccionarios; Braille general: libros de ciencias sociales, literatura e historia; y Braille infantil: diccionarios y libros de ciencias sociales, ciencias puras, literatura e historia. Sin embargo, la Biblioteca de México cuenta con el mayor afluente de usuarios con discapacidad visual, por lo cual dicho acervo resulta insuficiente, falta incrementar el número de ejemplares especializados (leyes, educación, matemáticas, español, los libros de la SEP, entre otros) que apoyen todos los niveles educativos; así como también, equipos tiflotecnológico y personal encargado del área.

Por otra parte, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos han recibido reiteradas quejas sobre el servicio proporcionado en la Biblioteca de México a este tipo de usuarios. Vale la pena mencionar que el Conaculta –como órgano coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas a través de la Dirección General de Bibliotecas– ha reportado subejercicios significativos que a juicio de esta Comisión, podrían utilizarse en colecciones, material o equipos especiales para los grupos minoritarios: en el primer semestre de 2007 se tenía un avance del 24 por ciento (ejercido 734 millones de los tres mil 36 millones de pesos [mdp] destinados); y en el tercer trimestre del año 2008, se tenía un subejercicio de 513.4 mdp.

En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 180, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir los lineamientos establecidos en las Leyes Generales de Bibliotecas, y de las Personas con Discapacidad respecto a los servicios bibliotecarios ofrecidos a las personas con discapacidad en las instituciones que forman la red nacional de bibliotecas públicas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a tomar las medidas conducentes que permitan mejorar sustancialmente el servicio en la sala de invidentes de la Biblioteca México, toda vez que constituye el centro de información del Distrito Federal al que concurre la mayor cantidad de usuarios en esta condición, mediante el incremento del acervo especializado, la adquisición de equipo tiflotecnológico, la adecuación de las instalaciones físicas y la capacitación del personal encargado del área.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Educación Pública incorporar en el acervo de la Biblioteca México ejemplares de todos los libros que ésta edita en sistema braille, incluidos los libros de texto de la educación primaria.

Notas:

1 Delors, Jacques (s.f.) Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. La educación encierra un tesoro.Santillana, Ediciones UNESCO. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

2 UNESCO (2010) I nforme de seguimiento de educación para todos en el mundo 2010. Página 242. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187865S.pdf

3 UNESCO (2009) Informe final la educación inclusiva: el camino hacia el futuro.Página 19. Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001829/182999s.pdf

4 Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2001) Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas.Extraído el 13 de julio de 2010, desde http:/ /www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html#1

5 Organización de las Naciones unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2001) Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas.Extraído el 13 de julio de 2010, desde http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html#1

6 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADIS (2010) Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Pronadis. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www.conadis.salud.gob.mx/interior/programas/pronaddis.html

7 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta (2010) Dirección General de Bibliotecas. Extraído el 14 de julio de 2010, desde http: //65.99.205.133/ dgbcona/ index.php?option=com_content&task= view&id =63&Itemid=112

8 Conaculta (2010) Sistema de Información Cultural. Extraído el 14 de julio de 2010, desde http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=biblioteca&l=&estado_id=&Itemid=296

9 48 espacios bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas cuenta con colecciones en Braille, información proporcionada por el subdirector de bibliotecas del Distrito Federal, Javier Castrejón Acosta.

10 Biblioteca de México José Vasconcelos (2010) Sala Braille. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www.bibliotecavasconcelos. gob.mx/Vasconcelos/ServiciosB/Braille.html

11 Cámara de Diputados (2007) Prevén diputados citar a funcionarios de Hacienda y Conaculta para que expliquen subejercicio de gasto en cultura. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www3.diputados.gob.mx /camara/005 comunicacion/b agencia de noticias/003 2007/008 agosto/10 10/2095 prevén diputados citar a funcionarios de hacienda y conaculta para que expliquen subejercicio de gasto en cultura.

12 Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2008) Subejercicios presupuestarios al tercer trimestre de 2008. Extraído el 15 de julio de 2010, desde http://www.cefp.gob.mx/notas /2008 /notacefp0712008.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados: José Trinidad Padilla López (rúbrica), presidente; Jorge Romero Romero (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Germán Contreras García, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Roberto Pérez de Alba Blanco (rúbrica), Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), secretarios; Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Manuel Jesús Clouthier Carrillo (rúbrica), María Sandra Ugalde Besaldúa (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Obdulia Magdalena Torres Abarca (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica) Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Reyes Tamez Guerra (rúbrica), Blanca Soria Morales.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe, por favor.

SISTEMA FINANCIERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de México y a la Condusef información sobre las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés de garantía prendaria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social le fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio y dictamen el punto de acuerdo arriba señalado, con fecha 21 de diciembre del año 2009, mediante oficio número D.G.P.L.. 61-II-4-236.

Esta comisión con las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2 fracción XVI, 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo estudiado la minuta de referencia presentan a la consideración de esta honorable Cámara, el siguiente dictamen conforme a los siguiente

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 15 de diciembre del año 2009, el diputado Ovidio Cortázar Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, emitan las disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria no reguladas por la legislación financiera, y al Banco de México, para que estudie y evalúe la formal incorporación al sistema financiero mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Segundo. En esa misma fecha, mediante oficio D.G.P.L. 61-II-4-236, la presidencia de la Mesa Directiva turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados.

Tercero. El día 13 del diciembre de 2010, el pleno de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados contando con la asistencia de diputados aprobó por unanimidad de los presentes, el dictamen que hoy sometemos a su consideración, de acuerdo con los siguientes

Considerandos

I. Para mayor entendimiento, esta dictaminadora considera importante desagregar la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en virtud de que este mismo consta en dos partes esenciales: siendo la primera la solicitud a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera; y la segunda la solicitud al Banco de México para que estudie y evalúe la formal incorporación al sistema financiero mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

II. Entrando al estudio del primer punto referente a solicitar a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera, esta dictaminadora considera pertinente, señalar que la intención primordial del diputado Ovidio Cortázar Ramos, en su proposición con punto de acuerdo es la de regular la actividad financiera, entendiéndose por ésta, aquella que delinea una actividad comercial, como son los altos intereses que cobren por los vencimientos de los contratos de adhesión, suscritos por los usuarios.

En consecuencia, la actividad descrita en el párrafo anterior, sobre las casa de empeño, es regulada por el Código de Comercio vigente, específicamente en el artículo 75, que a la letra dice:

Artículo 75. La ley reputa como actos de comercio:

Fracción X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de venta de pública almoneda.

Asimismo es importante recalcar que la facultad para legislar sobre materia de comercio es única del Congreso de la Unión, como lo determina el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción X, la se transcribe para mayor entendimiento:

Artículo 73. El Congreso tiene la facultad:

Fracción X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

Situación restrictiva para que esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pueda solicitar a las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera, pues si bien la legislación financiera, no contempla a estas personas, esto no quiere decir que sean los Congresos estatales quienes tengan facultades para regularlas.

De igual manera, de conformidad con las reformas al Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2006, las operaciones de las casa de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda se consideran actos de comercio.

Sin embargo, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 65 Bis estableció que sólo los proveedores personas físicas o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, tienen la obligación de registrar su contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Al respecto, más allá de formular a las legislaturas de las entidades federativas una solicitud respecto de un asunto que debe ser de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, lo que requiere el mercado y los consumidores, es sujetar a una misma regulación a todos los prestadores de servicios prendarios. Por ello, se considera que, lo oportuno en el presente caso, es establecer una regulación con base en la actividad y no con fundamento en la naturaleza de las instituciones.

Es decir, que se modifique la redacción actual del artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que de manera expresa se regule también a las asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada que realizan de manera habitual y profesional contratos de mutuo con interés y garantía prendaria.

Lo anterior, no sólo sujetará a dichas instituciones a la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2006, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria” (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007), sino que fortalecerá a todo el sector prendario en su conjunto en beneficio de la población consumidora de este tipo de servicios.

Ahora bien, del estudio de la presente proposición con punto de acuerdo, esta dictaminadora encontró que en estados como Chiapas, Tabasco y Baja California entre otros, cuentan con una ley local que regula a las casas de empeño, pero esta regulación sólo es en cuanto a la apertura, instalación y funcionamiento, de los establecimiento mercantiles que otorguen préstamos de dinero al público mediante la celebración de contratos con mutuo con interés y garantía prendaria, pero no regulan la actividad comercial.

Por lo que a consideración de esta dictaminadora, en cuanto al primera parte de la proposición con punto de acuerdo, no es procedente solicitar a entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que emitan disposiciones legales que regulen a las personas físicas y jurídicas que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, no reguladas por la legislación financiera, ya que éstos no cuentan con facultades para tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto, se podría recomendar a las entidades federativas y/o a la asamblea legislativa del Distrito Federal, para que regulen en materia de funcionamiento y operación de las casas de empeño, cuya finalidad sea ofertar al público la celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria en sus legislación local, considerando, como unos de los requisitos, sine qua non, en su marco de actuación, lo preceptuado por el artículo 65-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, servicio de mutuo con interés y garantía prendaria.

Con su aplicación se dará certeza jurídica a los usuarios de los servicios que prestan estos establecimientos mercantiles, por ser preponderantemente comercial, con independencia de los requisitos que dispongan los ordenamientos legales que rigen en los estados de la Republica y Distrito Federal.

III. Ahora bien, en cuanto a la segunda parte de la proposición con punto de acuerdo referente a solicitar al Banco de México, para que estudie y evalúe la formal incorporación al sistema financiero mexicano, de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Esta Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, considera importante solicitar al Banco de México, y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) la información de las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, asimismo la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, realizará los estudios detallados en donde se determinen la factibilidad de incorporar al sistema financiero mexicano a las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, lo anterior para darle seguridad y certeza jurídica a los usuarios.

De acuerdo con las consideraciones y razonamientos antes expuestos, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Dictamen

Único. Se solicita al Banco de México, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la información que detenten sobre las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, asimismo la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, realizará los estudios detallados en donde determine, entre otras cosas, la factibilidad de incorporar al sistema financiero mexicano a las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 22 días del mes de febrero del año dos mil once.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputado: Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), presidente; José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez, secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez, Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Israel Reyes Ledesma Magaña (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Roberto Rebollo Vivero, Luis Félix Rodríguez Sosa, José Gerardo de los Cobos Silva, Leandro Rafael García Bringas (rubrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Diego Guerrero Rubio, Luciano Cornejo Barrera.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión. No hay oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo a los proyectos turísticos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fueron turnados para estudio y elaboración del dictamen correspondiente los expedientes números 1160 y 1177,que contienen la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia del procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Huatulco, Oaxaca, presentada por el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7; 86; 94; 103; y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 20 de enero de 2010 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de solicitar la comparecencia del titular de la Profepa para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca. La propuesta fue turnada a la Tercera Comisión de la Permanente.

Segundo. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2010 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f, y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con los números de expediente 1160 y 1177, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Ramírez Puga, quien manifiesta en el punto de acuerdo que las bahías de Huatulco se han consolidado como un destino turístico importante en el país que recibió en la temporada vacacional de diciembre de 2009 a 26 mil 769 visitantes, quienes generaron una derrama económica por 302 millones 169 mil pesos, además de ser un centro turístico que se caracteriza por su interés por el cuidado y la preservación del ambiente, lo que le ha permitido obtener por cuarto año consecutivo la certificación Green Globe.

No obstante lo anterior, el crecimiento de este destino turístico se ha limitado por la clausura que la Profepa ha realizado de diversas obras promovidas por el Fonatur en la zona, por lo que el diputado promovente estima oportuno solicitar la comparecencia del titular de aquélla para que informe a esta soberanía por qué han sido cancelados los proyectos del Fonatur en Huatulco, Oaxaca.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere el siguiente resolutivo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del procurador federal de Protección al Ambiente para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, Oaxaca.

En atención de dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar su análisis.

El Fonatur forma parte del sector público paraestatal y, por decreto presidencial del 22 de febrero de 2001, se encuentra bajo la coordinación sectorial de la Secretaría de Turismo y ajusta sus acciones al Plan Nacional de Desa-rrollo y al Programa Nacional de Turismo.

La Ley General de Turismo faculta en el artículo 44 al Fonatur para “elaborar estudios y proyectos que permitan identificar las zonas y áreas territoriales y de servicios susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión en materia turística; coordinar con las autoridades federales, de los estados, de los municipios y del Distrito Federal las gestiones necesarias para obtener y simplificar las autorizaciones, los permisos o las concesiones que permitan el desarrollo de proyectos productivos y de inversión turística, así como la prestación de servicios turísticos”.

En ejercicio de esas atribuciones, el Fonatur ha creado centros integralmente planeados en Los Cabos, Ixtapa, Loreto, Huatulco y Litibú-Nayarit.

En marzo de 2008, el presidente Calderón anunció el inicio del proyecto Renacimiento de Huatulco, a través de la implantación de una serie de acciones de corto y mediano plazos, con la finalidad de convertir la zona en uno de los principales polos de desarrollo turístico.

A efecto de iniciar el proyecto, 12 secretarías de Estado, entidades del gobierno federal, los gobiernos estatal de Oaxaca y municipal de Santa María Huatulco e integrantes de la iniciativa privada firmaron un convenio interinstitucional para promover el turismo en las bahías de Huatulco, materializando así una de las prioridades fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012: “hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento de la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional”.

Posteriormente, en la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal señaló que el proyecto Renacimiento de Huatulco estaba centrado en duplicar la oferta hotelera con al menos 2 mil 500 cuartos más al final del sexenio, a través de los cuales se generarán 11 mil 650 empleos directos y 36 mil 116 indirectos, con una inversión de 610.6 millones de pesos en 2008, cifra 5 veces mayor que el promedio registrado desde 2000.

La inversión permitió iniciar la construcción de obras públicas por 350 millones de pesos y se canalizó inversión privada para 75 por ciento de la meta de nuevos cuartos.

Estas acciones y el número de secretarías participantes dan cuenta del esfuerzo que el gobierno federal, en coordinación con el estatal y el municipal, la iniciativa privada y la sociedad civil, ha emprendido en favor del desarrollo del turismo de la zona.

La propia Secretaría de Turismo ha reconocido Renacimiento de Huatulco como uno de los proyectos más importantes en materia turística para hacer frente a la crisis mundial y anunció una inversión de 108 millones de dólares por el gobierno federal y de alrededor de mil 408 millones de dólares de inversión privada. Lo anterior, a fin de impulsar nuevos destinos turísticos de playa y consolidar diversas ciudades de los litorales del Pacífico como opciones para incrementar el número de turistas nacionales e internacionales.

Respecto a lo expuesto por el diputado promovente de que el proyecto Renacimiento de Huatulco ha sido limitado por la clausura que la Profepa ha realizado de diversas obras, ésta informó en un boletín oficial que el 9 de febrero de 2010 se llevó a cabo la primera fase de una operación en Oaxaca, en la que se inspeccionaron 14 proyectos turísticos en Huatulco, de los cuales 7 tuvieron que ser clausurados de forma total temporalmente, pues no contaban con autorización de la Semarnat, en cuanto al cambio de uso de suelo forestal y de impacto ambiental, así como de zona federal marítimo-terrestre.

La Profepa informó que los proyectos clausurados son Club de Playa Celeste Beach, Millenium del Mar, Inmobiliaria Clau Pacific, Niza Doó, Sueño del Mar, Desarrollos Chahué y Camino Santa Cruz-La Crucecita. Este último fue doblemente clausurado porque se encontraron irregularidades en materia de impacto ambiental y forestal, haciendo la aclaración de que en el proyecto, a cargo del Fonatur, se impuso una multa de 1 millón de pesos y se ordenó la reparación de los daños ocasionados a los ecosistemas del lugar, ya que al parecer se desgajó un cerro, perdiendo con ello flora y fauna importantes del lugar.

En reconocimiento de la importancia de la conservación y la preservación de los recursos naturales del país, esta comisión legislativa estima procedente solicitar al titular de la Profepa que remita a esta soberanía información detallada sobre las causas de la clausura de los proyectos del Fonatur y que envíe la documentación que lo acredite, antes de determinar si es oportuna o no la comparecencia de su titular.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informe a esta soberanía de las causas que motivaron la clausura de proyectos turísticos desarrollados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, Oaxaca; y del estado actual de los procedimientos iniciados y envíe la documentación correspondiente.

Notas:

1 El 28 de enero de 1974 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Fonatur, que se formalizó mediante contrato de fideicomiso el 29 de marzo del mismo año, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único del gobierno federal; y Nacional Financiera, SA, como fiduciaria.

2 http://www.fonatur.gob.mx/es/index_quienes_somos.asp

3 Ley General de Turismo, artículo 44, fracciones I y III.

4 Disponible en http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Boletin_ Conjunto_Anuncia_el_Presidente_Calder

5 Gobierno federal, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, “Segundo Informe de Ejecución 2008”, México, DF, marzo de 2009, página 242.

6 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/ComunicacionSocial/BoletinesdeMedios/CP-031-0 9.html

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión. No hay oradores. Se considera suficientemente discutido y se reserva para votar en conjunto.

CULTURA DEL AGUA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones para promover el uso racional del agua

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 1800, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores, a los alcaldes, a las instituciones de educación básica, media, media superior y superior, a las empresas paraestatales y a los organismos públicos  autónomos y desconcentrados a implementar acciones que ayuden a de-sarrollar la conciencia sobre el grave problema hídrico, formar una cultura del agua e impulsar un compromiso por su cuidado y uso racional en México, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 7 de abril de 2010, el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores, a los alcaldes, a las instituciones de educación básica, media, media superior y superior, a las empresas paraestatales y a los organismos públicos  autónomos y desconcentrados a implementar acciones que ayuden a desarrollar la conciencia sobre el grave problema hídrico, formar una cultura del agua e impulsar un compromiso para su cuidado y uso racional en México.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

En el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, el diputado Jiménez Merino refiere que durante este siglo se han intensificado los efectos del deterioro ambiental tras la combinación de distintos factores; tales como el calentamiento global, la destrucción de bosques tropicales y la desertificación, por citar algunos ejemplos.

En ese sentido, señala que uno de los efectos producidos por el deterioro del planeta Tierra que preocupa a la población mundial, es el de la escasez de agua, principalmente, en los países en desarrollo.

Al respecto, estudios realizados en la materia demuestran que diversos cuerpos de agua se comparten en al menos 145 países, dependiendo unos de otros, en algunos casos, de manera casi total. Asimismo, es oportuno valorar, los distintos usos de los que es objeto ese vital líquido, pues de éste depende la producción de alimentos, la generación de energía, la estabilización del clima, así como el crecimiento económico y seguridad, haciendo evidente que de continuar las tendencias de uso irracional del recurso, la permanencia del hombre en la Tierra estará en riesgo.

A mayor abundamiento, el diputado promovente refiere que esta situación prevalece a nivel internacional, a consecuencia de acciones de manejo inadecuado del recurso cuyo origen va desde lo cultural, hasta lo político y económico, incidiendo de manera importante en el deterioro de las condiciones que permiten la conservación del agua que, aún en reconocimiento de su necesidad se ha reducido en disponibilidad y calidad de forma considerable.

En ese sentido, el diputado Jiménez Merino centra su proposición en un análisis territorial, haciendo referencia a que en nuestro país la reducción en la disponibilidad del agua tiene como factores de incidencia la insuficiente e inadecuada educación ambiental y cultura, así como uso irracional y poco sustentable del recurso hídrico, rebasando la capacidad natural de renovación.

En ese contexto, el diputado promovente y los diputados que se adhirieron a su propuesta manifiestan su preocupación y urgencia por diseñar e implementar acciones que coadyuven a resolver el complejo problema de conservación y cuidado del agua, involucrando de manera corresponsable a todos los sectores de la sociedad.

En virtud de lo anterior el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero.Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal; a los titulares de los gobiernos estatales y Municipales; así como a los titulares de las instituciones de educación básica, media superior y superior; y de las empresas paraestatales y organismos públicos autónomos y desconcentrados para que en el marco de sus responsabilidades constitucionales, asuman un mayor compromiso por el agua y promuevan entre otras acciones:

1. Que los tres órdenes de gobierno hagan un mayor esfuerzo presupuestal para mejorar el acceso de la población a mayores cantidades de agua de mayor calidad, así como atender las necesidades de tratamiento de aguas residuales, drenaje, protección y recarga de acuíferos, tecnificación del riego agrícola y protección de humedales, ríos, lagos y lagunas.

2. Que los tres órdenes de gobierno promuevan y apliquen programas para captar y aprovechar la lluvia en las construcciones presentes y futuras para abastecer una parte de las necesidades e impulsar proyectos de autoproducción alimentaria, especialmente para las familias más pobres.

3. Que los tres órdenes de gobierno promuevan acciones de retención de agua en las partes altas de las cuencas y con ello reducir las inundaciones y garantizar el abasto directo de agua para la población, recargar los acuíferos, abastecer el ganado, promover la acuacultura y desarrollar proyectos productivos en forma integral.

4. Que los tres órdenes de gobierno establezcan los mecanismos de prevención y atención de daños por fenómenos meteorológicos, cada vez más inciertos e intensos provocados por el cambio climático, tales como la sequía, inundaciones, huracanes, ciclones, tormentas tropicales, heladas, vientos y granizadas.

5. Que la Secretaría de Educación Pública establezca las acciones necesarias para incorporar en los contenidos del sistema educativo nacional, temas y asignaturas relativas al conocimiento, manejo, conservación y uso racional del agua.

6. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, promuevan la organización social a través de las cuencas, y ésta sea la unidad de planeación ambiental y socioeconómica; así también, que los programas de reforestación se hagan con especies regionales de interés económico, de mayor eficiencia biológica y rentabilidad por sus múltiples usos y rápido crecimiento como bambú o jatropha, y se dé prioridad a la recuperación vegetal de las áreas de recarga de las fuentes de agua.

7. Que la Sagarpa y la Semarnat fortalezcan los programas y acciones para revertir la erosión del suelo, la desertificación y la pérdida de agua en las cuencas, fortaleciendo una cultura de conservación de estos recursos.

8. Que la Sagarpa implemente y fortalezca programas de abastecimiento de praderas mejoradas y tecnificación ganadera para incrementar la productividad pecuaria y de manera especial, reducir la erosión del suelo y el agua, a favor de la recarga de acuíferos. De la misma forma y en coordinación con la Conagua, revisen los paquetes tecnológicos para hacer un uso más eficiente y productivo del agua, especialmente donde el recurso es escaso.

9. Que la Comisión Nacional del Agua, implemente acciones conjuntas con las autoridades de las entidades federativas y municipales para establecer medidas que permitan la protección de los acuíferos, creando la figura de santuarios y reservas de agua, para lo cual deberán destinar recursos y apoyos que permitan dar sustentabilidad al recurso hídrico.

De igual forma, deberán fortalecer el concepto de manejo de cuencas, a fin de otorgarle autonomía y sea la unidad básica de planeación para el desarrollo social y económico.

10. Que las universidades públicas revisen la formación más pertinente de los recursos humanos que permitan atender la problemática de la insuficiencia de agua, así como establecer mecanismos de vinculación que garanticen a los pobladores hacerse del conocimiento suficiente para atender el abasto de agua, la recarga de los acuíferos, el aprovechamiento y manejo racional del agua y el tratamiento de las aguas residuales.

11. Que los gobiernos de las entidades federativas asuman el compromiso de implementar programas, estrategias y acciones que permitan resolver el problema del abasto de agua, así como los efectos negativos derivados de una red insuficiente de alcantarillado y drenaje, que no permite realizar un adecuado tratamiento y rehúso de las aguas residuales todos nos preocupamos por el abasto de agua, casi nadie se preocupa por las aguas después de que han sido utilizadas.

12. Que los Congresos locales, asuman el compromiso de revisar y adecuar el marco normativo aplicable al rubro del agua, el drenaje y el alcantarillado públicos, así como del manejo de cuencas y la conservación del agua, con el objetivo de eficientar estos elementos en beneficio de sus habitantes.

Segundo. Que el Ejecutivo Federal promueva la firma de un acuerdo nacional por el agua, que permita antes de 18 años, garantizar el acceso al agua potable a 10 millones de mexicanos, acceso a drenaje a 22 millones de personas; certidumbre de abasto de agua de calidad a 72 millones que viven en regiones de escasez; dar tratamiento y rehúso a la totalidad de las aguas residuales; tecnificar cinco millones de hectáreas agrícolas y seguridad alimentaria a 6 millones de familias en pobreza y recuperar la soberanía alimentaria en Trigo, Arroz, Soya, Carne y Leche. Estamos preocupados por nuestros hijos y nietos, estamos urgidos de acuerdos y consensos para el desarrollo.

En atención a dicha solicitud la comisión legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.

El agua constituye uno de los elementos más comunes en la Tierra, se le ubica en estado líquido en lagos, ríos y presas, así como en depósitos subterráneos (llamados acuíferos) y se le encuentra del mismo modo en mares y océanos circundantes; también existe como vapor en estado gaseoso; además de cubrir las regiones polares y las montañas más altas en forma de hielo o nieve, lo que representa su estado sólido.

Existen en nuestro planeta 400 millones de kilómetros cúbicos de agua aproximadamente. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) refiere a modo de ejemplo “...si la superficie de la tierra fuera “lisa” (esto es que no tuviera ni montañas ni barrancas), esa cantidad de agua sería suficiente para cubrirla con una capa de 2.7 kilómetros de espesor: unas nueve veces la altura de la Torre Eiffel o 14 veces la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México...”

No obstante que, como se sabe, el agua representa el elemento más frecuente en la Tierra, sólo el 2% de éste, constituye lo que llamamos agua dulce, lo que quiere decir que contiene pocas sales disueltas y por tanto, es susceptible de ser utilizada para cubrir las necesidades básicas de los seres humanos. Además de ser un mínimo porcentaje el que se encuentra bajo esta condición, vale mencionar que del mismo, su mayoría está disuelta en capas de hielo y glaciares, que se ubican principalmente en la Antártida y Groelandia, sin dejar del lado, el porcentaje que se queda en depósitos subterráneos que son profundos y por tanto, no accesibles en muchos casos a ésta, de tal forma que únicamente el 0.3% del agua dulce, es accesible a través de ríos y lagos.

Como parte de este escenario, varios factores han contribuido a la complicada labor de hacer llegar el agua de forma equitativa, de tal manera que se garantice su utilización, permitiendo la supervivencia del mundo a razón del mismo, pues se valora que en los últimos cien años, los problemas de contaminación, aunados al muchas veces inadecuado e incluso escaso tratamiento del agua, han reducido su disponibilidad en el planeta.

En este sentido, es de señalar que de acuerdo con algunos investigadores, al año 2005, era posible que aproximadamente tres millones de personas padecieran la carencia del vital líquido, además de prever que este rubro, sería uno de los más importantes, debido a que la situación actual entorno al agua, pone el tema como uno de los 10 objetivos del milenio,buscando resolver y mitigar la escasez de ese recurso de manera urgente, pues, se tiene conocimiento que diversos países del mundo, han llegado a enfrentar problemáticas verdaderamente serias debido a esta situación. Tal es el caso de África, que debido a su ubicación geográfica, presenta características específicas de clima y orografía, que han intensificado la escasez del agua a consecuencia de las pocas precipitaciones pluviales que se presentan en ese lugar.

Del mismo modo, se dice que únicamente dos terceras partes de la población del mundo se ubican en zonas que pueden recibir precipitaciones pluviales importantes cada año, lo que hace notorio el desequilibrio en este rubro. Por ejemplo podemos mencionar la región del Amazonas, en la que, en contradicción con África, recibe el 20% de precipitación pluvial anual a nivel mundial, y cuenta con una población mínima, en relación a otras en las que prevalece la carencia de este recurso, debido también al incremento de la población, siendo el caso, como ya se dijo de África y el Medio Oriente, que se caracterizan por su elevada tasa poblacional, ubicada en un 2.6% al año, lo cual agudiza el problema para el suministro de agua en esa región.

En ese contexto, los diversos gobiernos nacionales, se han reunido para generar estrategias que permitan encontrar soluciones a tan complejo problema, por lo que, entre otros eventos, en el año 2006, se realizó el “IV Foro Mundial del Agua”. En ese foro, se generaron compromisos, a través de los cuales se pretende asegurar el abastecimiento de agua a todos los habitantes del planeta; los dos acuerdos más importantes versaron en la “...autosuficiencia en agua, en alimentos y en fomento a la educación ambiental”, situación que también es considerada por el diputado promovente.

A escala menor, la situación de México no es más alentadora a la del resto del mundo; pues diversos estudios demuestran que en nuestro país también existe baja disponibilidad del recurso, lo cual significa que se encuentra lejos de la buena disponibilidad que países como Canadá y Brasil tienen.

En relación a la precipitación pluvial que persiste en México, vale mencionar que las lluvias en su mayoría ocurren sólo durante la menor parte de meses en el año, aunado a que las mismas, se presentan con un impacto torrencial que ocasiona que las aguas se escurran rápidamente de los ríos y arroyos hacia el mar, sin que puedan ser aprovechadas.

Asimismo, el aprovechamiento por disponibilidad del agua en el país, tiene desequilibrios importantes a considerar, pues también influye el número de habitantes que existen en la zona centro y norte del mismo, en contraste con la frontera sur, en la que la disponibilidad es mayor, teniendo como caso extremo la zona del Valle de México. Situación lógica, si valoramos que la misma se ubica como una de las ciudades con más habitantes en el mundo, por lo que la disponibilidad del agua, extremadamente baja, con 192 metros cúbicos anuales por habitante.

Con lo analizado hasta ahora, se puede observar claramente que el problema de disponibilidad de agua en México, como en muchas otras partes del mundo, tal y como lo refiere el diputado promovente, es un asunto serio. Debido a esto, y a los encuentros internacionales relativos al tema, en los que continuamente participa nuestro país, es que el Gobierno, en sus tres órdenes, ha buscado la generación de estrategias que permitan la mitigación de la problemática que ya se muestra, incluso de manera marcada en algunas regiones de México, recurriendo a factores que permitan concientizar a la sociedad, procurando además, que los mismos sean difundidos hacia todos los sectores de la población.

De este modo, el gobierno en sus distintas administraciones, ha creado figuras institucionales que tengan como objetivo preservar el preciado recurso del agua. Así, dentro de las más destacadas, encontramos en 1917 la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, la Comisión Nacional de Irrigación en 1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946, y en 1972; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; todas éstas precedentes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que actualmente opera con esa función en nuestro país.

El organismo en comento, tiene entre sus facultades, las de preservación y administración de las aguas nacionales, propiciando el uso sustentable de las mismas y la participación social.

La Conagua tiene también como prioridad, la valoración del agua como un recurso de bienestar social, en el que se incluyen servicios básicos, como tratamiento de aguas residuales, servicios de agua potable, y sistemas de alcantarillado que deben ser proporcionados a la población, además de considerar este recurso como parte de los insumos económicos principales en nuestro país. Pues de él dependen en gran medida, sectores como el agrícola, el energético y el industrial, que proveen de vida las grandes ciudades en México. Para cumplir con sus objetivos, la Conagua se dividió administrativamente en trece regiones hidrológicas, a fin de tener más control, con lo que queda colmado el punto 1 de las responsabilidades que el promovente señala como propuesta para implementar acciones que llevan a “un mayor compromiso por el agua”.

Asimismo, uno de los elementos fundamentales, referido también por el diputado promovente, es el relativo a la educación y cultura ambiental, para lo cual, la Conagua en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), establecieron como concepto de “cultura del agua”, “...el proceso continuo de producción, actualización y transformación individual y colectiva de valores, creencias, percepciones, conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en relación con el agua en la vida cotidiana...”

En este sentido, es oportuno mencionar que dentro de las acciones que realiza el Gobierno Federal, está el involucrar a la sociedad como corresponsable dentro la aplicación y desarrollo de las políticas públicas de aprovechamiento sustentable del agua, a través de la educación formal y no formal, en la que resulta necesario involucrar a los medios de comunicación, como un elemento que promueve y propicia la sensibilización en el uso racional del recurso en estudio.

En este sistema, se incluyen también los centros educativos, aunque, es importante resaltar, que es reciente que los programas de educación básica incluyen temas para concientizar a jóvenes y niños de la importancia de preservar los recursos naturales, por lo que es evidente que tampoco se ha tenido el impacto esperado.

Sin embargo, en la intención de cubrir esos espacios fundamentales, existen programas de federalización que van encaminados a generar líneas estratégicas. En ese contexto, se implementó el Programa de Cultura del Agua, impulsado también, en cumplimiento de las facultades que la ley atribuye a la Conagua.

El objetivo general de dicho Programa, se describe a la letra “...contribuir a generar la participación de los usuarios, la sociedad organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones educativas y culturales, en coordinación con las entidades federativas, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la nación...”

Es propicio transcribir lo anterior, porque el concepto propone en gran medida la solución a una parte de la problemática planteada por el diputado Jiménez Merino, sobre todo en lo relativo a educación ambiental, en la que necesariamente deban participar los tres órdenes de gobierno para la generación del impacto requerido debido a la gravedad del caso en estudio.

Asimismo, se hace mención a la existencia de convenios firmados entre la Secretaría Educación Pública (SEP), el IMTA y la Conagua, a partir de los cuales, se incluyó desde hace tiempo en los libros de texto gratuito, un material que explica a detalle información sobre el manejo del agua, e incluso se han generado, en el marco de dichos acuerdos, talleres que se imparten por especialistas en el tema a los maestros adscritos a la SEP.

En este sentido, la solicitud del Diputado promovente, respecto a involucrar a las instituciones de educación básica para generar conciencia sobre el manejo adecuado de los recursos hídricos y fortalecer a la sociedad con información que le permita generar mejores condiciones en el uso racional del agua, se ve colmada en gran medida.

No obstante lo anterior, es importante señalar que existe la posibilidad de que no se de seguimiento a dichos programas, lo que permitiría contar con estadísticas sobre los beneficios obtenidos en la implementación de los mismos. En ese sentido, esta Comisión Lagislativa considera procedente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de que instruya a las autoridades competentes se lleve a cabo una revisión y evaluación de las políticas públicas en materia de educación ambiental y conciencia hídrica, a efecto de detectar deficiencias.

Ahora bien, respecto al segundo resolutivo en el que el diputado promovente considera oportuno fortalecer y ampliar las políticas públicas en materia de agua, considerando que las mismas deberán ir dirigidas a todos los sectores de la sociedad.

Del mismo modo, uno de los puntos fundamentales que el promovente plantea es la preocupación por que existan instrumentos que permitan la creación de compromisos que otorguen sustentabilidad en el presente y futuro del manejo de los recursos hídricos, para lo cual, existen ya algunos elementos que pudieran constituir las bases en este sentido, tales como la Agenda del Agua 2030.

Ese documento, del cual se cuenta con un primer borrador, y que ha tenido como objetivo que el Ejecutivo Federal impulse a los mexicanos a participan uniendo esfuerzos coordinados a fin de garantizar el uso racional y sustentable del recurso hídrico, considerando los principales problemas a combatir.

En este sentido, esta comisión considera importante incluir en sus puntos resolutivos uno que permita el seguimiento de los objetivos planteados en la Agenda en comento, y de ser posible se valore la creación de Acuerdos coordinados con los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar el futuro de los recursos hídricos del país, tal y como es planteado por el diputado Jiménez Merino.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a:

a) Reforzar y canalizar debidamente las políticas públicas establecidas en materia de agua, a fin de que las mismas sean dirigidas a cada uno de los sectores de la sociedad y generar conciencia en los usos y distribución de ese recurso.

b) Coordinar esfuerzos con el Instituto Mexicano del Agua, a fin de ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de educación ambiental y conciencia hídrica que permitan detectar resultados de los programas aplicados y posibles deficiencias en la implementación de los mismos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a fin de que se analice la viabilidad de crear un Acuerdo Nacional a favor del Agua, que permita sentar las bases para contar con un compromiso que otorgue sustentabilidad al presente y futuro de los recursos hidráulicos disponibles.

Notas:

1 ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el Mundo. Semarnat 2007. pp. 84.

2 Ibídem

3 Semarnat, La Gestión Ambiental en México. P. 241.

4 http://www.undp.org/spanish/mdg/goallist.shtml.

5 http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/cap1.pdf

6 Op. Cit. p. 3

7 Semarnat. Op. Cit. P. 92.

8 Comisión Nacional del Agua. Disponible en: http://www.cna.gob. mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=627017f9-7e2f-44ba-ba8c25e28baf085d%7C%20%20%2 0%20%20%20%20%20%20%20ACERCA%20DE%20Conagua%7C1%7C0%7C0%7C0%7C0.

9 Comisión Nacional del Agua.Cultura del Agua. Disponible en:http://www.cna.gob.mx/Espaniol/TmpContenido.aspx?id=1e59126b-b0ab-4bdb-9 f7c-79d47d53fab7|CULTURA DEL AGUA|7|0|0|0|0.

10 Ídem

11 http://anea.org.mx/docs/Gonzalez-CulturaAgua.pdf

12 Agenda del Agua 2030. Documento de Discusión. Para su consulta en http://www.conagua.gob.mx/Conagua07/Temas/primerborrador. pdf.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el día 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión. No hay oradores inscritos. Se considera suficientemente discutido y se votará en conjunto.

ESTADO DE MICHOACAN

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a coordinar acciones que permitan la conservación de los recursos hídricos y de biodiversidad del parque nacional Barranca del Cupatitzio

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3184, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Michoacán, realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 79, 80 numeral 1, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 4 de noviembre del 2010, el diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Michoacán, realicen las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio.

Segundo. Con fecha 4 de noviembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Fernando Espino Arévalo, quien expone en su Punto de Acuerdo la actual situación de México en relación a la problemática de cambio climático, como consecuencia de las actividades humanas cotidianas, la industria y otros factores que han creado un cuadro incierto para la supervivencia de futuras generaciones en el mundo.

En este sentido, el diputado promovente, refiere que la reducción de diversas especies de vida silvestre en el planeta, hace urgente la implementación de mecanismos que conserven y preserven el medio ambiente.

Al respecto, en México se ha creado un importante marco jurídico que permite y promueve la coordinación de los distintos actores sociales, a través de convenios de colaboración.

Bajo esta condición, el diputado Espino señala que se han protegido numerosos espacios naturales en los que subsiste una cantidad importante de biodiversidad, a fin de que éstos sean conservados y en su caso, puedan ser aprovechados de manera sustentable.

Entre otros casos, el promovente hace referencia de manera particular al parque nacional Barranca de Cupatitzio, decretado como tal por el Presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1938, otorgando a los habitantes en Michoacán el soporte legal para disfrutar de ese lugar, con la obligación de preservarlo a través de las distintas instituciones involucradas para tal fin.

No obstante lo anterior, debido a que la situación natural de ese parque nacional, ha sido gravemente alterada por la actividad humana entre otros factores, aunado a que es esa área natural protegida, es la más pequeña del país, por sus dimensiones, lo cual no la limita en su riqueza biodiversa, al estar dividida en dos secciones. La primera, denominada Área de Montaña, con una extensión de 438.55 hectáreas, y la segunda, designada Área de Río, la cual se encuentra al Oriente, con una extensión de 19.66 hectáreas.

Asimismo, el parque representa un “polo de atracción turística”, que genera de manera directa e indirecta cerca de 200 empleos, amén de ser considerada una zona de alta captación de agua que es utilizada en las zonas urbanas de la región.

Del mismo modo, el promovente señala la importancia de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Programa de Conservación y Manejo del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, como eje rector de planeación y regulación del mismo, enfocado a promover el desarrollo de flora, fauna, piscicultura, turismo alternativo, educación ambiental, el crecimiento profesional y desarrollo humano de los habitantes de ese lugar, propiciando la participación en el desarrollo e instrumentación de programas específicos en materia de conservación.

En virtud de lo anterior, el diputado promovente sugiere los siguientes resolutivos:

Primero. Este órgano legislativo exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el Convenio de Concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC.

Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.

Tercero. Que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.

Cuarto. Que este Órgano Legislativo solicite al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, determine lo preciso para que cualquier modificación o adición que se o pretenda realizar al Convenio de Concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, AC, éstas deberán contar con la aprobación de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la honorable Cámara de Diputados.

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.

El estado de Michoacán, se sitúa en la región centro-oeste de la República Mexicana, colinda al oeste con el Océano Pacífico, hacia Colima y Jalisco, y al sur, con el Océano Pacífico hacia Guerrero. Está conformado por la Sierra Madre del Sur y el sistema volcánico transversal o cordillera neovolcánica, localizada al sur de la altiplanicie mexicana, conformada como consecuencia de la aparición de numerosos volcanes, entre los que sobresale el Paracutín.

Una de las riquezas de mayor importancia para el Estado de Michoacán, es la red fluvial que prevalece en ese lugar y que tiene como arterias principales dos de los ríos más importantes del país; el Lerma y el Balsas. Por otra parte, subsisten dos ríos que desembocan directamente en el Océano Pacífico, además de una importante red de lagunas internas, ubicadas algunas de ellas en las partes más altas del eje volcánico transversal.

Se considera que en ese eje volcánico se concentra un número considerable de especies de mamíferos, gran cantidad de endemismos en México. Es en esta zona, se ubican la mayor cantidad de áreas naturales protegidas decretadas en los años 30 y 40. Lo anterior fue así, con la finalidad de proteger el importante sistema de cuencas hidrológicas que alimentan las ciudades en la región.

Dentro de esos antiguos parques es que podemos ubicar el del parque de la Barranca Cupatitzio, caracterizado por estar dentro de la Ciudad de Uruapan, sin que la cercanía con la zona urbana limite su riqueza de especies de mastofauna que subsisten en la región; pues en este sentido, se sabe que de las 160 especies de mamíferos que se registran en Michoacán, el 20%, que implican 32 especies, cohabitan en el parque.

El parque se ubica en el límite de los municipios de Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, con una extensión de 458.21 hectáreas, está conformado por dos polígonos, que tienen una separación de un kilómetro entre sí. Uno de los polígonos cuenta con 438.55 hectáreas y se conoce como área de montaña, que se caracteriza por la constitución de un domo y cono volcánico que comprende además algunas cañadas de pendientes fuertes, distinguiéndola del otro polígono que la conforma, porque este último es más pequeño, al contar con 19.66 hectáreas, con una topografía de barrancas y plantas principalmente, al contar con 19.66 hectáreas, con una topografía de barrancas y plantas principalmente, que se encuentra rodeada por la zona urbana de Uruapan y en donde nace el río Cupatitzio.

En relación a la vegetación que predomina en el parque, corresponde al bosque de coníferas con dosel cerrado, específicamente bosque de pino y de pino-encino, así como algunas especies de bosque mesófilo de montaña, del cual se sabe que actualmente es de los más restringidos en la República Mexicana y, en esta zona están distribuidas en barrancas, donde el estrato arbóreo presenta una altura promedio de 15 m., aunque hay pinos dispersos en el lugar que alcanzan hasta los 30 metros de altura.

Asimismo, el área de río del parque es visitada por más de 750,000 personas al año, por lo que se registran menos especies que en el área de montaña, en la que se tiene una extensión 22 veces mayor, donde la vegetación está en conexión con la del norte y poniente, con muy poco actividad humana.

De acuerdo a la actualización de inventarios de especies, realizado por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio), en el parque habitan 120 especies de aves, 50 especies de mamíferos y 300 de plantas vasculares, como indicadores de la biodiversidad que prevalece en el parque nacional Barranca de Cupatitzio, no obstante su reducida extensión.

Atendiendo a las características e importancia de esa área, su administración, conservación, restauración y vigilancia, han quedado a cargo de un Patronato que conforma el honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, celebrado mediante convenio con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el año de 1979 para después conformar, con la finalidad de dar certeza en los objetivos del Plan de Manejo de Conservación del parque, la figura de Asociación Civil, que más tarde se consolidó con la firma de un convenio entre el Patronato, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En virtud de lo anterior, la Comisión Legislativa que elabora el presente dictamen, estima pertinente dirigir un respetuoso exhorto a la Semarnat, a fin de garantizar la conservación del parque nacional Barranca el Cupatitzio, pues es en la actualidad un área de reserva de vida silvestre que requiere la implementación y seguimiento de los resultados de políticas públicas ya existentes, que permitan la conservación de esos ecosistemas, y contribuyan a la preservación de las Áreas Naturales Protegidas en el país.

Asimismo, se sabe que una de las principales casusas de afectación para los ecosistemas forestales, es el cambio de uso de suelo, que se encuentra relacionado con los sistemas hídricos, pues la pérdida de superficie forestal en una localidad, no solo reduce el abastecimiento de productos forestales y la recarga de los acuíferos de la zona, sino también afecta la capacidad de los bosques en relación a la crecida de los ríos, propiciando inundaciones en las zonas donde éstos vierten sus aguas, por lo que ésta Comisión valora pertinente el exhortar respetuosamente a la Semarnat para que en coordinación con el Titular del Gobierno de Michoacán establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.

Del mismo modo, esta Comisión estima que se requiere promover la coordinación del patronato en el parque a fin de promover la participación de la Comisión Nacional del Agua, para garantizar la calidad de los recursos hídricos que existen en el lugar.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión, nos permitimos someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento estricto de lo dispuesto por el convenio de concertación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Patronato del parque nacional Barranca del Cupatitzio, A.C.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta  a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el titular del gobierno del estado de Michoacán, establezcan lo conducente a efecto de que no se permita el cambio de uso de suelo de la zona de absorción de la subcuenca del río Cupatitzio.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con el Patronato del Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, analice la posibilidad de que la Comisión Nacional del Agua se integre al Patronato, y se garantice la conservación de los recursos hídricos del lugar.

Notas:

1 Enciclopedia de los Municipios de México. Para su consulta en http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/michoacan/ medi.htm

2 Ídem

3 Riqueza de Mamíferos del parque nacional Barranca del Cupatitzio, Michoacán, México. Gilberto Chávez León y Sergio Zaragoza Rivera. Para su consulta en http://www.ejournal.unam.mx/bio/BIO80-01/BIO080000-112.pdf

4 Arboles Tropicales. Para su consulta en: http://citrouv.edu.mx/annexus/personal/lab/arbolkey/bos_meso.htm

5 Revista mexicana de Biodiversidad 80: 95-104, 2009. Pág. 100. Para su consulta en http://www.ejournal.unam.mx/bio/BIO80-01/ BIO080000-112.pdf.  Pág. 100

6 Ídem Pág. 101

7 ¿Y el Medio Ambiente? Problemas en México y el Mundo. Semarnat. Pág. 33.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el día 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión. No habiendo oradores se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

ECOSISTEMAS FORESTALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a informar sobre los resultados y efectos de los programas forestales implantados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3255, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal un informe sobre los resultados obtenidos durante  los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, 86, 94, 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 79, 80, numeral 1, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

Primero.El 11 de noviembre del 2010, la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal un informe sobre los resultados obtenidos durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales.

Segundo.Con fecha 12 de noviembre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la propuesta citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud de la diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, quien expone en su punto de acuerdo la importancia de conocer los resultados e impactos de los programas enfocados a los ecosistemas forestales y en las cuencas hidrológico-forestales, en particular, en lo que se refiere al porcentaje de sobrevivencia de los árboles plantados, pues se considera importante no sólo el hecho de reforestar, como parte de los trabajos que realiza la Comisión Nacional Forestal (Conafor), sino además, el poder dar mantenimiento a las reforestaciones, como lo establece la ley para la prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos forestales.

En virtud de lo anterior, la promovente sugiere el siguiente resolutivo:

Único.Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal que presenten a esta soberanía, en un plazo no mayor a quince días, un informe sobre los resultados que se han obtenido durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales, señalando las superficies reforestadas y su ubicación; las especies plantadas, indicando si se trata de especies nativas o no; el tiempo durante el cual se les da mantenimiento, y el porcentaje de sobrevivencia de las plantas sembradas, así como el impacto cuantitativo y cualitativo estimado que dichos programas han tenido sobre los ecosistemas forestales y las cuencas hidrológicas-forestales, y la situación actual de la sobreexplotación de los acuíferos; y con base en ello definan acciones y propuestas específicas sobre la materia que requieran recursos presupuestales adicionales, para gestionar su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.

En atención a dicha solicitud, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis:

En México existe una gran gama de tipos de vegetación que abarca desde desiertos, hasta las grandes selvas que existen en el país, con una cantidad entre 25,000 y 30,000 especies vegetales, lo cual muestra la importancia de conservar las extensiones de bosque que representan beneficios económicos, ecológicos y sociales.

En este sentido, no obstante la riqueza de calidad de vida que brindan los bosques a los seres humanos, estos no siempre son debidamente aprovechados, al avocarse únicamente a la explotación maderable no controlada, lo que ha propiciado la disminución de estos ecosistemas.

Debido a lo anterior, y a que es vital que los recursos forestales sean preservados mediante la implementación de políticas de gobierno que permitan su conservación, es que en el año 2001, mediante decreto presidencial publicado con fecha 4 de abril se creó la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene la difícil labor de desarrollar, impulsar y favorecer las actividades productivas y de conservación y restauración de zonas forestales, además de tener participación en los programas y políticas de desarrollo forestal sustentable.

En este contexto, actualmente la Conafor ha publicado información que especifica que para el año 2007, la superficie de ecosistemas forestales, consistía en 69.2 millones de hectáreas, principalmente en lo que respecta a bosques templados y selvas. Sin embargo, durante 1993, se contaba con 69.2 millones en esta categoría, lo cual implica una pérdida importante.

En el mismo sentido, la deforestación de bosques y selvas en México, pasó de 354,035 hectáreas anuales en el período 1993-2000 a 155,152 hectáreas anuales de 2002 a 2007, este último período, referido por la diputada promovente.

El cambio de uso de suelo, representa uno de los factores de mayor consideración en la deforestación de bosques en México, pues estos ocurren a favor de usos agropecuarios, y una vez que han sido impactadas las zonas forestales, más tarde se convierten en manchas urbanas-industriales, lo cual es propicio debido a las necesidades económicas que imperan en las zonas rurales, que obligan a desarrollar actividades productivas no sustentables, dejando en desventaja la conservación de estos ecosistemas.

En relación a esto, es de reconocer la necesidad de que la Conafor refuerce sus bases metodológicas para avanzar en el consenso de la cuantificación y valoración cualitativa en los cambios de zonas forestales, a fin de aumentar la precisión en los datos con que se cuenta, para lo cual ese órgano desconcentrado trabaja en coordinación con instituciones como el Inegi, el INE y la Conabio, así como instituciones y centros académicos especializados en información de usos de suelo, vegetación y recursos forestales, logrando avances en la implementación de sistemas de medición que sean efectivos y confiables.

Del mismo modo, con la finalidad de reducir la degradación de los ecosistemas forestales, y promover su conservación, existen otras instancias del gobierno federal que contribuyen a la complementación de la tarea encomendada por ley a la Conafor, tal es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre otras con las que también se han adicionado instrumentos de política en materia de bosques y cambio climático.

De esta manera, el 5 de junio de 2009 “se puso en marcha” el programa Pro Árbol, implantado por la Semarnat, a través de la Conafor, con la intención de inducir en las zonas forestales con índices importantes de marginación y pobreza, el uso y manejo adecuados, propiciando la expansión económica a través de la sustentabilidad de sus recursos naturales, impulsando el empleo rural, la capacitación y asistencia técnica en las categorías de planeación y organización forestal (estudios regionales forestales, programas de manejo forestal y planeación comunitaria); producción y productividad forestal (cultivo forestal, ejecución de proyecto de turismo de naturaleza y plantaciones forestales comerciales); conservación y restauración forestal (reforestación, restauración de suelos, prevención y combate de incendios forestales, sanidad forestal y servicios forestales)  e incremento en el nivel de competitividad (equipamiento y caminos forestales, desarrollo de la cadena productiva federal, auditoría técnica preventiva y certificación forestal).

Dentro del programa Pro Árbol se considera también una partida de apoyo para las acciones preventivas de incendios forestales, pues como lo refiere la diputada promovente, la ocurrencia de incendios representa una de las principales amenazas para los sistemas forestales del país. Por ello, se han generado estrategias que permitan combatir ese problema, prevaleciendo el hacerlo de manera preventiva, para lo cual se consideró el incluir programas de participación social que permitan que los dueños o poseedores de predios puedan verse beneficiados económicamente, al tiempo que se propicia la conservación de un considerable número de hectáreas forestales que pertenecen, en muchas ocasiones a comunidades indígenas en México.

No obstante las estrategias generadas a través de los programas de conservación y restauración de suelos forestales, existen deficiencias en la implementación de los mismos, que no han permitido obtener resultados óptimos, lo cual se ve reflejado en la pérdida constante de zonas forestales en México. En este sentido, al realizar un análisis del impacto que tiene el programa Pro Árbol, se encontró como principales puntos deficientes los siguientes:

“...

• La matriz de indicadores no guarda correspondencia con los objetivos del Programa, razón por la cual, se requiere su modificación.

...

• A pesar de  que se tiene claramente identificada la población potencial y la población objeto, se requiere cuantificarlas, con el fin de determinar el impacto que el Programa tiene en la mejora de su calidad de vida...”

De acuerdo con datos del Sistema Nacional Forestal, en México la afectación anual de vegetación forestal de 1991 a 2006, como consecuencia de incendios forestales, oscila entre las 200,000 y 300,000 hectáreas, siendo distinto el dato en años en los que debido a las afectaciones por cambio climático, esa condición se ha incrementado. Así, entre 1998 y 2007, se obtuvo un resultado de 8,444 incendios forestales a nivel nacional, con una afectación media de 32 ha por incendio.

En relación a la problemática de los sistemas hidrológico forestales, existe las Norma Oficial Mexicana NOM- 060-SEMARNAT-1994, que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua, por el aprovechamiento forestal. En esa norma, se describen de manera específica las formas de aprovechamiento de las zonas forestales, con la finalidad de prevenir que éste sea desmedido y como consecuencia, se vean afectados también los sistemas acuáticos, aledaños a los forestales.

Asimismo, como parte del trabajo que realiza la Conafor con la finalidad de asegurar la conservación y buen uso de los ecosistemas forestales en México, se ha propiciado el contar con sistemas de información que permitan tener una valoración del impacto real que se tiene en los distintos programas implementados para este fin, para lo cual existe también el Sistema Nacional de Información Forestal, que, de acuerdo al artículo 35 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal. En ese sistema existe gran parte de la información que solicita la diputada promovente.

En este sentido, la Conafor cuenta con información forestal detallada sobre los resultados y cambios que se presentan en el rubro forestal en sus distintas vertientes. Sin embargo, en el caso del Sistema Nacional de Información Forestal, que es el documento oficial más completo generado al respecto, la información contenida es de carácter técnico.

Por lo anterior, esta comisión legislativa valora procedente la solicitud de la diputada Trigueras, en el sentido de requerir a esa dependencia federal información simplificada relativa a los resultados obtenidos en la implementación de los programas que opera la Conafor para la conservación y restauración de zonas forestales y en su caso, la relación de estos con los sistemas de cuencas hidrológicas, así como la participación que ese órgano desconcentrado tiene en la aplicación de la NOM-060-SEMARNAT-1994, presentando acciones y propuestas a favor de la conservación de esos ecosistemas, en base a las experiencias y resultados obtenidos en la actualidad.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta comisión nos permitimos someter a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal a fin de que proporcione a esta soberanía información simplificada relativa a los resultados e impactos obtenidos en la implantación de los distintos programas que opera relativos a la conservación y restauración de suelos y ecosistemas forestales, haciendo mención también de la forma en que esa dependencia participa en la aplicación de la NOM-060-SEMARNAT1994, relativa a las medidas de mitigación en los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua, por el aprovechamiento forestal.

Notas:

1 Conafor. “Usos y conocimiento de los recursos forestales”. Para su consulta en http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=21&Itemid=22.

2 Visión de México sobre REDD+, Hacia una estrategia nacional. Semarnat. Página 13.

3 Idem

4 Conafor. Programa Pro Árbol. Para su consulta en http://www.diamundialdelmedioambiente.gob.mx/index.php?option=com_content&v iew=article&id=158&Itemid=141&lang=es.

5 Evaluación de diseño. Programa presupuestario S226. Pro Árbol, “Apoyo para las acciones preventivas de incendios forestales”. Página 2. Para su consulta en http://www.semarnat.gob.mx/programassubsidios/evaluaciones/evaluacion2009/Docum ents/diseno/Conafor/S226_Dise%C3%B1o_completo.pdf.

6 Ídem. Página 3.

7 Ídem. Página 8.

8 Semarnat. Normas Oficiales Mexicanas. Para su consulta en http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%2 0vigentes/NOM-ECOL-060.pdf.

9 Conafor. Sistema Nacional de Información Forestal. Para su consulta en http://www.conafor.gob.mx/portal/

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No hay oradores inscritos. Suficientemente discutido y se reserva para votar en conjunto.

ESTADO DE CAMPECHE

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe con oportunidad sobre la existencia de un plano proyecto para construir un penal de máxima seguridad en Campeche

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fueron turnadas el pasado 13 y 15 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y de la Dirección General de Desarrollo Penitenciario presente a la Cámara de Diputados un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria y el impacto social en que se fundamenta la probable construcción de un Centro Penitenciario en el estado de Campeche y a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a dar seguimiento a los proyectos para la construcción de futuros centros federales de readaptación social; la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a desistir de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, y la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a suspender la construcción de un penal federal en Campeche hasta que se determine, no sólo su factibilidad sino los efectos que tendría en la zona, y de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determine la participación de la comunidad y las instituciones académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, con las instituciones de seguridad pública de la federación, el estado de Campeche y los municipios, en el ámbito de su competencia, coordinándose para integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines, formulando políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como los programas y estrategias en materia de seguridad pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Publica somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 13 de diciembre de 2010, el diputado José Ignacio Seara Sierra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal y de la Dirección General de Desarrollo Penitenciario presente a la Cámara de Diputados un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria y el impacto social en que se fundamenta la probable construcción de un centro penitenciario en el estado de Campeche y a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, a dar seguimiento a los proyectos para la construcción de futuros centros federales de readaptación social.

II. En esa misma fecha, el diputado Oscar Román Rosas González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, desistir de su pretensión para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.

III. Posteriormente, el 15 de diciembre de ese mismo año, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a suspender la construcción de un penal federal en Campeche hasta que se determine, no sólo su factibilidad sino los efectos que tendría en la zona, y de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se determine la participación de la comunidad y las instituciones académicas, en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, con las instituciones de seguridad pública de la Federación, el estado de Campeche y los municipios, en el ámbito de su competencia, coordinándose para integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines, formulando políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como los programas y estrategias en materia de seguridad pública.

IV. Ese día, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dichas proposiciones con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

V. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenciones.

Contenido de las proposiciones con punto de acuerdo

1. En la proposición del diputado José Ignacio Seara Sierra se indica que una de las más importantes exigencias en materia de seguridad pública es la de generar mayor infraestructura, vigilancia y salubridad en las diversas áreas destinadas a la prevención y readaptación social, a lo cual el gobierno federal ha adoptado mayores compromisos como respuesta al constante crecimiento de la población penitenciaria ya que es el principal problema que enfrentan las autoridades de los distintos centros de reclusión en nuestro país.

Asimismo detalla que la insuficiencia de espacios carcelarios afecta a 53 por ciento de los centros de reclusión a nivel nacional, lo que significa que en algunos penales de los estados de la república la sobrepoblación ha alcanzado límites que prácticamente inhabilitan cualquier medida de readaptación como lo ha referido la Secretaría de Seguridad Pública Federal en los casos de la Cárcel Distrital de Chiapas de Corzo, la Cárcel Distrital Copainalá o la Cárcel Guamúchil Salvador Alvarado, entre otras.

Cita que en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto de 2008, en el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Ejecutivo federal, los gobernadores, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, medios de comunicación y organizaciones civiles, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En dicho acuerdo se establecieron mecanismos entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano donde se establece el compromiso de fortalecer el sistema penitenciario para los cuales se construirán dos centros federales de readaptación social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales para secuestradores en un tiempo de ejecución de dos años.

Por lo anterior, se ha manejado de manera informal a nivel estatal la probabilidad de que en el estado de Campeche se construya uno de éstos centros de internamiento generando con ello reacciones en la sociedad así como entre los distintos entes políticos manifestando lo desfavorable de esta decisión de ser cierta, ya que se considera que se atraería a delincuentes de alta peligrosidad o nuevas actividades delictivas que más que beneficiar perjudicarían de la misma forma que se ha dado en las comunidades cercanas a otros centros penitenciarios de la misma categoría, por lo que la sociedad campechana se manifiesta con una gran negativa a dicha eventualidad.

En síntesis el proponente reconoce los grandes avances que ha tenido el gobierno federal en cooperación con las diversas entidades que conforman nuestro país para el combate a la delincuencia y el reforzamiento de la seguridad, justicia y legalidad, por tanto solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública que, de ser Campeche el próximo lugar de residencia del centro federal de readaptación social de alta seguridad, publique de manera oficial dicho fallo junto con los estudios de viabilidad, impacto social, así como las estadísticas penitenciarias que fundamenten la disposición de referencia.

2. En cuanto a la proposición del Diputado Oscar Román Rosas González, refiere que en últimas fechas se ha dado a conocer en diferentes medios informativos la pretensión del gobierno federal para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, cuya finalidad es recluir a delincuentes de alta peligrosidad, que no pueden purgar sus condenas en otro tipo de reclusorios.

Señala que la noticia ha sacudido a la sociedad campechana, que de inmediato ha repudiado este proyecto, ya que Campeche necesita una refinería que permita al país reducir la tasa de importaciones de productos petrolíferos; necesita mayores apoyos para el campo que ayuden a mejorar la producción y consoliden la agroindustria; necesita infraestructura hidráulica que lleve agua potable a todas sus poblaciones; y necesita más carreteras y mejores puentes que comuniquen a la población.

En conclusión puntualiza que Campeche necesita inversión productiva que genere empleos y mejore la economía de sus habitantes, y no el traslado de problemas que se generan en otras latitudes del país, que con seguridad contaminarán el tejido social.

3. Finalmente la proposición de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata postula que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Consecuentemente explica que sobre el tema especifico del penal federal en Campeche, no ha habido ningún anuncio oficial ni detalles de la obra; por ello es indispensable que los campechanos conozcan las consideraciones por las que están tomando la decisión, pero sobre todo si ya se tiene un estudio, no sólo del impacto económico de esa edificación sino de la afectación social y las repercusiones que podrían tener para Campeche, considerada una de las entidades con los más elevados índices de seguridad.

Esgrime que la decisión del gobierno federal debe ser analizada con la sociedad campechana que ha iniciado una serie de acciones públicas no sólo desde manifestaciones y volanteo, sino también de quejas y campañas en las redes sociales en espera de que haya una respuesta favorable del gobierno federal.

La proponente deja en claro que no se trata de politizar el tema, pero la información que se tiene hasta ahora es que la edificación ya fue concursada y está lista para su inicio y fue asignada en ese procedimiento a empresarios del centro del país.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. Partiendo de estos antecedentes, la Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.

2. A grandes rasgos, los objetivos de estas proposiciones consisten en:

• Exhortar al presidente de la República para que desista de su pretensión de construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche.

• Requerir a la Secretaría de Seguridad Pública informe sobre la existencia de un plan  o proyecto sobre la construcción del penal.

• Solicitar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que, de confirmarse la construcción del centro federal de readaptación social de alta seguridad en el estado de Campeche, la propuesta sea presentada a la ciudadanía campechana para su consulta y determinación democrática de aceptación o negación del mismo.

3. En el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; el cual establece compromisos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, Poderes de la Unión y sociedad civil.

Dentro de los acuerdos emitidos se encuentra el denominado.

XIII. Fortalecer el Sistema Penitenciario

La Secretaría de Seguridad Pública se compromete a construir dos centros federales de readaptación social de alta seguridad, incluyendo módulos especiales, para secuestradores.

Aunado a lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública concibe la misión del sistema penitenciario como:

“Proteger a la sociedad contra la delincuencia, mediante el confinamiento de los infractores en ambientes controlados de reclusión, que sean seguros, humanos, eficientes y sustentables; que den tranquilidad a la sociedad y garanticen el cumplimiento de las sentencias; así como generar las condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte, que permitan a los sentenciados recuperar su libertad y convertirse en ciudadanos útiles para sí mismos y para la sociedad, respetuosos de la ley y del orden social”

Partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de la comisión que suscribe, consideran que la eficiencia en el manejo del sistema penitenciario es un eje fundamental por medio del cual debe regirse la actuación de la administración pública, ya que de lo contrario, se coadyuvaría a la inseguridad interna, al deficiente manejo estructural, técnico y operativo que fomenta la corrupción e incidentes penitenciarios, como los motines y las fugas.

4. Respecto al tema que nos ocupa, es importante aclarar que el gobierno federal discrecionalmente no puede construir un penal sin que previamente exista el consentimiento y autorización, en este caso, del gobierno estatal. Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador celebran un convenio que deberá ser aprobado por el Congreso local y en consecuencia, proceder a la construcción del mismo. Al respecto, el artículo 30 Bis, fracciones XX, XXIII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala como facultades de la Secretaría de Seguridad Pública:

“Artículo 30 BIS.

...

XX. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación.

XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

...

XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y

...”

Además,  dicho proyecto debe ser ventilado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por ser la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en materia de seguridad pública. Lo anterior en términos del artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este Consejo está construido por

“Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por:

I. El presidente de la República, quien lo presidirá;

II. El secretario de Gobernación;

III. El secretario de la Defensa Nacional;

IV. El secretario de Marina;

V. El secretario de Seguridad Pública;

VI. El procurador general de la República;

VII. Los gobernadores de los estados;

VIII. El jefe de gobierno del Distrito Federal, y

IX. El secretario ejecutivo del sistema.”

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 21 la coordinación que los tres órdenes de gobierno deberán establecer para cumplir con los objetivos en materia de seguridad pública:

“

...

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”.

5. Respecto al exhorto que se hace a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para que dé seguimiento a los proyectos para la construcción de centros federales de readaptación social y presentar a la ciudadanía campechana una consulta y determinación democrática de aceptación o negación del proyecto, los artículos 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala lo siguiente

“Artículo 157.

1. Las comisiones tendrán, en su caso las siguientes tareas:

I. De dictamen legislativo;

II. De información;

III. De control evaluatorio, conforme al artículo 93 de la Constitución;

IV. De opinión,

V. De investigación.”

En consecuencia, la Comisión de Seguridad Pública carece de las facultades para llevar a cabo consultas ciudadanas, ya que las principales tareas que le son encomendadas son las de dictamen legislativo, información, control evaluatorio, opinión e investigación.

6. En virtud de los argumentos anteriormente vertidos, esta comisión dictaminadora considera viable aprobar la presente proposición en sentido positivo únicamente para solicitar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, notifique a esta soberanía si existe un proyecto para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, y de ser así, envíe un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria e impacto social en que se fundamente la construcción del centro penitenciario de referencia.

7. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le dé al resolutivo de este instrumento legislativo.

Con base en lo expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, notifique a esta soberanía si existe un proyecto para construir un penal de máxima seguridad en el estado de Campeche, y de ser así, envíe un informe sobre la viabilidad, estadística penitenciaria e impacto social en que se fundamente la construcción del centro penitenciario de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No hay oradores inscritos para su discusión. Se considera suficientemente discutido y se reserva para votar en conjunto.

MANUTENCION DE REOS FEDERALES EN CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la república a cubrir todos los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar acciones para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada, el pasado 13 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 13 de diciembre de 2010, la Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a cubrir la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales en Centros Penitenciarios Estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. La diputada iniciante manifiesta que uno de los retos que enfrenta la seguridad pública en México radica en la ineficiencia de su sistema penitenciario, el cual carece de los elementos y estrategias necesarias para poder lograr una verdadera reinserción social de las personas que cumplen alguna sentencia. Esta situación es resultado de distintas condiciones que afectan el desarrollo de las tareas en los centros de readaptación social, como son el hacinamiento escasa infraestructura, falta de recursos presupuestales, desorganización y deficiencias en los programas diseñados.

Dicha problemática se agudiza cuando los centros penitenciarios estatales tienen que custodiar reos federales, lo cual tiene implicaciones directas en su funcionamiento, ya que la infraestructura, capital humano y presupuesto no son suficientes para llevar a cabo los objetivos del sistema penitenciario, que se encuentran señalados en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.

La referida ley en su artículo segundo expone que el sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente, sin embargo en la práctica esto no sucede, por lo menos, de la forma esperada, ya que la sobrepoblación provocada por la custodia de reos federales en instalaciones penitenciarias de los Estados y el Distrito Federal, así como la falta de recursos materiales generan condiciones de insalubridad, inseguridad, violencia, violación a los derechos humanos y posibilita las condiciones para que los reclusos caigan en conductas no propicias para su reinserción a la sociedad.

2. Señala que la presencia de reos federales en centros penitenciarios estatales, en la práctica complica su trabajo, pues representan una importante carga presupuestal, que tienen que solventar las Entidades Federativas, y propicia la convivencia de delincuentes de alta peligrosidad relacionados con el crimen organizado con reclusos vinculados al fuero común.

Lo anterior ha generado que los centros penitenciarios se conviertan en universidades del crimen, donde personas que están llevando un proceso o pagando alguna pena por delitos considerados menores adquieran prácticas y conocimientos que les permitan realizar actividades delictivas más peligrosas e importantes, como el narcotráfico.

Por otro lado, la mayoría de las cárceles están diseñadas para albergar reos de baja peligrosidad, sin embargo tienen que custodiar delincuentes peligrosos que requieren un trato y condiciones de infraestructura especiales. Lo anterior propicia a que sean más frecuentes casos como el del penal de Cieneguillas, Zacatecas, donde 53 presuntos integrantes de los Zetas fueron liberados por un comando armado el 16 de mayo de 2009.

3. Puntualiza que en la práctica es posible identificar numerosos casos de reos federales en convivencia con presos del fuero común, pero también son preocupantes las cifras de penales estatales o del Distrito Federal que tienen que custodiar a delincuentes procesados por delitos del fuero federal.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, 44 mil 446 personas están encarceladas por su implicación en delitos federales. Estos reos corresponden al 19.9 por ciento del total de la población carcelaria del país, la cual es de 222 mil 771 internos. De estos últimos 34, 952 reos federales se encuentran a cargo de penales estatales, por lo que el sistema penitenciario federal sólo está a cargo de 9 mil 494 de estos presos, es decir el 21.3 por ciento.

4. Detalla que la ley no establece la obligatoriedad de la Federación para hacerse cargo de la manutención de sus reos, por lo que las Entidades Federativas tienen que realizar un esfuerzo presupuestal importante, que merma las finanzas de sus respectivos sistemas penitenciarios. En el caso de Nuevo León el costo diario de manutención de un interno federal es de 173 pesos, sin embargo la aportación federal es de tan sólo 50 pesos, lo cual evidencia el esfuerzo que tienen que realizar las Entidades Federativas para poder solventar los gastos de una responsabilidad que es evidentemente de la Federación.

5. Finalmente manifiesta que aunque exista una partida presupuestal para el pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en centros penitenciarios estatales, el cual para el Presupuesto de 2011 es de 932 millones 500 mil pesos, es insuficiente para mantener la estadía de reos federales en centros penitenciarios de las entidades federativas, situación que adquiere mayor preocupación si se analiza que dichos recursos son los mismos que en 2010, pero en términos reales es menor si se considera la inflación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen.

2. El objetivo del presente punto de acuerdo, consiste en solicitar al gobierno federal, cubra la totalidad de los gastos de manutención de los reos federales que se encuentran en centros penitenciarios de las Entidades Federativas y que los internos recluidos por delincuencia organizada, sean trasladados a centros especiales de alta seguridad.

3. Esta comisión dictaminadora hizo un análisis sobre la situación actual del sistema penitenciario en donde se observa lo siguiente:

• En el país existen 429 centros penitenciarios de los cuales el 74% corresponden a Gobiernos Estatales, el 21% a Gobiernos Municipales, el 2.3% al Gobierno del Distrito Federal y el 1.8% al gobierno federal.

• Los centros penitenciarios en su conjunto, tienen una capacidad de 181,581 espacios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

a) 7% gobierno federal

b) 12% Gobierno del Distrito Federal

c) 79% Gobiernos Estatales

d) 2% Gobiernos Municipales

La población penitenciaria a diciembre de 2010 se estimaba en 222, 330 reos, de los cuales el 80% corresponde a sentenciados del fuero común y el 19.8% del fuero federal.

La tendencia poblacional del Sistema Penitenciario en el país, refleja que del año 2006 a diciembre de 2010 ha presentado un crecimiento del 6%, siendo la población del fuero común la que más ha crecido (10%), pues de tener en 2006 160, 923 sentenciados a diciembre de 2010, paso a ser de 178,160 sentenciados.

La sobrepoblación en los Centros Penitenciarios ha disminuido con respecto a 2006, pues de tener una sobrepoblación de 45, 211 (27%), reos a diciembre de 2010, se tuvo una sobrepoblación de 40,749 reos (22%).

Dichas cifras sobre el Sistema Penitenciario en el país muestran que se han tenido avances en la materia, sin embargo existe una problemática en las entidades federativas, pues si se hiciera el ejercicio de trasladar a todos los reos del fuero federal a centros penitenciarios especializados, en las cárceles del país habría una sobrepoblación de 9, 600 reos, lo cual representa una sobrepoblación del 5.7%; problemática que de no atenderse oportunamente, puede desembocar en un conflicto de seguridad severo en los Estados de la República.

4. En cuanto al objetivo de la propuesta consistente en que el Gobierno se haga cargo de los reos del fuero federal, es conveniente puntualizar que el “Socorro de Ley”, consistente en el pago que la Federación hace a las entidades para sufragar la manutención de los internos del fuero federal en los Centros de Readaptación Social, una vez que se hace un balance de los internos del fuero común recluidos en los CEFERESO’S; como acertadamente lo señala la proponente, el monto por este concepto es de 932, 500,000 millones de pesos, mismo que no ha registrado variaciones desde el año 2009; sin embargo vale la pena dilucidar que, en el marco de la entrega de resultados de los 200 días del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se convino que el monto por reo del fuero federal, en Centros Penitenciarios Estatales, sería de 50 pesos diarios*.

Si tomamos en cuenta que a finales de 2008 existían 51, 369 reos federales y hoy la cantidad de reos en dichos Centros Penitenciarios supera los 44 mil, podemos determinar que a pesar de no incrementar la partida para el “Socorro de Ley”, ésta se ha incrementado por reo, pues con la disminución de la población de reos federales en los Centros Penitenciarios Estatales, dicho recurso pasa a ser de 50 a 57.8 pesos por reo.

5. Respecto a la pretensión consistente en trasladar a los reos del fuero federal a Centros Penitenciarios Federales, existen distintos ordenamientos jurídicos que establecen la posibilidad de que dichos reclusos purguen sus condenas en jurisdicciones diversas; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18, tercer párrafo, establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal tienen la facultad de celebrar dichos acuerdos:

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La reclusión de reos federales en centros penitenciarios locales se basa en criterios que establece la Secretaría de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Asimismo, es importante acentuar que la reclusión de reos federales en centros penitenciarios locales se basa en criterios que establece la Secretaría de Seguridad Pública a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este orden de ideas, en la exposición de motivos se cita el artículo 3º cuarto párrafo de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados, el cual instituye:

“Artículo 3o. Podrá convenirse también que los reos sentenciados por delitos del orden federal compurguen sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio que los del Ejecutivo federal, y que por la mínima peligrosidad del recluso, a criterio de la Secretaría de Seguridad Pública, ello sea posible.”

De la misma forma, en relación con los acuerdos suscritos por la federación con las entidades federativas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 18, fracción VII, 30 y 31 establecen la facultad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para celebrar esta clase de convenios:

“Artículo 18. Corresponde al secretario ejecutivo del Sistema:

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;

...

Artículo 30. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se integrará por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, y será presidida por quien designe el titular de la Secretaría.

Dicha Conferencia contará con un Secretario Técnico que será nombrado y removido por el titular de la Secretaría.

...

Artículo 31. Son funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario:

VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;”

En los artículos anteriormente referidos se aprecian las facultades del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, mismas que además de establecer la facultad para celebrar acuerdos de coordinación, colaboración y concertación, establecen los criterios para eficientar dichos acuerdos a efecto de valorar la situación y peligrosidad de cada reo; por lo tanto, depende de las autoridades antes descritas y de los convenios que la Federación, las Entidades Federativas y el Distrito Federal tengan entre sí, el resguardo de los reos federales.

6. El artículo 6º de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados ratifica en su primer párrafo, que en el caso de reos de alta peligrosidad, el traslado depende de diversos criterios y convenios.

Lo anterior coincide con la Estrategia 6.1 del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla la modernización del sistema penitenciario, estableciendo:

“Se recuperará el sentido original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los mismos.

...se adoptarán lineamientos y metodologías operativas para el traslado de reos y su separación de acuerdo con su perfil criminológico y peligrosidad. Se generará inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia de los internos. ...“

De igual forma, el artículo 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el objetivo de la Estrategia Federal del Sistema Penitenciario es recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la reinserción social de los reclusos, así como generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros:

“Artículo 18. ...

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”....

...

7. En las primeras consideraciones hace alusión de cifras que muestran como se ha reducido el número de reos federales mientras que el número de reos del fuero común va a la alza, lo cual demuestra que no todas las personas que purgan condenas en prisión tienen relación con la delincuencia organizada.

Partiendo de lo anterior, es menester puntualizar que la reducción en la sobrepoblación de los Centros Penitenciarios obedece a diversas reformas realizadas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales en agosto de 2009, mismas que tuvieron por objeto modificar el tratamiento legal que se da a consumidores de drogas. Para ello, se definieron las dosis máximas que puede aportar un individuo y se establecieron penas menores para portadores consumidores que se tradujeron en beneficios de adecuación de la pena decretados por un juez y la colusión anticipada de la sentencia.

8. Finalmente es importante puntualizar que esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la propuesta de la proponente respecto al “socorro de ley”, claro ejemplo de ello fue que el pasado 27 de octubre de 2010, la Comisión que suscribe presentó, ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la solicitud de ampliación de presupuesto a distintos rubros del Ramo 36, incluida la partida para la manutención de reos federales “socorro de ley”. La ampliación planteada fue de 500 millones de pesos, mismos que significaban 98.11 pesos por reo para el ejercicio fiscal 2011, es decir prácticamente el doble que lo destinado en 2010; desafortunadamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no incluyó la ampliación solicitada dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2011, por lo tanto, esta Comisión considera asequible aprobar el presente dictamen en sentido positivo exhortando al Titular del Poder Ejecutivo a efecto de que considere ampliar los recursos destinados al multicitado “socorro de ley” para el Ejercicio Fiscal 2012.

Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, la asignación de recursos que permitan asumir por parte del gobierno federal los gastos generados de la manutención de reos federales que se encuentran recluidos en los centros de readaptación social estatales y a que dé cabal cumplimiento a lo mandatado en el artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.

Nota:

1 Fuente:

2. Cálculos Elaborados con Información de las “Estadísticas del Sistema Penitenciario 2010”, Secretaria de Seguridad Pública.

3. Cuarto Informe de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública.

4. Calculo Elaborado con Información del Cuarto Informe de Gobierno de la SSP y con datos de la Estadística Penitenciaria 2010 SSP.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No hay oradores. Se considera suficientemente discutido y se reserva para votar en conjunto.

AUTOPISTA MEXICO-PACHUCA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir los daños provocados a las viviendas circundantes de la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa Ecatepec Morelos, México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 61-II-6-0491, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios, para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, presentada por el diputado Jorge Hernández Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2010.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

La proposición del diputado Jorge Hernández refiere que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inició en 2008 la ampliación de la autopista México-Pachuca, de cuatro a ocho carriles, con el fin de agilizar la circulación de los 100 mil vehículos que diariamente transitan por esta vialidad, consignando la construcción de dicha obra a la empresa ICA, SA de CV, y se prevé que dichas obras concluirán en 2012.

Expone también que durante el proceso de construcción se han presentado graves deterioros que afectan a la ciudadanía, tales como la fractura y deterioro del pavimento en las calles circundantes de las diferentes colonias, donde se llevan a cabo las obras, presentándose también daños severos en los hogares de los ciudadanos.

Asimismo se presenta la demolición de puentes peatonales que unen a las comunidades; devastación de los árboles que por naturaleza del municipio proliferaron en las últimas seis décadas; falta de planeación integral para contrarrestar los hechos naturales tales como la contención de las aguas pluviales o las denominadas aguas broncas. Se han afectado y derribado: alumbrado público, banquetas, guarniciones, alcantarillas, drenaje y pavimento, sin que la constructora haga la sustitución o arreglo de las mismas, ocasionando un problema de inseguridad e higiene para la comunidad.

El diputado Hernández Hernández agrega también que por motivo de las obras, se ha generado una mayor contaminación atmosférica y auditiva, que ha generado un alto índice de enfermedades respiratorias y nerviosas, principalmente en los grupos vulnerables de niños y gente de la tercera edad, y se ha llevado a cabo la modificación del medio urbano sin contar con la aceptación de los vecinos.

Derivado de lo anterior, el Diputado Hernández Hernández propone exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, forme mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca con motivo de las obras descritas, en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec.

Consideraciones de la Comisión de Transportes

Al respecto, la Comisión de Transportes reconoce que la ampliación de esa vía ha generado una diversidad de problemas para los habitantes de esa zona del municipio de Ecatepec de Morelos, en el estado de México.

Cabe recordar que en mayo pasado, en esa zona se colapsó una vivienda dejando dos trabajadores muertos y tres personas heridas, poniendo en alerta a los residentes que colindan con la autopista México-Pachuca y a las autoridades.

Sin embargo, a raíz de ese lamentable acontecimiento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las autoridades municipales efectuaron recorridos por la zona, detectando otros siete puntos de riesgo por daños estructurales. Asimismo, se estableció una mesa técnica de trabajo para responder a la preocupación de los vecinos, en torno a la seguridad de sus viviendas que se encuentran a las orillas de la autopista México-Pachuca.

Como resultado de las medidas anteriores, se conformó un comité de protección civil y evaluación de probables afectaciones a viviendas aledañas a la zona de obras de la vía de cuota.

Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el municipio acordaron la ejecución de un plan para la construcción de muros de contención, repavimentación de calles afectadas por el paso de maquinaria pesada, la reparación de viviendas afectadas, la implementación de un programa de protección civil, la revisión de un proyecto hidráulico de la región por los escurrimientos naturales de aguas broncas de la sierra de Guadalupe, revisión de la altura de los puentes para permitir el paso de unidades de emergencia y servicio, así como la construcción de paraderos de transporte.

Cabe hacer mención que la construcción de las viviendas se hizo sobre el derecho de vía, el cual pertenece a la federación, por lo que la autoridad municipal no previó la problemática.

En consecuencia, la comisión que suscribe considera necesaria la aprobación de la proposición con punto de acuerdo en análisis, toda vez que a pesar de que se acordó la mesa de trabajo, aún o se han visto resultados y la población continúa afectada.

Por las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formen mesas de negociación y verificación de perjuicios para que sea resarcido el daño provocado a las viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca en el tramo que atraviesa el municipio de Ecatepec.

Notas:

1. Se entiende por derecho de vía a una parte del suelo, de propiedad privada, que tiene un uso limitado por una reglamentación de carácter local o nacional. Se trata, por lo general, de franjas de terreno por donde pasan infraestructuras de propiedad del estado o de compañías concesionarias. Los usos permitidos para estas áreas dependen del motivo por el cual han sido declaradas de uso limitado.

Dado en Palacio Legislativo a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana, Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión. No hay oradores. Se reserva para su votación en conjunto.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente-Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del secretario de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-3-525, que contiene la  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo a instruir al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del Titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto, presentada por el diputado Patricio Chirinos del Ángel del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 21 de abril de 2010.

En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

En la exposición de motivos de la proposición, se establece que: la modernidad en la infraestructura carretera, resulta en la actualidad de vital importancia para el desarrollo y crecimiento económico de toda sociedad. La región de la Alta Huasteca de Veracruz, no queda excluida de este principio, sin embargo, es de reconocerse que todo proyecto u obra de infraestructura deberán ejecutarse bajo una adecuada planeación desde el punto de vista técnico y financiero.

El legislador indica que esta obra reviste gran importancia por el impacto que representa para el desarrollo de las Huastecas, primeramente la veracruzana, la tamaulipeca, en donde colindamos con los municipios de Tampico, Ciudad Madero, Altamira y Ciudad Mante, y la Potosina con los municipios de Tamuín, Ébano y Ciudad Valles, y el gran número de comunidades aledañas, debiendo mencionar que está es vía de comunicación con los estados de la frontera y el vecino país del norte.

Asimismo, se expone que esta obra carretera tiene como propósito, mejorar e impulsar la actividad de la región norte, máxime que aquí se encuentra el asiento de compañías plataformeras, de garantizar el tránsito seguro de las personas, como la gran cantidad de estudiantes que a diario acuden a Tampico y Madero a realizar sus estudios, así como los transportes, el intercambio comercial de bienes y servicios reduciendo tiempos y costos, motivar y promover el crecimiento de las actividades económico productivas, de los ganaderos, agricultores, pescadores, empresarios y beneficiar a más de 450 mil habitantes.

Concluye el legislador señalando que el retraso de esta obra de infraestructura ha despertado importantes reclamos e inconformidades de los sectores social, comercial y agropecuario, de la población generalizada y de las autoridades municipales de la región de la Alta Huasteca, que han sido acogidos por el que esto suscribe, y que ante el clamor nos han obligado a exponerlos en esta soberanía, con la finalidad de encontrar una pronta y favorable solución a esta problemática, producto de la ineficiencia de la administración pública federal.

Consideraciones de la comisión

Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, no se etiquetaron recursos para esta carretera, por lo que se ha retrasado esta obra de infraestructura.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, se le asignaron 50 millones de pesos, por lo que pueden continuar con la obra anteriormente descrita.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para el desarrollo de la zona de las Huastecas.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de agilizar la entrega de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 con el objeto de concluir de manera urgente el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, de los municipios de Pánuco; Tampico, y Ciudad Cuauhtémoc de la zona de la Huasteca; asimismo, solicitarle que instruya al secretario de la Función Pública su intervención a fin de supervisar física y financieramente este proyecto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo oradores, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoría y, en su caso, iniciar procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoría y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de constructora Diamante, por las deficiencias que presenta; y a exigir al Grupo Mexicano de Desarrollo que acelere los trabajos a fin de concluir el segundo tramo.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoria y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños respecto al primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de constructora Diamante, por las deficiencias que presenta; y a exigir al Grupo Mexicano de Desarrollo que acelere los trabajos a fin de concluir el segundo tramo, presentada por el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 8 de diciembre de 2009.

En sesión ordinaria de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo:

El legislador establece que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar 64 de 125 países, atendiendo la competitividad de su infraestructura. Por sectores, ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras.

Se menciona también que en 2006, el Congreso local de Guerrero, emitió un acuerdo parlamentario, exhortando respetuosamente “a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable Congreso de la Unión, para que en la elaboración, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se destinaran los recursos necesarios para la construcción del tramo carretero de cuatro carriles Mozimba-Pie de la Cuesta, como una obra de alta prioridad”, el cual fue aprobado y publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado el lunes 10 de noviembre de 2006.

Asimismo, la exposición de motivos del punto de acuerdo en comento, señala que dicha obra representa una necesidad estratégica para detonar el desarrollo, que permitirá el incremento en la generación de bienes y/o servicios que constituyen el fundamento de otras actividades derivadas de ellos, así mismo, fue producto de la solicitud de amplios sectores poblacionales, que por años habían visto pospuesta, la posibilidad de contar con una mejor vía de comunicación y conectividad con el resto de la ciudad, y de mejorar las condiciones de desarrollo y calidad de vida.

Concluye la exposición de motivos puntualizando que como consecuencia de la construcción, se han realizado marchas y bloqueos de la vía, en protesta por la lentitud de los trabajos.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión dictaminadora considera viable la aprobación del punto de acuerdo en comento, toda vez que la construcción ha generado un reclamo generalizado de la sociedad, en especial de los prestadores de servicios turísticos, comerciantes y habitantes de la zona poniente de Acapulco, por las graves irregularidades y malas condiciones en que se encuentra ya, la primera etapa de la ampliación de la carretera Mozimba Pie de la Cuesta, las cuales se hicieron evidentes a partir de las primeras lluvias en el puerto, generando el taponamiento de canales pluviales, y con ello, la inundación de la vía.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para la economía de la zona.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordene una auditoría y, en su caso, inicie un procedimiento sancionador para fincar responsabilidad y reparar los daños, del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta, a cargo de la constructora Diamante, que, a solo unos meses ya presenta deficiencias como baches y hoyos y exija al Grupo Mexicano de Desarrollo acelere los trabajos, incremente el personal y las jornadas laborales, del segundo tramo, a efecto de que estén disponibles y liberados los dos sentidos de esa importante vía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores registrados, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

PEAJE DE MOTOCICLETAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público un estudio integral que determine la viabilidad de reducir el peaje para motocicletas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen, dos proposiciones con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de las proposiciones señaladas y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-6-0186, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país, presentada por el diputado José Guadalupe Vera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2009.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-6-0487, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Caminos y Puentes Federales, y el Fondo Nacional de Infraestructura, reduzca el cobro de peaje en un 50 por ciento a las motocicletas, presentada por el diputado Jorge Arana Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2010.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento los siguientes contenidos de las proposiciones con punto de acuerdo citadas:

La proposición del diputado José Guadalupe Vera Hernández plantea que las carreteras constituyen un pilar clave para el desarrollo y progreso de los países, fomentan la actividad económica incentivando la competitividad y la productividad de las entidades federativas, permiten la comunicación entre las comunidades de las distintas regiones, promueven el libre tránsito de personas, incentivan el turismo, y son fuentes generadoras de empleos.

Las autopistas cobran un peaje con fundamento en el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el que establece que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, y corresponde a la SCT establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas son un medio de transporte accesible para las esferas sociales que no tienen en México recursos suficientes para comprar autos. Son duraderas, fáciles de reparar y de adaptar a las necesidades de cada usuario, además de que siempre han sido parte imprescindible de la sociedad, pues permiten proporcionar servicios de comunicación que no están accesibles a otros tipos de vehículos.

Es por ello que el diputado proponente solicita que se lleve a cabo un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Por su parte, el diputado Jorge Arana Arana expone en su proposición que actualmente, cada vez más la motocicleta se está convirtiendo en el vehículo alternativo en nuestro país, ya que no congestiona las arterias viales, desgasta menos el pavimento, reduce la contaminación, disminuye el consumo de gasolina y ahorra tiempo.

Asimismo, en México el interés por el uso de motocicletas ha tenido un crecimiento significativo como en Asia y Europa, convirtiéndose además en una moda. Es ya muy común ver circular motocicletas por las calles e incluso por carreteras, debido a la baja en sus precios, planes de financiamiento accesibles y mayor utilización como medio de transporte.

No obstante al desarrollo de este medio de transporte, la disparidad de trato para el motociclista sigue siendo un grave problema. Por ejemplo, el costo del seguro de una moto, si es que se proporciona, es muy alto; la tenencia no es barata; no existen estacionamientos para ellas; no se tiene ninguna recompensa en el precio de gasolina, aún cuando gasta y contamina menos que un auto compacto y, si se utiliza una carretera, la cuota es la misma que la de un automóvil.

En ese sentido el Legislador exhorta a que se reduzca en un 50 por ciento el cobro de peaje a las motocicletas.

Consideraciones de la comisión

En relación con la proposición del diputado José Guadalupe Vera Hernández, la comisión que suscribe considera que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer las bases y en su caso llevar a cabo la autorización de las tarifas de peaje por conducto de su Comité Técnico en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y para los caminos y puentes concesionados a terceros.

Es importante mencionar que las motocicletas por sus dimensiones, por su maniobrabilidad y por su precio, son en la mayoría de los países del mundo alternativas no sólo válidas y aceptadas, sino inclusive muy razonables, para el transporte cotidiano de las familias. Algunas son económicas, tanto para adquirirlas como para mantenerlas, por mencionar un caso, las de baja cilindrada pueden rendir hasta 25 kilómetros por litro, situación que permite que se conviertan en una opción para la gente de bajos recursos.

Por ello, es necesario que el gobierno federal junto con la red de concesionarios de las carreteras, realicen un estudio integral para evaluar la pertinencia de reducir el peaje de las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

En ese sentido, la Comisión de Transportes considera viable la presente propuesta toda vez que actualmente, el mayor daño o desgaste que reciben las carreteras es por el peso de los vehículos que transitan en ellas, por lo que la tarifa de peaje a pagar por parte de las motocicletas debe ser menor, ya que no generan afectación alguna a la estructura o desgaste de la carpeta de rodamiento por donde transitan.

Ahora bien, en cuanto a la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Arana Arana, se considera también que es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establecer las bases generales para la regulación tarifaria. Por otro lado, la autorización de las tarifas de peaje es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en aquellas obras carreteras concesionadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos Conexos (Capufe) y para los caminos y puentes concesionados a terceros, a través de los Comités Técnicos.

Aunado a lo anterior, actualmente dichos comités están integrados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Función Pública y el concesionario respectivo.

Resulta adecuado mencionar que la reducción de las tarifas de peaje a motocicletas, no representarían pérdidas a los concesionarios respectivos, sino que al reducir las mismas, se estaría fomentando el uso de este medio de transporte, el cual se considera como muy poco contaminante, económico y eficiente.

Por consiguiente, esta Comisión de Transportes, considera que son de aprobarse las dos proposiciones con punto de acuerdo en análisis, toda vez que es necesario apoyar e impulsar el desarrollo de este medio de transporte en nuestro país, aplicándose al mismo, una tarifa diferenciada al momento de utilizar su infraestructura, por lo que sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice y entregue a esta soberanía en un plazo razonable, un estudio integral para determinar la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país.

Segundo. Asimismo, para que en el mencionado estudio se contemple la posibilidad de reducir en un 50 por ciento el cobro de peaje a las motocicletas que transitan por las carreteras de cobro en el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Francisco Javier Martín Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores reservados, por lo que se considera suficientemente discutido y pasa a su votación nominal en conjunto.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de obra en la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-2-435, que contiene proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo de la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora, presentada por el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de fecha 16 de marzo de 2010.

2. En sesión ordinaria del 24 de marzo de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

Expone la proposición del diputado Arturo Guillén Medina, que la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes lleva a cabo la modernización y ampliación de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, que forma parte del corredor México-Nogales con ramal a Tijuana, en el estado de Sonora, en una longitud de 143 kilómetros del tramo Caborca-Sonoyta, y 192 kilómetros del tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado, ejecutándose trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, estructura, obras complementarias y señalamientos.

Agrega que en el tramo Caborca-Sonoyta se tiene un avance de obra equivalente a 71 por ciento de la longitud total y el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado presenta el 25.5 por ciento de la longitud total.

Asimismo, señala que en este tramo se registra un crecimiento considerable del volumen de tránsito vehicular, siendo la única ruta de comunicación hacia el noroeste del país, por lo que se han suscitado numerosos accidentes de tránsito derivados de la obra de modernización de la carretera con resultados fatales para un gran número de personas.

En ese sentido, señala el diputado Guillén Medina que la carretera en referencia, por ser una ruta internacional por la cual se transportan una importante cantidad de productos y servicios, requiere de obras con mayor celeridad para la pronta terminación del proyecto y reducir de ese modo, el índice de accidentes fatales.

Por ello, plantea solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que agilice y aumente los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en Sonora.

Consideraciones de la Comisión de Transportes

Sobre el particular, la Comisión de Transportes conviene en mencionar que la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca es una carretera que brinda servicio a un tránsito promedio anual de 6 mil 800 vehículos, por lo que en 2005 se proyectó la ampliación a dos carriles por sentido de esa importante vía.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto de modernización y ampliación implicará para la federación un costo total de alrededor de 2 mil 700 millones de pesos, de los cuales, a la fecha, se han presupuestado mil 475 millones, es decir, 55 por ciento del total, faltando la asignación de mil 225 millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, para la conclusión de la obra, estimándose que el tramo Caborca-Sonoyta se concluya en el ejercicio fiscal 2011, mientras que el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado en 2012.

El objetivo de la obra descrita es incrementar el índice de servicio y calidad con el que se transportan personas y mercancías disminuir accidentes entre vehículos, la disminución de atropellamientos a personas y animales, además de mejorar la comodidad a los conductores que usan esa vialidad, trayendo con esto, beneficios económicos y el desarrollo de la región.

Asimismo, cabe mencionar que varios municipios sonorenses que se verán favorecidos con la modernización de dicha carretera han iniciado la planeación de importantes proyectos de infraestructura para detonar el desarrollo regional cuando se concluyan las obras de ampliación en la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes consideramos adecuado aprobar la proposición con punto de acuerdo en análisis con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad con que transitan los usuarios de esa vía de comunicación, por lo que sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considere la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de trabajo respecto a la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, en el estado de Sonora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se considera suficientemente discutido, dado que no hay oradores inscritos y se reserva para su votación nominal en conjunto.

ESTADO DE PUEBLA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales a implantar medidas para solucionar la demora en el cobro en las casetas de San Marcos y San Martín, en la carretera México-Puebla

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla.

Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, quienes presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes fue turnado, para estudio y dictamen, el expediente número DGPL 61-II-8-130, que contiene proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para solucionar el problema que genera la demora en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla, presentada por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2009.

2. En sesión de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

Las carreteras de México constituyen el motor de la economía nacional y es el medio de traslado más utilizado que tiene nuestro país. La red federal de carreteras está constituida aproximadamente por 48 mil 456 kilómetros, de los cuales le corresponden a carreteras libres 40 mil 888 kilómetros, y a las autopistas de cuota le pertenecen aproximadamente 7 mil 568 kilómetros, y el 65 por ciento es de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), y el restante 35 por ciento a la red concesionada.

El tránsito vehicular de la red operada por Capufe en 2008 registró 430 millones 275 mil vehículos, que posibilitaron la captación aproximada de 22 mil 287.9 millones de pesos, resultado de los cruces vehiculares en las plazas de cobro a través del sistema automatizado de pago, actualmente el 78 por ciento del total de carriles cuenta con tarjeta IAVE con el propósito de diversificar los tipos de pago en las plazas de cobro a partir de 2008.

Sin embargo es insuficiente este servicio en las casetas de pago de San Marcos y San Martín, de la autopista México-Puebla, debido a la afluencia de vehículos que provienen de carreteras troncales, que llevan como destino el Distrito Federal o la ciudad de Puebla, y a la lentitud o número insuficiente de casetas receptores de pago de los derechos, lo que propicia que se presenten accidentes cuando el automovilista o transportista busca recuperar el tiempo que perdió.

Consideraciones de la comisión

La Comisión de Transportes conviene en señalar que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes y servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares. Asimismo, el vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

En coincidencia con el diputado Jiménez Concha, la autopista México-Puebla es una de las carreteras que utilizan miles de conductores y resienten una elevada cantidad de horas-hombre perdidas, que se traducen en importantes montos económicos desperdiciados inútilmente, se pierde tiempo, combustible y desgaste de unidades vehiculares, pero sobre todo en el retraso y frustración de los conductores por los compromisos contraídos en cada uno de sus destinos, resultado del lento cobro de cuotas en las casetas de la citada autopista.

Asimismo, cabe mencionar que en consecuencia se tienen que hacer largas filas de kilómetros en ambos sentidos, tanto del lado México-Puebla como de Puebla-México, acción que incrementa la contaminación ambiental, por el combustible que inútilmente gastan los vehículos que esperan su turno de pago.

Es por ello que esta Comisión de Transportes considera viable la propuesta en análisis, toda vez que la parte medular de la misma propone implantar las medidas necesarias para que el problema que se presenta en las casetas citadas anteriormente, se solucione.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implantar las medidas necesarias para que el problema que genera la demora que se presenta en el cobro de las casetas de San Marcos y San Martín, de la carretera México-Puebla se solucione.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se han registrado oradores, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para ser votado en conjunto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:De la Comisión de Transportes para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica...

VOTACION DE DICTAMENES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, permítame, diputada. Vamos a concluir con la votación de los puntos que no tienen oradores y que cuentan con el consenso general de los grupos.

Dado que no hay oradores, se encontraron suficientemente discutidos y están todos reservados en conjunto. Ábrase el sistema electrónico de votación, por 5 minutos, para llevar a cabo la votación de todos los puntos reservados anteriormente.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 5 minutos, para proceder a la votación de los puntos de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Di Costanzo, adelante.

El diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta(desde la curul): Presidente, el punto de acuerdo número 21, ¿cuál es su status, qué va a pasar con él?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El punto de acuerdo número 21 nos han solicitado que sea pospuesto para la siguiente sesión, a fin de que pueda reunir los consensos necesarios. Nos lo ha solicitado la proponente del punto.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Estas cosas de juntar los consensos necesarios y subir y bajar, yo le aseguro presidente, que iba a subir en contra y no va a haber manera de que la próxima sesión deje de subir a hablar en contra.

A mí se me hace una falta de respeto a los legisladores y al orden del día, estar sacando y poniendo puntos de acuerdo nada más porque alguien tiene interés en que pase uno más rápido que otro.

Yo creo que ésa es una falta de respeto a los legisladores, presidente, ya basta de manipular la agenda de trabajo a como conviene. Tan importante es el punto de acuerdo 21 como es el 22, como es el 23 o como es el 20.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así es, diputado. Por supuesto no acepto de ninguna manera su expresión de manipuleo del orden de día, estamos siguiendo escrupulosamente el mismo precepto que hemos cumplido siempre con los puntos de acuerdo. Diputado Agustín Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Presidente, en el mismo sentido de lo que usted ha informado, del tratamiento y del status en el que se encuentra el punto 21, al inicio de esta sesión igual le solicitamos que pudiera posponerse para la siguiente sesión el punto 22, entonces le pediría que se diera el mismo tratamiento que para el 21.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así es, diputado, solamente que usted no es el proponente del punto 22 ni el presidente de la comisión. La comisión ya resolvió y es la comisión la única, o la Junta de Coordinación Política, las que podrían modificar el orden del día en ese sentido. Adelante, diputada.

La diputada Leticia Quezada Contreras(desde la curul): Como promovente del punto, quisiera solicitar que se pudiese pasar para la siguiente sesión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La comisión que dictaminó el punto, diputada, ya ha dictaminado, me pide que lo pongamos a votación en esta sesión y eso es lo que vamos a cumplir. Diputado Di Costanzo y luego el diputado Guerrero.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): El punto 21 trata de un problema actual, que está afectando a una industria, a consumidores, a trabajadores y que tiene tiempo de afectar a la industria, a turistas. Yo no veo por qué se tenga que bajar o decida la comisión bajar un punto que es evidentemente importante, y otro que no es tan relevante o que no es tan urgente, decida discutirlo.

Eso es si no es por parte de usted, si es por parte de las comisiones, manipular la agenda de trabajo de los diputados, y en concreto, estamos hablando de un punto de acuerdo que habla sobre costos de tarifas aéreas que implica lo que está sucediendo con Mexicana de Aviación; con la política aérea; con las raterías de Horcasitas, con las ineficiencias de Lozano y todo el rosario que de esto se desprenda.

Yo no veo por qué hay que sacarlo. Para buscar consensos ¿en qué? Yo pregunto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Con todo respeto, presidente, ¿quién solicitó que se pospusiera el punto 21? Porque, como usted ha comentado, o fue la Junta de Coordinación Política, que no es el caso.

Al PRD en su representación no se le consultó ni ha firmado una solicitud por parte de la Junta. En todo caso pudo haber sido la comisión, pero la pregunta es ¿quién estaría solicitando esta posposición?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En este caso fueron ambos: la proponente y el presidente de la comisión que dictaminó.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, yo aquí veo que está utilizando un criterio selectivo en este caso, porque en el punto 21 usted ya había leído que se iba a someter a la discusión. Posteriormente señaló que se votaran los anteriores y finalmente dijo que se retirara.

Yo sí quisiera que me explicara claramente cuál es el criterio que usted está utilizando para que un punto de acuerdo se quite del orden del día y el otro se esté proponiendo que urgentemente se discuta.

Quiero señalar que recientemente un diputado del Partido Revolucionario Institucional consideró que no se debería discutir el punto número 21, porque iba a llevar mucho tiempo y, por tanto, el punto número 22 ya se iba a quitar del orden del día para el día de hoy.

Pareciera que más bien hay un interés especial del Partido Revolucionario Institucional al cual usted pertenece, para que se lleve a cabo la discusión específicamente del punto número 22 y que por esa razón están eliminando el punto número 21, cuando que el punto número 21 es una cuestión trascendental para el país.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, una vez más le tengo que decir que no admito de ninguna manera ni sus insinuaciones ni sus afirmaciones.

Ambos puntos, el 21 y el 22, estuvieron inscritos en sesiones pasadas. Ambos puntos fueron retirados cuando, por encargo de esta Presidencia, los señores secretarios bajaron a las curules a verificar cuáles son los puntos de acuerdo que reunían el consenso absoluto. Así lo hicimos en la sesión pasada. Éstos no los reunieron, por tanto, quedaron enlistados también para la sesión de hoy.

Si uno de estos proponentes con su punto y la comisión que dictamina me dice, me solicita que lo retire, lo hago. Si alguno de estos proponentes me dice –insisto, teniendo el derecho para ello- que lo reitere, nosotros lo mantenemos.

Esta Mesa va a discutir ambos puntos de acuerdo por una sencilla razón: incluso venciéndose el tiempo señalado ya entramos a la parte respectiva de puntos de acuerdo. O sea, que el 21 y el 22 los vamos a discutir de todas maneras. No hay necesidad ni de hacer tiempo a favor ni de hacer tiempo en contra, porque ambos van a entrar a discusión.

La diputada Georgina Trujillo Zentella(desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Trujillo.

La diputada Georgina Trujillo Zentella(desde la curul). Presidente, simplemente para insistir en la solicitud que junto con la mesa directiva de la comisión que dictaminó el punto de acuerdo número 21, que sea pospuesto para su discusión en la próxima sesión. Es justamente que no hay los consensos suficientes y tendremos que discutirlo con amplitud.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Continúe la Secretaría con el cómputo de la votación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, si el objeto de la discusión de estos puntos es que se generen los consensos, específicamente en el caso del 22 tampoco hay consenso, entonces cuál es la diferencia porque con su misma argumentación me está dando la razón.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, diputada, y es la última vez que discuto con usted. Ya le expliqué dos veces que el consenso lo determina la comisión respectiva. No es facultad de esta Mesa decidir si tiene consensos o no.

Nuestra obligación, cómo usted ha dicho, es discutirlos todos. Simplemente para facilitar el desarrollo de la sesión, vemos primero los que tienen consenso y separamos o reservamos los que no lo tienen. Adelante, diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Adelante, diputados, sigue abierto el sistema, por favor. ¿Alguien más que siga votando? Sigue abierto, diputados, pueden votar. ¿Alguien más que esté votando? Ciérrese el sistema de votación.

De viva voz el diputado Eduardo Bailey.

El diputado Eduardo Bailey Elizondo(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Hernández Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Ovando Patrón(desde la curul): A favor.

El diputado Mario Moreno Arcos(desde la curul): A favor.

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada, denos el cómputo. El diputado Adán Augusto López.

El diputado Adán Augusto López Hernández(desde la curul): A favor.

El diputado Luis Félix Rodríguez Sosa(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 324 en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El diputado Inocencio Ibarra Piña(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Más el voto del diputado Ibarra Piña, 325 votos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:El diputado Ibarra Piña, a favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los puntos de acuerdo por 325 votos, comuníquense.

Y finalmente proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo de la Comisión del Distrito Federal.

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al jefe del gobierno de la ciudad a recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial Supervía Poniente

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado, para estudio y dictamen, el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0507, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente” y se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desa-rrollo de dicha obra, presentada por la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

1. Con fecha 20 de abril de 2010, la diputada Leticia Quezada Contreras presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado “Supervía Poniente” y les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el proyecto de la Supervía Poniente tiene su antecedente directo en tiempos de la Regencia del Distrito Federal, por lo que en ese entonces se sostuvieron reuniones de trabajo con las autoridades de la ciudad y con las autoridades federales para hacer de su conocimiento la oposición que había al proyecto.

Dicho movimiento culminó el 22 de agosto de 1992, día en que se publicó en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal la exclusión de la avenida Luis Cabrera del proyecto de súper vialidades.

4. Al enterarse que se desarrollaría la Supervía Poniente, los habitantes de las zonas afectadas comenzaron a organizarse nuevamente en 2008, con la finalidad de tener un acercamiento con los funcionarios del gobierno del Distrito Federal para conocer los impactos ambientales, económicos y viales que puede conllevar una obra de tal magnitud. Gracias a ello, se estableció una mesa de trabajo cuyo compromiso principal era dar a conocer los alcances de la obra; sin embargo, no se concluyeron dichas labores.

5. La diputada enfatiza que en la construcción de la democracia es indispensable contar con la participación efectiva de los ciudadanos en la ejecución de este tipo de obras y, a este respecto, menciona que la consulta ciudadana es una figura que permite cogobernar favoreciendo una toma de decisiones democrática, por lo que es necesario activarla para darle viabilidad a las políticas públicas.

6. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario:

a) Exhortar respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad posible reciba en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial denominado Supervía Poniente y se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionaría el desarrollo de dicha obra.

b) Exhortar al gobierno del Distrito Federal para que someta a consulta ciudadana la obra denominada Supervía Poniente a fin de conocer la opinión de los vecinos afectados por la obra.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se sustenta en el derecho que tienen los habitantes del Distrito Federal a ser informados sobre los actos administrativos de carácter general que expida el jefe de gobierno, así como sobre la realización de obras y las instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con las mismas. Asimismo, tiene que ver con la obligación de la administración pública local de promover y apoyar la participación social en los proyectos estratégicos urbanos, específicamente en proyectos de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

El 6 de enero de 2011, el licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, remitió a esta Cámara de Diputados la contestación del jefe de gobierno en atención a la solicitud de información realizada por diferentes miembros de esta honorable legislatura relativa a la Supervía Poniente (Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3187-I, del miércoles 26 de enero de 2011).

En dicho documento se menciona que “el gobierno de la Ciudad de México ha sido y es respetuoso de los derechos de libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de información, de participación, de seguridad jurídica y de acceso a un medio ambiente sano de todas y cada de las personas, en lo individual y en lo colectivo que han manifestado su oposición o su adhesión al proyecto de la Supervía Poniente. Además, se detallan las acciones que el gobierno de la ciudad ha emprendido en materia de participación ciudadana.

No obstante lo anterior, el pasado 20 de enero la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer la recomendación 1/2011, que se desprende de diversas quejas presentadas ante ese organismo por la realización de la obra vial denominada “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México” (Supervía Poniente).

En dicha recomendación se constataron diversas irregularidades cometidas a lo largo del proceso para otorgar el título de concesión respectivo. Sin embargo, esta dictaminadora únicamente hará referencia a las violaciones cometidas a los derechos de información y participación ciudadana de los vecinos afectados por la obra, atendiendo a la materia del presente dictamen.

IV. De la recomendación emitida por la CDHDF destacamos lo siguiente:

a) El gobierno capitalino violó el derecho a la participación de los ciudadanos al no dar respuesta a las solicitudes de audiencia pública formuladas hasta en dos ocasiones por las personas habitantes de las delegaciones La Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, aún cuando dichas solicitudes cumplieron con los requisitos de forma establecidos en el capítulo IX de la Ley de Participación Ciudadana.

b) Se acreditó que la autoridad local omitió realizar el proceso de consulta ciudadana respecto a la manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica (MIAE), incumpliendo con lo estipulado por el artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, el cual señala que la realización de la consulta es una obligación y no una facultad discrecional de la autoridad; obligación cuyo cumplimiento cobra especial relevancia por la preocupación que genera el desarrollo de la obra en las mencionadas delegaciones.

c) La CDHDF estimó que se violó el derecho a la información de las personas, en razón de que el actuar de la autoridad fue contrario a los principios rectores de este derecho. Situación que además impidió el goce de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Al respecto, el organismo destacó que las propias autoridades del gobierno capitalino reconocieron que no proporcionaron información suficiente y oportuna a las personas potencialmente afectadas por la obra, impidiendo que su opinión fuera incorporada y valorada en la fase de proyección de la misma. Muestra de ello es que hasta el 30 de junio de 2010, y después de reiteradas solicitudes de información, la autoridad comenzó a hacer pública parte de la información relativa al proyecto; y que hasta el 28 de julio de 2010 el gobierno entregó por primera vez información del proyecto a los vecinos de forma directa.

Por ello, la CDHDF concluyó que la autoridad debió asumir un papel proactivo para la difusión de información clara y precisa sobre el proyecto con el propósito de que las personas estuvieran en posibilidad de ejercer otros derechos como el de participación, el derecho al medio ambiente, al agua y a la vivienda. Pero, contrario a esa actitud de apertura, la autoridad no brindó explicación alguna sobre sus decisiones y actos, principalmente por lo que se refiere a: las alternativas de desarrollo urbano que tomó en cuenta antes de llevar a cabo la Supervía Poniente; las razones por las que optó por el régimen jurídico de concesión por adjudicación directa; y los argumentos por los cuales se dio el visto bueno al proyecto.

d) Con base en distintas opiniones técnicas, la CDHDF constató que la evaluación de los efectos ambientales de la Supervía Ponientees deficiente e incompleta, por lo que no es posible determinar con precisión los alcances, los impactos y la magnitud de las afectaciones que generará. En consecuencia, es imposible determinar la viabilidad y efectividad de las medidas de mitigación establecidas por la autoridad del Gobierno del Distrito Federal.

V. Debido a que se acreditaron diversas violaciones a los derechos humanos, la CDHDF recomendó al jefe del gobierno del Distrito Federal:

“Primero.Ordene la suspensión de la obra Supervía Poniente hasta que se lleve a cabo una consulta pública, a fin de garantizar una participación amplia y plural en la que se recojan y consideren las preocupaciones, opiniones y propuestas de las personas afectadas por la obra, principalmente de las y los peticionarios de la presente Recomendación, y se valoren distintas alternativas de movilidad sustentable en el sur-poniente de la Ciudad de México.”

“Segundo. Con la finalidad de que las personas tengan elementos de juicio para la consulta pública, el Gobierno del Distrito Federal deberá contar con las evaluaciones y valoraciones adecuadas y suficientes, las cuales implican:

a) Se elabore un diagnóstico sobre necesidades de movilidad de personas que refleje las prioridades sustantivas de las y los habitantes y transeúntes de la zona sur-poniente de la Ciudad de México.

b) Una vez que se tenga dicho diagnóstico, se valoren alternativas de movilidad sustentable de acuerdo con los resultados de éste;

c) Cualquier proyecto de movilidad que se genere deberá contar con una manifestación de impacto ambiental completa, elaborada y evaluada de acuerdo con la Ley Ambiental del Distrito Federal a la luz de los estándares internacionales más altos en la materia y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.”

“Tercero. Se garantice la transparencia en los procedimientos que se generen en el cumplimiento del Primero y Segundo puntos recomendatorios. Asimismo, conforme a su deber de hacer efectivo el goce del derecho a la información, implemente un mecanismo de orientación a la ciudadanía, permanente y sencillo, para que pueda acceder a la información pública que debe estar disponible, así como a los servicios, trámites y programas gubernamentales relacionados con sus derechos.”

VI. Esta dictaminadora no soslaya el hecho de que la información es imprescindible para garantizar el ejercicio de diversos derechos, ya que propicia que las personas puedan participar en las decisiones o actos que llegarán a afectarlos. Por esta razón, el derecho a la información es considerado una condición fundamental de la democracia constitucional y se encuentra contemplado tanto en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal como en la Ley de Participación Ciudadana.

En el primero se establece que es obligación de la autoridad informar oportunamente a la población sobre las afectaciones ambientales que podrían resultar a causa de una obra pública, así como las acciones que se realizarán para prevenirlas, mitigarlas y, si procede, reparar el daño ambiental. Por su parte, la Ley de Participación Ciudadana dispone que los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración local mediante la difusión pública y el derecho a la información; asimismo, reconoce el derecho de las personas a emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de interés público o general.

Además, el artículo 12 de la citada ley señala que los ciudadanos del Distrito Federal tienen, entre otros, los siguientes derechos: a) promover la participación ciudadana a través de los instrumentos y mecanismos que establece dicho ordenamiento; b) participar en la planeación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones de gobierno; y c) ejercer y hacer uso de los instrumentos, órganos y mecanismos de participación ciudadana, entre los que se encuentra la consulta ciudadana y la audiencia pública, mecanismos que –según la CDHDF– son los disponibles para las personas peticionarias con relación a la Supervía Poniente.

A través de la consulta pública, el jefe de gobierno y los jefes delegacionales someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal. En tanto que, a través de la audiencia pública, los habitantes del Distrito Federal pueden, entre otras cosas, recibir información sobre las actuaciones de los órganos que integran la administración pública y presentar al jefe de gobierno o al jefe delegacional las peticiones, propuestas o quejas en todo lo relacionado con la administración pública a su cargo.

VII. Esta dictaminadora resalta que la autoridad capitalina ha iniciado la construcción de una obra sin haber acatado cabalmente las leyes aplicables. Además, enfatiza que la realización de una consulta pública y, por ende, el cumplimiento de la normatividad, no puede estar sujeta a los costos que esto pueda representar para el gobierno de la ciudad, ya que se continuarán vulnerando los derechos de los ciudadanos bajo el cobijo de argumentos económicos.

Esta comisión no pasa por alto que diversos ciudadanos han mostrado su interés para que la obra siga su curso. Por esta razón, se considera pertinente actualizar uno de los planteamientos realizados por la diputada proponente en el sentido de que la consulta ciudadana no sólo esté dirigida a los afectados por la Supervía Poniente, sino que también incluya a los ciudadanos que se verán beneficiados por ésta.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la Honorable Asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero.Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible celebre una audiencia pública con los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial “Supervía Poniente” con el propósito de que se les proporcione la información completa respecto a la afectación que ocasionará el desarrollo de dicha obra.

Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal a someter a consulta ciudadana la obra “Supervía Poniente” a fin de conocer la opinión de los ciudadanos afectados y beneficiados por la misma.

Tercero. La Comisión del Distrito Federal integrará un grupo de trabajo sobre la obra “Supervía Poniente”, cuyos objetivos serán la obtención de información, el acercamiento y la realización de reuniones de trabajo con todas las partes involucradas, así como la búsqueda de soluciones a los conflictos que se han generado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2011.

La Comisión del Distrito Federal, diputados: Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Armando Corona Rivera, Omar Fayad Meneses, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Óscar González Yáñez, Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica en abstención), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica en abstención), Eduardo Mendoza Arellano, Nazario Norberto Sánchez, Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, secretaria. Proceda la Secretaría a leer el artículo 106 del Reglamento.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Artículo 106.

I. Las discusiones de los dictámenes acerca de proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán al siguiente.

Primero. Se discutirán y votarán en un solo acto.

Segundo. Sólo en caso de que así sea solicitado, el presidente de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 3 minutos. Si el presiente de la Junta Directiva declina hacerlo, podrá fundamentarlo un integrante nombrado por la mayoría de la comisión.

Tercero. No se admitirán votos particulares ni reservas.

Cuarto. El presidente formulará una lista de oradores en contra y otra a favor.

Quinto. Los oradores hablarán alternadamente en contra y a favor, hasta por 3 minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en contra, y

Sexto. Cuando haya intervenido un orador en contra y uno a favor, el presidente preguntará al pleno si el asunto se encuentra suficientemente discutido. De no ser así, continuará la discusión con un orador más de cada sentido por el mismo tiempo señalado. De considerarse suficientemente discutido el presidente anunciará el inicio de la votación nominal.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. En ese sentido, señores diputados, ha solicitado hacer uso de la palabra por la comisión que dictamina, la diputada Gabriela Cuevas Barron, y al mismo tiempo tengo inscritos, en contra, a la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, al diputado Jaime Cárdenas Gracia, al diputado Gerardo Fernández Noroña y a favor a la diputada Gabriela Cuevas Barron, Agustín Castilla Marroquín, Agustín Guerrero Castillo. La diputada Leticia Quezada. Diputada Paz Quiñones, en contra.

Bien tal y como lo dice el Reglamento, señores diputados. Laura Itzel Castillo Juárez, y Agustín Castillo Marroquín, Jaime Cárdenas Gracia, y Agustín Guerrero Castillo, Leticia Quezada, y Emilio Serrano, y Paz Quiñones.

Éstas son las parejas que se han integrado. El diputado Gerardo Fernández Noroña; si son tan amables enviarnos por favor, quienes vayan a registrarse, al término de tres oradores a favor y tres oradores en contra preguntaremos si se encuentra suficientemente discutido.

Adelante. Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barron, por la comisión. Si son tan amables, los vicecoordinadores pudieran pasar, para que ordenáramos las listas de oradores, se los agradeceríamos. Señores coordinadores de PRD, del PAN, y del PRI involucrados en este debate.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Con su venia, diputado presidente. La Comisión del Distrito Federal recibió un punto de acuerdo signado por el PRD, en el que se pedía, entre otras cosas, que se analizara el proyecto de la Supervía. Se hicieron dos reuniones, una con el secretario de obras del gobierno de la ciudad, otra con la secretaria del Medio Ambiente, también del gobierno de la ciudad, en la que se expuso este proyecto de la Supervía.

Se prometió enviar algunos documentos, que todavía no han sido enviados, como la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, debíamos ya proceder a la dictaminación de este punto de acuerdo.

Lo que estamos pidiendo desde la Comisión del Distrito Federal, en un dictamen que se votó por unanimidad, y generando todos los consensos posibles, fue primero pedirle al jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, que reciba a los vecinos afectados de la obra, quienes han comentado ya, en varias ocasiones, que no los han recibido.

Consideramos fundamental que un gobernante escuche a sus gobernados, más cuando se precia de ser un gobierno democrático y capaz de escuchar. En segundo lugar, pedimos que se someta a una consulta pública este proyecto, considerando no sólo la opinión de los vecinos, sino también la recomendación que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Y por ello resulta fundamental escuchar la voz de los vecinos, sus problemas, sus peticiones, y la consulta puede ser el mecanismo idóneo. Hay que recodar que en el caso del Distrito Federal existe una Ley de Participación Ciudadana que prevé este mecanismo, y hay que recodar también, que no es la primera vez que se utiliza. Ya se utilizó alguna vez la consulta por el ex jefe de gobierno López Obrador, para el tema de los segundos pisos. Entonces, no vemos por qué haya algún inconveniente en hacer esta  consulta, así que esperamos pudiera realizarse.

Y en tercer lugar, estamos proponiendo la creación de un grupo de trabajo dentro de la Comisión del Distrito Federal, donde pueda conseguirse toda la información, y donde podamos tener acercamiento con las autoridades capitalinas...

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Sí, diputado? Permítame, permítame, compañera diputada. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas, por favor.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Pedirle a la diputada si me puede permitir una pregunta.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: ¿Acepta, diputada?

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Sí, con mucho gusto.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): ¿Qué piensa usted, diputada, de todas estas consideraciones que usted hace con respecto de este tema, en el contexto de la discusión de la ley? ¿Son discusiones público-privadas que se están dando en esta Cámara y que quieren regular todos estos mecanismos? ¿Es una posición de su partido la que usted está representando o es solamente a título personal?

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Yo le agradezco muchísimo que le preocupe mi opinión, diputado Vidal Llerenas; sin embargo, el tema que nos ocupa hoy nos ocupa como representantes populares y hoy estoy aquí como presidenta de una comisión.

Me da mucha pena recordarlo, no fue uno de los mejores momentos, pero cuando aquí se votaron las comisiones, precisamente las comisiones ordinarias de esta Cámara, yo sí recuerdo cómo algunos integrantes de su partido decían que yo no iba a tener una actuación institucional. Hoy mi actuación es plenamente institucional.

Se votó un dictamen de consenso, un dictamen en el que se está buscando la conciliación, en el que se está buscando nada más que el jefe de gobierno escuche a sus gobernados, que los reciban, que les haga alguna consulta y que aquí se haga una comisión sobre el tema.

No se está pidiendo nada fuera de la ley. No se está pidiendo nada que no debamos hacer como representantes populares. Un dictamen como éste obedece a que escuchen a nuestros representados. Lo que  yo opine es lo de menos; estoy aquí en mi carácter de presidenta de comisión, en la que seguiré actuando de manera institucional, como ustedes mismos me lo demandaron.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada Gabriela Cuevas Barron:Sabiendo que este tema es un tema muy delicado, en especial para los vecinos de Álvaro Obregón y de Magdalena Contreras, el mensaje que mandamos desde la Comisión del Distrito Federal es que queremos escucharlos y que queremos que Marcelo Ebrard también los escuche.

Sabemos que tienen plenos derechos establecidos no sólo en la Constitución, sino incluso en leyes muy particulares como es la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Hago un llamado desde esta tribuna para que podamos, en esta Cámara de Diputados, acordarnos de que a quienes representamos es a la gente y no a nuestros partidos. Ojalá podamos apoyar estas propuestas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Cuevas Barron.

Voy a leer a los señores diputados el orden establecido de la lista, una vez hechas las correcciones respectivas. En contra, la diputada Paz Quiñones; en pro, el diputado Castilla Marroquín; en contra, la diputada Laura Itzel Castillo; en pro, el diputado Agustín Guerrero Castillo; en contra, el diputado Jaime Cárdenas; en pro, el diputado Vidal Llerenas; en contra, la diputada Leticia Quezada; en pro, el diputado Emilio Serrano Jiménez; en contra, el diputado Gerardo Fernández Noroña.

Al terminar el diputado Fernández Noroña o si se hubiera inscrito un nuevo diputado en pro, preguntaremos si está suficientemente discutido.

Por tanto, tiene la palabra la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo. Hasta por 3 minutos, diputada.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Muchas gracias, diputado presidente.

Compañeros diputados, el asunto de la Supervía Poniente, conocida también como Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores del Sur-Poniente, no se circunscribe, como han querido encauzar algunos compañeros diputados del Distrito Federal, a que si es necesaria o no la obra.

Creo que todos estamos convencidos de que es necesario y urgente diseñar y realizar nuevas obras viales en esta ciudad. No señores, el asunto de la Supervía Poniente tiene que ver con lo que los vecinos han planteado y solicitado desde 2008 al jefe de gobierno, el respeto a sus derechos, a nuestros derechos. Si bien, porque así conviene a muchos y porque en este gran esfuerzo de la comunidad de Magdalena Contreras por defender con argumentos sus preocupaciones, se habla del daño ambiental, de lo cuestionable de la concesión, etcétera.

La realidad del problema radica en cómo ejerce su gobierno Marcelo Ebrard. Su gobierno, que no respeta los derechos de los ciudadanos, que trasgrede y acomoda la ley y las normas para cumplir con sus objetivos, sólo se puede calificar como autoritario.

Escuché de algunos compañeros diputados que integran la Comisión del Distrito Federal, cuestionamientos hacia la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que más bien podemos calificar como linchamientos, con los cuales pretenden descalificar las acciones que realiza para el cumplimiento estricto de sus responsabilidades.

Cuestionan y dicen que la Comisión de Derechos Humanos de nuestra ciudad se extralimitó en sus atribuciones, pero no lo sustentan, sólo acusan. Dicen que la recomendación no se señala en los derechos violados, cuando es el cuerpo y la parte fundamental del documento. Sin embargo, en este punto de acuerdo asumen que el Gobierno del Distrito Federal no ha informado a los ciudadanos sobre tal obra, con lo que asumen también que no ha dado respuesta a sus peticiones, la mayoría de las cuales han sido presentadas conforme a la ley.

Señores, el derecho a estar informados, así como el derecho de petición y de recibir una respuesta, se encuentran en nuestra Constitución; ahí está su respuesta, a quienes no saben cuáles son algunos de los derechos que viola permanentemente el jefe de Gobierno.

Señores diputados, y desde aquí, señor jefe de gobierno, si consideran que la recomendación no es correcta y quieren lanzar acusaciones o defender su posición, háganlo con argumentos sólidos y fundamentados, y no con linchamientos que sólo se basan en el escarnio y la mentira.

En el planteamiento de este punto de acuerdo, lo único que se observa es el interés de quienes lo promueven así para abrirle el camino al jefe de gobierno y para justificar la violación que ha hecho de nuestros derechos.

También, como evidentemente no conocen o pretenden soslayarlo, la solicitud que contiene este punto de acuerdo se le ha hecho reiteradamente al jefe de gobierno desde el anuncio de la obra en el 2008. Se le pidió información sobre ella...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:... se le convocó –concluyo–, se le convocó con base a la ley a una audiencia pública, se han hecho marchas, se han tenido reuniones con funcionarios y no nos ha hecho caso. También se ha señalado la ilegalidad bajo la cual se realiza la obra, puesto que la empresa concesionada no ha cumplido siquiera con las condicionantes que se le establecieron. Realmente es una burla proponer una consulta a la comunidad con la obra en proceso...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:... –concluyo... que se van a preguntar, ¿qué van a consultar? Si como lo han dicho la obra se va a realizar. Esta consulta sólo la proponen y pretenden realizar para taparle las espaldas a su jefe de Gobierno, porque de esta forma no se van a resarcir los derechos que ha violado con sus acciones autoritarias.

Por último, escuché también el comentario, de que no pueden parar la obra, porque tendría un alto costo para la ciudad, que si la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal quiere que se pare, que pague los costos que eso generaría. Ahora resulta que cuando una instancia pública ejerce sus atribuciones tiene que pagar los costos que otro por realizarlas en la ilegalidad ocasiona.

Señores...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:-Concluyo. No señores, las acciones del jefe de Gobierno las realiza en la ilegalidad, y quien provocó esta situación fue él, y ahora sí que acepte esta situación. Señor presidente...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Diputado presidente, primero, de acuerdo a lo que dispone el Reglamento de esta Cámara en su artículo 106, numeral tercero, entiendo que no es posible presentar reservas o modificar los dictámenes que aprueban las proposiciones con punto de acuerdo y que éstos deben ser aprobados o rechazados por el pleno.

Voy a concluir cuando termine mi lectura.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señora diputada, por favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Concluyo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está usted fuera de tiempo.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Y que éstos deben ser aprobados o rechazados por el pleno en los términos en que presenta la Comisión.

Sin embargo, la importancia y trascendencia del tema que se discute y el alto impacto que esta medida tiene y tendrá en la vida de los habitantes...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada, concluya, por favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Concluyo. Perdón, diputado. Estoy por terminar, yo los he escuchado...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, diputada, no mantenga usted el diálogo en la asamblea. Le voy a dar un minuto para concluir. Le voy a dar 5 minutos a todos los oradores en este turno.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Muchas gracias, diputado. Muy amable.

La importancia y trascendencia del tema que se discute y el alto impacto que esta medida tiene y tendrá en la vida de los habitantes del Distrito Federal y su área conurbada me obligan a plantear a esta soberanía de manera directa la propuesta de que se integre una comisión especial para investigar todos y cada uno de los trámites de gobierno del Distrito Federal en el tema de la Supervía, la creación de esta Comisión Especial es fundamental para que esta soberanía de manera particular se pueda allegar de todos los elementos necesarios para analizar, discutir y valorar los impactos legislativos, económicos y sobre todo, sociales.

Por ello le suplico a usted, muy atentamente, con fundamento en las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 23, numeral 1, inciso f) y considerando que en casos previos ante peticiones directas que han formulado diputadas y diputados ante este pleno, usted ha remitido y ha dado vista de sus peticiones a la Junta de Coordinación Política, la propuesta que acabo de formular sea tratada del mismo modo y remitida, al concluir esta sesión, a dicho órgano.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permitan concluir a la señora diputada, que está formulando una proposición. Por favor...

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:Segundo...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, permítame un momento diputada. La diputada me está refiriendo una proposición que no alcanzo a oír, señores diputados. Podrá usted repetir desde el penúltimo párrafo, si es tan amable.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo:No, nada más concluyo. El punto 2, que solicito la suspensión de la obra hasta que no sean cumplidas todas y cada una de las recomendaciones de derechos humanos del Distrito Federal y las observaciones de la Procuraduría de Medio Ambiente del Distrito Federal.

Tomemos acciones en bien de la ciudadanía no de sus partidos políticos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, en pro. Su proposición, diputada.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Compañeras, compañeros diputados. Celebro que a más de un año de iniciado el conflicto por la Supervía Sur-Poniente, finalmente se aborde en esta tribuna.

Por supuesto estoy de acuerdo con el sentido de la proposición que hiciera hace casi un año la diputada Leticia Quezada, porque sigue vigente el contenido del mismo. Aún los vecinos no han sido recibidos por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y por ello el primer resolutivo se enfoca precisamente a ello, el solicitarle una audiencia pública a quienes se oponen a la Supervía Sur-Poniente.

Por otra parte, también estoy de acuerdo en que esta Cámara de Diputados haga un exhorto para que se acate una de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a efecto de que se celebre una consulta ciudadana.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado Castilla. Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente, si me permite una pregunta el diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, ¿acepta?

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Con mucho gusto.

El diputado Emilio Serrano Jiménez (desde la curul): Una pregunta, diputado, ¿usted está a favor o en contra del dictamen? Porque en ninguna parte aparece lo que usted acaba de mencionar de la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Está a favor o en contra? Y no ponga cosas que no aparecen en el dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Castilla.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Me parece que ésa no fue una pregunta, diputado presidente y, por tanto, no tendré que dar respuesta. Si me permite continuar con la exposición.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Desde luego, se fijará con mucha claridad mi postura.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Por supuesto que estoy de acuerdo con el segundo resolutivo de este punto de acuerdo, para que se someta a consulta ciudadana la obra denominada Supervía Poniente. Así está establecido en el cuerpo del proyecto de dictamen y, desde luego, es una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

No puedo estar más de acuerdo en que la Comisión del Distrito Federal integre un grupo de trabajo sobre la obra denominada Supervía Poniente. Uno de los reclamos de los vecinos de Magdalena Contreras, de Álvaro Obregón, es precisamente que no ha habido un espacio para que en base de la opinión de los especialistas se puedan sacar conclusiones si ésta es, efectivamente, la mejor propuesta para solucionar un problema que nadie puede negar que existe.

Desde luego, hacen falta soluciones viales en el Distrito Federal. Por supuesto que es uno de los temas fundamentales en la ciudad, pero habrá que ver si ésta es una solución integral.

Desde mi punto de vista y es la percepción de muchos vecinos, sobre todo de la delegación Magdalena Contreras, se está trasladando un problema que padecen los habitantes de la delegación Cuajimalpa, particularmente de la zona de Santa Fe y se estaría trasladando a la delegación Magdalena Contreras.

Porque una de las preguntas que no han sido respondidas con puntualidad es, por ejemplo, ¿cómo vamos a desahogar a más de 35 mil vehículos diarios por la única vialidad importante que existe en esta delegación, que es la Avenida Luis Cabrera?

Son preguntas muy pertinentes y que hasta el momento el Gobierno del Distrito Federal no ha dado una respuesta satisfactoria, cuando menos para muchos de nosotros. En este sentido, el hecho de que se cree un grupo de trabajo en donde se escuchen las voces de todos, creo que será muy útil para comprender de mejor manera este proyecto que ha generado tanta controversia.

En esto estoy de acuerdo con el sentido de la propuesta que nos hace la Comisión del Distrito Federal, pero también desde mi punto de vista me parece que se puede enriquecer de manera importante, y ésa es la propuesta concreta, incorporando un cuarto resolutivo en donde de la misma manera que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que se someta a consulta ciudadana este proyecto vial que es, insisto, una de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Que en el mismo sentido, en el cuarto resolutivo se establezca un exhorto para que se suspenda la obra en tanto no se realice en primer término la consulta ciudadana y se abre una mesa de trabajo con especialistas en materia vial, ambiental, urbana, para conocer los puntos de vista y para desde luego poder conocer con toda claridad si ésta es, insisto, la mejor alternativa para resolver un problema que, insisto, nadie puede negar. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Aviso a la asamblea que el diputado Gerardo Fernández Noroña me está solicitando que lo inscriba en pro y no en contra. Tiene la palabra la diputada Laura Itzel Castillo Juárez.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez:Muchas gracias, diputado presidente. Quiero señalar que acudo a esta tribuna a solicitud de los vecinos que se han conformado en el Frente Amplio contra la Supervía.

Que, aquí, de acuerdo al Reglamento se tiene uno que subir o en contra o a favor y que lo que estamos planteando en específico y que conste en el documento que le entregamos directamente al presidente de la Cámara, de la Mesa Directiva, es una propuesta de redacción específica que dice: se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a suspender la obra Supervía Poniente hasta que se lleve a cabo la consulta pública, para garantizar la participación amplia y plural en los términos que establece la recomendación 012011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos y quiero señalar que el punto de acuerdo que propuso la diputada Leticia Quezada lo propuso desde hace un año. Por esa razón es que me parece que un punto de acuerdo debe reflejar el momento actual que se está viviendo, cuál es la circunstancia y por tanto, determinar qué es lo que se estaría recomendando o proponiendo en el punto de acuerdo.

Me parece ilógico que se presente a esta Cámara de Diputados ya un punto de acuerdo que sin duda ha sido rebasado a partir de toda la lucha y la movilización que realizaron habitantes de Magdalena Contreras.

Quiero decirles además que a mí me preocupa mucho lo que significa la firma de un título de concesión para esta obra. Que me parece muy importante desde luego el hecho de que se reciba a los vecinos de que haya una consulta, que haya respeto a los derechos humanos, que no se intimide a la población con el uso de la fuerza pública como ha sido la constante y sobre todo en momentos en los cuales hay días festivos, y que llega directamente la fuerza pública a sorprender a la población y a intimidar a los habitantes que se han mantenido en un plantón permanente, y que han mostrado un trabajo de organización y de solidaridad que representa también este elemento tan importante para los ciudadanos, que es la resistencia civil pacífica.

Por tanto, tenemos que tomar en consideración aspectos muy importantes de este título de concesión que evidentemente no contamos con todo el tiempo adecuado para hacer la exposición, pero quiero resaltar unos puntos básicos que son muy preocupantes.

Este título de concesión está promoviendo un monopolio, este título de concesión lo que está planteando es la privatización de las vialidades en el Distrito Federal y el cobro de una cuota, igual que como lo ha hecho Peña Nieto, que ha sido ampliamente criticado con las obras que ha desa-rrollado para favorecer negocios privados en el estado de México.

Por eso es preocupante que se esté planteando esta propuesta y que además se le otorgue la exclusividad a la empresa que se encuentra al frente, para  ampliar de acuerdo a sus necesidades los tramos convenientes, de acuerdo a las características que se tendrán en el futuro para los accesos.

Por eso yo lo que señalaría aquí es que el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal haya tomado en consideración que se suspenda la obra, que haya consulta y que se revise lo relacionado con el impacto ambiental, es fundamental porque ninguna obra que tenga en un título de concesión estas características puede estar previendo cuáles son los impactos que en un futuro se van a llevar a cabo dentro de esta zona, tan importante —quiero decir— para la recarga de nuestros mantos acuíferos, ya que nuestra ciudad se alimenta en un 70 por ciento de la misma recarga que tenemos producto del suelo de conservación que aún se contempla en esta área del Distrito Federal.

Por tanto, la propuesta es que se exhorte al gobierno del Distrito Federal a que se suspenda esta obra vial hasta que se lleve a cabo la consulta pública, para garantizar la participación amplia y plural en los términos que establece la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos.

Es una cuestión de justicia y de congruencia, es una cuestión que tiene que ver también con aspectos ideológicos, que tiene que ver con una posición desde la izquierda, la cual reivindicamos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Agustín Guerrero Castillo.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Este tema, el cual el PRD propuso hace un año, el punto de acuerdo y en el momento en el que la Comisión del Distrito Federal lo abordó y lo discutió, no sólo votamos a favor de este punto, sino también propusimos una mejora.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Permítame, diputado.  Consideramos que el tema de fondo, el verdadero tema de la Ciudad de México, es que la Ciudad de México debe tener derechos plenos. Debe tener ya una Constitución local y estos temas no tendrían que ser motivo de estarse discutiendo en esta Cámara.  Las obras de cualquier entidad se discuten en los Congresos estatales. Este tema debería ser materia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Esta Cámara solamente tiene competencia en tres asuntos que todavía le incumben en el territorio del Distrito Federal: la deuda, el tema de educación –que no hay descentralización educativa en la Ciudad de México- y el tema de seguridad pública. Todos los demás temas son cosa de la Asamblea Legislativa, incluidas las obras de la ciudad.

Nosotros queremos mostrar una buena voluntad para discutir este tema. Nosotros propusimos, el PRD en la Comisión del DF, que se hiciera la consulta que sugería la Comisión de Derechos Humanos del DF, porque nos parece correcto y lo hemos hecho siempre.

Nosotros planteamos que esta comisión integrara una mesa de trabajo con diputados de todos los partidos para platicar con los vecinos. Ése no es el tema. Eso se está procesando y se está trabajando. El asunto es si cada que se quiera utilizar políticamente un tema de la Ciudad de México tenga que venir a la Cámara de Diputados; o le damos ya soberanía plena a la ciudad.

Desde el 2001 en la última reforma que se planteó, el PRI de manera unilateral rompió un consenso que habíamos trabajado a lo largo de dos años con la presidenta del PRI de aquel momento, la senadora María de los Ángeles Moreno. Y sacamos una reforma política que les daba a los capitalinos soberanía plena en los temas de la ciudad. Y, el PRI, a través del senador Jiménez –de Morelos-, se opuso en el 2001 a dictaminar ese tema y por eso hoy los habitantes de la ciudad seguimos siendo habitantes de segunda, tratados por esta Cámara como habitantes de segunda.  Eso es lo que ya no puede ser.

Yo convoco a las diputadas y diputados tan preocupados por las obras de la ciudad de México que han subido a esta tribuna, a avanzar en una reforma de a de veras; en darles derechos plenos a los capitalinos.

Convoco al PAN, convoco al PRI, convoco a los demás partidos: al PT, al Verde, a Convergencia, al Panal, a que en este periodo aprobemos ya el dictamen que le da facultades plenas a los habitantes de la Ciudad de México.

Que dejemos para la federación lo que tiene que ver con la Ciudad de México en materia de capital de la República, en materia de asiento de los poderes federales. Eso sí es algo que nos incumbe a todos los mexicanos, porque la Ciudad de México es además, y en primer lugar, la capital de todos nosotros, y la federación tiene en ese tema interés y facultades para determinar el territorio, pero todo lo demás, el régimen interno de la Ciudad de México qué tiene que andar opinando un diputado, con todo respeto, de Tamaulipas, de Sonora, del estado de México...

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado. Diputada Paz Quiñones.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo(desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, quiere hacerle una pregunta al orador. Si acepta usted una pregunta de la diputada Paz Quiñones, diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Sí, adelante, diputada.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo(desde la curul): Que si está dispuesto a que las delegaciones se vuelvan municipios.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La pregunta de la diputada Quiñones, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Estamos en eso, diputada Paz Quiñones. Si usted ya ha podido revisar la iniciativa que el PRD presentó el pasado 14 de febrero y que se turnó a la Comisión del Distrito Federal para su dictaminación, planteamos cinco temas. Uno de ellos tiene que ver con la situación jurídica, el régimen político de lo que hoy conocemos como las demarcaciones territoriales.

El primer punto que estamos planteando, de estos cinco, atendiendo a su pregunta, es que la federación reserve en el 122 constitucional lo que le compete en materia de capital de la República y en materia de asiento de los poderes federales, y que asuma esa responsabilidad otorgando recursos que hagan viable, que financien la capitalidad de la Ciudad de México.

No solamente hay que tener derechos, hay que tener obligaciones y no es suficiente que siendo la capital de la República la federación no se haga cargo de ninguno de los servicios que en tal sentido se brindan en el territorio del Distrito Federal.

La segunda cuestión es que todo el régimen interno, todo el régimen político que no tenga que ver con la federación pase ya a ser determinado solamente por los capitalinos a través de un Congreso Constituyente, y que este Congreso Constituyente sea electo el próximo año, en el 2012, y que ya no se elijan diputados locales a la asamblea, sino diputados constituyentes al Congreso de la Ciudad de México, y que éste Congreso resuelva todo lo que tiene que ver con el régimen interior del Distrito Federal.

En el caso de las demarcaciones políticas estamos planteando que éstas tienen que atender el 115 constitucional, que nos queda clara la particularidad de la Ciudad de México, pero que aquí las demarcaciones políticas deben tener personalidad propia, patrimonio propio y tienen que tener un órgano colegiado, un consejo de gobierno al frente de las delegaciones, y no sólo el jefe delegacional de manera unipersonal, sino una especie de cabildo que sería un consejo de gobierno.

Entonces yo le pido, diputada Paz Quiñones, y le haré llegar a su oficina la propuesta que presentamos nosotros el pasado 14 de febrero, para que la conozca y nos pueda acompañar en la Comisión Dictaminadora del Distrito Federal.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado, termine su intervención.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Yo quisiera...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Martel. Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Martel, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Gracias. Nada más si me permite el orador hacerle dos preguntas muy concretas, muy sencillas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted, diputado Guerrero?

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Adelante, diputado Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Mi querido amigo y compañero, diputado Guerrero. Muy concreto. No escuché la contundencia acerca de su opinión. Si toda esta reforma que usted está planteando es un sí o un no a la municipalización, primera pregunta.

Segunda. Creo que usted sabe, cuando habla de recursos plenos y económicos que la única entidad federativa donde es la federación la que sigue absorbiendo la mayor parte del gasto, la totalidad del gasto educativo, es precisamente el Distrito Federal, cosa que le da una calidad de privilegio y excepción con el resto de las entidades federativas.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Le agradezco sus preguntas, diputado Martel. También mi estima para usted.

Usted lo sabe muy bien, que tenemos un pacto federal donde el principio de solidaridad entre mexicanos representados en las diversas entidades permite que los recursos que se captan nacionalmente puedan ser redistribuidos no de manera directa sino con otros criterios, no de manera proporcional a como se captan, sino con criterios justamente de permitir atender la diversidad de la problemática social del país.

De lo que se recauda a nivel nacional, la Ciudad de México aporta el 24 por ciento. Y uno podría decir con mucha justicia también, que quisiéramos tener el 24 por ciento del presupuesto nacional, de lo que aportamos.

Hay otros estados que aportan menos que el Distrito Federal y que reciben una cantidad mayor.

Usted sabe bien que la Ciudad de México, aportando el 24 por ciento de los recursos nacionales, recaudando el 24 por ciento de los recursos nacionales, pesando eso en el producto interno bruto, solamente recibimos el 9 por ciento y hace 10 años recibíamos el 13 por ciento y hemos venido bajando año con año.

Llegamos a tener hasta el 15 por ciento del presupuesto nacional que aprueba esta Cámara, aportando el 25. Ese 10 por ciento de diferencia sabemos que está bien utilizado en muchos estados en que se requiere educación, que se requiere utilizarlo en salud, que se requiere utilizarlo en servicios y que es un mejor uso esa diferencia de 10 por ciento para estas entidades.

No nos pesa a los capitalinos que así se haga, pero hemos venido perdiendo de 15 por ciento a 13 y ahora estamos en el 9 por ciento, aportando el 25.

Y en ese 9 va la aportación de educación, que viene a la baja, entonces creo que usted compartiría conmigo en este tema, que debemos de revisar la coordinación fiscal, es otro tema, porque los criterios que hoy tenemos para la asignación de los recursos fiscales, ya no dejan satisfechas a muchas de las entidades.

Otro tema que también está en la mesa ya, es revisar si la descentralización educativa que se hizo hace ya más de 10 años ha tenido los resultados que esperábamos o ya es un fracaso en muchas entidades.

Leemos con preocupación cómo muchos estados no se pueden hacer cargo de la carga económica y financiera que significa el sistema educativo y que se tienen que sacrificar otras para mantener un sistema que no les está dando resultados. Y este tema me parece que también hay que ponerlo en la discusión.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Muchas gracias, diputado. Por eso decía yo, que ojalá que ésta sea la última vez que discutamos temas del Distrito Federal que no le corresponden a esta soberanía.

Ningún estado, a ningún diputado de cualquier entidad le gustaría venir a discutir aquí temas de obras...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:...de sus municipios o de su entidad, porque para eso tienen un Congreso local, para eso son los congresos locales.

Por eso concluyo con esto, que hagamos este compromiso; que le demos una buena noticia a los capitalinos, y que en este periodo ordinario, con la reforma que hicimos al Reglamento de la Cámara podamos tener, antes de que termine el mes de abril, antes de que concluya este periodo, un dictamen a favor de la Ciudad de México, a favor de los capitalinos, a favor de la democracia.

Un dictamen que les diga a los habitantes de la Ciudad de México...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:...ha trabajado para que tengamos una Constitución. Queremos constitución para la Ciudad de México, y la queremos ahora. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, en contra.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Yo estoy presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados a favor del sentido del punto de acuerdo, y voy a votar en contra, porque me parece insuficiente.

Estoy de acuerdo en lo que propuso el diputado Agustín Castillo. Este punto de acuerdo debiera ocuparse de hacer un exhorto al jefe de Gobierno para que cumpla en sus términos la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces aclaro, estoy a favor del sentido del punto de acuerdo, pero me parece insuficiente, porque no exige que se cumpla en sus términos la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Estoy en contra de lo que dijo mi compañero, el diputado Agustín Guerrero. Él dice, con qué derecho los diputados de la Cámara de Diputados hablamos de los problemas de la ciudad. Pues podemos hablar de los problemas de la Ciudad de México, y de todas las ciudades y comunidades del país por dos simples razones.

Primera razón, porque somos representantes de la nación, como lo establece el artículo 51 de la Constitución, y eso nos da derecho de hablar sobre todos los temas del Distrito Federal, y del país.

Y en segundo lugar, tenemos derecho de hablar sobre los asuntos de la Ciudad de México, porque es la capital de todos los mexicanos, y no solamente los habitantes de la ciudad somos los que tenemos derecho a hablar sobre los problemas de la ciudad.

Cualquier mexicano, cualquier habitante tiene derecho a hablar sobre los problemas de la capital de la República. Entonces, tenemos plenos derechos para hablar sobre el Distrito Federal.

Coincido con mi compañera, la diputada Laura Itzel Castillo, en el sentido de que la obra en el Distrito Federal, la Supervía debe suspenderse, porque así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Coincido con mi compañera Laura Itzel Castillo, para que se realice la consulta con los ciudadanos, y para que se constituya ese grupo de trabajo que propone el punto de acuerdo.

Coincido con mi compañera, Laura Itzel Castillo, para que se hagan los diagnósticos sobre el impacto ambiental que tendrá esta obra, y también sobre los impactos, sobre la movilidad sustentable que generará esta obra propuesta por el jefe de gobierno.

También convengo con ella, y coincido, para que se garantice plenamente el derecho a la información de todos los habitantes de la ciudad y de la República, para conocer a detalle los procesos licitatorios y las condiciones del contrato de licitación de esta obra.

Creo que el Gobierno de la Ciudad de México ha incumplido con sus obligaciones; no ha acatado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que debe acatar, y desde luego, debe oír y debe atender las reivindicaciones, las demandas y las propuestas de los vecinos interesados en que esta obra no se realice.

También, con esto quiero terminar, coincido con mi compañera Laura Itzel Castillo, en el sentido de que nuestro grupo parlamentario no está a favor de la privatización de las obras públicas. Nosotros consideramos que un gobierno de izquierda, un partido de izquierda debe favorecer y maximizar a las obras públicas sin capital privado.

Rechazamos que las obras de la capital, de la Ciudad de México, se realicen con recursos privados, como en otros estados de la República. Consideramos que debe garantizarse el espacio de lo público y se debe garantizar también que al Estado, al sector público es al que le corresponde realizar este tipo de obras para la infraestructura de la Ciudad de México.

Coincido finalmente con algo que dijo aquí mi compañero, el diputado Agustín Guerrero. Estoy de acuerdo totalmente con él, cuando dice que en la Ciudad de México requerimos una asamblea constituyente; de que el país y los habitantes de esta ciudad demandan una Constitución para el Distrito Federal, y que el Distrito Federal debe tener el estatus jurídico de entidad federativa y de gozar, sus habitantes y la Ciudad de México, de los mismos derechos que gozan los habitantes y las instituciones de otras entidades de la República.

Por lo anterior, mi voto será en contra; pero es en contra del punto de acuerdo porque me parece insuficiente. Muy amables por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con su permiso, señor diputado. Además, agradezco su gran disposición para discutir este tema. Quién sabe.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un minuto menos, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales:No se sabe aquí en esta asamblea cuánto tiempo se da y cómo.

Pero bueno, me parece que el hecho de que hoy estamos discutiendo este tema es la muestra de que no ha habido interés, básicamente de dos partidos en la historia: del PRI y del PAN. Particularmente del PRI, habría que decir, porque esta ciudad tenga de verdad derechos plenos.

No es posible que en esta Cámara de Diputados siga habiendo una Comisión del DF. No es posible que en esta Cámara de Diputados estemos discutiendo temas que no competen al arbitrio federal.

Los capitalinos tenemos derechos y tenemos el derecho a tener un gobierno propio y a discutir nuestros propios asuntos. Es algo en el que no hemos avanzado y es todavía una asignatura pendiente que tiene esta Cámara con el país.

A nosotros nos orgullece ser de esta ciudad. Nosotros no creemos, como creen otros partidos, el PRI y el PAN, que la ciudad es una especie de parásito que vive del resto del país y que, por tanto, no hay que darle recursos. El 40 por ciento de los ingresos fiscales se recaudan en esta ciudad y tiene que ver; sí, con que en esta ciudad están las grandes empresas. Pero también, porque aquí se genera una gran cantidad de conocimiento, de riqueza, la mayor parte de las transacciones financieras. Esta ciudad trabaja mucho para el país.

Una de las causas por la que la economía de México no ha crecido de manera suficiente, es porque la ciudad no ha tenido los apoyos que se requieren, los apoyos que requiere toda gran capital. El país le ha fallado a la capital del país. Esto es distinto a otras naciones, donde bajo el concepto de capitalidad se apoya en lo que es su principal insignia, lo que más se vende al exterior, de eso tenemos que estar orgullosos. ¿Y saben una cosa?, los del PRD sí estamos orgullosos.

Por eso tenemos un proyecto de reforma de política integral, inteligente, que trata los problemas de la ciudad como deben ser vistos, un proyecto de reforma política que reconoce a la ciudad sus plenos derechos y la necesidad de que la capital del país es el gran motor cultural, intelectual de esta capital.

Es una ciudad donde hemos logrado cosas que nadie ha logrado, que ningún gobierno, ni del PRI, ni del PAN ha logrado. Hemos logrado, por ejemplo, que todo adulto mayor tenga una beca y tenga la posibilidad de tener una buena calidad de vida. Hemos logrado, por ejemplo, que todo estudiante de preparatoria pública pueda estudiar con un apoyo económico que le permita salir adelante y con eso hemos reducido la deserción escolar en más de 50 por ciento. Somos el ejemplo para el resto del país, y de eso siempre vamos a estar orgullosos.

Por eso, no tememos discutir los temas de la ciudad, aunque ustedes se empeñen en ponernos en esta palestra para discutir cosas que aparentemente no están bien; al contrario, es un orgullo tener un gobierno que da resultados, que puede dar soluciones a las personas, que puede concretar proyectos de obra pública, de manera interesante y generar empleos.

Ésa es precisamente la ciudad que queremos. Ésa es la ciudad por la que estamos luchando. Ésa es por la ciudad por la que queremos derechos plenos.

Aprovechamos esta ocasión para exigirle al PRI y al PAN que de una vez por todas tengamos, los capitalinos, derechos políticos, que no seamos el rehén de la política, como lo hemos sido en muchas ocasiones. Recordemos cómo la deuda pública de la ciudad se condiciona porque el PRD gobierna la capital, nada más por eso, sin ninguna otra razón.

Ustedes son los que han jugado con la ciudad. Nosotros somos los que hemos dado resultados y por eso seguimos gobernando, porque como el PRD es el único partido que está comprometido con ese proyecto, con luchar por la capital del país, vamos a seguir gobernando.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Vidal Llerenas, permítame 1 segundo. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si me acepta una pregunta el orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Si acepta, usted?

El diputado Vidal Llerenas Morales:Por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, diputado presidente.

Más allá de la cápsula comercial que nos está usted compartiendo a la asamblea, en esta suerte como de spot publicitario, yo quisiera preguntarle algo, muy concreto, ¿está usted en favor o en contra del punto de acuerdo que estamos discutiendo? Por sus respuestas, muchas gracias.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Yo estoy a favor del punto de acuerdo que se votó en la comisión, pero me parece que el punto no es ése. El punto de acuerdo fue votado por nuestros compañeros en la comisión para exigir, como lo hizo el diputado Agustín Guerrero, que ya tengamos una constitución en esta ciudad; derechos plenos y la posibilidad de nosotros de decidir lo que pasa en la Ciudad de México, no el resto de los partidos políticos. Y eso, eso es muy importante para los capitalinos.

Concluyo. Nos parece que de ahora en adelante a lo que tiene que comprometerse esta Cámara es, en este mismo periodo, en tener una reforma política en la capital que por primera vez impida que sigamos siendo discriminados. Que nuestros asuntos públicos, que nada tienen que ver con las leyes federales, sean objeto de esta Cámara de Diputados.

Eso lo exigimos, eso lo exigen los habitantes de esta ciudad. Y por eso votamos el punto de acuerdo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputado. Diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Acepta usted una pregunta?

El diputado Vidal Llerenas Morales:Por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Compañero diputado, si el PRD ha gobernado tan bien, y son tan buenos, por qué se quieren aliar con el PAN.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Es un tema evidentemente, no de este punto, pero se lo respondo. Para terminar con dictadorzuelos, como Ulises Ruiz y El Gober precioso. Por eso.

Concluyo diciendo que ojalá ésta sea la última ocasión que esta Cámara discuta cuestiones que no tienen que ver y que sólo tienen que ver con los capitalinos, porque somos ciudadanos de primera. Tenemos los mismos derechos que los demás y no vamos a aceptar...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales:...ser rehenes de partidos políticos que no están comprometidos con la capital del país. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra en contra, la diputada Leticia Quezada Contreras.

La diputada Leticia Quezada Contreras:Diputado presidente, muchas gracias, subo en contra pero voy a votar a favor del punto de acuerdo. Es un punto de acuerdo que yo presenté con fecha 20 de abril del 2010, que presenté en esta tribuna.

Ya va para un año, casi sacan una velita, y evidentemente el conflicto social y político de hace un año es muy diferente al que ahora está pasando. Ahorita está pasando ya por una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por supuesto, nosotros hemos dicho en todos lados, como vecina de Magdalena Contreras, que suscribimos, que suscribo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Subo a esta tribuna a título personal y, por supuesto, también, tomando en cuenta la argumentación que han dado mis demás compañeros; derechos plenos, y necesitamos una constitución. Constitución ya para el Distrito Federal.

Aunque todavía nos falta mucho por avanzar por una constitución y derechos plenos, quiero comentar que en el Distrito Federal tenemos una isla en materia de derechos. Es decir, en el Distrito Federal las mujeres podemos decidir, podemos tener facultades de decidir y aún con esto, tenemos todavía un gran pendiente con los capitalinos del Distrito Federal, que son derechos plenos, capitalidad y constitución ya.

Retomando, este proyecto de la construcción vial en Magdalena Contreras, denominado Supervía Poniente, a nombre de mis vecinos, como vecina de Magdalena Contreras, vemos que hay una afectación directa en la vialidad de nuestra demarcación; una afectación que padecemos todos los días.

El problema de Contreras es la movilidad. Entendemos y en verdad sabemos que hay una grave presión al salir gente de Santa Fe hacia la zona centro del Distrito Federal, pero la afectación que tenemos en nuestra demarcación es grave.

Más de 60 mil autos van a bajar por una avenida que se llama Avenida Luis Cabrera. Esta afectación ya está en estos momentos en todo lo largo y ancho de la delegación afectando. Se están haciendo 2 ó 3 horas al bajar desde San Bernabé a Luis Cabrera, ésa es una afectación que tenemos.

Es por eso que acompañamos las demandas sentidas de nuestros vecinos de San Jerónimo Lídice y de San Jerónimo Aculco, de la Unidad Independencia, de La Malinche, de todas estas zonas que están siendo afectadas en este momento y particularmente nuestra delegación Contreras.

Creo que aquí uno de los grandes responsables de esta obra ha sido en gran medida la falta de voluntad por parte del jefe delegacional, porque él tenía una atribución muy importante en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en donde viene cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien inmueble afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de la delegación, la que deberá estar fundada en la normatividad aplicable.

Es decir, antes de todo el proceso que se dio para esta construcción el jefe delegacional pudo haber dicho, mediante acciones administrativas, que no estaba a favor. Sin embargo, no movió, fue un omiso ante tal normatividad aplicable. Además, el manejo que se le ha dado por parte de la jefatura delegacional a este conflicto no es lo que pudiera ayudar.

Ha habido intimidaciones, ha habido bloqueos hacia los mismos vecinos, ha habido una falta de operación social y política que de algún modo nos está afectando a todos en la Magdalena Contreras. Yo, por supuesto que como vecina, me sumo a lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También queremos dejar aquí con mucha claridad que reprobamos que este tema se esté utilizando de manera político-electoral en el territorio, en nuestra demarcación. Eso es algo que no compartimos. Lo que está detrás es que hay gente que está siendo afectada y, por supuesto, nos sumamos al diálogo, a la reconciliación y, obviamente, a que se tomen en cuenta todas las expresiones.

Por último, quisiera decir a nombre y a título personal, a nombre de mis vecinos, solicitar la suspensión de la obra de aquí a que se haga la consulta. Y, repito, esta intervención es a título personal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Emilio Serrano Jiménez a favor.

Tengo al diputado Sebastián Lerdo de Tejada en contra y al diputado Gerardo Fernández Noroña a favor y preguntaremos si está suficientemente discutido. Al revés.

El diputado Emilio Serrano Jiménez:Gracias, diputado presidente. Claro que estoy a favor del dictamen que emitió la Comisión del Distrito Federal que preside la diputada Gabriela Cuevas y claro que estoy a favor de que se respeten los derechos plenos de quienes vivimos en el Distrito Federal.

Aquí he escuchado que la Cámara de Diputados tiene derecho de opinar lo que se hace y no se hace en el Distrito Federal. Si es así porque no le damos los recursos que requiere el Distrito Federal para todas las obras, para todo lo que debe hacer y hace en beneficio de los que vivimos aquí y en beneficio de todo el país.

Recordemos que ésta es la capital de todos los mexicanos; sin embargo, se le da un trato de segunda o de tercera. Aquí se asientan los poderes federales y no se destina un centavo, para cuidar los edificios, sedes del gobierno federal. No se da un centavo, para los servicios. Entonces, cómo es posible que sí opinemos en cuestiones de obras y no de lo más trascendental como es la constitución del Distrito Federal.

Compañeras, compañeros veo aquí y se los digo con todo respeto, un golpe político que se pretende dar. Veo aquí un juego de intereses políticos de quienes quieren jugar una candidatura allá en Magdalena Contreras y buscan el pretexto y este foro para hacerse notar. Creo que están más allá los problemas que vivimos en el Distrito Federal que alguna candidatura o alguna elección interna.

La Ciudad de México está colapsada, porque circulan más de 3 millones de vehículos en el Distrito Federal y no solamente de los que vivimos aquí, si no los que vienen de otras entidades a realizar sus actividades cotidianas de trabajo, de estudio, de comercio y de negocios.

A ustedes les consta diputadas y diputados que a veces hacemos más de media hora para circular cinco kilómetros, es desesperante. Hace falta liberar las vialidades, hacerlas más ágiles, no nada más la Supervía se requiere, otras más, porque si el tránsito es lento el desgaste de los vehículos es mayor, la contaminación es mayor, el estrés es mayor, estamos enfermos de estrés quienes vivimos en el Distrito Federal.

Y no se vale que por un capricho nos afecten a todos los que vivimos en el Distrito Federal. Esa zona no es una isla, es parte del Distrito Federal y creo que todos los que vivimos aquí tenemos derecho a vivir en mejores condiciones.

Claro que estoy a favor de los derechos de los vecinos, que sean escuchados, que los podamos representar con dignidad y por eso el punto de acuerdo es de que se forme una comisión plural, para ver el tema de la Supervía, escuchar a los vecinos y que la autoridad también los escuche. Estamos a favor de eso, pero jamás vamos a aceptar que se suspenda una obra de gran trascendencia.

Ustedes lo saben, diputadas y diputados, cuando se hace un contrato de construcción, de trabajo, si se suspende por una parte se tiene que pagar con dinero. La multa es muy grande, la penalidad es muy grande, si no hay recursos en el Distrito Federal para cosas elementales, menos para pagar una penalización.

Yo pregunto, ¿vamos a autorizar más presupuesto al gobierno del Distrito Federal para esa obra?  Y también hay que pensar que si se llegase a suspender va a ser más tiempo el que los vecinos tengan el problema de vialidad, de polvo, de tierra, de incomodidades. Esto debe ser lo más ágil posible y podemos garantizar que se pueden disfrutar de estas vialidades, y desde esta tribuna digo que particularmente estoy de acuerdo en las vialidades que construyó el gobierno del estado de México, con peaje, porque si no hay recursos para las obras, de algún lado tienen que salir para pagarlo.

Mi voto es a favor y espero que con conciencia todos votemos a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Serrano. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeros diputados, compañeras diputadas, siguiendo el debate queda claro.

Yo iba a hablar en contra porque me parecía insuficiente el punto, no porque estuviera en contra de la consulta y mucho menos porque estuviera en contra de que el gobierno del Distrito Federal reciba a quienes están inconformes, y escuchando todo el debate me queda claro que todo mundo está en la misma línea, porque aquí se han dado argumentos, todos a favor de la consulta, todos a favor de que se reciba a los vecinos y la única, a excepción de alguna intervención, la única diferencia estriba en que se le añada que la obra se suspenda hasta en tanto no se haga la consulta. Ése es el planteamiento que aquí se está haciendo.

Varios diputados y diputadas han expresado esto y yo le pediría, diputado presidente, que se planteara esta adición, que se incorporara este planteamiento, porque es cierto que la Ciudad de México necesita una constitución y no puede seguir tratada como menor de edad, pero es inexacto que domine el chovinismo de rancho diciendo que las cosas del Distrito Federal sólo le corresponden a la Asamblea Legislativa y al Distrito Federal; nos compete a todos, como todos los temas de todas las entidades de la República nos competen.

Yo francamente estoy en contra de la obra, creo que esa obra debería suspenderse. Es una obra que huele a negocio. Es de paga, es con un particular, con un contrato que tiene muchas irregularidades desde nuestro punto de vista, y además tiene oposición de ambientalistas que sostienen que la recarga de agua en esa zona es muy importante, en dos zonas verdes que están boscosas importantes en esa zona, y hay una oposición que ha sido muy sistemática de vecinos del lugar, que ha sido desatendida por el gobierno del Distrito Federal.

Si Marcelo Ebrard promueve una consulta en el estado de México para ver si se alían el PAN y el PRD, no puede negarse a una consulta en el Distrito Federal sobre la obra de Supervía, es una inconsecuencia bárbara. Es una cosa absolutamente inaceptable. Así es que sí debe hacerse esa consulta. Yo insisto que en realidad debería pararse esa obra.

La adición –yo me sumo a ella– que estamos solicitando es –además en ese sentido iba la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal- la suspensión de la obra. Si esto implica dificultades económicas, yo supongo que como cualquier obra que se haya hecho bien, debe tener afianzadoras, debe tener seguros, debe tener una serie de garantías de esta naturaleza que prevén dificultades que puedan darse en un momento dado. Yo creo que el gobierno de la ciudad habrá tomado estas precauciones. Si no las tomó, mal habría hecho.

Así es que es un argumento débil decir que se va a enfrentar a una situación económica difícil si la obra se detiene. Lo importante es que la ciudad decida si esa obra se hace o no. Me parece –reitero- que el puro hecho de que sea de paga ya va en contra de lo que han estado planteando los gobiernos de la ciudad que ha encabezado el Partido de la Revolución Democrática; va en contra de las obras que se han efectuado hasta la fecha; va en contra de la política y de la forma de trabajo en que se han venido comprometiendo los gobiernos democráticos y de izquierda.

Pero hay cuestionamientos adicionales que ya se han aquí planteado y que ya esbocé yo de alguna manera y que no volveré a repetir.

Por todas estas razones le solicito formalmente, diputado presidente, que antes de poner a votación, pida se haga esta adición o se vote la adición por separado, si así se quiere, pero que no sea no considerada la solicitud de suspender la obra en tanto no se lleve a cabo la consulta aquí planteada. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado. El diputado Sebastián Lerdo de Tejada, y preguntaremos si está suficientemente discutido.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros.

Yo en primer término tendría que ser congruente con lo que he manifestado siempre en esta tribuna. Los puntos de acuerdo me parecen una figura jurídica agotada para los efectos que en el fondo se persiguen.

En el fondo lo que se está persiguiendo es darle, a través de un mecanismo que no es más que una recomendación al jefe de gobierno, la posibilidad de que se reúna con los vecinos afectados por una posible obra. Me parece elemental que el jefe de gobierno del Distrito Federal se reúna con los vecinos afectados por una obra.

Me parece también poco sano por parte de un partido que se dice democrático, regatearle a la Cámara de Diputados atribuciones en función de un tema de debate central. Sí para quienes aquí vivimos y de aquí somos, pero también para todos quienes nos visitan todos los días en una ciudad que ojalá algún día se acabe de construir y en donde encontramos cierres y obras a la mitad y vecinos mal informados de cuánto dura la obra, cuánto cuesta la obra, a quien beneficia la obra.

Éste no es un tema nuevo. Y el tema del techo del endeudamiento del Distrito Federal que se ha discutido en esta soberanía no es un tema de regateo político, es un tema de cuentas opacas que han entregado los gobiernos del PRD a esta soberanía, y ahí están los resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Siguen sin decirnos el detalle de los segundos pisos del Periférico, y una buena mezcla fueron recursos aprobados por esta soberanía. Se mantiene un doble discurso, por un lado, un discurso democrático, y por el otro lado, ni con el pétalo de una rosa de Marcelo Ebrard –no se vaya a ofender el señor–, de rendirle cuentas a sus gobernados. Eso pasa cuando un partido político gobierna 14 años una entidad federativa sin contrapeso alguno. Eso es lo que ha pasado en la Ciudad de México.

Los que aquí vienen a reclamar actitudes democráticas, en lo local son los más antidemocráticos que hemos conocido. Eso pasa en la Asamblea de Representantes, eso pasa cuando se le cuestiona públicamente a Marcelo Ebrard la opacidad en el manejo de los recursos públicos, las actitudes facciosas, y eso sí para opinar de los temas nacionales son muy, cómo adjetivarlo para que no quede en el Diario de los Debates como una grosería, diligentes. Son diligentes para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

A mí me llama mucho la atención que hayan intentado posponer esta discusión de un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, que se da además por unanimidad, y a la hora de venir al pleno hablan de todo menos del tema. El tema es justamente el punto de acuerdo al que estamos haciendo referencia...

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Sí, señor presidente, dígame.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Para hacerle una pregunta al diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiere hacerle una pregunta el diputado Di Costanzo.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Encantado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Acepta encantado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Ahora que está hablando de deuda, diputado Sebastián Lerdo de Tejada, ¿de cuánto fue la deuda del Fobaproa que heredó el PRI a la sociedad mexicana?

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Mire, mi amigo, el día que quiera discutimos eso en profundidad, como lo hemos hecho en la Comisión de Vigilancia, en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Hacienda.

Hoy estamos hablando de un punto de acuerdo en donde fíjense, además, lo respetuoso que es el punto de acuerdo –no se vayan a ofender: se exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que con la brevedad posible celebre una audiencia pública con los vecinos. Vaya más cuidadosa no pudo haber sido la redacción que entrega la Comisión del Distrito Federal a esta soberanía y ahora resulta que más allá de que voten a favor, han desviado el debate con temas que parecen más infomerciales, dictados, desde la plancha del Zócalo, que entrarle a un debate sustantivo que es justamente el tema de la rendición de cuentas en el Distrito Federal.

Si se dicen demócratas cuál es el riesgo de que se discutan estos temas en esta asamblea y cuál es el riesgo de que se hagan las consultas públicas y que éstas, ojalá, a propósito de quien planea poner a la consideración algunas modificaciones legales, ojalá estas consultas fuera vinculatorias.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. ¿Diputado Vidal Llerenas, con qué objeto?

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Si me permite una pregunta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si le permite usted una pregunta.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:También con mucho gusto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Aprovecho la ocasión para preguntar cuál es su posición y la de su partido con respecto a la propuesta de reforma política que presentó el PRD en esta asamblea y que en la Asamblea Legislativa fue apoyada por todas las fuerzas políticas. Si esa será la que, incluyendo al PRI, la que apoyarán o una vez más el PRI será el obstáculo para  la reforma política de la ciudad. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Gracias, presidente. Gracias, diputado, qué bueno que vuelve a traer el tema, insisto, si cuando con el pétalo de una rosa se les tratan temas distintos, son ustedes monotemáticos en torno a sus temas.

Me parece que ha sido evidente cuál ha sido la opinión del PRI. El PRI ha presentado en esta soberanía un proyecto de reforma. El PAN ha presentado un proyecto de reforma. Ustedes se tardaron un año en presentar su proyecto de reforma.

Es decir, en términos de interés y de prioridades, Primero fueron otros partidos políticos, incluido el mío, a la iniciativa que firmó todo su grupo parlamentario.

¿Qué le diría yo como diputado federal del PRI del Distrito Federal en esta Cámara? Le diría que estamos totalmente dispuestos a debatir, a ver si los que no somos dogmáticos somos nosotros hombre, si los que no somos inconsistentes no somos nosotros.

Nosotros no estamos un día envueltos en la bandera de la democracia, al día siguiente en la de la opacidad, después con un discurso de izquierda y por la noche aliándonos con la derecha.

En nosotros va a encontrar consistencia y total disposición para entrar en profundidad a los temas de una reforma que nos beneficie a los habitantes del Distrito Federal, no al partido que gobierna el Distrito Federal hoy y que espero, por el beneficio de la ciudad, le quede muy poco tiempo al frente del Distrito Federal. Muchas gracias, señor presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame, diputado. Diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Si me permite una pregunta el orador, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Si admite usted una pregunta del diputado Escudero.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Con mucho gusto, presidente.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Diputado Lerdo usted por qué cree que el señor López Obrador y Marcelo Ebrard han escondido y ocultado la información respecto del costo de los segundos pisos, a la mejor es un tema de seguridad nacional, a la mejor creen que no tienen derecho los ciudadanos a saber cuánto pagaron por los segundos pisos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos conocer cuánto costaron los segundos pisos? ¿Cuál es su opinión?

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias:Gracias, diputado. Resulta desde mi punto de vista obvio, porque deben persistir en ellos, negocios inconfesables, pero fíjese que no solamente es eso. Valdría la pena preguntarle al jefe del gobierno del Distrito Federal si ha convenido intercambios con constructoras, con cementeras. Valdría la pena consultarles, más allá de la pertinencia o impertinencia de cobrar una vía en el Distrito Federal, qué tipo de acuerdos adicionales han logrado.

Mire usted, diputado, evidentemente yo quiero que le vaya bien a mi ciudad, como seguramente todos queremos que le vaya bien a la ciudad; pero no es con estas actitudes, con esta opacidad con la que se han manejado las cosas y con estos dobles discursos como vamos a profundizar el beneficio de la capital de todos los mexicanos. Para el beneficio de la capital de todos los mexicanos, evidentemente, cuenten con nosotros, para lo otro, evidentemente, no cuenten con nosotros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame diputado. El diputado Alejandro Encinas quiere formular una pregunta.

El diputado Alejandro Encinas Rodríguez:Para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Rectificación de hechos, diputados, con mucho gusto, después de que yo pregunte si está suficientemente discutido como anuncié. Pregunte usted, si está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se pregunta a la asamblea, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa. Gracias. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido, señores diputados.

A ver, permítame, el diputado Fernández Noroña está haciendo una moción de procedimiento, ¿qué artículo diputado?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(dese la curul): Diputado presidente, la moción de procedimiento –ahora le doy el artículo, que es el 11 me parece– 115. Tiene que ver con que usted anunció que el diputado Lerdo era antes que yo, y yo cerraba la lista, usted alteró la lista, y luego, el diputado Lerdo no contestó a la pregunta del diputado Mario di Costanzo diciendo que no era tema. Y sí contestó a la del diputado Pablo Escudero, que tampoco era tema. Nosotros no vamos a aceptar las acusaciones irresponsables de Lerdo de Tejada de actos de corrupción sobre Andrés Manuel López Obrador. Que los acredite, y los demuestre...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Registro...

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): ...estamos en el interés de rectificar sus infamias hechas hace un momento en la tribuna...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, con mucho gusto registren ustedes el tema, y abrimos una discusión. Yo anuncié desde el principio la lista, la fui anunciando fui anunciando los oradores, los dos oradores se inscribieron prácticamente en pro.

Evidentemente, los oradores hablaron indistintamente de lo que así consideraban. Ya pregunté a la asamblea, y la asamblea lo consideró suficientemente discutido.

Diputado Agustín Guerrero, luego el diputado Vidal Llerenas, luego la diputada Leticia Quezada. Si me dicen con qué objeto, por favor. Y diputado Lerdo de Tejada.

Está suficientemente discutido el punto, diputado... Diputado Agustín Guerrero.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Está fuera del procedimiento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es correcto, diputado. Es correcto, diputado. Es su opinión diputado, y no la acepto, por cierto. Gracias. Diputado Guerrero. Sonido en la curul del diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo:Ya está, muchas gracias. Yo creo que lo que aquí ha señalado el diputado Sebastián Lerdo de Tejada es una acusación  muy grave al jefe de gobierno en su momento, Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, al actual jefe de gobierno, Marcelo Ebrard.

Y justamente, por la gravedad de esa acusación era prudente en ese momento, que otro ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, que estuvo justamente entre Marcelo y Andrés Manuel, que es el diputado Alejandro Encinas pudiera responderle a esas imputaciones que hace Sebastián Lerdo de Tejada.

Por eso creo que era prudente, y creo que es prudente para rectificación de hechos, diputados, por la gravedad de los señalamientos, porque aquí hay un protagonista directo, de la jefatura de gobierno para descalificar esas afirmaciones del diputado Lerdo de Tejada.

Entonces, sí le pediría que diera paso a una rectificación de hechos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputados, me daría mucho gusto, pero el debate fue marcado en sus tiempos paso a paso, y le di la palabra a todos los que la solicitaron en su momento. No ha lugar la rectificación de hechos después de que pregunté si estaba suficientemente discutido.

Entiendo la oportunidad de la intervención del diputado Encinas, pero el asunto está suficientemente discutido.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Él último regente de esta ciudad, del PRI, fue a la cárcel por actos de corrupción. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Con todo respeto, señor presidente, la rectificación de hechos es un instrumento que se utiliza en el desarrollo del debate, justamente para esclarecer los temas que se someten a discusión, por lo cual no puede decretarse suficientemente discutido sin que éstos se desahoguen.

Y muy brevemente, es así de sencillo. Las obras de segundo piso acabaron de construirse en el año 2006. Fueron auditadas puntualmente y las observaciones que se hicieron en su oportunidad por la Auditoría Superior de la Federación se solventaron. Se han agotado todas las Cuentas Públicas satisfactoriamente y no hay ninguna observación respecto al manejo de los recursos del segundo piso, y está plenamente acreditado su costo.

Por cierto, para aclararle al diputado Lerdo, ninguna obra del segundo piso se construyó en la gestión de Marcelo Ebrard.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, sus expresiones quedan debidamente registradas en este debate. Gracias, diputados.

Tome la votación, señora diputada. Pero permítame, están el diputado Lerdo y la diputada Laura Itzel Castillo. Adelante, diputado Sebastián Lerdo.

El diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias(desde la curul): Gracias, presidente.

Sólo para efectos de acta, dejar constancia, porque fue la expresión que utilizó el diputado Fernández Noroña, dejar constancia de que no acepto reconvención alguna. Me llama la atención que quien ha subido a la tribuna a citar a la Constitución recordando que los legisladores federales no podemos ser reconvenidos, lo primero que pida es que se me reconvenga.

En primer término, para efectos de acta, no le acepto al diputado que me falte al respeto y que le falte a la Constitución.

Segundo, para efectos de debate estoy puesto, cuando quieran, ¿eh?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Laura Itzel Castillo está haciendo una moción. Diputado Zamora, diputado Fernández, diputado Di Costanzo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Sí, estoy haciendo una moción de ilustración, de acuerdo a lo que se denomina el nuevo Reglamento, porque me parece muy importante aquí recordar lo que decía Goebbels: una mentira dicha mil veces se convierte en verdad.

Aquí en reiteradas ocasiones se señala que hay opacidad con relación a la información de los segundos pisos. Mentira. Nada más falso. Quiero que aquí quede claro. Les voy a dar la página de Internet donde incluso los segundos pisos, todo lo relacionado con esta obra, se puede revisar, por cualquier persona que tenga acceso a Internet. Ya quisiéramos que las obras y los negocios de Peña Nieto estuvieran publicados en alguna parte.

Les voy a dar la página para que todos apunten, para que la próxima vez que lo digan sepan que están diciendo una gran mentira. Incluso ahí aparece información documentada con planos. Es www.fimevic.df.gob.mx/ documentos/transparencia/contratos/obra/ctos_obra_publica.pdf.

Todos pueden acudir a esa página y que revisen la versión estenográfica, por si no tuvieron tiempo de anotarla. Gracias. Es todo, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan registradas sus expresiones, diputada e incorporadas a este debate.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Sí, presidente. Solamente para decirle que en torno al punto que nos ocupa, que es precisamente este punto de acuerdo, el Grupo Parlamentario del PRI vamos a votar a favor, precisamente porque nosotros estamos considerando que es lo correcto en función de la necesidad de transparencia, aunque en el caso de las consultas, muchas de ellas que se realizan, sabemos y conocemos que están dirigidas y tienen un resultado predeterminado. Pero en este sentido, vamos a votar a favor nosotros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Solicitarle, diputado presidente, que le regale al diputado Lerdo de Tejada una copia de la versión estenográfica para que vea mi intervención. Y una vez que la haya revisado se retracte, respecto de que yo plantee que lo reconvinieran. Nunca plantee eso. Yo dije que deberíamos haber tenido derecho al uso de la palabra, el diputado Encinas y yo, que habíamos pedido por rectificación de hechos, porque sostengo que mintió en tribuna, sostengo que hizo trampa no contestándole a Mario di Costanzo, la pregunta sobre Fobaproa, y sí contestándole a Pablo Escudero, el asunto de los segundos pisos, que tampoco era tema. Y sostengo que miente, cuando habla de corrupción de Andrés Manuel López Obrador; puede presentar los elementos.

Yo francamente cada que suba a decir ese tipo de mentiras, pues aquí lo confrontaré. No tengo interés de debatir con él, porque no vale la pena tampoco. Pero sí, aquí en tribuna, no voy a permitir que este tipo de cosas se sostengan.

Finalmente planteo, yo veo muy difícil que el PRI gane la elección presidencial, y mucho más que gane la Ciudad de México por más que se relaman los bigotes. Muchas gracias, diputado presidente.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Gracias, presidente.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Presidente.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Perdón, diputado Di Costanzo. Después de usted, Agustín Guerrero, Vidal Llerenas y pasamos a la votación. Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta(desde la curul): Nada más en adición a lo que comentó mi compañera Laura Itzel Castillo, le diría al diputado Sebastián Lerdo de Tejada, que así como que hay una página del gobierno en donde están los contratos y toda la información del segundo piso. Quisiera preguntarle al diputado Sebastián Lerdo de Tejada, que, ¿en qué página del gobierno están todos los papeles del rescate bancario? Bank Report, todas las notas, todas las atrocidades que cometieron.

A mí me costó dos años; dos años pelearme con los bancos y me corrieron de la Comisión de Vigilancia, y fue un priísta el que me corrió de la Comisión de Vigilancia porque le gané al Ifai. ¿Dónde está la información, diputado Lerdo de Tejada?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Guerrero.

El diputado Agustín Guerrero Castillo(desde la curul): Dado que estamos ya en la ronda de acreditar nuestro sentido de votación, diputado presidente, en el caso del Grupo Parlamentario del PRD, igual como lo hemos hecho en la Comisión del Distrito Federal, donde votamos a favor, donde le hicimos mejoras a este dictamen que hoy se ha discutido. También estaremos votando a favor en este pleno, a favor del dictamen en este pleno.

Convencidos del ejercicio democrático que se lleva a cabo en la Ciudad de México, pero, sobre todo porque estamos emplazando a los diputados del PRI que tienen hoy la mayoría en esta Legislatura. Pero también a los diputados del PAN, que sea la última discusión que tengamos, que la siguiente sea sobre la Constitución del DF; ésa sí vale la pena, Sebastián. Un debate sobre la Constitución vale la pena.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Vidal Llerenas.

Diputado Cárdenas, no le voy a poder dar el uso de la palabra, porque anuncié que el último sería el diputado Llerenas y pasaríamos a la votación. Diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Sí, sólo para que quede constancia que este debate, es un debate manipulado desde la mesa en los tiempos en escoger este punto, en permitir o no este debate y en manipular los tiempos.

A nosotros nos hubiera gustado discutir, por qué Oscar Espinosa fue a la cárcel, por ejemplo. Pero usted es el que dirige el debate y creo que sienta un pésimo precedente para esta Cámara.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias presidente. Para hacerle una pregunta, presidente, porque no quedó claro. ¿Cómo se va a votar este punto de acuerdo, con la inclusión que solicitó el diputado Agustín Guerrero Castillo, Laura Itzel Castillo, Gerardo Fernández Noroña y su servidor, en torno al cumplimiento de la recomendación de la comisión –y la diputada Paz Quiñones, perdón, también- respecto del cumplimiento irrestricto de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del DF o no? Eso quiero saber, para formar mi criterio.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto, diputado. Lea la Secretaría el artículo 106, fracción III. El título uno y la fracción III.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Artículo 106. Las discusiones de los dictámenes acerca de proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tercero.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Tercero. No se admitirán votos particulares ni reservas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En otras palabras, no tenemos posibilidad de admitir una modificación al dictamen presentado. Por tanto, la posición es a favor como está el dictamen o en contra rechazando el dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Una cuestión técnica presidente. Considero que es diferente una reserva a una modificación, a una adición. Entonces tendríamos que discutir eso, primero, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Yo tenía esa misma duda, pero el Reglamento, el cual tengo la obligación de interpretar, me saca de esa duda donde dice: Se discutirán y votarán en un solo acto. O sea, no puedo preguntar primero una cosa y luego otra. Es un solo acto, es una sola votación a favor o en contra del punto de acuerdo en sus términos. Adelante, diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Los diputados y diputadas que falten de votar, por favor. Sigue abierto el sistema para que puedan votar. Sigue abierto el sistema, diputado. Ciérrese el sistema de votación. Diputado Alberto Cano Vélez, ¿su sentido del voto? ¿Ya votó? ¿Su nombre? Diputado.

El diputado Sergio Arturo Torres Santos(desde la curul): Arturo Torres, a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Su nombre? Que diga su nombre y el sentido del voto. Su nombre, diputada, por favor.

La diputada Sonia Mendoza Díaz(desde la curul): Sonia Mendoza, a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Gracias, diputada. ¿Sí, diputado? ¿Su nombre?

El diputado Ignacio Téllez González(desde la curul): Ignacio Téllez, a favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ignacio Téllez, a favor. ¿Sí, diputado? ¿Su nombre y el sentido?

El diputado Luciano Cornejo Barrera(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Muy bien, a favor.

Diputado presidente, se emitieron 253 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado, comuníquese.

Sea tan amable la Secretaría de Servicios Parlamentarios de ordenar el retiro de las expresiones que hizo este presidente al diputado Vidal Llerenas en cumplimiento de lo que dispone este Reglamento. Muchas gracias.

Diputada, continúe por favor.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Alta: Diputado José Ricardo López Pescador (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

Comisión de Juventud y Deporte

Baja: Diputada María del Carmen Guzmán Lozano (integrante)

Alta: Diputado Víctor Alejandro Balderas Vaquera (integrante).

Lo anterior, para los efectos a que hay lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Es de enterado y se comunica.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados las iniciativas y proposiciones que registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna, para su trámite serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria con excepción de las iniciativas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del martes 15 de marzo de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

Iniciativas con proyecto de decreto

1.Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Méndez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

2.Que reforma el artículo 9°-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Cristabell Zamora Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3.Que reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

5.Que reforma el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Pedro Peralta Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de la Función Pública, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ma. Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a las Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Social, para opinión.

7.De decreto, por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa de la celebración de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara, 2011, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Que reforma los artículos 280 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

9.Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

10.Que reforma el artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

12.Que reforma el artículo 266 y deroga los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia para dictamen.

13.Que reforma los artículos 41 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 281 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de Lourdes Reynoso Femat, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Economía y de Salud, para dictamen.

14.Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Oaxaca, expida las credenciales, legalice y certifique las firmas de las autoridades municipales electas, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política.

2.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IEEM, garantice el voto de los ciudadanos del Estado de México residentes en el extranjero en la elección de Gobernador de dicha entidad, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política.

3. Con punto de acuerdo, por el que se condenan los actos de amenaza y hostigamiento contra la defensora de derechos humanos María Luisa Andrade, se exhorta a las autoridades del estado de Chihuahua y al Presidente de la República, realicen las acciones necesarias para garantizar la vida y la seguridad de las defensoras de derechos humanos en dicha entidad, y a la CNDH, realice un informe especial, a cargo de la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz y suscrito por la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

4.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, emita una alerta para los mexicanos que tengan viajes programados a Arizona, o bien residan o estudien en dicho estado, por los recientes actos discriminatorios que se han suscitado en la entidad, a cargo del diputado Carlos Samuel Moreno Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se autoriza a las comisiones ordinarias, para que citen a funcionarios a comparecencias y se formulen preguntas parlamentarias, en condiciones de igualdad y no de proporcionalidad en relación con las iniciativas de ley o decreto que se les turnen durante 2011, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

6.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que una proporción de los excedentes monetarios, derivados de la exportación de petróleo, se destinen al fomento de la investigación científica y de la innovación tecnológica, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

7.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a crear un fondo emergente de apoyo al sector turístico, que favorezca a las entidades que han sido afectadas en su imagen por situaciones de hechos violentos, a cargo de la diputada Laura Margarita Suárez González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8.Con punto de acuerdo, en relación con el desabasto de medicamentos del ISSSTE, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9.Con punto de acuerdo, relativo a los riesgos que representan para la población y el medio ambiente los reactores nucleares para generar electricidad en México, a cargo del diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

10.Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía, del Titular de la SHCP, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Junta de Coordinación Política.

11.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud, den continuidad a las acciones de vigilancia contra los denominados productos "milagro" y al control de anuncios publicitarios que carezcan de evidencias científicas para evitar daños a la salud de la población, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Estado de México, revise su política salarial y compensaciones, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, del IMSS y del ISSSTE, hagan entrega de las vacunas frente al neumococo y el rotavirus a las instituciones de salud a nivel nacional, a cargo del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

14.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la COFETEL, adopten las medidas que correspondan para atender los problemas de calidad en las redes de telefonía móvil, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

15.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, destine los excedentes que estén resultando de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos, al pago de los intereses generados de la deuda adquirida por el Gobierno del estado de Hidalgo, contratada para el cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la construcción de la Refinería de Tula, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora y suscrito por el diputado Ramón Ramírez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se condena la aprobación en Comisiones del Senado, de la Ley SB-1611 en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, que pretende restringir el acceso a los servicios públicos por parte de migrantes indocumentados, y exhorta a la SRE, a hacer uso de los instrumentos y mecanismos necesarios para defender los derechos de los migrantes mexicanos que puedan verse afectados con la aplicación de dicha legislación, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del Gobierno Federal en el conflicto suscitado en el sector de las telecomunicaciones, a cargo del diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

18.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, intensifique las gestiones diplomáticas ante las autoridades de Estados Unidos de América, para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos de los mexicanos que residen en el exterior, especialmente en el estado de Arizona y para crear una comisión de diálogo de legisladores, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

19.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de estado de Michoacán, se responsabilice de su falta de obediencia a la Constitución Política de ese estado y subsane la omisión de publicar las reformas aprobadas por la legislatura local en materia electoral; se exhorta al Presidente y a los Consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, contribuyan a dar certidumbre, legalidad y equidad en el proceso local que se dará este año en el estado; y a todas las fuerzas políticas que participarán en los comicios para renovar gobernador, diputados y ayuntamientos, con el fin de que el próximo proceso electoral se organice con apego a los principios constitucionales de Legalidad, Equidad, Certeza, Imparcialidad y Objetividad, a cargo del diputado Julio Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, agilice la conformación y publicación de la totalidad de las reglas de operación, a que están sujetos diferentes programas públicos federales, contenidos en el anexo 18 del PEF 2011, toda vez que se requiere tomar en cuenta la opinión de las comisiones ordinarias de esta Soberanía, para que se prevea que las aportaciones acordadas se realicen oportunamente y sean ejercidas de inmediato, así como promover una calendarización eficiente para el ejercicio de los recursos federales respectivos, e incluir en todos los casos, criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos, a cargo del diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

21.Con punto de acuerdo, por el que se crea una Comisión Especial para investigar la complicidad de los gobiernos del PRI con el narcotráfico, de acuerdo con las declaraciones del ex Gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo García, a cargo del diputado Arturo Ramírez Bucio y suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política.

22.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la SHCP, para que este 2011 incrementen los recursos presupuestales para la SEP, a fin de implementar un proyecto piloto regional en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán para la ampliación de la cobertura de las becas del PROMAJOVEN para el nivel medio superior, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Yeladaqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

23.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF, intensifique acciones y se coordine con las autoridades delegacionales, a fin de combatir la venta de material pornográfico infantil, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

24.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SECTUR, incorpore y defina como prestadores de servicios turísticos al tiempo compartido, transportación terrestre, aérea y marítima, en adición a los contenidos, en su momento, por la legislación anterior a la vigente Ley General de Turismo, considerando que estará por publicarse el Reglamento de la citada Ley, a cargo del diputado Carlos Manuel Joaquín González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

25.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República resuelva el problema limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Remítase a la Cámara de Senadores, para su atención.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, acuerde la celebración de una Sesión Solemne con motivo del 75 Aniversario de la fundación del IPN y se lleven a cabo una serie de actividades conmemorativas, al interior de este Recinto, que den testimonio de la importancia y aportaciones del referido Instituto y permitan tomar conciencia colectiva de su importancia para el desarrollo nacional, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Secretaría de Salud, elaboren en conjunto una campaña informativa de prevención en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas, sobre los efectos que el trastorno de la alcoholexia ocasiona dentro de los jóvenes, a cargo de la diputada Laura Viviana Agundiz Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para dictamen.

28.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, elabore y publique a la brevedad posible, un nuevo Programa a Favor de la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se han agotado los asuntos en cartera, diputado presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 17:50 horas): Por tanto, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 17 de marzo de 2011, a las 10 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 6 hora 7 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 294 diputados • Asistencia al cierre de registro:  409 diputados • Minutos de silencio: 2 • Pronunciamiento de la Mesa Directiva: 1 • Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado: 1 • Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1 • Oradores que participaron: 134 PRI                                              29PAN                                             26PRD                                     33PVEM                                          10PT                                                 32Nueva Alianza                     3Comisión de Juventud y Deporte  1 Se recibió o presentó: • 1 comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la que informa turnar nuevamente, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, 32 iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario de presentar dictamen; • 2 oficios de diputados por los que solicitan retirar iniciativas, respectivamente; • 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a ceremonia cívica conmemorativa; • 1 oficio del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Comisión Federal de Competencia con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 oficio del Gobierno del estado de Guanajuato con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Gobierno del estado de Oaxaca con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 oficio de Petróleos Mexicanos con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 4 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 excitativa a comisiones de senador del PAN; • 1 iniciativa de senador del PRI; • 1 iniciativa del Congreso del estado de Guanajuato; • 2 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Juventud y Deporte; • 5 iniciativas del PRI; • 4 iniciativas del PAN; • 4 iniciativas del PRD; • 1 iniciativa de la Comisión de Juventus y Deporte; • 28 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o y segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. ; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de 24 monedas bimetálicas conmemorativas de la Herencia Numismática de México de conformidad con el inciso c) del artículo 2o de Ley Monetaria de Los Estados Unidos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda de oro conmemorativa del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de la octava moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Planeación • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferrocarriles Nacionales de México a agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en Tijuana, Baja California; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente, en particular los ofrecidos en la Biblioteca de México; • 1 de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros información sobre las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés de garantía prendaria; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del titular de la Procuraduría Federal de Protección Ambiente, para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fomento Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, estado de Oaxaca; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones para promover el uso racional del agua; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de Michoacán a realizar las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a informar sobre los resultados obtenidos durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe con oportunidad sobre la existencia de un plano proyecto para construir un penal de máxima seguridad en Campeche; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la república a cubrir todos los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar acciones para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir los daños provocados a las viviendas circundantes de la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa Ecatepec Morelos, México; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoría y, en su caso, inicie un proceso sancionador, para fincar responsabilidad y reparar los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta; • 1 de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público un estudio integral que determine la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de obra en la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales a implantar medidas para solucionar la demora en el cobro en las casetas de San Marcos y San Martín, en la carretera México-Puebla; • 1 de la Comisión de Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe del Gobierno de la ciudad a recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial Supervía Poniente Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Participación Ciudadana con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil; • 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo al artículo 4 y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona al artículo 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; • 1 de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y a Ferrocarriles Nacionales de México a agilizar el trámite de regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares en Tijuana, Baja California; • 1 de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a mejorar los servicios bibliotecarios para la población invidente, en particular los ofrecidos en la Biblioteca de México; • 1 de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros información sobre las instituciones que realizan contrataciones u operaciones de mutuo con interés de garantía prendaria; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que solicita la comparecencia del titular de la Procuraduría Federal de Protección Ambiente, para que explique la cancelación de proyectos turísticos del Fomento Nacional de Fomento al Turismo en Huatulco, estado de Oaxaca; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implantar acciones para promover el uso racional del agua; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno de Michoacán a realizar las gestiones necesarias para garantizar la participación de las comunidades de Uruapan en la administración, custodia y operación del parque nacional Barranca del Cupatitzio; • 1 de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a informar sobre los resultados obtenidos durante los últimos cinco años con la operación de los programas de restauración, reforestación y recuperación de los ecosistemas forestales y de las cuencas hidrológico-forestales; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal que informe con oportunidad sobre la existencia de un plano proyecto para construir un penal de máxima seguridad en Campeche; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la república a cubrir todos los gastos de manutención de los reos federales en centros penitenciarios estatales; y a la Secretaría de Seguridad Pública, a realizar acciones para cumplir la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mesas de negociación y verificación de perjuicios para resarcir los daños provocados a las viviendas circundantes de la autopista México-Pachuca, en el tramo que atraviesa Ecatepec Morelos, México; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que concluya el tramo carretero Puente Prieto-Canoas-Pánuco, en la Huasteca; y se solicita la intervención del titular de la Secretaría de la Función Pública a fin de que supervise el proyecto; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ordenar una auditoría y, en su caso, inicie un proceso sancionador, para fincar responsabilidad y reparar los daños del primer tramo de la modernización de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta; • 1 de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público un estudio integral que determine la viabilidad de reducir el peaje que pagan las motocicletas que circulan por las autopistas del país; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la pertinencia de agilizar y ampliar los frentes de obra en la ampliación y modernización de la carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca, Sonora; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales a implantar medidas para solucionar la demora en el cobro en las casetas de San Marcos y San Martín, en la carretera México-Puebla; • 1 de la Comisión de Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Jefe del Gobierno de la ciudad a recibir en audiencia a los vecinos afectados por la construcción del proyecto vial Supervía Poniente