SUMARIO

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Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el computo de asistencia de los señores diputados y señoras diputadas.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 322 diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 11:51 horas): Muchas gracias, por tanto, se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Queda dispensada la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 23 de marzo de 2011.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

De los diputados: Emilio Andrés Mendoza Kaplan, Rodrigo Pérez-Alonso González y Sergio Mancilla Zayas, para turnar diversas iniciativas conforme al Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De los diputados: María Araceli Vázquez Camacho, Camilo Ramírez Puente, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Alberto Jiménez Merino y Francisco Herrera Jiménez, para retirar Iniciativas con Proyecto de Decreto de los registros parlamentarios.

Del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que todas las instituciones educativas, apliquen las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad.

Del Congreso del Estado de Hidalgo, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a la correcta aplicación de los recursos públicos federales en Hidalgo.

De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que la Secretaría de Desarrollo Social y LICONSA, dispongan el funcionamiento del Centro de Abasto en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe Anual de las tres concesiones vigentes que el Gobierno Federal ha otorgado a particulares para el uso y aprovechamiento sobre los inmuebles federales, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de febrero de 2011, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite oficio por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Luis Elmer Valle Barraza, Rut Gutiérrez Valencia, Miguel Ángel García Martínez, Laura Cedillo Hernández, Violeta Martínez García, Rodrigo Rosales Castro, Jorge Alfredo Solís y Pablo López Cabello Pulido, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América; de la República Popular China; de la República de Corea; del Japón y en los Consulados de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

Solicitud de licencia

Del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

Proyecto de resolución de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos

Con proyecto de acuerdo, relativo a la Minuta del Senado con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y Reforma Diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos. (Votación)

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Dictámenes a discusión

De leyes y decretos

De la Comisión de Juventud y Deporte, con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que adiciona el inciso a) al artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Gobernación, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4º de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

De puntos de acuerdo

De la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer ante la Comisión de los Derechos Humanos al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de la Reforma Agraria, para que en coordinación con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas, elaboren los planes de Desarrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios existentes en el país.

De la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de la Reforma Agraria, para que emita y ponga en marcha a la brevedad, una política de estado tendiente a orientar el Desarrollo Agrario del País y el Ordenamiento Territorial.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, a considerar la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información en la denominada Plataforma México.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los Municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el Mercado Nacional y por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobre precio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SAGARPA y a sus Delegaciones Estatales; al SENASICA y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal observen y hagan cumplir el Acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del Huanglogbing.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la SAGARPA diseñe y opere la ampliación con cobertura nacional del proyecto estratégico de agricultura protegida.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la COFETEL y de la PROFECO, realicen las acciones necesarias para que los proveedores de telefonía móvil digital, atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del País.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la COFETEL dar respuesta cabal a la solicitud de permiso de transmisión de Radio Universidad, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración informen de los acuerdos alcanzados en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a Diversas Autoridades Federales y Estatales, investiguen y den seguimiento de acuerdo al ámbito de su competencia, a las denuncias presentadas por connacionales, por los robos que sufrieron en las carreteras federales durante las festividades navideñas.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, verifiquen la constitución, organización y operación de las Empresas de Traslado de Valores, particularmente de Serpaprosa, SA de CV.

De la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que remita un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por las instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, realice las gestiones conducentes para donar una porción del predio que ocupa el almacén Zona Norte de CAPUFE, para la construcción de una escuela secundaria en Tequexquináhuac.

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que publique el reglamento del artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, referente al envío de paquetería y mensajería.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a diversas Dependencias de la Administración Pública Federal a efecto que refuerce el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades pesqueras que realizan las embarcaciones extranjeras en los límites territoriales de la Zona de Ensenada, Baja California.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a diversas Dependencias de la Administración Pública Federal para que consideren a los pescadores ribereños y/o asociados en cooperativas, de los diecisiete estados de la República Mexicana que cuentan con litoral, para que en las épocas de vedas y desastres naturales sean considerados dentro del Programa de Empleo Temporal.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República, den seguimiento a las investigaciones que existen en relación a crímenes en contra de periodistas.

Dictámenes en sentido negativo de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona el artículo 26 Bis de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma los artículos 53 y 54 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que crea la Ley Reglamentaria del Artículo 192 Quáter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desechan dos Iniciativas con Proyecto de Decreto que expide la Ley Nacional Agraria y la Ley Agraria.

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Desa-rrollo Rural, con punto de acuerdo por el que desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6 de la Ley Agraria y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales y 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 76 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Pesca.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción V al artículo 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, acordar lo necesario para avalar y someter al Pleno, la solicitud de diversas organizaciones campesinas nacionales, para instalar una Mesa de Trabajo para discutir y acordar medidas para enfrentar la emergencia alimentaria del País, a cargo de diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Urgente Resolución)

Iniciativas

Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley Federal de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 53 y 65 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Javier Gil Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5° y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, y de la ley Sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado Jorge Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 212 de la Ley General de Salud y 67 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Onésimo Mariscales Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 Bis, 36 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 13 de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y suscrita por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el subsidio para el empleo publicado en el DOF, el 1° de octubre de 2007; y se reforma el artículo 8° de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9°, 10 y 19 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Servicios Ambientales, a cargo de la diputada Susana Hurtado Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 55 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz y suscrita por el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nely Edith Miranda Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 266 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 84 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5° de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide el Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expide la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y abroga la actual Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 13 Bis y reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 29, 31 y 35, y adiciona un artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y adiciona la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Jorge Romero Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Alberto Becerra Pocoroba y suscrito por la diputada Josefina Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5°, 6°, 7° y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar y Ángel Aguirre Herrera. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 280 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Rodolfo Lara Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6°, 27 y 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Trinidad Padilla López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y abroga la actual, del 3 de agosto de 1994, a cargo del diputado José Manuel Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Población, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, realice una evaluación exhaustiva, sobre la integración, operación y eficacia del Renaut, conforme a las disposiciones establecidas por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que participen la Segob, la SSP, la PGR, la Cofetel, el Renapo, las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil y la SCT, a cargo del diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de San Luis Potosí, obligue a la empresa denominada Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, S.A. de C.V. a dar cumplimiento con la conservación y el mantenimiento de la Supercarretera Central San Luis Potosí-Río Verde, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se instruye a la ASF, realice una auditoría financiera a los recursos públicos entregados al Gobierno del estado de Guerrero en materia educativa, del año 2005 al 2010, para comprobar si su aplicación correspondió a los lineamientos y disposiciones normativas aplicables, garantizando la aplicación de las sanciones que, en su caso, legalmente procedan a los funcionarios responsables de aplicar dichos recursos, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para que esta Soberanía emita un Pronunciamiento que reconozca la labor de la PGJ y del Poder Judicial del estado de Chiapas, al lograr que se dictara la primera sentencia condenatoria por el delito de Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 21 de marzo, conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes del acta, le doy la palabra al diputado Enrique Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Gracias, ciudadano presidente, le agradezco. En forma recurrente y siempre con la puntualidad y el acierto que le caracterizan, el diputado Jaime Cárdenas del Grupo Parlamentario del PT y del Movimiento de Regeneración Nacional ha traído a la consideración de este pleno la ausencia del acuerdo, primero en la Junta de Coordinación Política y en esta representación, de los tres consejeros electorales que están pendientes de ser designados por esta representación, petición que he elevado ante el seno de la propia Junta de Coordinación Política.

Sin embargo, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece muy delicado y muy grave para el Instituto Federal Electoral, para la decisión que esta Cámara habrá de tomar en la designación de los tres consejeros electorales y, por supuesto, para la legalidad de la elección presidencial de 2012.

El caso es que en el periódico del Grupo Reforma del día 17 de marzo, en una de sus páginas interiores, se da cuenta de una reunión entre la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Carmen Alanís; del consejero electoral del IFE, Marco Antonio Baños y de uno de los prospectos que más empuja el PRI para formar parte del nuevo Consejo, Enrique Ochoa.

¿Quiénes fueron sus contrapartes y cuáles fueron los motivos? Fueron y participaron ahí los diputados Luis Videgaray, el diputado Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada y un cabildero del gobernador Peña Nieto, de nombre Frank.

¿Cuál fue el propósito del encuentro? Todo mundo sabe que Peña Nieto está sujeto a un juicio por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Cofipe, por la difusión ilegal de su informe de gobierno, y el propósito fue el cabildeo para que el tribunal, como instancia resolutoria, exima las responsabilidades en que ha incurrido Peña Nieto, cuyo procedimiento por el circuito legal establecido se encuentra ahorita ante la Contraloría del estado. Por ello nos parece muy grave que esto ocurra.

¿Qué tiene que hacer en un cabildeo fuera de las oficinas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado, con todo respeto, ¿cuál es el punto en relación al orden del día, dado que no estamos en ninguna parte procesal de la sesión en la que podamos darle cauce a su solicitud, o bien, cuál es su solicitud?

El diputado  Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Como se ha establecido en sesiones previas, gracias a su apertura se han ventilado asuntos de esta naturaleza, y se lo agradezco y voy a concluir.

Aquí lo delicado es, qué hace un consejero electoral ante el tribunal, qué falta de institucionalidad cuando ya pasó por ese etapa, por ese nivel y también sería bueno que se explicara cuáles fueron los jugosos ofrecimientos que se ofrecieron en esa cena, en ese penthouse del Bosque de Tlalpan, a los consejeros, para eximir al gobernador Peña Nieto.

Aquí la denuncia, presidente, es que esta Cámara está en vías de nombrar tres consejeros y fungió en ese ejercicio –en lo oscurito– uno de los aspirantes, Enrique Ochoa, a formar parte del próximo Consejo General del IFE. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y en esos términos, señor diputado, espero se refiera usted a la Junta de Coordinación Política, quien es el órgano encargado de este tipo de asuntos en la Cámara de Diputados.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, yo le pido que –ya no sé cómo solicitar- haya seriedad en la integración del orden del día, porque llevan meses de rezago dos solicitudes muy puntuarles mías: declarar interlocutor no válido a Lozano Alarcón; y de formar una comisión que investigue los presuntos vínculos del narco con el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.

Pero además, a esto se suma el hecho de que la agenda política ahora ya es absolutamente discrecional. De nada está sirviendo el tiempo en que fueron registrados los temas. Los primeros temas registrados están siendo por la Junta de Coordinación Política desestimados simple y llanamente. Éste es un abuso adicional al control que pretenden tener sobre cada uno de nosotros.

Nosotros tenemos derecho a presentar puntos a debate y, en todo caso, le corresponde al pleno aceptarlos o no. Pero no puede ser que esté llegando al extremo de que los puntos de la agenda política estén de manera discrecional resolviéndolos.

Yo he insistido también en el tema que yo tengo de las alianzas electorales del PAN-PRD, que a esta situación ya le toca turno y sigo sin verlo en el orden del día. Francamente me parece incorrecto.

Veo que el diputado Zambrano también anda violando su estatuto, porque él ya debería haber pedido licencia. Ahora como dirigente del PRD aquí está, pero de todos modos qué bueno que por acá ande todavía. Es así, compañeros, ustedes saben que el Estatuto del PRD dice que o puede ser legislador y presidente del partido.

Quiero finalizar, diputado presidente, comentando una petición y un anuncio. La petición va en el sentido de que no se hagan sesiones de comisiones de trabajo el día de sesión. Hay una larga reunión de la Comisión del Trabajo y yo me tuve que salir para venir al pleno. Me parece que en términos generales las sesiones de las comisiones deberían ser no en días de pleno y muchos menos en horarios del pleno.

Finalmente, dentro de los temas que se van a tratar –termino ya– está el outsourcing famoso, los terceros que contratan servicios sustantivos de las empresas, y aquí en la Cámara tenemos un ejemplo que es vergonzoso, las trabajadoras de limpieza que ganan 2 mil 400 pesos mensuales, la mayoría mayores de edad, muchas madres solteras, todas maltratadas y sojuzgadas en su empleo, y en este momento han iniciado una protesta en el lobby exigiendo que la Cámara asuma su responsabilidad.

Yo quisiera pedirle, diputado presidente, en su condición de tal, que intervenga ante el Comité de Administración y la Junta de Coordinación Política, para que se les dé una respuesta justa y cabal a las trabajadoras de limpieza de esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Tal como usted me lo solicitó desde el día de ayer, esta Mesa Directiva, en su sesión del día de hoy, ha urgido a la Secretaría de Servicios Administrativos y a la Secretaría General, tanto como al Comité de Administración, a dar una respuesta pronta y justa a estos trabajadores.

Por lo que se refiere a la integración del orden del día, la Mesa recibe las propuestas para incorporarlas al orden del día a través de la Junta de Coordinación Política, como establece el Reglamento y algunas veces hace algún señalamiento en relación a temas que no aparecen, tal es el caso de la agenda política de hoy, que así fue solicitada por la Junta de Coordinación Política.

El diputado Agustín Castilla Marroquín, don Pablo Escudero y después el diputado Humberto López Portillo, y no vamos a tener ninguna intervención más. Diputado Castilla Marroquín.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido que el diputado Enrique Ibarra Pedroza. Compartimos la necesidad y la urgencia de que se generen los consensos necesarios para nombrar a los tres consejeros electorales, que desde luego deben cumplir con un perfil de independencia, de imparcialidad, de experiencia y conocimiento en la materia, y en ese sentido también solicitamos se aclaren los motivos de esa cena a la que ha hecho referencia el diputado Enrique Ibarra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, el tema no está a debate. Quien quiera hacer alguna promoción al respecto, refiérase directamente a la Junta de Coordinación Política a través de esta Mesa Directiva, con mucho gusto. Gracias, diputado.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): Desde luego, presidente. Se tienen que generar los consensos a partir de la responsabilidad compartida de todos los grupos parlamentarios y sobre todo, del mayoritario, y desde luego es un tema que debe estar en el orden del día próximamente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. Diputado Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales(desde la curul): Gracias, presidente. Nuevamente en el orden del día no está el tema de las armas y es un tema que evidentemente preocupa, presidente. Además de ello seguimos sin tener las fechas de las comparecencias para el mismo tema del secretario de Gobernación y del director de Aduanas.

Le pido respetuosamente que se aplique el 126 para acudir en queja, en caso de que al final de esta sesión no tengamos las fechas para estas comparecencias. Además de ello, presidente, estamos viendo en Estados Unidos cómo ahora ya no sólo hay una agencia involucrada nada más, ya hay cuatro agencias involucradas en el tráfico de armas, en el envío de armas a México por parte del gobierno de Estados Unidos y esta Cámara sigue sin hacer nada. Pareciera que no se quiere tocar a los Estados Unidos ni con el pétalo de una solicitud de información o de una explicación de una reclamación.

Quisiera saber, presidente, si han recibido presiones del gobierno de los Estados Unidos o de algún legislador, para evitar las comparecencias, para evitar esta rendición de cuentas. Quisiera saber qué es lo que está pasando en esta Cámara en un tema tan importante. Esas armas están matando a inocentes, están matando militares, están matando policías federales, estatales y municipales.

Hay una gran responsabilidad y esta Cámara no está tomando cartas en el asunto, presidente. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Refiriéndome a lo mismo que le he contestado al diputado Fernández Noroña, como usted sabe, la integración del orden del día es una facultad que corresponde a la Mesa Directiva a través de la proposición que le hace de los temas la Junta de Coordinación Política.

Con respecto a las comparecencias, tengo el gusto de informarle que están designadas ya y le haré llegar con mucho gusto las fechas, las comparecencias del procurador general de la República y las reuniones con el SAT, de la Secretaría de Gobernación y la comparecencia del administrador general de Aduanas, ante los señores diputados, en el transcurso de la próxima semana, por lo que creo que esa solicitud y preocupación suya podría quedar satisfecha, ofreciéndole, por supuesto, que en caso de que no se hiciera con la puntualidad necesaria, acudiéramos a los mecanismos que nos concede la ley, para urgir a los funcionarios a reunirse con los legisladores. Diputado Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Gracias, presidente. A nombre de la Junta y en lo que comenta el diputado Escudero, sólo para dar contestación. Justo el orden del día se integra con las propuestas de la Junta y la Junta integra la propuesta con el consenso de los grupos parlamentarios.

Sobre el tema que el diputado Escudero presentó, el día de ayer recibimos un oficio signado por la bancada del Partido Revolucionario Institucional, donde decía que el tema ya no tenía el consenso adecuado y entonces, por procedimiento, dado que no se tenía ese número que se requiere, el tema no se registró en la agenda. Pero ése es el motivo; hay una petición expresa para no agendarse.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan asentadas sus afirmaciones. Diputado Jaime Cárdenas, no lo puedo dejar fuera de esta tanda inicial.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Pues mire, y sé que mis compañeros diputados de distintos grupos parlamentarios ya trataron el asunto, pero llama mucho la atención el que la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política acelere el procedimiento de designación de consejeros electorales hasta que Felipe Calderón interviene.

Me parece una indebida injerencia del Ejecutivo en los asuntos internos de esta Cámara, y desde luego, en la autonomía del Instituto Federal Electoral. Como me parece también indebido que haya asistido al IFE a una ceremonia sobre el natalicio de don Benito Juárez, cuando esa ceremonia pudo haberse realizado en otros sitios de la ciudad o en la propia Ciudad Juárez, en Chihuahua. Qué tuvo que hacer Calderón al ir al IFE para tener esta actitud injerencista en la designación de consejeros electorales, que solamente corresponde a esta Cámara de Diputados.

También me parece gravísimo, presidente, el tema de la cena de la que da cuenta.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, como usted bien lo afirma, es un tema del que ya se ha dado cuenta.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Simplemente quiero decir que algunos participantes de la cena que aspiran a ser consejeros electorales debieran ser eliminados, no debieran ser considerados por el pleno de esta Cámara porque están ya actuando electoralmente como consejeros, cuando ni siquiera han sido designados por la Cámara de Diputados, presidente.

Y una cosa más, presidente, que queremos preguntarle. Nosotros nos hemos dado a la tarea de respaldar a los compañeros trabajadores de la limpieza en esta Cámara de Diputados que están bajo el régimen de outsourcing; que desde luego ese régimen de outsourcing es totalmente violatorio de las disposiciones constitucionales y de la propia Ley Federal del Trabajo.

Nosotros creemos que debe integrarse una comisión especial de diputadas y de diputados para afrontar el problema de los trabajadores de limpieza de esta Cámara y que en este momento un grupo de legisladores se pueda entrevistar con los compañeros trabajadores que están aquí, afuera del pleno de la Cámara de Diputados, manifestándose en el recinto parlamentario.

No podemos dejar de atender a los trabajadores de la Cámara cuando esta Cámara de Diputados, en este momento, en la Comisión de Trabajo está analizando un posible dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Le solicito atentamente a la Junta de Coordinación Política que tome nota de esta solicitud de la integración de un grupo que, a través del Comité de Administración, pueda atender a los señores trabajadores.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado José Ramón Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para precisar dos cuestiones que me parecen importantes, al desear que ya iniciemos la sesión del día de hoy.

En primer lugar, el punto que se trató por el diputado Pablo Escudero es un punto no cancelado para lo cual, en consultas de diálogo, desde luego que la fracción parlamentaria del PRI manifestó la inmensa posibilidad de que lo podamos reprogramar para la reunión del día de mañana, si fuese necesario. Fue a solicitud de parte y condescendimos con todo gusto a esta posibilidad, sin cancelar absolutamente el tema.

Por otro lado, algo que también pareciese más anecdótico que importante. Si hay cenas o no cenas y diálogos entre servidores públicos o diputados, en casas o domicilios privados o en restaurantes, nada ni nadie puede estar por encima de lo que nos obliga la ley. Y la ley nos obliga a elegir consejeros políticos del Instituto Federal Electoral, por el pleno de esta Cámara de Diputados, tratando de lograr las dos terceras partes de sus miembros votando en un mismo sentido.

Por cierto, nosotros damos la bienvenida y nos complace la expresión del titular del Ejecutivo, del presidente Felipe Calderón, cuando habla de que es tiempo ya de que la Cámara de los Diputados se ponga a elegir a los tres consejeros para que el instituto pueda trabajar y trabajar bien.

Desde luego que eso no tan sólo es deseable, sino me imagino que es una llamada de atención para que la Junta de Coordinación Política, que es la responsable de lograr los grandes consensos, pueda ya presentar, a la mayor brevedad, los nombres de aquellas mujeres u hombres que la Comisión de Gobernación dijo que tenían características de idoneidad, sin repartición de cuotas partidistas, sin distribución entre los tres partidos mayoritarios...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a recordar a los señores diputados...

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): ... Sí con el consenso de la mayoría de los diputados que por obligación legal tenemos que buscar construir con las dos terceras partes. Y ojalá y pudiésemos leer todos y si así lo dispone la Presidencia, el artículo 33, precisamente, de lo que norma la actividad que debe realizar la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias. No vamos a aceptar ninguna lectura. No vamos a aceptar ninguna intervención más. Vamos a pasar solamente a la petición de un minuto de silencio del diputado Jorge López-Portillo y vamos a dar inicio a la sesión.

No está abierto ningún debate sobre ningún tema que no sean absolutamente peticiones de minutos de silencio.

Diputados, reserven al debate respectivo solicitando que se agende.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Serrano, por favor, va a solicitar un minuto de silencio, seguramente.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Pérez Cuevas, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Para una moción de procedimiento.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Moción de procedimiento. ¿Respecto de qué procedimiento?

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas:Respecto del procedimiento, presidente, de que no hemos dado inicio a la sesión y que ha dado el uso de la palabra a varios y que en el momento ha limitado la participación de otros.

Entonces el procedimiento...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No, señor diputado. No acepto la moción de procedimiento.

Escucho al diputado Serrano. Concedemos los minutos de silencio e iniciamos la sesión.

Diputado, con mucho gusto, a lo largo de las votaciones le concedo el uso de la palabra para su tema. Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Gracias, diputado presidente.

Como es ya costumbre en todas las sesiones de esta Cámara de Diputados, voy a pedir un minuto de silencio en honor a la memoria de los niños que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC. Han transcurrido 21 meses, 18 días y aún no se aplica la ley para lograr la justicia. Juan Molinar Horcasitas sigue gozando de impunidad, Eduardo Bours y los dueños de la Guardería ABC.

Solicito sea tan amable, a través de usted, presidente de la Mesa Directiva, un minuto de silencio en honor a la memoria de Lucía Guadalupe Carrillo Campos, de Carlos Alan Santos Martínez, víctimas del incendio de la Guardería ABC.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado López-Portillo.

El diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave(desde la curul): Señor presidente. Para recordarle a nuestros compañeros y solicitarle a usted conceda, cuando lo crea pertinente, un minuto de silencio a 17 años del asesinato de un compañero legislador entonces, Luis Donaldo Colosio, que nada más para recordar, quisiera mencionar que comentó la arrogancia de las oficinas de gobierno y, sobre todo, la falta de respeto de quienes debieran aplicar la ley en primer lugar.

Eso es lo que hoy mismo debiera privar: respeto entre nosotros. Y solicitarles a algunos de los funcionarios que desde la arrogancia de sus oficinas, sobre todo en los distintos ejecutivos, ignoran a esta soberanía. Un minuto de silencio para Luis Donaldo, si los compañeros así lo deciden.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Ambos minutos de silencio se dispondrán antes del capítulo siguiente a las comunicaciones.

El diputado José Manuel Agüero Tovar(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Agüero, ¿con qué objeto?

El diputado José Manuel Agüero Tovar(desde la curul): Señor presidente, para comentarle: el lunes pasado por la tarde fue asesinado uno de los líderes cetemistas del estado de Morelos, con éste suman ya 56 en lo que va del año y 350 del año anterior. Por lo cual, desde luego exhorto a las autoridades para que esclarezcan el caso, pero pedirle respetuosamente que brindemos un minuto de silencio a uno de los más grandes líderes del estado de Morelos de la CTM, a don Tito Barrera Ocampo.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Continúe la Secretaría. El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión anterior. Pregunte si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea a si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa

Es mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diecisiete de marzo de dos mil once, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos dos diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del jueves diecisiete de marzo de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios con relación al orden del día, los diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; José Gerardo De los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Mario Alberto di Costanzo Armenta; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional, quien hace moción de información, en dos ocasiones; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien realiza moción de procedimiento, en dos ocasiones; Óscar González Yáñez; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Nancy González Ulloa, del Partido Acción Nacional; Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Partido del Trabajo; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, quien realiza moción de orden; Tereso Medina Ramírez; Heliodoro Carlos Díaz Escárraga; Reginaldo Rivera de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional; y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. El Presidente hace aclaraciones.

En sendas votaciones económicas se dispensan la lectura al orden del día y del Acta de la sesión anterior, la que se aprueba de la misma manera. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados María Florentina Ocegueda Silva, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo; y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se reciben comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que se informa que con fundamento en los artículos setenta y tres y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se realizan modificaciones de turno de iniciativas y minutas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

Presidencia del diputadoJosé de Jesús Zambrano Grijalva

b) De los Diputados:

– Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Víctor Humberto Benítez Treviño, Rodrigo Pérez-Alonso González y Eduardo Ledesma Romo, por las que solicitan que sus iniciativas presentadas de septiembre de dos mil nueve a diciembre de dos mil diez, sean procesadas bajo las nuevas reglas de conformidad con el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. Con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento, se turnan nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen. Se instruye la publicación en la Gaceta Parlamentaria del listado correspondiente, y se actualicen los registros parlamentarios.

– Maurilio Ochoa Millán, por el que solicita sea retirada de comisiones y de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y dos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, turnada en la sesión del nueve de marzo de dos mil once. El Presidente instruye para que se retire la iniciativa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y de la Comisión de Turismo, para opinión, y se actualicen los registros parlamentarios.

c) Solicitudes de información a diversas dependencias de Gobierno Federal de los diputados: Eduardo Yáñez Montaño, María de Jesús Aguirre Maldonado, José Luis Ovando Patrón y José Ramón Martel López, que se encuentran publicados en Gaceta Parlamentaria. De conformidad con el artículo setenta y nueve, numeral tres del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remiten al Ejecutivo para su atención.

d) De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, por la que invita a la Ceremonia Cívica Conmemorativa del ducentésimo quinto Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, Benemérito de las Américas. Se designa una comisión de representación.

e) De la Comisión Federal de Competencia, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo a las medidas para evitar y detener el creciente deterioro de los Salarios Mínimos. Se remite al promovente, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación, con las que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por:

• La Cámara de Diputados, relativo a los recursos para la prevención y control de virus del Papiloma Humano y el Cáncer Cérvico-Uterino. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

• La Comisión Permanente:

– Relativo al Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

– Sobre las condiciones de competencia de los mercados de abastecimiento de la canasta básica para el consumidor final.

Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de febrero de dos mil once, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de febrero de dos mil diez. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) Del diputado Diego Guerrero Rubio, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como Diputado Federal, en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Jorge Herrera Martínez, diputado federal suplente en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

Con motivo del ducentésimo quinto Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, hacen uso de la palabra a nombre de sus grupos parlamentarios los diputados: Reyes S. Tamez Guerra, de Nueva Alianza; María Guadalupe García Almanza, de Convergencia; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México; Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática; Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional; y Heriberto Ambrosio Cipriano, del Partido Revolucionario Institucional.

A solicitud del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, el Presidente invita a la Asamblea a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio de la guardería ABC.

Se recibe acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que realiza propuesta de modificación en el orden del día. Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se aprueba.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Rafael Pacchiano Alamán y Ninfa Clara Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Francisco José Rojas Gutiérrez, Cruz López Aguilar, Gerardo Sánchez García, Alfredo Villegas Arreola, Luis Videgaray Caso, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alberto Cano Vélez, Onésimo Mariscales Delgadillo, José Ricardo López Pescador, Francisco Saracho Navarro, Eduardo Alonso Bailey Elizondo, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Miguel Ángel García Granados, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Javier Lara Aréchiga, Óscar Lara Salazar, Óscar Levin Coppel, Aarón Irizar López, Rolando Zubia Rivera y Germán Contreras García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se integra un Fondo Especial de Recursos Económicos, por quince mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas acaecidas los días dos, tres y cuatro de febrero del año en curso en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Nuevo León.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional; Adolfo Rojo Montoya, del Partido Acción Nacional; Mario Alberto di Costanzo Armenta; y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México; Camilo Ramírez Puente, del Partido Acción Nacional; María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Convergencia; César Francisco Burelo Burelo, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila; y Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Pérez de Alva Blanco, de Nueva Alianza; y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente realiza un pronunciamiento. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Ricardo Ahued Bardahuil, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• José del Pilar Córdova Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Humberto López-Portillo Basave, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintinueve, treinta y treinta y dos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, de la Ley General de Educación, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y de la Ley General de Salud. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud, para dictamen.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo trescientos ochenta y uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar las iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Presidencia del diputadoFrancisco Javier Salazar Sáenz

• María Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento noventa y dos Quáter de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos sexto y décimo cuarto de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos octavo y décimo segundo de la Ley de la Policía Federal. Se turna la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

A las catorce horas con cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinticinco diputadas y diputados.

• Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintitrés y treinta y nueve de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Raúl Domínguez Rex, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Gabriela Cuevas Barron, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Se turna a la Comisiones del Distrito Federal, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Leobardo Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cuarenta y Octavo Transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda, Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibe del diputado Joel González Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos cincuenta y seis y cincuenta y ocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• María del Carmen Izaguirre Francos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

Presidencia del diputadoAmador Monroy Estrada

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y nueve del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se recibe de la diputada Elsa María Martínez Peña, de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos dieciséis, ciento trece y ciento cincuenta y seis de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal y que expide la Ley de Adopción. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Especial para la Familia, para opinión.

• Carlos Bello Otero, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma los artículos diecisiete y setenta y ocho de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma los artículos veintiuno y veinticuatro, y adiciona un artículo veinticuatro Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión Especial para la Familia, para opinión.

• María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley para Favorecer la Actividad Laboral de Grupos Vulnerables. Se turna la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Función Pública y de Gobernación, para dictamen.

• Reginaldo Rivera de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma el Artículo Transitorio Primero y deroga los Artículos Transitorios Décimo Segundo y Décimo Tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que reforma los artículos setenta y uno y setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Se recibe de la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley que Crea la Procuraduría Ciudadana para la Prevención, Atención y Recepción de Quejas Ciudadanas y de Elementos de Seguridad Pública; y reforma el artículo tercero de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de la Función Pública y de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se constituye el Grupo de Amistad México-Bielorrusia de la Cámara de Diputados, de la Sexagésima Primera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Leandro Rafael García Bringas, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen y a la Comisión de Gobernación, para opinión.

• María de Lourdes Reynoso Femat, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos veintiséis y setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Paz Gutiérrez Cortina y suscrita por la diputada Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, que expide la Ley Federal de Atención para las Mujeres en Reclusión. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen y a las Comisiones de Equidad y Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Mary Telma Guajardo Villarreal y suscrita por el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Emiliano Velázquez Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Dina Herrera Soto, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Ignacio Téllez González, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los diputados:

• María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional, por el que se crea una Comisión Especial para investigar el destino de los recursos del Fondo de Ahorro Campesino de los Ex Trabajadores Braceros, así como determinar la administración en que se extraviaron. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Samuel Herrera Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia, de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aplique la Ley y termine con las prácticas monopólicas. Se turna a la Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Economía, para dictamen.

• Ifigenia Martha Martínez y Hernández, del Partido del Trabajo, relativo a la publicación y difusión en las escuelas públicas del país de la Enciclopedia de México, en homenaje al intelectual José Rogelio Álvarez. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, revisen e implementen los mecanismos necesarios para la modernización y eficacia del Sistema Sismológico Nacional, así como exhortar a los gobiernos de los estados, realicen las acciones y medidas necesarias para que en cada entidad federativa se instale una estación sismológica. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional y suscrito integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Fiscalización, Evaluación y Armonización Contable, por el que se exhorta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas, los entes autónomos de la federación y de las entidades federativas, los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y las entidades de la administración pública paraestatal, den cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, implementen políticas de ahorro y austeridad para coadyuvar al pago de los apoyos sociales a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

• Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, inicie la construcción de infraestructura de espacios deportivos en aquellas escuelas públicas de nivel básico que no cuentan con dichos espacios; asimismo, implemente las acciones necesarias para proporcionar la rehabilitación correspondiente a los espacios deportivos ya existentes en las escuelas públicas de todo el país y designe el presupuesto necesario para la ampliación de horas de clase de Educación y Cultura Física en escuelas públicas de nivel básico, con la finalidad de contribuir a las acciones públicas para atender adecuadamente la obesidad infantil. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María Isabel Merlo Talavera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, utilice el uno por ciento de los ingresos petroleros excedentes para ampliar el número de beneficiarios del Programa de Coinversión Social de Instituto Nacional de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

• Jorge Romero Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, implemente las medidas y acciones que permitan crear una unidad responsable de todas las universidades politécnicas del país. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, especifique y priorice el criterio de inseguridad pública en las reglas de operación del Programa Federal Rescate de Espacios Públicos. Se turna a la Comisión de De-sarrollo Social, para dictamen.

• Rodrigo Pérez Alonso González, el Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal, implementen y actualicen el sistema y programas de protección civil con los que cuenta la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativos a cambio de integrantes en Comisiones Ordinarias, Comisiones Especiales; y de Grupos de Amistad. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; y Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones. El Presidente hace aclaraciones.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

En votación económica se aprueba. Comuníquense.

El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cincuenta y un minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles veintitrés de marzo de dos mil once a las once horas.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Rebollo. Ya quedó aprobada la dispensa de la lectura del acta, ¿con qué objeto?

El diputado Roberto Rebollo Vivero(desde la curul): Sí, señor presidente, con su venia. También veo que estamos aprovechando estas sesiones para exponer que se guarde un minuto de silencio. Yo agrego que en el caso de News Divine, que sucedió hace 2 años, también hubo 12 muertos y no se ha esclarecido quiénes son los verdaderos responsables. También merecen todo nuestro respeto y que enfoquemos una situación tan delicada para resolverlo como debe ser. El pueblo de México necesita respuestas reales.

También pediría un minuto de silencio para el caso de las 12 víctimas del News Divine, que todavía no se esclarece a 2 años del fallecimiento de víctimas inocentes, de niños inocentes.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me parece perfecto, porque ya llevamos 4 minutos de silencio. Eso es inusual en la Cámara de Diputados. Diputado Cortez.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza(desde la curul): Sí, presidente, yo creo que vamos a tener que organizar una misa. Yo respeto la petición que han hecho varios compañeros diputados con la solicitud de los minutos de silencio. Con el que no estoy de acuerdo es con diputado Serrano, que cada sesión esté pidiendo un minuto de silencio. Siento que está lucrando con la muerte de estos niños.

Comparto su preocupación porque no se haya esclarecido todavía este asunto, pero no es para que lo estemos ventilando en cada sesión, sobre todo poniendo los nombres de cada uno de los niños. No sé si las familias de los niños estén enteradas, pero creo que está lucrando con esta desgracia.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Registro sus expresiones, señor diputado.

Con su permiso, diputados. Las expresiones del diputado Cortez se inscriben dentro de su opinión al respecto. De ninguna manera representan ni la opinión de su bancada, por lo que estoy apreciando, ni la opinión de esta Cámara. Pero no puedo de ninguna manera reconvenir al diputado respecto de sus expresiones.

Cuando se abra un debate del tema, diputado, lo discutiremos seguramente con toda profundidad. Queda dispensada la lectura del acta y, ahora, está a discusión.

Cómo no hay nadie inscrito para discutirla, pregunte si se aprueba.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta.

Con qué objeto, diputada Castillo.

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez(desde la curul): Diputado presidente, la sesión anterior se acordó que se iba a tratar el tema de la expropiación petrolera. Sin embargo, desaparece del orden del día y estaba dentro de los asuntos que supuestamente se tratarían al inicio.

A mí me preocupa, sobre todo dentro del marco que se está dando de la privatización y, en específico, en torno a los contratos incentivados. Desde la Comisión Permanente se planteó que se tuvieran estos contratos. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde el 29 de noviembre, deberían haber llegado a la Cámara de Diputados, le preguntaría en específico sobre estos documentos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En este acto instruyo a la Secretaría que nos dé una información precisa sobre ellos, diputada. La no inclusión del punto en el orden del día es una solicitud de la Junta de Coordinación Política. Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Señor diputado presidente le pido sea tan amable de que lo que dijo el diputado, que le debía dar vergüenza, si fueran sus hijos los que hubieran muerto en la tragedia de la Guardería ABC a ver qué haría, estaría llorando...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Serrano.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Y en lugar de pedir justicia...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con todo respeto...

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): Y unirse, para que logremos que se aplique la ley y se castigue a los culpables, está dando un mal ejemplo a los diputados de esta Cámara. Creo que está solapando, está siendo cómplice, igual que Arturo Chávez Chávez, por favor diputado esto no se vale.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con todo respeto, quedan consignadas ambas expresiones de los señores diputados y el tema, por supuesto, para ser debatido a fondo tendrá que ser inscrito en próximas sesiones. Diputado Ibarra.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza(desde la curul): Gracias por su benevolencia presidente. Una breve aclaración, en la ocasión anterior, cuando se confeccionó la agenda con los vicecoordinadores se acordó con el diputado Martel que no se viera el tema de Pemex, pero sí se verbalizó con él el tema, y con la diputada Laura Itzel, de la expropiación petrolera iniciando la sesión.

Anterior a ese encuentro, que fue en corto, lo digo con toda claridad, no hemos tenido o no tuvimos ningún encuentro, para hacer propuesta para la agenda del día de hoy. Nada más para que quede aclarado y pedir que en el transcurso de la sesión o a más tardar, en la siguiente, que es mañana se cumpla y se inicie con el tema de la expropiación petrolera. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario, diputado Ibarra, se toma nota debidamente.

Le cedo esta Presidencia al señor vicepresidente diputado Jesús Zambrano, para que dé cuenta de las siguientes comunicaciones.

Presidencia del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva

MODIFICACION DE TURNO

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe con el siguiente punto del orden del día que es de comunicaciones oficiales. Esta Presidencia informa que, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se realizaron modificaciones de turno de iniciativas con proyecto de decreto que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se realizaron modificaciones de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes iniciativas:

1. Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, el 3 de marzo de 2011.

“Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, con opinión de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.”

2. Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 1 de marzo de 2011.

“Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, con opinión de la Comisión de Turismo.”

3. Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Comercio, presentada por el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de julio de 2010.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.

INICIATIVAS TURNADAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de referencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«La Mesa Directiva con fundamento en el Artículo Sexto Transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen

1. Promovente:Diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan.

Iniciativa:Proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 13 de diciembre de 2010.

Turno: Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Expediente y Sección:3449, Cuarta.

2. Promovente:Diputado Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por integrantes de la Comisión Especial de acceso digital.

Iniciativa:Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación. 19 de octubre de 2010.

Turno:Unidas de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Expediente y Sección:3040, Tercera.

3. Promovente:Diputado Sergio Mancilla Zayas.

Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 8 de diciembre de 2010.

Turno:Gobernación.

Expediente y Sección:3425, Cuarta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Esta Presidencia informa a la asamblea que la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, acordó turnar nuevamente las iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario de presentar dictamen.

Publíquese en la Gaceta Parlamentaria la relación correspondiente y actualícense los registros parlamentarios.

Adelante la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Que el diputado Juan Carlos Lastiri Quirós cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos.

•Que el diputado Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional, cause alta como integrante en la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias

• Que el diputado Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática, cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica), Presidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, tercer párrafo, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Juan José Guerra Abud, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Jorge Herrera Martínez cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Jorge Herrera Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte.

• Que el diputado Jorge Herrera Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Juventud y Deporte.

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como titular del Comité de Administración.

• Que el diputado Jorge Herrera Martínez cause alta como titular en el Comité de Administración.

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como suplente del Consejo Editorial.

• Que el diputado Jorge Herrera Martínez cause alta como suplente en el Consejo Editorial.

• Que el diputado Diego Guerrero Rubio cause baja como integrante del Grupo de Trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica por emprender con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

• Que el diputado Jorge Herrera Martínez cause alta como integrante en el Grupo de Trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica por emprender con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 22 de marzo de 2011.— Diputada Josefina Vázquez Mota (rúbrica p.a.), Presidenta.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado secretario. Continúe.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.Continúe la Secretaría.

LEY PARA FAVORECER LA ACTIVIDAD LABORAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido Presidente:

Por este conducto la suscrita diputada María Araceli Vázquez Camacho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados vigente, se permite ejercer –mediante el presente oficio– el derecho de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para favorecer la Actividad Laboral de los Grupos Vulnerables, que fue turnada a la comisión correspondiente en la sesión del martes 22 de febrero de 2011.

Sin otro particular, en espera de su valioso apoyo, quedo de usted.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 24 de febrero de 2011.— Diputada María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Retírese de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen; y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. Actualícense los registros parlamentarios.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para solicitarle, atenta y respetuosamente, gire sus apreciables instrucciones, a efecto de retirar de todos los registros parlamentarios, la siguiente iniciativa:

“Con proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de Seguridad Social para Policías”.

Asimismo, se notifique a la Comisión de Seguridad Publica, a la cual fue turnada con los siguientes datos:

Iniciante: diputado federal Camilo Ramírez Puente.

Grupo parlamentario: Partido Acción Nacional.

Periodo de sesiones: segundo ordinario.

Año: segundo.

Publicada en la Gaceta Parlamentario el 8 de febrero.

Presentada al pleno. 8 de febrero de 2011.

Turnada: Comisión de Seguridad Pública 8 de febrero de 2011.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputado Camilo Ramírez Puente (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Retírese de la Comisión de Seguridad Pública para dictamen.Actualícense los registros parlamentarios.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto me permito solicitarle que tenga a bien girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la iniciativa suscrita por un servidor que reforma el artículo 280 del Código Penal Federal y adiciona el inciso 37 a la fracción 1 del artículo 194 del Código Federal de Procedimiento Penales, turnada en sesión del 15 de marzo del año en curso a la Comisión correspondiente, para opinión, sea retirada de la misma y de los registros parlamentarios correspondientes; en virtud de que con fecha 9 de marzo del presente año realice, mediante oficio correspondiente la clara solicitud de que esta iniciativa se preservara en el orden del día hasta su presentación, lo cual por motivos ajenos a mi persona no se cumplió (anexo copia del oficio de petición formal)

Lo anterior, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y agradezco de antemano la fina atención que se le sirva dar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.— Diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Retírese de la Comisión de Justicia para dictamen.Actualícense los registros parlamentarios.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION RURAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted que dicte instrucciones a quien corresponda a fin de que la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Sistema Nacional de Innovación Rural, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de noviembre de 2010, sea retirada de ésta, del Diario de los Debates y de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

En espera de su amable respuesta, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de marzo de 2011.— Diputado Alberto Jiménez Merino (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Retírese de la Comisión de Agricultura y Ganadería para dictamen; y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.Actualícense los registros parlamentarios.

LEY FEDERAL DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS - LEY FEDERAL DE PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y MATERIAL DE LA NACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitarle respetuosamente su valiosa intervención ante los órganos legislativos correspondientes para retirar la iniciativa de ley que abroga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y expide la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material de la Nación, presentada por el suscrito ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2011 y turnada a Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con objeto de realizar un mayor análisis del tema y dar apertura a las aportaciones y consideraciones de diversos actores del ámbito cultural que han expresado puntos de vista al respecto, en el afán de encontrar convergencias, dentro de un ejercicio pleno de pluralidad.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente y le reitero las seguridades de mi alta consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2011.— Diputado Francisco Herrera Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Retírese de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura para dictamen; y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.Actualícense los registros parlamentarios.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio SEDF/ DEAJ/0139/2011, mediante el cual la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación del Distrito Federal da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a la autoridades educativas federales, estatales y municipales a que realicen las acciones conducentes con el objeto de que todas las instituciones educativas públicas y privadas, apliquen las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas discapacitadas.

Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.61-II-2-820, donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo del 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno.— Presente.

Con fundamento en los artículos 7, fracción XVIII, numeral 3, y 119 Novenus F, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, cuya reforma se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día primero de septiembre del año dos mil diez, en ejercicio de las atribuciones que estos me confieren; y en atención a su oficio SG/LVH/1126/2010, por el cual informa a esta Secretaría que el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fecha 7 de diciembre del año 2010 suscribió un punto de acuerdo, mediante el cual exhorta a las autoridades educativas federales, estatales y municipales a que realicen las acciones conducentes con el objeto de que todas las instituciones educativas públicas y privadas, apliquen las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas discapacitadas, y solicita se le informen las acciones que se estime conveniente realizar para dar cumplimiento al citado punto de acuerdo; en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 119 Novenus F, fracción III y IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

1. La prestación de los servicios educativos de educación inicial y básica en el Distrito Federal a la fecha no han sido descentralizados, por lo que, dichos servicios corresponden a la Secretaría de Educación Pública a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Lo anterior, en términos del artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación, que establece lo siguiente:

“Cuarto. El proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena- y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica incluyendo la Indígena y especial que los artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo, del artículo 16 de la presente ley.”

Asimismo, el artículo tercero transitorio del “decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 13 de octubre de 2006, establece que las disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal relativas a la educación inicial y básica entrarán en vigor una vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación. A continuación se transcribe el referido artículo tercero transitorio:

“Artículo Tercero. Las disposiciones de la presente ley, relativas a la educación inicial, básica –incluyendo la indígena– y especial, entrarán en vigor una vez que se derogue el artículo cuarto transitorio de la Ley General de Educación.”

Es importante hacer notar que la aplicación de las leyes y normas en materia de accesibilidad de las personas discapacitadas, en las instituciones educativas públicas y privadas, de educación inicial, básica –incluyendo la Indígena– y especial, corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, razón por la cual, hasta que se dé la descentralización referida, esta secretaría estará en posibilidad de aplicar los ordenamientos legales citados.

2. No obstante lo anterior, la secretaría, preocupada por el tema, realiza acciones para incentivar la equidad en la educación en esta ciudad.

En el ámbito de su competencia, la secretaría implementa acciones en las que se aplican las leyes y normas en materia de accesibilidad de las personas discapacitadas, dentro del programa Acciones de Inclusión y Equidad Educativa, en el que se desarrollan los centros comunitarios, figuras facilitadoras y analfabetismo cero, en virtud de que en dicho programa se impulsan acciones para la inclusión educativa y la no discriminación de personas discapacitadas, así como, el cuidado y protección de los derechos lingüísticos de las personas sordas en los procesos de alfabetización y educación.

Las acciones que integran el programa de Acciones de Inclusión y Equidad Educativa, están diseñadas para prestar servicios que beneficien a grupos comunitarios y sociales en condiciones de vulnerabilidad educativa, que concentren tanto población educativa infantil como adulta analfabeta o que no haya concluido la educación básica: población indígena, con alguna discapacidad, niños y jóvenes que se encuentran en situación de marginación o en extrema pobreza y adultos mayores principalmente, a fin de tutelar el derecho de acceso a la educación en el Distrito Federal.

Dicho programa contribuye al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo autónomo y sustentable de la diversidad de comunidades, a través de procesos educativos comunitarios, integrales y permanentes en beneficio de diversa población, entre la que se encuentran personas con discapacidad, aplicando las leyes y normas correspondientes en materia de accesibilidad de las personas discapacitadas.

En el programa referido podrán participar como figura de aspirante a facilitador o facilitadora, las personas indohablantes y personas con discapacidad, el perfil de edad y escolaridad será secundario en función del perfil lingüístico o de competencia para dar respuesta a las necesidades educativas especiales.

Aunado a lo anterior, la instalación de los centros comunitarios se realiza en microrregiones identificadas de analfabetismo y otros espacios donde existan personas con alguna discapacidad (auditiva, visual, intelectual, motora, emocional), personas en situación de calle, familias en condición de vulnerabilidad, niños y adolescentes en condiciones de riesgo o económicamente activos, personas que habitan en microrregiones de analfabetismo.

Actualmente, en el referido programa participan como beneficiarios 16 personas con sordera y 3 con ceguera, todas en calidad de figuras facilitadoras, en las siguientes delegaciones políticas:

3. Por otro lado, hago de su conocimiento que la Secretaría de Educación del Distrito Federal desarrolla el programa de Bachillerato a Distancia, que es otra opción que ofrece a los jóvenes de esta ciudad para cursar el bachillerato, con una modalidad de alta calidad de la UNAM, impartido en línea a través de Internet, programa que está dirigido a todas las personas, incluidas aquellas con capacidades diferentes.

En virtud de lo anterior, le solicito que tenga a esta secretaría emitiendo la información solicitada respecto al punto de acuerdo referido.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de marzo de 2011.— Licenciada Jennifer Krystel Castillo Madrid (rúbrica), directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo.— Poder Legislativo.— Gobierno del Estado de  Hidalgo.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del año 2011, por instrucciones de la presidencia de la directiva del Congreso del estado, nos fue turnado a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, para los efectos procedentes, el oficio número DGPL61-II-885 de fecha 26 de enero de 2011, suscrito por los secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el que remiten copia del expediente número 267 que envían al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo y a la Auditoría Superior del mismo estado, que contiene un dictamen con punto de acuerdo de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicación y Obras Públicas, por medio del cual se solicita la intervención de la auditoría superior, respecto a la correcta aplicación de los recursos públicos federales ejercidos en el estado de Hidalgo.

Una vez analizado dicho documento, se envió el oficio número CI-26/2011 de fecha 25 de febrero del año en curso, al contador público Rodolfo Picazo Malina, auditor superior del estado, solicitándole informe de la revisión de las Cuentas Públicas de los Ejercicios 2010 y 2011, por los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Hidalgo, adicionalmente haciendo alusión a los resultados de la revisión a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2007 de los poderes del estado de Hidalgo y los municipios, de lo cual se recibió el oficio número ASEH/DAS/697/2011, de fecha 9 de marzo, comunicando lo siguiente:

1. En lo que se refiere al exhorto para revisar los gastos realizados por el gobierno del estado de Hidalgo, durante el Ejercicio 2010; le informo que esta entidad de fiscalización superior, conforme lo disponen los ordenamientos legales aplicables y de acuerdo a lo previsto en el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2010, a partir del mes de abril del año en curso, iniciarán las auditorías a las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, de lo cual en los tiempos dispuestos por la ley, se emitirán los informes respectivos y se emprenderán las acciones necesarias por los hallazgos que resulten.

2. En lo que se refiere a los recursos que ejerza el gobierno del estado de Hidalgo durante el año 2011; esta entidad de fiscalización superior no está en posibilidad de revisar durante el ejercicio en curso, la aplicación de los recursos públicos aprobados para este año; toda vez que conforme a las disposiciones legales que rigen su actuación, la función fiscalizadora de la auditoría superior, se sujeta a los principios de definitividad, anualidad, posterioridad, por lo que la evaluación y revisión de la gestión financiera del año 2011 de las entidades sujetas a fiscalización, se realizará durante el Ejercicio 2012, dando puntual seguimiento a los procesos y acciones que esta función conlleva, en los tiempos establecidos por la ley.

3. En lo que se refiere a los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2007, con esta fecha, se puede verificar en la página de la Auditoría Superior del Estado, las acciones legales que esta entidad de fiscalización ha realizado en seguimiento a las observaciones determinadas en cada una de las entidades fiscalizadas, respecto de los resultados de la revisión a las Cuentas Públicas 2007 y 2008.

Por lo que la comisión que suscribe, estará al pendiente del asunto en comento.

Sin otro particular, les reiteramos las seguridades de nuestra consideración distinguida.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 10 de marzo de 2011.— Por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, diputados: Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Honorato Rodríguez Murillo (rúbrica), Napoleón González Pérez (rúbrica).»

«Escudo.— Congreso del Estado Libere y Soberano de Hidalgo.— LX Legislatura.

Diputado Roberto Pedraza Martínez, Presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.— Presente.

Hago referencia a su oficio número CI-26/20 100, de fecha 25 de febrero del año en curso, mediante el cual nos remite el oficio número 267, suscrito por los secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, conteniendo el punto de acuerdo aprobado por la propia comisión, referente a la solicitud de revisión de las Cuentas Públicas de los ejercicios 2010 y 2011, por los recursos ejercidos por el gobierno del estado de Hidalgo. Adicionalmente, hacen alusión a los resultados de la revisión a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2007 de los poderes del estado y los municipios, que realizó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y que se encuentran publicados en la página de esta entidad de fiscalización superior.

Al respecto, me permito informar a usted lo siguiente:

En lo que se refiere al exhorto para revisar los gastos realizados por el gobierno del estado durante el ejercicio 2010; le informo que esta entidad de fiscalización superior, conforme lo disponen los ordenamientos legales aplicables y de acuerdo a lo previsto en el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2010, a partir del mes de abril del año en curso, se iniciarán las auditorías a las diferentes dependencias del propio Poder Ejecutivo; de lo cual, en los tiempos dispuestos por la ley, se emitirán los informes respectivos y se emprenderán las acciones necesarias por los hallazgos que resulten.

En lo que se refiere a los recursos que ejerza el gobierno del estado de Hidalgo durante el año 2011; esta entidad de fiscalización superior no está en posibilidad de revisar durante el ejercicio en curso, la aplicación de los recursos públicos aprobados para este año; toda vez que, conforme a las disposiciones legales que rigen su actuación, la función fiscalizadora de la auditoría superior, se sujeta a los principios de definitividad, anualidad, posterioridad, entre otros; por lo tanto, la evaluación y revisión de la gestión financiera del año 2011 de las entidades sujetas a fiscalización, se realizará durante el ejercicio 2012, dando puntual seguimiento a los procesos y acciones que esta función conlleva, en los tiempos establecidos por la ley.

Finalmente, en lo que se refiere a los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2007, le informo que, con esta fecha, se puede verificar en la página de la Auditoría Superior del Estado (www.aseh.gob.mx).las acciones legales que esta entidad de fiscalización ha realizado en seguimiento a las observaciones determinadas en cada una de las entidades fiscalizadas, respecto de los resultados de la revisión a las Cuentas Públicas 2007 y 2008.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 9 de marzo de 2011.— Contador Público José Rodolfo Picazo Molina (rúbrica), auditor superior del Estado.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María Dolores del Río Sánchez, Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura.— Presentes.

Me refiero a su oficio número DGPL 61-II-8-911, del 9 de marzo de 2011, por medio del cual informaron al suscrito que, en sesión celebrada en esa fecha, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal y al director de la empresa de participación estatal mayoritaria Liconsa, SA de CV, a fin de que se disponga el funcionamiento del centro de abasto situado en Avenida de la Cuesta esquina con Avenida de los Maestros, San Antonio Zomeyucan, Naucalpan de Juárez, México.

En relación con lo anterior, me permito formular a ustedes las siguientes consideraciones:

1. Se solicitaron 3 mil 400 millones de pesos de recursos fiscales para 2011, sobre la base de sostener el precio a los beneficiarios en 4 pesos por litro, mantener el padrón en 6 millones de personas y adquirir unos 710 millones de litros de leche de origen nacional.

2. Al terminar el proceso de autorización del Presupuesto de 2011, se obtuvieron sólo 2 mil 702 millones de pesos de transferencias fiscales, pese a numerosas gestiones de esta entidad.

3. De conformidad con la ley y las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a nuestro cargo, resulta inviable abrir más lecherías, toda vez que el presupuesto autorizado resulta insuficiente para mantener en operación las existentes.

4. Por tanto, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue a esta paraestatal los complementos presupuestales necesarios estaremos en aptitud de abrir más lecherías.

Sin otro particular de momento, hago propicia la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de mi siempre alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2011.— Jesús Galván Muñoz (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-770, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.163/2011, suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al padrón de beneficiarios del Procampo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/UEL/311/4196/10 del 15 de diciembre de 2010, a través del cual comunican el punto de acuerdo aprobado en la honorable Cámara de Diputados, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización desarrolle y haga pública la estrategia contemplada para la actualización continua del padrón de beneficiarios del Procampo, y se le exhorta que señale y haga público el destino de los recursos presupuestados, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio No. FOO.1000/062/2011 del 22 de febrero de 2011, elaborado por Apoyos y Servicios a la Comercialización (Aserca), por el que se describe a detalle el procedimiento para actualizar el padrón y los requisitos que deben cumplir los productores para contar con ese beneficio; en lo que se refiere al segundo numeral, se aclara que los recursos serán aplicados al Procampo para Vivir Mejor.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de marzo de 2011.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.-087/2011 de fecha 10 de febrero del año en curso, mediante el cual remite copia del Oficio número SEL/UEL/311/4196/10, emitido por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo en la Secretaría de Gobernación, que contiene los puntos de acuerdo aprobados en la sesión de de fecha 14 de diciembre de 2010 de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dicen:

“ Primero. La Cámara de diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través de Aserca desarrolle y haga público la estrategia de mediano plazo contemplada para la actualización continua del padrón de beneficiarios del Procampo.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesco y Alimentación para que defina, señale puntualmente y haga público el destino de los recursos presupuestados que, derivados de la reducción del padrón de beneficiarios, como consecuencia de la implementación del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Procampo, no serán aplicados.”(sic)

Al respecto, le comunico lo siguiente:

En respuesta al primer punto del acuerdo, el padrón será constantemente actualizado con la información que proporcionen los Productores al momento de acudir al Centro Agropecuario de Desarrollo Rural quienes deberán presentar, los documentos originales y entregar copias simples de éstos, cuando: soliciten modificaciones en los documentos que acrediten la propiedad o titularidad de los predios; se presente un apoderado legal, carta poder; se actualicen los contratos de posesión derivada; en predios de riego, la boleta de pago de agua o de la constancia de pago de los derechos de uso de agua del ciclo; en operación o permiso único de siembra; en el caso de pozos, la constancia actualizada del trámite para la regularización del uso del agua; la opinión favorable del trámite de Regularización de Terrenos Nacionales emitido por la Secretaría de la Reforma Agraria; el permiso que acredite el uso de terrenos ubicados en zonas federales o algún otro documento que se requiera. El cumplimiento de la obligación previamente señalada, será continuamente constatado mediante verificaciones que al efecto se realicen.

Y con relación al segundo punto del acuerdo, le manifiesto que el programa de actualización a que se hace referencia no ha concluido. Por lo tanto, los recursos presupuestados serán aplicados para el Procampo para Vivir Mejor.

Sin otro en particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de febrero de 2011.— Ingeniero Manuel Emilio Martínez de Leo (rúbrica), director en jefe.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

BIOENERGETICOS

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D G P L 61-II-4-769 signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.164/2011 suscrito por el ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al uso de biocombustibles.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente.

En atención a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4197/ 10 del 15 de diciembre de 2010, a través del cual comunican punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que en los tres niveles de gobierno se promueva el uso de biocombustibles, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopia del oficio número 311.03.- 0063/ 11 del 28 de febrero de 2011, enviado por la Subsecretaría de Agricultura, donde informa de las cinco líneas estratégicas implementadas por esta secretaría para promover la producción de insumos para bioenergéticos en el ámbito federal, y que, conforme a lo que se establece en el artículo 11 fracción IV de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, publicó en 2009 el Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de marzo de 2011.— Ingeniero Jorge Zermeño González (rúbrica), coordinador General de Política Sectorial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial.— Presente.

En atención a su oficio número 112. 086/ 2011 de fecha 10 de febrero de 2011 de esta coordinación general a su digno cargo, por medio del cual solicita enviar la información necesaria a fin de dar respuesta al siguiente punto de acuerdo aprobado el 14 de diciembre de 2010 en sesión del Congreso de la Unión:

“...Se exhorta a los titulares de las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las gestiones necesarias para que en los tres niveles de gobierno se promueva el uso de los biocombustibles, así como en el ámbito privado...”.

Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y su Reglamento, esta secretaría ha emprendido las siguientes acciones con la finalidad de promover la producción de insumos para bioenergéticos en el ámbito federal:

Conforme a lo establecido en el artículo 11 fracción IV de la mencionada ley, la Sagarpa publicó en 2009, el Programa de Producción Sustentable de Insumos para Bioenergéticos y de Desarrollo Científico y Tecnológico (http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/PROINBIOS 20091013.pdf) con el objeto de fomentar la producción sustentable de insumos para bioenergéticos y su comercialización, diversificando las fuentes de ingreso de los productores del campo mexicano, mejorando su competitividad y atendiendo la matriz alimentaria, así como la diversificación energética del país.

Dicho programa contempla cinco líneas estratégicas, dentro de las cuales se han llevado a cabo las siguientes acciones:

I. Desarrollo de un sistema de información

En atención a esta línea, y como parte de los esfuerzos para difundir de manera efectiva la información generada en materia de investigación y desarrollo, esquemas de fomento, mecanismos para acceder a los apoyos y en general un estatus actualizado de la cadena de producción de insumos para bioenergéticos, Sagarpa, en colaboración con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera ha desarrollado el Sistema de Información de Bioenergéticos, el cual servirá para facilitar la toma de decisiones por parte de los actores de la cadena, así como del público en general.

II. Impulso a la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología

En lo que respecta a esta línea, la Sagarpa mediante el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ha desarrollado diversas investigaciones para contar con los mapas de zonas con potencial productivo para la producción de insumos para bioenergéticos, desarrollo de paquetes tecnológicos validados así como el equipamiento de laboratorios de biocombustibles equipados para etanol y biodiesel a fin de analizar la calidad agroindustrial de los biocombustibles generados.

III. Fomentar las asociaciones para el desarrollo de los biocombustibles

En atención a la mencionada línea, la Sagarpa mediante el Fondo de Inversión y Capitalización del Sector Rural (Focir), busca implementar esquemas para apoyar la adquisición de activos que serán reconocidos como aportación accionaria por parte de los productores, dicho esquema permitirán impulsar la consolidación de la cadena de producción de bioenergéticos, que les permita el desarrollo de una agroindustria integrada y competitiva.

IV.Generar certidumbre de mercado

Mediante el desarrollo de las acciones consideradas en las demás líneas estratégicas, se busca brindar los elementos necesarios para generar certidumbre de mercado y con ello, fomentar el desarrollo de cadena de producción de bioenergéticos, así como la inversión y el aumento de las capacidades dentro de la agroindustria.

V. Promover la producción de insumos

Mediante esta línea se pretende apoyar la producción de biomasa necesaria para abastecer la industria de los biocombustibles, a fin de llevar a cabo la sustitución del MTBE por etanol como oxigenante en las gasolinas comercializadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en diversas zonas metropolitanas del país. Por lo anterior, y como parte de las acciones de la línea en comento, esta secretaria presentó ante el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el Proyecto de Bioeconomía 2010. Dicho proyecto cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos, y busca continuar apoyando la multiplicación de material vegetativo, establecimiento de cultivos comerciales, plantas piloto y/o proyectos integrales, investigación y desarrollo, validación de paquetes tecnológicos, uso de energías renovables en el sector agropecuario y proyectos específicos.

Actualmente a nivel federal se está trabajando para contar con los elementos necesarios que permitan trasladar de manera efectiva los esfuerzos en materia de producción de insumos para biocombustibles tales como los elementos técnicos y de fomento a los demás niveles de gobierno, lo anterior con la finalidad de generar una correcta toma de decisiones por parte de los actores de la cadena de producción de bioenergéticos que les permita llevar a cabo la producción de insumos con la calidad y cantidad que la industria en su momento llegue a requerir.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF., a 28 de febrero de 2011.— Ingeniero Guillermo del Bosque Macías (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.

INMUEBLES FEDERALES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor Guillermo Haro Bélchez, secretario general de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Hago referencia al artículo 72 último párrafo de la Ley General de Bienes Nacionales, que a la letra indica: “ Artículo 72. Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos de uso o aprovechamiento sobre los inmuebles federales, mediante concesión, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de leyes específicas que regulen el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles federales.... Asimismo, presentarán un informe anual a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente”.

Al respecto, se adjunta el informe anual de las 3 concesiones vigentes que a la fecha ha otorgado el gobierno federal por conducto de esta secretaría, previa autorización del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de conformidad con lo siguiente:

Sec. 1

Concesionario: Aerovías de México, SA de CV.

Objeto: 29 metros cuadrados, en el inmueble ubicado en Abraham González número 48, planta baja, colonia Juárez, código postal 06600, México, DF.

Sec. 2

Concesionario: Global ZZ, SA de CV.

Objeto: 20 metros cuadrados, en el inmueble ubicado en Eduardo Molina número 113, colonia Penitenciaria Ampliación, código postal 15350, México, DF.

Sec. 3

Concesionario: Ciudadana María Yolanda Juárez

Objeto: 7 metros cuadrados, en el inmueble ubicado en Abraham González número 48, planta baja, colonia Juárez, código postal 06600, México, DF.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos conducentes, de conformidad con lo establecido por los artículos 2, fracción II, 8, 15, primer párrafo, 16, 64, 72 y 73 de la Ley General de Bienes Nacionales, 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y demás normatividad relativa y aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de marzo de 2011.— Contador Público Jorge Javier Ramos Negrete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de la Función Pública, para su conocimiento.

Aprovechamos para dar la bienvenida a amigas y amigos de Rotary Internacional, distrito 41 70, de Toluca, estado de México, estudiantes de intercambio, invitados por el diputado José Luis Velasco Lino.

Asimismo, a visitantes del Club de la Tercera Edad, Valle de Bravo, invitados por el diputado Carlos Bello Otero. Sean todas y todos bienvenidos a este recinto de San Lázaro.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en el mes de febrero de 2011 únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

Atentamente

México, DF, a 17 de marzo de 2011.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DEP 0359/ 11, Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Violeta Martínez García.

Puesto: Asistente del Área de División Política.

Lugar de trabajo: Embajada de la República de Corea en México.

Nombre: Jorge Alfredo Solís.

Puesto: Asistente de visas.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Luis Élmer Valle Barraza.

Puesto: Asistente del Servicio de Aduanas.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Pablo López Cabello Pulido.

Puesto: Auxiliar en la Sección Consular.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Rodrigo Rosales Castro.

Puesto: Asistente del Departamento Cultural.

Lugar de trabajo: Embajada de Japón en México.

Nombre: Rut Gutiérrez Valencia.

Puesto: Asistente de pasaportes y ciudadanías/auxiliar de servicios especiales consulares.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Miguel Ángel García Martínez.

Puesto: Chofer/mensajero.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Popular China en México.

Nombre: Laura Cedillo Hernández.

Puesto: Secretaria.

Lugar de trabajo: Embajada de la República Popular China en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de los expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos donde solicitan que se realicen los trámites correspondientes, así como copias simples de las identificaciones oficiales.

Atentamente

México, DF, a 15 de marzo de 2011.— Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento del artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del numeral 12 y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitarle muy atentamente, el consultarle al pleno de este Congreso, el concederme licencia a partir de esta fecha para separarme del cargo de diputado federal, por el Distrito V del estado de Hidalgo, a fin de optar por el cargo a diputado local a la LXI Legislatura al Congreso local, por el que recientemente fui electo, también por el estado de Hidalgo.

Lo anterior no sin antes agradecer a todos los legisladores, hombres y mujeres de esta LXI Legislatura, las muchas muestras de apoyo y solidaridad al trabajo desempeñado por su servidor.

Sin otro particular al momento, le agradezco el turno correspondiente a la presente misiva.

Respetuosamente

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2011.— Diputado Ramón Ramírez Valtierra (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo referidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Ramón Ramírez Valtierra, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V distrito electoral del estado de Hidalgo, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha sido ésta la última actuación como presidente de esta Mesa Directiva del muy digno vicepresidente, diputado don Jesús  Zambrano. Muchas gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

José de Jesús Zambrano Grijalva, diputado federal a la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ante usted, respetuosamente expongo:

En términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción V, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito que se ponga a consideración del pleno licencia al cargo que desempeño actualmente como diputado federal plurinominal de la primera circunscripción por el estado de Sonora, a partir de esta fecha.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2011.— Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José de Jesús Zambrano Grijalva para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a conceder el uso de la palabra, antes de hacer la declaratoria, a los señores diputados Jaime Cárdenas, Alejandro Encinas, José Ramón Martel, Guerra Abud y Pérez Cuevas. Si me permiten, lo haré en orden ascendente, como es costumbre, y empiezo con el diputado Cárdenas. Don Juventino Castro y Castro, lo registro.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente. Primero para desearle parabienes y éxito al diputado Jesús Zambrano. Los que lo conocemos sabemos que tiene una trayectoria personal y política muy importante.

Muchos años de lucha en la izquierda de este país, desde la izquierda armada a la izquierda política y democrática, y eso habla también de lo que ha sido nuestro país en las últimas décadas y habla bien también de Jesús Zambrano.

Muchos no coincidimos a veces con los planteamientos del grupo político al que él pertenece, pero yo sí quiero decir que Jesús Zambrano es un hombre honesto, es un hombre consciente, es un hombre intachable y le deseo éxito en su función como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Ojalá que logre la unión de la izquierda y ojalá también que recupere para la izquierda de este país las mejores causas. Ojalá que en la presidencia de Jesús Zambrano la izquierda tenga otro rostro y que se luche por la profundización democrática de nuestro país y por la garantía plena de los derechos sociales en México. Mis parabienes a Jesús Zambrano.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. El diputado Juventino Castro y Castro.

El diputado Juventino Víctor Castro y Castro(desde la curul): Gracias, señor presidente.

Diputado Jesús Zambrano, ha hecho usted una labor muy importante en su paso por esta Legislatura. Yo lamento mucho su partida, pero definitivamente sé que será para bien de su partido y de usted mismo. Le mando un cerrado abrazo y le deseo toda clase de éxitos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, maestro Castro y Castro. El diputado Guerra Abud y luego el diputado Alejandro Encinas.

El diputado Juan José Guerra Abud(desde la curul): Gracias, presidente. Muy brevemente para felicitar a Jesús Zambrano. Creo que él fue un espléndido diputado.

Dentro de los altibajos que se tienen en la Cámara creo que él siempre fue un factor de prudencia, siempre tendió puentes para tratar de llegar a los acuerdos. Estoy seguro que va a tener una exitosa labor al frente de su partido y en su gestión administrativa. Me cuesta trabajo desearle suerte en lo demás, pero seguramente, como gente decente que es podrá unir y podrá generar muchos beneficios para la democracia en este país.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Guerra Abud. Tiene la palabra el diputado don Alejandro Encinas.

El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez(desde la curul): Simple y sencillamente para desearle el mejor de los éxitos al diputado Zambrano en sus nuevas funciones.

Tiene frente a sí un enorme reto y responsabilidad no solamente para consolidar la cohesión interna del PRD, sino para consolidar un frente muy amplio de las izquierdas en momentos de definiciones trascendentales en la vida del país.

Espero que la experiencia que hemos compartido en el grupo parlamentario donde supimos anteponer los intereses de la agenda legislativa en beneficio del país sea un buen ejemplo, un respaldo para la dirección que va a emprender hacia adelante.

Mucho éxito, Jesús, en nombre del grupo parlamentario. Que sea por el bien del partido de la izquierda.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Carlos Pérez Cuevas.

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Un reconocimiento y felicitación, y también una petición. Reconocer el trabajo de Jesús Zambrano, un hombre comprometido, un hombre de palabra.

Me tocó compartir con él muchos aspectos de diálogo, de acuerdo, de negociación. En la política uno siempre reconoce a los hombres que dan la cara, que dan la palabra, que hablan de frente, que cuando no puede transitar algún tema se dice, no; pero cuando es sí, se mueren en la raya dando su palabra. Esa clase de hombres y de políticos es Jesús Zambrano. Yo se lo quiero reconocer hoy. Desearle éxito en la labor que tiene.

Y pedirle también, como mexiquense, una cosa: vaya al estado de México a construir la alianza que mi entidad requiere para transformar la realidad, presidente Zambrano.

De ese tamaño de gritos es el temor que hay por que el estado de México se transforme y deje de ser un mal gobierno. Lo felicito, le deseo éxito en esta labor en el PRD nacional. Sé que no será una labor ni una tarea fácil, pero seguramente sus buenos oficios políticos y su altura política darán para que, desde ahí, este país pueda seguir saliendo adelante. Y, vaya y construya la alianza para que siga habiendo más temor.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado José Ramón Martel.

El diputado José Ramón Martel López(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hacer un reconocimiento a la tarea realizada y desarrollada, desde el inicio de esta Legislatura, en sus funciones como vicepresidente, en primer lugar, a nuestro respetable amigo, desde hace muchos años, Jesús Zambrano.

Jesús, como legislador nuestra fracción parlamentaria reconoce en ti, que eres un hombre de acuerdos, que eres un hombre de diálogo, que eres un hombre tolerante, que eres un hombre prudente, en quien siempre encontramos un constructor para llegar a acuerdos en el seno de esta Cámara de los Diputados.

Te deseamos que por encima de las circunstancias, tus convicciones respetables como hombre de izquierda sigan siendo el baluarte que enarboles en las nuevas tareas que tendrás como dirigente del Partido de la Revolución Democrática. Que las coyunturas y circunstancias se vean siempre supeditadas al deseo que te ha dado respetabilidad de ser un  hombre de convicciones y de convicciones muy bien definidas. Felicidades, Jesús, por tu designación, nombramiento y tus nuevas funciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor diputado Zambrano, vicepresidente, nos ha acompañado usted en esta muy grata tarea de coordinar los trabajos parlamentarios de nuestros compañeros, ha sabido hacerlo usted, no solamente haciendo gala de su enorme prestigio como hombre prudente y de conciliación, sino además poniendo su esfuerzo en los momentos más difíciles y sus compañeros de la Mesa Directiva así lo recordaremos. Llévese usted nuestros parabienes, nuestro deseo de su personal éxito y realización, y sepa que como es costumbre en las Cámaras donde se hace un ejercicio parlamentario, aquí tiene usted 499 adversarios y 499 amigos para siempre. Muchas gracias por su amabilísimo ejercicio, vicepresidente Zambrano.

Por tanto, quedan aprobados los puntos de acuerdo que contienen la licencia del diputado Jesús Zambrano Grijalva y comuníquense para los efectos correspondientes.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul) Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Ochoa. Sonido en la curul de la diputada Ochoa.

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía(desde la curul): Gracias, presidente.

En el mismo sentido, lamento ahorita que ya después que usted habló hacer uso de la palabra, pero felicitar y reiterar nuestro beneplácito por el ascenso ahora al frente del Partido de la Revolución Democrática de nuestro amigo Jesús Zambrano, con quien tuve la oportunidad de compartir en el pasado, el año anterior, en la Mesa Directiva. Así es que en el mío propio, también reciba nuestra más sincera felicitación. Gracias presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora diputada, a usted.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputados y diputadas.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema, señores diputados.

Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 410 diputadas y diputados.

Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 30 minutos para realizarlo por cédula, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

CAPITULO I DEL TITULO PRIMERO Y ARTICULOS 1; 3; 11; 15; 18, 29; 33, 89; 97; 102; Y 105 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es el proyecto de resolución de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de acuerdo relativo a la minuta del Senado, con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.

Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 de la Cámara de Diputados se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de referencia. Proceda la Secretaría a dar lectura al proyecto de resolución de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Proyecto de resolución de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, con proyecto de acuerdo relativo a la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, fue turnada para su estudio y dictamen, la resolución emitida por la Cámara de Senadores con relación al proyecto de decreto, por el que se modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos y acuerdo aprobado en relación al proyecto de referencia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción E), y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes:

I. Antecedentes legislativos

1. Diputados de los diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura presentaron ante la asamblea de la Cámara de Diputados, 33 iniciativas con proyecto de decreto que modifican la denominación del Capítulo I y reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, las cuales fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

2. El 23 de abril de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la LX Legislatura, después de analizar las distintas iniciativas, aprobaron por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 23 de abril de 2009, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I y reforma los artículos 1, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo al Senado para sus efectos constitucionales.

4. El 28 de abril de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos la minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen.

5. El 18 de marzo de 2010, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó ampliar el turno a la Comisión Especial de Reforma del Estado, a fin de que emitiera la opinión correspondiente.

6. El 7 de abril de 2010, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión Especial de Reforma del Estado, del Senado de la República, emitieron dictamen favorable con modificaciones a los artículos 1, 11, 33, 89 y 102; asimismo incorporaron reformas a los artículos 3, 15, 18, 29, 97 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. El 8 de abril de 2010, la Asamblea del Senado aprobó el dictamen señalado en el párrafo anterior, enviándolo a la Cámara de Diputados para efectos constitucionales.

8. El 13 de abril de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la minuta referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, para análisis discusión y elaboración de dictamen.

9. El 21 de abril de 2010, la Mesa Directiva de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo una reunión con diversas agrupaciones promotoras de los derechos humanos para recibir sus opiniones sobre la minuta.

10. El 28 de abril de 2010, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, realizaron su primera reunión para el análisis y discusión de la minuta referida, misma que fue aprobada en lo general quedando pendientes artículos reservados, por lo que se constituyeron en sesión permanente.

11. El 8 de junio de 2010, se convocó a una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos con la participación de diversos especialistas, quienes expusieron sus opiniones respecto a las minutas en materia de derechos humanos.

12. El 7 de septiembre de 2010, se continuó la sesión permanente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos para el análisis de la minuta referida sin haberse llegado a acuerdo alguno.

13. El 19 de octubre de 2010, en la sesión permanente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, se acordó la integración de un grupo plural de legisladores, uno por cada grupo parlamentario representado en las Comisiones y los Presidentes de éstas.

En este grupo se acordó, buscar un acercamiento con los Senadores de las comisiones dictaminadoras, para conocer sus opiniones acerca de las reservas manifestadas por distintos integrantes de las comisiones unidas.

14. En cumplimiento al acuerdo mencionado, el grupo plural de diputados, se reunió con las distintas fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, con la finalidad de darle salida a la reforma en materia de derechos humanos, reunión que culminó con el proyecto de dictamen que se sometió a consideración del Pleno de las Comisiones Unidas, en la sesión de 13 de diciembre de 2010.

15. Consecuentemente, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 15 de diciembre de 2010, se aprobó con modificaciones el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos con proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha, fue remitido el expediente correspondiente a la Cámara de Senadores.

16. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 1 de febrero de 2011, la Mesa Directiva turnó la minuta referida a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, para su estudio y dictamen.

17. En sesión celebrada el 8 de marzo de 2011, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando la minuta en los términos siguientes:

“Minuta

Proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma la denominación del Capítulo I del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1º; el segundo párrafo del artículo 3°; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18, el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33, la fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102, y el inciso g) de la fracción II del artículo 105; se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero, al artículo 1°, recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden; y los nuevos párrafos quinto, octavo, décimo primero y décimo segundo al artículo 102, apartado B, recorriéndose los actuales en su orden, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Primero

Capítulo IDe los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3o. (...)

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

I a VIII. (...)

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Artículo 15.No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 18. (...)

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desa-parición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

(...)

Artículo 89. (...)

I. a IX. (...)

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI. a XX. (...)

Artículo 97. (...)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 102.

A. (...)

B. (...)

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, y jurisdiccionales.

(...)

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

(...)

(...)

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

(...)

(...)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

El desarrollo de este procedimiento ejercerá facultades de autoridad investigadora en los términos de ley, sin que autoridad alguna pueda negarle la información que requiera. La Comisión mantendrá la reserva de la información que se le proporcione con ese carácter. Cuando así proceda, presentará las denuncias ante la autoridad competente.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a - k) (...)

(...)

(...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a - f) (...)

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

(...)

(...)

III. (...)

(...)

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1° constitucional sobre reparación deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. La ley a que se refiere el artículo 11 constitucional sobre el asilo, deberá ser expedida en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los términos del texto vigente.

Sexto. Los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que estén pendientes de resolución al momento de entrar en vigor la reforma, los continuará desahogando la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta su conclusión.

Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Las adecuaciones a esa ley deberán contener los términos, condiciones y circunstancias bajo los cuales se activará la facultad de investigación establecida en el párrafo undécimo del apartado B del artículo 102 del presente decreto, dentro de los que se establecerán como una de las condiciones para el ejercicio de esta facultad, que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deba obtener la aceptación favorable de la mayoría del Consejo Consultivo de la misma. En tanto no se expidan las modificaciones a esa ley, se aplicará lo señalado en este artículo.

Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, D.F., a 8 de marzo de 2011.”

18. En la misma sesión del 08 de marzo de 2011, la Cámara de Senadores aprobó Acuerdo, en los siguientes términos:

“Único. En caso de que la Colegisladora no apruebe las enmiendas contenidas en el proyecto que se devuelve, el Senado manifiesta su aceptación para que con los artículos que ya han sido aprobados por ambas Cámaras, se construya el proyecto de decreto que se remitirá a las legislaturas de los estados como lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

19. En sesión celebrada el 10 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta a los oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite el Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Acuerdo, mismos que fueron turnados a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, para la resolución que corresponda y a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su conocimiento.

II. Consideraciones

Estas comisiones dictaminadoras, después de hacer un análisis exhaustivo al proyecto de decreto y al acuerdo suscrito por del Senado de la República, llegan a la convicción de analizar única y exclusivamente el Acuerdo señalado y dejar para análisis y discusión posterior el relativo a la adición del párrafo décimo segundo del artículo 102 apartado B y segundo párrafo del artículo octavo transitorio, en los términos siguientes:

Primera. El objeto de la presente reforma constitucional, aprobada por ambas Cámaras, fortalece a los derechos humanos y promueve su perfeccionamiento, a través de una reforma efectiva proveniente de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos.

Estas reformas, demuestran un importante avance del Estado Mexicano, en la incorporación del derecho internacional relativo a derechos humanos en el marco jurídico mexicano, en los que se destaca, que cualquier persona puede hacer exigible y justiciable de manera directa todo el catálogo de derechos hasta ahora reconocidos, independientemente de su sexo, estatus social y económico, su origen étnico, su preferencia sexual su idioma o religión, en suma, persigue actualizar de manera prioritaria el régimen jurídico en tan importante materia.

Segunda. Las Comisiones Unidas que dictaminan, hicieron un cotejo de la minuta aprobada por esta Cámara, así como de la minuta devuelta por la colegisladora y se ha confirmado que ambas Cámaras han aprobado lo siguiente:

Aprobados por ambas Cámaras:

La denominación del Capítulo I del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1; el segundo párrafo del artículo 3°; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18, el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33, la fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102, y el inciso g) de la fracción II del artículo 105; se adicionan dos nuevos párrafos segundo y tercero, al artículo 1º, recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden; y los nuevos párrafos quinto, octavo, décimo primero al artículo 102, apartado B, recorriéndose los actuales en su orden; y los nueve transitorios con excepción del segundo párrafo del octavo transitorio, para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.

Modificados por la colegisladora:

Se suprime del artículo 102 apartado B, el párrafo décimo segundo y del octavo transitorio, el segundo párrafo, que a la letra dicen:

En lo específico, se aprecia que la parte no aprobada del proyecto de decreto en estudio, son el nuevo párrafo décimo segundo del artículo 102 apartado B y el párrafo segundo del artículo Octavo Transitorio, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercera. En efecto, el artículo 72 fracción E, contempla dos hipótesis que permiten a estas codictaminadoras arribar a una conclusión respecto al proceso legislativo que deben seguir las reformas a la Constitución aprobadas por ambas Cámaras, y que son del tenor siguiente:

Primera hipótesis: La fracción E del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala; “si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse de manera alguna los artículo aprobados”.

Lo que precisa el dispositivo constitucional señalado, es que la nueva discusión en la Cámara de origen respecto de un proyecto previamente modificado por la Cámara revisora, se limitará a los artículos modificados, desechados o adicionados, ilustra lo anterior el siguiente criterio Jurisprudencial:

Novena Época,

Registro: 175495,

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Marzo de 2006

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 46/2006

Página:   8

Proyecto de ley o decreto modificado por la Cámara revisora y que regresa a la de origen. para que ésta cumpla el requisito de la “nueva discusión” a que se refiere el inciso “E” del artículo 72 constitucional, basta con que abra dicha etapa.

El inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión en la de Origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse los artículos aprobados por ambas Cámaras. Para cumplir con lo anterior basta con que en la Cámara de Origen se abra dicha etapa de discusión y lo desechado, modificado o adicionado por la colegisladora se apruebe, aunque la discusión no se materialice, porque no necesariamente tiene que haber desacuerdo con las normas propuestas.

Amparo en revisión 820/2005. Silvia Olivera Pulido. 30 de enero de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1222/2005. Christian Emmanuel Rodríguez Snyder y coags. 30 de enero de 2006. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1278/2005. Jorge Oswaldo Muñoz McDonald. 2 de febrero de 2006. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1301/2005. Araceli Orozco Rodríguez y coags. 2 de febrero de 2006. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

Amparo en revisión 1309/2005. Juan Ygnacio Reyes Retana Villalobos. 2 de febrero de 2006. Once votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Gustavo Ruiz Padilla.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de febrero en curso, aprobó, con el número 46/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de febrero de dos mil seis.

Segunda Hipótesis: El artículo 72 fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “...Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes;”

De lo anterior se desprende, una excepción a la regla, es decir, que si las Cámaras acuerdan por mayoría absoluta de sus miembros presentes, lo aprobado podrá transitar en el proceso legislativo, reservándose las adiciones o reformas para su examen y votación en las siguientes sesiones.

Cabe precisar que esta figura jurídica, fue materia en la LX Legislatura, respecto de un dictamen de la Comisión de Gobernación, relativo al proyecto de decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que no constituirá el presente Acuerdo, un precedente aislado.

En este sentido, y una vez analizado el espíritu del artículo 72 fracción E, así como las consideraciones del Senado de la República, este cuerpo colegiado se pronuncia en el sentido de estar de acuerdo en que la colegisladora remita a las entidades federativas, el proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, únicamente por lo que hace a lo aprobado por ambas Cámaras, lo anterior para los efectos del artículo 135 constitucional.

Es importante subrayar, que lo no aprobado por las Cámaras, no constituye impedimento alguno, para que lo aprobado transite a las legislaturas de los Estados, quedando el compromiso ineludible ante la sociedad, de la Cámara revisora, así como de la de origen, para perfeccionar el proyecto de decreto, mediante procedimiento legislativo diverso, que culmine y cumpla en su totalidad la esencia de la reforma materia a estudio, en el término señalado en la primera parte del artículo 72 fracción E, que establece que será en el siguiente periodo ordinario.

En consecuencia, estas reformas constitucionales, son una garantía objetiva, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma que da certeza jurídica y seguridad, en el sentido de que lo que ahora se pretende reformar en el texto constitucional comience a regir, esto es, cobrar aplicación inmediata, sin demora.

Es por ello, que esta colegisladora asume su responsabilidad republicana y en una interpretación sistemática del artículo 72 fracción E, considera procedente que lo aprobado por ambas Cámaras sea del conocimiento de las legislaturas de los Estados, es decir, continúe el proceso legislativo hasta darle vigencia en el texto constitucional.

En concordancia con lo anterior, para este cuerpo colegiado, es imprescindible en aras de la voluntad del constituyente permanente, que la presente reforma no se diluya ni se obstaculice en el tiempo, sino que de manera pronta y efectiva empiece a tener vigencia, en beneficio del pueblo mexicano.

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, proponen a esta Honorable Asamblea acordar la remisión al Senado de la República; de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, para los efectos del artículo 135 constitucional, toda vez que se cuenta con el Acuerdo favorable de la Colegisladora en este sentido y dejar para discusiones siguientes, el párrafo décimo segundo del artículo 102 y el segundo párrafo del octavo transitorio desechados.

Visto que el referido artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el acuerdo se tome por la mayoría absoluta de los presentes, solicitamos que este Acuerdo se resuelva en votación nominal.

Por lo anterior y una vez analizada la minuta y el acuerdo materia de este dictamen, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos se permiten someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción E y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesta su acuerdo para que la Cámara de Senadores, como Cámara revisora remita a las legislaturas de los Estados, sólo lo que ha sido aprobado por ambas Cámaras, es decir: La reforma a la denominación del Capítulo I del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o; el segundo párrafo del artículo 3o; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18, el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33, la fracción X del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102, y el inciso g) de la fracción II del artículo 105; asimismo la adición de dos nuevos párrafos segundo y tercero al artículo 1o, recorriéndose los actuales en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden; y los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden al artículo 102, del apartado B, y nueve artículos transitorios con excepción del segundo párrafo del artículo octavo transitorio, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derechos Humanos.

Segundo. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Juventino Castro y Castro (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas (rúbrica), Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello, Justino Eugenio Arraiga Rojas (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera, Mario Alberto Becerra Pocoroba, Óscar Martín Arce Paniagua, Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica).

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo, Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el proyecto de acuerdo y no tengo registrados oradores. Por consiguiente, se considera suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder al proyecto de acuerdo.

El Secretario diputado Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de acuerdo.

(Votación)

La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz(desde la curul): Aprovechando que corre la votación y como no tengo duda será por amplia mayoría pese a mi desconcierto de que haya un voto en contra.

Festejar que estemos llevando a cabo esta votación que sin duda, no tengo la menor duda, se trata de la votación más importante que hasta el momento hubiéramos hecho en esta Legislatura.

Reformar hasta ahora 10 artículos de la Constitución, para señalar a los derechos humanos por encima de cualquier otro acuerdo en nuestro Estado de derecho es un paso que adelanta a México, que saca a México de un atraso de 20 años.

Es el mejor producto que esta Legislatura le ha ofrecido al país y por ello el felicitarnos a todos como Congreso de la Unión y desearle a la minuta que en este momento estamos lanzando a su recorrido a los estados, que pronto tenga en la mayoría de la federación la aceptación y el respaldo que ha tenido en este Congreso de la Unión.

Que todas y que todos quienes logramos esta minuta podemos estar muy orgullosos y muy satisfechos de una tarea que estamos desatorando después de 10 años de debate y que sin duda alguna sirve, es un gran instrumento para poner al país dentro del globo terráqueo de las reglas de los derechos humanos.

Por ello, presidente, agradecerle el que me permita hacer estas expresiones y agradecer al Congreso de la Unión esto que es el mejor de los productos que hasta el momento hemos podido generar.

Ojalá y tengamos otros como este, ojalá, y la LXI Legislatura pueda sacar un producto más de esta magnitud, pero hoy es un día sin duda relevante y un día en el que todas y en el que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Enoé Uranga.

Esta Mesa Directiva saluda con mucho gusto la presencia de 30 alumnos del Colegio Peterson de Cuajimalpa, Distrito Federal, invitados del diputado Manuel de Esesarte Pesqueira. Mando saludos, en particular a su querida hija doña María de Esesarte, bienvenida y bienvenidos compañeros estudiantes a la sesión de este día de la Cámara de Diputados.

Diputado Ariel Gómez, usted me había pedido la palabra.

El diputado Ariel Gómez León(desde la curul): Ya no, gracias, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Al contrario.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señores diputados y señoras diputadas, el sistema electrónico está abierto para su votación, favor de proceder al mismo.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, sólo para comentar. El diputado Jaime Cárdenas le solicitó se formara una comisión para atender a los trabajadores de limpieza.

Nos trasladamos al Comité de Administración porque nos informaron que ahí nos iban a recibir, y faltaron a la verdad; no llegó ningún diputado. Ya terminaron los trabajadores la protesta del día de hoy, van a seguir realizando protestas porque nadie los atendió, no les hicieron ningún caso.

Sólo quiero comentárselo, diputado presidente, porque a pesar de que de buena fe los trabajadores fueron al Comité de Administración, no llegó ningún diputado a atenderlos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a solicitar en estos momentos a la Junta de Coordinación Política... Diputado Pérez Esquer, presidente del Comité de Administración. Sonido al diputado Pérez Esquer.

El diputado Marcos Pérez Esquer(desde la curul): Gracias. Para comentar a la asamblea, presidente, que los diputados del Comité de Administración no estuvimos hace unos momentos en las oficinas del Comité, justamente porque teníamos que venir a votar al pleno, pero estamos en la mejor disposición de atender a esa comisión de trabajadores, por supuesto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Yo le agradecería a cualquiera de los miembros que usted designe se pongan en contacto con los representantes de los trabajadores para proceder a realizar la reunión que han solicitado. Muchas gracias por su atención.

CAPITULO I DEL TITULO PRIMERO Y ARTICULOS 1; 3; 11; 15; 18, 29; 33, 89; 97; 102; Y 105 CONSTITUCIONALES

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señores diputados, vamos a proceder a cerrar el sistema electrónico. Si alguien falta por emitir su voto, por favor. Está abierto el sistema.

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz, diputado Alfredo Villegas.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Pérez(desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Romero Romero (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Ovando Patrón(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 310 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los puntos de acuerdo por 310 votos. Comuníquense a la Cámara de Senadores.

Pasamos a la declaratoria de publicidad de dictámenes. Adelante, señor secretario o señora secretaria.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, fue turnada para estudio, análisis y dictaminación, la Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72, Apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2 fracción XXVIII y 3; 45, numeral 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, numeral 1 fracción I, 67, 77, 80, numeral 1 fracción II, 84,146, numeral 3, y 157, numeral 1 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública procedió al examen de la Iniciativa descrita, y encontrando que contiene los elementos a que se refiere el artículo 85 del citado Reglamento, somete a la consideración de la Cámara de Diputados, el siguiente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

I. Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el 24 de febrero de 2011, los diputados Luis Videgaray Caso, María de Jesús Aguirre Maldonado, Cruz López Aguilar, Leticia Robles Colín, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Yolanda de la Torre Valdez, José Alfredo Torres Huitrón, Rodrigo Reina Liceaga, Felipe Borja Texocotitla, Francisco José Rojas Gutiérrez, Sergio Mancilla Zayas, Raúl Domínguez Rex, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Mario Moreno Arcos, David Hernández Pérez, Teófilo Manuel García Corpus, Rosario Ortiz Yeladaqui, Blanca Estela Jiménez Hernández, Sebastián Lerdo deTejada Covarrubias, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Jesús Alberto Cano Vélez, María  Esther de Jesús Scherman Leaño, J. Eduardo Yáñez Montaño, Héctor Pedroza Jiménez, Andrés Aguirre Romero, Sandra Méndez Hernández, José Luis Soto Oceguera, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Ana Estela Durán Rico, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Silvio Lagos Galindo, Felipe Enríquez Hernández, Marcela Guerra Castillo, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Alfredo Villegas Arreola y Andrés Massieu Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Josefina Eugenia Vázquez Mota, Gabriela Cuevas Barron y Laura Elena Estrada Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Vidal Llerenas Morales, Claudia Edith Anaya Mota, Teresa del Carmen Incháustegui Romero y Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; María del Rosario Brindis Álvarez y Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Reyes S. Tamez Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111; y reforma el artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara, en uso de sus facultades turnó la Iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

En ese sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dio trámite y procedió al análisis y discusión de la Iniciativa.

II. Descripción de la Iniciativa

En la exposición de motivos, los autores de la Iniciativa manifiestan que anualmente el Ejecutivo Federal envía el proyecto de Presupuesto de Egresos donde incluye anexos “transversales” los cuales agrupan los programas presupuestarios que son operados por diversos ramos que tienen incidencia directa en la ejecución de obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de sectores específicos como son la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, Desarrollo de los Jóvenes, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ciencia, Tecnología e Innovación, Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y Atención a Grupos Vulnerables.

Asimismo, establecen que el Ejecutivo Federal realiza, cada año, cambios en la metodología para determinar los montos y componentes que los integran, lo que complica su análisis por parte de la Cámara de Diputados para definir las ampliaciones o reducciones de los recursos correspondientes, por lo que estiman necesario definir una metodología de mediano plazo por la cual se determinen las cuotas y porcentajes que son utilizados en la integración de los citados anexos, que permita, con certidumbre, validar la integración de cada anexo, para con ello conseguir un seguimiento eficaz y responsable del gasto.

Por lo anterior y atendiendo a los compromisos que el Estado Mexicano ha venido adquiriendo a través de instrumentos internacionales, en la Iniciativa se proponen las siguientes adiciones:

a) De la fracción III bis al artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que incluya la definición de Anexo Transversal y los sectores específicos a que se destinan los recursos presupuestarios, incluyendo los que se refieren a los recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático;

b) De un párrafo sexto al artículo 23 de la expresada Ley, con lo que se garantiza la publicación de los calendarios presupuestales relacionados con cada uno de los Anexos Transversales;

c) De una fracción III al artículo 27 de la Ley, cuyo objetivo es que en la estructura programática se prevean las acciones que promuevan la perspectiva de género para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres;

d) De una fracción V al artículo 28 por virtud de la cual se incluye la clasificación del presupuesto de egresos por género, para identificar y diferenciar las previsiones de gasto para mujeres y hombres;

e) De siete incisos a la fracción II del artículo 41 de dicha Ley, con lo que se establece la obligación del Ejecutivo Federal de incluir los Anexos Transversales en el Proyecto de Presupuesto de Egresos con lo que se da mayor transparencia a la ejecución y seguimiento del gasto;

f) Del inciso c) a la fracción III del mismo artículo 41 de la citada Ley, con el objeto de que el Ejecutivo Federal defina con claridad la metodología del cálculo para determinar los montos y/o componentes que integran los mencionados anexos;

g) De un último párrafo al artículo antes citado para que el proyecto de Presupuesto de Egresos contemple, al menos, la misma proporción del gasto programable definido en año inmediato anterior, para los programas presupuestarios y/o las inversiones que se destinen a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Desa-rrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, y a la Atención a Grupos Vulnerables;

h) De un quinto párrafo al artículo 58 de la Ley motivo de la Iniciativa, por virtud del cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrá realizar reducciones en los programas presupuestarios destinados a la atención de los conceptos  relatados en el inciso anterior;

i) De un segundo párrafo a la fracción II del artículo 85, para establecer como obligación de las entidades federativas, informar sobre la incidencia del ejercicio, destino y resultado de los recursos de los Fondos de Aportaciones referidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la equidad de género.

j) De un subinciso iv) al inciso b) de la fracción I del artículo 107, para que el Ejecutivo Federal integre a los informes trimestrales que deberá entregar al Congreso de la Unión, la evolución de las erogaciones establecidas en los Anexos Transversales;

k) De un quinto párrafo al artículo 107, donde se establece que respecto de los Anexos Transversales, la Cuenta Pública, deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto, con el mismo grado de desagregación en que se presente la evolución del gasto público en los informes trimestrales, y

l) De un cuarto párrafo al artículo 111, con la finalidad de que el sistema de evaluación incorpore indicadores específicos para evaluar la incidencia de los programas en la igualdad de género, la erradicación de la violencia y de cualquier forma de discriminación de género.

Finalmente, en materia de evaluación de los egresos en el rubro de igualdad entre mujeres y hombres, se reforma la fracción V del artículo 110, con el objeto de establecer, de manera clara y precisa, la obligación del Ejecutivo Federal de incluir información desagregada por sexo en las evaluaciones y en los resultados con base en indicadores.

III. Consideraciones.

1. El Congreso de la Unión, en términos de lo que disponen los artículos 73, fracción XXX, 74, fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está facultado para legislar en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

2. Esta Comisión dictaminadora observa que en la Iniciativa se tomaron en cuenta las conclusiones del Foro “Hacia la Consolidación de los Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género en México”, que se celebró el 23 de febrero de 2011 en la Cámara de Diputados a instancias de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Equidad y Género y la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, en el que participaron representantes de organizaciones sociales, organismos internacionales, servidores públicos de las entidades federativas y diputados de diversos grupos parlamentarios

3. La propuesta de adiciones y reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que se contiene en la Iniciativa es procedente. Se coincide con el espíritu que anima a los legisladores que la presentaron, de proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios de los programas presupuestarios y/o las inversiones  que se destinen a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Desa-rrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, y a la Atención a Grupos Vulnerables, previendo para ello la adición del último párrafo al artículo 41 y del quinto párrafo al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que los programas presupuestarios y/o las inversiones citados cuenten, cuando menos, con la misma proporción del gasto programable que el del año inmediato anterior y se prohíba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar reducciones, a lo largo del ejercicio fiscal, en los programas presupuestarios referidos.

Sin embargo, esta dictaminadora considera conveniente acotar la redacción del último párrafo que se propone adicionar en el artículo citado en el párrafo anterior, con el objeto de que las previsiones del gasto referidas a los mencionados programas cuenten, al menos, con la misma proporción del gasto programable, siempre que se hubiere cumplido con los objetivos y metas establecidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño.

La redacción propuesta en la Iniciativa es del tenor siguiente:

Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente artículo, deberán contar, al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio inmediato anterior.

La redacción que esta Comisión Dictaminadora propone a través del presente dictamen, es la siguiente:

“Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente artículo, deberán contar, al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal.”

4. Otros de los propósitos que se advierten en la Iniciativa que se dictamina, son los de evitar la discrecionalidad, fortalecer la transparencia y rendición cuentas de la gestión pública que permitan conocer el estado que guarda el ejercicio de los recursos que se asignan en los Anexos Transversales, con el objeto de conocer con claridad y certeza la aplicación de los ingresos a los programas que tienen incidencia directa en la ejecución de obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de sectores específicos que requieren ser salvaguardados: como son la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, Desarrollo de los Jóvenes, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Ciencia, Tecnología e Innovación, Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y Atención a Grupos Vulnerables.

Sobre el particular, se debe asegurar que no estén sujetos a discrecionalidad alguna los recursos que se les asignen a los sectores específicos referidos en los siete Anexos Transversales que correctamente se definen en la fracción III Bis que se propone adicionar al artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como evitar cambios constantes en la metodología para el cálculo para determinar los montos y/o componentes que integran los mencionados anexos.

Por esta razón, y para dar seguridad jurídica, se considera acertado que se definan dichos Anexos Transversales, se efectúen las adiciones de siete incisos a la fracción II del artículo 41 de la Ley, por las cuales se prevé la inclusión en el contenido del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de los siete Anexos Transversales, así como que respecto de éstos se contenga la metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para su elaboración, según se establece en la propuesta de adición del inciso c) a la fracción III del artículo 41.

Esta dictaminadora también considera correcto que, como se expone en la Iniciativa, para una transparente y correcta rendición de cuentas a través del seguimiento del gasto, además de establecer la metodología de mediano plazo, se adicione el sexto párrafo al artículo 23, de la expresada Ley, que garantiza la publicación de los calendarios presupuestales relacionados con cada uno de los Anexos Transversales a más tardar quince días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos correspondiente; un segundo párrafo a la fracción II del artículo 85, para establecer como obligación de las entidades federativas, informar sobre la incidencia del ejercicio, destino y resultado de los recursos de los Fondos de Aportaciones referidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de la equidad de género; un subinciso iv) al inciso b) de la fracción I y un quinto párrafo en relación con el artículo107, donde se establece la  obligación del Ejecutivo Federal de integrar la evolución del gasto público relacionado con dichos anexos, a los informes trimestrales que debe entregar al Congreso de la Unión y agregar los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los Anexos Transversales a la Cuenta Pública, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación que presente la evolución del gasto público.

5. Ante la necesidad de avanzar en la consolidación de un presupuesto que integre la perspectiva de género, la dictaminadora estima adecuada la adición de la fracción III al artículo 27 de la Ley, cuyo objetivo es que en la estructura programática se prevean las acciones que promuevan la perspectiva de género para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, así como la de la fracción V al artículo 28, por virtud de la cual, se incluye la clasificación del Presupuesto de Egresos por género, para identificar y diferenciar las previsiones de gasto para mujeres y hombres.

Finalmente, esta dictaminadora considera procedente la reforma a la fracción V del artículo 110 de la Ley, con la que se obliga a incluir información desagregada por sexo en las evaluaciones y en los resultados con base en indicadores y en concordancia se incluye la adición de un cuarto párrafo al artículo 111 de la Ley conforme al cual en el Sistema de Evaluación del Desempeño se deberán incorporar indicadores específicos que presenten resultados desagregados por sexo, a fin de estar en aptitud de evaluar la incidencia de los programas en todo lo relacionado con la equidad de género.

Por lo expuesto, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se manifiesta por aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111; y se reforma el artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 Y 111; Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 110, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artículo Único. Se adicionan: una fracción III Bis al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 23, recorriéndose en su orden los actuales párrafos sexto a noveno, pasando a ser séptimo a décimo respectivamente; una fracción III al artículo 27; una fracción V al artículo 28; los incisos o), p), q), r), s), t) y u) a la fracción II; un inciso c) a la fracción III, recorriéndose en su orden el actual inciso c), pasando a ser el inciso d); un último párrafo al artículo 41; un quinto párrafo al artículo 58; un segundo párrafo a la fracción II, recorriéndose en su orden los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando a ser tercero a quinto, del artículo 85; un sub inciso iv) al inciso b) de la fracción I; un quinto párrafo al artículo 107, recorriéndose en su orden el actual párrafo quinto, pasando a ser el sexto; un cuarto párrafo al artículo 111, recorriéndose en su orden el actual párrafo cuarto pasando a ser el quinto, y se reformala fracción V del artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a III. ...

III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático;

IV. a LVII. ...

...

Artículo 23....

...

...

...

...

La Secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos Transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta Ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación.

...

...

...

...

Artículo 27. ...

I. ...;

II. ..., y

III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

...

...

...

Artículo 28. ...

I. ...

II. ...

III. ...;

IV. ..., y

V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres.

Artículo 41. ...

I. ...

a) a e) ...

II. ...

a) a  m) ...

n) ...;

ñ) ...;

o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes;

q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología;

s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el artículo 25 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética;

t) Las previsiones de gasto que correspondan para la Atención a Grupos Vulnerables, y

u) Las previsiones de gasto que correspondan a la Mitigación de los efectos del Cambio Climático.

III. ...

a)

b) ...;

c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos Transversales a los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de la fracción anterior, estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dichos Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el motivo de dichas modificaciones, y

d) ...

Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente artículo, deberán contar, al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal.

Artículo 58. ...

I. ...

II. ...

III. ...

...

...

...

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo lo previsto en la fracción III del artículo 21 de esta Ley.

Artículo 85....

I. ...

II. ...

Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres.

...

...

...

Artículo 107. ...

I. ...

...

...

...

a) ...

b) ...

i) a iii) ...

iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta Ley.

c) a f) ...

II. ...

...

...

...

...

La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta Ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b), fracción I del presente artículo.

...

III. ...

Artículo 110....

...

...

I. a IV. ...

V. Las evaluaciones deberán incluir información desa-gregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y

VI. ...

Artículo 111. ...

...

...

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a aquél en el que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología, factores, variables y fórmulas utilizados para la elaboración de cada uno de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las Unidades Responsables son considerados para la integración de dichos Anexos.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias correspondientes, contará con 30 días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se refiere el párrafo anterior, para remitir a la Secretaria las opiniones y comentarios para que sean considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.

Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2011.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados: Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Felipe Enríquez Hernández, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León, secretarios; Cruz López Aguilar, David Penchyna Grub (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Silvio Lagos Galindo, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde, María Esther Sherman Leaño (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga, Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Claudia Anaya Mota (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, y tal como lo ofrecimos en el transcurso del inicio de esta sesión, les solicitamos atentamente ponernos de pie. Guardaremos un minuto de silencio en la memoria de quien fuera miembro de la Legislatura, fuera diputado, fuera senador y fuera, además, un luchador social, Luis Donaldo Colosio Murrieta, al cumplirse 17 años de su abominable crimen.

Al concluir la votación del primero de los dictámenes daremos paso al siguiente minuto de silencio a guardarse, dentro de las solicitudes que han formulado los señores diputados.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157 fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado el 7 de septiembre de 2010 para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables, el expediente número 1178, que contiene la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Mediante la minuta de referencia se plantea la adición del artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, relativo a los supuestos que se consideran infracciones graves a dicho ordenamiento.

La finalidad, de acuerdo con el senador promovente Mario López Valdez, es ampliar el espectro de sanciones contenidas en la ley, a fin de establecer medidas que ayuden a prevenir la comisión de conductas que perjudiquen la práctica deportiva nacional, como un cambio que permite mejorar el desarrollo del deporte nacional, la participación de nuestro país en el ámbito internacional, así como fortalecer la credibilidad, honradez y transparencia de la práctica deportiva.

La codictaminadora concuerda ampliamente con el ánimo legislativo del promovente, en virtud de que es necesario que se realicen acciones tendientes al adecuado cumplimiento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, como se expone en el documento en análisis.

Los senadores argumentan que las sanciones previstas en el ordenamiento vigente son adecuadas toda vez que para cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, llámense asociaciones, sociedades deportivas, directivos, deportistas, técnicos, árbitros y jueces, la sanción más grave es aquella que los priva de los apoyos y de la participación en algún evento de su disciplina deportiva; hipótesis reguladas por los órganos de justicia deportiva que incluso prevé la inhabilitación de por vida, refiere la exposición del Senado de la República.

Por lo tanto, consideran legalmente procedente y viable incorporar al apartado de sanciones graves previstas en el artículo 138 de la ley en estudio, los siguientes supuestos:

1. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;

2. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y

3. El incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Por otro lado, este órgano legislativo recibió de la Comisión de Grupos Vulnerables, opinión de la minuta en estudio.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la minuta de referencia, tomando las consideraciones expresadas en la opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables, llevando a cabo para tal efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes

Consideraciones

En efecto, como lo exponen los senadores, es necesario llevar a cabo acciones tendientes a garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en beneficio de la comunidad deportiva y del desarrollo del deporte de nuestro país. El deporte y las otras expresiones de cultura física, hay que destacar, son instrumentos sumamente útiles en la promoción, incremento y recuperación de la salud física, aportan decisivamente en la prevención y atención de conductas antisociales, promueven el turismo y tienen un alto impacto positivo en la productividad, reduce los accidentes laborales y sus consecuencias y, en general, constituyen un factor primordial para la integración y cohesión de la familia y la sociedad, dando identidad de nación; y la Ley General de Cultura Física y Deporte constituye el instrumento jurídico para garantizar su cumplimiento.

Ampliar los supuestos que se consideran infracciones graves a la ley, a partir de inhibir y sancionar las conductas contrarias a los fines de la ley, y con la finalidad de brindar mayores garantías para alcanzar su cumplimiento, representa verdaderamente una aportación que debe ser aprobada.

Por lo tanto, la propuesta del senador Mario López Valdez, en el sentido de establecer nuevas medidas que ayuden a prevenir la comisión de conductas que perjudiquen la práctica deportiva nacional, como un cambio que permite mejorar el desarrollo del deporte nacional, la participación de nuestro país en el ámbito internacional, así como fortalecer la credibilidad, honradez y transparencia de la práctica deportiva; así como la aprobación del Senado de la República, constituyen esa aportación, a la que este órgano legislativo se suma en sus términos ya que, además, no encuentra impedimento legal alguno, y por el contrario, concuerda con el proyecto sobre el que agrega los siguientes razonamientos:

Respecto a la propuesta de considerar como infracción grave “las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades”, si bien es cierto que las conductas están prohibidas en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución, y sancionadas por diversas leyes secundarias, también lo es que no está debidamente garantizado este derecho, ni prohibido, ni sancionado su incumplimiento, mucho menos en materia de deporte, donde lamentablemente siguen presentándose ese tipo de conductas perjudicando en todos los ámbitos a los deportistas. En este sentido, la propuesta viene a garantizar el cumplimiento de la Constitución y a preservar los derechos fundamentales en ella consagrados. Por lo tanto, consideramos viable y necesaria la adición de la fracción VI al artículo 138 de la ley en estudio, aprobada por el Senado de la República.

En cuanto al considerar como infracción grave “el uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos”, los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte la encontramos no sólo jurídicamente viable, sino una adición necesaria que promueve y otorga mayores garantías hacia el uso adecuado de los recursos públicos; anhelo al que aspiramos todos los mexicanos en pro de nuestro propio desarrollo.

Finalmente, sobre la propuesta de incluir al apartado de infracciones graves “el incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos”, coincidimos en la necesidad de incorporarlo a la ley, toda vez que el respeto a los estatutos de las asociaciones deportivas es un principio fundamental para impulsar el desarrollo del deporte.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte aprueba en sus términos la minuta en estudio, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se adiciona el artículo 138 con las fracciones VI, VII y VIII, de la Ley General de Cultura Física y el Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 138. ...

I. a III. ...

IV. Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del dopaje;

V. La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva;

VI. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;

VII. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y

VIII. El incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2011.

La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera, Sandra Méndez Hernández, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto (rúbrica), Carlos Torres Piña (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Jesús Everardo Villarreal Salinas, Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Diego Guerrero Rubio (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica).»

«Opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Comisión de Juventud y Deporte:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada para opinión la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Este órgano legislativo, de conformidad con los artículos 39, numeral 1, y 45 numeral 6, inciso e) y f); y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la siguiente

Opinión

Antecedentes

I. La Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria del 7 de septiembre, recibió minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

II. Con fundamento en los artículos 23 numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción VI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la Mesa Directiva turnó el 7 de septiembre de 2010 a la Comisión de Juventud y Deporte, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En tal virtud, la comisión realizó el análisis del proyecto de decreto contenido en la minuta, y sustenta su opinión con base en las siguientes

Consideraciones

Primero. Ésta comisión opinante coincide plenamente con la colegisladora en el sentido de considerar digno de ser aprobado el proyecto de decreto mediante el cual se adicionan tres fracciones al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que se considere como infracciones muy graves a la ley las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades; el uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de éstos, y el incumplimiento o violación a los estatutos de las Asociaciones Deportivas Nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Segundo. Para esta comisión opinante la actividad física y el deporte resultan trascedentes en el papel que realizan en la inclusión de diversos sectores vulnerables a la vida social de la nación.

En materia de discapacidad, el deporte representa una oportunidad de desarrollar las habilidades residuales de las incapacidades que dejan accidentes, enfermedades, deformaciones congénitas y demás causales de discapacidad. México, en el rubro del deporte paralímpico se encuentra ubicado dentro de los primeros 20 sitios. A nivel panamericano ocupa entre el 3o. y 5o. sitio. Además de que alrededor de 30 entidades federativas cuentan con un representativo estatal.

Por lo que se refiere a las niñas, niños y adolescentes el deporte representa una actividad para el mantenimiento de su salud, la interiorización de hábitos sociales y personas les positivos en su vida diaria. Y, hoy en día es la punta de lanza de las políticas públicas contra enfermedades como la obesidad y otras derivadas del sedentarismo.

En los adultos mayores, el deporte es un apoyo para evitar el deterioro de sus facultades físicas y un elemento de convivencia social.

El deporte juega un papel integrador para muchos grupos vulnerables, materia de nuestro quehacer legislativo y parlamentario.

Tercero. En general esta comisión considera que la minuta con proyecto de decreto que adiciona las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, armoniza plenamente estas disposiciones jurídicas al marco normativo de la cultura física y el deporte, en razón de que el artículo 2 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, señala, en congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Los Poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos”.

Asimismo, se estará garantizando que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, reconocemos la soberanía de las asociaciones civiles, los derechos y las obligaciones de éstas, como organismos privados, que se encuentran establecidas en el Código Civil; sin embargo, resulta necesario que el Estado cuente con mecanismos que le den certeza de que la ejecución de los recursos asignados a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sean aplicados para los fines que fueron entregados.

Por lo expuesto y fundado, el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Resuelve

Único. Esta comisión opina que es procedente la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VI, VII y VIII al artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en los términos propuestos por el Senado de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2011.

La Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, diputados: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Delia Guerrero Coronado, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme, María Joann Novoa Mossberger (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), , Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales, Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña, Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Liborio Arrazola (rúbrica), Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazarí Espín, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica), Ana Elia Paredes Arciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Caritina Sáénz Vargas, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), Patricia González Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hemos recibido fundamentación por parte de la comisión. Está a discusión en lo general y en lo particular. El diputado Cárdenas tiene la palabra a favor. Después lo hará el diputado Salvador Caro Cabrera.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Presidente, yo estoy a favor de este dictamen, aunque me preocupa algo que quiero comentar respecto de lo que contiene el mismo, porque señala que se deberá tomar en cuenta y será infracción grave violentar los estatutos de las asociaciones deportivas.

Sobre este punto yo llamo la atención de mis compañeros diputados y de mis compañeras diputadas, porque cuando pensamos siempre en la democracia, pensamos en la democracia en términos de las instituciones públicas, de los poderes públicos. Algunos pensamos en términos también de democracia participativa.

Pero me preocupa mucho lo que ocurre –y nos preocupa, yo sé que también a muchos de ustedes– en este tipo de organizaciones privadas o semiprivadas que pueden recibir fondos públicos o ser apoyadas con el presupuesto del Estado.

La pregunta es muy simple. ¿Qué tipo de democracia interna existe en estas asociaciones deportivas? ¿Qué órgano del Estado verifica que los estatutos de las asociaciones deportivas se correspondan con los principios constitucionales y legales? ¿Quién verifica la validez constitucional de los estatutos de estas asociaciones? Por un lado.

Por otro, ¿cuál es el nivel de democracia interna en las asociaciones deportivas o en otro tipo de organizaciones que existen en la sociedad civil o en la organización civil de nuestro país? Tiene que ver con la democracia interna en partidos, tiene que ver con la democracia interna en los sindicatos, ahora que en la Cámara de Diputados hablamos de la reforma laboral, tiene que ver con la democracia interna en las organizaciones empresariales, con la democracia interna en las iglesias y, en este caso, tiene que ver con la democracia interna en las asociaciones deportivas.

Creo que es importante que comencemos a trabajar una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, que atienda esas dos consideraciones. El órgano que debe validar la constitucionalidad y la legalidad de los estatus de las asociaciones deportivas, no un simple registro de carácter administrativo, sino un ejercicio de carácter jurisdiccional constitucional para que se determine si los estatutos de las asociaciones deportivas son democráticos y se apegan a los principios constitucionales y legales.

Yo creo que ésa es la tarea que debemos realizar a continuación, porque no es posible que la democracia en nuestro país sea una democracia incompleta, que tenga que ver con los temas electorales o con la democracia de las instituciones, pero que no verifique la plena democracia también en este tipo de organizaciones deportivas o de otra índole.

Todos, en el Estado de derecho, debemos estar sujetos a los principios democráticos, a los derechos humanos, a los principios constitucionales de nuestro país. Y deben existir las herramientas y los mecanismos para verificar la constitucionalidad de estas organizaciones que existen en la sociedad civil de nuestro país, y que cumplen una función muy importante para promover, para desarrollar y para garantizar el deporte y la cultura física en México.

A los miembros de la comisión los invito a que comencemos a elaborar una iniciativa en ese sentido, que me parece trascendental. Por su atención, compañeras diputadas, compañeros diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, posteriormente el diputado Salvador Caro Cabrera, y como establece el Reglamento, al haberse pasado el turno, al presidente de la comisión lo tenemos al final de la lista.

La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza:Compañeras y compañeros, el deporte contribuye de múltiples maneras al desarrollo de una vida sana, ya que si se realiza de manera constante previene el desarrollo de varias enfermedades, permite un mejor desarrollo intelectual, asimismo, aleja a los jóvenes de los males que aquejan a nuestra sociedad como son las adicciones y la delincuencia.

En este sentido, el tema de deporte ha adquirido gran importancia en nuestro país, por lo que el gobierno a través de diversas acciones, ha buscado promover que la población en general realice algún tipo de actividad física o bien, la práctica de algún deporte, con la finalidad de alcanzar un mejor nivel de salud y calidad de vida.

No obstante, muchas veces tanto las personas en general como los deportistas, se ven afectados por una serie de conductas que les impiden acceder en igualdad de oportunidades a la práctica del deporte.

En este orden de ideas es muy importante limitar la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas, por lo que en el tema de discriminación no debe tener cabida en ninguno de los ámbitos de la vida nacional y el deporte no es la excepción.

Debemos fortalecer las acciones a fin de garantizar a todos los mexicanos el cumplimiento de uno de sus derechos fundamentales, como lo es la no discriminación.

Por otra parte, la causa generadora de las sanciones deportivas es la infracción de los deberes prescritos en la norma, por lo que la propuesta que hoy se discute reviste de trascendencia al buscar dar mayor cumplimiento a la Ley General e Cultura Física y Deporte y contar con un catálogo más amplio de infracciones graves al mismo ordenamiento.

Fortalecer la parte relativa a las infracciones sin duda alguna contribuye a prevenir ciertas conductas que perjudican al deporte en nuestro país, lo cual sería de gran relevancia a fin de alcanzar el objetivo de lograr que mayor número de personas realicen actividades físicas o practiquen algún deporte en un ambiente de seguridad y no discriminación.

Asimismo, es muy importante la existencia de diversas medidas que protejan el ejercicio adecuado de los recursos en la materia, ya que debemos tener presente que al existir dichas medidas se estará brindando mayor seguridad jurídica a los diversos actores en materia deportiva.

En acción Nacional estamos convencidos de que este dictamen contribuirá a garantizar el acceso de toda persona al deporte en todas sus modalidades, sin ninguna distinción.

Votemos a favor de todas aquellas acciones tendentes a fortalecer el desarrollo del deporte nacional y seamos actores principales para impulsar el cumplimiento del marco normativo en la materia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza. Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, por el Grupo Parlamentario del PRI. Y al terminar hará uso de la palabra el presidente de la comisión, el diputado José Francisco Landero.

El diputado Salvador Caro Cabrera:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es un punto de convencimiento la necesidad de fomentar y promover el deporte en todas sus etapas, desde la edad temprana hasta la adulta, porque promueve la integración familiar, el cuidado de la salud, la convivencia pacífica entre los mexicanos y la fortaleza de su espíritu.

El deporte es además factor importante que aleja de las adicciones, de los vicios a quienes lo practican y evita la delincuencia. Es un referente para la superación personal e individual.

Nuestro grupo parlamentario se ha comprometido a fortalecer la Ley de Cultura Física y Deporte para que regule los ámbitos de responsabilidad de las distintas instancias deportivas y señale las vertientes de coordinación entre organismos deportivos nacionales, estatales y municipales, tanto públicos como privados.

Es nuestro compromiso fortalecer con fuerza legal que los organismos fiscalizadores del Estado tengan un papel preponderante en el manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de los programas en materia de deporte, promover la práctica del deporte de competencia entre la juventud, y para ello es indispensable el mejor desempeño de las instituciones vinculadas.

Fortalecer y consolidar los programas que atienden al deporte de alto rendimiento, auspiciando una mejor coordinación entre las instituciones públicas involucradas en los programas respectivos.

Lo que hoy hacemos con este dictamen es promover leyes cuya finalidad sea impulsar los valores deportivos y su difusión, con el propósito de contribuir a la práctica del deporte que fomente la salud, la solidaridad social y el espíritu sano de competencia entre los individuos.

Por eso incorporar que las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, las edades, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades, debe ser evitada a toda costa y condenada en nuestra legislación.

Igual el sancionar el uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, así como el incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.

Es en este sentido, compañeras diputadas y compañeros diputados, que los invitamos a compartir este dictamen el día de hoy. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Caro. Tiene la palabra ahora el diputado José Francisco Landero.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez:Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. El dictamen que hoy expongo a nombre de la Comisión de Juventud y Deporte y que pongo a consideración de esta asamblea ratifica también la propuesta aprobada por el Senado de la República, y plantea adición al artículo 138 de la Ley de Cultura Física y Deporte en materia de violaciones graves a la ley.

Este dictamen tiene cuatro objetivos específicos. Primero, avanzar de manera importante en el respeto al derecho natural que todas las personas tienen a la salud y a la activación física, y también a realizar cualquier actividad deportiva libremente o de manera organizada.

Ahora más que nunca, con las reformas que aprobamos la semana pasada en esta Cámara, en donde se reconoce constitucionalmente el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, esta iniciativa viene a complementarla y a fortalecer este derecho.

En segundo lugar, se propone considerar como infracciones graves a la ley cualquier distinción, exclusión, restricción, preferencia u hostigamiento que se haga a cualquier deportista, por cualquier motivo discriminatorio.

En tercer lugar, el ejercicio adecuado de los recursos públicos en el ámbito deportivo debe extenderse también a la parte social y es primordial para tener buenos resultados y avanzar en el desarrollo del deporte nacional.

Con esto se busca evitar que muchos recursos públicos que se distribuyen al sector social, al privado, se desperdicien o no haya transparencia en la aplicación de los mismos.

En el ámbito del deporte durante mucho tiempo se ha cuestionado el uso de los recursos públicos y por ello esta iniciativa busca contribuir de manera eficaz al buen uso y destino de los mismos.

Como cuarto beneficio de este dictamen es fundamental el respeto a los estatutos de las asociaciones deportivas. Las asociaciones deportivas son asociaciones civiles reconocidas por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y constituyen una instancia técnica del deporte organizado por instancia en el país. De esta manera colaboran con el gobierno a la promoción del deporte.

En este sentido, en la medida que estas asociaciones respeten los estatutos que rigen su vida interna, podemos hablar de una buena organización y también un avance deportivo y transparencia.

Lamentablemente, quienes tenemos la oportunidad de estar involucrados en el tema del deporte porque tenemos algún familiar, conocido o hijo que lo practica, también hemos sufrido las consecuencias de lo que a veces se lleva a cabo por una discriminación o mal empleo de los recursos y no se tienen los elementos para pedir transparencia a estas asociaciones. Esta iniciativa busca precisamente que el ciudadano tenga los elementos para esa buena distribución de estos recursos.

También busca erradicar tipos de conducta que no sean éticamente aplicables y se propone establecer como una infracción grave la violación de los estatutos que estas mismas asociaciones deportivas hagan.

Con estas modificaciones estamos seguros de que contribuimos en este Congreso de manera importante a la mejor organización y desarrollo del deporte organizado en nuestro país ya que quien deba respetar estas obligaciones y las viole será sancionado con penas que van desde amonestaciones hasta cancelación de apoyos económicos, y por supuesto, la suspensión definitiva del encargo que tengan, además de las responsabilidades que pudieran tener en otras materias de índole penal.

Compañeros legisladores y legisladoras, recordemos que el deporte en un país como México, que cuenta con grandes problemas de sobrepeso y obesidad en su población, y que ocupa el primer lugar mundial en obesidad y que también enfrenta ahora un deshilvanamiento del tejido social; es importante atacar con medidas como éstas esos problemas, y no hay nada como la prevención que se hace a través del deporte.

Por ello, yo también quiero agradecer y poner de manifiesto en esta tribuna, que este dictamen contó con el aval unánime de los diversos partidos en el Senado de la República y también fue aprobado en la Comisión de Juventud y Deporte que tengo el honor de presidir, por los partidos que estamos ahí representados: el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde Ecologista de México, y también al haberlo comentado con los legisladores de otros partidos restantes, pues se sumaran.

Y por ello veo con muy buenos ojos y agradezco el que este dictamen será aprobado por todas las fracciones representadas en este Congreso. Por su apoyo decidido a favor del deporte y los jóvenes de México, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Está agotada la lista de oradores, por tanto, el asunto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo particular. Al hacer la votación de 10 minutos, quiero informar a los señores legisladores que en este momento se están desarrollando en la Cámara, 60 diferentes eventos, muchos de ellos incluyendo la presencia de los señores y señoras legisladores, por eso concederemos completos los 10 minutos para la votación. Adelante, señor diputado.

El diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Asimismo, queremos reconocer y agradecer la presencia en esta sesión de alumnos del CECyT No. 14, Luis Enrique Erro Soler, del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos a la Cámara de Diputados, señores estudiantes, señoritas estudiantes.

Y si ellos son estudiantes del CECyT, también están con nosotros 40 alumnos de la escuela primaria Benito Juárez, de Ecatepec, estado de México, con sus maestros y padres. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Ellos son invitados del diputado Noé Martín Vázquez Pérez. Gracias por acompañarnos los alumnos del CECyT y de la primaria Benito Juárez de Ecatepec.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación. De viva voz:

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

La diputada Leticia Quezada Contreras (desde la curul): A favor.

La diputada María del Carmen Izaguirre Francos(desde la curul): A favor.

La diputada Hilda Ceballos Llerenas(desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Domínguez Rex(desde la curul): A favor.

La diputada Janet Graciela González Tostado(desde la curul): A favor.

La diputada María Isabel Merlo Talavera(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Diputado presidente, el resultado de la votación es: 317 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 317 votos el proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DE EXPROPIACION

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del 20 Bis de la Ley de Expropiación

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 de la Ley de Expropiación.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es competente para analizar, valorar y elaborar el dictamen correspondiente basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 10 de septiembre de 2009, el senador Ricardo Francisco García Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

Segundo. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa antes mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Tercero. El 29 de noviembre de 2009, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República aprobaron la iniciativa en cuestión.

Cuarto. El 8 de diciembre de 2009, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República.

Quinto. El 10 de diciembre de 2009 se presentó ante esta soberanía la minuta enviada por el Senado de la República, turnándola a la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados.

Consideraciones de la colegisladora

Primera.Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el senador proponente en que la propiedad privada que es un derecho que tiene los particulares, personas físicas o morales de derecho privado, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en la ley, de acuerdo a las modalidades que dicte el interés público y de modo que no se perjudique a la colectividad.

De manera que la expropiación, como limitante al derecho de la propiedad tiene que estar no solo fundamentada y motivada, como dispone el precepto constitucional, sino que también se tiene que respetar las garantías de legalidad y audiencia en todo procedimiento. En este sentido para hacer valido dicho derecho es necesario que los interesados se encuentren informados al respecto, mediante la debida publicación del acto, por medios alcanzables a toda la población.

Segunda. Estas comisiones dictaminadoras coinciden con el objeto y los propósitos que animan la presente iniciativa en el sentido de que consideramos que la Ley de Expropiación contiene una deficiencia respecto a la publicación de la declaratoria de expropiación, tratándose de procedimientos que son competencia del Distrito Federal, así como la confusión que genera el uso de un término inadecuado como bien expone el proponente.

Tercera.En el caso de las declaratorias de expropiación emitidas por las autoridades administrativas del Distrito Federal, la Gaceta Oficial del Distrito Federa, al ser el medio por el cual se publican entre otras cosas las resoluciones y actos emitidos por dichas autoridades, constituye el medio idóneo para hacer las publicaciones y notificaciones personales en dichos procedimientos, ya que garantiza la debida publicación del acto, al ser el órgano oficial de difusión del gobierno local.

Cuarta.En relación con el artículo 6o. de la Ley de Expropiación a la cual el senador también hace alusión, este precepto señala que la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad, para posteriormente asignarla a quienes resulten los titulares legítimos del bien o derecho, pero como indica el proponente, en dicho precepto se hace mención del término “recurso” siendo que la interpretación semántica del mismo se concluye que el legislador no hace referencia al recurso como medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, sino que en realidad se refiere al procedimiento de expropiación que se este llevando a cabo. En vista de lo cual el empleo equívoco de dicha expresión puede conducir a diversas interpretaciones igual de inexactas.

Valoración de la minuta

Primera. Esta Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados coincide a plenitud con las consideraciones de la Cámara de Senadores en cuanto a que la Gaceta Oficial del Distrito Federal es el medio por el cual se publican los actos y resoluciones de gobierno emitidas por la autoridad de la administración pública del Distrito Federal como se deriva del propio Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que se convierte el instrumento idóneo para hacer las publicaciones y notificaciones de los procedimiento de expropiación que lleva a cabo la autoridad capitalina garantizando de esa manera la debida publicación del acto que emite la autoridad del Distrito Federal.

Segunda. Por lo que respecta a la reforma del artículo 6o. de la ley en comento esta comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados cita el párrafo cuarto de las consideraciones de la colegisladora que establece lo siguiente:

Cuarta.En relación al artículo 6o. de la Ley de Expropiación a la cual el senador también hace alusión, este precepto señala que la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad, para posteriormente asignarla a quienes resulten los titulares legítimos del bien o derecho, pero como indica el proponente, en dicho precepto se hace mención del término “recurso” siendo que la interpretación semántica del mismo se concluye que el legislador no hace referencia al recurso como medio de impugnación que se interpone contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, sino que en realidad se refiere al procedimiento de expropiación que se está llevando a cabo. En vista de lo cual el empleo equívoco de dicha expresión puede conducir a diversas interpretaciones igual de inexactas.

De la redacción citada se desprende con claridad la modificación al artículo 6o. de la Ley de Expropiación que aunque sólo corrige una palabra, ésta generaba diversas interpretaciones erróneas, por lo que se considera atinada la reforma planteada por el promovente y aprobada por la colegisladora.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a  consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación

Artículo Único.Se reforma el artículo 6o y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación para quedar como sigue.

Artículo 6o.De cuestionarse la titularidad del bien o derecho expropiado, la indemnización correspondiente será depositada y puesta a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento respectivo, para que la asigne a quienes resulten titulares legítimos del bien o derecho, en los montos que corresponda.

Artículo 20 Bis. ...

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 1o. de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera, Lorena Corona Valdés, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia, está a la discusión en lo general.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado Cárdenas. ¿En qué sentido, diputado? Sonido a la curul del diputado Cárdenas, por favor.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente, me gustaría subir a tribuna a fijar el sentido de mi voto. Yo me abstendré y quiero exponer las razones de la abstención, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra, diputado, hasta por 5 minutos.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, es un dictamen aparentemente no trascendente pero lo es. Implica reformar el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación.

¿Por qué digo que es relevante el tema? Porque tiene que ver con los derechos fundamentales, tiene que ver con el debido proceso. En particular, me preocupa la redacción del artículo 20 Bis de este decreto, que modifica la Ley de Expropiación, que dice lo siguiente: La declaratoria se hará mediante decreto –la declaratoria de expropiación- que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. Ahí no tengo desde luego ninguna objeción, mi objeción está en la segunda parte de este artículo, que dice: En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Todos los aquí presentes sabemos que desgraciadamente las publicaciones oficiales, por ejemplo, el Diario Oficial de la Federación, no son de acceso popular, de acceso amplio a los ciudadanos. No son diarios que se expendan en todos los quioscos y mucho menos lo es la Gaceta Oficial del Distrito Federal que, hasta donde tengo noticia, no aparece regularmente publicada, no aparece a la venta de todos los quioscos del Distrito Federal.

Creo que aquí se está midiendo con un doble rasero. Cuando se trata, por ejemplo, en materia procesal civil de notificar a una persona algún asunto y se desconoce su domicilio, los códigos de Procedimientos Civiles de la República prevén la posibilidad de notificar a las personas por edictos en diarios de circulación nacional o estatal.

Aquí se va a notificar personalmente, para privar de un bien inmueble a una persona a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Repito, Gaceta que no tiene una periodicidad adecuada, que no se encuentra accesible en los quioscos de periódicos del Distrito Federal.

Creo que hay un trato indebido, para la administración pública se exige o se pide que los edictos se publiquen en las gacetas oficiales y para los ciudadanos se exige, para los gobernados, que se publiquen edictos en diarios de circulación nacional o diarios de circulación estatal.

Creo que aquí hay una clara violación al principio de igualdad en la aplicación de la ley. Se está midiendo con dos varas: con una vara a la administración pública y con otra vara a los ciudadanos.

Debería exigir este artículo que esta notificación personal, en caso de ignorarse el domicilio de los afectados por una declaratoria de expropiación, ese edicto se publicara en diarios de circulación nacional y no en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por las razones que aquí he esgrimido.

Es importante que garanticemos plenamente los derechos fundamentales de los gobernados, sobre todo cuando vamos a afectarlos en sus derechos fundamentales, cuando vamos a afectar el derecho de propiedad. Esta notificación personal, repito, debiera publicarse en diarios de circulación nacional y no en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Por su atención compañeros y compañeras muchas gracias y espero que compartan mi punto de vista y que remitamos a la comisión respectiva este dictamen, para que sea modificado y nuevamente presentado al pleno de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Un momentito diputado. Diputado Corral Jurado, por favor.

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Gracias, señor presidente, para solicitarle a nombre de la comisión y de la diputada Beatriz Paredes Rangel que pudiera posponer la votación de este dictamen hasta el final de los asuntos para dictaminar el día de hoy, a efecto de revisar la interpretación que el diputado Jaime Cárdenas ha planteado en la tribuna en relación con el texto del dictamen.

Si nos permitieran diferir la votación hasta el final, para revisarlo junto con él y cerciorarnos de que esta interpretación no es la que necesariamente está en el dictamen. Si lo es, también, para hacer la revisión correspondiente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Si la asamblea no tiene inconveniente se podrá diferir la discusión y la votación del presente dictamen. Como no vemos inconvenientes al respecto, entonces se acepta la moción con mucho gusto.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el inciso a) al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el inciso a) al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fecha 11 de septiembre, “aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico”,  al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, los senadores Amira Gricelda Gómez Tueme y Melquiades Morales Flores, y los diputados Morelos Canseco Gómez y José Francisco Rábago Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a fin de incorporar el 11 de septiembre, aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

2. Con esa misma fecha, trece de febrero de dos mil siete, la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para estudio y dictamen.

3. Con fecha dos septiembre de dos mil diez, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente por 77 votos a favor, ordenándose su remisión a la Cámara de Diputados.

4. Con fecha siete de septiembre de dos mil diez, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la minuta de referencia, turnándose a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen correspondiente.

5. En sesión del primero de marzo de dos mil once, los  integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

Señalan los iniciadores que en los años posteriores a la consumación de la Independencia, el gobierno de la República Mexicana tuvo que enfrentar la amenaza de las tropas españolas acantonadas en el fuerte de San Juan de Ulúa, que hostilizaban al puerto de Veracruz, siendo un hecho que negaba la independencia de la nación mexicana de la corona española.

La invasión española era una amenaza efectiva hacia y para tal fin en 1829, España dispuso una empresa militar junto con la difusión de proclamas a través de manifiestos dirigidos a los habitantes de la república, en donde no quedaba duda sobre sus intenciones de reconquista del antiguo virreinato.

El presidente Vicente Guerrero tuvo conocimiento del desembarco de las fuerzas españolas. Para dirigirse a Tampico, solicitó poderes extraordinarios al Congreso para hacer frente a la invasión, lanzando una proclama a todos los habitantes de la república para repeler la acción del enemigo y en defensa de la patria. Ya en Tampico, pequeñas fuerzas de Tamaulipas y Veracruz intentaron detener el avance español, especialmente en “Los Corchos” y en “Fortín de la Barra”; sin  embargo, Tampico fue ocupada por el invasor español el 7 de agosto. Hacia el 9 de septiembre, un huracán provocó una gran inundación que los mexicanos aprovecharon para entrar en acción, dándose la batalla final entre españoles y mexicanos en la noche del 10 al 11 de septiembre con la toma del Fortín de la Barra.

La derrota del invasor llevó a la capitulación del enemigo, misma que fue redactada por el Ejército Mexicano en Pueblo Viejo de Tampico y ratificada por el Real Ejército de Vanguardia Español en la Casa Fuerte de Castilla en la Plaza de la Libertad de Tampico el 11 de septiembre de 1829. Con ello, el enemigo entregó armas y banderas y los prisioneros de guerra fueron remitidos a La Habana, lo que puso fin al último intento de la corona española por la reconquista de México.

De acuerdo con los iniciadores, esta fecha debe reforzar nuestra identidad a través del conocimiento de la historia y la victoria sobre el ejército español en 1829 es uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país pues con ello se evitó la reconquista de la República Mexicana por el Reino de España.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

I. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

II. Para conseguir lo anterior, se decretaron legislaciones importantes en torno a los símbolo patrios, como fue la Ley sobre las características y el uso del Escudo, Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 17 de agosto de 1968 en el Diario Oficial de la Federación, y la actual Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación; dichos ordenamientos establecieron los criterios a seguir en el culto a los símbolos representativos de nuestra Nación y en la conmemoración y honor debidos a los héroes y a los diferentes acontecimientos suscitados en la historia nacional.

III.En este sentido, el legislador, durante la discusión que originó la promulgación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en vigor, reflexionó sobre este honor que le es debido a los héroes, afirmando: “Amamos a nuestros símbolos patrios y a nuestros héroes, pero no en la frialdad de los mármoles y los bronces, o en los panteones oficiales que petrifican la historia y hacen rutinas sin sentido, incomprensibles, las gestas del pueblo trabajador. Esos símbolos y esos héroes viven cálidamente en la memoria popular —nuestra verdadera historia— como el mito que está siempre a punto de realizarse, como una promesa a punto de cumplirse, como una esperanza irrenunciable, como una promesa que es, al mismo tiempo, voluntad inquebrantable de seguir viviendo y hacer de este mundo, el mundo que aspiramos” (Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 71, diciembre 29, 1983).

IV.A mayor abundamiento, el debate hizo énfasis sobre el testimonio y ejemplo de los héroes que forjaron la nación independiente y soberana que ahora somos, manifestando de esta forma que “en cada uno de nuestros héroes hay siempre un paso a seguir. Por eso nos empeñamos en rescatar y mantener su recuerdo; por eso les rendimos culto; por eso se mantienen vivos en el verdadero sagrario de la patria, que es la memoria popular. Somos como nación lo que nuestros hechos heroicos fueron. Nuestra historia se nos presenta como una larga cadena de grandes hechos y de grandes hombres, en la que unos son siempre el ejemplo a seguir para otros.

B) En lo particular. La batalla de Tampico del 11 de septiembre de 1829

I. El 11 de septiembre de 1829, pues, constituye un hito en la historia patria porque no sólo las armas mexicanas se cubrieron de gloria, sino que además, se concluyó para siempre y en definitiva, el capítulo de la presencia española en el territorio del país. Los acontecimientos previos a esa fecha, no sólo ponen de relieve la férrea voluntad del pueblo de México, sino además, su capacidad de entrega y su vocación de sacrificio; luego del desembarco español el 27 de julio de 1829 en Cabo Rojo, Veracruz, a una distancia aproximada de 70 kilómetros del heroico puerto de Tampico, las fuerzas mexicanas conjuntas de Tamaulipas y Veracruz intentaron detener la marcha de los españoles hacia el puerto; ante la imposibilidad de frenar el avance del ejército invasor, el gobierno mexicano hizo un llamado a la población civil para que abandonaran sus hogares. En el proceso, las mujeres tampiqueñas no titubearon en poner en práctica la estrategia de “tierra quemada” y no sólo destruyeron fincas y arrasaron huertos y parcelas, sino que clausuraron pozos y aljibes y destruyeron cualquier vestigio que pudiera haber sido de alguna utilidad al invasor.

II. Las fuerzas mexicanas se reagruparon y abandonaron la ciudad, la cual fue tomada por las tropas extranjeras el 5 de agosto; establecido su cuartel por los soldados españoles en una finca del actual centro histórico, los combatientes mexicanos establecieron el suyo en Pueblo Viejo, Veracruz; de donde regresarían para cobrar justa revancha. Menos de un mes después, el 21 de agosto, el contingente español se dividió; una parte marchó de Tampico para tomar Villerías (actual Altamira, Tamaulipas) y otra, más reducida, permaneció en el puerto. A su vez, el Ejército Mexicano atravesó el río Pánuco e hizo frente a la milicia extranjera hasta la capitulación española, que se interrumpió cuando el grueso de sus tropas regreso de su expedición para prestarles auxilio.

III. A partir de ese momento las hostilidades se recrudecieron; el cuartel general de los peninsulares fue bombardeado por los mexicanos desde el paso conocido como “El Humo” a la espera de los refuerzos que debían llegar de la capital del país. Como medida adicional, los nacionales empezaron a construir una serie de fortificaciones para envolver y paralizar al enemigo que, paulatinamente, empezó a padecer la falta de víveres, agua potable, así como los estragos de la fiebre amarilla.

IV. Aprovechándose de las condiciones climáticas, el 9 de septiembre azotó un fuerte huracán las playas y costas en la entidad, las tropas mexicanas empezaron ataque definitivo; la noche del 10 de septiembre, los mexicanos ocuparon el Fortín de la Barra. Tras la dura refriega, las bajas considerables y el agotamiento de la fuerza invasora, ésta capituló a la mañana siguiente, esto es, el 11 de septiembre.

V. Esta serie de acontecimientos viene a unirse, sin duda, a las gestas de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, entre otros esforzados mexicanos, pues si con su valor y bravura dieron inicio y llevaron a feliz término la Independencia de México, los héroes de Tampico, con esta victoria indiscutible consolidaron para siempre y en forma definitiva, la Independencia Nacional.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Único. Se adiciona el artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, incluyéndose la fecha de conmemoración propuesta en el orden cronológico correspondiente, recorriéndose las demás fechas posteriores a dicha fecha para quedar como sigue:

Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:

21 de enero:

Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, 1779.

1 de febrero:

Apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

5 de febrero:

Aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917.

19 de febrero:

Día del Ejército Mexicano.

24 de febrero:

Día de la Bandera.

1 de marzo:

Aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.

(15 de marzo. Derogado)

18 de marzo:

Aniversario de la expropiación petrolera, en 1938.

21 de marzo:

Aniversario del nacimiento de Benito Juárez, en 1806.

26 de marzo:

Día de la Promulgación del Plan de Guadalupe.

2 de abril:

Aniversario de la toma de Puebla, en 1867.

(15 de abril. Derogado)

1 de mayo:

Día del Trabajo.

5 de mayo:

Aniversario de la victoria sobre el Ejército Francés en Puebla, en 1862.

8 de mayo:

Aniversario del nacimiento, en 1753, de Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la Independencia de México.

15 de mayo:

Aniversario de la toma de Querétaro por las Fuerzas de la República, en 1867.

1 de junio:

Día de la Marina Nacional.

21 de junio:

Aniversario de la victoria de las Armas Nacionales sobre el Imperio, en 1867.

1 de septiembre:

Apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

11 de septiembre:

Aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico, en 1829.

14 de septiembre:

Incorporación del estado de Chiapas al pacto federal.

15 de septiembre:

Conmemoración del Grito de Independencia.

16 de septiembre:

Aniversario del inicio de la Independencia de México, en 1810.

27 de septiembre:

Aniversario de la consumación de la Independencia, en 1821.

30 de septiembre:

Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 1765.

12 de octubre:

Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492.

22 de octubre:

Aniversario de la constitución del Ejército Insurgente Libertador, en 1810.

23 de octubre:

Día Nacional de la Aviación.

24 de octubre:

Día de las Naciones Unidas.

30 de octubre:

Aniversario del nacimiento de Francisco I. Madero, en 1873

(1 de noviembre. Derogado)

6 de noviembre:

Conmemoración de la promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo, en 1813.

20 de noviembre:

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en 1910.

23 de noviembre:

Día de la Armada de México.

29 de diciembre:

Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, en 1859.

Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

b)...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Diario de los Debates, LII Legislatura, año II, tomo II, número 45, página 72, diciembre 29, 1983.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 1o. de marzo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Ilich Lozano Herrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín, Sami David David, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Tiene la palabra la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, hasta por 10 minutos.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente:Gracias, presidente.

A nombre de la Comisión de Gobernación vengo a presentar un proyecto de decreto que adiciona, como usted bien lo mencionaba, el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y de la justicia; de la democracia y del amor a la patria.

Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México, en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

El 11 de septiembre de 1829 constituye un hito en la  historia patria, porque no sólo las armas nacionales se cubrieron de gloria, sino que además se concluyó para siempre y en definitiva el capítulo de la presencia española en el territorio del país. Los acontecimientos previos a esa fecha no sólo ponen de relieve la férrea voluntad del pueblo de México, sino además su capacidad de entrega y su vocación de sacrificio.

Luego del desembarco español el 27 de julio de 1829, en Cabo Rojo, Veracruz, a una distancia aproximada de 70 kilómetros del heroico puerto de Tampico, las fuerzas mexicanas conjuntas de Tamaulipas y Veracruz intentaron detener la marcha de los españoles hacia el puerto. Ante la imposibilidad de frenar el avance del ejército invasor, el gobierno mexicano  hizo un llamado a la población civil para que abandonaran sus hogares.

En el proceso las mujeres tampiqueñas no titubearon en poner en práctica la estrategia de tierra quemada y no sólo destruyeron fincas y arrasaron huertos y parcelas, sino que clausuraron pozos y aljibes y destruyeron cualquier vestigio que pudiera haber sido de alguna utilidad al invasor.

Las fuerzas mexicanas se reagruparon y abandonaron la ciudad, la cual fue tomada por las tropas extranjeras el 5 de agosto, estableciendo su cuartel por los soldados españoles en una finca del actual centro histórico de Tampico. Los combatientes mexicanos establecieron el suyo en Pueblo Viejo, Veracruz, de donde regresarían para cobrar justa revancha.

Menos de un mes después, el 21 de agosto, el contingente español se dividió; una parte marchó de Tampico para tomar Villerías, donde actualmente se encuentra Altamira, Tamaulipas, y otra muy reducida permaneció en el puerto. A su vez, el Ejército mexicano atravesó el Río Pánuco e hizo frente a la milicia extranjera hasta la capitulación española que se interrumpió cuando el grueso de sus tropas regresó de su expedición para prestarles auxilio.

A partir de ese momento las hostilidades se recrudecieron. El cuartel general de los peninsulares fue bombardeado por los mexicanos desde el paso conocido como El Humo, a la espera de los refuerzos que debieran llegar de la capital del país. Como medida adicional, los nacionales empezaron a construir una serie de fortificaciones para envolver y paralizar al enemigo que paulatinamente empezó a padecer la falta de víveres, de agua, así como los estragos de la fiebre amarilla.

Aprovechándose de las condiciones climáticas, el 9 de septiembre azotó un fuerte huracán las playas y costas en la entidad. Las tropas mexicanas empezaron el ataque definitivo. La noche del 9 de septiembre los mexicanos ocuparon el Fortín de la Barra. Tras la dura refriega, las bajas considerables y el agotamiento de la fuerza invasora, ésta capituló a la mañana siguiente, esto es, el 11 de septiembre.

Esta serie de acontecimientos a los que he hecho referencia, vienen a unirse sin duda a las gestas de Miguel Hidalgo y Costilla; José María Morelos y Pavón; Vicente Guerrero, entre otros esforzados mexicanos, pues si con su bravura dieron inicio y llevaron a feliz término la Independencia de México, con esta victoria de Tampico, indiscutible, consolidaron para siempre y en forma definitiva la independencia nacional.

A la Comisión de Gobernación de esta Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fecha 11 de septiembre aniversario de la Victoria sobre el Ejército español en Tampico; al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Por estas consideraciones, señor presidente, ruego a usted y ruego a esta soberanía acompañarnos en este dictamen y aprobarlo para que el 11 de septiembre vuelva a ser recordado con la fuerza que merece. Gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted por su intervención, diputada.

Informo a esta honorable asamblea que en este recinto se encuentran de visita alumnos y profesores de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Estudios Políticos. Sean todos ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza, hasta por 5 minutos.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza:Un saludo a los estudiantes de la U de G, de Estudios Políticos. Bienvenidos.

Amigas legisladoras y amigos legisladores, participo en este dictamen promovido por diversos diputados y senadores, fundamentalmente del estado de Tamaulipas, porque representa a final de cuentas el que esta representación rinda homenaje fundamentalmente al pueblo de Tampico, a su gente, y de manera muy significada a sus mujeres que jugaron un papel protagónico, un papel firme y decidido en la defensa de nuestra lucha.

Todos sabemos que la emancipación de España no se confirmó con el Tratado de Córdoba y con el Plan de Iguala de 1821, que después de signar esos convenios, esos tratados, España siguió insistiendo en el dominio de nuestra nación. Y esta batalla, a la que se ha hecho mención aquí, significa el vencimiento, por la vía de las armas, del Ejército mexicano sobre el español.

Aquí hay que señalar también, para disipar cualquier suspicacia que pueda surgir sobre algunos miembros del Ejército mexicano que participaron en esa contienda épica, que el comandante supremo del Ejército mexicano, por mandato de la Constitución ya de 1824, en su artículo 110, fracción X, era el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso estamos hablando del general Vicente Guerrero que era el comandante supremo del Ejército de nuestro país.

Por eso nosotros en la comisión suscribimos, convalidamos, apoyamos en pro este decreto que aquí se ha expuesto, y en unos minutos más lo votaremos también en reconocimiento a las mujeres, insisto, que tuvieron un papel protagónico.

No vacilaron en demostrar su valentía, su carácter, inclusive llegando al extremo, para debilitar al ejército español, de quemar propiedades, cosechas, para dificultar estratégicamente las tácticas del ejército invasor.

Es por eso el sentido de voto por la heroica defensa de los hombres y fundamentalmente de las mujeres de Tampico, en esta batalla que significó el desvanecimiento de la ilusión de España de seguir dominando a nuestro país, aunque desde luego tardó un buen número de años en reconocer nuestra independencia, que lo hizo hasta 1836. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Francisco Rábago Castillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Sí, diputado, dígame usted.

El diputado José Francisco Rábago Castillo(desde la curul): Preguntar si estoy en la lista, José Francisco Rábago.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: José Francisco Rábago Castillo, del Partido Acción Nacional.

El diputado José Francisco Rábago Castillo(desde la curul): No. Del PRI.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Perdón. Sí está. Está registrado usted después del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional. Tiene la palabra el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza:Gracias, presidente, con su permiso. Señoras legisladoras y señores legisladores, la historia de México está llena de momentos gloriosos en el que los hombres y mujeres han dado la cara con gallardía para defender a la patria de las amenazas extranjeras e internas.

Desde la época prehispánica los guerreros aztecas lucharon para derrotar la ambición de conquista española, quienes sólo gracias a las enfermedades importadas lograron su cometido. Posteriormente un grupo de mexicanos honorables estuvieron dispuestos para devolverle a nuestro pueblo su patria, su nación y sus derechos.

Así don Miguel Hidalgo encabezó la lucha por la independencia de México, esa independencia que desde entonces nos permite gozar de libertad, de una identidad nacional y de una serie de derechos que por naturaleza nos corresponden. Ese conjunto de libertades merece ser defendido.

El pueblo de México debe estar consciente de que la patria es un patrimonio que no se debe perder y merece ser defendido con valentía.

Es así que el 11 de septiembre de 1829 es una fecha histórica. Ese día los mexicanos y mexicanas refrendaron su amor por México y consolidaron de manera contundente la independencia y soberanía de nuestro país.

Así debemos conmemorar la defensa de la patria, debemos honrar con gloria aquel momento en que aprovechando las condiciones climáticas generadas por un huracán, las tropas mexicanas atacaron de forma implacable al ejército invasor y tras una sangrienta batalla la mañana del 11 de septiembre, el ejército agresor se vio derrotado.

Esta serie de acontecimientos, sin duda, merecen ser recordados por el pueblo de México, pues con el valor, bravura y capacidad de aquellos patriotas mexicanos, se consolidó la independencia de México.

Por lo anterior, los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional damos nuestro voto a favor de los héroes de Tampico, toda vez que lograron una victoria indiscutible y por ello merecen ser recordados con los más altos honores. Gracias a ellos México sigue siendo un país libre y soberano, valores que deben ser eternos en cada mexicano y mexicana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Muchas gracias, señor diputado. Se encuentran de visita en este recinto, integrantes del Taller de Modelo de Naciones Unidas Humboldt, invitados por el diputado David Ricardo Sánchez Guevara. Sean todos ustedes bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Francisco Rábago Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.

El diputado José Francisco Rábago Castillo:Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, fue hace más de 200 años que se desató el proceso que dio origen al gobierno representativo, a la independencia y posteriormente a la democracia en Hispanoamérica.

Los mexicanos conmemoramos aquella fecha bicentenaria fundamental que parece haber transcurrido sin que su significado histórico sea reconocido en estos momentos con el alto valor de sus protagonistas.

España había perdido en ese entonces la posibilidad de generar riquezas para competir con otras naciones que se encontraban en creciente desarrollo económico. Por ello, en el año de 1829 trató de recuperar la Nueva España intentando invalidar su independencia por su gran territorio, riquezas y litorales con el Pacífico y el Atlántico, que habían sido el soporte, durante siglos, de la economía española.

Hoy pocos recuerdan que las calles del centro histórico de la ciudad y puerto de Tampico fueron el escenario de una batalla cruenta un 21 de agosto de 1829, donde el pueblo y Ejército mexicanos combatieron con valor y heroísmo marcando con su sangre la Plaza de la Libertad. Pocos recuerdan a los hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la incipiente patria.

Pero todo inició desde el 27 de julio de 1829, cuando las tropas comandadas por el brigadier Barradas desembarcaron en Punta de Jerez, al sur de Tampico, y el 31 de julio tuvieron la primera batalla con las fuerzas mexicanas. Cuarenta y seis días exactamente después del desembarco de las tropas, al capitular los españoles, el heroico pueblo de Tampico y el Ejército mexicano truncaron con sangre y sacrificio los sueños de la monarquía de conquistar la Nueva España.

Fue en reconocimiento a ello que en la época actual el honorable Congreso del estado de Tamaulipas, a iniciativa del ayuntamiento de Tampico, expidió decreto para declarar el día 11 de septiembre de 1829 como fecha histórica oficial, pero rememorando y reconociendo estos hechos consideró, además, la distinción de heroica a la ciudad y puerto de Tampico.

Para todos los mexicanos en general existe el mayor interés en la difusión y examen de aquellos acontecimientos. Ahí se encuentra el origen de la democracia representativa en Hispanoamérica.

Por eso propusimos honrar esta fecha para que signifique recuerdo con dignidad y reconocimiento de los que en su momento, con gran arrojo y prestancia, prescindieron de lo vital para dar paso al México de nuestros días.

Por ello solicito y pongo a la consideración de este alto cuerpo colegiado la aprobación de este dictamen que reconoce sin duda a los esforzados mexicanos que con su valor y bravura llevaron a feliz término la independencia de México. A los héroes de Tampico que, con esta victoria indiscutible, consolidaron para siempre y en forma definitiva la independencia nacional. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Francisco Javier Salazar Sáenz

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias por su intervención, señor diputado José Francisco Rábago Castillo. Se ha agotado la lista de oradores. Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Presidencia del diputado Amador Monroy Estrada

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Se encuentran en este recinto, en su calidad de visitantes distinguidos, alumnos y profesores de la escuela secundaria Emiliano Zapata, de Temascalcingo, estado de México. Son invitados del diputado Emilio Chuayffet Chemor. Sean todos ustedes bienvenidos.

También nos honran con su visita alumnos y personal de la Escuela Preparatoria Oficial 2, del municipio El Oro, estado de México. También son invitados de nuestro distinguido compañero diputado Emilio Chuayffet.

Nos visitan también en este recinto alumnos y personal de la escuela política de formación de cuadros Ricardo Flores Magón, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Son invitados del licenciado Luis Figueroa Solano. Sean bienvenidos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ciérrese el sistema de votación. De viva voz el diputado Alfredo Villegas.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:A favor.

El diputado Emilio Serrano Jiménez(desde la curul): A favor.

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo(desde la curul): A favor.

La diputada Tomasa Vives Preciado(desde la curul): A favor.

El diputado Felipe Borja Texocotitla(desde la curul): A favor.

El diputado Leobardo Soto Martínez(desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Íñiguez Gámez(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 324 votos a favor.. La diputada Sofía Castro.

La diputada Sofía Castro Ríos(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Si nos ilustra, diputada, con su nombre por favor.

La diputada Florentina Rosario Morales(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Corrijo, diputado presidente. Una diputada más ¿Adriana Fuentes?

La diputada Adriana Fuentes Cortés(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se emitieron 327 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por 327 votos, el proyecto de decreto que adiciona el inciso a) al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

GUARDERIA ABC - DISCOTECA NEWS DIVINE - TITO BARRERA OCAMPO

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Esta Presidencia invita a todos los presentes a ponernos de pie, con el fin de guardar un minuto de silencio por los acontecimientos que ocasionaron el fallecimiento de los niños de la Guardería ABC, de la discoteca News Divine, del líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en el estado de Morelos.

LEY DE EXPROPIACION

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Diputado Javier Corral, dígame usted, ¿con qué objeto?

El diputado Javier Corral Jurado(desde la curul): Con el objeto de solicitarle a usted pueda someter a consideración del pleno de esta Cámara de los Diputados, el autorizar que se elimine del orden del día de esta sesión, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y el 20 Bis de la Ley de Expropiación, y que pueda ser reenlistado, en primer lugar, del capítulo de dictámenes a discusión, de la sesión del día de mañana.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Con mucho gusto, señor diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, se retire del orden del día de esta sesión y se registre en primer lugar para la sesión de mañana, 24 de marzo.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se pregunta a la asamblea si se autoriza el retiro del dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. y segundo párrafo del artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación y sea registrado, en primer lugar, en la sesión de mañana.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia, se autoriza y se retira del orden del día de esta sesión para pasar como lo solicitó el diputado Corral, el día de mañana con el numeral 1.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, 42 y 43, se adiciona un tercer párrafo al artículo 40 y se deroga la fracción II del artículo 41 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, párrafo primero, 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 11 de octubre de 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República recibió el Oficio SEL/300/3921/ 07, suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo, por medio del cual se presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita por el Ejecutivo Federal.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la Iniciativa de referencia fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente

III. En sesión del 28 de abril de 2010, las comisiones dictaminadoras presentaron a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el proyecto correspondiente, aprobándose por 85 votos a favor.

IV. El día 7 de septiembre de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados recibe la minuta referida turnándose a esta Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

V. En sesión del primero de marzo de dos mil once, se sometió a consideración de los miembros integrantes de la Comisión de Gobernación el anteproyecto de dictamen respectivo, quienes lo discutieron y aprobaron.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes

Consideraciones

A. Contenido de la minuta

Primero. La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal proponía reformar los artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles, relativos a la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca; reformas que se hacen consistir en lo siguiente:

1. El párrafo segundo del artículo 40 establece que la Condecoración se tramitará por un Consejo presidido por los Secretarios de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional; proponiéndose la supresión de la Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de que se trata de un reconocimiento de carácter civil.

Asimismo, se incluye un tercer párrafo que establece que las condecoraciones de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgarán, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional.

2. Con base en el artículo 41 de la Ley, actualmente la Condecoración se entrega en siete grados: Collar; Cruz; Banda; Medalla; Placa; Venera; e Insignia. La propuesta de reforma se hace consistir en suprimir los grados de Cruz y Medalla, en virtud de que dichas joyas nunca fueron manufacturadas y consecuentemente, nunca han sido otorgadas.

3. En el artículo 42, se propone la modificación de la redacción “excepción hecha del Collar de la Cruz”, eliminándose “de la Cruz” en virtud de su inexistencia.

4. El artículo 43 de la Ley en estudio, establece el requisito de temporalidad de dos años para que los Jefes de Misión Diplomática sean recipiendarios de la Condecoración al concluir sus funciones en nuestro país; en la iniciativa se deja al Consejo de la Orden la facultad discrecional de otorgar la condecoración con base en la valoración de la labor desempeñada.

5. Por último, se propone que la condecoración en grado de Insignia, se denomine “Insignia Benito Juárez al Mérito Internacional”, lo anterior con el objeto de unificar la normatividad, toda vez que el 9 de diciembre de 1993 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que establece el otorgamiento de esta insignia a extranjeros que se hayan destacado en el mejoramiento de las relaciones bilaterales o multilaterales de México, en sus ámbitos político, económico, diplomático, cultural, artístico, ecológico, demográfico, científico, tecnológico y social en general.

En relación con la propuesta contenida en la iniciativa del Ejecutivo en el sentido de establecer la Insignia Benito Juárez al Mérito Internacional, como grado a la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, estas Comisiones dictaminadoras consideran oportuno que dicha insignia continúe como una orden independiente, regulada por el Decreto expedido por el presidente de la república bajo la administración 1989-1993, además de que el propósito de la insignia es reconocer las acciones o contribuciones excepcionalmente meritorias que tanto nacionales como extranjeros realicen en el mejoramiento de las relaciones bilaterales o multilaterales de México, en sus ámbitos político, económico, diplomático, cultural, artístico, ecológico, demográfico, científico, tecnológico y social en general, propósito distinto al de la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, remitieron a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, de la colegisladora, el dictamen de impacto presupuestario señalando que no se requiere manifestación de impacto regulatorio, respectivamente. Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

B. En lo general

Primero. La condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca es la más importante distinción que el gobierno de México otorga a ciudadanos extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la Humanidad y, que desde el año de 1976, quedó regulada en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Segundo. Resulta pertinente la modificación propuesta en la Minuta en estudio, ya que las categorías de la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a las que demanda la costumbre internacional, toda vez que las joyas que corresponden a la Cruz y a la Medalla, nunca han sido elaboradas, ni otorgadas y se encuentran en desuso, razón por la cual, se considera procedente suprimir dichas categorías y dividir el grado de Banda en las siguientes categorías:

a) Banda en Categoría Especial: Reservada a jefes de gobierno, príncipes herederos, consortes de jefes de Estado y personas de categorías similares.

b) Banda: Ministros o secretarios de Estado, miembros de familias reales, embajadores o personas de categorías similares.

Por lo tanto, se considera que la concentración en seis grados contribuye a dotar de mayor prestigio a la orden.

Por otro lado, esta comisión dictaminadora considera procedente reformar el artículo 43 para precisar que será facultad del consejo otorgar la condecoración a los diplomáticos extranjeros con base en la valoración de la labor desempeñada. No obstante lo anterior, esta Comisione considera que debe mantenerse el requisito de residencia por dos años en el país que establece la ley actualmente para el otorgamiento de la orden.

Tercero. Coincidimos con el contenido de la propuesta que se dictamina en el sentido de establecer que la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgue, principalmente, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre los jefes de Estado o jefes de gobierno, sin excluir las propuestas que se realicen a favor de extranjeros distinguidos por sus méritos no relacionados necesariamente con dichas visitas.

Cuarto. Por lo que hace a la propuesta de modificación del artículo 40 de la ley, esta comisión estima que es atendible la misma en el sentido de establecer que la condecoración de mérito se tramitará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de un consejo presidido por el secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como vocales a los subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, ya que por un lado, se trata de una galardón de carácter eminentemente civil, y por otro lado, se considera oportuno que los criterios de intervención o participación de los subsecretarios en dicho Consejo sean de índole geográfica o por materia, toda vez que ello permitirá garantizar una valoración mucho más profunda sobre las razones que lleven al consejo a otorgar dicho reconocimiento.

Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, y para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto que el que se reforman los artículos 40, 41, 42 y 43; se adiciona el artículo 40 con un tercer párrafo y se deroga el artículo 41, fracción II, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Único. Se reforman los artículos 40, 41, 42 y 43; se adiciona el artículo 40 con un tercer párrafo y se deroga el artículo 41, fracción II, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 40. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros, con objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos.

Esta condecoración se tramitará ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de un Consejo presidido por el Secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como vocales a los Subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, y como Secretario del Consejo, al Director General que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgará, principalmente, durante las visitas de Estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional, cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre los jefes de Estado, jefes de gobierno o primeros ministros.

Artículo 41. La Orden Mexicana del Águila Azteca se otorgará en los grados de:

I. Collar, a jefes de Estado;

II. Se deroga;

III. Banda en Categoría Especial, a jefes de gobierno, a príncipes herederos, consortes de jefes de Estado y personas cuya categoría equivalga a las citadas;

IV. Banda, a ministros o secretarios de Estado, miembros de familias reales, embajadores o personas cuya categoría equivalga a las citadas;

V. Placa, a subsecretarios o viceministros de Estado, a encargados de negocios ad hoc, cónsules generales, generales brigadieres, contralmirantes, vicealmirantes, así como a aquellos cuya categoría equivalga a las citadas;

VI. Venera, a ministros residentes, encargados de negocios titulares, coroneles y tenientes coroneles, capitanes de navío, fragata o corbeta, así como a aquellos cuya categoría equivalga a las citadas, y

VII. Insignia, a consejeros, primeros, segundos y terceros secretarios de Embajada, capitanes, tenientes de navío, a aquellos cuya categoría equivalga a los citados y a los demás casos que el Consejo estime pertinente.

Artículo 42. En casos especiales, a juicio del Consejo, podrá conferirse la Orden Mexicana del Águila Azteca en sus diferentes grados a extranjeros distinguidos, según sus méritos, excepción hecha del grado de Collar.

Artículo 43. A los diplomáticos extranjeros acreditados en México, sólo se les otorgará la orden al término de su misión, siempre que hayan permanecido en el país dos años continuos como mínimo. El Consejo otorgará la condecoración con base en la valoración de la labor desempeñada en el país.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a primero de marzo de dos mil once.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera, Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín, Sami David David, Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Vidal Llerenas Morales, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), César Augusto Santiago Ramírez, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia, está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional, para pronunciarse en pro del presente dictamen.

El diputado Gastón Luken Garza no se encuentra en el salón de sesiones. Por tanto, y al no intervenir como único orador se considera suficientemente discutido.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos en un solo acto.

(Votación)

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Cueva Sada(desde la curul): En el tablero sale en abstención. Es a favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Corrección de voto, a favor.

El diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar(desde la curul): A favor.

La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez(desde la curul): A favor.

La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo(desde la curul): A favor.

La diputada Susana Hurtado Vallejo(desde la curul): A favor.

El diputado Genaro Mejía de la Merced(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:Diputado presidente, el resultado de la votación es: 314 a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad, con 314 votos, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY QUE APRUEBA LA ADHESION DE MEXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCION

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República remitió la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

Esta comisión resulta competente para dictaminar la minuta presentada por la Cámara de Senadores, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, con base en las facultades que le confieren los artículos 80, 81, 82, 84, 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público se abocó al análisis de la citada minuta y conforme a las deliberaciones que sobre ésta realizaron los miembros de esta comisión reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

1. En sesión de fecha 19 de marzo del 2009 de la Cámara de Senadores, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa con proyecto de decreto antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, para estudio y dictamen.

3. En sesión ordinaria del 3 de febrero del año en curso, se presentó ante el pleno del Senado de la República el dictamen respectivo, que fue aprobado por 92 votos a favor y 1 abstención.

4. En sesión ordinaria del 9 de febrero de 2010, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la minuta en comento para su estudio y dictamen.

Descripción de la minuta

La minuta en estudio plantea reformar el artículo 4o. de la ley en cita para facultar al Ejecutivo federal, por conducto del Banco de México, a cubrir el equivalente a 3 millones de dólares estadounidenses, correspondientes a la última reposición de capital del Fondo Especial para el Desarrollo a que se refiere el artículo 8o. del Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).

Esta minuta se enmarca en las reposiciones periódicas que el BDC realiza del Fondo Especial de Desarrollo (FED), cuyos recursos de carácter concesional se utilizan para otorgar garantías, préstamos y donaciones para proyectos de alta prioridad para el desarrollo.

El propósito de la minuta es que México dé cumplimiento a las resoluciones de contribuyentes al Fondo Especial para el Desarrollo, de fechas 20 de octubre de 1995, 13 de diciembre de 2001 y 13 de octubre de 2005, las cuales acuerdan llevar a cabo la cuarta, quinta y sexta reposición de recursos, para financiar diversos programas de préstamo para la reducción de la pobreza en la región del Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la reducción de la vulnerabilidad de la zona, el desarrollo sustentable y la mejora de las instituciones locales, por un monto superior a los 400 millones de dólares estadounidenses.

Lo anterior toda vez que, México como miembro del BDC, acordó aportaciones correspondientes a 3 millones de dólares estadounidenses en cada una de las resoluciones citadas, por lo que con la medida planteada se complementará la cantidad total de contribuciones al FED, equivalente a 29 millones 333 mil dólares estadounidenses.

Consideraciones de la comisión

Primera.Esta comisión dictaminadora coincide con el contenido y alcance de la minuta que se dictamina, toda vez que

i) La membrecía de nuestro país en el BDC posibilita ampliar las relaciones de carácter político, económico y comercial con esta importante región que se constituye en la frontera este de México. Asimismo, al ser los miembros prestatarios del banco países con menor grado de desarrollo relativo, la participación de México en el BDC representa un refrendo de uno de los principios normativos de la política exterior de nuestro país, consagrado en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo.

ii) La participación de México en este banco regional le permite contribuir a solucionar los principales problemas de los países prestatarios del BDC, muchos de los cuales se encuentran señalados por el Banco Mundial en la lista de los países más pobres y altamente endeudados. Con los fondos que México y otros países otorgan al banco, se realizan importantes proyectos de desarrollo en infraestructura, turismo y agricultura en los países miembros prestatarios.

iii) Las contribuciones de México al banco abren también posibilidades para llevar a cabo acciones de cooperación y asistencia técnica con las instituciones y los países del Caribe, así como para apoyar los programas regionales del BDC enfocados en la reducción de la pobreza, la prevención y mitigación de desastres naturales, el fortalecimiento institucional y la integración regional, entre otros.

Segunda. Esta dictaminadora considera que nuestro país debe brindar respuesta al contenido de las resoluciones del BDC, en razón de la aprobación que en 1982 realizó el honorable Congreso de Unión para suscribir el convenio constitutivo del citado organismo multilateral.

Cabe señalar que el BDC es una institución financiera regional constituida el 18 de octubre del año 1969, que inició sus operaciones el 26 de enero de 1970 con el propósito fundamental de contribuir al crecimiento  económico y al desarrollo de los países del Caribe miembros de esa institución, así como para promover la cooperación económica e integración de los mismos, dando especial atención a las necesidades de los países menos desarrollados del área.

Tercera.En este contexto, mediante las resoluciones de contribuyentes al FED de fechas 20 de octubre de 1995, 13 de diciembre de 2001 y 13 de octubre de 2005 se acordó llevar a cabo la cuarta, quinta y sexta reposición de recursos (FED IV, V y VI), por un monto de 96.66, 125 y 184 millones de dólares de Estados Unidos de América, respectivamente, para financiar diversos programas de préstamo con el propósito de reducir la pobreza en la región del Caribe, el fortalecimiento de capacidades, la reducción de la vulnerabilidad de la zona, el desarrollo sustentable y la mejora de las instituciones locales por un monto superior a los 400 millones de dólares estadounidenses.

En este sentido, nuestro país, como miembro de dicha institución, acordó las aportaciones correspondientes a 3’000,000.00 de dólares estadounidenses, según se indica en cada una de las resoluciones citadas. Lo anterior, completará una cantidad total de contribuciones al FED equivalente a 29’333,000.00 dólares estadounidenses.

Cuarta. Cabe aclarar que el propósito de la minuta que se dictamina no genera ningún impacto en la estructura ocupacional al no requerir creación o modificación de unidades administrativas y plazas, o en su caso, creación de nuevas instituciones. Asimismo, no genera impacto en los programas aprobados de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De igual modo, no requiere el establecimiento de destinos específicos de gasto público, ya que las aportaciones que realice el Banco de México al Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe no representa ninguna erogación presupuestal para la federación ni para el Banco de México, así como el establecimiento de nuevas atribuciones ni actividades que deberán realizar las dependencias o entidades. Tampoco se considera que sea necesario el establecimiento de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Quinta. La comisión que dictamina considera adecuado aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución como medida para continuar fortaleciendo nuestras relaciones de carácter político y económico con esta región estratégica, vinculada a México por múltiples razones de carácter geográfico, histórico y económico, así como una manifestación práctica de cumplimiento a las declaraciones y posiciones que México ha sostenido a nivel internacional.

Por lo expuesto, los miembros de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, para efectos del artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución

Articulo Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o. El Ejecutivo federal por conducto de Banco de México cubrirá el equivalente a 3,000,000.00 (tres millones) de dólares de Estados Unidos de América, correspondiente a la última reposición de capital del Fondo Especial para el Desarrollo del Banco de Desarrollo del Caribe, a que se refiere el artículo 8o. del convenio constitutivo del propio banco. En consecuencia, el monto total aportado por México al Fondo Especial para el Desarrollo asciende a la cantidad de 29,333,000.00 (veintinueve millones trescientos treinta y tres mil) dólares de Estados Unidos de América

Transitorio

Único.El presentedecreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de marzo de 2011.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), presidente; David Penchyna Grub (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Luis Enrique Mercado (rúbrica), Víctor Manuel Báez Ceja, Armando Ríos Piter, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Óscar González Yáñez, Alejandro Gertz Manero, Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), secretarios; Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Alberto Emiliano Cinta (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Mario di Constanzo Armenta (rúbrica), Martín Rico Jiménez (rúbrica), Ildefonso Guajardo Villareal (rúbrica), Baltazar Manuel Hinojosa (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Cobarruvias (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Emilio Andrés Mendoza (rúbrica), José Narro Céspedes (rúbrica a favor en lo general; en contra en lo particular), Leticia Quezada Contreras (rúbrica en contra), María Marcela Torres Peimbert, José Adán Ignacio Rubí (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Luis Videgaray Caso.»

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se encuentran registrados para la discusión en lo general y en lo particular los diputados para hablar en pro: José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.

El diputado José Narro Céspedes:Con su permiso, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos parece un tema importante que se había venido postergando, lamentablemente, la necesidad de que México cumpla con su compromiso en torno a la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe en lo fundamental y a la modificación en su artículo 4o.

Creo que lamentablemente México ha venido, fundamentalmente, prestando atención y buscando fortalecerla en condiciones totalmente desventajosas para nuestro país, su relación con América del Norte.

Ahora, con la firma y con el cumplimiento de este convenio tiene que ver con la necesidad de que se cuente con un Banco de Desarrollo del Caribe donde México es parte constitutiva desde hace muchos años, desde 1995.

Es importante que México cumpla con sus obligaciones, para que fortalezcamos este tipo de instrumentos que son necesarios para el desarrollo de esta región de América, en donde México a través de la región de Quintana Roo, de Cancún, de Campeche forma parte de la región del Caribe.

Por eso, también significa un cambio en cuanto a que México debe poner mayor atención a su relación con América Central y América del Sur, y de dejar de seguir teniendo fundamentalmente una relación con América del Norte, en donde las condiciones de desventaja, las condiciones de una relación subordinada indudablemente han generado bastantes perjuicios a nuestro país.

Es indudable que el crecimiento de la delincuencia organizada tiene que ver, entre otras cosas, con la demanda excesiva del consumo norteamericano de las drogas y por la necesidad del mercado norteamericano de colocar, entre otros lugares en México, una buena parte de la producción de armas que genera la economía norteamericana. En vez de exportar bienestar, de exportar producción productiva a nuestro país, lo que importan, lo que exportan a México son armas, es subdesarrollo y es mayor pobreza para los mexicanos, en una competencia totalmente desigual y subordinada de México hacia los Estados Unidos.

Por eso creemos y estamos convencidos como fracción parlamentaria del PRD, de prestar mayor atención y poner mayor énfasis a nuestra relación con América del Sur, con América Central y con la región del Caribe, de la cual México forma parte. Sin lugar a dudas, el desarrollo para esta región que vive una buena parte en condiciones de enorme pobreza y miseria, es importante porque va a repercutir también en el conjunto de esa importante zona de América, que es el Caribe, de la cual México forma parte.

Por eso nos parece muy importante que México fortalezca sus lazos económicos, sociales y políticos hacia América del Sur y hasta esta región, que es el corazón de América, que es la región del Caribe de nuestra América.

En este sentido, la fracción parlamentaria del PRD está a favor de este decreto, de esta iniciativa, con la objeción en lo particular de que este compromiso es un compromiso del Banco de México, por tanto, es un compromiso de una de las instituciones del Estado mexicano y no es un compromiso únicamente del Ejecutivo federal. Por eso nosotros planteamos que en lo particular debería venir como un compromiso del Estado mexicano, como lo señala la ley anterior, y no un compromiso del Ejecutivo federal, porque quien va a aportar los recursos para este fideicomiso, para este fondo para este Banco del Desarrollo del Caribe es el Banco de México, y no es el Ejecutivo federal. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ovidio Cortázar Ramos, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

Mientras hace uso de la palabra el diputado Ovidio, suplico un segundo para hacer mención a la visita de alumnos y profesores de la escuela secundaria Cerro de las Campanas, de Tequisquiapan, Querétaro. Son invitados del diputado Miguel Martínez Peñaloza. Esta Mesa Directiva y la asamblea les dan la más cordial bienvenida.

Adelante, señor diputado, y disculpe.

El diputado Ovidio Cortázar Ramos:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la política exterior mexicana se rige por principios como la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Bajo estos principios, México ha signado tratados y acuerdos internacionales encaminados a brindar mejores oportunidades para la población, en especial para aquélla que se encuentra en condiciones más desfavorables.

En particular, desde 1982 formamos parte del Banco de Desarrollo del Caribe, cuyo objeto es contribuir al crecimiento y desarrollo económico de los países de la región a través de acciones como la asistencia técnica, promoción del comercio internacional y de la inversión, movilización de recursos financieros, entre otros.

Estas acciones están focalizadas a mejorar las condiciones de vida de una región que tradicionalmente ha vivido en condiciones de pobreza extrema y expuesta a desastres naturales, hoy acentuados por el cambio climático.

En este sentido, el dictamen que hoy se somete a discusión de esta honorable asamblea es buscar precisamente facultar al Ejecutivo federal para que, por conducto del Banco de México, cubra el equivalente a 3 millones de dólares estadounidenses para reponer el capital del Fondo Especial para el Desarrollo a que se refiere el artículo 8 del Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe.

La reposición de este capital es un cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo que permitirá emprender acciones para la reducción de la pobreza, la prevención y mitigación de desastres naturales, el fortalecimiento institucional y la integración regional.

Así pues, los recursos que aporten México y los demás países permitirán realizar importantes proyectos de infraestructura social y económica, apoyo al turismo e impulso a la agricultura, contribuyendo a solucionar los principales problemas de los países prestatarios, muchos de ellos incluidos por el Banco Mundial dentro de la lista de los países más pobres y altamente endeudados.

Compañeras y compañeros, a través de la aprobación de este dictamen dejaremos de manifiesto la solidaridad del pueblo mexicano para combatir la pobreza y apoyar a la comunidad internacional. Asimismo, es una muestra de reciprocidad hacia el apoyo que nuestro país ha recibido en momentos difíciles de la vida nacional.

Por lo anterior, los invito a que votemos a favor de este dictamen que es en beneficio para nuestros hermanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, señor diputado. La diputada Beatriz Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, ha solicitado hacer uso de la palabra desde su curul, a fin de pronunciarse en relación al presente tema. Tiene el uso de la palabra, diputada, por favor.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel(desde la curul): Muchas gracias, señor diputado. Para expresar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nuestra decisión de votar afirmativamente este dictamen.

El Caribe es nuestra tercera frontera. Los mexicanos tenemos con los países del Caribe vínculos históricos y vínculos culturales de extraordinaria relevancia. El Caribe fue la puerta de entrada a través de la Española, hoy República Dominicana, del encuentro de dos mundos; y es un espacio con el que compartimos, en el mar Caribe, un conjunto de expectativas de desarrollo turístico, pesquero y en materia de hidrocarburos.

Los países insulares del Caribe sufren los embates de la naturaleza despiadada y es una de las zonas que tiene mayor riesgo con motivo del cambio climático. El Caribe y el Caribe mexicano requieren de una estrategia integral de desa-rrollo.

Por eso estaremos votando a favor este dictamen, ratificando la solidaridad tradicional del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de nuestra corriente histórica con los países del Caribe.

El Presidente diputado Amador Monroy Estrada: Gracias, diputada. No habiendo oradores registrados para hablar sobre el tema, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se instruye a la Secretaría para que abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Continúa el tablero abierto.

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el tablero electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Alfredo Villegas Arreola(desde la curul): A favor.

El diputado Maurilio Ochoa Millán (desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Señor presidente, se emitieron 314 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

Presidencia del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por una unanimidad de 314 votos, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desa-rrollo, del Caribe y su Ejecución. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con punto de acuerdo que a continuación se discutirán, anticipando a esta asamblea que al final se les dará lectura a los puntos marcados con los numerales 4, 5 y 7 que tienen reservas, a fin de que votemos los que no tienen ninguna reserva, en un solo bloque.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante ese órgano legislativo al comisionado del Instituto Nacional de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1.El 30 de septiembre de 2010, el diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular del Instituto Nacional de Migración ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que informe sobre las acciones que se han emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes, así como las acciones realizadas respecto de las propuestas que le hiciera la CNDH en su informe especial sobre los casos de secuestro a migrantes.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, para estudio y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

La finalidad del punto de acuerdo propuesto es que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación, comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para informar “detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes y particularmente las acciones realizadas respecto de las propuestas que le hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Informe especial sobre los casos de secuestros a migrantes”.

Consideraciones

México, en su condición de país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, posee responsabilidades múltiples en materia de derechos humanos.

La masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, a finales de agosto de 2010, donde perdieron la vida 72 migrantes procedentes de Centroamérica y Sudamérica, no es un hecho aislado.

Numerosos casos reportados en los medios de difusión masiva y las recomendaciones al respecto emitidas por la CNDH dan testimonio de que México tiene gran déficit en materia de respeto de los derechos humanos de los migrantes.

En el asunto que nos ocupa resulta de suma importancia conocer del comisionado del INM las acciones que realiza éste en la problemática expuesta por el proponente.

La pertinencia de la comparecencia que se solicita encuentra su fundamento en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en el párrafo 4 refiere la facultad de las comisiones ordinarias para solicitar la comparecencia de servidores públicos de distintas dependencias ante la propia comisión.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cita al comisionado del Instituto Nacional de Migración a que comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos con objeto de que informe detalladamente sobre las acciones que en el ámbito de su competencia ha emprendido para el combate del creciente secuestro de migrantes y particularmente las acciones realizadas respecto a las propuestas que le hiciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe especial sobre los casos de secuestros a migrantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, queda reservado para votarse en conjunto.

El diputado García Granados quiere hacer una propuesta respecto de la lectura de los puntos de acuerdo.

El diputado Miguel Ángel García Granados(desde la curul): Gracias, presidente. Respetuosamente solicitaría a esta asamblea que enlistados como están en el orden del día los puntos de acuerdo, y en razón de que contamos con la Gaceta Parlamentaria y el orden del día publicado, se omitiera la lectura de los mismos y fueran sometidos a consideración, no así los que tienen reserva, para efecto de obviar el tiempo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Entonces usted nos propone que le demos lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo como vienen enlistados en el orden del día, exclusivamente, y solo se lean los resolutivos de aquellos puntos que han sido reservados. Entonces, primero vamos a escuchar la lectura de todos los puntos que no tienen reservas y que son los que están marcados con los números 4, 5 y 7. Adelante, señora secretaria.

DESARROLLO DE LOS NUCLEOS EJIDALES Y COMUNALES

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas los planes de desarrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada la propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república para análisis y estudio, a fin de emitir el dictamen correspondiente.

De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a su consideración el dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo mencionado, que se realiza conforme a los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de abril de 2010, el pleno de la Cámara de Diputados, tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las instituciones de educación superior vinculadas al sector rural los planes de desarrollo de los núcleos ejidales y comunales de la república, presentada por los diputados Francisco Alberto Jiménez Merino, Cruz López Aguilar, María Hilaria Domínguez Arvizu, Óscar García Barrón, Felipe Cervera Hernández, Jorge Carlos Ramírez Marín, José Óscar Aguilar González, Julieta Octavia Marín Torres, Héctor Velasco Monroy, Guillermina Casique Vences, Guadalupe Pérez Domínguez, Jenny de los Reyes Aguilar, Gerardo Sánchez García, Carlos Cruz Mendoza, Narcedalia Ramírez Pineda, Manuel Humberto, Cota Jiménez, Margarita Gallegos Soto, Isabel Merlo Talavera, Leticia Robles Colín, Roberto Rebollo Vivero, Fermín Montes Cavazos, Antonio Aysa Bernat, Héctor Fernández Aguirre, Jaime Sánchez Vélez, Rosalinda Mazarí Espín, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Silvio Lagos Galindo, Violeta Avilés Álvarez, Julián Nazar Morales, Socorro Sofío Ramírez Hernández, Cuauhtémoc Salgado Romero, Delia Guerrero Coronado, David Hernández Vallín, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. Con la misma fecha, con el oficio número DGPL 61-II-3-522, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 2160, con esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.

3. Con fecha 3 de mayo de 2010, la mesa directiva de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los integrantes para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.

4. En sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma Agraria, previa distribución del expediente entre los diputados integrantes por su mesa directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió a análisis y aprobación la propuesta de dictamen, misma que fue aprobada.

Contenido de la propuesta

En la exposición de motivos, los diputados autores de la propuesta comentan que México cuenta con 31 mil 480 ejidos y comunidades agrarias, que incluyen a aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, que representan 53 por ciento del territorio nacional.

Que se repartió la tierra y se ha regularizado a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y se ha entregado la carpeta básica que describe en términos generales sus características y recursos, pero no se ha contado con un programa de desarrollo sustentable.

Que con excepción de la atención al establecimiento del libro de contabilidad, la atención a asambleas, la credencialización de las mesas directivas, así como Programas de la Mujer, Joven Emprendedor Rural, Fondo de Tierras y Atención a Conflictos Agrarios, con presupuestos muy limitados, en realidad no hay un plan de desarrollo específico para los ejidos y comunidades agrarias de México, existiendo un menosprecio y un trato como mexicanos de segunda clase por parte de los gobiernos de los diferentes órdenes y tendencias políticas.

Que hay un desconocimiento de los recursos naturales existentes, así como de las potencialidades de los propios núcleos agrarios. La falta de un plan ha dificultado que los ejidatarios y comuneros puedan aprovechar sus riquezas, imposibilita la implementación de acciones que favorezcan e impulsen el crecimiento y desarrollo de éstos.

Que lo anterior ocasiona un grave deterioro ambiental que pone en riesgo la sustentabilidad de las generaciones futuras; provoca que se reproduzcan modelos productivos de bajo nivel tecnológico, bajos rendimientos y niveles productivos y, reducidos ingresos para miles de familias que dependen de las actividades primarias.

Que a la fecha no hay información útil que permita identificar de manera clara los elementos más importantes que los núcleos agrarios tienen para su desarrollo, más allá de la carpeta básica que cuando mucho describe generalidades sobre la vegetación, la tierra, las masas de agua, los minerales y las colindancias.

Que en 70 por ciento de los núcleos agrarios; esto es, más de 22 mil ejidos y comunidades, los jóvenes no se están integrando a las actividades del campo; hay una grave desvinculación generacional que pone en riesgo la continuidad de este tipo de figuras agrarias. De igual forma, ante la falta de apoyos y alternativas, la migración de la población rural se ha venido incrementando de manera preocupante. El proceso de expulsión poblacional no se ha detenido, y ahora son las mujeres y los menores quienes están aumentando el porcentaje de migración.

Que no se puede hacer un plan de trabajo porque no se tienen los elementos básicos para tomar decisiones e incidir en procesos de desarrollo sustentable. Los asesores técnicos no cuentan con un instrumento informativo elemental para iniciar planes de mejora productiva y socioeconómica.

Y que sin embargo, es muy urgente promover un incremento importante de la productividad agropecuaria, forestal y acuícola de los ejidos y comunidades agrarias de México, para lo cual se requiere desarrollar una ficha descriptiva, sencilla, en no más de una hoja tamaño carta por los dos lados, que contenga una radiografía del núcleo agrario con información útil para tomar decisiones y diseñar un Plan de Acciones de Mejora Productiva y Ambiental mediante el cual se logren aprovechar sus potencialidades en beneficio de los sujetos agrarios.

Que el contenido del estudio que se propone debe incluir

• Diagnóstico: Qué producen y hacen actualmente.

• Problemática productiva: Qué limita las actividades económicas en el campo.

• Problemática ambiental y socioeconómica: que está deteriorando los recursos naturales y amenazando el futuro de las nuevas generaciones.

• Recursos naturales disponibles: con qué se cuenta para sobrevivir y desarrollarse.

• Actividades productivas potenciales: qué se puede producir de acuerdo a las posibilidades ambientales, a las necesidades de autoconsumo y a la demanda de los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

• Acciones de mejora productiva: Cómo hacer mejor lo que ya se hace, aprovechando al máximo lo que se tiene.

Consideraciones

En el análisis de la propuesta se hicieron las siguientes consideraciones:

Primera. Que el diagnóstico de la situación prevaleciente en el campo presentada por la propuesta, da cuenta de que existe un problema, una crisis en los ejidos y comunidades del país, derivado de que no están articuladas las disposiciones de la Ley de Planeación, de Ley Agraria, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta última prevé en la fracción I de su artículo 41 que a la Secretaría de la Reforma Agraria corresponde “aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional así como las leyes agrarias y sus reglamentos; y en su fracción VIII. Resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales.

Segunda. El artículo 5 de la Ley Agraria en vigor señala que las dependencias y las entidades competentes de la administración pública federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo; pero no especifica cuáles son las dependencias competentes para estos propósitos.

Tercera. La Ley Agraria no especifica cuáles son las dependencias y entidades competentes para sus propósitos, pero la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal identifica a la Secretaría de la Reforma Agraria para el cumplimiento de sus mandatos y la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable dispone en su artículo 1o., que es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable, y que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable es competente para este propósito (artículo 10) y de esta comisión es parte la Secretaría de la Reforma Agraria (artículo 21) y en el artículo 2o. establece que los ejidos y comunidades son sujetos de esta ley.

Cuarta. Que según esta última legislación, el desarrollo rural sustentable incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. Que las dependencias competentes son las que integran la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, que son, según el artículo 21, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de la Reforma Agraria; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

Quinta. Respecto a la planeación del desarrollo rural, ésta está considerada en primer término en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el artículo primero. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 la sustentabilidad no está referida al desarrollo rural sino al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental; y la sustentabilidad ambiental es uno de los cinco ejes en torno de los cuales se articulan las estrategias y los objetivos nacionales y todas las políticas que consideran la sustentabilidad ambiental en el crecimiento de la economía, son centrales en el proceso que favorece el desa-rrollo humano sustentable. Es decir, el desarrollo rural sólo existe en el plan y si existe, existe subordinado a la sustentabilidad ambiental.

Sexta. En la fracción II del artículo 13 de la Ley de De-sarrollo Rural Sustentable, se establece: “En los programas sectoriales se coordinará y dará congruencia a las acciones y programas institucionales de desarrollo rural sustentable a cargo de los distintos órdenes de gobierno y de las dependencias y entidades del sector”; es decir, no hay un programa nacional para el desarrollo rural sustentable de mediano y largo plazos de carácter transversal.

Séptima. En la fracción V del mismo artículo 13 se prevé: “A través de los distritos de desarrollo rural se promoverá la formulación de programas a nivel municipal...” Esta promoción podría extenderse a ejidos y comunidades en tanto sean partes integrantes del nivel municipal; pero así como a los municipios se les apoya con asesoría técnica y recursos del gobierno federal a través de la Sagarpa, podría disponerse de asesoría técnica y recursos del gasto público federal para apoyar la formulación de programas ejidales y comunales.

Octava. En el artículo 24 se establece que con arreglo “a los principios de federalización se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano; en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas”, y no se prevé la integración de Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable en ejidos y comunidades por no formar parte de las figuras de los órdenes de gobierno.

Novena. En el artículo 26 se dispone: “En los consejos estatales se articularán los planteamientos, proyectos solicitudes de las diversas regiones de la entidad, canalizados a través de los distritos de desarrollo rural. Los consejos municipales definirán la necesidad de convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales, mismos que se integrarán al programa especial concurrente. De la aplicación de esta ley, existe un consejo de desarrollo rural sustentable por cada municipio y un plan de desarrollo rural sustentable por cada municipio.

Décima. No hay derivado del Plan Nacional de Desa-rrollo 2007-2012 un programa nacional de desarrollo rural sustentable 2007-2012, o un programa sectorial de desarrollo rural sustentable 2007-2012, sólo existe para los propósitos del desarrollo rural sustentable el programa especial concurrente, con horizonte anual igual que el Presupuesto de Egresos de la Federación. No hay mediano y no hay largo plazos.

Undécima. Esta comisión reconoce que el objeto de la Ley de Planeación es el desarrollo nacional. El proceso no obliga a ejidos y comunidades a hacer un plan para cada uno, ni al gobierno federal a hacerlo por ellos. El proceso es obligatorio para el gobierno federal, se realiza en coordinación con las entidades federativas que tienen sus propias leyes y sus propios planes, y de manera concertada e inducida con los sectores social y privado. Los ejidos y las comunidades están considerados en el sector social, consecuentemente opinan, proponen, pero a ellos no obliga este proceso y son objeto de concertación de compromisos o convenio y también de inducción.

La legislación manda a la administración pública federal a organizar sus acciones en el Plan Nacional de De-sarrollo; pero no la obliga a hacer planes estatales ni municipales para estos órdenes de gobierno, mucho menos para ejidos y comunidades que no son órdenes de gobierno. No obstante, el párrafo segundo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone que “los distritos de desarrollo rural coadyuvarán en el fortalecimiento de la gestión municipal del desarrollo rural sustentable e impulsar la creación de los consejos municipales... y apoyarán la formulación y aplicación de programas concurrentes municipales del desarrollo rural sustentable”. Esto es justamente lo que hay que hacer en los ejidos y comunidades, apoyar su formulación siempre y cuando lo consientan, lo demanden, y por información disponible y la estrecha relación con ellos, la Secretaría de la Reforma Agraria sería la más indicada. La faculta la Ley Agraria, Ley de Desarrollo Rural Sustentable al ser parte de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Duodécima. Sin embargo, el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ya establece la capacitación como una vía para este propósito al prescribir: “Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularan y ejecutaran bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnostico, la planeación, la producción, organización, la transformación, la comercialización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a ejidos y comunidades y a los que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social.

Decimotercera. La propuesta de este punto de acuerdo es muy pertinente si se toma en cuenta todo lo anterior, constituye una reacción ante esta situación de crisis en el campo, considerando que la Ley Agraria desde 1992 no previó disposiciones para la instrumentación de sus propósitos de desarrollo rural y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001 limita los esfuerzos de planeación de este desarrollo a los ámbitos federal, estatal y municipal como órdenes de gobierno y no incluye en estos procesos de planeación a sus principales sujetos: los ejidos y las comunidades. Pero puede apoyarlos con capacitación y los planes ejidales y comunales serían verdaderos instrumentos de concertación entre los ejidos y las comunidades con los distintos órdenes de gobierno.

Decimocuarta. Que en vista de lo anterior, principalmente de que no hay legislación expresa para elaborar o apoyar la elaboración de planes de desarrollo de ejidos y comunidades, es viable, necesaria y urgente la realización de lo propuesto por el punto de acuerdo, a reserva de que la Comisión de Reforma Agraria proponga a través de sus integrantes una iniciativa de reforma y adiciones de las Leyes Agraria, de Desarrollo Rural Sustentable, y Orgánica de la Administración Pública Federal para allanar este vacío jurídico que excluye y margina a ejidos y comunidades de modo que permita reorientar las atribuciones de la Secretaría de la Reforma Agraria hacia los propósitos del desarrollo rural integral sustentable.

En razón de lo expuesto, la Comisión de Reforma Agraria somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a efecto de que

1. En coordinación con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas elabore los planes de desa-rrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios existentes en el país.

2. Lo anterior será presentado al menos en una ficha que destaque los recursos naturales disponibles, las principales actividades productivas, la problemática ambiental, la problemática y potenciales de la actividad productiva, así como un plan de 10 mejoras sustantivas y de 10 acciones de capacitación y asesoría para mejorar su productividad y procurar el desarrollo sustentable en el corto, mediano y largo plazos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados: Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas, Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Felipe Cervera Hernández, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas Ramírez, Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilar (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estando a discusión y no habiéndose registrado orador alguno, se considera discutido y se reserva para votarlo en conjunto.

DESARROLLO AGRARIO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Reforma Agraria a emitir y poner en marcha con la mayor brevedad una política que oriente el desarrollo agrario y el ordenamiento territorial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo  por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a emitir y poner en marcha, con la brevedad posible, una política de Estado tendente a orientar el desarrollo agrario del país y el ordenamiento territorial.

De conformidad con los artículos 39, numeral 3, 44 y 45  de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  y 58, 60,  87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión somete a su consideración el dictamen mediante el cual se aprueba el punto de acuerdo antes mencionado, que se rea-liza bajo los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 29 de abril de 2010, el pleno de esta honorable Cámara de Diputados tuvo conocimiento de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a emitir y poner en marcha, con la brevedad posible, una política de Estado tendente a orientar el desarrollo agrario del país y el ordenamiento territorial,  presentada por el diputado Luis Félix Rodríguez Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2.  Con la misma fecha, con oficio número D.G.P.L. 61-II-8-465, la Mesa Directiva turnó a la  Comisión de Reforma Agraria el duplicado del expediente número 2360 conteniendo esta propuesta, para análisis, estudio y emisión de dictamen.

3.  Con fecha 3 de mayo de 2010, la Mesa Directiva de esta Comisión de Reforma Agraria distribuyó copia del expediente a los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria para su conocimiento, análisis y opinión para dictamen.

4. En sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2011, la Comisión de Reforma agraria,  previa distribución del expediente entre los integrantes por su Mesa Directiva, e integración de las opiniones recibidas con suficientes días de anticipación, sometió el proyecto de dictamen a estudio y aprobación, en su caso, el cual fue aprobado.

Contenido de la propuesta

En su exposición de motivos, el promovente refiere que en diciembre de 1991, la LV Legislatura del Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 27 constitucional y la expedición de una nueva Ley Agraria. Con ello se dio por terminado el principal proceso justicialista del siglo XX en México, el reparto agrario, y a la vez se reformó el sistema de propiedad, con lo cual se abrieron las puertas de los ejidos y de las comunidades a los mercados de tierras.

Que al igual que la ley del 25 de junio de 1856, mejor conocida como Ley Lerdo, la reforma constitucional de 1992 puso a circular las tierras de los ejidos y de las comunidades, incorporándolas virtualmente al comercio inmobiliario. Dicha medida desamortizó 103 millones de hectáreas que antes de ahí no se podían vender, ni ceder, ni rentar, ni dar en usufructo, ni aportar en sociedad, ni ofrecer en garantía.

Que hasta el 6 de enero de 1992 en los mercados de tierras de nuestro país, solamente circulaba la propiedad privada, la cual apenas rebasaba los 74 millones de hectáreas. Con la publicación de las reformas al artículo 27 de la Constitución federal, dicho mercado se elevó a más de 170 millones de hectáreas, lo que representa un aumento cercano a 150 por ciento, aumento suficiente para trastocar cualquier mercado.

Que a diferencia de la Ley Lerdo que puso la propiedad en el mercado de manera directa y forzosa, la desamortización detonada en 1992 la hizo circular de forma indirecta y voluntaria, es decir, condicionada, ya que la sujetó a su regularización y al libre albedrío de los afectados.

Que la reforma desamortizó virtualmente la propiedad de los núcleos agrarios porque la incorporación legal de las tierras del sector social a los mercados formales inmobiliarios no se dio de manera automática y directa, sino que se le ligó a su previa regularización. Dicho de otro modo, para que cualquier operación jurídica con la tierras ejidales fuera legal era necesario que primero deslindaran, delimitaran, destinaran, asignaran y titularan las tierras de los núcleos agrarios, de acuerdo con el procedimiento señalado en la ley de la materia.

Que esto constituyó un gran acierto de quienes nos precedieron en la LV Legislatura, ya que de no haber sido así lo más seguro es que se hubiera desencadenado una desamortización totalmente anárquica, desordenada y fuera de control que muy probablemente hubiera agudizado los problemas que se quisieron remediar. En cambio, al sujetar la circulación de las tierras de los ejidatarios y comuneros a su previa regularización, se impuso un candado que impidió su venta desbocada e indiscriminada.

Que en los hechos, esta medida dio lugar a la puesta en marcha del programa agrario más ambicioso de las dos últimas décadas, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el cual operó hasta 2006 habiendo alcanzado a regularizar a más de 90 por ciento de los núcleos ejidales.

Que por desgracia, lo que con ello se logró se está yendo por la borda debido a que no bien se acaba de normalizar la situación legal de las tierras ejidales cuando inicia una transferencia irrefrenable de parcelas y terrenos de uso común que obviamente propicia que los peces grandes devoren a los pequeños, permitiendo que quienes más tienen más acaparen, sobre todo las grandes empresas privadas nacionales y extranjeras, las que a diario se quedan con las mejores tierras de los núcleos ejidales a cambio de un simple plato de lentejas.

Que nadie ignora que los principales beneficiados con la desamortización agraria en curso no han sido los propietarios de la tierra, sino los dueños del capital. Estos han medrado con la situación a la sombra de la necesidad campesina y la falta de conocimiento del marco jurídico vigente, ante la lenta movilidad y capacidad de reacción de las autoridades del ramo, en especial, de la Procuraduría Agraria, tan joven y tan burocratizada.

Que de esta suerte, lo que debió haber sido una desamortización ordenada y equilibrada —económica y ambientalmente hablando— se convirtió en una romería sin control que dejó escapar la irrepetible oportunidad histórica de inducir el ordenamiento del territorio nacional a través de la regularización planificada de la propiedad ejidal. Al no haberlo hecho así, el gobierno federal permitió que fuesen las fuerzas del mercado las que dictaran el rumbo de la desa-mortización agraria las que, desde luego, se desarrollan de manera anárquica.

Que amplias áreas otrora ejidales localizadas en la periferia de los centros urbanos han pasado a manos de inmobiliarias privadas o se han fraccionado clandestinamente, la mayoría de las mejores playas del país han sido transferidas a corporaciones hoteleras y turísticas, enormes superficies ejidales de uso agrícola se han vendido a particulares o se encuentran rentadas en bloques de ingentes dimensiones, grandes extensiones ubicadas en zonas agrícolas de riego han devenido campos de golf, numerosos ejidos situados cerca de las grandes ciudades se han subdivido en millares de fincas de fin de semana, todo esto sin que se haga a la luz de una política de Estado en materia agraria que ordene y conduzca el proceso de desamortización de la propiedad ejidal y de la comunal.

Que en particular, en Morelos, el tráfico irregular de tierras se ha vuelto pan de todos los días. Tanto a nivel parcelario como a nivel de núcleo, el mercado inmobiliario presenta una intensa actividad informal no exenta de abusos y despojos. Los tribunales agrarios están saturados de conflictos nacidos al amparo de la nueva irregularidad, mientras que la Procuraduría Agraria, de por sí con escasa eficacia operativa, se encuentra enfrascada en funciones que no corresponden a los entes de su naturaleza, como la organización y la capacitación, en perjuicio de la rectoría que debe ejercer la Secretaría de la Reforma Agraria.

Que en tanto la estructura de la tenencia de la tierra se encuentre en un movimiento tan intenso como el que hoy experimenta, es necesario que el Estado incida en el proceso de transferencia y conversión de la propiedad a fin de evitar desequilibrios sociales que a largo plazo pongan en riesgo la estabilidad política del país. De ahí la importancia de que el gobierno federal intervenga en el proceso operando como regulador de los mercados y compensador de los desbalances económicos y sociales.

Que la desamortización es un proceso fundamental que repercutirá forzosamente en la estructura agraria del país. Si ya conocemos las desastrosas consecuencias que tuvo la desamortización detonada a mediados del siglo XIX es importante que tomemos la precauciones necesarias para que con la desamortización actual no vuelva a ocurrir lo mismo. Aunque no se vea, el campo mexicano está registrando un intenso proceso de transferencia de la propiedad que tiende a modificar a fondo la estructura de la tenencia de la tierra. Hay que evitar que esa modificación se dé de nuevo a costa de los que menos tienen. Ello demanda que esta soberanía formule un efectivo llamado al Ejecutivo federal para que actúe al respecto y sin dilación alguna.

Consideraciones

En el análisis de la propuesta se hicieron las siguientes consideraciones:

Primera. Que el diagnóstico de la situación prevaleciente en el mercado de tierras presentada por la propuesta, da cuenta de que es necesario hacer un análisis más profundo de este fenómeno. Existen estudios que muestran una apreciación diferente del mercado de tierras. Actualizar el diagnóstico es condición necesaria para diseñar cualquier política al respecto. Quizá sea esto lo primero que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes: la Secretaría de la Reforma Agraria y en particular, la Procuraduría Agraria, que a esta última, la Ley Agraria en su artículo 135 le establece como función, la defensa de los derechos de los ejidatarios y comuneros, entre otros sujetos sociales.

Segunda. Que la Secretaría de la Reforma Agraria está facultadapara atender el exhorto planteado en esta proposición con  punto de acuerdo.La Ley Orgánica de la Administración Pública federal, en su artículo 41, fracción VIII, otorga  a la Secretaría de la Reforma  Agraria, la atribución de resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales.

Tercera.Por su parte ,la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reconoce a la Secretaría de la Reforma Agraria como parte de la Comisión Intersecretarial para el Desa-rrollo Rural Sustentable según los artículos 10 y 21de esta ley y el artículo 5o. del mismo ordenamiento, en su fracción I, establece que serán considerados prioritarios las políticas, acciones y programas orientados conforme a esta fracción, a promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo al no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso.

Cuarta.Que la LeyGeneral de Asentamientos Humanos en sus artículos 42 fracción III y 43, establecen tanto la participación de la autoridades agrarias como los requisitos, de la incorporación de terrenos ejidales y  comunales,  al desarrollo urbano y la vivienda.

Quinta.México cuenta con 31,480 ejidos y comunidades agrarias que incluyen a aproximadamente 3 millones 100 mil sujetos agrarios, quienes poseen 103 millones de hectáreas, y este número de hectáreas de propiedad social, representan el 53 por ciento del territorio nacional. La venta de tierras ejidales y comunales ¿han hecho que disminuyan los ejidos, las comunidades, los sujetos agrarios o las proporciones antes descritas? Los datos censales muestran que los ejidos y comunidades no han disminuido de 1991 al 2001. Por el contrario, estos han aumentado. El censo que este año se realiza, puede confirmar esta tendencia.

Sexta.En efecto, a partir de la Ley Agraria de 1992, la adopción del dominio pleno total —para todo el ejido o la comunidad— o parcial —sólo para algunas parcelas— es el que da la posibilidad real de mercantilizar la tierra de propiedad social. Respecto a la tendencia del número de  núcleos agrarios que han asumido el dominio pleno existen registros que informan  que en 1993, un año después del inicio de la vigencia de la Ley Agraria, sólo ocho trámites de esta naturaleza fueron registrados. Cinco años después, para agosto de 1998 ya sumaban 552. Quince años después, se reconocen más de 3mil.

Séptima. Otra forma de ver este asunto podría ser el siguiente: según información de la Procuraduría Agraria, de los integrantes de los ejidos incorporados al Procede, hasta junio de 2010   se han enajenado de forma acumulada 561,710 derechos agrarios de parcelas ejidales,  observando este fenómeno una tendencia creciente o ascendente desde 1993 hasta 2009 que alcanza un número máximo de 54,420 derechos parcelarios enajenados en este último año.

Octava.Una imagen de concentración de tierras probablemente de propiedad privada que refleje los cambios en la tenencia entre las formas de propiedad, particularmente cambios de la propiedad social a la propiedad privada, podría ser el siguiente: Según datos censales, en el segmento de tierras productivas identificadas como  “unidades de producción” las que acusan un tamaño de más de 20 hectáreas, han aumentado en un 1por ciento de 1991 al 2007.

Novena. De acuerdo con estos datos, los 103 millones de hectáreas de propiedad social no están totalmente en el mercado de tierras, lo están solamente 2 millones 317, 264 hectáreas de 3mil 485 núcleos agrarios sobre las cuales se ha adquirido el dominio pleno para 105 mil 572 beneficiarios. El mercado no está todavía trastocado y este mercado no es todavía una romería sin  control, pero esta Comisión reconoce que preventivamente se precisa la intervención de las autoridades competentes para evitarlo.

Décima. Respecto al desventajoso y desordenado mercado de tierras ejidales involucrados en los procesos de urbanización, este es histórico y previo a la  reforma a la Ley Agraria de 1992.  Según la Secretaría de la Reforma Agraria, históricamente, 1,191 núcleos agrarios se han considerado urbanos o comprendidos dentro de la mancha urbana; sin  embargo  en 6,194 núcleos se han presentado asentamientos humanos irregulares. Los estados que históricamente han presentado  mayor proporción de asentamientos irregulares son en este orden, de mayor  a menor: Morelos, Nayarit y el Distrito Federal, entidades cuyas áreas ejidales se han ocupado en un elevado porcentaje.

Undécima. La gran mayoría de los ejidos en los que se ha agotado el trámite del dominio pleno, comparten una característica, se trata de ejidos inmersos o cercanos a zonas urbanas. Están localizados en municipios comprendidos en alguna de las 58 zonas metropolitanas más grandes del país. El resto de los núcleos ejidales que han autorizado  la adopción del dominio pleno, se encuentran  cercanos a asentamientos humanos considerados urbanos, algunos de ellos en ciudades que, aunque no se encuentran en el listado de las grandes urbes del país, no dejan de tener gran relevancia como Los Cabos, en Baja California Sur; Puerto Vallarta; Lagos de Moreno y Chapala, en Jalisco; San Juan del Río, Querétaro; Guasave y El Fuerte, en Sinaloa; Huatabampo y Aguaprieta, en Sonora; Huamantla, Tlaxcala; o Jerez, Zacatecas, por citar algunas.

Duodécima. Ya en la primera década de vigencia de la Ley Agraria de 1992, Arturo Warman –quien en ese entonces fungía como Procurador Agrario- señalaba que el cambio de dominio de parcelas ejidales  se decidió para incorporarse con legalidad y ventajas al desarrollo urbano. Con este propósito se constituyeron sociedades mercantiles y se conformaron inmobiliarias ejidales con cientos de socios, todos ejidatarios, para urbanizar la tierra y recibir el precio justo. De cualquier forma —dice— “no se ha dado el cambio generalizado de dominio pleno en ejidos rurales. La “privatización” no está sucediendo”.

Decimotercera.Desde los primeros años de vigencia de la  Ley Agraria de 1992, se percibió que los  ejidos que cambiaron el régimen de propiedad de su superficie, su condición era de núcleos conurbados. Ante estos hechos se consideró por los estudiosos de estos asuntos, que bajo esas condiciones, la incorporación potencial de la superficie ejidal y comunal al mercado de tierras difícilmente derivaría en la acumulación generalizada de predios por parte de la iniciativa privada. De cualquier forma se reitera, el diagnóstico de esta iniciativa constituye un llamado de atención y se estima que es urgente confirmar o negar esta hipótesis y el punto de acuerdo que se estudia, ayudará a lograr este propósito y a tomar las  medidas de política necesarias.

En razón de lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Esta soberanía, por conducto de su Presidencia, exhorta al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria y a las entidades sectorizadas a emitir y poner en marcha, con la brevedad posible, una política de Estado que tienda a orientar a corto, mediano y largo plazos, el desarrollo agrario del país e induzca el ordenamiento territorial, a través del proceso de desamortización, a fin de que el perfil cuantitativo y cualitativo de la estructura de la tenencia de la tierra y su composición social y geográfica, en los años venideros responda a las directrices de los grandes objetivos nacionales en materia de desarrollo rural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Óscar García Barrón (rúbrica), presidente; María Hilaria Domínguez Arvizu (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), María Estela de la Fuente Dagdug, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas, Luis Hernández Cruz (rúbrica), secretarios; Felipe Cervera Hernández, Rafael Rodríguez González (rúbrica), Enrique Salomón Rosas, Héctor Fernández Aguirre (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), María Esther Terán Velázquez, Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, María Felícitas Parra Becerra (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston, Gumercindo Castellanos Flores, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Domingo Rodríguez Martell (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Filemón Navarro Aguilera (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tampoco presenta oradores, por lo que queda discutido y será votado en conjunto.

MEXICANA DE AVIACION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de que por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil se establezcan procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional; y se exhorta al titular de dicha dependencia a realizar acciones e implantar medidas para prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecios con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo a fin de que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional y la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confiere los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la Proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Transportes, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión de Transportes fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 61-II-4-595 que contiene la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional presentada por la diputada Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2010 y el expediente No. 61-II-8-546, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, presentada por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en sesión celebrada el 6 de octubre de 2010.

En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 30 de septiembre de 2010, la diputada Georgina Trujillo Zentella, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional y en sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el 6 de octubre de 2010, la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales.

Con fecha 30 de septiembre y 6 de octubre de 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar las proposiciones con punto de acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes hace de su conocimiento el contenido respecto de la proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil, establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.

1. A partir del 12 de mayo de 1995, con la publicación de la Ley de Aviación Civil, se estableció un nuevo marco regulatorio para el transporte aéreo en México, que introdujo nuevos conceptos, entre los que destaca la liberación de tarifas de los servicios domésticos.

2. Asimismo, para evitar prácticas monopólicas y asegurar una competencia efectiva en el mercado, la Ley de Aviación Civil establece un mecanismo de vigilancia, corrección y regulación a través de la Comisión Federal de Competencia, con el objetivo de que se establezcan bases de regulación tarifaria en casos excepcionales.

Sin embargo, después de la liberación de las tarifas se han suscitado eventos en el mercado que han puesto de manifiesto la necesidad de un procedimiento de monitoreo de precios, que detecte oportunamente tendencias que amenacen el eficiente progreso de los servicios de transporte aéreo, así como una regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional.

3. Este fenómeno se ha incrementado en los últimos años, derivado del aumento en la demanda de boletos en las diferentes temporadas vacacionales, lo que ha provocado el encarecimiento de las tarifas aéreas: hasta tres veces más que el precio regular.

Asimismo, la suspensión de manera indefinida del Grupo Mexicana (Mexicana de Aviación, Mexicana Link y Mexicana Click), el pasado 28 de agosto, ha perjudicado a los viajeros, ya que además de la saturación, otro problema ha sido el precio del pasaje, toda vez que en algunos destinos ha habido aumentos hasta del 100 por ciento. Por otro lado, otra de las razones ha sido que los pasajeros que ya no pueden tomar los vuelos directos que operaba en exclusiva Mexicana, ahora son obligados a recurrir a viajes con escalas, lo que aumentó los costos de las rutas y saturó los aviones.

Ahora bien, respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realice acciones y mecanismos necesarios, a fin de prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecio a las tarifas con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales, se hace de su conocimiento el siguiente contenido.

1. La línea aérea Mexicana de Aviación está teniendo serios problemas de operación. Dicha línea enfrenta en este momento un juicio de concurso mercantil que pone en riesgo su permanencia en el mercado; en ésta misma problemática, se encuentran sus filiales con las cuales se cubrían las necesidades de transportación aérea nacional e internacional.

2. Por lo anterior, el futuro de los trabajadores es incierto, más aun la adecuada transportación de millones de personas y sobre todo, que merma los ingresos a las arcas del país, ya que es una de las empresas que generaba recursos a los diversos sectores productivos del país; los sectores más afectados son a todas luces el turismo, los comercios y el transporte de mercancías.

3. En el marco de sus atribuciones, la SCT tiene la obligación de consolidar las áreas estratégicas en la materia y garantizar los medios necesarios para que el transporte de personas y mercancías, se mantenga en niveles óptimos, lo que implica, que pese a las dificultades que vive actualmente Mexicana, evite que se cobren con ese pretexto sobreprecios o se pretenda aplicar un aumento considerado en el precio de las tarifas comerciales; así como que se inicie una política de sobre venta que puede dejar a muchos pasajeros en tierra.

4. Parte de los ejes rectores de la Secretaría, encontramos que el Estado tiene la obligación de emitir los instrumentos jurídicos que normen las actividades económicas y sociales de los particulares, cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados y generar el máximo beneficio para la sociedad.

5. Sin embargo, es posible que no toda la regulación responda a los fines deseables, pese a ello, si no se ejercen las facultades de manera adecuada, dicha situación, puede traducirse en mayores costos para la sociedad, barreras a la inversión y al comercio. En otras palabras, pérdida de competitividad.

Consideraciones

1. Esta Comisión de Transportes considera que de conformidad con la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, siendo estas las legislaciones aplicables al caso concreto, los concesionarios y permisionarios tienen la facultad de fijar libremente las tarifas por los servicios que presten, satisfaciendo las condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia al otorgar la prestación del servicio.

Asimismo, dichas tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios.

2. Por otro lado, la Secretaría cuenta con la facultad para negar el registro de las tarifas, cuando considere que las mismas implican prácticas predatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios.

De lo anterior, dicha dependencia podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para el otorgamiento de los servicios respectivos, para efecto de ordenar dichos niveles y para fomentar la sana competencia.

3. Ahora bien, en el presente caso es importante conocer, la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Competencia, siendo la misma una institución autónoma y eficiente, la cual tiene como objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, para contribuir al bienestar de la sociedad.

4. Por lo anterior, cuando la Secretaría, por sí o a petición de parte afectada, considere que no existe competencia efectiva entre los diferentes concesionarios o permisionarios, solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia, para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria. La regulación tarifaria o de precios que llegue a aplicarse, se mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron.

Aunado a lo anterior, los prestadores de servicios sujetos a alguna regulación podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia que emita en su momento su opinión, respecto a la subsistencia de tales condiciones.

5. De lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Transportes considera viable aprobar las proposiciones con punto de acuerdo en comento, pero con modificaciones, exhortando a la vez a la Dirección General de Aeronáutica Civil para efecto de que intervenga junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a las solicitudes propuestas. Asimismo, al tener la Secretaría la facultad para limitar el precio de las tarifas aéreas, es obligación de la misma, evitar que las líneas aéreas arbitrariamente impongan tarifas a los usuarios de dicho medio de transporte de una manera arbitraria y excesiva, en consecuencia al proceso de concurso mercantil que actualmente vive la compañía Mexicana de Aviación.

Aunado a lo anterior, se solicitará la opinión de la Comisión Federal de Competencia, para que, en su caso, la Secretaría establezca bases de regulación tarifaria.

Por lo expuesto, la Comisión de Transportes, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que establezcan mecanismos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional, previamente obtenida la opinión por parte de la Comisión Federal de Competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2010.

La Comisión de Transportes, diputados: Javier Gil Ortiz (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Adolfo Rojo Montoya, Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de la Madrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No habiendo discusión se reserva para ser votado en conjunto.

AGRICULTURA PROTEGIDA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y operar por la Sagarpa la ampliación con cobertura nacional del proyecto estratégico de agricultura protegida

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, diseñe y opere la ampliación con cobertura nacional del Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida. Presentada por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 102, 157,176, 180 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta este dictamen a partir de los siguientes

Antecedentes

El 15 de diciembre de 2010, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Agricultura y Ganadería la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa diseñe y opere la ampliación con cobertura nacional del Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida. Presentada por el diputado José María Valencia Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con base en los antecedentes anteriormente expuestos, los integrantes de la comisión, hemos tenido a bien formular las siguientes

Consideraciones

Que la dependencia alimentaría en México, se ha venido agudizando, de tal suerte que a la fecha ésta se expresa en que el consumo nacional de alimentos, se origina en el extranjero, en alrededor del 42 por ciento.

Que los factores de la producción, al ser escasos son objeto de una permanente competencia para el desarrollo de los diversos cultivos. En este sentido, los productos básicos y estratégicos, debido a este factor y a su menor rentabilidad, no son prioritarios para ser cultivados, por parte de algunos segmentos de productores de altos ingresos.

Que los rendimientos por hectárea en invernadero, son mucho mayores a los que se dan a cielo abierto. El caso del tomate, es un buen ejemplo, en invernadero pueden obtenerse entre 150 y 200 toneladas por ciclo, mientras que en el segundo se tienen rendimientos de hasta 30 toneladas por ciclo. Además debe señalarse que la duración de los ciclos en invernadero son significativamente menores. Lo anterior permite afirmar de manera contundente, que la modalidad de agricultura protegida, bajo las distintas tecnologías, posibilita la liberación de tierras de riego, que pueden ser usadas para el desarrollo de cultivos socialmente necesarios, es decir, los básicos y estratégicos.

Que con el propósito de extender la agricultura protegida en el país, en enero de 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), creó el “Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida” (PEAP), el cual tiene como objetivo: “incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores rurales y pesqueros a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico, para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados”.

Sus objetivos específicos son:

“•. Identificar y promover la agricultura protegida en áreas que propicien polos de desarrollo.

• Impulsar mecanismos de integración y desarrollo de los actores involucrados en la red de valor correspondiente.

• Fortalecer el desarrollo de mercados regionales estratégicos y nichos de mercado”,

Que este programa tiene cobertura nacional y en sus reglas de operación se establece un apoyo a productores ubicados en regiones de alta marginalidad, de hasta el 50 por ciento, en proyectos que no rebasen 4 millones de pesos.

Que la población objetivo que atiende dicho proyecto, son personas físicas o morales, que de manera individual u organizada, se dediquen a actividades del sector rural en su conjunto, que deseen incorporarse o fortalecer un sistema de producción bajo agricultura protegida.

Que la modalidad de agricultura protegida, bajo las distintas tecnologías, posibilita la liberación de tierras de riego, que pueden ser usadas para el desarrollo de cultivos socialmente necesarios, es decir, los básicos estratégicos como el maíz y el fríjol, ya que los mayores rendimientos en la agricultura nacional, se obtienen en las tierras que son explotadas mediante sistemas de riego.

Que el apoyo del Proyecto Estratégico podrá ser hasta del cincuenta por ciento (50 por ciento) del costo de la inversión para cada proyecto para los beneficiarios que se ubiquen en localidades de alta y muy alta marginación conforme a la tipología del Consejo Nacional de Población, Conapo, en cada entidad, y hasta cuarenta por ciento (40 por ciento) al resto de productores; en ambos casos sin rebasar los 4.0 millones de pesos por proyecto dependiendo del tipo de tecnología. Cuando la información del Conapo no permita identificar localidades de alta y muy alta marginación, se utilizará la información del Instituto Nacional de Estadídtica y Geografía para ubicar la localidad y clasificarla como de alta y muy alta marginación.

Que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria menciona en su artículo:

“Artículo 21. Los programas presupuestarios anuales se regirán por los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo”.

Que dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal de 2011, se asignaron 7 mil 172.5 millones de pesos para Proyectos Estratégicos, de los cuales se destinaron 600 millones de pesos a la Agricultura Protegida. En virtud de lo expuesto queda satisfecha la petición de recursos, cobertura y beneficiarios, planteados en ésta proposición.

Que los recursos aprobados por los diputados para el PEF de 2011 sean aprovechados en beneficio de la producción agrícola, particularmente en las zonas de alta marginación en el país.

Con base en los antecedentes y consideraciones manifestadas con anterioridad, los integrantes de la comisión, ponemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa, con base en el Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal de 2011 para Agricultura Protegida, se diseñe y opere la ampliación con cobertura nacional del Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente, Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo, secretarios; Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Iñiguez Gámez (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Estando a discusión y no habiéndose registrado ningún orador, queda discutido y será votado en conjunto.

COMISION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una comisión de la niñez, adolescencia y familias

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo citada al rubro del presente dictamen.

La comisión, con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción III, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

I. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 24 de marzo de 2010, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dio cuenta al pleno de la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables” para su estudio y dictamen, que nos fue comunicado mediante el oficio número D.G.P.L-61-II-4-539.

Contenido de la proposición

La promovente señala que “esta propuesta tiene como finalidad proteger los derechos de los niños mexicanos, así como encontrar la solución a las diferentes problemáticas que hoy afronta el futuro de la niñez”.

Además afirma que  “el 24 de febrero de 2010, la Junta de Coordinación Política aprobó nuevamente la creación de la Comisión Especial de la Niñez. Es por ello que se requiere de una homologación positiva entre la legislación federal y la de las entidades federativas, pues es necesario un piso común del cual se procuren los derechos humanos de las niñas y niños y se propicie un marco institucional legislativo que atienda los requerimientos específicos de la niñez, adolescencia y familias...”

Y propone que “se exhorta a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias”.  

Por lo que esta comisión dictaminadora soporta con las siguientes deliberaciones sus conclusiones al respecto de lo expuesto por la promovente.

Consideraciones

Primera. La soberanía de las entidades federativas radica esencialmente en el pacto federal, plasmado en los artículos 115, 116, 118, 124 y 43 constitucionales, en ellos se establece la soberanía de los estados integrantes de la federación; así como su relación con ésta.

Segunda. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos otorga al pleno de la Cámara la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias, y que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), de la misma ley, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al pleno la integración de las comisiones.

Y que en virtud del acuerdo por el que se crean seis comisiones especiales de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura aprobado por el pleno de la Cámara el 23 febrero de 2010, se crearon la Comisión Especiales para la Familia y la Comisión Especial para la Niñez.

Tercera. De manera comparativa, podemos afirmar que actualmente en los Congresos de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Veracruz y Yucatán hay una comisión que atiende los temas de la familia.

En los Congresos de los estados de Chiapas, Colima, Durango, Nayarit, Tabasco y Yucatán cuentan con una comisión que atiende los asuntos de la niñez.

El tema de la niñez es atendido por una comisión de grupos vulnerables en los congresos de los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En diez Congresos locales no se cuenta con alguna comisión que sea competente para atender los asuntos de la niñez y de la familia; estos son Aguascalientes, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Finalmente, en los Congresos de los estados de Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas la información relativa a la presencia o  no de una comisión de la niñez o de la familia, por el momento no se encontró.

Comisiones que atienden la situación de niñez, adolescencia y familia en los Congresos estatales

Fuentes: Páginas electrónica de cada uno de los congresos estatales.

S/C: Sin comisión de niñez o de familia o alguna relacionada.

N/D: Información no disponible.

Cuarta. De acuerdo con la publicación Los derechos de la infancia y la adolescencia en México: Una agenda para el presentede Unicef México, la armonización con respecto a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tan sólo en cuatro estados, al momento de la publicación del documento —abril de 2010—, no han promulgado una ley local en la materia; estos son Baja California Chihuahua, Guanajuato y Morelos

Sin embargo, en las siguientes entidades ya se promulgo la norma correspondiente:

Aguascalientes:                                             Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Aguascalientes, 2001.

Baja California Sur:Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Baja California Sur, 2001.

Campeche:Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche, 2004.

Chiapas:Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, 2006.

Coahuila:Ley para la Protección de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Coahuila, 2005.

Colima:Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Colima, 2004.

Distrito Federal:                                            Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, 2000.

Durango:Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Durango, 2002.

Estado de México:Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, 2004.

Guerrero:Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero, 2002.

Hidalgo:Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, 2003.

Jalisco;Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, 2003.

Michoacán:Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños del Estado de Michoacán de Ocampo          , 2001.

Nayarit:Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de Nayarit, 2005.

Nuevo León:Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, 2006.

Oaxaca:Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Oaxaca, 2006.

Puebla:Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2007.

Quintana Roo:Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 2004.

San Luís Potosí:Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, 2003.

Sinaloa:Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, 2001.

Sonora:Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, 2002.

Tabasco:Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco, 2007.

Tamaulipas:Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Estado de Tamaulipas, 2001.

Tlaxcala:Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Tlaxcala, 2004.

Veracruz:Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, 2008.

Yucatán:Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Yucatán, 2008.

Zacatecas:Ley Estatal de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes en el Estado de Zacatecas, 2007.

Fuente: Unicef, 2009.

Quinta. Esta comisión dictaminadora hace suya la conclusión del Comité de los Derechos del Niño, como órgano de expertos independientes establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño para supervisar su cumplimiento, en el sentido de que es necesario adoptar un marco legalplenamente compatible con los principios y disposiciones de la convención, lo cual exige una revisión exhaustiva de la legislación interna a fin de evitar la dispersión de disposiciones jurídicas en la legislación.

Lo que resulta plenamente compatible con la proposición materia del presente dictamen.

Sexta. Quienes emitimos el presente dictamen a la proposición de la diputada promovente coincidimos con ella en que es necesario que haya una instancia legislativa en los Congresos de los estados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que las reformas al título octavo del Código Penal Federal, en materia de explotación sexual infantil; las relacionadas con los temas de salud, infancia indígena, tratamiento de menores infractores, derechos de las niñas, entre otras, no se queden tan sólo en el ámbito federal, sino que se armonicen las leyes locales y que nuestra niñez cuente con los mismos derechos y garantías en todo el país. Estamos consientes, quienes dictaminamos la presente proposición de dos elementos importantes a considerar en este análisis:

a) La transversalidad, que implica que todas las comisiones de los Congresos y de la Asamblea trabajen en pro de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como por la defensa de su integridad y dignidad.

b) Las ponderaciones económicas, ya que es el costo por crear una comisión más, en algunos estados  será oneroso, para otros, con economías sanas y desarrollo por encima de la media nacional, no le resultará ninguna complicación la creación de una nueva instancia legislativa en el seno de congreso local.

Por lo expuesto y fundado en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables resolvemos que es procedente la proposición de la diputada Aguirre Maldonado, con algunos matices que consideramos le dan mayor viabilidad con los Congresos y la Asamblea.  En tal sentido, proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con absoluto respeto a la soberanía de los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les exhorta a incluir dentro de algunas de sus comisiones ordinarias los asuntos de la infancia y la familia, con objeto de armonizar su legislación a la federal; o en virtud de sus condiciones económicas y jurídicas creen una Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2010.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), presidenta; Claudia Edith Anaya Mota, Carlos Bello Otero, Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger, secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, Pedro Ávila Nevárez, Ilich Augusto Lozano Herrera, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Nelly Edith Miranda Herrera (rúbrica), Daniela Nadal Riquelme (rúbrica), Rosario Ortiz Yeladaqui (rúbrica), Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Malco Ramírez Martínez (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Héctor Guevara Ramírez, Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández, Margarita Liborio Arrazola, Caritina Sáenz Vargas, Laura Margarita Suárez González, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos. Está suficientemente discutido. Se votará con los demás puntos de acuerdo.

TELEFONIA MOVIL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Cofetel y de la Profeco a realizar acciones para que los proveedores de telefonía móvil digital atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del país

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; la Comisión de Comunicaciones, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 22 de febrero de 2011, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que realicen acciones para que el proveedor de telefonía digital Telcel, atienda el caso de comunidades rurales del país, conminándolo a prestar el servicio sobre las bases y la calidad contratadas por los usuarios, suscrita por la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número D.G.P.L. 61-II-1-1231, instruyó el turno de la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictaminación.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, procedió al análisis y elaboración del presente dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada Vizcaíno Silva señala que la telefonía digital móvil ha crecido en todo el mundo de manera considerable. Actualmente el sector telecomunicaciones es considerado uno de los puntos clave para el desarrollo económico de los países más avanzados.

Asimismo indica que vivimos en una época marcada como la era del conocimiento y de la información; dado que las tecnologías de comunicación, se han convertido en herramientas de uso cotidiano. Incluso, que la telefonía móvil ha superado de manera considerable los niveles obtenidos por la telefonía fija.

A pesar del comportamiento de la economía nacional y de la recesión económica mundial, que han afectado el dinamismo del sector telecomunicaciones, según datos proporcionados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) del 1 de diciembre de 2009, este sector presentó un crecimiento de 13.4 por ciento anual, que representa un leve repunte de acuerdo al cierre del segundo trimestre de ese mismo año.

Por otra parte, dentro del fenómeno de la globalización las telecomunicaciones han jugado un papel importante en el desarrollo económico y cultural de las sociedades, la simple idea de que cualquier persona pueda tener acceso a estar comunicado, es actualmente una necesidad, que resulta de una progresiva democratización y derecho del que todo ser humano tiene que apropiarse.

La diputada Vizcaíno Silva subraya que el crecimiento de los servicios de telefonía móvil es el resultado de la necesidad de sistemas de telefonía celular; a pesar de que los sistemas digitales funcionan bien, la demanda excede la capacidad en muchas regiones; más aún, algunos podrán decir –continua la diputada-, que los sistemas celulares GSM son más eficientes que los digitales, debido a que incluyen múltiples transmisiones simultáneas sobre un canal de radio simple. Este tipo de tecnología celular incluye también la digitalización de la señal de voz y la transmisión sobre el aire de una cadena de bits seriales; por ende los sistemas con tecnologías GSM ofrecen mayor flexibilidad para servicios adicionales, como despertador, cámara fotográfica, música, etcétera, que si bien es cierto, es lo que menos interesa a los usuarios de estas comunidades, debido a que lo que requieren esencialmente es estar comunicados.

Refiere que un ejemplo de ello se presenta en distintas comunidades del estado de Colima, como son La Becerrera, Estampilla, Agua de la Virgen, Las Tunas, Potrerillos, Las Conchas, entre otras, en donde el medio de comunicación más importante, si no es que el único, es el uso del teléfono digital, cuya cobertura y recepción les ha brindado importante soporte para estar comunicados. Cabe señalar que dada la condición económica precaria de estas regiones, para contratar y pagar este servicio telefónico, han tenido incluso que cooperarse entre varios vecinos.

Además, estos teléfonos digitales a lo largo del tiempo, requieren composturas e incluso mantenimiento para brindar un servicio óptimo; actualmente el área de atención a clientes de Telcel les ha manifestado su negativa a otorgarles los servicios adicionales que las líneas y aparatos requieren, proponiendo a los clientes que acuden a ellos, que en lugar de una compostura o mantenimiento, opten por comprar otro sistema, planteándoles cambiar su aparato telefónico y acto seguido, el cambio a un sistema de chip; argumentando que la red digital en poco tiempo será obsoleta y quedará fuera de servicio.

Lo anterior implica un nuevo desembolso para el consumidor, el cual no tenía contemplado, cubriendo la totalidad de un nuevo contrato telefónico, lo que repercute de manera directa contra los usuarios de escasos recursos económicos, como es el caso de las comunidades rurales de nuestro país, que están siendo directamente afectadas al no otorgarles el servicio al que Telcel se comprometió, dejándolos incomunicados. Obviamente la afectación para el consumidor es enorme, dado que estos teléfonos con chip, no tienen señal alguna y su cobertura es nula en estas como en otras comunidades rurales del país.

Concluye la diputada Vizcaíno Silva manifestando que este problema no sólo se ha presentado en el estado de Colima, sino que ya ha permeado a nivel nacional, específicamente en zonas rurales, afectando a un gran número de consumidores, por lo cual es necesario que al poner atención en ello, se logre que Telcel otorgue el servicio sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios, que permitan restablecer las condiciones de equidad entre los consumidores y la empresa prestadora de este servicio.

Consideraciones

1. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición referida, con el objeto de valorar sus argumentos, deliberar e integrar el presente dictamen.

2. La proposición se sustenta en la importancia de las tecnologías de información y comunicación en el crecimiento y desarrollo económico de un país o región. Así lo señalan diversos estudios especializados indican que las tecnologías de información y comunicación (TIC) tienen una relación directa con el crecimiento económico y la competitividad. Incluso, algunos especialistas afirman que el desa-rrollo de la industria de las TIC explica el 30 por ciento del crecimiento económico de Estados Unidos a partir de 1995, y 50 por ciento del crecimiento económico de Corea desde el año 2000. Es importante señalar, que entre 1983 y 2004 el sector de telecomunicaciones fue uno de los que más rápido creció en el mundo, especialmente en las economías de la Organización para la Cooperación y el Desa-rrollo Económico (OCDE).

De conformidad con la diputada Indira Vizcaíno Silva, donde señala que la telefonía móvil ha superado de manera considerable a la telefonía fija, cabe señalar, que para junio de 2010 las líneas fijas en nuestro país alcanzaron un total de 19.4 millones, lo que significa un decremento de poco más de 5 por ciento en comparación con el periodo enero-junio de 2009. Mientras que la telefonía móvil paso de 66.6 millones de usuarios en 2007 a 86.9 millones en 2010, que implica una densidad de telefonía móvil de 80.2 usuarios por cada 100 habitantes.

3. Bajo este tenor, los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, compartimos el planteamiento de la diputada Vizcaíno Silva, respecto a la importancia de la telefonía móvil digital, particularmente en las comunidades rurales de nuestro país.

Asimismo resulta evidente que las tecnologías de información y comunicación son herramientas habilitadoras del crecimiento económico e incremento en los índices de competitividad.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a que los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realicen las acciones necesarias para que los proveedores de telefonía móvil digital, atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del país, conminándolos a prestar los servicios sobre las bases y calidad contratadas por los usuarios de telefonía digital.

Notas:

1Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías de información y comunicaciones para impulsar la competitividad de México.Amiti,Canieti,FMD.2006.

2Cofetel.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2011.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreira Olivares (rúbrica), José María Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuentes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, Aránzazu Quintana Padilla, Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hay oradores inscritos. El punto está suficientemente discutido y será votado en conjunto.

ESTADO DE CHIHUAHUA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Cofetel a dar respuesta cabal a la solicitud de permiso de transmisión de Radio Universidad, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de noviembre de 2010, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a realizar las acciones conducentes a autorizar la transmisión de Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, suscrita por el diputado Maurilio Ochoa Millán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

II. En la misma sesión, la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades y mediante el oficio número DGPL 61-II-4-732, instruyó el turno de la proposición de referencia a la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.

III. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados procedió a la revisión y análisis de la proposición, y elaboración del presente dictamen en sentido positivo.

Contenido de la Proposición

1. El diputado Maurilio Ochoa Millán hace referencia al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas, siendo competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la encargada de otorgar las concesiones y permisos para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas.

Señala el diputado Ochoa que el servicio de radiodifusión es aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo un uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico concesionado por el Estado.

A su vez expresa que en la ley de la materia se establece que la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

Sin embargo, más allá de estas precisiones, nuestro país, sobre todo la región del norte, adolece de una terrible ola de violencia, inseguridad, analfabetismo y pobreza. En estos tiempos tan complejos —continúa el diputado Ochoa— tenemos la obligación como legisladores de comprometernos a asumir la responsabilidad de promover la educación y la investigación entre los diversos sectores sociales, así como buscar nuevas alternativas de solución.

Considera el diputado Ochoa Millán que los municipios del norte, en especial Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, requieren de una alternativa de programación radiofónica de calidad, en donde exista la oportunidad de sintonizar noticias que sean de valor comunitario. Con la radio comunitaria se busca difundir información de importancia para las personas de la cabecera municipal y de sus comunidades más cercanas, dicha información está ligada con diferentes temas como equidad de género, migración, educación sexual, ciencia, entre otras. Esta información pretende ser transmitida de manera dinámica y de fácil comprensión.

Derivado de lo anterior, se precisa que al ofrecer una estación de radio como lo es Radio Universidad, se buscará transmitir la cultura, para generar un cambio en la sociedad promoviendo un estilo, un espíritu del conocimiento, la superación y progreso de la sociedad, basándose en una experiencia plural de sus integrantes. Asimismo, una vez aprobada la Radio Universidad, se buscará ofrecer una tecnología de vanguardia que permita realizar esta tarea en un nivel de excelencia.

En el mismo sentido, cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un aviso publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria.

Sin embargo, una radio comunitaria no se somete a la lógica del dinero ni de la propaganda. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil. Es obligación de los legisladores convertirse en aliados de aquellos que dedican sus conocimientos y energías al cambio social, por tal razón estamos seguros que con medios como Radio Universidad podremos hacer de esta sociedad una sociedad más democrática, crítica, solidaria, responsable, en donde se puedan superar los problemas actuales y caminar hacía un país más justo, equilibrado y sostenible.

Concluye el diputado Maurilio Ochoa Millán manifestando que se requiere de la participación del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los respectivos órganos legislativos en la concretización de acciones que den respuestas a las demandas de bienestar, educación, cultura y calidad de vida de los ciudadanos.

Consideraciones

1. Los integrantes de esta comisión coincidimos en la importancia que representan actualmente los medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos o Internet.

Cabe señalar que la importancia de la radio en México radica en una cobertura mayor respecto a otros medios de comunicación, como la televisión y los periódicos. De acuerdo al estudio El poder de la radio, realizado por Arbitron/ARVM Media Targeting, señala que la radio alcanza hasta un 80 por ciento de consumidores de todos los niveles socioeconómicos en nuestro país. Además, revela que una persona promedio en México escucha la radio 20 horas a la semana.

2. Por otro lado, la Ley Federal de Telecomunicaciones, en los artículos 7 y 9-A, establece:

“Artículo 7. La presente ley tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones; ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada cobertura social.”

“Artículo 9-A.La Comisión Federal de Telecomunicaciones es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.”

Derivado de lo anterior, esta comisión coincide en que la radio comunitaria busca la difusión de diferentes tipos información que coadyuven a la creación de una sociedad más democrática, crítica y solidaria, tal como lo señala el diputado Maurilio Ochoa Millán.

En merito de lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones de la LXI somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a dar respuesta cabal a la solicitud de Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, que han mostrado su vocación de legalidad y han cumplido con todos los tiempos y requisitos de ley, para que en tiempo y forma se dé respuesta a su petición e inicien operaciones previo permiso de transmisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2011.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: José Adán Ignacio Rubí Salazar (rúbrica), presidente; Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Arturo García Portillo (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica), José María Torres Robledo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), Adriana Fuenetes Cortés (rúbrica), secretarios; Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Rogelio Cerda Pérez, Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Ricardo Ahued Bardahuil (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Janet Graciela González Tostado (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Ana Estela Durán Rico, Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Javier Corral Jurado, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos, Aranzazú Quintanilla Padilla, Martha Angélica Bernardino Rojas, Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido porque no se inscribió ningún orador. Queda reservado para votar en su conjunto.

FORO MUNDIAL SOBRE MIGRACION Y DESARROLLO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar sobre los acuerdos alcanzados en el Foro mundial de migración y desarrollo

Honorable Asamblea:

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos  30, inciso 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía extiende una felicitación al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por el éxito del pasado Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, celebrado en México; asimismo, se exhorte a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que dé atención y seguimiento a las recomendaciones emanadas de éste.

Antecedentes

Que en fecha 15 de diciembre de 2010 se presentó proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados extiende una felicitación al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por el éxito del pasado Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, celebrado en México; asimismo, se exhorte a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para que dé atención y seguimiento a las recomendaciones emanadas de éste, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

Que en esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese el primer resolutivo a la Comisión de Relaciones Exteriores y el segundo resolutivo a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Contenido de la proposición

La proposición presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez hace mención de que en el pasado Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), que se celebró en Puerto Vallarta, México, el año pasado, se abordaron temas y puntos que son de suma importancia y trascendencia, tanto para nuestro país como para todos aquellos en el resto del mundo que tienen problemas y se ven involucrados con la migración.

Asimismo, hace mención de dos principales logros que el FMMD desde su existencia ha logrado: la participación de los gobiernos y del aprendizaje de un nuevo lenguaje del cual se derivan nuevos enfoques para entender la relación entre migración y desarrollo; y que la cooperación regional e interregional se ha reforzado, además de que el FMMD, es un espacio donde se difunden las mejores prácticas internacionales en la materia.

Manifiesta que en el FMMD se abordaron temas prioritarios para países en desarrollo, como son la gestión de la migración indocumentada, el desarrollo humano y la perspectiva de género y familia en conjunto.

De igual manera, menciona que derivado de las discusiones que se llevaron a cabo en el foro, los representantes de los países y organismos internacionales presentes, recomendaron establecer mecanismos de cooperación internacional a nivel bilateral, regional y multilateral para minimizar la migración irregular.

Menciona que México lideró una iniciativa llamada “Plataforma de Alianzas”, la cual es un mecanismo de interacción que permite a los estados y observadores del foro generar alianzas específicas para desarrollar proyectos concretos que apuntalen las recomendaciones emitidas en foros anteriores.

Asimismo, la proposición de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez presenta el interés de que se extienda una felicitación al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por haber obtenido éxito en el pasado Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que se efectuó en noviembre del año pasado; además de que se exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que, a través de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, se dé atención y seguimiento a las recomendaciones emanadas del referido FMMD.

Consideraciones de la comisión

Primera. Esta comisión considera importante y trascendental que el Instituto Nacional de Migración y a la Secretaria de Relaciones Exteriores realicen las acciones necesarias que permitan poner en marcha las recomendaciones emanadas del referido Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 2010,  y que se les dé seguimiento a fin de que se logren los objetivos de los acuerdos.

Segunda. Dada la importancia del tema, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios considera que es importante coordinar todos los mecanismos que permitan a nuestro país tener avances sustanciales en materia de migración, es por ello que se deben aportar los elementos necesarios, desde los diversos niveles de gobierno, a fin de que se puedan lograr mejores resultados.

Esta comisión mantendrá, como lo ha hecho hasta ahora, una comunicación constante con el Instituto Nacional de Migración para trabajar de manera conjunta en la presentación de iniciativas legislativas que coadyuven al cumplimiento de los acuerdos del foro de referencia, que tengan impactos en el tema migratorio.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar a esta soberanía de los acuerdos alcanzados en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, celebrado en nuestro país el pasado noviembre de 2010, y de las acciones que se están implantando al respecto por ambas instituciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica, con modificaciones), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica, con modificaciones), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica, con modificaciones), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández (rúbrica), Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica, con modificaciones), Adriana Terrazas Porras, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Rafael Rodríguez González.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hubo quien se inscribiera en este tema como orador. Queda suficientemente discutido y será votado en conjunto.

PAISANOS QUE REGRESAN AL PAIS POR LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a autoridades federales y estatales a investigar y dar seguimiento, según su ámbito de competencia, respecto a las denuncias presentadas por connacionales tras robos sufridos en carreteras federales en las festividades navideñas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 15 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades federales y estatales a investigar y dar seguimiento, de acuerdo a su ámbito de competencia, a los robos que están sufriendo en las carreteras federales y estatales los paisanos que regresan a nuestro país por las festividades navideñas, así como para incrementar la vigilancia en las carreteras para inhibir la comisión de delitos.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 15 de diciembre de 2010, el diputado Gumercindo Castellanos Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades federales y estatales, a investigar y dar seguimiento, de acuerdo a su ámbito de competencia, a los robos que están sufriendo en las carreteras federales y estatales los paisanos que regresan a nuestro país por las festividades navideñas, así como para incrementar la vigilancia en las carreteras para inhibir la comisión de delitos.

II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 2 de marzo de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El proponente indica que la migración de los mexicanos principalmente hacia Estados Unidos de América por ser el país más cercano a nuestras fronteras, es un fenómeno considerado por algunos como una tradición que forma parte de nuestra historia, por existir en él mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo mejor remunerado, lo cual provoca que aún en nuestros días haya mexicanos que sigan emigrando hacia aquel país.

A este fenómeno migratorio se suma la visita a nuestro país que en cada periodo vacacional realizan nuestros paisanos. Las temporadas navideña y de verano propician el retorno de miles de migrantes a sus comunidades de origen para reencontrarse con sus familias y con su cultura.

2. Señala que lamentablemente, las circunstancias por todos conocidas que prevalecen en nuestro país han puesto en grave peligro a todos los mexicanos y, de las cuales, nuestros paisanos no se salvan.

Pese a los diferentes operativos de seguridad que se están realizando en los estados fronterizos, así como con la implantación del programa Paisano, en el cual la Secretaría de Seguridad Pública federal realiza diversos operativos de revisión de autobuses en carreteras para que éstos no lleven supuestos pasajeros armados y puedan perpetrar un asalto, a fin de que los usuarios viajen con seguridad, los connacionales que están comenzando a llegar están siendo víctimas de la delincuencia organizada.

3. Asevera que es ya muy conocido por todos la serie de abusos y actos de extorsión a los que se han enfrentado durante años al transitar por nuestro territorio, los cuales se han agravado este año al ser cometidos de manera más violenta por los grupos de delincuencia organizada que tienen mayor presencia en el norte del país

Indica que a la fecha, de acuerdo con algunos medios de información, se han registrado diferentes eventos en los cuales los paisanos son despojados totalmente de sus pertenencias, y en algunos casos, heridos por armas de fuego, provocándoles además fuertes repercusiones psicológicas. Sirvan a lo conducente los siguientes ejemplos:

4. Subsiguientemente señala que el pasado jueves 18 de noviembre en la internacional México 15, a la altura del canal lateral 18, en la zona industrial de Sinaloa, un paisano se dirigía al estado de Jalisco a bordo de una vagoneta Ford modelo 98, cuando fue detenido por una camioneta blanca tipo pick-up de cabina y media que portaba estrobos. El jalisciense pensó que se trataba de una revisión y detuvo la marcha de su unidad, al tiempo en que de la supuesta patrulla bajaron dos hombres armados, quienes lo despojaron de la camioneta además de 14 mil pesos y 200 dólares en efectivo, una televisión, una bañera y un portabebés. Luego del robo, la víctima se trasladó a la ciudad de Los Mochis donde interpuso la demanda correspondiente.

De igual manera, la noche del miércoles 17 de noviembre, a las 23:00 horas, un grupo armado baleó a una familia de paisanos de origen michoacano que viajaba en tres camionetas sobre la carretera México 15, a la altura de Guasavito, Sinaloa. En el ataque, una niña de dos años de edad resultó herida.

5. Ratifica que pese a que la coordinadora nacional del programa Paisano, Itzel Ortiz Zaragoza, reconoció que hay varios puntos del país donde los delincuentes han instalado retenes falsos para robar a los viajeros, las recomendaciones que han emitido hasta hoy las autoridades estatales y federales para los paisanos es que no viajen de noche, utilizar carreteras muy transitadas y procurar andar en caravana. Sin embargo, para el proponente es necesario que las acciones de protección y vigilancia que realizan las autoridades de seguridad pública federales y estatales sean reforzadas inmediatamente y además, que los delitos que se han perpetrado en contra de nuestros paisanos no permanezcan impunes, de manera tal que las averiguaciones que se han iniciado lleven a la detención de los autores intelectuales y materiales de estos actos delictivos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.

Segunda.El objetivo del presente punto de acuerdo consiste en exhortar a los titulares de las procuradurías General de la República, y de Justicia del estado de Sinaloa, para que de acuerdo a su ámbito de su competencia, colaboren en la investigación y seguimiento de las denuncias que han presentado paisanos de Jalisco y Michoacán, por los robos que sufrieron en las carreteras federales cuando regresaban a nuestro país para las festividades navideñas; así como a las Secretarías de Seguridad Pública federal, estatales y del Distrito Federal a que refuercen las acciones de vigilancia en las carreteras federales y estatales para inhibir la comisión de estos actos delictivos.

Tercera.En términos del artículo 21 párrafo noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De igual forma, el artículo 119 de la Carta Magna revela los principios de colaboración de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública:

“Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

Cada estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el gobierno federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.

Las extradiciones a requerimiento de estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los tratados internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.”

De igual forma, el artículo 4o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reitera que el eje del sistema será la coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, el cual contará para su funcionamiento y operación, con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la ley general, tendientes a cumplir con los fines de seguridad pública.

En esta materia, el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala:

“Artículo 24. En la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto”.

Cuarta.En el tema que nos ocupa el proponente solicita exhortar a la Procuraduría General de la República, así como a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa para que informen a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones de las denuncias que han presentado paisanos de Jalisco y Michoacán, por los robos que sufrieron en las carreteras federales cuando regresaban a nuestro país por las festividades navideñas, motivo por el cual ésta comisión dictaminadora considera asequible esta pretensión, ya que en términos del artículo 4 fracción I, incisos a), c) y d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde al Ministerio Público de la federación:

“Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

...

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley:

...”

De igual forma, el artículo 24 de la referida ley señala que los cuerpos policiales actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público de la federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Referente a la colaboración en materia de investigación en los tres órdenes de gobierno, el artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con los artículos 21 y 119 de la Constitución Política señalan:

“ Artículo 28. ......

Sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, cuando los agentes del Ministerio Público del fuero común auxilien al Ministerio Público de la federación, recibirán denuncias y querellas por delitos federales, practicarán las diligencias de averiguación previa que sean urgentes, resolverán sobre la detención o libertad del inculpado, bajo caución o con las reservas de ley, y enviarán sin dilación alguna el expediente y el detenido al Ministerio Público de la federación”.

Respecto a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, de igual forma es competente para conocer del asunto, ya cuenta con la prerrogativa de investigar y perseguir los delitos que se susciten en su circunscripción territorial y sean del orden común; de forma eficiente, expedita y con pleno respeto a los derechos humanos, para combatir la impunidad.

Asimismo, este ente debe colaborar con los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, con la función de seguridad pública.

Quinta.En relación con el exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública federal, de los estados y del Distrito Federal, a efecto de que refuercen las acciones de vigilancia en las carreteras federales y estatales para inhibir la comisión de actos delictivos, de igual forma es viable en términos del multicitado artículo 21 párrafo noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Del mismo modo el artículo 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, establece como atribución de la misma:

“ Artículo 1. La Secretaría de Seguridad Pública tiene por objeto preservar las libertades, el orden y la paz públicos; salvaguardar la integridad y derechos de las personas; auxiliar a la Procuraduría General de la República en materia de persecución de los delitos y a los Poderes de la Unión en términos de las disposiciones aplicables; investigar para prevenir los delitos federales; desarrollar la política de seguridad pública del Poder Ejecutivo federal y proponer su política criminal; administrar el sistema penitenciario federal, y el relativo al tratamiento de menores infractores, en los términos de las atribuciones que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República.

La Secretaría de Seguridad Pública será la dependencia encargada de coordinar, en el ámbito de su competencia, la ejecución de las facultades conferidas a la federación en los artículos 39, apartado A, y 48 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las atribuciones en materia de seguridad pública que se establecen en el presente reglamento a las unidades administrativas de la secretaría se circunscriben al ámbito de competencia de ésta y se ejercerán con respeto de las atribuciones conferidas en esta misma materia a las instancias e instituciones a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La secretaría planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y prioridades del plan nacional de desarrollo y demás instrumentos programáticos expedidos por el titular del Ejecutivo federal, y demás disposiciones aplicables.”

En lo tocante a la pretensión del diputado Castellanos, el artículo 30 Bis, fracciones XII, XX, XXI XXII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, indica como prerrogativas de la Secretaría de Seguridad Pública federal, celebrar convenios y acuerdos de colaboración con los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, en consecuencia es dable:

“ Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;

...

XX. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación;

XXI. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente.

...

XXII. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones;

...

XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y

...”

Sexta. Finalmente resulta preponderante citar que actualmente el artículo 8, fracción III, inciso a), de la Ley de la Policía Federal señala la obligación de la policía federal, en el ámbito de su competencia, para resguardar la integridad de los individuos y prevenir el delito, en particular, en los centros de supervisión y control migratorio:

“Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

...

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

La policía federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables;

...”

Séptima. Por los argumentos anteriormente vertidos, esta dictaminadora considera que es menester exhortar a la coordinación del programa Paisano, ya que en nuestro país existe una institución encargada únicamente de la gestión de flujos migratorios que es el Instituto Nacional de Migración (programa estratégico del instituto: programa Paisano), órgano técnico desconcentrado de la administración pública federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente encargada de salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos. Para ello ha integrado unidades mixtas de policía compuestas por la policía federal y las policías estatales fronterizas, para que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, garanticen la seguridad de los mexicanos y el intercambio de información y de estrategias en materia de seguridad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 el programa Paisano, adquirió mayor importancia dentro de la iniciativa nombrada “Nación Mexicana”, que buscó dignificar el trabajo de los mexicanos en el extranjero; que los connacionales al retornar recibieran un trato justo, orientación adecuada y respeto a sus derechos humanos y bienes patrimoniales; y reconocer la importancia de afianzar los vínculos culturales y nexos sociales y económicos con las comunidades de mexicanos y de personas con raíces mexicanas en Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.

Posteriormente, se tomaron decisiones importantes para fortalecerlo, como fue integrarlo a los programas estratégicos del Instituto Nacional de Migración (INM); establecer representaciones en Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y Houston, Texas, y así sumar esfuerzos de legisladores, organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales.

El programa Paisano es permanente y opera bajo la figura de comisión intersecretarial, cuenta con un comité técnico, una coordinación nacional, tres representaciones en EUA y 31 comités estatales a nivel nacional.

Dado lo anterior, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala como atribución de la Secretaría de Gobernación la conducción de la política de población, y los artículos 2 de la Ley General de Población y 133 del Reglamento de la Ley General de Población ratifican tal prerrogativa:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

“Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

IV. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo;”

Ley General de Población:

“ Artículo 2o. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.”

Reglamento de la Ley General de Población:

“Artículo 133. El instituto, en el ejercicio de sus funciones, procurará que los movimientos migratorios de nacionales y extranjeros favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país. En ello, se preservará la seguridad y soberanía del país, en pleno apego a la ley y con amplio respeto a los derechos de los migrantes”.

Octava. Resulta preponderante señalar que las autoridades exhortadas por el proponente forman parte del programa Paisano y ello busca que exista una coordinación encaminada a garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones, dentro de las cuales incluye atender y dar seguimiento a quejas y denuncias.

Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a los titulares de las Procuradurías General de la República, y de Justicia del estado de Sinaloa, envíen un informe a esta soberanía sobre el estatus de las investigaciones de las denuncias que han presentado nuestros connacionales, por los robos que sufrieron en las carreteras federales cuando regresaban a nuestro país por las festividades navideñas.

Segundo. Se solicita respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Seguridad Pública federal, de los estados y del Distrito Federal para que, en el ámbito de su competencia, refuercen permanentemente las acciones de vigilancia en las carreteras federales y estatales para inhibir la comisión de actos delictivos.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Coordinación del Programa Paisano, presente a esta soberanía un informe, en materia de seguridad pública, sobre los resultados de dicho programa en 2010 y 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Benigno Quesada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No hubo oradores inscritos en este punto de acuerdo. Queda suficientemente discutido y se reserva para votación en general.

SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional a verificar la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Serpaprosa

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada, el pasado 15 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, a verificar y dictaminar si la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Serpaprosa, SA de CV, cumple con las disposiciones legales aplicables.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 15 de diciembre de 2010, el diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes, a verificar y dictaminar si la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Serpaprosa, SA de CV, cumple con las disposiciones legales aplicables.

II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 2 de marzo de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El proponente señala que la empresa Servicio Pan Americano de Protección (Serpaprosa, SA de CV), es una empresa fundada en 1965, dedicada al transporte de fondos y valores, poseedora del 40 por ciento del mercado, y desde ese entonces el 20 por ciento de su capital es de origen extranjero propiedad de la empresa Brink’s Inc., y el restante 80 por ciento de las acciones se encuentra en poder de diferentes instituciones bancarias que tienen participación de inversión extranjera.

2. Indica que a últimas fechas se ha venido manejando en diversos medios de comunicación la venta del capital accionario que se encuentra en poder de esas instituciones bancarias, a la empresa Brink’s Inc. En este tenor, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados analiza un informe que señala la existencia de un acuerdo para vender ese 80 por ciento de capital accionario de Serpaprosa, a la norteamericana Brink’s.

3. Considera que dicha operación podría transgredir el marco jurídico mexicano, por la razón de que la fracción I del artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera establece que la actividad económica y las sociedades que se dediquen al transporte terrestre de carga están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, o en otras palabras, se prohíbe que tengan participación de inversión extranjera, salvo la reserva establecida en el párrafo final de ese dispositivo.

De igual manera, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en concordancia con la Ley de Inversión Extranjera, señala textualmente: “los inversionistas de otra parte o sus inversiones no podrán, directa o indirectamente, participar en empresas que proporcionen servicios de transporte de carga doméstica”.

4. Señala que esta situación también se observa en otras empresas de valores, como sería Grumer, controlada por la empresa española Prosegur.

5. Asevera que Serpaprosa, SA de CV, tiene aproximadamente nueve mil personas con autorización para uso de armas de fuego, y que la seguridad nacional, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, son las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleve al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.

6. De lo anterior, el proponente justifica la necesidad de solicitar a todas las dependencias gubernamentales involucradas en la vigilancia de éste tipo de empresas, verifiquen en el ámbito de sus atribuciones, su constitución, organización y operación, a fin de determinar si se está dando cumpliendo con los diversos ordenamientos jurídicos que las regulan, pues además de las cuestiones propias del cumplimiento de la ley, el hecho de que nueve mil personas tengan permiso de portar armas, puede significar una situación que ponga en riesgo a las instituciones democráticas, lo que es una cuestión de seguridad nacional.

Asimismo, toda vez que los medios han hecho del conocimiento público la operación descrita, es que el exhorto de esta soberanía, debe ser considerado de urgente y obvia resolución, pues la problemática planteada merece la reacción inmediata de todos los órdenes de gobierno.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen.

Segunda. El objetivo del presente punto de acuerdo radica en revisar la constitución, organización y operación de la empresa de valores Serpaprosa, SA de CV, a efecto de verificar que su giro cumpla con los requerimientos que exige el marco jurídico.

Tercera. Tal y como cita el proponente, Serpaprosa, SA de CV, es una empresa fundada en 1965, dedicada al transporte de fondos y valores, poseedora del 40 por ciento del mercado. El 20 por ciento de su capital es de origen extranjero propiedad de la empresa Brink’s Inc., y el restante 80 por ciento de las acciones se encuentra en poder de diferentes instituciones bancarias que tienen participación de inversión extranjera, tal es el caso de BBVA Bancomer 15.91 por ciento, Banamex 15 por ciento, Santander 20.19 por ciento, Banorte 8.75 por ciento Scotiabank 9.83 por ciento y HSBC 10.08 por ciento. Banobras tiene una participación del 0.24 por ciento.

Por su parte, la empresa Brink’s Inc., incursionó al mercado de transporte en México en 1965.

Cuarta. No debemos olvidar que la Ley Federal de Seguridad Privada, publicada el 6 de julio 2006, tiene por objeto que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal regule la prestación de dichos servicios, reconociendo la importancia que esta actividad tiene en su carácter complementario a las labores de las corporaciones de seguridad pública. Como resultado de ello, la Secretaría de Seguridad Pública creó la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, cuya función principal radica en expedir las autorizaciones que permitan prestar servicios de seguridad privada.

De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley Federal de Seguridad Privada, la seguridad privada es la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública.

Asentando estas precisiones, el pasado 17 de enero del año en curso, la Secretaría de Economía solicitó a Brink’s Inc., la documentación de compra y venta con Serpaprosa, SA de CV, para someterla a revisión y revertir la operación, por considerarla ilegal, ya que Brink´s tendría en su poder el 100 por ciento de las acciones de Servicio Pan Americano de Protección.

En consecuencia esta comisión dictaminadora apoya la decisión de la Secretaría de Economía y el espíritu de la presente proposición, ya que considera que con este acto jurídico se está vulnerando la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, las cuales prohíben la participación de empresas extranjeras en el traslado de valores y el manejo masivo de armas, debido a que se trata de un asunto de seguridad nacional.

La legislación antes referida a la letra dice:

Ley de Inversión Extranjera:

“Artículo 6o. Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

I. Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería;

... “

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

Artículo 27. A los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten su calidad de inmigrados, salvo el caso del permiso de licencia temporal para turistas con fines deportivos.

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal:

“Artículo 14. En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni en manera alguna gravar o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, los caminos, puentes, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, así como los bienes afectos a los mismos, a ningún Gobierno o Estado extranjeros.”

“Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

VIII. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias;

... “

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

...”

Por otra parte, no debemos descartar que el servicio de traslado de valores si bien es considerado como una actividad de seguridad privada, forma parte de la seguridad pública:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

“Artículo 151. Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función de Seguridad Pública.

Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.”

Por los argumentos anteriormente vertidos se ratifica que el Estado Mexicano tiene como prerrogativa garantizar la seguridad de la población, por ello el artículo 21 párrafos noveno y décimo de la Constitución Política establece lo siguiente:

“...La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:...”

Es decir, la seguridad pública es una función inherente al Estado, siendo éste el encargado de garantizar su prestación, la cual se encuentra sometida al régimen jurídico fijado por la Ley, lo cual incluye la posibilidad de que dicho servicio sea prestado por el Estado de manera directa o indirecta, es decir, por las autoridades públicas o los particulares, reservándose la competencia para regular, controlar, inspeccionar y vigilar su prestación, razón por la cual esta Comisión Dictaminadora considera que se está vulnerando la ley en la materia con la compra y venta del 100 por ciento de las acciones de Serpaprosa, SA de CV, quedando en manos de una firma extranjera el mando de un grupo de custodios armados.

De igual forma, esta transacción viola el Tratado de Libre Comercio, pues elimina de facto las restricciones a las empresas estadunidenses para participar en transporte de mercancías en México.

Quinta. Dado lo anterior, los Senadores Felipe González, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Francisco Arroyo Vieyra y Carlos Aceves del Olmo así como el proponente Diputado Federal Ramón Jiménez López, investigan el caso y pretenden evitar que se finque un precedente de esta índole, que de no revertir la Secretaría de Economía, sin duda este asunto llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación vía amparo indirecto.

Partiendo de estos antecedentes, los legisladores integrantes de esta Comisión estiman que esta clase de empresas deben cumplir no sólo las obligaciones que se pactan en los contratos administrativos que suscriben con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sino además con las disposiciones legales a las que se encuentran sujetas en virtud de las actividades que realizan.

Ante las irregularidades observadas, éste órgano legislativo considera necesario insistir que la Secretaría de Economía revierta, a la brevedad, el acto jurídico de compra y venta de referencia y envíe un informe detallado a esta Cámara de Diputados. Lo anterior se debe a que en el momento que el diputado Jiménez presentó esta propuesta no se habían suscitado estos hechos, por ello esta Comisión Dictaminadora modifica el resolutivo.

Quinta. Esta soberanía estará atenta al cabal cumplimiento que la autoridad exhortada le dé al resolutivo de este instrumento legislativo.

Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a las Secretarías de Economía, Comunicaciones y Transportes, Seguridad Pública y Defensa Nacional respectivamente a verificar la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Serpaprosa, SA de CV, a fin de verificar que su objeto social cumpla con la totalidad de los requerimientos que exige el marco jurídico vigente y los tratados internacionales de los que México es parte.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Economía a revertir la compra-venta de Servicio Pan Americana de Protección (Serpaprosa, SA de CV), a la compañía estadounidense Brinks, por la presunta adquisición del 100 por ciento de las acciones, por considerar que se pone en riesgo la seguridad nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera, Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ningún diputado se ha inscrito como orador, por lo que queda suficientemente discutido. Se reserva para ser votado en conjunto.

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a remitir un informe detallado con los resultados y las acciones reportados a la fecha por instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura fue turnada el 15 de diciembre de 2010, para estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a remitir por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe detallado con los resultados y las acciones reportados a la fecha por las instituciones, autoridades y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 15 de diciembre de 2010, el diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a remitir por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe detallado con los resultados y las acciones reportados a la fecha por las instituciones, autoridades y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

II. En la misma fecha, el presidente y demás integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para estudio y dictamen.

III. El 2 de marzo de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 20 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El proponente señala que el 21 de agosto de 2008, en el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los Poderes Ejecutivos federal y estatales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial federal, representantes de las asociaciones de presidentes municipales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual tuvo su origen en un momento en que la sociedad mexicana enfrentaba una situación crítica debido tanto a la delincuencia común como del crimen organizado; por lo que representa una propuesta para el mejoramiento de las políticas públicas y programas de gobierno en materia de seguridad pública, de administración y procuración de justicia.

2. Manifiesta que cada uno de los poderes y de los órdenes de gobierno, los sectores productivos, las asociaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación se comprometieron a la consecución de setenta y cuatro compromisos, con las metas y en los tiempos convenidos.

3. Reitera que de estos compromisos, al Poder Ejecutivo federal correspondían veintiocho, dentro de los que se encontraban el de depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia; la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza y de centros estatales de control de confianza certificados; establecer un sistema nacional de desarrollo policial y de ministerios públicos; apoyar el fortalecimiento o en su caso la creación y formación de unidades estatales para el combate al secuestro; formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero; fortalecer y consolidar las redes de atención a víctimas del delito a nivel nacional; expedir la cédula de identidad; fortalecer el sistema penitenciario y revisar el socorro de ley; consolidar el sistema único de información; fortalecer el Programa de Rescate de Espacios Públicos y el programa Escuela Segura; garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos para los programas de seguridad pública, entre otros.

4. Asevera que al Poder Legislativo le concernían siete compromisos: dar trámite a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública fueran presentadas; establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo; impulsar una ley de ejecución de sanciones penales y una ley general del delito de secuestro; dar prioridad presupuestal a programas en materia de seguridad pública y procuración de justicia y, dotar de mayores recursos a estados y municipios en materia de seguridad, así como llevar revisiones a las entidades federativas por conducto de la Auditoría Superior de la Federación.

Por su parte, el Poder Judicial asumió diez compromisos, entre los que se encuentran los siguientes: transparentar más el desempeño de los titulares y de sus órganos; instalar nuevos juzgados y tribunales federales; establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la república; favorecer la celeridad en los procesos; fortalecer la autonomía, dependencia e imparcialidad de jueces y magistrados; fortalecer mecanismos de selección de jueces y magistrados, así como dar mayor capacitación y especialización de jueces en materia penal; continuar la calificación de los juzgadores especializados en justicia para adolescentes; fortalecer el control de los procesados y sistematizar la información judicial.

5. Subsiguientemente indica que a los gobiernos de los estados les correspondían un total de siete compromisos: creación o fortalecimiento de un centro de evaluación y confianza; sujetar a evaluación permanente y de control de confianza al personal de instituciones policiales, de procuración de justicia y centros de readaptación social; depurar y fortalecer sus instituciones de seguridad y procuración de justicia; conformación de una unidad especializada en combate al secuestro; la incorporación e implantación del sistema único de información criminal de Plataforma México; establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Expone que la asociación de alcaldes asumió ocho compromisos: desarrollar mecanismos de selección y capacitación de los elementos de la policía municipal y de sus propios mandos, así como sujetarlos a evaluación permanente y a controles de confianza; instaurar un sistema de profesionalización y servicio civil de carrera; la interconexión a los sistemas y protocolos de Plataforma México; actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego, entre otros. En cuanto al sector privado, los organismos empresariales, las asociaciones religiosas, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, puntualiza que se comprometieron a realizar acciones encaminadas a promover la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación ciudadana.

Asegura que una de las premisas fundamentales de las que parte el mencionado acuerdo, es la de hacer del conocimiento de la sociedad civil cada uno de los compromisos del acuerdo e incluir procedimientos transparentes de rendición de cuentas, con base en un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación.

5. Corrobora que han transcurrido más de dos años desde la firma del acuerdo, y aún no se cuenta con un informe detallado que contenga los resultados y acciones reportados hasta la fecha por cada una de las instituciones, autoridades y demás actores involucrados.

Asevera que algunas instituciones de educación y organizaciones civiles han realizado evaluaciones sobre el cumplimiento del acuerdo, tal es el caso, del informe presentado por un grupo de universidades públicas y privadas, integrado la Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Monterrey, relativo al seguimiento de las acciones realizadas por las instancias responsables durante los primeros 100 días de vigencia del acuerdo, reportando los datos siguientes: 5 compromisos cumplidos, 23 con un avance alto, 15 con avance medio, 9 con avance bajo y 22 pendientes de seguimiento por la dificultad que representaba en términos de cobertura, dar seguimiento a las acciones de los más de dos mil municipios que integran el país.

En resumen, cita que el mencionado grupo de trabajo consideró que en los tres primeros meses de vigencia del acuerdo, éste presentaba en lo general avances importantes en cuanto a su cumplimiento, y refería que no era de esperarse resultados inmediatos, pues cerca de 70 por ciento de los compromisos tienen como fecha de ejecución entre seis meses y tres años.

Respecto a las evaluaciones realizadas por la organización México Unido contra la Delincuencia, AC, en las que dan un seguimiento del primer y segundo años del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ratifica que reportan los siguientes datos:

• Poder Ejecutivo, calificación global de 5.2, con 1 compromiso cumplido, 10 con avance alto, 10 con avance medio y 7 con avance bajo.

• Poder Legislativo, calificación de 7 puntos, con 3 compromisos cumplidos, 2 con avance medio y 2 con avance bajo.

• Poder Judicial, calificación de 7.5, con 2 compromisos cumplidos, 1 en cumplimiento, 3 con avance alto, 3 con avance medio y 1 con avance bajo.

• Gobiernos estatales, tenían una calificación global de 3.0, con avances medio y bajo de sus compromisos.

• Asociación de alcaldes reportaba una calificación de 0.9, con avances bajos y nulos en sus compromisos.

En la evaluación del segundo año, México Unido contra la Delincuencia, AC, reporta los datos siguientes:

• Poder Ejecutivo, calificación de 5.0, menor que en 2009.

• Poder Legislativo, calificación de 6.5, menor que en 2009.

• Poder Judicial, calificación de 7.0, menor que en 2009.

• Gobiernos estatales, calificación global de 6.2, mayor que en 2009. Entre las entidades peor calificadas están San Luis Potosí, con 3.25; Baja California, con 3.41; Distrito Federal, con 4.05; Quintana Roo, con 4.13, Durango, con 4.21; y Sonora, con 4.29. La entidad mejor calificada fue Guanajuato, con 9.05, le siguen Michoacán con 8.65, y Jalisco y Puebla con 7.70. Finalmente, los estados que proporcionaron información soporte para la evaluación fueron Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Veracruz.

6. Posteriormente informa que el gobierno federal, a través del portal de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó un informe de avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, actualizado al 8 de octubre de 2010, en el que destacan los avances siguientes:

• Poder Ejecutivo federal, 33 compromisos cumplidos de 36, un compromiso en proceso de cumplimiento oportuno y 2 compromisos en proceso de cumplimiento con plazo vencido.

• Poder Legislativo federal, 7 compromisos cumplidos de 7.

• Poder Judicial federal, 10 compromisos cumplidos de 10.

• Gobiernos estatales y municipios: algunos estados y municipios presentan avances en el cumplimiento de sus compromisos, aunque fuera de los tiempos establecidos en virtud de que los plazos van desde tres meses a un año, y a la fecha han pasado más de dos años desde la suscripción del acuerdo.

• Asociaciones religiosas, 2 compromisos cumplidos de 2.

• Medios de comunicación, 3 compromisos cumplidos de 5.

De lo anterior el proponente concluye que el Ejecutivo federal tiene pendiente de cumplimiento tres compromisos, los Poderes Legislativo y Judicial han cumplido en su totalidad; en tanto, los gobiernos estatales y los municipales si bien presentan avances, la mayoría son extemporáneos.

7. Concluye afirmando que la ciudadanía espera un diagnostico fidedigno de los resultados y avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por lo que éstos no deben quedar en el terreno de las buenas intenciones o en el mero discurso, si no dar a conocer avances reales y tangibles aún en aquellos rubros que representan un verdadero reto para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, impartir y procurar justicia, pues a la fecha tendrían que estar cumplidos 73 de 74 compromisos.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.

Segunda. El objetivo del presente punto de acuerdo consiste en exhortar al Consejo Nacional de Seguridad Pública a remitir a esta soberanía por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe detallado con los resultados y las acciones reportados a la fecha por las instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Tercera. En términos del artículo 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y formar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reglamentaria del Artículo 21 Constitucional, ratifica este compromiso.

Por lo anterior podemos apreciar que el diseño y la construcción de instituciones eficientes y honestas se traducen en un reto para contribuir a consolidar una cultura de prevención del delito, la denuncia y la legalidad, tareas que no son exclusivas del gobierno, ya que la participación activa de la sociedad representa un sólido cimiento para que las estrategias de seguridad pública sean exitosas.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública está sujeto a las siguientes bases:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones;

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema;

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;

d) La participación de la comunidad que coadyuve en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública; y

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y los municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé, entre otros, el eje 1, “Estado de derecho y seguridad”, cuyo objetivo 5, “Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva”, estrategia 5.1., “Fortalecer la coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para combatir la delincuencia”, menciona que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se consolidará como una instancia articuladora y unificadora de todas las autoridades del gobierno federal, de estados y municipios, en su esfuerzo para combatir a la criminalidad, así como establecer mecanismos de coordinación efectiva con las autoridades de los estados y de los municipios.

Cuarta. En términos del artículo 10, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya principal función consiste en promover la coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública para impulsar la homologación y el correcto desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial, así como el establecimiento de mecanismos para que la sociedad participe en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública, entre otras.

El artículo 12 de la multicitada ley señala que el consejo está constituido por

• El presidente de la República, quien lo presidirá, y en su ausencia el secretario de Gobernación;

• El secretario de la Defensa Nacional;

• El secretario de Marina;

• El secretario de Seguridad Pública;

• El procurador general de la República;

• Los gobernadores de los estados;

• El jefe del gobierno del Distrito Federal; y

• El secretario ejecutivo del sistema.

El Secretariado Ejecutivo, por formar parte de este consejo, es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuya función principal es conducir, impulsar y propiciar el cumplimiento de los fines y objetivos del Sistema, mediante la generación de iniciativas, directrices, consensos, normas y medición de resultados, en base al profesionalismo, confiabilidad, honestidad y eficacia (artículos 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1o. del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 5o., fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria).

Mediante este órgano hoy es posible fortalecer las funciones de coordinación de los municipios, las entidades federativas y la Federación para hacer frente a la inseguridad que prevalece en el país.

Quinta. Como cita el proponente en la exposición de motivos, en el marco de la vigésima tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el cual es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que forman el Estado mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desa-rrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazo.

Por lo anterior, el proponente pretende que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo del sistema notifique a esta soberanía sobre los resultados de los compromisos adquiridos en el acuerdo. Por ese motivo, la comisión dictaminadora, en un ejercicio tendiente a fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos federales, considera viable la pretensión del diputado proponente, ya que en términos de los artículos 18, fracción I, 109 y 110 de la referida ley, así como 4 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el secretariado está facultado para dar seguimiento y ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su presidente:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 18. Corresponde al secretario ejecutivo del sistema

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de su presidente;

...

Artículo 109. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán, la información que diariamente se genere sobre seguridad pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

El presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre seguridad pública.

Las instituciones de procuración de justicia tendrán acceso a la información contenida en las bases de datos criminalísticos y de personal, en el ámbito de su función de investigación y persecución de los delitos.

La información sobre administración de justicia, podrá ser integrada las bases de datos criminalísticas y de personal, a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores de justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso a las bases de datos del sistema estará condicionado al cumplimiento de esta ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia ley emanen.

Artículo 110. Los integrantes del sistema están obligados a compartir la información sobre Seguridad Pública que obre en sus bases de datos, con las del Centro Nacional de Información, en los términos de las disposiciones normativas aplicables.

La información contenida en las bases de datos del sistema nacional de información sobre seguridad pública, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 4. El Secretariado Ejecutivo, a través de sus unidades administrativas, planeará y conducirá sus acciones conforme a los fines, programas, estrategias, políticas, acuerdos, instrumentos, servicios y acciones que determine el secretario, en su calidad de integrante y suplente del presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Sexta. Aunque esta comisión dictaminadora es sabedora de que el gobierno federal, a través del portal de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha publicado periódicamente los informes de avances del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, siendo el último de fecha 28 de enero de 2011, considera necesario requerir un informe detallado para poder analizar los resultados, con salvedad en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde se considera información reservada la que pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

Con base en lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita al Consejo Nacional de Seguridad Pública que por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública remita a esta soberanía un informe detallado con los resultados y las acciones reportados a la fecha por las instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica), Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Salvador Caro Cabrera, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López, Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Carente de intervenciones, este punto queda suficientemente discutido y se reserva para ser votado en conjunto.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar gestiones a fin de donar una porción del predio que ocupa el almacén Zona Norte de Capufe, en Tequexquináhuac, para construir una escuela secundaria

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales las gestiones conducentes a donar una porción del predio que ocupa el almacén zona norte de ese organismo para construir una secundaria en Tequesquináhuac, en Tlalnepantla de Baz, estado de México.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ésta realizaron los miembros de la Comisión de Transportes reunidos en pleno, presentan a esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente DGPL 61-II-8-320, que contiene la  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Caminos y Puentes Federales las gestiones conducentes a donar una porción del predio que ocupa el almacén zona norte de ese organismo para construir una secundaria en Tequesquináhuac, en Tlalnepantla de Baz, México, presentada por los diputados José Luis Soto Oseguera y Sergio Mancillas Zayas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 18 de marzo de 2010.

2. En sesión de la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el Punto de Acuerdo que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

La exposición de motivos del punto de acuerdo que nos ocupa, establece que: “El municipio de Tlalnepantla de Baz, se encuentra enclavado en la zona metropolitana del valle de México y padece una alta densidad poblacional, por desgracia existen zonas en las que no se cuenta con espacios suficientes para la construcción de las obras necesarias y vitales para satisfacer las demandas sociales de su población; tal es el caso de la comunidad de Tequexquináhuac, situada en ese municipio”.

Los legisladores indican que se solicita la donación a favor del gobierno estatal, porque es la instancia que cuenta con los recursos presupuestales para la edificación de la obra; actualmente funciona en esa comunidad la secundaria “Licenciado Benito Juárez”, que ocupa un espacio de 250 metros cuadrados y tiene una matrícula de 490 alumnos, sus jóvenes estudian bajo condiciones muy adversas y no cuentan con los elementos necesarios para un pleno desarrollo, por desgracia en la zona no hay terrenos disponibles.

El predio originalmente pertenencia al pueblo de Tequexquináhuac; sin embargo con motivo de la construcción de la autopista México-Querétaro, Caminos y Puentes instaló ahí un campamento de trabajo, y es el caso que en 1993, esa entidad paraestatal, obtuvo una resolución judicial a su favor mediante una jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam.

Concluye el legislador solicitando la donación para con los jóvenes del municipio de Tlalnepantla de Baz; y por supuesto de consumarse ésta, será sin lugar a dudas una retribución del gobierno federal y un apoyo firme para la educación de nuestro país.

Consideraciones de la comisión

Educar a una sociedad para la vida constituye un complejo, arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y más al borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes mayormente preparados, conscientes, con ideales y valores bien definidos, siendo capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y propia de una buena cultura.

Si se analiza el desarrollo de cualquiera de los países desa-rrollados en el mundo, se llegará a la conclusión de que la base de todos y cada uno de ellos ha sido el desarrollo de su educación en todos los niveles, desde enseñar a los niños a leer y escribir como planear todos los niveles de su educación: primaria, secundaria, preparatoria, escuelas técnicas y universidades. De esa forma se cuenta con la materia prima necesaria para insertar al material humano en todos y cada uno de los sectores de la economía.

En educación básica, la escuela secundaria es considerada como etapa propedéutica para el alumno(a) ya que al término de tres ciclos escolares debe decidir hacia qué área productiva enfocarse. La educación secundaria es entonces concebida como  fundamental para el desarrollo sano e integral del adolescente.

Los jóvenes de hoy, desde su propia perspectiva, prevén una escasez de expectativas en su futuro inmediato, tanto en su formación y estudios como en su calidad de vida y futuro profesional aún cuando éste no sea tan inmediato. Por eso, todos los esfuerzos que el conjunto de la sociedad pueda realizar en educación, y en particular en este nivel de nuestra escuela pública, pueden parecer insuficientes para atender una demanda creciente que hoy por hoy, no ha logrado el nivel de cobertura y calidad que se requieren para dar certidumbre a los futuros profesionistas que el país demanda.

Defender y fortalecer a la secundaria pública es importante para el desarrollo nacional ya que representa el espacio más importante de influencia para la estructuración del perfil de la juventud.

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora, considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en estudio, derivado de la importancia que tiene para los jóvenes y para el desarrollo nacional.

Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, así como las autoridades del municipio de Tlalnepantla de Baz, para establecer mesas de negociación para la donación de una porción del predio que ocupa el almacén zona norte de Capufe, para la construcción de una escuela secundaria en Tequexquináhuac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas, Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villareal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ausente de oradores este punto, queda suficientemente discutido y será votado en conjunto.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTES FEDERAL

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento del Artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, referente al envío de paquetería y mensajería

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes fue turnada para estudio, análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), el reglamento del artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería.

La comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85 87, 157 y 158 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al análisis de la proposición señalada y conforme a las deliberaciones que de ella realizaron los miembros reunidos en pleno, presenta a esta asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Transportes fue turnado para estudio y dictamen el expediente número DGPL 61-II-7-560, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar de la LCPAF el Reglamento del Artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería, presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sesión celebrada el 7 de octubre de 2010.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar el punto de acuerdo que nos ocupa a la Comisión de Transportes.

3. En la quinta reunión plenaria, la Comisión de Transportes dictaminó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a expedir con la mayor brevedad el Reglamento de Mensajería y Paquetería, previsto en los artículos 8, 9, 58 y quinto transitorio de la LCPAF, para lo cual se sugiere analizar y, en su caso, atender las recomendaciones formuladas por las Comisiones Federales de Competencia, y de Mejora Regulatoria (Cofemer), presentada por el diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI, el 15 de diciembre de 2009.

De lo expuesto, la Comisión de Transportes hace de su conocimiento el siguiente contenido de la proposición con punto de acuerdo:

1. Que el servicio de envío de paquetería y mensajería es la recepción, porte, traslado, rastreo, control, seguimiento, entrega personalizada y confirmación de entrega, en tiempos predeterminados y de manera acelerada, de documentos, paquetes o bienes. Estas empresas surgieron ante la necesidad de envíos mayores a un documento escrito, y fueron ganando terreno debido a la explosión demográfica que propició mayores necesidades de comunicación, de logística y de intercambio comercial de objetos de pequeño volumen; hoy son pieza fundamental del engranaje económico del país.

2. Que el 22 de diciembre de 1993 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la LCPAF, en cuyo capítulo VI, relativo a paquetería y mensajería, artículo 58.

Como lo especifica con claridad la ley mencionada, y por lógica de derecho, este artículo tiene que contar con un reglamento que regule la prestación del servicio. Sin embargo, después de 16 años y de 4 presidentes de la República, ninguno ha tenido la atención de voltear a ver a las empresas de paquetería y mensajería, y hasta hoy tan importante sector económico no cuenta con regulación.

3. Que la SCT tiene que subsanar el anteproyecto de reglamento que envió a la Cofemer.

Es indispensable que el reglamento regule el servicio de paquetería y mensajería sin invadir el segmento de carga, pero es importante también que no aparezcan en el reglamento una restricción mayor de peso en paquetes porque es limitativa del servicio, y que los límites de peso bruto vehicular fijados les permita utilizar los vehículos cuyas características se ajusten de mejor manera a sus necesidades de negocio, lo cual sirve para que en ese sentido se respete la práctica establecida, como lo marca la Unión Postal Universal.

4. Que es en indispensable que la SCT defina el anteproyecto final de reglamento de paquetería y mensajería que presentará a consideración del presidente de la República y que éste emita el reglamento.

Consideraciones de la comisión

1. El reglamento es una fuente del derecho administrativo el cual forma parte del orden jurídico conforme al cual se desarrolla la actividad administrativa y constituye una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo.

La atribución de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo se basa en la necesidad de desarrollar y completar en detalle las leyes para facilitar su mejor ejecución, teniendo en cuanta que el Ejecutivo está en mejores condiciones de hacer ese desarrollo puesto que se encuentra en contacto más estrecho con el medio en el cual va a ser aplicada la ley. Además, habiendo mayores facilidades para la modificación de los reglamentos, el uso de la facultad reglamentaria permite que la legislación se pueda ir adaptan do oportunamente a las circunstancias cambiantes en que tiene que ser aplicada.

En el marco jurídico nacional, esta disposición se establece en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

A pesar de su brevedad textual, esta disposición abre un extenso campo de atribuciones al Ejecutivo. Proveer a la exacta observancia de la ejecución de las leyes, en el ámbito administrativo implica la posibilidad y el deber de generar una normatividad adicional que eficiente la función administrativa y emitir una gran variedad de disposiciones jurídicamente obligatorias, públicas, coercibles y de necesaria publicación en el DOF.

La finalidad del reglamento es clara y detallada en el artículo 89, para el cual el reglamento es un acto expresado para ejecutar una ley del Congreso, y ello indica que facilita, detallándola, procedimentándola, la aplicación de una ley. Y por más datos, resultará lógico que un reglamento sea consecuencia necesaria de una ley preexistente y, al contrario no podrá existir reglamento sin que obtenga su derivación de una ley.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia al respecto:

Reglamentos administrativos. Facultad del presidente de la República para expedirlos. Su naturaleza. El artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, confiere al presidente de la República tres facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar dichas leyes; y c) La de proveer en al esfera administrativa a su exacta observancia, o sea, la facultad reglamentaria. Esta última facultad es la que determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emanan del ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley, pero aun en lo que aparece común en los ordenamientos, que es su carácter general y abstracto, sepáranse por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos.

Séptima época. Semanario Judicial de la Federación. Tercera Parte. Segunda Sala. Página 846.

Por tanto, el reglamento es una facultad del Poder Ejecutivo para determinar el exacto cumplimiento a la ley, en este caso, la LCPAF, la cual carece de ordenamiento que regule la incertidumbre jurídica respecto del servicio paquetería y mensajería.

2. Por otra parte, la LCPAF define el servicio de autotransporte federal de carga como “el porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal”. Por su parte, la misma ley define la paquetería y mensajería como “el porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal”. La prestación de ambos servicios está sujeta a permiso de la SCT. Para el caso de la paquetería y mensajería, la ley establece que la prestación del servicio “estará sujeto a las condiciones que establezca el reglamento respectivo”.

Ambos servicios comparten el elemento definitorio: el traslado de bienes de un punto de origen a otra final. La diferencia radica en las características cualitativas: la paquetería y mensajería trasladan bienes en mayores condiciones de velocidad, confiabilidad. Esto explica que esta última actividad se refiera a “paquetes” y el autotransporte de carga a “mercancías”. Pero esa distinción debería quedar únicamente para efectos comerciales.

Por tanto, no cabe duda de que el servicio incluye el traslado, pero también (a diferencia del autotransporte de carga), una serie de elementos de valor agregado vinculados a la velocidad, seguridad y confiabilidad del mismo. La paquetería y mensajería pueden diferenciarse fácilmente del transporte de carga bajo esta óptica.

3. El artículo 9 de LCPAF sugiere que los permisos para los servicios de mensajería y paquetería se otorgarán en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Así, el texto del primer párrafo de esta disposición establece lo siguiente:

Artículo 9. Los permisos a que se refiere esta ley se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan los reglamentos respectivos.

Derivado de las necesidades de que exista un Reglamento que regule la paquetería y mensajería deben de tomarse en cuenta y establecer que el servicio es auxiliar, el cual depende de un permiso de autotransporte federal (pasaje y carga), tomando como base los artículos 2, fracción VII, y 52, fracción V, de la LCPAF. Por lo anterior no se debe confundir la libertad de transitar en caminos de jurisdicción federal de manera independiente al amparo del permiso de paquetería y mensajería.

4. Por otra parte, es necesario precisar que aunque México reservó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el “transporte de carga doméstica” para mexicanos y sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros (donde efectivamente quedarían comprendidas la paquetería y mensajería de carga doméstica), la paquetería y mensajería fueron abiertas a la inversión extranjera a través de la Ley de Inversión Extranjera. En este sentido, las reservas del TLCAN deben ser leídas a la luz del régimen jurídico vigente.

El servicio de paquetería y mensajería se auxilia de un servicio principal para la transportación o traslado de paquetes en camino y puentes de jurisdicción federal, ya que de lo contrario estaríamos hablando de un servicio de carga. Por tanto, el servicio de paquetería y mensajería realiza su operación y explotación, a través de la recepción, recolección, reparto y entrega de paquetes y mensajes; es necesaria esta distinción en virtud de que con fundamento en el anexo I, “Subsector de transporte terrestre”, del TLCAN se establece que el servicio de carga doméstica es exclusiva para mexicanos, entendiendo como carga doméstica la transportación de bienes en caminos y puentes de jurisdicción federal. Por lo anterior, en el caso de empresas de paquetería y mensajería con inversión extranjera que no cuenten con permiso de autotransporte federal, deberán complementar el servicio de paquetería y mensajería con los permisionarios del autotransporte federal de pasaje o cargo o a los que se asocien con ellos, esto para que puedan trasladar sus paquetes por caminos y jurisdicción federal.

Derivado de lo anterior, el TLCAN se incumple en lo referente al autotransporte de carga en dos aspectos: Porque el transportista mexicano no puede transitar en territorio de los países que firmaron el tratado, y porque empresas estadounidenses hacen carga doméstica en México, aun cuando ello está prohibido.

El TLCAN tipifica que el transporte de carga doméstica o lo que se conoce como cabotaje, porque va de puerto a puerto interior (vía terrestre), está reservado exclusivamente a cada uno de los transportistas de los países miembros del TLCAN, México, Estados Unidos y Canadá.

Por otra parte, el tratado señala que los extranjeros pueden hacer transporte internacional, es decir, cuando una carga inicia en un país y se entrega en otro.

El 6 de febrero de 2001, el panel establecido para resolver el conflicto de transporte terrestre de carga con Estados Unidos emitió su resolución final favoreciendo a México. El fallo no ha sido publicado en el DOF, requisito básico para exigir su cumplimiento, siendo responsabilidad de la SCT cumplir dicha exigencia legal.

En el caso del transporte de carga, pese a que México tuvo un fallo favorable del panel, establecido por el capítulo XX, que facultaba a México para aplicar medidas de efecto equivalente, hasta la fecha, el gobierno federal no ha ejercido derecho alguno a favor de los transportistas mexicanos.

Llevada por una posición dogmática, la Secretaría de Economía ha liberalizado totalmente la inversión extranjera en materia de servicios, no obstante que Estados Unidos no ha permitido que los mexicanos presten el servicio de carga internacional hacia lugares en el interior del vecino país. Con esta actitud, que impide la prestación del servicio de transporte internacional y de la inversión, está abriendo la posibilidad de que inversionistas estadounidenses, cubran no sólo el mercado doméstico de carga o cabotaje, sino que los tracto camiones estadounidenses puedan cubrir el servicio en todo el territorio mexicano.

5. Entre los principios del TLCAN está el trato nacional, el cual consiste en que las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeros y nacionales. Este principio de “trato nacional” garantiza seguridad para los países ratificantes de acuerdos comerciales; sin embargo, México no tiene reciprocidad en el trato.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXI Legislatura consideramos adecuado insistir en la necesidad de la emisión de dicha norma y aprobar la proposición de mérito, por lo que sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a publicar el Reglamento del Artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, referente al envío de paquetería y mensajería.

Notas:

1 Castrejón García, Gabino Eduardo. Derecho administrativo I, Cárdenas Velasco Editores, México, 2006, páginas 107-110.

2 Lescieur Talavera, Jorge Mario. Lineamientos de derecho administrativo,Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 2007, página 75.

3 Faya Rodríguez, Alejandro. Propuesta de cambio, inversión extranjera en paquetería, mensajería y transporte de carga: ¿resistencia o estado de derecho?,Red Mexicana de Competencia y Regulación, CIDAC, marzo de 2010.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2011.

La Comisión de Transportes, diputados:Javier Gil Ortiz (rúbrica), presidente; Ángel Aguirre Herrera, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Benjamín Clariond Reyes Retana (rúbrica), Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica), Pedro Ávila Nevárez, Francisco Lauro Rojas San Román (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica), Martha Angélica Bernardino Rojas (rúbrica), Juan José Guerra Abud (rúbrica), secretarios; Leobardo Soto Martínez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), María Elena Perla López Loyo (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Sergio Octavio Germán Olivares, César Mancillas Amador, Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Ignacio Téllez González (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con una lista de oradores vacía, el punto está suficientemente discutido y queda para ser votado en conjunto.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a dependencias de la administración pública federal a reforzar el cumplimiento de la normativa en materia de actividades pesqueras que embarcaciones extranjeras realizan en los límites territoriales de la zona de Ensenada, Baja California

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias encargadas de revisar las embarcaciones extranjeras a cumplir la normatividad vigente para realizar actividades pesqueras, en el estado de Baja California, presentada por el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ante el Pleno de este órgano Legislativo el 28 de septiembre de 2010 y publicada en la gaceta parlamentaria el miércoles 13 de octubre del 2010.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, así como de los artículos 149, 157, 158, 176, 177, 180, 182 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Antecedentes

1. Que con fecha 28 de septiembre el diputado federal Francisco Arturo Vega de Lamadrid, presentó, ante el pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias encargadas de revisar las embarcaciones extranjeras a cumplir la normatividad vigente para realizar actividades pesqueras, en el estado de Baja California.

2. Que con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dictó el siguiente turno: “Túrnese a la Comisión de Pesca” para efectos de su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.

3. Que con la finalidad de enriquecer el presente dictamen, la Comisión de Pesca llevó a cabo una consulta a los actores interesados, así como a los representantes del sector de pesca dentro del estado de Baja California; así como al diputado proponente, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, según lo establecido en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ampliando la información de esta propuesta.

4. Que la Comisión de Pesca se ha dado a la tarea de la revisión del marco jurídico en el sentido de la propuesta, así como la normatividad establecida en los ordenamientos internos de las instancias encargadas de las revisiones y la realización de actividades pesqueras en el territorio marítimo nacional y de la zona de Ensenada, Baja California.

Consideraciones

I. Las observaciones formuladas por el proponente se establecen de la siguiente forma:

Que la ciudad de Ensenada, se localiza aproximadamente a 80 km de la frontera México-Estados Unidos de América frente al océano Pacífico, su puerto cuenta con diversas rutas comerciales que lo enlazan con varias ciudades mexicanas y extranjeras, de igual forma, establece que existe una deficiencia en la revisión de las actividades pesqueras, por parte de las autoridades mexicanas, tanto en las embarcaciones como a los miembros de las tripulaciones de dichos barcos, así como el tipo de actividad pesquera que realizan, esto, dentro de la jurisdicción marítima federal.

Delinea que la reglamentación internacional y la Ley de Navegación de México, cualquier barco extranjero que permanezca dentro del límite de aguas nacionales, está obligado a reportar su entrada a la capitanía de puertos más cercana, explicar las actividades marítimas que desea realizar, así como registrar la salida de la embarcación al término de la misma y demostrar los permisos necesarios emitidos por el Instituto Nacional de Migración.

Así como que los encargados de otorgar las licencias y permisos para lo que respecta a las actividades pesqueras son la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, quién otorga las licencias para las diferentes clasificaciones de pesca, los permisos de actividad a realizar, los otorga la capitanía de puertos dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que las autoridades encargadas de realizar revisiones, a las embarcaciones, al interior del mar, son la Secretaría de Marina y la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en tierra los encargados de estas revisiones son el Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Aduanas.

II. La comisión dictaminadora aprecia que las observaciones se refieren a un problema añejo que se padece en la actividad pesquera dentro de los límites marítimos, considerados, dentro de la territorialidad nacional y en particular en lo que respecta a la zona de Ensenada, Baja California, por el tipo de pesca que realizan las embarcaciones extranjeras en territorio nacional y la carencia de la vigilancia en los permisos y las actividades que realizan, sin embargo, esta Comisión estima necesario puntualizar algunas precisiones a las que nos referiremos a continuación:

A) La legislación que enmarca la presente precisión, nos dicta el estudio técnico de los siguientes ordenamientos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 27 establece el dominio y el derecho sobre la explotación del territorio nacional y de las aguas nacionales comprendidas en el derecho internacional, así como la propiedad de la nación de las aguas de los mares territoriales.

La fracción V del artículo 42 establece que la territorialidad nacional comprende las aguas de los mares territoriales, la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores.

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable

La fracción XVI del artículo 8 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, establece que a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde la coordinación y supervisión de la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola; la fracción XXII de la misma ley, estipula que es competencia de esta misma Secretaría, proponer, coordinar y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia pesquera y acuícola, con la participación que corresponde a otras dependencias de la administración Pública Federal.

La fracción XXVIII, menciona la obligación de esta Secretaría, de la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta misma ley, sus reglamentos y normas oficiales.

La fracción I del artículo 10 de esta misma ley, establece que la vigilancia e inspecciones en las zonas marinas mexicanas, en materia de pesca, son facultades de la Secretaría de Marina.

La fracción I del artículo 11 de la ley en comento, establece que los municipios administrarán los permisos para la realización de pesca deportiva o recreativa, de igual forma, la fracción VI del artículo 25, establece la celebración de convenios con particulares y prestadores de servicios para obtener permisos destinados a la pesca deportiva, mediante el pago de los derechos correspondientes.

Las fracciones VII y IX del artículo 41, menciona que la pesca deportiva recreativa y pesca realizada por extranjeros requieren de permisos.

Ley de Puertos

La fracción IV del artículo 16 de la Ley de Puertos, establece que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la encargada de otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley, así como verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación, renovación o revocación.

Los artículos 18 establecen que la Armada de México, así como la Capitanía de Puertos son los encargados del orden y seguridad del recinto portuario, así como de la coordinación en los términos que establezca el reglamento que para el efecto se expida.

El artículo 64 comenta que la Secretaría verificara, en cualquier tiempo, en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, el debido cumplimiento de las obligaciones que señale esta ley, sus reglamentos, las concesiones o permisos y las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Ley Federal del Mar

El artículo 2 establece que la presente leyes de jurisdicción federal, rige en las zonas marinas que forman parte del territorio nacional y, en lo aplicable, más allá de éste en las zonas marinas donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicciones y otros derechos. Sus disposiciones son de orden público, en el marco del sistema nacional de planeación democrática.

La fracción I, del artículo 46 de la presente ley comenta, que los derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación le competen a la nación, en la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste.

El artículo 49 de la misma ley, dice que el Poder Ejecutivo Federal vigilara, que al ejercitar los Estados extranjeros sus derechos y al cumplir sus deberes en la Zona Económica Exclusiva mexicana, tengan debidamente en cuenta los derechos, jurisprudencias y deberes de la nación y cumplan esta ley.

B) Por lo que se refiere a la determinación de la naturaleza jurídica de los petitorios de la presente proposición con punto de acuerdo, esta comisión considera la viabilidad de las mismas, estableciendo el sustento legal por lo que la propuesta respecta.

Esta dictaminadora establece que las Secretarías de Marina; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; Marina y a los municipios determinados por el Estado mexicano, funcionan como intermediadores, en el otorgamiento de permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, para la realización de actividades pesqueras dentro del territorio nacional; por lo tanto se considera viable la realización de los exhortos a las diferentes dependencias federales.

Asimismo, se coincide con el proponente que la revisión correrá a cargo de organismos dependientes de las Secretarias, previamente establecidas, como lo es Capitanía de Puertos y la Armada de México.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Pesca somete a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de las autoridades correspondientes, a extremar las revisiones al interior del mar de las actividades pesqueras que realizan las embarcaciones extranjeras en los límites territoriales de la zona de Ensenada, Baja California.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Comunicaciones; de Marina; de Comunicaciones y Transportes; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al titular del gobierno del estado de Baja California, para que refuerce los trabajos de inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas, dando cabal cumplimiento a lo facultado por la legislación federal en la materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de marzo de 2011.

La Comisión de Pesca, diputados:Felipe Cervera Hernández (rúbrica), presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Silvia Puppo Gastelum, secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Carlos Manuel Joaquín González, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Juan José Cuevas García, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Los señores diputados han preferido no inscribirse como oradores. Está suficientemente discutido y pasa a ser votado en conjunto.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PESCADORES RIBEREÑOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a dependencias de la administración pública federal a considerar a los pescadores ribereños o asociados en cooperativas de los 17 estados de la república que cuentan con litoral en el Programa de Empleo Temporal en épocas de veda y desastres naturales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en lo que establecen los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. A la Comisión de Pesca fue turnado para estudio y dictamen en el expediente número DGPL 61-II-3-913, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de Sinaloa y Sonora, a considerar en los programas de empleo temporal la inclusión de pescadores ribereños o asociados en sociedades cooperativas, durante las temporadas de veda que les impide completar el ingreso para la manutención de sus familias, presentada por el diputado Adolfo Rojo Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 15 de diciembre de 2010, para solicitar un punto:

Único. Dentro de los programas de empleo temporal se considere la inclusión de pescadores ribereños o asociados en sociedades cooperativas, durante las temporadas de veda.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca.

3. Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la misma propuesta, la Comisión de Pesca se abocó al estudio y análisis para cumplir el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes

Consideraciones

El diputado proponente expone que la pesca en el país es un sector prioritario y estratégico para la economía, por la gran cantidad de productos alimenticios que por este importante medio son obtenidos, pero éste ha sido seriamente afectado por la crisis económica y el precio de los combustibles, poniéndolos en una situación complicada, lo cual ha afectado su operación ante este escenario.

Además, comenta que es sin duda una de las actividades más complejas del sector primario, por estar influida por una amplia gama de factores que van desde ambientales, económicos y sociales hasta políticos. Para enfrentar lo anterior, los poderes del país debemos estar conscientes y capacitados para dar respuesta a los retos que nos plantea, ya que es un sector determinante para impulsar la actividad económica, además de ser un generador de empleos que actualmente necesitamos para el país.

El sector pesquero en México está integrado por los sectores social, privado y público. Las sociedades cooperativas de producción pesquera que integran el primero de estos sectores tenían reservadas las ocho especies de mayor valor en la pesca comercial: camarón, langosta, abulón, almeja, pismo y ostión, entre otras. A partir de la década de 1980, el sector social centró sus actividades en las especies de consumo popular. En la actualidad, estas especies son manejadas también por el sector privado.

Hoy, este importante gremio es sujeto de carencias, sobre todo las asociaciones que realizan esta actividad a manera de sustento familiar, por medio de pequeñas y medianas cooperativas, en campos pesqueros alejados de las grandes ciudades y centros de distribución.

La forma de operar de estos campos pesqueros en su mayoría se da por medio de pequeñas embarcaciones (pangas), la cual se denomina “pesca ribereña” y rinde escasos frutos para solventar las necesidades básicas de las familias de los pescadores, y más aún en los meses en que no está permitido pescar debido a la veda, que se da por lo regular de junio a septiembre en el país.

Agrega que en las últimas décadas, la gente que se dedica a esta actividad y ante el deterioro de la actividad a escala mundial y el excesivo esfuerzo pesquero concentrado en algunas pocas especies, optaron por la acuacultura, la cual se convirtió de manera paulatina en una alternativa de producción, considerándose al mismo tiempo un sector prioritario y estratégico para el suministro de alimentos, el abasto de insumos a la agroindustria, y la generación de recursos, empleos e ingresos, principalmente para los países en desarrollo.

En estos sistemas controlados donde el crecimiento de los animales es manejado y mejorado por el hombre, los principales organismos cultivados son peces, moluscos y crustáceos, pero otras especies también se cultivan en menores cantidades. Sin embargo, esto no resulta suficiente en muchos casos para lograr que las personas que habitan en estas comunidades pesqueras puedan llevar el sustento básico para que sus familias solventen los gastos de alimentación, vestido, educación y mucho menos recreación, sobre todo durante los meses de veda y no cultivo mencionados.

Por ello, en realidad se requiere que las autoridades correspondientes de las secretarías de Estado y los gobiernos de Sinaloa y Sonora tomen cartas en el asunto, ya que necesitan apoyo los sinaloenses, los sonorenses y el resto de pescadores del país.

En consecuencia, los integrantes de la Comisión de Pesca determinaron que para que el exhorto se consolide, se adicione que todos los pescadores y trabajadores del mar de los 17 estados con litoral sean considerados en el Programa de Empleo Temporal, como consecuencia de la implantación de vedas y de los desastres naturales. Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocen la importancia de la proposición manifestada por el diputado Adolfo Rojo Montoya, coincidiendo con la relevancia del apoyo que se pudiera brindar a este importante sector.

Por lo expuesto, y con las coincidencias que hemos encontrado al ser discutido, los integrantes de la comisión dictaminadora se permiten someter a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a considerar a los pescadores ribereños o asociados en cooperativas, de los 17 estados de la república que cuentan con litoral, en las épocas de vedas y desastres naturales, en el Programa de Empleo Temporal.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de los 17 estados de la República Mexicana que cuentan con litoral a ofrecer con las delegaciones federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social correspondientes una alternativa de empleo a este tipo de pescadores, a fin de que puedan satisfacer las necesidades básicas de sus familias.

Dado en las oficinas de la Comisión de Pesca, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.

La Comisión de Pesca, diputados:Felipe Cervera Hernández (rúbrica), presidente; Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Sofía Castro Ríos (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), César Mancillas Amador (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Silvia Puppo Gastélum (rúbrica), secretarios; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Francisco Javier Martín Gil Ortiz, Carlos Manuel Joaquín González, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol, Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Eviel Pérez Magaña (rúbrica), Juan José Cuevas García, José Manuel Marroquín Toledo (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No se consideró necesario discutir este punto. Está suficientemente discutido. Queda para ser votado en conjunto. Se me están gastando las ideas. Adelante, diputada.

CRIMENES EN CONTRA DE PERIODISTAS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la Procuraduría General de la República, den seguimiento a las investigaciones que existen en relación a crímenes en contra de periodistas

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República a dar seguimiento a las investigaciones que existen en relación con crímenes en contra de periodistas.

Antecedentes

1. El 10 de noviembre de 2009, el diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República a dar seguimiento a las investigaciones que existen en relación a crímenes en contra de periodistas.

2. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición con punto de acuerdo a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

Finalidad de la proposición con punto de acuerdo

El diputado promovente señala que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigue y emita los dictámenes respectivos de los fatídicos acontecimientos de los siguientes periodistas: Eliseo Barrón, Bladimir Antuna García, Fabián Ramírez López, Gerardo Esparza Mata, Norberto Miranda Madrid, Omar Gándara San Martín, Daniel Martínez Gil, Ernesto Montañez Valdivia, Martín Javier Miranda, Carlos Ortega Melosamper, Luis Daniel Méndez Hernández y Jean Paul Ibarra Ramírez. Así como de todas las investigaciones penales que se encuentren abiertas en torno a periodistas, comunicadores, camarógrafos, empresas noticiosas y, en general, toda persona física o moral que esté relacionada con medios de comunicación”.

Asimismo, insta a “la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a-la Comunidad de la Procuraduría General de la República, a ejercer a plenitud la facultad de atracción en aquellos casos que tengan conexidad con algún ilícito penal del fuero federal, así como apoyar y reforzar los diversos programas de atención a víctimas del delito.”

Consideraciones

De acuerdo con el diputado promovente: “En México persisten importantes rezagos en materia de seguridad y respeto a las garantías individuales de los ciudadanos, en especial a las libertades de imprenta, de expresión y de libre acceso a la información pública, por las cuales el Estado debe velar en todo momento”.

Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en su recomendación general número 17 que “de enero de 1991 a julio de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició 737 expedientes de queja relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de los periodistas”.

Aunado a las estadísticas señaladas, en diversos medios de comunicación ya se registran 67 periodistas asesinados en lo que va de 2010, lo que muestra que este tipo de delitos se incrementa con el paso de los años.

En la citada recomendación se destacó que “de 2000 a 2009 este organismo nacional ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 52 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo”.

Por tal situación, en esta Cámara de Diputados, hace 7 años se creó el Grupo de Trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, presidido por la entonces legisladora Beatriz Mojica Morga. A pesar de no tener el rango de comisión, inició su labor de seguimiento, creando una base de datos de estas agresiones y haciendo denuncias ante el pleno de esta Cámara.

Posteriormente, en la LX Legislatura, por primera vez se constituyó la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, la cual presidió el entonces diputado Gerardo Priego Tapia. En la actual Legislatura la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación la preside la diputada María Yolanda Valencia Vales.

Vale la pena mencionar que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos contiene un catálogo de derechos fundamentales, garantes de los bienes jurídicos tutelados, como el de la libertad de expresión.

Este derecho está reconocido internacionalmente como un derecho humano, así lo señalan la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.

En concordancia con ello, el Estado mexicano ha ratificado instrumentos internacionales que protegen el derecho a la libertad de expresión. El 24 de marzo de 1981 México ratificó tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en ambos instrumentos se establece el derecho que tiene toda persona a la libertad de pensamiento y expresión.

Atento a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación General número 17, del 19 de agosto de 2009, dirigida a los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia Militar, a efecto de atender e investigar a profundidad y con la debida diligencia las indagatorias relativas a los homicidios, desapariciones forzadas de los periodistas y atentados con explosivos a instalaciones de periódicos a que se ha hecho alusión, entre otras agresiones, que implican una violación a los derechos fundamentares a la vida, a la integridad y la seguridad personal, a la libertad de expresión y a la seguridad jurídica.

Es importante destacar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, ya no existe en virtud del acuerdo A/ 145 /10 del procurador general de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, mediante el cual se crea una nueva fiscalía para la atención de delitos en contra la libertad de expresión, denominada, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la cual se adscribe a la oficina del procurador general de la República.

En atención a lo anterior, es a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, a quien se debe exhortar en términos del presente dictamen.

En ese contexto los legisladores debemos reiterar la importancia de darle seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación para velar de manera plena por su seguridad y el respeto de la garantía fundamental de libertad de expresión.

Por ello, los integrantes de estas Comisiones estamos a favor de impulsar las medidas necesarias para prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a rendir un informe del seguimiento sobre el cumplimiento de su recomendación general número 17, dirigida a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, al procurador general de la República y al procurador de Justicia Militar, relacionada con los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, adscrita a la oficina del procurador general de la República, a ejercer a plenitud la facultad de atracción en aquellos casos que tengan conexidad con algún ilícito del fuero federal, así como apoyar y reforzar los diversos programas de atención a víctimas del delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2010.

La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; José Tomás Carrillo Sánchez (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Julio César Godoy Toscano (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica; con las adiciones propuestas, mismas que se votaron favorablemente), Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Sonia Mendoza Díaz, Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica; a favor con las adecuaciones vertidas en la comisión), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)

La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Salvador Caro Cabrera, Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Martín García Avilés, Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López, Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León, Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo, pero no se han registrado oradores; por tanto, queda suficientemente discutido y se reserva para ser votado en conjunto. Como es el último, ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación de los puntos de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por favor, secretaria, ábralo por 10 minutos, porque hay muchos diputados en distintas actividades.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Muy bien. Corrigiendo, se abre por 10 minutos.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que no haya votado? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, el diputado Maurilio Ochoa Millán.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:El diputado Alfredo Villegas, si se encuentra en el salón. Diputado presidente, se emitieron 295 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados los puntos de acuerdo por 293 votos, comuníquense.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública.

PLATAFORMA MEXICO

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al del Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información en la Plataforma México.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 11 de noviembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, con base en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del programa Plataforma México.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguridad Publica a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 11 de noviembre de 2010, el Diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal para que, con base en el artículo 7, fracción VI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, promuevan la capacitación, certificación, registro, profesionalización y permanencia del personal operativo del programa Plataforma México.

II. En la misma fecha, el Presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

III. El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 22  votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. El diputado proponente manifiesta que en el mes de marzo de 2007 se puso en marcha la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, misma que contempla siete ejes de acción para mejorar la seguridad y procuración de justicia.

A efecto de fortalecer dicha estrategia y con el objeto de dotarlo de la normatividad necesaria para conseguir sus objetivos, el 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que sirve como guía rectora para regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Señala que parte fundamental de Plataforma México ha sido la modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones para la Seguridad Pública, la cual, está diseñada en dos planos: el horizontal para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal; y el vertical, que atiende el ámbito local mediante convenios de coordinación con los ejecutivos estatales, para conectar a las entidades federativas y a los municipios a dicha plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.

3. Puntualiza que la referida red nacional de interconexión está compuesta por enlaces y equipos de telecomunicaciones con tecnología de punta que permiten la transmisión de aplicaciones de voz, datos, video y radiocomunicación en tiempo real a los usuarios interconectados a los 32 C4’s; 44 subcentros adscritos a los C4, por medio de los cuales se abarcan 863 puntos de conexión que corresponden a las dependencias de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

4. Detalla que en relación con las aplicaciones y bases de datos, Plataforma México alberga el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), previsto en los artículos 117 a 121 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual opera hoy en día en Instituciones de Seguridad Pública Federal, Estatal y Municipal, Procuración de Justicia, instalaciones estratégicas y Centros de Prevención y Readaptación Social, logrando una interacción preactiva de la información para apoyar las labores de la Seguridad Pública, teniendo durante el año 2009 un total de 1,798,990 consultas realizadas.

5. Especifica que otro de los sistemas de información de alta tecnología, es el Informe Policial Homologado (IPH), como reporte único en materia de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno, previsto en el artículo 112 de la Ley en cita; mismo que al mes de diciembre del año 2009 reporta ingresados más de 718,813 informes operando en las 32 entidades federativas, con lo que se apoya en las labores de inteligencia y el cruce de detenciones administrativas con datos criminales de todo el país y el extranjero en cuestión de segundos. Y por lo que respecta al cardes policial, al mes de diciembre de 2009 contaba ya con 469,046 registros de policías en todo el país, de los cuales 36,923 corresponden a los integrantes de la Policía Federal.

6. Describe que entre otros avances se pusieron en marcha los sistemas de información geográficos para los aplicativos de secuestro, extorsión y denuncia ciudadana, y se actualizó la información cartográfica del inventario urbano del país con capas de información tales como aeropuertos, carreteras federales, estatales, municipales, secretarías de estado, zonas militares y zonas navales, conformando un total de 4, 458,430 elementos en la geo-base de datos.

7. Refiere que se realizó la capacitación en el aplicativo del Sistema Nacional de Información Penitenciaria de las 32 Direcciones o Coordinaciones Generales de los Sistemas Estatales Penitenciarios. La conectividad de estas direcciones o coordinaciones generales se encuentra al 84% que representa 27 estados conectados directamente a la Plataforma México para el intercambio de  información en esta materia.

8. Finalmente manifiesta que para la implementación de los diversos sistemas de información los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales de manera coordinada como lo dispone el artículo 7 fracción VI de la mencionada Ley, han puesto en marcha programas de capacitación y profesionalización dirigidos al personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información, responsables de cargar la información. Por tal motivo el proponente considera necesario hacer un exhorto respetuoso a los gobiernos de las entidades federativas a que consideren la permanencia del personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información encargadas del sistema de Plataforma México, de acuerdo con lo señalado por el artículo 88 inciso B y demás relativos y aplicables de la Ley en la materia, tomando en consideración su experiencia en la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

Primera. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente Dictamen.

Segunda. El objetivo del presente punto de acuerdo consiste en exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a que consideren la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información encargadas del sistema de Plataforma México, de acuerdo con lo señalado por el artículo 88, inciso B, y demás relativos y aplicables de la ley en la materia, tomando en consideración su experiencia en la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.

Tercera. Tal y como cita el proponente en la exposición de motivos de la proposición, objeto del presente análisis, Plataforma México forma parte esencial de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Se fundamenta en el diseño e instrumentación de un modelo vanguardista de desarrollo tecnológico y comunicaciones cuyo propósito es fortalecer la seguridad ciudadana. Consiste en la interconexión de redes de dependencias e instituciones vinculadas directamente al ámbito de Seguridad Pública, que propicien y faciliten el intercambio de información de sus diferentes bases de datos a fin de optimizar la eficacia de estrategias y operativos para enfrentar a la criminalidad.

El Programa opera a nivel nacional y contempla las siguientes tres etapas:

Etapa 1. Red de datos encriptada. En esta fase se incorporan las 32 entidades federativas y al menos los 150 municipios de mayor incidencia criminal del país a una moderna red de telecomunicaciones, en donde toda la información viaja de manera segura y confidencial. Es mediante esta Red de Datos que se tiene acceso a las Bases de Datos y Sistemas de Seguridad Pública.

Etapa 2. Sistema Único de Información Criminal (SUIC). Mediante este sistema se proporciona a las dependencias responsables de la Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno, sistemas para el registro, uso y explotación de información, como herramientas de apoyo para la generación de inteligencia policial.

Etapa 3.  Equipamiento de estaciones de policía. En esta etapa, se integra y aprovisiona de tecnología a las estaciones de policía para que tengan acceso ágil a las bases de datos y sistemas de Plataforma México.

Sin duda, el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Federal ha avanzado, por un lado en la transición de un modelo de reacción a un modelo de investigación y por otro, en su equipamiento con más y mejor tecnología e infraestructura para facilitar el análisis de inteligencia en el combate a la criminalidad.

A través de Plataforma México hoy es posible acceder al Sistema Único de Información Criminal que alberga la base de datos sustantiva más importante del país en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y cuenta con conexión en todos los Estados de la Republica y los 150 municipios con mayores índices delictivos.

Según datos del Cuarto Informe de Gobierno, a julio de 2010, se encuentran conectadas a Plataforma México 907 instituciones de Seguridad Pública Federales, Estatales y Municipales de las 32 entidades federativas, además de todas las Procuradurías Generales de Justicia Locales, las Secretarías de Seguridad Pública y 30 de las 32 Secretarías de Finanzas.

Sólo en 2009 se realizaron 2 millones 85 mil 708 consultas y durante 2010, al 31 de julio, se llevaron a cabo un millón 995 mil 463 visitas de información por parte de las Instituciones de Seguridad Pública de todo el país.

Por lo anterior, las herramientas tecnológicas de punta se han convertido en la pieza medular para el intercambio de información delictiva entre los tres órdenes de gobierno. Durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2010 se concluyó la conectividad al Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, a través de la interconexión de bases de datos de las instituciones de gobierno, corporaciones policiales y centros penitenciarios de las 32 entidades federativas y 291 municipios, entre los cuales se encuentran, como ya se citó con antelación, los 150 con mayor índice delictivo. Además se logró la conectividad con 22 Direcciones Generales de Prevención y Readaptación Social.

En consecuencia, el Centro de Inteligencia de la Policía Federal abre posibilidades inéditas para el intercambio de información entre las corporaciones municipales, estatales y federales, así como la cooperación internacional.

Cuarta. En relación con lo anterior, es menester precisar que la Policía Federal ha fortalecido su estructura, mejorado su organización interna, e impulsado un nuevo modelo de desarrollo policial, en torno a seis divisiones, tal y como lo estipula el artículo 5 del Reglamento de la Policía Federal:

a) Inteligencia

b) Investigación

c) Seguridad Regional

d) Científica

e) Antidrogas

f) Fuerzas Federales

Para optimizar el despliegue territorial de la Policía Federal, con una visión de proximidad social, se crearon las coordinaciones estatales, con la función de desarrollar, implementar, dirigir y supervisar los operativos realizados para prevenir y combatir los delitos federales en cada circunscripción territorial, en apoyo a las autoridades Federales, Locales y Municipales.

Según datos del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Calderón, desde diciembre de 2006 se han incorporado a la Policía Federal más de 7 mil jóvenes con formación universitaria, que cubren el perfil de investigador, para integrarse a la policía científica. Asimismo, se ha ampliado el diseño curricular y se ha reactivado la Academia de Policía para la formación y capacitación de policías federales y locales.

Quinta. El razonamiento esgrimido en el párrafo precedente, se robustece si se toma en consideración que en relación con el artículo 2o. de la Ley de la Policía Federal, esté organismo desconcentrado es el encargado de aplicar y operar la política de Seguridad Pública en materia de prevención y combate de delitos. A la letra dicho precepto manifiesta:

“Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes:

I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;

III. Prevenir la comisión de los delitos, y

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables”.

En este orden de ideas, el artículo 43 de la Ley de la Policía Federal precisa que la Policía Federal se auxiliará de las policías estatales y municipales para la consecución de las acciones encaminadas a cumplir las distintas tareas de Seguridad Pública:

“Artículo 43. En los casos en que resulte necesario, la Policía Federal podrá auxiliarse con:

I. El personal técnico especializado de la Secretaría;

II. Las policías del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, en los términos que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

III. Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales;

IV. El Servicio de Protección Federal, y

V. Los particulares que presten servicios de seguridad privada, sin que puedan sustituir en sus funciones a las instituciones de seguridad pública.”

De la misma forma, como lo indica el artículo 7 de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios deben coordinarse para: “Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública”:

“Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública;

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley;

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación;

V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;

VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;

VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;

IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal;

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;

XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;

XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;

XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y

XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública”.

Sexta.  En consecuencia, los integrantes de esta Comisión estiman que el exhorto es viable ya que, como se afirmó con antelación, Plataforma México alberga el Sistema Único de Información Criminal que contiene la base de datos sustantiva más importante del país en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, ya cuenta con conexión en todos los Estados de la Republica y los 150 municipios con mayores índices delictivos.

Dado lo anterior, mediante la profesionalización se optimizará el sistema de inteligencia para mejorar la investigación en el combate a la delincuencia y el crimen organizado y por ende, en la eficiencia de la integración de la averiguación previa del proceso penal que actualmente representa un grave problema.

Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo de sus Centros de Captura y de sus Unidades de Análisis de la Información encargadas de la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en abstención), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica en abstención), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión el punto de acuerdo y se ha registrado el diputado Arturo Santana Alfaro. Tiene la palabra, hasta por 5 minutos.

Posteriormente, don Jaime Cárdenas, hasta por 3 minutos, perdón.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Gracias, diputado presidente. Subo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, del Partido de la Revolución Democrática, para manifestar el apoyo al sentido de este punto de acuerdo, por el que esta honorable Cámara de Diputados, sin duda, exhortará a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información encargadas de la compilación, procesamiento, análisis e integración de la información que se reporta a la infraestructura tecnológica denominada Plataforma México.

El punto de acuerdo que se trata refiere que para la implementación de los diversos sistemas de información de los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, se han puesto en marcha programas de capacitación y profesionalización dirigidos al personal operativo responsable de cargar la información.

Nuestro grupo parlamentario considera de vital importancia asegurar que ese personal tenga certidumbre de que su labor no estará sujeta a los vaivenes de la política y de los políticos que lleguen a cargos de elección, sean gobernadores, presidentes municipales o jefe de gobierno del Distrito Federal.

Para ello se requiere ir más allá de la mera permanencia. Se necesita integrar a este personal a un servicio civil de carrera que les permita asegurar, no tan solo la continuidad en sus funciones, sino una estabilidad laboral y la seguridad para su familia. Insistimos en que se acabe la opacidad con la que viene trabajando Plataforma México.

La Cámara de Diputados continuará vigilando la aplicación de los cuantiosos recursos que se han presupuestado para la Secretaría de Seguridad Pública Federal que para este año ascendieron a casi 36 mil millones de pesos, y en particular hacer notar que a Plataforma México se le triplica el presupuesto para 2011 en relación a lo ejercido en 2010. Es decir, de 500 millones de pesos se pasa a más de mil 500 millones de pesos sin obtener hasta el momento resultados convincentes en materia de prevención y combate contra el delito.

No obstante, el Grupo Parlamentario del PRD no escatimará en apoyar cualquier esfuerzo que signifique combatir la desbordada violencia, producto de la descomposición social que han generado las desatinadas políticas públicas implementadas por el gobierno federal en turno.

Apoyaremos este dictamen que se presentó al seno de la Comisión de Seguridad Pública, pero hacemos notar que no estamos de acuerdo, que no compartimos el criterio de asignación presupuestal para la Secretaría de Seguridad Pública Federal y mucho menos para este programa o estrategia que ha venido de mal en peor, denominado Plataforma México, y que por el contrario, ha registrado una serie de observaciones en la aplicación y manejo de los recursos que le han sido asignados sin que hasta el día de hoy podamos tener una respuesta a esas observaciones; es decir, que no han sido subsanadas...

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Arturo Santana Alfaro:... por el órgano en comento. Concluyo, diputado presidente. Votaremos a favor, reitero, pero con estas salvedades. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nuestra posición es de abstención. El punto de acuerdo que estamos analizando exhorta a los estados y al Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo en los centros de captura y en las unidades de análisis de información de la Plataforma México que existen en cada estado y en el Distrito Federal.

¿Por qué mi abstención a este punto de acuerdo? En primer lugar porque no hay el deseo sincero de parte de las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal para conformar en materia de seguridad pública un servicio de carrera, un servicio civil de carrera especializado.

En segundo lugar, si ustedes ya han tenido la oportunidad de analizar la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito de seguridad pública, nos percatamos de que existen subejercicios pavorosos en muchos estados y en el Distrito Federal; subejercicios de cerca de 70 por ciento de los recursos federales aprobados por esta Cámara para atender el tema de seguridad pública.

En tercer lugar, creo que esta Cámara de Diputados, como indicaba hace un momento el diputado Santana, debiera hacer un análisis muy cuidadoso del elevadísimo costo de la Plataforma México. No sé cuántas veces ya el gobierno federal nos ha vendido el costo de la Plataforma México, el costo exagerado de este instrumento de inteligencia y de recopilación de información criminal en el país.

Creo que antes de hacer este tipo de exhortos debiéramos previamente auditar la eficiencia y la eficacia de Plataforma México. Me parece que no debemos seguir apoyando este instrumento estableciendo o dando una aprobación apriorística, un cheque en blanco a algo de lo que desconocemos su eficacia, su eficiencia, el beneficio respecto del combate, del crimen organizado y del establecimiento de las políticas públicas en materia criminal.

Por estas cinco razones es que decidí en la Comisión de Seguridad Pública abstenerme y en este pleno también lo haré. Es fundamental que construyamos instrumentos profesionales en el marco de un servicio civil de carrera y que auditemos la eficiencia y la eficacia de Plataforma México. Por su atención, muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge González Hernández.

El diputado Sergio González Hernández:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.

El diputado Sergio González Hernández:Primeramente agradecer al diputado Arturo Santana y a la fracción del PRD el respaldo a este punto de acuerdo. Y, de igual manera, reconocer en el diputado Cárdenas algunos aspectos que ha estado mencionando; sobre todo ante la falta de servicio civil de carrera.

El comentario del diputado Cárdenas se centra sobre todo en el aspecto tecnológico. Quiero comentarle a este pleno que lo que estamos buscando es la profesionalización, la capacitación del personal, del recurso humano al cual se le ha invertido una gran cantidad de dinero, que han pasado inclusive por los filtros de control de confianza y que es gente que ya está capacitada para poder procesar adecuadamente la información criminalística.

Creo que el punto de acuerdo no toca el tema específico tecnológico de Plataforma México sino del personal que ha sido capacitado, que ha sido preparado y, que hoy, por los cambios que se dan en las administraciones del orden estatal y del orden municipal es muy fácil para los nuevos gobiernos de estos ordenes llegar y desplazar a esta gente en la cual se ha invertido recurso, pero sobre todo que hoy tiene esa capacidad para poder homologar la información criminalística que después se pone al servicio de la inteligencia y de la investigación.

Nada más para pedirle a todo el pleno que puedan apoyar este punto de acuerdo de exhorto a las autoridades, porque ante la falta de un servicio civil de carrera y ante la falta también de una carrera policial, esta gente que ha sido preparada pueda seguir ofreciendo sus servicios profesionales, sobre todo hoy que necesitamos nosotros por el aspecto de la inseguridad en el país gente que esté comprometida, pero que también esté bien preparada. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado.

Pasaríamos ahora a la votación del punto de acuerdo y será imprescindible que la hagamos de manera separada, es decir, uno por uno dado lo distinto de la votación, pero lo haremos solamente por 5 minutos, proceda la Secretaría a hacer los avisos necesarios.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz el diputado Maurilio Ochoa Millán.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): A favor.

La diputada Bélgica Nabil Carmona Cabrera(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Se emitieron 251 votos a favor, 14 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por 251 votos. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública.

Voy a suplicar a los señores diputados si podemos esperar un momento, a fin de que aseguremos el quórum para estas dos votaciones. Ambas tienen solamente registrado un orador. Adelante, diputada.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura le fue turnada el pasado 15 de diciembre de 2010, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 82, 84, 85, 88 y 89 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Con fecha 15 de diciembre de 2010, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar a esta soberanía sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones.

En la misma fecha, el presidente y demás integrantes que conforman la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispusieron que dicha proposición con punto de acuerdo fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

El 16 de febrero de 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, este dictamen fue aprobado en sentido positivo por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstenciones.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

1. La diputada proponente señala que la policía es una herramienta del Estado moderno que tiene dos funciones primordiales: por un lado, mantener el orden social a través de la aplicación de la ley; y, por otro, luchar contra la delincuencia. Ésta implica a su vez varios aspectos: en primer lugar, la represión al delito (a través de la detención y entrega de los culpables al sistema judicial); y, en segundo, la prevención en materia de vigilancia y disuasión de los agentes delictivos.

Asimismo indica que la principal misión de los elementos de seguridad es garantizar la integridad y los derechos de las personas, prevenir delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

2. Reitera que los profesionales que integran estos cuerpos deben asumir riesgos inherentes a la naturaleza de los trabajos que realizan, dadas las funciones que tienen encomendadas.

3. Señala que según estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, han sido asesinados 208 policías federales por integrantes del crimen organizado de diciembre de 2006 a junio de 2010.

Igualmente, los estados donde mayor número de elementos han sido ejecutados por miembros del crimen organizado son Michoacán, 56; Chihuahua, 24; Distrito Federal, 20; Sinaloa, 15; Baja California y Guerrero, 6; y Tamaulipas, 4. De esos 208 elementos, 34 tenían entre 21 y 25 años; 66, entre 26 y 30; y 59, entre 31 y 35.

En este tenor, la Secretaría de la Defensa Nacional (que integra al Ejército y la Fuerza Aérea), tenía registrados a 191 militares fallecidos en operaciones de combate del narcotráfico. De ellos, 8 eran jefes, 35 oficiales, 1 cadete y 148 elementos de tropa.

4. Puntualiza que dado el destacado trabajo que desempeñan estos agentes y los riesgos a que se enfrentan día con día, considera necesario revalorar y dignificar al servidor de la seguridad pública para atraer a esta actividad a mexicanos que encuentren en ella un proyecto digno de vida profesional, sentando las bases de seguridad y reconocimiento social que merecen. Para ello es preciso reforzar la carrera policial, sustentándola en un régimen de prestaciones económicas y sociales congruente con la importancia y el riesgo de su labor. Al respecto, la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que “las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes instaurarán sistemas complementarios de seguridad social”.

En congruencia con lo anterior, cita que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en los artículos 45 y 84 lo siguiente:

“Artículo 45. Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y los municipios generarán de acuerdo con sus necesidades y con cargo a sus presupuestos una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

“Artículo 84. La remuneración de los integrantes de las instituciones policiales será acorde con la calidad y el riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que consideren el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Para tales efectos, la federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover en el ámbito de sus competencias las adecuaciones legales y presupuestarias respectivas.”

5. Como se desprende de lo anterior, la proponente refiere que hay disposiciones legales cuyo fin es precisamente establecer un régimen de prestaciones que dé seguridad a los agentes. Sin embargo, la realidad es que día tras día los medios de comunicación hacen del conocimiento público que gobiernos municipales dejan de pagar las pólizas de los seguros de vida de los elementos de seguridad pública municipal, dejando a ellos y a sus familias en total estado de desprotección.

6.Finalmente considera indispensable que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y solicite información al Secretariado Ejecutivo respecto al cumplimiento que están dando la Federación, los Estados y los Municipios, a la obligación contenida en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados suscriben el presente dictamen.

Consideraciones

1. La Comisión de Seguridad Pública realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la presente Proposición con Punto de Acuerdo, a fin de valorar y dilucidar el presente dictamen.

2. El objetivo del presente punto de acuerdo, consiste en solicitar información al Secretariado Ejecutivo respecto al cumplimiento que están dando la Federación, los Estados y los Municipios, a la obligación contenida en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a los sistemas de seguros para los familiares de los policías en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

3. Tal y como cita acertadamente la proponente, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan la obligación de las Instituciones de Seguridad Pública de garantizar las prestaciones de los trabajadores. De igual manera, no debemos dejar de lado que los servidores públicos, incluyendo los cuerpos policiales, cuentan con seguridad social a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En este sentido, los elementos policiales que integran la Secretaría de Seguridad Pública Federal así como los servidores públicos en general, cuentan con un seguro de vida institucional, retiro, seguro de responsabilidad civil y asistencia legal, gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal ,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2010 , queincluye los mecanismos para su respectivo trámite:

“Por disposición del Ejecutivo federal

Artículo 29. Los seguros se otorgan con el fin de coadyuvar a la estabilidad económica, seguridad y bienestar de los servidores públicos.

Las condiciones que de manera general se encuentran establecidas en los seguros de personas que otorgan como una prestación las dependencias y entidades a los servidores públicos, aplican a la totalidad que integra el grupo asegurado conforme al anexo 4. Estos seguros son los siguientes:

I. El seguro de vida institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros de fallecimiento o de incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, de conformidad con las disposiciones aplicables.

La suma asegurada básica será el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual y la prima correspondiente será cubierta por las dependencias y entidades.

La suma asegurada básica podrá incrementarse por voluntad expresa del servidor público y con cargo a su percepción, mediante descuento en nómina. Las opciones para incremento de la suma asegurada serán de 34, 51 o 68 meses de percepción ordinaria bruta mensual.

Aquellos servidores públicos que con motivo de incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, hayan cobrado la suma asegurada correspondiente y se reincorporen a laborar en la misma dependencia o entidad, o en otra diferente, serán sujetos del otorgamiento del seguro de vida institucional con una cobertura por fallecimiento, sin el beneficio de la incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total.

Los contratos o las pólizas del seguro de vida institucional con beneficios adicionales no cubrirán: doble indemnización, pago de pérdidas orgánicas, pago de gastos funerarios, entre otros;

II. El seguro de retiro se otorga en favor de los servidores públicos que causen baja de las dependencias y entidades y se ubiquen en los años de edad y de cotización que establece la Ley del Instituto, con el propósito de hacer frente a las contingencias inherentes a la separación del servicio público.

Para el otorgamiento de esta prestación, el pago de la prima correrá a cargo del servidor público en un 50 por ciento y el otro 50 por ciento por parte de la dependencia o entidad que corresponda.

Cuando por el comportamiento de la siniestralidad se requiera modificar los porcentajes antes señalados, se solicitará la autorización de la secretaría.

En el caso de los servidores públicos que opten por el sistema de pensiones basado en cuentas individuales a que se refiere la Ley del Instituto, la suma asegurada se otorgará conforme a lo establecido en el anexo 5 A del Manual.

En el caso de los servidores públicos que opten por el sistema de pensiones previsto en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto, la suma asegurada se otorgará conforme a lo establecido en los anexos 5 B al 5 D del Manual;

III. Se podrá otorgar, en su caso, un seguro conforme al “Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legala los servidores públicos de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2005, o conforme a las disposiciones que lo sustituyan;

IV. El seguro de gastos médicos mayores cubre a los servidores públicos de mando y de enlace, así como a su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización.

La suma asegurada básica conforme al anexo 4 del Manual tiene un rango de 74 a 333 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal, dependiendo del puesto que ocupe el servidor público, cuya prima, así como las de su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, en términos de las disposiciones aplicables, son cubiertas por las dependencias y entidades.

El servidor público puede voluntariamente incrementar la suma asegurada hasta 1000 salarios mínimos generales mensuales vigentes en el Distrito Federal o, en su caso, podrá contratar potenciaciones ilimitadas y hacer extensiva la suma asegurada básica a que se refiere el párrafo anterior para proteger a sus ascendientes en primer grado; en ambos casos, el servidor público deberá pagar la prima correspondiente a través de descuentos quincenales que le aplique la dependencia o entidad, y

V. El seguro de separación individualizadoes un beneficio del seguro de vida correspondiente, el cual tiene como finalidad fomentar el ahorro de los servidores públicos de mando y de enlace y proporcionarles seguridad económica en situaciones contingentes, en el momento de su retiro por haber causado baja en la dependencia o entidad, o en el lapso en que se reincorpore al mercado laboral, ante la eventualidad de su separación del servicio público.

Las dependencias y entidades cubrirán un monto equivalente al 2, 4, 5 ó 10 por ciento de la percepción ordinaria del servidor público que se incorpore al mismo, según corresponda, en función de la aportación ordinaria que éste haga de acuerdo a su elección. Asimismo, el servidor público podrá aportar recursos adicionales para incrementar la suma asegurada en los términos establecidos en la póliza correspondiente, por los cuales las dependencias y entidades no aportarán cantidad alguna.

La secretaría podrá determinar el procedimiento para cambiar la administración de este seguro a un esquema de cuentas individuales por servidor público”.

En este orden de ideas, el multicitado artículo 84 de la ley en comento efectivamente prevé el establecimiento de sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones; para ello, la federación, las entidades federativas y los municipios promoverán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones legales y presupuestarias.

4. Ahora bien, en cuanto al exhorto que la proponente pretende hacer al Secretariado Ejecutivo para que informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento del artículo 84 de esta ley,  en términos del artículo 17 es viable ya que el secretariado es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que goza autonomía técnica, de gestión y presupuestal y cuenta con los Centros Nacionales de Información, de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y Acreditación. Además el artículo 18, fracciones XIX y XX, cita  como prerrogativas del Secretariado Ejecutivo:

“Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

...

XIX. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias de fiscalización, proporcionando la información con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de los fondos de ayuda federal, así como del cumplimiento de esta ley;

XX. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas y por los municipios;

...”

Acorde con el argumento anteriormente esgrimido, el artículo 144 de la ley en comento prevé que en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley se procederá a la cancelación de la ministración de los recursos federales a las entidades federativas y municipios, sin tener el carácter de recuperables o acumulables. En consecuencia dichos recursos permanecerán en la Tesorería de la Federación para los efectos legales correspondientes al finalizar el ejercicio fiscal, salvo que en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal se destinen a otras entidades federativas o municipios para llevar a cabo la función de seguridad pública, sin que se genere, para éstas, el derecho a recibir los recursos con posterioridad. El artículo 144, fracciones IV y IX revelan:

“Artículo 144. El Pleno del Consejo Nacional resolverá la cancelación o suspensión de los recursos a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, a las entidades federativas o, en su caso, municipios, que incurran en lo siguiente:

...

IV. Aplicar los recursos aportados para la seguridad pública para fines distintos a los que disponen las disposiciones jurídicas aplicables;

...

IX. Cualquier incumplimiento a las obligaciones de la presente Ley, que afecte a los mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública.

...”

5. En consecuencia, efectivamente el Secretariado Ejecutivo está facultado para elucidar sobre la pretensión de motiva esta proposición, por ende esta Comisión Dictaminadora, en un ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas en el manejo de recursos federales, estará atenta al cabal cumplimiento del presente acuerdo.

6. Finalmente es importante señalar que el pasado 09 de diciembre de 2010, en el desarrollo de la XII Sesión Plenaria de esta Comisión, se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Sergio González Hernández por el que exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a que otorguen, a los elementos encargados de la Seguridad Pública, un seguro de vida y de gastos médicos mayores e informe los familiares de policías caídos en el cumplimiento del servicio la documentación que exige la aseguradora para el trámite del pago del seguro de vida, tales como: el acta de defunción del fallecido, acta de nacimiento original o copia certificada del mismo y  para la identificación de cada beneficiario (acta de nacimiento original o copia certificada e identificación con fotografía), a fin de que se agilice la tramitación y el pago del seguro de vida institucional correspondiente.

Por las argumentaciones anteriormente vertidas, es evidente que la materia del presente dictamen coincide plenamente con la propuesta del Diputado Sergio González, por ende, en un ejercicio plural e incluyente, y dada la viabilidad jurídica del mismo, es de aprobarse en los términos la presente propuesta.

Con base en lo expuesto y fundado, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Publica reconocen y concluyen que es procedente aprobar en sentido positivo el presente punto de acuerdo, por lo que someten a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

Único. Se exhorta al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informe a esta Soberanía sobre el cumplimiento que la Federación, los Estados y los Municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a los sistemas de seguros para los familiares de los policías en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2011.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrero Rivera (rúbrica), Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinoza (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Víctor Hugo Círigo (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses, Jorge Fernando Franco Vargas (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, estando a discusión el punto de acuerdo, la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena.

La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena:Con su venia, señor presidente.

El objetivo del presente punto de acuerdo consiste precisamente en solicitar información al secretario ejecutivo, respecto del cumplimiento que están dando la federación, los estados y los municipios a la obligación contenida en el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de los sistemas de seguros para los familiares de los policías en caso de fallecimiento o incapacidad total o permanente, acaecida en el cumplimiento de sus funciones.

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Política, y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan la obligación de las instituciones de seguridad pública de garantizar las prestaciones de los trabajadores.

De igual manera, no debemos dejar de lado que los servidores públicos, incluyendo a los cuerpos policiacos cuenten con seguridad social a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Este punto de acuerdo pretende más que nada tener información; más que nada mucha asertividad para la toma de decisiones, en virtud de elaborar iniciativa para pedir que se unifiquen tanto las pólizas como las cantidades con las que se va a pagar a las viudas y a los familiares. Sabemos que en algunos estados no les respetan las pólizas o las cantidades no son las adecuadas. Por cada policía caído queda una familia en indefensión.

El fin de este punto de acuerdo es lograr esa información que nos unifique y que nos lleve a la toma de decisiones para lograr las iniciativas que correspondan, pero sobre todo el cumplimiento de ver por la familia de los oficiales caídos. Un oficial caído representa falta de educación para una familia, falta de alimentación y muchas cosas que lastiman a la familia. Ése es, compañeros, el fin de este punto de acuerdo. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, también en este punto en la Comisión de Seguridad Pública manifesté mi abstención.

Desde luego coincido con la diputada preopinante que la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución establece un régimen de excepción para los miembros de las corporaciones periciales, en donde dice la fracción XIII del apartado B del artículo 123 que dispondrán y gozarán de sistemas complementarios de seguridad social.

Ustedes pueden preguntarse por qué se opone a este punto de acuerdo, si solamente es para pedir información al secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto del cumplimiento que  los estados y municipios han dado a este sistema complementario de seguridad social para miembros de las policías, para ellos y sus familiares cuando el oficial muere o está incapacitado.

La razón tiene que ver con este incremento de seguros y de beneficios de seguridad social que implican la privatización de la seguridad social en nuestro país. Efectivamente, el artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece también este tipo de privilegio de excepción o de beneficio a favor de los miembros de los cuerpos policiacos para que gocen de seguridad social adicional a la de otros trabajadores del Estado.

El problema es que todos esos seguros: el seguro de vida institucional, el seguro de retiro, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada, etcétera, son seguros que son proveídos no por instituciones de seguridad social del Estado; no son seguros proveídos por el Seguro Social o por el ISSSTE. Son seguros proveídos por instituciones de carácter privado.

Nosotros reconocemos y aceptamos plenamente que los miembros de los cuerpos policiacos de este país gocen de un régimen de excepción en materia de seguridad social.

Y está bien que se pida esta información a estados y municipios. Lo que no nos parece es que se siga privatizando la seguridad social en México y que sean compañías privadas las que obtengan los beneficios y que no fortalezcamos a instituciones como el Seguro Social y como el ISSSTE.

Por las consideraciones anteriores –termino–, compañeros diputados, me abstendré de votar a favor de este punto de acuerdo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, ciudadano diputado.

Consulte la Secretaría si está suficientemente discutido y, en su caso, abra el sistema de votación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:En votación económica se consulta a la asamblea si es este punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, muchas gracias. Quienes estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ordene usted los avisos necesarios.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Los diputados están votando pero de cualquier manera pregunte, señora secretaria, si falta algún diputado o diputada por emitir su voto.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema. ¿Sigue votando, diputada? Esperemos a que la diputada vote. Sigue abierto el sistema. Diputado, puede votar. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Diputado Tereso, sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cierre el sistema, diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ciérrese el sistema de votación electrónica. De viva voz.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 254 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, queda aprobado el punto de acuerdo, comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, suplicando a los señores diputados y señoras diputadas, permanecer en el salón para hacer la última votación de esta tarde. Adelante, diputada.

CONTROL DE PLAGA HUANGLOGBING A CITRICOS

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a sus delegaciones estatales, al Senasica y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a observar y hacer cumplir el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias por aplicar para controlar el huanglongbing

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a sus delegaciones, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a observar y hacer cumplir el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias para controlar el huanglongbing y su vector, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

Una vez recibida por la Comisión de Agricultura y Ganadería, sus integrantes entramos a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos y argumentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 102, 157,176, 180 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados. A la Comisión de Agricultura y Ganadería le corresponde dictaminar la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó el 15 de diciembre de 2010 a esta Comisión de Agricultura y Ganadería una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a sus delegaciones, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a observar y hacer cumplir el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias para controlar el huanglongbing y su vector, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión dictaminadora formulamos las siguientes

Consideraciones

Que de acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, para el 2007  México se ubica entre los principales productores de cítricos a nivel internacional.

Que la citricultura en México está en grave riesgo, debido a que recientemente se ha detectado una peligrosa enfermedad, que ha amenazado a esta importante actividad agrícola desde hace varios años. Se trata de la HLB, conocida también como “dragón amarillo” o “enverdecimiento”. Este mal es producido por la bacteria Candidatus liberibacter sp, de la cual se conocen las especies asiaticus, africanus y americanus. La enfermedad es transmitida de manera muy importante y de forma muy eficiente por el insecto de origen asiático diaforina (Diaphorina citri) y a través de injertos.

Que en México hay 23 entidades federativas (como Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán), lo que a su vez representa un riesgo a la producción de 6.7 millones de toneladas anuales, con un valor superior a 8 mil millones de pesos, puesto que representa el 40 por ciento de la superficie nacional sembrada de frutales y de ella dependen 69 mil productores y 154 mil empleos directos.

Que la diaforina (Diaphorina citri) es el insecto que de manera muy eficiente transmite la peligrosa bacteria, que produce el huanglongbing, por primera vez fue descubierta en Asia en 1907, sesenta años después se descubre en Brasil y posteriormente en Florida y en las islas del Caribe. En México se detectó en 2002, en la península de Yucatán; es decir, siete años antes que se percibiera la peligrosa enfermedad multicitada. A la fecha esta plaga se encuentra prácticamente en todas la entidades productoras de cítricos, tanto por el Golfo de México como por el Pacífico.

Que de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Vegetal, corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa-rrollo Rural, Pesca y Alimentación erradicar controlar las plagas y enfermedades que ponga en riesgo la producción nacional y promover  campañas fitosanitarias que promuevan la sanidad vegetal, en la producción primaria de vegetales.

Que la Ley Federal de Sanidad Vegetal determina en su artículo 2, párrafos primero y segundo, que la sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo fitosanitario, así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado.

Que de acuerdo con la “evaluación del impacto económico del huanglongbing en la cadena citrícola mexicana”, elaborada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, así como el análisis de riesgo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para nuestro país representa una grave amenaza para las 549 mil hectáreas sembradas de cítricos que corresponde al 40 por ciento de la superficie nacional sembrada de frutales.

Que en virtud de lo anterior, el 8 de julio de 2009 y 12 de febrero de 2010, la Sagarpa, publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-EM-047-FITO-2009 y su prórroga, respectivamente, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing de los cítricos ( Candidatus Liberibacter spp.) en el territorio nacional.

Que en atención de que el huanglongbing es considerada la enfermedad más destructiva para los cítricos en el mundo, debido a la severidad de los efectos sobre la productividad, la rapidez con la que se dispersa y porque afecta a todas las especies de cítricos, la NOM-EM-047-FITO estableció las acciones fitosanitarias para implementar un programa de monitoreo que incluía, entre otras, la toma de muestras, diagnóstico, inspección y vigilancia para detectar oportunamente la eventual introducción y dispersión del huanglongbing al territorio nacional y, en su caso, la aplicación de las acciones fitosanitarias para su control.

Que las medidas fitosanitarias que establezca la Sagarpa, serán las necesarias para asegurar el nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en todo o parte del territorio nacional, para lo cual tomará en consideración la evidencia científica y en su caso, el análisis de riesgo de plagas, así como las características agroecológicas de la zona donde se origine el problema fitosanitario y las de las zonas a la que se destinen los vegetales, productos o subproductos, buscando proteger y conservar la fauna benéfica nativa y el equilibrio natural.

Que la experiencia internacional, en particular la de Brasil, ha identificado diversos métodos de mitigación y control de la enfermedad, que han tenido efectos positivos. Es deseable que la experiencia internacional sea considerada, adaptando a México los elementos aplicables.

Que la autoridad sanitaria está consciente de que para el control y manejo de la enfermedad, se requiere de una estrategia nacional en la que participen la federación, los gobiernos estatales y municipales y, para determinar dichas medidas, expidió el 16 de agosto de 2010, el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing y su vector.

Dicho acuerdo tiene por objeto establecer las medidas fitosanitarias tendentes al control y manejo del huanglongbing en las zonas donde se encuentra esa enfermedad, así como prevenir su dispersión y la de su vector, para proteger y conservar los vegetales, sus productos y subproductos, libres de dicha enfermedad.

Que en el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing y su vector, publicado el 16 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación se enlistan 56 productos y subproductos hospedantes de huanglongbing y señala en su artículo cuarto que estarán obligados a cumplir este acuerdo las personas físicas y morales que los produzcan, manejen, movilicen o comercialicen. Entre las acciones fitosanitarias que deben emprenderse ante la detección de la bacteria, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria deberá establecer a la entidad federativa como zona bajo control sanitario y prohibir la movilización de material hospedante, mediante puntos de verificación interna.

Que le confiere la facultad de ordenar la retención, disposición o destrucción de vegetales, sus productos o subproductos infectados que se encuentren en los viveros, cultivos, siembras, cosechas, plantaciones, empaques y embalajes y para llevar a cabo estas acciones, señala que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y las delegaciones estatales de la Sagarpa podrán solicitar la intervención de los organismos auxiliares de sanidad vegetal.

Que una obligación que asignan a los productores y a los sistemas producto es la de realizar el control del vector en unidades de producción, huertas comerciales, plantas de limonaria y otros hospedantes localizados dentro de la zona bajo control fitosanitario, debiendo incluir aplicaciones de productos químicos.

Que ante una enfermedad mortal para los cítricos en general como es el HLB, contamos con la Ley Federal de Sanidad Vegetal y con un acuerdo emitido por el Ejecutivo, lo que falta es que tanto las delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de los 23 estados productores, como los organismos auxiliares de sanidad vegetal (comités estatales de sanidad vegetal y juntas locales ) y los sistemas producto, promuevan de manera intensiva y por todos los medios posibles sensibilizar a los productores sobre la magnitud del problema y de sus obligaciones ante la detección de la enfermedad en sus plantíos.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Agricultura y Ganadería somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Sagarpa y a sus delegaciones estatales; al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a cumplir y hacer cumplir, en todos sus términos, el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias que deberán aplicarse para el control del huanglongbing y su vector, publicado el 16 de agosto de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y promueva, por los medios posibles, las obligaciones que este acuerdo les concede a los productores, para prevenir, manejar y erradicar el huanglongbing en el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2011.

La Comisión de Agricultura y Ganadería, diputados:Cruz López Aguilar (rúbrica), presidente; Manuel Humberto Cota Jiménez, Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo (rúbrica), José Narro Céspedes, José M. Torres Robledo (rúbrica), secretarios; Óscar García Barrón (rúbrica), Joel González Díaz, Narcedalia Ramírez Pineda, Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Víctor Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Fernando Santamaría Prieto, Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara, Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar, Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra, estando a discusión el punto de acuerdo, la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, que es la única oradora registrada en este punto.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera:Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, celebro el día de hoy el que se haya votado ya en la Comisión de Agricultura y que esté pasando al pleno este punto de acuerdo de una situación muy grave que se vive con la citricultura y que se trata de la amenaza del huanglongbing y que a veces pareciera como que no hay preocupación. Sin embargo, el día de hoy está pasando a este pleno, para lo cual pedimos su voto.

Aprovecho el momento también para exhortar al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, a todos los actores que estamos dentro del campo para que podamos difundir cómo podemos contrarrestar esta enfermedad de la citricultura, sobre todo porque ya hay un acuerdo, el cual se tiene que cumplir.

Quiero abocarme principalmente al estado de Veracruz. Lo que tiene que ver con la sanidad de un recurso aprobado de 64 millones de pesos, a través del Sistema Producto Nacional de Cítricos, y que se está distribuyendo en ocho estados, a Veracruz le están correspondiendo únicamente 12.2 millones de pesos, a San Luis 18.92 millones, cuando el estado de San Luis cuenta únicamente con 49 mil 700 hectáreas y el estado de Veracruz cuenta con más de 246 mil hectáreas.

Por eso subo a esta tribuna y aprovecho el momento para exhortar para que pudiera hacerse una mejor asignación, una asignación más equitativa, ya que tan sólo en Martínez de Torre, región de la cual provengo, se están cultivando más de 90 mil hectáreas de cítricos y no es justo que solamente esté recibiendo para sanidad 12.2 millones de pesos. Por eso aprovecho el momento para exhortar para que se haga una distribución más equitativa.

En otro recurso, en este 2012, a través de Senasica se aprobó un monto de 360 millones de pesos, y a Veracruz tan sólo le van a corresponder 20 millones de pesos para combatir este problema, y a Colima, que tiene una superficie únicamente de 21 mil hectáreas, se le están programando 40 millones de pesos. Ojalá y esta participación sirva para lograr una mejor distribución de los recursos para combatir este gran mal que puede acabar con nuestra citricultura en México y principalmente en el lugar de donde provengo, Martínez de la Torre, y el estado de Veracruz. Muchísimas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A usted, señora diputada. Diputado Benítez Lucho.

El diputado Antonio Benítez Lucho(desde la curul): Presidente, preguntarle a nuestra amiga, la diputada Leonila, si los diputados veracruzanos de la fracción parlamentaria del PRI nos podemos unir a su punto de acuerdo.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El punto de acuerdo va a ser votado en estos momentos y se registra para el Diario de los Debates el apoyo de los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, de Veracruz, a las palabras expresadas por la diputada Leonila Méndez Herrera.

Adelante, secretaria. Pregunte si está suficientemente discutido; que lo está porque no hay más oradores.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si el punto de acuerdo está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Proceda usted a ordenar los avisos reglamentarios.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.

(Votación)

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Gracias, diputado.

Aprovechando el tiempo de la votación, el punto de acuerdo que estamos votando, como dijo la diputada oradora, es un asunto importante, porque tiene que ver con una enfermedad. Yo iba a pedir una moción de ilustración para que se nos comentaran los efectos perniciosos del huanglongbing.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): No, no quiero hacerlo. Simplemente decir que es una enfermedad mortal de los cítricos. Pero algún diputado de la comisión, que nos explicara los efectos perniciosos de esta enfermedad en los cítricos de nuestro país, presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Algún diputado integrante de la comisión que quiera explicar en qué consiste el huanglongbing.

La propia diputada Méndez Herrera o algún diputado de Veracruz, si así lo consideran.

Adelante, diputada, desde su lugar.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera(desde la curul): Diputado presidente, simplemente poder informarle al diputado que es una enfermedad que se da precisamente en los cítricos y que en otros países ha acabado totalmente con la producción. Hasta este momento no hay cura para tal enfermedad y por eso es muy importante prevenir y atender esta problemática.

Pero si le puedo dar alguna explicación en corto al diputado, con muchísimo, con muchísimo gusto lo hacemos.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Acepta el diputado, con mucho gusto su explicación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Está abierto el sistema, diputado.

El diputado Camilo Ramírez Puente(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado. Diputado Ramírez Puente.

El diputado Camilo Ramírez Puente(desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para razonar el sentido de este voto en contra de su servidor. El voto en contra es, no porque no apoyemos la moción que hace la compañera diputada en este exhorto a la Sagarpa. Es en el sentido de que en lugar de pedir una reducción en otro estado, estimo que debemos exigir que la Sagarpa dé el recurso suficiente a cada uno de los estados que tienen este problema. Pero no es con la reducción a un estado hermano de la república como también podemos lograr nuestros objetivos.

Ése es el sentido y es, precisamente, a lo que hemos llamado en este Congreso o en esta Cámara a la unión de todos los estados. Creo que así podríamos lograr mejores resultados todos. Gracias.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Ramírez Puente.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Méndez Herrera.

La diputada Alba Leonila Méndez Herrera(desde la curul): Diputado presidente, únicamente para aclarar que en ningún momento se solicitó una reducción, simplemente se hizo un comparativo de cómo no se está haciendo una asignación equitativa.

Pero, aclaro, el punto de acuerdo es para que se difunda tal enfermedad y para que, en conjunto, todos los grupos parlamentarios podamos precisamente poner la atención debida ante un problema tan serio para los propios citricultores. En ningún momento se está solicitando retirarle a otros estados.

Se hizo un comparativo, repito, para demostrar que no hay un criterio claro ni equitativo de asignación.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada.

(Votación)

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputados, pueden votar, por favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tome la votación, señora diputada.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Maurilio Ochoa Millán(desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Ramírez Bucio(desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo de los Cobos Silva(desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Esther Pérez Ceballos(desde la curul): A favor.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Denos la votación.

La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández(desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se emitieron 245 votos a favor, 4 abstenciones y 11 en contra.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Voy a solicitar a esta asamblea autorice a esta Presidencia la modificación del orden del día, a fin de pasar directamente al rubro de iniciativas, de las cuales oiremos 9 iniciativas que son las que alcanzamos en el tiempo reglamentario para concluir la sesión.

Pregunte usted a la asamblea si autoriza a la Presidencia la modificación del orden del día para que los dictámenes negativos y las proposiciones de urgente u obvia resolución pasen a la sesión de mañana.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza la modificación del orden del día para que sean leídas las iniciativas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Quienes estén por la negativa. Muchas gracias.

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada.

LEY DE VIVIENDA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por tanto, informo a esta asamblea que se ha recibido del diputado David Hernández Vallin iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, David Hernández Vallín, en mi carácter de diputado federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La economía mundial sigue dominada por las industrias del petróleo y los automóviles a la que se ha sumado en los últimos años la industria de la biotecnología. La situación energética agravada por los intereses geopolíticos de las potencias que luchan por el control de los yacimientos de hidrocarburos sin reparar en la degradación del medio ambiente, coloca a la humanidad ante una crisis de tal magnitud que expertos en la materia nos dicen que si no actuamos urgentemente para frenar el daño a nuestro entorno ecológico las consecuencias serán irreversibles y afectarán a las futuras generaciones durante cientos de años.

Nunca como ahora, el mundo está mostrando su preocupante adicción a las energías fósiles, especialmente del petróleo. El modelo fosilista de la energía de consumo que estructuró la economía y la sociedad del mundo contemporáneo debió haber sido sustituida desde finales del siglo XX.

La historia del consumo energético, así como del crecimiento económico y demográfico de la humanidad en los últimos 100 años, nos indica que el cambio climático es, en buena parte, consecuencia de dicho consumo y crecimiento que nos ha vuelto dependientes del uso masivo de los combustibles convencionales fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que generan graves problemas progresivos de contaminación asociados a los gases de efecto invernadero y al cambio climático.

Según datos recabados por la organización Greenpeace y el cuarto informe de evaluación de febrero de 2007 del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, la temperatura de la superficie del planeta ha aumentado unos 0,74ºC en el último siglo. En Europa este aumento ha sido del 0,95ºC en las tres últimas décadas, mientras que el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el año 2100 se prevé una subida adicional de 19 a 58 centímetros. Este aumento de temperatura es el mayor de los últimos 10.000 años, al igual que la velocidad con que se ha producido, se está alterando el clima de manera que ya la humanidad está sintiendo sus efectos.

Por otra parte, la llamada de atención más firme que un gobierno ha hecho, en torno a esta grave situación se debe a Inglaterra, al difundir el “informe Stern”, elaborado por Nicolás Stern, asesor económico de la Administración británica y ex economista del Banco Mundial quien advierte en su estudio que, de no actuar ahora contra el cambio climático, el costo será equivalente a perder entre un 5 y un 20 por ciento del producto interno bruto global, afectando el acceso al agua potable, la producción de alimentos, la sanidad y el medio ambiente, mientras que millones de personas pasarán hambruna”. Anticipa que el calentamiento de la Tierra puede tener consecuencias “desastrosas” para la economía, a un nivel superior a la gran depresión de 1929-30, y puede generar más de 200 millones de refugiados.

Ante esta situación, urge que nuestro país inicie el tránsito hacia las energías limpias y considere seriamente el análisis sobre los riesgos de la energía nuclear como alternativa para cubrir la demanda energética nacional, con el fin de prevenir catástrofes nucleares, como la ocurrida en Japón. Reducir significativamente el consumo de energías y mejorar la eficiencia, aumentando lo más pronto posible la cuota de las energías renovables es fundamental para iniciar la transición energética. Todo ello implica cambio social, cambio tecnológico y cambio económico estructural que haga posible un cambio de paradigma energético que no abrigue ningún temor en el tránsito de una “economía petrolera” hacia una “economía limpia” basada en fuentes de energía renovables. México tiene la capacidad de limitar el consumo de energía fósil y reemplazarla por combustibles limpios como la energía solar. Llegó el momento de poner en marcha en nuestro país la transición hacia un sistema energético basado en la explotación directa o indirecta de la luz solar, fuente en última instancia de toda la energía disponible en la tierra.

Científicos de diferentes disciplinas y profesores universitarios de todos los rincones del mundo, claman a los gobiernos de izquierda y derecha la urgente necesidad de cambiar por completo la base energética de la economía, “descarbonizándola”.

México puede y debe mostrar su indeclinable disposición de hacer todo lo necesario para lograr un desarrollo sostenible y para alcanzar este propósito se requiere cambiar la forma de producir, de consumir, de trabajar y de divertirnos en virtud de que el problema de fondo es el sobre-consumo energético. Ante este panorama la única estrategia viable es reducir las necesidades energéticas para poder satisfacerlas con volúmenes asequibles de fuentes limpias renovables. El uso racional de la energía solar no se debe limitar al horario de verano, que para muchos no representa un ahorro significativo de energía ante los nuevos retos que plantea la construcción de sociedades ecológicas que cuestionan las estructuras de poder y de propiedad. Ante el encarecimiento y agotamiento de las energías fósiles, las alternativa más viable a largo plazo y menos costosa incluso para el consumo familiar, es el uso de la energía solar.

México está ubicado en el cinturón de mayor incidencia solar de la tierra que beneficia a la mayor parte de nuestro territorio; la zona norte es de las más soleadas del mundo. Su irradiación media anual es de aproximadamente 5 kilowatts hora por metro cuadrado por día y es uno de los países a nivel mundial que presenta condiciones ideales para el aprovechamiento masivo de energía solar que representa un gran potencial para la generación de energía eléctrica o térmica para procesos de calentamiento de agua para uso doméstico.

Es ésta la razón principal para que México arranque el proceso de sustitución de gas LP por energía solar, implementando el uso de calentadores solares de agua en los hogares mexicanos y fortalecer el uso de energías limpias, considerando que el gas es uno de los combustibles fósiles que más se consumen en el país.

No ha sido suficiente el nacimiento de leyes como la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos que establece un pago anual del derecho correspondiente al 0.65 por ciento del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, del cual el 20 por ciento se destina al Fondo Sectorial Conacyt-Sener-Sustentabilidad Energética que tiene como objeto la investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes primarias de energía a cargo exclusivo de los institutos de investigación y de educación superior del país. Tampoco ha bastado la existencia de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética que regula el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética. Bajo la luz de estas leyes, la Comisión Federal de Electricidad y los intereses creados a su alrededor han impedido el aprovechamiento eficaz y efectivo de las energías renovables y la transición energética. En el ejercicio fiscal 2009, los recursos para la promoción de Energías Renovables y Energías Eólicas ascendieron a un total de 4,310 millones de los cuales la CFE absorbió el 67 por ciento de este monto, sólo el 1.4 por ciento correspondió a nuevos proyectos de energías renovables y el resto se destinó a la operación y mantenimiento de las centrales eólicas y geotérmicas en operación.

Bajo este contexto, considerando que el uso de energías renovables en México es todavía limitado, la introducción masiva de sistemas solares de baja temperatura, en el sector residencial, tanto en viviendas existentes como las que habrán de edificarse, tendría un impacto ampliamente positivo en las finanzas públicas y familiares con los consabidos beneficios ambientales. Por todo ello, propongo a esta soberanía una reforma al Artículo 71 de la Ley de Vivienda, para que por mandato legal todas las nuevas viviendas que se construyan en el país cuenten con calentadores de agua a base de energía solar, toda vez que el aprovechamiento de la energía solar en los últimos años ha dejado de ser un mero experimento de laboratorio para integrarse a las soluciones energéticas alternativas que en muchas naciones del mundo se están implementando exitosamente. La Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería y diversas entidades académicas de la UNAM han señalado en estudios recientes que México cuenta con abundancia de recursos en energías renovables, mucho más que de Hidrocarburos y con capital humano capaz de generar investigación y desarrollos para apropiarse o crear las tecnologías necesarias para su aprovechamiento, al igual que para promover una industria nacional. No existen razones políticas, jurídicas ni económicas para que en México la energía solar no sea aprovechada de distintas formas y por distintos dispositivos ya sea como energía térmica solar para calentar agua o como energía fotovoltaica para generar electricidad.

El costo beneficio de la instalación de calentadores solares de baja temperatura en territorio nacional, cuya vida útil promedio es de más de veinte años, puede variar de acuerdo a las necesidades de cada familia, pero si se compara con el incremento continuo que se tiene en gas y otros combustibles la inversión inicial en sistemas de energías de este tipo se recuperaría varias veces en una década.

Si el gobierno federal y los gobiernos estatales estiman construir anualmente alrededor de un millón de viviendas y si todas éstas contaran con un sistema de energía solar en lugar de los tradicionales boilers de gas LP significaría para el país un ahorro increíble de combustible y dinero jamás imaginado con un valor agregado resultante de la reducción de emisiones contaminantes que colocaría a México a la vanguardia en el uso de la energía solar en el mundo entero.

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la elevada consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se reforma el artículo 71 de La Ley de Vivienda para quedar como sigue:

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales, energía eléctrica e instalación de calentadores de agua a base de energía solar, que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 23 de marzo de 2011.— Diputados: David Hernández Vallín, José Manuel Agüero Tovar, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Igualmente, del diputado Melchor Sánchez de la Fuente se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el de la voz, Melchor Sánchez de la Fuente, en nombre de los diputados federales de Coahuila del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

Con fecha 5 de diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo presentó el paquete económico para 2007.  Este paquete económico incluía, entre otras, las iniciativas de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta se relacionaban con la modificación al monto máximo de deducción por concepto de automóviles. Dicha reforma consideraba que para 2007 se disminuyera el monto máximo de deducción de 300 mil pesos a 150 mil.

El Ejecutivo argumentaba que esta disminución permitiría a los contribuyentes continuar con la deducción en su totalidad de vehículos compactos y semicompactos y, en su caso, deducir parcialmente la adquisición de automóviles de mayor valor. Con lo anterior se estimaba que se fortalecería la base del impuesto sobre la renta sin afectar a las empresas.

Durante la discusión para la aprobación del la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, se aprobó que se realizaran modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta para que la deducibilidad en el monto de las adquisiciones de automotores fuera hasta por 175 mil pesos.

II. Consideraciones

1. A cinco años de ser aprobada dicha modificación se volvió menos atractivo para el consumidor la adquisición de automóviles nuevos por parte de particulares, así como la renovación de flotillas por parte de las empresas, al ya no poder deducir en montos mayores a los de 175 mil.

2. Lejos de apoyar a la industria automotriz nacional se puede vislumbrar el robustecimiento de la carga impositiva que pesa sobre esta industria que la vuelve menos atractiva para el consumidor, con impuestos como lo son el IVA, el ISAN y la tenencia. Lo grave de la fuerte carga tributaria impuesta a la industria automotriz nacional, se ve reflejada en la venta de automotores en el mercado interno.

3. Actualmente la industria automotriz nacional representa a uno de los sectores productivos más importantes para el país al tener un peso muy elevado en la industria manufacturera y en la economía en su conjunto. Representa el 3.4 del producto interno bruto nacional y el 18.4 manufacturero.

4. La industria automotriz nacional es para México una de las industrias más nobles en cuanto a las fuentes de empleo, al generar cerca de un millón de empleos formales directos.

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores.

5. La venta de autos en el mercado interno también ha ido decreciendo, la venta de vehículos ascendía a poco más de un millón de unidades por año.

6. Ante la persistente caída en la demanda de vehículos, la industria ha continuado  ajustando sus planes de producción. A principios de 2009 los pronósticos apuntaban a una caída en el volumen de producción entre el 30 por ciento y el 40 por ciento, sin embargo, las expectativas se rebasaron, el volumen de producción anual se redujo en cerca de 60 por ciento al pasar de 2.1 a 1 millón de unidades.

7. Resultado de la caída en ventas del mercado interno por la crisis internacional, el número de distribuidoras de automotores pasó de mil 411 en 2008 a mil 254 en 2009 y a mil 209 en 2010, lo que significo caídas de 11.1 y 3.6 por ciento en los dos últimos años.

En consecuencia también hubo una disminución en el número de empleos que genera el sector de la distribución automotriz, ya que de los 104 mil 900 puestos de trabajo en 2008 descendió a 98 mil 200 en 2010, lo que representó un caída de 6.4 por ciento. Aunque la comercialización se empezó a recuperar en 2010, la caída en el número de distribuidoras y de plazas laborales auguran una lenta recuperación del sector, el cual todavía se ubica en los volúmenes de ventas de hace una década.

Fuente: Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores.

8. Sin duda el comportamiento de las ventas va íntimamente ligado a la confianza del consumidor en la adquisición de un vehículo nuevo y aunado a ello la importancia de la confianza del productor, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), la percepción de los empresarios sobre las expectativas del clima de negocios que prevalecía en 2009 era pesimista, para 2010 el indicador de confianza del productor se situó en 50.8 puntos, nivel superior en 10.1  puntos al reportado al de 2009 cuando fue de 40.7 puntos.

9. Un factor de gran importancia es el crédito automotriz para la adquisición de vehículos nuevos, si  se considera que en los últimos tres años la confianza del consumidor ha disminuido en cuanto a su capacidad de endeudamiento para adquirir un vehículo nuevo. El crédito automotriz viene disminuyendo aun antes del impacto de la crisis financiera. En 2006 se incrementó 0.3 por ciento y en 2007 cayó 1 por ciento; mientras que para el cierre de 2008 se contrajo un 12 por ciento. Una disminución en el número de unidades financiadas del 20 por ciento en 2009, equivale a dejar de vender alrededor de 150 mil unidades, lo cual es congruente con el impacto esperado en el mercado de acuerdo a las estimaciones presentadas por AMDA.

Ante el grave escenario enfrentado por la industria automotriz, se vuelve necesario hacer una revisión de las cargas tributarias impuestas a este sector, que impiden el crecimiento de las ventas en el mercado interno.

Es necesario establecer las condiciones necesarias que permitan a la industria automotriz restablecer las ventas en el mercado interno y recuperar principalmente las fuentes de empleo que han sido perdidas afectando a miles de mexicanos.

Si se incentiva al consumidor permitiéndole que deduzca el Impuesto sobre la Renta de la compra de los automotores, estaremos generando la oportunidad para que nuestra industria automotriz nacional se recupere.

La presente iniciativa tiene por objetivo reformar la fracción VI del artículo 40 y la fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la certeza de que una modificación a dicho impuesto les dará la posibilidad tanto las personas físicas como morales de adquirir vehículos nuevos y deducirlos hasta por un monto de 450 mil pesos, con ello se renovaran flotillas de las empresas o automóviles de particulares.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma la fracción VI del artículo 40,  la fracción II del artículo 42 y se adiciona un artículo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta  para quedar como sigue:

Artículo 40. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a V. ...

VI. 100 por ciento para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

Artículo 42.La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

I. ...

II. Las inversiones en automóviles serán deducibles hasta por un monto de 450 mil pesos.

...

Transitorio

Único.Esta reforma entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputados: Francisco Saracho Navarro, Diana Patricia González Soto, Héctor Franco López, Tereso Medina Ramírez, Hugo Héctor Martínez González, Héctor Fernández Aguirre, Josefina Rodarte Ayala, Noé Garza Flores, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTICULOS 41 Y 109 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Del diputado Arturo Zamora Jiménez se recibió iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 41 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Arturo Zamora Jiménez, diputado a la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se adiciona un párrafo decimotercero a la fracción V del artículo 41 y se adiciona una fracción IV al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la democracia representativa, la ciudadanía se significa por elegir en la jornada electoral a las personas que integrarán los poderes ejecutivo y legislativo, en sus tres niveles de gobierno, pero una vez que se han elegido a los representantes populares, los ciudadanos carecen de vías que les permitan participar directamente en la toma de decisiones y en la proyección de normas.

La democracia participativa o democracia semidirecta es una expresión amplia que suele referirse a formas en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa.

La democracia semidirecta es considerada el sistema que representa el mayor grado de desarrollo político que hasta ahora han alcanzado los estados contemporáneos, pero solamente puede darse cuando en un estado operan con eficacia las instituciones de la democracia representativa.

La voluntad política ciudadana sólo puede ser expresada cuando los gobiernos y normas jurídicas reconocen en la población a los hombres y mujeres en su justa dimensión, aquellos que a fin de cuentas son los únicos que pueden legitimar o dejar de reconocer las leyes, el gobierno o las instituciones electorales.

Una forma de participación ciudadana es el derecho del ciudadano de elegir a sus representantes mediante el voto. Pero las elecciones no agotan la participación ciudadana, pues en los regímenes de mayor estabilidad democrática, no sólo hay cauces continuos que aseguran al menos la opinión de los ciudadanos sobre las decisiones tomadas por el gobierno, sino múltiples mecanismos institucionales para evitar que los representantes electos caigan en la tentación de obedecer exclusivamente los mandatos imperativos de sus partidos.

La democracia participativa es una forma de participación directa en la toma de decisiones políticas, que hace posible una suerte de consulta constante a la población, más allá de los procesos electorales.

La renovación del estado democrático sólo puede provenir de la incorporación de un nuevo sujeto político, como agente promotor de estas mediaciones. Este nuevo sujeto político no es otro más que la ciudadanía, cuyo fin es el fortalecimiento de la democracia y el sistema democrático representativo.

Los ciudadanos deben contar con mecanismos que les permitan manifestar su opinión respecto de los temas esenciales que afectan el interés público, a la vez que puedan evaluar y en su caso sancionar el desempeño de los funcionarios en quienes han depositado la responsabilidad de representar sus intereses y necesidades.

Las figuras de democracia participativa no son ajenas a la tradición legislativa mexicana; existen antecedentes sobre iniciativa popular en las leyes 3a. y 6a. de la Constitución de 1836 y en la fracción 3a. del artículo 72 de la Constitución de 1857; el presidente Benito Juárez sometió el 14 de agosto de 1867 al parecer del pueblo mexicano la proposición de una serie de reformas a la Constitución de 1857.

De acuerdo con el diccionario de la lengua española la palabra revocar proviene del latín revoc?re, que significa dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución.

La revocación de mandato permitirá a los ciudadanos tener una mayor participación en la vida política nacional, que vaya más allá de solamente elegir a sus representantes mediante el sufragio. La revocación de mandato permitirá a los ciudadanos sancionar una mala gestión de poder, obligando a los funcionarios a responder ante la ciudadanía sobre el ejercicio del encargo que les fue conferido.

La revocación de mandato es el procedimiento por el cual un porcentaje de los ciudadanos de un país, o de un estado, o de un municipio, o de una circunscripción, solicita a la autoridad electoral que se inicie el proceso de revocación del mandato de un funcionario, electo por la vía del voto ciudadano, que ha incurrido en alguno de los supuestos de remoción del mandato, previamente prescritos en la Constitución o en la ley.

La autoridad electoral deberá de revisar que la solicitud ciudadana se adecue a los requisitos legales, y, de ser así, informar a la ciudadanía sobre las causas de revocación de mandato que se le imputan al funcionario, y convocarla para que, mediante votación, decida si se removerá al funcionario de su cargo o no.

La revocación de mandato es una herramienta que se instrumenta en momentos donde queda entredicha socialmente la confianza que se le tiene al responsable de conducir las riendas del gobierno, o del ejercicio de la función legislativa en su caso, antes de que concluya su término constitucional, ya sea por su falta de capacidad, manejo poco claro de la responsabilidad, la polarización que provoquen sus políticas públicas. Con este mecanismo la población tiene en todo momento un control efectivo de la clase política que la gobierna.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo establece como instrumento de participación ciudadana el derecho y la obligación de los ciudadanos mexicanos de votar en las elecciones populares, no contempla otros mecanismos de participación ciudadana diversos al derecho al voto para elegir a los representantes.

Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas son las únicas entidades federativas que ya contemplan en su legislación el derecho de los ciudadanos para revocar el mandato de determinadas autoridades electas mediante el voto público, pero sólo Chihuahua cuenta con una reglamentación.

Si bien es cierto que por disposición constitucional casi todas las autoridades pueden ser objeto de responsabilidad política, penal, administrativa o civil; lo cierto es que en la práctica nunca, o casi nunca, se sanciona a los representantes electos por la ciudadanía que han sido malos funcionarios. Ante este panorama es necesario otorgarle a los ciudadanos los mecanismos necesarios para que se sancione a aquellas autoridades que están incumpliendo con su mandato constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, es que propongo a esta soberanía establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de los ciudadanos de revocar el mandato de aquel representante que realice una mala gestión de su poder, debiendo desarrollar en una ley reglamentaria, los requisitos y procedimientos para hacer efectivo este derecho.

En virtud de lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el cual se adiciona un párrafo decimotercero a la fracción V del artículo 41 y se adiciona una fracción IV al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Se adiciona un párrafo decimotercero a la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Artículo 41 ...

I a IV ...

V .................................

El Instituto Federal Electoral, a través de su consejo general, será el órgano encargado de organizar y supervisar los procedimientos de revocación de mandato de los funcionarios federales de elección popular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 fracción IV de esta Constitución y la ley reglamentaria que se expida para el efecto.

Segundo. Se adiciona una fracción IV al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

I. a III.

IV.Se procederá a revocar el mandato al presidente de la República, diputados federales, senadores, gobernadores de las entidades federativas, diputados locales, presidentes municipales, regidores, síndicos, al jefe de gobierno y jefes delegacionales del Distrito Federal, cuando así lo determinen por mayoría absoluta de votos válidos, los ciudadanos de la demarcación por la que fueron electos, conforme a los requisitos y el procedimiento que establezcan las leyes respectivas.

............

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, a más tardar en seis meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este decreto, expedirá la ley que regule el procedimiento de revocación de mandato de los funcionarios federales de elección popular.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas contarán con un plazo de un año para adecuar sus ordenamientos constitucionales y expedir las leyes que regulen el procedimiento de revocación de mandato de los funcionarios estatales y municipales de elección popular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputados: Arturo Zamora Jiménez, Julieta Octavia Marín Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

ARTICULOS 35, 40, 41 Y 71 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES - LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY FEDERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De la diputada Adriana Sarur se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley Federal de Participación Ciudadana.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y expide la Ley Federal de Participación Ciudadana, a cargo de la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del PVEM

Problemática

Nuestro sistema democrático federal no prevé los mecanismos de participación ciudadana, siendo que las 32 entidades federativas prevén las figuras de plebiscito y referéndum, por lo que es necesario se lleve a cabo la implementación constitucional y legal de la democracia participativa.

Argumentación

La democracia nació en Grecia cuando en la isla de Quíos del mar Egeo, en el siglo VI, antes de Jesucristo, unos agricultores, convertidos en esclavos por deudas, se rebelaron y al triunfar en su revolución, establecieron la primera constitución democrática de occidente, grabada en piedra con esta frase: “Los hombres de esta tierra, son libres e iguales”.

La democracia resulta una paráfrasis, porque su discurso que es diverso en las diferentes épocas y comunidades, se despliega en tres principales aspectos: como forma de gobierno, como sistema de convivencia y de cultura política con su correspondiente ética social.

Pericles definió a la democracia como el gobierno de, por, y para el pueblo, indicando que a diferencia de los reinados y la aristocracia, los que gobiernan son los ciudadanos del demoi, o sea la gente común y corriente, ciudadanos oplitasdefensores de su patria y hombres libres, a diferencia de los periécos, ilotas y metecos.

Vivir en democracia era estar integrado a la colectividad, así lo fue entre los antiguos; y entre los modernos se ha señalado que vivir en democracia, es disfrutar de los derechos individuales, sociales, específicos, políticos, entre otros, estos son los derechos humanos.

La democracia en México se encuentra definida no sólo como un régimen político y jurídico, sino como un sistema de vida, en el que se debe cumplir el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo.

Por tanto, en un proceso de convivencia y de desarrollo histórico, hay que preguntarse ¿quién gobierna, cómo se gobierna y para quién se gobierna? Para conocer si se cumplen los requerimientos de una sociedad incluyente, democrática en el gobierno, la convivencia y la ética social aceptada y justificada.

Preguntarse quién gobierna, es saber quién es el soberano, quién es la última instancia de decisión suprema, que da y anula la ley. Según expresión de Thomas Hobbes, si quien gobierna es el pueblo, con política ascendente que va de la sociedad civil y los partidos políticos, a los parlamentos y al gobierno, se forma la decisión política dinámica, que sí resuelve los problemas sociales con pluralismo, tolerancia y pluripartidismo. El gobierno es un foro en el que gravitan todas las fuerzas sociales, integrado el consenso activo y reflexivo, atendiendo a lo que señala Kelsen como autocracia, en el sentido de que, el que hace la ley es el mismo que la observa, o con la expresión de Kant sobre autonomía: “darse a sí mismo la ley”.

La democracia reclama la protección de los seres humanos como principal objetivo de gobierno, frente a los abusos del poder y a las injusticias sociales. Reclama el desarrollo de las capacidades humanas, el equilibrio entre las fuerzas sociales, la participación ciudadana reiterada en la vida pública.

Sin ciudadanos no hay democracia. El ciudadano es el ser humano independiente, responsable del bien público, que comprende y defiende el interés de la comunidad; que sabe y conoce en sus condiciones de vida y en el campo de sus actividades lo que es irracional, para criticarlo y cambiarlo, con su participación y compromiso en las contiendas electorales y en las luchas sociales. Ciudadano es el hombre que sabe luchar por su libertad y por la igualdad, para sí y para sus semejantes, quien comparte la responsabilidad social.

El referéndum y el plebiscito son para algunos dos “formas semidirectas” diferentes y, para otros, dos nombres diferentes de una misma forma. Se encuentran entre los primeros Duguit, Posada, Burdeau y Duverger; entre los segundos Kelsen y Sánchez Viamonte.

Si se admite la existencia de dos instituciones distintas, cada una con su propio nombre, puede decirse que el referéndum es el procedimiento mediante el cual, el cuerpo electoral, a través del sufragio de sus integrantes, ratifica o desaprueba, con carácter definitivo, decisiones normativas adoptadas por órganos representativos.

El referéndum es considerado como el principal instrumento de democracia semidirecta, puesto que mediante tal institución el pueblo, o más exactamente el cuerpo electoral, participa, por vía consultiva o deliberativa, en el proceso de toma de decisiones en el un país o pueblo determinado.

El plebiscito, por su parte, es un procedimiento semejante al anterior, pero que tiene por objeto la adopción de una decisión política fundamental de determinado carácter (manifestación de confianza hacia un hombre o un régimen político, opción acerca de la pertenencia de un área territorial entre dos estados, etcétera).

En la presente iniciativa se establece un capitulado de conceptos los cuales, desde el punto de vista de una correcta técnica legislativa, son necesarios para el entendimiento de nuestra propuesta de Ley Federal de Participación Ciudadana.

Para los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dichos conceptos se erigen como piedras angulares para el entendimiento y posterior desarrollo la Iniciativa propuesta, dando además, las bases teóricas de la justificación de su existencia; con los mecanismos de participación y rendición de cuentas como se expondrá en él en su oportunidad dentro de este apartado explicativo.

El concepto Estado tiene múltiples aspectos. De aquí que hayan existido diversas teorías que han tratado de definir el ser del Estado revelando a su vez, uno de los problemas más arduos y complicados con que se enfrenta la teoría del derecho, la teoría política y la teoría en sí del Estado, todas ellas como líneas del pensamiento humano para el entendimiento de dicho tema.

Así, hay diversas teorías que nos explican el Estado desde un punto de vista “ontológico”, es decir, nos señalan su existencia histórica como fenómeno que se presenta en la vida misma de las comunidades o sociedades humanas. Dichas teorías nos definen al Estado como “un ente que nos envuelve y comprende en nuestras relaciones sociales”.

No se niega que el Estado sea una idea, pero sería limitar la existencia del mismo a meras conjeturas o apreciaciones de la realidad cotidiana. Tampoco es dable sostener de una manera válida que, bajo una connotación puramente espiritual, se encuentre desvinculado de una realidad histórica y además política. El maestro Burgoa Orihuela nos enseña que “el Estado no es una mera concepción de la mente humana, no es un simple ideal del pensamiento del hombre ni un solo producto de su actividad imaginativa”.

Y continúa: “No denota un deber-ser sino un ente positivo, cuyo concepto debe elaborarse por la observación reflexiva y analítica de esa realidad donde se encuentra su ser y de la que se deriva su concepto”. En efecto, en cuanto a su existencia como fenómeno social, pertenece al mundo cultural y más en específico, al ámbito de la política como reflejo del desarrollo de las comunidades humanas (sociedades) en el desarrollo de la historia.

El Estado, al constituirse como fenómeno social, se sitúa como objeto de conocimiento con el fin de someterse al estudio del pensamiento humano en el abanico de disciplinas desarrolladas por el mismo, en aras de entender su realidad y la de lo que le rodea. Se somete pues al estudio del pensamiento para establecer una serie de conclusiones científicas.

El maestro Burgoa señala: “Si en el Estado, como fenómeno, concurren diversos hechos o circunstancias que se registran y acaecen en la realidad socio-política, si su ser no es simple sino complejo merced a esa concurrencia en que convergen factores de muy diferente índole, de Estado como concepto no debe basarse exclusiva ni excluyentemente en alguno de ellos, sino comprenderlos a todos en una síntesis dialéctica”.

Es claro que el Estado no es sólo un territorio donde se asienta un grupo de individuos (población), pero tampoco lo constituye solo un conjunto de normas que esa población se da a sí misma y que respeta y obedece (orden jurídico). El Estado, como totalidad, se constituye de partes interrelacionadas de una forma real y lógica, de lo que resulta y se debe afirmar, que su concepto debe ser el resultado del análisis de todo aquello que conforma a dicho ente y que le da vida.

No es admisible que el concepto de Estado sea elaborado solo desde el análisis del “poder” como resultado de las diferencias entre los gobernados y gobernantes como es sostenido por León Duguit, o por un “poder institucionalizado” como lo pretende Georges Bourdeau, ni tampoco como un “orden jurídico normativo” como lo sostiene Hans Kelsen. Tampoco es dable entender al Estado como “un aparato coercitivo”, como lo hacen Marx y Lenin. Estas concepciones no son erróneas del todo, pero limitan el estudio del Estado a un solo aspecto, olvidándose que se encuentra formado por otros elementos que le dan vida y que le constituyen como una unidad compleja y que sólo podrá definirse de una manera adecuada si es atendida en su totalidad, todos y cada uno de sus componentes.

Por las consideraciones expuestas, afirmamos que las tesis o pensamientos que pretenden que el Estado es solo un “poder”, divorcian del elemento “pueblo”, “población”, “nación” o “comunidad” a la entidad estatal, siendo que estos constituyen el elemento sine qua non del “poder” y por ende para que el Estado, pueda existir como fenómeno. En este sentido, el maestro Burgoa nos señala: “Un Estado sin población es inclusive inconcebible dentro de cualquier tipo ideal y, por mayoría de razón, en la realidad histórico-política. Frente a este orden de ideas, las teorías “potencialistas” se reducen a plantear esta cuestión: ¿la población es un “elemento” del Estado, como lo sostiene la doctrina tradicional, o es una “condición” de su existencia? La respuesta a dicha interrogación, en uno u otro sentido, depende de lo que se entienda por “elemento” y por “condición”. Por tanto, si se niega que el “pueblo” constituya un elemento del Estado, se niega su razón de ser.

A la historia política, como disciplina, corresponde establecer o ubicar el origen el Estado. Al historiador, mediante la utilización de los datos que le son dados por otras disciplinas tales como la antropología, la arqueología, la sociología, entre otras, puede determinar el surgimiento de grandes culturas que dieron origen a diversos Estados, los cuales se manifestaron mediante imperios como lo fueron: las civilizaciones sumerias, egipcias, asirias, babilónicas, persas, macedónicas (con el surgimiento de Alejandro el Grande), el origen del Imperio Romano; o los surgimientos de los reinos nacionales españoles, franceses o ingleses, así como el nacimiento de la edad moderna.

Pero se puede afirmar, que independientemente del momento histórico en que apareció el Estado, este constituye un fenómeno a la vez natural como voluntario; siendo un fruto de la espontaneidad, de la necesidad y de la reflexión de los hombres. Comparativamente, los elementos del Estado se plasman como necesidades o requisitos de existencia del mismo, por lo que el “territorio” al ser el elemento material, por sus fundamentos, del Estado, el pueblo constituye el elemento espiritual, característica esta derivada de su autoridad, de sus fines y sus ideales. Es un orden social permanente: los Estados particulares podrán desaparecer y transformarse, pero los hombres formarán siempre el Estado, con lo que este último implica de autoridad y orden para la paz y la justicia a fin de vivir bien y sin zozobras.

Encontramos situado, dentro de las corrientes filosóficas y éticas naturalistas que nos explican el origen del Estado, el pensamiento de Platón.

Platón estructura un tipo ideal de Estado dividiendo la población en tres clases sociales según la actividad que cada una de ellas debe desempeñar dentro de la organización política, a saber la de los gobernantes, la de los guerreros y, la de los artesanos y labradores. Entre estos grupos debe existir una armonía y equilibrio, con el fin de que exista un perfecto funcionamiento del Estado. Dicha armonía debe de dar como resultado en una actuación recíproca e interdependiente para que funcione como medio en la convivencia social y la obtención de la felicidad común. Por tanto, dicha armonía solo podrá darse mediante la dirigencia de los mejores hombres. Dichos hombres deben guiar los destinos de su comunidad, gracias a sus cualidades intelectuales, así como de sus virtudes morales, tales como la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia.

Aristóteles parte del principio de que el individuo, el hombre, constituye un zoon politikon, que significa que, derivado de su naturaleza, el ser humano siempre ha vivido y convive de forma permanente con sus semejantes. El estagirita sostiene el carácter necesario que el Estado guarda como una entidad en la que, el hombre nace, se desarrolla y muere en su seno.

Aristóteles anticipaba ya la concepción de la soberanía del Estado al hablar de la autarquía de la polis (ciudad-estado), es decir, del poder y de la capacidad que esta tiene para organizarse a sí misma de la forma más conveniente para ella, dejando a un lado la intervención, irrupción o hegemonía de potencias u otros Estados ajenos en cuanto a las formas de gobierno que pueden adoptar el Estado o la polis. Platón distingue la monarquía, la aristocracia y la democracia como regímenes puros, los cuales, mediante procesos degenerativos, se convierten respectivamente en tiranía, oligarquía y demagogia.

Para Aristóteles, la democracia es la forma de gobierno emanada de la voluntad del pueblo, donde se persigue el bienestar colectivo, es decir, la felicidad de todos los individuos integrantes del pueblo del Estado. Si los gobernantes de extracción popular sólo atienden a los intereses de ciertos grupos sociales, sin proveer al bienestar de toda la comunidad se convierten en demagogos.

Fundándose en la existencia del alma, a las comunidades estatales reales o temporales San Agustín consideró como organizaciones efímeras o transitorias supeditadas a la gran comunidad religiosa, carácter que se atribuyó a la Iglesia. Este sometimiento del Estado laico a la Iglesia, se basaba en la diversidad jerárquica de los intereses y valores humanos y colectivos a que el poder espiritual y los poderes temporales debían servir, pues en tanto que éstos debían atender al hombre y a los pueblos en su bienestar temporal, aquél velaba por su destino post vitam, que es la existencia eterna en el mundo de Dios como objetivo definitivo de la humanidad.

Dicho pensamiento, a través de la patrística y la escolástica, dio a la concepción del Estado una finalidad espiritual, consistente en preparar el destino más allá de lo mundano, hacia la realización, en el orden de la realización de los valores que conducen al bien común y la justicia como fines de todo conglomerado humano.

Así, San Agustín de Hipona, uno de los más destacados representantes de la patrística y pilar ideológico de la Iglesia Católica, sostiene en su obra Civitas dei, la supremacía del Estado eclesiástico sobre el terrenal. En dicha obra combate no sólo las organizaciones políticas de su época, así como la del Imperio Romano de Occidente, que en el siglo V dC (siglo en que elaboró su obra dotada de veintidós libros, sustentada en los principios Evangélicos) soportaba las invasiones germanas tanto militares como ideológicas.

Para San Agustín, los Estados temporales devienen de la voluntad de los hombres, que débiles a las tentaciones terrenales, vician la existencia de sus sociedades buscando de forma fatua el bienestar común, enmarcando su desa-rrollo en un hedonismo protegido por sus gobernantes, los cuales, procuraban de una u otra manera fomentar. Frente a estos Estados mundanos (ciudades terrestres), San Agustín enfrenta su concepción del “Estado celeste”, la Ciudad de Dios, que en la vida, más allá de lo terrenal, se encontraría conformada por todos aquellos individuos elegidos, siendo estos aquellos que hayan comulgado y vivido dentro de las enseñanzas de Cristo. Para él, la “ciudad del diablo” (la temporal), se encuentra sustentada en el odio y la voluptuosidad humana; en cambio, la “Ciudad de Dios”, haya su sustento en el amor.

Santo Tomás de Aquino sostenía que el Estado constituye una comunidad natural de hombres, un organismo necesario dentro del cual la persona debe cumplir sus deberes humanos frente a sus semejantes y como criatura de Dios.

También para Santo Tomás, el hombre es un zoon politikon. Y derivado de esta naturaleza el orden establecido en las congregaciones de hombres, se ha determinado por la Providencia, de tal virtud de que el Estado implica una organización comunitaria mediante la cual, los individuos colman todas sus necesidades terrenales y espirituales. Destacando, dentro de los fines de esta reunión al bien común como la finalidad temporal hacia la cual, los gobernantes, deben dirigir su actividad. Rechaza la idea de la potestad absoluta e irrestricta del gobierno de las sociedades, pues éstas deben organizarse por la ley, que Santo Tomás define como “cierta ordenación de la razón en vista del bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad”.

Para este príncipe de la escolástica, la ley del hombre (ley humana) debe someterse a la ley natural, a la que “pertenece todo aquello a lo que el hombre naturalmente se inclina, y es propio del hombre inclinarse a algo según la razón”. Santo Tomás sostenía que la ley humana es sólo ley siempre que derive de la ley natural, por lo que, si un ordenamiento se contrapone a ella, no debe ser considerada como ley, sino como corrupción de la ley. Esta circunstancia es explicada por dicho filósofo en cuanto a la finalidad que toda ley debe de perseguir, que es el bien común, por lo que si una norma es escrita para la consecución del bie-nestar de unos cuantos, se erigiría como una norma injusta.

Para Santo Tomás, es necesario el establecimiento de leyes justas que le den la pauta al juzgador en cuanto a la aplicación de la norma y no dejarlo todo al arbitrio de éste. Aquí, es sustentado el principio de legalidad que debe regir a la Autoridad en cuanto a su actuación frente a los gobernados en una comunidad.

Por estos rasgos generales se advierte que la tesis tomista en el terreno político importa una clara concepción antagónica a los regímenes absolutistas de los estados medioevales del siglo XIII, en que el ilustre pensador cristiano escribió su monumental obra Summa theologica, ya que para él, el único Estado digno de merecer este nombre desde el punto de vista de la naturaleza del hombre y de los designios de Dios, es el Estado de derecho, entendiendo como derecho humano a la ley positiva que necesariamente debe tener por objetivo la realización de bien común, arguyendo que sin esta tendencia ninguna ordenación normativa debe ser valedera.

En cuanto a la forma de gobierno del Estado, Santo Tomás, estima que la mejor consiste en un régimen mixto, monárquico, aristocrático y democrático a la vez.

Para él, la mejor organización de un poder se llevará a cabo cuando es colocado un solo individuo, el cual, por su virtud, deberá estar a la cabeza de todos los demás; y debajo de él hay otros a quienes, por su virtud, se da también autoridad; tomando todos de esta manera parte en el gobierno, porque estos magistrados subalternos pueden ser elegidos de entre todos y son elegibles por todos. Tal sería un Estado en el que se estableciese una buena combinación de monarquía en cuanto preside uno; de aristocracia, en cuanto a que muchos se les constituye magistrados por su virtud; y de democracia, o poder popular, en cuanto que los magistrados pueden ser elegidos de entre el pueblo.

Hobbes para elaborar su teoría, analiza la naturaleza humana. Para este autor, el hombre, tiende al dominio de sus semejantes mediante el empleo de la fuerza (homo hominis lupus), sujetarlos a sus exigencias. Supone la igualdad de los hombres desde un punto de vista natural, basándose en las igualdades de cuerpo y espíritu que todos los individuos humanos poseen. Pero en seguida se contradice al manifestar que un hombre en ocasiones es más fuerte y más sagaz de entendimiento que otro, lo que en conjunto, supone la diferencia entre los hombres que permite en un momento dado reclamar para sí, un beneficio que para otro, no puede obtener y ni siquiera aspirar. “En efecto, por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o confederándose con otro que se halle en el mismo peligro que él se encuentra”.

Para este autor, los hombres se encuentran situados en un “estado natural de guerra”, se hayan luchando constantemente, por lo que dicha circunstancia supone una nula posibilidad para el desarrollo de la industria, “por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, no conocimiento de la faz de la Tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad”. En suma, para Hobbes, “el hombre es lobo del hombre”; infiere que, como en la anarquía y en el caos es imposible vivir, los hombres tienen la necesidad imperiosa e ineludible de unirse, de formar una comunidad, que es el Estado, para que dentro de ella la vida social pueda ser factible y desarrollarse sin violencias, disturbios y luchas que la destruirían.

Es el temor a la muerte y al deseo de las cosas que son necesarias para la vida confortable y a la esperanza de obtenerlas por su trabajo, son estas circunstancias a las que este filósofo atribuye la necesidad de los hombres para la conformación del Estado. Es pues, mediante la racionalización de dichas circunstancias que el hombre pretende darse un orden en el que impere el respeto y la paz, pues solo aquí que es donde se pude confiar y puede desarrollarse como tal. A dicho orden, los individuos confían el poder coactivo para lograr la implantación de la racionalización, la paz y el desarrollo con el objeto de establecer el Estado en donde otros hombres o grupo de individuos logren a su favor todos y cada uno de los componentes de una sociedad humana otorgándose un ambiente propicio para la convivencia armónica y la proscripción de la violencia.

John Locke contradice la tesis del origen del poder del monarca; asimismo, contradice uno de los puntos básicos de la opinión de Hobbes, al afirmar que “el estado de naturaleza” en el que, en sus orígenes, se encontraba el hombre se caracterizaba por “el orden y la razón”, mismas que regulaban la convivencia de los individuos socializados. Este “orden y razón” es el fundamento del “derecho natural”, el cual constituye el antecedente del derecho positivo. Derechos tales como la vida, la libertad y la propiedad, son derechos de los hombres que derivan de su naturaleza, los cuales, siempre se encuentran en riesgo de ser quebrantados en el “estado de naturaleza” en que se encuentran los seres humanos, por lo que al no existir ningún poder que los haga respetar coactivamente, es necesaria la agrupación en una sociedad política, debidamente organizada en la que se dote de autoridad coercitiva con el fin de velar dichos derechos mínimos. De aquí que se deriva la existencia de un “pacto social”, en donde se crea dicha autoridad para que ésta se encargue de imponer la observancia de tales derechos.

Sin embargo, según Locke, este acto creativo no importaba el desplazamiento del poder comunitario hacia el órgano de gobierno, cuya actuación, afirmaba, se encuentra limitada por el derecho natural. El mencionado “pacto” o “contrato social”, por virtud del cual se constituía una sociedad política, proviene del consenso mayoritario, en donde todos aceptan el someterse a él, así como someter a los grupos minoritarios. Locke logra distinguir entre la comunidad políticamente organizada o Estado y la autoridad (gobierno) a quien se le confía el mantenimiento y respeto de los derechos humanos mencionados. Es pues, el Estado, una entidad consensuada por los individuos que forman parte de esa sociedad civil, en tanto que el gobierno es la manifestación de órganos que la sociedad civil crea para su administración y dirección.

Locke propugna por un Estado arreligioso, pues, sostiene, que no debe existir ninguna injerencia de la Iglesia dentro del desarrollo del Estado laico, en virtud de que las naturalezas de cada una de dichas entidades es distinta. En efecto, para este filósofo, la naturaleza de la Iglesia, implica una “sociedad voluntaria”, mientras que el Estado lo constituye una unidad coercitiva, comunidad política, constituida por un pacto social en que los hombres han decidido otorgar el poder compulsorio indispensable para la defensa y protección, en su favor, de la “ley natural” a través de sus órganos de gobierno.

En el Espíritu de la leyes, publicado en 1748, Montesquieu enfoca su pensamiento hacia una concepción sobre el gobierno y sus sistemas. Dicha obra es fruto de su observación crítica y de la experiencia que tuvo durante su estancia en Inglaterra, en donde, las costumbres y régimen gubernativo tuvo gran influencia sobre el pensamiento de este filósofo.

Para Montesquieu, el origen de la sociedad humana se da de forma natural, es decir, existe, es real, por lo que no le preocupa el cuando y donde se dio dicho inicio. “Si los hombres no formasen sociedad alguna, si se dispersaran y huyeran los unos de los otros, entonces sí sería preciso averiguar cuál es el motivo de tan singular actitud, y buscar por qué se mantienen separados. Pero todos nacen ligados mutuamente. Un hijo nace junto a su padre y se mantiene junto a él. He aquí la sociedad y la causa de la sociedad”.

Para este autor, son la ley, la justicia, las formas de gobierno y el equilibrio entre los poderes del Estado, los objetos de estudio de su pensamiento jurídico, político y filosófico. Para él, la ley, la constituye una relación de convivencia que se encuentra realmente entre dos objetos, apareciendo entre esta la justicia, la cual debiera constituir el fin de todo ser humano.

Para el barón de Brede, más allá de la existencia o inexistencia de Dios, el hombre debe amar la justicia. Debe amarla más allá de las propias creencias religiosas, ya que la justicia, para este filósofo, es eterna y no depende de la convivencia de los hombres. Para que se logre la justicia, es decir, esa “relación de convivencia entre dos objetos”, las leyes positivas, que deben derivar de la ley en general y que no es sino “la razón humana en tanto que gobierna a todos los pueblos de la Tierra”, deben tomar en cuenta un conjunto muy variado de factores y circunstancias propios del ambiente real en que vayan a regir.

Respecto a las formas de gobierno, las clasifica en despotismo, monarquía y república, esta última es susceptible, según este autor, en subdividirse en aristocracia y democracia.

Lo más importante del pensamiento jurídico-político de Montesquieu, lo constituye su teoría sobre la separación de poderes, misma que ha sido tratada en su obra L’eprit des lois. Sustenta esta separación, en la preservación de la libertad del hombre dentro de la comunidad política, no obstante el régimen que dirija los intereses de esa sociedad civil. “La libertad no puede consistir sino en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer”, y “en el derecho de hacer lo que las leyes permite”.

Montesquieu desarrolla su teoría política en base a la observación del régimen inglés, en la cual este autor manifiesta que dicho gobierno tiene por objetivo directo y principal la libertad política.

“Poder” y “órgano de autoridad”, son equivalentes en el pensamiento de Montesquieu, por lo que, para que exista un equilibrio en el desempeño del “poder”, es necesaria una separación de cada una de las categorías en que se integran, ya las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, de una sociedad civil. “Hay en cada estado, asevera, tres clases de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes, y el Ejecutivo de las que dependen del derecho civil. Mediante la primera, el príncipe o el magistrado hacen leyes por un tiempo o por siempre, y corrige o abroga las que ya están hechas. Mediante la segunda, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad, previene las invasiones. Mediante la tercera, castiga los crímenes o juzga las diferencias entres particulares. Se llamará a esta última el “poder de juzgar”; y la otra simplemente el “Poder Ejecutivo” del Estado. Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados el poder legislativo se encuentra reunido con el poder ejecutivo, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de principales o de nobles, o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares”.

Si bien es cierto que este autor sustenta su teoría en una división de poderes, también es cierto que pretende que dichos poderes interactúen en el ejercicio de sus funciones, es decir, pretende una interdependencia entre ellos: “Estos tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– deberían dar lugar al reposo o la inacción; pero como el movimiento necesario de las cosas los obligaría a moverse, tendrán que marchar de acuerdo”.

Igual que Montesquieu, Rousseau sostiene que la sociedad civil surge a partir de un pacto o contrato entre los hombres. Pero esto no implica que haya existido materialmente dicho pacto o contrato, sino que esta idea constituye una hipótesis sostenida por los filósofos que han sido llamados o agrupados dentro de las corrientes contractualistas.

Como Hobbes, Locke y Montesquieu, Rousseau nos habla del “estado de naturaleza” en que se encontraba el hombre antes del surgimiento del pacto que le agrupa con otros en una sociedad civil, y ante el que se someten. Para este autor el hombre no tenía limitantes en su vida en el “estado de naturaleza”, gozando sin restricción de su libertad natural. Rousseau, al contrario de Hobbes, afirmaba que en tal caso las relaciones entre los seres humanos, exentas de toda compulsión, se entablaban espontáneamente, sin contiendas ni luchas, ya que todos ellos estaban colocados en una situación de igualdad que generaba la armonía, obedeciendo al orden natural de las cosas según fue dispuesto por Dios. Dios hizo al hombre perfecto para obtener su felicidad y que es la criatura humana la que, se aleja de esa perfección. Así, al no haberse mantenido los hombres en una situación de igualdad natural, y al surgir diferencias, se dio la necesidad de concertar un pacto de convivencia dando paso a la creación de una sociedad civilo comunidad política, en la que a cada individuo, se le garantizan sus derechos y su libertad. “Supongo a los hombres, afirma, llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado de naturaleza superan las fuerzas de que dispone cada individuo para mantenerse en dicho estado. En ese estado primitivo no pude entonces subsistir y el género humano perecería si no cambiara su manera de ser. Dado que los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas sino unir y dirigir las que ya existen, no les quedará otro remedio para conservarse que el de formar por asociación una suma de fuerzas que pueda superar a la resistencia, de ponerlas en juego mediante un solo móvil y de hacerlas actuar al unísono”. La voluntad general, que constituye un poder, para Rousseau radica en la sociedad civil o comunidad política apuntada, entendiéndola como el pueblo o nación del Estado. El poder soberano, sin limitación alguna y que es impuesto de forma coactiva a las intenciones o “voluntades” de los individuos que conforman a la organización social, y al conformar ésta por los individuos, tanto los fines de éstos como los de aquélla son coincidentes.

Ni la soberanía (voluntad general), ni el soberano (comunidad política) necesitan garantías con relación a los súbditos o gobernados, ya que imposible es que el cuerpo quiera perjudicar a sus miembros. Ahora bien, el hombre social, esto es, como componente de la comunidad, pueblo o nación, continúa Rousseau, no sólo no pierde sus derechos naturales, sino que, por un acto –hipotético– de devolución, la sociedad civil –el soberano– se los restituye y garantiza, pero con las limitaciones inherentes al interés general que concurre siempre con el interés particular.

Por lo que se refiere a la soberanía, Rousseau la describe como una voluntad inalienable, la cual deriva del pacto social; la comunidad al elegir un dirigente, delega ciertos derechos, delega la vigilancia de algunos aspectos de la administración dentro de esa comunidad política. Pero siempre conserva para sí, el derecho y autoridad de retirar esa delegación. Nunca el soberano compromete su derecho a tal grado que pueda dejar de serlo. Juan Jacobo afirma: “Digo que la soberanía, no siendo otra cosa que el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca enajenarse, ya que el soberano que no es sino un ser colectivo, sólo puede ser representado por sí mismo; el poder puede transmitirse, pero no la voluntad”, añadiendo: “El hombre que reuniese todas las calidades que pueden garantizar la tranquilidad de una nación, asegurar su felicidad y desa-rrollar sus fuerzas vivas en el camino del progreso, será el jefe de la nación. La nación le confía su poder, es decir, la reunión de todas las voluntades, de todas las fuerzas que animan y vivifican a cada ciudadano. Lo que ese hombre quiera hoy, la nación lo querría. Lo que quiera mañana, o dentro de diez años, la nación también lo querría”.

Otra característica de la soberanía, apuntada por este autor, la constituye la indivisibilidad, derivada de forma directa de la anterior (inalienabilidad), pues supone que la división implica una enajenación parcial.

Por lo que hace a las relaciones entre el particular y el soberano, instituidas por el contrato social, Rousseau sostiene que se encuentran regidas por lo que se denomina “leyes”, las cuales provienen de la voluntad de todos y cuyo fin es velar por el interés general, por lo que dicho acto no puede ser injusto. Pero existen ocasiones, afirma, en que el soberano es incapaz de encontrar las mejores reglas para la sociedad, por lo que es necesaria la existencia de alguien que legisle, siendo el elegido capaz de ser superior a los demás, y deberá conocer sus vicios y miserias, y necesidades con el objeto de cumplir cabalmente su cometido.

Las leyes son clasificadas por este autor en tres categorías: las políticas, que organizan al soberano (constituciones); las civiles, las cuales rigen las relaciones entre particulares y entre éstos y el soberano; y las penales, que sirven para el reestablecimiento del orden dentro del pacto, así como para la seguridad del mismo. Pero todas estas leyes se encuentran supeditadas a una ley fundamental y suprema, la cual expresa el verdadero ser del soberano y que se localiza en los usos, hábitos y costumbres sociales. No se encuentra escrita en ningún código, sino en la conciencia de cada uno de los individuos de la organización política.

Para la ejecución de las leyes, Rousseau reconoce la necesidad de lo que el llama “un ser inmediato” entre el soberano y los individuos. Este “ser inmediato” tendrá la función de hacer cumplir las leyes y de mantener la libertad política y civil. A este “ser inmediato”, le denomina “poder ejecutivo” o “gobierno”, el cual se encontrará constituida por un grupo de individuos dirigidos por un “jefe del gobierno”. En cuanto a la elección de este jefe de gobierno manifiesta que no proviene de algún contrato, sino más bien de una comisión otorgada a un ciudadano para vigilar o dirigir ciertos aspectos de la administración pública.

Para Rousseau el gobierno puede ser democrático, aristocrático o monárquico.

Hans Kelsen. Este autor identifica al Estado con el Orden Jurídico. El Estado pertenece al mundo del deber ser, no es un hecho natural, sino una creación espiritual cuya esencia consiste en “un sistema de normas”, de aquí que considera que “el Estado”, no pueda ser más que un orden jurídico o la expresión de su unidad. Parte además del entendido de que el orden jurídico, único y existente, es el positivo que es, a su vez, el único válido sobre y ante cualquier otro que se pretenda reconocer.

Para Kelsen, la soberanía es atribuida a la supremacía del orden jurídico estatal. “Un Estado es soberano cuando el conocimiento de las normas jurídicas demuestra que el orden personificado en el Estado es un orden supremo, cuya validez no es susceptible de ulterior fundamentación; cuando, por tanto, es supuesto como orden jurídico total, no parcial. No se trata, pues, de una cualidad material ni, por tanto, de contenido jurídico. El problema de la soberanía es un problema de imputación, y puesto que la “persona” es un centro de imputación, constituye el problema de la persona en general (y en modo alguno únicamente el problema de la persona del Estado). El mismo problema se presenta en la persona física como problema de la libertad de la persona o de la voluntad”. El Estado, el cual no se encuentra ligado a ninguna norma, se manifiesta como un poder omnipotente, ilimitado, “soberano”, el cual termina convirtiéndose en un orden jurídico.

Ahora bien, en cuanto a los fines del Estado, este jurista, siguiendo su línea de pensamiento, determina que sólo puede realizarlo mediante la forma de derecho. Esta circunstancia deriva de la identidad del orden estatal y el orden jurídico.

La dualidad o identidad Estado-derecho, que construye Kelsen, es susceptible de traducirse en variados objetivos específicos trascendentes a ellos, siendo que el Estado y el derecho se erigen como medios.

Otro aspecto de toral importancia de nuestra iniciativa lo compone el elemento pueblo del Estado, pues es, a través de este que se materializa el Estado y es a través de él, como se ha determinado en la Carta Magna, que el Estado mexicano se ha autodeterminado en una república federal representativa y democrática y que, es sólo y únicamente él, quien podría modificar su forma de gobierno.

Sociológicamente entendemos por pueblo un compuesto social, producto de los procesos asociativos y disociativos integrados en un emplazamiento cultural y territorial. O bien, una constante social general en un mundo de variables históricas. Para muchos sociólogos son cinco las acepciones fundamentales de la palabra pueblo:

a) El pueblo como soporte de la cultura. En este sentido se confunde con la noción sociológica de gente, pero no son sinónimos. La gente constituye la población en términos mesurables de unidades; en cambio el pueblo representa la esencia compuesta de las interacciones mentales y culturales más próximas al plano asociativo primario.

b) En una segunda acepción, el pueblo se toma como sustitutivo de la raza. En este aspecto se le considera como compuesto social, producto de los procesos asociativos en equilibrio con el medio regional, físico y cultural, lo que hace de él una entidad frecuentemente llamada impropiamente raza.

c) El pueblo como concepto social mundial en que ya no se le toma como noción étnica ni persiste la creencia popular que lo confunde con sociedad primitiva o rudimentaria. Esta acepción más amplia de la noción de pueblo es, sin embargo, exacta cuando se aplica a las culturas más primitivas.

d) La noción sociológica de pueblo se toma también como opuesta a la del Estado. Esta acepción del grupo y de la sociedad como pueblo tiene importancia en la definición de la sociedad, del Estado y de las expresiones correspondientes como usos estatales, usos técnicos, opuestos a los usos sociales, orgánicos y costumbres anteriormente aceptados. De esta manera la sociedad de Estado implica procedimientos coercitivos y de organización que se oponen a los procedimientos del grupo primario. Voluntarios e irregulares.

e) Cultura popular, por oposición a civilización. Este concepto de pueblo también suministra fundamentos para hacer una distinción mesurable entre la sociedad de pueblo como cultura y la civilización como cultura especializada de la sociedad político-urbana, tecnológica. Es decir, la cultura representa los procesos totales, productos y progresos del pueblo en todos los aspectos de su vida y desarrollo, en tanto que la civilización representa una sección transversal especial y avanzada de la cultura, en los más elevados soportes del progreso tecnológico y organizador.

Por tanto, los individuos que pertenecen aun Estado forman en su totalidad la población como elemento de dicho ente jurídico-político. Son dichos individuos, que al agruparse, conforman el primer elemento del Estado ya que son ellos quienes se asocian de una manera orgánica, jurídica y política, asentándose en un territorio determinado.

El pueblo constituye el elemento subjetivo del Estado, siendo su principal elemento; además que, por otra parte, este conglomerado de individuos organizados constituye el fin mismo de la actividad estatal. Esta característica del pueblo se atribuye a la actividad del Estado a través de las funciones de los órganos o poderes públicos en que se divide para la actividad de dictar leyes, cumplirlas e impartir la justicia demandada por los gobernados. El pueblo en su cualidad subjetiva forma a causa de la unidad subjetiva mencionada, una corporación de intereses políticos que crean al Estado y que a la vez se erigen como objeto mismo de la actividad de este, por lo que todos sus miembros integrantes están unidos, enlazados entre sí, por su condición de sujetos de la asociación estatal.

El concepto pueblo es eminentemente cuantitativo, con lo que se expresa a la totalidad de los seres humanos que viven en el territorio de un Estado determinado. Desde el punto de vista sociológico, cultural, económico, religioso, étnico y lingüístico, la totalidad humana que entraña la población suele diversificarse en diferentes grupos o clases que como partes la componen, pudiendo sólo considerarse como entidad unitaria en cuanto que es, en su conjunto, el elemento humano del Estado, constituido por la suma de sujetos que tienen el carácter de gobernados o destinatarios del poder público.

Cosa distinta son los grupos que componen la población, comprendiéndose todos dentro de este concepto, ya que no es dable concebir alguno fuera, de manera absoluta, del orden jurídico que le encauza. Por ello, la población, como elemento humano del Estado, pese a su implicación diversificada, sólo es concebible bajo esa tesitura jurídica, la cual lógicamente se extiende a considerarla, en su dimensión total, como destinataria del poder público del Estado, es decir, como el sujeto sobre el cual éste ejerce su imperio.

De común se equiparan los conceptos de “nación” con el de población y pueblo, siendo que la nación o pueblo esta constituido por comunidades humanas cuyos grupos o individuos manifiestan una unidad cultural determinada por factores históricos, geográficos, etc., de los que derivan fenómenos culturales tales como el idioma, las costumbres, la religión y la concepción ética, valorativa y teleológica sobre la vida.

La población puede comprender a la nación o pueblo como elemento humano mayoritario y a grupos extranacionales minoritarios, los cuales, en el proceso lógico de formación del Estado, no tienen ninguna participación. El pueblo constituye a su vez el antecedente del Estado y la causa originaria de éste.

Si el Estado es producto de la cultura y específicamente del derecho, y si en una y en el otro necesariamente intervienen la voluntad y la decisión humanas, no es posible sostener que sin ésas surja la entidad estatal que es efecto y no causa. El Estado da unidad política y jurídica a diversas comunidades, sin ser jamás anterior a ellas. La aparición del Estado se da en virtud de la preexistencia de grupos comunitarios y sociales que le componen. El Estado es una unidad organizada de acción y decisión, por lo que no podrá darse sin la unidad real que organiza, es decir, sin la existencia de la nación, pues el efecto de organización ya presupone la actividad humana que tiende a la consecución de dicho fin, por lo que, una actividad dada o derivada de la naturaleza humana sin el elemento “hombre”, es imposible.

El elemento “nación”, origen de toda organización humana políticamente establecida (Estado), dota de poder y de derecho a tal organismo o entidad. Le dota de personalidad, constituyendo al mismo tiempo, el ámbito humano de incidencia y operatividad de sus fines. Ahora bien, el Estado se erige para el pueblo, como un medio de unidad política y jurídica, y como entidad mediática en donde los individuos asociados realicen sus fines trascendentes. En síntesis el individuo es el fin último de la actividad estatal, la cual es justificada en cuanto el hombre pueda satisfacer sus necesidades sociales e individuales, proveyendo soluciones a sus problemas y procurando establecer mecanismos que conlleven a la satisfacción de sus metas individuales. El Estado según Maritain, no es sino un organismo facultado para utilizar el poder y la coerción, integrado por especialistas o expertos en ordenamiento y bienestar públicos, un instrumento al servicio del hombre.

El término república (cosa pública) debe ser entendido aquí desde la concepción maquiavélica, es decir, como una mera oposición a la monarquía. Entendido así, podemos decir, siguiendo a diversos tratadistas que, el gobierno republicano es aquel que en su jefatura de Estado, quien la detenta, no lo hace de forma vitalicia (al contrario de la monarquía, la cual de ordinario era ejercida durante la vida del rey o monarca, transmitiéndose hereditariamente o por medio de la abdicación), sino que es renovada periódicamente, mediante la consulta del pueblo. Por lo tanto, mientras que en un régimen republicano quien detente la jefatura de Estado debe demostrar cualidades o aptitudes para el desempeño de dicho encargo.

Así, la institución de “jefe de Estado” se constituye como elemento característico del régimen ya republicano, ya monárquico pues, mientras que los demás poderes u órganos estatales los cargos pudieran ser hereditarios o vitalicios, dichas circunstancias no disminuyen el carácter republicano de un régimen.

Tena Ramírez sostiene: “La doble posibilidad que ofrece el sistema republicano, de seleccionar al más apto para el cargo supremo y de que en la selección intervenga la voluntad popular, es lo que vincula estrechamente a dicho sistema con la democracia, en grado tal que con frecuencia se mezclan y confunden sus conceptos en la moderna teoría del Estado”. En efecto, un gobierno republicano conlleva necesariamente a un gobierno democrático; pero en ocasiones existen regímenes monárquicos (como el español) que son compatibles con la democracia y con el régimen constitucional.

El siguiente elemento establecido por el artículo 40 constitucional es el de “representativo”, significando este que todos los individuos que conforman una sociedad políticamente organizada eligen a uno o varios portadores de la intención general.

El doctor Jorge Carpizo en su obra nos refiere a que “en las sociedades pequeñas, como en algunas épocas de las polis griegas, los ciudadanos se pueden reunir en el ágora para discutir y sancionar las leyes. Son los ciudadanos quienes directamente se gobiernan y deciden sobre las normas que van a regir sus conductas”. Este tipo de sistemas de gobierno implican necesariamente, que el pueblo que forma un Estado determinado, sea pequeño en cuanto a su número. Se dice que existiría una imposibilidad física, pues no sería práctica la reunión de millares de individuos en una plaza determinada para la discusión de sus problemas o puntos de vista sobre determinados actos.

Pero encontramos un doble problema, bajo estas circunstancias, por un lado no es práctico y hasta casi imposible la reunión de todos los ciudadanos de un país para la discusión de los problemas del Estado; y por el otro, que es necesario y es un derecho de los ciudadanos que conforman una determinada organización política que participe de la vida pública. Estas dos ideas y realidades antagónicas han tratado de ser conciliadas a través del sistema representativo: el ciudadano participa en las decisiones estatales por medio de sus representantes, quienes construyen las normas jurídicas de la comunidad; en esta forma se afirma que en el poder legislativo está representada toda la nación.

Así, en un ejercicio democrático cada individuo con derecho a ello, elige a un representante que integrará el poder legislativo dentro del Estado. Y es mediante dicho ejercicio que se considera que todos los individuos participan de la función pública.

La naturaleza del sistema representativo nos dice Carpizo, estriba en la relación de una persona con otra o varias, en virtud de la cual la voluntad de la primera se considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente aparecen como una sola persona. Por ello, la representatividad implica una substitución de la voluntad, es un querer y obrar a nombre y por cuenta de otros.

Por otra parte, debemos decir que la representatividad consagrada hasta hoy en nuestra Constitución es de índole indirecta. Por tanto, hay una representatividad donde la voluntad del pueblo es mayormente participativa en la creación de las normas, es a lo que llama Carpizo una “representatividad semidirecta”. En este sistema los proyectos de leyes son puestos a consideración del pueblo, para que este, a través de un ejercicio de electivo, determine la conveniencia de que una norma jurídica entre en vigor o no. Dicho ejercicio de elección tiene como finalidad el determinar, dentro de un plazo dado, si la propuesta de un grupo de individuos debe de permanecer vigente o no; o que un conjunto de ciudadanos puedan iniciar leyes. Por lo tanto, el sistema semidirecto forma una etapa intermedia entre la representatividad indirecta y directa, agrupando en su naturaleza el pensamiento y la esencia de esos dos sistemas.

Es claro que el artículo multicitado de la Carta Magna, se refiere al sistema representativo semidirecto, el cual, según Carpizo, tiene las siguientes características:

a) El representante lo es de todo el pueblo, de toda la nación.

b) El representante en su actuación es independiente de sus electores.

c) El representante es pagado por el Estado y no por los votantes.

d) Los electores no pueden hacer renunciar al representante a través de la idea de revocar el mandato.

e) El representante no está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos que lo eligieron.

f) La elección del representante se basa en la noción del voto individual: consigue el cargo el que haya acumulado la mayoría de votos en un distrito determinado.

En resumen, la representatividad manifestada en la ley suprema tiene como finalidad el cumplimiento de la función del Estado por aquellos que han sido electos para ello, por un grupo de individuos determinados, con completa independencia de ellos con el fin de conseguir el bienestar de la nación.

Respecto al siguiente elemento de la definición dada en el artículo 40, es decir, el de democracia, no será analizado en el presente apartado, por considerar dicho tema de forma especial más adelante.

El aspecto federal en que se ha constituido el Estado mexicano, deviene en un principio, de aspectos históricos que no serán analizados aquí, y por una práctica constitucional y una necesidad de gobierno de los territorios que forman la nación.

El federalismo se erige como un sitio intermedio entre el Estado unitario y la confederación de estados. El Estado unitario, posee unidad política y constitucional, es homogéneo e indivisible, sus comarcas o regiones carecen de autonomía o gobierno propio. Por su parte, en la confederación de estados, donde los que la forman conservan su soberanía interior y exterior, los ciudadanos de cada uno no son obligados por las decisiones adoptadas por aquellos. Para que obliguen a sus súbditos, deben de ser aprobadas y adoptadas por los gobiernos de cada Estado. En los Estados federales, cada una de las entidades sometidas a dicho régimen, pierden su soberanía exterior, y mantienen ciertas facultades interiores delegando otras al gobierno central. De aquí, que una de las características principales del Estado federal, es la distribución de facultades. Dichas facultades son distribuidas entre las autoridades generales y regionales, para ser ejercitadas en la esfera de sus respectivas competencias. Ejemplo de lo anterior es el enunciado del artículo 124 constitucional, el cual señala que: “Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”.

La idea de “soberanía nacional o del pueblo” propiamente se proclama en las corrientes del pensamiento jurídico-político de los siglos XVII y XVIII con Locke, Montesquieu y Rousseau.

Se ha manifestado que la nación o pueblo en sentido sociológico decide darse una organización jurídica y política, creando un sistema de normas (derecho), el cual da origen y cohesión al Estado como centro de imputación normativa. El origen y consecuencias de dichos efectos derivan de un poder, que tiene como causa generadora a la comunidad de individuos políticamente organizada. A través del ejercicio de dicho poder, la sociedad civil, se autodetermina, esto es, que por su propia voluntad establece los lineamientos jurídicos-políticos que son plasmados en un documento denominado “Constitución”.

Ese ejercicio autodeterminativo que lleva a cabo el pueblo de un Estado, tiene características excluyentes, es decir, que sólo permite a los que pertenecen a determinado núcleo social asentado en un territorio, el participar para la imposición de una estructura mediante el ejercicio del poder cuya finalidad, no se encuentra sujeta a ninguna potestad extraña a la comunidad nacional. Por eso, los tratadistas contemporáneos afirman que el poder en si es soberano, en cuanto que no se encuentra subordinado ni interior, ni exteriormente a otro poder que, heterónomamente, le designe su sistema o estructura.

La autodeterminación implica la nota sustancial expresiva del poder soberano o soberanía la cual, en el fondo, entraña la autodeterminación. Esto es, que el autodeterminarse implica darse a si la estructura jurídico-política, la cual va a normar, limitando, las actividades del poder soberano y de sus órganos.

Por otra parte, la autolimitación referida por dicho autor no es estática, es decir, permite la posibilidad de modificarse según las necesidades de la nación ya cambiando las estructuras jurídico-políticas, ya modificando los límites previamente establecidos.

La soberanía constituye un atributo del poder del Estado, la actuación de dicho poder se presenta en el desenvolvimiento de la sociedad jurídica y políticamente organizada, y más aún, se presenta en la comunidad humana. Esa presencia establece una subordinación de los demás poderes y de las actividades propias del Estado realizadas por todos aquellos “entes” individuales, sociales, jurídicos, particulares o públicos que componen ese organismo social.

Ahora bien, el Estado una vez conformado por la comunidad políticamente asociada, y adquirir vida como ente distinto a esta, se constituye en titular de dicho poder soberano, el cual, permanece, por el principio de inalienabilidad, perteneciendo a la nación. Conforme a esta premisa, el Estado es soberano como persona jurídica en que el pueblo o la nación se han organizado política y normativamente, residiendo su soberanía en su propio elemento humano.

Para nuestro sistema constitucional, el Estado es un ente con personalidad jurídica y política propias. Pero también, la idea del Constituyente de 1917 al plasmar este aspecto, revela la concepción de independencia que el Estado mexicano tiene en cuanto o frente a otros Estados, ya en su régimen exterior, ya en su régimen interno. De aquí, que solo y únicamente le corresponde al pueblo o nación mexicana la potestad de autodeterminación.

Cosa distinta del concepto de soberanía, sin dejar de pertenecer a ésta, lo constituye el poder público, el cual, desempeñado por el Estado mediante sus órganos, atiende a la razón misma de la existencia de dicha entidad jurídica y política. Dicho poder no es soberano, ya que está dirigido por un orden jurídico fundamental que no deriva, en si mismo, de la entidad estatal, sino que crea a ésta como persona moral. Se encuentra impedido, el Estado, en cuanto a su actuar frente a dicho orden jurídico ya que no puede ir en contra de los principios básicos que le dan su origen y su sustentabilidad. En suma, no puede modificar, sustituir o más aún, abolir dicho orden jurídico ya que nace, se organiza y funciona dentro de él, según las normas implantadas por la nación en ejercicio de su facultad de autodeterminación.

Duguit afirma: “La persona nación es en realidad distinta del Estado, es anterior a él; el Estado no puede existir sin una nación y la nación solamente cuando ha constituido uno o varios órganos de representación, cuando ha encargado a un hombre o a una colectividad, o a uno o a otra, para desempeñar o para expresar su voluntad. Hay entonces entre la nación titular originaria de la soberanía y sus representantes un verdadero contrato de mandato. El Estado es, pues, la nación soberana representada por mandatarios responsables. Se dice que el Estado es el titular de la soberanía y esto se puede decir para facilitar el lenguaje, pero no es absolutamente exacto. El titular de la soberanía es la nación persona”.

La última forma de gobierno pura mencionada por Aristóteles, es aquella que es detentada por la mayoría, denominándose “democracia”, en donde se pretende el ejercicio del poder para el beneficio de todos en igual forma; pero si se utiliza en beneficio de los más desprotegidos, Aristóteles menciona que es una forma impura a la que denomina “demagogia”.

La Constitución, en el artículo 40, consagra al gobierno democrático como la forma en la que el Estado Mexicano ha decidido conformarse. Este artículo debe interpretarse conjuntamente con el anterior al mismo, es decir, con el 39 el cual dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, circunstancia que caracteriza la democracia.

Afirman diversos tratadistas que la democracia, como hoy la conocemos, es resultado del liberalismo político, en cuanto que concilia a la libertad individual y la facultad Estatal de coaccionar. Para Kelsen, el Estado liberal es aquel que es democrático, ya que la voluntad estatal u orden jurídico es producto de la voluntad de los propios gobernados. Es decir, el Estado democrático es aquel en el que el poder demando es determinado por los individuos sujetos a él. “Políticamente libre –explica Kelsen– es el individuo que se encuentra sujeto a un ordenamiento jurídico en cuya creación participa. Un individuo es libre si lo que de acuerdo con el orden social debe hacer, coincide con lo que quiere hacer.

La democracia significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los súbditos. La oposición a la democracia está constituida por la servidumbre implícita en la autocracia.

En esta forma de gobierno los súbditos se encuentran excluidos de la relación del ordenamiento jurídico, por lo que en ninguna forma se garantiza la armonía entre dicho ordenamiento y la voluntad de los particulares”.

El fenómeno de “autodeterminación”, que antes hemos ubicado en la entraña del acto soberano de darse un pueblo su Constitución, se proyecta de este modo en el fenómeno de “autodominación”, nota característica y suprema del régimen democrático.

La democracia es, en fin, el gobierno de todos para el beneficio de todos dentro de un marco jurídico que ellos, en ejercicio de la autodeterminación y autolimitación, se den para el beneficio de todos participando de forma directa, indirecta o semidirecta en la toma de decisiones políticas que les aprovechen. Y también es democrático, el acto de elección de los representantes que vinculen las necesidades de los individuos que conforman a la colectividad políticamente organizada, con las decisiones para solventar las necesidades y resolver los problemas comunes y principales.

El concepto democracia suele identificarse con el régimen representativo. Como ya se ha mencionado, en dicho régimen la designación de “mandatarios” se hace con el fin de que, a una asamblea, sea llevada la voluntad de los electores. Dicha elección puede hacerse mediante un ejercicio democrático, el cual puede ser directa o indirecta. En este último caso, la elección de representantes se hace a través de la elección de intermediarios, los cuales, en última instancia, determinarán la designación de los mandatarios a la asamblea o a los cargos públicos. Nuestra Constitución, por regla general, consagra la elección directa para la designación de los miembros del Congreso (Cámaras de Diputados y de Senadores) y del presidente de la República.

Por tanto, se puede afirmar que la democracia conjuga diversos fundamentos los cuales, en unión, le otorgan sus características como forma de gobierno. Dichos fundamentos, se dan, en un Estado que se dice democrático, como declaraciones dogmáticas manifestadas en su orden jurídico fundamental (Constitución). Dichas instituciones jurídico-políticas, delimitan la actividad estatal, norman el poder público estableciendo su actividad, su competencia y la protección de los derechos mínimos de los gobernados, los cuales, en ejercicio de su soberanía se han autodeterminado.

Por otra parte, mencionamos que en el primer párrafo del artículo 49, nuestra Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial.

La división de poderes, en un Estado democrático, se constituye en una institución política y una necesidad casi histórica. Para el pensamiento político y jurídico, la división de poderes fue objeto de análisis y preocupación, deduciendo dicha separación de aspectos históricos y reales; de la necesidad de limitar el actuar del gobierno o “príncipe” como una forma de garantizar el buen ejercicio de las actividades estatales para el cumplimiento de los fines comunes.

Para todos los tratadistas que han estudiado el origen, desa-rrollo y necesidad de la existencia del Estado, es necesaria la división de poderes, mediante la diversidad de órganos que se encuentren debidamente limitados en sus funciones. Dichas actividades por necesidad, deben encontrarse especializadas en aras de un correcto funcionamiento estatal. La división de poderes es pues, un obstáculo para el abuso del poder en un Estado democrático. Se erige como una garantía a los derechos humanos de los gobernados y sobre todo de su libertad.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta Cámara, consideramos necesario mencionar la importancia que guarda la división de poderes como medio de control al poder estatal. Así parte de la presente propuesta es el establecimiento, dentro de una “ley de participación ciudadana para el Distrito Federal”, del plebiscitoy el referéndum. Dichos mecanismos también deben ser utilizados como control del poder público estatal. Debe ser considerado como un control más, en un Estado democrático, sobre sus órganos, por tanto, la necesidad de una clara división de poderes es indispensable para nuestra sociedad. Así, la transparencia y la democracia semidirecta se erigirían como piedra toral de nuestro sistema político para el mejor desarrollo de la nación mexicana.

Montesquieu ya había señalado la necesidad de la división de poderes como garante de la seguridad jurídica. Si las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes fueran las mismas que las elaboran y si no existiese entre una y otras ningún órgano que decidiese jurisdiccionalmente los conflictos surgidos con motivo de dicha aplicación y que velara por la observancia de la Constitución, en una palabra, si fuere un solo órgano del Estado el que concentrara las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, no habría sistema democrático, que es de frenos y contrapesos recíprocos.

El principio de división de poderes se sustenta en que las tres funciones estatales (legislativa, ejecutiva y judicial) deben ser ejercidas separadamente por órganos del Estado diferentes, pero que interactúen y colaboren en el desarrollo de mecanismos que beneficien a la comunidad mediante el ejercicio coherente del poder público. Pero debe aclararse que estos poderes no son independientes entre sí, es decir, que constituyan cada uno por su lado, un poder público, sino que actúan y conviven interrelacionados constituyendo así tres aspectos de un solo “poder soberano” emanado de un solo grupo de individuos. De no ser así, se rompería con las teorías que sustentan que la soberanía es una, inalienable e indivisible, la cual ha evolucionado hasta dar origen a los Estados Democráticos actuales.

La clasificación de los órganos estatales en legislativo, ejecutivo y judicial deriva del resultado de las actividades propias de cada una de dicha funciones. Se tratará, por ende, de poder legislativo si el objeto de su desempeño como función de imperio consiste en la creación de normas de derecho abstractas, generales e impersonales (leyes en sentido intrínseco o material); de poder ejecutivo si los actos autoritarios en que se revela estriban en la aplicación concreta, particular o personal de tales normas, sin resolver o dirimir ningún conflicto jurídico (decretos, acuerdo o resoluciones administrativas en general); y de poder judicial cuando se decide una controversia o contienda de derecho mediante la citada aplicación, produciéndose un acto jurisdiccional (sentencia o laudo, verbigracia).

Las funciones de los órganos estatales, desde el punto de vista de la doctrina se dividen en facultades materiales y formales. De esto debemos afirmar que las facultades, verbigracia del Poder Legislativo son, desde el punto de vista material, la creación de normas jurídicas y, desde el punto de vista formal, tiene facultades ejecutivas o judiciales (ya sea de la aplicación del reglamento interno de cada una de las Cámaras, o cuando se involucra dicho poder, dentro de un procedimiento de juicio político). Por lo que hace al Poder Ejecutivo su facultad desde el punto de vista material lo constituye la administración pública, y desde el punto de vista formal se dividen en: judiciales, en cuanto a los tribunales laborales o administrativos y legislativas, al emitir reglamentos o decretos. Así, el Poder Judicial materialmente imparte justicia, y formalmente administra sus recursos en actividades meramente administrativas.

De estas consideraciones se desprende la distinción entre “órgano” y “poder”, pues la identificación de ambos conceptos acarrea confusiones en la interpretación y aplicación del orden normativo constitucional. En su esencia, los tres órganos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, no pueden ser modificados, pero por las necesidades para el desempeño de sus funciones primordiales, es necesario dotarle de otras facultades que, a simple vista, se antojarían contrarias a la naturaleza jurídica y política de dichos entes.

El principio de separación o división de poderes se justifica por la tendencia de los regímenes democráticos hacia el aseguramiento y la preservación de la libertad de los gobernados en aquellos aspectos en que su ejercicio sea socialmente permisible.

La función ejecutiva implica la actividad administrativa del Estado. Dicha actividad se manifiesta cualitativa y cuantitativamente en los actos de autoridad específicos y determinados por un orden jurídico constitucional, del cual derivan una serie de preceptos reglamentarios que limitan a dicho poder. Dicha actividad es denominada por la doctrina como “acto administrativo”.

La actividad administrativa presenta diferencias sustanciales con las funciones legislativas y judiciales. Dichas diferencias repercuten en la distinción entre el Poder Ejecutivo, como función pública, y los Poderes Legislativo y Judicial. Los actos de autoridad realizados por el poder legislativo se traducen en la emanación de “leyes”, que constituyen normas jurídicas que tienen como elementos intrínsecos la abstracción, la impersonalidad y la generalidad. Por su parte, el poder ejecutivo, también realiza actos de autoridad, los cuales son de carácter administrativa, con características concretas, particulares e individuales.

El elemento concreción implica que el acto administrativo se emite, se dicta o se realiza para uno o varios casos numéricamente determinados, denotando la particularidad y la individualidad que el mismo acto rige para las situaciones inherentes a dichos casos y para los sujetos de diferente naturaleza que en ellas sea protagonistas. Conforme a estos elementos intrínsecos, el acto administrativo sólo tiene operatividad en tales casos, situaciones o sujetos, sin extenderse más allá del ámbito concreto en relación con el cual se haya producido. Siendo entonces que los elementos o cualidades del acto administrativo, frente a los del acto legislativo, lo que diferencia a dichas actividades.

En cuanto a la actividad jurisdiccional, podemos decir, que sus funciones comparten las características del acto administrativo, esto es, que también son concretos, particulares e individuales, pues la actividad primordial de la autoridad judicial es decir el derecho a un caso concreto. El acto jurisdiccional, por tanto, tiene como objetivo primordial, la solución jurídica de esta situación, solución en la que “se dice el derecho” entre los contendientes o sujetos del conflicto o cuestión contenciosa, locución de la que deriva el calificativo “jurisdiccional”.

No obstante lo anterior, el poder ejecutivo o administrativo, no se contrae única y exclusivamente a la realización de ciertos actos concretos, particulares e individuales, es decir, reconocida dicha actividad como función pública de imperio, se traduce en una actuación continua y permanente de dicho órgano del Estado vinculado en una estructura sistematizada dentro de un cuadro jerárquicamente relacionado.

Si la actividad estatal implica el ejercicio del poder público y éste, a su vez, es el ejercicio mismo del imperio del Estado, éste tiene también como función primordial el elaborar leyes que, no apartados del fundamento constitucional, regulen la actividad de todos los entes jurídicos y políticos de una sociedad. A dicha actividad se le denomina “legislar” y el producto de la misma son las “leyes”. Este producto permite a la doctrina constitucional el distinguir las actividades legislativas de las ejecutivas y judiciales en que el imperio del Estado, por medio del ejercicio del poder público, se manifiesta.

La ley constituye un acto primordial del imperio estatal, teniendo como elementos sustancial la abstracción, la imperatividad y la generalidad. Pretende regular no solo situaciones presentes, sino futuras, de forma tal que el texto de la norma pueda ser aplicada siempre a todo caso que se sitúe bajo la hipótesis normativa para que las consecuencias se puedan producir.

Ahora bien, el estudio del Poder Legislativo entraña también el estudio de la ley, como consecuencia lógica de dicha actividad, pues es sólo dicho órgano el legitimado para la realización de tal acto de autoridad. El establecimiento de normas jurídicas con las consecuencias señaladas, a través de los procedimientos y limitaciones, previamente establecidas en un ordenamiento constitucional. Pero por otro lado, no podemos sólo reducir la actividad legislativa a la emisión de normas, sino debemos entender, que dicha actividad también prevé la realización de actividades formalmente administrativas o jurisdiccionales, según lo determine la competencia constitucional dada a dicho órgano.

La ciudadanía o ciudadano, de común, se ha identificado, erróneamente, con el de nacionalidad. La nacionalidad, implica el vínculo que liga al individuo con un Estado determinado. A este respecto, la Constitución, en el artículo 30 nos refiere la forma en que es adquirida la nacionalidad (ya sea por nacimiento ius soli o ius sanguinis, ya por un acto volitivo naturalización). Por su parte el artículo 34 del mismo ordenamiento supremo, prevé que son ciudadanos de la república, los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además, los requisitos de haber cumplido dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir.

La nacionalidad denota a la ciudadanía su calidad. Es decir que, desde un punto de vista lógico, el concepto de ciudadanía se encuentra inmerso dentro de la idea de nacionalidad ya que, sólo y únicamente pueden ser ciudadanos de nuestro país, los mexicanos. Para Burgoa la ciudadanía es una modalidad cualitativa de la nacionalidad y que, siendo ésta su presupuesto necesario, su asunción por el sujeto nacional requiere la satisfacción de ciertas condiciones fijadas por el derecho de un Estado.

El carácter de ciudadano, como calidad nacional, es el resultado de la imputación normativa que hace un régimen democrático de gobierno, el cual tiene como fin un aspecto jurídico-político. Dicho fin tiene como objetivo el que los nacionales de un Estado, los cuales satisfagan los requisitos exigidos por el orden jurídico, puedan participar de la actividad política estatal. En este sentido, Burgoa define a la ciudadanía como “ la calidad jurídico-política de los nacionales para intervenir diversificadamente en el gobierno del Estado”.

La calidad de ciudadano nacional, trae consigo cierta capacidad, que a su vez entraña un conjunto de facultades o derechos subjetivos, así como de obligaciones y según el artículo 35 constitucional, prerrogativas. Todo ello da el carácter de ciudadano a un individuo o grupo de individuos que se coloquen en las hipótesis normativas señaladas.

Se debe distinguir además tres términos: gobernado, nacionaly ciudadano. Un individuo es gobernado, independientemente de su calidad de nacional o extranjero, de ciudadano o no, si su esfera de derechos puede ser afectado por el acto de autoridad de un gobierno determinado. Nacional es aquel individuo vinculado jurídica y políticamente a un Estado, independientemente de su participación en la toma de decisiones de un gobierno; y ciudadano es el nacional a quien, el orden jurídico, le concede participación política.

En el ciudadano o ciudadanos radica la soberanía como poder de autodeterminación. Esto es: a través del ejercicio de los derechos ciudadanos, los sujetos pertenecientes a un Estado que cumplan con los requisitos exigidos por este para la toma de decisiones, podrán participar en el ejercicio de la soberanía del pueblo para darse a si mismos la regulación u orden jurídico al que, voluntariamente han decidido, en un acto democrático, someterse.

Desde un punto de vista político, la ciudadanía conforma al conjunto de electores titulares de los órganos primarios del Estado.

Por tanto, se afirma que el concepto ciudadanía denota, por un lado, la calidad jurídico-política del nacional para participar en el gobierno del Estado a que pertenece y, por el otro, al cuerpo político electoral del propio Estado integrado por ciudadanos que son sujetos de derecho y deberes políticos previstos y estructurados en el orden constitucional y legal de cada país.

Por otra parte, debemos mencionar que los ciudadanos mexicanos tienen, por su calidad, derechos, obligaciones y prerrogativas. Las obligaciones se encuentran señaladas en el artículo 36 de la Carta Magna. Por su parte las prerrogativas, las cuales, no necesariamente equivalen a derechos subjetivos, sino que conforman una característica distintiva de las personas que se encuentren en una determinada situación, se encuentran consagradas en el artículo 35 del mismo ordenamiento supremo. Esa calidad distintiva se traduce, para quien la ostenta, en un conjunto de derechos pero también en una esfera de obligaciones.

Nuestra propuesta

Como se ha mencionado, es importante se lleve a cabo la transición de una democracia meramente electiva a una participativa. Cierto es que en materia del Plan Nacional de Desarrollo se prevé la participación de los ciudadanos mexicanos en la elaboración de dicho programa de gobierno.

La participación ciudadana implica además, la corresponsabilidad en la toma de decisiones trascendentales para la vida de un determinado Estado. Es necesario también, que dicha participación sea acotada y debidamente reglamentada tanto en el precepto constitucional como en normas secundarias que rigen la vida de entidades que participarán, en el proceso decisorio.

En primer término, y por la jerarquía de normas, se plantea la reforma al texto del artículo 40 de nuestra Carta Magna. En dicha reforma se establece como derecho la participación ciudadana, que debe contener, además un contenido democrático. En cuanto a los efectos que los mecanismos plebiscitarios y de referéndum arrojen, se ha concluido la necesidad de dotarle de efectos vinculatorios para los órganos constituidos a los que va destinado.

Se faculta a los ciudadanos para presentar iniciativas de ley, así, el artículo 71 de la Constitución tendría una adición en el texto.

Por lo que hace a los órganos que participarán en los procesos decisorios de consulta se le concede la facultad al Instituto Federal Electoral para que lleve a cabo la organización, conforme al proceso propuesto en el texto de la iniciativa de Ley Federal de Participación Ciudadana, de la consulta plebiscitaria o de referéndum.

Este órgano autónomo deberá calificar los requisitos de procedibilidad tales como el o los solicitantes; la evaluación del contenido de los documentos que serían sometidos a consulta; o, en su caso, el cómputo de firmas que se presentaren si el origen de la solicitud de consulta tuviera como procedencia la solicitud ciudadana.

Asimismo, se acota el número de consultas al año a dos; señalándose además, que en el año en que se lleven a cabo elecciones federales, no podrá llevarse a cabo consulta alguna. En cuanto a los recursos, el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, dentro de sus facultades, deberán proveer de recursos necesarios a fin de que el Instituto Federal Electoral pueda llevar a cabo la organización de las consultas.

En cuanto al número de ciudadanos que pueden presentar tanto la solicitud de plebiscito o referéndum o bien, para la presentación de una iniciativa popular, deberá ser de por lo menos 2 por ciento de los ciudadanos empadronados en el Registro Nacional de Electores.

Por lo que hace a la votación para la aceptación o rechazo de un plebiscito o referéndum, este dependerá según la votación efectuada en la elección ya de presidente o de diputados, próximos pasados. Esto, a fin de garantizar la legitimidad del resultado.

En cuanto a las impugnaciones se faculta, en materia de procedimiento electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de resolver, conforme a las reglas que para la impugnación de una elección de representante, se aplican.

Por lo que hace al contenido tanto de los mecanismos de consulta como para la iniciativa popular se limitan las materias objeto de dichos instrumentos participativos.

Para el caso en que el contenido del acto de autoridad sometido a plebiscito o referéndum no sea considerado por aquel que lo emitirá, como violatorio de las garantías o derechos de los ciudadanos, se dota de facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si el contenido de dicho acto de autoridad violenta o no la esfera jurídica del gobernado. La resolución emitida por la Suprema Corte, en esta materia, conforme a la propuesta planteada, será definitiva e inatacable.

En suma, la propuesta presentada pretende sentar las bases de una mayor participación ciudadana y la corresponsabilidad de gobierno y gobernados en la toma de decisiones trascendentales para el país.

Fundamentación

Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, numeral 1, fracción I, del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana.

Primero.Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40.Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos con un régimen participativo de los ciudadanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

La ley garantizará el derecho a participar activamente en el ejercicio democrático, por lo que las consecuencias derivadas de los resultados arrojados por los mecanismos de participación ciudadana tendrán efectos vinculatorios para las autoridades a quienes vayan dirigidos.

Segundo.Se adiciona un último párrafo a la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I.a III....

...

...

...

...

...

...

...

El Instituto Federal Electoral, organizará, en los términos que se señale la ley respectiva, las consultas públicas de participación ciudadana.

IV....

...

Tercero.Se adiciona la fracción VI al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35....

I. a V. ...

VI. Solicitar la realización de los mecanismos de participación ciudadana que la ley reglamentaria establezca.

Cuarto.Se adiciona la fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71....

I.a III....; y

IV. A los ciudadanos mexicanos, de conformidad a la ley respectiva.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos , así como la presentada por los ciudadanos mexicanos, de conformidad de la ley de la materia, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

Quinto.Se reforma el artículos 68, y se adiciona el 68 Bis al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 68

1. El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y participar, en los términos de la Ley Federal de Participación Ciudadana, en la organización de los mecanismos plebiscitarios o de referéndum.

Artículo 68 Bis

1. En la etapa de preparación del proceso de participación ciudadana iniciará con la convocatoria respectiva y concluirá con la jornada electoral, el plazo para su realización será de ciento veinte días.

2. El Instituto Federal Electoral tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en la Ley Federal de Participación Ciudadana.

3. Las normas aplicables en el proceso de participación ciudadana en cuanto al procedimiento serán las señaladas en el presente ordenamiento en lo que no se contrapongan con las disposiciones señaladas en la Ley Federal de Participación Ciudadana.

Sexto.Se adicionan los artículos 10 y 189, y un título décimo tercero a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en pleno:

I. a XI. ...

XII. Actuar dentro de los procedimientos de participación ciudadana, en los términos que establece la ley reglamentaria y el presente ordenamiento; y

XIII.De las demás que expresamente le confieran las leyes.

Artículo 189. La Sala Superior tendrá competencia para

I. a XIV. ...

XV. Conocer de los recursos de impugnación de los procesos de participación ciudadana, en los términos que establece la ley reglamentaria y el presente ordenamiento; y

XVI.Las demás que le confieran las leyes y el Reglamento Interno del Tribunal.

Título Décimo TerceroDe la Participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los Procedimientos de Participación Ciudadana

Artículo 252. La participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los procedimientos de participación ciudadana tales como el mecanismo de plebiscito y referéndum se apegará a lo establecido por la ley de la materia y este ordenamiento.

Dicho órgano será competente en caso de que haya duda en cuanto a la materia de la ley, reglamento o decreto legislativo o en su caso, del acto o decisión administrativa por no ser considerada, por el órgano correspondiente, de orden público o interés social, como lo establece la Ley Federal de Participación Ciudadana.

Artículo 253. Se creará una Comisión de Estudio conformada por los presidentes de las salas que conforman las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además del Presidente de dicho órgano judicial.

Artículo 254. La solicitud para el estudio de la ley, reglamento, decreto, acto o decisión deberá ser presentada ante la oficialía de partes de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Secretaria.

Artículo 255. La Comisión de Estudios deberá emitir resolución de por lo menos dos de los Ministros que la integren para que pueda tener efectos.

Artículo 256. El Presidente al día siguiente de recibida la solicitud convocará a la reunión de la Comisión Especial.

Artículo 257. El Presidente en audiencia privada con los Ministros miembros de la Comisión deberá leer la solicitud, así como toda la documentación presentada con ello, procediendo al debate.

En caso de ser necesario se diferirá la sesión para que cada uno de los Ministros miembros de dicha Comisión Especial puedan hacer el estudio que consideren pertinente, señalándose fecha y hora, dentro del término de cinco días hábiles, sin excederse del término señalado por la Ley Federal de Participación Ciudadana que tiene dicho órgano para resolver, para que se lleve a cabo el debate y votación correspondiente.

Artículo 258. El voto podrá ser de forma abierta o cerrada y, en este caso, se podrá hacer de forma particular anexándose el mismo al documento resolutivo.

Por ninguna circunstancia podrá haber abstenciones de los Ministros en la votación.

Artículo 259. Se deberá levantar acta circunstanciada por el Primer Secretario de la Presidencia, la cual deberá estar firmada por todos y cada uno de los miembros de la Comisión Especial.

Artículo 260. Tan pronto como haya sido resuelta por la Comisión Especial, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá notificar dentro de los diez días hábiles siguientes dicha resolución.

Artículo 261. Las resoluciones emitidas por la Comisión Especial no podrán ser recurridas.

Artículo 262. En caso de que los Ministros no resolvieran dentro del término de quince días, serán sujetos a responsabilidad, en términos de la presente ley.

Asimismo, si un Ministro no concurriere a la sesión de la Comisión Especial, será sancionado conforme al procedimiento de responsabilidad señalado en esta ley.

Artículo 263. En caso de que no se reuniera la Comisión Especial, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia deberá convocar a los otros Ministros integrantes de la Sala de aquel que debiera integrar la Comisión para que suplieran dicha falta. En caso de negativa o falta, también serán acreedores a las sanciones establecidas en esta ley con relación al procedimiento de responsabilidad.

Séptimo.Se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana, para quedar como sigue:

Ley Federal de Participación Ciudadana

Título PrimeroDe la Participación Ciudadana

Capítulo ÚnicoDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés general; tiene por objeto fomentar, promover, regular y establecer los mecanismos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana en los Estados Unidos Mexicanos y su relación con los órganos de gobierno de esta, conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones que resulten aplicables.

Los Poderes Legislativo y Ejecutivo promoverán y respetarán la participación ciudadana, así como garantizarán que la relación entre los habitantes de la República Mexicana con los órganos de gobierno sea cordial y respetuosa de la ley.

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por ley, reglamento, decreto, acto o decisión administrativa trascendentales para el orden público o el interés social de la República Mexicana, aquellos que afecten de forma directa, cuando menos, a la mitad más una de los estados o el Distrito Federal, o bien a las dos terceras partes de la población y que tenga referencia a las materias que se señalan en el artículo que sigue.

Artículo 3. Serán materia para los mecanismos de participación ciudadana las leyes, reglamentos, decretos, actos o decisiones administrativas aquellas que además de tener las características señaladas en el artículo anterior tengan por objeto regular lo establecido en las fracciones I, III, IV, V, X, XV, XVI, XVII, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXIX-C, XXIX-D, XXIX-E, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K y XXIX-L del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. La participación ciudadana se regirá por los siguientes principios:

I. Democracia, sustentada en la igualdad de los ciudadanos de la República, sin distinción económica o social, credo, origen étnico, nacionalidad, género, preferencia sexual, edad, condición física, de salud, posición política, ideología, o cualquiera otra causa de diferenciación.

II. Corresponsabilidad, el compromiso compartido de acatar, por parte de la ciudadanía y los órganos de gobierno, los resultados de las decisiones mutuamente convenidas; reconociendo y garantizando los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre los asuntos públicos; postulando que la participación ciudadana es condición indispensable para un buen gobierno y no sustitución de las responsabilidades del mismo.

III. Inclusión, fundamento de una gestión pública socialmente responsable, que englobe y comprenda todas las opiniones de quienes desean participar que reconoce desigualdades y promueve un desarrollo equitativo de la sociedad y de los individuos que la conforman.

IV. Solidaridad, disposición de toda persona de asumir los problemas de otros como propias, contrario a todo egoísmo o interés particular, que propicie el desarrollo de relaciones fraternales entre los vecinos, eleva la sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias situaciones adversas y las de los demás, así como nutre y motiva las acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes.

V. Legalidad, garantía de que las decisiones de gobierno serán siempre apegadas a derecho y como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Respeto, reconocimiento pleno a la diversidad de visiones y posturas, asumidas libremente en torno a los asuntos públicos. En este caso comienza incluso por la libertad de elegir cuando y cómo se participa en la vida pública de la República Mexicana.

VII. Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diferencia y a la diversidad de quienes conforman la sociedad y como un elemento esencial en la construcción de consensos.

VIII. Pervivencia, responsabilidad social de garantizar que las prácticas democráticas se generalicen y reproduzcan de modo que aseguren el desarrollo, ahora y en el futuro, de una cultura ciudadana para todos los habitantes de la República Mexicana de forma crítica, activa, responsable y propositiva.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ley: la Ley Federal de Participación Ciudadana;

III. Titular del Ejecutivo federal: el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Titular del Ejecutivo Estatal: al Gobernador Constitucional de la Entidad Federativa.

V. Congreso: el Congreso de la Unión, formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores;

VI. Suprema Corte: a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VII. Ley Orgánica del Congreso: la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Administración pública: los sujetos señalados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IX. Instituto Electoral: el Instituto Federal Electoral;

X. Tribunal Electoral: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

XI. Ley electoral: el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales; y

XII. Organización: las organizaciones de la sociedad civil que participarán en la detección de conflictos y que tendrán la facultad de solicitar el ejercicio de los derechos que se consagran en la presente ley.

Artículo 6. Para los efectos de la presente ley, se entenderán por mecanismos de participación ciudadana los medios con que los ciudadanos de la República Mexicana pueden participar en la toma de decisiones administrativas o legislativas.

Artículo 7. Para los efectos de esta ley serán mecanismos de participación ciudadana los siguientes:

I. El mecanismo de plebiscito, el cual consiste en consultar la opinión de los habitantes de la República Mexicana con miras a obtener mayores datos con relación al acto administrativo que se pretende realizar por parte del Titular del Ejecutivo Federal, en su ámbito de competencia. Los resultados de la implementación de este mecanismo tendrá efectos vinculatorios para la autoridad administrativa;

II. El mecanismo de referéndum, es un instrumento de participación ciudadana por virtud del cual se consulta a los habitantes de la República Mexicana con el fin de obtener su opinión con relación a una ley, reglamento o decreto legislativo que, cumpliendo con las características señaladas en el presente título puedan afectar a los intereses y derechos de dichos ciudadanos; y

III. La iniciativa popular, es un mecanismo mediante el cual los habitantes de la República Mexicana presentan, a cualquiera de las Cámaras que forman el Congreso de la Unión, proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos propios del ámbito de su competencia.

Artículo 8. Para lo no previsto en esta ley, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Título SegundoDe los Derechos de los Ciudadanos Mexicanos en materia de Democracia Participativa

Capítulo PrimeroDe Ciudadanos de la República Mexicana

Artículo 9. Son ciudadanos los varones y mujeres que teniendo calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 de la Constitución.

Capítulo SegundoDe los Derechos y las Obligaciones de los Ciudadanos Mexicanos

Artículo 10. Además de los señalados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán derechos de los ciudadanos los siguientes:

I.Iniciar leyes y participar en la celebración de los mecanismos de consulta de plebiscito y referéndum;

II. Proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos al secretario o secretarios de despacho que corresponda.

III. Ser informados sobre leyes, reglamentos, decretos y toda acción de gobierno de interés público, respecto de las materias señaladas en el artículo 4 de la presente ley;

IV. Formar organizaciones de la sociedad civil para la detección de problemas en el territorio nacional para la realización de actividades tendentes a la solución de problemas o para la solicitud de un plebiscito o referéndum, así como presentar iniciativas populares; y

V. Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos, esta ley u otro ordenamiento les otorguen.

Artículo 11. Además de las señaladas en el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las siguientes:

I.Cumplir las disposiciones de la presente ley, adecuando su participación cívica a los principios establecidos en el artículo 4;

II. Ejercer los derechos que les otorga la presente ley sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes; y

III. Las demás que en materia de participación ciudadana les impongan ésta y otras leyes.

Artículo 12.Es obligación de las autoridades federales, en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos previstos en esta ley.

Título TerceroDe los Mecanismos de Participación Ciudadana

Capítulo PrimeroDel Mecanismo de Plebiscito

Artículo 13.El mecanismo de plebiscito será procedente, como mecanismo de consulta con efectos vinculatorios como prevé el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando además de cumplir los requisitos señalados en los artículos 2 y 3 de la presente ley, impliquen, a juicio de los solicitantes, la necesidad de obtener la opinión de de los ciudadanos que podrían ser afectados por el acto administrativo.

Artículo 14.A través del mecanismo de plebiscito, el presidente de la República, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán consultar a los ciudadanos para que emitan su opinión con relación a actos de gobierno que tengan como materia las enumeradas en el artículo 3 del presente ordenamiento.

Artículo 15.Podrán solicitar al presidente de la República que convoque a plebiscito dos por ciento de los ciudadanos empadronados en el Padrón Nacional de Electores, cuando se trate de actos o decisiones, considerados como trascendentales para el orden público o el interés social y que afecten la totalidad o por lo menos nueve de las unidades territoriales que forman la ciudad o que afecten a la mayoría de los habitantes de la misma.

Artículo 16.El Congreso de la Unión o cualquiera de sus Cámaras podrán solicitar se convoque a plebiscito por el voto de las dos terceras partes de los miembros de dicho órgano legislativo cuando el acto administrativo cumpla los requisitos previstos en esta ley y pueda afectar a los derechos de los ciudadanos.

Artículo 17.La solicitud a que se refiere el presente capítulo deberá hacerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la emisión que se haga del acto o decisión del presidente de la República presentándose ante el Instituto Federal Electoral.

El Instituto Federal Electoral deberá calificar los requisitos de forma señalados en el artículo que precede.

Artículo 18.Toda solicitud de plebiscito presentada ante el Instituto Federal Electoral deberá contener por lo menos

I. El acto de gobierno que se pretende someter a plebiscito, así como el órgano u órganos de la administración que lo aplicarán en caso de ser ejecutado;

II. La exposición de motivos y razones por las cuales el acto se considera de importancia y las razones por las cuales debe someterse a plebiscito.

Cuando sea presentada por los ciudadanos, el presidente de la República solicitará la certificación al Instituto Federal Electoral de que se cumplieron los requisitos de número de ciudadanos necesarios.

Artículo 19.Una vez calificados los requisitos de forma previstos en el artículo anterior el Instituto Federal Electoral y los órganos de gobierno que participen deberá sujetarse al procedimiento siguiente:

I. El Instituto Federal Electoral deberá, por conducto de la oficina correspondiente, remitir los documentos que se acompañaron a la solicitud de plebiscito al presidente de la República para que alegue lo que a su derecho corresponda;

II. El presidente de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a que recibió los documentos, deberá manifestarse en cuanto a la forma y fondo del acto que se pretende someter a plebiscito. En caso de que el presidente de la República no desahogue la vista correspondiente, el procedimiento se seguirá sin dilación alguna;

III. En caso de que haya duda en cuanto a la materia de la decisión o determinación administrativa por no ser considerada de orden público o de interés social, el Instituto Federal Electoral deberá, dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya hecho sus manifestaciones el presidente de la República, remitir la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que este, en términos de su ley orgánica, califique la naturaleza del acto que se pretende someter al mecanismo de plebiscito;

IV. La Suprema Corte deberá resolver en un término de quince días hábiles en cuanto al fondo del asunto;

V. Una vez resuelto por la Suprema Corte, deberá ésta enviar dentro de los diez días hábiles siguientes, su resolución al Instituto Federal Electoral quien comunicará tanto al solicitante como a la Autoridad Administrativa correspondiente dicha resolución en un lapso de cinco días hábiles. El fallo emitido por la Suprema Corte será inatacable y producirá efectos de cosa juzgada.

VI. El Instituto Federal Electoral, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el fallo, deberá convocar a los ciudadanos a la celebración del plebiscito, el cual deberá ser realizado dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes al día de la convocatoria. Dicha convocatoria deberá ser realizada por todos los medios de comunicación ya escrita, radiofónica o televisiva.

Artículo 20.La convocatoria realizada por el Instituto Federal Electoral deberá contener cuando menos

I. El texto del acto de autoridad sometido a plebiscito, así como su exposición de motivos;

II. La explicación clara y precisa del mecanismo de aplicación del acto de gobierno, una breve referencia a los argumentos a favor y en contra, así como de los efectos de su ejecución;

III. La fecha en que habrá de realizarse la votación; y

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su aprobación o rechazo.

Artículo 21.El Instituto Federal Electoral podrá auxiliarse de las instituciones de educación superior o de organismos sociales y civiles relacionados con la materia que trate el plebiscito para la elaboración de los argumentos a favor y en contra, así como la redacción de las preguntas que se contendrán en las boletas de elección.

En el caso de que el plebiscito haya nacido por iniciativa de ciudadanos, el Instituto Federal Electoral respetará la redacción del texto del acto de gobierno y de su exposición de motivos tal y como hayan sido aprobados tanto por el Instituto Federal Electoral como por la Suprema Corte.

Artículo 22.En el año en que tengan verificativo elecciones de diputados, senadores o presidente de la República no podrá realizarse plebiscito alguno.

Artículo 23.En el mecanismo de plebiscito podrán participar todos los ciudadanos residentes en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Electores.

El Instituto Electoral desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la consulta y cómputo respectivo; garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a los ciudadanos. Asimismo declarará los resultados del mecanismo de Plebiscito a través de los mismos medios utilizados para la convocatoria.

Artículo 24.Los resultados del mecanismo de plebiscito tendrán carácter vinculatorio para el presidente de la República, como establece el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La votación mínima en la celebración del mecanismo de plebiscito deberá ser cuando menos por la misma cantidad emitida para la elección de presidente de la República más próxima.

Artículo 25.En caso de que se presente alguna controversia con relación a la organización y celebración de la consulta, aquélla deberá ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolverá en términos de la Ley Electoral.

Una vez resuelto el o los recursos presentados para la solución de conflictos señalados en el párrafo anterior, y ejecutada la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizará ya sea el caso, la reposición del procedimiento conforme a lo establecido por esa autoridad electoral.

Los resultados del mecanismo de plebiscito, en cuanto al fondo, no podrán ser impugnados.

Capítulo SegundoDel Mecanismo de Referéndum

Artículo 26.El mecanismo de referéndum será procedente cuando, al ser del conocimiento de los solicitantes la iniciativa de ley, reglamento o decreto legislativo impliquen, a juicio de los mismos, la necesidad de obtener la opinión de los ciudadanos mexicanos con miras de evitar un daño en los derechos de éstos o una violación de sus garantías constitucionales.

Artículo 27.La Cámara de Diputados o la de Senadores, con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, o los ciudadanos que representen por lo menos dos por ciento del padrón electoral, podrán solicitar al Congreso de la Unión, someta al mecanismo de Referéndum con efectos vinculatorios, las leyes, reglamentos o decretos que dicha autoridad legislativa emita.

El presidente de la República o los gobernadores de los estados, que representen por lo menos a diecisiete de las entidades de la república de acompañados del voto de un tercio de los integrantes del congreso legislativo estatal, podrán solicitar el sometimiento de la ley, reglamento o decreto emitido por el órgano legislativo al mecanismo de referéndum.

Las materias de las leyes, reglamentos o decretos emitidos por el Congreso de la Unión y que pretenderá someter al mecanismo de referéndum deberán referirse a las descritas en el artículo 3 del presente ordenamiento y cumpliendo con la característica de ser de orden público y de interés social y que afecten a por lo menos una tercera parte de las entidades que conforman la República Mexicana.

Artículo 28.La solicitud a que se refiere el presente capítulo deberá hacerse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación de la ley, reglamento o decreto del Congreso de la Unión, presentándose ante el Instituto Federal Electoral.

El Instituto Federal Electoral deberá calificar los requisitos de forma señalados en el artículo siguiente.

Artículo 29.Toda solicitud de referéndum presentada ante el Instituto Federal Electoral deberá contener por lo menos

I. La ley, reglamento o decreto que se pretenda someter al mecanismo de referéndum, así como la materia de la misma; y

II. La exposición de motivos y razones por las cuales la ley, reglamento o decreto debe someterse al mecanismo de referéndum.

Cuando sea presentada por los ciudadanos mexicanos, las dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras que forman el Congreso de la Unión, el presidente de la República o la mayoría simple de los gobernadores estatales solicitarán la certificación al Instituto Federal Electoral de que se cumplieron los requisitos de número necesarios.

Artículo 30.Una vez calificados los requisitos de forma previstos en el artículo anterior el Instituto Federal Electoral deberá

I. El Instituto Federal Electoral deberá, por conducto de la oficina correspondiente, remitir los documentos que se acompañaron a la solicitud de referéndum al Congreso de la Unión, mediante el envío a la comisión correspondiente para que alegue lo que a su derecho corresponda.

II. El Congreso de la Unión, dentro de los diez días hábiles siguientes a que recibió los documentos deberá manifestarse en cuanto a la forma y fondo del acto que se pretende someter a Referéndum. En caso de que el Congreso de la Unión, no hiciera uso del derecho en esta fracción señalado, no podrá impugnar de ninguna manera el procedimiento, por lo que este se iniciará de plano conforme a lo señalado en el Código Electoral y este ordenamiento;

III. En caso de que haya duda en cuanto a la materia de la ley, reglamento o decreto legislativo por no ser considerada de orden público o de interés social, el Instituto Federal Electoral deberá, dentro de los quince días siguientes ha que haya hecho sus manifestaciones el Congreso de la Unión en términos de su ley orgánica, remitir la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que este, en términos de esta ley y de su ley orgánica califique la naturaleza del acto que se pretende someter al mecanismo de referéndum;

IV. La Suprema Corte de Justicia de la Unión deberá resolver en un término de quince días hábiles en cuanto al fondo del asunto;

V. Una vez resuelto por la Suprema Corte deberá ésta enviar dentro de los diez días hábiles siguientes su resolución al Instituto Federal Electoral quien comunicará, tanto al solicitante como al Congreso de la Unión a través de la comisión correspondiente, la resolución emitida por el órgano jurisdiccional en un lapso de cinco días hábiles. El fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Unión no podrá ser recurrido.

VI. El Instituto Federal Electoral, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el fallo, deberá convocar a los ciudadanos a la celebración del mecanismo de referéndum, el cual deberá ser realizado dentro de los cuatro meses siguientes al día de la convocatoria. Dicha convocatoria deberá ser realizada por todos los medios de comunicación ya escrita, radiofónica o televisiva.

Artículo 31.La convocatoria realizada por el Instituto Federal Electoral deberá contener cuando menos

I. El texto de la ley, reglamento o decreto legislativo que deberá ser sometido al mecanismo de referéndum, así como su exposición de motivos;

II. La explicación clara y precisa del mecanismo de aplicación de la ley, reglamento o decreto legislativo, así como de los efectos de su entrada en vigor;

III. La fecha en que habrá de realizarse la votación, la cual deberá ser el día primero de julio de cada año; y

IV. La pregunta o preguntas conforme a las que los electores expresarán su opinión mediante aprobación o rechazo.

Una vez realizado el referéndum, el Instituto Federal Electoral deberá de publicar resultados dentro de los cinco días siguientes a la calificación, notificándose además, a los solicitantes y al Congreso de la Unión del resultado de la misma para los efectos de tomar en cuenta los resultados del mecanismo.

Artículo 32.El Instituto Federal Electoral podrá auxiliarse de los órganos locales de gobierno, instituciones de educación superior o de organismos sociales y civiles relacionados con la materia que trate el referéndum para la elaboración de los argumentos a favor y en contra, así como la redacción de las preguntas que se contendrán en las boletas de elección.

En el caso de que el referéndum haya nacido por iniciativa de ciudadanos el Instituto Federal Electoral respetará la redacción del texto de la ley, reglamento o decreto legislativo y de su exposición de motivos tal y como hayan sido aprobados tanto por el Instituto Federal Electoral como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 33.En el año en que tengan verificativo elecciones de diputados, senadores o presidente constitucional, no podrá realizarse referéndum alguno.

Artículo 34. En el mecanismo de referéndum podrán participar todos los ciudadanos que acrediten estar inscritos en el Registro Nacional de Electores.

El Instituto Federal Electoral desarrollará los trabajos de organización, desarrollo de la consulta y cómputo respectivo; garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten al electorado. Asimismo, declarará los resultados del mecanismo de referéndum a través de los mismos medios utilizados para la convocatoria.

Artículo 35.Los resultados del mecanismo de referéndum tendrán carácter vinculatorio para las Cámaras del Congreso de la Unión.

Cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y corresponda a cuando menos al mismo porcentaje de votación que para la elección de Diputados o Senadores anterior, aquélla deberá tomarse en cuenta en los trabajos legislativos que tengan relación con la ley, reglamento o decreto.

En caso de que se presente alguna controversia con relación a la organización y celebración de la consulta, aquella deberá ser resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resolverá en términos de la ley electoral.

Una vez resuelto el o los recursos presentados para la solución de conflictos señalados en el párrafo anterior, y ejecutada la determinación del Tribunal Federal Electoral, se realizará ya sea el caso, la reposición del procedimiento conforme a lo establecido por esa autoridad electoral.

Los resultados del mecanismo de referéndum, en cuanto al fondo, no podrán ser impugnados.

Capítulo TerceroDe la Iniciativa Popular

Artículo 36. Solo podrán ser objeto del mecanismo de iniciativa popular las materias contenidas en el artículo 3 del título primero de esta ley.

Artículo 37. Una vez presentada la iniciativa popular ante la Mesa Directiva de cualquiera de las Cámaras que forman el Congreso de la Unión, ésta la dará a conocer al Pleno y la turnará a una Comisión Especial, integrada por los diputados o senadores, según sea el caso, miembros de las comisiones competentes en la materia, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley Orgánica, misma que verificará que la iniciativa cumpla los requisitos mencionados en el artículo siguiente.

Artículo 38.Para que una iniciativa popular pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación por las Cámaras del Congreso de la Unión se requiere

I. Escrito de presentación de iniciativa popular dirigido a la Cámara del Congreso de la Unión;

II. Presentación de los nombres, firmas y claves de las credenciales de elector de un mínimo de dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral vigente, debiendo los promoventes nombrar a un comité de mínimo tres personas que funjan como representantes comunes de la iniciativa;

III. Presentación de una exposición de motivos que defina las razones y fundamentos de la Iniciativa;

IV. Presentación de un articulado que cumpla los principios básicos de técnica jurídica.

Estos requisitos serán verificados por la comisión especial que se nombre de acuerdo al artículo anterior. Dicha comisión se podrá auxiliar del Instituto Federal Electoral para efectos de corroborar el porcentaje de ciudadanos que presenten la iniciativa popular.

Antes de aprobar la iniciativa, la comisión especial podrá modificar la exposición de motivos y el articulado propuesto, pero sólo en cuestiones de estricta técnica jurídica. El pleno tendrá siempre la posibilidad de anular dichas modificaciones.

Cuando la iniciativa popular se refiera a materias que no sean de la competencia de las Cámaras del Congreso de la Unión, la comisión especial o el pleno podrán dar curso aunque el resultado del análisis, dictamen y votación sea sólo una declaración o una excitativa a las autoridades competentes.

Artículo 39.La comisión especial deberá decidir, emitiendo una recomendación, sobre la admisión o rechazo de la iniciativa dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.

Artículo 40.La Cámara ante la cual se presentó la iniciativa popular deberá informar por escrito a los representantes de los ciudadanos promoventes de la iniciativa popular el dictamen de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión. Esta decisión se publicará también en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario Oficial de la Federación y en los diarios de mayor circulación nacional.

Artículo 41. Una vez declarada la admisión de la iniciativa popular se someterá al proceso legislativo que señala la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General.

Artículo 42. Los ciudadanos tendrán el derecho de volver a presentar las iniciativas populares que haya rechazado el Congreso de la Unión, cuando en cada ocasión cumplan los requisitos que para ello fija esta ley.

Artículo 43.Si una iniciativa popular no es aprobada por la mayoría simple de los presente de cada Cámara, dentro del proceso legislativo común, los ciudadanos promoventes tendrán el derecho de que este órgano la vuelva a analizar, discutir y votar una vez que transcurran dos periodos ordinarios de sesiones.

Para iniciar el nuevo proceso legislativo bastará que los representantes comunes de los ciudadanos promoventes hagan una excitativa en tal sentido ante la Cámara en que hayan presentado originalmente el proyecto.

Los representantes comunes de los ciudadanos promoventes podrán hacer uso del derecho que les concede este artículo por un plazo no mayor de nueve años. Transcurrido este plazo, la iniciativa popular deberá cumplimentar todos los pasos y requisitos que marca este capítulo para ser examinada nuevamente por el Congreso de la Unión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo de la Unión o la Cámara de Diputados deberán destinar recursos necesarios y suficientes, al Instituto Federal Electoral, para la organización de hasta dos ejercicios de consulta por ejercicio fiscal.

En caso de que no se llevaren a cabo ejercicios de participación ciudadana en el año o se llevare a cabo solo uno, el Instituto Federal Electoral, deberá devolver a la Tesorería de la Federación los recursos correspondientes a las partidas presupuestales para la organización y ejecución de los mecanismos de consulta.

Notas:

1 Burgoa Orihuela. Obra citada, página 94.

2 Burgoa Orihuela. Obra citada, página 95.

3 Gómez Sandoval. Obra citada, página 207.

4 Santo Tomás de Aquino: “Las leyes injustas pueden serlo de dos maneras: primera, en cuanto contradicen el bien del hombre, del modo antes dicho: sea contra su fin, como cuando el legislador impone ciertas cargas a los súbditos, que no son necesarias para el bien común sino que se encaminan más bien a satisfacer ciertos intereses o cierta vanagloria; o bien, contra la potestad del legislador, como cuando éste sobrepasa el límite de su autoridad; o finalmente por la forma, como cuando se reparten las cargas entre todos de manera no proporcional, aun cuando tales cargas sean para el bien común”.

5 Burgoa Orihuela. Obra citada, página 197.

6 Hobbes, Thomas. El leviatán,página 137.

7 Hobbes, Thomas. Ibídem.

8 Montesquieu, citado por Burgoa Orihuela. Obra citada, página 203.

9 Montesquieu, citado por Burgoa Orihuela. Obra citada, página 204.

10 Montesquieu. El espíritu de la leyes, estudio preliminar de Daniel Moreno, Porrúa, México, 1981, libro VI, capítulo III.

11 Ibídem.

12 Rousseau, Juan Jacobo. El contrato social o principios de derecho político. Discurso sobre las ciencias y las artes. Discurso sobre el origen de la desigualdad,novena edición, Porrúa, México, 1981, capítulo VII, libro primero.

13 Rousseau. Ibídem.

14 Pero no “jefe de la nación”, pues ésta, como soberana, no reconoce ningún poder sobre ella.

15 Kelsen, Hans. Teoría general del Estado,página 18.

16 Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano,vigésima octava edición, Porrúa, México, 1994, página 88.

17 Carpizo, Jorge. Estudios constitucionales, cuarta edición, Porrúa-UNAM, México, 1994, página 153.

18 Ibídem.

19 Jorge Jellinek, citado por Jorge Carpizo. Obra citada, página 154.

20 Carpizo, Jorge. Obra citada, página 155.

21 León Duguit, citado por Burgoa Orihuela. Obra citada, página 245.

22 Kelsen, Hans. Teoría general del Estado,segunda edición, McGraw Hill, México, página 410.

23 Burgoa Orihuela. Obra citada, página 146.

24 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputada Adriana Sarur Torre (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Justicia y de Participación Ciudadana para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR - LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Del diputado Jorge Kahwagi Macari se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma los artículos 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y el artículo 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las garantías de productos (bienes y servicios) están escalando posiciones de una manera vertiginosa en relación a las estrategias que adoptan las distintas marcas y la diferenciación entre éstas, se hace cada vez más compleja, debido a la enorme cantidad de firmas y productos que enriquecen la experiencia del consumidor.

Las garantías extendidas fueron introducidas por las grandes cadenas de productos electrónicos a finales de los años ochenta y hoy, gracias a su gran rentabilidad, han llegado a convertirse en una línea de negocios principal para algunas cadenas comerciales.

Conforme a estimaciones de la revista BusinessWeek, el margen promedio de las garantías extendidas llega al 50 por ciento–60 por ciento, lo que puede constituir entre 15 y 20 veces el margen de los artículos regulares vendidos en sala.

Las cadenas comerciales, tiendas departamentales, entre otros, ya han identificado la rentabilidad potencial de estos servicios y la mayoría ofrece desde hace ya un tiempo este tipo de contratos para varias de sus líneas de productos.

Cada vez es más común que los vendedores de autos, electrodomésticos y otros artículos costosos intenten vender un contrato de servicio o una garantía extendida. Este tipo de contratos pueden añadir miles de pesos a la compra.

Algunos de estos contratos ofrecen la misma cobertura de garantía que el consumidor obtiene automáticamente del fabricante o distribuidor, es por ello que es importante conocer claramente o preguntarse al momento de firmar uno de estos contratos:

1. ¿Respalda el distribuidor, el fabricante o una compañía independiente este contrato de servicio?

2. ¿Cómo se manejan las quejas?

3. ¿Quién hará el trabajo y dónde?

4. ¿Qué sucede con la cobertura si el distribuidor o el administrador clausura el negocio?

5. ¿Se necesita una autorización previa para los trabajos de reparación?

6. ¿Existen algunas situaciones en las que se puede negar la cobertura?

También algunas tarjetas de crédito cuentan con un seguro que ofrece una garantía adicional a la que brinda el fabricante y/o tienda donde se adquiere el producto. A este seguro se le conoce como seguro de compra protegida.

Por lo general, este seguro aplica durante los 45, 90 o 100 días, según el tipo de tarjeta e institución financiera, posteriores a la compra del artículo, incluso hay tarjetas que dan hasta un año de vigencia. Agregado a esto, pueden ofrecer una garantía extendida, que ampara una vez que haya expirado la garantía del fabricante e incluye desde la reparación hasta la reposición del producto.

Esto puede causar desconocimiento, falta de información o confusión en el consumidor, o gastos adicionales innecesarios, ya que puede estar sobreprotegido o cubierto con las mismas condiciones por diversas instituciones para el bien adquirido.

En su caso si al haber comprado el artículo, éste presenta una falla, dependiendo del momento, el consumidor podría reclamar la reparación o en su defecto el cambio con alguna de las tres garantías (la de la tienda departamental, la del fabricante o la de tu tarjeta de crédito), dos de ellas o una sola.

Es importante que en los servicios de garantía se brinde una completa cobertura con alto valor agregado para que los consumidores puedan proteger su inversión minimizando riesgos y obteniendo una excelente relación costo-beneficio.

A lo largo de estos últimos años la mayoría de los servicios han experimentado un profundo proceso de cambio, circunstancia que ha propiciado un incremento en la información con la que debe contar el consumidor y la continua protección de sus derechos.

Bajo este contexto, se hace imprescindible la correcta aplicación de modelos de garantías y de confiabilidad que maximicen la protección y satisfacción del cliente, mejorando así la retención y captación del mismo, haciendo de este un individuo más informado y exigente en términos de garantías, servicio y características de desempeño.

Las garantías extendidas y seguros de compra protegida generalmente no ofrecen una protección adicional o más allá de los derechos que se estipulan en la garantía original del fabricante o primer distribuidor, y es mi intención fortalecer el derecho del consumidor a conocer si este tipo de garantías extendidas y seguros de compra protegida adicionales a la garantía principal, realmente le proporcionaran beneficios reales mayores.

En este orden de ideas, es indispensable asistir al consumidor en tomar decisiones informadas en la adquisición de garantías extendidas y seguros de compra protegida, así como fortalecer su derecho para poder cancelar los mismos sin penalidad alguna y recibir el importe total del monto pagado por las mismas.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Por el que se reforma el artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue

Artículo Primero. Se adicionan un tercer y cuarto párrafo al artículo 79 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue

“ Artículo 79. Las garantías ofrecidas no pueden ser inferiores a las que determinen las disposiciones aplicables ni prescribir condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente corresponden al consumidor.

El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvo en los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. El cumplimiento de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya sido adquirido o contratado el bien o servicio, o en el lugar o lugares que exprese la propia póliza. El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.

Toda extensión de garantía deberá señalar por escrito y en forma clara las protecciones adicionales o beneficios reales que vayan más allá de los derechos que se estipulan en la garantía original.

El consumidor podrá cancelar la compra de cualquier extensión de garantía durante los siguientes siete días de efectuada la misma y recibirá el importe total pagado sin penalidad alguna.”

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 20 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue

“ Artículo 20. La empresa aseguradora estará obligada a entregar al contratante del seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. La póliza deberá contener:

I. a III...

IV. El momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía;

IV Bis. En el caso de que la prima sea cubierta por el consumidor final, las garantías extendidas y seguros de compra protegida deberán señalar por escrito y en forma clara las protecciones adicionales o beneficios reales que vayan más allá de los derechos que se estipulan en la garantía original.

V a VII..”

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracción VI, de la Ley General de Educación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El acoso escolar ha tomado niveles preocupantes en los años recientes. El termino por el que se le conoce de manera coloquial es una palabra en inglés: bullying.

Este tipo de conducta se refiere a cualquier forma de abuso, maltrato físico, psicológico o verbal que se da de manera reiterada entre los compañeros de escuela.

La finalidad del acoso es que, ya sea un individuo o un grupo, ejerza la supremacía y dominación frente a otro grupo o persona en lo individual. Se parte del hecho de que el abusador tiene mayor fuerza que su víctima, lo que genera una situación de desventaja a favor del primero.

Este tipo de conducta se da en el entorno de la escuela, ya sea dentro del salón de clases, en las horas de recreo e incluso después de la conclusión de la jornada escolar, es decir, a la salida de los planteles.

Este abuso, como cualquier otro, tiene secuelas e implicaciones psicológicas, a tal punto que se han reportado casos donde bien los niños o jovencitos que han sido víctimas de este abuso se han suicidado, o en otros casos han recurrido a casos drásticos de desquite para desahogar su frustración y coraje.

Las secuelas que este abuso deja se pueden evidenciar por el cambio de comportamiento en el niño que es víctima, sobre todo un temor (casi terror) de asistir a la escuela.

¿Cuál es la motivación de los niños que se convierten en abusadores?

En mucho de los casos se trata de una necesidad de reconocimiento y ser el centro de atención, a causa de algún tipo de experiencia de rechazo o menosprecio en el seno familiar o en la propia escuela dentro de su grupo escolar. Es por ello que a través de la dominación, la intimidación y la imposición se está llenando una carencia afectiva, pero que pone en riesgo la integridad de un tercero que no tiene culpa alguna de los problemas emocionales o psicológicos del abusador.

El acosador se vale de las diferencias o defectos de su potencial víctima. La burla sustentada en alguna diferencia o defecto es uno de los recursos más frecuentes en esta forma de abuso. El uso de lentes, la obesidad, aparatos de ortodoncia, malformaciones y, en general, cualquier elemento que sea de “utilidad” para humillar y burlarse es aprovechado. Y al encontrar la victima que es “verdad” esa diferencia o defecto, el efecto que se logra puede ser devastador para la autoestima.

El factor social es de gran importancia en el ejercicio del bullying. Al ser esta la etapa donde el niño aprende los modelos de relación e interacción, las secuelas que esto puede dejar son graves. Y es precisamente el factor social otro de los elementos que un acosador puede aprovechar al ejercer una forma de abuso que pretenda distorsionar la imagen del niño a quien victimizan. En estos casos es frecuente que involuntariamente otros niños se sumen al abuso al causar la sensación de que la victima merece el trato que está recibiendo.

La peor manera de este abuso puede llegar a la agresión física. Las peleas son frecuentes como consecuencia del acoso, sin que la victima pueda encontrar forma de evitarlas. Es aquí donde puede volverse “definitivo” el abuso, terminando con cualquier forma de resistencia que podría haberse presentado por parte de la victima para evitar el abuso.

Este problema se ha presentado de manera cada vez más frecuente. Encuestas realizadas por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México señalan que 44 por ciento de los encuestados ha sufrido algún tipo de agresión dentro de las escuelas. Sólo en el Distrito Federal se han detectado 32 escuelas que tienen este problema en un nivel muy grave.

La edad a la que se empieza  a ser víctima ha variado de los 11 años a los 8, es decir, cada vez niños más pequeños se ven expuestos a este tipo de violencia.

Compañeras y compañeros legisladores, nos parece de la mayor relevancia establecer medidas legales que vayan en el sentido de inhibir este tipo de prácticas en los planteles escolares.

La Secretaría de Educación Pública debe establecer las medidas de carácter administrativo que permitan disminuir las agresiones entre los alumnos en los planteles escolares.

Pero nos parece necesario que dentro de los fines que persiga la educación en México debe incorporarse la finalidad de que la enseñanza sea un medio para erradicar la violencia en todos los órdenes de la vida.

De esta forma estamos proponiendo incorporar en la Ley General de Educación que uno de los fines de la educación que es impartida en nuestro país promueva la no violencia dentro de los planteles escolares.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación

Artículo 7o.

I. a V. ...

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, promoviendo el respeto y la tolerancia al interior de los planteles escolares entre alumnos, maestros y autoridades, ypropiciar el conocimiento y el respeto de los derechos humanos.

VII. a XVI. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputados: Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, María Dina Herrera Soto (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se recibió de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y adiciona la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y adiciona la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Laura Elena Estrada Rodríguez, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, diputadas y diputados de diferentes Grupos Parlamentarios de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Democracia y derechos humanos

La democracia es aquella forma de gobierno en la que las leyes públicas sólo pueden pretender legitimidad como actos de la voluntad del pueblo, incluidas las mujeres. En este tipo de gobierno, no se admite otra voluntad que la de todos los ciudadanos, toda vez que la ciudadanía no puede hacerse injusticia.

Asimismo, dentro de un sistema democrático no sólo se tiene que institucionalizar una formación racional de la voluntad política. También se debe garantizar el medio mismo en el que dicha voluntad pueda expresarse como voluntad común del pueblo y que pueda entenderse como resultado de una asociación libre.

Es por ello que en países como México, las normas jurídicas, así como las instituciones de gobierno deben ser creadas tomando en cuenta la participación de todos sus miembros, es decir, todos los hombres y mujeres. Así, en este tipo de república el orden jurídico es producido por los mismos que a él están sometidos.

Juristas importantes como Habermas, refieren que la democracia se traduce en un proceso de autolegislación, es decir, se trata de una figura conforme a la cual los destinatarios de la norma jurídica son a la vez autores de sus derechos, por tanto se encierra, entonces, en las condiciones formales de la institucionalización jurídica de ese tipo de formación discursiva de la opinión y la voluntad comunes, en el que la soberanía popular cobra forma jurídica.

Por tanto, cada mujer debe tener la facultad de participar en el proceso de producción del derecho que regula sus actividades y que le reconozcan y garanticen sus derechos que como ser humano le son inherentes, a efecto de que pueda desarrollar una vida plena. Asimismo, las mujeres de México merecen contar con la legislación que sea necesaria para salvaguardar su vida o su patrimonio.

A decir de Habermas, en un sistema democrático la legitimidad del derecho radica en el proceso democrático de producción del derecho; y ese proceso apela a su vez al principio de soberanía popular. Lo anterior significa que es la población, sin distinción de género, quién crea sus propias normas jurídicas a través de procedimiento establecido por la Constitución, lo cual le otorga legitimidad a las leyes que son creadas de esa forma.

En tal virtud, debemos recordar que México es una república democrática y por ello su régimen jurídico debe ser establecido con el afán de beneficiar a todos los integrantes del país y no solamente de ciertos grupos. Acorde con lo anterior, las mujeres mexicanas con base en su voluntad y mediante su actuación deben participar en la forma de gobierno, así como el sistema jurídico al que han de quedar sometidas y que, a su vez, les debe brindar el debido reconocimiento a sus derechos humanos.

Paralelamente, los derechos humanos se deducen de la naturaleza humana, son absolutos, de universal y eterna validez, anteriores a la sociedad y al Estado, los cuales resultan de obligado reconocimiento y protección a favor de las personas. Dicho reconocimiento se otorga en virtud del simple hecho de pertenecer a la raza humana. Desde el punto de vista positivista, se traducen en un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado como ente individual o colectivo. Ese reconocimiento lo hace el Estado, a través de la Constitución, quien se autolimita en su accionar respecto a sus hombres y mujeres.

En tal virtud, en México debe prevalecer el principio de igualdad entre los hombres y mujeres, se trata de un derecho humano que debe imperar en una república democrática como es nuestra gran nación; sin embargo, este principio es uno de los aspectos de los derechos humanos que más se transgrede y, peor aún, no se sanciona a los sujetos que no lo respetan. En ese sentido, todo gobierno democrático, sobre todo el de México, debe garantizar la igualdad de la mujer, prevenir y sancionar cualquier violación a su integridad y dignidad, así como promover su plena participación en los ámbitos político, económico y social.

Es por todas esas razones que hoy se presenta esta iniciativa, la cual tiene el objetivo de tipificar el delito del feminicidio como un método de prevenir la comisión de homicidios en contra de las mujeres. Asimismo, tiene el propósito de sancionar de manera justa a quienes atentan en contra de la vida y dignidad humana de quienes son parte importante en la vida de nuestro país y que son pilar fundamental en las familias mexicanas.

Tomemos en cuenta que una reforma que beneficia a las mujeres, beneficia a todo el pueblo de México. La democracia debe ser conquistada día con día, el respeto por los derechos humanos debe ser pleno. Demos pasos firmes y coherentes para erradicar la violencia en contra de las mujeres de nuestro pueblo.

Las mujeres de México merecen que se les proteja de uno de los delitos que lastiman a toda nuestra sociedad. No es posible que las mujeres de una sociedad que pretende convertirse en una sociedad moderna, sigan viviendo amenazadas por la comisión de actos que vulneran a todo el entramado social.

En nuestros días, las mujeres son parte fundamental de cualquier familia y piedra angular para el desarrollo de nuestro país. La falta de ellas, desestabiliza la estructura al punto de derribarla. No debemos permitir que corra más sangre en México, ni que los actos que sirven para atentar contra su integridad, queden impunes.

Además, su existencia es medular para la supervivencia de la población mexicana. Son parte importante de la vida productiva de nuestro país. Han estado presentes en los acontecimientos más importantes de la historia de nuestra nación. Sin ellas, las gestas más importantes como la guerra de independencia o la revolución mexicana hubieran sido simples utopías.

No pasa desapercibido que han sido las encargadas de educar a las niñas y niños mexicanos, sin embargo, hoy en día son profesionistas y trabajadoras que laboran en beneficio de México, y en ocasiones resultan ser el sostén de familias completas.

Por eso es necesario, que aquí en la tribuna más alta de México se trabaje para salvaguardar la vida de todas las mujeres mexicanas. No es posible pasar por alto los lamentables hechos, la saña, el odio y la forma sangrienta con que son tratadas y privadas de su libertad y de su vida.

México no puede olvidarse de sus mujeres, es nuestra responsabilidad protegerlas.

Por lo anterior, la propuesta que hoy someto a su consideración, se trata de una reforma justa y, que además es necesaria para consolidar a nuestro pueblo dentro del conjunto de países democráticos y garantes de la vida y la dignidad de las mujeres.

II. Diagnóstico

A pesar de las características democráticas de nuestro país, históricamente las mujeres han vivido sometidas a la supremacía de los hombres; asimismo, todos los actos culturales, sociales e individuales que constituyen el mundo de la vida han estado permeados o conformados por la violencia a la que las mujeres son sometidas.

De esta manera, desde tiempos muy remotos las mujeres han vivido en un segundo plano respecto al hombre. Como olvidar que anteriormente, las mujeres de todo el mundo no tenían la posibilidad de participar en la elección de sus gobernantes, es decir, quedaban excluidas de la vida democrática de cada país. Esto es solo un ejemplo de los privilegios que las mujeres han logrado conquistar. Lamentablemente, la violencia en contra de las mujeres, es un tema que hoy persiste y que se encuentra en un amplio espacio en todo el mundo.

Así pues, las mujeres de la sociedad mexicana, junto con las de otros países latinoamericanos, encuentran que sus vidas se están amenazadas por virtud de una serie de conductas misóginas que tienen el objetivo de privar de la vida a madres, esposas, hijas o hermanas. Estos hechos han existido de forma alarmante en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, la violencia más grave es aquella que tiene como objetivo erradicar la vida de las mujeres.

No olvidemos el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde un gran número de mujeres jóvenes y pobres fueron torturadas y luego asesinadas. Estadísticas del Inegi refieren que en 2009, a nivel estatal, la tasa de homicidios de mujeres más alta se registra en Chihuahua 13.1 por cien mil, así como Baja California, Guerrero, Durango, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.

Al respecto, cabe mencionar que en ese año, las muertes intencionales o por violencia representaron 4.4 por ciento de las defunciones totales y 37.1 por ciento de las muertes por lesiones, que comprenden los decesos por accidentes, homicidios y suicidios. Así pues, del total de muertes por violencia registradas en el país en 2009, cerca de 3 mil, fueron de mujeres y 22 mil de hombres, lo que arroja una tasa de 5.3 y 41.7 decesos intencionales por cada 100 mil, respectivamente.

Además, en el período comprendido de 2005 a 2009 la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres pasó de 2.4 a 3.5 muertes, mientras que la de suicidios pasó de 1.8 a 2.2 muertes por cada 100 mil mujeres de 10 años y más, registrando su nivel mayor en el grupo de mujeres de 15 a 19 años de edad: 4.7 suicidios por cada 100 mil mujeres de esas edades.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó, de enero de 2009 a junio de 2010, que al menos mil 728 mujeres fueron asesinadas en 18 municipios diferentes del país. Situación que revela que en entidades como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y México existen altos y alarmantes niveles de violencia feminicida.

Tal y como es posible apreciar, se trata de un tema medular en la vida de nuestro país. No se puede permitir que los delincuentes sigan cometiendo este delito que altera la vida de millones de familias mexicanas. Sin lugar a dudas, tenemos que trabajar de forma intensa, con pasión y con el firme propósito de erradicar esta herida abierta que lastima a nuestro país.

La realidad es clara y no se puede ocultar. Existe la necesidad de tipificar el feminicidio para sancionar al hombre que, dolosamente, prive de la vida a una mujer. Se debe sancionar, enérgicamente, a todos aquellos que con base en un odio infundado se atreven a causar daños irreversibles en la vida de las mujeres que son victima de los estereotipos sociales.

III. Violencia feminicida

La principal referencia de las investigaciones y del propio concepto sobre feminicidio está en el libro de Jill Radford y Diane Russell. A partir de esa investigación se han desa-rrollado otras en varios países en el mundo, tomando en cuenta la diversidad cultural, de raza, de edad, en distintos momentos históricos, en distintos espacios públicos y privados, etcétera.

En tal virtud, es Diane Russell la primera en utilizar el término “feminicidio”. Por su parte, Marcela Lagarde es quien lo hace por primera vez en México. Para Julia Monárrez es el asesinato de mujeres por hombres, por el solo hecho de ser mujeres o no serlo de una manera “adecuada”.

La Convención de Belem do Pará en 1994, define al feminicidio como toda acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. De igual forma señala que constituye una violación a su dignidad y a sus derechos y al ejercicio en libertad de su existencia. Además, esta violencia puede ser llevada a cabo en el ámbito familiar, en el comunitario, y es tolerada por el Estado cuando no la previene, la sanciona y erradica.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

México ha logrado consolidar importantes avances para erradicar la violencia feminicida. En ese sentido, cabe mencionar la publicación en febrero de 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que retoma el concepto jurídico internacional de “violencia contra las mujeres”, e incluye modalidades de violencia como: la violencia sexual, institucional y en la comunidad, la violencia familiar y la violencia feminicida.

En esta legislación, se señala que el feminicidio es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Desafortunadamente, en los términos anteriores la violencia feminicida se encuentra integrada por elementos difíciles de combatir. Lo anterior, toda vez que se conforma por hechos que parecen estar aceptados y que son práctica común de una parte importante de la sociedad y de las instituciones que la norman.

Con base en lo anterior, es posible decir que este tipo de violencia se ejerce desde la sociedad civil contra las mujeres. Pero, también, proviene de las instituciones del gobierno al no garantizar su vida, aún cuando se trata de su responsabilidad. En conclusión, la mayoría de los delitos cometidos en contra de las mujeres se traduce en impunidad, por tanto esto último constituye otro elemento de la violencia feminicida.

Por consiguiente, cuando se hace referencia a la violencia feminicida, estamos hablando de la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo la impunidad, tanto por la sociedad como por el Estado.

Instrumentos internacionales

La violencia de género no es exclusiva de un lugar en el mundo. Desgraciadamente, es una grave violación a los derechos humanos que circula por las sociedades de todo el planeta. Esta realidad ha sido reconocida por los Estados y se ha traducido en compromisos internacionales que implican obligaciones para ellos y los obliga a respetar, proteger y garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia.

El gobierno mexicano ha mostrado interés en firmar y ratificar los mecanismos internacionales que establecen las obligaciones de los Estados en esta materia, tales como: la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém do Pará. Ante ello, ha mostrado preocupación en atender, tratar, prevenir y eliminar la violencia de género y contra las mujeres, desde diferentes ámbitos, como son el estatal, federal y la sociedad civil, mostrando de esta manera, voluntad política para incidir en los derechos humanos de las mujeres.

En ese sentido, el 18 de junio de 1998 México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. Esta tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, tanto en el ámbito público como en el privado.

El principio de igualdad está garantizado en todos los tratados de derechos humanos, y desarrollado específicamente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW. Lo anterior, se basa en la igualdad formal, en su conjugación con el principio de la no discriminación y el principio de la intervención pública. Tales principios, en su conjunto, proponen la igualdad sustantiva, la cual persigue tanto la igualdad de oportunidades, como corregir las desigualdades en las relaciones de poder.

Así pues, México debe modernizar su marco jurídico con el objetivo de prevenir y sancionar lo delitos en contra de las mujeres. No podemos olvidar que se han asumido compromisos internacionales, lo cuales deben incidir en la modificación de nuestras leyes en beneficio y protección de toda nuestra sociedad. Las mujeres de nuestra nación merecen un conjunto de legislaciones

IV. Tipificación del feminicidio

Derecho comparado

1. Internacional

Por lo que respecta al ámbito internacional, actualmente en Latinoamérica podemos encontrar tipificado el delito de feminicidio en países como Costa Rica y Guatemala, así también podemos resaltar que en otras naciones se han presentado iniciativas para contemplarlo en sus respectivas legislaciones, tales son los casos de Chile y Paraguay.

En este contexto, es de resaltar que en el caso de Costa Rica, se aborda la figura del feminicidio a través de una ley especial, lo que permite focalizar el problema y facilitar el seguimiento de los casos por el sistema judicial. Este cuerpo formativo aborda diversas modalidades de violencia en contra de las mujeres, tales como la física, psicológica, sexual y patrimonial, pero solo aplica para los casos en que exista una relación de pareja, excluyendo noviazgo o los casos en que el matrimonio se tenga por terminado.

En el caso de Guatemala, la figura del feminicidio también es abordada a través de una ley especial, pero a diferencia de la legislación costarricense, se prevén políticas públicas y derechos para las mujeres fuera del ámbito penal.

Asimismo, a diferencia de la ley de Costa Rica, en la cual el feminicidio sólo se remite a los casos en que exista un vínculo de la mujer con un hombre en virtud de matrimonio o unión de hecho, la legislación guatemalteca contempla que la conducta de privar de la vida a una mujer debe ser “en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”, además de especificar que lo sea en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

2. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.

3. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.

4. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.

5. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.

6. Por misoginia.

7. Cuando el hecho se cometa en presencia de hijas o hijos de la víctima.

8. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal 187.

En este sentido, podemos apreciar que al contemplar un mayor número de hipótesis comisivas, en consecuencia deberán acreditarse la concurrencia de muchos más elementos, de contenido difícil de determinar, lo que puede constituir un problema en cuanto a su aplicación.

En torno al proyecto a la tipificación del delito de feminicidio en Chile, esta va dirigida a establecerlo en el Código Penal. Se pretende su establecimiento como una variación dentro de un tipo penal neutro, redactado ahora en términos más amplios, que es el delito de parricidio. Es decir, dentro del tipo penal que contempla el delito de parricidio, se abarca la figura del feminicidio, se consideran que deben permear las mismas circunstancias, pero se trata de una disposición que únicamente incluye un cambio de denominación, en los casos en que la víctima sea mujer y el victimario su actual o ex pareja.

En el caso de Paraguay, se ha propuesto establecer este delito en una ley especial, siendo pertinente observar que el delito de feminicidio se encuentra contemplado como consecuencia de relaciones de género desiguales, lo cual puede desembocar en una dificultad para su aplicación.

2. Nacional

Dentro del ámbito nacional, en materia del fuero local, se cuenta el caso de Chihuahua que en su nuevo Código Penal de 2006, en su artículo 126, prevé el homicidio de las personas del sexo femenino como agravante. Es de mencionar también, el caso de San Luis Potosí, el cual contempla como agravante las lesiones y el homicidio cometido en contra de las mujeres, pero establece puntualmente el requisito de que estas conductas lo deben de ser por condición de género.

Asimismo, en Guerrero, en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se introduce el concepto de feminicidio, sin que esto implique se encuentre tipificado como delito, toda vez que no contempla sanción para tal conducta.

Cabe destacar, que dentro de las propuestas que se han presentado en el país para contemplar el delito de feminicidio, tanto al nivel federal como local, algunas contemplan como parte de este delito, figuras no letales, esto es, como un crimen que no necesariamente provoque la muerte de una mujer.

Por otra parte, se cuentan con las propuestas que se han basado en el modelo del tipo que originalmente se preveía en el proyecto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual al momento de su aprobación, se hizo sin contemplar el tipo en comento.

De la misma forma, es de señalar que en ciertos casos se establecen conceptos amplios para la figura del feminicidio y en otros se busca precisar detalladamente la figura, pero con ello se deja latente la posibilidad de una indeterminación normativa y por tanto la posiblidad de que tales tipos penales sean inoperantes o, incluso, inconstitucionales.

Antecedentes Legislativos

Por otro lado, es imperioso reconocer los esfuerzos legislativos que se han presentado en otras legislaturas. Los cuales sin duda, representan una fuente importante para la elaboración de nuevos proyectos. Sin entrar en detalles, las propuestas que se estudiaron fueron: las siguientes:

1. Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona al Libro Segundo del Código Penal Federal el Título Vigésimo Octavo, “De los delitos de género”, y los artículos 432, 433 y 434, para tipificar el delito de feminicidio; y adiciona un numeral 35 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de fecha 7 de diciembre del 2004.

2. Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de fecha 2 de febrero de 2006, la cual incluía el Titulo Quinto sobre Delitos Especiales, en donde se tipificaba el feminicidio.

3. Dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, de fecha 24 de abril de 2006.

Al respecto, cabe mencionar que las propuestas anteriores pretendían tipificar el delito de feminicidio; sin embargo, al final del proceso legislativo ninguna prospero. Razón por la que hoy debemos consolidar una reforma concreta. Que proteja los intereses de la sociedad mexicana con base en el respeto a la vida de las mujeres.

V. Contenido y alcances de la propuesta

El tipo penal de feminicidio

Con base en el análisis del derecho comparado y de los antecedentes legislativos, la presente propuesta tiene el objetivo de tipificar el delito de feminicidio de forma tal, que permite su efectiva operación en el mundo fáctico, es decir, que su aplicación no pueda ser acusada de insconstitucional, que este delito sea regulado obligatoriamente en las entidades federativas, o que se trate de un tipo penal carente de claridad y por tanto constituido por elementos difíciles de probar.

Por ello, se propone sancionar al hombre que, dolosamente, prive de la vida a una mujer. De esta manera, el sujeto activo solo puede ser un hombre que tenga la plena intención de quitarle la vida a una mujer. Esta sistematización, deriva en la idea de que el feminicidio se comete por razones de odio o misóginas, elementos que pueden resultar difíciles de acreditar en la práctica.

En adición a lo anterior, se sanciona con penas más elevadas cuando el feminicidio sea cometido por un hombre con quien la mujer tenía o tuvo una relación de convivencia, noviazgo, amistad, relaciones laborales o de vecindad. De igual forma, la pena se eleva cuando el feminicida sea el cónyuge o concubinario.

También se consideran sanciones cuando el sujeto activo sea descendiente o ascendiente en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, adoptado o adoptante, a sabiendas de que existe esa relación.

Finalmente, se sanciona con prisión y destitución e inhabilitación del cargo y comisión servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del feminicidio y omita o realice cualquiera de las siguientes conductas

1. No realice las diligencias y actuaciones correspondientes a la averiguación previa en los términos que establecen el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin causa justificada;

2. Efectúe actos de discriminación, coacción e intimidación, contra el denunciante u ofendido del delito;

3. Intencionalmente, realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, sin causa justificada.

Sumado a lo anterior, se propone que este delito sea considerado grave por el Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que quienes lo comentan no gocen de la libertad provisional bajo caución.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La ubicación del tipo penal del feminicidio en una legislación especial o en el Código Penal Federal es de la mayor importancia, toda vez que tal situación repercute en el ámbito de aplicación de ese delito. La propuesta pretende lograr que las entidades federativas adecuen su legislación local. Para lograr lo anterior, se considera pertinente establecer el tipo penal del feminicidio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Esto en virtud de que dicha ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana. Recordemos que el feminicidio es un tema coyuntural, que importa a todos los ámbitos de gobierno, no solo al federal.

Por tanto, consideramos que en caso de que el delito propuesto se incluya en el Código Penal Federal, esto tendría efectos de aplicación muy limitados, en virtud de que sólo aplicaría en los casos señalados por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Señoras diputadas, la lucha por la dignificación de las mujeres sigue. No debemos claudicar en esta batalla que desde tiempos inmemorables se ha erguido. Seamos valientes, la sangre derramada por años lo exige. Honremos a las mujeres que han sido parte esencial en la vida política, revolucionaria, social y artística de México.

También, se debe honrar la memoria de todas aquellas mujeres que han muerto, a causa del desprecio, del odio y del machismo.

En Acción Nacional confirmamos nuestro compromiso con las mujeres de México. Las Diputadas y Diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, reconocemos la necesidad de proteger la vida de cada mujer, de cada niña que sufre por la violencia de género. Hacemos nuestro ese sufrimiento y por eso trabajaremos para consolidar la protección de las mexicanas. Con ello, no solo las protegemos a ellas, también a cada familia y con ello a toda la sociedad de México.

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Decreto por el que se adiciona el capítulo VII al Título II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia denominado “Del delito de feminicidio” y se adiciona la fracción XVIII al artículo 194 Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Primero.Se adiciona el Capítulo VII al Título II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con los artículos 34 Bis, 34 Ter, 34 Quáter, 34 Quintus, 34 Sextus y 34 Séptimus, para quedar como sigue:

Capítulo VIIDel delito de feminicidio

Artículo 34 Bis. Comete delito de feminicidio, el hombre que dolosamente, prive de la vida a una mujer. Será sancionado con prisión de veinte a treinta años y de mil a cinco mil días multa.

Artículo 34 Ter.Se aplicarán de veinticinco a treinta cinco años de prisión y de dos mil a seis mil días multa, cuando la conducta anterior sea cometida por un hombre con quien la mujer tenía o tuvo una relación de convivencia, noviazgo, amistad, relaciones laborales o de vecindad.

Artículo 34 Quáter.Se impondrá de treinta y cinco a cuarenta y cinco años de prisión y de tres mil a siete mil días multa, cuando el feminicidio sea cometido por el cónyuge o concubinario.

Artículo 34 Quintus.- Se impondrá de cuarenta a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, cuando el que cometa el feminicidio sea descendiente o ascendiente en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, adoptado o adoptante, a sabiendas de que existe esa relación.

Artículo 34 Sextus. Además de las penas señaladas en los artículos anteriores, se aumentarán de diez a veinte años de prisión y de mil a dos mil días multa, cuando el Ministerio Público acredite que la mujer fue lesionada, torturada o violada antes de que se le ocasionara la muerte, o bien haya mediado premeditación, ventaja o alevosía.

Artículo 34 Séptimus. Se impondrán de cinco a diez años de prisión, de mil a cinco mil días multa y destitución e inhabilitación del cargo o comisión de cinco a diez años, al servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del delito señalado en el artículo anterior y omita o realice cualquiera de las siguientes conductas:

I. No realice las diligencias y actuaciones correspondientes a la averiguación previa en los términos que establecen el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, federal o local, así como los establecidos por esta Ley, sin causa justificada;

II. Efectúe actos de discriminación, coacción e intimidación, contra el denunciante u ofendido del delito;

...

IV. Intencionalmente, realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia, sin causa justificada.

Artículo Segundo:Se adiciona la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194....

I. a XVII ...

XVIII. De la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los previstos en los artículos 34 Bis, 34 Ter, 34 Quáter, 34 Quintus, 34 Sextus y 34 Séptimus.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, promoverán las reformas necesarias a su legislación a efecto de adecuarse a lo previsto en el presente decreto.

Notas:

1 Habermas, Jürgen, Facticidad y validez,Madrid, Trotta, 2008, página 159.

2 Ibídem, p. 177.

3 Kelsen, Hans, Teoría general del Estado, México, Porrúa, 2007, página 414.

4 Habermas, Jürgen, op. cit. ,nota 176, página 169.

5 Ibidem, página 155.

6 Ibidem, página 148.

7 Ledesma Álvarez, Mario. Acerca del concepto derechos humanos, México, McGraw Hill, 1999 ,página 97.

8 Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano,México, Porrúa, 2007, página 10.

9 Idem, página 7.

10 Vease Rawls, John, Teoría de la Justicia, FCE, México, 2010.

11 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas /2011/mujer0.doc

12 Idem.

13 Idem.

14 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/vigenero/dia29/panel5_ mesas/Violencia/ Violencia-Sist-info-en-feminicidios.pdf

15 María Guadalupe Morfín Otero, ponencia “La utilidad de los sistemas de información en el estudio de los feminicidios”, VI Congreso Internacional de Estadísticas de Género “De Beijing a las Metas del Milenio”, Aguascalientes, Aguascalientes, 27-29 de septiembre de 2005.

16 Toledo Vázquez, Patsilí, “Aproximaciones a las controversias jurídicas y políticas relativas a la tipificación del feminicidio/femicidio en países latinoamericanos”, Tesina de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Derecho, septiembre de 2009, página 106.

17 Ibídem, página 136.

18 Ibídem, página 137.

19 Código Penal del Estado de Chihuahua, consultado en línea en http://www.congresochihuahua.gob.mx/ gestorbiblioteca/gestorcodigos/archivosCodigos/28.pdf.

20 Artículo 123, último párrafo del Código Penal de San Luis Potosí, consultado en línea en http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/marco por ciento20juridico/pdf-zip/codigos/CPESLP/CPESLP_AD.pdf.

México Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2011.— Diputados: Laura Elena Estrada Rodríguez, Tomasa Vives Preciado, Adriana Fuentes Cortés, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, María Sandra Ugalde Basaldúa, Francisco Javier Salazar Saénz, Juan Pablo Escobar Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Norma Sánchez Romero, Silvia Isabel Monge Villalobos, Leandro Rafael García Bringas, Miguel Martín López, Javier Corral Jurado, Carlos Bello Otero, Guadalupe Valenzuela Cabrales, José Antonio Arámbula López, Silvia Esther Pérez Ceballos, Bonifacio Herrera Rivera, Elsa María Martínez Peña, Blanco Roberto Pérez de Alva, María del Pilar Torre Canales, Cruz López Aguilar, Ricardo Sánchez Gálvez, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Hilda Ceballos Llerenas, María del Carmen Izaguirre Francos, José Alberto González Morales, José Francisco Rábago Castillo, Óscar Martín Arce Paniagua, María Elena Pérez de Tejada Romero, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, María Dolores del Río Sánchez, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones Unidas de Equidad y Género y de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Herón Agustín Escobar García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley General de Salud.

El diputado Herón Agustín Escobar García:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en días recientes en los principales medios de comunicación del país se dio a conocer una nota en la que se señala la falta de probidad de médicos y enfermeras especialistas en ginecología al momento de someter a la paciente al procedimiento de interrupción del embarazo.

La realidad es que este grave problema de salud en nuestro país afecta a una de cuatro mujeres que se someten a este tipo de intervenciones.

Ante ello, debemos decir que a la fecha se calculan unos 800 mil casos de aborto clandestino, según datos oficiales. No obstante, cientos de clínicas y sanatorios particulares siguen operando sin las mínimas condiciones de higiene. Además de que se hace una práctica desmedida por la ausencia de un marco legal que los controle y los supervise.

La práctica de la interrupción del embarazo es hoy un negocio jugoso para un sinnúmero de médicos especialistas y mientras tanto las autoridades no castigan a quienes privan de la vida o la ponen en riesgo a miles de personas.

También, debemos considerar que las miles de mujeres de gestación y su decisión de interrumpir su embarazo de ninguna manera deben correr riesgo de practicárselo con apoyo médico o asistencia especializada con un mínimo de lucrar con las necesidades de esas personas.

Por obviedad he sabido que ninguna persona en esas condiciones se acercaría con algún especialista con falta de ética o mala reputación, pero no sólo está en manos de las pacientes el poder detener y terminar con este grave problema, también las autoridades médicas y sanitarias están obligadas a no permitir que miles de vidas se ponen en riesgo por hacer caso omiso a ello y deben no sólo sancionar a quienes así actúen, sino también deben prevenir posibles situaciones de este tipo.

La tarea principal es controlar los abortos y legrados que puedan practicarse en centros de especialidades clínicas, nosocomios públicos y privados. Además de mantener constantemente informadas a las pacientes del posible riesgo que existe al someterse a una intervención de este tipo.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PT estamos convencidos que deben evitarse las malas prácticas entre médicos y especialistas en esa materia, generalmente particulares, los cuales mediante engaños o malos diagnósticos inciden en la toma de decisiones del paciente para practicar la interrupción del embarazo.

Ejemplo de esta manera de proceder, lo tenemos cuando a través de supuestos estudios manipulados pretenden demostrar que el producto se está gestando con insuficiencias genéticas. Ello provoca que las pacientes se ausenten y prácticamente se vean obligadas a tomar la decisión de no continuar con el embarazo.

Ésas y muchas más son las artimañas deshonestas y sin escrúpulos con las que no dudamos que cientos de médicos y especialistas han tenido que ver con el porcentaje de abortos practicados sin razón y de las muertes de muchas mujeres.

De este modo, consideramos viable nuestra propuesta de procurar que toda clínica de salud, centro de especialistas o nosocomios particulares o públicos tengan la obligación de proporcionar los datos y registros de sus pacientes en las especialidades de ginecología, ginecobstetricia de la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico sin importar su grado de atención.

Lo anterior, para que con el solo hecho de conocer cuál es el tratamiento para cada paciente, en su caso pueda ser perseguido y sancionado por las leyes y así evitar que siga el incremento en el número de decesos por su mala atención médica. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 77 Bis 9 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Herón Escobar García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo al artículo 77 Bis 9, de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana nos exige día a día no sólo justicia en cualquier caso de violación a los derechos humanos.

Particularmente nos exige que sean sancionados aquellos que atenten contra la vida de otras personas.

Cualquiera de estos casos resulta no sólo inhumano, sino también cruel y sanguinario, pero el sufrimiento en nuestros semejantes resulta fuera del propio raciocinio cuando estas atrocidades son consecuencia de engaños y mentiras por parte de personas quienes se presumen ejercer alguna profesión al cuidado de la integridad física de las personas.

Para el caso que nos ocupa, la mala actuación de especialistas ginecólogos en nuestro país, resulta un problema social más que cotidiano. Hoy resulta una práctica común aunque no deja de ser inmoral.

A la fecha, en nuestro país se calculan los 800 mil casos de aborto clandestino, según datos, estos se deben en su mayor porcentaje a que el producto fetal se encuentra con un desorden genético o a que es producto de una violación.

Tema totalmente distinto es aquel donde se observa la intencionalidad de las mujeres embarazadas por practicar un aborto o realizarse un legrado, pero sin duda, cuando se trata de un engaño por los médicos especialistas para alcanzar este horrendo fin, la aplicación de la ley con todo su rigor debe ser una garantía.

Compañeras y compañeros diputados: hemos de reconocer que México es un país donde la transición de un régimen conservador en cuanto a la planeación de las políticas públicas, a un régimen democrático, ha traído como consecuencia diversos debates por conocer cuál es la forma correcta para aplicar las mismas sin tener que afectar los distintos pensamientos y aspectos que configura la idiosincrasia de una nación pluricultural como lo es la nuestra.

Sin embargo, miles de mujeres en gestación y su decisión por interrumpir su embarazo, de ninguna manera debe correr el riesgo de practicárselo con apoyo médico o asistencia especialista con un ánimo de lucrar con la necesidad de estas personas.

Por obviedad es sabido que ninguna persona en estas condiciones se acercaría con algún especialista con falta de ética o mala reputación, pero no sólo está en manos de las pacientes el poder detener y terminar con este grave problema.

También las autoridades médicas y sanitarias están obligadas a no permitir que miles de vidas se pongan en riesgo por hacer caso omiso a ello y deben no sólo sancionar a quienes así actúen, sino también deben prevenir posibles situaciones de este tipo, controlar los abortos y legrados que puedan practicarse en centros de especialidades, clínicas y nosocomios, públicos y privados, además de mantener constantemente informadas a las pacientes del posible riesgo que hay al intervenirse a alguna intervención de este tipo.

Tan sólo para damos cuenta del nivel del problema, debemos recordar que en el estado de Veracruz, hace apenas un año, se dio a conocer la cifra de casi 83 mil mujeres que fueron hospitalizadas por abortos mal practicados.

También es pertinente recordar que entre los años 2 mil y 2 mil ocho, fallecieron 767 mujeres dentro de las cuales, 62 no estaban inscritas a algún sistema de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE.

Lamentablemente tenemos que decir que por estado, se encuentran de primero a cuarto lugar en casos registrados, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Veracruz, respectivamente.

Compañeras y compañeros diputados: en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que la tendencia a imponer un estilo de vida al ritmo de un sistema socioeconómico como el que hoy día estamos viviendo, ha provocado que miles de personas cambien tanto su concepción como sus principios y valores de sus profesiones, por un modelo de respuesta a sus necesidades en lo inmediato, sin la menor consideración de poder medir y evitar las consecuencias que afecten a sus semejantes.

En este sentido, hacemos un enérgico reclamo a quienes por profesionales de la salud, se hacen respaldar en sus trabajos de la necesidad e ignorancia de sus pacientes y lucran con ellas.

Hemos de decir, que pese a que las autoridades conocen que este fenómeno sigue en aumento, no se hace lo suficiente para entregar la confianza y la garantía de un buen servicio médico y de ginecología para este tipo de casos, aun cuando se tengan las posturas y maneras de pensar contrapuestas al origen de todo esto que es la opción a practicarse un aborto.

La práctica común entre los médicos y especialistas en esta materia, generalmente particulares, proceden mediante engaños y malos diagnósticos para incidir en la toma de decisiones de su paciente para proceder a practicarse la inducción o el aborto.

Así es como a través de supuestos estudios de amniocentesis manipulados, donde puedan demostrar que el producto se gesta con insuficiencias genéticas, asustan y prácticamente orillan al paciente a tomar la decisión de abortar.

Otro aspecto sucede cuando con apoyo de ultrasonidos “tratan de calcular” las variaciones genéticas que hay en la sonoluscencia y por falta de orientación o desconocimiento total de la paciente, ocurre lo mismo y al ser asustadas, toman la misma decisión.

Éstas, y muchas más, son las artimañas deshonestas y sin escrúpulos con las que no dudamos que cientos de médicos y especialistas son parte fundamental del porcentaje de abortos practicados sin razón y de muertes de muchas mujeres.

Por tanto, compañeras y compañeros legisladores: la iniciativa en comento, tiene el propósito de vigilar los procedimientos, quejas y denuncias que toda paciente promueva ante las autoridades médicas, no sólo como denuncia sino como parte del tratamiento médico, particularmente para esta especialidad médica.

De esta forma, pensamos que todo instituto, clínica, centro de especialidades o nosocomio, particular o público, tenga la obligación de reportar en tiempo y forma a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, todos y cada uno de los casos que sean atendidos dentro de esta área de especialidades, para que con el sólo hecho de conocer cuál es el tratamiento para cada paciente, en su caso pueda ser perseguido y sancionado por las leyes y así evitar que siga en incremento el número de decesos por su mala atención médica.

Por las consideraciones antes señaladas, sometemos a su consideración el siguiente proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 77 Bis 9, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 9.

...

Todas las unidades médicas, sanatorios, centros de salud, centros médicos, clínicas y nosocomios, públicos y privados, deberán proveer los datos y registros de sus pacientes en las especialidades de ginecología y ginecoobstetricia, sin importar el grado de atención, a la Secretaría de Salud, para conformar una base de datos que coadyuve a la implementación de políticas públicas que mejoren y vigilen la calidad de los servicios prestados por el personal especialista en estas áreas.

Transitorios

Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2011.— Diputado Herón Escobar García (rúbrica).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado, secretario don Herón Agustín Escobar García se turna su propuesta a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY MINERA - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora escucharemos al diputado don Pedro Ávila Nevárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera; de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante, don Pedro, tiene usted la palabra, diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Señor presidente, quería pedirle con todo respeto, según el artículo 76, fracción II de la Cámara de Diputados, que fuera tan amable en proporcionarme 10 minutos, porque son reformas a cuatro iniciativas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Pedro Ávila Nevárez, diputado federal por el estado de Durango, ante esta honorable asamblea y con fundamento en los artículos 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6., numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados; 71 fracción II, párrafo final, del propio artículo 72; 73, fracciones X y XXIX, numeral 2 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer ante este elevado cuerpo legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Minera; la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, con base en lo siguiente antecedentes.

El 5 de octubre de 2010, el suscrito presentó iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, sin embargo, no se consideraron varios elementos que considero importantes y que la presente iniciativa retoma y complementa, a través de proponer a esta asamblea un proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley Minera; la Ley Federal del Trabajo; la Ley de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto es generar recursos económicos provenientes de la aplicación de derechos a la explotación minera, conforme lo estatuye el artículo 262 de la Ley Federal de Derechos, que mandata que están obligadas a pagar derechos sobre minería las personas que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales, y a partir de ellos constituir un fondo federal que permita distribuir a las poblaciones por medio de los estados, municipios y el Distrito Federal, en donde se encuentren asentadas las minas, un  porcentaje mayoritario conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.

En este mismo sentido, varios senadores de la República: Tomás Torres Mercado; Rosalinda López Hernández; Guillermo Tamborrel Suárez; José Guadarrama Márquez; José Luis García Salvidea; Julio César Aguirre Méndez y Francisco Arroyo Vieyra, de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y del PRI, lo que demuestra un consenso político de la necesidad de legislar en esta materia, presentaron el 19 de octubre de 2010 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona  la Ley de Coordinación Fiscal.

Expuesto lo anterior y, con el deseo de ser propositivo, después de estudiar la iniciativa de los ciudadanos senadores de la República con la que coincido plenamente, incluyendo el nombre del Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros, en la parte conducente a que los logros económicos de la actividad minera nacional no se han traducido en beneficios directos a los municipios y comunidades donde se explotan las minas, sin embargo, los colegisladores omitieron tratar la parte correspondiente a los derechos laborales plenos de los mineros que requieren contar con un instrumento legal que les garantice sus derechos.

Tal es el caso del contrato ley previsto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Minera, que tiene por objeto proteger a los trabajadores de esta importante industria nacional que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las entidades federativas, requiriendo una adición a la Ley Minera que reconozca la obligación de los titulares de las concesiones mineras a cumplir en todos sus términos con los contratos de ley para la industria minera, que garantice salarios mínimos profesionales a los trabajadores mineros que actualmente no existen, así como los servicios de salud necesarios que resulten de dicha actividad, independientemente de los contratos colectivos de trabajo.

Para ello se propone adicionar el Capítulo Octavo Bis, Trabajadores de la Industria Minera, a la Ley Federal del Trabajo.

En lo que también manifiesto mi coincidencia con los senadores es en la necesidad de construir una política minera que no sólo permita el aprovechamiento nacional y justo de los recursos mineros, sino también que los beneficios económicos sean compartidos a la población a través del pago de un derecho de extracción minera por los concesionarios destinados a un fondo de extracción minera, adicionando a la Ley de Coordinación Fiscal cuyo reparto sea mayoritario. Es decir, en un 80 por ciento para las entidades federativas y el 20 por ciento a la federación de los recursos fiscales captados, debiendo, en consecuencia, los Congresos locales, legislar en igual sentido para mantener el sentido de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Primero. Se adiciona la fracción III al artículo 27 de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

III. Cumplir en todos sus términos con el contrato de ley para la industria minera, que tendrá aplicación en todo el territorio nacional. El no cumplimiento de esta obligación será motivo de la suspensión de la concesión, por una vez, y de la cancelación definitiva por parte de la Secretaría en caso de reincidencia.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se adiciona el Capítulo VIII Bis, Trabajadores de la Industria Minera, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Capítulo VIII Bis. Trabajadores de la Industria Minera.

Artículo 284-A. Trabajadores mineros son los que realizan los trabajos propios y habituales de la minería en todas sus etapas, exploración, explotación y transformación, al servicio de un patrón.

Artículo 284-B. Los trabajadores mineros y los patrones se regirán por las disposiciones generales de esta ley.

Artículo 284-C. Las condiciones de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo IV. Contrato Ley.

Artículo 284-D. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se reforman los artículos 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270 y 271, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, señor diputado.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Ya voy a concluir, señor presidente. Quiero entregarle a usted, señor presidente, esta ley que va a proteger a todos los mineros de toda la República.

Y pedirle a todos los compañeros diputados que están aquí presentes para que nos apoyen, ya que esta Ley Minera evitará que los extranjeros, que están actualmente explotando las minas de toda nuestra República, se lleven todos los recursos naturales, el oro y la plata, y todos los recursos mineros de México como sucede allá en Durango, en Tayoltita, que se llevan hasta 10 aviones cargados a la semana de oro y plata, y a los mineros no les dejan más que la silicosis y no les dejan más que miseria. No hay caminos, no hay escuelas, no hay hospitales que estos bribones de las compañías extranjeras hagan, por eso me extraña mucho que aquí los compañeros diputados en lugar de dejar que termine de leer esta ley, como representantes populares, están pidiendo que tiempo, tiempo es lo que necesitan los mineros de México para defenderse.

Ustedes no deberían estar ahí aplastadotes nada más para estar oyendo cosas que no vienen al caso. Aquí está la felicidad de miles de mineros a quienes se explota inicuamente y ustedes los señoritingos del PAN, los perfumados, pidiendo que tiempo. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Minera, Federal del Trabajo, Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del PRI

Pedro Ávila Nevárez, diputado federal por el estado de Durango, ante esta honorable asamblea y con fundamento en los artículos: 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 71, fracción II, párrafo final del propio artículo, 72, 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o. y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer ante este elevado cuerpo legislativo, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Minera, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, ha sido practicada desde la época prehispánica y representó la fuente de expansión del virreinato de la Nueva España. Ha estado presente en el desarrollo del país como un factor importante de modernización y avance, al suministrar insumos a prácticamente todas las industrias, entre las que destacan las de la construcción, la metalúrgica, la siderúrgica, la química y la electrónica, y al formar parte de la fabricación de artículos de uso cotidiano, que van desde lápices, relojes, joyas, televisores, computadoras, automóviles y camiones, la construcción de casas, edificios y carreteras, hasta la manufactura de una gran variedad de maquinaria y equipo.

La identificación histórica entre el país y la minería tiene su origen tanto en el patrimonio mineral del territorio nacional, como en la influencia de importantes asentamientos humanos, localizados en su mayor parte en zonas montañosas, áridas y las llanuras costeras.

Durante el transcurso del siglo XIX, múltiples ciudades fueron fundadas cerca de las zonas mineras, en la medida en que las expediciones en busca de metales preciosos se fueron desplazando al norte y centro del país. Tal es el caso de Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí y Zacatecas.

Por lo menos diez distritos mineros de México, en distintos periodos, ocuparon los primeros lugares de producción y dos de ellos han sobrepasado la producción de un billón de onzas troy de plata: Hidalgo del Parral, en Chihuahua y Pachuca, en Hidalgo. Incluso, la importante expansión del comercio mundial a partir del siglo XVII no es posible explicarla sin el enorme flujo de metales preciosos del Nuevo Mundo, en particular de la plata novohispana.

La minería es uno de los ejes que permiten entender el tránsito del país al siglo XX, ya sea como una importante fuente de divisas, o bien como uno de los escenarios en el que se revelaron las tensiones sociales e injusticias de la etapa porfirista y algunas de las causas que influyeron en la Revolución de 1910. De ahí que una de las principales reivindicaciones recogidas en la Constitución de 1917 haya sido el dominio original de la nación sobre los recursos del subsuelo; y que buena parte de la historia minera reciente se interprete como un proceso a través del cual se definieron las modalidades específicas que habrían de normar dicho aprovechamiento.

Así, durante los años treinta se crearon. las primeras instituciones de fomento a la minería; en los años sesenta se inició un acelerado proceso de nacionalización, .en tanto que la década siguiente se caracterizó por el surgimiento de grandes proyectos, muchos de ellos directamente promovidos con la participación estatal.

Proceso que cambió a partir de la implementación en nuestro país del modelo económico neoliberal; por lo que, en las últimas décadas, se ha propiciado una mayor apertura al sector privado en esta actividad; y que, derivado de la creciente demanda mundial de minerales les ha permitido a las empresas, muchas de ellas con participación extranjera, experimentar un boom en sus operaciones y ganancias; no así a los trabajadores y a los pobladores de las zonas mineras, incluyendo a los ejidatarios, donde operan las empresas concesionadas.

De conformidad con el Cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, la minería mexicana presenta las siguientes características:

México, además de contar con uno de los potenciales mineros más grandes a nivel internacional, continúa ocupando las primeras posiciones como mejor destino para la recepción de inversión minera en el mundo. En 2009 la producción primaria del sector minero, no petrolero, creció en términos reales a pesar de la reducción de la actividad económica general, comportamiento que se ha acelerado en los dos primeros trimestres de 2010. Se estima que de enero a agosto de 2010 la inversión privada en el sector minero metalúrgico ascendió a 1,497 millones de dólares.”

México se mantiene como uno de los destinos más fuertes para invertir en minería a nivel mundial, tanto por el potencial minero del territorio nacional, como por la seguridad y facilidades que ofrece el marco regulatorio vigente y el ambiente de negocios en el país. Lo anterior de acuerdo a diversas publicaciones de prestigio para el sector minero internacional durante 2009: México se ubicó como el segundo destino en América Latina y el sexto a nivel mundial más importante para la inversión en la minería destinada a la exploración, al captar 385 millones de dólares por esta vía, los cuales representan el 5 por ciento de la inversión minera en exploración a nivel mundial. (Datos del Metals Economics Group, publicados en marzo de 2010).”

El sector minero es la cuarta industria que más ingresos genera al país, sólo debajo de lo reportado por la venta de petróleo, el envío de remesas y el turismo. A julio de 2010, se tienen identificadas 281 empresas mineras en el país, que operan aproximadamente 737 proyectos mineros en sus diferentes etapas de ejecución. México ocupó la cuarta posición a nivel mundial en lo que se refiere a la atracción de inversión en el sector minero, al registrar 45 puntos, únicamente a 16 puntos de Australia, país que obtuvo el primer lugar a nivel internacional, consolidando su permanencia dentro de los primeros cinco lugares desde 2006. (Reporte publicado en el primer trimestre de 2010 por el Behre Dolbear Group). Está colocado como el quinto lugar mundial con mayor potencial minero, lo que representó ascender cuatro lugares con relación a 2008, debido a una mejor percepción de los inversionistas respecto a las “ventajas” que ofrece el gobierno y la legislación que rige la actividad minera nacional. (Información del Índice de Potencial Minero elaborado por el Instituto Fraser, con base en la Encuesta de Compañías Mineras, publicado en abril de 2010).

En materia de concesiones mineras, al mes de junio de 2010 se otorgaron 914 nuevos títulos de concesión minera, que amparan una superficie de 1,909 mil hectáreas, lo que permitió alcanzar un saldo acumulado de 25,149 títulos de concesión minera vigentes que cubren 25.5 millones de hectáreas, estas dos últimas cifras resultaron superiores en 1.9 por ciento y en 2.5 por ciento, respectivamente a las concesiones mineras acumuladas en igual periodo de 2009.

El 83.3 por ciento del total de concesiones ingresadas durante el primer semestre de 2010 fueron expedidas en tiempo. Al mes de junio de 2010, en el Registro Público de Minería se habían inscrito 66 nuevas sociedades mineras, para alcanzar un total de 2,101 sociedades, 3.2 por ciento más que las registradas a diciembre de 2009. De las 66 sociedades inscritas, 41 cuentan con capital 100 por ciento mexicano y las 25 restantes son empresas mexicanas con participación extranjera.

Las entidades federativas que concentraron el 100 por ciento de las concesiones expedidas durante el primer semestre de 2010 son en orden de importancia: Sonora, Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Baja California, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero, Nayarit, Chiapas, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro, Yucatán, Morelos, Campeche, Tlaxcala y Tabasco.

Durante el periodo enero-mayo de 2010, el índice del volumen físico de la producción minero metalúrgica registró una variación positiva de 15.5 por ciento respecto a 2009, debido a los incrementos en los niveles de producción de la wollastonita (57.5 por ciento), plomo (53.3 por ciento), dolomita (51.6 por ciento), grafito (49 por ciento), plata (47.1 por ciento), diatomita (41.8 por ciento), oro (39.9 por ciento), coque (39.6 por ciento), feldespato (20.7 por ciento) y fierro (20.5 por ciento).

El comportamiento de los precios internacionales de los principales metales fue al alza durante los cinco primeros meses de 2010, destacando entre otros los incrementos del cobre (88.4 por ciento), molibdeno (87.2 por ciento), zinc (75.6 por ciento), plomo (71.7 por ciento), dolomita (57.9 por ciento), manganeso (48.6 por ciento), plata (35.2 por ciento) y oro (25 por ciento). El desempeño del mercado internacional de los metales y minerales fue influenciado fundamentalmente por el incremento en la demanda de dichos metales.”

Al mes de julio de 2010, el empleo en la industria minero metalúrgica fue de 285,858 trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra superior en 6.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2009; desgraciadamente, no todos los trabajadores mineros se encuentran afiliados al IMSS e incluso su paga dista mucho de estar bien remunerada, no obstante ser una actividad pesada y riesgosa, que incluso ocasiona enfermedades profesionales derivadas del trabajo realizado; situación que contrasta con las ganancias crecientes de las compañías mineras.

Antecedentes

1. El 5 de octubre de 2010, el suscrito presentó iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Minera; sin embargo, no se consideraron varios elementos que considero importantes y que la presente iniciativa retoma y complementa, a través de proponer a esta asamblea un proyecto de decreto que reforma y adiciona a: la Ley Minera, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto es generar recursos económicos provenientes de la aplicación de derechos a la explotación minera, conforme lo estatuye el artículo 262, de la Ley Federal de Derechos, que mandata que están obligadas a pagar derechos sobre minería las personas que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales, y, a partir de ellos, constituir un fondo federal que permita distribuir a las poblaciones -por medio de los estados, municipios y el Distrito Federal- en donde se encuentren asentadas las minas, un porcentaje mayoritario conforme la Ley de Coordinación Fiscal.

2. En este mismo sentido, varios Senadores de la República: Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Guillermo Tamborrel Suárez, José Guadarrama Márquez, José Luis García Zalvidea, Julio César Aguirre Méndez y Francisco Arroyo Vieyra, de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y del PRI, lo que demuestra un consenso político de la necesidad de legislar en esta materia, presentaron el 19 de octubre de 2010, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal.

Expuesto lo anterior, y con el deseo de ser propositivo, después de estudiar la iniciativa de los CC. Senadores de la República, con la que coincido plenamente, incluyendo el nombre del Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros, en la parte conducente a que los logros económicos de la actividad minera nacional, no se han traducido en beneficios directos a los Municipios y comunidades, donde se explotan las minas; sin embargo, los colegisladores omitieron tratar la parte correspondiente a los derechos laborales plenos de los mineros, que requieren contar con un instrumento legal que les garantice sus derechos, tal es el caso del Contrato Ley, previsto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Minera, que tiene por objeto proteger a los trabajadores de esta importante industria nacional, que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las entidades federativas, requiriendo una adición a la Ley Minera que reconozca la obligación de los titulares de las concesiones mineras a “Cumplir en todos sus términos con los Contratos Ley para la Industria Minera” que garantice salarios mínimos profesionales a los trabajadores mineros, que actualmente no existen, así como los servicios de salud necesarios que resulten de dicha actividad; independientemente de los Contratos Colectivos de Trabajo; para ello se propone adicionar el Capítulo VIII BIS, Trabajadores de la Industria Minera a la Ley Federal del Trabajo.

En lo que también manifiesto mi coincidencia, es la necesidad de construir una política minera que no sólo permita el aprovechamiento racional y justo de los recursos mineros, sino también, que los beneficios económicos sean compartidos a la población, a través del pago de un derecho de extracción minera por los concesionarios destinados a un fondo de extracción minera adicionado a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo reparto sea mayoritario; es decir, en un 80 por ciento para las Entidades Federativas y el 20 por ciento a la Federación, de los recursos fiscales captados; debiendo, en consecuencia, los Congresos locales legislar en igual sentido para mantener el sentido de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona la fracción III al artículo 27 de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 27.Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:

I....

II....

III. Cumplir en todos sus términos con el contrato ley para la industria minera, que tendrá aplicación en todo el territorio nacional. El no cumplimiento de esta obligación, será motivo de la suspensión de la concesión, por una vez, y de la cancelación definitiva por parte de la Secretaría en caso de reincidencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se adiciona el Capítulo VIII Bis, Trabajadores de la Industria Minera, a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Capítulo VIII BisTrabajadores de la Industria Minera

Artículo 284-A.Trabajadores mineros son los que realizan los trabajos propios y habituales de la minería en todas sus etapas, exploración, explotación y transformación, al servicio de un patrón.

Artículo 284-B.Los trabajadores mineros y los patrones se regirán por las disposiciones generales de esta ley.

Artículo 284-C.Las condiciones de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo IV, Contrato Ley.

Artículo 284-D.La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se reforman los artículos 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270 y 271, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 262. Están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece este Capítulo las personas físicas o morales, titulares de concesiones otorgadas por el Estado para la explotación y obtención de sustancias y minerales sujetos a las disposiciones de la Ley Minera y su reglamento.

Artículo 263. El objeto del derecho sobre minería, es la generación de recursos fiscales destinados al Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros, previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 264. La base del derecho sobre minería se determinará mensualmente por cada sujeto obligado.

Para calcular el pago de este derecho, se tomará en cuenta el volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos, de cada mes calendario, al precio de realización. A los montos anteriores así determinados, se aplicará la tasa señalada en el artículo 265 de esta ley. El pago deberá realizarse conforme lo indicado en el artículo 266 de esta Ley.

Artículo 265. El derecho sobre minería, excepto el de la explotación de las sales y los subproductos que se obtengan de salinas, se calculará aplicando a los valores que se obtengan por el volumen de ventas totales de los recursos descritos en el artículo anterior, la tasa que corresponda según la vigencia de las concesiones o asignaciones de que se trate, de conformidad con lo siguiente:

I. Durante el primero y segundo año de vigencia                           0.25%

II. Durante el tercero año de vigencia..... 0.50%

III. Durante el cuarto año de vigencia.... 1.00%

IV. Durante el quinto año de vigencia.... 2.50%

V. A partir del sexto año de vigencia...... 5.00%

Los titulares de concesiones mineras que al amparo de dichas concesiones exploten sales y los subproductos que se obtengan de salinas formadas por aguas provenientes de mares actuales, superficiales o subterráneos, de modo natural o artificial, estarán a lo dispuesto en el Capítulo V denominado “Salinas”, de este Título, y cuyo importe se integrará en un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros.

Artículo 266. Los contribuyentes efectuarán el pago de este derecho mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago.

Artículo 267. ...

Artículo 268.Si un contribuyente tuviera varios centros o unidades de producción de sustancias o minerales, presentará por cada uno de ellos declaración de pago en las oficinas hacendarias correspondientes al domicilio de mina.

Artículo 269.Los contribuyentes del derecho sobre minería, están obligados a proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la declaración de derechos, la siguiente información:

I. Nombre y domicilio fiscal del contribuyente;

II. Periodo de producción afecto al pago del derecho sobre minería;

III. Tipo de sustancias o minerales extraídos y, en el caso de instalaciones de beneficio, productos o subproductos obtenidos;

IV. Entidad federativa y municipio origen de la producción;

V. Volumen, precio unitario y valor total de la producción, base para el pago del derecho sobre minería.

Esta información también se entregará a las autoridades fiscales de las entidades federativas correspondientes, para efectos de conciliación.

Artículo 270.La suspensión o cancelación de una concesión minera, por incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta Ley o por cualquiera otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago de los derechos sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por incumplimiento en el pago de estos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.

Artículo 271.Los Estados, los Municipios y el Distrito Federal participarán de los ingresos del derecho sobre minería en los términos del artículo 4-C de la Ley de Coordinación Fiscal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto.Se adiciona un artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 4-C.El Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros, estará conformado con el 80 por ciento del importe obtenido por el derecho sobre minería, en términos de lo previsto en el artículo 265 de la Ley Federal de Derechos.

El fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre las entidades federativas en proporción directa al volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos, producidos en su territorio, de acuerdo a la formula siguiente:

En donde FMIN se refiere al Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros.

VVMi es el volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos en la entidad federativa.

VVM es la sumatoria del volumen de ventas de minerales y sustancias, metálicos y no metálicos de cada una de las Entidades Federativas con producción minera.

Los municipios donde se asienten los terrenos sujetos a concesiones o asignaciones mineras, recibirán cuando menos el 80 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas, distribuidos conforme las formulas utilizadas para estas últimas.

Las entidades federativas y los municipios, deberán presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, un informe trimestral detallado sobre la aplicación y avance de gestión del ejercicio de los recursos establecidos en este artículo, a más tardar 15 días naturales después de terminado el trimestre.

Transitorio

Primero. Los Congresos locales deberán legislar para adecuar sus Leyes de Coordinación Fiscal, con el objeto de cumplimentar esta adición a la Ley de Coordinación Fiscal

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/16/parte3_12.html

2 Calderón Hinojosa, Felipe, Cuarto Informe de Gobierno. Economía Competitiva y Generadora de Empleo, pp. 232-238

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de marzo de 2010.— Diputados: Pedro Ávila Nevárez, Janet Graciela González Tostado, María del Carmen Izaguirre Francos, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Ricardo López Pescador, Josefina Rodarte Ayala, Silvia Puppo Gastelum, Francisco Armando Meza Castro, Diana Patricia González Soto, José Manuel Agüero Tovar, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Jesús María Rodríguez Hernández, Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, don Pedro. Se inscribirá íntegra su iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.Diputado Jaime Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia(desde la curul): Para ver si el diputado Pedro me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Don Pedro, si acepta usted la adhesión del diputado Jaime Cárdenas a su iniciativa.

El diputado Pedro Ávila Nevárez:Sí.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La acepta.

LEY ORGANICA DE FINANCIERA RURAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En enroque de las proposiciones 9 y 41 que hace el Grupo Parlamentario del PRI, tiene la palabra el diputado Rafael Rodríguez González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica de Financiera Rural.

El diputado Rafael Rodríguez González:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, históricamente la agricultura ha sido parte importante, junto con otros sectores, de la producción y generación de empleos y alimentos suficientes para la población nacional.

En ese escenario el sector agrícola ha sido uno de los motores del avance del país y ha merecido especial atención por parte del Estado en materia de planeación y apoyo.

Esta tensión se vio reflejada primero con la creación, en 1926, del Banco Nacional de Crédito Agrícola, con el objetivo de canalizar recursos a sociedades cooperativas agrícolas.

Posteriormente, en 1935, se constituye el Banco Nacional de Crédito Ejidal como una entidad encargada de otorgar créditos fundamentalmente a través de sociedades locales de crédito ejidal.

El proceso seguido por las instituciones de crédito agrícola tiene un avance importante en el año de 1965 con la creación del Banco Nacional Agropecuario, consolidándose en 1975 el sector de banca de desarrollo en el ramo agropecuario mediante la fusión de las instituciones enunciadas a través de la creación del Banco Nacional de Crédito Rural, más conocido como Banrural, institución de desarrollo, la cual debido a los altos costos con los que llegó a operar provocó que fuera liquidado en el año 2002, siendo sustituido por la Financiera Rural.

La Financiera Rural fue creada como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con el fin de ser el impulsor de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas aquellas vinculadas al medio rural, buscando elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población.

En un escenario en donde las actividades rurales concentran el 25 por ciento de la población nacional y el 18 por ciento de la población económicamente activa, y donde un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza, motivo por el cual la Financiera Rural cobra especial relevancia para impulsar la base productiva del sector rural del país ante las deficiencias estructurales de nuestra economía que afecta de manera significativa al sector agropecuario con la falta de financiamiento oportuno y suficiente.

En un escenario de apertura comercial, producto de los tratados de libre comercio que hemos suscrito como nación y que han evidenciado nuestras debilidades, las cuales se han agudizado con los difíciles entornos económicos mundiales y la falta de una verdadera política de Estado con visión de largo plazo que impulse decididamente a los productores nacionales, es necesario que los créditos de la banca de desarrollo se orienten de manera efectiva a los productores que tienen dificultades para acceder a los créditos comerciales, pero en términos realmente competitivos, con verdaderas tasas de interés preferenciales que permitan la rentabilidad de las actividades productivas a las que están dirigidas y promuevan su dinamismo con eficacia y no como ocurre actualmente, en donde la Financiera Rural, banca de desarrollo del gobierno, cobra tasas de interés entre el 15.4 y 16.8 por ciento anual y la banca comercial o privada, como Banorte, Banamex, Bancomer, etcétera, ofrecen tasas de interés que van de 8 a 14 por ciento, siendo incongruente con la función estatal tener una banca de primer piso que otorgue créditos de 4 y 7 puntos más bajos que la banca de desarrollo, desvirtuando su razón de ser promotora del desarrollo nacional.

Son necesarias políticas públicas que permitan a los productores competir en mejores condiciones para posicionar sus productos en el mercado, pero mientras las diferencias de acceso al crédito con tasas de interés competitivas continúen, seguiremos en desventaja con los productores de otros países.

Es lamentable que a pesar del impulso al crédito que se ha dado en los últimos años, éste no se ha convertido en el detonante del desarrollo agrícola, merced a las altas tasas de interés que cobra la banca de desarrollo, la cual se ha enfocado más a la competitividad por tener los mejores clientes en cuestión de cartera para que sean difusores del crédito, que en cumplir de manera efectiva con uno de los fines para el cual fue creada, como lo es fomentar de manera efectiva el desarrollo agrícola del país, a través de créditos accesibles, con tasas competitivas y preferentes para los productores y con ello desaprovechando el papel que está llamada a desempeñar en el concierto de la economía nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Artículo único. Se reforma el artículo 7, fracción I de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como sigue.

Artículo 7, fracción I. Otorgar préstamos o créditos a los productores con una tasa de interés menor o igual al límite mínimo utilizado por la banca comercial.

Diputado presidente, solicito que el texto íntegro de esta iniciativa sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece ante esta soberanía a fin de presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La agricultura mexicana ha sido parte importante del desa-rrollo nacional. En el contexto del concierto de la economía de las naciones, en cuanto a intercambio económico, ha contribuido con otros sectores a la producción y generación de empleos y alimentos suficientes para la población.

El sector agrícola ha sido uno de los motores del desarrollo del país y así mientras en el lapso 1930-1946, cuando la población crecía a un ritmo de 2.2 por ciento anual, la agricultura lo hacía a tasas promedio anuales de 3.5; y cuando de 1946 a 1966 el crecimiento poblacional fue de 3.3 por ciento anual, la agricultura creció a tasas de 6.1 en promedio.

Ante el escenario planteado, el campo ha merecido especial atención del Estado, en materia de planeación y apoyo de tan importante sector. Por eso, los gobiernos posteriores a la Revolución se ocuparon en crear mecanismos que detonaran su desarrollo.

Esta preocupación se reflejó primero con la creación en 1926 del Banco Nacional de Crédito Agrícola, SA, con el objetivo de canalizar recursos en forma exclusiva a sociedades cooperativas agrícolas.

En ese proceso, en 1935 se constituyó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, SA, como una entidad encargada de otorgar créditos fundamentalmente a través de sociedades locales de crédito ejidal, por encima del ejidatario en lo individual.

El proceso seguido por las instituciones de crédito agrícola tuvo un avance importante en 1965, con la creación del Banco Nacional Agropecuario, SA de CV, y se consolidó 10 años más tarde, en 1975, el sector de banca de desarrollo en el ramo agropecuario mediante la fusión de las instituciones enunciadas, creándose el Banco Nacional de Crédito Rural, SNC (Banrural), institución de desarrollo que por los altos costos con que llegó a operar, fue liquidada en 2002 y sustituida por la Financiera Rural.

Con fundamento en su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002, la Financiera Rural fue constituida como un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tiene como objeto contribuir con el Estado a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población.

Con esa reforma se situó la banca de desarrollo del sector agrícola en una situación financiera sólida, y con esto constituirla en una institución financiera fundamental para el desarrollo económico, que al mismo tiempo le permita mantener la viabilidad de su operación y la canalización eficiente y transparente de los recursos.

En un escenario donde las actividades rurales concentran 25 por ciento de la población nacional y 18 por ciento de la población económicamente activa, y donde un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza.

Pero aún, con una Financiera Rural financieramente sólida, en la actualidad el campo mexicano continúa con enormes rezagos de acceso a créditos baratos y si bien se han venido implementando programas que coadyuvan a la solución de este problema, estos no han sido suficientes.

Y mientras no se rompan esas deficiencias, se estará incumpliendo el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la función estatal de promover el desarrollo nacional:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución:

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Como manda la Carta Magna, es obligación del Estado mexicano dictar políticas públicas que coadyuven al fomento del crecimiento económico, sin duda el acceso del crédito a todos los agentes de la sociedad rural es parte importante de este mandamiento constitucional.

La Financiera Rural cobra especial relevancia para impulsar la base productiva del sector rural del país, ante las deficiencias estructurales de nuestra economía, que afecta de manera significativa al sector agropecuario con la falta de financiamiento oportuno y suficiente, en un escenario de apertura comercial producto de los tratados de libre comercio que hemos suscrito como nación y que ha evidenciado nuestras debilidades, las cuales se han agudizado con los difíciles entornos económicos mundiales y la falta de una política de Estado con visión de largo plazo que impulse decididamente a los productores nacionales.

Es necesario que los créditos de la banca de desarrollo se orienten de manera efectiva a los productores que tienen dificultades para obtener créditos comerciales, pero en términos competitivos, con tasas de interés preferenciales que permitan la rentabilidad de las actividades productivas a las que están dirigidas y promuevan su dinamismo con eficacia, y no como ocurre actualmente, cuando la Financiera Rural tiene tasas de interés entre 15.4 y 16.8 por ciento anual y la banca comercial o privada como Banorte, Banamex o Bancomer, ofrezca tasas de interés que van de 8 a 14 por ciento. Siendo incongruente con la función estatal tener una banca de primer piso que otorgue créditos de 4 a 7 puntos más bajos que la banca de desarrollo, desvirtuando su razón de ser promotora del desarrollo nacional.

Faltan políticas públicas que permitan a los productores competir en mejores condiciones, para posicionar sus productos en el mercado pero mientras las diferencias de acceso al crédito con tasas de interés competitivas continúen, seguiremos en desventajas con los productores de otros países.

Es lamentable que pese al impulso del crédito que se ha dado en los últimos años éste no se haya convertido en el detonante del desarrollo agrícola, merced a las altas tasas de interés que cobra la banca de desarrollo, la cual se ha enfocado más a la competitividad por tener los mejores clientes en cuestión de cartera para que sean difusores del crédito, que en cumplir de manera efectiva uno de los fines para los cuales fue creada: fomentar de manera efectiva el desarrollo agrícola del país, a través de créditos accesibles, con tasas competitivas y preferentes para los productores, y con ello desaprovechando el papel que está llamada a desempeñar en el concierto de la economía nacional.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural

Artículo Único.Se reforma el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, para quedar como sigue:

Artículo 7.

I. Otorgar préstamos o créditos a los productores, con una tasa de interés menor o igual que el límite mínimo utilizado por la banca comercial.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2011.— Diputados: Rafael Rodríguez González, José Manuel Agüero Tovar, María Isabel Merlo Talavera, Julieta Octavia Marín Torres, Janet Graciela González Tostado (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Así se hará, señor diputado. Su iniciativa se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla(desde la curul): Presidente, ¿podría consultar al diputado Rodríguez si permite adherirme a su iniciativa?

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Yunes solicita adherirse a la iniciativa del diputado Rafael Rodríguez.

El diputado Rafael Rodríguez González:Claro.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cómo no. El diputado Rodríguez acepta la adhesión del diputado Yunes. Queda registrado. Además, los que quisieran adherirse pasen a la Secretaría.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación.

Después escucharemos al diputado Yunes Zorrilla, quien presentará en un solo acto sus tres iniciativas y concluiremos con el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, enroque que hace el Partido del Trabajo. Adelante, diputado Vázquez.

El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar:Gracias. Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el gobierno federal ha otorgado especial prioridad a la participación de los alumnos en las pruebas nacionales e internacionales de logro académico.

Las estadísticas son contundentes. Existen particularmente resultados negativos para el país en materia de evaluaciones. Nos ubicamos en un nivel de logro académico insuficiente en español y matemáticas en la prueba ENLACE. Asimismo, como país ocupamos los últimos lugares en el marco de la prueba PISA aplicada por la OCDE.

Lo anterior evidencia que nuestro sistema educativo necesita modernizarse, aplicar nuevas reglas y establecer normas para mejorar la calidad de la educación.

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2009-2010 la calidad de nuestro sistema educativo se ubica en el lugar 115 de 133 países evaluados. Inclusive países como Kenia, Ghana, Libia, Jamaica, Albania, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Armenia, Barbados y Bosnia tienen mejor sistema de calidad educativa que nosotros.

De no incorporarnos a los nuevos retos educativos e impulsar acciones contundentes para mejorar la calidad, México corre el riesgo de perder 25 billones de dólares en los próximos 80 años y continuar siendo un país desfasado tecnológicamente y con grandes desigualdades sociales.

En muchos espacios hablamos constantemente de calidad educativa. Es común que gobiernos, medios de comunicación, periodistas, representaciones sindicales, padres de familia, investigadores y docentes hagan referencia al tema; sin embargo, tenemos pocos instrumentos para evaluarla.

Por ejemplo, los resultados de las pruebas de logro académico tanto nacionales como internacionales no están siendo vinculatorias para reorientar y planificar la política educativa. Por ello, en ausencia de mecanismos que aseguren la uniformidad de criterios de evaluación y ante los pobres resultados en materia de logro académico y la deficiencia en la adquisición de habilidades y competencias, es necesario iniciar una nueva etapa en nuestra política educativa a manera de garantizar adecuadamente el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad y mejorar su logro académico.

La mayoría coincidimos en que la calidad educativa no se mide al promediar calificaciones de los estudiantes sino al evaluar objetivamente y de manera integral los conocimientos y habilidades y las competencias que los alumnos adquieren en las aulas.

Es necesario articular estándares de aprendizaje con el currículum, con la formación docente y con la evaluación, de modo que garanticen aprendizajes relevantes y de calidad. No puede existir una transformación educativa si no definimos y plasmamos en la ley los estándares nacionales de aprendizaje de los alumnos y profesores en todos los tipos y modalidades educativas.

Por lo anterior es que propongo cambios al artículo 12 de la Ley General de Educación, con la intención de que la SEP en coordinación con las instancias competentes e institutos de educación superior impulse la construcción objetiva, técnica y transparente de estándares educativos nacionales y estándares de desempeño docente que permitan definir concretamente qué tipo de conocimiento, habilidades y competencias debe adquirir el educando para enfrentar la vida y el trabajo.

Pero también dotar de instrumentos de análisis a las autoridades educativas para que puedan construir indicadores y puedan llevar a cabo correctivos a las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de formar ciudadanos que puedan, en un futuro, competir con el mundo.

Asimismo, obligar a la SEP para que los resultados obtenidos de las pruebas sean vinculatorios y de carácter público para corregir la política educativa y mejorar la calidad de la misma.

La educación y sus políticas públicas no deben estar sometidas a los vaivenes políticos y tampoco responder a la visión de un solo sector. La educación de calidad es simple y sencillamente la respuesta transversal a todos los problemas que estamos enfrentando como país.

Los países exitosos son aquellos que poseen una normatividad que trasciende a los programas de personas y de grupos, que persisten a lo largo del tiempo en la búsqueda de mejorar la calidad educativa.

Diputado presidente, por economía parlamentaria le solicito de la manera más atenta, que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates y por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar

El suscrito, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión y diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 6 numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, se reconoce a la evaluación como uno de los instrumentos más importantes para mejorar la calidad de la educación y elevar la competitividad de una nación. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación es entendida como una herramienta consustancial que poseen los gobiernos para corregir el rumbo de la política educativa y aumentar el logro académico de los alumnos, o según sea el caso, para adaptarse a las nuevas necesidades que demanda la sociedad del conocimiento.

Durante la última década, el gobierno federal ha centrado sus esfuerzos en impulsar una política de evaluación del sistema educativo, el claro ejemplo es la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que, a partir del año 2002, ha permitido establecer normas para fijar indicadores nacionales de desempeño de alumnos, docentes, directivos y escuelas, los cuales han coadyuvado a tomar decisiones sobre las estrategias para mejorar la calidad y trazar con mayor precisión la trayectoria de los avances escolares.

Hoy día, se ha otorgado especial prioridad a la participación de los alumnos en las pruebas nacionales e internacionales de logro académico. Cada año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza la Prueba Evaluación Nacional de Logro Académico de los Centros Escolares; por su parte, el INEE aplica los Exámenes para la Calidad y Logro Educativos en grados terminales (tercero de preescolar, tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria). En el plano internacional, a partir del año 2000, México participa cada tres años en el Programa Internacional para el Seguimiento de Alumnos (PISA, por sus siglas de inglés), formulado por la OCDE.

Pese a lo anterior, después de una década de evaluaciones, México sigue ocupando el último lugar de desempeño entre los países de la OCDE. De acuerdo con los resultados de PISA 2009, entre los 65 países participantes, México ocupó el lugar 49 en lectura, 51 en matemáticas y 46 en ciencias. La prueba reveló que las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, resolución de problemas matemáticos y conocimientos en ciencias son deficientes. Cuatro de cada 10 estudiantes, tanto en lectura, matemáticas y ciencias, se ubican en el nivel dos o por debajo de éste.

Esto significa que nuestros jóvenes tienen un conocimiento mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad del conocimiento y aquellos que se ubican por debajo del nivel 2 en la prueba PISA, no cuentan con los conocimientos suficientes para acceder a estudios superiores. Con ello, nuestro país corre el riesgo de perder 25 billones de dólares en los próximos 80 años.

Por su parte, el Reporte de Competitividad Global 2009-2010, ubicó la calidad de nuestro sistema educativo en el lugar 115, en lo que se refiere a su capacidad para hacer frente a los retos competitivos de la economía global. Este bajo desempeño indica una reducida capacidad para aprovechar la tecnología existente y para crear la propia, lo cual contribuye a que la participación de México en los procesos productivos globales sea limitada. Por ejemplo, somos el principal productor y exportador de televisores a nivel mundial, sin embargo, nuestra participación sólo se limita al ensamblaje y empaquetado de los mismos. Es decir, carecemos de mano de obra calificada para realizar actividades laborales más complejas en sectores industrial y tecnológico.

A pesar de que la concepción de la calidad de la educación en nuestro país ha sido objeto de grandes controversias, es común que gobiernos, medios de comunicación, periodistas, representaciones sindicales, padres de familia, investigadores, docentes, entre otros, hagan referencia a la calidad de la educación, sin embargo, no sabemos concretamente en que terreno nos movemos, ni de qué manera los resultados de las pruebas están siendo vinculatorias para reorientar y planificar la política educativa.

Por ello, en ausencia de mecanismos que aseguren la uniformidad de criterios de evaluación y ante los pobres resultados en materia de logro académico y la deficiencia en la adquisición de habilidades y competencias, es necesario iniciar una nueva etapa en nuestra política educativa, a manera de garantizar adecuadamente el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad y mejorar su logro académico.

Es urgente que la SEP, como instancia normativa que regula la educación de los alumnos en todos los niveles educativos, en coordinación con las instancias competentes e institutos de educación superior, impulse la construcción objetiva, técnica y transparente de estándares educativos nacionales y estándares de desempeño docente, los cuales permitan definir concretamente qué tipo de conocimientos, habilidades y competencias deben adquirir los alumnos para enfrentar la vida y el trabajo; pero también dotar de instrumentos de análisis a las autoridades educativas para que puedan llevar a cabo correctivos a las deficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje

La mayoría coincidimos en que la calidad educativa no se mide al promediar calificaciones de los estudiantes, sino al evaluar objetivamente y de manera integral los conocimientos y habilidades que los alumnos adquieren en las aulas. Es necesario articular estándares de aprendizaje con el currículo, con la formación docente y con la evaluación de modo que garanticen aprendizajes relevantes y de calidad. En ese sentido, la evaluación se debe constituir como un referente de información que conduzca a los diferentes actores en el proceso educativo a de diseñar las políticas y líneas de acción para que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades que demanda la sociedad del conocimiento.

Una educación basada en estándares es un enfoque sistemático para mejorar la instrucción y el aprendizaje en nuestras escuelas; los estándares describen lo que los profesores deben enseñar y lo que se espera que los alumnos aprendan; definen grados de dominio o niveles de logro de los alumnos, en esencia describen los objetivos generales del aprendizaje. Los estándares educativos nacionales permitirán verificar los conocimientos, habilidades y actitudes de los actores educativos (estudiantes, docentes y directivos), los mismos que se evidencian en acciones y desempeños que pueden ser observados y evaluados en los contextos en los que estos se desenvuelven.

Es obligación del Estado mexicano cuidar atentamente que la educación que se imparta en cualquier tipo y modalidad cumpla con estándares de calidad; más aún cuando los resultados educativos en nuestro país no se coinciden con los esfuerzos y los recursos financieros que se invierten anualmente. Nuestro sistema educativo no solamente debe de ofrecer una educación de calidad, sino también que sea medible y verificable.

De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, en el ámbito del sistema educativo no hay mucha tradición de establecimiento de criterios comunes para el análisis de los resultados, de los logros de los alumnos y del sistema educativo en su conjunto... Lo más relevante de la formulación de estándares es que éstos se conviertan en criterios legítimos, es decir, que sean reconocidos por toda la comunidad como validos y valiosos, en ese sentido nos falta aún mucho camino por recorrer, es necesario emprender a la vez la construcción de estándares y la garantía de su legitimidad.

Mejorar la calidad educativa debe ser una prioridad política y social en México, los convoco a que propiciemos una educación de calidad que llegue a todas las escuelas, a las rurales y a las indígenas, a los bachilleratos y universidades, donde  los estándares nacionales de aprendizaje y resultados de desempeño sean el instrumento que les permita incursionar con éxito a una sociedad tan competitiva como la actual.

Estoy plenamente convencido que la mejor forma de evaluar a la educación es mediante la definición de indicadores y estándares adecuados relativos a la calidad, innovación y la pertinencia de todos los elementos que componen el sistema educativo. No puede existir una transformación educativa si no definimos y plasmamos en la ley los estándares nacionales de aprendizaje de los alumnos en todos los tipos y modalidades educativas.

La educación y sus políticas públicas no deben estar sometidas a los vaivenes políticos y tampoco responder a la visión de un solo sector de la sociedad. Los países exitosos son aquellos que poseen una normatividad que trasciende a los programas de personas y grupos, que persiste a lo largo del tiempo en la búsqueda de mejorar la calidad educativa. Por ello, es que acudo a esta honorable asamblea a proponer cambios a la Ley General de Educación, mediante la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI al artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

(I-XIII... quedan igual)

XIV. Desarrollar, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y las instancias competentes, así como las instituciones de educación superior, los estándares educativos nacionales y los estándares de desempeño docente en todos los niveles y modalidades educativas.

XV.- Evaluar el logro académico de los alumnos con base en los estándares educativos nacionales y estándares de desempeño docente, a efecto de obtener indicadores que permitan efectuar una evaluación conforme a criterios objetivos y transparentes.

XVI.- Los resultados de las evaluaciones serán vinculatorios y de carácter público para corregir la política educativa y mejorar la calidad de la educación.

XVII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federal.

Segundo.La Secretaria tendrá 90 días hábiles para desa-rrollar los estándares educativos nacionales y estándares de desempeño docente de todos los niveles y modalidades educativas.

Notas:

1 Andreas Schleicher, jefe de Análisis e Indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos http://www.razon. com.mx/spip.php?article63458

2 Lilia V. Toranzos. “En la búsqueda de estándares de calidad”, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010, disponible en: http://www.oei.es/calidad2/toranzos2. htm

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputados: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, José Manuel Agüero Tovar (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. Su iniciativa se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene ahora la palabra el diputado José Francisco Yunes Zorrilla. El diputado Yunes Zorrilla, haciendo consideraciones para esta asamblea, presentará tres iniciativas en su turno: con proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 41 de la Ley General de Desarrollo Social. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social. Con proyecto decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

Tiene usted la palabra, diputado Yunes Zorrilla.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:Se lo agradezco mucho, diputado presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Nosotros a usted, diputado.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:Como aprecio mucho también la atención que a la presente le puedan dispensar las señoras diputadas y los señores diputados.

Estas tres iniciativas que vamos a tratar de congregar en una sola presentación tienen con objeto modificar la Ley General de Desarrollo Social, buscando como propósito hacer más eficiente el destino de los recursos públicos destinados a combatir la pobreza.

Un tema fundamental, recogido por todos los diputados en esta Legislatura, consiste en aquél de tratar de generar las acciones que puedan significar el mejorar la calidad de vida de muchos mexicanos en condiciones de desventaja y de gran vulnerabilidad.

Buena parte de las medidas que los señores legisladores afrontan tiene que ver con la posibilidad de ensanchar sus oportunidades sociales, de disminuir las desigualdades sociales. Y, en este sentido, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 6, 77, 78 y 182 del Reglamento de esta Cámara, me permito poner a consideración de ustedes 3 iniciativas que, como ya mencioné, pretenden modificar la Ley General de Desarrollo Social en 3 puntos fundamentales:

El primero, en dotar de mayor autonomía al Coneval, al Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Sociales, un órgano que ha funcionado con mucha eficiencia. Un órgano que goza de respetabilidad, pero que requiere de respaldarlo institucionalmente para que estas virtudes públicas no puedan depender única y exclusivamente de los actores en coyuntura que la conforman.

Otro tema tiene que ver con la posibilidad, a través de esta ley, de empezar a sentar las bases para la formulación de un padrón único de beneficiarios de los cerca de 140 programas sociales que se instrumentan a nivel federal en todo el país y los programas sociales que a su vez se puedan estar implementando en el orden estatal y en el orden municipal.

Y un tercer punto de esta ley, que tiene como propósito el tratar de desagregar la unidad o la medida que considera si una región está en condiciones de pobreza y puede ser susceptible de poderse ver beneficiada a través de estos programas sociales, como funciona actualmente en las zonas de atención prioritaria que mide la Ley General de Desa-rrollo Social, tiene como base, como unidad de análisis, al municipio.

Cuando el municipio tiene al interior de su población y de sus regiones zonas que están por encima de la media y que califican dados los estándares de medición como de alta y muy alta marginación, entonces ese municipio puede considerarse como de alta o de muy alta marginación.

Pero si un municipio en su promedio no cuenta con los estándares que estos indicadores señalan, entonces simple y llanamente no puede verse beneficiado por estos programas, aun cuando pueda tener alguna comunidad o alguna colonia que está en condiciones, también, de pobreza extrema, siendo ésta una medida particularmente desigual e injusta.

En consecuencia, lo que se pide y lo que se busca es que se pueda desagregar esta unidad de análisis para que no sólo sea los municipios, sino que pueda ser a nivel de comunidades y a nivel de colonias para el ámbito rural.

Éstas son las motivaciones de las tres iniciativas que me permito presentar y con el permiso del diputado presidente estaría presentando este decreto que modifica y adiciona los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social.

Primero. Se modifica el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo federal y hacerlas de conocimiento público. Se le agregaría que su acatamiento tendrá un carácter obligatorio por parte de la administración pública federal.

Segundo. Se modifica el primer párrafo y se agregan dos párrafos al artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión presupuestaria, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico de la actividad.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social será autoridad técnica en la materia que le confiere la normatividad vigente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Su estructura contará con órganos de dirección ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social enviará a la Cámara de Diputados sus requerimientos presupuestarios para ser aprobados en el marco de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tercero. Se modifica el artículo 82 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 82. El consejo se compondrá de un órgano de gobierno encargado de las tareas presupuestarias administrativas y de planeación institucional, y de una comisión ejecutiva cuyo fin es realizar las actividades técnicas en materia sustantiva del consejo.

El órgano de gobierno será conformado por seis investigadores académicos que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación, inscrita en el padrón de excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con derecho a voz y voto.

Adicionalmente, con derecho a voz pero sin voto, al titular de la Secretaria de Desarrollo Social o a quien éste designe; al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o quien este funcionario designe; al presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores y a su par en la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:El consejo tendrá también un secretario ejecutivo que fungirá como director general del consejo.

Faltaría darle lectura, diputado presidente, a las otras dos iniciativas. Le rogaría, por consiguiente, que pudiese disponer que se pudiesen inscribir íntegramente los textos de las tres iniciativas sobre estos temas, y agradecerles a los señores diputados el apoyo que pudiese significar en el análisis en comisión y posteriormente en su discusión en el pleno.

Es un tema que nos convoca en términos de solidaridad a todos y que, sin lugar a dudas, estará significativamente y puntualmente garantizando nuestra presencia en nuestros trabajos legislativos. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 41 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77, 78 y182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto que modifica la fracción IX del artículo 5 y agrega un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Desarrollo Social bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El combate a la desigualdad en nuestro país debe ser una tarea compartida entre los tres órdenes de gobierno, con acciones coordinadas y una corresponsabilidad en las tareas que lleven bienestar a las comunidades y regiones más vulnerables en nuestro país.

La operación de los programas sociales es compleja, en particular si se toma en cuenta que frecuentemente concurren en su ejecución los gobiernos federal y estatales, y que en general se carece de mecanismos de coordinación entre estas instancias que permita una política generalizada de transparencia. De esta forma, se observan asimetrías en la forma en que los diferentes estados manejan la información respecto de los programas sociales que ejecutan y a los beneficiarios y montos que destinan a ellos.

De esta forma, es muy difícil evaluar las políticas de superación de la pobreza y cuantificar los recursos destinados a la superación de la pobreza a nivel federal, estatal y municipal. Sin evaluaciones objetivas del impacto de políticas de desarrollo social, la tarea se complica para lograr una verdadera coordinación de esfuerzos y la duplicidad de recursos es cada vez más evidente.

El marco normativo observable en materia de transparencia y acceso a la información, respecto de los programas sociales, permite concluir que existe una mejora sustantiva y generalizada en la calidad y disponibilidad de la información pública relacionada con ellos. Sin embargo, resulta indispensable realizar un esfuerzo adicional y explícito para diseñar una política de transparencia que permita maximizar el uso social de la información respecto de estos programas y con ello apoyar la ejecución de políticas públicas de mayor impacto y menor costo.

La Ley Federal de Acceso a la Información contiene dos obligaciones específicas que pueden relacionarse con la transparencia en materia de programas sociales. La primera se encuentra en la fracción XI del artículo 7, que se refiere a la obligación de las dependencias y entidades federales de hacer pública de manera comprensible, veraz, oportuna, confiable y actualizada, la información relativa al “diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio”.

La misma fracción establece que deberán hacerse públicos los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta fracción es desarrollada más ampliamente en el artículo 19 del reglamento de la misma ley y establece que mediante actualizaciones trimestrales deberá hacerse pública la información relacionada con los “programas de estímulos, apoyos y subsidios”, incluyendo: el nombre o denominación del programa; la unidad administrativa responsable; la población objetivo o beneficiaria con el padrón respectivo; los criterios montos y periodos para los que se otorgan, así como los resultados periódicos o informes sobre el de-sarrollo de los programas. Asimismo, el reglamento identifica a los “programas sociales” con los “programas de estímulos, apoyos y subsidios” y orienta sus disposiciones a la generación de información específica sobre dichos programas.

Por otro lado, la Ley Federal de Acceso a la Información contiene una segunda disposición que pretende abarcar todo aquello que no haya sido especificado en el artículo 7. Así, en su artículo 12 establece que los sujetos obligados por la Ley deben hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes se entregue, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Debido a la amplia tarea que significa el combate a la desigualdad y el propio desarrollo social, el diseño de algunos programas federales supone que en su financiamiento concurran la federación, las entidades federativas y los municipios.  De esta manera, la participación de los tres órdenes de gobierno se prevé a través de los convenios de coordinación, con fundamento en el artículo 26 constitucional, la Ley de Planeación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento, contiene disposiciones relativas a la ejecución por las entidades federativas de recursos de programas federales previstas en dichos ordenamientos.

Si bien el marco jurídico descrito contempla la consolidación de información sobre los programas sociales y el ejercicio de recursos públicos en ellos, puede decirse que las entidades federativas se encuentran rezagadas respecto a la Federación en la disponibilidad de la información correspondiente. En primera instancia, la mayoría de entidades no cuenta con las reglas de operación como herramientas para asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los programas de subsidio incluyendo a los programas sociales. Considerando lo escaso y disperso de las disposiciones en materia de transparencia y regulación del gasto en programas de subsidio, resulta difícil identificarlas y encontrarlas a nivel estatal y aún más difícil en el ámbito municipal.

Es necesario impulsar acciones para la creación de bases de datos homologadas que permitan tener elementos útiles para la planeación, evaluación y toma de decisiones. Sin información consolidada y oportuna, no podrá conseguirse la coordinación plena entre las acciones de los tres órdenes de gobierno y por tanto, los esfuerzos duplicarán acciones y recursos públicos.

De esa manera, esta iniciativa propone que modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social, para otorgarla la facultad al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ser el ente que construya, consolide y ponga a disposición tanto de autoridades como de la ciudadanía, un padrón único de beneficiarios de los programas sociales.

Este padrón, además de ser un instrumento para evitar duplicidad de recursos públicos en la atención de la desigualdad social, deberá convertirse en parte fundamental de las evaluaciones continuas del impacto y el desempeño de los programas sociales ejecutados por cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Además, el Coneval será garantía de que la información del desempeño será manejada con un alto rigor metodológico y profesional, como ha sido su desempeño como institución.

En específico, se propone modificar la fracción IX del artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, para definir claramente lo que se debe entender por Padrón Único de Beneficiarios. Además, se propone agregar un segundo párrafo al artículo 41 para otorgar la facultad al Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social de construir, administrar y poner a consulta el Padrón Único de Beneficiarios de programas sociales en cualquier orden de gobierno.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que modifica el artículo 5 y agrega un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Desarrollo Social.

Primero. Se modifica el artículo 5 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. a IX. ...

X. Padrón Único de Beneficiarios. Base de datos con la relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales, estatales o municipales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente.

Segundo. Se agrega un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política social, será el encargado de construir, almacenar y administrar el Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales, el cual estará formado por los datos de todos los beneficiarios de los programas sociales, tanto estatales como municipales, conforme a las leyes en la materia y sin menoscabo de los ámbitos de acción correspondientes.

Transitorios

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social establecerá, en un plazo de seis meses, los criterios para la homologación y procedimientos de consolidación de las bases de datos para los padrones de beneficiarios  de programas sociales que ejecutan estados y municipios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, José Manuel Agüero Tovar, Hugo Martínez González, Silvio Lagos Galindo, José Ricardo López Pescador, Diana Patricia González Soto, Patricio Chirinos del Ángel, Francisco Alberto Jiménez Merino, Janet Graciela González Tostado, José Luis Álvarez Martínez, Silvia Puppo Gastelum, María Esther Terán Velázquez, María Isabel Pérez Santos, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Josefina Rodarte Ayala, Luis Antonio Martínez Armengol, Víctor Félix Flores Morales, Ricardo Ahued Bardahuil, Antonio Benítez Lucho, Miguel Álvarez Santamaría, Pedro Ávila Nevárez, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Manuel Humberto Cota Jiménez, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Jesús María Rodríguez Hernández, Elsa María Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.Continúe con la segunda iniciativa.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:

«Iniciativa que modifica el artículo 80, modifica y agrega dos párrafos al artículo 81; y modifica el artículo 82, todos de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 6, 77, 78 y 182 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto que modifica el artículo 80, modifica y agrega dos párrafos al artículo 81; y modifica el artículo 82, todos de la Ley General de Desarrollo social, bajo los siguientes

Exposición de Motivos

La Ley General de Desarrollo Social, aprobada en el año 2004, creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. Desde entonces ha contribuido con la institucionalización de la evaluación y medición de la pobreza.

El consejo tiene como objetivo estratégico mejorar la eficacia y eficiencia, así como la rendición de cuentas de la política de desarrollo social, mediante la evaluación y el monitoreo de programas y políticas sociales y la medición de la pobreza.

Para el ejercicio de estas atribuciones, el Coneval cuenta con un órgano de gobierno integrado por: el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, quien lo preside, seis investigadores académicos, un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un secretario técnico y un prosecretario técnico. Asimismo, cuenta con un secretario ejecutivo como director general de la institución, quien tiene a su cargo la gestión del consejo.

Desde su creación, el consejo ha estado comprometido con el establecimiento de metodologías objetivas para medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional, como lo señala la ley y ha contribuido en generar una cultura de la evaluación y rendición de cuentas de los programas sociales. Se ha convertido en referente obligado para conocer el impacto de la política social y el alcance de la desigualdad y marginación en México.

Para asegurar transparencia y capacidad técnica, la Comisión Nacional de Desarrollo selecciona a seis investigadores académicos de los círculos de la academia, con experiencia en los temas de Coneval. Con este proceso de selección, se incorpora al sector académico especializado en Política Social de diversas instituciones educativas públicas y privadas nacionales. Los investigadores participan en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, lo que asegura rigor metodológico y amplia experiencia en las actividades sustantivas del consejo. Este esquema es innovador, ya que incorpora al sector académico en los criterios e información que orientan la política pública; derivado de ello, diversos países han buscado aprender de la experiencia mexicana en materia de evaluación: Perú, Paraguay, Colombia, República Dominicana, El Salvador y Uruguay.

Hasta el momento, el Coneval ha realizado importantes avances en materia de evaluación y medición de la pobreza para los cuáles se han llevado a cabo diversas actividades entre las que destacan:

• Medición de la pobreza por ingresos 1992-2008.

•· Medición de la pobreza multidimensional 2008.

• Estimación del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 2005-2010.

• Estimación del Índice de Rezago Social 2005.

• Estudios e investigaciones en salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera.

• Evaluaciones de consistencia y resultados, diseño, específicas del desempeño, estratégicas, entre otras, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

• Publicación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2008.

• Asesoría técnica a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a las entidades federativas en materia de gestión para resultados.

Desde 2007 y en coordinación con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, se emitieron en marzo de 2007 los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales, los cuales dan mayor operatividad y continuidad a las evaluaciones de los programas sociales en el Gobierno Federal. Además se construyó una matriz de indicadores de resultados, que ha permitido medir el logro de metas programadas por los ejecutores del gasto, tanto a nivel presupuestario como de cobertura e impacto. Sin embargo, debe impulsarse la autonomía plena del Coneval para que las opiniones y resoluciones del organismo sean acatadas por los organismos evaluados. La labor y recursos empleados para mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, serán inútiles si no se corrigen desviaciones y errores de diseño que aún existen en los programas sociales.

Es indispensable contemplar en la ley mecanismos que permitan hacer más eficiente la aplicación de los recursos públicos, y asegurar la objetividad y profesionalismo de la evaluación de los programas sociales y con ellos, la política nacional de desarrollo social.

Como parte de sus funciones principales, el Coneval ha desarrollado metodologías y criterios de medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal, tomando en cuenta lo señalado en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social y las tendencias internacionales en la materia. El resultado ha sido la definición de una metodología multidimensional que incorpora la dimensión de derechos sociales (carencias) con el bienestar (ingreso).

El Coneval ha marcado tendencia en líneas de investigación en el estudio de la pobreza. México es el primer país que integra en un mismo enfoque, la dimensión de carencias sociales con la dimensión de bienestar, lo cual ha despertado interés por parte de países con una larga tradición en la colaboración de estos estudios, como es el caso de Inglaterra, Argentina, Chile y Uruguay.

En la labor que ha realizado el Coneval en sus cuatro años de existencia, ha asumido la autonomía técnica que la ley que confiere, y por ello los resultados que ha dado a conocer tanto de la evaluación de programas, como de la evaluación de la pobreza, han mostrado cabalmente la problemática social y económica del país.

Sin embargo, el alcance que le mandata la ley al Coneval va mucho más allá de una sola dependencia, es decir, le otorga la facultad de poder evaluar todos los programas que son sociales, y que se encuentran en secretarías como Educación, Desarrollo Social, Salud, Economía, Medio Ambiente, Agricultura, etcétera, lo cual es un gran reto de dimensiones mayúsculas.

La actividad del Coneval va más allá de los programas que opera la Secretaría de Desarrollo Social Federal, coadyuvando en la evaluación de las estrategias y los programas de otras entidades y dependencias del Gobierno Federal y que impactan en la política de desarrollo social. Hasta el año 2009, el Coneval ha coordinado e impulsado que se realicen aproximadamente 350 evaluaciones. Es por esto que toma mayor relevancia la búsqueda de un esquema institucional que brinde mayor independencia y eficiencia en la atención y revisión de las estrategias de mejoras con actores relevantes para cada problemática tales como la Semarnat, SEP, Sagarpa, etcétera., evitando retrasos en la mejora de la política social.

En ese sentido, se estima se propone realizar una reforma a los artículos... de la Ley General de Desarrollo Social que fortalezca la autonomía del Coneval; incorpore atribuciones más amplias en cuanto a la coordinación con las entidades federativas; y, garantice que la integración de su órgano de gobierno y de los criterios de selección de sus consejeros académicos siga siendo sin ningún sesgo partidista para garantizar independencia y objetividad en sus determinaciones.

De esta manera, se propone incluir en el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, la obligatoriedad de acatar las opiniones, recomendaciones u observaciones que el Coneval realice a los ejecutores de programas sociales federales.

Es necesario, en el aspecto organizacional, dotar de plena autonomía al consejo para que su actuación no esté ligada a los vaivenes de la lucha por posiciones políticas. Es necesario dotar de certidumbre presupuestal a la institución la planeación de mediano y largo plazo, y contar con un horizonte prospectivo para la toma de decisiones en el consejo y sus tareas.

Durante 2010, el Coneval ha coordinado la evaluación de más de 133 programas de carácter social que ejecuta el Gobierno Federal. Coordinar la metodología, sistematizar los resultados, dar seguimiento a las recomendaciones y dar a conocer sus avances, son tareas que implican un alto grado de profesionalismo y capacitación, labores que deben contar con una asignación presupuestaria suficiente para lograr sus metas.

Es por lo anterior que se propone modificar el primer párrafo y agregar un segundo párrafo al artículo 81 de la ley, a fin de dotar de autonomía en su gestión presupuestaria al consejo y que sea asignada directamente por la Cámara de Diputados.

Por otro lado, la forma en que organizacionalmente está diseñado para que sea juez y parte de las evaluaciones y de los estudios y mediciones que hasta ahora realiza. Su actual conformación, determina que el Secretario de Desarrollo Social o quién el designe, serán parte del consejo.

Se propone modificar el artículo 82, eliminando su fracción I recorriendo las siguientes y agregando a la nueva fracción II que el secretario ejecutivo sea nombrado por el Ejecutivo Federal y ratificado por la Cámara de Diputados. Lo anterior brindaría mayor certidumbre de la imparcialidad de la actuación de los funcionarios públicos y se evitarían posibles sesgos en las evaluaciones y en la difusión de resultados de las evaluaciones.

Por antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que modifica y adiciona los articulo 80, 81 y 82 de la Ley General de Desarrollo Social.

Primero.Se modifica el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público. Su acatamiento tendrá un carácter obligatorio por parte de la Administración Pública Federal.

Segundo. Se modifica el primer párrafo y se agregan dos párrafos al artículo 81 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión presupuestaria de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será autoridad técnica en la materia que le confiere la normatividad vigente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; su estructura contará con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, enviará a la Cámara de Diputados sus requerimientos presupuestarios para ser aprobado en el marco de lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tercero.Se modifica el artículo 82 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 82. El Consejo se compondrá de un órgano de gobierno, encargado de las tareas presupuestarias, administrativas y de planeación institucional, y de una Comisión Ejecutiva, cuyo fin es realizar las actividades técnicas en materia sustantiva del consejo.

El órgano de gobierno será conformado por:

I. Seis investigadores académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con derecho a voz y voto;

Adicionalmente, con derecho de voz pero sin voto.

II. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social; o quien éste designe;

III. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o quien el designe;

IV. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores; y,

V. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

El consejo tendrá también un secretario ejecutivo, quien fungirá como director general del consejo;

La Presidencia del órgano de gobierno recaerá en un investigador académico elegido por sus miembros, que durará en el encargo un año; dicha presidencia tendrá carácter rotativo entre los investigadores académicos.

La Comisión Ejecutiva es el órgano técnico del consejo, conformado por los seis investigadores académicos y el secretario ejecutivo. Tendrá como atribuciones principales la asesoría técnica en la evaluación de los programas sociales y la medición de la pobreza y será presidida por el secretario ejecutivo.

Los investigadores académicos serán elegidos por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, con una duración de ocho años. Cada cuatro años, serán elegidos tres nuevos investigadores que sustituirán a aquellos que hayan cumplido con su periodo legal.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2011.— Diputados José Francisco Yunes Zorrilla, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, José Manuel Agüero Tovar, Hugo Héctor Martínez González, Silvio Lagos Galindo, José Ricardo López Pescador, Diana Patricia González Soto, Patricio Chirinos del Ángel, Francisco Alberto Jiménez Merino, Silvia Puppo Gastélum, Janet Graciela González Tostado, José Luis Álvarez Martínez, María Isabel Pérez Santos, Josefina Rodarle Ayala, María Esther Terán Velázquez, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Luis Antonio Martínez Armengol, Víctor Félix Flores Morales, Ricardo Ahued Bardahuil, Antonio Benítez Lucho, Pedro Ávila Nevarez, Manuel Humberto Cota Jiménez, Miguel Álvarez Santamaría, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Alfredo Villegas Arreola, Rolando Bojórquez Gutiérrez,  Jesús María Rodríguez Hernández, Elsa María Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.Continúe con la tercer iniciativa.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla:

«Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Francisco Yunes Zorrilla, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 6, 77, 78 y 182 de Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto decreto que modifica el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social bajo los siguientes

Exposición de Motivos

La Ley General de Desarrollo Social, establece en su artículo 36, los criterios mínimos para la definición, identificación y medición de la pobreza. De esta manera, el ingreso corriente per cápita; el rezago educativo promedio en el hogar; el acceso a los servicios de salud; el acceso a la seguridad social; la calidad y espacios de la vivienda; el acceso a los servicios básicos en la vivienda; el acceso a la alimentación y el grado de cohesión social deben ser elementos para obtener una medición múltiple de la pobreza y con ello, elementos cuantificables para la creación de cursos de acción y políticas públicas.

Sin embargo, el verdadero rostro de la pobreza se presenta cuando se niega a los individuos la oportunidad de superar sus condiciones de vida. Es decir, cuando no se tiene acceso a infraestructura carretera para distribuir el fruto del trabajo; cuando no se cuenta con instalaciones sanitarias e hidráulicas, ello conlleva mayores índices de enfermedades endémicas; cuando nuestras localidades y comunidades no reciben atención médica y educativa por la falta de clínicas, hospitales y escuelas.

Nuestro desarrollo social obligadamente debe pasar por el bienestar de nuestras localidades y comunidades más marginadas, y debe sustentar el progreso de aquellas que ya han logrado satisfacer sus necesidades mínimas. El desa-rrollo mejor cimentado a largo plazo es aquel que crea sinergias entre regiones y que permite un progreso más allá de las transferencias directas y asistencialistas.

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), publicada el 20 de enero de 2004, define en su título tercero, capítulo IV, a las zonas de atención prioritaria como aquellas áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. De esta manera, la política nacional de desarrollo social tiene como componente geográfico fundamental estas zonas, las cuales presentan carencias y condiciones de vida muy por debajo del promedio nacional, y la población que reside en ellas regularmente se caracterizan por su alta vulnerabilidad.

Por ley, cada año esta soberanía emite junto con el decreto de presupuesto de egresos, la declaratoria de zonas prioritarias, la cual se convierte en el referente legal para priorizar la asignación de recursos de los programas sociales y junto con ello, el alcance y número de beneficiarios a lograr cada año.

Conforme al artículo 31 de la LGDS, la declaratoria de zonas de atención prioritaria permite asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Para 2011, se declararon 1,251 municipios rurales de alta y muy alta marginación, ubicados en 26 estados de la república, con más de 17 millones de habitantes. En cuanto a los municipios urbanos, la declaratoria sólo menciona la existencia de 2,106 localidades sin desagregar su ubicación geográfica, población y grado de marginación.

Es necesario que los municipios más marginados de nuestro país tengan certidumbre de que los programas sociales del gobierno federal serán implementados en sus pueblos y comunidades de una manera transparente. Hay que reconocer el difícil papel de los presidentes municipales en nuestro país, que ocupan gran parte de su tiempo en conseguir recursos para obras de infraestructura social de gran necesidad para sus municipios.

Si bien la definición de zonas de atención prioritaria brinda mayor transparencia a los criterios de gasto y cobertura de los programas sociales, existen casos en donde comunidades o colonias no son clasificados como de alta o muy alta marginación y son excluidas de los beneficios otorgados por el gobierno federal.

De esta manera, y para dar mayor transparencia al ejercicio de los recursos públicos y a la evolución de la pobreza y marginación en nuestro país, se propone agregar al artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social, la obligación para el ejecutivo de enviar la propuesta de declaratoria, desagregada a nivel de comunidades y colonias en zonas rurales y urbanas respectivamente. Consideramos que esta propuesta brindará mayores elementos de juicio para el diseño de políticas públicas, la evaluación de programas ya en operación y la asignación presupuestal que esta soberanía realiza por mandato constitucional.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Que modifica el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social.

Primero.Se modifica el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue

Artículo 30.El Ejecutivo federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de comunidades, en las zonas rurales y a nivel de colonias en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2011.— Diputados: José Francisco Yunes Zorrilla, María de Jesús Aguirre Maldonado, Jaime Arturo Vázquez Aguilar, José Manuel Agüero Tovar, Hugo Héctor Martínez González, Silvio Lagos Galindo, José Ricardo López Pescador, Diana Patricia González Soto, Pablo Rodríguez Regordosa, Francisco Alberto Jiménez Merino, Silvia Puppo Gastélum, José Luis Álvarez Martínez, María Esther Terán Velázquez, Janet Graciela González Tostado, María Hilaria Domínguez Arvizu, Josefina Rodarte Ayala, María Isabel Pérez Santos, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Ricardo Ahued Bardahuil, Luis Antonio Martínez Armegol, Víctor Félix Flores Morales, Pedro Ávila Nevárez, Antonio Benítez Lucho, Miguel Álvarez Santamaría, Manuel Humberto Cota Jiménez, Jesús Gerardo Cortez Mendoza, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Jesús María Rodríguez Hernández, Elsa María Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Yunes Zorrilla, quien ha presentado en este tiempo tres iniciativas. Por economía de Cámara, como usted lo solicita, se insertarán íntegras en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado José Luis Álvarez Martínez, y luego el diputado Silvio Lagos. Adelante, diputados.

El diputado José Luis Álvarez Martínez(desde la curul): Para preguntarle al diputado Yunes dada la importancia y congruencia de sus tres iniciativas, si me da el gran honor de adherirme a ellas.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunta el diputado Álvarez Martínez si le permite usted adherirse.

El diputado José Francisco Yunes Zorrilla(desde la curul): Sólo por esta vez, diputado.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sólo por esta vez le permite adherirse a usted a su iniciativa. Diputado Lagos.

El diputado Silvio Lagos Galindo(desde la curul): En el mismo sentido, señor presidente.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En el mismo sentido, el diputado Silvio Lagos y como lo ha solicitado el diputado García Granados, el diputado Villegas solicitando adherirse, al igual que la diputada Diva Hadamira a la iniciativa presentada por el diputado Francisco Yunes Zorrilla al lado derecho de esta Presidencia, en la Secretaría, con mucho gusto.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO - LEY REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XIII BIS DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL - LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Mientras escuchamos al diputado Jaime Cárdenas Gracia presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis, del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Adelante, diputado Cárdenas.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Gracias, presidente. Ante la hora en que nos encontramos, simplemente quiero decir que esta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del ISSSTE y de la Ley del Infonavit, etcétera, tiene por propósito enfrentar o afrontar el problema del outsourcing, de la tercerización, que como sabemos es parte del debate que en este momento se está propiciando en la Comisión del Trabajo a partir de la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo del Partido Revolucionario Institucional.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nosotros hemos considerado que hay cuatro ejes básicos de la reforma laboral.

El primero es el tema del salario remunerador. Un salario que permita al trabajador y a sus familias gozar de condiciones materiales, físicas y culturales suficientes para su desarrollo personal y el de su familia y este tema desgraciadamente no lo observamos de manera clara en la propuesta del Partido Revolucionario Institucional.

Otro gran tema de la reforma laboral tiene que ver con el incremento en las condiciones de trabajo, con las prestaciones sociales, con la seguridad social de los trabajadores, por ejemplo, el incremento del periodo vacacional. En este sentido cualquier reforma laboral en México debe promover de manera clara y evidente la maximización de los derechos laborales y que la legislación mexicana se ajuste a los convenios de la OIT y al derecho comparado en el sentido de aumentar, de maximizar cualquier derecho laboral en nuestro país.

Otro punto fundamental de la reforma laboral tendría que ver con algo que está ausente en la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, que es el tema de la democracia interna en los sindicatos, en las organizaciones empresariales y la debida transparencia, tanto en sindicatos como en organismo empresariales.

Finalmente, un cuarto asunto de una reforma laboral tiene que ver con la transformación de las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, y producir y generar en nuestro país un sistema de justicia laboral, en donde existan tribunales del trabajo como en el derecho comparado, y estos tribunales del trabajo se incorporen al Poder Judicial de la Federación o en su caso al Poder Judicial de los estados.

En materia de outsourcing, que es el tema fundamental de esta iniciativa que estoy presentando, tiene que ver yo creo sobre todo con dos aspectos: el primer aspecto es reconocer el carácter excepcional, el carácter transitorio excepcional del outsourcing. El outsourcing no debe transformarse en un mecanismo regular y ordinario de la vida laboral en nuestro país.

El segundo punto tiene que ver con la consideración fundamental de que el trabajo no es una mercancía sujeta a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda; sino que el trabajo es un derecho fundamental que debe estar garantizado. Por tanto, cualquier contrato de intermediación laboral debe someterse al registro ante las autoridades laborales, y debe establecerse además una amplia inspección laboral para garantizar las condiciones y los derechos de los trabajadores, que son parte de estos mecanismos de outsourcing.

En pocas palabras, se trata de garantizar plenos derechos laborales, de promover y no afectar la libertad sindical; de garantizar los derechos del trabajo; de combatir el daño fiscal que hoy ocurre en nuestro país; de no chatarrizar el derecho al trabajo y de no destruir por ningún motivo la dignidad humana y la dignidad de los trabajadores.

En este sentido es que estoy presentando esta iniciativa, y solicito, presidente, que se incorpore íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT

Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

La tercerización, externalización, outsourcing,triangulación, “servicios temporarios”, etcétera, son los diversos nombres que recibe una de las “modernas” formas de degradar las relaciones laborales. Amparadas por el espejismo de la flexibilización y en connivencia con las corruptas organizaciones sindicales, hoy en día surgen empresas, cooperativas y sociedades que ofrecen tercerizar las funciones de ciertas organizaciones. De esta forma, salvo honrosas excepciones, se cometen diversos tipos de fraude laboral, previsional y fiscal.

Muchas de estas firmas asumen la forma de sociedades en comandita simple, y encubren a los trabajadores como socios, con lo cual no realizan las aportaciones patronales a las que están obligadas ni pagan los salarios que les corresponden.

También mediante estas maniobras los contratos laborales se convierten en civiles o comerciales, con lo cual se oculta la verdadera relación de trabajo. Otras se disfrazan de cooperativas, con los mismos resultados. Además, aprovechan los regímenes fiscales destinados a estimular a estas formas societarias para evadir sus obligaciones impositivas, cambian de razón social y de directivos de manera permanente a fin de no ser detectadas, esquema que sirve para ocultar la verdadera identidad del empleador pues, en numerosas ocasiones, la persona designada como tal es sólo un personero de la organización que externaliza sus funciones, lo cual libera a ésta de sus obligaciones previsionales y salariales.

Dado el evidente deterioro que esta intermediación laboral provoca en los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 de la Constitución y en la legislación laboral vigente, reglamentaria de este precepto de la Carta Magna, es urgente que el Poder Legislativo genere las reformas legales necesarias para evitar que esta creciente modalidad, conocida también como outsourcing, vuelva nugatorios los derechos de los trabajadores establecidos en nuestra legislación laboral y de seguridad social, al amparo de una pretendida “modernización” de las relaciones laborales.

II. Argumentos que sustentan la iniciativa

1. En un mundo plagado de miseria e injusticias de todo tipo, cada día surgen nuevas estrategias de explotación de la mano de obra, la mayoría de las cuales sólo intentan ampliar la tasa de ganancia a expensas de los trabajadores. Las necesidades intrínsecas de la brutal competencia que genera la globalización obligan a muchas empresas a incrementar su eficiencia productiva a través de diversos métodos, muchos de ellos ideados específicamente para violar los derechos de sus empleados, en la mayoría de los casos la variable de ajuste preferida por los empresarios. Éste es el caso, entre otros, de las empresas intermediarias o tercerizadoras de mano de obra. Amparadas en la consigna de la flexibilización laboral, caballito de batalla de las últimas administraciones de nuestro país, y con el objetivo de reducir costos, aumentar la tasa de ganancia y evadir las responsabilidades legales, cada día aparecen nuevos “emprendedores” que ofrecen servicios de outsourcing (subcontratación), esto es, la realización de ciertas tareas al margen de la estructura formal de la empresa.

2. En nuestro continente, esta perversa y nada ética modalidad del liberalismo reconoce sus primeros antecedentes en el gobierno del presidente venezolano Marcos Pérez Giménez quien, en la década de los cincuenta del siglo pasado, subcontrató a “firmas especializadas” (por supuesto pertenecientes a miembros de su entorno familiar o a socios ocultos) parte del proceso productivo de PetroVen, la empresa de hidrocarburos base de la economía de ese país. Por cierto que para garantizar la operatividad de estas empresas debió transferir personal experimentado de la paraestatal a las nuevas contratistas, con el consiguiente costo social que ello implicó: reducción de salarios, inestabilidad, fraudes previsional y fiscal, precarización, etcétera.

Paradigmático resulta el ejemplo de la muy conocida transnacional Nike, que “subcontrató” parte de su proceso productivo a talleres establecidos en Afganistán, Birmania y Tailandia, que empleaban niños y mano de obra semiesclava a la cual pagaban la décima parte de los salarios mínimos vigentes en esos países, que obviamente se encuentran entre los más bajos del mundo. Tal es la magnitud del problema generado por la intermediación laboral que la OIT, en 2006, emitió la Recomendación 198, en la cual denuncia el fraude que encubre este tipo de relación y el daño que provoca.

3. La tercerización, en cualquiera de sus formas, debilita las relaciones laborales individuales y colectivas, tanto en la empresa que presta los servicios como en la que los recibe. También sirve para encubrir las verdaderas relaciones laborales o para evadir impuestos o incumplir con las obligaciones previsionales, así como para deteriorar a las organizaciones sindicales. Todas estas circunstancias ponen en riesgo la estabilidad del trabajador y los derechos laborales.

4. En casi todos los países de América Latina se han visualizado los efectos perversos de esta nueva forma de explotación. Con diferencias a veces importantes, varios gobiernos, mediante la sanción de leyes, han tratado de regular los excesos que cometen las empresas tercerizadoras. Por el contrario, en Argentina, por ejemplo, este fenómeno comenzó a expandirse durante los gobiernos militares en la segunda mitad del siglo XX. Como parte de este embate se sancionó una ley que admite toda clase de intermediación, y en todos los ámbitos, cuyos resultados han sido trágicos para la clase obrera del país. Hoy se discuten en las cámaras legislativas varios nuevos proyectos que intentan paliar los efectos negativos que produjo dicha legislación. Uno de ellos establece la solidaridad laboral y previsional entre quienes cedan total o parcialmente el establecimiento o explotación de una empresa u obra y quienes prestan el servicio, o contraten o subcontraten trabajos, obras o servicios.

5. Por el contrario, otros países, preocupados por el peligro que implica la operación descontrolada de estas empresas, han emitido normas para controlarlas. Por ejemplo, Venezuela en 1998, Chile en 2006, Uruguay en 2007 y Perú en 2008. Por su parte, Ecuador, en 2009, fue el único en prohibir las operaciones de intermediación cuando se trata de “actividades propias y habituales” de la empresa que las solicita.

6. En México, tenemos conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria ha iniciado acciones para recuperar más de 100 mil millones de pesos que estas organizaciones dejaron de aportar al fisco, cifra que, por cierto, es sólo la punta del iceberg de los desfalcos de todo tipo que encubren estas firmas. Asimismo, a pesar de que sus contratos con ciertas empresas son a largo plazo, sólo colocan a sus empleados por once meses, momento en el que deben renunciar para ser recontratados veinte días después, todo ello con el objetivo de que no generen antigüedad en el puesto. Mediante éstas y otras artimañas se evita la sindicalización, se favorece la precarización y, en última instancia, se deteriora el tejido social y se envilecen las relaciones de trabajo.

7. En general, y de acuerdo con algunos estudios, el de Luis Stolovich (La tercerización, Clacso, Buenos Aires, sin fecha de edición), entre otros, la tercerización incide sobre múltiples aspectos básicos de la relación laboral:

• Afecta los salarios y el conjunto de ingresos de los trabajadores (beneficios sociales, primas, etc.). Se trata de sustituir trabajadores con salarios y beneficios establecidos por convenios colectivos por operarios temporales que deben aceptar las condiciones que les impone la empresa que presta los servicios.

• Condiciones de trabajo. También se tiende a deteriorar las condiciones de trabajo (horarios, extensión de la jornada, horas extras, estabilidad laboral, derechos vinculados al estudio, ausencia por enfermedad, matrimonio, nacimiento de hijos, etcétera). El caso extremo lo constituyen los empleados de las empresas de servicios temporarios.

• En muchos casos, los trabajadores de los servicios externalizados pierden su empleo.

• Entre otros, uno de los objetivos principales de la tercerización es evitar el pago de los aportes previsionales y de seguridad social, con lo cual los trabajadores que padecen esta relación no se benefician de derechos como el seguro de salud o de desempleo ni cuentan con aportes o años para asegurar su futuro retiro.

• Se produce unas creciente diferenciación entre los trabajadores de planta y los tercerizados: unos tiene cobertura social y los otro no; unos gozan de estabilidad laboral y otros son precarios; unos ganan salarios fijados mediante convenios colectivos y otros deben aceptar lo que les ofrece la empresa “tercera”, que ya sabemos cuáles son; unos gozan de comedor en el seno de la empresa, los otros comen en la calle y por su riesgo.

• Tiende a fragmentar y dispersar a los trabajadores porque dificulta la organización sindical pues los empleados se encuentran geográficamente dispersos, carecen de identidad colectiva (mismo empleador, mismas instalaciones, mismo producto final, etcétera).

• Muchas veces la tercerización no implica sustitución de unos trabajadores por otros, sino que quienes efectuaban ciertas tareas son directamente transferidos a empresas “fantasmas”, cooperativas, “empresas familiares”, con lo cual se convierten en trabajadores por cuenta propia, microempresarios, socios de una pequeña empresa o miembros de una cooperativa, etc. sin protección laboral alguna.

III. Fundamentos jurídicos de la iniciativa

1. Artículo 123, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo; Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

V. Ordenamientos por modificar

• Ley Federal del Trabajo: artículo 14.

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional: artículos 2, 3 y 12.

• Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 2.

• Ley del Seguro Social: artículo 15.

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: artículo 6.

• Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: artículo 29.

Por todo ello, y por el daño que provoca a las relaciones laborales y al tejido social en su conjunto, es imprescindible que se regule de manera estricta el fenómeno de la intermediación laboral. Por lo expuesto y fundado, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo; Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; Ley del Seguro Social; Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Artículo Primero.Se reforma el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados.

Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:

I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y

II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.

El patrón que utilice los servicios de trabajadores que le proporcione otro patrón, independientemente de la figura, forma o naturaleza jurídica que éste adopte, son responsables solidarios en las obligaciones contraídas con los trabajadores y en el cumplimiento de las establecidas en esta ley.

Artículo Segundo.Se reforman los artículos 2o., 3o. y 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o.Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio, independientemente de la relación formal que el trabajador hubiese celebrado con un tercero para la prestación de sus servicios.En el Poder Legislativo, los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación.

Artículo 3o.Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, de contrato celebrado con un tercero para prestar sus servicios en alguna de las dependencias e instituciones mencionadas en el artículo 1o. de esta ley, o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.

Artículo 12.Los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para extenderlo, de contrato celebrado con un tercero para prestar sus servicios en alguna de las dependencias e instituciones mencionadas en al artículo primero de esta leyo por estar incluidos en las listas de raya de los trabajadores temporales, para obra determinada o por tiempo fijo.

Artículo Tercero.Se reforma el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, la relación de trabajo se entiende establecida entre las instituciones y los trabajadores a su servicio, con independencia de que esta relación se establezca por virtud de la celebración de un contrato entre la institución y un tercero,quienes desempeñarán sus labores en virtud de nombramiento.

Artículo Cuarto.Se reforma el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 15. Los patrones están obligados a

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, con independencia de que el trabajador tenga celebrado un contrato con un tercero en virtud del cual se origina la relación de trabajo,comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles;

...

...

Artículo Quinto.Se reforma el artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

...

...

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley que presten sus servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común o por virtud de un contrato celebrado por las dependencias o entidades con un tercero,que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

Artículo Sexto.Se reforma el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 29.Son obligaciones de los patrones

I. Proceder a inscribir a sus trabajadores en el instituto y dar los avisos a que se refiere el artículo 31 de esta ley, con independencia de que la relación laboral tenga como origen un acto contractual celebrado entre el patrón y un tercero, sea persona física o moral;

...

Artículo Transitorio

Único. Las presentes modificaciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011.— Diputados: Jaime Fernando Cárdenas Gracia, María Dina Herrera Soto, Rosalina Mazari Espín (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Cárdenas. Como ha solicitado se hará, y se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social y Vivienda, para dictamen.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia:Diputado presidente, me retiro a la sesión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, señor diputado. Se le concede permiso al diputado Cárdenas para retirarse a sesionar en la Comisión de Radio y Televisión. Gracias por su apego al Reglamento, señor diputado.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y siguiendo el viejo principio de una más, la última iniciativa de este día la presenta el diputado Luis Carlos Campos Villegas, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El diputado Luis Carlos Campos Villegas:Con su permiso, señor presidente. En México la pobreza subió de 31.7 por ciento en 2006 a 34.8 por ciento en 2008. Esto significa que de 2006 a 2008, por primera vez en los últimos 10 años, el número de personas en pobreza alimentaria, el equivalente a la pobreza extrema para el Banco Mundial, creció y pasó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento de la población total del país. Conforme a los datos del último censo de 2010 la tendencia se conserva.

La pobreza, el atraso y la marginación de amplios sectores del pueblo mexicano es una realidad que lacera y lastima la conciencia colectiva de nuestra nación, generando profundos resentimientos y confrontaciones sociales que ponen en riesgo la estabilidad política del país.

Es impostergable reducir los niveles de pobreza y también es necesario perfeccionar la coordinación institucional. La adecuada coordinación para la ejecución del gasto público en materia de combate a la pobreza está condicionada por la elaboración de reglas de operación claras y sencillas para la población en general.

El análisis de la elaboración de las reglas de operación nos permite concluir que son poco inteligibles, hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos para obtener los apoyos y beneficios pretendidos por las políticas sociales orientadas al combate a la pobreza.

Los requisitos, formularios a llenar y los trámites a realizar, son tan abundantes que los potenciales beneficiarios de estos programas con frecuencia no logran cumplirlos y pierden la oportunidad de recibir los beneficios que en justicia les corresponden.

En consecuencia, es necesario que el gobierno federal elabore reglas de operación, sencillas y flexibles, en la aplicación de los programas sociales para el combate a la pobreza. Es necesario establecer mejoras regulatorias que se traduzcan en procedimientos simplificados con mecanismos acordes al nivel cultural y social de los grupos más vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y de alta y muy alta marginación social.

Es por ello que se considera necesario adicionar a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 69-E, fracción I, un segundo párrafo en el que se establezca que en el diseño e implementación de mejoras regulatorias para las reglas de operación de las políticas públicas orientadas a generar el bienestar social, el empleo y la integración nacional de la población indígena, rural y en situación de pobreza, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, se procure que la normatividad sea clara, sencilla, sensible y de ágil aplicación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 69-E, fracción I, se agrega un segundo párrafo. Las reglas de operación de los programas sociales para el combate a la pobreza serán claras, sencillas y de ágil aplicación, para que sus beneficios lleguen a los más necesitados.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señor presidente, le pido respetuosamente que se agregue íntegra al Diario de los Debates la iniciativa presentada, en virtud de que solamente he señalado una síntesis de la misma. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Luis Carlos Campos Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en losartículos 76 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados , somete a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La crisis financiera internacional originada en Estados Unidos tuvo una dimensión global, afectó a prácticamente todas las economías desarrolladas o en vías de desarrollo del mundo.

En México, los impulsos o shocks que produjeron las fluctuaciones del ciclo económico durante el 2009 provienen de la recesión de la economía de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la fuente principal de la mayor proporción de inversión extranjera directa que ingresa a nuestro país y el más importante receptor de trabajadores mexicanos que migran hacia otros países para buscar mejores condiciones de vida. Adicionalmente, durante el 2009 nuestro país tuvo dos shocks de oferta: la epidemia de la influenza y la reducción en los precios mundiales del petróleo, principal materia prima de exportación, que deterioró nuestros términos de intercambio, situación que se agravó con la caída de la producción interna de hidrocarburos.

Como consecuencia de la crisis financiera internacional y de los dos shocks de oferta, nuestra economía estuvo en recesión del cuarto trimestre del 2008 al segundo trimestre del 2009, periodo en que registró tres trimestres consecutivos con tasas de crecimiento reales negativas, el PIB pasó del -1.6 por ciento al -10.1 por ciento. Sin embargo, la caída de la actividad económica se detuvo hasta el primer trimestre del 2010.

En promedio, del cuarto trimestre de 2008 al cuarto trimestre del 2009, la economía nacional registró tasas de crecimiento reales negativas de 5.02 por ciento, escenario que incrementó la tasa de desempleo, ensanchó la economía informal, elevó los indicadores de inseguridad y sobre todo, elevó los niveles de pobreza en nuestro país.

De acuerdo con el panorama social de América Latina 2010, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lapobreza y la indigencia en América Latina cayeron en el año 2010 debido a la recuperación económica registrada en la mayoría de los países de la región. Las proyecciones realizadas por este organismo multilateral señalan que la pobreza y la indigencia disminuirán 1 y 0.4 por ciento en relación a 2009 en toda la región. Estiman que 32.1 por ciento de los habitantes latinoamericanos permanecerán en situación de pobreza y 12.9 por ciento en indigencia, lo que representa 180 millones de pobres, de los cuales, 72 millones estarían en situación de indigencia.

Agregan que en la mayor parte de los países estudiados en el informe, la pobreza bajó. Por ejemplo, de 2008 a 2009 descendió en Brasil (de 25.8 a 24.9 por ciento), en Paraguay (de 58.2 a 56.0 por ciento), en República Dominicana (de 44.3 a 41.1 por ciento), en Uruguay (de 14 a 10.7 por ciento). En México la pobreza subió (de 31.7 en 2006 a 34.8 por ciento en 2008).

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México (Coneval), informó que en el año 2006, 13.8 millones de mexicanos estaban en situación de pobreza alimentaria, en el 2008 esta población se incrementó a 18.2 millones de personas. Esto significa que del 2006 al 2008, por primera vez en los últimos 10 años, el número de personas en pobreza alimentaria, el equivalente a la pobreza extrema para el Banco Mundial, creció y pasó de 13.8 a 18.2 por ciento de la población total del país.

La pobreza, el atraso y la marginación de amplios sectores del pueblo mexicano es una realidad que lacera y lastima la conciencia colectiva de nuestra nación, generando profundos resentimientos y confrontaciones sociales que ponen en riesgo la estabilidad política del país.

El Banco Mundial asegura que en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos pobres producto de la crisis mundial del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. Así, el número de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria (extrema) podría ser, de acuerdo con esa información, de 22.3 millones.

Explicar el incremento de la pobreza en México resulta paradójico, aumenta en los años en que más gasto público se ha destinado para combatirla, con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos afirmar que en el 2006 se destinaron 141 mil 531 millones de pesos para su combate; en el año 2010 se ejercieron para este objetivo 281 mil 073 millones de pesos, en cinco años este presupuesto se duplicó.

El Coneval, junto con otros especialistas, reconocen que la estrategia más sólida para superar en forma definitiva la pobreza pasa necesariamente por el crecimiento económico acompañado de una justa distribución de la riqueza, la creación de empleos bien remunerados, el impulso de una política social que garantice una buena educación, salud y vivienda.

Independientemente de estas medidas necesarias para reducir los niveles de pobreza en nuestro país, también es necesario perfeccionar la coordinación inter e intra institucional.

La coordinación inter institucional se requiere, porque son múltiples las dependencias de la administración pública federal las responsables de ejecutar los programas sociales para el combate a la pobreza, en la actualidad, destacan por su importancia la Secretaría de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca; Comunicaciones y Transportes; Economía; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Desarrollo Social; entre otras.

La coordinación intra institucional es necesaria porque la política de combate a la pobreza es diseñada y ejecutada en la esfera de Ejecutivo federal, aunque la aprobación del gasto para sus diferentes programas presupuestarios es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, órgano del Poder Legislativo federal.

La adecuada coordinación inter e intra institucional para la ejecución del gasto público en materia de combate a la pobreza, está condicionada por la elaboración de reglas de operación sencillas e inteligibles para la población en general. Esta es una facultad y obligación del Ejecutivo federal.

El análisis de la elaboración de las reglas de operación nos permite concluir que son poco inteligibles, hacen nugatorio el derecho de los ciudadanos para obtener los apoyos y beneficios pretendidos por las políticas sociales orientadas al combate a la pobreza. Los requisitos, formularios a llenar y los trámites a realizar son tan abundantes que los potenciales beneficiarios de estos programas con frecuencia renuncian a sus beneficios.

En consecuencia es necesario que el gobierno federal elabore reglas de operación sencillas y flexibles en la aplicación de los programas sociales para el combate a la pobreza. Esta demanda ha sido recurrente, porque es necesario que su comprensión sea universal. No debemos perder de vista que la sociedad mexicana está conformada por un mosaico plural, con niveles de escolaridad verdaderamente heterogéneos.

Es necesario establecer mejoras regulatorias que se traduzcan en procedimientos simplificados, con mecanismos acordes al nivel cultural y social de los grupos mas vulnerables que se encuentran en situación de pobreza, y de alta y muy alta marginación social.

Es por ello, que se considera necesario adicionar a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 69-E, fracción I, un segundo párrafo en el que se establezca que en el diseño e implementación de mejoras regulatorias para las reglas de operación de las políticas públicas orientadas a generar el bienestar social, el empleo y la integración nacional de la población indígena, rural y en situación de pobreza, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, se procure que la normatividad sea clara sencilla, sensible y de ágil aplicación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71; fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 76 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 69-E de Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue.

Artículo 69-E.-La Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, promoverá la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Para ello, la comisión contará con autonomía técnica y operativa y tendrá las siguientes atribuciones:

Fracción I. Revisar el marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al titular del Ejecutivo federal, proyectos de disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.

Las reglas de operación de los programas sociales para el combate a la pobreza serán, claras, sencillas y de ágil aplicación, para que sus beneficios lleguen  los más necesitados.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2011.— Diputados: Luis Carlos Campos Villegas, Hugo Héctor Martínez González, Josefina Rodarte Ayala, Rolando Bojórquez Gutiérrez, Jesús María Rodríguez Hernández, Diana Patricia González Soto, Elsa María Martínez Peña (rúbricas).»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con mucho gusto se hará como lo solicita y será inserta íntegra en el Diario de los Debates de esta Cámara. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna para su trámite, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno respectivo en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de aquellas que por escrito fueron retiradas para su inclusión en la próxima sesión.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del miércoles 23 de marzo de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2011.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1.Que reforma los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Agustín Guerrero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

2.Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

3.Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para dictamen.

4.Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Estela Durán Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1.Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, realice una evaluación exhaustiva, sobre la integración, operación y eficacia del RENAUT, conforme a las disposiciones establecidas por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que participen la Segob, la SSP, la PGR, la Cofetel, el Renapo, las empresas concesionarias del servicio de telefonía móvil y la SCT, a cargo del diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones.

Turno: Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

2.Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de San Luis Potosí, obligue a la empresa denominada Concesionaria de Infraestructura de San Luis Potosí, S.A. de C.V. a dar cumplimiento con la conservación y el mantenimiento de la Supercarretera Central San Luis Potosí-Río Verde, a cargo del diputado Sergio Gama Dufour, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: El primer resolutivo a la Comisión de Comunicaciones y el segundo resolutivo a la Comisión de Economía, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo por el que se instruye a la ASF, rea-lice una auditoría financiera a los recursos públicos entregados al gobierno del estado de Guerrero en materia educativa, del año 2005 al 2010, para comprobar si su aplicación correspondió a los lineamientos y disposiciones normativas aplicables, garantizando la aplicación de las sanciones que, en su caso, legalmente procedan a los funcionarios responsables de aplicar dichos recursos, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

4.Con punto de acuerdo para que esta Soberanía emita un Pronunciamiento que reconozca la labor de la PGJ y del Poder Judicial del estado de Chiapas, al lograr que se dictara la primera sentencia condenatoria por el delito de Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe con los asuntos en cartera, señora secretaria.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado:Diputado presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (a las 17:19 horas): Agradeciendo a los señores diputados que nos han acompañado hasta el final de esta sesión, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves, 24 de marzo de 2011, a las 10 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 de la mañana. Gracias, señores diputados y diputadas.

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RESUMEN DE ACTIVIDADES • Tiempo de duración: 5 hora 28 minutos • Quórum a la  apertura de sesión: 322 diputados • Asistencia al cierre de registro:  410 diputados • Minutos de silencio: 2 • Diputados que solicitan licencia: 2 • Oradores que participaron: 85 PRI                                              27PAN                                             24PRD                                     9PVEM                                            3PT                                                   18Convergencia                       2Nueva Alianza                               1Diputado Independiente                1 Se recibió o presentó: • 1 comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la que comunica modificación de turno de tres iniciativas con proyectos de decreto; • 1 comunicación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la que informa turnar nuevamente, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, tres iniciativas a las comisiones correspondientes para que corra el término reglamentario de presentar dictamen; • 3 oficios de la Junta de Coordinación Política por los que se comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Hacienda y Crédito Público; Régimen, Reglamentos y Prácticas; Comunicaciones; Trabajo y Previsión Social; Fomento Cooperativo y Economía Social; Juventud y Deporte; Comité de Administración, del Consejo Editorial; y del Grupo de Trabajo para analizar la viabilidad de la acción jurídica a emprender con relación al decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro; • 1 oficio del Gobierno del Distrito Federal con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados; • 1 oficio del Congreso del estado de Hidalgo con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 1 oficio de la Secretaría de Desarrollo Social con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente; • 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe anual sobre las tres concesiones vigentes que el gobierno federal ha otorgado a particulares para el uso y aprovechamiento de inmuebles federales; • 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que el mes de febrero de 2011 el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras locales competentes únicamente dio destino a mercancía perecedera; • 1 oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que ocho ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente; • Proyecto de resolución de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con acuerdo relativo a la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero y reforma los artículos 1; 3; 11; 15; 18, 29; 33, 89; 97; 102; y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos; • 9 iniciativas del PRI; • 2 iniciativas del PAN; • 1 iniciativa del PRD; • 1 iniciativa del PVEM; • 5 iniciativas del PT; • 1 iniciativa de Convergencia; • 1 iniciativa de Nueva Alianza; • 1 iniciativa de Diputado Independiente; • 4 proposiciones con puntos de acuerdo Declaratoria de publicidad de dictamen: • 1 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Dictámenes aprobados: • 1 de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; • 1 de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; • 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Ley que aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución; • 1 de la Comisión de Derechos Humanos, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante ese órgano legislativo al comisionado del Instituto Nacional de Migración; • 1 de la Comisión de la Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a elaborar con las dependencias gubernamentales e instituciones educativas los planes de desarrollo ejidal y comunal de los núcleos agrarios; • 1 de la Comisión de la Reforma Agraria, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Reforma Agraria a emitir y poner en marcha con la mayor brevedad una política que oriente el desarrollo agrario y el ordenamiento territorial; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo a fin de que por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil se establezcan procedimientos de regulación de las tarifas aéreas en el mercado nacional; y se exhorta al titular de dicha dependencia a realizar acciones e implantar medidas para prevenir que las líneas aéreas comerciales apliquen sobreprecios con motivo de las dificultades económicas de la empresa Mexicana de Aviación y sus filiales; • 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar y operar por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la ampliación con cobertura nacional del proyecto estratégico de agricultura protegida; • 1 de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear una comisión de la niñez, adolescencia y familias; • 1 de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar acciones para que los proveedores de telefonía móvil digital atiendan y solucionen el caso de comunidades rurales del país; • 1 de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a dar respuesta cabal a la solicitud de permiso de transmisión de Radio Universidad; • 1 de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a informar sobre los acuerdos alcanzados en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a autoridades federales y estatales a investigar y dar seguimiento, según su ámbito de competencia, respecto a las denuncias presentadas por connacionales tras robos sufridos en carreteras federales en las festividades navideñas; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional a verificar la constitución, organización y operación de las empresas de traslado de valores, particularmente de Servicio Panamericano de Protección, SA de CV; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a remitir un informe detallado con los resultados y las acciones reportados a la fecha por instituciones, autoridades de los tres órdenes de gobierno y demás actores involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar gestiones a fin de donar una porción del predio que ocupa el almacén Zona Norte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, en Tequexquináhuac, para construir una escuela secundaria; • 1 de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar el Reglamento del Artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, referente al envío de paquetería y mensajería; • 1 de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a dependencias de la administración pública federal a reforzar el cumplimiento de la normativa en materia de actividades pesqueras que embarcaciones extranjeras realizan en los límites territoriales de la zona de Ensenada, Baja California; • 1 de la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a dependencias de la administración pública federal a considerar a los pescadores ribereños o asociados en cooperativas de los 17 estados de la república que cuentan con litoral en el Programa de Empleo Temporal en épocas de veda y desastres naturales; • 1 de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a la Procuraduría General de la República, den seguimiento a las investigaciones que existen en relación a crímenes en contra de periodistas; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al del Distrito Federal a considerar la permanencia del personal operativo de sus centros de captura y de sus unidades de análisis de la información en la Plataforma México; • 1 de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a informar sobre el cumplimiento que la federación, los estados y los municipios dan al artículo 84 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incorporación de un sistema de seguros que considere el fallecimiento y la incapacidad total o permanente de elementos de seguridad acaecidos en el cumplimiento de sus funciones; • 1 de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a sus delegaciones estatales, al Senasica y a los organismos auxiliares de sanidad vegetal a observar y hacer cumplir el acuerdo por el que se dan a conocer las medidas fitosanitarias por aplicar para el control de la plaga huanglogbing y su vector a cítricos