Comisión Permanente
Correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de EjercicioSUMARIO
Oficio de la Cámara de Diputados por el que remite el expediente y las aprobaciones de los Congresos de los estados a la minuta que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o; y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Secretaría realiza el cómputo correspondiente y da fe de la recepción de 22 votos aprobatorios a la minuta referida
El Presidente declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o; y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
El Presidente designa comisión que acompañe al ciudadano Marcos Fastlicht Sacker, designado por la Cámara de Senadores, como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el acto de rendir protesta de ley
Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite oficio del almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual informa sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios navales “Unitas LII Fase Atlántica” y “Panamax 2011”, que se llevaron a cabo del 15 de abril al 11 de mayo de 2011, en aguas de jurisdicción brasileña, y del 15 al 26 de agosto de 2011, en aguas de jurisdicción panameña, respectivamente. Se remite a la Cámara de Senadores
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación por el que solicita los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo
Cinco oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite las propuestas del Presidente de la República para los nombramientos de los ciudadanos: Ricardo Villanueva Hallal, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Polonia; Juan Alfredo Miranda Ortiz, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas Djibouti y Democrática del Congo; Francisco Javier Alonso Escobar, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Emiratos Arabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq; Marco Antonio García Blanco, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Brukina Faso y las República de Berlín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona; y Gerardo Lozano Arredondo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Jamaica y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica. Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo
Oficio del Gobierno del Distrito Federal, con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 20 de octubre del 2011, por el que se exhorta al Presidente de la República a implantar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación en el país, así como a promover la igualdad de oportunidades. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Dos oficios Gobierno del Distrito Federal, con los que se remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 8 de noviembre del 2011, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales, y a los gobiernos municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipymes; así como al titular de la Secretaría de Economía para que dé cuenta a la opinión pública acerca de los convenios celebrados con las entidades federativas y los municipios para la consecución de los objetivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se remiten a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Oficio Gobierno del Distrito Federal, con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de septiembre del 2011, por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 23 de noviembre del 2011, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solicitar por la Secretaría de Relaciones Exteriores que la Embajada en Estados Unidos inicie las negociaciones conducentes a efecto de establecer una oficina consular en Mexicali, Baja California. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 23 de noviembre del 2011, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dirigirse por los medios diplomáticos adecuados ante el Congreso de Estados Unidos de América a efecto de que, en respeto de las leyes de ese país y de los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para facilitar la legalización de los niños y los jóvenes indocumentados que viven en ese país. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre del 2011, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de Oaxaca y de Chiapas a realizar acciones coordinadas para realizar todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver, a la brevedad, el conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de Los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas. Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Catorce oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a los siguientes puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores, relativos a:
Bases jurídicas para proporcionar información, en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, al gobierno de Estados Unidos de América
Los actos de daño, captura, trafico, privación de la vida a algún ejemplar de la tortuga marina
Tráfico ilícito de ejemplares de vida silvestre, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos
Acciones para el fortalecimiento de la equidad de género
La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales
La difusión de los proyectos productivos dirigidos a las mujeres, en los medios de comunicación masivos
La inclusión de la perspectiva de género en los programas federales
La incorporación del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, al Programa Pueblos Mágicos
Al Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas
La siembra de maíz genéticamente modificado en fase piloto, en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas
Proyectos de exploración y explotación de minerales dentro del territorio nacional
Protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual
Derrame de hidrocarburo en Playa del Niño, Cancún, en Quintana Roo, ocurrido el 26 de julio de 2010
Impulsar una agenda de colaboración en la undécima reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala
Se remiten a la Cámara de Senadores
Oficio de la Cámara de Senadores. Proyecto de Presupuesto de Dieta, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores, para el mes de febrero de 2012. Aprobado
Oficio del Congreso del estado de Chihuahua con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción VI Bis al artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Oficio del Congreso del estado de Durango, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 fracción II Bis, del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, con el propósito de tutelar de manera efectiva la gratuidad de los servicios de salud para los niños que lo necesiten otorgándoles certeza jurídica y las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la protección de la salud. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso de funcionamiento de la operación de establecimientos, frente a potenciales riesgos a la salud ocasionados por el uso y consumo de, entre otros, alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos de perfumería, belleza y aseo, así como de otros productos y sustancias. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal, respecto a cubrir cuotas educativas en el sistema educativo nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, para establecer mayores garantías en favor de los titulares del derecho de preferencia en materia de enajenación de derechos parcelarios. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del diputado Jaime Alvarez Cisneros, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, sobre la utilización de la energía hidráulica. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del senador Manuel Velasco Coello, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para contemplar la imposición de sanciones económicas y administrativas para los infractores, ya sean éstos personas de carácter público o privado, ante la discriminación de las personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores
Se recibe de la diputada Lorena Corona Valdés, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales que se recaben. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe de la diputada Lorena Corona Valdés, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación, para que los jóvenes puedan acceder a una educación que les garantice la adquisición de conocimientos útiles y competitivos para su desarrollo personal y laboral. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del diputado Alejandro Carabias Icaza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que la facturación del suministro de electricidad tenga periodicidad mensual en todos los casos, a fin de fomentar el ahorro energético. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe de la diputada Oralia López Hernández, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 314 y 327 de la Ley General de Salud, para que la técnica en materia de criopreservación de células germinales se establezca como una base de referencia para el desarrollo y aplicación de estas técnicas en México, en el combate a la infertlidad. Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen
Se recibe del senador Ricardo Monreal Avila, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 84, fracción I y II, 84 Bis, 85, 85 Bis y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con relación al tráfico ilícito de armas y municiones. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores
El senador Juan Bueno Torio presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 y deroga el artículo 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, para sancionar aquellas prácticas comerciales anticompetitivas y las lleve a cabo o no un agente monopólico
Desde su curul el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, se adhiere a la iniciativa
Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72 y 83 Bis, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación pueda imponer sanciones a los servidores públicos que cometan actos de discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su dictamen
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez presenta iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias y abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, para promover y regular la instrumentación de esquemas de fomento del desarrollo integral en beneficio de los trabajadores y sus familias, promoviendo una alimentación adecuada, una activación física y actividades culturales o de capacitación, como estrategia de prevención de las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores
El senador Ricardo Monreal Avila presenta iniciativa, previamente turnada, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 84, fracción I y II, 84 Bis, 85, 85 Bis y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con relación al tráfico ilícito de armas y municiones. Se ratifica el turno a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores
Primera lectura a dictamen de la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede permiso que el ciudadano Egbert Kuiper Broekhoven pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de los Países Bajos en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas
Primera lectura a dictamen de la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede permiso a 10 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente
Primera lectura a dictamen de la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede permiso a dos ciudadanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros, respectivamente
Primera lectura a dictamen de la Primera Comisión de Trabajo con proyecto de decreto que concede permiso a 2 ciudadanos puedan prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente
Se dispensa la segunda lectura a los anteriores cuatro dictámenes. Aprobados, pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral para que mantengan vigentes las credenciales denominadas “03” para las elecciones de 2012, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y de otras catorce personas, cometido el 30 de octubre de 2009 en Cajeme, Sonora, a proposición presentada en la sesión del día 4 del presente mes
Discusión de dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado tanto por autoridades municipales y comunales como por núcleos agrarios de Oaxaca y Chiapas, a proposición presentada en la sesión del día 4 del presente mes
Discusión de dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación; de la Procuraduría General de la República; y de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para que expliquen la probable participación y subordinación existente entre ex trabajadores y trabajadores del gobierno federal con las agencias estadounidenses antidrogas, y de alcohol, tabaco y armas de fuego, así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativo a la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a proposición presentada en la sesión del día 4 del presente mes
Se aprueban los anteriores cinco dictámenes. Comuníquense
Discusión de dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011. Aprobado, comuníquese
Discusión de dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a las instituciones de Banca Múltiple que incrementen las medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación investigue el caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que adicione a los municipios de Tapachula, Huitla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, de Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad ante el pleno de la Comisión Permanente, para que explique los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el pleno de la Comisión Permanente, para que explique la situación actual de la deuda pública federal y de los estados, a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2011
Discusión de dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos, a proposición presentada en la sesión del día 4 del presente mes
Se aprueban cinco dictámenes presentados. Comuníquense
En la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que adicione a los municipios de Tapachula, Huitla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, de Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, interviene la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero
Suficientemente discutido, es aprobado. Comuníquese
En la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República a trabajar de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Desaparecidos, Extraviados o Sustraídos y la puesta en marcha del Programa Alerta Amber México, a proposición presentada en la sesión del día 4 del presente mes
Intervienen los legisladores:
Diputado Arturo Zamora Jiménez
Senadora Adriana González Carrillo
Suficientemente discutido , es aprobado. Comuníquese
Se recibe de la senadora María del Socorro García Quiroz, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Programa Seguro Popular. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solucione los asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y su Hospital Universitario, infraestructura carretera y otras obras. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro y su impacto en los ahorros para los trabajadores. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe de la diputada María Isabel Merlo Talavera, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012 como el Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862. Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe de la diputada Josefina Rodarte Ayala, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que implemente los instrumentos necesarios y privilegiar la compra de algodón nacional y las importaciones de este producto sean para complementar y garantizar el abasto nacional y no para competir de forma desleal con productores nacionales. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe del diputado José Luis Velasco Lino, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos para que explique los motivos del fracaso de la negociación con la asociación española Repsol. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información respecto de las negativas predicciones para la economía mexicana en el año 2012. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del diputado Carlos Flores Rico, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe de la diputada Sofía Castro Ríos, proposición con punto de acuerdo el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a modificar en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas las reglas de operación o definir lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a fin de operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe de los diputados Alfredo Villegas Arreola y Miguel Angel García Granados, proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y a dejar sin efecto la resolución del anteproyecto y, en su caso, proyecto “Declaratoria por la que se regula el uso de la marca Agave en tequila, mezcal y bacanora”. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe del diputado Adolfo Toledo Infanzón, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública federales, así como a los comisionados del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 115 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de la senadora María Elena Orantes López, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, su intervención conjuntamente con el presidente de Guatemala, relativo a las 90 familias que fueron desalojadas en el municipio de Tenosique, Tabasco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de la senadora Lucila del Carmen Gallegos Camarena, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente, garantizando la participación de padres de familia y la prohibición de la venta de alimentos sin aporte nutrimental o que favorezca la obesidad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe del diputado Nazario Norberto Sánchez, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno federal a supervisar el actuar de la Comisión Federal de Electricidad en los cobros de luz por la temporada de invierno. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del diputado Vidal Llerenas Morales, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno federal a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe del diputado Vidal Llerenas Morales, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos para que informe sobre la situación y relación con la petrolera española Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso. Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, a cumplir con el Pacto de Huaxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, así como solicitarle a la Secretaría de Economía informe sobre las concesiones a empresas mineras en ese territorio sagrado de Wirikuta. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Julio César Aguirre Méndez, proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto entre Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de la diputada Dolores de los Angeles Nazares Jerónimo, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la LIX Legislatura estatal. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de la diputada Dolores de los Angeles Nazares Jerónimo, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de la diputada Dolores de los Angeles Nazares Jerónimo, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales a tipificar el delito de feminicidio. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de los senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, proposición con punto de acuerdo relativo a los abusos de las casas de empeño en materia de tasas de interés y cotización prendaria. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar una política de emergencia para la creación masiva de empleos dignos y que ponga en marcha un seguro de desempleo a nivel nacional. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Javier Orozco Gómez, proposición con punto de acuerdo relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Jorge Legorreta Ordorica, proposición con punto de acuerdo relativo al cierre del relleno sanitario denominado Bordo Poniente. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Arturo Escobar y Vega, proposición con punto de acuerdo relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo federal y por la Procuraduría General de la República, vinculada a la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante el año 2011. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Ericel Gómez Nucamendi, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover y otorgar apoyos económicos para la Cadena Productiva Café Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Ericel Gómez Nucamendi, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que instruya a la Secretaría de Educación Pública para que realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores
Se recibe de los senadores Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del estado de Colima para que retire la publicidad del gobierno del estado donde se promueve la imagen y nombre de su gobernador. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe sobre la aplicación de recursos obtenidos por conceptos de exportaciones petroleras a lo largo del actual sexenio, particularmente en el ejercicio fiscal recién concluido. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos y funcionarios de la paraestatal para que informen sobre el acuerdo de accionistas con la empresa Sacyr Vallehermoso. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe del senador Adolfo Toledo Infanzón, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a diseñar e implantar por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público medidas que apoyen de inmediato al campo mexicano a fin de contrarrestar la crisis agroalimentaria que vive el país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe de diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Comunicaciones y de Transportes, y a Petróleos Mexicanos, información sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Se recibe de la senadora María del Socorro García Quiroz, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que realice acciones conducentes que permitan contar con una cobertura de vacunación que combata la influenza, la tosferina y el papiloma humano. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se recibe de los senadores Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, proposición con punto de acuerdo relativo a la defensa de la economía familiar frente a la denominada cuesta de enero. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Se rectifica el trámite a la proposición con punto de acuerdo de la diputada Sofía Castro Ríos, que exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a modificar en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas . Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía sobre el estatus actual que guardan las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz. Se considera de urgente resolución
A discusión intervienen los legisladores:
Diputado César Augusto Santiago Ramírez
Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, desde su curul
Diputado Gustavo González Hernández
Senador José Luis Máximo García Zalvidea
Diputado Oscar González Yáñez, desde su curul
Se considera suficientemente discutida la proposición. Aprobada, comuníquese
El senador Luis Alberto Villarreal García, desde su curul solicita dar trámite a proposición con punto de acuerdo el que la Comisión Permanente saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a publicar oportunamente los mecanismos de distribución de los recursos del Programa “Becas para la Educación Superior y la expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen
Se recibe del senador Ricardo Monreal Avila, proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez presenta proposición con punto de acuerdo por el que se propone reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y fomenten su competitividad. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
La senadora Adriana González Carrillo presenta proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México. Se considera de urgente resolución
Desde su curul el senador Adolfo Toledo Infanzón, realiza adición
La senadora Adriana González Carrillo, desde su curul la acepta
Se aprueba la proposición con el agregado. Comuníquese
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico
Se solicita la votación para considerar de urgente resolución
Desde sus curules intervienen los legisladores:
Senador Jesús Garibay García, realiza moción de procedimiento
Diputado Arturo García Portillo
Senador Juan Bueno Torio
Realiza la votación no se considera de urgente u obvia resolución, se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Comunicación del diputado Uriel López Paredes con la que solicita licencia para separarse de su cargo como diputado por el IX distrito del estado de Michoacán.
A discusión interviene el senador Jesús Garibay García
Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados
Se recibe del Grupo de Trabajo de seguimiento de los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y un trabajador de una gasolinera, informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero
ASISTENCIA
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pido a la Secretaría pasar lista de asistencia.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:(Pase de lista) ¿Falta alguna legisladora o algún legislador de pasar lista? Senador Aguirre, adelante. ¿Falta alguna senadora o algún senador de pasar lista? Señor presidente, hay un total de 27 legisladoras y legisladores; hay quórum.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (a las 11:42 horas): Se abre la sesión
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer receso.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 11 de enero de 2012
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Proyecto de declaratoria de reforma constitucional
Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto, que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la Fracción II y la Fracción V del artículo 3o.; y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Protesta del ciudadano Marcos Fastlicht Sacker
Como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el informe de los resultados de la participación de la Armada de México, en los Ejercicios Navales “Unitas LII Fase Atlántica” y “Panamax-2011”.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Augusto Moisés García Ochoa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Zadalina González y Reynero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el Gobierno de la República de Costa Rica. (Turno a Comisión)
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Librado Vázquez Flores, pueda aceptar y usar la Condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortíz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía, y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona. (Turno a Comisión)
Por el que comunica que el Presidente de la República, nombró al ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica. (Turno a Comisión)
Siete, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Catorce, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de 2012. (Votación)
Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua
Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Artículo 13 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso del Estado de Durango
Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Iniciativa del Congreso del Estado de Quintana Roo
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis del Código Penal Federal. (Turno a Comisión)
De ciudadanos legisladores
Del diputado Uriel López Paredes.
Iniciativas
Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del aviso de funcionamiento, suscrita por el diputado Heladio Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 1° de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, suscrita por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 314 y 327 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 10 y deroga el artículo 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 72 y 83 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que crea la Ley para el Fomento de Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias y abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión:
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Egbert Kuiper Broekhoven, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de los Países Bajos en la Ciudad de Monterrey, con Circunscripción Consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Teresa Kari Verthein Garnica, Miguel Ángel Vázquez Gómez, Edwin Bautista Estrada, Juan Alfonso López Verdiguel, Cristina Cruz Lobato, José Reyes Hernández González, Bertha Julia Villarino Aguilera, Jesús Gabriel Zárate Hernández, Lorenzo Sarro Marín, y Miriam Adriana Murguía Labardini, puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Dinamarca, y Polonia, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez Chihuahua.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: José de Jesús Franco López y Óscar Cruz Barney, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa, y al Mérito en el Servicio a la Abogacía, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Consejo General de la Abogacía Española.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Ricardo Franco Guzmán y César Antonio Prieto Palma, para prestar servicios como Asesores Jurídicos en la Embajada de la República de Angola, en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión:
Con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal Electoral, mantenga vigentes las credenciales denominadas “03”, para las elecciones del 2012.
Con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República, atraiga la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras catorce personas, cometido en Cajeme, Sonora.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a dar seguimiento al Acuerdo de distención integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los Chimalapas.
Con puntos de acuerdo relativos al registro nacional de niñas, niños y adolescentes y el programa de Alerta Amber México.
Con puntos de acuerdo relativos a la participación y subordinación que existe entre ex funcionarios y funcionarios del Gobierno Federal con agencias estadounidenses.
Con puntos de acuerdo relativos a la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Segunda Comisión:
Con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y al Consejo Nacional Contra las Adicciones, se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar.
De la Tercera Comisión:
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exijan a las instituciones de banca múltiple implementar mayores medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos.
Con puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Sagarpa, investigue el caso de corrupción en el que están involucrados cuatro altos funcionarios del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.
Con punto de acuerdo relativo al Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte.
Con punto de acuerdo relativo a la situación de pagos que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía.
Con punto de acuerdo relativo a la situación actual de la deuda pública federal y de los estados.
Con puntos de acuerdo por los que solicita a la Financiera Rural intervenga para que los arroceros del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del Programa Seguro Popular, suscrito por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, solucione los asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y su Hospital Universitario, infraestructura carretera y otras obras, suscrito por el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Consar, explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afores y su impacto en los ahorros para los trabajadores, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año 2012 como el conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, suscrito por la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional, suscrito por la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del titular de Pemex, para que explique los motivos del fracaso de la negociación con la asociación española Repsol, suscrito por el diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que solicita a Bancomex y a la SHCP, información respecto de las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche, suscrito por el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, se modifiquen las reglas de operación o definan lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el PEF 2012, suscrito por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo para que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para dejar sin efecto la resolución del anteproyecto y en su caso, proyecto denominado Declaratoria por la que se regula el uso de la marca Agave en Tequila, Mezcal y Bacanora, suscrito por los diputados Alfredo Villegas Arreola y Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y de la SSP, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco, suscrito por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, su intervención conjuntamente con el Presidente de Guatemala, a efecto de determinar las acciones conducentes para remediar la situación de las 90 familias de refugiados guatemaltecos que fueron desalojados la madrugada del 9 de enero en el municipio de Tenosique, Tabasco, suscrito por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares, garantizando la participación de padres de familia, suscrita por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a supervisar el actuar de la CFE en los cobros de luz por la temporada de invierno, suscrito por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior, suscrito por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Pemex, para que informe sobre la situación y relación con la Petrolera Española Repsol y la empresa SACYR-Vallehermoso, suscrito por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, implemente un programa emergente para los productores de frijol en el estado de Nayarit, suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a diversos gobernadores, a cumplir con el pacto de Huaxa Manaka para la preservación y desarrollo de la cultura Wixárika, y a la Secretaría de Economía, informe sobre las concesiones a empresas mineras en ese territorio, suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo relativo al conflicto entre el estado de Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales a tipificar el delito de Feminicidio, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo relativo a los abusos de las casas de empeño en materia de tasas de intereses y cotización prendaria, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una política de emergencia para la creación masiva de empleos dignos y ponga en marcha un seguro de desempleo a nivel nacional, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo relativo al cierre del relleno sanitario denominado Bordo Poniente, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo Relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo Federal y la PGR, vinculada a la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante el año 2011, suscrito por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
28. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, promueva y otorgue apoyos económicos para la cadena productiva Café Veracruz, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la SEP para que realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil, con el fin de que se mejore la calidad, la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SFP, a la SEP y a la PGR, información sobre el estatus actual de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada “Estela de Luz”, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el Presidente Barack Obama al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en los Estados Unidos de América, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP publique las los mecanismos de distribución de los recursos del programa Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, a cargo de los diputados Rodrigo Pérez Alonso González y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a respetar el derecho de todo ciudadano a denunciar actos contrarios a los derechos humanos, la dignidad de las personas y contra la legalidad, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima para que retire la publicidad del gobierno del estado donde se promueve la imagen y nombre de su Gobernador, a cargo de los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat y a la Profepa para que inspeccionen y evalúen la observación de las normas ambientales durante la operación de depósito de basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del Estado de México, e informen sus conclusiones, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se propone reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y fomentar su competitividad, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, informe sobre la aplicación de recursos obtenidos por conceptos de exportaciones petroleras a lo largo del actual sexenio, particularmente en el ejercicio fiscal recién concluido, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Francisco Hernández Juárez, Mario Di Costanzo Armenta y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Pemex y funcionarios de la paraestatal, para que informen sobre el acuerdo de accionistas con la empresa SACYR-Vallehermoso, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo relativo a la defensa de la economía familiar frente a la denominada cuesta de enero, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que la Sagarpa y la SHCP implementen medidas que apoyen al campo mexicano para su desarrollo e informen sobre las acciones que van a desplegarse en 2012 para el crecimiento del sector agrario y el aumento de los ingresos de los campesinos, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, a la SCT y a Pemex, información sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que realice acciones conducentes que permitan contar con una cobertura de vacunación que combata la influenza, tosferina y papiloma humano, suscrito por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)
Agenda política
Comentarios sobre la situación actual del campo mexicano, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles cuatro de enero de dos mil doce, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo
En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta y seis legisladores, a las once horas con treinta y cinco minutos del miércoles cuatro de enero de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.
A solicitud de los legisladores: diputado Armando Ríos Piter, y el senador Julio César Aguirre Méndez, ambos del Partido de la Revolución Democrática, se guarda un minuto de silencio en honor al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien era empleado en la gasolinera de Chilpancingo durante los hechos que ocurrieron el pasado doce de diciembre. El Presidente acepta e invita a la Asamblea a ponerse de pie.
En sendas votaciones económicas se dispensa la lectura al orden del día y el acta de la Sesión anterior, que de la misma forma se aprueban. Desde su curul realiza comentarios en relación con diversos temas legislativos el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.
Se da cuenta con comunicaciones oficiales:
a) De la Secretaría de Gobernación:
• Con el que remite las observaciones del Titular del Ejecutivo Federal al Decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato; Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
• Con el que remite las observaciones del Titular del Ejecutivo Federal al Decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la Economía. Se remite a la Cámara de Senadores.
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Egbert Kuiper Broekhoven, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de los Países Bajos en la Ciudad de Monterrey, con Circunscripción Consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Teresa Kari Verthein Garnica, Miguel Ángel Vázquez Gómez, Cristina Cruz Lobato y Bertha Julia Villarino Aguilera, puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Dinamarca, en México, y en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Edwin Bautista Estrada, Juan Alfonso López Verdiguel, José Reyes Hernández González, Lorenzo Sarro Marín, Miriam Adriana Murguía Labardini y Jesús Gabriel Zárate Hernández, puedan prestar servicios en las Embajadas de Estados Unidos de América y de Polonia, en México; y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano José de Jesús Franco López, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Óscar Cruz Barney, pueda aceptar y usar la Condecoración al Mérito en el Servicio a la Abogacía, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Consejo General de la Abogacía Española. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a mitigar los efectos derivados de la sequía. Se remite a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
• Siete, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.
b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
• Con el que remite, en ocho tomos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción sexta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turma a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, y se remite a la Dirección General del Centro de Documentación, Información y Análisis, para consulta de los ciudadanos diputados.
• Con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de dos mil once, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil diez, la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de dos mil once y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, por el periodo comprendido de enero a noviembre de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.
c) Solicitud Particular de los ciudadanos César Antonio Prieto Palma y Ricardo Franco Guzmán, por los que solicitan el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de Angola en México. Se turnan a la Primera Comisión.
d) Solicitudes de licencia de los legisladores:
• De la diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el Segundo Distrito Electoral del estado de San Luis Potosí, a partir del veintisiete de diciembre de dos mil once, hasta el veintiuno de febrero de dos mil doce. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
• Del diputado Sergio Gama Dufour, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Tercer Distrito Electoral del estado de San Luis Potosí, a partir del treinta de diciembre de dos mil once. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
• Del senador David Jiménez Rumbo, para separarse de sus funciones como senador de la República a la Sexagésima Primera Legislatura por el estado de Guerrero. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
e) Del senador Marko Antonio Cortés Mendoza, por el que comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del primero de enero del año en curso. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:
• Diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional:
– Que adiciona el artículo doscientos cuarenta y uno Bis a la Ley de Concursos Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para dictamen.
– Que adiciona la fracción vigésimo noveno-Q al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, y Joann Novoa Mossberger y Paz Gutiérrez Cortina, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen, y para opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
• Diputado Carlos Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional, que adiciona un párrafo segundo al artículo sesenta y cuatro de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Diputada Norma Sánchez Romero, del Partido Acción Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la Ley de Sociedades de Inversión, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática:
– Que reforma los artículos ciento tres Bis uno y ciento tres Bis tres de la Ley General de Salud, en materia de genoma humano. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
– Que reforma los artículos treinta y tres; y treinta y cuatro de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de atención médica integrada de carácter preventivo. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
– Que reforma el artículo ciento diez de la Ley del Seguro Social, en materia de atención médica integrada de carácter preventivo. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley Federal para el Rescate y Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y para opinión a las Comisiones de Salud, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, de la Cámara de Senadores.
Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:
• Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
• Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, que crea la Ley de Apoyo para el Servicio Social Remunerado. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y para opinión a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo diecisiete bis a la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores.
• Diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados, para dictamen.
Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:
• Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a evitar la circulación de unidades de carga doblemente articuladas en zonas habitacionales, comerciales y en el Centro Histórico de Puerto Vallarta, Jalisco. Se turna a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados.
• Diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a instaurar en el proceso electoral de dos mil doce, medidas que garanticen la equidad de género en el lenguaje y propaganda que el propio Instituto dirige a la ciudadanía. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
• Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados iniciar consultas con académicos y especialistas que aporten elementos que permitan aprobar de manera pronta la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal para que a través de sus dependencias rinda un informe detallado sobre el número de licitaciones otorgadas durante la presente administración para operar y construir tramos carreteros en el país, sobre los ingresos provenientes de las autopistas operadas y administradas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y sobre las condiciones laborales de sus empleados, de igual forma se creé una Comisión Especial encargada de investigar y vigilar las licitaciones otorgadas a empresas para la operación y construcción de tramos carreteros en México. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de la República atraiga la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras catorce personas, cometido en Cajeme, Sonora, el treinta de octubre de dos mil nueve. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reprueba el veto presidencial al Decreto para la creación de un Fondo Especial de Apoyo para la Atención de la Sequía, destinado a atender la grave situación que vive el campo mexicano debido a contingencias climáticas. El proponente declina de la presentación del punto de acuerdo ya que el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, quien tiene un punto de acuerdo inscrito en el mismo sentido, será quien lo presente una vez que se llegue al consenso en relación con las propuestas.
• Senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal de la República para que trabajen coordinadamente en el contexto de la elaboración de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos que pueda incorporarse al proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que autorice las erogaciones suficientes para constituir el Fondo de Contingencia Climatológica en apoyo a productores agrícolas del estado de Sinaloa y del resto del país que fueron afectados en el dos mil once. La proponente declina de la presentación del punto de acuerdo ya que está en espera de la propuesta que se está consensando al respecto con el diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
• Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que explique la situación que guarda la asignación otorgada a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como del estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con puntos de acuerdo a los legisladores:
• Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, declare nula la reciente elección a gobernador de dicha entidad e instruya la realización de nuevas elecciones. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo. Realizan comentarios con relación a la proposición los senadores Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.
• Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a nombre propio y del diputado Gerardo Sánchez García y suscrito por legisladores del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita a la Financiera Rural intervenga para que los arroceros del Municipio de Cuauhtémoc, S.P.R de R.L., del estado de Colima, cuenten con una prórroga para cubrir sus adeudos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a dar seguimiento al Acuerdo de distención integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los Chimalapas, firmado por autoridades municipales, comunales y núcleos agrarios de los estados de Oaxaca y Chiapas. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
• Senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su preocupación por la seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos y solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre la estrategia que el gobierno mexicano ha realizado para su protección. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores: senador Carlos Jiménez Macías, y la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, quien se suma a las expresiones del senador, ambos del Partido Revolucionario Institucional; diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; y senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma forma se aprueba el acuerdo. Comuníquese.
• Diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo, derivado de la aprobación del decreto para integrar un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por contingencias climáticas en diversas entidades del país. En votación económica se considera urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen los legisladores:
– En Contra el senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación de los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional; y Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
Presidencia del diputadoHeliodoro Carlos Díaz Escárraga
– En pro el diputado Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo
– En contra el senador Felipe González González, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación de los legisladores: diputados Beatriz Elena Paredes Rangel, y Gerardo Sánchez García, ambos del Partido Revolucionario Institucional; senador Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional; y diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.
– En pro el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional.
– En contra Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional.
– En pro el diputado Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática.
Se concede el uso de la palabra para responder alusiones personales a los diputados:
– Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los legisladores: senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; y diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, del Partido Revolucionario Institucional.
– Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelación de los legisladores: senadores Juan Bueno Torio, y Felipe González González, ambos del Partido Acción Nacional; diputados César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Oralia López Hernández, y Agustín Carlos Castilla Marroquín, ambos del Partido Acción Nacional.
Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos a los legisladores, diputado Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional; y senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional.
El Presidente hace aclaraciones, a las catorce horas con cincuenta y seis minutos declara un
Receso
A las quince horas con tres minutos se reanuda la sesión.
Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos a la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, acto seguido la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional, da lectura a las modificaciones a la proposición propuestas por diversos legisladores. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma forma se aprueba el acuerdo con las modificaciones propuestas aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.
El Presidente clausura la sesión a las quince horas con trece minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles once de enero de dos mil doce, a las once horas.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobada.
Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Diputados, por el que remite el expediente y las aprobaciones de los congresos de los estados a la minuta que reforma el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULOS 3O. Y 31 CONSTITUCIONALES
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Secretarios de la Comisión Permanente.— Presentes.
Me permito remitir a ustedes el expediente y las aprobaciones de los Congresos de los estados de: Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, relativas a la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocimiento de la Comisión Permanente.
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Diputada Guadalupe Pérez Domínguez (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda la Secretaría a dar cuenta de la documentación enviada por los congresos de los estados que integran el expediente remitido por la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:El expediente contiene los documentos de los congresos de los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, por los que comunican la aprobación de la minuta que reforma el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Solicito a la Secretaría que realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios por los congresos de los estados.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Señor presidente, esta Secretaría, después de haber realizado el cómputo correspondiente, informa que se recibieron 22 votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 22 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero, inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite la siguiente declaratoria
Se declara reformado el párrafo primero, el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se encuentra en las puertas de este recinto el ciudadano Marcos Fastlicht Sacker, designado por el Senado de la República como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se designa en comisión de cortesía para que lo acompañe en el acto de rendir protesta de ley a las siguientes legisladoras y legisladores: al senador Renán Cleominio Zoreda Novelo, a la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, al diputado Agustín Castilla Marroquín, a la senadora Adriana González Carrillo, al senador José Luis Máximo García Zalvidea, senador Javier Orozco Gómez y al senador Ericel Gómez Nucamendi. Hagan el favor de acompañar a nuestro comisionado.
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con el encargo)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ciudadano Marcos Fastlicht Sacker ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha conferido de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Marcos Fastlicht Sacker: Sí protesto.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades.
Se pide a la comisión designada acompañar al C. Marcos Fastlicht Sacker, cuando éste desee retirarse de este recinto.
Continúe la Secretaría.
SECRETARIA DE MARINA
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo cuarto del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2011, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del oficio número A/.- 2249, signado por el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual informa sobre los resultados de la participación de la Armada de México en los ejercicios navales “Unitas LII Fase Atlántica” y “Panamax 2011”, que se llevaron a cabo del 15 de abril al 11 de mayo de 2011, en aguas de jurisdicción brasileña, y del 15 al 26 de agosto de 2011, en aguas de jurisdicción panameña, respectivamente.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Secretaría de Marina.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
I. Antecedentes.
El 24 de marzo del 2011, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en su LXI Legislatura, conceden autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que la Armada de México participe en los Ejercicios Navales “Unitas LII Fase Atlántica” y “Panamax-2011”, y le instruyen a rendir el informe correspondiente sobre los resultados obtenidos.
II. Informe de los Ejercicios.
Los Ejercicios Navales “Unitas LII Fase Atlántica” se realizaron del 15 de abril al 11 de mayo del presente año, en aguas de jurisdicción brasileña, con la participación de 13 buques, dos submarinos y siete helicópteros de las Armadas de: Brasil, Argentina, Estados Unidos de América y México, así como observadores de las Armadas de Chile, Perú y Portugal; en este ejercicio la Armada de México participó con la Patrulla Oceánica ARM “Baja California” (PO-162) con un helicóptero Bolkow AMHP-105 embarcado, los cuales operaron en la Primera Fase del ejercicio entre los puertos de Salvador y Río de Janeiro y en la Segunda Fase entre los puertos de Río de Janeiro y Río Grande do Sur.
Los ejercicios navales “Panamax 2011” se llevaron a cabo del 15 al 26 de agosto del presente año, en aguas de jurisdicción panameña, con la participación de 23 buques, cinco helicópteros y seis aviones de las Armadas de: Canadá, Estados Unidos de América, México, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. En este ejercicio la Armada de México participó con la Patrulla Oceánica ARM “Oaxaca” (PO-161) con un helicóptero embarcado Bolkow AMHP-105, los cuales realizaron maniobras navales en inmediaciones del canal de Panamá.
Durante los ejercicios “Unitas LII Fase Atlántica” y Panamá 2011”, se participó en los estados mayores multinacionales con capitanes y oficiales de esta institución y se realizaron ejercicios diversos en los ámbitos marítimo y aéreo de la siguiente manera:
A. Ejercicios "Unitas LII Fase Atlántica”
1.Durante la fase de escenario se conformaron dos fuerzas navales para la protección de sus respectivos intereses. Las unidades participantes se dividieron en fuerza naranja, que protegía los intereses de su país, y la fuerza azul, que protegía los intereses de las Naciones Unidas (Fuerza Multinacional). La misión de la fuerza azul fue la de prevenir que se realizara abastecimiento de material bélico en el territorio del país púrpura.
2. El ARM “Baja California” (PO-162)fue asignado al Grupo de Acción de Superficie A. efectuando patrullaje dentro de un área de 60 millas náuticas, ampliando el radio de acción al utilizar el helicóptero Bolkow-BO-105, detectando a todos los buques de la fuerza opositora. Además, fue designado Comandante de Guerra MIO (Operaciones de Interdicción Marítima) con la misión de llevar el control y seguimiento del buque sospechoso de cometer abastecimiento de material bélico dentro del territorio del país púrpura. Durante el tiempo que duró la fase, las comunicaciones principales se llevaron a través de HF y medios satelitales (teléfono e internet).
B. Ejercicios “Panamax 2011”
1.El propósito de estos ejercicios es el de incrementar la interoperabilidad en operaciones marítimas combinadas con las armadas de países de Norte, Centro y Sudamérica, para hacer frente a escenarios de interdicción marítima y defensa conjunta del canal de Panamá.
2. Durante la fase de escenarios se realizaron operaciones de Interdicción Marítima (MIO), que consisten en la búsqueda, seguimiento e interceptación de buques sospechosos de transportar carga ilícita, empleando el concepto de trinomio, que se lleva a cabo por medio de la interoperabilidad de una Patrulla Oceánica, una Patrulla Interceptora (alta velocidad) y una aeronave; concepto que la Armada de México utiliza durante las operaciones que realiza de manera permanente en la lucha contra la delincuencia organizada.
3.La Patrulla Oceánica ARM “Oaxaca” (PO-161) con helicóptero embarcado Bolkow AMHP-105, fue asignada a la Fuerza de Tarea 802 (FT 802), donde interoperó con buques de las armadas de Estados Unidos de América y Canadá, con los que efectuó maniobras navales en inmediaciones del canal de Panamá.
III. Fortalezas observadas en el desarrollo de ambos ejercicios.
A. La moral de las tripulaciones de los buques, las aeronaves, y el personal integrado al Estado Mayor Multinacional, quienes mostraron un alto grado de profesionalismo durante las fases de planeación y ejecución de los ejercicios, mostrando además la convicción del servicio necesaria para la consecución de los objetivos del ejercicio y de la misión de nuestra Armada.
B. La capacitación y adiestramiento previos, dieron como resultado un alto desempeño durante las prácticas de tiro con los sistemas de armas utilizados, tanto de los buques como de las aeronaves redundando en la seguridad del personal y material.
C. El sistema Data Link instalado en nuestras unidades, se convirtió en una importante herramienta de apoyo para la navegación y ejecución de los ejercicios, al proporcionar en tiempo real, un panorama táctico de la situación de navegación de todas las unidades de la fuerza multinacional. La información obtenida a partir de los sistemas de radar de los buques permitió una segura interoperabilidad en el trinomio patrulla Oceánica-patrulla Interceptora-Helicóptero Embarcado.
IV. Resultados
Si bien ambos ejercicios se desarrollaron en teatros de operaciones diferentes y con diferentes objetivos específicos, el objetivo perseguido es el adiestramiento integrado en una fuerza multinacional y en este contexto en ambos ejercicios se obtuvieron los siguientes resultados.
A. Los capitanes integrados al Estado Mayor Multinacional obtuvieron experiencia en la planeación y ejecución de operaciones multinacionales, lo cual incluye:
1. Actualizaciones de publicaciones multinacionales, formatos de transmisión y recepción de información operativa, empleo de acrónimos y diseminación de la información a las unidades de superficie, aéreas y submarinas.
2.Conducción de escenarios multinacionales durante la fase de ejecución de los ejercicios.
3.Entrenamiento en la planeación y ejecución de operaciones multinacionales.
4.Selección de las reglas de enfrentamiento para la ejecución de los ejercicios.
5.Normas de seguridad para la ejecución de los ejercicios de artillería.
6.Lecciones aprendidas para retroalimentar las operaciones que se ejecutan en la Armada de México y para actualizar procedimientos y medidas de seguridad.
7.Intercambio de experiencias con capitanes y oficiales de países participantes.
B. La tripulación del buque
1.Experiencia y habilidad en la planeación, conducción y ejecución de operaciones multinacionales, empleando el lenguaje, las técnicas, publicaciones multinacionales y reglas de enfrentamiento.
2.La navegación y ejecución de los ejercicios a través del equipo de transferencia de datos tácticos (Data Link) ayudó a mantener enlazados el CIC con el puente y helicóptero, lo que permitió a la tripulación del buque y operadores del sistema Data Link obtuvieran un alto grado de entrenamiento en el uso de este sistema, en diferentes tipos de ejercicios tácticos y situaciones de crisis.
3.Empleo táctico de las comunicaciones en la planeación y ejecución de operaciones navales, con equipos de radio de ultra alta frecuencia (UHF), alta frecuencia (HF), bandas marinas y aéreas de muy alta frecuencia (VHF).
4.Desarrollo en el empleo de lenguaje estandarizado para conducir y ejecutar ejercicios de superficie, aéreos y submarinos en una operación multinacional.
5.Durante la navegación se practicaron diferentes zafarranchos del plan general del buque, ejecutando evoluciones y maniobras tácticas en formaciones navales y en maniobras restringidas.
6.Participación en los escenarios planeados para la ejecución de operaciones de interdicción marítima en áreas de vigilancia establecidas, operando con buques de otras naciones, para estandarizar procedimientos de interrogatorio a buques sospechosos, abordaje e inspección.
7.Actualización de técnicas y medidas de seguridad en la recepción y lanzamiento de helicópteros desde las plataformas de vuelo de los buques.
8.Empleo de los sistemas de navegación y de armas del buque, ejecutando maniobras en defensa del buque y de una fuerza multinacional.
9.Se practicó la maniobra de aproximación de dos buques en navegación para traslado de pesos y/o reabastecimiento de combustible, así como actualización de procedimientos.
10.Aplicación de medidas de seguridad durante la ejecución de zafarranchos.
11.Empleo de las reglas de enfrentamiento en una operación multinacional.
12.Intercambio de experiencias con otros países.
C. La Tripulación de vuelo del Helicóptero
1.Interacción y aplicación de procedimientos en anaveajes y despegues en las plataformas de los buques participantes.
2.Actualización y aplicación de procedimientos de comunicaciones, señales y seguridad durante la aproximación, anaveaje y despegue desde un buque en navegación.
3.Reconocimiento de diferentes plataformas de vuelo de buques, en los ejercicios de cruce de cubiertas.
4.Intercambio de experiencias con pilotos de otras Armadas, así como estrechar los lazos de amistad.
5.Experiencias y habilidades en la planeación y ejecución de operaciones empleando el lenguaje, técnicas, publicaciones multinacionales y reglas de enfrentamiento.
V. Conclusiones
A. La participación de unidades de la Armada de México en los ejercicios “Unitas LII Fase Atlántica-Brasil 2011” y “Panamax-2011” aportó un fortalecimiento a las capacidades del poder marítimo nacional, las experiencias adquiridas por los capitanes y oficiales integrados a los estados mayores multinacionales, permitió multiplicar los conocimientos y lograr una mejor integración de México al esfuerzo en la defensa contra las amenazas de la región, en particular la que representa el narcotráfico y la delincuencia organizada.
B.Los ejercicios navales permitieron evaluar, con diferentes homólogos, el grado de adiestramiento y la capacidad operativa del personal naval mexicano en escenarios internacionales, con resultados muy satisfactorios, sin embargo, el nivel de interoperabilidad con buques y aeronaves de otros países, demanda actualización en los sistemas de enlace de datos, problemática que la Armada de México ya está resolviendo, mediante la adquisición de equipos para transferencia de información táctica en tiempo real.
C.El intercambio profesional entre el personal participante, en cuanto a conocimientos, técnicas, procedimientos operativos y logística utilizadas durante estos ejercicios, permitió actualizar y avanzar en el nivel de adiestramiento, la capacitación y la interoperabilidad con las Armadas de otros países de la región.
D.Es importante señalar que durante la participación de la Armada de México en estos ejercicios:
1. No se estableció ningún tipo de compromiso militar, toda vez que el planeamiento y la ejecución de las operaciones, contempló los requerimientos particulares de cada país participante.
2.Todos los ejercicios se ejecutaron en el marco de respeto a la soberanía de cada país, el respeto a los derechos humanos y las reglas de enfrentamiento internacionales en la materia.
3.Se establecieron vínculos de confianza con otras Armadas que facilitarán la cooperación y coordinación para combatir los retos y contingencias regionales.
E.La continuidad en la preparación y adiestramiento del personal de la Armada de México en este tipo de ejercicios, permitirá incrementar las capacidades del Estado, para combatir las amenazas regionales que impacten a la seguridad nacional en el ámbito marítimo, por lo que se considera conveniente el apoyo para la participación activa de México en operaciones navales multinacionales, previa solicitud.
Reitero a usted, ciudadano Presidente; las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dado en la Ciudad de México, a los quince días del mes de noviembre del año dos mil once.— Almirante (rúbrica), Secretario de Marina.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Remítase a la Cámara de Senadores.
PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00019, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Augusto Moisés García Ochoa pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vítae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00018, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Zadalina González y Reynero pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de Costa Rica.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vítae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 00016, el embajador Jorge Castro-Valle K., director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Librado Vázquez Flores, pueda aceptar y usar la condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y PLENIPOTENCIARIOS DE MEXICO
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto, y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que, en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Ricardo Villanueva Hallal embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Polonia.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación..
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto, y con fundamento en lo establecido en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que, en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Juan Alfredo Miranda Ortiz embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Francisco Javier Alonso Escobar, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Marco Antonio García Blanco, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria, y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del “Acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, en el que en uso de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República tiene a bien nombrar a Gerardo Lozano Arredondo, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica, y en forma concurrente sujeto a la recepción de beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.
Lo que hago de su conocimiento para los fines procedentes.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnense a la Segunda Comisión de Trabajo.
POLITICAS PUBLICAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR DISCRIMINACION Y PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio número SEDEREC/602/2011, mediante el cual la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar políticas públicas para prevenir erradicar cualquier forma de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades.
Lo anterior, en relación con el oficio número D.G.P.L.61-II-9-4174, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la aprobación de un punto de acuerdo relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de diciembre de 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.
Me permito hacer referencia al oficio número SG/ LVH1275/2011, de fecha 26 de octubre del año en curso, en el que hace de conocimiento que el 20 de octubre del mismo año en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, así como promover la igualdad de oportunidades.
Para tal efecto, a través de la dependencia a mi cargo y derivado de las atribuciones que otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en el artículo 23 Quintus, hemos implementado acciones dirigidas a la población rural, indígena, huésped, y migrante con proyección de un bienestar social y abatir la brecha de desigualdad y pobreza y promoviendo la igualdad de oportunidades mediante los programas institucionales, los cuales son resultado de un análisis y diagnóstico de la situación de los grupos sociales más expuestos. El objetivo de la dependencia para estos grupos de población es impulsar una estrategia orientada a eliminar las brechas de desigualdad, mejorar sus ingresos, instituir la perspectiva de género como criterio fundamental en la formulación de las políticas públicas en el ramo y promover el fortalecimiento de los derechos indígenas y la diversidad pluricultural. Para ello también hemos contribuido en las tareas de la sensibilización, capacitación y difusión.
Con el propósito de impulsar y fortalecer la igualdad de oportunidades, hemos creado los siguientes programas:
Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la Ciudad de México, cuyo objetivo es proporcionar apoyos y ayudas a los habitantes del Distrito Federal que han migrado, y a sus familiares que permanecen, así como a los migrantes nacionales o internacionales, en calidad de huéspedes, con énfasis en la atención a mujeres y otros grupos sociales expuestos, con condiciones económicas en desventaja, previendo el cumplimiento de las disposiciones que sobre los “derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo” establece el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la línea de política sobre “protección de los derechos sociales y civiles” del Programa Integral de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 2008-2012.
Programa de Mujer Rural, Indígena Huésped y Migrante, cuyo objetivo es el de integrar, coordinar e impulsar acciones públicas en el Distrito Federal para disminuir la brecha de desigualdad que padecen las mujeres de las comunidades rural, indígena, huésped, migrante y de pueblos originarios; derivada de una diferencia de género e inequidad social; promoviendo el bienestar de esta población mediante la recuperación y reconocimiento de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales, y previendo el cumplimiento de las disposiciones aplicables contenidas en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, en el cual su propósito es apoyar las distintas manifestaciones sociales, culturales, lingüísticas y comunitarias de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como ayudar en la gestión social a los integrantes de los pueblos indígenas; y
Programa de fortalecimiento y apoyo a pueblos originarios de la ciudad de México, su objetivo es promover el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos originarios, respetando su identidad social, cultural, usos, costumbres e instituciones propias, mediante acciones de apoyo a proyectos de los pueblos originarios.
En términos de interinstitucionalidad, la Sederec es integrante de la Comisión Interinstitucional del Desarrollo Social, encargada de aplicar una política de combate a la desigualdad, promoción de la equidad y la inclusión social a través de políticas universalistas, territorializadas que comprenden desde las atenciones inmediatas y la creación del patrimonio familiar hasta la formación solida de capacidades, con propósitos redistributivos hacia los grupos sociales, familias en condiciones de pobreza, exclusión o discriminación.
Fue integrante del Consejo para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal (Copred), en donde participó activamente en la elaboración de la Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, haciendo un especial énfasis en la prevención y erradicación de discriminación contra los pueblos indígenas y población migrante.
Asimismo, esta dependencia impulsó la expedición de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, cuyo objetivo es regular la hospitalidad, propiciar la interculturalidad y salvaguardar los derechos derivados del proceso de la movilidad humana en la Ciudad de México, y donde se expresa la diversidad sociocultural de sus habitantes sustentada en los pueblos indígenas, originarios y sus integrantes, así como de las personas de diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.
Sin embargo, y segura de que aún hace falta incrementar apoyos para la población que Sederec atiende y sin escatimar acciones, coadyuvará en coordinación con las instancias correspondientes para impulsar la cultura de no discriminación en todos sus ámbitos de acción.
Sin otro particular, le manifiesto mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 23 de noviembre de 2011.— María Rosa Márquez Cabrera (rúbrica), secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio número DAO/DGDD/DPMA/330/11, mediante el cual el ciudadano Héctor Mauricio Olivares Ramírez, director de Planeación y Modernización Administrativa en la Delegación Álvaro Obregón, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.
Lo anterior en relación con el oficio número D.G.P.L.61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 14 de diciembre de 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Licenciado Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional.— Presente.
Por instrucciones del jefe delegacional en Álvaro Obregón y en atención a su oficio número SG/CED/2680/2011, respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, le informo que en el ámbito de su competencia, esta delegación política ha desarrollado las siguientes acciones:
1. Para contar con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio, se ha instruido a las diversas áreas involucradas en la atención del público usuario en esta materia, para que se mejore sus niveles de servicio y respetando estrictamente la normatividad existente facilite los trámites que se soliciten.
2. En cuanto a favorecer el uso de herramientas tecnológicas y de acceso a la información, esta Delegación Política ha renovado el equipo informático en especial en las áreas de servicio al público y mantiene actualizada la información que se publica en la página delegacional dao.gob.mx.
Sin otro particular, reciba un saludo.
Atentamente
México DF, a 6 de diciembre de 2011.— Héctor Mauricio Olivares Ramírez (rúbrica), director de Planeación y Modernización Administrativa.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio DGDE/585/2011, mediante el cual Mercedes Díaz Ferrería, directora general de Desarrollo Económico en la delegación Azcapotzalco, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.
Lo anterior en relación con el oficio D.G.P.L. 61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 14 de diciembre de 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Licenciado Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaria de Gobierno del Distrito Federal.
En atención al oficio SG/CED/2681/2011 enviado al jefe delegacional en Azcapotzalco, Enrique Vargas Anaya, con fecha 22 de noviembre del presente año, en el cual le remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del año en curso que a la letra dice en su parte resolutiva:
“ Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley”.
Por lo anterior, me permito informarle lo siguiente:
En Azcapotzalco se tiene un entorno favorable para el desarrollo de las actividades empresariales, puesto que es la delegación, de acuerdo con su Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente, que cuenta en términos normativos con el mayor espacio de uso de suelo para las actividades industriales. Presenta 11 zonas industriales, siendo la mayor, la industrial de Vallejo. Es la primera demarcación en generación de valor agregado correspondiente al sector manufacturero del Distrito Federal y en la generación de empleo en ese mismo sector.
La delegación Azcapotzalco contiene el 32.9 por ciento del uso del suelo industrial del Distrito Federal; aporta el 15.6 por ciento del empleo industrial productivo de trabajo para muchos habitantes del Valle de México y de la zona metropolitana.
En el censo económico de 2009, la delegación Azcapotzalco registró 17 mil 280 unidades económicas, y para 2011 el Directorio Nacional de Unidades Económicas (Denue), documento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que se actualiza permanentemente, presenta 18 mil 897, esto quiere decir que en los dos años que lleva la presente administración delegacional se han incrementado éstas en 2 mil 763, lo que implica que en los 700 días de gobierno delegacional, cada 24 horas se establecen, en promedio, dos nuevos negocios en la demarcación.
En cuanto a la estructura productiva, la microempresa representa 90.3 por ciento de todos 105 establecimientos; la pequeña empresa, 6.6 por ciento; la mediana empresa, 2 por ciento y la gran empresa, 1.1 por ciento.
En lo que respecta al valor agregado generado por el sector productivo de la demarcación que es casi equivalente al concepto de producto interno bruto (PIB), salvo que no incluye los impuestos directos, es de 76 mil 886 millones de pesos, que representa 9.2 por ciento con respecto al total del Distrito Federal.
Destaca la importancia de la actividad manufacturera en la delegación, creando casi 40 por ciento del valor agregado que se genera en la Ciudad de México en dicha rama.
La delegación Azcapotzalco, en la presente administración, celebró un macro acuerdo el 16 de febrero de 2010 con empresas e instituciones académicas, con la finalidad de vincular y colaborar en los programas institucionales en materia de desarrollo económico.
Por otro lado, en estos dos años de la gestión de Enrique Vargas Anaya, se han firmado 34 convenios de colaboración con diferentes instituciones educativas para la capacitación para el trabajo y se han concretado grupos de intercambio con 100 empresas para las vacantes que se ofertan en las Ferias Integrales del Empleo que se celebran.
Dentro de estos convenios tiene relevancia el celebrado con el Centro Incubador de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, con la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y su Observatorio Económico de México, entre otros.
Sin otro particular me despido de usted, reiterándole mis más sinceras consideraciones.
Atentamente
Azcapotzalco, DF, a 1o. de diciembre de 2011.— Mercedes Díaz Ferrería (rubrica), directora general.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remiten a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio SPC/DA/RH/512/2011 mediante el cual la jefa de la Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Secretaría de Protección Civil, da respuesta al punto de acuerdo, en el que se exhorta a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad, y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre del año 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.
Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.61-11-4-1686 en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión, la aprobación de un punto de acuerdo, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 12 del diciembre de 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno.— Presente
Hago referencia a la circular OM/DGA/2075/2011, de fecha 11 de octubre del año en curso, que en copia acompaño, mediante la cual el licenciado Gaspar Rodríguez Alarcón, director general de Administración de la Oficialía Mayor solicita que la información relacionada con el punto de acuerdo aprobado con fecha 14 de septiembre pasado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se dirija a esa Secretaría de Gobierno.
Sobre el particular, le informo que por oficio número SPC/DJ/564/2011 de fecha 22 de noviembre del año en curso, cuya copia adjunto al presente, el licenciado Jorge Soto Domínguez, director jurídico de la dependencia hizo de mi conocimiento que desde la fecha de su nombramiento hasta el día de su oficio no se ha recibido ni se tiene registrada ninguna demanda laboral por motivos de discriminación y/o discapacidad.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 6 de diciembre de 2011.— Lourdes de la Paz Castellanos Espinosa (rúbrica), Unidad Departamental de Recursos Humanos
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Directores generales, directores generales de administración u homólogos adscritos a la Oficialía Mayor, subdirectores y jefe de Unidad del Departamental de Enlaces Administrativos Dependientes de la Dirección General de Administración de la Oficialía Mayor.— Presentes.
Adjunto a la presente copia del oficio número D.G.O.L. 61-II-4-1686 de fecha 14 de septiembre del año en curso, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado un punto de acuerdo, que entre otros aspectos señala.
“Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente (...), a no despedir funcionario, empleado o servidor público por motivo de discapacidad, y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público o empleado que durante el último trimestre del año 2010 y durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.”
Lo anterior, con la atenta solicitud de que se dirija al titular de la Secretaría de Gobierno, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que al respecto se estimen procedentes realizar.
Sin más por el momento, aprovecho, la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 11 de octubre de 2011.— Licenciado Gaspar Rodríguez Alarcón (rúbrica), director general.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-2274, signado por el diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0001/12, suscrito por la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que se establezcan oficinas consulares de ese país en Mexicali, Baja California.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 6 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la sesión del pasado 23 de noviembre, el cual remitió para nuestra atención con oficio número SEL/UEL/311/4135/11, y que a continuación se describe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicite a la Embajada de México en Estados Unidos que inicie las negociaciones con sus homólogos del vecino país del norte, para que con base en los protocolos establecidos por la Convención sobre Relaciones Consulares entre México y Estados Unidos de América de 1942 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, se establezcan oficinas consulares de Estados Unidos de América en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, a la luz de dichos instrumentos, realice un estudio sobre poblaciones mexicanas que se encuentren en necesidades semejantes.”
Por lo antes expuesto, ruego ser el amable conducto para hacer llegar la respuesta que se anexa al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Uriel López Paredes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 2 de enero de 2012.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para que se establezcan oficinas consulares de ese país en Mexicali, Baja California.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 23 de noviembre pasado y lo ha transmitido a la Embajada de Estados Unidos en México por vía diplomática.
La Cancillería se mantiene en contacto con los representantes del gobierno estadounidense para transmitir los beneficios que conllevaría la apertura de un consulado en dicha ciudad, y otras con necesidades semejantes.
En los términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la decisión de instalar cualquier tipo de representación consular es facultad exclusiva y soberana del gobierno estadounidense. El gobierno mexicano únicamente está en aptitud de conceder o no su anuencia para tal efecto.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
LEGALIZACION DE LOS NIÑOS Y LOS JOVENES INDOCUMENTADOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-2-1878 signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0007/12 suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las acciones de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 6 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo, me permito hacer llegar la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión del pasado 23 de noviembre, el cual remitió para nuestra atención con oficio SEL/UEL/311/4132/11, y que a continuación se describe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales diplomáticos adecuados se dirija ante el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de que respecto a las leyes de su país, y a los derechos humanos, adopte las disposiciones necesarias para profundizar y fortalecer las acciones de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América”.
Por lo antes expuesto, ruego ser el amable conducto para hacer llegar la respuesta que se anexa al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diputado Jesús María Rodríguez Hernández.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 2 de enero de 2012.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relativo a la adopción de disposiciones necesarias para profundizar y fortalecer las acciones de protección y defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América
La cancillería mantiene un contacto permanente con las autoridades estadounidenses, a todos los niveles, para asegurar la protección de los derechos de los mexicanos que se encuentren en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria. Al mismo tiempo, el gobierno de México es respetuoso del derecho soberano de los Estados Unidos a adoptar sus propias leyes.
De manera prioritaria, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en Estados Unidos, realiza una amplia labor de asistencia y protección consular a las niñas, niños y adolescentes migrantes. Se trata de un ámbito de acción prioritario.
En 2010, la red consular de Estados Unidos atendió 19 mil 623 casos de asistencia y protección consular relacionados con menores de edad. Del total, 15 mil 719 casos correspondieron al ámbito migratorio, y 13 mil 277 de éstos fueron repatriaciones de niños, niñas y adolescentes.
El número de menores no acompañados repatriados de enero a octubre de 2011 fue de 9 mil 405, lo que representa una disminución de 19 por ciento con respecto a los 11 mil 639 repatriados en el mismo periodo anterior. Este dato muestra la misma tendencia que el resto de los grupos emigrantes. 69 por ciento de los menores declaró que el motivo de la migración era laboral.
En diciembre de 2008 entró en vigor en Estados Unidos la Ley William Wilberforce sobre Reautorización y Protección de Víctimas de Trata (TVPRA). La aplicación de esta ley, así como el seguimiento de algunos casos por parte de la organización sin fines de lucro Appleseed, dio lugar al informe Niños en la frontera: la identificación, protección y repatriación de menores no acompañados, con diversas recomendaciones para mejorar el proceso de atención y repatriación a lo largo de la frontera compartida en beneficio de niñas, niños y adolescentes migrantes.
El gobierno de México sigue con atención el efecto de la evaluación hecha por esta organización no gubernamental a los procedimientos de atención a menores no acompañados dentro de la Ley William Wilberforce, a fin de reforzar las condiciones de seguridad, atención y reunificación con sus familias en México, cuando así lo permiten las condiciones familiares y socioeconómicas del menor en cuestión.
Por otra parte, la cancillería realiza una revisión periódica de los acuerdos locales de repatriación que fueron suscritos entre la red consular y la autoridad migratoria estadounidense, con el fin de homogeneizar los procedimientos de repatriación de mexicanos en Estados Unidos desde cualquier punto de ese país. La repatriación de menores no acompañados recibe una atención especial y prioritaria. Participan en la instrumentación de estos acuerdos la red consular mexicana, distintas agencias del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, las distintas delegaciones regionales del Instituto Nacional de Migración (INM) y, ya en territorio nacional, dependencias de distintos órdenes de gobierno, como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La cancillería busca también fortalecer la relación institucional y la cooperación entre la red consular mexicana en Estados Unidos y los albergues para menores que administra la División de Atención a Menores No Acompañados de la oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Existe un procedimiento de coordinación entre los 11 representantes regionales de dicha oficina y los 50 consulados de México para la correcta detención y canalización de casos. Se debe tomar en cuenta, sin embargo, que la mayoría de los menores son repatriados tras detenciones por la Patrulla Fronteriza o agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en las garitas migratorias dentro de un plazo no mayor a 48 o 72 horas de su ingreso a Estados Unidos, periodo en el que las autoridades estadounidenses no están obligadas por su legislación a transferir la custodia del menor a un albergue.
El gobierno de México trabaja también para multiplicar los mecanismos formales de comunicación con departamentos estatales de servicios y protección a los menores. A partir de 1999, con la firma del primer memorando de cooperación entre el Consulado General de México en Los Ángeles en esta materia, se ha avanzado en la suscripción de una memoranda de entendimiento relativos a la notificación y acceso consulares en casos que involucren a menores en condados y estados clave. A la fecha existen 10 acuerdos vigentes y 5 más en revisión o negociación.
Se realizan esfuerzos para fortalecer las acciones legales en defensa y apoyo de menores de edad. La capacidad de asistencia técnico-jurídica de la red consular de México en Estados Unidos se fortaleció con la creación del Programa de Asistencia Jurídica Especializada (Proteje) en octubre de 2010, cuyo fin es identificar casos judiciales de alto impacto que puedan crear precedentes de carácter general favorables a los derechos y condiciones de vida de nuestros nacionales en Estados Unidos. La intervención de los abogados de este programa en un caso en Utah, derivó en que una madre obtuviera derechos de visita a su hijo, y en la firma de una memorándum de entendimiento de alcance estatal sobre acceso consular.
Por otro lado, con el fin de reforzar la colaboración entre las autoridades responsables, la cancillería participa en foros y mecanismos nacionales y bilaterales dedicados a la atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
La IV Semana Nacional de Migración, celebrada del 17 al 19 de octubre de 2011 e inaugurada por el presidente Felipe Calderón, estuvo enfocada a los derechos humanos de los migrantes, principalmente a los de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. Los temas tratados pueden consultarse en:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/525-sre y http://www.presidencia.gob.mx/l2011/10inauguracion-de-la-semana-nacional-de-mig racion/.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
ESTADO DE OAXACA - ESTADO DE CHIAPAS
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4405 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UAOS/212/994/ 2011 suscrito por el ingeniero Francisco Yáñez Centeno, titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Subsecretaría de Gobierno, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de Los Chimalapas,Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4280/11, enviado al licenciado Obdulio Ávila Mayo, subsecretario de Gobierno, con el que se remite el punto de acuerdo aprobado el pleno la Cámara de Diputados en sesión del 6 de diciembre de 2011, mediante el que señala entre otros rubros: “Primero se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de las Secretarías de Gobernación, de Reforma Agraria, y de Recursos Naturales, así como a los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas, para que, coordinadamente, realicen todas las acciones necesarias para conciliar y resolver a la brevedad, el conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas”.
Al respecto, informo a usted para los efectos procedentes que, en el marco de las atribuciones de esta secretaría se ha venido trabajando desde 2008 de forma coordinada con las dependencias que integran los sectores agrario, forestal y de desarrollo social para buscar alternativas de solución al problema agrario y forestal, así como para impulsar el desarrollo social en la zona. Al respecto se debe puntualizar que con fecha 24 de septiembre de 2008, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) estableció la mesa de atención agraria y el 18 de marzo de 2009 se instaló en la Secretaría de Gobernación (Segob) la mesa social que preside la Subsecretaría de Desarrollo Social. En el seno de esas mesas se ha planteado a las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, alternativas de solución al problema agrario a través de su incorporación al Programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) de la Secretaría de la Reforma Agraria, sin que a la fecha las comunidades hayan aceptado la propuesta gubernamental, por lo que actualmente se continúa trabajando en la búsqueda de alternativas de solución.
Durante el presente año derivado de diversos acontecimientos que generaron tensión social en la zona, se intensificaron las acciones de coordinación entre las dependencias federales, los gobiernos de Chiapas y Oaxaca.
Derivado de lo anterior se han celebrado diversas reuniones en esta secretaría entre las que destacan las efectuadas los días 8 y 24 de noviembre de 2011 presididas por el secretario de Gobernación, en las que participaron los gobernadores de los estados de Chiapas y Oaxaca, el secretario de la Reforma Agraria, funcionarios de la Semarnat, y de la PA, en las que se establecieron estrategias de atención y se establecieron compromisos para distender el conflicto.
En este marco los días 5 y 6 de diciembre se celebraron reuniones en esta secretaría, la primera encabezada por el subsecretario de gobierno de la Segob, en la que participaron funcionarios de esta dependencia, SRA, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el gobernador y secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca, diputados locales, el presidente municipal de Santa María Chimalapa y representantes de la comunidad de San Miguel y Santa María Chimalapa.
En dichas reuniones se analizó el estado que guarda la problemática agraria y forestal en la región de Los Chimalapas; y se acordó promover la suscripción de un acuerdo de distensión integral entre los ejidos y las comunidades en la zona que cree las condiciones para el diálogo entre núcleos.
El 15 de diciembre de 2011 se celebró una reunión en la comunidad de San Miguel Chimalapa, en la que participaron el titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Segob, el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, y los dirigentes de las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, en la cual se abordó la problemática por el cierre del camino al ejido Gustavo Díaz Ordaz, de Cintalapa, Chiapas, y en la que los comuneros ratificaron su compromiso de levantar el bloqueo a partir del día 18 de diciembre de 2011, compromiso que se cumplió en tiempo y forma.
Finalmente, se reitera el compromiso de esta secretaría de continuar trabajando en la búsqueda de acuerdos y alternativas de solución a la problemática agraria en la región de Los Chimalapas, siempre en apego al marco constitucional y legal.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 21 de diciembre de 2011.— Ingeniero Francisco Yáñez Centeno (rúbrica), titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
CAMARA DE SENADORES
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número CP2R2A.-612 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/PF/OCG/1060/2011 suscrito por el ingeniero Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las bases jurídicas para proporcionar información, en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, al gobierno de Estados Unidos de América.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 2 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-592 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2964/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los actos de daño, captura, trafico, privación de la vida a algún ejemplar de la tortuga marina.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-786 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/2965/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo al tráfico ilícito de ejemplares de vida silvestre, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2358 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1133/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones para el fortalecimiento de la equidad de género.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2353 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1134/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2362 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1135/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la difusión de los proyectos productivos dirigidos a las mujeres, en los medios de comunicación masivos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-3443 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número OFICIO/SE/1141/2011 suscrito por la doctora María Elena Álvarez Bernal, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la inclusión de la perspectiva de género en los programas federales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-3434 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CA/AG/001/2012 suscrito por la licenciada Virginia Messina Portugal, coordinadora de asesores de la Secretaría de Turismo, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, al Programa Pueblos Mágicos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-592 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000044 suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2665 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000045 suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la siembra de maíz genéticamente modificado en fase piloto, en los estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1918 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000051 suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los proyectos de exploración y explotación de minerales dentro del territorio nacional.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2354 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 346 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al protocolo de intervención para casos de hostigamiento y acoso sexual.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 5 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DG P L -1 P3A.-1923 signado por el Sen. Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/3/8.C.17.5/ 0468-11 suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al derrame de hidrocarburo en Playa del Niño, Cancún, en Quintana Roo, ocurrido el 26 de julio de 2010.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 6 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2880 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP 0015/12 suscrito por la licenciada Betina Claudia Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar una agenda de colaboración en la undécima reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 6 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Remítanse a la Cámara de Senadores.
CAMARA DE SENADORES
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pido a la Secretaría poner a votación el proyecto de presupuesto.
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba el proyecto de presupuesto. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado.
LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo.— LXIII Legislatura del honorablr Congreso del Estado de Chihuahua.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 307/2011 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual este honorable Congreso del estado presenta ante esa alta representación iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 13, así como adicionar una fracción VI Bis al mismo numeral, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 17 de noviembre de 2011.— Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica), presidente del honorable Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.
Acuerdo 307/2011 I P.O.
La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional
Acuerda
Artículo Primero. Presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 13, así como adicionar una fracción VI Bis al mismo numeral, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para el cliente y siempre y cuando exista una autorización previa firmada por el cliente, la cual deberá constar de manera independiente del contrato mismo y en la cual sólo se deberá tratar este tema.
...
...
...
I. a VI. ...
VI Bis. En caso de que el cliente firme una carta de autorización, para que las entidades le envíen a su domicilio el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el sobre o medio impreso que contenga dicho estado de cuenta, no deberá tener ningún tipo de publicidad, que evidencie la capacidad de crédito al consumo del cliente.
VII. ...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Articulo Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil once.— Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica), presidente;diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río (rúbrica), secretario;diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González (rúbrica), secretaria.»
«Escudo.— LXIII Legislatura del honorablr Congreso del Estado de Chihuahua.
Acuerdo 307/2011 I P. O. Unánime
Honorable Congreso del Estado
Presente
La Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a consideración del pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha 11 de agosto de 2011, fue turnada para su estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto ante el honorable Congreso de la Unión presentada por el diputado Gerardo Hernández Ibarra, con la finalidad de reformar el artículo 13 y adicionar al mismo la fracción VI Bis, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Lo anterior a fin de que los estados de cuenta se envíen al domicilio del cliente siempre y cuando exista su autorización previa, misma que habrá de constar por escrito. Asimismo se pretende que en caso de que el cliente firme la aludida autorización, el sobre o medio que contenga el estado de cuenta, no deberá tener impreso ningún tipo de publicidad.
La iniciativa en comento se sustenta en los siguientes argumentos:
“El quehacer de los legisladores es cambiante como cambiante es la sociedad a quien representan, durante mucho tiempo el paradigma aceptado en el trabajo legislativo fue el desarrollo económico; hoy día tenemos como paradigma el desarrollo social y el fortalecimiento de la democracia como motivo rector; pero además me permito añadir que en base a las condiciones de inseguridad experimentadas, estamos obligados a legislar a favor de coadyuvar a que la seguridad sea más efectiva en todos los ámbitos posibles.
Las dificultades que los ciudadanos hemos tenido que sobrellevar en los últimos años, nos han obligado a modificar nuestros hábitos, exigiéndonos ser más cuidadosos en el manejo de nuestros bienes y patrimonio. Debemos ser conscientes de que la lucha contra la inseguridad es responsabilidad de todos, y por ello debemos implementar medidas que inhiban el delito; es bien sabido que para que ocurra un delito deben coincidir tres condiciones previas conocidas como el triángulo de la criminalidad, las cuales son la presencia de un agresor, de una víctima y de un sitio propicio para el delito. Este esquema nos enseña que basta con eliminar uno de los condicionantes para que el delito no ocurra. Y en ese sentido las leyes deben favorecer a la ruptura de estos triángulos de la criminalidad, fomentando la autoprotección ciudadana, el combate frontal a los delincuentes, así como la desactivación de sus redes de movilización, y el garantizar espacios públicos seguros. Para ello se debe usar la llamada prevención primaria, la cual busca promover acciones y movimientos para el desarrollo social, a través de la educación; la prevención secundaria, que es, dicho con brevedad el combate frontal a la delincuencia desde el ámbito policial, y también la prevención terciaria que tiene que ver con las medidas de autoprotección que los ciudadanos podemos implementar para impedir ser víctimas de un delito. Es difícil que no existan personas malintencionadas; pero en cambio podemos emprender acciones prácticas e inteligentes para que el ciudadano no sea una víctima potencial, o los lugares no ofrezcan situaciones que propicien el delito.
Es por ello que debemos ampliar nuestra comprensión de los fenómenos delictivos, con la finalidad de inhibirlos en la medida posible, verbigracia legislando a favor de aumentar la confidencialidad de los datos financieros y crediticios de las personas o empresas. Desgraciadamente tres de los delitos que más estragos han causado a la sociedad son la extorsión, el secuestro y el robo, para llevar a cabo estos delitos, los malhechores requieren contar con información relativa a las finanzas y al patrimonio de sus víctimas, dicha información garantizará la solvencia del ilícito. En el cumplimiento de este requisito delincuencial, los malhechores recopilan datos de sus víctimas tales como estados de cuenta o historiales crediticios, donde las más de las veces es explícita la solvencia de las personas; estos datos contribuyen de manera decisiva en la ejecución de una extorsión, un secuestro o un robo. Y como tradicionalmente no tenemos la cultura de la confidencialidad de nuestra información financiera o crediticia muchas personas se han convertido en presas de estas actividades delictivas. Es por ello que se vuelve indispensable modificar este tipo de conductas y ser más responsables de nuestra seguridad, sin embargo no todo es responsabilidad del ciudadano, desde este Honorable Congreso, nos compete ofrecer las reformas que garanticen la ejecución de esta cultura de la autoprotección, y del respeto a la confidencialidad de la información financiera.
Con el desarrollo y difusión de las herramientas de tecnologías de la información, hoy en día es mucho más seguro consultar los estados de cuenta a través de internet, o vía telefónica, garantizando la seguridad de los cuentahabientes y la confidencialidad de sus datos financieros.
Sin embargo, a pesar de que cada día las personas utilizan con mayor frecuencia este tipo de herramientas tecnológicas, se ha quedado por costumbre el envío mensual de los estados de cuenta al domicilio de los cuenta habientes, así como el envío de documentos con promociones, ofertas y autorizaciones para adquirir un crédito, fomentando el hurto de estos documentos para realizar extorsiones y actividades delictivas.
Dicho lo anterior, se obligará a los bancos y a las instituciones crediticias a consultar a sus clientes si es que desean recibir los estados de cuenta a través del servicio postal y, de lo contrario, ni los bancos ni las instituciones crediticias podrán enviar estados de cuenta en automático al domicilio de los cuentahabientes. Lo anterior para garantizar que se haga mal uso de esta información.
Del mismo modo consideramos necesaria la propuesta para normarla publicidad relativa a la obtención de créditos o préstamos bancarios, que tradicionalmente se envía expuesta a los domicilios de cuentahabientes y/o tarjetahabientes, dicha normatividad busca incrementar la seguridad de las personas que hacen uso de estos servicios bancarios y financieros.
Propongo eliminar el envío de publicidad expuesta a los domicilios de clientes de bancos o tiendas departamentales, dónde se presuma el poder adquisitivo del cuentahabiente o tarjetahabiente, esto ya que en la actualidad proliferan este tipo de envíos publicitarios, que pueden ser mal utilizados.
Eliminar el envío de estados crediticios de tiendas departamentales, salvo la previa autorización del tarjetahabiente. Y si el particular autoriza recibir dicha información, el banco, la tienda departamental o institución crediticia, deberá eliminar la información exterior que presuma poder adquisitivo del cuentahabiente o tarjeta habiente buscando en todo momento la neutralidad de las imágenes y textos publicitarios de los sobres y documentos enviados.
En conclusión estas medidas tienen como finalidad brindar una mayor seguridad a las personas que utilizan los servicios bancarios y crediticios, estamos seguros de que la Legislatura debe siempre tomar en cuenta el factor de la seguridad en todas las acciones e iniciativas que promueva, dado que el más importante desafío que llevamos a cuestas es el de restablecer el orden social y la tranquilidad de los ciudadanos.
Estamos seguros de que estas medidas ayudarán a romper triángulos de criminalidad puesto que los malhechores, dejarán de tener “la mesa servida” en relación con la disposición de la información financiera de las personas. Y si bien estas medidas por sí solas tienen un valor subsidiario, constituyen un paso importante para lograr restablecer la paz social.”
Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis de la iniciativa en comento formulamos las siguientes
Consideraciones
I. En México la mayoría de los bancos envían un estado de cuenta impreso a los domicilios de sus clientes, esto se ha venido efectuando desde muchos años atrás, pero hoy en día la tecnología ha ido creciendo cada vez más, siendo así más accesible para los habitantes de México, llegando a más personas de los diversos niveles sociales que existen dentro de nuestro país.
Son varios los medios existentes en la actualidad por medio de los cuales se pueden revisar los estados de cuenta y demás información de cuentas bancarias, un ejemplo de ellos es la consulta remota de cuentas mediante dispositivos móviles y tecnologías de la información y comunicación.
II. Actualmente México se encuentra viviendo en una ola de inseguridad, es por esto que como el iniciador menciona es menester que los bancos pregunten a sus clientes si desean el envió de sus estados de cuenta por correo ordinario, ya que en la actualidad les es enviado un sobre con el estado de cuenta a cada cliente bancario sin su previo consentimiento, quedando expuestos a que los delincuentes roben estos estados de cuenta del exterior de sus domicilios y tengan acceso a la información de las cuentas bancarias, siendo este un riesgo inminente para los clientes bancarios de ser víctimas de secuestro, robo o extorsión.
III. Económicamente hablando podemos referir que el envío de los estados de cuenta por correo ordinario representan un fuerte gasto, tanto en su fabricación como en su entrega, ya que somos varios millones de mexicanos quienes utilizamos los servicios bancarios y el enviarnos una impresión de cada estado de cuenta, representa un gasto de gran trascendencia para nuestro país, ya que existen habitantes en México que llegan a tener hasta cuatro o cinco cuentas bancarias.
Si se logra eliminar la fabricación y entrega de la mayoría de estos estados de cuenta, se estaría generando un gran ahorro para los bancos, que estos mismos podrían invertir ese capital en mayores ventajas y servicios para sus clientes.
IV. Por otro lado vemos que en nuestro planeta cada vez es más fuerte la problemática ecológica que al calentamiento global se refiere, según diversas fuentes de medios electrónicos se requieren quince arboles para poder fabricar una tonelada de papel aproximadamente, si multiplicamos la cantidad de papel que se utiliza en enviar los estados de cuenta a los domicilios de los clientes por los años que se practicado esta política bancaria veremos que es un gasto impresionante que nuestro país ha tenido que sustentar en varios rubros como lo es económica y ecológicamente.
V. Es necesario agregar que existen disposiciones de carácter general que se desprenden de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros en materia de contratos de adhesión, publicidad, estados de cuenta y comprobantes de operación emitidos por las entidades comerciales señalados en el artículo 31, fracción I, inciso b), que las entidades comerciales deberán proporcionar a sus clientes una copia en el domicilio de la entidad comercial o sucursal, del estado de cuenta a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha de corte, si así lo solicita el cliente, de manera gratuita, salvo que se hubiere pactado el envió a domicilio.
Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Economía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y 43, 52,59,98 y 99, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de
Iniciativa de decreto ante el honorable Congreso de la Unión
Artículo Primero. La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado aprueba presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 13, así como la adición de una fracción VI Bis al mismo numeral, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar de la manera siguiente:
Artículo 13. Las entidades deberán enviar al domicilio que señalen los clientes en los contratos respectivos o al que posteriormente indiquen, el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el cual será gratuito para el cliente y siempre y cuando exista una autorización previa firmada por el cliente, la cual deberá constar de manera independiente del contrato mismo y en la cual solo se deberá tratar este tema.
I. a VI. ....
VI Bis. En caso de que el cliente firme una carta de autorización para que las entidades le envíen a su domicilió el estado de cuenta correspondiente a las operaciones y servicios con ellas contratadas, el sobre o medio impreso que contenga dicho estado de cuenta, no deberá tener ningún tipo de publicidad, que evidencie la capacidad de crédito al consumo del cliente.
VII. ...
...
...
...
Artículo Segundo. Remítase la presente resolución a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para todos los efectos legales conducentes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a diecisiete de noviembre de dos mil once.— Diputado René Franco Ruíz, presidente;diputado Ricardo Alan Boone Salmón (rúbrica), secretario;diputado Jaime Beltrán del Río (rúbrica), vocal;diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica), vocal;diputado José Alfredo Ramírez Rentería, vocal.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Durango.— LXV Legislatura.
Diputados Secretarios del Congreso de la Unión.— Presentes.
En sesión ordinaria verificada el 10 de noviembre de 2011, la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto remite a ustedes iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la diputada Karla Alejandra Zamora García, representante del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura, que contiene reforma del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, para que de considerarlo pertinente se adhieran a su contenido.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Durango, a 29 de noviembre de 2011.— Diputado Francisco Javier Ibarra Jáquez (rúbrica), presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Durango.— LXV Legislatura.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Estudios Constitucionales fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa presentada por la diputada Karla Alejandra Zamora García, representante del Partido Verde Ecologista de México ante la LXV Legislatura, que contiene propuesta de reforma del segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, en cumplimiento de la responsabilidad encomendada y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 120, 167, 176, 177, 178, 182 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso del estado, nos permitimos emitir el presente dictamen de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. En fecha 1 de noviembre de 2010, la diputada Karla Alejandra Zamora García, ante el pleno legislativo, elevó una propuesta de acuerdo para que esta soberanía popular, en uso de la facultad prevista en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciara ante el Congreso de la Unión propuesta de reforma del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, a efecto de eliminar la excepción contributiva considerada en dicho ordinal, con relación a contribuciones municipales.
Seguido el trámite parlamentario, el presidente de la Mesa Directiva turnó dicho asunto a esta dictaminadora, a efecto de ponerlo en estado de resolución. Por ello, analizado y discutido en su seno, la Comisión de Estudios Constitucionales procede a elevar el presente dictamen, que autoriza al presidente de la LXV Legislatura local para someter a consideración del Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente, en virtud de compartir los motivos expuestos por la proponente, ya que en su exposición se denota la intención de fortalecer la hacienda pública municipal mediante el robustecimiento de su autonomía.
Segundo. Efectivamente, desde su expedición, la carta fundamental ha pretendido el fortalecimiento del municipio como origen de nuestra organización política. Con el devenir de las épocas, el artículo 115 constitucional ha representado un baluarte para el desarrollo del municipio en México. En tal sentido, de forma afortunada, ha sido motivo de enmiendas que han permitido no sólo la fortaleza económica y social de dicho nivel de gobierno sino, también, su protección por la interpretación judicial que ha reconocido el deber de propiciar su autonomía. Ello no implica que lo hasta ahora logrado sea suficiente para propiciar el desarrollo de las finanzas municipales en el marco del federalismo fiscal, por lo que esta dictaminadora hace suyos, como se anotó, los motivos que fundamentan tal propuesta, sirviéndose al efecto incluir en el presente el texto de la iniciativa correspondiente que, conforme al artículo 182 de la Ley Orgánica del Congreso del estado, fue corregida en sus partes conducentes.
Por lo expuesto y considerado, nos permitimos someter a consideración de esta representación popular, para discusión y aprobación, el siguiente
Dictamen de acuerdo
La Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 55 de la Constitución Política local, en nombre del pueblo, acuerda:
Artículo Primero. Por los argumentos expuestos en los considerandos del presente dictamen de acuerdo, la LXV Legislatura considera procedente hacer uso de la facultad establecida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, presentada con fecha 1 de noviembre de 2010 por la diputada Karla Alejandra Zamora García, del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura, que contiene reformas del segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se solicita que ésta sea enviada por la LXV Legislatura en los siguientes términos:
Diputados Secretarios de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión.— Presentes.
Los suscritos, Francisco Javier Ibarra Jáquez, Lourdes Eulalia Quiñones Canales y Judith Irene Murguía Corral, presidente y secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso de Durango, en ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I del artículo 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, por su conducto someten a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que contiene reformas y adiciones a la Base II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Que de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como parte del Constituyente Permanente, órgano con poder reformador de la Constitución General de la República, las legislaturas de los estados tenemos el derecho de iniciar leyes o decretos. Con ese fundamento, presentamos ante esta soberanía el proyecto de iniciativa que contiene reformas del segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que tiene sustento en la siguiente
Exposición de Motivos
Reviste gran importancia el tema de fortalecer financieramente las haciendas de los municipios del país, en el marco del federalismo fiscal mexicano, el cual se considera un componente básico de coordinación intergubernamental que debe desplegarse en beneficio directo de la célula básica de la nación.
La equidad, en un auténtico federalismo, es sin duda un factor clave para hacer realidad la justicia distributiva. Es el elemento integrador de la inevitable diversidad en que se desenvuelven los estados y los municipios. Implica efectivamente en los hechos distribuir competencias, atribuciones y recursos entre las partes que componen la federación mexicana. Por ello desde 1980, año en que se creó el sistema nacional de coordinación fiscal, se ha venido luchando de manera insistente por reducir el excesivo centralismo que en materia de recursos financieros ejerce el gobierno federal.
En cuanto al reparto de recursos financieros a los estados y a los municipios, persisten la discrecionalidad y la falta de transparencia en los instrumentos de distribución de determinadas transferencias federales. Esta situación, debido a la excesiva centralización que prevalece, genera tensiones y en ocasiones duplicaciones en las estrategias para impulsar el desarrollo económico y social sustentable en las regiones y los municipios del país.
Por ser enteramente dependientes los municipios de las participaciones y aportaciones federales, se ha tenido el efecto negativo de inhibir los incentivos para que éstos aumenten sus esfuerzos recaudatorios. Un ejemplo de esta situación anómala es que la recaudación del impuesto predial a cargo de los gobiernos municipales no ha aumentado en términos reales en los últimos 11 años, manteniéndose en alrededor de 0.2 por ciento del producto interno bruto, luego que alcanzó un máximo en 1994 de 0.28 y un mínimo en 1999 de 0.19. La captación por este concepto es muy baja si se compara con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (0.99 del PIB), la de Argentina (0.98), de Chile (0.68), de Bolivia (0.52) y de Brasil (0.47). Por ello urge remediar con decisión y rapidez esta situación desventajosa, dada la necesidad de garantizar el flujo de recursos financieros a los municipios provenientes de cargas fiscales equitativas y proporcionales a todos los contribuyentes, sin excepción, así como de promover un ejercicio de gobierno más eficiente y transparente.
Como consecuencia de este federalismo fiscal renovado que se pregona desde hace tiempo, debe reflejarse en los hechos mayor conciencia para el correspondiente pago por concepto de impuestos y derechos de parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, así como de empresas paraestatales federales y estatales, y organismos descentralizados, a fin de regularizar su situación fiscal ante los municipios del país. No se justifica que la federación dependencias, organismos, y empresas paraestatales no contribuyan al erario municipal, especialmente tratándose de la prestación de servicios públicos por concepto del suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales.
En materia de agua potable, la calidad de este servicio público de proporcionarla, tratarla y sanear las aguas residuales es crítica en muchos municipios, debido a la falta de recursos financieros por la baja o nula recuperación del cobro de los derechos como contraprestación de la labor realizada por ellos.
Con la presente iniciativa amerita reflexionar respecto a que los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos es la única fuente propia que poseen los municipios, y si es afectada por otra esfera gubernamental que la restrinja o límite, no será posible esperar que cumplan en debida forma la labor que constitucionalmente se les ha encomendado.
Consideramos oportuno recordar que el municipio es un orden de gobierno con esfera de competencia propia, la cual se encuentra limitada constitucionalmente en diversas materias, de acuerdo con lo establecido en la legislación local de la entidad federativa en que se hallan, salvo en el caso en que la Constitución General de la República les marca expresamente el ejercicio de legislar en determinadas materias, como el que señala la fracción IV, inciso c), del artículo 115 constitucional, la cual expresamente dispone que el municipio recibirá los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, y líneas abajo, en el segundo párrafo, se expresa que las leyes federales no limitarán las facultades de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con ellas. No obstante esto, el mismo texto constitucional dispone la exención de pago de los servicios públicos que presta el municipio relativo a los bienes considerados por la Ley General de Bienes de la Nación y sus correlativos aplicables en los estados, del dominio público pertenecientes a la federación, a los estados o a los municipios.
Con base en lo señalado, diversos entes públicos a escala nacional, como organismos descentralizados y empresas paraestatales, han presentado solicitudes a organismos operadores de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a efecto de quedar exentos del pago de ellos. Incluso no sólo han presentado solicitudes sino que han promovido amparos constitucionales y la protección de la justicia federal contra actos de los referidos organismos operadores para no cubrir los montos adeudados por la prestación de dichos servicios.
Es prioritario actualizar el marco jurídico constitucional y emprender reformas pertinentes de leyes federales y estatales, como la Ley de Aguas Nacionales (que establece los derechos y las obligaciones de los beneficiarios en el uso, la explotación y el aprovechamiento del recurso), y las políticas de recaudación, cuotas y tarifas que deben cubrir los usuarios por los servicios hidráulicos.
Por lo expresado, considero necesario establecer las bases constitucionales para que no haya más exenciones y subsidios, sobre todo los que se han estado aplicando en forma totalmente errónea, tanto a nivel de diferencias regionales como a nivel de estratos sociales en los centros poblados, ya que se ha observado en numerosos casos que la tarifa de agua potable es la misma en las colonias urbanas ricas y en las pobres, en tanto que en las primeras además se observa gran desperdicio.
El federalismo es un tema siempre invocado, pero en el que poco o nada avanzamos, y que por su importancia para la vida nacional exige una revisión profunda e impostergable, seria y objetiva, tendente a lograr una renovación del pacto federal que restablezca el equilibrio entre los Poderes de la Unión entre los distintos órdenes de gobierno y fortalezca la participación social para resolver problemas locales y regionales, respetando siempre los principios de unidad y equidad.
En franca oposición al criterio impulsado por el gobierno federal de concebir a los organismos operadores de agua como unidades económicas de producción de servicios, que no sólo deben ser rentables socialmente sino económicamente sustentables, prevalece la arcaica e injustificada disposición de exentar a los bienes de dominio público de la obligación de pagar no sólo los derechos derivados de los servicios públicos que recibe del municipio, como el del agua, sino que se le exime igualmente de contribuir al órgano más débil de gobierno por la propiedad inmobiliaria.
Consideramos urgente hacer una revisión al texto del artículo constitucional para lograr la equidad y democracia que hoy reclama el fortalecimiento municipal. La propuesta se centra en el porcentaje de ingresos administrados directamente por el municipio, como impuestos a la propiedad inmobiliaria, derechos y aprovechamientos, donde el actual texto constitucional propone una relación injusta otorgando beneficios mayores a la federación en detrimento del municipio, al establecerse en el artículo 115, párrafo segundo de la fracción IV, de la ley fundamental: “Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y e) ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público”.
Por lo injusto e inicuo de la actual situación, no sólo por los problemas económicos que enfrentan los municipios y las responsabilidades a que tienen que hacer frente, en esta iniciativa proponemos reformar el citado párrafo constitucional, con objeto de eliminar la exención a que he hecho referencia, logrando con ello colocar a los tres niveles de gobierno en condiciones de igualdad.
Con base en lo expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta representación popular, para discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 115. ...
I. a III. ...
IV. ..., y en todo caso:
a) a c) ...
Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.
...
...
...
V. a X. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva del Congreso de Durango para llevar a cabo los trámites legales pertinentes ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Artículo Tercero. Comuníquese esta determinación a la parte interesada, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.
Sala de comisiones del Congreso del estado, en Victoria de Durango, Durango, a 10 de noviembre de 2011.— La Comisión de Estudios Constitucionales, diputados: Luis Enrique Benítez Ojeda, presidente; Judith Irene Munguía Corral, secretaria; Dagoberto Limones López, Miguel Ángel Olvera Escalera, Otniel García Navarro, vocales (rúbricas).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
CODIGO PENAL FEDERAL
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Escudo.— Honorable Poder Legislativo del Estado Libre y soberano de Quintana Roo.
Honorable pleno legislativo:
Los suscritos, diputados integrantes de los Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero de la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 43 y 113 de la Ley Orgánico del Poder Legislativo, así como los numerales 38 y 53 del Reglamento poro el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, emiten el siguiente punto de acuerdo por el que la honorable XIII Legislatura del estado remite, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de lo Unión la iniciativa de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente; lo anterior de conformidad con los siguientes
Antecedentes
En sesión ordinaria celebrada por la honorable XIII Legislatura del estado, en fecha 4 de octubre de 2011, y con fundamento en el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, el presidente de la Mesa Directivo en funciones turnó a las Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio y análisis, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, presentado por el diputado Luis Alfonso Torres Llanes, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de esta XIII Legislatura del estado.
En términos de lo dispuesto en los numerales 33, 34, 35 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 42 y 43 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, estas Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, son competentes para dictaminar sobre el presente asunto.
Consideraciones
Primera. Que conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de las legislaturas de los estados iniciar leyes o decretos.
Segunda. Que en virtud de lo anterior, mediante sesión ordinaria celebrada por la honorable XIII Legislatura del estado, en fecha 4 de octubre de 2011, y con fundamento en el artículo 40 del Reglamento paro el Gobierno Interior de lo Legislatura del Estado de Quintana Roo, el presidente de la Mesa Directiva en funciones turnó a las Comisiones de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio y análisis, la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, presentado por el diputado Luis Alfonso Torres Llanes, en su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de esta XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Tercera. Que del análisis de la iniciativa de referencia, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero, consideramos que resulta procedente, en todos y cada uno de sus términos, aunado a que corresponde a las legislaturas de los estados, el derecho de iniciar leyes o decretos, facultad que en el caso se ejercita para los efectos de que el honorable Congreso de la Unión, en términos del numeral 73, fracción XXIX-L, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le atribuye la facultad de legislar en a efecto de establecer la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.
Cuarta. En virtud de lo anterior, en apoyo de los artículos 75, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como por lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer la iniciativa de decreto que deberá ser enviada al Congreso de la Unión en los siguientes términos:
Artículo Único. Iniciativa de decreto que reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente, en los términos siguientes:
Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente
Con la facultad establecida en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa aprobación unánime de sus integrantes, la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, somete a consideración de esa honorable Cámara la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, en los términos siguientes:
Considerandos
En virtud de la problemática que enfrenta la especie Stromgus gigas (caracol rosado o blanco) en cuanto a la disminución de su población en los litorales quintanarroenses, derivado de situaciones multifactoriales que van desde la contaminación del entorno natural en el que habitan, los efectos nocivos provocados por el cambio climático, y muy en especial la pesquería furtivo de esta especie, resulta imperativo que el Poder Legislativo de Quintana Roo haga uso de las atribuciones constitucionales conferidas para proponer reformas a legislación federal que coadyuven a atenuar o solucionar esta problemática ecológica.
El caracol rosado, Strombus gigas, fue uno de los principales recursos pesqueros de Quintana Roo. Su alta vulnerabilidad ante la pesca comercial y la ilegal, así como la pérdida de la calidad de su hábitat en la zona costera, han producido una importante disminución de su población. La pesquería alcanzó su fase de desarrollo en los años setentas y principios de los ochentas con poco más de 300 toneladas de pulpa de caracol capturadas a lo largo de la costa oriental de la entidad y en bancos de arena próximos a las islas. Al final de esta década entra en descenso la población; a partir de 1990, sólo se había autorizado la captura en los bancos de pesca de Cozumel y Banco Chinchorro; sin embargo, la pesquería de caracol rosado entró a una fase de deterioro, derivado principalmente de la pesca ilegal o furtiva, por lo que actualmente hay una veda vigente permanente por tres años en el banco de pesca de Cozumel que concluye en 2012, y sólo está permitida la pesquería de esta especie en el Banco de Chinchorro.
Estudios de expertos han recopilado alarmantes datos históricos sobre la situación de la pesquería de caracol rosado en Quintana Roo, a saber, de 1972 a 1975, se extrajeron de los litorales quintanarroenses un máximo de 350 toneladas de caracol rosado; a partir de 1976 hasta los años ochentas hubo una fuerte declinación, al pasar de 270 toneladas en 1976 a 54 toneladas en 1980, esto en todo el estado.
Por lo que en 1986 se decide por parte de las autoridades competentes conjuntamente con los usuarios del recurso, la suspensión de la captura en importantes áreas de pesca como son Isla Mujeres y Cozumel, permitiendo la captura únicamente en el Banco Chinchorro, fijándose una cuota anual de 45 toneladas.
Posteriormente se redujo la captura a sólo cuatro meses al año, disminuyendo ésta a 30 toneladas, y en las últimas tres temporadas de captura, a sólo 12 toneladas para las tres cooperativas que interactúan en el Banco Chinchorro; por ello la importancia de aplicar un veda de recuperación y elevar a pena grave lo captura de ésta especie, debido a la sobreexplotación, lo comercialización indiscriminado y la pesca furtiva.
La pesca de caracol está regulada por la NOM-0l3-PESC, la que entre otras disposiciones establece para el caracol rosado, una talla mínima de captura de 20 centímetros de longitud de la concha y la administración mediante cuotas de captura. Como medida adicional para frenar la reducción del stock, se estableció la antedicha veda del banco de pesca de Cozumel, cerrándose temporalmente la extracción de caracol rosado por un periodo de 3 años hasta enero de 2012 (“Aviso de veda”, Diario Oficial de la Federación, a febrero 13 de 2009). En este mismo aviso de veda, para Banco Chinchorro, disminuye el periodo de captura a sólo cuatro meses el año, siendo de diciembre a febrero y abril la temporada para la extracción de la cuota autorizada.
Sin embargo, estas medidas y esfuerzos deben de ir acompañados de un marco jurídico vigoroso y actuante, que castigue de manera ejemplar la pesca furtiva e ilegal de esta especie, que implica una seria amenaza existencial a esta especie tan apreciada.
En este sentido, el diputado Luis Alfonso Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, presentó una iniciativa de decreto para que el Congreso del Estado de Quintana Roo presente, a su vez, al honorable Congreso de la Unión, iniciativa para reformar el artículo 420, en la fracción II Bis, del Código Penal Federal, con el objetivo de elevar a delito grave la pesquería, captura, acopio, transportación y comercialización de la especie “caracol rosado” en época de veda; a esta disposición legal artículo se pretende derogar una de las características del tipo penal en lo que concierne a la necesidad de probar la “asociación delictuosa”, ya que ha sido una constante que por la dificultad de probar penalmente esta situación prevista, se carece del requisito que encuadra este delito como grave, por lo cual, la iniciativa pretende suprimir esta situación, para que finalmente la captura, acopio, transportación y comercialización de caracol rosado en época de veda se establezca como delito en el Código Penal Federal, y encuadre como delito grave según lo establecido en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En mérito de lo anterior expuesto, fundado y motivado, esta honorable XIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo somete a consideración y trámite legislativo del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente
Artículo Único. Iniciativa de decreto que reforma al artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente para quedar como sigue:
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente:
I.a II. ...
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y caracol rosado o blanco, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
III. a V. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,
Dado en la ciudad de Chetumal, sede de los Poderes del Estado de Quintana Roo, al primer día de diciembre de dos mil once.
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
En mérito de lo anterior, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Desarrollo Rural y Pesquero presentan los siguientes puntos de
Acuerdo
Primero. La XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Segundo. Se faculta al presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, para que en nombre del Congreso de Quintana Roo, suscriba el presente acuerdo que contiene la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.
Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en caso de considerarlo, se adhieran a él.
Sala de comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del estado, Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 29 de noviembre de 2011.— La Comisión de Justicia, diputados: Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica), Demetrio Celaya Cotero, Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica), José de la Peña Ruiz de Chávez (rúbrica). La Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, diputados: Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica), Jaqueline Estrada Peña (rúbrica), Mauricio Morales Beiza, Luciano Sima Cab (rúbrica), José Alfredo Contreras Méndez (rúbrica).»
«Escudo.— Honorable Poder Legislativo del Estado Libre y soberano de Quintana Roo.
XIII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.— Presente.
El que suscribe, Luis Alfonso Torres Llanes, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la XIII Legislatura de Quintana Roo, y en uso de las atribuciones que confieren la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la fracción II del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y haciendo alusión a la facultad conferida a las legislaturas estatales en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración y trámite legislativo de esta honorable soberanía, la presente iniciativa de decreto, por el cual la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo presenta al Congreso de la Unión iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal, al tenor de los siguientes
Considerandos
En virtud de la problemática que enfrenta la especie Stromgus gigas (caracol rosado o blanco) en cuanto a la disminución de su población en los litorales quintanarroenses, derivada de situaciones multifactoriales que van desde la contaminación del entorno natural en que habitan y los efectos nocivos provocados por el cambio climático hasta, muy en especial, la pesquería furtiva de esta especie, resulta imperativo que el Poder Legislativo de Quintana Roo haga uso de las atribuciones constitucionales conferidas para proponer reformas de legislación federal que coadyuven a atenuar o solucionar esta problemática ecológica.
El caracol rosado Stromgus gigas fue uno de los principales recursos pesqueros de Quintana Roa. Su alta vulnerabilidad ante la pesca comercial y la ilegal, y la pérdida de la calidad de su hábitat en la zona costera han producido una importante disminución de su población. La pesquería alcanzó su fase de desarrollo en la década de 1970 y principios de la de 1980, con poco más de 300 toneladas de pulpa de caracol capturadas a lo largo de la costa oriental de la entidad y en bancos de arena próximos a las islas. Al final de esta década entró en descenso la población a partir de 1990, sólo se había autorizado la captura en los bancos de pesca de Cozumel y Banco Chinchorro. Sin embargo, la pesquería de caracol rosado entró en una fase de deterioro, derivado principalmente de la pesca ilegal o furtiva, por lo que actualmente hay una veda vigente permanente por tres años en el banco de pesca de Cozumel que concluye en 2012, y sólo está permitida la pesquería de esta especie en el Banco de Chinchorro.
Estudios de expertos han recopilado alarmantes datos históricos sobre la situación de la pesquería de caracol rosado en Quintana Roo; a saber: de 1972 a 1975 se extrajeron de los litorales quintanarroenses un máximo de 350 toneladas de caracol rosado; a partir de 1976 hasta los años ochenta hubo una fuerte declinación, al pasar de 270 toneladas en 1976 a 54 toneladas en 1980, esto en todo el estado.
Por eso, en 1986 las autoridades competentes decidieron con los usuarios del recurso suspender la captura en importantes áreas de pesca, como Isla Mujeres y Cozumel, permitiendo la captura únicamente en el Banco Chinchorro, fijándose una cuota anual de 45 toneladas.
Posteriormente se redujo la captura a sólo cuatro meses al año, disminuyendo ésta a 30 toneladas, y en las últimas tres temporadas de captura a sólo 12 toneladas para las tres cooperativas que interactúan en el Banco Chinchorro. Por ello la importancia de aplicar un veda de recuperación y elevar a pena grave la captura de esta especie, debido a la sobreexplotación, la comercialización indiscriminada y la pesca furtiva.
La pesca de caracol está regulada por la NOM-013-PESC, la cual entre otras disposiciones establece para el caracol rosado una talla mínima de captura de 20 centímetros de longitud de la concha y la administración mediante cuotas de captura.
Como medida adicional para frenar la reducción del stock se estableció la antedicha veda del banco de pesca de Cozumel, cerrándose temporalmente la extracción de caracol rosado por un periodo de tres años, hasta enero de 2012 (aviso de veda, Diario Oficial de la Federación, 13 de febrero de 2009). En el mismo aviso de veda, para Banco Chinchorro, disminuye el periodo de captura a sólo cuatro meses al año, siendo de diciembre a febrero y abril la temporada para la extracción de la cuota autorizada.
Sin embargo, estas medidas y esfuerzos deben de ir acompañados de un marco jurídico vigoroso y actuante, que castigue de manera ejemplar la pesca furtiva e ilegal de esta especie, que implica una seria amenaza existencial a esta especie tan apreciada.
En este sentido, resulta imperativo para la XIII Legislatura del estado presentar una iniciativa con proyecto de decreto para que el Congreso de Quintana Roo presente, a su vez, al Congreso de la Unión iniciativa para reformar el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal, con el objetivo de elevar a delito grave la pesquería, la captura, el acopio, la transportación y la comercialización de la especie “caracol rosado” en época de veda. A esta disposición legal se pretende derogar una de las características del tipo penal por lo que concierne a la necesidad de probar la “asociación delictuosa”, ya que ha sido una constante que por la dificultad de probar penalmente esta situación prevista se carece del requisito que encuadra este delito como grave, por lo cual la iniciativa pretende suprimir esta situación, para que finalmente la captura, el acopio, la transportación y la comercialización de caracol rosado en época de veda se establezca como delito en el Código Penal Federal y encuadre como delito grave según lo establecido en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, la XIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo somete a consideración y trámite legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal vigente
Código Penal Federal
Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa a quien ilícitamente
I. y II. ...
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, langosta y caracol rosado o blanco dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
III. a V. ...
Transitorios
Primero. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase al Congreso de la Unión, para el trámite legislativo conducente.
Segundo.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la ciudad de Chetumal, sede de los Poderes de Quintana Roo, a 2 de septiembre de 2011.— Diputado Luis Alfonso Torres Llanes (rúbrica).»
«Escudo.— Honorable Poder Legislativo del Estado Libre y soberano de Quintana Roo.
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En sesión ordinaria celebrada con fecha 1 de diciembre del año en curso, la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo tuvo a bien aprobar los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el envío a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal Federal.
Segundo. Se faculta al presidente de la Mesa Directiva del tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, para que en nombre del Congreso de Quintana Roo, suscriba el presente acuerdo, que contiene la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 420, fracción II Bis, del Código Penal, Federal.
Tercero. Remítase el contenido del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda.
Cuarto. Remítase el contenido del presente acuerdo a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en caso de considerarlo, se adhieran a él.
Sin otro particular, reiteramos las seguridades de nuestra alta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, a 1 de diciembre de 2011.— Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero (rúbrica), presidente;diputado José de la Peña Ruiz de Chávez (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
Continúe la Secretaría con iniciativas, señor senador.
LEY GENERAL DE SALUD
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en las fracciones II del artículo 71 y III del 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, Silvia Esther Pérez Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, por la que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En 1983 se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud para toda persona, mediante la reforma del artículo 4o., el cual establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
En México, el derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios de salud se consideran un derecho social. Por ello, a diferencia de los derechos individuales, exigen la intervención activa del Estado.
El sistema nacional de salud se constituye por las dependencias y las entidades de la administración pública, tanto federal como local, por las personas físicas morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, y por los instrumentos de coordinación de acciones.
Sin embrago, el sistema nacional de salud no es un fin en sí mismo sino un instrumento para incrementar la efectividad del ejercicio del derecho a la protección de la salud y del acceso a los servicios de salud.
El articulo 4o. constitucional también ampara y consagra el derecho de los niños a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Asimismo, el artículo citado establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará por y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, que este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en México 29.1 por ciento de la población lo componen niños. La tasa de mortalidad infantil en 2011 fue de 17.29, con la que el país ocupa el lugar 103 mundial. En 1970, el número de infantes en México era de 23.9 millones; es decir, 47.2 por ciento de la población. Esta variable da el número de muertes de menores de un año de edad en un año determinado por cada mil niños nacidos vivos en el mismo periodo.
En el país, la mortalidad infantil ha ido en claro descenso durante la última década. Tan sólo en 2003 la tasa era de 23.68. Es claro el efecto positivo que programas como el Seguro Popular con el Seguro Médico para una Nueva Generación han generado en la población infantil.
De acuerdo con el quinto informe del presidente Felipe Calderón Hinojosa, 100 millones de mexicanos ya cuentan con acceso a los servicios de salud. El sector público y el Seguro Popular han desempeñado un papel fundamental para que se alcanzara esa meta.
Las acciones desarrolladas por los servicios de salud de carácter público han producido la erradicación de enfermedades como la viruela y la poliomielitis, el control del sarampión, la tosferina y el tétanos, pues ello se debe a las fuertes campañas de vacunación que han cubierto a 98.3 por ciento de los niños en edad preescolar y a 95.5 de los menores de un año. Las vacunas que se aplican son la DPT, antipoliomelítica, antisarampión y BCG. Recientemente, el esquema de vacunación se ha mejorado con la incorporación de nuevas vacunas del toxoide tetánico-diftérico tipo adulto y de la vacuna triple viral, que protege contra la parotiditis, la rubéola y el sarampión.
Finalmente, las deficiencias de la nutrición de los mexicanos se han reducido en 17.8 por ciento entre 2000 y 2005, a pesar de que entre 2001 y 2002 se presentó un incremento de 10.1 por ciento en la tasa. Ello se explica por la implantación de programas focalizados y campañas de educación sobre alimentación.
En ese contexto se propone la reforma del artículo 36, a fin de aclarar un error que se constituye en una constante y latente amenaza contra la gratuidad de los servicios de salud y cuya interpretación dolosa puede limitar el acceso a los servicios de salud para los niños cuyas familias no cuenten con ingresos suficientes para cubrir las cuotas de recuperación.
El artículo 36 de la Ley General de Salud establece que las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.
La distribución del ingreso en México se mide a través del índice de Gini, en el cual se establecen niveles de ingreso tomando como referencia una distribución de la población del país en segmentos de 10 por ciento (deciles).
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realiza una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, por medio de la cual se calculan los deciles de ingreso en la población, como se muestra en la gráfica siguiente:
De lo anterior se observa que los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros en orden; por tanto, resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud hay una inconsistencia, que lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto parecería desprenderse que la Secretaría de Salud determina dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo señalado el Inegi realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación.
Por lo aquí expuesto, a fin de corregir las inconsistencias señaladas y con el propósito de tutelar de manera efectiva la gratuidad de los servicios de salud para los niños que lo necesiten, otorgándoles certeza jurídica y las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la protección de la salud, pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 36. ...
...
...
...
Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres primeros deciles establecidos por la Secretaría de Salud.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso de funcionamiento, suscrita por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD
Problemática a resolver
Uno de los objetivos del aviso de funcionamiento establecido en el artículo 200 Bis de la Ley General de Salud es el de supervisar que las condiciones y los productos utilizados en los establecimientos no representen un riesgo para la salud de las y los mexicanos. Sin embargo, actualmente el aviso de funcionamiento entra en vigor una vez que se ha comenzado la operación de los establecimientos, además de que no proporciona la información necesaria para detectar posibles riesgos sanitarios. La presente iniciativa busca solventar esos problemas con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Es responsabilidad del estado la protección de la sociedad frente a potenciales riesgos a la salud ocasionados por el uso y consumo de, entre otros, alimentos, bebidas, medicamentos, suplementos alimenticios, productos de perfumería, belleza y aseo, así como de otros productos y sustancias.
Con el fin de dar cumplimiento a esa encomienda, en 1997 se publicaron una serie de reformas a la Ley General de Salud, entre las que destacaron la del artículo 200 Bis, que establece la necesidad de un aviso de funcionamiento para los establecimientos que, por su actividad, pueden generar riesgos para la salud de las y los mexicanos pero que pueden no estar explícitos, como en el caso de los que requieren autorización sanitaria.
De esa manera se buscaba que el aviso de funcionamiento fuera una herramienta que permitiera identificar posibles riesgos sanitarios en los establecimientos, y actuar antes de que representaran un peligro grave para la sociedad.
Sin embargo, el artículo 200 Bis establece que el aviso de funcionamiento se deberá entregar a más tardar diez días después de iniciada la operación, lo cual resulta incongruente con la idea de prevenir los riesgos sanitarios. Durante ese lapso de diez días de funcionamiento, más el tiempo que toma revisar el aviso de funcionamiento, se pueden cometer serias faltas que pueden poner en riesgo la salud de las personas. Al final, la acción del gobierno es una protección ineficaz, pues cura el daño y no lo previene.
Si realmente se quiere prevenir, el aviso de funcionamiento debe entregarse previo al inicio de operaciones, a efecto de poder resolver si existen o no riesgos para la salud, y que una vez que entre en operaciones el establecimiento se haya eliminado toda sospecha de peligro.
Aunado a lo anterior, el aviso de funcionamiento debe ser más explicativo, sin dejar de ser un trámite sencillo. Con el fin de proveer más información que facilite la detección de posibles riesgos y que ayude a un análisis más rápido, el aviso de funcionamiento debe contener las características de los productos empleados y no sólo un listado. De esa manera se facilitará la revisión de las características de los productos a la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Por ello, esta iniciativa pretende establecer que el aviso de funcionamiento se deberá entregar mínimo 30 días antes de la entrada en operación de los establecimientos. Además, que se deberá complementar con la descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el caso de productos que contengan plantas se incluirá además el nombre científico de las mismas. Finalmente, sólo para armonizar las modificaciones al artículo 200 Bis, se actualiza el artículo 47 de la Ley General de Salud.
A pesar de que es mayor la información solicitada, también es información que se consigue con facilidad, especialmente cuando son insumos básicos para el funcionamiento del establecimiento, por lo que los dueños deben tener conocimiento de ellos. También, la entrega del aviso 30 días antes de su entrada en funciones no entorpece ni retrasa el mismo, ya que por lo general son establecimientos que requieren de cierta infraestructura para operar, por lo que dentro de los tiempos en que se preparan para la apertura, se puede entregar el aviso de funcionamiento.
Fundamento Legal
Es por lo anterior que el suscrito diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Por el que se reforman los artículos 47 y 200 Bis de la Ley General de Salud en materia del aviso de funcionamiento.
Artículo Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 47 y el tercer párrafo del artículo 200 Bis, y se adiciona una fracción III Bis al artículo 200 Bis; todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 47. ...
El aviso a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contener los requisitos establecidos en el artículo 200 Bis de esta ley.
...
Artículo 200 Bis. ...
...
El aviso a que se refiere este artículo deberá presentarse por escrito a la Secretaría de Salud o a los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos treinta días anteriores a aquel en que se pretendan iniciar operaciones y contendrá los siguientes datos:
I. a III.
III Bis. La descripción de los productos, incluyendo el nombre de todos los ingredientes que los componen, modo de empleo, muestra de la etiqueta original, información con la que se comercialice y en su caso monografía y fórmula cuantitativa para aquellas sustancias no comunes. Para el caso de productos que contengan plantas se incluirá además el nombre científico de las mismas.
IV. a VI.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los avisos que se presenten a partir de la entrada en vigor de lo dispuesto por el presente decreto y no cuenten con los requisitos señalados, contarán con 30 días para actualizarlos, de lo contrario tendrán que iniciar un nuevo trámite.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACION - CODIGO PENAL FEDERAL
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Problemática
La educación, es uno de los derechos primordiales que el Estado mexicano garantiza y protege, al menos desde el ámbito constitucional, ya que en la práctica, la carencia de recursos públicos y la falta de calidad y eficiencia dentro de la educación pública, ha provocado que gran parte de la población tenga que recurrir a los servicios que ofrece la educación privada.
Sin embargo, a través de los años, las irregularidades y los abusos del sector privado, y del propio Estado, respecto a las cuotas voluntarias o no, han provocado una importante distorsión respecto a la garantía fundamental de la educación.
Argumentación
El artículo 6 de la Ley General de Educación, dispone que la educación que el Estado imparta será gratuita y las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se podrán considerar como contraprestaciones del servicio educativo.
De igual manera la Secretaría de Educación en las disposiciones locales que emite a su personal, señala que los directores o profesores de escuelas públicas deberán abstenerse de todo cobro, manejo o custodia de cuotas de inscripción.
A pesar de lo anterior, durante cada inicio de ciclo escolar se reciben una gran cantidad de quejas de padres de familia, a cuyos hijos se les ha negado el derecho a recibir los servicios educativos al no cubrir las cuotas que impone la institución, que bajo el título de aportaciones voluntarias, aportación familia, cuota a la asociación de padres de familia, o cualquier otro, no es más que el cobro abusivo e ilegítimo de cuotas no autorizadas, o que no tienen otro fin, más que generar mayores ingresos para la institución.
Esta situación, ha provocado que reiteradamente se viole una de las garantías fundamentales de los mexicanos, sin que exista ninguna limitación para ello.
El artículo 32 de la Ley General de Educación, establece que las autoridades educativas tomarán medidas tendentes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como, el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Por tanto, es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que cualquier requisito, acto o solicitud que pudiere afectar el acceso a la educación de niños y niñas mexicanos se elimine, por bien intencionado que parezca. Tal es el caso de las cuotas o donaciones que se solicitan a los padres de familia para inscribir a sus hijos en la escuela, para participar en eventos colectivos u otros, para dar una mejor apariencia y mantenimiento a las instalaciones donde se imparte la educación.
En tal virtud, es indispensable que la Ley General de Educación garantice la gratuidad de la educación en la práctica.
La iniciativa que se propone, no pretende eliminar la posibilidad de cualquier mexicano de realizar las donaciones que así le parezcan en beneficio del sistema educativo nacional. Lo que se propone, es lograr proteger aquellos padres de familia que por su situación económica no puedan cubrir las cuotas educativas o no puedan cubrirlas en su totalidad y que dicha omisión no se convierta en un obstáculo para la educación de sus hijos ni en un medio de discriminación o rechazo por parte de los educadores, u otros educandos.
Es por lo anterior, que se propone modificar el artículo 6 de la Ley General de Educación con el fin de adicionar y distinguir entre las donaciones que puede realizar cualquier persona física y moral al sistema educativo nacional, de aquellas donaciones o contribuciones que realicen los padres de familia directamente a los centros educativos en los que acuden sus hijos a recibir la educación que imparte el Estado mexicano. En este último caso, se garantiza la secrecía del aportante y del monto efectivamente aportado.
Con ello, en el Partido Verde buscamos garantizar que el pago de cuotas, donaciones y otras contribuciones que se solicitan a los padres de sean plenamente voluntarias y de acuerdo con la capacidad económica de cada padre de familia.
Con esta iniciativa además, se eliminará cualquier acción de discriminación y rechazo que puedan sufrir los educandos por parte de sus educadores o compañeros de escuela.
El artículo 25 de la Ley General de Educación, establece que el monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento.
Sin embargo, sabemos que nuestra realidad dista mucho de ello, los recursos en el sector educativo aún son muy pocos comparados a los que se tienen a nivel internacional.
De igual forma, es menester señalar que la calidad y efectividad en la distribución y aplicación de los recursos es tan importante, como la cantidad de gasto.
Es por ello que la presente iniciativa, más que eliminar la posibilidad de que cualquier mexicano pueda realizar donaciones en beneficio del sistema educativo nacional, lo que propone es clarificar lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Educación, para que en ningún caso las donaciones que realicen quienes ejerzan la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales, sean tomadas como contraprestaciones del servicio educativo, tanto en el ámbito público como en el privado.
Lo anterior necesariamente tendrá una repercusión económica sobre nuestro sistema educativo, por lo cual, para no provocar una merma en los ingresos de éste, se propone –al mismo tiempo– que el Estado procure el otorgamiento de recursos, no sólo a las instituciones públicas, sino también a las instituciones de educación privada, a fin de compensar y equilibrar el gasto necesario para llevar a cabo su función educativa.
Sabemos, que ésta ha sido una demanda que ya ha sido retomada por varios legisladores, incluso en abril del año pasado aprobamos un proyecto que pasó a la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación, sin embargo, es necesario continuar trabajando en el tema para su perfeccionamiento y correcta atención.
Es por ello que este proyecto además, se pretende incluir una fracción VIII al artículo 65 de la Ley General de Educación para reconocer como derecho de quienes ejercen la patria potestad o la tutela el participar de forma voluntaria con las cuotas, donaciones o contribuciones que se solicitan en los planteles educativos donde reciben educación sus tutelados o educandos.
Por último, para efectos de hacer efectivo el derecho a la educación de forma gratuita y que no se vea condicionado de ninguna manera; así como, violar el derecho de secrecía para quienes hagan donaciones de carácter voluntario, se propone modificar el artículo 215 del Código Penal Federal.
Fundamentación
Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3, numeral 1, fracción VIII; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y el Código Penal Federal
Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo sexto de la Ley General de Educación para queda como sigue:
Ley General de Educación
Artículo 6. La educación que el Estado imparta será gratuita. Cualquier persona física o moral podrá realizar donaciones destinadas a beneficiar la educación que imparta el Estado mexicano.
Las donaciones, contribuciones o cuotas que realicen quienes ejercen la patria potestad o la tutela, destinadas a la educación que se imparta en las escuelas en las que cursen estudios sus hijos o tutelados, serán siempre voluntarias y se guardará en todo momento secrecía del aportante y monto de la donación. El Estado garantizará este derecho en beneficio de quienes ejercen la patria potestad o tutela y los educandos.
En ningún caso las donaciones que realicen quienes ejercen la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
En ningún caso las donaciones que realicen quienes ejercen la patria potestad o tutela, o personas físicas o morales se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, tanto en el ámbito público como en el privado.
El Estado procurará el otorgamiento de recursos a las instituciones de educación pública y privada, a fin de compensar y equilibrar los ingresos necesarios para llevar a cabo su función educativa.
Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I. a VII. ...
VIII. El donar, contribuir y pagar cuotas a las escuelas en donde cursen estudios sus hijas, hijos o pupilos menores de edad de acuerdo a sus posibilidades económicas y en plena y absoluta secrecía respecto de quien realiza la misma así como del monto efectivo de la donación, cuota o contribución otorgada.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XVII y se reforma el párrafo segundo del artículo 215 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:
I. a XVI. ...
XVII. Cuando se condicione la prestación del servicio público y gratuito de la educación o se viole el derecho a realizar cuotas de forma voluntaria o en absoluta secrecía como lo dispone en su artículo 6 la Ley General de Educación.
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones I a V, X a XII y XVII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 11 días del mes de enero del año 2012.— Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY AGRARIA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, suscrita por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Comisión Permanente la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, para establecer mayores garantías en favor de los titulares del derecho de preferencia en materia de enajenación de derechos parcelarios.
I. Planteamiento del problema
Como consecuencia de la reforma al artículo 27 de la Constitución y la entrada en vigor de la nueva Ley Agraria, se ha generalizado en los ejidos la venta de parcelas, que no es otra cosa que la enajenación de los derechos parcelarios individuales a título oneroso. La Ley Agraria actual contempla este supuesto en el artículo 80, sin embargo lo condiciona a que la enajenación de estos derechos parcelarios se realice a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. En la práctica este requisito no se cumple en la gran mayoría de estas operaciones debido a que las enajenaciones de derechos parcelarios se realizan con terceros ajenos al ejido o al núcleo de población ejidal, por lo que se trata de enajenaciones realizadas al margen de la norma, es decir, se trata de operaciones ilegales.
No obstante que el texto del artículo 80 establece con claridad el derecho de preferencia del cónyuge e hijos para adquirir los derechos parcelarios cuando el titular manifieste la intención de enajenarlos, protegiendo de esta manera el interés superior de mantener cohesionado al núcleo familiar a través de la conservación de la fuente de su sustento, en diversas resoluciones judiciales se ha denegado este derecho al amparo de interpretaciones que privilegian criterios privatistas de este precepto en demérito de la protección a intereses jurídicos superiores como son la integridad de la familia y su arraigo al núcleo agrario.
Las consecuencias que este tipo de operaciones están generando en el campo, son, entre otras, las siguientes:
• Disminuye la superficie cultivada debido a que quienes adquieren los derechos parcelarios generalmente lo hacen con propósitos distintos a la producción agrícola.
• El hecho de que los adquirientes de los derechos parcelarios no lo hagan con propósitos agrícolas ha propiciado el fraccionamiento de las parcelas para destinarlas a otros fines.
• Estimula el incremento de la conflictividad rural por las sucesivas enajenaciones de fracciones de la parcela adquirida al margen de la norma, así como por las impugnaciones de este tipo de operaciones por quienes estiman violados sus derechos preferenciales.
• Provoca el desarraigo del núcleo ejidal de los hijos del titular de los derechos parcelarios quienes no tienen otra opción de empleo más que la que pueden encontrar en las zonas urbanas.
• Alienta la desintegración de la familia al ser privada del elemento fundamental para su sustento y cohesión como es la parcela ejidal.
Para corregir esta situación, en esta iniciativa propongo reformar el artículo 80 de la Ley Agraria a efecto de que su contenido recoja de manera inobjetable el propósito esencial de garantizar el derecho preferencial del cónyuge e hijos para que los derechos parcelarios permanezcan dentro del núcleo familiar, y, solamente agotada esta opción, puedan enajenarse a ejidatarios o avecindados.
II. Exposición de Motivos
De acuerdo con los datos que se desprenden del IX Censo Ejidal de 2007, en dos de cada tres núcleos agrarios se registran operaciones de compra-venta de tierras; en el 82.4% de los ejidos en donde se reportó circulación de la tierra, ésta se dio entre los propios miembros del ejido y en 54.1 por ciento las transacciones se dieron con personas ajenas al ejido. En el censo de 2010 el Inegi identificó que en 11 mil 361 núcleos agrarios compraron tierras personas ajenas al ejido. En los últimos diez años, la compraventa de tierra involucró a 3 millones 97 mil hectáreas.
Por otro lado, en lo que se refiere a la superficie cultivada, en el Censo Ejidal de 1991 se encontró que los ejidos y comunidades contaban con 22.7 millones de hectáreas de labor mientras que en 2007 apenas se llegó a 20.5 millones. Es decir, la circulación de la tierra, producto de las transacciones de los derechos parcelarios o del dominio pleno no se ha reflejado en un incremento de la superficie cultivada como lo pretendían las reformas al marco legal agrario de 1992.
Esta circunstancia se corrobora con los datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal realizado por el Inegi en 2007, que registra un total de 7 millones 378 mil 577.32 hectáreas de tierras que no se cultivan, de esta preocupante cifra tan sólo el 18.4 por ciento no es cultivada por encontrarse en descanso, mientras que el 74.7 por ciento de dicha cifra no es cultivada injustificadamente, evidenciando la existencia de una inmensa superficie de tierras ociosas a lo largo del territorio nacional.
Estos datos demuestran que aún cuando la reforma al artículo 27 constitucional canceló el reparto oficial de tierras, en los hechos se ha venido dando un reparto social que ha incrementado en 2.1 millones de sujetos agrarios a los registrados en el VII Censo Ejidal de 1991. La mayoría de los nuevos sujetos agrarios que accedieron a la tierra los hicieron bajo la forma de posesionarios, muchos de ellos regularizados por el Procede.
Como resultado de este reacomodo en la tenencia de la tierra posterior a las reformas de 1992, ahora existen en los núcleos ejidales y comunales más sujetos en prácticamente la misma tierra y con predios más pequeños. El promedio de superficie parcelada entre 1991 y 2007 pasó de 9.1 a 7.5 hectáreas por sujeto agrario. Lo que demuestra que el objetivo de promover unidades de producción más grandes que permitieran economías de escala no solamente no se ha logrado sino que ha sucedido precisamente lo contrario.
El minifundio, en lugar de revertirse como pretendían las reformas de 1992 se acentuó y mantiene una tendencia creciente. En 16 años los predios de ejidatarios y comuneros perdieron 21 por ciento de su tamaño. En el caso de los posesionarios, de acuerdo con las estadísticas del sector agrario, la situación es aún más grave pues cuentan con predios promedio de 4 hectáreas por sujeto.
Esta incorporación de nuevos sujetos agrarios al margen de los mecanismos que contempla la Ley Agraria, lejos de contribuir a generar certidumbre ha propiciado que se incremente en el campo la falta de seguridad y certeza jurídicas en la tenencia de la tierra, fenómenos atávicos que se pretendió resolver con las reformas de 1992 al marco jurídico agrario.
Lo anterior se corrobora cuando se observa que el Registro Agrario Nacional a través del Procede regularizó a 610 mil 975 posesionarios y, por otro lado, el censo ejidal de 2007 identificó a 1.4 millones de posesionarios, es decir, 136 por ciento más de lo reportado por el RAN, los cuales no cuentan con documentos que avalen la posesión de sus tierras al interior de los ejidos y comunidades ya que no fueron regularizados por el Procede.
De acuerdo con los datos del noveno Censo Ejidal, en 41.2 por ciento de los ejidos y comunidades la mayoría de los jóvenes habían migrado, poco más de dos terceras partes a Estados Unidos; 25 por ciento a áreas urbanas dentro del país y sólo 6 por ciento a zonas rurales. Estos datos reflejan que los jóvenes ya no se interesan en las actividades agropecuarios o bien, que las transacciones irregulares de los derechos parcelarios están impulsando su salida de los núcleos agrarios.
Otro dato que respalda la presente iniciativa es el que aporta el duodécimo Censo General de Población y Vivienda de 2010 relativo a que en el 21 por ciento de los hogares rurales la jefa de la familia es la mujer, lo que significa que ante la ausencia del titular de los derechos parcelarios, es la mujer quien se queda en posesión de la tierra, situación que debe ser motivo de protección legal ante el riesgo de que en algún momento el titular de los derechos decida enajenarlos, dejando a la familia en el desamparo.
En el mismo sentido, el Censo Ejidal de 2007 registró 155 mil posesionarias más que en 2001, lo que representa un crecimiento de 41 por ciento en seis años.
De lo expuesto se pueden formular las siguientes conclusiones:
• La compraventa de tierras se volvió una práctica generalizada y se realiza tanto al interior como con personas ajenas a los núcleos agrarios.
• La circulación de la tierra no ha conducido a su concentración, tampoco a superar el minifundio ni a mejorar las condiciones de producción.
• Una gran parte de la compra-venta de tierras no se inscriben en el Registro Agrario Nacional debido a que no cumplen con los requisitos legales, y
• Las restricciones establecidas en el artículo 80 de la Ley Agraria no han frenado las transacciones irregulares de la tierra debido en gran medida a que su texto vigente ha propiciado interpretaciones contrarias a los principios sociales y tutelares que deben regirlo.
III. Propuestas
Primera. Se propone adicionar el inciso a) para establecer que el documento que formaliza la enajenación de los derechos parcelarios también podrá ser ratificado ante la Procuraduría Agraria y no solamente ante fedatario público, con el propósito de que se abra otra opción a las partes en la operación.
Segunda. La iniciativa propone establecer en el inciso b) que el derecho de preferencia tanto a favor del Cónyuge como de los hijos del titular de derechos parcelarios opera tanto en el supuesto de enajenación onerosa como a título gratuito, con el propósito de evitar que con criterios esencialmente privatistas se interprete por la autoridad jurisdiccional que el derecho del tanto solamente opera para el caso de enajenaciones onerosas, cuando en este caso se trata de un derecho del tanto aplicado en el ámbito de una norma de orden público que tutela el interés social. Así lo ha sustentado en la siguiente tesis el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito:
“De una interpretación sistemática del artículo 80 de la Ley Agraria, se arriba a la consideración de que si en tratándose de la venta de derechos parcelarios, en la que el ejidatario o el avecinado cubrirá un precio al ejidatario vendedor, debe otorgarse el derecho del tanto al cónyuge e hijos de éste para que en su caso adquieran los que se pretenden enajenar, por mayoría de razón debe brindarse también dicha oportunidad a estos últimos, en el supuesto de que un ejidatario lleve al cabo la cesión gratuita de sus derechos parcelarios, puesto que en ambas hipótesis existe la transmisión de derechos en que se sustenta el de preferencia o del tanto y, por analogía, en ese supuesto como en el primero debe buscarse la protección de las referidas personas que conforman el núcleo familiar del ejidatario cedente, al través del ejercicio de aquel derecho, por lo que en la especie es justo concluir que la Ley Agraria no únicamente protege al ejidatario sino también al cónyuge e hijos de éste”. (Tesis aislada, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito).
Tercera. Con el propósito de incorporar un elemento de mayor certeza jurídica, se adiciona el inciso b) para que expresamente establezca que la enajenación de derechos parcelarios será declarada nula por el tribunal competente cuando se omita la notificación a los titulares del derecho de preferencia a solicitud de cualquiera de los titulares del derecho de preferencia o de la Procuraduría Agraria.
Con esta adición se pretende evitar cualquier posibilidad de que bajo criterios equivocados la autoridad jurisdiccional niegue legitimidad procesal a los titulares del derecho de preferencia por carecer de la calidad de ejidatarios o avecindados, como se sostiene de manera inverosímil y absurda en la siguiente tesis de jurisprudencia:
“El juicio de nulidad de actos y contratos que contravienen las leyes agrarias previsto en la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrario, solamente está legitimado para promoverlo respecto de una enajenación de derechos parcelarios por falta de requisito consistente en que el adquiriente no sea ejidatario o avecindado del mismo núcleo de población, aquel que demuestre tener cualquiera de esas calidades y que por virtud de ellas pretenda adquirir, ya que así lo señala imperativamente el primer párrafo del artículo 80 de la Ley Agraria por lo que si al comparecer al juicio agrario el demandante sólo acredita el parentesco con el titular y no así su calidad de ejidatario o avecindado del mismo núcleo de población, es claro que no podría prevalerse de la nulidad que en su caso se pudiera obtener, pues al no poder adquirir como ejidatario o avecindado, en nada le perjudica la ausencia de ese particular elemento contenido en el artículo 80 de la Ley Agraria y así, el juicio deberá ser resuelto en el sentido de que el actor carece de legitimación en la causa, absolviendo al demandado de las prestaciones reclamadas con base en esa causa de nulidad”. (Jurisprudencia VI.3o. A.J/73, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito).
Cuarta. Se propone adicionar el último párrafo para establecer la obligación de que quien hubiere dado testimonio de la enajenación de los derechos parcelarios deberá notificarlo al Registro Agrario Nacional en un término de treinta días.
Quinta. Se propone establecer en el último párrafo que tanto el Registro Agrario Nacional como el Comisariado Ejidal negarán el registro y la inscripción cuando se hubiere omitido la notificación correspondiente a los titulares del derecho de preferencia, debiendo notificarlo a la Procuraduría Agraria para que proceda a promover la nulidad de la operación.
Por lo expuesto, someto al pleno de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona y reforma el artículo 80 de la Ley Agraria para otorgar mayores garantías en favor de los titulares del derecho de preferencia en materia de enajenación de derechos parcelarios
Artículo Único. Se adiciona y reforma el artículo 80 de la Ley Agraria para quedar como sigue:
Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.
Para la validez de la enajenación se requiere:
a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público o bien ante la Procuraduría Agraria.
b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho de preferencia ya sea que se trate de enajenación a título oneroso o gratuito, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se omita la notificación, la enajenación será declarada nula a solicitud de cualquiera de los titulares del derecho de preferencia o, bien, de la Procuraduría Agraria, que podrá presentarse en cualquier tiempo ante el Tribunal competente.
c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.
Realizada la enajenación, quien haya dado testimonio de la operación deberá notificarlo al Registro Agrario Nacional dentro de los treinta días posteriores a su celebración, el que procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. Tanto el Registro Agrario Nacional como el Comisariado Ejidal negarán el registro y la inscripción cuando se hubiere omitido la notificación correspondiente a los titulares del derecho de preferencia y lo harán del conocimiento de la Procuraduría Agraria para los efectos señalados en el inciso b) de este artículo.
Transitorio
Único. Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2011.— Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICION ENERGETICA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, suscrita por el diputado Jaime Álvarez Cisneros, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Jaime Álvarez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Exposición de Motivos
El aprovechamiento devenido por el hombre sobre las fuentes de energía renovable, entre ellas las energías solar, eólica e hidráulica, es un tema bastante remoto, pues desde muchos siglos antes de nuestra era ya se utilizaban y su manejo se mantuvo como una constante hasta la llegada de la Revolución Industrial, momento que se volvió un parte aguas, debido al bajo precio del petróleo, este tipo de energías fueron sustituidas y en gran medida abandonadas.
En la actualidad y debido al incremento en los costos de los combustibles fósiles y los problemas medioambientales derivados de su sobreexplotación, se ha optado por la implementación de las energías renovables como una alternativa ambiental, social y económica, abriendo ese abanico de posibilidades, anteriormente olvidadas.
Lo anterior se concluye después de que una variedad de estudios demuestran que la forma de vida actual es especial el modelo energético actualmente utilizado en la mayoría de las actividades cotidianas, basado en el empleo de energías no renovables es una de las causas principales que originan el cambio climático.
Siendo la principal fuente de emisión gases de efecto invernadero, la generación y el consumo de energía y, de manera sobresaliente, el sector eléctrico.
Siendo México un país geográficamente bien ubicado, con una gran riqueza natural, es un desatino que la tendencia de aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, permanezca estancado y no se consolide una política real acorde a la realidad que se vive y se desplacen las herramientas que la naturaleza nos proporciono.
El uso de combustibles de origen fósil nos ha llevado a un punto muy peligroso, lo cual nos obliga a cambiar el modelo energético y sustituirlo por aquel que permita un desarrollo sostenible.
Dentro de las alternativas energéticas existentes en el país las que se describen entre las más maduras se encuentra la hidroelectricidad.
Las naciones que basan su producción de energía en el potencial hidráulico lo hacen sabedores de las ventajas que esto implica, aunado al conocimiento que es un recurso que se renueva de forma natural, lo que les implica dirigir los excedentes a otros rubros.
Aunque esto no quiere decir que la energía hidroeléctrica sea totalmente inocua, desde el punto de vista ambiental es una de las más limpias.
Por ello es que la propuesta para minimizar los riesgo del efecto negativo que puede tener la creación de un embalse sobre el entorno, como los son los problemas de alteración de cauces, erosión, la incidencias sobre algunas poblaciones, pérdida de suelos fértiles, etcétera.
Se verían reducidas con la implementación de centrales mini hidroeléctricas, dado su menor impacto en su entorno ambiental.
Sumemos a ello que, dentro del manual de diseño hidráulico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), establece como norma que se consideraran pequeñas presas aquellas con embalses menores a 1.5 millones cúbicos y que el artículo 5o. del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) señala que presas con embalses inferiores a 1 millón de metros cúbicos no necesitan manifestación de impacto ambiental (MIA), considerando que sus impactos de índole negativa resultan ser mínimos.
La misma Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética establece que la energía minihidráulica es producida en instalaciones hidroeléctricas de capacidad limitada, utilizando la energía potencial o cinética generada por el agua que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos.
Este tipo de energía se considera renovable, pues no agota la fuente primaria al explotarla y no implica la emisión de contaminantes o residuos.
Aunado a lo anterior, los proyectos minihidráulicos, además de contribuir con la diversificación de las fuentes primarias de energía, complementan los principales beneficios económicos y sociales de este tipo de energía señalados en el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables
Asimismo se abona al cumplimiento de los objetivos enmarcados dentro de la política energética, al propiciar la seguridad y la diversificación energética, incorporando las energías renovables a la matriz energética nacional, conciliando las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el uso sustentable de los recursos naturales.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha constituido un organismo especial que lleva a cabo un proceso estricto de certificación de proyectos de desarrollo limpio (proyectos MDL) y que las metodologías que dicho organismo ha autorizado para que los proyectos de generación eléctrica a partir del aprovechamiento de recursos sean sujetos a dicha certificación están basados en el concepto de densidad de potencia.
De acuerdo a los criterios aprobados, si la densidad energética es inferior a 4 vatios/metros cuadrados, la presa correspondiente se considera poco favorables desde el punto de vista ambiental. Si la densidad de potencia se ubica en entre 4 y 10 vatios/metros cuadrados, la presa se considera adecuada desde un punto de vista ambiental pero para evaluar su impacto neto en cuanto emisión de GEI, se castiga la reducción derivada de la sustitución de combustibles fósiles en la generación eléctrica con la consideración de las emisiones de metano derivada de la inundación del embalse. Por otra parte, si la densidad de potencia de la central eléctrica es superior a 10 vatios/metros cuadrados, se considera que el proyecto es lo suficientemente favorable desde el punto de vista ambiental para que se justifique no considerar las emisiones de metano correspondientes al embalse.
Por lo expuesto, es que me permito presentar al pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
Artículo Único. Se modifica la fracción II del artículo 1o. de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética para quedar como sigue:
Artículo 1o. ...
...
I. ...
II.Energía hidráulica con capacidad para generar más de 30 megavatios, excepto cuando su densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, sea superior a 10 vatios/metros cuadrados.
III. a IV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputado Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador de la república de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 164, numerales I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son difíciles en todo el mundo, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social, ocasionando que en la gran mayoría de los casos se sienten excluidos.
Según el Inegi, el proceso de envejecimiento demográfico se manifiesta en el aumento de la proporción de personas de 60 años o más de edad. Su aumento es resultado del descenso de la mortalidad general, como consecuencia de la cada vez mayor prevención oportuna de afecciones transmisibles. Sin embargo, es un reto que tal progreso esté acompañado de mejoras en la calidad de vida.
Los cambios en el papel y la estructura de la familia pueden alterar las formas tradicionales de cuidado de las personas de mayor edad, muchas de las cuales concluyeron su vida laboral porque obtuvieron una pensión o porque sus capacidades no les permiten seguir trabajando. Para una elevada proporción, este retiro no va acompañado de seguridad económica, lo que en muchos casos genera una pérdida del reconocimiento, y la importancia que esas personas tuvieron en el pasado.
Un análisis del propio Inegi permite concluir que el proceso de envejecimiento en el país, se distingue por un claro sesgo de género y la prevalencia de la inequidad social.
Como lo muestran los altos niveles de analfabetismo, factores como la escasa educación formal que recibieron tanto hombres como mujeres de 60 años o más; la precariedad en las condiciones de su vivienda, y las características de su inserción en el mercado de trabajo (donde los ingresos percibidos por trabajo son claramente inferiores respecto a lo que reciben otros grupos de edad), entre otros, se hacen aún más notorios cuando el adulto mayor muestra alguna discapacidad, o bien cuando es hablante de lengua indígena.
Esta publicación de 2005 muestra también que los adultos mayores siguen cumpliendo un papel importante en la producción de bienes y servicios, pues casi la mitad de la población de 60 a 64 años del país continúa en la actividad económica. Esta elevada participación laboral revela una situación que, lejos de constituir una opción voluntaria, puede atribuirse tanto a la baja cobertura de la seguridad social como al escaso monto de las jubilaciones percibidas por aquellos que cuentan con tal protección.
Actualmente México es un país de jóvenes, donde 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; no obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir. Por ello, es que surge como impostergable la necesidad de establecer medidas que contribuyan a mejorara sus condiciones de vida.
La legislación mexicana establece que los adultos mayores tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones, que les permitan un ingreso propio, a desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como, a recibir la protección que establecen las disposiciones legales de carácter laboral.
La vulnerabilidad social se relaciona con grupos específicos de población, que se encuentran en situación de “riesgo social”, debido a factores propios de su ambiente doméstico o comunitario. En este sentido, el grupo de adultos mayores presenta mayor “riesgo social” que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social y atención a la salud; por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, o por su condición étnica.
Se considera que los adultos mayores forman parte de estos grupos, dado que muchos de ellos están en situación de dependencia, no cuentan con una definición de roles y muchas veces son excluidos de las decisiones.
Ello sin dejar de mencionar el mal trato que reciben por parte de un sector importante de la población, que debería otorgarles facilidades para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Al lastimar a las personas mediante la exclusión y negarles el reconocimiento como personas sujeto de derechos, la discriminación rebasa también el ámbito de lo individual, e impide construir y mantener relaciones interpersonales basadas en el respeto, la igualdad y el aprecio mutuo, necesarios para el desarrollo consistente de la identificación social.
Esto quiere decir que no es posible construir una sociedad, un Estado, si no se parte del pleno reconocimiento de la igualdad de las personas consagrado en un sinnúmero de instrumentos, nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.
Pero sin soslayar todo lo anterior, no perdamos de vista que también existe la discriminación positiva como una herramienta que contribuye a construir una sociedad más justa.
La discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una acción que, a diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, tal como los adultos mayores, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como, acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.
Por ello, la discriminación positiva debe ser una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su situación de mayor desventaja social. El mecanismo de funcionamiento significa la excepción al principio de igual trato, contemplada en el marco legislativo, es decir, tratar desigual lo que de partida tiene una situación desigual, con el objetivo de crear equidad.
He aquí donde cobra sentido nuestra propuesta, misma que consiste en establecer en la ley la garantía de que las personas adultas mayores tengan efectivamente una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.Al efecto, la totalidad de dichos establecimientos deberán contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas especiales para las personas adultas mayores.
Además de la situación general que guarda este sector de la población, es importante conocer y comprender las dimensiones particulares de la discriminación en relación con las mujeres y con cada uno de los grupos poblacionales, incluida la población adulta mayor, para los cuales la discriminación se ha presentado de manera histórica, constante y sistemática.
A consecuencia de ella, tales grupos han enfrentado desigualdades fundamentales en cuanto al acceso a derechos y oportunidades para el desarrollo. Por ello, se debe tener como objetivo principal brindar los fundamentos para atender más y mejor la discriminación contra uno de los grupos más desprotegidos: las personas adultas mayores.
En 2010, el Censo de Población y Vivienda del Inegi registró 10.1 millones de personas adultas de más de 60 años, quienes corren el riesgo constante de sufrir las consecuencias negativas de percepciones prejuzgadas, cuyas consecuencias van del desempleo al abandono, y la negación de oportunidades y derechos fundamentales.
El paso del tiempo afecta las habilidades y capacidades de todas las personas; sin embargo, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz o enferma debido a su edad es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista razonable, sobre todo, cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad, y que se refleja mediante el reconocimiento real de los derechos y el acceso efectivo a las oportunidades.
En nuestro país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento los laborales. Todos éstos son medios imprescindibles para llevar a cabo una vida digna.
Según el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y el propio Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010 muestra los niveles de exclusión, de falta de reconocimiento y de obstaculización de derechos y oportunidades fundamentales, para llevar a cabo una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.
Por ello ambas instancias se han pronunciado en cuanto a la necesidad, de visibilizar la condición en que se encuentran muchas de estas personas en nuestro país por discriminación en razón de su edad. Estas personas necesitan y, sobre todo, merecen ser vistas desde una perspectiva de derechos propios, desde la perspectiva de que su inclusión no es una prerrogativa discrecional sino una obligación.
En el Partido Verde consideramos que todos debemos ser conscientes y ayudar a los que ayer hicieron mucho por nosotros, y hoy necesitan de nuestros apoyo y cuidados para sobrevivir.
Desde los mayores entes públicos encargados de proporcionar servicios, el sector privado que a diario se encarga de proporcionar bienes y servicios a la comunidad, la más pequeña de las clínica del IMSS, la miscelánea de la esquina, las sucursales bancarias, las oficinas de las Tesorerías, los tiendas de autoservicio, todos somos responsables de dignificar al máximo la vida de las personas adultas mayores.
Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Artículo Único. Se reforma el inciso a. de la fracción IX del artículo 5o. y se adiciona el artículo 51, todo ello a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Capítulo IIDe los Derechos
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
I.a VIII. ...
IX.Del Acceso a los Servicios:
a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público. Al efecto, la totalidad de dichos establecimientos deberán contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares especiales en los servicios de autotransporte para las personas adultas mayores.
b. y c. ...
Capítulo IIDe las Responsabilidades y Sanciones
Artículo 51. Las leyes en las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5o. de esta ley, y deberán contemplar la imposición de sanciones económicas y administrativas para los infractores, ya sean éstos personas de carácter público o privado.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de enero de 2012.— Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.
LEY GENERAL DE POBLACION
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM
Problemática
La Ley General de Población no hace mención a la obligación de garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales que se recaben, cuando este es un derecho constitucionalmente establecido.
Argumentación
El derecho a la identidad como derecho humano es fundamental para el desarrollo tanto de las personas como de las sociedades; debido a que comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra e incluye, entre otros puntos, la posibilidad de identificación a través de un documento de identidad.
Las normas nacionales e internacionales estipulan a este derecho como uno de los principales al que deben acceder las personas al nacer, pues su importancia no sólo radica en identificarlas sino en dotarles de existencia jurídica y garantizar el ejercicio de sus otros derechos fundamentales; además de permitir a las autoridades de un país conocer en términos reales cuántas personas lo integran y así planificar e implementar adecuadamente sus políticas públicas y de desarrollo.
En este rubro, México ha suscrito una serie de tratados internacionales que prevén al derecho a la identidad como un derecho fundamental que es inherente a la persona.
De esta manera, encontramos a la Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone que todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y a una nacionalidad; al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prevé que todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, e impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, así como el derecho a una nacionalidad; finalmente la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) prevé que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos; adicionalmente, indica que los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
Ahora bien, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condiciones necesarias para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.
Por su parte, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó que el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, cuya existencia no está subordinada a otros derechos y que además sirve para la plena realización y ejercicio de los mismos; y se constituye a partir del derecho al nombre, a la nacionalidad, a las relaciones familiares y a la emisión y entrega del documento que acredite su identidad.
En México, la Constitución Política, la Ley General de Población y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen que es deber del Estado mexicano reconocer la identidad personal de cada uno de los individuos que constituyen su población, y por lo tanto, proporcionales un medio de identificación para acreditar su identidad de manera fehaciente. En este sentido, hasta la fecha, la identidad jurídica se acredita por medio del acta de nacimiento.
En este orden de ideas, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), trabaja conjuntamente con la OEA para la promoción de la identidad civil en México, por medio del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA).
Por otra parte, se encuentra el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, el cual constituye un esfuerzo consolidado de la OEA y sus Estados miembros, en consulta con las organizaciones internacionales y la sociedad civil, para promover los propósitos, objetivos y medidas específicas establecidos en él y que consisten en lo siguiente:
• Asegurar para el año 2015, la universalidad, accesibilidad y de ser posible gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
• Identificar y promover mejores prácticas, criterios y estándares en materia de sistemas y universalización de registro civil para atender los problemas y superar los obstáculos que se presentan en este tema, teniendo en cuenta la perspectiva de género, así como aumentar la conciencia sobre la necesidad de hacer efectiva la identidad a millones de personas, teniendo en cuenta los grupos vulnerables y la rica diversidad cultural de la región.
• Promover y proteger los derechos a la identidad, a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares y a la participación ciudadana como elemento esencial en la toma de decisiones.
Contribuir en la construcción de sociedades justas y equitativas, basadas en los principios de justicia social e inclusión social.
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación de los ciudadanos de la República el inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos (RNC), en los términos que determinen las leyes.
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Población, la cédula de identidad es el documento oficial de identificación que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular; tiene valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero; así como las personas físicas y morales con domicilio en el país; para tal efecto la cédula debe contener cuando menos nombre completo; CURP; fotografía; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; firma y huella dactilar.
En cuanto a su expedición, la Secretaría de Gobernación (Segob) es la autoridad encargada del registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero; por esta razón, el Registro Nacional de Población (Renapo) se conforma con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente la identidad tanto de los mexicanos mayores de 18 años de acuerdo a la información certificada que se asentará en el Registro Nacional Ciudadano (RNC); los menores de 18 años, con los datos que se recaben a través de los registros civiles y que se integrarán al Registro de Menores de Edad (RME); y por último los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.
En congruencia, la Secretaría de Gobernación se encarga de establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Renapo –que se conforma a su vez por el RNC, RME y el catálogo de los extranjeros–, además coordina los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal.
Adicionalmente, las autoridades locales contribuyen a la integración del Renapo, a través de la celebración de convenios con el propósito de adoptar la normatividad anteriormente indicada; recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Renapo, así como incluir en el acta correspondiente la CURP al registrar el nacimiento de las personas.
Las autoridades judiciales, por su parte, contribuyen al informar a la Secretaría de Gobernación sobre las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que impliquen modificar los datos del registro de la persona.
En cuanto al procedimiento de expedición, debe presentarse la solicitud de inscripción; y la copia certificada del acta de nacimiento, satisfechos estos requisitos se expedirá la cédula.
La Secretaría de Gobernación puede verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal. En consecuencia, las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación.
En este orden de ideas, es entendible que la información contenida en el Renapo sea de carácter confidencial, y sólo se pueda proporcionar mediante requerimiento expreso al Instituto Federal Electoral (IFE) para la integración de los instrumentos electorales; así como a las dependencias y entidades públicas para el ejercicio de sus funciones; no obstante, existe un problema de seguridad jurídica en cuanto a la protección de los datos personales que resguardará la Secretaría de Gobernación, debido a que en el proceso de transmisión de datos, puede haber un mal manejo entre las dos autoridades, lo cual redundaría en perjuicio del titular de la cédula, lo cual vulneraría su seguridad y privacidad.
Además, la ley establece que en el caso de los menores de edad la cédula contendrá, cuando menos nombre completo, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nombres completos de los padres, CURP, fotografía, huella dactilar y de ser factible, firma del titular, así como lugar y fecha de expedición.
Por lo anterior, se propone modificar la Ley General de Población con el propósito de que las facultades de la Secretaría de Gobernación, en cuanto a la solicitud y registro de datos, se limiten a lo que se establece exclusivamente en este ordenamiento, para evitar que puedan ser alterados o que exista un mal manejo que ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos.
Lo anterior en función a que requisitos como el manifestar el domicilio actual de los solicitantes bajo protesta de decir verdad no es de ninguna forma necesario para acreditar la identidad de una persona.
Por último, el Partido Verde Ecologista de México reconoce la importancia de garantizar el derecho fundamental a la identidad de las personas; sin embargo, es necesario precisar ciertas características y límites procesales para su expedición y el resguardo de los datos personales.
Fundamentación
Artículos 71, fracción II, 72, 36, y XXIX-C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3; fracción I del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto
Iniciativa con proyecto de d ecreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población.
Único. Se reforman los artículos 86 y 112; se adiciona un párrafo segundo al artículo 107 de la Ley General de Población para quedar como sigue:
Artículo 86. El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos personales que se recaben.
Artículo 112.La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos personales que se recaben.
Artículo 107. ...
I. a VI ...
En ningún caso se solicitará información relacionada con el domicilio actual del titular, como requisito ni parte del trámite de la expedición cédula.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 6 y 15. Disponible en http:/www,.un.org/es/documents/edhr/
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 16. Disponible en
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_sre?id_ tratado=25 7&depositario,0&PHPSESSID=eb070d560221c9d0c4ebcb727fIfe76a
3 Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 1981. Articulo 3. Disponible en http:/proteo2_sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1278&PH PSESSID EB070D56022ic9doc 4ebeb727fife76a
4 Convención sobre los Derechos de los Niños, artículos 7 y 8. Disponible en http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre? id_tratado_484&depositario_0&PHPSESID_eb07d56221c90c4ebeb727fife76a
5 Información disponible en http:/wwwrenapo.gob.mx/Renapo/MexicoMun.html
6 Disponible en http://www.oas.org/sap/docs/puica/RES_2362_ProgramaInteramericano_s.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a once de enero de dos mil doce. — Diputada Lorena Corona Valdés (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACION
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del PVEM
Problemática
La falta de oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a una educación que les garantice la adquisición de conocimientos útiles y competitivos para su desarrollo personal y laboral.
Argumentación
Los grandes retos pendientes de la educación media superior en nuestro país nos obligan como legisladores a impulsar y fomentar las acciones apropiadas para que los jóvenes se desarrollen adecuada y eficazmente.
Un gran desafío que afrontar es el relativo al incremento en la demanda en este nivel tanto por factores demográficos como por el aumento en la cobertura de los niveles precedentes; igualmente importante es el tema de la deserción y rezago educativo.
Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para 2009-2010 en el grupo de edad de 16 a 18 años –que corresponde a la educación media superior– el porcentaje de jóvenes que asistía a la escuela llegaba a 64 por ciento; la población de ese grupo de edad que actualmente se encuentra fuera del sistema escolar –poco más de 2.2 millones de jóvenes, tomando como base las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo)– se mantendría sin alguna opción para continuar sus estudios.
Los datos evidencian que este es el nivel educativo que mayor porcentaje de deserción presenta y que los esfuerzos de las autoridades educativas son insuficientes ante la magnitud de esta problemática; y en este sentido, los efectos que se manifiestan en el corto plazo son aún más preocupantes, pues a este porcentaje de jóvenes que desertan se suman aquellos que se encuentran fuera del sistema educativo nacional, es decir, se trata de una población juvenil que sin estudios y con el transcurso del tiempo se verán imposibilitados a incorporarse dignamente al mercado laboral.
Actualmente atravesamos por una crisis social que en parte se debe al perfil juvenil que se caracteriza por ser académicamente insuficiente, con ausencia de capacidades y aptitudes y valores, lo cual limita las opciones de obtener un empleo estable, útil, bien remunerado y satisfactorio. De hecho, la deserción escolar es definitiva en esta serie de actitudes que deshumanizan a los jóvenes y generan actitudes devastadoras que terminan subordinándolos, empobreciéndolos económica y anímicamente, eliminando toda posibilidad que genere un patrimonio digno, en vista de que la mayor parte de su ingreso tendrá que destinarse a satisfacer sus necesidades básicas.
De esta forma, las acciones que lleven a cabo las autoridades educativas deben, entre otros puntos, encaminarse a incrementar las oportunidades para aquellos jóvenes que se encuentran en riesgo de desertar, así como para aquellos que ya se encuentran fuera del sistema educativo nacional y que en ocasiones buscan oportunidades de capacitación para incorporarse al ámbito laboral. Así, los jóvenes deben desarrollar potencialidades a través de aprendizajes relevantes, rentables y pertinentes a las exigencias y características de los individuos y de los contextos en los que se desenvuelven.
También es importante señalar que la probabilidad de que un joven becado deserte es prácticamente nula, por lo que es importante dirigir esfuerzos a incrementar el porcentaje de becas asignadas no sólo en el nivel medio superior, sino también contemplando a las personas que no pudieron acceder al sistema educativo, cuestión que salvaguarda la modalidad de formación para el trabajo prevista en el artículo 45 de la Ley General de Educación.
En este orden de ideas, es apremiante que los jóvenes, y la población en general, cuenten con una alternativa que les permita incorporarse al mercado laboral dignamente, por lo que el Estado mexicano deberá continuar impulsando acciones que garanticen una distribución equitativa en la adquisición de habilidades para la formación para el trabajo, pues esta es una herramienta con la que se generan aptitudes que permiten incorporarse dignamente al mercado laboral y contribuir al mejoramiento de nuestro tejido social. No podemos permitir que los empleos mejor remunerados estén reservados exclusivamente para los estudiantes que sí pudieron desarrollar estas habilidades.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto que los jóvenes que opten por la modalidad de formación para el trabajo, mediante la que adquirirán conocimientos, habilidades o destrezas que les permitan desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado, cuenten con apoyos económicos que les permitan favorecer su permanencia; y en el caso de aquellos interesados que por distintas razones, como de índole económica, puedan acceder a esta modalidad pero que también tengan la oportunidad de permanecer en el mismo hasta concluir.
De esta manera, se propone incorporar en artículo 45 de la Ley General de Educación, que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, puedan poner en marcha programas de apoyo económico para favorecer el acceso y la permanencia de los jóvenes interesados en la formación para el trabajo, con la finalidad de fortalecer los servicios educativos para un grupo de edad en expansión y con serias limitaciones en cuanto a opciones formativas que los jóvenes logran desarrollar en el tema de habilidades para el trabajo.
Fundamento Legal
Artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3, numeral 1; fracción I del artículo 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del Proyecto
Iniciativa con proyecto de
Decreto
Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Educación.
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 45 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 45. ...
...
...
...
...
La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del apartado A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, pondrán en marcha programas de apoyo económico para favorecer el acceso y la permanencia de los jóvenes interesados en esta modalidad.
Transitorios
Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que deban realizarse para cumplir al presente decreto, se sujetarán a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.
Tercero. La autoridad educativa federal establecerá los criterios y mecanismos para la asignación y control de los apoyos, así como los requisitos que las escuelas receptoras deberán cumplir a fin de asegurar que los jóvenes reciban servicios de calidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero 2012.— Diputada Lorena Coronas Valdés (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, suscrita por el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
Problemática
La Comisión Federal de Electricidad emite un aviso-recibo para efectos de facturación del suministro de energía eléctrica, el cual puede tener periodicidad mensual o bimestral. Sin embargo, la experiencia internacional indica que los recibos mensuales fomentan el ahorro energético, por lo cual debe impulsarse que la facturación sea mensual en todos los casos.
Argumentación
El capítulo V de la Ley del Servicio Público de Energía (LSPEE) trata del suministro de energía eléctrica; sin embargo, no contiene ninguna disposición relativa a la facturación del suministro. Por su parte, el Reglamento de la LSPEE contiene disposiciones acerca de los equipos de medición para facturación y los importes de ajuste de facturación, entre otros aspectos, pero no abunda en los procedimientos para facturación del suministro.
Así pues, el Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, expedido en 2000 y reformado en 2003, es el ordenamiento que especifica los detalles relativos a la contratación, a la medición, a la facturación, al aviso-recibo, a la cobranza y demás conceptos relacionados con el suministro y la venta de energía eléctrica destinada al servicio público.
Dicho manual contiene dos disposiciones importantes para efectos de facturación del suministro:
Vigésima Primera. Para cada usuario, el suministrador emitirá un aviso-recibo, en el que aplicará las cuotas y los conceptos previstos expresamente en la(s) tarifa(s) respectiva(s) y sus disposiciones complementarias al suministro correspondiente por un periodo determinado.
Vigésima Segunda. El suministrador facturará los servicios normalmente de manera mensual o bimestral. Para los servicios en tarifas con cargos por demanda, la facturación será mensual.
Lo anterior indica que el aviso-recibo puede tener periodicidad mensual o bimestral. Sin embargo, la experiencia internacional reporta una tendencia distinta.
En España, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio observó la necesidad de establecer la periodicidad mensual de las facturas, a fin de incentivar un consumo responsable de la electricidad y fomentar el ahorro energético. Por ello se expidió el real decreto 1578/2008, del 26 de septiembre, que establece en la disposición adicional séptima lo siguiente:
La facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas (hasta 10 kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente, llevándose a cabo con base en la lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto.
Obedeciendo a esta disposición, las tres principales empresas eléctricas españolas, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, empezaron a emitir facturas mensuales del recibo de luz, en vez de hacerlo de forma bimestral, como ocurría.
Para las empresas españolas, el cambio implicó modificar sus sistemas informáticos a fin de modificar la periodicidad de cobro. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad tiene actualmente ambas modalidades, por lo cual el cambio no representaría un gran problema de sistemas.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto establecer que la facturación del suministro de electricidad tenga periodicidad mensual en todos los casos, a fin de fomentar el ahorro energético.
Fundamentación
Artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria. Para cada usuario se emitirá un aviso-recibo, y la facturación será mensual en todos los casos.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo máximo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Energía deberá hacer las adecuaciones necesarias al Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, para cumplir el objeto del presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 314 y 327 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en las fracciones II del artículo 71 y III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, Oralia López Hernández, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional e integrante de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 314 y un segundo párrafo al artículo 327 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente,
Exposición de Motivos
En México una de cada seis parejas que desean tener un hijo tiene problemas para concebir. La infertilidad se define como padecimiento asintomático diagnosticado cuando no se ha podido tener un hijo vivo después de mantener relaciones sexuales sin protección, y de manera regular, por lo menos durante un año.
En México se detectan al año más de 2 mil casos nuevos de infertilidad. El Inegi indica que para el 2005 había 34 millones de habitantes en edad reproductiva. Según la misma institución existen más de 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad.
En 1983 se incorporó a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud para toda persona, mediante la reforma del artículo 4o. Este mismo artículo establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.
En México el derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios de salud se considera un derecho social, por lo que, a diferencia de los derechos individuales, exigen la intervención activa por parte del Estado.
La infertilidad está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, hecho que otorga a las personas con este problema el derecho a ser tratadas.
La fertilidad es máxima en la mujer entre los 24 y 26 años, misma que declina en forma gradual después de los 30 años, con caída más acentuada después de los 35 años.
A los 35 años las probabilidades de lograr un embarazo son la mitad de las que se tienen a los 25 y después de los 40 años es mínima.
La esterilidad afecta al 15-20 por ciento de las parejas de países desarrollados. En el 85 por ciento de los casos de la infertilidad se debe a causas que pueden diagnosticarse, el otro 15 por ciento es por causas desconocidas.
Los orígenes de la infertilidad están divididos en 50 por ciento femeninos y 50 por ciento masculinos. Según datos del Inegi, para el 2005 había 34 millones de habitantes en edad reproductiva.
El Inegi indica que en México hay 1.5 millones de parejas que padecen infertilidad. En México, una de cada seis parejas que desean tener un hijo tiene problemas para concebir, ya sea de manera temporal o permanente.
Más del 90 por ciento de los problemas de infertilidad tienen solución con tratamientos de reproducción asistida.
Las técnicas utilizadas para los procedimientos de reproducción humana asistida suelen dividirse entre “técnicas de baja complejidad”, que incluyen la estimulación ovárica y la inseminación intrauterina (eventualmente conocidas como intracorpóreas, toda vez que los procedimientos se realizan dentro del cuerpo de la mujer); y “técnicas de alta complejidad”, que remiten a la técnica de inyección intracitoplasmática de un espermatozoide (ICSI) y la fertilización in vitro (FIV o técnicas extracorpóreas, que implican el tratamiento de los ovocitos o los preembriones por fuera del organismo de la mujer).
Un tercer conjunto de técnicas son las “técnicas de apoyo”, es decir, aquellas que complementan los procedimientos de las anteriores: la preparación de semen heterólogo (cuando el varón carece de espermatozoides), la aplicación de técnicas en parejas HIV cero discordantes, la crioconservación (de ovocitos, de ovocitos fertilizados, de preembriones en diferentes estadios, de espermatozoides y de tejido ovárico); los diagnósticos genéticos preimplantatorios (para saber si los embriones obtenidos presentan alguna alteración cromosómica),y el assisted hatching (que ayuda al embrión a salir de la cubierta glico-proteica).
Estas técnicas comenzaron a ser desarrolladas en algunos países centrales desde finales de los años 70, y en 1978 se realiza el procedimiento que culmina, en Inglaterra, con la primera niña nacida por fecundación in vítreo En América Latina el país pionero en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida es Chile.
Los primeros bebés, niño y niña, nacidos por reproducción asistida en México vieron la luz en agosto de 2003.
Entre las técnicas de criopreservación de células germina les destaca la vitrificación. Esta técnica, consiste en una congelación extra rápida de las células germinales. En el mundo ya se han obtenido 300 nacimientos de bebés sanos.
Esta técnica, consiste en vitrificar los óvulos en lugar de congelarlos ya que la congelación tradicional va formando cristales de hielo que matan cerca del 30 por ciento de los óvulos, mientras que la vitrificación consigue una consistencia viscosa al ser tratados con nitrógeno líquido a 196 grados centígrados.
El 97 por ciento de los óvulos vitrificados sobrevivirá frente al 64 por ciento de la congelación tradicional. Su éxito radica en la capacidad de albergar los ovocitos en un volumen de 0.1 micro litros para su vitrificación manteniendo inmutable su material genético.
Por considerar que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Salud, entre las finalidades del derecho a la protección de la salud se encuentra el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.
A lo anterior debe agregarse que de conformidad con el artículo 3o., fracción V, de la misma ley, la planificación familiar es materia de salubridad general, considero que resulta fundamental que la técnica más avanzada en materia de criopreservación de células germinales se establezca como una base de referencia para el desarrollo y aplicación de estas técnicas en México.
Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 314 y un segundo párrafo al artículo 327 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 314. Para efectos de este título se entiende por:
I.a XIV. ...
XIV Bis. Vitrificación, a la técnica de criopreservación de células y tejidos consistente en el proceso de solidificación, en el cual se utiliza una solución altamente concentrada que no cristaliza durante el congelamiento;
XV. a XVII. ...
Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con fines de trasplantes se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.
Tratándose de donación de células germinales femeninas, se tomará como técnica básica de criopreservación a la vitrificación. Lo mismo aplicará cuando se trate de donación autóloga, esto es, cuando el donador y el receptor sean la misma persona.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 Fertilización asistida: producción de conocimiento, cambios técnicos y transformaciones legales en Argentina. http://www.necso.ufrj.br/esocite2008/trabalhos/36217.doc
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de 3nero de 2012.— Diputada Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 84, fracción I y II, 84 Bis, 85, 85 Bis y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La amenaza a la seguridad internacional provocada por el crimen organizado mediante la fabricación, transferencia y tráfico ilícito de armas y municiones, tiene consecuencias de diversa índole que afectan la paz y la estabilidad de todas las naciones, además de que es uno de los ejes principales de la violencia que desangra países como México.
La venta ilícita de armas, particularmente de armas ligeras, amenaza la seguridad de los países, debido al aumento y la proliferación descontrolada ya que estos instrumentos no solamente alimentan los conflictos armados, la criminalidad y el terrorismo, sino que también exacerban la violencia, socavan el respeto por el derecho internacional humanitario, obstaculizan el suministro de ayuda a las víctimas del conflicto armado, y dificultan cada vez más el retorno a la paz y al desarrollo sostenible.
Las armas ligeras son causantes de graves lesiones, muertes, daños e inseguridad pública, incluso afectan la seguridad nacional, cuando son utilizadas por grupos delictivos y terroristas como ocurre actualmente en México.
Cabe mencionar que el tráfico de armas está estrechamente vinculado con otras actividades ilícitas del crimen organizado, como el tráfico de drogas y el terrorismo; esto debido a que son actividades que generan enormes ganancias.
Los últimos años han sido los más violentos en nuestro país, a la fecha la guerra contra el narcotráfico ha cobrado la vida de cerca de 60 mil civiles.
El tráfico de armas cobra especial relevancia debido a que muchas de estas ejecuciones se han cometido con armas introducidas ilegalmente en el país, cuya procedencia y fabricación es principalmente de los Estados Unidos de América.
Existen estudios que revelan que 80 por ciento de las armas y municiones usadas por el crimen organizado en México provienen del vecino país de norte, donde su gobierno ha sido renuente y omiso en cuanto a tomar medidas para reducir el tráfico.
Generalmente estas armas y municiones son adquiridas a tan sólo unos metros de la frontera, donde se estima, existen más de 12 mil establecimientos donde pueden ser compradas de manera legal.
La industria de armas en los Estados Unidos representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año, el poder económico y político de las empresas fabricantes e importadoras es inmenso, tal es el caso que su injerencia en el gobierno llega a los más altos niveles.
De hecho han sido varios los medios de comunicación que han documentado acerca de las enormes donaciones que han hecho las empresas armamentistas a campañas presidenciales en ese país, como la de George Walker Bush. Por ello, el gobierno norteamericano desde hace años ha estado comprometido con esta temible industria y sin el menor interés de legislar en contra de sus intereses.
Para entrar a nuestro país, las armas no necesitan pasaporte, les basta con la corrupción y complicidad de las aduanas y el propio gobierno mexicano; el tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito en importancia cometido por el crimen organizado.
Organizaciones como IANSA y el Comité Oxford para la Lucha contra el Hambre (Oxfam) calculan que cada día ingresan al país 2 mil armas; cada una de ellas multiplica exponencialmente la violencia al aumentar el número de criminales, asesinos, secuestradores y narcotraficantes.
Se calcula además que existen entre 15 y 20 millones de armas ilegales circulando por nuestro país, además de los 5 millones 500 mil armas autorizadas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), es decir por cada arma legal, hay por lo menos 4 ilegales.
El tráfico y el uso de armamento exclusivo de las fuerzas armadas representan actualmente 15 por ciento de los delitos federales cometidos en todo el país. Lo anterior, equivale a un promedio de mil 200 ilícitos relacionados con tráfico o posesión de armas.
Dentro del total de armas en contrabando, son las de menor calibre, las que son utilizadas en delitos relacionados con robo callejero, asalto a negocio, a casa habitación, robo de autos con violencia y por supuesto a homicidios.
En suma, el tráfico de armas está relacionado hoy más que nunca, a las organizaciones del crimen organizado quienes cuentan con toda una red de corrupción para hacer posible el cruzar por la frontera millones de rifles, escuadras, revólveres, metralletas, granadas y muchas armas más incluidos misiles tierra-aire.
Cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan clandestinamente a nuestro país, como resultado de la corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades.
Pero el problema del tráfico de armas en nuestro país, no sólo radica en la corrupción de nuestras fronteras, sino también en la impunidad y en la laxitud de la legislación aplicable.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé en su artículo 2, fracción II, como delitos de delincuencia organizada el acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 84 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
La Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, en su artículo 84 señala que se impondrán de 5 a 10 años de prisión y de 20 a 500 días de multa a:
I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;
II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga.
Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines mercantiles.
Considerando que el problema de tráfico de armas en México ha llegado a números exorbitantes, y en virtud de que por un lado, el gobierno americano se encuentra sumamente comprometido con las empresas fabricantes y exportadoras, que comercializan cada año un total aproximado de 3 millones de armas y municiones a nuestro país; y por el otro, en México la corrupción y los altos intereses económicos involucrados con la importación, aunados a la laxitud en la legislación en torno a las sanciones, son motivos fundamentales por los cuales el tráfico de armas es un delito que va en aumento.
Por ello y para contribuir a la eliminación del tráfico de armas, se requiere el aumento considerable de penas y multas, especialmente si quien se encuentra involucrado en tal actividad, es, o ha sido servidor público: y más aún si dentro de las funciones del cargo que desempeña o desempeñaba se encuentra impedir la introducción ilegal de armas y municiones en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno, el siguiente proyecto de
Decreto
Por el que se reforman y adicionan los artículos 84, fracción I y II, 84 Bis, 85, 85 Bis y 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Artículo 84. Se impondrá de diez a sesenta años de prisión y de cuarenta a mil días multa:
I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;
II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la máxima multa y la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos en el futuro, y
...
Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de seis a veinte años de prisión.
...
Artículo 85.- Se impondrán de cuatro a veinte años de prisión y de cuarenta a mil días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.
Artículo 85 Bis. Se impondrán de diez a treinta años de prisión y de doscientos a mil días multa:
I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;
II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la fracción I, y
III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Artículo 86. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de cuatro a cuatrocientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo:
I. Compren explosivos, y
II. Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta ley.
...
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de diez a sesenta años de prisión y de veinte a quinientos días multa.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se dejan sin efecto las disposiciones administrativas que se opongan a la presente ley.
Ley Vigente
Artículo 84. Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa:
I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;
II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y
...
Artículo 84 Bis.Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión.
...
Artículo 85.Se impondrán de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.
Artículo 85 Bis.Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa:
I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;
II.A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la fracción I, y
III.A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Artículo 86. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y de dos a doscientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo:
I.Compren explosivos, y
II.Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta ley.
La pena de prisión prevista por este artículo se aumentará al doble cuando el transporte a que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta ley.
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa.
Propuesta de Reforma
Artículo 84. Se impondrá de diez a sesenta años de prisión y de cuarenta a mil días multa:
I. Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;
II. Al servidor público que, estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la máxima multa y la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos en el futuro, y
...
Artículo 84 Bis.Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de seis a veinteaños de prisión.
...
Artículo 85.Se impondrá de cuatro a veinteaños de prisión y de cuarenta a mildías multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.
Artículo 85 Bis. Se impondrá de diez a treinta años de prisión y de doscientos a mil días multa:
I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;
II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la fracción I, y
III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Artículo 86.Se impondrá de seismeses a seisaños de prisión y de cuatro a cuatrocientosdías multa, a quienes sin el permiso respectivo:
I.Compren explosivos, y
II.Transporten, organicen, reparen, transformen o almacenen los objetos aludidos en esta ley.
La pena de prisión prevista por este artículo se aumentara al doble cuando el transporte a que se refiere la fracción II sea de las armas señaladas en los incisos a) o b) del artículo 11 de esta ley.
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de diez a sesentaaños de prisión y de veinte a quinientos días multa.
Notas
1. Revista Contralínea 259/13 de noviembre de 2011. Artículo: Tráfico de armas, el negocio de la muerte.
2. Idem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 10 y deroga el artículo 11 de la Ley Federal de Competencia Económica.
El senador Juan Bueno Torio:Muy buenos días, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente; le solicito que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Como es de todos sabido, en la actualidad, cualquier economía libre de mercado y que se basa también en la libre competencia de los factores de la producción está amenazada por la existencia de monopolios o de monopsonios, que de permitirse propiciarán un mayor desencuentro entre los factores de la producción y al mismo tiempo generarán un impacto negativo en los precios y sobre todo, en la calidad de los servicios que se presentan o que se prestan a los consumidores.
En México tenemos la Comisión Federal de Competencia, que está encomendada o tiene la encomienda de cuidar que estos asuntos no se den en nuestra economía y que —al mismo tiempo— no se afecte el interés de los propios consumidores.
Sin embargo, hemos visto que en ocasiones hay corporaciones que tienen una dominancia en cierto mercado y que afectan el precio de los productos, en el ánimo de cancelar la competencia que puedan enfrentar de otros agentes económicos.
Es así que en la medida de depredar precios, vender productos o servicios por abajo del costo de la producción de estos productos o servicios implica que grandes corporaciones, ya sea productoras o comercializadoras, empiecen a desplazar por el poder económico o por su poder económico empiecen a desplazar a pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir en la medida que no pueden vender por un periodo determinado de precio los mismos productos por debajo de los costos de producción o de los costos de las mercancías que son destinadas a la comercialización.
Así vemos cómo algunas corporaciones, por ejemplo, ponen precios de productos de la Canasta Básica por debajo de su costo, que si bien momentáneamente beneficia a los consumidores cuando se erradica la competencia cercana a estas empresas y deja de haber oferta de otros actores sobre ciertos productos y servicios; entonces, los precios se van por encima de una realidad, se van por encima de ser competitivos y generan un perjuicio para los consumidores.
Esta iniciativa que presento ante ustedes es con el propósito de darle elementos a la Comisión Federal de Competencia para que pueda regular las prácticas comerciales que se utilizan por diferentes actores económicos, en la medida que proponen la venta de productos por un periodo de tiempo de tres meses, de seis meses por abajo del costo, con el propósito exclusivo de eliminar a la competencia que puedan tener cercana de sus propias instalaciones o de sus propios comercios.
Con esta iniciativa lo que se pretende es que la Comisión Federal de Competencia tenga argumentos y tenga elementos para poder prevenir la formación de monopsonios o la formación de monopolios que a la postre puedan afectar la libre competencia de diferentes empresas entre ciertos sectores que atienden o que demandan productos y servicios específicos en nuestro mercado mexicano.
Por eso, compañeras, compañeros, es que le solicito al señor presidente...
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Permítame, señor senador. Pedirles por favor a nuestros muy apreciables amigos legisladores que nos visitan, que permitan poner atención al orador y siempre manifestarles su respeto a los diputados y diputadas que están aquí con nosotros. Continúe usted, por favor, señor senador.
El senador Juan Bueno Torio:Gracias, presidente. Sin duda alguna, el concentrar el poder de mercado en unas cuantas manos no sólo repercutirá en los consumidores, sino que destruirá muy probablemente de forma irreparable toda la cadena productiva del mercado específico de que se trate, beneficiando a la gente con mayor capacidad financiera necesaria para evadir las propias leyes de la oferta y la demanda, expulsando ilegítimamente del mercado a las pequeñas y medianas empresas tanto de la industria como del comercio.
Por lo anterior, resulta indispensable dotar a la Cofeco de estas atribuciones necesarias que le permitan sancionar aquellas prácticas comerciales anticompetitivas, como es la depredación de precios y venta por abajo del costo, las cuales lleve o no a un agente monopólico, pues ello es necesario para que la comisión actúe efectivamente en forma preventiva ante la consolidación de este tipo de monopolios o mono-opciones.
Es así que se presenta la modificación al artículo 10 en su propio articulado y toda su forma para que se evite este proceso y protejamos a los consumidores hacia delante. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 10 y 11 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN
Juan Bueno Torio, senador de la República de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o., numeral 1, fracción I, 76, párrafo1, 164, 169 y 172, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Competencia Económica, tomando en cuenta la siguiente
Exposición de Motivos
Cualquier economía de libre mercado, basada por definición en la libre competencia y concurrencia de los agentes económicos, estará eternamente amenazada por la existencia de prácticas anticompetitivas que, de permitirse, llevarán a la formación de monopolios y monopsonios que repercutirán de forma negativa en toda la economía, con consecuencias particularmente negativas para los consumidores.
La experiencia internacional de aquellas economías que han intentado llevar la regulación del mercado al mínimo, como rezaba la doctrina clásica, ha provocado una multitud de estudios y propuestas contrarias a la total desregulación que, con variaciones, han fructificado alrededor del mundo en una mayor participación de las autoridades gubernamentales para velar por una efectiva libertad de competencia y concurrencia, principalmente mediante la prevención y sanción de las prácticas monopólicas.
En México se expidió una Ley Federal de Competencia Económica, y se creó una Comisión Federal de Competencia, Cofeco, responsable de velar por su cumplimiento. Sin embargo, uno de los mayores problemas del funcionamiento del mercado en México es la subsistencia de las prácticas anticompetitivas.
Dichas prácticas anticompetitivas, comunes a cualquier economía en el mundo, prevalecen en México al no poder ser sancionadas por la autoridad, en este caso por la Cofeco, y subsisten en beneficio de las grandes corporaciones, en detrimento de los pequeños y medianos agentes, y en perjuicio de todos los consumidores y de la economía nacional.
La realidad de la economía mexicana indica que el conjunto de disposiciones vigentes en materia de competencia económica hacen imposible que la Cofeco prevenga de manera efectiva la formación y la consolidación de monopolios, como lo estipula el artículo 2o., el cual señala el objetivo del ordenamiento legal referido.
La incapacidad e inoperabilidad de la Cofeco para prevenir eficazmente la formación y consolidación de monopolios deriva de la estructura y disposiciones legales de la propia Ley Federal de Competencia Económica. Ello se concluye fácilmente de la lectura de los artículos 10, 11, 12 y 13 de la ley vigente.
El artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica establece un catálogo de prácticas monopólicas y anticompetitivas como las que se sancionan en otras latitudes. Sin embargo, de acuerdo con la propia ley, dichas conductas sólo pueden ser sancionadas por la autoridad cuando “se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 11, 12 y 13 de esta ley”:
I. Quien realice dicha práctica tenga poder sustancial sobre el mercado relevante; y
II. Se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate.
Es decir, para sancionar a los agentes que incurran en prácticas anticompetitivas, primero deberá comprobarse que el infractor ya es, de hecho, un monopolio.
Dichas disposiciones para sancionar las prácticas anticompetitivas en realidad no previenen la formación de monopolios, pues la Cofeco solamente puede proceder cuando un agente se ha consolidado como tal. Esta lógica de procedimiento encuadra en un esquema en el cual se esperaría que el propio mercado pudiera corregir la mayoría de las prácticas anticompetitivas previamente a la consolidación de un monopolio; sin embargo, la realidad es muy diferente.
Actualmente existen en México casos de empresas y agentes económicos que están incurriendo en un sinfín de prácticas anticompetitivas que no pueden ser sancionadas por no cumplir con los estrictos requisitos que demanda la Ley para que la Cofeco pueda proceder contra ellas. Sin embargo, es evidente que, como lo señalan diferentes gráficas de participación en el mercado, en pocos años podrán concentrar el poder de mercado necesario para ser considerados como un monopolio o un monopsonio.
Para convertirse en un monopolio o en un monopsonio, un agente económico debe ir desplazando en su camino a los competidores recurriendo a prácticas desleales para lograr consolidarse. Esa manera de concentrar el poder de mercado en unas cuantas manos no sólo repercutirá en los consumidores, como bien lo señala la teoría económica, sino que destruirá, muy probablemente de forma irreparable, toda la cadena productiva del mercado específico que se trate.
Dichas prácticas desleales no las puede “corregir” el mercado por sí solo, pues benefician al agente más poderoso, es decir, aquel que tiene la capacidad financiera necesaria para evadir las propias leyes de la oferta y la demanda, expulsando ilegítimamente del mercado a los pequeños y medianos industriales y comerciantes. Es una realidad de la economía mexicana la existencia de grandes inequidades entre los diferentes agentes económicos que participan de ella.
Por lo anterior, resulta indispensable dotar a la Cofeco de las atribuciones necesarias para sancionar aquellas prácticas comerciales anticompetitivas, las lleve a cabo o no un agente monopólico, pues ello es necesario para que la Comisión actúe efectivamente de forma preventiva ante la consolidación de un monopolio.
Proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 10, la fracción VII y el segundo párrafo de la fracción XI; se adicionan las fracciones XII y XIII y se deroga el artículo 11, todos, de la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue:
Artículo 10. Se consideran prácticas monopólicas, monopsónicas, los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos:
I. a VI . ...
VII. La venta de bienes o servicios a precios por debajo de su costo unitario. Cuando se trate de bienes o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo se distribuirá entre todos los subproductos o coproductos, en los términos del reglamento de esta ley.
El costo total unitario por producto se determinará tomando en cuenta los últimos costos, gastos, prestaciones y/o impuestos para producir o poner a la venta un producto en su punto de venta.
VIII. y XI. ...
Para determinar si las prácticas a que se refiere este artículo deben ser sancionadas en términos de esta Ley, la Comisión analizará las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos y que incidan favorablemente en el proceso de competencia y libre concurrencia. Estas ganancias en eficiencia podrán incluir las siguientes: la introducción de productos nuevos; las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción; la introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados; la combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes y servicios; las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten favorablemente en la cadena de distribución; que no causen un aumento significativo en precios, o una reducción significativa en las opciones del consumidor, o una inhibición importante en el grado de innovación en el mercado relevante. Para el costeo de los productos, bienes o servicios , no se consideran ganancias en eficiencia el aprovechamiento de los bienes o servicios derivados de saldos, productos dañados, caducos o defectuosos, dado que estos son eventuales y ponen en riesgo la salud del pueblo.
Tampoco se podrán considerar en el costeo, los productos sin cargo o paquetes promocionales otorgados por los productores, ya que esto falsea el costo real del producto.
XII. Los agentes económicos deberán ofrecer los precios por igual en todas las sucursales por estado. Además cuando exista la apertura de una tienda comercial, el descuento que se hará por la inauguración, también se hará en todas las tiendas del Estado; siempre y cuando no vendan por abajo del costo.
XIII. Deberán ofrecer los precios por igual en todas las sucursales en 50 kilómetros a la redonda.
Artículo 11. Se deroga.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senador Juan Bueno Torio, senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, senador Sebastián Calderón Centeno, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbricas).»
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor senador.
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Consulte al orador si me permite suscribirla con él, por favor.
El senador Juan Bueno Torio:Cómo no, con mucho gusto.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Concédase la solicitud hecha por el senador de que se inserte íntegra en la Gaceta Parlamentaria y todos quienes deseen firmar esta iniciativa, el señor senador da su anuencia. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72 y 83 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Con su permiso, presidente. Buenos días, compañeras, compañeros legisladores. Por economía parlamentaria solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.La discriminación es una forma de violencia pasiva que consiste en dar un trato desfavorable, humillante o de desprecio a determinada persona o grupo; los efectos de la discriminación en la vida de las personas son muy graves, pues tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual genera en el individuo aislamiento, afectaciones psicológicas, deficiente desarrollo emocional, conductas antisociales, autoflagelación, descomposición del tejido social, desempleo, exclusión social e incluso actos de violencia física y moral y en casos extremos los pueden llevar a perder la vida.
México ha avanzado en la prevención y erradicación de esta problemática con la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, publicada en 2003.
Sin embargo, abro un paréntesis para señalar que a nivel local solamente 15 estados de la República, además del Distrito Federal, cuentan con una ley contra la discriminación.
Con dicha ley federal se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mismo que si bien ha representado un esfuerzo serio del Legislativo y del gobierno federal para materializar el respeto de la dignidad de todo ser humano, lo cierto es que —de facto— no ha podido sancionar directamente a quienes cometen tales conductas discriminatorias, sobre todo en tratándose de servidores públicos y precisamente, son los servidores públicos quienes tienen la obligación primigenia de observar en su conducta un trato de respeto, diligencia, rectitud y no discriminación hacia las personas con las que guardan una relación con motivo del cargo que desempeñan; razón por la cual se hace necesario sancionar ejemplarmente a quienes configuren alguno de los actos que prohíbe la ley.
Lo anterior es así, en virtud de que actualmente si un servidor público comete un acto discriminatorio contra un ciudadano, contra una persona, lo más probable es que las consecuencias de la conducta sean nulas, ya que si bien existe en la legislación un procedimiento específico a seguir denominado: de reclamación, con sus plazos, audiencias y etapas procesales, lo cierto es que cuando mucho se llega a una conciliación, que además de no aceptarla el servidor público o de no llegarse a un acuerdo, se establece que el consejo promoverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos, pero no lo puede hacer directamente con el marco jurídico actual.
En un primer momento existe un vacío legal, al no establecerse claramente la autoridad o el término en que se debe promover el fincamiento de responsabilidades, incluso la ley que nos ocupa se refiere solamente de manera abstracta a otros ordenamientos, lo que hace nugatorio el derecho del ofendido a que se sancione un acto discriminatorio y elimina toda posibilidad de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) finque directamente las responsabilidades.
De igual manera, en un segundo momento, la norma se vuelve imperfecta al no establecer sanciones claras, determinadas y expresas por las conductas que prohíbe, propiciando la impunidad y en consecuencia, en los hechos, no se logran los fines de la ley federal en comento, lo que la hace ineficaz y de poca utilidad social.
Con esta iniciativa se pretende fortalecer al Conapred para que tenga facultades sancionatorias, a fin de alcanzar una sociedad más igualitaria y sin prejuicios, dotándola de herramientas jurídicas para poder castigar a quienes en uso de sus atribuciones como servidores públicos discriminen a cualquier persona, imponiéndoles una amonestación pública, multa, disculpa pública o trabajo comunitario.
Por lo anterior, la presente iniciativa responde a una realidad que mucho preocupa y en consecuencia debemos atender, al tiempo que pretende lograr una mayor congruencia y eficacia del marco jurídico que busca prevenir y eliminar la discriminación, garantizando con ello la protección de los derechos individuales de la población y respeto irrestricto a su dignidad, castigando a quien discrimine a otro ser humano. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 72 y 83 Bis a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Agustín Castilla Marroquín, diputado federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 72 y se adiciona un artículo 83 Bis a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa discriminación es una forma de violencia pasiva que consiste en dar un trato desfavorable, humillante o de desprecio a determinada persona o grupo. El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los individuos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. Son generalizados y rechazados por la intolerancia, odio e ignorancia.
Los individuos que son afectados por estas clasificaciones no son valorados por virtudes sino por características que no determinan sus cualidades como ser humano. De esta manera, la discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestra distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona, que tiene como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son altamente negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a afectaciones psicológicas, deficiente desarrollo emocional, conductas antisociales, autoflagelación, descomposición del tejido social, desempleo, exclusión social, e incluso a sufrir actos de violencia física y moral, y en casos extremos, a perder la vida.
Por ello, la no discriminación se ha constituido como un derecho fundamental, como una garantía individual que el Estado mexicano está obligado a hacer cumplir y a respetar en todas las instancias.
México fue el primer país que propuso el respeto de los derechos indígenas ante el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la realidad de nuestro país es que en la vida diaria, ya sea por descuido, ignorancia o arraigo cultural todavía se discrimina en diversas partes del territorio nacional no sólo por cuestiones de origen étnico, sino también por sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, lo cual se debe de erradicar para lograr una sociedad libre de prejuicios, justa e igualitaria.
Así, México ha avanzado en la prevención y erradicación de esta problemática con la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación publicada, en 2003, y a nivel local, 15 estados de la república y el Distrito Federal tienen una ley contra la discriminación, pero sólo en Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, estado de México y Baja California Sur hay sanciones administrativas, y en ésta última entidad federativa van desde multas a servidores públicos o particulares de entre 10 y 1000 salarios mínimos, hasta trabajo comunitario; mientras que los estados de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán aún no cuentan con una legislación que prevenga la discriminación, pero los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz a pesar de no contar con una ley de la materia, consideran la discriminación como delito.
En este tenor, con la entrada en vigor de dicha ley federal, se creó el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), mismo que si bien ha sido un esfuerzo serio del Gobierno Federal para materializar el respeto de la dignidad de todo ser humano, lo cierto es que, de facto, no ha podido sancionar directamente a quienes realizan tales conductas discriminatorias, sobre todo, en tratándose de servidores públicos.
En efecto, son los servidores públicos quienes tienen la obligación primigenia de observar en su conducta un trato de respeto, diligencia, rectitud y no discriminación hacia las personas con las que tienen relación con motivo del cargo que tienen bajo su responsabilidad, razón por la cual hace necesario sancionar ejemplarmente a quienes configuren alguno de los actos que prohíbe la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
Lo anterior es así, en virtud de que actualmente si un servidor público comete un acto discriminatorio contra un ciudadano, las consecuencias de tal hecho son nulas, ya que si bien existe en la legislación un procedimiento específico a seguir denominado “de reclamación”, con sus plazos, audiencias y etapas procesales, lo cierto es que simplemente se llega cuando mucho a una “conciliación”, que de no aceptarla el servidor público o de no haber acuerdo, el Consejo promoveráel fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos, pero no lo puede hacer directamente con el marco jurídico actual:
“Artículo 72.En caso de que el servidor público no acepte la conciliación, o de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, el Consejo hará de su conocimiento que investigará los hechos motivo de la reclamación, en los términos de esta Ley e impondrá, en su caso, las medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación previstas en la misma; asimismo, el Consejo promoverá el fincamiento de las responsabilidades que resulten de la aplicación de otros ordenamientos.
Así, en un primer momento existe un vacío legal al no establecer la norma ni la autoridad ni el término en que se debe promover el fincamiento de responsabilidades, incluso, la ley que nos ocupa se refiere solamente de manera abstracta a “otros ordenamientos”, lo que hace nugatorio el derecho del ofendido a que se sancione un acto discriminatorio y elimina toda posibilidad de que el Conapred finque directamente las responsabilidades.
De igual manera, en un segundo momento la norma se vuelve imperfecta al no establecer sanciones claras, determinadas y expresas por las conductas que prohíbe, propiciando la impunidad y en consecuencia, en los hechos, no se logran los fines de la ley federal en comento, lo que la hace ineficaz y de poca utilidad social, al tiempo que erosiona una de las instituciones que tanto luchó la sociedad por edificar como lo es el Conapred.
Hechos recientes dan cuenta de la falta de facultades del Conapred para sancionar a servidores públicos, el caso más difundido fue el de un funcionario de una dependencia federal encargado de atender a población indígena en situación de pobreza, beneficiaria de programas sociales. Este funcionario al escribir comentarios despectivos y discriminatorios en su perfil de Facebook en contra de mujeres indígenas que atendía en virtud de su función como servidor público, no pudo ser sancionado por el Conapred, a pesar de ser condenado por la opinión pública y de que los medios de comunicación y las redes sociales ejercieron una crítica dura contra el servidor público.
De esta manera, con la iniciativa que se promueve, se trata de fortalecer al Conapred a fin de alcanzar una sociedad más igualitaria y sin prejuicios, dotándolo de herramientas jurídicas para poder sancionar a quienes en uso de sus atribuciones como servidores públicos discriminen a cualquier persona.
Con base en lo expuesto y fundado, en aras de otorgar una mayor protección a los grupos vulnerables y a la población en general frente a la labor de todo servidor público, y para erradicar todo tipo de discriminación, presentamos ante el pleno de ésta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 72 y se adiciona un artículo 83 Bis a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
Artículo Único. Se reforma el artículo 72 y se adiciona un artículo 83 Bis a la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación para quedar como sigue:
Artículo 72.En caso de que el servidor público no acepte la conciliación, o de que las partes no lleguen a acuerdo alguno, el Consejo hará de su conocimiento que investigará los hechos motivo de la reclamación, en los términos de esta Ley e impondrá, en su caso, las medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación previstas en la misma; asimismo, el Consejo podrá sancionar al servidor público en términos de lo dispuesto por el artículo 83 Bis.
Artículo 83 Bis. El Consejo podrá imponer a los servidores públicos que cometan actos de discriminación prohibidos por esta ley las siguientes sanciones:
I. Amonestación pública;
II. Obligación del infractor de ofrecer disculpas públicas;
III. Multa de 30 a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; y
IV. Trabajo comunitario.
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS - LEY DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Guillermo Tamborrel, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias y abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a presentar esta iniciativa que pretende crear la Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias, y al mismo tiempo plantea abrogar la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Esta iniciativa que vengo a plantear, esta ley presenta varios cambios que me parece que son importantes, que vienen a enriquecer esta Ley de Ayuda Alimentaria, que no dejo de reconocerle las bondades a dicha Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.
Aquí los grandes cambios que estamos planteando, pues son en diversos rubros; el primero de ellos es que estamos ya incluyendo al concepto de la familia, es apoyar a la familia y no sólo al trabajador. Esto se hará por ejemplo, cuando para poder el patrón deducir los vales que otorga al trabajador para el tema de alimentación, para poderlos hacer deducibles, tendrá que ofrecerles también una guía alimentaria, una dieta que la Secretaría de Salud tendrá que publicar en el internet para que cada patrón la pueda —válgase la expresión— bajarla, imprimirla y repartirla, y de esta manera venga a cerrar la pinza que lleva la educación alimentaria que ahorita estaremos dando a nuestros hijos en las escuelas.
Lo hemos planteado ya; hemos hecho reformas a la Ley General de Educación para comprometer a la Secretaría de Educación a que fomente una mejor cultura, una mejor alimentación en las escuelas, en los educandos, y bueno, con esto venimos a cerrar la pinza. Éste es uno de los beneficios.
Otro de los beneficios, diría importantes, es que estamos planteando también la creación del vale para la activación física o el deporte; nos queda claro que para abatir la obesidad, que es el problema de salud pública número uno en nuestro país, se necesita sí avanzar por el tema de la correcta o de la sana alimentación, pero al mismo tiempo necesitamos romper el sedentarismo, necesitamos una mayor activación física en nuestros hijos.
Aquí lo que estamos planteando es que exista un vale específico para que el padre o la madre, el sostén de la familia, tenga los recursos suficientes y destinados a fomentar la activación física como pudiese ser la clase de fútbol, comprar los tenis, comprar el balón, pagar la clase de aerobics o pagar la clase de zumba, lo que cada quien desee.
El tercer vale que estamos proponiendo es para realizar una actividad educativa cultural; es innegable que el ser humano sólo se puede desarrollar a plenitud si también desarrolla su cultura, y por lo mismo, estamos planteando este vale para que el trabajador tenga un recurso específico para que lo destine, por ejemplo, a la compra de un libro.
Ya ven hoy qué tan importante se vuelve leer, porque luego exhiben a los que no leen y entonces, resulta que como al señor a lo mejor no le dieron vale para libros, a lo mejor por eso no leyó. Para que eso no vuelva a ocurrir, les vamos a dar su vale.
La segunda, es que puedan, en un momento dado, puedan pagar la clase de cómputo o la clase de inglés, puedan acudir a un concierto, puedan acudir a una clase de lo que ellos gusten, que finalmente fomente el desarrollo integral del trabajador. Esto, compañeros y compañeras, desde la perspectiva del trabajador.
Pero también es importante señalar que estamos planteando la desaparición del vale electrónico, y la desaparición del vale electrónico que es el que se otorga a través de una tarjeta de débito es fundamental, puesto que no todos los comercios en nuestro país tienen la posibilidad de recibirlo, no todos tienen las terminales y desde esa perspectiva hoy están siendo discriminados la gran mayoría de los establecimientos comerciales en nuestro país. Esa miscelánea, esa tienda de la esquina que no tiene la posibilidad de recibir ese vale electrónico, simplemente está en condiciones de desventaja.
Por el otro lado, también estamos planteando el que quepa la posibilidad o la obligación, la prohibición —si se me permite corregir—, que este vale no tenga un costo para el comerciante que lo recibe.
Lo que hemos venido observando es que también hay una práctica discriminatoria, en donde las grandes cadenas tienen lamentablemente, o les cobra el emisor del vale una comisión muy pequeña, que no llega al 1 por ciento, en tanto a los pequeños comercios les pueden cobrar el 5, el 8 y en ocasiones hasta el 10 por ciento. Esto rompiendo el equilibrio que debiese presentarse, esta equidad que debiese haber en la práctica comercial.
Esta iniciativa, compañeras y compañeros, que les invito a que la abracen, viene a fortalecer el desarrollo integral del trabajador y al mismo tiempo la protección de esos pequeños comercios, esos pequeños prestadores de servicios que hoy son discriminados en el manejo de los vales; espero que ustedes tengan a bien hacer sus aportaciones, enriquecerla y en su momento aprobarla. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que crea la Ley para el Fomento de Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias y abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, Alfredo Rodríguez y Pacheco, Sebastián Calderón Centeno, José Antonio Badía San Martín y Jaime Rafael Díaz Ochoa, senadores de la República de la LXI Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias, y se abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
1.El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, señala en su apartado “Desarrollo Humano Sustentable”, que su propósito consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras.
Ello, en virtud de que en el citado plan se considera a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades, como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas, estableciéndose como visión transformadora de México en el futuro y al mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy donde sea que estos radiquen.
Lo anterior, significa de acuerdo al plan nacional, asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos; así como que las oportunidades para las generaciones actuales y futuras puedan ampliarse sin que se comprometa el de las siguientes generaciones.
De igual manera, la Estrategia integral de política pública, contenida en el citado apartado Desarrollo Humano Sustentable, contempla el desarrollo de manera integral, pues plantea el fortalecimiento de la comunidad familiar como eje de una política que, a su vez, en forma sustantiva, promueva la formación y la realización de las personas, estableciendo que el desarrollo humano tiene como premisa fundamental el proceso formativo de capacidades para la vida que se da en la familia como punto de partida para cualquier forma de solidaridad social y de toda capacidad afectiva, moral y profesional.
Con todo ello, señala dicha estrategia, la nación se hace más sólida al fortalecer a las familias y formar personas más aptas, responsables y generosas para enfrentar los retos de la vida.
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el desarrollo humano debe ser integral y para ello, aunado a la necesidad de apoyarse en políticas que de manera transversal contribuyan a la salud, alimentación, educación, vivienda, cultura y deporte, debe existir un enfoque de familia.
2. El 4 de noviembre de 2010, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en relación con la educación alimentaria, el sobrepeso, la obesidad, los trastornos de la conducta alimentaria y la actividad física para la salud.
Ello sin duda ha sido un paso significativo para hacer frente a uno de los problemas más serios que abaten a nuestro país, y que tiene un impacto devastador en todos los aspectos de la vida.
El sobrepeso, la obesidad y en general los trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades silenciosas que poco a poco deterioran la salud causando daños irreversibles y, muchas veces, la muerte.
La obesidad, señalan estudios, es un conducto y catalizador para que una persona, sin importar su edad, llegue a padecer enfermedades crónicas no trasmisibles entre los que destacan la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis y los cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras.
La magnitud de los problemas mencionados y la velocidad en la que se han venido incrementando son alarmantes.
México ocupa hoy, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el primer lugar entre los países con obesidad en adultos y niños.
En el mismo sentido, según el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, de 1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha triplicado como resultado de diversos factores, como es la gran proliferación de alimentos y productos de dudosa calidad nutricional, así como la poca actividad física de los mexicanos.
Por otro lado, en lo referente a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México demuestran que 50 por ciento de las mujeres de entre 9 y 25 años, comienzan a hacer dieta a partir de los 12 años por razones estéticas.
Otras investigaciones exponen que en nuestro país son alrededor de 200 mil las mujeres que padecen anorexia, que es, por definición, la falta anormal de ganas de comer, dentro de un cuadro depresivo, por lo general en mujeres adolescentes.
En este sentido, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) señala que en México, de cada 100 mujeres, 10 padecen anorexia y 5 de ellas mueren, mientras el resto sufre las consecuencias de la enfermedad durante toda su vida.
3. Ante las alarmantes cifras señaladas en el numeral anterior, el Estado mexicano ha diseñado y ejecutado una serie de acciones con el objetivo de hacer frente directo a los problemas provocados por la obesidad y el sobrepeso.
Derivado de estas acciones, el Ejecutivo federal lanzó el llamado Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el Sobrepeso y Obesidad, en el año 2010, documento realizado con la perspectiva internacional dictada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como por los diversos estudios y proyecciones realizados a nivel nacional.
Dentro de este acuerdo, destacan 10 ejes prioritarios, principalmente: Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social.
En este rubro, el acuerdo nacional señala lo siguiente:
• En las últimas décadas la sociedad se ha vuelto menos activa, lo que contribuye a la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas. Entre los adolescentes, la inactividad física puede propiciar también enfermedades mentales, adicciones, acumulación de estrés, menor rendimiento escolar y efectos negativos en la interacción social. Todo ello contribuye a una falta de cultura física en la sociedad mexicana, incluyendo niños y jóvenes, por lo que un objetivo prioritario del acuerdo es promover la actividad física en todos los entornos.
• La Secretaría de Salud (SS) realiza diversos programas, entre los que se incluyen 5 Pasos por su Salud y Alimentación, Actividad Física y Salud. Ambos promueven estilos de vida saludables mediante el auto-cuidado de la salud, alimentación adecuada, actividad física y desarrollo de redes sociales.
• La Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional del Deporte (Conade), han establecido compromisos para facilitar la actividad física diaria en el entorno escolar. Mientras tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los sindicatos colaboran para construir espacios más activos en el entorno laboral.
• Los gobiernos estatales pueden fomentar la actividad física apoyando el establecimiento de espacios comunes, seguros, bien iluminados y agradables en los que se pueda caminar, hacer ejercicio y realizar otras actividades al aire libre. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ya trabaja en este sentido al integrar la actividad física al programa de rescate de espacios públicos.
• La Conade, por su parte, desarrolló una Estrategia Nacional de Cultura Física y Deporte, con el propósito de convertir el deporte en un eje del desarrollo social y humano de México, la cual se sumará a los programas de este acuerdo.
• El objetivo general es que el mayor número posible de mexicanos, independientemente de su edad y de su posición socioeconómica, practique de manera regular algún deporte o actividad física.
Como se lee, la activación física es otro elemento importante a partir del cual se debe controlar la epidemia del sobrepeso y obesidad.
Ante estos elementos, es innegable la necesidad de fortalecer el marco jurídico nacional para hacer frente de manera transversal y directa a todos los factores que han coadyuvado en la proliferación de la mencionada epidemia; así como de potencializar las acciones que tengan como objetivo combatirla; tales como, la activación física.
4. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señala que cuenta con 15.1 millones de trabajadores asegurados, situación que sin duda hace de la clase trabajadora un sector crucial para atender en el diseño de cualquier estrategia nacional, tal como lo es el combate contra la obesidad, sobrepeso y los trastornos de la conducta alimentaria.
De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una nutrición deficiente puede provocar una reducción de hasta 20 por ciento de la productividad al estar estrechamente ligada al ausentismo, la enfermedad, un bajo estado de ánimo y altas tasas de accidentes laborales.
Por ello, la OIT considera a la alimentación como el impulso primordial generador de productividad, motivo por el cual se debe proporcionar a la fuerza laboral un apoyo en esta materia, a través de programas o mecanismos, a fin de mejorar las condiciones nutricionales de los trabajadores, influyendo en consecuencia en la mejoría de la calidad de vida, la reducción de accidentes de trabajo y el aumento de la productividad.
En este sentido, el organismo internacional recomienda que se instrumenten mecanismos prácticos mediante los cuales los patrones puedan contribuir a mejorar el estado nutricional de los trabajadores, a partir de proporcionar comidas a los trabajadores en comedores y de vales para su uso en establecimientos de consumo de alimentos y despensas.
Todo lo anterior, debido a que estudios de la OIT señalan que los esquemas de ayuda alimentaria han demostrado que:
• Impulsan el estado de ánimo y la productividad de los empleados;
• Reducen el número de accidentes y días de ausentismo por enfermedad;
• Disminuyen los costos en servicios de salud a largo plazo, y
• Elevan el producto interno bruto y los ingresos fiscales nacionales.
En virtud de ello, se creó la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011, cuyo objeto en relación a su artículo 1o., es promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.
Dicha ley fue expedida como una estrategia más en favor del control del sobrepeso y obesidad, dado a que de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, en México el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia de gran magnitud en todos los grupos de edad.
5. Por estas razones, la presente iniciativa pretende ampliar considerablemente los alcances de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a partir de una serie de cambios substanciales y de enfoque que sumen al espíritu de la ley y mejoren los alcances que, sin duda, ya contempla.
Así, elementos como desarrollo integral, la familia, el hacer exclusivos los vales impresos, el ampliar los alcances de la ley a una actividad física, cultural o capacitación e incluir a la Secretaría de Educación Pública para la cumplimentación de los objetivos de la ley, son algunos de los aspectos que esta nueva ley adicionará a la anterior.
I. Enfoque y denominación
El primer gran rubro que la iniciativa pretende reforzar a la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, es la de darle un enfoque más amplio que refuerce los contenidos actuales; es decir, ir de un concepto de “ayuda alimentaria” a uno de “desarrollo integral”.
Ello, en virtud de que este cambio significaría que además de aspectos directo de la “dieta”, se promovieran acciones tendientes a una reactivación física en el ámbito laboral, en plena concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, como parte de su primer gran eje.
En ese sentido, también se buscaría que los beneficios de esta ley permitieran que los trabajadores pudieran acceder a la práctica de actividades culturales, tales como música, danza, teatro, etcétera. O actividades de capacitación, como clases de inglés y computación, que aunadas a la disciplina de una dieta correcta y como parte de una activación física y de esparcimiento, que aleje del sedentarismo a las personas, sin duda alguna, potencializarían los buenos resultados de esta ley y coadyuvarían en el alcance de sus objetivos.
II. Enfoque de familia
La familia es la célula básica de las sociedades. Antropólogos, sociólogos y en general todo aquel que estudia al ser humano y sus relaciones sociales, afirman que la familia o el grupo familiar es tan antiguo como la misma humanidad
Hoy se puede afirmar que la familia es el espacio primario de la responsabilidad social y que además debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante amenazas y contingencias. Compete a la familia comunicar, trasmitir y desarrollar los valores morales e intelectuales para la formación y perfeccionamiento de la persona y finalmente de la sociedad. Sin duda la familia es el cauce principal y más efectivo de la solidaridad entre generaciones.
Así, si la familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales tenemos que el estado debe como función esencial hacer posible y, hasta incluso, garantizar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política. Por lo tanto las políticas públicas emanadas del estado deben orientarse, siempre bajo los principios ineludibles de la solidaridad y la subsidiariedad, al fortalecimiento y sano desarrollo de las familias.
Lo anterior, en virtud de que si aceptamos que la vida de toda sociedad, nación y estado depende de la familia, deben proporcionarse a ésta las condiciones necesarias para que salga avante, entre las que destacan la salud y el esparcimiento.
Igualmente, el estado debe establecer mecanismos idóneos para su conservación e integración, resultando de vital importancia combatir todos aquellos factores económicos, políticos, jurídicos o sociales que vayan en contra o deterioren esta unidad que, como se ha dicho, es el origen de la comunión social.
Por ello, tenemos que uno de los elementos importantes a considerar en el diseño de las políticas públicas de desarrollo social es el enfoque de familia. Un enfoque que implica la transversalidad y la coordinación de acciones en favor de la familia. Sobre todo, debido a que las acciones aisladas e inconexas no son las más redituables. De esta forma, deben existir propuestas transversales de carácter cultural, económico, educativo, sanitario, asistencial, entre muchas otras áreas, que desde luego no quedan al margen al momento de impactar en la realidad de la familia.
Es así que una política social justa, como lo es la emanada por la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, está obligada a respetar la preeminencia de la familia y el principio de subsidiariedad.
Finalmente, por lo señalado en este numeral y para concluir con el cambio de enfoque señalado, la presente propuesta pretende dar un “enfoque de familia” a los beneficios otorgados a los trabajadores, incluyendo en su disfrute a sus familias.
En respuesta a lo señalado, aunado a la propuesta realizada en el apartado anterior, la denominación de la ley quedaría: Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y su Familia, entendiendo como familia en el artículo 2 a las hijas, hijos, cónyuge, concubinario o concubina y familiares en línea directa ascendiente de los trabajadores, en plena concordancia con el marco jurídico nacional, particularmente lo establecido en el capítulo 1, título sexto, libro primero del Código Civil Federal.
III. Vales
El diseño de la política económica nacional actual establece a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme) como el principal motor del país y el empleo.
Así, la economía mexicana caracterizada por tener altos índices de concentración en prácticamente todos los sectores, debe dotar a las Pyme de un instrumento de defensa para darles una mejor oportunidad de supervivencia y, por ende, de generación de empleos que se traduce en el fomento de competencia.
En esta sintonía, la presente iniciativa de reforma de ley propone que se promuevan los beneficios de la ley en materia alimentaria, únicamente a través de medios impresos, dejando de lado el medio electrónico, con el propósito de que todos los comerciantes o prestadores de servicios del país tengan oportunidad de recibir los llamados “vales”, sin necesidad de adquirir algún instrumento para hacer efectivos éstos, por medio electrónico.
Lo anterior coadyuvaría a descentralizar la posibilidad de que sólo los grandes comercios sean quienes estén aptos de recibir como forma de pago la ayuda derivada de la multicitada ley en favor de los trabajadores y, con ello, a no inducir o incitar que por cuestión de comodidad el beneficiario de la ley compre el total de su despensa en las grandes cadenas, repercutiendo aún de mayor manera, la poca resistencia que los pequeños comercios o prestadores de servicios pueden presentar.
Asimismo, en concordancia con la política encaminada a ampliar la posibilidad de que los pequeños y micro empresarios puedan formar parte en los esquemas de la Ley para el Fomento, se propone que en relación al actual artículo 13, que trata sobre lo incentivos fiscales, se establezca que aquellos negocios que acepten los “vales” no deberán pagar ninguna comisión o impuesto al canjearlos por dinero en efectivo.
Por último en materia de “vales”, en sintonía con la política económica del Estado mexicano, se hará constar que los mismos deberán ser canjeados por moneda de circulación nacional únicamente mediante deposito a cuenta bancaria; es decir, que aquella persona que por la contra prestación de un servicio reciba como forma de pago los documentos señalados, deberá contar con una cuenta bancaria a la cual se le depositará el equivalente a la denominación señalada para que pueda disponer del recurso cuando lo decida.
IV. Secretaría de Educación Pública
Al contrario de la actual ley en materia de ayuda alimentaria para los trabajadores, en esta nueva ley de fomento se propone que la Secretaría de Educación Pública esté incluida en comisión tripartita encargada de la evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la ley, así como en la elaboración y difusión de la campaña nacional encaminada a promover los beneficios para los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento del apoyo para el fomento del desarrollo integral.
Asimismo, se planea señalar que laSecretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, definirá e instrumentará campañas dirigidas específicamente a los trabajadores y sus familias en materia del mejor aprovechamiento del apoyo otorgado en el ámbito cultural.
Primeramente, en razón de que la Secretaría señalada es la principal rectora y promotora del establecimiento y difusión de los derechos en México, pues es el organismo, por excelencia, que tiene las atribuciones y facultades para hacer del conocimiento de la sociedad sus derechos y cómo exigirlos; además, de ser el principal eje a partir del cual se cimenta la cultura y se trabaja en la aceptación de los nuevos cambios.
Lo anterior, justificado además con lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 40, fracción VI, que a la letra dice: “...le corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”.
Es por los motivos expuestos y con fundamento en los artículos aludidos en el proemio, que se somete a la honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias, y se abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores,en los siguientes términos:
Decreto
Artículo Único.Se crea Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias.
Ley para el Fomento del Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias
Título PrimeroDisposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto promover y regular la instrumentación de esquemas de fomento del desarrollo integral en beneficio de los trabajadores y sus familias, promoviendo una alimentación adecuada, una activación física y actividades culturales o de capacitación, como estrategia de prevención de las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente.
Esta ley es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de interés social.
Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entenderá por:
I. Dieta correcta. Aquella que es completa, equilibrada, saludable, suficiente, variada y adecuada, en términos de las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Salud;
II. Apoyo a la nutrición. Recurso destinado a la realización de la dieta correcta;
III. Apoyo a la activación física. Recurso destinado al fomento de la práctica de actividades deportivas del trabajador y su familia;
IV. Apoyo al desarrollo cultural o capacitación. Recurso destinado al fomento de la práctica y acceso de actividades culturales o procesos de educación del trabajador y su familia;
V. Fomento del desarrollo integral. Actividades a realizar para la promoción de la salud, a partir de la ingesta de una dieta correcta, la activación física y del desarrollo cultural o capacitación. Comprende cualquier combinación de apoyos a nutrición, activación física o desarrollo cultural;
VI. Normas. A las normas oficiales mexicanas;
VII. Secretaría. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
VIII. Trabajadores. A los hombres y mujeres que prestan a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, que sus relaciones laborales se encuentren comprendidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IX. Familia. Hijas, hijos, cónyuge, concubinario o concubina y familiares en línea directa de los trabajadores; y
X. Vales. Instrumentos impresos a través de los cuales los trabajadores y sus familias podrán acceder al apoyo para el fomento del desarrollo integral.
Artículo 3. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o concertada, por otorgar a sus trabajadores y sus familias, apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral, en alguna de las modalidades establecidas en esta ley o mediante combinaciones de éstas.
Se entenderá que un patrón ha optado concertadamente por otorgar apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral, cuando ese beneficio quede incorporado en un contrato colectivo de trabajo.
Artículo 4. Únicamente los patrones que otorguen a sus trabajadores apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral, en las modalidades y bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento podrán recibir los beneficios fiscales contemplados en esta ley.
Título SegundoApoyo para el Fomento del Desarrollo Integral
Capítulo IObjetivo del Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral
Artículo 5. El apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral tendrá como objetivo que los trabajadores y su familia se beneficien de:
a). El consumo de una dieta correcta;
b). La activación física; y
c). La práctica de actividades culturales.
Las características específicas de una dieta correcta serán las que la Secretaría de Salud establezca en las normas.
Artículo 6. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a sus facultades y en coordinación con la secretaría, definirán e instrumentarán las campañas nacionales, dirigidas específicamente a los trabajadores y su familia, en materia de promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo mensajes para mejorar su estado nutricional, promover su activación física y las actividades culturales o de capacitación, a fin de prevenir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.
Para ello, además de lo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría de Salud deberá elaborar una guía que establezca las bases de una adecuada alimentación y activación física que, en coordinación con la secretaría, deberá ser entregada a cada trabajador y su familia.
En el caso de las actividades culturales o de capacitación, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la secretaría, definirá e instrumentará las bases y lineamientos a partir de los cuales se deberán considerar estás, mismos que deberán ser entregados a cada trabajador y su familia.
Capítulo IIModalidades de Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral
Artículo 7. Los patrones podrán establecer esquemas deapoyo para el Fomento del Desarrollo Integral para los trabajadores y sus familias mediante cualquiera de las modalidades siguientes:
I. Apoyo a la nutrición
1.Comidas proporcionadas a los trabajadores y sus familias en:
a)Comedores;
b)Restaurantes,
c).Fondas; o
d)Otros establecimientos de consumo de alimentos.
2. Despensas, ya sea mediante canastillas de alimentos o por medio de vales en formato impreso.
II.Apoyo a la activación física
1) Suministro de material deportivo mediante su entrega física o por medio de vales en formato impreso exclusivamente; y
2) Inscripción o mensualidad, o ambas, a actividades deportivas mediante el pago o provisión del servicio o mediante la entrega de vales en formato impreso exclusivos para la realización de esta actividad.
III.Apoyo al desarrollo cultural o capacitación
1) Suministro de material cultural; entre otros, libros y otros impresos, instrumentos musicales, equipo de cómputo y sus accesorios, mediante su entrega física o por medio de vales en formato impreso exclusivamente; y
2) Inscripción o mensualidad o ambas, de actividades culturales o que amplíen los conocimientos del trabajador o su familia mediante el pago o provisión del servicio o mediante la entrega de vales en formato impreso exclusivamente.
3) Inscripción o mensualidad o ambas, de actividades de capacitación para el trabajador o su familia mediante el pago o provisión del servicio o mediante la entrega de vales en formato impreso exclusivamente.
En el marco de la presente ley, los apoyos para el fomento al desarrollo integral de los trabajadores y sus familias no podrán ser otorgados en efectivo o por otros mecanismos distintos a las modalidades establecidas en el presente artículo.
Artículo 8.La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la secretaría, definirá e instrumentará campañas dirigidas específicamente a los trabajadores y sus familias en materia del mejor aprovechamiento del apoyo otorgado en el ámbito cultural o de capacitación.
Artículo 9. La Secretaría de Salud, en coordinación con la secretaría, expedirá las normas a las que deberán sujetarse los comedores a que se refiere el inciso a), numeral 1, de la fracción I del artículo 7 de esta ley. Asimismo, ambas dependencias ejercerán, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, la vigilancia sobre dichos comedores para verificar el cumplimiento de los requisitos que éstos deban reunir.
Los gobiernos de las entidades federativas ejercerán el control sanitario de los restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos a los que se refieren los incisos b), c) y d), del numeral 1, de la fracción I del artículo 7 de esta ley en los términos que señala la Ley General de Salud.
Artículo 10. Los patrones deberán mantener un control documental suficiente y adecuado para demostrar que el Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral objeto de esta ley ha sido efectivamente entregado a sus trabajadores y sus familias.
Capítulo IIIDe los Vales
Artículo 11. Los vales que se utilicen para proporcionar el Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral en términos de la presente ley deberán reunir los requisitos siguientes:
a)Contener la leyenda “Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por dinero en efectivo”;
b)Señalar la fecha de vencimiento;
c)Incluir el nombre o la razón social de la empresa emisora del vale;
d)Especificar expresamente que son vales de apoyo para la nutrición; o para la activación física; o para la práctica de actividades culturales o de capacitación, de los trabajadores y su familia;
Los vales únicamente podrán ser empleados para lo que señale en ellos.
e)Indicar de manera clara y visible el importe que ampara el vale con número y letra, y
f)Estar impresos en papel seguridad.
Artículo 12. Para el caso de los vales previstos en esta ley quedará prohibido:
I.Canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito;
II.Canjearlos o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco; y
III.Usarlos para fines distintos a los de esta ley o para servicios distintos a los definidos en el artículo 7 de la misma.
Artículo 13. El canje de los vales sólo podrá ser a moneda de circulación nacional y a través de depósito bancario. Por este movimiento no se cobrará comisión o impuesto alguno.
Capítulo IVIncentivos y promoción
Artículo 14. Con el propósito de fomentar el establecimiento de los esquemas del Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral en las diversas modalidades a que se refiere el artículo 7o. de esta ley y alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5o. de la misma, los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadoresy sus familias, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos; o vales para la activación física; o vales para el desarrollo cultural o capacitación, serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de seguridad social.
Artículo 15. La secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, elaborará y difundirá una campaña nacional permanente encaminada a promover los beneficios para los patrones, los trabajadores y su familia vinculados al otorgamiento del Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral en los términos, las modalidades y condiciones previstos en esta ley.
Título TerceroEvaluación, Seguimiento y Vigilancia
Capítulo IComisión Tripartita
Artículo 16. La evaluación y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley estará a cargo de una comisión tripartita que se integrará en los términos del presente artículo. Corresponderá también a dicha comisión hacer las recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las acciones del Apoyo para el Fomento del Desarrollo Integral previstas en esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de vigilancia que correspondan a las dependencias y entidades de la administración pública federal y a los gobiernos de las entidades federativas en términos de las disposiciones aplicables.
La comisión tripartita a la que se refiere el párrafo anterior se integrará por:
I.Un representante de la secretaría, quien la presidirá;
II.Un representante de la Secretaría de Salud;
III.Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV.Un representante de la Secretaría de Educación Pública;
V.Tres representantes de organizaciones nacionales de los trabajadores, y
VI.Tres representantes de organizaciones nacionales de los empresarios.
La secretaría determinará la forma en la cual se asignará la representación a la que se refieren las fracciones V y VI de este artículo.
Los representantes de las dependencias de la administración pública federal ante la comisión deberán tener nivel de subsecretario o su equivalente.
La secretaría podrá invitar a participar en las sesiones de la comisión tripartita, con el carácter de consultores, con voz y sin voto, a representantes de aquellas organizaciones empresariales o sociales relacionados con la prestación de los servicios vinculados al otorgamiento del beneficio de ayuda alimentaria contemplado en esta ley.
El funcionamiento y la operación de la comisión tripartita se establecerán de acuerdo con sus reglas internas de operación.
Capítulo IIVigilancia
Artículo 17. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 9o. de esta ley, la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el presente ordenamiento corresponderá a la secretaría, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las acciones de vigilancia se ajustarán al procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, a lo que prescriben la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.
Título CuartoSanciones
Capítulo Único
Artículo 18. Las violaciones a los preceptos de esta ley y las disposiciones que emanen de ella serán sancionadas administrativamente por las autoridades educativas, sanitarias y laborales, federales o locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Artículo 19. Para la aplicación de las sanciones derivadas de violaciones a esta ley, se observará el procedimiento administrativo establecido en las leyes sustantivas aplicables en materia educativa, sanitaria y laboral y, de forma supletoria a éstas, lo que prescribe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o equivalentes en las entidades federativas, según corresponda.
Artículo 20. La omisión del patrón de mantener el control documental al que se refiere el artículo 10 de esta ley se sancionará con multa de mil quinientas hasta dos mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate.
Artículo 21. La contratación por parte del patrón de una empresa emisora de vales que no cumpla los requisitos señalados en el artículo 11 de esta ley se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate y no gozarán de los beneficios fiscales señalados en el artículo 14 de la presente ley.
Artículo 22. Los propietarios de los establecimiento en los que se fomente, permita o participe en alguna de las conductas descritas en el artículo 12 de esta ley serán sancionados con multa de seis mil hasta doce mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate
Artículo 23. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de esta ley se entenderá por reincidencia, a aquellos casos en que el infractor cometa la misma violación a las disposiciones de esta ley dos o más veces dentro del periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción inmediata anterior.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011.
Notas:
1. Tamborrel Suárez, Guillermo, Familia y Gobierno, ensayo para la asignatura Análisis Político, del programa de doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo de la Universidad Anáhuac, México DF, 2008.
2.Ibídem.
3.Ibíd.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senadores: Alfredo Rodríguez y Pacheco, Sebastián Calderón Centeno, José Antonio Badía San Martín, Jaime Rafael Díaz Ochoa, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está ya presente en el salón de sesiones el senador Ricardo Monreal; por lo tanto, le damos la palabra para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El senador Ricardo Monreal Ávila:Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, me permito presentar a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Como todos sabemos, la amenaza a la seguridad internacional provocada por el crimen organizado mediante la fabricación, transferencia y tránsito ilícito de armas y municiones tiene consecuencias de diversa índole, que afectan la paz y la estabilidad de todas las naciones, además de que es uno de los ejes principales de la violencia que desangran al país o a países como México.
La venta ilícita de armas, particularmente de armas ligeras, amenaza la seguridad de los países debido al aumento y la proliferación descontrolada, ya que estos instrumentos no solamente alimentan los conflictos armados, la criminalidad y el terrorismo, sino que éstas también exacerban la violencia, socaban el respeto por el derecho internacional humanitario, obstaculizan el suministro de ayuda a las víctimas del conflicto armado y dificultan cada vez más el retorno a la paz y al desarrollo sostenible.
Las armas ligeras son causantes de graves lesiones, muertes, daño e inseguridad pública, incluso, afectan la seguridad nacional cuando son utilizadas por grupos delictivos, como ocurre actualmente en México.
Cabe mencionar que el tráfico de armas está estrechamente vinculado con otras actividades ilícitas del crimen organizado, como el tráfico de drogas y la trata de personas, esto debido a que son actividades que generan enormes ganancias.
Los últimos años han sido los más violentos en nuestro país; a la fecha, esta llamada guerra contra el crimen organizado o narcotráfico ha cobrado la vida de cerca de 60 mil civiles.
El tráfico de armas cobra especial relevancia debido a que muchas de estas ejecuciones se han cometido con armas introducidas ilegalmente en el país, cuya procedencia y fabricación es principalmente de los Estados Unidos de América.
Existen estudios que revelan que un 80 por ciento de las armas y municiones usadas por el crimen organizado en México provienen del vecino país del norte, donde su gobierno ha sido renuente y omiso en cuanto a tomar medidas para reducir este tráfico ilegal.
Generalmente estas armas son adquiridas a tan solo unos metros de la frontera, donde se estima existen más de 12 mil establecimientos y donde pueden ser compradas de manera legal, libre y abierta.
La industria de armas de los Estados Unidos de América representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año; el poder económico y político de las empresas fabricantes e importadoras es inmensa, tal es el caso que su injerencia en el gobierno llega a los más altos niveles. De hecho, han sido varios los medios de comunicación que han documentado acerca de las enormes donaciones que han hecho las empresas armamentistas a campañas presidenciales de aquel país.
Lamentablemente, en el nuestro las armas no necesitan pasaporte, les basta con la corrupción y complicidad de las aduanas y el propio gobierno mexicano.
El tráfico de armas se ha convertido en el segundo delito de importancia cometido por el crimen organizado.
Organizaciones como Iansa y el Comité Oxford para la lucha contra el hambre, calculan que cada día ingresan al país 2 mil armas, cada una de ellas multiplica exponencialmente la violencia al aumentar el número de crímenes, de asesinatos, de secuestros, de delitos contra la salud; se calcula, además, que existen entre 15 y 20 millones de armas ilegales circulando en nuestro país, además de los 5 millones 500 mil armas autorizadas por la Sedena; es decir, por cada arma legal existen entre 4 y 5 armas ilegales.
El tráfico y el uso del armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas representan actualmente el 15 por ciento de los delitos federales cometidos en todo el país. Lo anterior equivale a un promedio de mil 200 ilícitos relacionados con el tráfico y posesión de armas.
Por esa razón, me estoy permitiendo presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, porque en el país existe un grave problema, que por la complicidad, la corrupción, pero también la laxitud de las normas jurídicas que existen, ha permitido que este delito del tráfico ilegal de armas no sea sancionado.
Tenemos la triste experiencia del operativo Rápido y Furioso, que no ha sido posible extraditar a los responsables del tráfico ilegal de armas, a altos funcionarios del gobierno norteamericano, por temor, por la actitud tibia, timorata de solicitar la extradición de estos presuntos delincuentes.
Por eso México está sumido en la violencia, por eso nuestro país cada día cobra más víctimas del crimen organizado; el uso de armas exclusivas de la Fuerza Armada y del Ejército cada vez es más frecuente en ciudadanos comunes y corrientes y la ilegalidad del tráfico de estas armas ha provocado verdaderas sangrías en el país; gente inocente que ha perdido la vida, gente inocente que ahora son víctimas de esta cruel guerra que se declaró de manera unilateral y que México seguirá pagando las consecuencias.
Por esa razón, ciudadano presidente, le solicito de la manera más atenta que pueda usted insertar u ordenar insertar el texto íntegro de esta iniciativa que modifica varios artículos de la Ley en comento. Por la atención de todos los legisladores y legisladoras, y el público asistente, muchas gracias.
Presidencia del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor senador. Como lo solicita, insértese el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.
PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: A continuación dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de cuatro dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de trabajo, que conceden permisos a los ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario, prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México y para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados otorgan gobiernos extranjeros; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica, por instrucciones de la Presidencia, si se dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se dispense la lectura favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
La Primera Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Egbert Kuiper Broekhoven pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de los Países Bajos en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Se turnó a la suscrita comisión, para dictamen, el expediente relativo.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó la nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento; y la residencia en la circunscripción consular, con la constancia de residencia y el nombramiento, con la nota formulada por la Embajada Real de los Países Bajos, en México.
La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV del Apartado C del artículo 37, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Egbert Kuiper Broekhoven para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de los Países Bajos en Monterrey, con circunscripción consular en Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea
La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente dictamen.
Antecedentes
En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Teresa Kari Verthein Garnica, Miguel Angel Vázquez Gómez, Edwin Bautista Estrada, Juan Alfonso López Verdiguel, Cristina Cruz Lobato, José Reyes Hernández González, Bertha Julia Villarino Aguilera, Jesús Gabriel Zarate Hernández, Lorenzo Sarro Marín y Miriam Adriana Murguía Labardini, puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.
La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Teresa Kari Verthein Garnica, para prestar servicios como asistente comercial, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Vázquez Gómez, para prestar servicios como especialista comercial, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Edwin Bautista Estrada, para prestar servicios como chofer de almacén, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Juan Alfonso López Verdiguel, para prestar servicios como chofer, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Cristina Cruz Lobato, para prestar servicios como empleada doméstica, en la embajada de Dinamarca en México.
Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano José Reyes Hernández González, para prestar servicios como chofer en la embajada de Polonia en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Bertha Julia Villarino Aguilera, para prestar servicios como asistente de investigaciones en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Artículo Octavo.Se concede permiso al ciudadano Jesús Gabriel Zárate Hernández, para prestar servicios como supervisor de mantenimiento (ingeniero), en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Lorenzo Sarro Marín, para prestar servicios como empleado de limpieza, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Décimo. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Adriana Murguía Labardini, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
La Primera Comisión de Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 4 de enero del año en curso por la Comisión Permanente se dio cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José de Jesús Franco López y Oscar Cruz Barney puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan el gobierno de la República Francesa y el Consejo General de la Abogacía Española, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión, para su dictamen, el expediente relativo.
De la revisión de los expedientes se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
La Primera Comisión de Trabajo considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del apartado C del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús Franco López para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para aceptar y usar la Condecoración al Mérito en el Servicio a la Abogacía, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Consejo General de la Abogacía Española.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Honorable Asamblea:
En oficios fechados el 23 de noviembre del año próximo pasado, los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y César Antonio Prieto Palma solicitan el permiso constitucional necesario para que puedan prestar servicios en la Embajada de la República de Angola en México.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 4 de enero de 2012, se turnó a la suscrita comisión, para estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de la República de Angola serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Franco Guzmán para prestar servicios como asesor jurídico en la Embajada de la República de Angola en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano César Antonio Prieto Palma para prestar servicios como asesor jurídico en la Embajada de la República de Angola en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Quedan de primera lectura. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato los dictámenes. Las legisladoras y legisladores que estén porque se dispense sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se dispense sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia, se dispensa la segunda lectura. Se pide a la Secretaría dar lectura a los proyectos de decreto.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Egbert Kuiper Broekhoven, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de los Países Bajos en la ciudad de Monterrey con circunscripción consular en los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Teresa Kari Verthein Garnica, Miguel Ángel Vázquez Gómez, Edwin Bautista Estrada, Juan Alfonso López Verdiguel, Cristina Cruz Lobato, José Reyes Hernández González, Bertha Julia Villarino Aguilera, Jesús Gabriel Zárate Hernández, Lorenzo Sarro Marín y Miriam Adriana Murguía Labardini, para que puedan prestar servicios en las embajadas de los Estados Unidos de América, de Dinamarca y Polonia en México y en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José de Jesús Franco López y Oscar Cruz Barney, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Oficial, que le otorga el gobierno de la República Francesa, y al Mérito en el Servicio a la Abogacía, en grado de Gran Cruz, que le otorga el Consejo General de la Abogacía Española.
Otro proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Ricardo Franco Guzmán y César Antonio Prieto Palma, para prestar servicios como asesores jurídicos en la Embajada de la República de Angola en México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los dictámenes en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto en un solo acto.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y se informa que su servidor recogerá por la afirmativa y el diputado Rigoberto Salgado Vázquez lo hará por la negativa.
El senador José Antonio Badía San Martín (desde la curul): Por la afirmativa.
El diputado Arturo García Portillo(desde la curul). A favor.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): a favor.
La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón(desde la curul): a favor.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (desde la curul): A favor.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul). A favor.
El senador José Luis Máximo García Zalvidea (desde la curul): A favor.
El senador Valentín Guzmán (desde la curul): A favor.
El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): A favor.
El senador Ericel Gómez Nucamendi(desde la curul): A favor.
El senador Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Abstención.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): A favor.
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.
El senador Fernando Jorge Castro Trenti(desde la curul): Sí.
El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez(desde la curul): Rueda, sí.
El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Sí
EL senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): Sí.
El senador Juan Bueno Torio (desde la curul): A favor.
La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): En pro.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina (desde la curul): A favor.
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Tamborrel, sí.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:¿Falta algún legislador?
El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Sí.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:¿Falta alguna legisladora o algún legislador de emitir su voto? Diputada.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): A favor.
El diputado Patricio Chirinos del Ángel (desde la curul): A favor.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Se va a recoger la votación de la Mesa Directiva.
El Secretario senador Luis Alberto Villareal García:A favor.
El Vicepresidente diputado Gustavo González Hernández:A favor.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: A favor
El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez:A favor.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Zoreda; sí.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Señor presidente, se emitieron 28 votos por el sí y una abstención.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 28 votos a favor y 1 abstención los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ELECCIONES FEDERALES DE 2012
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Pasamos a los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es: dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Primera Comisión; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea, en votación económica, si autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados de los dictámenes. Las legisladoras y legisladores que estén porque se dispense sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia, se autoriza. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Instituto Federal Electoral a mantener vigentes las credenciales “03” para los comicios de 2012
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del IFE, emita un acuerdo para que en las elecciones federales del 2012, así como en las concurrentes locales, se reciban las credenciales para votar con fotografía denominadas “03”, suscrita por el diputado Humberto Lepe Lepe, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
La credencial para votar con fotografía surge con diversos fines, pero su principal objeto es el ser un mecanismo para el voto ciudadano, un instrumento que diera certeza y legitimara las elecciones de todos los niveles de gobierno.
Desde septiembre de 1992, el Instituto Federal Electoral ha emitido tres diferentes modelos de credencial para votar con fotografía. Sus características son similares entre sí y representan la evolución en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor seguridad. Todo ello a fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.
El siguiente cuadro identifica su año de emisión, así como su vigencia y las elecciones en las que han de recibirse.
* La “03” modelo A9 será vigente hasta el 31 de marzo de 2012.
** Las “09” del modelo A votarán en 2012, según lo decida y acuerde el Consejo General del IFE.
*** Para las “09” del modelo B se indica el año final de vigencia (10 años), sujeto a decisión y acuerdo del Consejo General del IFE.
Según acuerdo del Consejo General del IFE CG600/2009.
Los tres modelos de credencial son vigentes y válidos para ejercer el derecho al voto. Además, si sirven para votar, por extensión legal, también sirven como instrumento de identificación oficial, tal y como se estableció desde la emisión del primer modelo de credencial para votar con fotografía, con la excepción de la credencial “03”, que pierde su capacidad de identificación a partir del 1 de enero de 2011.
Existe a la fecha 5.4 millones de ciudadanos que cuentan aún con la credencial “03”, mismos que dejarían de votar en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012.
Estos ciudadanos podrían ser un factor determinante en las elecciones federales de 2012, considerando la experiencia de que en las pasadas elecciones para presidente de la República, la diferencia entre el candidato triunfador y el que le siguió en votación, fue de tan sólo 243,934 votos.
Por acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), las llamadas credenciales “03” tendrán vigencia para el ejercicio del derecho al voto hasta la conclusión de las elecciones locales del 2011, o bien, a más tardar, hasta el 15 de enero de 2012.
Por mandato del mismo acuerdo, aplica una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar “03”, previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ellos sí podrán emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012.
Considerando los antecedentes establecidos, se puede concluir que dicha decisión violenta los preceptos fundamentales de equidad y daña las garantías y derechos de los ciudadanos que en su momento cumplieron con la obligatoriedad de registrarse ante las instancias electorales existentes, y que por diversas causas no han podido actualizar su credencial “03”.
Además de la incapacidad del Programa de Actualización de la Credencial de Elector “03”, en donde los módulos de su estructura territorial cuentan con muy limitada capacidad para efectuar el trámite correspondiente.
Dicho acuerdo discrimina a un sector muy importante de ciudadanos con facultades y capacidades plenas para poder emitir responsablemente su voto, dejándolos ante la indefensión de no ejercer la facultad que le brinda la Constitución Mexicana en el artículo 35, que establece sobre las prerrogativas del ciudadano, fracción I, que dice al texto: Votar en las elecciones populares.
Asimismo, coarta la posibilidad y disponibilidad del ciudadano de poder cumplir con una obligación constitucional, contraviniendo sus propias disposiciones preliminares que establecen que el Instituto Federal Electoral dispondrá de lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas establecidas, así como los fines propios de la institución, que son el de contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, llevar a cabo la promoción del voto y, sobre todo, el de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
Considerando que conforme a lo previsto en el artículo 41, base V, párrafo 2, de la Constitución Mexicana, y 106, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente e independiente. Por lo que sus acuerdos y resoluciones son de total obligatoriedad en cuanto a los procesos electorales se refiere.
Y considerando la Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, con número de registro 332474, que señala que es de universal doctrina que el poder de abrogar una ley es facultad de quien tuvo el poder de hacerla.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Que se exhorte al Consejo General del Instituto Federal Electoral a derogar el acuerdo CG224/2010.
Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral emita un nuevo acuerdo en el que se permita a los ciudadanos que cuentan con la credencial para votar con fotografía denominada “03” votar, por única vez, en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
Que prevalezca en el acuerdo la limitante de que a partir del 1 de enero de 2011, la credencial para votar “03” pierda su facultad de servir como identificación oficial.”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden sustancialmente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que es ampliamente conocido que el próximo 1º de julio de 2012 se elegirá Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, además de 5 gobernadores, 1 Jefe de Gobierno y un número considerable de diputados locales y presidentes municipales.
Señala el autor de la proposición que por Acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), las llamadas credenciales “03” tendrán vigencia para el ejercicio del derecho al voto hasta la conclusión de las elecciones locales del 2011, o a más tardar, hasta el 15 de enero de 2012. Asimismo, por mandato del mismo acuerdo, aplica una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar “03”, previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Ellos sí podrán emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012.
También, afirma el autor de la proposición que “Existe a la fecha 5.4 millones de ciudadanos que cuentan aún con la credencial “03”, mismos que dejarían de votar en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012.”
Que en el Acuerdo emitido por el Consejo General del IFE (CG224/2010), se instruyó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, llevar a cabo campañas especiales de actualización y credencialización, asimismo a la Junta General Ejecutiva a implementar una estrategia operativa intensa para el reemplazo de las credenciales para votar, cuyo último recuadro sea el “03” para el marcaje del año de la elección federal.
Al respecto, señala el autor que el Programa de Actualización de la Credencial de Elector “03”, a cargo del Instituto Federal Electoral, se encuentra rebasado, ya que los módulos de su estructura territorial cuentan con muy limitada capacidad para efectuar el trámite correspondiente.
De tal manera que solicita al Consejo General del Instituto Federal Electoral derogue el Acuerdo expedido y emita un nuevo acuerdo en el que se permita a los ciudadanos que cuentan con la credencial para votar con fotografía denominada “03” votar, por única vez, en las próximas elecciones federales del 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
En razón de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que para el ejercicio del derecho de voto, los ciudadanos deben cumplir, esencialmente los siguientes requisitos constitucionales y legales: haber cumplido los 18 años, tener un modo honesto de vivir, estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, conforme a los artículos 34 constitucional y 6 párrafo 1 del código de la materia.
Y conforme a la legislación secundaria, la Credencial para Votar es el documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto, de conformidad con lo previsto en el artículo 176, párrafo 2 del código electoral federal.
Asimismo, el artículo 35, fracción I de la Constitución Federal, establece las prerrogativas del ciudadano, que dice al texto: “Votar en las elecciones populares”.
De ahí que conforme al Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, un sector muy importante de ciudadanos con facultades y capacidades plenas para poder emitir responsablemente su voto, no podrán ejercer derecho de votar que le brinda la Constitución Mexicana.
Si bien es cierto que el Instituto Federal Electoral, instruyó a llevar a cabo una actualización de las credenciales de votar, dicha campaña por razones no conocidas por esta Comisión Dictaminadora, no fue lo suficientemente eficiente, ya que el propio Instituto, en Acuerdos pasados, había solicitado actualizar las credenciales de votar, mismas que no se llevaron a cabo como se había pensado; de tal manera, que el Instituto Federal Electoral, se vio en la necesidad de otorgar una prórroga a las credenciales “03” para que pudieran ser utilizadas en las elecciones locales.
Asimismo, esta Comisión Dictaminadora considera inequitativo que el Instituto Federal Electoral haya aplicado una excepción para los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con la credencial para votar “03”, previo registro en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, para que puedan emitir su voto para presidente de la República en las próximas elecciones federales del 1 de julio del 2012. Y en cambio, a los mexicanos residentes en el territorio nacional, les otorgó el plazo de hasta el 15 de enero de 2012, para realizar el cambio de la credencial.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen sus actividades.
Que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden público y de observancia general en el territorio nacional, tal y como lo establece el artículo 1, párrafo 1 de dicho ordenamiento legal. Además, el artículo 41, base V, párrafo noveno de la Constitución Federal, establece, entre otras cosas que, el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, las actividades relativas al padrón y lista de electores.
Que en los términos del artículo 118, párrafo 1, incisos j) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene como atribución la de dictar los lineamientos relativos al Registro Federal de Electores, así como dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
En razón de lo expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, no se pronuncia sobre el Acuerdo emitido por el Consejo General, pero si se pronuncia, como lo solicita el autor de la proposición que se dictamina, a favor de la libertad de la emisión del sufragio, así como para efectos de que se prorrogue la vigencia de la credencial “03” durante las elecciones federales y locales del 2012. En este sentido, al ser el Instituto Federal Electoral, a través de su Consejo General, el órgano facultado para dictar los lineamientos y acuerdos necesarios relativos al Registro Federal de Electores, consideran pertinente señalar que el Instituto Federal Electoral debe valorar la pertinencia de extender la vigencia de las credenciales “03”, a efecto de que los ciudadanos que la tengan, tengan la posibilidad de ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2012, tanto a nivel federal como local.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a modificar el Acuerdo CG224/2010, a efecto de garantizar la libre participación del mayor número posible de ciudadanos mexicanos y dicte las medidas correspondientes para que quienes sean poseedores de la credencial para votar con fotografía denominada “03” y que no hayan podido restituirla en tiempo y forma, por única vez, no se les prive de su derecho de sufragar en las próximas elecciones federales a celebrarse el 1 de julio de 2012, así como en las concurrentes locales que coincidan con la fecha.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
ESTADO DE SONORA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras catorce personas, cometido en Cajeme, Sonora
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PGR a atraer la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y de otras catorce personas, cometido el 30 de octubre de 2009 en Cajeme, Sonora, a cargo del diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:
La Unión General Obrero, Campesina y Popular, AC (UGOCP), es una organización no gubernamental constituida hace 25 años para organizar y coordinar a grupos, comités, sociedades y asociaciones de mujeres, de obreros, de campesinos, de colonos, de profesionales, de productores rurales, de jóvenes y de adultos mayores que buscan mejorar sus condiciones de vida y para apoyar a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones históricas y en el respeto de sus costumbres y tradiciones.
A lo largo de ese periodo, la UGOCP ha integrado comités regionales en 19 entidades federativas, cimentando presencia, participación e influencia en diversos campos de la actividad social, económica y política de varias zonas del país. Por eso es hoy una de las organizaciones independientes más importantes del medio rural mexicano, principalmente de Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
El fundador de la UGOCP fue el ingeniero sonorense Margarito Montes Parra, para algunos un personaje controvertido y marginal, pero a quien deben reconocerse sus indudables méritos de luchador social y su actuar congruente con su ideología y con sus particulares métodos para alcanzar la reivindicación social en la que creía y a la que dedicó toda su vida productiva.
En sus avatares, Margarita Montes Parra, quien, podría decirse, casi siempre vivió en la frontera de lo permisible y lo no permisible, de un código de justicia tomada por propia mano, de la confrontación con quienes consideraba adversarios de los desprotegidos, sufrió la pérdida violenta de casi toda su familia y muchos compañeros de acción.
Hijos, hermano, esposa, compadres perecieron asesinados. Algunos lo precedieron, otros murieron junto a él.
El 30 de octubre de 2009, el líder de la UGOCP, junto con otras 14 personas, fue emboscado y muerto, con armas de alto poder, al salir del rancho Los Alamitos, en Cajeme, Sonora.
Hasta ahora, pasados más de dos años de sucedido, el multihomicidio permanece impune.
La averiguación respectiva, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, no reporta avances que permitan determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen, mucho menos hay datos fehacientes que posibiliten su aprehensión y consignación ante el juez de lo penal competente para enjuiciarlos y sancionarlos.
Quince homicidios, cometidos a plena luz del día, a la vista de varias personas, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en una acción concertada, organizada y ejecutada por varios agentes (sicarios, sin duda); parece que engrosarán la larga lista de crímenes sin castigo que se cometen en el país.
Ni la figura pública, ampliamente conocida, de Margarito Montes Parra, ni las repercusiones mediáticas del suceso, ni las eventuales reacciones contestatarias de los militantes de la organización que éste fundó ni las exigencias de la sociedad han motivado lo suficiente al gobierno sonorense para que esclarezca los hechos y haga justicia.
Simplemente, el órgano de procuración de justicia del gobierno de Sonora no ha podido hacer la tarea.
Por ello se impone que la Procuraduría General de la República, aunque tardíamente, ejerza la facultad de atracción que se desprende del texto de los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, habida cuenta de que las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexidad con delitos federales, como ocurrió en el caso, al usarse armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ser cometido, presumiblemente, por miembros de la delincuencia organizada, los cuales son delitos de competencia federal.
Con lo anterior, formula el siguiente:
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a efecto de atraer en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, y a realizar las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público de la Federación pueda resolver si ejercita o no la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables.”
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención del proponente de esclarecer un homicidio y llevar ante la justicia a quienes resulten culpables, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección, organización y coordinación de grupos, comités, sociedades y asociaciones de mujeres, de obreros, de campesinos, de colonos, de profesionales, de productores rurales, de jóvenes y de adultos mayores que buscan mejorar sus condiciones de vida y para apoyar a los pueblos y a las comunidades indígenas en sus reivindicaciones históricas y en el respeto de sus costumbres y tradiciones.
En el caso, como lo reconoce expresamente en su parte introductoria el autor de la Proposición que se dictamina, se trata de un asunto del ámbito local, de la jurisdicción y competencia de las autoridades judiciales del Estado de Sonora.
El cuerpo de asistencia técnica de esta Comisión Dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por el proponente; sin embargo, encontró mayores datos que los aportados por éste, entre los cuáles, “El Universal”, el mismo 31 de octubre de 2009, en su versión electrónica, señala: “El asesinato del líder nacional campesino y de 14 personas más será atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto, agentes federales, estatales y de Ejército peinan la región para dar con el paradero de los homicidas.” y “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que serán las autoridades de la PGR las que atraigan el caso para la investigación en el múltiple homicidio.”
También, “La política desde Veracruz” el 13 de abril de 2010, en su página electrónica señala: “Que el gobierno de Sonora no ha integrado siquiera los informes periciales respecto al asesinato cometido en contra del líder extinto de la UGOCP, Margarito Montes Parra y su familia, mientras que la PGR a casi siete meses de haber sucedido la tragedia, donde fueron ejecutados por un comando armado, no ha atraído a su jurisdicción el caso, señaló Luis Gómez Garay, representante de la UGOCP en Veracruz.”
Asimismo, en diversos medios electrónicos, se señala que se han tenido reuniones ante la Secretaría de Gobernación y le han demandado desde el principio que haya mayor compromiso para el esclarecimiento de este hecho; al igual que con el gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías a quien le han exigido que concluyan las investigaciones para que se esclarezca el homicidio, “pero hasta ahora ni siquiera han integrado las periciales, no tienen dictámenes en relación con los calibres de las balas, no tienen ningún dictamen con relación a los cuerpos, no tienen nada”.
También, los integrantes de la Unión General Obrero, Campesina y Popular, AC (UGOCP), han señalado que le han solicitado a la Procuraduría General de la República, explique las razones por las cuales esa dependencia no ha atraído ese caso, a lo que no han recibido respuesta. Por lo que representantes de la UGOCP, han señalado que aunque han estado calmados esperando el avance de las investigaciones, elevarán el tono de las protestas en breve sino ven claridad en este multihomicidio.
Conforme a lo propuesto por el autor, relativo a la facultad de atracción de la Procuraduría General de la República, la Comisión Dictaminadora considera necesario señalar lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
...
XXI. ...
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;
Código Federal de Procedimientos Penales
Es competente para conocer de los delitos continuados y de los continuos o permanentes, cualquiera de los tribunales cuyo territorio aquéllos produzcan efectos o hayan realizado actos constitutivos de tales delitos.
...
...
Los delitos son conexos:
I. Cuando han sido cometidos por varias personas unidas.
II. Cuando han sido cometidos por varias personas, aunque en diversos tiempos y lugares, pero a virtud de concierto entre ellas.
III. Cuando se ha cometido un delito: para procurarse los medios de cometer otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo, o para asegurar la impunidad.
Por otra parte, el Procurador General de la República es el responsable del despacho de los asuntos que el artículo 102, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuyen de manera exclusiva al Ministerio Público de la Federación; por lo tanto, la Comisión Dictaminadora considera que es procedente exhortar al titular de dicha dependencia a que realice las diligencia e investigaciones necesarias, a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción del asesinato de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, así como resolver el ejercicio de la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables.
Asimismo, se remite el asunto al Gobernador del Estado de Sonora para su conocimiento y efectos.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, a que realice las diligencias e investigaciones necesarias, a efecto de determinar la procedencia de ejercer su facultad de atracción en el caso del asesinato de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, y resolver el ejercicio de la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables, e informe en breve de la resolución a este órgano de los recesos legislativos.
Segundo. Remítase copia del presente expediente al C. Gobernador constitucional del estado de Sonora, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los Chimalapas
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado tanto por autoridades municipales y comunales como por núcleos agrarios de Oaxaca y Chiapas, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
El 22 de diciembre de 2011, en la sede de la Secretaría de Gobernación, se signó un acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas.
En el acto firmaron como testigos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; y los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué Monteagudo y Juan Sabines Guerrero, respectivamente.
Éste un acuerdo histórico que puede dar por concluido uno de los conflictos más antiguos en el marco de un complejo conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas sobre 160 mil hectáreas de selvas, que desde 1967, cuando por medio de un decreto presidencial expedido por el entonces Ejecutivo federal, se reconocieron 594 mil hectáreas de tierras comunales a San Miguel y Santa María Chimalapas. Dicha extensión, antes y después del decreto, ha estado en litigio entre indígenas zoques y ejidatarios y ganaderos de Cintalapa, Chiapas.
Tal como expresamos en el punto de acuerdo presentado al pleno del Senado de la República el 10 de noviembre de 2011, el litigio de límites se complica por las invasiones de madereros chiapanecos que desde la década de 1950 hasta finales de la de 1970 explotaron los bosques de la zona, mientras que el otorgamiento de permisos de explotación forestal concedidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la zona limítrofe sin el consentimiento de la población ha sido otra causa más del conflicto.
Se agrega a lo anterior la publicación de nuevos límites geográficos entre ambas entidades por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los que desapareció del territorio de Oaxaca más de 160 mil hectáreas de la zona oriente de Los Chimalapas, que el gobierno de Chiapas se adjudicó.
Por último, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma de su Constitución por la que se crean cuatro municipios, entre ellos el de Belisario Domínguez, con sede en el pueblo de Rodulfo Figueroa, en la región de Los Chimalapas, en el cual el pasado fin de semana se integró el concejo municipal.
Los acuerdos alcanzados consistieron en establecer el compromiso de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región; asimismo, en garantizar el libre tránsito de los pobladores de la región; fijar el compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y con arreglo al marco jurídico constitucional y legal y los instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.
Uno de los puntos señala la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria como la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto al diálogo directo entre ellos, denominado “de campesino a campesino y de indígena a indígena”, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y con la mayor brevedad.
Asimismo, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas deben garantizar la libertad, la seguridad y el pleno goce de los derechos humanos de las autoridades en los órganos agrarios y comisionados que impulsen la conciliación y solución del conflicto agrario que se vive en la región, mientras que la Secretaría de Gobernación debe dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos suscritos.
La preocupación de una escalada de violencia generalizada y la relativa inacción de las autoridades federales y locales han orillado a que se presentaran al pleno del Senado de la República dos puntos de acuerdo, uno el 10 de noviembre pasado y el segundo el 17 del mismo mes, a través de los cuales se solicitaba buscar medios de solucionar el conflicto mediante el diálogo y el consenso.
El acuerdo es un gran avance, pues materializa nuestra solicitud presentada al pleno del Senado; ahora corresponde cumplir el acuerdo tanto a las autoridades federales como a las locales.
En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que es ampliamente conocido el conflicto limítrofe que comunidades agrarias de Oaxaca y Chiapas, en Los Chimalapas, han llevado por décadas.
Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que como lo afirma el proponente, el pasado 22 de diciembre de 2011, comuneros y ejidatarios de Oaxaca y Chiapas firmaron el acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y la tranquilidad en la región limítrofe de la zona noroeste de Cintalapa y los Chimalapas, por el lado chiapaneco signaron este acuerdo, Emilio Hernández Pérez, presidente del comisariado ejidal Gustavo Díaz Ordaz; por Oaxaca Pedro López Jacinto, de los Bienes Comunales de Santa María Chimalapas y Alberto Cruz Gutiérrez, de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, y como testigos el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; y los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, Gabino Cué Monteagudo y Juan Sabines Guerrero, respectivamente.
Es por ello que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, hacen un reconocimiento a la voluntad política de los gobernadores de Chiapas y de Oaxaca, así como de los comuneros y ejidatarios de ambas entidades, para abonar a la solución de este conflicto. En dicho Acuerdo, las partes se comprometieron a mantener la paz social, tranquilidad, seguridad y garantizar el libre tránsito en la región y fijar el compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y con arreglo al marco jurídico constitucional y legal y los instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.
Al término de la firma del Acuerdo Histórico, el Secretario de Gobernación, señaló que “El presidente de la República, como bien se ha mencionado aquí, ha seguido este tema con mucha atención y nos ha instruido a que hagamos un esfuerzo permanente porque sea el diálogo, la paz y el cumplimiento de las leyes la guía para orientar y resolver los problemas, quiero decirles que como Secretario de Gobernación sigamos por este camino de dialogar, de ponernos de acuerdo, de cumplir nuestra palabra, si seguimos por este camino acabaremos con soluciones que quizás ahorita ni siquiera nos imaginamos y que redundará en beneficios para toda la población, en mucho mayor certidumbre, en la garantía de la paz y del diálogo, estamos trabajando vamos por buen camino”. Asimismo, los gobernadores de Chiapas y Oaxaca señalaron que ambos gobiernos cumplirán con la parte que le corresponde y llamaron a respetar los acuerdos, para seguir dando el paso trascendental para cristalizar la paz.
Afirma el autor de la proposición que se dictamina, que uno de los puntos del Acuerdo señala la participación de la Secretaría de la Reforma Agraria como la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto al diálogo directo entre ellos, denominado “de campesino a campesino y de indígena a indígena”, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y con la mayor brevedad.
De tal manera que solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, a dar seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.
En razón de lo expuesto, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, coinciden plenamente con el proponente y hacen suyos los planteamientos de la propuesta en sus términos, toda vez que se consideran pertinente exhortar al Poder Ejecutivo Federal a dar seguimiento al Acuerdo, a efecto de que vigile el cumplimiento del mismo, con el objeto de que continúe la paz social, tranquilidad y seguridad en la zona de Los Chimalapas.
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las secretarías de Gobernación y de la Reforma Agraria, para que de seguimiento al acuerdo de distensión integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de Los Chimalapas, firmado por las autoridades municipales y comunales de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, y 16 núcleos agrarios de Cintalapa, Chiapas, el 22 de diciembre de 2011, y que testificaron los gobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, así como el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
SECRETARIA DE GOBERNACION - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la participación y subordinación existente entre ex funcionarios y actuales servidores públicos del gobierno federal con agencias estadounidenses
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEGOB, de la PGR y de la SSP ante la Primera Comisión de la Permanente para que expliquen la probable participación y subordinación existente entre ex trabajadores y trabajadores del gobierno federal con las agencias estadounidenses antidrogas, y de alcohol, tabaco y armas de fuego, así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, suscrita por el diputado José Luis Jaime Correa, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En el presente caso, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:
Derivado de las investigaciones que realiza el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la operación “rápido y furioso”, así como a la probable participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en operaciones encubiertas de lavado de dinero con los carteles mexicanos, ha surgido información que podría estar relacionada con la probable violación al marco jurídico de nuestro país con respecto a la colaboración entre México y Estados Unidos para el combate a las redes de delincuencia organizada.
De manera reciente, altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las Secretarías de Seguridad Pública federal y de Gobernación filtraron información a medios de comunicación nacional respecto a la probable participación de al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano que están realizando actividades “espías” al servicio de la Agencia Antidrogas (DEA), de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), y de la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
Asimismo, aseguran que los ex funcionarios mantienen un vínculo con funcionarios que tienen la tarea de espiar, recopilar información y dar seguimiento a temas específicos.
De confirmarse la probable colaboración de funcionarios y ex funcionarios mexicanos al servicio de las Agencias estadounidenses antes mencionadas, estaríamos frente a un asunto muy delicado, ya que se estaría actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
Por todo lo expuesto se pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
La Comisión Permanente solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la Primera Comisión para que informen todo lo relacionado con la probable participación y subordinación que existe entre ex trabajadores y trabajadores del gobierno federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA).”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, comparten las inquietudes del proponente y reconocen que de confirmarse, la seriedad de los problemas relacionados con las investigaciones que realiza el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la operación “rápido y furioso”, así como a la probable participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en operaciones encubiertas de lavado de dinero con los carteles mexicanos, y que ha surgido información que podría estar relacionada con la probable violación a la soberanía de nuestro país con respecto a la colaboración entre México y Estados Unidos para el combate a las redes de delincuencia organizada, estaríamos frente a un asunto muy delicado.
Como resultado de la investigación realizada por el grupo técnico de esta Primera Comisión de Trabajo, y como lo afirma el proponente de la proposición que se dictamina, el pasado 18 de diciembre de 2011, en el periódico “La Jornada”, se publicó un artículo denominado “Trabajan para agencias estadounidenses al menos 80 ex funcionarios mexicanos”, en el cual se afirma que altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Gobernación han detectado que al menos 80 ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano trabajan para las agencias estadunidenses, espiando, recopilando información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés.
En este sentido, se señala que el personal detectado, se identifica como funcionarios de alto nivel hasta policías, los cuales han sido cooptados, principalmente por la encargada del combate antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las representaciones de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Asimismo, aseguran que los exfuncionarios mantienen un vínculo con funcionarios que tienen la tarea de “espiar, recopilar información y dar seguimiento a temas específicos”.
También, se pudo constatar que el pasado 4 de diciembre el periódico estadounidense “The New York Times” publicó que agentes antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos lavaron millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para investigar cómo funciona el sistema y utilizar esta información contra los carteles mexicanos.
Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera que de confirmarse la probable colaboración de funcionarios y ex funcionarios mexicanos al servicio de las Agencias estadounidenses antes mencionadas, estaríamos frente a un asunto muy delicado, ya que se estaría actuando al margen de la ley y de los acuerdos bilaterales entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
La Comisión Dictaminadora, también toma en cuenta que el pasado 6 de diciembre de 2011, el senador Felipe González González, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que solicita a diversas dependencias del Ejecutivo reunirse con los integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a fin de que informen sobre el trabajo desplegado en nuestro país por los agentes encubiertos de la Administración Federal Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual solicitó lo siguiente:
Se solicita de la manera más respetuosa al Secretario de Gobernación, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Procuradora General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y al Director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, informen a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sobre:
El trabajo desplegado por los agentes de la Administración Federal Antidrogas, de los Estados Unidos de América en nuestro país;
• el trabajo desplegado por los agentes de la Administración Federal Antidrogas, de los Estados Unidos de América en nuestro país;
• la fecha de inicio del programa y el acuerdo o tratado en el cual se sustentan sus operaciones;
• el número de agentes mexicanos que han colaborado en el programa; y,
• la eficacia de las acciones desplegadas, es decir, los resultados obtenidos en materia de aprehensiones, aseguramiento de dinero y disminución de la delincuencia.
Se solicita de la manera más respetuosa al Secretario de Gobernación fortalezca los puntos de revisión de todo el país y establezca un programa especial de vigilancia en sentido Norte-Sur y zonas fronterizas.”
Dicha proposición fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República y hasta el momento no ha sido dictaminada por la Comisión, ni aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores.
Asimismo, la Comisión Dictaminadora coincide con el proponente en la necesidad de conocer todo lo relacionado con la probable participación y posible subordinación que existe entre ex trabajadores y trabajadores del Gobierno Federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA), y en particular todo lo relacionado en materia de seguridad pública en el país; en razón de que es necesario que los distintos órdenes de gobierno brinden una adecuada protección a la integridad personal y patrimonial de nuestra población; en que resulta indispensable restablecer el orden, la seguridad y la paz social en aquellas zonas que han sido azotadas por los efectos relacionados al combate del narcotráfico; en la urgencia de reducir los altos índices de violencia que se han presentado durante los últimos años; y, en la utilidad de establecer compromisos para una eficiente coordinación institucional en materia de seguridad pública.
En tal sentido, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el fundamento constitucional de la seguridad pública se encuentra en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente señala: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Por ello, esta Primera Comisión de Trabajo, considera necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de la posible participación, a través de espionaje, recopilación de información y dando seguimiento a los temas y casos de su interés de ex servidores públicos de áreas sensibles de inteligencia, investigación y análisis del gobierno mexicano para las agencias estadunidenses y, en su caso, servidores públicos en activo.
La Comisión Dictaminadora, como en casos análogos precedentes, manifiesta que cada órgano del Estado mexicano debe cumplir con las tareas explícitas e implícitas que, en el marco de la colaboración de poderes, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También toma en cuenta que la seguridad pública es una tarea fundamental del Estado mexicano en la que participan diversas dependencias del Ejecutivo Federal que en el ámbito de sus atribuciones deben contar con un mecanismo de coordinación que encamine las acciones de cada una para lograr un efectivo combate a la delincuencia;
Que la seguridad pública sólo se puede desarrollar a través de un esquema de coordinación de carácter permanente de las instancias del Poder Ejecutivo involucradas, en el que se favorezca la agilidad y la toma de decisiones directamente por el Presidente de la República, en conjunción con los responsables titulares de dichas instancias; de ahí, la necesidad de crear el Gabinete de Seguridad Nacional en el que participan las dependencias involucradas en el ramo, pero con estricto respeto a las atribuciones legales y ámbitos de competencia de las mismas y de otros esquemas de coordinación como podría ser el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ahora bien, el Gabinete de Seguridad Pública es la instancia de coordinación de las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de seguridad pública, y está integrado por los secretaros de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como por la Procuradora General de la República, mismo que es presidido por el Presidente de la República y en sus ausencias por el Secretario de Gobernación.
Asimismo, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que el autor de la proposición que se dictamina solicita la comparecencia de tres de los cinco integrantes del Gabinete de Seguridad.
Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera necesario, urgente y procedente, para conocer dicha información, utilizar el mecanismo de colaboración de poderes, que es el de la comparecencia, mismo que se llevará a cabo ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, en tal virtud, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, esta Comisión Dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, a efecto de que sea dicha Comisión la que conozca respecto a todo lo relacionado con la probable participación y subordinación que existe entre ex funcionarios y funcionarios del Gobierno Federal con las Agencias Estadounidenses de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF); del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); y la Agencia Antidrogas (DEA).
En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Remítase copia del expediente a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, para su conocimiento y efectos.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
LEY DE AMPARO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar consultas con académicos y especialistas que aporten elementos para aprobar de manera pronta la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRD.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:
El juicio de amparo es una de las mayores aportaciones de nuestro país a la cultura jurídica universal. A lo largo de más de 160 años ha evolucionado de manera constante, en ocasiones como resultado de la acción legislativa y en otras de la labor interpretativa y jurisprudencial de nuestros tribunales.
En cierta medida, parte de la evolución del juicio de amparo ha sido aportado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados cuando emiten jurisprudencias y tesis aisladas sobre la interpretación de las normas y sobre omisiones legislativas.
Por eso debe reconocerse que el juicio de amparo es el instrumento procesal por excelencia para la protección de los derechos de los gobernados, por tanto, su evolución y perfeccionamiento implica una mejor defensa de las garantías individuales que otorga nuestra Constitución.
Hoy el juicio de amparo no sería posible si no existiera la jurisprudencia que aborda la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales de los gobernados, pero tampoco sería posible si no existiera la suspensión del acto reclamado para evitar que los gobernados sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. Es bien sabido que sin una suspensión eficaz, en muchos casos, la protección constitucional del amparo se torna inoperante en diversas materias.
Cabe señalar que de acuerdo a las reformas constitucionales del 10 de junio de 2011 por el que el Estado mexicano le ha dado reconocimiento constitucional a los derechos humanos y a los contenidos en los tratados internacionales como impacta de manera directa en el propio juicio de amparo.
En mérito de lo anterior, el pasado 13 de octubre de 2011 el Senado de la Republica aprobó el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Cabe señalar que dicha minuta se encuentra pendiente de su dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, por lo cual resulta necesario que dicha comisión deba realizar las consultas y los foros necesarios en el que se pueda contar con la participación de expertos a efecto de que las reformas que ha tenido nuestro texto constitucional se vean plasmadas en el dictamen que habrá de realizar dicha comisión.
Con lo anterior, formula el siguiente:
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a iniciar las consultas con académicos y especialistas en la materia para que aporten los elementos necesarios que permitan aprobar de manera pronta la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.”
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos que inspiran a la autora en la elaboración y presentación de su Proposición, pero consideran que este es uno de los casos en los que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por la Proponente.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta, como lo señala la autora de la proposición que ahora se dictamina, que el pasado 11 de octubre de 2011 el Senado de la Republica aprobó el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mismo que fue presentado el 18 de octubre de 2011 a la Cámara de Diputados y turnado a la Comisión de Justicia para dictamen, con opinión de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública.
En el mismo sentido que la autora de la proposición que se dictamina, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran que el juicio de amparo es una de las mayores aportaciones de nuestro país a la cultura jurídica universal. A lo largo de más de 160 años ha evolucionado de manera constante, en ocasiones como resultado de la acción legislativa y en otras de la labor interpretativa y jurisprudencial de nuestros tribunales.
Por tanto, es necesario realizar una revisión integral a esta minuta, toda vez que debe reconocerse que el juicio de amparo es el instrumento procesal por excelencia para la protección de los derechos de los gobernados, de tal manera que su evolución y perfeccionamiento implica una mejor defensa de los derechos humanos y tratados internacionales que otorga y reconoce nuestra Constitución.
Es por ello que la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que conforme al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que tienen a su cargo entre otras, la tarea de dictamen legislativo:
informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
que se mantienen de legislatura a legislatura y son las siguientes:
...
...
de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
También, el Reglamento de la Cámara de Diputados, en sus artículos 176 y 177, señala lo siguiente:
1. En el proceso de dictamen la comisión:
I. Deberá definir el método de dictamen,
II. Podrá contar con un reporte de investigación que incluya los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el derecho comparado del asunto en estudio, y
III. Podrá obtener reportes en materia regulatoria, social y de opinión pública, en aquellos asuntos que impliquen un impacto presupuestal, deberá solicitarlos.
2. Para efectos de lo anterior, la Junta Directiva podrá solicitar el apoyo de los servicios de investigación de los centros de estudio y demás servicios con que cuenta la Cámara.
1. En el proceso legislativo de dictamen, la comisión deberá convocar al diputado o diputada federal iniciante, a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si éste no asistiere continuará el proceso de dictamen.
2. La comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte:
I. La opinión de los especialistas en la materia;
II. A los grupos interesados, si los hubiere;
III. A los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las empresas de particulares que detenten una concesión del Estado;
IV. A las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y
V. Las opiniones de los ciudadanos.
3. ...
4. ...
De lo anterior, podemos señalar que la Comisión de Justicia, como lo establece la Ley Orgánica y el Reglamento de la Cámara, tiene la tarea de dictaminar dicha minuta, y para ello, en el proceso de dictamen, la misma deberá definir el método de dictamen, el cual podrá ser a través de la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte, la opinión de los especialistas en la materia, a los grupos interesados, si los hubiere, a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y las opiniones de los ciudadanos.
Sin embargo, como lo señala la autora de la proposición, “Cabe señalar que dicha minuta se encuentra pendiente de su dictaminación en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados”, en este sentido, la Comisión Dictaminadora considera que la propia Comisión de Justicia se encuentra en tiempo y desarrollando el proceso de dictaminación de la Minuta en cuestión.
Consecuentemente la Comisión Dictaminadora no considera procedente exhortar a la Comisión de Justicia, en los términos que solicita la autora de la proposición que se dictamina, en virtud de que dicha Comisión no ha interrumpido sus actividades, mas sin embargo, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, que es de la mayor importancia de la vida jurídica del país, esta Comisión Dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su respectiva competencia, sin dejar que analice la viabilidad de llevar a cabo en el proceso de dictaminación las consultas y los foros necesarios en el que se pueda contar con la participación de expertos a efecto de que las reformas que ha tenido nuestro texto constitucional se vean plasmadas en el dictamen que habrá de realizar dicha Comisión.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Remítase copia del expediente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos.
Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene oradores registrados. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente que se hayan reservado.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:En votación económica consulto a la asamblea si los anteriores puntos de acuerdo a cuyos enunciados se ha dado lectura son de aprobarse. Las legisladoras y legisladores que estén porque se aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia, están aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.
PREVENCION DE ADICCIONES EN EL AMBITO ESCOLAR
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión con punto de acuerdo que nos remitió la Segunda Comisión; en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al encabezado de este punto de acuerdo.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que sólo se dé lectura al encabezado del punto de acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén porque se autorice que sólo se dé lectura al encabezado favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que no lo autoricen favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura sólo al encabezado.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar
Honorable Asamblea:
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, le fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la PGR y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar, así como a fortalecer la difusión entre los alumnos y los padres de familia sobre los peligros del consumo de drogas y los instrumentos de prevención y detección.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Metodología
La Segunda Comisión elabora el presente dictamen con punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. El capítulo de Antecedentes, expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación y turno para dictamen y los trabajos de la Comisión al efecto.
II. El capítulo Contenido de la proposición, reproduce los resolutivos a efecto de conocer con precisión la propuesta.
III. El capítulo de Consideraciones, contiene los argumentos y valoración de los integrantes de esta Segunda Comisión al punto de acuerdo, que motivan el presente dictamen.
Antecedentes
I. Con fecha 21 de diciembre de 2011, la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la PGR y al Consejo Nacional contra las Adicciones a coordinarse para elaborar e implantar una estrategia de prevención en el ámbito escolar, así como a fortalecer la difusión entre los alumnos y los padres de familia sobre los peligros del consumo de drogas y los instrumentos de prevención y detección.
II. En sesión celebrada en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a esta Segunda Comisión para su estudio y dictamen.
III. Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de la comisión procedimos a su análisis y dictamen.
Contenido de la proposición
El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y cuatro puntos resolutivos que a letra apuntan:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asimismo, fortalezcan la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que implemente una campaña de difusión en los centros escolares sobre las instituciones encargadas en la atención del consumo de drogas, así como los servicios médicos que proporcionan en dichos institutos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a reforzar la difusión en los centros escolares sobre los mecanismos de denuncias en caso de venta de drogas o cualquier otra sustancia que induzca hacia una adicción, así como, de las aéreas encargadas de la atención de victimas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República, a que remitan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones realizadas al interior de los centros escolares para la detección temprana de cualquier tipo de adicción.
Consideraciones
La proposición de mérito, aborda uno de los temas que más hondamente dañan e indignan a los mexicanos: la exposición de la niñez a las drogas. Es un hecho que las nuevas generaciones padecen un riesgo sensiblemente mayor de caer en adicciones, pues el grave problema de narcotráfico que enfrenta el país, hace cada vez más difícil mantener protegida a la infancia, especialmente considerando que los cárteles, en su ansia de fortalecerse, han dejado de observar los más elementales fundamentos éticos, viendo en niños y adolescentes un mercado que hasta hace algunos años había sido relativamente respetado.
Así, la promovente inicia su exposición señalando que “La vulnerabilidad de la sociedad a las adicciones se debe a la falta de detección oportuna y a un tratamiento tardío” y exponiendo la necesidad de que se instauren mecanismos para la detección temprana del problema, que tengan como base fundamental la integración de los padres de familia en un entorno de desarrollo integral comunitario.
En este sentido, la promovente hace referencia al simposio-taller Diagnostico y Tratamiento para Poblaciones Vulnerables con Consumo de Sustancias Psicoactivas, organizado por el Centro de terapia intensiva de alcoholismo y drogadicción Edward Dwoling y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México; celebrado los días 5 y 6 de diciembre de 2011. En dicho evento, se concluyó que la mayoría de los problemas de prevención, que son específicos en el tema drogas, requieren para ser efectivos la confluencia de varios factores entre los que encontramos la información y sensibilización, la formación de preventores comunitarios, el fortalecimiento de los factores de prevención y la disminución de los de riesgo y el seguimiento permanente de los programas preventivos y de información. Todo ello, señalan, es una labor que requiere el la coadyuvancia del gobierno, las autoridades escolares y los padres de familia.
La diputada que presenta el proyecto en estudio, señala la necesidad de que se establezca una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, y de que se fortalezca la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema. Esta afirmación, que compartimos los integrantes de la comisión, es la base central del punto de acuerdo que se propone.
En este sentido, los legisladores que suscriben el presente punto de acuerdo, consideramos de importancia trascendental que el Congreso Mexicano cuente con información oficial, oportuna y clara respecto del diagnóstico que hayan realizado las dependencias y entidades, así como la propia Procuraduría General de la República, con relación a ésta problemática. Consideramos fundamental también, que la sociedad pueda conocer ésta información.
Así las cosas, es necesario señalar que junto con una estrategia de comunicación, se requieren políticas públicas que disminuyan efectivamente las adicciones sufridas por menores y promuevan la rehabilitación oportuna.
Siendo la falta de madurez, la desinformación y en muchos casos, la falta de mecanismos adecuados de comunicación al interior de las familias; las características de las que se aprovechan los distribuidores de droga, resulta evidente que una de las ramificaciones principales de la lucha contra el narcotráfico, debe ser la prevención en la población más vulnerable, mediante la detección oportuna y la información.
En tal virtud, los integrantes de esta Segunda Comisión manifestamos nuestro acuerdo con la propuesta en comento, por lo que avalamos en sus términos la parte resolutiva.
Por lo expuesto, la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, y al Consejo Nacional contra las Adicciones, a que se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar, asimismo, fortalezcan la difusión tanto a los alumnos como a los padres de familia sobre los peligros que ocasionan el consumo de drogas y los mecanismos de prevención y detección temprana del problema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que implemente una campaña de difusión en los centros escolares sobre las instituciones encargadas en la atención del consumo de drogas, así como los servicios médicos que proporcionan en dichos institutos. Este esfuerzo deberá incluir, con la coordinación correspondiente, a las instituciones educativas de carácter federal, estatal, municipal, así como a las instituciones de enseñanza administradas por el sector privado.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a reforzar la difusión en los centros escolares sobre los mecanismos de denuncias en caso de venta de drogas o cualquier otra sustancia que induzca hacia una adicción, así como, de las aéreas encargadas de la atención de victimas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República, a que remitan a esta soberanía, en el curso del próximo trimestre, un informe detallado sobre las acciones realizadas al interior de los centros escolares para la detección temprana de cualquier tipo de adicción.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de enero del año 2012.
La Segunda Comisión, –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica), secretarios; senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputada Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), diputado Jorge Rojo García de Alba, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senador Sebastián Calderón Centeno, diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene oradores registrados; en consecuencia, da por hecho que está suficientemente discutido el asunto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:En votación económica consulto a la asamblea si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo de la Segunda Comisión. Las legisladoras y legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
CAJEROS AUTOMATICOS BANCARIOS
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: A continuación, el siguiente punto del orden del día es: dictámenes a discusión con puntos de acuerdo que nos remitió la Tercera Comisión; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría dar lectura a los encabezados.
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a las instituciones de banca múltiple que implanten mayores medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a exigir a las instituciones de banca múltiple que incrementen las medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos, suscrita por el diputado Jorge Arana Arana, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el diputado Jorge Arana Arana, refiere que la instalación y uso de cajeros automáticos ha aumentado considerablemente a lo largo del país.
Asimismo señala que la tendencia creciente de los cajeros automáticos en nuestro país se debe a que las instituciones financieras necesitan expandir su presencia a lo largo del territorio a un bajo costo de operación, por lo que el cajero es una buena opción.
Por otro lado, el proponente señala que las comisiones que cobran los cajeros automáticos varían de acuerdo con la ubicación y el giro comercial donde se encuentran. En los cajeros instalados fuera de una sucursal bancaria, generalmente son mayores.
El proponente refiere que ya que se cobran altas comisiones por el uso de cajeros automáticos, las instituciones de banca múltiple deberían ofrecer mayores garantías de seguridad y de eficiencia. Asimismo, tanto las autoridades financieras y bancarias como las de seguridad pública, están obligadas a exigir a los bancos brindar mayor protección para sus usuarios.
Cabe mencionar que en México las tarjetas de débito suman más de 30 millones, lo que significa un número importante de usuarios que merecen calidad de servicio y la seguridad de no ser afectados por el mal funcionamiento del cajero o por robo.
El robo de un cajero para una entidad bancaria es un daño mínimo, debido a que existen seguros comprometidos, pero es la población la que sufre el daño más importante al generarse temor e inseguridad.
Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, se coloquen en un recinto especial en donde el usuario esté aislado, en una caseta o área especial; que pueda acceder mediante la lectura de la tarjeta en una puerta de seguridad; que cuente con iluminación suficiente y servicios de cámaras filmadoras de circuito cerrado y de líneas telefónicas para reportar de forma inmediata cualquier anomalía en el uso del cajero automático. Estas casetas o áreas deberán estar lo más alejado posible de un punto de congestión de personas, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de las personas ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático.
Segundo. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que soliciten a las instituciones de banca múltiple se limiten única y exclusivamente a las operaciones de servicios de banca y crédito, retirando las opciones que impliquen la donación de dinero a cualquier causa, o similares, esto con el fin de reducir el tiempo del usuario en sus operaciones en el cajero automático y no exponerse a ser víctima de robo.
Tercero. Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exijan a las instituciones de banca múltiple que la carga del dinero al cajero automático se realice por la parte posterior de la caseta, en un compartimento especial para ello, evitando que esta práctica se lleve a cabo en la parte frontal del cajero automático, y que se destine un estacionamiento exclusivo para los vehículos de servicio de traslado de valores.
Cuarto. Que se exhorte a las autoridades competentes estudiar medidas de seguridad y experiencias de Banjercito, y de otros países, para que las instituciones de banca múltiple ofrezcan a sus clientes y usuarios medidas de seguridad y garantías, como seguros especiales para cubrirse.
II. Esta comisión dictaminadora comparte la idea del primero del punto de acuerdo en estudio en cuanto a exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a las instituciones de banca múltiple que incrementen las medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos.
Lo anterior con fundamento, en el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, que a la letra de la ley dispone:
Artículo 96. Las instituciones de crédito deberán establecer medidas básicas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo indispensable, con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, factores y dependientes que las ocupen, así como del patrimonio de la institución. Cuando las instituciones contraten a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta ley, con el objeto de que éstas reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas para llevar a cabo tales operaciones en representación de las propias instituciones, cuenten con las medidas básicas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el presente artículo.
Para implementar lo señalado en el párrafo anterior, dichas instituciones deberán contar con una unidad especializada.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá dictar, mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que deberán establecer las instituciones de crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, en términos del artículo 46 Bis 1 de esta ley, y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.
...
En atención a dicho fundamento es que la CNBV emite resoluciones que modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, por lo que con fecha 1 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial, la respectiva resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por los artículos 4, fracciones I, XXXVI y XXXVIII y 16 fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud del incremento y aparición de nuevos modos de comisión de actos delictivos en perjuicio de las instituciones de crédito y de sus clientes en sus oficinas bancarias, resulta indispensable la implantación de medidas básicas de seguridad con la finalidad de establecer mecanismos y procesos que coadyuven en la prevención de siniestros y delitos, así como permitir a las autoridades competentes contar con mejores elementos para la persecución de éstos últimos, y contar con medidas de seguridad básicas en las instituciones de crédito, a fin de elevar los mecanismos de seguridad en las oficinas bancarias, ello sin inhibir el crecimiento de la oferta de servicios financieros para que los mismos sean cada día más accesibles a las comunidades. Por lo tanto en el Capítulo XIII de dicha Resolución, titulado de las Medidas Básicas de seguridad a que se refiere el Artículo 96 de la Ley de Instituciones de crédito, mismo que en su artículo 346 dispone:
Artículo 346. Las instituciones que operen cajeros automáticos, deberán observar lo siguiente:
i. tratándose de cajeros automáticos ubicados en las sucursales, ya sea que se encuentren dentro de éstas o adyacentes a ellas:
a) Abastecerlo desde el interior de la sucursal.
b) Contar con sistemas de grabación de imágenes.
c) Contar con un sistema de control de acceso, el cual podrá ser mecánico o electrónico, así como un programa de mantenimiento continuo de dicho sistema.
d) Contar con dispositivos y procedimientos que permitan identificar al público usuario y a la operación que se realice a través de los propios cajeros.
II. Tratándose de cajeros automáticos ubicados fuera de las sucursales:
a) Abastecerlos por el servicio de transporte de valores y efectivo de la institución o el que ésta contrate.
b) Contar con dispositivos y procedimientos que permitan identificar al público usuario y a la operación que se realice a través de los propios cajeros.
No obstante lo anterior, la Tercera Comisión considera necesario incrementar las medidas de seguridad, sobre todo en lo concerniente a cajeros automáticos ubicados fuera de las sucursales, ya que no hay fundamento legal que justifique que existan menos medidas de seguridad para los cajeros fuera de las sucursales que los que se encuentran dentro de una.
Por lo anterior, se considera procedente que se exhorte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, cuenten con las mismas medidas de seguridad que los que se encuentran dentro de las Sucursales, así como que se coloquen en un recinto especial en donde el usuario esté aislado, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de los usuarios del sistema financiero ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático.
Por lo que respecta al segundo punto de acuerdo, esta Tercera Comisión considera que no se puede limitar las actividades que realiza un cajero automático en atención a que la definición dada por ley considera que se pueden realizar diversas operaciones a través de dichos dispositivos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el Diario Oficial el 01 de diciembre de 2009 y que en su artículo 1, fracción X, dispone:
Artículo 1. Para efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por:
X. Cajero automático: al dispositivo de autoservicio que permite realizar consultas y operaciones diversas como la disposición de dinero en efectivo mediante una tarjeta de crédito, de débito o prepagada bancaria.
Por tanto son dispositivos por los que se pueden emitir diversas operaciones tal y como lo dispone el anexo 63 inciso b) de la Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicada en el Diario Oficial el 27 de enero de 2010.
Operaciones permitidas utilizando un 2FA:
a) Transferencias a cuentas de terceros u otras Instituciones, incluyendo el pago de créditos y bienes o servicios, así como autorizaciones e instrucciones de domiciliación de pagos de bienes o servicios
b) Pago de impuestos
c) Establecimiento de límites de monto
d) Registro de cuentas destino
e) Alta del medio de notificación
f) Consultas de estados de cuenta
g) Desbloqueo de contraseñas o nip
h) Retiro de efectivo
En el caso del inciso a), se podrá requerir un FA Categoría 2, 3 o 4 para cuentas destino registradas en oficinas bancarias utilizando firma autógrafa en el caso del inciso f), se podrán consultar estados de cuenta utilizando un FA categoría 2 cuando dichas consultas versen sobre operaciones de crédito y se realice la notificación correspondiente
No se puede modificar el medio de notificación en este servicio
Los cajeros automáticos que las instituciones pongan a disposición de los usuarios para realizar operaciones deberán contar con lectores que obtengan la información directamente del circuito de las tarjetas bancarias con circuito integrado.
Finalmente, por lo que respecta a los puntos de acuerdo tercero y cuarto, esta Tercera Comisión, considera que no es competencia ni facultad de la CNBV, en atención a que por lo que respecta el tercer punto de acuerdo, el espacio físico muchas veces no permite implantar la medida sugerida y la misma no garantiza la seguridad de los usuarios del sistema financiero, por lo que respecta al Cuarto punto, esta Tercera Comisión considera que se deben tomar en cuenta las medidas propuestas por la Asociación de Bancos de México, que versan de la siguiente forma:
Manténgase alerta en los cajeros automáticos...
• Proteja y resguarde sus claves confidenciales (nip)
• El nip es exclusivo para operaciones en cajeros automáticos o disposiciones en ventanilla en algunos bancos, no lo proporcione a ninguna persona
• Al asignar su nip, evite números fácilmente identificables.
• No anote su nip en ningún sitio, intente memorizarlo.
• Cambie su nip por lo menos 1 vez cada seis meses para disminuir riesgos.
• Lleve en su cartera únicamente la tarjeta que utilizará.
• Al acceder o salir del recinto de cajeros automáticos, no es necesario digitar su NIP, insertar o deslizar su tarjeta en la puerta de entrada.
• Antes de introducir su tarjeta en el cajero automático, verifique que éste no tenga aditamentos extraños en el dispositivo de acceso al cubículo o en el dispensador de efectivo.
• Recuerde seguir únicamente las instrucciones que aparecen en pantalla; haga caso omiso a personas, carteles, dispositivos o cualquier otra indicación ajena al cajero.
• Al teclear su número confidencial, cubra el teclado con una mano para evitar ser visto por alguien más.
• No acepte asesoría de personas extrañas y asegúrese de no dejar su sesión abierta antes de retirarse del cajero.
• Guarde su tarjeta y dinero antes de salir del cajero automático.
• No deje dentro del cajero automático los comprobantes de sus operaciones sin antes romperlos.
• Utilice cajeros automáticos que estén bien iluminados y preferentemente con vigilancia.
• Nunca realice transacciones en cajeros que hayan sido vandalizados, es decir, que tengan daños en su estructura o residuos de pegamento.
• Reporte a su banco cualquier anomalía detectada en el cajero automático.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que a través de la Resolución que modifican las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, insten a las instituciones de banca múltiple para que los cajeros automáticos que no están dentro de las sucursales bancarias, cuenten con las mismas medidas de seguridad que los que se encuentran dentro de las Sucursales, con el fin de evitar en la medida de lo posible la exposición de los usuarios del sistema financiero ante cualquier eventualidad que se suscite alrededor del cajero automático; y que dichas instituciones de banca múltiple tomen en consideración para su difusión los mecanismo propuestos por la Asociación de Bancos de México, en materia de seguridad de cajeros automáticos.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,presidente: Diputado Arturo García Portillo (rúbrica); secretarios: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica); integrantes: Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la Secretaría de la Función Pública y la Sagarpa el caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar por la SFP y la Sagarpa el caso de corrupción en que están involucrados cuatro altos funcionarios de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, así como a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo e incrementar el control sobre los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados, suscrita por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente, de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones, los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez refieren que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que fue descubierta una red de corrupción dentro de la Sagarpa, por lo que fueron destituidos cuatro servidores públicos, acusados de realizar pagos de manera irregular y sin cumplir con la normatividad.
Asimismo señalan que entre las irregularidades halladas se encontrarían pagos injustificados por 44 millones de pesos del Programa de Apoyos Directos al Campo Tradicional, falta de documentación que justifique 5.6 millones de pesos otorgados a 577 servidores públicos de la Sagarpa como subsidios y la entrega de 149.6 millones de pesos a “personas morales” no identificadas.
Por otro lado, los proponentes señalan que dirigentes campesinos denunciaron que los servidores públicos encargados de operar la entrega de apoyos a los productores, exigen diversas cantidades a los beneficiarios que tienen derecho a apoyos económicos que ofrece el gobierno.
En tal sentido, los proponentes manifiestan que líderes campesinos han señalado que los recursos de Aserca son ejercidos con una gran lentitud lo cual beneficia a los intermediarios que se aprovechan de la situación; de igual forma consideran que en el rezago para la entrega de recursos, puede influir la rigidez con la que opera la Sagarpa.
Por ello, formula la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal por medio del titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar de manera exhaustiva el caso de corrupción en el que están involucrados cuatro altos funcionarios del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), además de que se finque responsabilidad penal en contra de los implicados.
Segundo. El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo federal por medio del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo y de tener más control en los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por los autores de la proposición que se dictamina.
La que dictamina concuerda con los senadores promoventes en el sentido de que Aserca es un órgano desconcentrado encargado de impulsar la comercialización de la producción agropecuaria, como son los granos y oleaginosas; además de su principal función de operar y administrar el Procampo, como un elemento esencial para fomentar el desarrollo agropecuario del país.
Cabe señalar que el objeto de la Secretaría de la Función Pública es vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el servicio profesional de carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.
Bajo el mismo contexto, el objeto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta comisión pudo corroborar a través de diversos diarios periodísticos, que existieron actos de corrupción cometidos por servidores públicos del órgano Aserca, mismos que fueron separados de sus cargos, además de iniciar las investigaciones judiciales correspondientes.
Asimismo, los integrantes de la comisión dictaminadora se solidarizan con los trabajadores del campo y reconocen la necesidad de que los recursos que se destinan al campo a través de los Programas gubernamentales, bajen de manera oportuna a los beneficiados; por lo que rechazan de manera categórica cualquier acto de corrupción en el manejo de los mismos y resaltan la importancia de que los servidores públicos encargados de ejecutar y manejar esos recursos públicos del sector del campo, no incurran en este tipo de faltas.
En tal sentido, ambas dependencias son competentes para abordar el punto de acuerdo propuesto por los senadores Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, a remitir a esta soberanía, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, un informe detallado de la investigación realizada con relación a la red de corrupción dentro de la Sagarpa, por lo que fueron destituidos cuatro servidores públicos acusados de realizar pagos de manera irregular y sin cumplir con la normatividad.
Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, a realizar una investigación exhaustiva sobre los actos de corrupción de servidores públicos del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca); y, en su caso, finque responsabilidad penal en contra de los implicados.
Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a simplificar y transparentar la entrega de recursos a los productores del campo, y tener más control en los servidores públicos de la dependencia y órganos desconcentrados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica) diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
ESTADO DE CHIAPAS
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, con la modificación de la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, suscrita por los diputados Carlos Martínez Martínez y Sami David David, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones los autores del presente punto de acuerdo refieren que, a través de los decretos por los que el Ejecutivo federal establece el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país para el comercio, restaurantes, hoteles y ciertos servicios situados en la franja fronteriza norte del país, así como en la región fronteriza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1993, y sus modificaciones, se implantó un esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país, que permitió establecer condiciones de largo plazo para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios, mediante reglas claras y transparentes que facilitaron las operaciones de comercio exterior a los estados y a los municipios que se encuentran en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2008.
Señalan los proponentes que dicho esquema vigente de desgravación beneficia de forma sustancial a las importaciones que se destinan a dichas regiones, ya que implica, que a los territorios que comprenden la región fronteriza y la franja fronteriza norte se pueden importar aproximadamente mil 400 productos con tasas arancelarias de 0 o 5 por ciento de impuestos al comercio exterior (ad valórem), siempre que la fracción arancelaria donde se clasifiquen para su importación esté contemplada en el decreto.
Argumentan que el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece entre los objetivos nacionales desarrollar una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales.
Siguen diciendo los proponentes que el Ejecutivo federal, en el decreto, establece extender en los estados y los municipios el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas regiones, por lo que el 24 diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, con vigencia al 31 de diciembre de 2013.
Señalan que la política de facilitación comercial implantada por el Ejecutivo federal se basa en los principios de transparencia, certidumbre jurídica, equidad, imparcialidad y uniformidad en la administración del marco normativo vigente, mejora regulatoria y simplificación operativa; y la dinámica de los cambios que enfrenta el comercio exterior del país, particularmente derivado de los eventos recientes de la economía mundial, hacen necesario que el Ejecutivo federal haga uso de sus atribuciones constitucionales para adoptar de inmediato acciones que permitan afrontar en mejores condiciones dichos cambios, y que ante tal circunstancia, resulta indispensable adecuar y extender la política arancelaria a la región de la franja fronteriza sur, a fin de generar condiciones favorables que permitan a las empresas fortalecer su competitividad y reconvertirse para responder a las tendencias del mercado, al tiempo que alienten la inversión y la preservación de la planta productiva y el empleo.
Refieren que Chiapas se coloca, debido a su situación geográfica, en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos y otros desastres naturales, la crisis económica mundial causada por la globalización comercial., por esta razón, el gobierno del estado ha mostrado su preocupación implantando una política de emergencia para el desarrollo de la frontera sur, estableciendo puntos interno de control para vigilancia y revisión de las transacciones de comercio, la cual está sustentada en los siete cruces formales en la frontera sur (Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Nueva Orizaba y Frontera Corozal) y 43 informales, donde el tránsito de personas y de mercancías se realiza sin control, pues se utilizan caminos de terracería, los cuales comunican a los dos países, por lo que resulta inaplazable la construcción de los puntos internos de control y revisión, con la finalidad de filtrar el flujo de personas y mercancías que traspasan la frontera de forma irregular, hacia el centro del país e impidan la proliferación de actividades fuera de la ley. Con las acciones que el estado desarrolla en esta región, por lo que solicitamos se integren a la franja fronteriza Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, a fin de iniciar el proyecto que se estima que tendrían un costo los cuatro puntos de control por implantar de mil 364 millones de pesos.
La Cámara de Diputados en solidaridad con el proyecto del gobierno de Chiapas de extender el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza y la región sur del estado, estimó necesario asignar recursos en forma etiquetada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, en el Ramo 27, “Función pública”, mil millones de pesos, lo cual permitirá la implantación y creación de puntos internos de control, los cuales permitirán descongestionar las actuales e inoperantes instalaciones, donde se reubicarán las representaciones de dependencias federales.
Por último, puntualizan que para Chiapas es de suma importancia que se extienda la vigencia de las tasas arancelarias y en especial en Tapachula, Huehuetán, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, ya que sería gravemente afectado por sus condiciones, incrementando hasta en 30 por ciento los precios de productos de primera necesidad, perjudicando a los habitantes y a los turistas.
Por lo anterior formulan la siguiente proposición con puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a adicionar Tapachula, Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, Chiapas, modificando la fracción III del artículo 2o. del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a instruir a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Economía, y demás dependencias que correspondan, para que incorporen en el artículo 2o., fracción III, del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2008 por la Secretaría de Economía.
II. Esta comisión dictaminadora comparte el espíritu del presente punto de acuerdo, en virtud de que, en efecto, para mantener el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la administración pública federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas regiones.
Es importante destacar que en la propuesta en estudio, los proponentes pretenden exhortar al Ejecutivo federal, para que se incluya dentro de la franja colindante sur, entre otros, al municipio de Tapachula, sin embargo dicho municipio ya se encuentra incluido dentro de la mencionada región, por lo que se considera adecuado descartar al municipio de Tapachula de la propuesta de merito.
Dicho lo anterior, hay que destacar que de incluir a los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, de Chiapas, dentro de la franja sur colindante con Guatemala, independientemente de que no se encuentran comprendidos tales municipios dentro de los 20 kilómetros a que se refiere la fracción III del artículo 2 del decreto en estudio, detonaría el comercio en la región, lo que permitiría condiciones favorables que darán a las empresas la oportunidad de fortalecer su competitividad, y que evidentemente se traduciría en un beneficio directo para los habitantes, no sólo de los municipios en mención, sino de la región.
Cabe señalar que la participación relativamente importante de los servicios y el comercio en los municipios fronterizos son notables, y ello caracteriza en gran parte a la economía de la región.
Por otro lado, esta comisión considera acertado que el Ejecutivo federal, con pleno respeto a la división de poderes, pudiera realizar un análisis de viabilidad considerando incluir a los municipios de Huixtla, Tuzatán, Mazatán y Hueheután en dicha región fronteriza, a fin de dirimir los principales problemas en materia económica de la región, mismos que se derivan en una falta de estructura productiva los suficientemente solida y competitiva, y por otro lado su escaza vinculación con el resto del territorio Nacional. Ambos problemas están relacionados entre si, por un lado, la falta de integración de la región fronteriza es en gran medida consecuencia de su débil estructura productiva y de escasez de las vías de comunicación, situación que en muchas ocasiones se da hasta entre las propias ciudades fronterizas.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, realicen un estudio y evaluación de la viabilidad de adicionar a los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Hueheután, de Chiapas, a la fracción III del artículo 2 del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,presidente: diputado Arturo García Portillo (rúbrica);secretarios: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica); integrantes: Diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación de pagos que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Comisión Federal de Electricidad ante el pleno de la Comisión Permanente para que explique los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. Los diputados promoventes señalan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 35.2 millones de clientes, lo que representa más de 100 millones de habitantes, además de que incorpora anualmente más de 1 millón de clientes nuevos.
Refieren que al cierre de 2010, la CFE llevó el suministro de energía eléctrica a más de 190 mil localidades, con lo que 97.60 por ciento de la población utiliza la electricidad y que del 100 de su volumen de ventas, 99 por ciento son ventas directas al público y el restante 1 por ciento se exporta, y el sector doméstico comprende 88.40 por ciento de sus clientes.
Que por ser una empresa manejada por el Estado, debe ser una organización comprometida con la calidad, operada y dirigida por técnicos que cumplen ampliamente este principio en beneficio de los ciudadanos, con un modelo de transparencia y rendición de cuentas.
Continúan señalando que la CFE se ha envuelto en un escándalo de corrupción, y especifican el caso de la red de complicidades que formaron elementos del Poder Judicial y de la paraestatal por la cual resolvían litigios en 10, 13 o 17 días para obligar a la CFE a pagar millonarias indemnizaciones por los derechos para instalar líneas de transmisión en predios particulares, los llamados “servidumbre de paso” y “derechos de vía”.
Que la Secretaría de la Función Pública tiene documentadas diversos actos de corrupción entre jueces, abogados y peritos para defraudar a la CFE en Sinaloa; y que estas irregularidades se denunciaron por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la auditoría de la Cuenta Pública de 2009, que establece los resultados de las auditorías financieras y de cumplimiento, respecto a las indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía en la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste de la CFE; un resumen de observaciones y acciones, como la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y denuncias de hechos, así como el dictamen negativo, que establece que la CFE no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la gestión financiera de las erogaciones por indemnizaciones por servidumbre de paso y derechos de vía.
Los promoventes señalan que derivado de las denuncias, la Secretaría de la Función Pública ha determinado que el monto del daño en Sinaloa alcanza mil 300 millones de pesos; y que es probable que esta red de corrupción abarque otros estados de la República Mexicana, dañando el patrimonio de la paraestatal. Por lo anterior, proponen el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que el director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Antonio Vivanco Casamadrid, comparezca ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para explicar ampliamente las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones irregulares han provocado a la paraestatal y los avances que se tienen en las investigaciones del caso en Sinaloa, así como para explicar si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades.
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por los autores de la proposición que se dictamina.
Que los hechos ocurridos en Sinaloa relacionados con actos de corrupción entre abogados, jueces, peritos y servidores públicos de la CFE son hechos por demás conocidos, y que se pueden corroborar en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009, emitido por la Auditoría Superior de la Federación.
No obstante, la comisión dictaminadora no estima oportuno solicitar la comparecencia del titular de la CFE, toda vez que se considera pertinente dar tiempo para que las autoridades competentes realicen las investigaciones a fondo de las denuncias hechas, así como dar oportunidad a la CFE de revisar los despachos jurídicos que tiene a su servicio en el territorio nacional, por lo que los integrantes de la dictaminadora valoran la importancia de solicitar la información relativa a efecto de que esta soberanía pueda estar mejor informada y normar debidamente su criterio.
En ese sentido, se considera oportuno en una primera etapa solicitar al titular de la Comisión Federal de Electricidad que informe por escrito a esta soberanía respecto ala situación de los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, y las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones le han provocado, así como un informe detallado sobre la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso en Sinaloa y si estas acciones se presentan en otras entidades federativas.
En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad que remita un informe por escrito a esta soberanía en un plazo no mayor de una semana, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, en el que se detalle la información correspondiente a los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones han provocado ésta, así como la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso en Sinaloa y si estas acciones se presentan en otras entidades federativas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación de la deuda pública federal y de los estados
Honorable Asamblea:
A la Tercera Comisión de Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP ante el pleno de la Comisión Permanente, para que explique la situación actual de la deuda pública federal y de los estados, suscrita por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. Los promoventes refieren que desde finales de 1982, la deuda pública se convirtió en un problema en el país, cuando la deuda pública externa acumuló aproximadamente 80 mil millones de dólares, toda vez que se enfrentó un problema grave de liquidez que provocó la primera gran crisis económica que enfrentó México.
Mencionan que desde ese año se empezó a utilizar la deuda pública interna, que se le dio mayor importancia hasta finales de 1994; y que es utilizada por el gobierno para financiar su gasto público, y que ha generado las crisis de deudas que originan salida de capitales, devaluación del peso, incremento de la inflación y de las tasas de interés, lo que ha causado una gran pérdida del poder adquisitivo de la población.
Los promoventes mencionan que la deuda pública es una enorme carga para las finanzas públicas y hacen una comparación del porcentaje del gasto destinado al desarrollo social y al gasto educativo, lo que da una idea de la magnitud de recursos que por destinarse al pago de deuda no se canalizan al gasto social; que dedicar 24 por ciento del gasto del gobierno federal a esta área es excesivo, aún cuando la deuda pública tiene aspectos positivos con un manejo financiero adecuado, el costo de la misma es excesivo para las finanzas públicas y para la economía en su conjunto.
Continúan los promoventes señalando que a diciembre del año pasado, los pasivos de los ayuntamientos ascendieron a 36 mil 708 millones de pesos, 11.65 por ciento del endeudamiento total de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal que es de 315 mil 16.7 millones de pesos al primer trimestre de 2011.
Que los gobiernos de las entidades federativas y municipios dependen de manera importante de las transferencias del gobierno federal, y que no obstante, la opacidad y falta de rendición de cuentas prevalece en los estados y municipios en lo referente a la deuda pública.
Sitúan como ejemplo de opacidad, abuso de poder y corrupción, el caso de la deuda pública de Coahuila durante la gestión del gobernador anterior y hacen una reseña de las irregularidades encontradas.
Asimismo, cuestionan si existirán más entidades federativas que se encuentren en las mismas circunstancias, con un monto de deuda registrada ante hacienda y otra real, que pongan en riesgo la estabilidad financiera no sólo de los estados sino del país en su conjunto. Por lo anterior, proponen el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que el secretario de Hacienda y Crédito Público comparezca ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para explicar, ampliamente, la situación de la deuda pública federal y de los estados y municipios, las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares que se presenten puedan provocar en el país y los mecanismos de prevención y control que proponen para controlar el endeudamiento excesivo, así como para evitar que se puedan utilizar indebidamente los recursos obtenidos vía financiamiento, para campañas políticas en lugar de proyectos que beneficien a la población, y los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila y si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades.”
II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por los autores de la proposición que se dictamina.
La que dictamina coincide con los diputados promoventes en el sentido de que en los últimos años se ha registrado un acelerado endeudamiento de las entidades federativas y municipios, y que de no ser corregido oportunamente, representa una situación que pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
De la misma forma, se concuerda con los promoventes en la importancia de transparentar los recursos transferidos de la federación a los estados, actuando bajo los principios de legalidad y de rendición de cuentas.
Que el tema de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios ha sido de gran interés por parte de los legisladores, toda vez que se han presentado diversos puntos de acuerdo en la materia durante la actual legislatura, en los que se manifiesta la preocupación por mantener una estabilidad financiera, además de transparentar el ejercicio de los recursos públicos.
Asimismo, la comisión dictaminadora reprueba en general las prácticas irregulares de contratación de deuda, que han afectado o afectarán la economía del Estado y de sus habitantes.
Conforme a lo anterior, la comisión dictaminadora considera que, previo a celebrar una comparecencia con el titular de la SHCP, se le solicite información por escrito sobre la situación que prevalece en cada uno de los estados y municipios, así como las medidas que se están tomando para disminuir el endeudamiento en las entidades; lo anterior, para que esta dictaminadora pueda estar en condiciones de valorar la información que se remita y pueda normar su criterio.
No obstante, los legisladores integrantes de esta comisión concuerdan que de no obtener la información que se solicita en el presente punto de acuerdo, entonces la Tercera Comisión de Trabajo determinará la conveniencia de citar a una reunión de trabajo al funcionario, en donde se puedan aclarar las dudas que los legisladores presenten.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a la consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sirva hacer llegar a esta soberanía, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, un informe detallado sobre:
a) La situación actual de la deuda pública federal, de los estados y municipios;
b) Las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares en el manejo de la deuda pública puedan provocar en el país;
c) Los mecanismos de prevención y control que se proponen para controlar el endeudamiento excesivo, en el ámbito de su competencia, y
d) Los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila, si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades federativas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica) diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín, senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
ESTADO DE COLIMA
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir adeudos
Honorable Asamblea
A la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Financiera Rural que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García y suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PRI.
Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.
Antecedentes
La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Consideraciones
I. En el capítulo de consideraciones el diputado Gerardo Sánchez García, refiere que los productores de arroz del estado de Colima atraviesan por una crisis financiera que tiene su origen en la falta de pago de la Empresa Covadonga por 3.8 millones de pesos, correspondiente el ciclo primavera- verano 2009, en 36 productores.
Asimismo señala que, los adeudos de Covadonga a los arroceros del país son los siguientes: 2009: 15.8 millones de pesos; 2010: 74.3 millones de pesos; total 90.1 millones de pesos.
En atención de lo anterior, establece que sin liquidez, sin manera de obtenerla, amén de la falta de cumplimiento de los compromisos del gobierno y empresas irresponsables que arrastran con su actitud a productores que confían en ellas, resulta imposible que puedan cubrir sus obligaciones financieras. Es el caso de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRL de RL de Colima, que adeudan un crédito de avío por 9 millones de pesos con Financiera Rural, para lo cual se tramitó una prórroga por 90 días, sin embargo dadas las circunstancias descritas no se han podido cubrir las amortizaciones. Lo mismo sucede con un crédito refaccionario por 10 millones de pesos, cuyo primer vencimiento fue en septiembre de 2011. El monto a pagar es por 700 mil pesos más intereses.
Ambos créditos ya han sido judicializados, es decir, han sido designados despachos para proceder a su cobro, lo cual, de llevarse a cabo estos procesos, ponen en serio riesgo el patrimonio de los arroceros colimenses y la seguridad de sus familias.
Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Financiera Rural, FIRA, Sagarpa y Aserca a explorar mecanismos que den viabilidad práctica a la solución de los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz en Colima y, de haber casos semejantes, atender los de otras regiones o estados de la república.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Financiera Rural a atender la solicitud de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRP de RL en el estado de Colima a fin de no judicializar el pago de los créditos que estos productores tienen con esta institución, y se les otorgue flexibilidad y nueva prórroga para cubrir sus adeudos, toda vez que no se están negando a pagarlos, sino las circunstancias coyunturales los obligan a un incumplimiento involuntario.
II. Esta comisión dictaminadora comparte la idea del proponente de exhortar a Financiera Rural para que intervenga a fin de que los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos.
Lo anterior, con la intención de dar cumplimiento al objeto para el cual es creada Financiera Rural y que consiste en coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.
Con la intención de dar cumplimiento a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentado en los artículos 25 y 26 constitucionales que disponen:
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
De tal modo que se pueda propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos, en atención a que el incumplimiento tal y como lo refiere es por causas ajenas a los arroceros de Cuauhtémoc, Colima, derivado de la crisis financiera que tiene su origen en la falta de pago de la empresa Covadonga.
Por otro lado, se considera adecuado exhortar a distintas dependencias del gobierno federal, para implantar mecanismos que den solución a los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz, en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento al objeto para cual fueron creadas, como es el caso de:
• Financiera Rural que tiene por objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, a través del otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.
• Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, son cuatro fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México que tiene por objeto otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país.
• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que tiene por objeto propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.
• Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito de contar con un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados.
En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguiente:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de los titulares de Financiera Rural, FIRA, Sagarpa y Aserca a explorar mecanismos que den viabilidad práctica a la solución de los problemas de pago que enfrentan los productores de arroz en el estado de Colima y demás casos semejantes.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de Financiera Rural a atender la solicitud de los arroceros del municipio de Cuauhtémoc, SRP de RL, en el estado de Colima a fin de que se les otorgue flexibilidad y nueva prórroga para cubrir sus adeudos, toda vez que no se están negando a pagarlos, sino las circunstancias coyunturales los obligan a un incumplimiento involuntario.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2011.
La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,Presidente: Diputado Arturo García Portillo (rúbrica);secretarios: diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica); integrantes: diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Óscar González Yáñez, senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia no tiene oradores registrados para discutir alguno de los puntos de acuerdo, salvo en el punto número tres, que se refiere al decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza de la franja fronteriza norte.
En consecuencia, solicito que se proceda a la votación de todos los puntos de acuerdo que no han sido reservados y dejemos el punto número tres, para que en su momento, la diputada Mirna Camacho haga uso de la palabra en relación con este punto de acuerdo. Proceda la Secretaría.
El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García:En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo y los anteriormente no reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. Comuníquese.
ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la palabra la diputada Mirna Camacho, para referirse al punto al que hemos hecho referencia y que reservó para su discusión.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores y diputados, vengo a expresar el voto de la bancada del Partido Acción Nacional a favor de este dictamen con punto de acuerdo.Primero, para felicitar a los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, por el trabajo que se hizo al aprobarlo por unanimidad, ya que rescata la inquietud de los diputados promoventes: el diputado Carlos Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, y del diputado Sami David David, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante el estudio y análisis que proponen adicionar los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatán, Huehuetán, del estado de Chiapas, modificando la fracción III del artículo 2 del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, con vigencia al 31 de diciembre de 2013.
El presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece dentro de los objetivos nacionales desarrollar una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios a precios accesibles mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar empleos formales, extendiendo los estados y municipios el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza norte y la región fronteriza; por lo que se estima necesario revisar el esquema de desgravación arancelario con el objeto de dar continuidad al impulso de la competitividad económica a esta región, y que la política de facilitación comercial implantada por el Ejecutivo federal se basa en los principios de transparencia, certidumbre jurídica, equidad, imparcialidad y uniformidad en la administración del marco normativo vigente, mejora regulatoria y simplificación operativa, y la dinámica de los cambios que enfrenta el comercio exterior de nuestro país.
Particularmente, derivado de los eventos recientes de la economía mundial, se hace necesario que el Ejecutivo federal haga uso de sus atribuciones constitucionales para adoptar de inmediato acciones que permitan afrontar en mejores condiciones dichos cambios.
Ante tal circunstancia, resulta indispensable adecuar y extender la política arancelaria a la región de la franja fronteriza sur, con el fin de generar condiciones favorables que permitan a las empresas fortalecer su competitividad y reconvertirse para responder a las tendencias del mercado al tiempo que alienten la inversión y la preservación de la planta productiva y el empleo.
El estado de Chiapas se coloca, debido a su situación geográfica, en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad ante los fenómenos climatológicos y otros desastres naturales, la crisis económica mundial causada por la globalización comercial.
Por esta razón, el gobierno del estado ha mostrado su preocupación implantando una política de emergencia para el desarrollo de la frontera sur, estableciendo puntos internos de control para vigilancia y revisión de las transacciones de comercio, la cual está sustentada en siete cruces formales en la frontera sur, que son: Ciudad Hidalgo, Talismán, Ciudad Cuauhtémoc, Carmen Xhan, Nueva Orizaba y Frontera Corozal, y 43 informales en donde el tránsito de personas y mercancía se realiza sin ningún control, pues se utilizan caminos de terracería con los cuales se comunican entre estos dos países.
Por lo anterior, la Cámara de Diputados, en solidaridad con el proyecto del gobierno del estado de Chiapas de extender el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza y en la región sur del estado de Chiapas, estimó necesario asignar recursos en forma etiquetada en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012, en el Ramo 27, Función Pública, de mil millones de pesos, lo cual permitirá reubicar e implementar los puntos internos de control, los cuales permitirá descongestionar las actuales e inoperantes instalaciones trasladando la sede de las representaciones federales.
Por lo antes expuesto, se solicita respetuosamente exhortar al Ejecutivo federal, que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionar los municipios de Huixtla, Tuzantán, Mazatán y Huehuetán del estado de Chiapas, modificando la fracción III del artículo 2 del decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte.
Esta es la razón fundamental por la que apelo a la comprensión de esta soberanía para que esta proposición con punto de acuerdo, que se emitió en la Tercera Comisión de la Comisión La Comisión Permanente, que preside dignamente el diputado Arturo García Portillo, sea aprobada en estos términos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias. Esta Presidencia no tiene más oradores registrados; en consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si se considera suficientemente discutido el dictamen. Las legisladoras y legisladores que estén por que se considere suficientemente discutido favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que no consideren suficientemente discutido el dictamen favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior acuerdo es de aprobarse. Las legisladores y legisladores que estén por que se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladores y legisladores que estén por que no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
REGISTRO NACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESAPARECIDOS, EXTRAVIADOS O SUSTRAIDOS
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con punto de acuerdo, de la Primera Comisión, relativo al Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa de Alerta Amber México.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al registro nacional de niños y de adolescentes, y al programa Alerta Amber México
Honorable Asamblea:
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al DIF y a la PGR a trabajar coordinadamente en la elaboración de un padrón nacional de niños y de adolescentes desaparecidos que pueda incorporarse al proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.
Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:
Dictamen
Antecedentes
La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Consideraciones
I. En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:
Con gran preocupación hemos sido testigos del aumento constante de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos a lo largo del territorio nacional. Tan sólo en los últimos 5 años se han extraviado más de 75 mil menores en nuestro país, y poco más de 150 mil niños han desaparecido. Según las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas, el 67 por ciento tiene que ver con sustracción ilegal de menores, el 9.3 por ciento de los casos se refiere a ausencias voluntarias; el 10.5 de desaparición; el 2.3 es extravío; el 9.3 robo y el 1.2 secuestro. De acuerdo con estas cifras, el 58 por ciento de los desaparecidos tiene de 4 a 12 años y las víctimas son mayoritariamente del sexo femenino.
A nivel local, la gravedad y magnitud de dicho problema se manifiesta en el alarmante aumento de niñas, niños y adolescentes que desaparecen cada año. La Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos recibe reportes de 20 niños extraviados al mes en todo el país, destacando por el número de incidencia el Distrito Federal, el estado de México y Jalisco. Tan sólo de julio de 2008 a marzo de 2010 se denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cerca de 2 mil 841 casos de menores de edad cuyo paradero se desconoce, mientras que en el estado de México, datos de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad mencionan que de enero a julio de 2011, se ha iniciado la investigación de 42 niños desaparecidos en el territorio mexiquense lográndose solamente la localización de 8.
Desafortunadamente, las causas principales del extravío o desaparición de niñas, niños y adolescentes están relacionadas con la violencia familiar, la migración hacia Estados Unidos a fin de reunirse con sus familiares o bien porque son víctimas del crimen organizado, ya sea mediante la explotación sexual, comercial y laboral o el reclutamiento ante una situación de desempleo y falta de oportunidades. De acuerdo con datos del Centro de Búsqueda Nacional de Niños Desaparecidos muestran que el 20 por ciento de víctimas de explotación comercial, sexual y laboral jamás son localizados.
Asimismo, en noviembre del año pasado, el Senado de la República recibió la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyo propósito es organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica para proporcionar apoyo en las investigaciones y que actualmente se encuentra en las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública, en proceso de dictamen.
Si bien la eventual aprobación de dicho proyecto permitiría avanzar en la creación de una base de datos nacional sobre personas extraviadas, es pertinente hacer un atento llamado a las comisiones dictaminadoras a fin de incluir un capítulo específico sobre la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos que permita crear una base de datos oficiales, confiables y sistematizados que ofrezcan diagnósticos reales sobre la magnitud del fenómeno de desaparición, extravío o sustracción de niñas, niños y adolescentes. Y es que diversas asociaciones de la sociedad civil han denunciado que las procuradurías no cuentan con información desagregada que permita diferenciar si un niño ha sido víctima de robo o bien se encuentra extraviado. En ese sentido, la instrumentación de esta base de datos permite la elaboración de políticas públicas focalizadas a atender aquellos sectores de la población infantil que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desarrollar estrategias coordinadas a nivel nacional para perseguir a los perpetradores, así como lograr la pronta recuperación de las víctimas.
Por ello, hacer visible este grave problema permitirá una respuesta más eficiente por parte de las autoridades responsables, generará mayor confianza para acudir a denunciar el delito y propiciará el trabajo conjunto de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación para dar atención prioritaria a cada caso de desaparición, extravío o robo de cualquier niña, niño y adolescente.
Con lo anterior, formula el siguiente:
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública del Senado de la República para que en el proceso de dictamen del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se incorpore un capítulo específico para la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus responsabilidades, ponga en macha el programa Alerta Amber con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en dicha entidad.
II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora reconocen la sensibilidad y propósitos que inspiran a la autora en la elaboración y presentación de su Proposición.
En el mismo sentido que la autora de la proposición que se dictamina, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran de la mayor importancia contrarrestar el aumento de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos a lo largo del territorio nacional.
La Comisión Dictaminadora toma en cuenta, como lo señala la autora de la proposición que ahora se dictamina, que el pasado 24 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados, aprobó y devolvió la Minuta con proyecto de Decreto que expide la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, misma que fue recibida en el Senado de la República, el 29 de noviembre de 2011 y turnado a Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.
Al respecto la autora de la proposición solicita que se exhorte a las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública del Senado de la República para que en el proceso de dictamen del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas se incorpore un capítulo específico para la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Sin embargo, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que este es uno de los casos en los que no se puede resolver conforme a derecho y la práctica parlamentaria, en los términos solicitados por la Proponente, aún y cuando los integrantes consideran de importancia que en el proceso de dictaminación, las comisiones puedan, una vez realizados los estudios y análisis correspondientes, incorporar en el proyecto de ley, todo lo relacionado con un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos.
Es por ello que la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que conforme a los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que tienen a su cargo entre otras, la tarea de análisis y dictamen legislativo.
También, el Reglamento del Senado de la República, en sus artículos 182, , señala lo siguiente:
Artículo 182
2. Al emitir dictamen las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, iniciativas o proyectos.
Artículo 184
1. En el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar a audiencias públicas o reuniones, con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos.
2. De igual modo, las comisiones pueden recibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o de cualquier ente público, de los distintos órdenes de gobierno, los elementos de información que estimen convenientes para el desahogo de sus trabajos.
De lo anterior, podemos señalar que las comisiones unidas del Senado de la República, como lo señala la Ley Orgánica y el Reglamento del Senado, tienen la tarea de dictaminar dicha minuta, y para ello, en el proceso de dictamen, la misma deberá definir el método de dictaminación, el cual podrá ser a través de la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte, la opinión de los especialistas en la materia, a los grupos interesados, si los hubiere, a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y las opiniones de los ciudadanos.
Sin embargo, como lo señala la autora de la proposición, “actualmente se encuentra en las Comisiones de Estudios Legislativos, Primera, y de Seguridad Pública, en proceso de dictamen”, en este sentido, ésta Comisión de Trabajo considera que dichas comisiones unidas se encuentran en tiempo y desarrollando el proceso de dictaminación de la Minuta en cuestión.
Consecuentemente esta Comisión no considera procedente exhortar a las comisiones unidas, en los términos que solicita la autora de la proposición que se dictamina, en virtud de que dichas comisiones no han interrumpido sus actividades; sin embargo, en el ánimo de darle continuidad al asunto propuesto, que es de la mayor importancia, esta Comisión Dictaminadora considera procedente y oportuno remitir el asunto a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin dejar de señalar y solicitarle que analice la viabilidad de llevar a cabo en el proceso de dictaminación la inclusión de un capítulo o en su caso, la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Por lo que respecta al segundo resolutivo propuesto por la autora de la proposición, en el que solicita al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría General de la República para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos; los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden plenamente y hacen suyos los planteamientos propuestos por la autora de la proposición, en sus términos, toda vez que consideran de importancia que tanto el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como la Procuraduría General de la República, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos, pero además consideran que también la Secretaría de Seguridad Pública, debe participar en dicho proceso, toda vez que es la instancia que establecerá los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Justicia del Distritito Federal y de todo el país para facilitar el intercambio de información y proporcionará las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de menores.
Sobre el tercer resolutivo en el cual la autora de la proposición solicita que se exhorte al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de sus responsabilidades, ponga en macha el programa Alerta Amber con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en dicha entidad. Al respecto los integrantes de la Comisión Dictaminadora, toman en cuenta que el pasado 28 de abril de 2011, México lanzó el Programa Alerta Amber, que es una red que rápidamente enlaza autoridades, organismos no gubernamentales, ciudadanos y medios de comunicación para localizar a niños desaparecidos, mismo que inició en Estados Unidos y que adoptó México en virtud de los beneficios que aporta para ayudar a familias que han extraviado por diferentes motivos a algún familiar. Además, el Departamento de Justicia de los EE.UU. se ha comprometido a capacitar a Ministerios Públicos y cuerpos policiales, tanto del ámbito federal como estatal, así como a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de que funcione plenamente.
De acuerdo con el Programa Nacional de Alerta Amber México, el objetivo es la recuperación de menores de edad en peligro de sufrir daños por haber sido sustraídos, secuestrados, desparecidos en territorio mexicano o en el extranjero, en el cual intervienen la Procuraduría General de la República (PGR) que atenderá las investigaciones federales; la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que establecerá los mecanismos de coordinación con las Procuradurías de Justicia del Distritito Federal y de todo el país para facilitar el intercambio de información y proporcionará las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación de menores y se convino que entraría en vigor en el año 2012.
Dicho proyecto se constituye como una herramienta intergubernamental para avanzar en el cumplimiento del Estado mexicano con el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez.
De ahí que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, como lo señala la autora de la proposición que se dictamina, toman en cuenta que miles de niños son secuestrados diariamente en nuestro México y con el lanzamiento del Programa Nacional Alerta Amber, se buscó responder a los sucesos e incidentes de niños menores de 18 años, desaparecidos o sustraídos en peligro y asistir en la recuperación segura de los mismos.
Dicho Programa se aplica en otros países como Canadá, Francia, Reino Unido, Australia, Holanda, Alemania e Inglaterra y está en proceso en España. En México, hasta el momento lo han adoptado los estados de Baja California, Coahuila y Tamaulipas, además del Distrito Federal, quién se sumo el pasado noviembre de 2011.
La autora de la proposición solicita se exhorte al estado de México a que ponga en macha el programa Alerta Amber, en este sentido los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran que no solo el estado de México debe de poner en marcha dicho Programa, sino todos aquellos estados de la República mexicana que hasta el momento no lo han puesto en marcha, toda vez que con ello, el problema de niños extraviados se da en México y en todo el mundo, por lo que se deben adoptar mecanismos que ayuden a contrarrestar este fenómeno, por lo que es necesario que las autoridades y la ciudadanía laboren de manera conjunta para hacer frente a este problema.
Por ello, es necesario exhortar respetuosamente a los estados de la República mexicana a poner en marcha el Programa Alerta Amber, con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en México y el extranjero.
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta a los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, para que, en el contexto del proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, trabajen de manera coordinada en la elaboración de un Registro Nacional de Niños y Niñas Extraviados, a fin de adoptar políticas públicas focalizadas a la prevención y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas de la República mexicana que no han puesto en marcha el Programa Alerta Amber México, ha ponerlo en marcha, con objeto de atender la grave situación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, extraviados o sustraídos en México y el extranjero.
Tercero. Remítase copia del expediente a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, para su conocimiento y efectos.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.
La Primera Comisión, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Fernando Elizondo Barragán (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega, senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta presidencia informa que se ha registrado el siguiente orador: el diputado Arturo Zamora Jiménez. Tiene usted el uso de la palabra, señor diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Zamora Jiménez:Con su permiso, señor presidente. Las niñas y los niños adolescentes, son particularmente susceptibles de ser víctimas de una serie de delitos especialmente graves, por lo que debemos de otorgarles la protección necesaria, a fin de evitar que sean objeto de cualquier forma de explotación, maltrato o abuso.El problema de los niños desaparecidos es complicado y multifacético; hay diferentes tipos de menores desaparecidos y esto incluye: sustracción por un familiar, menores que se encuentran en peligro y escapan de sus casas, secuestro y por personas que no son de la familia y menores perdidos, heridos o que desaparecen de una u otra forma.
En cualquiera de estos casos la prevención, así como la atención inmediata y coordinada de las diferentes instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como la participación activa de la sociedad, juegan un papel de suma relevancia.
El jueves 28 de abril, tras una serie de reuniones de preparación —en las que el suscrito participó—, se hizo el lanzamiento oficial del programa denominado Alerta Amber México; este programa tiene por objeto desarrollar y coordinar los esfuerzos de las agencias del orden público, de los medios de comunicación, de las redes sociales, del transporte, de sectores sociales, empresariales, en el rescate de niños sustraídos, secuestrados o desaparecidos.
Esto se logra a través de la capacitación, la comunicación y la administración efectiva de recursos; se trata de un mecanismo de acción inmediata para la búsqueda de los menores sustraídos, lo que otorga mayores oportunidades de éxito en su localización.
Este programa se ejecuta sobre la base de la coordinación de las diferentes instancias de gobierno, con la intervención voluntaria del sector privado y organizaciones no gubernamentales; por lo que con fecha 18 de mayo del 2011, presenté iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública Nacional, para dar sustento legal y por tanto, hacer obligatoria la implementación de este tipo de programas y la celebración de los convenios necesarios para el efecto.
Las bondades de este tipo de programas son innegables, por lo que consideramos loable y atendible la atención de la distinguida senadora proponente, senadora Adriana González Carrillo. Además, resulta conveniente la implementación del Registro Nacional de Niñas y Niños Extraviados, como un instrumento que permita coadyuvar para su pronta localización.
Es entonces necesario que existan diversos instrumentos jurídicos que nos obliguen a proteger adecuadamente los derechos de las niñas y los niños y que finalmente vincule a las autoridades de manera sistemática.
Hay que recordar que en 1990 México suscribió la Convención sobre los Derechos de los Niños y en el año 2000 se realizó la reforma al artículo 4o. constitucional para garantizar los derechos de las niñas y los niños en la satisfacción de sus necesidades.
También habrá que recordar a esta asamblea que el 29 de mayo del 2000, se publicó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes, que tiene por supuesto como objeto establecer mecanismos para garantizar el respeto a todos sus derechos y el ejercicio adecuado de sus libertades.
Finalmente, debo destacar e ilustrar a la asamblea que en este ámbito de la Alerta Amber —que repito—, que se implementó desde abril del año pasado en el territorio nacional, hay entidades federativas que ya lo adoptaron con casos y experiencias sumamente exitosas y vaya pues la felicitación a los estados de Baja California, de Coahuila, de Tamaulipas, aquí a esta entidad federativa del Distrito Federal.
Por lo anterior, considero pertinente hacer una invitación respetuosa a las entidades federativas que aún no hayan implementado el Sistema de Alerta Amber para sumarse a este esfuerzo en favor de los derechos de la niñez y de la juventud mexicana; no sin antes felicitar el esfuerzo de la senadora Adriana González Carrillo, por esta oportuna exhortación. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado.
Me ha solicitado también el uso de la palabra, para hablar a favor, la proponente del punto de acuerdo, la senadora Adriana González. Tiene el uso de la palabra desde su curul, senadora.
La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Para sumarme y agradecer los comentarios del diputado Zamora. Sumarme a lo que la dictaminadora ha resuelto; sin embargo, sí quiero hacer uso de la voz para señalar algo de la mayor trascendencia que como mexiquense quiero señalar: el estado de México es uno de los estados que hoy tienen en la Procuraduría de Justicia Estatal 42 casos de enero a julio de 2011, de estos solamente se han podido resolver ocho.
Quiero llamar la atención, porque la comisión dictaminadora no ha considerado el último resolutivo por el cual se le exhortaba al gobierno del estado de México para poder implementar de manera urgente esta Alerta Amber y poder localizar a estos menores desaparecidos; lo hago y estoy a favor.
Pero quiero subrayarlo, y lo hago sobre todo, porque quiero señalar y llamar la atención de las autoridades para que lo más pronto posible puedan atender esta situación.
Acepto la redacción de la dictaminadora que cambió este resolutivo para hacer la consideración de que todos los estados de la República mexicana que no tengan esta Alerta Amber instalada en sus entidades federativas lo hagan, pero con especial atención recalco de las autoridades del estado de México, que tienen hoy uno de los números más altos de menores desaparecidos en nuestra entidad.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señora senadora. No tengo otros oradores registrados. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto en comento.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo: Consulto a la asamblea en votación económica si considera que está suficientemente discutido el dictamen que se ha puesto a su consideración. Las legisladoras y los legisladores que consideren suficientemente discutido el dictamen favor de manifestarlo levantando la mano. Las que estén porque no se considere suficientemente discutido favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque está suficientemente discutido, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el punto de acuerdo es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladores y legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
A continuación, vamos a pasar a las proposiciones. Dé cuenta la Secretaría con el contenido de las mismas.
PROGRAMA SEGURO POPULAR
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República; somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El acceso a los servicios de salud es, como se menciona en el artículo 4o. constitucional, un derecho humano establecido a favor de todos los mexicanos.
La referida disposición constitucional fue proyectada en la legislación secundaria, a través de la adición al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, el cual establece que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.
De esta forma, debe concebirse a la protección social en salud como “un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”
Inserto dentro de dicha estrategia gubernamental, el Seguro Popular busca otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.
De esta forma, se busca que los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del Seguro Popular tengan acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud.
A efecto de operar la referida política pública, la Cámara de Diputados aprobó para este ejercicio fiscal un presupuesto cercano a los 66 mil millones de pesos.
La responsabilidad que conlleva el ejercicio de tales recursos es de suma importancia, ya que el Estado debe procurar ser eficaz y transparente en el ejercicio del gasto, así como en garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en materia de salud, permitiendo en todo momento la participación y vigilancia de los ciudadanos mexicanos.
En el mensaje dado por el titular del Ejecutivo federal, con motivo de su quinto año de gobierno, el día 4 de Diciembre de 2011, se remarca que durante su gestión se ha logrado que toda mexicana y todo mexicano tengan acceso a consulta médica, medicamento, tratamiento y hospitalización cuando así lo requieran. Lo anterior, se presume, gracias al número de beneficiarios afiliados al programa Seguro Popular.
En este sentido, Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, México, Tlaxcala, Sonora, Tabasco y Colima, entre otras, han sido reconocidas como entidades con Cobertura Universal de Salud. Sin embargo, es importante destacar que la afiliación por sí misma no es garantía para acceder a los servicios de salud, pues esto depende en gran medida de la disponibilidad de recursos económicos, humanos y de infraestructura.
Lo anterior se ejemplifica con los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los dos mil 456 municipios del país, 420 fueron reportados con más del 50 por ciento de su población sin acceso a los servicios de salud.
No está de más que para dicho organismo, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.
La difícil situación por la que atraviesa el Sector Salud no se resuelve con la mayor cobertura, y eso se demuestra cuando la OMS señala que México se encuentra por debajo del estándar que sugiere que el gasto en salud para el año 2015 debe ser del 7.6 por ciento como proporción del producto interno bruto, ya que el gasto actual es de un 6.6 por ciento aproximadamente.
Aunado a lo anterior, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Perspectiva Estadística de México”, de Diciembre de 2011, en el apartado “Indicadores de los Servicios Médicos de las Instituciones Públicas de Salud, 2009” revela que en nuestro país existen en promedio 0.5 médicos familiares o generales y 0.7 médicos especialistas por cada mil habitantes, lo que muestra un déficit en materia de recursos humanos.
No cabe duda de que los resultados obtenidos hasta el momento pueden ser mejorados. Los responsables de la política de salud del país deben garantizar, entre otras cuestiones: la viabilidad financiera del sistema nacional de salud; la efectiva cobertura universal de acceso a los servicios de salud; modernizar la infraestructura médica; fortalecer la capacitación de los recursos humanos; evolucionar de lo curativo a lo preventivo; y, homogeneizar la calidad de la atención.
Se deben encaminar nuestras acciones a fin de crear las condiciones necesarias para que todos los mexicanos sean capaces de ejercer plenamente a su derecho de acceso a los servicios de salud.
También se debe evaluar el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes); establecer indicadores que señalen la mejora de la salud de los beneficiarias, y finalmente, determinar el impacto económico del programa en los mismos.
Por lo expuesto, se propone a través del presente exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la Cobertura Universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en éstos.
Es en razón de lo anterior presento ante está honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en los mismos.
Notas.
1 http://web.coneval.gob.mx/Informes/COMUNICADOS_DE_PRENSA/ Comunicado_de_prensa _015_Medicion_pobreza_municipal.pdf
2 http://www.conapo.gob.mx/prensa/2007/prensa082007.pdf
3 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiv a-mex.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
ESTADO DE NUEVO LEON
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar por la SHCP los asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario, infraestructura carretera y otras obras, suscrita por el diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados federales por Nuevo León, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La diputación federal por Nuevo León, en el ámbito de sus atribuciones legislativas y en sus funciones de gestión social, ha venido abordando diverso temas con las autoridades hacendarias federales, sin que hasta el momento se haya mostrado voluntad de las misma para resolverlas, a pesar de que en algunos casos estas autoridades son parte misma de la generación del problema, o bien se trata de recursos ya aprobados en instrumentos legales y no entregados, por lo que mediante oficios de fechas 28 de septiembre y 28 de octubre de 2011, se ha solicitado la atención del secretario de Hacienda y Crédito Pública, sin que a la fecha haya respuesta a dichas solicitudes de audiencia, para abordar los asuntos relacionados con Nuevo León, como los relacionados con los defraudados por la Unión de Crédito Monterrey y recursos aprobados y no entregados a la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y al Hospital Universitario de Nuevo León, infraestructura carretera, entre otros:
Asunto: Unión de Crédito Monterrey, SA de CV (Ucrem)
Como sabemos las Uniones de Crédito, están constituidas como sociedades anónimas de capital variable, con la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien también se encarga de las labores de supervisión bajo las normas establecidas en la Ley de Uniones de Crédito: supervisión que no se ha llevado a cabo y ha derivado en innumerables acciones fraudulentas de estas uniones de crédito.
Un caso específico de esta situación es el que están viviendo un importante número de ciudadanos de Nuevo León, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 27 de octubre de 2004 revocó la autorización para operar. Lo delicado del problema, desde la perspectiva financiera y del control institucional que deben tener estas organizaciones auxiliares de crédito, se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.
En el caso específico de la citada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, se tienen los siguientes antecedentes:
a) En fecha 27 de enero de 1994, la entonces Comisión Nacional Bancaria (hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores), mediante el oficio número 601-II-DA-b-5288 otorgó autorización para operar como unión de crédito a la sociedad Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.
b) En ejercicio de las facultades que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito le confiere a la citada Comisión, ésta realizó una inspección ordinaria a la referida Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, en febrero de 2003, encontrando irregularidades de especial trascendencia y gravedad en su forma de operación, entre otras las siguientes: (I) en el manejo de la cartera de crédito se detectaron operaciones que contravienen lo establecido en el artículo 48-C de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que establece que las organizaciones auxiliares del crédito en ningún caso podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones que se aparten de las sanas prácticas financieras; (II) incumplió con la observancia de los Criterios de Contabilidad para uniones de crédito emitidos por la precitada Comisión Nacional Bancaria; (III) celebró operaciones de crédito a plazos que no son congruentes con los de las operaciones pasivas, infringiendo lo previsto en la fracción IV del artículo 45 de la precitada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; (IV) celebró operaciones activas no autorizadas por el Comité de Crédito; (V) sus registros contables incumplían con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el Instituto de Contadores Públicos, AC, entre otras.
c) Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de julio de 2006, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a la multicitada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, estableciendo su incapacidad para realizar operaciones y ordenando proceder a su disolución y liquidación.
Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares a que hemos hecho referencia, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, no pudo recuperar los recursos que fueron materia de las operaciones crediticias de referencia, y por tanto, no pudo cumplir con los compromisos asumidos con sus socios ahorradores, causándoles un grave daño a su patrimonio.
De esta manera, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, adeuda a cerca de mil 800 socios ahorradores una cantidad aproximada a 380 millones de pesos, cuyo reintegro han venido reclamando los afectados ante diversas instancias, tanto por la vía judicial como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para estos.
Esto último plantea una situación socialmente muy delicada en la protección de los grupos vulnerables en Nuevo León, ya que 60 por ciento de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la unión de crédito citada.
Como representantes populares estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados. En esta línea de razonamiento, el Congreso de la Unión expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de fecha 29 de diciembre de 2000, para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores, que son en esencia similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV. Por ello, los diputados federales por Nuevo León del PRI presentamos una iniciativa que propone reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores a fin de que se apliquen los mismos principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en 2000, para auxiliar a los ahorradores de menos ingresos, para la protección de grupos vulnerables como jubilados y pensionados. La iniciativa no ha sido dictaminada a la fecha por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Paralelamente, los diputados federales por Nuevo León realizamos diversas gestiones ante la Secretaría de Hacienda para buscar alternativas de solución a esta problemática que está provocando graves problemas sociales en Nuevo León, que se insiste tiene origen en la falta de cumplimiento en las obligaciones de supervisión de estas mismas autoridades federales hacendarias. En este sentido se llevaron a cabo diversas reuniones, con estas autoridades planteándose diversas alternativas, a las cuales se mostraron receptivas, pero que sin embargo no han sido materializadas a pesar de haber pasado ya mucho tiempo de que fueron planteadas. Y hoy estas autoridades federales hacendarias ya ni siquiera han contestado a las solicitudes de audiencia para solucionar el problema.
Asunto: Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y Hospital Universitario de Nuevo León
La Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León es una institución educativa de nivel superior que tiene amplio reconocimiento nacional, ya que presta servicios de alta calidad a una amplia región del norte y el centro del país: atiende a jóvenes estudiantes de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, y el propio Nuevo León. Lo anterior la hace una institución estratégica para el desarrollo educativo de la región.
Además de lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León cuenta con el Hospital Universitario, en la Facultad de Medicina, que es una institución de salud de tercer nivel, en muy diversas especialidades y que atiende de igual manera a toda la región señalada del norte del país.
No obstante que es una institución estratégica en la región en materia educativa y de salud, no ha sido valorada en su justa dimensión, por lo que su salud financiera se ha venido degradando con el paso del tiempo, por lo que es urgente su atención inmediata, ante la creciente demanda tanto en materia educativa como en materia de salud. Al ser Nuevo León uno de los estados con mayores índices de migraciones del centro y sur del país, es necesario que se le aporten los recursos necesarios para su atención, sin embargo, por el contrario, las autoridades hacendarias federales incumplen con la entrega de los recursos que esta soberanía le ha aprobado.
En 2010 y 2011 se dejaron de aportar a la Universidad Autónoma de Nuevo León los recursos financieros que se le venían aportando del Fondo para el Saneamiento Financiero por un monto de 251 millones de pesos. De igual forma, al Hospital Universitarios se habían aprobado por esta soberanía para el ejercicio presupuestal de 2010 en el PEF 100 millones de pesos y para el ejercicio presupuestal de 2011 un monto de 70 millones de pesos, los cuales, en ambos casos, las autoridades hacendarias federales no han entregado.
Asunto: Infraestructura carretera y otras obras
Existen diversos asuntos relacionados con la infraestructura carretera de Nuevo León, derivados de recursos aprobados por esta soberanía en el PEF de 2011, incluso en el de 2010, para su ejercicio en 2011, que por diversos motivos neoloneses. Estos recursos no significan solo una carretera más, o solo no han sido entregados por las autoridades hacendarias, causando con ello problemas graves al estado que ha contemplado, como debe de ser, en sus planeación presupuestaria dichos recursos para su ejercicio, sin que estos le sean entregados. Con ello se ocasiona el retraso en el cumplimiento a las justas demandas de los ciudadanos mejoras a un museo o desarrollo turístico, un hospital, una escuela etc. Estos recursos significan bienestar para las comunidades que requieren estas obras, significan empleo, mejor calidad de vida de los ciudadanos: significa ejercer en ellos sus propios recursos, porque no son recursos de la federación o del estado, son recursos de los ciudadanos.
Por ello es imperativo que las recursos que ya han sido aprobados por esta soberanía sean entregados para su ejercicio en lo en beneficio de la población y evitar que autoridades menores hacendaria, argumentando en algunos casos elementos de carácter burocrático, o bien la sola falta de voluntad, o que por ineficiencia detengan la aplicación de dichos recursos en beneficio del bienestar comunitario.
En razón de lo anterior, los diputados federales por Nuevo León, en apoyo de los ahorradores de Ucrem, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario, que es su facultad de medicina, y a la comunidad en general, nos dimos a la tarea de hablar con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y con las autoridades de la Secretaria de Educación Pública, con las que nos entrevistamos en diversas ocasiones, sin que hayan dado respuesta satisfactoria. Y lo verdaderamente inaceptable es que ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, no ha dado contestación a las solicitudes que le hemos formulado desde el 28 de septiembre de 2011 todos los diputados por Nuevo León de todos los partidos políticos, y el 28 de octubre de 2011 los diputados federales por Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI, para entrevistarnos y dar solución a estas problemáticas relacionada con diversas obras aprobadas en los Presupuestos de Egresos de la Federación para Nuevo León, de ejercicios anteriores, que de no atenderse de inmediato tendrán repercusiones sociales de enorme magnitud.
Es inadmisible la insensibilidad de las autoridades Hacendarias, que regatean recursos para ejercerlo en lo que verdaderamente es importante para el país, como lo es la educación y la salud, y prefieren dejar esos recursos sin ejercer, y sin saber que destino final tienen, por que los recursos ahí están. Se insiste, son recursos que son muy significativos por sus montos para atender las demandas sociales den el Estado de Nuevo León; dentro de los que señalamos a manera de ejemplo; aproximadamente 380 millones de pesos de los defraudados por la Ucrem; 251 millones del Fondo para el Saneamiento Financiero con que se les venía apoyado; 100 millones de pesos aprobados en el PEFF de 2010 son 70 millones de pesos que han sido aprobados en el PEF de 2011, y los destinados para infraestructura carretera y otras obras más que no han sido entregados. Esos recursos desconocemos dónde se van, y no se aplica en donde deben de aplicarse, conforme a lo aprobado por esta soberanía, poniendo en riesgo de problemas sociales a Nuevo León y la viabilidad de dos instituciones paradigmáticas y de alta utilidad, en el norte del país, como lo son la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de Nuevo León.
Por lo anterior, los diputados federales por Nuevo León hacemos un llamado enérgico para que seamos recibidos de inmediato por el secretario de Hacienda y Crédito Público, para que con carácter de urgente les sean entregados los recursos financieros planteados en el párrafo anterior, por lo que acudimos a esta soberanía para presentar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a recibir de inmediato por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los diputados por Nuevo León a fin de atender y solucionar la problemática financiera relacionada con la Ucrem, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de ésta, la infraestructura carretera, y otras obras, en el estado, entregando los recursos señalados en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos de la presente proposición con puntos de acuerdo, así como los aprobados en los Presupuestos de Egresos de la Federación, para diversas obras, que han sido aprobados por esta soberanía en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y resarcir los fondos que se habían venido entregando.
Segundo.Que la presente proposición con puntos de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Consar que explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante 2011 las administradoras de fondos para el retiro (Afores) acreditaron la obtención de un rendimiento anual de 5.4 por ciento, el más bajo desde la minusvalía de 2008 (que situó los rendimientos en un alarmante -1.0 por ciento) y el más lejano a 26.9 por ciento, que fue la tasa más alta otorgada en el año 1999.
Si bien es cierto existen numerosos factores que explican dicho comportamiento, entre ellos la turbulencia que presentaron los mercados financieros en la última parte del año, las Afores habían parecido superar el obstáculo de la crisis financiera de 2008 y en 2009 habían regresado al otorgamiento de rendimientos superiores al 11.2 por ciento, para luego en 2010 incrementarlo ligeramente a 11.8 por ciento anual.
2011 fue un año marcado por la volatilidad en los mercados afectados por la crisis de deuda en Europa que impactó negativamente los rendimientos de casi todos los esquemas financieros y de ahorro.
Sin embargo, y dados los datos de incertidumbre en el desarrollo de la economía mundial, es preocupante no conocer de qué manera afectan las bajas de rendimientos los ahorros de millones de trabajadores, y los esquemas de seguridad social para quienes están inscritos en los mencionados mecanismos de inversión.
Por lo tanto es imprescindible conocer con detalle las causas de la baja de rendimientos de las Afores y sobre todo, su impacto en la inversión de los trabajadores, así como en la economía mexicana en su conjunto.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informe a esta soberanía de manera pormenorizada las causas que han provocado la disminución de los rendimientos que obtienen las administradoras de fondos para el retiro (Afores), respecto de los ahorros e inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Segundo.Se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que informe qué medidas regulatorias ha implementado en el ámbito de su competencia, para garantizar que los trabajadores en nuestro país obtengan los esquemas de inversión más competitivos y de mayores beneficios para su retiro.
Tercero.Que la Consar informe cuál es el impacto en el ahorro para el retiro de los trabajadores de esta dramática disminución de rendimientos, y si ello también afecta el esquema de seguridad social en el corto y mediano plazos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— (Rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
150 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar 2012 Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, suscrita por la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre de los integrantes de la Comisión Especial para conmemorar el 150 aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete respetuosamente a consideración de los integrantes de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012 como el Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, con base en las siguientes
Consideraciones
Hoy, el país vive circunstancias muy difíciles que nos llevan a reflexionar y buscar soluciones donde estemos todos comprometidos por nuestra identidad, la soberanía y la independencia, pilares que hemos heredado y adquirido con esfuerzo y lucha permanentes.
Tenemos presente que en 2010 celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, acontecimientos que sin duda formaron esta gran nación. En 2012 de igual manera conmemoraremos otro de los acontecimientos que nos dieron identidad y unidad como país independiente: el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862, en Puebla.
La importancia de conmemorar esta fecha histórica es reconocer la valentía y el heroísmo de mexicanos que, en condiciones de inferioridad de número y armamento, vencieron al ejército más poderoso de aquella época: el francés.
La nación mantenía una deuda y una crisis económica; con valor patriótico y con un espíritu republicano, el presidente Benito Juárez García declaró una suspensión de pagos de la deuda externa. Esta acción de moratoria fue el pretexto para que España, Gran Bretaña y Francia declararan hostilidades a México.
Ante las vicisitudes que hoy enfrenta la república, ante los vaivenes de una crisis económica mundial, vale la pena asirse de las grandes páginas de nuestra historia, generar un gran movimiento de valores que trasciendan en la formación de ciudadanos libres y forjadores de una nación con futuro.
En aras de contribuir al engrandecimiento de las luchas y enseñanzas históricas, será muy importante nuestra participación en la conmemoración del 150 aniversario de la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862, en la hoy llamada con mucho orgullo y justicia Puebla de Zaragoza.
Motivados en los antecedentes y razonamientos expuestos, los que suscribimos nos congratulamos en llevar hasta el Congreso de la Unión la urgente exigencia de honrar a los patricios que escribieron con su sangre y con su ejemplo una de las páginas más brillantes de nuestra tradición histórica.
Con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012, con base en las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862.
Segundo.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a dar realce y proyección al aniversario del bicentenario que se declara, y en la documentación oficial de los poderes de la federación, de los estados, sus organismos y ayuntamientos que sea utilizada durante 2012 se imprima la leyenda “2012, Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla”, y se acompañe de la efigie de don Ignacio Zaragoza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2011.— Diputada María Isabel Merlo Talavera (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
COMPRA DE ALGODON NACIONAL
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional, suscrita por la diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada Josefina Rodarte Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en nombre de los diputados federales del estado de Coahuila de Zaragoza, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En los cinco años de gestión del presidente Calderón, y los seis años de Vicente Fox, se evidenció la falta de compromiso de estos gobiernos panistas para con los productores del campo de nuestro país.
Como muestra de lo anterior basta recordar que en marzo de 2001 el ex presidente Vicente Fox vetó la Ley de Desarrollo Rural, aprobada en ambas Cámaras, con un amplio esfuerzo por dotar al campo de un marco jurídico que regulara las actividades de este importante sector así como establecer los apoyos que el Estado implementaría para mejorar sus deterioradas condiciones.
Las razones esgrimidas en su momento por Fox eran insostenibles y reflejaban un afán de revancha política, al no alcanzar sus legisladores, los votos necesarios para bloquear esta Ley desde el Congreso.
Lo anterior contradecía lo que el presidente Fox sostuvo alguna vez de forma por demás demagógica “que el presidente propone y el Congreso dispone”.
Más recientemente, el presidente Calderón vetó las reformas aprobadas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobadas por el Congreso. Las reformas proponían garantizar que el presupuesto asignado al campo mínimamente permaneciera constante y que en la medida de las posibilidades económicas previstas en los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
Con dicha reforma se evitaba la incertidumbre de la permanencia de los diversos programas de apoyo al campo y por lo tanto la estabilidad social del campo entre otras cosas, sin embargo, el presidente Calderón consideró que comprometerse con los productores del campo como se proponía vulneraba el proceso de de planeación, programación y presupuesto.
Lo anterior hubiera permitido un significativo avance en materia presupuestal para el campo, ya que evitaría un estéril desgaste para lograr los consensos necesarios en este sector.
Todos los diputados sabemos, que es en esta Cámara de Diputados donde se hace una distribución más justa del presupuesto de nuestro país, y hemos sido los diputados, particularmente los de oposición, los que hemos logrado corregir las marcadas deficiencias en la distribución que envía el Ejecutivo en su proyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.
En este mismo tenor, recordamos que de forma reiterada en esta Soberanía, diversos diputados en congruencia con el compromiso que tenemos con nuestros representados y en defensa de sus derechos hemos denunciado y exigido al Ejecutivo federal que entregue en tiempo y forma los recursos de los programas que para el apoyo de nuestros productores hemos aprobado.
Lamentablemente los gobiernos panistas han demostrado enormes deficiencias y, sobre todo, ninguna disposición, ni voluntad para atender y solucionar los graves problemas que enfrentan nuestros productores del campo; problemas que, aunque no lo reconozcan son ocasionados por esa falta de capacidad y desconocimiento propio de cada una de las áreas del Ejecutivo federal y por la falta de compromiso para con nuestros productores; como podemos observar, son innumerables los ejemplos que se pueden mencionar al respecto; cada una de las ramas de producción del sector agropecuario han sido afectadas por la falta de una real política de apoyo al campo.
Adicionalmente a las cuestiones de carácter productivo, nuestros productores enfrentan una intensa desgravación arancelaria que el Ejecutivo mantiene de forma permanente, argumentando la necesidad del intercambio comercial con el resto del mundo
Definitivamente no estamos en contra de un sano intercambio comercial, ya que en estos tiempos de globalización ningún país es autosuficiente ni puede permanecer aislado. Sin embargo, creemos que se les olvida a aquéllos que defienden la apertura de manera indiscriminada, que las compras en el exterior debe ser para complementar la producción nacional, para garantizar el abasto de los consumidores finales y de las industrias que utilizan materia prima del exterior.
Estamos convencidos de las bondades del intercambio comercial, pero creemos que se debe privilegiar la colocación de los productos nacionales y posteriormente los del exterior para evitar que derrumben los precios de los productos nacionales evitando con ello las afectaciones de nuestros productores.
Coincidimos con el Ejecutivo federal en el cumplimiento de los diversos instrumentos comerciales suscritos por nuestro país, sin embargo, creemos que debe prevalecer ante todo el compromiso con nuestros productores nacionales y con toda nuestra planta productiva nacional.
En este sentido, recordemos que el año pasado los productores de algodón de la comarca lagunera sufrieron graves afectaciones por la viruela del algodón, provocadas por un exceso de humedad dejado por el huracán “Alex”, por lo que mediante punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, se solicitó al Ejecutivo federal y aprobó por unanimidad en este pleno un fondo de emergencia con apoyos directos por 315 millones de pesos para apoyar en forma urgente a los productores de algodón afectados por la viruela del algodonero de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.
Como siempre, y en congruencia con la acostumbrada falta de compromiso del Ejecutivo federal para con nuestros productores del campo, solo recibimos un comunicado en el que se nos informaba que en virtud de la situación presupuestal que se tenía en ese momento no era posible atender nuestra solicitud.
Adicionalmente a estas afectaciones meteorológicas y a la falta de atención e incapacidad de nuestros funcionarios, los productores de algodón de nuestro país enfrentan una nueva amenaza: la indiscriminada entrada a nuestro país de diversos productos, como algodón y mezclilla y la marcada permisibilidad de las autoridades federales. Lo anterior ha provocado que miles de pacas de algodón se encuentren en las bodegas de los productores y al mismo tiempo tengan créditos por vencerse.
Es por ello que diversos representantes de productores de algodón, tanto del sector privado como del sector social de la región lagunera de Coahuila de Zaragoza han acudido a esta soberanía para solicitar el apoyo del Congreso en la defensa de esta importante rama productiva y evitar con ello la competencia desleal y la correspondiente afectación en todo el sistema producto algodón. Particularmente en esta región en la que algunos municipios dependen predominantemente de este cultivo.
Es de destacar que a raíz de esta problemática se ha desplomado dramáticamente la superficie dedicada a este cultivo, se han cerrado fábricas textiles en Parras de la Fuente y últimamente se han perdido más de 7 mil empleos.
Es por ello que los diputados federales del estado de Coahuila de Zaragoza, conscientes de las graves afectaciones que se ha provocado a nuestros productores del campo con la indiscriminada desgravación arancelaria emprendida por el Ejecutivo federal, acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta al Ejecutivo federal para que con base en sus facultades y a través de las áreas correspondientes, implemente los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional y que las importaciones de este producto sean para complementar y garantizar el abasto nacional y no para competir de forma desleal con nuestros productores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputados: Josefina Rodarte Ayala, Melchor Sánchez de la Fuente, Héctor Fernández Aguirre, Hugo Héctor Martínez González (rúbricas).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
PETROLEOS MEXICANOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del director general de Pemex para que explique los motivos del fracaso de la negociación con la asociación española Repsol, suscrita por el diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del PRI
Diputado federal José Luis Velasco Lino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acude ante el pleno de esta Comisión Permanente para presentar una propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, para que explique los motivos del fracaso de la asociación de la paraestatal con la empresa española Repsol y el posible quebranto que sufrió la empresa mexicana con esa operación fallida.
Antecedentes
El 29 de agosto del año pasado, Petróleos Mexicanos y la empresa constructora Sacyr Vallehermoso anunciaron una alianza para votar de manera sindicada dentro del consejo de administración de la petrolera española Repsol, en cuyas acciones Pemex tenía ya cierta participación.
Como parte de esta operación, el pasado 2 de septiembre, Pemex compró otro paquete de acciones de Repsol, las cuales pasaron de 4.8 por ciento a 9.8 por ciento, lo que implicaba que Pemex y Sacyr tenían conjuntamente el 20 por ciento de las acciones de Repsol.
Sacyr se encontraba al borde de la quiebra y con la soga al cuello por la presión de las entidades financieras a las que debe más de diez millones de euros.
En esta operación, Pemex tuvo que desembolsar más de mil 150 millones de euros a través de la adquisición de deuda y de pago en efectivo de sus reservas.
Ante la operación, Repsol inició una ofensiva mediática en la cual manipuló las posibilidades reales del acuerdo y asumió una defensoría en torno a los accionistas minoritarios.
Todo formó parte de una intriga que tenía por objeto destituir dentro del consejo de administración a Luis del Rivero quien, por conveniencia, había operado con el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, la alianza con Pemex.
Rivero quería tener de su lado a Pemex porque su plan de negocios es de los más agresivos de las empresas petroleras a nivel mundial y Sacyr tiene problemas financieros graves, con vencimientos de corto plazo.
Sin embargo, el pasado 21 de diciembre Pemex fue informado de que su alianza con Sacyr Vallehermoso quedó sin efecto, toda vez que los españoles vendieron la mitad de sus acciones a Repsol y la petrolera española ofreció un acuerdo a cambio de que no venderle a Pemex el paquete accionario.
Los directivos de Sacyr y de Pemex, que se habían puesto de acuerdo para supuestamente controlar a Repsol, quedaron muy mal parados: Luis del Rivero fue destituido y quedó marginado y Juan José Suárez Coppel es objeto de severos cuestionamientos en México.
Considerandos
Considerando que
De acuerdo con el artículo 27 constitucional, la energía es una actividad estratégica y exclusiva del Estado.
Pemex es una empresa pública encargada de producir y comercializar a nivel nacional e internacional el petróleo que se extrae del subsuelo mexicano.
El petróleo representa uno de los soportes más importantes de la economía mexicana.
La transparencia es una de las premisas para consolidar nuestra democracia.
Es necesario que el órgano representativo de las dos Cámaras del Congreso de la Unión conozcan de viva voz los pormenores de la operación de Pemex para adquirir acciones de la constructora Sacyr y los motivos que llevaron a que la aventura financiera terminara, con resultados negativos para Pemex, en menos de cuatro meses.
Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, para que explique los motivos del fracaso de la asociación de la paraestatal con la empresa española Repsol y el posible quebranto que sufrió la empresa mexicana con esa operación fallida.
Recinto de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.— Diputado José Luis Velasco Lino (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
ECONOMIA MEXICANA EN 2012
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Bancomext y a la SHCP información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En fechas muy recientes y en diferentes foros como la XXIII Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha manifestado que el crecimiento económico previsto para el país para este 2012, no será suficiente respecto de las necesidades básicas en materia de generación de empleos.
Se ha manifestado por parte del Banco de México, así como por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ante la incertidumbre económica que vivirán naciones europeas, los próximos cinco años, nuestro país tiene que generar un dinamismo interno por medio de cambios estructurales para atraer más inversiones.
El gobernador del Banco de México ha manifestado que la actual es una de las crisis más severas de los últimos 120 años.
Asimismo, se ha manifestado que la morosidad crediticia en nuestro país comienza a incrementarse en niveles mayores y que ello implica riesgos e indicaciones claras y contundentes de desaceleración económica.
En términos anuales, el monto de los préstamos a empresas y personas que cayeron en cartera vencida, pasó de 51 mil 824.2 millones de pesos en noviembre de 2010 a 62 mil 886.9 millones en el mismo mes de 2011, variación que representó un aumento de 22.3 por ciento, la tasa de crecimiento de la cartera vencida, de 22.3 por ciento, superó la dinámica que mostró la asignación de nuevos préstamos, dado que, en el mismo periodo, la cartera de crédito vigente de la banca comercial aumentó 15 por ciento.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México informe a esta soberanía, de manera pormenorizada, las proyecciones que elaboró para estimar la tasa de crecimiento de la economía mexicana para el año 2012, y los detalles de los indicadores que permiten revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.
Segundo.Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe y actualice a esta Comisión Permanente del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan ya nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— (Rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
ABASTO DE MAIZ Y LECHE A BAJO PRECIO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche, suscrita por el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Carlos Flores Rico, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el año 2010, 58.5 millones de personas en nuestro país no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, lo que significa se encuentran debajo de la línea de bienestar. En ese periodo, 28 millones de mexicanos tenían carencia de acceso a la alimentación, y 21.8 millones no podían adquirir la canasta alimentaria.
Desde entonces, la insuficiente generación de empleos de calidad y los bajos ingresos han provocado que la pobreza continúe al alza. Según la última medición del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al tercer trimestre de 2010, el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo creció casi 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, de lo que nos llama la atención el relevante incremento en algunas entidades federativas, cómo por ejemplo en Tamaulipas que en el mismo periodo creció 18 por ciento.
En el año 2011 el maíz, uno de los principales componentes de la canasta alimentaria, había aumentado su precio en un 70 por ciento, al tiempo en que la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la empresa paraestatal Diconsa, SA de CV, se ha comprometido a mantener el precio de venta del kilogramo de maíz en cuatro pesos. Por otra parte, otra empresa de participación estatal mayoritaria encargada del abasto social de leche en México, Liconsa, SA de CV, se comprometió a mantener el precio de venta del lácteo que produce en cuatro pesos por litro, acordando además elevar el precio de compra del mismo de 4.70 a 5.30 pesos, lo que obligó a utilizar 113 millones de pesos más a los autorizados originalmente para poder hacer frente el aumento que se registró en este alimento en 2011.
Para este 2012 los pronósticos no suenan nada mejor, al preverse que los precios de los alimentos sigan sustancialmente al alza, al menos las bolsas de futuro señalan que los precios del maíz se mantendrán altos en el primer semestre de este año, aunado a que en este año veremos los estragos que arrojará la más severa sequía de los último años y que en 2011 afectó a 19 de las 32 entidades federativas del país, que impactó sobremanera la producción de granos básicos como el maíz y frijol, lo que representará carestía y, consecuentemente, aumento en su precio.
La severa situación por la que atraviesa el campo mexicano por virtud de la sequía, obligó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a integrar un Fondo Especial para atender contingencias climáticas por un monto de diez mil millones de pesos, a fin de apoyar a los productores y habitantes de las zonas afectadas.
El Fondo Especial tendría por objeto atender los daños causados por la sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato; por las heladas registradas en los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo y Veracruz, así como por las inundaciones ocurridas en el estado de Tabasco.
En su decreto, la Cámara de Diputados consideró integrar el Fondo,entre otros, por los excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011; con los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, así como con las economías que el Ejecutivo Federal hubiera obtenido en el ejercicio del gasto 2011.
Por si esto fuera poco, el aumento en el salario mínimo es francamente insuficiente. El 4.2 por ciento de aumento nominal es apenas una mejora del 0.7 por ciento en términos reales; son tan solo dos pesos con cincuenta centavos más para la zona A, con lo que se establece en 62.33 pesos diarios; dos pesos con cuarenta y cuatro centavos más para la zona B, y dos pesos con veintiún centavos para la zona C.
Al tiempo que conocimos el aumento al salario mínimo, nos enteramos también que la inflación anualizada de la canasta alimentaria fue de 5.17 por ciento en noviembre de 2011 respecto a la del año anterior. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que la inflación anualizada a diciembre de 2011, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue de 3.82 por ciento, pero en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco la inflación fue de 6.02 por ciento. Si bien la inflación es menor a la de 2010, resultó mayor a la observada en 2009.
Así, mientras que los alimentos son el rubro que más sube de precio, su importancia es mayor para los más pobres. La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares muestra que el 10 por ciento de los hogares con menos ingresos dedican el 49.9 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos, solo dedica el 22.9 por ciento
De acuerdo con el Coneval, el valor de la canasta básica definida por la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, aumentó de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 un 30 por ciento. En el mismo periodo, el salario mínimo se modificó apenas 18 por ciento; es decir, la canasta básica se mueve al alza más rápido que los salarios mínimos.
En diciembre de 2011, el frijol negro importado costaba 19.50 pesos por kilo, 45 por ciento más que el año anterior; el kilogramo de tortilla 11.26 pesos; y el de maíz bajó un poco su precio en diciembre a 6.30 pesos por kilo, pero se mantiene aún 61.54 por ciento por arriba de la segunda quincena del mismo mes del año pasado. Así, en el mejor de los casos, el aumento del salario mínimo equivale a poco más de 100 gramos de frijoles o a 220 gramos de tortillas.
Para este 2012, la Secretaría de Economía reporta un aumento de 2 por ciento en las tortillas en autoservicios, tan solo en siete días, o casi 3 por ciento respecto a principios del mes pasado.
No obstante ello, el presupuesto de los programas federales encargados de apoyar el consumo de alimentos básicos como lo son el Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, enfrenta una reducción de un 13 por ciento en su presupuesto respecto al autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011; y los programas de Adquisición de Leche Nacional y de Abasto Social de Leche, se contrajeron ambos arriba del 14 por ciento, con lo que es claro que a menos de que bajen los precios de los alimentos o se generen ahorros en otras fuentes, no sería posible mantener la cobertura observada en 2011, lo que generaría un aumento aún mayor en la población con carencia alimentaria.
A todo lo anterior, no resulta ocioso observar que hay también otros factores que redundarán sin duda en el aumento en los precios de los alimentos, como lo es el aumento gradual en el precio de las gasolinas, el gas y la electricidad, hasta la depreciación del valor de nuestra moneda que obligará a pagar precios más elevados en el exterior de productos alimentarios que tenemos que importar por no ser México autosuficiente, como en frijol, arroz, carne y leche.
Y ante todo ello, ¿qué es lo que está haciendo el titular del Ejecutivo Federal? Pues no solo propuso para los programas de abasto social de alimentos un presupuesto menor para el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2012, sino que nada menos vetar el decreto mediante el cual se integra un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas, argumentando que el mismo invade las competencia del Ejecutivo y porque supuestamente el decreto pretende autorizar una erogación de recursos no prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación sin especificar una fuente cierta de ingresos para cubrirla, lo cual resulta por demás erróneo.
Esta falta de sensibilidad del titular del Ejecutivo Federal de dar respuesta oportuna a las comunidades rurales para abatir los efectos de las contingencias climatológicas, pone de cuenta nueva a los actores políticos del país a una confrontación estéril que no merece el pueblo de México.
La medida de vetar un decreto de la Cámara de Diputados que pretende hacer llegar los recursos para atender los problemas que enfrenta la población a causa de fenómenos naturales, y que ocasionan más desolación y pobreza, en nada ayudará tampoco a que los 28 millones de mexicanos que tienen carencia alimentaria en nuestro país puedan tener una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que como es sabido es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, lo que obliga a que el Ejecutivo Federal realice las acciones conducentes para asegurar que no se reduzca el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza en 2012, ya sea se obtengan estos recursos a través de modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingreso.
Es precisamente en ese contexto, que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realice las acciones necesarias para asegurar que Diconsa, SA de CV, y Liconsa, SA de CV, no reduzcan en 2012 el volumen de abasto de maíz, frijol, leche y otros productos de la canasta básica para las personas en situación de pobreza; ya sean modificaciones presupuestales, reasignaciones, ampliaciones o transferencias de otras fuentes de ingresos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Diputado Carlos Flores Rico (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
PUEBLOS INDIGENAS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a modificar en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas las reglas de operación o definir lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a fin de operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el PEF de 2012, suscrita por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Sofía Castro Ríos, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6; fracción I, 79; numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I a VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Consideraciones
I. En la población y las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, en relación al resto de la sociedad mexicana. Esta es una realidad cotidiana en las ciudades y el campo, reconocida a través de los diversos instrumentos para identificar y medir la marginación y pobreza:
• 55.6 por ciento de las viviendas indígenas cuentan con drenaje, mientras que el promedio nacional es de 86.3.
• 21.6 por ciento de la población indígena de entre 15 y 64 años, es analfabeta en el idioma español, mientras que a nivel nacional lo es 6.3 por ciento de ese mismo rango poblacional. Además es 100 por ciento analfabeta en su propio idioma.
• En las comunidades indígenas mueren 28 niños y en las ciudades sólo 19, antes de cumplir su primer año de vida.
• 80 por ciento de los niños indígenas presentan desnutrición y 44 por ciento son de una estatura baja, y 58 por ciento de un peso inferior al que deberían tener.
• 76.84 por ciento de la población indígena ocupada percibe ingresos inferiores a dos salarios mínimos, cantidad considerada como mínima indispensable para atender los requerimientos de una familia.
• Las estimaciones realizadas en 2011 reconocen que 58 millones de mexicanos son pobres que no tienen el ingreso para satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, alimentación, vivienda, vestido y transporte público. En México es de conocimiento general que entre esta población pobre, los más desprotegidos son los habitantes de las comunidades indígenas del país.
• Entre 2006 y 2011 aumentó la incidencia de la pobreza de patrimonio –el porcentaje de personas pobres–, la cual pasó de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento; a su vez, la incidencia de la pobreza alimentaria aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento.
A todas luces lo anterior denota que los recursos que ha ejercido la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, fueron insuficientes para atender a más de 10 por ciento de la población nacional que es la indígena, sobre todo si consideramos que por los indicadores presentados arriba, ésta se caracteriza por su pobreza y falta de oportunidades, y es evidente que los mecanismos de operación para la ejecución de los proyectos en los pueblos originarios, son anacrónicos y son necesarios nuevos modelos acordes a la necesidad de la población indígena.
II. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene la encomienda de ejecutar el Programa deInfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), en 62 pueblos originarios del país, y actualmente el acuerdo de coordinación con las entidades federativas establece en su clausula IV, tercer párrafo, que los gobiernos de los estados manejarán los recursos del PIBAI a través de una cuenta bancaria específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos del programa, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
III. Los recursos autorizados para el Ejercicio Fiscal de 2011 no fueron ejercidos con oportunidad dada la falta de operatividad de los gobiernos de los estados, (provocando con ello un claro subejercicio), los cuales no cuentan con mecanismos de control y de verificación de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de las obras, generando la desilusión y el desencanto en los pueblos originarios.
IV. En este año electoral, se hace necesaria la implementación de mecanismos ágiles para que los recursos del Programa deInfraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cumplan el propósito para el que fueron autorizados, en el entendido que las delegaciones estatales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y sus centros coordinadores poseen la capacidad técnica y administrativa para asegurar y garantizar un correcto proceso para la aplicación de los recursos desde la licitación, adjudicación y contratación de las obras y adquisiciones necesarias para el aterrizaje de los proyectos.
V. La Ley de la CDI, en el artículo 9, fracción III, faculta a la junta de gobierno para que pueda “Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado”.
El Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el artículo 25, en su fracción VIII, faculta a las delegaciones estatales a “Proponer y celebrar convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, con las dependencias y entidades de la administración pública federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado, respectivamente, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas”;
Y en su fracción IX. “Apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial, así como realizar toda clase de actos inherentes a esta facultad, incluso suscribir en representación de la comisión todos los convenios y contratos que se deriven, así como los demás documentos que impliquen actos de administración”.
Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a efecto de que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), se modifiquen las reglas de operación o, en su caso, se definan lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.
MARCA AGAVE EN TEQUILA, MEZCAL Y BACANORA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a dejar sin efecto la resolución del anteproyecto y, en su caso, proyecto “Declaratoria por la que se regula el uso de la marca Agave en tequila, mezcal y bacanora”, suscrita por los diputados Alfredo Villegas Arreola y Miguel Ángel García Granados, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, Alfredo Villegas Arreola y Miguel Ángel García Granados, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Productores sinaloenses dedicados al cultivo e industrialización del agave, comprometidos con la elaboración de productos de la mejor calidad, expresan su preocupación frente a la intención del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de expedir declaratoria por la que se regule el uso de la marca agave en Tequila, Mezcal y Bacanora.
El propósito de la medida en referencia, busca otorgar el uso exclusivo de la marca agave, únicamente para el uso de las bebidas alcohólicas con protección de denominación de origen al mezcal, tequila y bacanora, excluyendo ilegalmente a cualquier otro producto a base de agave a usar dicha palabra, sean bebidas alcohólicas o no.
Es el caso, ejemplifican, del pulque, los destilados, el jarabe de agave, el sotol, la inulina de agave, la miel de agave y los licores, entre otros.
Estiman que la eventual declaratoria de uso exclusivo del agave reduciría la entrada de competidores nuevos al mercado, en virtud de que podría generar ventajas exclusivas en favor de sólo unos cuantos productores de bebidas con denominación de origen, en detrimento de la conservación y generación de empleos.
A través de una amplia exposición de motivos que ha sido enviada al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), instancia responsable de resolver la declaratoria correspondiente, los productores que demandan la intervención y respaldo de la y los diputados federales por Sinaloa, afirman que la eventual aprobación del decreto que promueve el IMPI, estaría sentando un grave precedente para la competitividad, ya que daría motivo al establecimiento de marcas a palabras comunes o descriptivas de productos de uso general entre toda la población. Todo ello en perjuicio de la productividad.
Califican de ridícula la pretensión del IMPI, ya que indican que el término agave refiere al género de las agaváceas, que es susceptible precisamente de obtener el destilado. Entonces, por lógica simple, toda aquella bebida que tenga al agave corno materia prima base de elaboración, será consecuentemente un producto de agave.
Abundan al respecto que no hay razón para restringir el uso del género científico a determinados productos, como lo es la pretensión de la autoridad regulatoria por determinar la marca agave de forma exclusiva para el mezcal, bacanora y tequila, dado que no puede cambiarse por simple decreto la naturaleza de lo que es y lo que no es, conforme la pretende el IMPI.
Sustentan que al género agave lo componen plantas suculentas que pertenecen a una extensa familia botánica denominada Agavaceae, también conocidas con los nombres de maguey, fique, pita, mezcal, cabuya y agave, aparte de que se reconocen más de 200 especies que pertenecen al mismo género.
Los empresarios promotores de la inquietud que ocupa la presente proposición, anotan que la Ley de la Propiedad Industrial establece con toda claridad lo que se entiende por marca y lo que constituye una marca, al entenderse por ello todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, como son las diferentes plantas pertenecientes al género de las agaváceas.
Citan además un par de tesis jurisprudenciales aplicables a la materia. Una primera, la 1.4o.A.658 A, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, en noviembre de 2008, bajo el registro 168439, que en lo sustantivo determina que la prohibición de registrar los signos descriptivos se apoya en su falta de carácter distintivo, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, proporcionan al público información acerca de sus propiedades y características y obedece este precepto a la necesidad de mantenerlos libremente disponibles, a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.
En tanto que la segunda tesis, la VI-TASR-EPI-116, emitida en octubre de 2009, bajo el registro 51836, ratifica al respecto que si la marca a proteger es indicativa de uno de los ingredientes del producto, esto es, que indican la composición del mismo, es procedente negar su registro, pues esa palabra que se pretende como marca, será de apropiación exclusiva de la solicitante, lo cual no es permisible en nuestro sistema marcario ya que se trata de mantener la palabra libremente disponible para que pueda ser usada por todos los productores que operen en el sector que se trate.
En consecuencia, los empresarios que han manifestado su oposición a la pretensión de declarar la marca agave de forma exclusiva para el mezcal, tequila y bacanora, argumentan que el IMPI no tiene facultades legales para este propósito.
No obstante, destacan que no se oponen a la regulación de eventual regulación de los destilados del agave, siempre que los beneficios de la eventual regulación se orienten a proteger el interés de los consumidores y se aliente la producción de esta planta para impulsar así el desarrollo nacional.
Los productores subrayan que existe el compromiso de elaborar productos de la mejor calidad en cumplimiento estricto a lo que la normatividad establece, para con ello contribuir a la creación de empleos, así como al desarrollo de la industria y generar así beneficios para las regiones del país.
Sobre todo en aquellas que tienen vocación limitada para el cultivo y que si son aptas para la siembra de agave, como ya ocurre en Sinaloa, en cuya geografía se encuentran sembradas miles de hectáreas de esta planta.
Por lo expuesto, elevamos a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se convoca a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, a que exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que deje sin efecto la resolución del anteproyecto y, en su caso, proyecto denominado “Declaratoria por la que se regula el uso de la marca agave en tequila, mezcal y bacanora” en virtud del perjuicio que tal resolución generaría al conjunto de productores nacionales que se dedican al cultivo e industrialización del agave.
México, DF, a 11 de enero de 2012.— Diputados: Alfredo Villegas Arreola, Miguel Ángel García Granados (rúbricas).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE TABASCO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y de la SSP a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en Nuevo Progreso, de Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Históricamente, México ha gozado de reconocimiento internacional por su generosa hospitalidad a favor de miles de desplazados de diversas nacionalidades, quienes buscan salvaguardar su vida huyendo de conflictos armados o de violencia en sus lugares de origen, principalmente.
Basta recordar los eventos masivos de desplazados guatemaltecos en la década de los 80 del siglo pasado, como consecuencia de la guerra civil que azolaba a ese país. Se estima que durante el conflicto armado en Guatemala, 400 mil personas se exiliaron en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos; de ellas, aproximadamente 200 mil personas se refugiaron en nuestro país.
Afortunadamente los conflictos armados en Centroamérica son cosa del pasado, sin embargo, ha surgido una nueva amenaza: las bandas internacionales del crimen organizado y las fuerzas policiacas o militares que hacen víctimas inocentes a los ciudadanos comunes.
Esta situación de desplazamiento se está presentando en dos formas: interna, consistente en el desplazamiento de ciudadanos mexicanos que cambian su lugar de origen o residencia ante la violencia generalizada; y, en menor medida, externa, es decir, de extranjeros que huyen de sus países ante las amenazas de las fuerzas institucionales o de facto.
Tal es el caso de las familias guatemaltecas desplazadas por el Ejército guatemalteco de la comunidad “Nueva Esperanza”, del municipio La Libertad, departamento de Peten, Guatemala, el 23 de agosto de 2011, bajo el argumento de que se encontraban establecidas ilegalmente dentro de la reserva de la biosfera maya, atribuyendo además responsabilidad por actividades ilícitas referentes al narcotráfico.
Cabe señalar que dichas familias, al cruzar la frontera de manera desordenada, debieron afrontar la fragmentación de sus comunidades y la destrucción de su tejido social, amén del constante y permanente acoso e intimidación de las autoridades migratorias y policiacas mexicanas.
Lamentablemente, estas amenazas se hicieron realidad el pasado 9 de enero, cuando, de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y de distintos medios de comunicación, mediante un operativo realizado sorpresivamente, fueron desalojados con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011.
Las ONG denuncian que tuvieron conocimiento que alrededor de las seis horas del lunes 9 de enero, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
También refieren que las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos y violación de derechos humanos por parte de los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Igualmente denuncian que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco. Como antecedente a este hecho, el 19 de diciembre de 2011 otros funcionarios federales acudieron al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas.
Resaltan las ONG que Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, así como las diversas organizaciones denunciantes, sostuvieron reuniones con René Zenteno, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Salvador Beltrán del Río, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, y funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a fin de que se respetaran los derechos humanos de las familias guatemaltecas ahí desplazadas. En la más reciente reunión, apenas el pasado 4 de enero, se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.
Ante la situación en la cual miembros de la Policía Federal y de Migración desalojaron a los desplazados, con miras a una posible repatriación, manifiestan su preocupación ante el riesgo de que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, reiteran que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable. Asimismo, deploran la inobservancia de los acuerdos que se habían tenido con las autoridades, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya de por si vivían una situación crítica y entre los cuales hay 115 niñas y niños.
Finalmente, este desalojo se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado. Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas, amén de la probable violación de derechos humanos de los que fueron objeto.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar con carácter de urgente resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.Se cita a comparecer ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública federales, así como a los comisionados del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 115 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.
Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a abstenerse de repatriar a las familias guatemaltecos que se encontraban asentados en la franja fronteriza entre Guatemala y México, en territorio Tabasqueño, así como para que se salvaguarden y garanticen sus derechos humanos.
Tercero.Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades, se dé inicio a una investigación a fin de deslindar responsabilidades por la probable violación de derechos humanos en contra de las refugiadas y los refugiados guatemaltecos en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de trabajo.
ESTADO DE TABASCO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal con la del presidente de Guatemala para determinar las acciones conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados desalojadas la madrugada del 9 de enero en Tenosique, Tabasco, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la república por el estado de Chiapas en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo que se fundamentan con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 9 de enero, 90 familias guatemaltecas refugiadas fueron violentamente desalojadas de un campamento en Tenosique, Tabasco, mismas que se encontraban asentadas en este municipio desde el 23 de agosto de 2011.
En esa fecha, los guatemaltecos fueron expulsados de forma violenta de la comunidad Nueva Esperanza, en Guatemala, adonde supuestamente no podían volver porque sus vidas corrían peligro.
Diversas organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos humanos, denunciaron presuntas violaciones a las garantías individuales de estos migrantes guatemaltecos durante el operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración (INM).
Estas familias de refugiados fueron arbitrariamente subidas a camiones y violentadas físicamente durante el operativo policiaco, donde se detuvo a niños que fueron separados de sus familias para obligar a los padres a regresar a Guatemala.
Según los datos proporcionados por organizaciones pro derechos humanos, decenas de personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y conducidas a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
Cabe mencionar que desde diciembre del año pasado y principios de este, existían negociaciones entre el Centro de Derechos Humanos Usumacinta y las autoridades mexicanas para concretar la reubicación de estas familias guatemaltecas, compuestas principalmente por campesinos que fueron expulsadas por el ejército guatemalteco.
El 19 de diciembre del año pasado, autoridades mexicanas intentaron convencer a los extranjeros de regresar a su país, pero ellos pidieron esperar las negociaciones con sus autoridades para una posible reubicación antes de tomar la decisión y para resguardar su integridad física.
La acción policíaca que no tuvo otro objetivo que la deportación burda, contraviene los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por lo que, desde el Congreso de la Unión, hacemos un llamado urgente para respetar los derechos humanos de los desplazados y buscar el acercamiento y compromiso de las autoridades guatemaltecas para apoyar a las familias que se encontraban refugiadas en nuestro país.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, su intervención directa para determinar acciones conjuntamente con el presidente de Guatemala, conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados guatemaltecos que fueron arbitrariamente desalojados por personal del Instituto Nacional de Migración, policías federales y municipales, la madrugada del 9 de enero del presente año, en el municipio de Tenosique, Tabasco, poniendo en riesgo la salvaguarda de sus derechos humanos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a ejercer su facultad de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el caso de las 90 familias guatemaltecas que fueron desalojadas en forma violenta de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de diciembre del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que envie un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de 90 familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a actualizar el Reglamento de Cooperativas Escolares, garantizando la participación de padres de familia, suscrita por la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Lucila del Carmen Gallegos Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente, garantizando la participación de padres de familia y la prohibición de la venta de alimentos sin aporte nutrimental o que favorezca la obesidad , al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de junio de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se adicionan una fracción XIII al artículo 7, y una fracción XI, pasando la actual, a ser fracción XII, al artículo 14 de la Ley General de Educación, cuyo artículo segundo transitorio a la letra dice:
“Segundo.El Ejecutivo federal deberá actualizar y modernizar el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente desde 1982, utilizando para tal fin el esquema de participación sectorial que más convenga a la dependencia, en un plazo no mayor a sesenta días a partir de la publicación del presente decreto.”
No obstante lo dispuesto en el citado artículo transitorio, y de haber transcurrido más de cinco años desde su publicación, el Reglamento de Cooperativas Escolares no ha sido actualizado ni modernizado.
A fin de responder a las nuevas necesidades y situaciones que se requiere regular, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha emitido una serie de disposiciones a través de instrumentos como circulares o lineamientos, que no constituyen sino paliativos que poco abonan a la generación de reglas claras en la materia.
En la actualidad, de acuerdo al reglamento vigente, pueden formar parte de las cooperativas los maestros, los empleados de las escuelas y los alumnos. Sin embargo, debemos tener presente la existencia de una relación de supra a subordinación entre maestros y alumnos, relación que genera, en algunos casos, abusos por parte de los docentes en la operación de estas sociedades y un evidente conflicto de intereses.
En este sentido, consideramos que a fin de contribuir a la eliminación de este tipo de abusos, la modernización y actualización del reglamento en cita debe tener en cuenta un nuevo aspecto: la incorporación de la participación de padres de familia en las cooperativas, cuyo papel, además de fortalecer el cooperativismo, será estar al tanto de los intereses y derechos de los alumnos, de sus hijos.
Otro aspecto que pensamos fundamental incluir en el reglamento es el relacionado con la calidad y valor nutrimental de los alimentos que expenden las cooperativas al interior de los planteles escolares. No debemos olvidar que México tiene el primer lugar en obesidad infantil, enfermedad que ya causa en nuestras niñas y niños problemas de salud importantes como la diabetes e hipertensión arterial.
Sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha emitido lineamientos sobre este particular, no obstante, consideramos que incorporar en el reglamento la prohibición de la venta de alimentos de nulo aporte nutrimental, así como la restricción de ingredientes y procesos que dañen la salud y favorezcan la obesidad, lo dotaría de mayor fuerza legal y permitiría a la citada dependencia un mejor control.
Las cooperativas escolares tienen la particularidad de que en ellas participan menores de edad, razón por la que nosotros como legisladores, el Ejecutivo federal, el de los estados y el del Distrito Federal debemos prestar especial atención en la salvaguarda de sus derechos. Esta situación nos lleva a dictar las normas e implantar las políticas, que en atención al principio de interés superior de la infancia contenido en tanto en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, como en el artículo 4o. constitucional, garanticen el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en general y el que su calidad de socios les otorgue en lo particular.
Por lo expuesto, es que someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a efecto de que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares vigente, garantizando la participación de padres de familia y la prohibición de la venta de alimentos sin aporte nutrimental o que favorezca la obesidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
TARIFAS ELECTRICAS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a supervisar el actuar de la CFE en los cobros de luz por la temporada de invierno, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a supervisar el actuar de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los cobros de luz por la temporada de invierno, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La CFE es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 34.2 millones de clientes, lo que representa más de 100 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de 1 millón de clientes nuevos.
El sector eléctrico en México se considera estratégico para la soberanía nacional. Según establece la Constitución, el sector eléctrico es un área reservada a la federación, y la CFE controla todo el sector, siendo ésta la que ha reconocido la necesidad de implementar tarifas diferenciadas atendiendo a la temperatura promedio de cada región, pues es evidente que existe una relación directa entre este factor climático y el consumo de energía eléctrica.
Uno de los principales gastos que se tienen en una casa de familia es el pago de la energía eléctrica, un servicio básico de uso diario, por lo cual se hace necesaria una estrategia encaminada a abordar y capturar el efecto del cobro irregular debido a desperfectos o fallas que presentan ciertos medidores.
La situación económica actual, en la que las tasas de desempleo e inflación se han incrementado notablemente en los últimos años y que el pago de energía eléctrica representa aproximadamente 12 por ciento del gasto corriente monetario de los hogares mexicanos más pobres, según la Encuesta Ingreso-Gasto de 2006, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En 1996, los hogares más pobres del país gastaban en energéticos el equivalente a 10.6 por ciento del ingreso, en tanto que los ricos destinaban 2.8.
Según los datos recabados por la Procuraduría Federal del Consumidor, ascienden a 66 mil las quejas de las cuales 92 por ciento es por cobros excesivos e injustificados a los consumidores. Al hacerse las investigaciones debidas, Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) arrojó que las cifras no cuadran en el número de denuncias y mucho menos en los requerimientos de pago.
A partir de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el nuevo proveedor energético, se hizo merecedor de multas por la Profeco de hasta 2 millones 372 mil pesos, su grado de incompetencia a llegado a tal grado, que tan solo en los 3 primeros meses del año pasado se iniciaron 183 procesos de multas por infracciones de la ley.
Los ciudadanos en general son víctimas de esta serie de abusos e injusticias, que perturban la paz social. Las tarifas eléctricas trascienden de forma directa en el comportamiento general de los precios de los bienes y de los servicios. Repercuten asimismo en la vida social y en la actividad económica.
La energía eléctrica se ha convertido en elemento imprescindible para el desarrollo del ser humano en sociedad y, en consecuencia, para la mayoría de las actividades que generan progreso y desarrollo, pues representa un insumo básico para incrementar la calidad de vida de la población. Durante 2011, las tarifas industriales acumularon un incremento de 36.9 por ciento. De acuerdo con información de la CFE, la tarifa industrial en horario base aumentó en diciembre a 0.9832 centavos por kilowatt-hora; esto es, 4.6 por ciento respecto a noviembre de este año y prácticamente 37 por ciento en comparación con diciembre de 2010.
Por su parte, los usuarios domésticos de alto consumo pagarán, al cierre de 2011, 2.5 por ciento más respecto a noviembre y 17.7 por ciento más que en diciembre del año pasado, lo que significa 3.722 pesos por kilowatt-hora. La tarifa industrial en horario punta –entre las 19:00 y las 22:00 horas– acumuló un aumento de 23.4 por ciento en el año.
Los factores de la energía eléctrica como la calidad y el precio inciden directamente en el bienestar y el ingreso de las familias, debido al consumo de uso doméstico, y en la generación de empleos por su efecto en las decisiones de inversión. Así lo demuestran los indicadores del Inegi relacionados con la manera en que se distribuyen los gastos.
Desde hace unos años hemos visto cómo en México el consumo de energía eléctrica se ha convertido en un lujo. Entendiéndose que es una necesidad básica para las familias, éste servicio a pesar de ser suministrado por una empresa propiedad del gobierno federal, cuenta con tarifas costosas, tomando en cuenta que México es un país en donde más de 60 por ciento de la población cuenta con algún tipo de nivel de pobreza.
De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en 2006 sobre las tarifas eléctricas en América. En México se pagan tarifas más altas de luz que en países desarrollados. Aquí el comparativo: un usuario residencial de clase media de la Ciudad de México que consume 420 kW/h en un bimestre, que incluye vivir en una casa de dos recámaras, con sala y comedor, refrigerador, televisión, lavadora, plancha y ocho focos de 75 vatios, paga aproximadamente 66 dólares (700 pesos). Esto, sin considerar que en la época decembrina se gasta más luz en las casas, lo que provoca un incremento del consumo de energía eléctrica y, evidentemente, mayor pago, que muchas veces está mal calculado, provocando abusos a la hora de cobrar por la CFE.
No obstante las tarifas son únicas a nivel nacional, lo que varían son los subsidios, y ésos se establecen con base en las temperaturas de la región: donde hace más calor el subsidio es mayor. Los subsidios se determinan con la información anual que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales o la Comisión Nacional del Agua sobre las temperaturas de una entidad y la CFE en base a esos datos pide autorización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cualquier cambio o aumento de dichas tarifas. Por ello es indispensable la participación del gobierno federal por la Secretaria de Energía para establecer una estrategia preventiva y revisar que no existan abusos en los cobros de luz a las familias mexicanas.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Energía a tomar las medidas preventivas necesarias y, en el uso de sus facultades, evitar que la Comisión Federal de Electricidad realice cobros excesivos e injustificados a los habitantes del Distrito Federal por el consumo de energía eléctrica de la pasada temporada de invierno.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior, suscrita por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado federal Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El lunes 9 de enero, Felipe Calderón Hinojosa anunció el Programa de Financiamiento de Educación Superior, por medio del cual estudiantes de este nivel pueden adquirir créditos de hasta 215 mil pesos a nivel licenciatura y de 280 mil pesos a nivel posgrado. Una vez terminados los estudios se darían seis meses para que los egresados puedan conseguir empleo y tendrían 10 años para liquidar el préstamo con tasas fijas del 10 por cierto.
Calderón informó que el plan contempla canalizar en su primera etapa más de 2 mil 500 millones de pesos, accesibles para estudiantes de licenciatura, posgrado y educación técnica superior siempre y cuando accedan a alguna de las 21 universidades privadas en el país suscritas. Se estima que en este año podrán acceder a los recursos 23 mil jóvenes mexicanos que podrán recibir cada uno hasta 280 mil pesos, sin aportar una garantía hipotecaria.
A pesar de tocar uno de los temas fundamentales para el desarrollo del país, el acceso a la educación superior, el presente programa plantea varias dudas respecto a su viabilidad, eficiencia y responsabilidad social.
En primer lugar, resulta muy cuestionable la visión de Estado que se está proponiendo debido al bajísimo nivel de responsabilidad social que este programa tiene para saldar deudas históricas con la población, en este caso en términos de educación. En este sentido, resulta muy discutible que la respuesta sea endeudar a los jóvenes menos favorecidos que deseen seguir estudiando cuando la educación es un derecho que el Estado debería garantizar a su población, sobre todo a aquélla donde a la que no ha podido garantizar un piso mínimo de igualdad de oportunidades. Es decir, no sólo se le debe oportunidades a este sector sino que para pagarles el gobierno federal ahora recurre a endeudarlos financieramente.
Es más cuestionable aun, cuando en nuestro país un crédito con tasa de 10 por ciento de interés resulta difícil de empezar a cubrir con regularidad 6 meses después de haber terminado los estudios si consideramos que, los jóvenes graduados padecen las peores condiciones laborales y de salarios. Además es el sector de la población que mayor dificultad tiene para entrar al mercado laboral. De los actuales casi 2.8 millones de desempleados que el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reporta en el país, aproximadamente la mitad son jóvenes, es decir, 1.4 millones, de entre ellos los más perjudicados son los de mayores niveles de preparación. En este sentido no sólo es una irresponsabilidad social endeudar a los jóvenes menos favorecidos sino que además dadas las adversas condiciones laborales del país, principalmente para los jóvenes, es un programa que puede resultar poco sustentable.
Cabe también mencionar que este programa incluye hasta el momento sólo 21 universidades privadas sin que si especificaran los parámetros de selección y control en términos de calidad educativa. De no establecerse criterios claros gran parte de los recursos beneficiará a las universidades “patito”, que ofrecerán una formación “patito”, es decir, un desarrollo “patito” financiado con recursos públicos. El costo de oportunidad es grande pues con estos recursos se podrían ampliar de manera importante la cobertura en las universidades públicas así como mejorar su capacidad de investigación, para competir por las becas y para mejorar su calidad educativa.
El programa también presenta cuestionamientos en términos de eficiencia puesto que se trata de créditos que concentran una cantidad importante de recursos en pocos estudiantes sin resultados evaluados. Calderón ha señalado que se contempla canalizar en la primera etapa 2 mil 500 millones de pesos y sólo se llegaría a 23 mil jóvenes el primer año. Con esta misma cantidad se podría becar a 500 mil estudiantes anuales de niveles bachillerato y universidad bajo el esquema Programa Prepa SI que ha probado tener éxito tan los índices de deserción y aprovechamiento en los estudiantes de la Ciudad de México. En otras palabras, habría 2 mil por ciento más de beneficiarios en un programa con resultados probados.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo de la república, a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior, con la finalidad de que cumpla con mayores parámetros de responsabilidad social, eficacia, eficiencia, calidad educativa, impulso a la educación pública y sustentabilidad.
Notas:
1 Proceso,“Lanza Calderón programa de becas para estudiantes de nivel superior”, 9 de enero de 2012
http://www.proceso.com.mx/?p=294302
2 http://conexiontotal.mx/2012/01/09/presenta-fch-plan-de-becas-a-universitarios/
3 Cálculos propios con base en la información presentada por el Informe del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), La Jornada,“Explosivo aumento del desempleo juvenil; los mejor instruidos, entre los más perjudicados”, 25 de julio de 2011
http://www.jornada.unam.mx/2011/07/25/politica/002n1pol.
4 Alguno de los planteles son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Panamericana, Tecnológica, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Jesuita de Guadalajara.
Universidades del Claustro de Sor Juana, Justo Sierra, Latina, Intercontinental, del Valle de Atemajac, Tangamanga y Contemporánea, además del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys Universidad).
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/5ef5a29b88a5b226fc38 e7cde1bb02ec
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de enero de 2012.— Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
PETROLEOS MEXICANOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general de Pemex para que informe sobre la situación y relación con la petrolera española Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso, suscrita por el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
El diputado, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Según información de diversos medios, el pasado 2 de septiembre, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó de la adquisición de 56 millones 377 mil 90 acciones de Repsol YPF, representativas del 4.62 por ciento del capital de la petrolera española, de la que pasó a poseer el 9.43 por ciento. La compra de estas acciones formaba parte del acuerdo alcanzado con la empresa Sacyr-Vallehermoso para controlar conjuntamente el 29.8 por ciento de Repsol.
Desde que fue anunciada esta operación generó diversas interrogantes debido a la opacidad que la ha acompañado. Por ejemplo, nunca se presentó por parte de Pemex un análisis serio del beneficio nacional esperado o justificación financiera para que comprara 5 por ciento más de las acciones de la petrolera española Repsol. Esto resulta difícil de evaluar pues por la falta de transparencia no se conocieron en su momento las condiciones de la inversión.
A tal grado llegó el encubrimiento que ni los consejeros profesionales del Consejo de Administración de Pemex sabían con certeza en qué consistía: en entrevista con el periódico El Universal, el 5 de septiembre, es decir, 3 días después del anuncio de la compra, el consejero profesional de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón señaló “Sabemos lo que sabe todo mundo, lo que no quiere Pemex; pero qué ganará, no”.
Adicionalmente, la publicación del periódico La Jornada del lunes 5 de septiembre, afirmaba tener una copia de un contrato firmado el 29 de agosto del 2011 por medio del cual Pemex capitaliza con mil 700 millones de dólares a la petrolera ibérica Repsol YPF. Según esta fuente, el consejo de administración de Pemex acababa de ser informado del proceso de compra. Por si fuera poco, en el acuerdo que tendría una vigencia de 10 años, Pemex aceptó someterse a las leyes españolas y a los tribunales de Madrid pues el contrato define que “cualquier controversia que pueda surgir” en relación con el acuerdo “se regirá por el derecho común de España”.
La falta de transparencia y opacidad acaba de dar pésimos resultados para el país. Como hemos visto en diversos medios de comunicación, a mediados de diciembre la constructora Sacyr rompió el acuerdo que se había alcanzado en septiembre con Pemex al vender de manera unilateral el 10 por ciento de su participación en la petrolera Repsol. En otras palabras, con esta decisión, se rompió el pacto de sindicación entre Sacyr-Vallehermoso y Pemex por medio de cual alcanzaban conjuntamente el 29.8 por ciento de Repsol y les permitiría influir de manera importante en la gestión de la compañía y asumir una mayor representación en la toma de decisiones.
Aunque Pemex analizó la posibilidad de proceder legalmente por incumplimiento de contrato contra Sacyr, el director general de Pemex, Suárez Coppel señaló el pasado 8 de enero que se continuaría con el proceso de normalización con Repsol y los demás accionistas para alcanzar un convenio que les permitiera participar más en el Consejo. En este sentido, se podría incrementar la participación de Pemex a un 12.5 por ciento de las acciones, lo que ocasionaría que se cuente con otro consejero más. No obstante, también existe la posibilidad de que la participación se reduzca a sólo 6 por ciento de la acciones. Respecto al convenio con Sacyr, Suárez Coopel mencionó que no se daría penalización en un juzgado puesto que no se rompió el acuerdo previamente pactado, esto se debe a que “lo que hizo Sacyr es que los bancos que tenían en prenda de las acciones que le habían dado en 2006 para tener el 20 por ciento de Repsol, le aplicaron el pacto de ejecución, por lo que los bancos le vendieron a Repsol; es decir, Sacyr no vendió".
En resumen, este proceso que ha estado marcado por la opacidad, con miles de millones de pesos de inversión de por medio, en un sector estratégico para el desarrollo del país como es el petróleo ha fracasado y Pemex como si no pasará nada. Es decir el pacto internacional con Sacyr que justificaba según la paraestatal la mayor inversión en Repsol pues le permitía permitir más activamente en las decisiones de la petrolera española se rompió y Pemex dice que no hay nada que hacer. Esto nos demuestra que en los malos principios hay malos fines, que el acuerdo se negoció mal. Sin embargo en una democracia hay rendir cuentas, no se vale decir “ni modo” o “ya que”, sobre todo cuando se juega con el patrimonio de millones de connacionales.
Para evitar que esto se vuelva a repetir, es también urgente que Pemex informe con precisión cuál es el curso de acción que pretende seguir y en caso de que se piense ampliar la participación al 12.5 por ciento de las acciones de Repsol, cuáles serán las fuentes de financiamiento para garantizar la viabilidad financiera del uso de los recursos públicos. Según el propio Director General, Pemex tendría que comprar un 3 por ciento más de las acciones de Repsol, lo que supondría una inversión adicional de entre 650 a 700 millones de euros.
Por lo que hemos señalado hasta aquí, es urgente que se aclare lo que ha venido sucediendo en el caso Pemex-Repsol, que se asuman responsabilidades y se conozca sin opacidad el plan de acción a seguir y sus implicaciones en términos del erario público y patrimonio de millones de mexicanos. Está en el mejor interés para nuestro país que Pemex tenga un proceso de internacionalización responsable, no basta con comprar acciones es necesario tener una buena alianza y una estrategia alcanzable.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta al ciudadano Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, para que comparezca en esta soberanía a efecto de que pueda informar sobre la situación de la relación con la petrolera española Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso, en especial respecto a su fundamento legal; los costos de la actual ruptura del acuerdo con Sacyr-Vallehermoso; su futuro plan de acción, sobre todo respecto a su financiamiento con recursos públicos; y las implicaciones de la resolución de controversias con un marco legal extranjero.
Notas:
1 Ver por ejemplo, “Accionistas de Repsol piden aclarar compra de Pemex”, El Universal, 6 de septiembre de 2011 http://www.eluniversal. com.mx/notas/791345.html
2 “Desconocen interés real de Pemex por Repsol”, El Universal, 5 de septiembre de 2011 http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/89191. html
3 Pemex se somete a leyes españolas en negocio con Repsol, 6 de septiembre de 2011
4 Luis Carriles, “Pemex tomará acciones contra la española Sacyr” El Universal, 5 de septiembre de 2011,
http://www.eluniversal.com.mx/notas/820535.html
5 Grupo Fórmula, “Normalizan relaciones Pemex y Repsol: Suárez Coppel. En Fórmula Financiera, 9 de enero de 2012, http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=218520
6 “Pemex quiere llevar al 12.5 por ciento su cuota en Repsol” 9 de enero de 2012, http://www.mdzol.com/mdz/nota/354418-pemex-quiere-llevar-al-12-5-su-cuota-en-re psol/
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 11 de enero de 2012.— Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE NAYARIT
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca , senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Los estados del norte del país, productores de frijol de temporal, fueron afectados por fenómenos climáticos; sequía y heladas que repercutieron significativamente en la disminución de los volúmenes de producción de esta leguminosa, situación que impactó de manera significativa en los inventarios, por lo que no es arriesgado pensar en un desabasto de frijol en el país.
El estado de Nayarit, uno de los principales productores de frijol en el país, es considerado, para el ciclo agrícola otoño-invierno 2011-2012, como estratégico para incrementar la producción de frijol, debido a las características agroecológicas y a las ventajas comparativas que tiene con otros estados, ya que cuenta con suelos de humedad residual que permiten establecer el cultivo y agua suficiente para los riesgos.
Segunda. Los productores de frijol de Nayarit cuentan con cinco sociedades de producción rural de responsabilidad limitada, integradas por más de 500 asociados en los municipios de Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla y Tuxpan. Dichas sociedades están inscritas en el Sistema Producto Frijol Nacional y Estatal. Estas organizaciones produjeron en los ciclos otoño-invierno 2009-2010, y 2010-2011, un total de 8 mil 353 toneladas de frijol, cubriendo las etapas de producción, acopio y comercialización.
Sin embargo, las organizaciones de productores han solicitado a los integrantes y participantes del Sistema Producto Frijol Nacional y Estatal, así como a Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), entreguen a la brevedad los apoyos pendientes al acopio y a la comercialización de frijol de los ciclos agrícolas otoño-invierno 2009-2010, y 2010-2011 para recuperar garantías líquidas.
La producción de frijol en el estado de Nayarit entró en crisis hace dos ciclos debido a las lluvias e inundaciones que repercutieron en la maduración del grano y en el proceso de cosecha, obteniendo aproximadamente 20 por ciento de la cosecha con exceso de humedad.
Tercera.Meses antes de la cosecha, Aserca le pidió a las organizaciones de productores que pagaran el frijol a más de 12 mil pesos por tonelada, para así tener derecho a los apoyos. Las organizaciones lo pagaron a 13 mil pesos por tonelada, porque en los dos ciclos anteriores el mercado había pagado el frijol de origen a más de 15 mil pesos por tonelada.
Pero cuatro meses después de la cosecha, Aserca publicó sus lineamientos, estableciendo un precio de 10 mil 500 pesos por tonelada para los productores, lo que se convirtió en el precio máximo que pagaron los compradores que Aserca había enviado a Nayarit como agentes técnicos para hacerse cargo de la comercialización del frijol.
Como Aserca bajó los precios, en los mercados de abasto los productores tuvieron grandes problemas por lo elevado del precio de la tonelada de frijol –lo que habían hecho debido a las primeras instrucciones de Aserca. Por tal motivo, los productores y las organizaciones que acopiaron el frijol a 13 mil pesos por tonelada, tuvieron que vender, 18 meses después, a 7 mil quinientos y 8 mil quinientos la tonelada de frijol, ya que los apoyos Aserca los había entregado a los agentes técnicos y a los comercializadores nacionales, dejando fuera a las organizaciones de productores en Nayarit, lo que les causó pérdidas cuantiosas, quedando en cartera vencida e inscritas en el buró de crédito.
Cuarta. Las organizaciones nayaritas perdieron dinero entre el precio de compra y el precio de venta del frijol, además de los gastos de operación, por el desplome producido por esta política de Aserca, la que impactó el precio del frijol en los mercados de mayoreo, aunque el precio al menudeo nunca bajó para los consumidores.
Las organizaciones que acopiaron y comercializaron reclamaron los apoyos, comenzando un largo esfuerzo para cumplir con una complicada documentación que, a 21 meses aún no han pagado a todas las organizaciones.
Quinta. Por las operaciones del ciclo anterior, las organizaciones quedaron en cartera vencida, ya no pudieron dar crédito a los productores y solamente se les proporcionaron algunos insumos, como pequeños préstamos, semillas, fertilizantes y en algunas ocasiones apoyos para el trabajo de preparación de tierras, como se había venido haciendo en todos los ciclos, porque son las organizaciones de productores las que apoyaban con el crédito y los insumos, esparciendo los recursos que les prestaba la banca y Financiera Rural, para cobrar en cosecha.
Sin embargo, al entrar en cartera vencida, las organizaciones ya no pudieron cumplir con el papel que habían venido desempeñando por más de 10 años, gracias a una política equivocada implementada por Aserca.
Aunado a lo anterior, los grandes compradores enviados por Aserca no regresaron al siguiente ciclo, por lo que los productores quedaron sin apoyos.
Sexta. En este ciclo 2010-2011, los productores solicitaron a los socios que depositaran a consignación en las bodegas que tienen en propiedad o rentadas, porque no tenían créditos para pagar su frijol, para así venderlo en común y gestionar los apoyos para pagarles un mejor precio que les conviniera a los productores y a las organizaciones.
Sin embargo, el frijol que acopiaron en febrero y marzo todavía no han podido colocarlo para terminar con la gestión de los apoyos.
Aserca le pidió a los productores de frijol de Nayarit que firmaran una carta donde aceptaban reducir de 927 mil 459 toneladas que acopiaron, a 772 mil 883 toneladas, cantidad mucho menor a la real. Además, le dijeron que aceptaban esa proposición o la dejaban, ya que ellos no iban a pagar más de un porcentaje, explicándoles que algunos compradores –seguramente en complicidad con algunos productores y organizaciones–, aceptaron asociarse con los comercializadores de frijol que no produjeron y no acopiaron.
Pero a esos productores que no produjeron y no acopiaron les dieron dinero de más. Por lo que ahora quieren que regresen el dinero porque dicen que se lo llevaron. La realidad es que ese dinero fue entregado por funcionarios corruptos y ahora no encuentran cómo pagar el frijol que debe apoyarse.
Séptima. Actualmente, las autoridades encargadas no cuentan con el dinero para pagar la operación y tampoco para pagarles un remanente a los productores, por lo cual hay una crisis en muchas organizaciones de frijoleros, como las que se encuentra en el estado de Nayarit, ya que éstas no se prestaron a ser cómplices ni se supeditaron a la corrupción.
Adicionalmente, estas organizaciones de productores no cuentan con créditos, ingresos, ni con insumos, por lo que se les dificulta continuar funcionando.
Octava. Por todo lo anteriormente expuesto, considero pertinente que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol en el estado de Nayarit, en la cosecha 2009-2010 de fríjol negro jamapa, con una quita de dinero equivalente al daño sufrido por las equivocadas políticas de Aserca, la cual se constituiría por las pérdidas debidas al diferencial de precios que instruyó Aserca, por los gastos de operación de la cosecha y por los gastos de habilitación y financiamiento con excesivos intereses normales y moratorios, incluyendo los pagos hechos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por impuestos a cargo de terceros que pagaron las organizaciones.
Además, será necesario que para los siguientes ciclos de producción, acopio y comercialización de frijol, se establezcan programas diferentes con recursos aprobados por la Cámara de Diputados, pero que sean supervisados por las instancias legislativas, para tener la certeza en el manejo de los recursos destinados para dichos apoyos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, con el objeto de resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol de ese estado, en la cosecha 2009-2010 de fríjol negro jamapa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
CULTURA WIXARIKA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a diversos gobernadores a cumplir el pacto de Huaxa Manaka para la preservación y el desarrollo de la cultura wixárika; y a la Secretaría de Economía, a informar sobre las concesiones a empresas mineras en ese territorio, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, a cumplir con el Pacto de Huaxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, así como solicitarle a la Secretaría de Economía un informe sobre la adquisición por parte de la empresa minera canadiense Revolution Resourses Corp. del 100 por ciento de las concesiones mineras de la empresa Lake Shore Gold y, en especial, de la que se encuentra en el territorio sagrado de Wirikuta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera.En México habitan alrededor de 25 mil wixaritari o huicholes, residentes al sur de la Sierra Madre Occidental, en 11 municipios de los estados de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas, ocupando una zona de aproximadamente 700 mil hectáreas.
Los wixaritari tienen su propia concepción sobre el origen de la vida, del universo, de los dioses y de la Madre Tierra. Una de las características principales de sus creencias religiosas es la asociación que se da entre el maíz, el venado y el peyote. El maíz y el venado representan su sustento vital, en tanto que el peyote es el medio más importante para trascender el mundo profano y la manifestación material más obvia de lo sagrado; por lo que su mitología, sus rituales, fiestas, organización material y temporal de vida, giran alrededor de ellos.
Las ceremonias más importantes para los wixaritari están estrechamente relacionadas con el ciclo agrícola (maíz y peyote). La fiesta de las primeras mazorcas, también conocida como del tambor o del elote tierno, tienen una gran importancia para su preservación cultural, pues en ellas se relata la peregrinación a la tierra de Wirikuta (tierra del peyote y lugar sagrado donde moran los dioses), la cual realizan para rencontrarse con los dioses y buscar a través de ellos el paso hacia una nueva vida.
Segunda.Los wixaritari rezan en Wirikuta para que la vida continúe para todos los seres vivientes de este planeta y para que su cultura se mantenga y no desaparezca. Toda una cosmovisión.
Wirikuta es un extenso territorio que se encuentra al norte del estado de San Luis Potosí, en el altiplano potosino, y que abarca la Sierra de Catorce y una gran planicie al oeste de dicha sierra. Todos los años, los wixaritari realizan su peregrinación a Wirikuta, partiendo de distintas comunidades en la Sierra Madre Occidental. Para ello recorren rutas ancestrales y visitan docenas de sitios sagrados naturales, donde residen sus deidades y llevan a cabo rituales sofisticados y depositan ofrendas. Al llegar a Wirikuta, visitan la cima del Cerro Quemado o Leunar (en wixárika), donde se venera el nacimiento del sol.
Tercera.El 28 de abril de 2008, con la presencia del titular del Poder Ejecutivo federal, los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas firmaron el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, en el que se comprometieron, en el marco de las atribuciones establecidas en sus respectivas constituciones políticas y leyes orgánicas estatales, a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de peregrinación del pueblo wixárika, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.
Dichas acciones consistían, principalmente, en realizar un análisis sistemático a la respectiva normatividad estatal en materia indígena, para proteger y salvaguardar los lugares sagrados como sitios de patrimonio histórico cultural del pueblo wixárika; promover y difundir el significado e importancia de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo wixárika, como medio para garantizar las expresiones y manifestaciones de actos y prácticas de interculturalidad de la nación mexicana, de manera especial en los estados donde viven y transitan los wixaritari; fomentar espacios para el análisis y la concertación de los grupos sociales, con la participación de las instancias gubernamentales, para que los representantes del pueblo wixárika estén en condiciones de definir y poner en marcha las acciones que permitan dar continuidad a sus tradiciones y costumbres; que las dependencias y entidades de la administración pública realicen acciones para la protección y salvaguarda de los sitios sagrados del pueblo wixárika; y facilitar el libre tránsito de los peregrinos wixaritari con los elementos propios de su cultura por las rutas de peregrinación y actividades propias de su tradición cultural.
Cuarta.Sin embargo, a más de tres años de haberse firmado el Pacto de Hauxa Manaka, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los cinco estados firmantes, poco han hecho para cumplirlo. Por el contrario, han permitido que la ruta por la que cruza la peregrinación wixárika, así como su territorio sagrado de Wirikuta, estén en grave peligro.
Ejemplo de ello es el otorgamiento, por parte de la Secretaría de Economía, de 22 concesiones mineras, en el estado de San Luis Potosí, a la empresa trasnacional de origen canadiense First Majestic Silver Corp., en una extensión de terreno de 6 mil 326.58 hectáreas, que incluyen el área de la reserva del territorio sagrado de Wirikuta. Dichas concesiones fueron otorgadas en septiembre de 2009 y tuvieron un costo de 3 millones de dólares.
Quinta.Desde que se hicieron públicas las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano, los wixaritari han exigido su cancelación, pues una obra de tal magnitud afectaría gravemente su ruta sagrada y a los 16 centros de población que se encuentran alrededor de Wirikuta, ya que se contaminaría y desecaría el agua que beben, incrementándose las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, debido al uso de los químicos usados en la minería, además de destrozar sus tierras y sus paisajes.
Además, las autoridades wixaritari han asegurado que el proyecto de la empresa canadiense viola los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes –ratificado por México en 1990-, el cual estipula la obligatoriedad de los Estados a consultar a los pueblos indígenas y originarios sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus territorios. Dicha consulta jamás ocurrió.
Sexta.Derivado de lo anterior, presenté diversas proposiciones con punto de acuerdo –las cuales ya fueron aprobadas–, para solicitar a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre las 22 concesiones otorgadas a la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., a través de las empresas Minera Real Bonanza, SA de CV, y Minera Real de Catorce, SA de CV, para la explotación minera en la zona que comprende el territorio sagrado huichol de Wirikuta, en el estado de San Luis Potosí.
Asimismo, solicité a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe detallado en el que se explicaran los estudios de impacto ambiental realizados en la zona de Real de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, para autorizar la explotación minera en dicho lugar.
La Secretaría de Economía nos informó que sólo las empresas constituidas bajo las leyes mexicanas podían ser titulares de concesiones mineras, y que la empresa Minera Real Bonanza, SA de CV, contaba con 35 concesiones en la zona, mientras que la empresa Minera Real de Catorce, SA de CV, tenía 12 concesiones también en la zona. A su informe agregó que las concesiones se habían expedido una vez que las empresas cumplieron con todos los requisitos establecidos por la normatividad aplicable.
Sin embargo, diferentes medios de comunicación han dado a conocer que la empresa minera de origen canadiense First Majestic Silver Corp. ha estado realizando trabajos de exploración en la Sierra de Catorce, en San Luis Potosí. Aunado a lo anterior, la propia empresa canadiense ha expresado públicamente la forma en cómo llevará a cabo su proyecto minero en la zona.
Por su parte, la Semarnat nos informó que no tenían conocimiento de algún proyecto minero en la región de Wirikuta, y que sólo conocían del caso gracias a diversos comunicados enviados a la Presidencia de la República, al secretario del ramo y al subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Además que, previo al desarrollo de cualquier proyecto, se requería someterlo a un procedimiento de evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental, procedimiento que contempla mecanismos de participación ciudadana como la consulta pública, en la que cualquier interesado podía proponer medidas de prevención y mitigación, así como realizar las observaciones que considerara pertinentes.
Séptima.De la misma forma, en noviembre del año pasado presenté otro punto de acuerdo para que el Senado de la República exhortara al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo el procedimiento legal respectivo con objeto de que la ruta de la peregrinación que realiza el pueblo wixárika a Wirikuta, así como los sitios sagrados por los que dicha peregrinación cruza, sean decretados patrimonio cultural de la nación.
Dicha solicitud se encuadra dentro de las atribuciones que tiene el titular del Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a fin de que se proteja y preserve un patrimonio intangible y prioritario no sólo para los wixaritari, sino para todos los mexicanos; pues tanto la peregrinación hacia Wirikuta, como el propio lugar sagrado, tienen una importancia invaluable para el pueblo wixárika.
Lo anterior, debido a que la cultura wixárika y Wirikuta cuentan con diversos decretos y reconocimientos desde hace casi dos décadas, debido a su gran riqueza cultural y medioambiental.
Esta proposición con punto de acuerdo se encuentra actualmente en esta de estudio y dictaminación en la Comisión de Cultura del Senado de la República.
Octava.En fecha reciente se dio a conocer que la empresa canadiense Revolution Resourses Corp. emitió un comunicado de prensa por la adquisición del 100 por ciento de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en México, una de las cuales se encuentra en Wirikuta.
En ese territorio sagrado, la empresa canadiense desarrolla el proyecto Universo, el cual ya comenzó con un programa de perforación de 7 mil metros con tres equipos de perforación, y cuyos primeros resultados se darán a conocer en este mismo mes de enero.
En el comunicado de prensa, la minera canadiense informó que la intención de hacer la perforación es realizar un sondeo del área de producción histórica en la zona Navarro, ubicada en la Mina Cinco Estrellas, así como trabajar en las minas Esquivel y La Perdida, entre otras zonas con gran concentración de minerales, principalmente oro y plata. El Proyecto Universo abarca un total de 350 mil hectáreas, de las más de 400 mil que son objeto de explotación de Revolution Resourses Corp. Además, se notificó que la empresa minera ya había iniciado negociaciones con los pobladores locales y ejidatarios para completar los requisitos de acceso legal a las tierras.
Novena.La lucha de los wixaritari ha sido ejemplar, tenaz y persistente, pues el año pasado, las autoridades tradicionales del Pueblo Wixárika dirigieron una carta al presidente de la República pidiéndole que cumpliera con su palabra empeñada en el Pacto de Hauxa Manaka y cancelara las concesiones mineras otorgadas en el área natural protegida de Wirikuta; frenara los megaproyectos de empresas agroindustriales en el área donde crece la planta sagrada Hícuri; pusiera en marcha un proyecto alternativo que genere trabajo a los pobladores locales; que los sitios sagrados de Xapawiyemeta (Chapala, Jalisco), Hauxa Manaka (Durango), y Tatei Haramara (San Blas, Nayarit) tengan derechos federales que garanticen su preservación y regeneración ecológica, blindándolos contra posibles privatizaciones.
Es decir, las autoridades wixaritari pidieron al Presidente de la República cumplir su palabra, ya que sus lugares sagrados son tesoros de vida para todo el mundo, siendo obligación del Presidente protegerlos.
Décima.Por lo expuesto anteriormente, considero oportuno exhortar de nueva cuenta al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, cumplir con el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, firmado el 28 de abril de 2008, con la finalidad de proteger, preservar y favorecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de la peregrinación del pueblo huichol, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.
Además, es necesario conocer de parte del Ejecutivo federal, la información dada a conocer por parte de la empresa canadiense Revolution Resourses Corp. sobre la adquisición del 100 por ciento de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en México y, en especial, la que se encuentra en Wirikuta, donde desarrolla el proyecto Universo, el cual ya comenzó con un programa de perforación de 7 mil metros con tres equipos de perforación.
Undécima.Considero que los legisladores no debemos cejar en nuestros esfuerzos por proteger y preservar un patrimonio intangible y prioritario no sólo para los wixaritari, sino para todos los mexicanos; pues tanto la peregrinación hacia Wirikuta, como el propio lugar sagrado, tienen una importancia invaluable para el pueblo wixárika desde tiempos inmemorables, pues es una forma de recrear la larga ruta que recorrieron sus antepasados. Los lugares sagrados son un patrimonio sin precio y de un valor incuantificable para los wixaritari, sus antepasados y sus descendientes.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, así como a los gobernadores de los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, a cumplir con el Pacto de Hauxa Manaka para la Preservación y Desarrollo de la Cultura Wixárika, firmado el 28 de abril de 2008, con la finalidad de proteger, preservar y favorecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y rutas de la peregrinación del pueblo huichol, de manera especial la que se emprende para ir a Wirikuta.
Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Economía un informe detallado de la adquisición por parte de la empresa minera canadiense Revolution Resourses Corp. del 100 por ciento de las cuatro concesiones mineras que poseía la empresa Lake Shore Gold en México y, en especial, la que se encuentra en el territorio sagrado de Wirikuta.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a once de enero de dos mil doce.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
ESTADO DE GUERRERO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al conflicto entre Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Julio César Aguirre Méndez, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición, relativa al conflicto entre el gobierno de Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con base en los siguientes
Antecedentes
La educación es la puerta de los más pobres para superar su condición social, por esta razón los gobiernos emanados de la Revolución dieron una fuerte prioridad a la creación de un sistema nacional de educación que entre otras cosas, construyera y fortaleciera los valores de la Revolución y del Estado laico. En esta fase de la historia nacional, dos elementos fueron cruciales para el fortalecimiento de las nacientes instituciones, la primera, educación pública y laica, de carácter universal sin distinción de su origen ni clase social, que permitió por primera vez en nuestra historia como nación mexicana ofrecer al pueblo por vía de la educación, la posibilidad de que los hombres y mujeres pudieran ser formados y crecer en su bienestar social no por el color de su piel ni por la limitante que representa la pobreza, sino por sus capacidades. Los fundadores de este nuevo sistema fueron los maestros normalistas, que en muchos casos, fueron víctimas o cayeron en el cumplimiento del trabajo más noble que es educar en los pueblos más marginados del desarrollo. El segundo elemento que permitió fraguar las ideas de la revolución fue la construcción de instituciones y el respeto a las leyes, en otras palabras el estado de derecho fue una condición sine qua non para la construcción de un régimen de impartición de justicia basado en procedimientos y plazos, y no en la discrecionalidad de los caciques locales como lo fue durante el régimen del porfiriato.
Educación y estado de derecho es un poderoso binomio que otorga a los ciudadanos crecimiento y respeto de sus garantías, y a las instituciones gubernamentales estabilidad.
Los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 y del 2 de enero de 2012 en Chilpancingo, Guerrero, entre autoridades y estudiantes normalistas de Ayotzinapa son un hecho lamentable por las muertes en la primera fecha de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; y en la segunda fecha del ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien falleció a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando trató de apagar el fuego de una bomba de la estación de servicio durante los acontecimientos.
Estos hechos son la consecuencia del deterioro, abandono y burocratización del sistema educativo, esté ha estado en el centro de la crítica y el debate público por un evidente deterioro en su calidad a nivel básico, falta de cobertura a nivel superior, pero sobre todo, porque ha perdido su sentido social al no ser una opción para que los más pobres puedan escalar en la sociedad.
Como maestro egresado de una escuela pública y representante de las demandas de miles de madres; el pasado 29 de noviembre de 2011 presentamos una iniciativa para establecer un mecanismo de trabajo que impulse una reforma integral del Sistema Educativo; en la exposición de motivos dejé claro que el Congreso de la Unión debía advertir un escenario internacional marcado por la falta de empleo para los jóvenes, pero sobre todo, como legisladores estamos obligados a escuchar y prevenir un estallido social como lo que está sucediendo en Chile, una generación que exige al Gobierno Chileno asumir su responsabilidad por mantener un modelo educativo que no cumple su compromiso social. El movimiento estudiantil de Chile es un grito del sur del continente latinoamericano que ha hecho sentir su fuerza en todo el mundo, y en México.
La población guerrerense padece de enormes rezagos en materia educativa y económica, nuestro estado estuvo lejos de los beneficios del desarrollo estabilizador y presa por muchos años de regímenes autoritarios, no es extraño el surgimiento de la guerrilla y la gran deuda en materia de derechos humanos durante la guerra sucia. Ese es nuestro pasado, pero en el presente aspiramos a la construcción de un gobierno basado en leyes y contrapesos institucionales, frente a los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, el actual gobernador Ángel Aguirre Rivero ha realizado diferentes acciones en coherencia con la magnitud y la gravedad de los hechos:
a) Cambio de los responsables del gabinete de seguridad estatal, a fin de facilitar las investigaciones.
b) Arraigo de 20 policías implicados en los hechos.
c) Comparecencia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
d) El compromiso absoluto de su gobierno para facilitar las investigaciones y presentar a los asesinos.
e) La creación de una Comisión de la Verdad integrada por notables como Javier Sicilia, a fin de esclarecer los hechos ocurridos y un puente de comunicación.
A pesar de lo anterior y otras acciones, fuerzas distintas al movimiento estudiantil han apostado a generar condiciones políticas que van más allá de las demandas de fortalecimiento de la normal de Ayotzinapa, y tienen por objetivo la desestabilización de la actual administración estatal con la destitución del gobernador el Estado.
Como legislador considero que los medios de comunicación frente a este hecho han dado una importante cobertura de los hechos, se ha dado voz a las partes en conflicto e incluso a terceros afectados, el acceso a la información es vital para el fortalecimiento del espacio público, también como representante popular no se puede tolerar la represión ni el uso de la fuerza pública contra la libre manifestación y demandas de la población, en este caso de los estudiantes, pero tampoco se puede permitir los excesos que caen en vandalismo y afectación de terceros, como el secuestro de autobuses o la obstrucción de vías de comunicación estratégicas.
El gobierno del estado reconoce en los acontecimientos del 12 de diciembre, la falta de preparación de las fuerzas públicas estatales y federales, así como el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes, pero que en ningún momento se giraron instrucciones para el uso de armas de fuego ni represión a tal magnitud, este último punto tendrá que ser parte de lo que resuelvan las investigaciones a fin de deslindar plenamente las responsabilidades.
El tema central que debe ser atendido por el Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública en colaboración con los gobiernos estatales, es como rescatar el sistema educativo abandonado por el Estado desde hace más de 40 años y deliberadamente busca la clausura de las escuelas subsistentes, las normales pese a la precariedad de sus condiciones de estudio tienen el respaldo y el reconocimiento social de los sectores más pobres de la población. Sus demandas no son distintas al resto de los maestros del sistema educativo en materia de ingreso, condiciones de trabajo, seguridad social, pero sobre todo plazas. Este último punto es crucial, ya que si bien es cierto que el Estado tiene instituciones públicas para formar profesores de primaria, las plazas son asignadas por cuotas referenciadas a cuotas políticas, y no a un criterio académico.
Por ésas y otras razones es fundamental que el Congreso de la Unión establezca con la mayor brevedad una ley para organizar los trabajos para refundar el sistema educativo, con énfasis en su papel social y las necesidades del mercado de trabajo nacional y mundial, el Senado tiene hoy la fuerza y la capacidad de convocar desde el Congreso a todos los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sectores público y privado, a fin de alcanzar una reforma que siente las bases de la educación pública para las necesidades del siglo XXI. Este es el tema central que se tiene que discutir en materia educativa y en relación a las demandas de los estudiantes de la normal de Guerrero, Zacatecas, y otras entidades que se han sumado al movimiento.
A manera de reflexión final, ante los lamentables acontecimientos registrados el 12 de diciembre y los consecuentes actos en la región, la Comisión Permanente debe exhortar a los actores a respetar los tiempos y plazos que establece la ley con el objeto de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades y responsables. Es fundamental preservar por los cauces legales a las instituciones estatales a fin de esclarecer los hechos, restablecer el dialogo y atender las demandas para mejorar las condiciones de trabajo de las normales pero también de todo el sistema de educación estatal. En este último punto es fundamental que el Congreso de la Unión asuma como un tema prioritario de su agenda establecer como un asunto de interés nacional la revisión y modernización del sistema educativo a fin de atender las demandas sociales en la materia.
Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los actores políticos y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa del Estado de Guerrero a conducirse conforme a los procedimientos y plazos que establecen las leyes para el esclarecimiento de los hechos del 12 de diciembre de 2012, que ocasionaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Gonzalo Miguel Rivas Cámara.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Guerrero y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a establecer de manera inmediata una mesa de diálogo, donde se garantice la libertad de expresión, la tolerancia y respeto en el marco de los derechos que establecen las leyes en México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera comisión de Trabajo.
ESTADO DE COAHUILA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Un hecho vergonzoso para las mujeres y su lucha permanente por revocar las cuotas de género en materia de representación política y alcanzar la igualdad en las mismas, como corresponde de acuerdo con el peso especifico de nosotras en la población total del país, ocurrió en Coahuila.
Previo a los trabajos de instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal, la diputada local electa Norma Alicia Delgado Ortiz solicitó licencia indefinida para dar paso a Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien asumió el cargo de diputado.
Entre los argumentos vertidos a la prensa figuran los de preservar los acuerdos de la alianza conformada por tres partidos políticos –Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Unión Democrática de Coahuila–, para que todos tuviesen representación en la legislatura estatal.
Con la aprobación de la licencia indefinida se mostró con toda claridad que las cuotas de género previstas en las normas electorales son burladas sistemáticamente y que están sujetas a negociaciones entre partidos, lo que da pie a simulaciones descaradas que no pueden ser justificadas con la prevalencia de acuerdos entre aliancistas.
Esta falta de ética política de los dirigentes de los partidos choca frontalmente con la preocupación que este tipo de prácticas ha propiciado al seno del Congreso General. Asimismo, resulta deleznable la colaboración de la diputada Delgado Ortiz quien se prestó a la consumación de esta maniobra.
Cabe destacar que el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza en el artículo 17 señala que los partidos políticos impulsarán la paridad de género, por lo que los candidatos propietarios a diputados por ambos principios de cada partido político deberán ser de 50 por ciento de un mismo género. Asimismo que, tratándose de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, deberán integrarse por segmentos de dos candidatos, uno de cada género. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto, de manera alternada.
Por añaduría, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó recientemente que es obligación de los partidos políticos cumplir cabalmente con las cuotas de género establecidas en la legislación y a la autoridad electoral le corresponde exigir su cumplimiento.
En ese tenor, resolvió que los partidos deben ser observantes de la cuota de género vigente por lo que deben postular al menos 40 por ciento de candidaturas de un mismo sexo por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Con dicha sentencia las candidaturas a las Cámaras de Diputados y de Senadores, tanto en las fórmulas de mayoría relativa como las de representación proporcional, serán integradas por personas del mismo sexo; ello, para evitar que se registren casos como el de las llamadas “Juanitas”.
Como apunte final tenemos presente que el pasado 15 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente reformas diversas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el propósito de establecer que las fórmulas a cargos de representación popular por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional estén conformadas por personas del mismo género; es decir , que si la posición del propietario corresponde a una candidata, la suplencia será también será mujer.
En razón de lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal; lo anterior, a fin de preservar los avances que en materia de representación política han alcanzado las mujeres coahuilenses.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Coahuila a subsanar esta falta de sujeción a las normas en materia de representación política reintegrando en su curul a la diputada Norma Alicia Delgado Ortiz.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, enero 11 de 2012.— Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
PROTECCION DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un instrumento de protección de los defensores de derechos humanos, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Es del conocimiento general que los defensores de derechos humanos en el territorio nacional son víctimas de amenazas, hostigamientos, agresiones o desapariciones; en otros casos, son obligados a pedir protección en otros países y, en el peor de ellos, son asesinados.
2. Frente a estos hechos, la labor de la autoridad resulta, cuando se atienden los casos, insatisfactoria, dilatoria, omisa o de plano nula. Lo que crea, al igual que los numerosos casos de feminicidios, un ambiente de impunidad que retroalimenta los ataques contra los defensores de los derechos humanos, en toda la geografía nacional.
3. Luego de documentar todo tipo de agresiones y derivado de una petición de audiencia promovida por un grupo de organizaciones no gubernamentales, desde octubre de 2010, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno federal aceptó y reconoció la necesidad de instrumentar medidas de diversa índole para proteger a los defensores de derechos humanos. En esa reunión se adelantó la creación de un mecanismo ad hoc para alcanzar tal propósito.
4. En el quinto informe de labores de la Segob, de septiembre de 2011, se detalla que “con relación a la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación inició un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil a efecto de construir en conjunto un mecanismo efectivo que garantice la importante labor que realizan y proteja su integridad física. En dicho diálogo se están construyendo los lineamientos básicos de operación del mecanismo. El compromiso del gobierno federal se ha reflejado en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011, del acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República”.
5. A la fecha, el mecanismo citado sigue en calidad de proyecto, sujeto al escrutinio público, de acuerdo con la página web de la Unidad para Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
6. Estamos convencidas y convencidos que urge su definición y puesta en marcha. A estas alturas, la situación no reclama más consultas o realización de foros, sino acciones tangibles que den pie a la protección integral de los defensores de los derechos humanos.
7. En este sentido, el asesinato de Nepomuceno Moreno Nuñez, el atentado contra la activista Norma Andrade, el asesinato del comunero Trinidad de la Cruz Crisóstomo y el secuestro de los activistas guerrerenses Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón constituyen nuevos llamados de atención.
8. De ahí surge el presente exhorto a retomar los diálogos entre gobierno y organizaciones civiles con el objeto de arribar a acuerdos determinantes y establecer con prontitud el citado mecanismo de protección.
Por último, deseo manifestar que las legisladoras y los legisladores del Congreso de la Unión no entendemos la dilación para implementarlo, dados los ataques permanentes contra ciudadanos inermes que reclaman de la autoridad cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a reiniciar, con la brevedad, y a través de la Secretaría de Gobernación, los contactos con las organizaciones de la sociedad civil a fin de concertar y concretar de manera definitiva la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos; lo anterior para honrar el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, para garantizar la seguridad e integridad física de los y las defensoras de los derechos humanos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.— Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
DELITO DE FEMINICIDIO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los estatales a tipificar el delito de feminicidio, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal Ángeles Nazares Jerónimo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el pleno de la Cámara de Diputados hemos aprobado, y remitido a la colegisladora, diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal y a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Al considerar que los feminicidios constituyen una afrenta para las mujeres y la sociedad entera, las diputadas y los diputados decidimos tipificarlo como un nuevo tipo penal en el Código Penal Federal, en el entendido que una reforma de esta naturaleza puede marcar la pauta para que aquellas entidades federativas que aún no lo han previsto en su marco jurídico local.
Al respecto, de acuerdo con el documento Feminicidio en México, aproximaciones, tendencias y cambios 1985-2009 –publicado a fines de noviembre último por ONU-Mujeres, Inmujeres, El Colegio de México y la comisión especial encargada del tema en la LXI Legislatura–, el feminicidio ha sido tipificado, a la fecha de esta publicación, en nueve entidades federativas: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, aunque las reformas muestran heterogeneidad en la delimitación legal establecida en los códigos penales de las entidades federativas.
Por ello, resulta imperativo que el resto de las entidades asuman la existencia del feminicidio como un problema social, a efecto de que lo tipifiquen como un nuevo tipo penal, toda vez que las muertes violentas de mujeres continúan en aumento, por lo que es responsabilidad de cada una de las entidades tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurre impunemente en el país.
En este contexto, el llamado que hace este cuerpo colegiado para avanzar en los cambios legales necesarios en el ámbito local obedece a que el fenómeno, los asesinatos de mujeres no cede, se ha convertido en una cuestión crónica, sistémica, que merece respuestas legislativas.
Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país.
Según encuestas realizadas, la inseguridad es el problema que más preocupa a las mexicanas y mexicanos.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revelan que en 2006 la violencia afectó a 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 o más años, lo que significa que más de 30 millones vivieron alguna forma de violencia. Tal situación genera un clima que posibilita formas extremas de maltrato como el feminicidio, agravado por la debilidad de las acciones del Estado para prevenir, proteger e impartir justicia.
En 2007, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) inició la investigación sobre la violencia feminicida en el país, con el propósito de visibilizar este grave problema y contribuir a la creación de mecanismos eficientes para su prevención, sanción y erradicación. Entre 2007 y 2008 documentó el asesinato de mil 221 mujeres en 13 estados de la república: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.
Ante esta situación, creemos que discutir y en su caso aprobar reformas a los códigos penales de los estados representará una verdadera prueba de pluralismo democrático, así como representará la responsabilidad estatal en la prevención, combate y erradicación de los crímenes contra las mujeres, y en el abatimiento de la impunidad que los rodea.
Asimismo, consideramos que alcanzar la tipificación del feminicidio a nivel federal como local implica no sólo atender un reclamo social, sino la observancia de una de las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, relativa a la tipificación del feminicidio.
Por tanto, no creemos equivocarnos, compañeras y compañeros, que la creación de un nuevo tipo penal será un avance firme para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
En razón de lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, con apego al pacto federal, a tipificar en sus respectivos códigos penales el delito de feminicidio. Lo anterior, a fin de armonizar los marcos jurídicos locales con el nacional.
Notas:
1 Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 2009, “campaña regional México-Centroamérica: Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y feminicidio”, propuesta presentada a la Fundación Ford para el periodo 2009-2011.
2 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 2008. “Una mirada al feminicidio en México, 2007-2008”, informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Diputada Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
CASAS DE EMPEÑO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición relativa a los abusos de las casas de empeño en materia de tasas de interés y cotización prendaria, con base en los siguientes
Antecedentes
Hoy el significado “empeñar” es muy distinto para una familia mexicana conforme crecen sin regulación las casas de empeño informales y desplazan del mercado a instituciones de asistencia privada de reconocida tradición y que cumplen con los actuales requisitos de la ley en la materia. Empeñar en tiempos de crisis en establecimientos sin regulación se ha vuelto una necesidad para las familias de escasos recursos que requieren de un financiamiento rápido frente a los gastos de navidad y año nuevo, pero que fundamentalmente son dos periodos donde se tienen que empeñar los artículos más preciados del familia: la cuesta de enero y el regreso a clases en septiembre.
La situación que guarda el sector de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta poco, altas tasas de interés y elevados requisitos. Las casas de empeño cubren la demanda de los consumidores y usuarios que no puede atender el sistema financiero con la diferencia de que las tasas de interés son hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda.
En la actualidad a la par de las instituciones dedicadas a la realización de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria con fines de beneficencia, ha emergido un mercado de casas de empeño de giro mercantil con fines de lucro, que aunque realizan el mismo acto pignorante, su objetivo es de lucro y sin ningún beneficio para la sociedad. Hoy, la denominación de casa de empeño funge un papel muy distinto al de la beneficencia, la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial, ha significado para los usuarios un alud de quejas contra las casas de empeño, como:
a) Elevadas y desproporcionadas tasas de interés prendario.
b) Usura y agiotismo.
c) Abuso en los criterios de avalúo de las prendas.
d) Condiciones desventajosas de los contratos de adhesión.
e) Preeminencia por parte de la casa de empeño para no generar condiciones de pago del préstamo prendario.
d) Crecimiento de la informalidad en el sector.
Estas instituciones privadas que se encuentran al margen del marco que regula a las instituciones financieras están aprovechando la necesidad de un importante sector de la sociedad para usufructuar con su patrimonio en las peores condiciones en que se puede establecer un contrato civil, empeñar hoy en las casas de empeño mercantil técnicamente significa estar en condiciones similares o peores que la banca comercial, que provoca a los pignorantes la pérdida de sus prendas o un sobreesfuerzo familiar para lograr el desempeño de la prenda en garantía. Este sector de empresas no se encuentra reguladas por las últimas reformas al sector bancario en materia de regulación de comisiones y tasas de interés, que bien vale la pena denunciar desde esta tribuna, esas reformas no han servido para generar competencia ni para bajar las excesivas tasas de interés crediticio.
La proliferación de los establecimientos mercantiles con fines de lucro, como se ha dicho, es necesario legislar a efecto de contar con una ley que establezca los criterios y controles que regirán su apertura y funcionamiento, procurando de esta manera dar certeza de que las actividades que realicen las casas de empeño no vulneren el derecho de los más desprotegidos, logrando así la debida tutela de su patrimonio.
De acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), Adolfo Vélez Muñoz, dijo que de las 6 mil 500 casas de empeño que se tienen localizadas, entre 20 y 25 por ciento se estima operan fuera de la ley, es decir, entre mil 300 y mil 650 entidades informales. Estas seudocasas de empeño, que en su mayor parte iniciaron como agiotistas y luego fuera de la ley emigraron a ser casas de empeño, cobran una tasa mensual de entre 20 y 25 por ciento cuando una entidad regulada aplica rédito de 10 por ciento en promedio, dependiendo de la región. Antes de la existencia de las casas de empeño privadas se ubican en una gran parte de las localidades del país, ahora se encuentran concentradas en las zonas más apartadas y se enfocan en los sectores de la población de menores recursos y cobrando tasas de interés que se traducen hasta en 300 por ciento anual.
Sobresale de la información que tenemos, que de los 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México, la cuarta parte opera sin cumplir las normas; la tasa de interés que cobran las instituciones pirata alcanzan hasta 300 por ciento anual.
Hoy en México, la verificación a casas de empeño responde a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007. Según información oficial, en México de cada 100 personas que recurren a empeñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen en alguna de las instituciones de asistencia privada no lucrativas, y el resto, 34, son clientes de negocios prendarios privados. Para la gran mayoría, 84.2 por ciento, es una alhaja de oro el artículo que se empeña.
Los datos anteriores son resultado de un estudio de opinión realizado en diciembre de 2008 y enero de 2009 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer el comportamiento de los mexicanos que, sobre todo después de los periodos vacacionales de fin de año y de Semana Santa suelen visitar los sitios de préstamo prendario para aliviar los apuros familiares luego de haber gastado más allá de lo que sus economías les permite.
Este estudio, llamado sondeo sobre casas de empeño e instituciones de asistencia privada, elaborado por la Profeco durante los meses de diciembre 2008 y enero 2009, 65.7 por ciento de los participantes acudieron a las instituciones de asistencia privada (IAP) y el restante 34.3 por ciento, a una casa de empeño privada; 84.2 por ciento de ellos empeña alhajas de oro.
De los clientes de casas de empeño, 48.2 por ciento opinó que el dinero que les entregaron en préstamo fue poco para sus expectativas, y 37.6 por ciento de las personas destinaría el dinero del empeño para comprar alimentos.
En el estudio de esta iniciativa, se consultó a expertos en la materia, propietarios de casa de empeño, usuarios, y autoridades federales conocedoras de la materia. Asimismo un sondeo realizado por diversas casas de empeño, permitió fijar el parámetro de los límites de la tasa de interés y un comparativo a nivel nacional que la mayoría de los casos son excesivos y ponen en total desventaja a los usuarios de dichos servicios.
De acuerdo a la nota del periódico Reforma del pasado 4 de enero de 2011, sobresalen los siguientes datos en el contexto de la cuesta de enero de este año: a) el costo anual total (CAT) en las casas de empeño va desde 60 hasta 260 por ciento, que son niveles muy altos respecto a las tasas de interés anuales de las tarjetas de crédito.
Actualmente se registran hasta tasas de 1099 por ciento anual en el préstamo de casas de empeño, estas tasas de interés que se justifican incluyen el refrendo que es un concepto que incluye los costos por custodia, gastos de operación, seguro e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Los plazos para pagar en las casas de empeño son de entre tres y cinco meses, lo cual se determina en el contrato y otro aspecto para tomar en cuenta es que en algunas casas, la fecha de pago es a los 30 días de que se recibió el préstamo. En cambio, en otras casas, las fechas límite de pago con los días 20, 30 y 31. Al no pagar a tiempo, las personas que empeñan pueden hacerse acreedoras a intereses moratorios que fluctúan entre 0.26 y uno por ciento. Para darnos cuenta la magnitud de los abusos de las casas de empeño, tomando de referencia el costo anual total (CAT), que es instrumento de medición del sistema financiero aplicado para este tipo de instituciones comerciales, crédito hipotecario 14.24 por ciento; tarjeta de crédito clásica 42.8 por ciento; crédito a pagos fijos comercios 114.8 por ciento; empeño en instituciones de asistencia privada 120 por ciento y en los actos de empeño en casas comerciales 257 por ciento.
El tema de la supervisión y regulación tanto del sector bancario y de las casas de empeño no es menor, debido a la difícil situación por la que atraviesan miles de familias mexicanas y a la falta de empleo que se vislumbra en el país en este año, los empeños crecerán entre 10 y 13 por ciento con relación al año pasado y se dispondrá de 18 mil millones de pesos destinados para este tipo de préstamos prendarios.
En materia de regulación de las casas de empeño, existen varios proyectos de ley en el Senado de la República que tienen el propósito de establecer una reglamentación a nivel federal que tenga por objeto regular las excesivas tasas de interés prendario, combatir la informalidad y ampliar los derechos del consumidor,presentados en su momento por los senadores Tomas Torres Mercado, Rubén Velásquez, Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Dante Alfonso Delgado, Minerva Hernández y René Arce, quienes han propuesto diversos proyectos en la materia, considero indispensable abrir el debate en las comisiones respectivas del Senado a fin de establecer una legislación para regular los abusos, los robos, el agiotismo, la usura, que usufructúan con la necesidad de los más pobres.
La Cámara de Diputados también hizo su parte al enviar una minuta a la Cámara de Senadores, por la que se reforma los artículos 65 Bis y 128 y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de aclarar la definición de casa de empeño, de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario. Además de fortalecer las facultades de supervisión y control de la Profeco mediante la creación de un registro público de casas de empeño, garantizar al consumidor que la casa de empeño no desaparecerá sin cumplir sus obligaciones mediante constitución de fianzas o garantías; y otras disposiciones en materia de transparencia. La Mesa Directiva del Senado de la República recibió dicha minuta el 20 de octubre de 2011 y la turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su estudio y dictaminación.
En este sentido, consideramos necesario y de manera urgente que la Profeco, en el uso de las atribuciones legales que actualmente cuenta, implemente un programa de verificación y supervisión a las entidades mercantiles que realizan actos de empeño a fin de proteger los derechos de los consumidores que tienen la necesidad de recurrir frente a la necesidad de sus gastos ante la cuesta de enero. Asimismo, consideramos que la Comisión Permanente debe hacer un exhorto en el pleno respeto de los plazos establecidos por las disposiciones reglamentarias, a los presidentes de las Comisiones de Fomento Industrial, y Estudios Legislativos, Segunda, que tienen en su poder.
Finalmente, consideramos indispensable, que el Banco de México de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley para el Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros emita disposiciones para regular las excesivas tasas de interés relacionadas con el préstamo crediticio y mejorar las tasas de interés por mantener nuestros ahorros, que en muchos casos, dichas tasas son menores que la inflación.
Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Bernando Altamirano Rodríguez, ampliar la supervisión y sanciones sobre las empresas mercantiles dedicadas a contratos de mutuo con interés y garantía prendaria denominadas “casas de empeño”, que cometen abusos contra la población de menos recursos a través de elevadas tasas de interés prendario y subvaluación de las prendas, a fin de garantizar los derechos de los consumidores.
Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de dictaminar aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen por objeto la regulación de las empresas mercantiles dedicadas a los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que actualmente radican en sus comisiones.
Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Banco de México para fortalecer las acciones regulatorias de las excesivas tasas de interés en el sector crediticio a fin de mejorar el acceso y las condiciones de préstamo a los usuarios del sector financiero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández (rúbricas).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
CREACION DE EMPLEOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar una política de urgencia para la creación masiva de empleos dignos y poner en marcha a escala nacional un seguro de desempleo, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
A partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se ha borrado toda duda sobre de que los derechos laborales son plenos derechos humanos, por lo que el Estado con su actuación está obligado a tutelarlos para hacerlos efectivos, con objeto de respetar la dignidad del ser humano, permitiéndole su pleno desarrollo. Por lo que ya no se puede seguir argumentando que los derechos laborales quedan al libre juego de fuerzas en el marco de la relación de trabajo. Y bien uno de los derechos humanos laborales centrales, incluso el más significativo, sobre todo en las actuales circunstancias, es el relativo al derecho al trabajo, a un empleo.
El artículo 123 constitucional, en el apartado A,mandata quetoda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo cual, el Estado promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Este párrafo tiene enorme trascendencia histórica, jurídica y humana, que no se ha valorado en toda su profundidad, ni menos se ha cumplido en bien de las personas que viven de su trabajo.
Si toda persona que tuviera necesidad, las condiciones de salud y la edad requerida, accedieran a un trabajo digno, cambiaría la faz de nuestro país, hacia el crecimiento, la cultura, en la paz y el respeto.
México ha signado diversos tratados internacionales que consagran el derecho que todas las personas tienen a un trabajo digno. Tal es el cado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23; y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por citar tan solo algunos de ellos.
No obstante lo anterior, los últimos datos que entrega el Inegi en materia de empleo, correspondientes al tercer trimestre de 2011, son demoledores, al señalar que la población desocupada ha crecido a un total de 2 millones 761 mil 703; y que el sector informal abarca un total de 13 millones 438 mil 600. Es decir, la informalidad generó 3 de cada 4 empleos; los desempleados que ya no buscan ocupación designados eufemísticamente “disponibles” escaló a 6 millones 181 mil 737, en tanto que los trabajadores no remunerados ya son 3 millones 86 mil 526. Éstos son algunos de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Adicionalmente, a estos terribles datos, debemos tomar en cuenta el papel activisimo que ha tomado el gobierno federal para destruir empleos: la errática y mezquina conducción económica del país; la “guerra contra la delincuencia”, que más parece una guerra contra la economía nacional, el despido masivo de trabajadores, generado por acción u omisión, como en los emblemáticos conflictos de Mexicana y de los trabajadores del SME.
En tal virtud, una de las grandes deudas del presente gobierno federal son los insuficientes empleos generados, pero sobre todo el déficit de empleos dignos. No es difícil imaginar lo que esto representa en materia de bienestar para las familias mexicanas, lo que esto implica para la alimentación, la salud, la educación, la vivienda de la mayoría de los mexicanos y, para el desarrollo de los jóvenes, lo que acaba impactando a la seguridad pública, cuyos sangrientos resultados están a la vista.
Esto exige tres medidas urgentes a cargo del Estado: 1) las necesarias para mantener los empleos formales ya existentes y que la actual crisis amenaza permanentemente; 2) impulsar la generación masiva de nuevos empleos dignos; y 3) la creación ya indeclinable del seguro de desempleo.
En cuanto al seguro de desempleo, el mismo artículo 123, en el apartado A constitucional, prevé la necesidad de su instrumentación, por lo que el gobierno federal tiene en este rubro otra enorme deuda histórica ante su injustificado retardo:
“XXIX.Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
En fin, que a la fecha los programas federales para la creación de empleo y el apoyo contra el paro, han sido absolutamente insuficientes e impotentes para resolver el más grave problema social que azota a México.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de inmediato y, en coordinación con los otros niveles de gobierno y sectores sociales, impulse una política de emergencia para la creación masiva de empleos dignos, conforme a lo mandatado por la Constitución y por los instrumentos internacionales de los cuales México es parte.
Segundo.La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal para que en cumplimiento de lo previsto por el artículo 123 constitucional e instrumentos internacionales signados por nuestro país, cree un verdadero seguro de desempleo de carácter nacional, como tutela económica y humana mínima a favor de los desempleados.
Tercero. La Comisión Permanente exhorta al Inegi para que revalore sus criterios para determinar la población desocupada e incluya en la misma a la población “disponible” y a los trabajadores no remunerados, de manera que las cifras concuerden más con la problemática real y se enfrente de mejor manera su solución.
Cuarto.La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal para que ya sin mayor dilación resuelva los conflictos de Mexicana de Aviación y de los trabajadores del SME que no han sido liquidados, devolviéndoles sus empleos y en general respetándoles sus derechos humanos. Esto conforme a procesos en que impere el diálogo y la tutela a los derechos humanos laborales.
Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.— Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
TRAFICO DE MEDICAMENTOS APOCRIFOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia con base en la siguientes
Exposición de Motivos
El pasado 5 de enero del año en curso, el diario Excélsior anunció que se han producido la muerte de al menos 5 personas a causa del tráfico de medicamentos contrabandeados o pirata.
Para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se trata de un problema inmenso ya que los productos se están vendiendo en lugares establecidos, e involucra de manera directa la salud de las personas, según lo comenta el director de Operación Sanitaria de la comisión.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha establecido que existen bandas criminales perfectamente organizadas, relacionadas con grupos de delincuentes mexicanos para el contrabando y venta de medicamentos en territorio nacional. Las sustancias las traen de Asia, Europa y Estados Unidos, estas medicinas las fabrican con sustancias de dudosa procedencia o comercializan medicinas caducas y falsifican su fecha de caducidad.
En lo que va del sexenio, se han decomisada 175 toneladas de medicina de contrabando, caducas y apócrifas en operativos que ha realizado la PGR, junto con la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Asimismo, se han detectado medicinas envasadas en China, Indonesia, Francia, España, Portugal y de varias entidades estadounidenses.
Las medicinas que llegan de manera ilegal a nuestro país se utilizan para dolores de cabeza, infecciones virales y bacterianas, para hipertensión y migraña, entre otros. Los envases contienen leyendas del país de origen, provocando en muchos casos que se desconozca la sustancia activa.
Existen otros fármacos que son falsificados y elaborados en México, muchos de ellos sólo son conocidos como “placebos”, donde los grupos criminales obtienen enormes ganancias.
Según la PGR, la ruta de ingreso de medicamentos de contrabando, y que prometen la cura de enfermedades como el cáncer, es en su mayoría, a través de la frontera norte mexicana o por vía marítima.
La Procuraduría registró que la mayor problemática se concentra en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Nayarit y Jalisco forman parte de este corredor donde se venden los medicamentos de contrabando, apócrifos y caducos.
También se ha detectado que los medicamentos apócrifos provienen de Brasil, Belice y Guatemala, para ingresar al territorio mexicano por Chiapas y algunos otros por Yucatán y Quintana Roo.
El Distrito Federal y el estado de México, así como Morelos, Guanajuato y Jalisco son las entidades donde se venden en los mercados sobre ruedas los fármacos falsificados, caducos o de contrabando.
En el Partido Verde nos preocupa esta grave situación, por lo que mediante la presente propuesta, pretendemos exhortar a las autoridades encargadas de regular y controlar el tráfico de fármacos a remitir un informe detallado a esta soberanía, a fin de conocer las medidas que se están aplicando para combatir la venta de estos productos, que ponen en un alto riesgo la salud de todos los mexicanos.
Es por lo anterior que someto a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que envíe un informe con las medidas que se están tomando para poner un freno a la venta de los medicamentos falsificados, caducos o de dudosa procedencia.
Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud organizar intensas campañas donde se advierta a la población sobre las consecuencias y riesgos por la compra de medicamentos en mercados sobre ruedas, caducos o de dudosa procedencia.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que remita un informe sobre las medidas que se están implementando para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a once de enero de dos mil doce.— Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a al Tercera Comisión de Trabajo.
RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, sobre el cierre del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en los artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con puntos de acuerdo relativo al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente con base en la siguientes
Exposición de Motivos
Las actividades del Estado se dividen en funciones, obras y servicios públicos. La primera de éstas es esencial para la existencia del propio Estado y, por ello, su naturaleza precisa indubitablemente la necesidad de brindarlas directamente; es decir, el Estado las proveerá. Un ejemplo de estas funciones es la labor ejecutiva, legislativa, judicial o bien el ejército, pues no pueden existir intermediarios para desarrollarlas.
Respecto de la obra pública, se puede decir que ésta es un objeto inanimado, su finalidad es colaborar en el adecuado funcionamiento de todo el marco estadual (parques, jardines, puentes entre otros).
Por último, los servicios públicos son actividades técnicas revestidas de un régimen exorbitante del derecho público. Si bien, en muchas ocasiones este tipo de servicios son proveídos de modo directo por el Estado, también es cierto que pueden proporcionarlo sujetos particulares.
Dentro de los servicios públicos se encuentra la recolección de objetos sólidos y desechos orgánicos. Esta actividad desde siempre ha sido encomendada a alguna representación estatal, tal como ahora lo podemos apreciar en la fracción III del artículo 115 constitucional para el caso de los municipios, y del 69 al 75 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para la Ciudad de México.
La recolección de los objetos sólidos y los desechos orgánicos es fundamental para la conducción de la nación, pues está relacionado de modo sustancial con la salubridad pública y ésta a su vez con el orden público. En este sentido, se aprecia de modo evidente como una cuestión originalmente de servicio público, si se descuida, se transforma en un problema mayúsculo para la sociedad.
En este contexto, en días pasados, hemos apreciado como el cierre del Bordo Poniente ha generado una serie de problemas en la recolección de basura en toda la ciudad.
El Bordo Poniente fue cerrado por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el pasado 20 de diciembre; sin embargo, debió cerrar desde el 15 de enero de 2009, pero en aquella ocasión, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno del Distrito Federal acordaron la ampliación del plazo para que se suspendiera la recepción de desechos, de manera definitiva, en 2010, pues la administración del Distrito Federal no contaba en aquel entonces con un programa para el manejo de residuos, por ello, se volvió a estipular una nueva fecha para finalizar funciones, siendo ésta el 31 de diciembre de 2011 (http://impreso.milenio.com/node/9082239).
Los habitantes de esta gran urbe, desesperados por la situación, han recurrido a confinar sus deshechos en ciertos puntos de la vía pública, creando una serie de basureros urbanos. Esta circunstancia, además de evidenciar un mal aspecto para la ciudad, conlleva un grave problema de salubridad y podría exigir la intervención del Consejo de Salubridad General, reconocida en el artículo 73 constitucional, fracción XVI.
Aunado al problema del cierre del bordo, esta el de la negativa por parte de los gobiernos vecinos a la ciudad a no seguir recibiendo los deshechos de ésta. Un claro ejemplo es lo declarado por el alcalde de Tlalnepantla, Arturo Ugalde Meneses, cuando afirmó que no aceptará que el gobierno del Distrito Federal deposite su basura en el relleno sanitario situado en San Pedro Barrientos, ya que éste actualmente cuenta con capacidad para recibir 800 toneladas diarias, y no las 2 mil 500 que se generan en el DF, lo que lo saturaría en muy poco tiempo.
Además, se ha informado de la existencia de un basurero ilegal abierto por el propio gobierno del Distrito Federal, en un terreno aledaño a la planta de separación del propio Bordo Poniente. El secretario de Obras de la ciudad, Fernando Aboitiz, expresó que ello es meramente temporal, pero es evidente cada vez más la improvisación para la solución del conflicto.
En el Partido Verde nos encontramos sumamente preocupados por la grave situación que se vive ante el cierre de este relleno sanitario y, en este sentido, consideramos que es necesario llevar a cabo acciones que nos permitan mantener limpia la ciudad y aprovechar los desechos generados para generar composta, energía eléctrica, alimento de ganado, etcétera.
Debemos despertar en todos nosotros la conciencia crítica de que el interés social y el orden público están primero, y son independientes de los intereses que cada grupo o persona pueda tener.
Con base en estos argumentos, creemos oportuno acudir a la razón de esta Comisión Permanente, a fin de que se extienda un atento exhorto a la jefatura de gobierno del Distrito Federal a ejecutar acciones prontas respecto a este grave problema, y se logre la regularización de la recolección de objetos sólidos y desechos orgánicos, se utilicen los respectivos esquilmos en factores de la producción y se cuente con el lote adecuado para ser determinado como el relleno sanitario de la Ciudad de México.
Como se aprecia de los anteriores párrafos, el conflicto de la basura no está solucionado, para ello solicitamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México nos dilucide, entre otras circunstancias, lo siguiente:
1. La razón del cierre del Bordo Poniente sin contar con un plan de solución de captación de los desechos generados en la ciudad;
2. ¿Cuáles son los planes para que de ahora en adelante, en el tiempo que le resta de su administración, la basura se pueda incorporar a un ciclo productivo?; y no hablamos solamente de la clasificación de los objetos sólidos clásicos, como el metal, el aluminio y el vidrio, sino también lo que implica la clasificación de los anteriores y la generación de fertilizantes para mejorar la producción agrícola o la producción de energía, o bien generar los llamados brickets para crear energía eléctrica.
Por todo lo anterior, creemos que es el momento idóneo para solicitar la información al respecto, con la finalidad de contribuir en la implementación de los planes que deben de tener y que hasta el momento no se han llevado a cabo o, en su defecto, exhortar que se conciba la correspondiente planeación para el mejoramiento, no sólo de la ciudad, sino también del país.
Por todo lo anterior, sometemos respetuosamente realizar la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar la razón del cierre del Bordo Poniente sin antes contar con un plan de solución para la captación de los desechos generados en la ciudad;
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar si se cuenta con estudios o si concibe la posibilidad de aprovechar los desechos de la ciudad, no sólo a través del biogas, sino también a través de la generación de composta o alimento para ganado a partir del tratamiento de éstos.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a once de enero de dos mil doce.— Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
COMBATE AL NARCOTRAFICO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo federal y la PGR sobre la cifra de muertos relacionados con el combate del narcotráfico en 2011, suscrita por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM
El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo federal y la Procuraduría General de la República, vinculada a la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante el año 2011, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En días pasados diversas notas periodísticas hicieron referencia a la cifra oficial del número de muertos en México, relacionados con el combate al narcotráfico en 2011 o “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
Dicha cifra fue solicitada tanto a presidencia como a la Procuraduría General de la República (PGR), y ambas instancias no proporcionaron debidamente la información.
Mediante una solicitud de acceso a la información, un ciudadano requirió a la PGR datos sobre el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, pero dicha dependencia contestó que esta cifra era inexistente.
Sin embargo, luego de interponer un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), se ordenó a la PGR hacer una búsqueda exhaustiva, pues se consideró que no rastrearon adecuadamente los datos del Centro Nacional de Planeación y Análisis e Información para el Combate a las Drogas (Cenapi).
La PGR modificó su respuesta y decidió clasificar los datos como “confidenciales” por lo que no podían ser revelados, asimismo, subrayó que los miembros del Cenapi firmaron por escrito una “promesa de confidencialidad” sobre los datos oficiales, cuando se trata de fuentes relacionadas con operaciones de inteligencia, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional.
El Cenapi sólo integra la información enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y los gobiernos estatales por lo que está obligada a no revelar esos datos.
Al clasificar la PGR como “confidencial” la base de datos correspondiente al año 2011, no hubo necesidad de establecer plazo alguno para abrir ese archivo, y además cualquier funcionario público que diera a conocer esta cifra, podría ser sancionado como lo estipula el artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional.
“Artículo 53. Los servidores públicos que laboren en las instancias que integren el Consejo o en el Centro, así como cualquier otro servidor público o cualquier persona que se le conceda acceso a la información relacionada con la seguridad nacional, deberán otorgar por escrito una promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó el acceso.”
Asimismo, se presentó otra solicitud de acceso a la información en la que también se le requirió a la Presidencia de la República, la cifra de personas muertas por el combate al narcotráfico hasta diciembre de 2011.
La respuesta por parte de la presidencia, consistió en datos preliminares de nueve estados (Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) actualizados hasta mayo de 2011.
Ante esta respuesta parcial, el recurrente interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, por lo que presidencia replicó que no contaba con los datos precisos sobre el tema.
Posteriormente, la Presidencia de la República catalogó la información como “reservada”.
El IFAI respaldó la postura de presidencia en el sentido de que esta información, sobre la cifra de muertos durante el año 2011, permanecerá “bajo reserva”, ya que divulgar los datos sin ser verificados por las autoridades causaría un detrimento en lugar de informar con veracidad.
Sin embargo, no precisaron cuánto tiempo llevaría a la presidencia “verificar esos datos”, ni tampoco se estableció un plazo máximo para abrir dicha información. Es decir, se trata de una información “reservada” pero sin tiempo específico para darse a conocer.
Cabe resaltar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala en el artículo 15 que dicha información podrá permanecer con ese carácter hasta por 12 años.
De todo lo anterior se desprende que la Procuraduría General de la República y la Presidencia de la República, incurrieron en contradicciones ya que dicha cifra fue catalogada como reservada y, al mismo tiempo, como confidencial.
Para la PGR la cifra de muertos era confidencial por razones de seguridad nacional, por lo que ni siquiera podría darse a conocer, sin embargo, por definición, los datos estadísticos no pueden ser clasificados por seguridad nacional.
En tanto, para la presidencia se trata de información reservada toda vez que los datos preliminares aún no han sido verificados; sin embargo, no se estableció un plazo para que se arroje la cifra solicitada.
Todo este ocultamiento de datos representa un viraje en la política de transparencia de los últimos años, sin justificación alguna.
Por otra parte, dicha información ya ha sido reportada públicamente en varias ocasiones, ¿por qué ahora se decide no revelarla más?
Además, el último informe que realizó el gobierno federal sobre el tema con fecha 13 de enero de 2011, por el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, reportó que de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 hubo 34 mil 612 homicidios vinculados crimen organizado.
Tras darse a conocer los citados hechos, en un comunicado de prensa con fecha 5 de enero del año en curso, la PGR informó que sí daría a conocer el número de muertos en la lucha contra el narcotráfico, y aseguró que el número de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial durante 2011 se encuentran “desclasificados”, pero se darán a conocer conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de esa dependencia.
Según la PGR, la base de datos se alimenta conforme las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas del país, hacen del conocimiento de la PGR los casos que recaen en su competencia.
Por su parte, el IFAI exigió que se entregue de inmediato la cifra de muertos por el combate al narcotráfico correspondiente al año 2011 a la PGR, y advirtió a la Presidencia de la República que, “a la brevedad”, liberen por completo las bases de datos que tienen en su poder.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, afirmó que la base de datos para determinar una cifra de asesinados en 2011 “está en construcción”.
No obstante, para la secretaria de Acceso a la Información del mismo IFAI, Cecilia Azuara, la PGR mostró un comportamiento irregular a lo largo de este procedimiento ya que, primero dijo que la información no existía, y una vez que se le ordenó buscarla en todas sus dependencias, resultó que sí existía, pero que estaba clasificada por seguridad nacional.
En el Partido Verde Ecologista de México, preocupados por esta situación, solicitamos que tanto la Presidencia de la República como la Procuraduría General esclarezcan estos hechos.
Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República para que remitan un informe en el cual manifiesten detalladamente por qué se ocultó esta información con criterios diferentes, aún cuando se trata del mismo tema.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República para que remitan un informe en el cual manifiesten detalladamente por qué decidieron dejar de informar sobre el tema a pesar de haber informado en años anteriores la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico en el año 2011 o “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que remita un informe en el cual manifieste detalladamente por qué “desclasificó” los datos que anteriormente había dicho se encontraban “clasificados”.
Notas:
1. http://impreso.milenio.com/node/9089687
2. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/183027.html
3. http://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol12/Ene/b00512.shtm
4. http://www.proceso.com.mx/?p=293906
5. http://www.animalpolitico.com/2012/01/ifai-le-advierte-a-la-pgr-informen-ya-el- numero-de-muertos/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica).¦»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
CADENA PRODUCTIVA CAFE VERACRUZ
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover y otorgar apoyos económicos para la cadena productiva Café Veracruz, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover y otorgar apoyos económicos para la Cadena Productiva Café Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1) Veracruz es productor nacional de café del país, con café arábiga de alta calidad, que compite con los mejores del mundo.
2) Que más de 86 empresas forman parte del Consejo Regulador del Café Veracruz (CRCV) con denominación de origen.
3) Que el Consejo Regulador del Café Veracruz es un organismo apartidista, promotor y garante del café de mejor calidad que produce el estado de Veracruz.
4) Que el pasado 8 de noviembre del 2011 el Consejo Regulador del Café Veracruz se reunió con los senadores Yeidckol Polevnsky, Luis Walton, Sebastián Calderón Centeno, Jesús Arenas, Alberto Cárdenas, Eugenio Govea, Juan Bueno, Dante Delgado y el que suscribe.
5) Después de conocer el trabajo del Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, los senadores mencionados firmaron un oficio dirigido al secretario de Economía del gobierno federal, Bruno Ferrari García, en los que destacan los siguientes puntos: a) Las empresas que forman parte del Consejo Regulador del Café Veracruz, realizan diversas estrategias para posicionar el producto a nivel estatal y nacional para fomentar su consumo, y refrendar el reconocimiento ganado en diversas partes del mundo; b) Estos reconocimientos certifican la calidad y bondades que tiene el café Veracruz, así como los beneficios que conlleva a la cadena productiva desde la finca hasta la taza, lo cual beneficia a mil 300 familias de igual número de productores que integran el Consejo Regulador; e) Se requiere el apoyo del gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, por lo cual la Canacintra, Delegación Xalapa, lo ha solicitado ante la dependencia, a través del Programa Fondo Pyme y recibido con fecha 3 de noviembre de 2011, denominada cédula de proyecto con nombre Campaña de Promoción del Café Veracruz, con denominación de origen, y registrada con el número de folio FP2011-1340.
6) Mencionamos que después del ocurso dirigido al Secretario Ferrari se tuvo encuentros con el subsecretario para la Pequeña y Mediana Industria, Miguel Marón Manzur, quien aseguró que el punto estaba aprobado, sin embargo no se les ha apoyado con el resolutivo.
Debido a ello, los empresarios miembros del Consejo Regulador del Café Veracruz han solicitado nuevamente el apoyo de los legisladores federales, a fin de que sean atendidas sus demandas y problemática.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del la Secretaría de Economía, licenciado Bruno Francisco Ferrari García de Alba, a que de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 34 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenga a bien atender los siguientes puntos:
1) Se apruebe, a través del Programa del Fondo PyME, la campaña de Promoción del Café Veracruz con denominación de origen, registrada en la Secretaría de Economía, con el folio FP2011-1340.
2) Se otorgue al Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, el apoyo económico que requiere para alcanzar el posicionamiento de calidad que tiene el café veracruzano.
3) Que se brinde apoyo y asesoría técnica a los productores de Café en el estado de Veracruz.
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
EDUCACION INDIGENA INFANTIL
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SEP a fin de realizar una revisión amplia e integral de los programas centrados en educación indígena infantil para mejorar la calidad y la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Educación Pública para que se realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil, a fin de que se mejore la calidad, la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva, lo anterior con base en las siguientes
Consideraciones
México es uno de los países con más indígenas de América. De acuerdo con los últimos datos del Consejo Nacional de Población, hasta 2010, la población indígena en nuestro país era de 14 millones, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres, pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son los náhuatl y los mayas.
Los estados con mayor número de indígenas son los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 millones. Esta diversidad se reconoce en el artículo 2o. de la Constitución Política Mexicana, donde se estipula que “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”.
El 76.1 por ciento de la población de habla indígena vive en pobreza. Este sector de la población es el que menos accede a la educación. Información del segundo Conteo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y que es hablante de lengua indígena representa 8.3 por ciento de la población ubicada en este rango de edad, mientras que el porcentaje correspondiente a quienes no hablan lengua indígena es de 4.9 por ciento. Es decir, por cada niño no indígena que no asiste a la escuela hay dos niños indígenas.
La mayoría de las casi 25 mil comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas. Según datos del Consejo Nacional de Población, hasta 2010, en México había cerca de 2 millones 231 mil niñas indígenas y 2 millones 240 mil niños (entre 0 y 15 años). Se estima que la tasa de analfabetismo entre los pueblos indígenas es cuatro veces más alta (más de 26 por ciento de la población de 15 años y más) que el promedio nacional (7.4 por ciento). En 2005, apenas el 13 por ciento de los estudiantes del 6° grado de primaria en las escuelas indígenas se encontraba en el grupo más alto en términos de comprensión lectora, comparado con el 33 por ciento de promedio nacional. El 51 por ciento se encuentra en el nivel más bajo (el promedio nacional es de 25 por ciento). Es así que el incumplimiento de los derechos básicos de los niños indígenas también se refleja en su bajo nivel de logros educativos.
De acuerdo a cálculos realizados a partir de la base de datos de fin de ciclo escolar en 2007, por parte de la Secretaría de Educación Pública en 2007, los niños indígenas también son los que más desertan, es decir abandonan la escuela. Respecto al índice compuesto de retención y aprobación, refiriéndose a aquellos alumnos que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos académicos de evaluación establecidos para todas y cada una de sus asignaturas, las escuelas indígenas reportaron en dicho índice 89 por ciento, mientras que en las primarias generales el índice correspondiente fue de 95 por ciento.
Como ejemplo de la lamentable situación escolar por la que atraviesa la población indígena basta con ver el segundo Conteo del Inegi de 2010, el cual indica que el porcentaje de la población que se encontraba entre la edad de 15 y 19 años, que no es hablante de lengua indígena y que no asiste a la escuela es de 46.9 por ciento, mientras que este porcentaje entre la población hablante de lengua indígena es de 73.7 por ciento.
La causa primera y más importante de esta realidad evidentemente es la pobreza en la que vive una proporción significativa de la población indígena. De acuerdo con datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2008), el 79.9 por ciento de esta población percibe un ingreso menor a dos salarios mínimos.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha documentado en sus estudios que quienes asisten a escuelas indígenas se encuentran en una posición de franca desventaja. Los indígenas mueren más que los no indígenas, y la mayoría de las veces por enfermedades prevenibles o curables. Los niños indígenas tienen índices superiores de desnutrición. Las condiciones de su vivienda son mucho más precarias. Es evidente que todo ello afecta el acceso, la permanencia y el aprendizaje en la escuela. La tercera causa es la falta de pertinencia cultural y lingüística de la educación que México ofrece a esta población.
De acuerdo a evaluaciones hechas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación durante 2009, en la mayor parte de las escuelas indígenas del país predomina la castellanización directa (sólo el 63 por ciento de los maestros hablan una lengua indígena), hay una desubicación lingüística (maestros que hablan una lengua indígena pero que trabajan en una comunidad que habla otra) cercana al 20 por ciento, o bien prevalece el uso instrumental de la lengua indígena (se maneja sólo mientras los alumnos adquieren suficiente español como para proseguir las clases en esta lengua). El bilingüismo, que en teoría es el propósito del subsistema de preescolar y primaria indígena, no ha sido asumido como tal por los docentes indígenas. En el caso de los alumnos que han tenido poco contacto con el español, la enseñanza se vuelve ininteligible, y el aprendizaje se obstaculiza, para no hablar del efecto del desplazamiento lingüístico (pérdida de la diversidad lingüística) que estas prácticas suponen.
Desafortunadamente la cultura indígena no está presente en las aulas. La experiencia escolar resulta ajena a los niños indígenas. Tampoco se toman en cuenta sus estilos de aprendizaje, que se basan más en la observación, la imitación, la exploración y la experimentación que en la transmisión verbal de conocimientos. La escuela enfatiza lo escrito incluso en el aprendizaje de una segunda lengua, cuando la cultura indígena es oral. La relación de la escuela con la comunidad no busca propósitos educativos: es más bien puntual e instrumental.
La escuela indígena no representa el mejor lugar para aprender. Los alumnos, al no entender la escuela, al no sentir que aprenden, prefieren no ir. Los padres, que con el tiempo los van ocupando más y más para el trabajo, acceden finalmente a interrumpir su carrera escolar.
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática sobre el trabajo infantil, 36 por ciento de los niños indígenas entre 6 y 14 años de edad trabajan, el doble que el promedio nacional calculado en 15.7 por ciento. Hoy día, una gran cantidad niños y niñas indígenas dejan de ir a la escuela porque tienen que comenzar a trabajar a una edad muy joven.
Dichas escuelas están poco dotadas de infraestructura y materiales didácticos. En un estudio reciente realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación titulado La educación para poblaciones en contextos vulnerables, se muestra que son los docentes y directores de escuelas indígenas los que de forma más crítica juzgan la infraestructura, el acceso a recursos educativos, las condiciones y recursos del aula.
En el estudio mencionado también se señala que se ha creado y dejado desarrollar un subsistema de educación preescolar y primaria de calidad inferior. Los maestros no están adecuadamente preparados, los supervisores no tienen recursos para visitarlos y apoyarlos, y la infraestructura es deficiente, entre otras fallas. Los sistemas educativos en las entidades federativas, responsables de operar la educación indígena, tienen arrinconados a los departamentos de educación indígena (aunque hay pocas excepciones): no se les considera para la toma de decisiones, les otorgan un nivel jerárquico muy bajo dentro de la estructura educativa, o no los dotan de recursos para operar más allá de los que se consideran necesarios.
En los niveles posteriores de educación, los alumnos indígenas cargan con las siguientes desventajas: no lograron dominar el español porque no se partió de un buen dominio de la lengua propia; tuvieron una educación deficiente y por lo mismo no dominan muchas de las habilidades necesarias para seguir estudiando; si continúan a la secundaria, tienen serias dificultades para aprender; al llegar al nivel medio superior, o incluso al superior, se enfrentan con exámenes de admisión que los indígenas aprueban mucho menos que los no indígenas. De esta manera, se castiga a los indígenas por ser víctimas de un sistema educativo desigual en calidad y poco pertinente cultural y lingüísticamente hablando.
Ante esta lamentable problemática que nuestro país ha venido arrastrado por décadas, el gobierno mexicano a través de sus distintas administraciones ha implementado acciones, de las que resulta la creación de la Dirección General de Educación Indígena y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública son las principales instituciones públicas responsables de la educación que reciben los indígenas mexicanos.
La Dirección General de Educación Indígena fue creada en 1978, tiene como objetivo general: ofrecer de manera corresponsable con las entidades federativas, educación básica de calidad y equidad para la población indígena, en el marco de la diversidad, que considere su lengua y su cultura como componentes del currículo, y le permita desarrollar competencias para participar con éxito en los ámbitos escolar, laboral y ciudadano que demanda la sociedad del conocimiento.
A este esfuerzo de proporcionar educación a la población indígena, se suma el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con un programa de albergues escolares que apoya a los infantes de menos recursos para que puedan acceder a la escuela. Dicha institución señala que en los 1245 albergues distribuidos en las distintas regiones indígenas del país atiende a 60 mil niñas y niños, así como a 9 mil 449 jóvenes, proporcionándoles alimentación y hospedaje por cinco días a la semana durante todo el ciclo escolar.
Respecto a la educación superior, a partir de 2003 se crearon en el país las llamadas universidades interculturales, impulsadas por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, con la misión de promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de los pueblos indígenas y revalorar los conocimientos de dichos pueblos para propiciar un proceso de síntesis con los avances del conocimiento científico. Actualmente existen nueve de estas universidades en México. Por otro lado, desde 2006 algunas escuelas normales ofrecen una licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe.
En cuanto a la educación para adultos indígenas, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, dentro de su modelo educación para la vida y el trabajo, maneja un programa para indígenas que ofrece dos rutas educativas: una para población monolingüe y otra para personas bilingües.
Sin embargo, y pesar de que se han creado diversas instancias para atender el tema de la educación indígena, los esfuerzos y acciones emprendidas han dado resultados insuficientes. Debemos de trabajar en conjunto para que todos los niños, sean indígenas o no se respeten y sean considerados por igual, buscando una educación equitativa, una educación de calidad donde no quepa la discriminación, rescatando los valores que nos identifican como nación.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Educación Pública para que se realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil, a fin de que se mejore la calidad, la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva.
Notas:
1 Cifras obtenidas en la página http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6904.htm
2 Información encontrada en la página web
http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Panorama_edu cativol2009
3 Schmelkes, S., G. Aguila, R. Magaña, J. Rodríguez, y V. Ojeda (2007). Estudio cualitativo del impacto del programa Oportunidades sobre la educación de la población indígena.México: mimeo.
4 El trabajo infantil en México 1995-2002, Inegi, páginas 76-77.
5 Información obtenida en la página web http://basica.sep.gob.mx/ dgei/start.php?act=objetivos
Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senador Ericiel Gómez Nucamendi (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.
ESTADO DE COLIMA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a retirar la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del gobernador, a cargo de los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Tamborrel Suárez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a verificar y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a retirar la publicidad del gobierno local donde se promueven la imagen y el nombre del licenciado Mario Anguiano Moreno, con motivo de su segundo informe de labores, y a tomar las acciones legales a que haya lugar, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la reforma electoral aprobada en 2007 se dio un paso trascendental a la vida democrática que México tuvo durante más de 30 años, al promover la equidad y transparencia en los procesos electorales.
Esta reforma vino a precisar diversos aspectos, entre los cuales destacan delimitar los tiempos, espacios y canales de comunicación empleados por los partidos políticos para difundir sus campañas y propaganda, así como la fiscalización de los recursos empleados, para lo cual se implantaron reglas de civilidad para el contenido de los mensajes emitidos, generando una cultura de equidad y transparencia.
Así, las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión modificaron el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, radicalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a materia electoral. Se estableció en el título cuarto que todos los representantes de elección popular son considerados servidores públicos, por lo cual adquieren una serie de obligaciones y responsabilidades específicas inherentes al encargo, debiendo aplicar con imparcialidad y transparencia los recursos que están bajo su responsabilidad, como parte de la equidad que debe haber entre los partidos políticos.
Otra de las reformas constitucionales en materia electoral señala que toda propaganda difundida por cualquier instancia de los tres órdenes de gobierno debe ser únicamente con fines informativos, educativos o de orientación social; no se permite la inclusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, prohibiendo con ello que la propaganda institucional sea empleada con fines proselitistas.
Por lo que corresponde al informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el artículo 228, apartado 5, que los mensajes para dar a conocer dichos informes que sean difundidos en los medios de comunicación social sólo podrán publicitarse una vez por año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público, sin exceder de los “siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”, dejando en claro que en ningún caso la difusión de los informes tendrá fines electorales ni deberá realizarse en el periodo de campaña electoral.
En esta tesitura y con el objetivo de fomentar la equidad y transparencia en los procesos electorales locales, el actual Código Electoral del Estado de Colima, publicado el 30 de agosto de 2011 en el Periódico Oficial de la Entidad; es decir, en la actual administración gubernamental, retomó exactamente lo establecido en el citado artículo del Código Federal en el artículo 182:
Artículo 182.El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura estatal correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.
Hechos
1. El 18 de diciembre de 2011, el gobernador de Colima presentó su segundo informe anual de actividades; promovió dicho acto a través de la contratación de un conjunto de espectaculares colocados en las principales vías de comunicación. Destacan los situados en el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo, en la avenida Insurgentes, en Tecomán, en Villa de Álvarez por las avenidas del tercer anillo del periférico, Sevilla del Río, San Fernando, así como avenidas Juárez y San Pablo Silva y en la capital del estado, los cuales a más de “20 días” de haber acontecido el acto no han sido retirados, incumpliendo con ello lo establecido en el Código Electoral del Estado de Colima, violando a todas luces uno de los principios fundamentales que un cabeza de gobierno debe respetar, “principio de legalidad”, denotando con ello una vez más la poca seriedad y el abuso de autoridad que ejerce el funcionario citados para evadir el cumplimiento estricto de la ley.
2. Como se lee, los actos mencionados representan hechos violatorios de los artículos 182 del Código Electoral del Estado de Colima y 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto al ámbito de la temporalidad permitida para difundir el informe de actividades de cualquier servidor público.
Lo anterior, en virtud de que en lo señalado, en este caso se prevé la publicidad del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos deberá realizarse sólo una vez al año sin exceder de los “siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que fue rendido el informe”, por lo cual la exposición por más de 20 días de los espectaculares que promueven la imagen del servidor público difundiendo el informe viola lo dispuesto en la ley suprema de la federación y en los códigos electorales, tanto federal como local, demostrando cabalmente con estos hechos desinterés en que la ley sea cumplida y, sobre todo, el abuso en el ejercicio del poder que ha propiciado que estos actos sigan impunes y que la democracia de los colimenses no sea respetada.
3. Debido a que se han sobrepasado los tiempos fijados en la ley, dichos espectaculares pasan a interpretarse como una forma de propaganda política que transgrede de manera directa el artículo 134 de la Constitución federal, dado que por el tiempo que llevan expuestos han dejado de tener un fin únicamente informativo para constituirse en un medio de difusión personalizada de la figura de este servidor y, por ende, del partido político de que es militante.
Es tal la urgencia del presente asunto que estamos en un punto en el cual de no retirarse la propaganda, podría seguir difundiéndose durante los tiempos electorales próximos, cuestión que hoy parece inevitable pues no hay voluntad de este funcionario beneficiado de tal violación normativa de retirar sus promocionales y, alarmantemente, tampoco de la autoridad respectiva de hacer cumplir la ley electoral y menos pensar en aplicar la sanción correspondiente.
4.Sin duda, la ley es clara en cuanto a los tiempos de presentación y difusión del informe de actividades de un servidor público, por lo cual para asegurar la equidad en la competencia electoral, ésta debe ser imparcial y no considerar terceras causas que excluyan la responsabilidad de dichos actos, como que la empresa contratada para difundir los señalados informes no haya retirado los espectaculares que promueven su informe de actividades y su imagen.
En este sentido, la preocupación resultaría doble, pues el funcionario no sólo estaría violando la ley electoral sino que, además, estaría permitiendo que una empresa no cumpla un contrato que debió realizarse tomando en cuenta los plazos señalados en materia electoral, demostrando además de lo referido en los hechos anteriores una incapacidad para exigir el cumplimiento de la ley.
En virtud de lo señalado en los numerales anteriores, se considera necesario exhortar al Instituto Electoral del Estado de Colima a realizar las acciones correspondientes para el retiro de toda publicidad del gobernador que con el pretexto de difundir su respectivo informe ha violentado la ley electoral estatal, así como a establecer las sanciones correspondientes en virtud de dichos actos.
Asimismo, resulta vital para garantizar el respeto de los principios de equidad y transparencia en la publicidad y los recursos destinados a dicho rubro, de acuerdo con el mencionado artículo 134 de la Carta Magna, solicitar al gobierno de Colima que rinda un informe detallado sobre los recursos y los instrumentos empleados en materia de publicidad en la presente gestión.
Por lo expuesto, se someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a verificar y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a retirar publicidad del gobierno de Colima donde se promueven la imagen y el nombre del licenciado Mario Anguiano Moreno, con motivo de su segundo informe de actividades, y a tomar las acciones legales a que haya lugar por el evidente incumplimiento de la ley electoral.
Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Colima a rendir ante esta soberanía un informe detallado sobre los instrumentos y el uso de recursos en el rubro de publicidad durante su gestión.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.— Senadores: Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea.»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
EXPORTACIONES PETROLERAS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe sobre la aplicación de recursos obtenidos por exportaciones petroleras este sexenio, en particular en el ejercicio fiscal recién concluido, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 3 de enero, diversos medios de información nacionales dieron a conocer que las elevadas cotizaciones del petróleo crudo de exportación permitieron al actual gobierno federal obtener los mayores ingresos por ese concepto en lo que va del sexenio.
De acuerdo con reportes de la paraestatal citados por diversos diarios de circulación nacional, hasta el undécimo mes de 2011, el gobierno federal obtuvo mediante Petróleos Mexicanos 45 mil 159 millones de dólares, monto superior en 17 mil 29 millones (37.34 por ciento) al presupuestado.
Sólo en el último mes de 2011 el gobierno federal obtuvo unos 4 mil millones de dólares más por la exportación de petróleo, con lo que se llegaría a una cifra cercana a 50 mil millones de dólares a lo largo de todo el año.
A este dato, se suma otro que es muy revelador: inicialmente, el precio de la mezcla mexicana de exportación presupuestado en la Ley de Ingresos de 2011 fue de 73.3 dólares por barril; sin embargo, el crudo cerró el periodo enero-noviembre con un costo promedio de 100.62 dólares, es decir, 27.37 dólares arriba de lo programado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Datos preliminares destacan que sólo en el periodo enero-noviembre de 2011 se alcanzó la cifra más alta por exportaciones petroleras en lo que va de la gestión de Felipe Calderón.
Las cifras señalan que por exportaciones de crudo en 2006 se obtuvieron 34 mil 707 millones de dólares; en 2007, 37 mil 937; en 2008, 43 mil 342; en 2009, 25 mil 605, y en 2010, 35 mil 919.
De esta manera, en lo que va del sexenio el gobierno federal ha contado con recursos procedentes de la venta de crudo, principalmente destinado al mercado estadunidense, por 222 mil 669 millones de dólares, monto que casi duplica el saldo total de la deuda externa del sector público federal, que al mes de noviembre de 2011 alcanzó 113 mil 600 millones.
Aún con esta ingente cantidad de recursos públicos, los pendientes del desarrollo social se agolpan ante el Gobierno Federal.
Los recursos que el gobierno de Felipe Calderón ha destinado al campo y otros sectores sociales de la economía han disminuido notablemente en sus iniciativas de presupuestos presentadas ante el Congreso.
Aun con todo ello y de manera por demás lamentable, el gobierno federal aduce falta de recursos para poder integrar un fondo de 10 mil millones de pesos para atender una situación de gravedad extrema, de auténtica emergencia, en el campo mexicano.
Peor aún, anunciadas apenas hace dos días un nivel de reservas internacionales de casi 145 mil millones dólares, bastaría que el gobierno federal instrumentara las acciones necesarias para disponer sólo de de un 0.68 por ciento de esas reservas, para que hubiera recursos hasta por el doble de los solicitados por la Cámara de Diputados para atender los efectos de las graves contingencias climatológicas que afectan a México poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y estabilidad social.
Por lo expuesto, los diputados federales del grupo parlamentario del PRI proponemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de urgente, remita a esta soberanía, información puntual sobre el monto total de ingresos petroleros obtenidos durante la actual administración gubernamental, y el destino detallado de estos recursos en el gasto federal ejercido desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2011.
Segundo. Respecto a los recursos adicionales obtenidos por concepto de exportaciones petroleras en el ejercicio fiscal 2011, se requiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aclare el monto total de estos recursos que hayan sido destinados a programas, fondos, fideicomisos y acciones relacionadas con el apoyo al sector agropecuario nacional para la atención de las contingencias climatológicas ocurridas a lo largo de dicho año.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Diputado José Manuel Martel López (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
PETROLEOS MEXICANOS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del director general y otros servidores públicos de Pemex para que informen sobre el acuerdo de accionistas con la empresa Sacyr-Vallehermoso, a cargo del senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, en mi calidad de Senador de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento de los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 121 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado martes 30 de agosto del 2011 amanecimos en México con la noticia de la inminente adquisición por parte de Petróleos Mexicanos y su filial PMI Holdings, de un porcentaje aproximado de 5 por ciento, que finalmente fue de 4.6 por ciento, del accionariado de la petrolera española Repsol YPF. Con tal compromiso la participación de Pemex en Repsol se incrementaba hasta alcanzar el 9.43 por ciento.
Cabe destacar de manera relevante que tal compromiso de adquisición derivó a su vez de un Acuerdo de Accionistas suscrito el día anterior, 29 de agosto de 2011, en la ciudad de Madrid, España, entre Pemex y PMI Holdings con la constructora española Sacyr Vallehermoso, SA.
En dicho acuerdo de accionistas, entre otros aspectos, se obligaban la petrolera mexicana y la constructora española a un convenio de sindicación para el ejercicio de los derechos de voto, el cual buscaría servir lo que se denominó y explicitó en el propio acuerdo como una visión común.
Esta visión implicaba, entre otras cosas y según la cláusula I del acuerdo, la colaboración entre Pemex y Sacyr Valle Hermoso para que la gestión de Repsol se desarrollara en línea con las mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, así como para contribuir a incrementar la eficiencia en la gestión de Repsol y el valor de la petrolera española en el mercado. Para ello se proponían maximizar la representación de Pemex y Sacyr Valle Hermoso en los órganos de representación y gestión de Repsol.
Este acuerdo de accionistas, que finalmente se perfeccionó al haber adquirido Pemex y PMI Holdings en el mercado el 4.6 por ciento de las acciones de Repsol en un plazo que no excedió de treinta días a partir de la suscripción del acuerdo en Madrid, implicaba el ejercicio sindicado de los derechos de voto del 29.44 por ciento de las acciones de Repsol toda vez que la participación originaria de Sacyr ascendía al 20.01 por ciento, misma que adquirió en 2006, así como el nuevo porcentaje de 9.43 por ciento de Pemex.
Tal adquisición y convenio de sindicación contraídos por Pemex fueron objeto de numerosos cuestionamientos tanto en México como en España. Aquí se objetó la total falta de información con que se manejó Petróleos Mexicanos al habernos enterado a través de medios extranjeros, así como por existir diversos cuestionamientos jurídicos que implicaban la legalidad de un acuerdo que no pasó por el Consejo de Administración de la paraestatal, sino únicamente por su Comité de Inversiones.
Lo anterior se desprende de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex que a solicitud de tres consejeros independientes se realizó el pasado 18 de octubre. En ella se manifestó un voto u opinión negativo del consejero Rogelio Gasca en el que estimaba como ilegal e inconveniente dicha adquisición y compromiso de sindicación, así como algunos otros cuestionamientos de parte de otros consejeros independientes.
El pasado 20 de diciembre de 2011, nos enteramos, nuevamente de manera inicial por medios extranjeros, de la venta por parte de Sacyr Valle Hermoso del 10.01 por ciento de las acciones de Repsol a la misma petrolera española con el fin de atender a los pesados compromisos crediticios y de deuda en los que está sumida la constructora ibérica.
De esta manera la constructora reducía su participación en la petrolera ibérica del 20.01 al 10 por ciento, y de manera automática dejaba sin efecto el acuerdo de accionistas del 29 de agosto pasado, extinguiéndose el convenio de sindicación de derechos de voto que este presuponía, mas no así la adquisición que hizo en mercado Pemex del 4.6 por ciento de Repsol misma que ascendió a un monto aproximado, según el director general de la paraestatal, a mil 600 millones de dólares de los que 480 salieron de la tesorería de la paraestatal y los restantes 1,120 millones de dólares de un crédito sindicado de cuatro instituciones financieras, tres de ellas internacionales.
Hasta ahora, lo único que sabemos de manera adicional, es que Repsol ha ofrecido a Pemex un convenio industrial a fin de maximizar la presencia de Pemex, pero se desconoce el tratamiento que la paraestatal habrá de darle al tema, así como otros aspectos que resultan de suma relevancia.
Lo anterior genera muchas dudas acerca de un tema que resulta fundamental para Pemex y el país. De ellas destacan el saber cuáles fueron los objetivos reales de Pemex al realizar tal adquisición , así como, y de manera igualmente importante, cuáles fueron los objetivos reales perseguidos con el convenio de sindicación de los derechos de voto toda vez que la adquisición de Pemex podía haberse realizado, al menos aparentemente, sin necesidad de realizar dicho convenio.
Asimismo, y de manera aun más relevante, hay poca claridad en torno a la estrategia de Pemex -y su legalidad implícita, para celebrar acuerdos y compromisos internacionales.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se citan a comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al ciudadano director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, así como a los directores corporativos de Finanzas y de Operaciones de la paraestatal, al igual que al director general de PMI Holdings.
Tal comparecencia tiene la finalidad de que los funcionarios citados expliquen los motivos, razones y objetivos reales perseguidos por Pemex al suscribir el acuerdo de accionistas con Sacyr Villahermoso, del pasado 29 de agosto, así como su legalidad.
De igual forma también para que expliquen ante la citada comisión de esta representación ciudadana las acciones a seguir –y las razones de éstas–, así como la estrategia de acuerdos internacionales seguida por la petrolera mexicana, una vez que el mencionado acuerdo de accionistas ha quedado extinguido.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2012.— Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
CRISIS AGROALIMENTARIA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que la Sagarpa y la SHCP implanten medidas que apoyen el desarrollo del campo e informen sobre las acciones por desplegar en 2012 para el crecimiento del sector y el aumento de los ingresos de los campesinos, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someta a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
La obtención de la autosuficiencia alimentaria, entendida como el estado que alcanzan las naciones cuando satisfacen sus necesidades alimenticias mediante la producción local, que ofrece la ventaja de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser manufacturados localmente y de proteger a los países de los vaivenes del comercio internacional y de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas, constituye uno de los grandes retos para México durante los próximos años.
Para que se considere que un país goza de soberanía alimentaria, éste debe producir alrededor de 75 por ciento de lo que consume su población, lo cual evidentemente no esta ocurriendo en el nuestro, pese a nuestra extensión geográfica, la vastedad recursos naturales y la experiencia de haber gozado ya de este privilegio en otro momento de nuestra historia.
Actualmente, importamos de Estados Unidos cerca de la mitad de los granos que consumimos. La situación se explica a partir de la crisis causada por la falta sistemática de inversión en el campo, la dependencia de la economía mexicana en general, el cambio climático y la distorsión en los precios del mercado de algunos granos que generan etanol, además de la influencia de algunos países en ese mercado, como China y Rusia.
En términos de los resultados del Informe sobre Perspectivas Alimentarias de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el retroceso que registró México en la producción de granos sólo fue superado Sudáfrica y Etiopía. Así, nuestra producción decreció de 31.1 millones de toneladas en 2010 a 28.5 millones de toneladas en 2011, por lo que nos veremos en la necesidad de importar más productos y estaremos sujetos a la enorme volatilidad de los precios.
En el caso concreto del trigo, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados podríamos enfrentar un problema de abasto, debido a los siguientes factores: disminución de la producción interna, de los inventarios por el fin del periodo de cosecha del ciclo invierno y el alza de los precios del grano derivada de la menor oferta internacional por la suspensión de las exportaciones de Rusia, lo que ha llevado a efectuar ajustes en los inventarios de los principales países exportadores de este grano, orientando la demanda hacia Estados Unidos.
En México, el consumo total de trigo es de aproximadamente 5.9 millones de toneladas y la producción es de 3.9 millones, por lo que el consumo deberá complementarse con importaciones, las cuales representan al año 44.2 por ciento de la disponibilidad de trigo para el consumo nacional.
El incremento del precio del trigo ha repercutido en los costos del maíz, el arroz y el sorgo, al ser sustitutos el primero y al orientarse la demanda hacia esos cultivos. Por ello se ha generado un repunte que se extiende también a otros productos de los que México depende del exterior en materia alimentaria.
Ello se confirmó en 2010 con las cifras de importación de arroz, que representaron 74.1 por ciento del consumo nacional, ubicándose como uno de los productos con mayor nivel de dependencia que México tiene del exterior.
También en el caso de la soya las importaciones alcanzaron en el año mencionado 94.5 por ciento del consumo nacional, mientras en el caso del maíz esa cifra de compras al exterior se ubicó en 24.6 y la de sorgo en 25.6.
Asimismo, para nadie es un secreto que México será uno de los países más afectados por el cambio climático, ya que se espera que en 68 por ciento del territorio nacional haya pérdidas por severas sequías y ausencia de alimentos y de agua. La sequía que viene padeciendo 20 estados de la república es una dramático ejemplo de lo anterior y podría provocar, de acuerdo con algunas organizaciones agrarias, que un millón más de mexicanos se sumen a los que viven en pobreza, llegándose al extremo de que varias poblaciones, no cuenten con alimentos ni siquiera para el autoconsumo y debido a ese abasto insuficiente el alza será un rasgo imperante.
Como contraejemplo tenemos el caso de los chinos, quienes en gran medida han conseguido un alto crecimiento sostenido a lo largo de las últimas décadas debido al gran apoyo al campo y al desarrollo rural. La economía agraria de China ha mostrado una tendencia de desarrollo completa, estable y coordinada, en donde por un lado la producción de cereales y otros productos agrícolas se ha elevado de manera estable junto con los ingresos de los campesinos; y, por otro lado, el apoyo del gobierno aumenta de manera constante incrementando la inversión en infraestructura agrícola y mejorando significativamente las condiciones de producción en beneficio del campesinado.
En esta diferencia radica nuestra preocupación, ya que avizoramos que nuestra crisis agroalimentaria de hoy puede ser, muy probablemente, un factor que impida nuestro crecimiento económico mañana, por lo que consideramos impostergables las políticas que impulsen al campo y aumenten el ingreso de los campesinos.
Sabemos que a pesar de que la Constitución indica en el artículo 4o. que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, garantizada por el Estado; hay una gran ausencia de políticas y acciones que fomenten la autonomía alimentaria del país ni el crecimiento sostenido del campo mexicano.
Resulta necesario revertir las actuales políticas federales que se han caracterizado por el completo abandono al campo, por la reducción de apoyos a los pequeños productores, la ausencia de reservas estratégicas en granos, el desmedido incremento de las importaciones agrícolas, la profundización de la dependencia alimentaria y el sometimiento de la población a las reglas que dicta el mercado internacional.
Muestra de lo anterior es el veto presidencial para formar un fondo que mitigue los efectos negativos que la sequía y las heladas provocaron en los sectores agrario y ganadero nacionales en 2011.
Por ello convocamos desde esta tribuna al gobierno federal, y en concreto a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en la recta final de esta administración se diseñen e implanten medidas que apoyen de inmediato al campo mexicano a fin de contrarrestar la crisis agroalimentaria que vive el país, así como también para que para que en un plazo no mayor de 15 días entregue un informe detallado a esta soberanía sobre las acciones que van a desplegarse en 2012 para el crecimiento de nuestro sector agrario y el aumento en el ingreso de los campesinos mexicanos.
La autosuficiencia alimentaria no es una utopía. Entre 1941 y 1943, el país realizó reducidas importaciones de frijol y maíz y el Estado no gastó más de 5 por ciento del producto nacional en importar alimentos. En 1944, debido a fuertes sequías, se rebasó el porcentaje señalado. De 1949 a 1951 las importaciones realizadas fueron insignificantes. Entre 1952 y 1953 aumentaron significativamente, por lo que el gobierno puso en marcha un plan de emergencia que reactivó la producción de básicos. En 1957 y 1958 hubo necesidad de importar grandes cantidades de maíz, pero estas desaparecieron entre 1959 y 1962, para empezar a exportar maíz al año siguiente.
Necesitamos retomar el impulso y la creatividad que hicieron de México un ente productor capaz de satisfacer las necesidades propias y además exportador, pero para ello se hace necesaria una amplia convocatoria del gobierno federal a todos los entes involucrados en la producción agrícola, para así recuperar la ruta de la prosperidad y el desarrollo nacional.
Por lo expuesto, solicito a esta soberanía que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a diseñar e implantar por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Hacienda y Crédito Público medidas que apoyen de inmediato al campo mexicano a fin de contrarrestar la crisis agroalimentaria que vive el país.
Segundo.Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a entregar por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en un plazo no mayor de 15 días un informe detallado a esta soberanía sobre las acciones que van a desplegarse en 2012 para el crecimiento de nuestro sector agrario y el aumento en el ingreso de los campesinos mexicanos.
Notas:
1 La FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
2 México es el principal comprador de granos en América Latina y el Caribe. Aglutina 38.4 por ciento que se realizarán este año.
3 Para ilustrar lo dicho podemos decir que en 2006 los ingresos del campesinado chino aumentaron en 7.4 por ciento en comparación con 2005, lo cual constituyó el tercer año consecutivo que crecían los ingresos del sector en más de 6 por ciento anual.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 11 de enero de 2012.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
ROBO DE HIDROCARBUROS
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR, a la SCT y a Pemex información sobre las acciones implantadas contra el robo de hidrocarburos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también y gravemente trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.
El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.
El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación nacional ha solicitado y facultado a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y con mayor ahínco estos delitos a la propiedad de la nación y a los recursos energéticos del país.
De esta manera, el pasado 3 de marzo de 2011 la Cámara de Diputados llevó a cabo las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar hasta con 18 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México, contemplando incluso hasta 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren las bombas para expender menos gasolina y diesel.
Cabe señalar que estas reformas en pro de castigar severamente el delito de robo de hidrocarburos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de octubre de 2011.
Sin embargo, según cifras de Pemex este delito ha ido en aumento, pues durante 2011 se detectaron mil doscientas cincuenta y cuatro tomas ilícitas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76 por ciento respecto a 2010, en el que se detectaron sólo 710.
Por lo anterior, es indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.
Por lo expuesto, nos permitimos presentar ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal y a la Dirección General de Pemex que proporcionen de inmediato a esta soberanía un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Diputado José Ramón Martel López (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
INFLUENZA, TOSFERINA Y PAPILOMA HUMANO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud a realizar las acciones conducentes a establecer una cobertura de vacunación que combata la influenza, la tos ferina y el papiloma humano, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, María del Socorro García Quiroz, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración urgente de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
Desde el descubrimiento de la primera vacuna, en 1796, éstas se han convertido en la medida preventiva que mayor efectividad y eficacia tienen contra diferentes enfermedades. Su efectividad es tan elevada que han conseguido la erradicación de enfermedades como la viruela, logro jamás igualado por algún otro insumo para salud o medida sanitaria.
Con el avance de la ciencia se han descubierto vacunas contra muchas enfermedades y actualmente se desarrollan nuevos biológicos para atacar padecimientos que causan innumerables muertes.
Hay diversos tipos de vacunas, cada una con sus características y particularidades. Algunas inmunizan a la persona que la recibe contra una enfermedad para toda su vida con una sola dosis; otras requieren varias aplicaciones para resultar efectivas; algunas más pierden su efectividad al cabo de un tiempo, motivo por el cual requieren de un refuerzo, y otras deben aplicarse muy frecuentemente debido a la mutabilidad de agente causante de la enfermedad.
Si bien el desarrollo de una vacuna requiere la inversión de considerables sumas de dinero en investigación, la vacunación ha demostrado ser la medida más efectiva para la salud pública. También es cierto que se requiere un importante despliegue de recursos humanos y presupuestales para la debida inmunización de una población; no obstante, su costo es infinitamente inferior a la atención médica de pacientes que hayan desarrollado la enfermedad, máxime si consideramos que algunas enfermedades prevenibles pueden tener secuelas y poner en riesgo la vida de quienes las padecen.
En México, la vacunación ha sido un tema central de salud y se ha procurado desde hace varios años que los programas de vacunación sean universales y cada vez más completos. Además, la vacunación es tanto un derecho como una obligación, de acuerdo con los artículos 144 de la General de Salud y 28, Apartado E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Debido a que una efectiva inmunización de la población contra una enfermedad requiere de una adecuada cobertura y eficiente aplicación de las vacunas. La salud de una persona no sólo depende de su propia inmunización, sino de la vacunación de aquellas personas con las que estará en contacto.
Así, en 1973 se organizó en México la vacunación masiva mediante el Programa Nacional de Inmunizaciones, en el que se estableció la aplicación obligatoria de vacunas contra seis enfermedades: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tos ferina (pertussis), tétanos y sarampión.
En 1998 se incorporaron las vacunas contra la rubéola y parotiditis; en 1999, contra hepatitis B e haemophilus influenza e b; en 2004 se añadió la vacuna antiinfluenza al esquema de vacunación; y en 2006 se agregaron neumococo y rotavirus. En 2007 se incorporaron nuevas vacunas contra enfermedades que ya se atendían anteriormente. En este año, el Consejo Nacional de Vacunación acaba de incorporar la vacunación contra el virus del papiloma humano, principal responsable del cáncer cervicouterino y de la muerte de miles de mujeres en México.
Actualmente, hay diversas instituciones y programas sociales para adquirir y aplicar las vacunas que requiere la población mexicana. La Secretaría de Salud, las secretarías de salud estatales, Petróleos Mexicanos, el IMSS y el ISSSTE son los principales responsables de aplicar las vacunas en nuestro país, pues son quienes prestan los servicios de atención médica a la mayoría de la población. Todas ellas dependen de una adecuada coordinación interinstitucional para poder inmunizar efectivamente a toda la población, haciendo además un uso eficiente de los recursos. Sin embargo, aún hoy existen amplios segmentos de la población que no acceden a las campañas vacunación.
Por ello, debido a la necesidad de proveer de una alternativa de atención a la salud a un amplísimo segmento de la población que carecía de seguridad social, en 2003 se creó el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular, el cual funciona mediante un esquema de aseguramiento público para la población que no cuenta con acceso a servicios de salud.
El Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) es el documento de referencia para la operación del Sistema de Protección Social en Salud. En él se definen y describen las patologías y servicios de salud de primero y segundo nivel de atención a los que tienen derecho los afiliados del Seguro Popular.
Por lo que se refiere a vacunación, el Causes considera la adquisición y aplicación de todas las vacunas que incluye el esquema básico de vacunación: ocho vacunas para niños, una para adolescentes, dos para adultos y otras dos para los adultos mayores. Sin embargo, el modo y momento de aplicación de las vacunas las define el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), instancia encargada permanente de la coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación entre toda la población residente en la República Mexicana, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.
Desde 2001, al Conava concierne la decisión de cuáles vacunas se incluirán en el esquema básico de vacunación, así como la determinación de la población objetivo, procurando atender las recomendaciones internacionales.
Hace unos meses, el Conava aprobó la inclusión en el esquema básico de vacunación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), responsable por la muerte de miles de mujeres en nuestro país. Si bien representa una importante adición, aún no se especifica cuál será la fuente de financiamiento para la vacunación de casi 1 millón de niñas que requerirán recibir las primeras dos dosis en 2012.
Hay otras enfermedades cuya inmunización si bien ya ha sido incorporada al esquema básico de vacunación, han tenido modificaciones en su cobertura de acuerdo con las más recientes recomendaciones internacionales, debido principalmente al avance de la ciencia y los nuevos descubrimientos, por lo que es muy importante que el Conava atienda dichas recomendaciones.
Uno de estos padecimientos es la tos ferina, sobre la cual la Organización Mundial de la Salud estima que se presentan alrededor de 45 millones de casos y más de 300 mil muertes por tos ferina cada año en el mundo. El grupo más vulnerable son los recién nacidos, muchos de los que mueren contagiados por sus propias madres en los primeros días de vida.
La enfermedad se manifiesta por una tos continua, dolorosa y persistente que, en la mayoría de los casos, acaba con la vida de los bebés. En los últimos años se han incrementado en México y en el mundo los casos reportados de tos ferina, así como las muertes asociadas a esta enfermedad.
De acuerdo con el esquema básico de vacunación, actualmente se vacuna a la totalidad de la población en los primeros meses de vida (a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad). Sin embargo, la reemergencia de la enfermedad ha hecho evidente que estas dosis son insuficientes para garantizar la inmunización para toda la vida, por lo que es necesario un refuerzo.
Diferentes países han hecho obligatoria la aplicación de un refuerzo de esta vacuna para proteger a los neonatos. Hace apenas unos meses, Estados Unidos de América –a través de los Centers for Disease Control and Prevention– y el Task Advisory Group de la Organización Panamericana de la Salud emitieron la recomendación de aplicar el refuerzo de la vacuna contra tos ferina en mujeres embarazadas para evitar así el contagio de los recién nacidos.
En México, la propia Secretaría de Salud –a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, responsable del Programa de Vacunación– ha reconocido que hay un subregistro del número de casos de tos ferina. Tan sólo en la Ciudad de México, en 2011 fallecieron en el Instituto Nacional de Pediatría cuatro recién nacidos, todos contagiados por las madres.
Ante la gravedad del problema, la Secretaría de Salud ha reconocido la necesidad de extender la cobertura contra tos ferina hasta abarcar a las mujeres embarazadas, de acuerdo con declaraciones en medios de comunicación por parte de varios funcionarios.
Sin embargo, hasta este momento, la ampliación de la cobertura contra tos ferina para vacunar a las mujeres embarazadas no ha sido discutida por el Conava, por lo que por un lado exhortamos a que se incluya el tema en su próxima reunión, así como la actualización del Causes con la mayor brevedad para asegurar la debida protección de los recién nacidos.
Por otra parte, las epidemias causadas por influenza ocurren cada año durante el otoño y el invierno. La enfermedad ocasiona hospitalizaciones y muertes. Mundialmente estas epidemias resultan en 3 a 5 millones de casos por enfermedad severa y alrededor de 250 mil a 500 mil muertes anualmente.
Ésta es una enfermedad contagiosa de gran relevancia a nivel mundial. Cerca de 20 por ciento de los niños y 5 por ciento de los adultos del mundo la desarrollarán de manera sintomática cada año. El virus de la influenza tiene una alta capacidad de mutación, por lo que año con año se fabrica una nueva vacuna con los serotipos que circularon el año previo.
A partir de la pandemia mundial de influenza A H1N1 en 2009, los organismos internacionales emitieron nuevas recomendaciones para la vacunación contra la influenza estacional dirigidas a reducir el número de casos y muertes por esa enfermedad.
Dichas recomendaciones indican la necesidad de aplicar la vacuna a los niños de 6 a 60 meses de edad, a mujeres embarazadas y a todos los mayores de 50 años.
Actualmente, en México se vacuna sólo a niños hasta los 5 años, mujeres embarazadas, adultos a partir de 60 años y adultos entre los 50 y los 59 años con algún factor de riesgo (personas con diabetes, padecimientos cardiacos o neuropatías). Esta cobertura deja en vulnerabilidad a más de 70 por ciento de la población de adultos comprendida entre 50 y 59 años, precisamente en donde se presentan actualmente el mayor número de casos y de decesos por influenza.
Por ello resulta indispensable y urgente que el Estado mexicano atienda las nuevas recomendaciones internacionales para evitar más muertes prevenibles, ampliando la cobertura para vacunar a partir de este año a la totalidad de adultos comprendidos en el grupo de 50 a 59 años.
Por lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Salud, Salomón Chertorivski Woldenberg, a someter con la mayor brevedad a consideración del Consejo Nacional de Vacunación tanto la ampliación de la cobertura de vacunación contra influenza a la totalidad de adultos comprendidos entre los cincuenta y los cincuenta y nueve años, como la vacunación contra tos ferina de todas las mujeres embarazadas en el país.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a elaborar, promover e instaurar las acciones necesarias para que en con las Secretarías de Salud estatales, así como con Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se adquieran y apliquen oportunamente los biológicos necesarios para inmunizar a la totalidad de la población objetivo contra tos ferina, influenza y el virus del papiloma humano, de acuerdo a las más recientes recomendaciones internacionales.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado nacional de Protección Social en Salud, maestro David García-Junco Machado, a realizar las acciones conducentes a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la vacunación de embarazadas contra tos ferina; de adultos mayores de 50 años contra influenza; y la de niñas y adolescentes contra el virus del papiloma humano, asegurando la adquisición y aplicación oportuna de los biológicos para la población estimada para 2012 de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
CUESTA DE ENERO
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la defensa de la economía familiar frente a la cuesta de enero, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición relativo a la defensa de la economía familiar frente a la denominada cuesta de enero, con base en los siguientes
Antecedentes
Durante 2011, la canasta básica aumentó 30 por ciento; uno de los principales componentes que justificó el aumento fueron los altos costos que significa el flete en el traslado de mercancías, gasolinas y cuotas de peaje. Lo anterior, sin olvidar la precaria situación que guarda el campo mexicano frente a irregulares fenómenos como la sequía y heladas que destruyeron los sembradíos del norte de la república, y en el sur las inundaciones.
Resulta contradictorio para la población la insensibilidad de las autoridades gubernamentales que frente al desempleo, la escasa actividad económica, la repatriación de migrantes y la caída de las remesas, las pocas acciones y la falta de voluntad política para ajustar un modelo económico que está generando hambre en la población de menores recursos, y es para quien propone este punto de acuerdo, de lo más preocupante por las distintas quejas y reclamos de la población guerrerense, los incrementos de productos básicos y de energéticos a lo largo de 2011 y ahora en la denominada cuesta de enero.
Por ejemplo, el caso de la cebolla, que se vendía en seis pesos y ahora se comercializa en diez pesos el kilo; la papa de siete pesos pasó a 10 pesos el kilo; el tomate de 6 a 8 pesos el kilo; el limón de 6 a 10 pesos el kilo; el kilo de huevo se incrementó en 20 por ciento al pasar de 20 a 24 pesos, el pollo entero que ayer llegó a 40 pesos el kilo, cuatro más que a principios de diciembre, y la pechuga a 77 pesos, tendencia que podría continuar, en los próximos días. A partir de este lunes el kilogramo de gas licuado de petróleo (LP) costará durante el mes de enero 11 a 12 pesos en el Distrito Federal, así como en algunos municipios de los estados de México e Hidalgo. El precio más alto del gas LP al usuario final aplicable en el primer mes de 2012 será de 12.16 por kilogramo, en la región nueve, que incluye algunos municipios de Baja California Sur donde se aplica una tasa del Impuesto al valor agregado de 11 por ciento.
El caso de la tortilla,en Oaxaca pasó de 11.33 pesos a 12.33 pesos; en Ciudad Victoria de 12.50 a 13.50 pesos, y en Boca del Río de 12.88 a 13.38 pesos; un peso en los dos primeros y 50 centavos en la última, cuando en 2008 el precio de la tortilla estaba en promedio nacional en 8.5 pesos por kilogramo.
Hoy cosechamos las deficiencias de una política agropecuaria y comercial que abandonó al campo mexicano, pero sobre todo, que nunca estableció claramente una política de seguridad alimentaria.
Otro de los componentes que presionan los precios de los alimentos a la alza, además de la estructura oligopólica del mercado de alimentos, es la política del gobierno federal en materia de bienes y servicios socialmente necesarios, como la gasolina y el diesel, ha sido eliminar los subsidios bajo argumentos totalmente contables.
El incremento de los precios de productos petrolíferos es notablemente significativo, de 2006 al mes de agosto de 2011, la gasolina Pemex Magna, pasó de 6.74 pesos por litro a 9.40 pesos por litro, que significa una tasa de crecimiento de 39 por ciento, de los cuales 11 por ciento se registró en el último año. En lo que va del sexenio calderonista los precios se incrementaron por producto de la siguiente manera: el gas licuado 12 por ciento, la turbosina 93 por ciento, el diesel 71 por ciento, y el combustóleo 171 por ciento. El incremento de los precios de los energéticos como una medida de alineación de los precios internos con los externos tiene en principio una contradicción: en un país rico en petróleo pero que carece de refinerías que transformen la riqueza nacional en productos necesarios para los ciudadanos y el sector privado.
Los argumentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para continuar con el ajuste de precios de los combustibles es tratar de homologarlos a los precios que prevalecen en Estados Unidos, sin embargo, olvida mencionar en su razonamiento que en dicha economía los ingresos promedios son 10 veces superiores a los que se perciben en México. Según informes de la SHCP los subsidios a los consumidores por los precios de los combustibles en México menores a los internacionales representarán unos 100 mil millones de pesos y que dicho subsidio sólo beneficia a los estratos de mayores ingresos de la población.
En respuesta, el Banco de México ha recomendado a la SHCP revisar su política de ajustes de precios en los combustibles, debido a que podría impactar en el objetivo de la meta de inflación de 3 por ciento más/menos un punto porcentual, a pesar de ello, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, Miguel Messmacher, aseguró que se continuará con la política de ajustes de precios a las gasolinas.
El tema de la regulación de los precios públicos es de la mayor importancia, porque antes de hablar del impacto en los ingresos de nuestras familias, manifiesta una política económica que prioriza la estabilidad macroeconómica y la salud de la finanzas públicas, sobre la responsabilidad del Estado mexicano para fomentar el crecimiento, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza nacional, tal como lo establece el artículo 25 constitucional.
No negamos el impacto de los precios internacionales sobre los costos de producción y de venta, lo que sí criticamos es la paradoja de contar con una de las empresas petroleras más importantes del mundo que sólo se dedica a extraer y vender petróleo barato en beneficio de la Secretaría de Hacienda, y realizar acciones directas y contundentes en beneficio de la población y de sectores estratégicos como el agropecuario, con la producción de fertilizantes. Negar la esencia del Estado mexicano, sus responsabilidades y sus facultades para contar con una política de apoyos para garantizar la producción de alimentos para la población, donde se incluya una nueva política de fijación de precios de energéticos, más allá de argumentos contables, es caminar por la senda de un rompimiento del pacto social y la inestabilidad. No olvidemos la historia, la última revolución tuvo entre otras causas, las demandas del campesino mexicano.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha carecido de la voluntad para establecer límites a ese poder discrecional para elevar los precios de las gasolinas y diesel, y por otro lado, los consumidores carecemos de mecanismos de defensa contra la SHCP. Sin olvidar que la falta de inversión en refinerías ha incrementado nuestra dependencia de gasolinas importadas. Los precios expresan en todo caso la ausencia de una política en la materia, pero también la falta de voluntad de las instituciones públicas de enfrentar el problema más allá de las recetas tradicionales de libre mercado.
Desde 1982, la población no experimenta la escasez de alimentos, el fantasma del hambre y el desabasto es un asunto de estado que requiere la voluntad del gobierno federal para replantear las prioridades del gasto federal bajo un nuevo balance de la situación del agro nacional, ajustar programas y abandonar las actuales políticas públicas es algo fundamental para enfrentar los problemas de producción, por otro lado, resultada necesario combatir los oligopolios regionales alrededor del almacenamiento y distribución de alimentos, que es un tema pendiente específicamente en la producción de maíz y frijol.
Para este año, el abastecimiento de alimentos será la agenda central en materia de seguridad alimentaria, hoy por hoy el granero de México, Sinaloa, que pudiera expresar su potencial en 600 mil hectáreas con rendimientos de 14 toneladas por hectárea, y sólo va a sembrar 300 mil sólo por falta de agua, faltan todavía los efectos de la escasez de recursos y terminar el periodo de invierno.
Por lo anterior, consideramos necesario hacer un fuerte llamado de atención a los responsables de la protección de la economía familiar, a fin de contener los abusos en el incremento de la tortilla, frijol, huevo y otros alimentos básicos de la población, pero también establecer como una prioridad para el Congreso de la Unión, verificar las condiciones de abastecimiento y producción de alimentos básicos para este año. Finalmente, considero dentro de este punto de acuerdo, necesario solicitar a los responsables de la producción de gasolinas y diesel, envíen a esta soberanía, un informe de la situación que guarda la producción de dichos energéticos, y específicamente, los avances de la construcción de la refinería en el estado de Hidalgo.
Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Bernando Altamirano Rodríguez, al secretario de Economía, licenciado Bruno Ferrari, y al titular de la Comisión Federal de Competencia, desde las facultades que les otorga la ley a para
a) Ampliar la supervisión a fin de evitar la especulación y los abusos de los precios de la canasta básica.
b) Enviar al Congreso de la Unión las acciones para contener el incremento de precios de la canasta básica.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita en un plazo no mayor a 30 días al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Francisco Mayorga Castañeda, enviar un informe de la situación de la producción y abastecimiento de alimentos de la canasta básica en México para el año 2012.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de Petróleos Mexicanos, licenciado Juan José Suárez Coppel, y de la Secretaría de Energía, licenciado Jordy Herrera Flores, un informe de los avances de la construcción de la nueva refinería en el estado de Hidalgo y de las acciones para fortalecer la producción nacional de gasolina y diesel.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senadores: Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
PUEBLOS INDIGENAS
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia rectifica el turno que dictó hace un momento en relación con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, relativo al programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, suscrito por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se ordena darle turno a la Primera Comisión de trabajo.
ESTELA DE LUZ
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: A continuación, tiene la palabra la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de la Función Pública y de Educación Pública; y a la Procuraduría General de la República, información sobre el estatus actual de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de luz. Tiene el uso de la tribuna la diputada Diva Hadamira, hasta por cinco minutos.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo:Muchas gracias, señor presidente. Quiero llamar la atención de un asunto que ofende, por lo escandaloso de lo que encierra corrupción desde su planeación, desarrollo, entrega y lo que se acumule.El artículo 6o. constitucional consigna el derecho al acceso a la información como una garantía fundamental; de igual manera, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El pasado 7 de enero pudimos ser testigos de la entrega de una obra que debió de haberse quedado así, sin concluir; es vergonzoso ver cómo la propuesta era un arco con terminados importantes, finos y terminó siendo solamente dos columnas mal hechas, la mal llamada Estela de luz; lo más vergonzoso es que a la entrega de esta obra se nos quiera decir que éste es un símbolo del aniversario de nuestra Revolución y la Independencia. Qué manera de celebrar, después de tantos meses de que debió de haber sido entregada, casi 15 meses.
Se nos viene a decir, del Ejecutivo federal —y voy a leer tal como él lo dijo—, dijo: El marco de la inauguración de la obra Estela de Luz, simboliza la unidad de la nación por encima de diferencias particulares o de grupo.
Además dijo: Esperar —casi me río—, que la Estela de Luz sea emblema de una nación más segura. Qué bueno sería que eso fuera, justo y próspero.
Luego dice: Que ilumine la existencia de futuras generaciones y de mexicanos y mexicanas.
A nosotros se nos hace increíble que se culmine de esa manera, cuando la propuesta era baja en su presupuesto; se asignaron recursos increíbles y hoy nos dicen que la obra costó más de mil millones de pesos.
Apenas el miércoles pasado estábamos alegando sobre 10 mil millones de pesos para el hambre que padecen los productores agrícolas y aquí se regateó una y otra vez que no se podía.
Tenemos tantos problemas en el país, exactamente como lo ha dicho el presidente de la República, de inseguridad, que ojalá fuera esta estela de corrupción, estela de sospecha, estela de lo que el gobierno actual ha sido emblemático en una situación que ofende a todos los mexicanos.
Pediré, no lo hice en su momento, ojalá pueda ser eso de urgente y obvia resolución, porque muchas voces de la sociedad civil están diciendo que desde su planeación es una vergüenza esta obra, y menos admitimos que quieran venir a decirnos que es el emblema de un aniversario tan importante como es el bicentenario y centenario de la Independencia y la Revolución.
Exigimos que nos aclaren no solamente lo que propusieron, lo que gastaron y lo que se llevaron; son muchos millones de pesos que necesitan los mexicanos y las mexicanas para mitigar el hambre, por ejemplo, en seis estados del país que tenemos problema en este momento, o para parar la ola de inseguridad que tenemos en este momento.
Por eso pedimos que sea de urgente u obvia resolución y solicitamos respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y a esta soberanía, sobre el estado actual que guardan las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz.
Ojalá logremos cambiarles también el nombre que ridiculiza a los mexicanos por lo que encierra esta obra tan desastrosa en su planeación, en su gasto y sobre todo en la entrega que todavía no se termina de construir esta Estela de Luz, y ya nos fue entregada para poder poner una cortina a este escándalo que avergüenza a todo el pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SEP y a la PGR información sobre el estado de las investigaciones relativas a los presuntos actos de corrupción de la obra Estela de Luz, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de los artículos 6, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía sobre el estatus actual que guardan las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz.
Exposición de MotivosEl artículo 6o. Constitucional consagra el derecho de acceso a la información como una garantía fundamental, al menos por dos razones: porque protege un bien jurídico valioso en sí mismo (que los ciudadanos puedan saber y acceder a información relevante para sus vidas) y porque sobre él se erige la viabilidad de un sistema democrático, porque cumple una función vital para la república, que los ciudadanos conozcan el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades elegidas mediante el voto.
En este tenor, los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reiteran el argumento anterior e indican que la información gubernamental es pública.
Por su parte, el capítulo IV. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos aseveran que el servicio público debe resguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Aunado a lo anterior, el pasado 7 de enero del año en curso, tras 15 meses de retraso en su entrega, fue inaugurada la Estela de Luz, en la Ciudad de México, a cargo del titular del Poder Ejecutivo federal. Cabe señalar que a este retraso se sumaron presuntas irregularidades en la contratación.
Esta obra compuesta por dos columnas y que personifican los siglos del Bicentenario del inicio de la revolución de independencia, inicialmente costaría 200 millones de pesos; pero finalmente representó una inversión total de mil 35 millones de pesos. La edificación de la misma estuvo a cargo de la constructora Gutsa, filial de la paraestatal Petróleos Mexicanos, III-Servicios.
Lo anterior, me parece, indignamente, ya que en nuestro país existen necesidades básicas pendientes de subsanar, por citar tan sólo un ejemplo, la semana pasada en este recinto legislativo discutíamos las repercusiones que trae consigo el veto del Ejecutivo federal al Fondo de Contingencias Climatológicas aprobado por este órgano legislativo el pasado 15 de diciembre de 2011. Es decir, la Estela de Luz representa un gasto inútil.
Como es de conocimiento público esta obra desde su inicio estuvo plagada de irregularidades, ya que aunque las bases de la convocatoria inicial señalaban la construcción de un arco, el proyecto ganador fue el de una Estela, la cual sería recubierta de cuarzo sobre una plaza de mármol y terminó siendo de granito gris; irregularidad denunciada ante la opinión pública por el propio autor del proyecto, el arquitecto César Pérez Becerril.
Asimismo debemos recordar que el arquitecto Pérez Becerril presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión documentos en los que, según él, se comprueban ciertas irregularidades. Afirmó que Lujambio (Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública) entregó a Gutsa el contrato con una licitación amañada y que se inflaron los costos de la Estela de Luz, cuya inauguración estaba planteada para el 16 de septiembre de 2010. Por su parte, al día siguiente el secretario de Educación Pública citó a conferencia de prensa, para desmentir al arquitecto Pérez Becerril y lo retó a que presentara pruebas de los supuestos actos de corrupción en la obra.
Los documentos que entregó el arquitecto al Congreso de la Unión muestran que Gutsa concursó por el contrato de la Estela de Luz y se lo adjudicó con un monto original de 398.9 millones de pesos más impuesto al valor agregado.
Pero, según la denuncia del arquitecto, la empresa estaba inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.
El contrato IIIS-EST-COP-005-10 del proyecto debió ser entregado el 21 de agosto de 2010. Sin embargo, las autoridades federales firmaron a Gutsa un convenio de modificación y concedieron una ampliación de 414.6 millones de pesos para incrementar el costo total de la obra hasta 813.6 millones más impuesto al valor agregado. Gutsa obtuvo una suspensión judicial contra su inhabilitación pero la Secretaría de la Función Pública impugnó. Aún así la empresa fue invitada al concurso de la obra Estela de Luz.
Subsiguientemente el secretario de Educación Pública, licenciado Alonso Lujambio Irazábal, ante una serie de denuncias e irregularidades cometidas en el proceso de construcción de la Estela de Luz, solicitó a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), entre los meses de septiembre y noviembre de 2010, fueran despedidos 27 funcionarios de la empresa III, Servicios, SA de CV, de entre los cuales destacan el director general, Agustín Castro Benítez y el contralor interno, quienes fueron inhabilitados para ocupar cualquier cargo público. En el caso del ex director la sanción fue de 12 años y del resto de los funcionarios 1 año.
Del mismo modo existen diversas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República contra funcionarios de la paraestatal, así como de un particular que se ostentaba como servidor público.
En este tenor el presidente de la Comisión de la Función Pública de esta Cámara de Diputados, Pablo Escudero Morales, en un ejercicio de transparencia ha intervenido en este asunto desde un inicio y requirió un estudio al Colegio de Arquitectos para demostrar las irregularidades de esta obra y el costo real de la misma, para que en su defecto la administración pública federal nos explique el destino del capital excedente.
En el marco de la inauguración de la obra, el Ejecutivo federal señaló que la Estela de Luz simboliza la unidad de la nación, por encima de diferencias particulares o de grupo, además dijo esperar que la Estela de Luz sea emblema de una nación más segura, justa y próspera, que ilumine la existencia de las futuras generaciones de mexicanos; pero los hechos denotan que esta obra desafortunadamente es un claro ejemplo de la opacidad, corrupción e impunidad que impera en este sexenio.
En consecuencia considero oportuno conocer el estatus actual de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción relacionados con esta obra. Por ello requerimos información de la Secretaría de Educación Pública, en términos del artículo 38, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por ser la secretaría encargada de orientar las actividades culturales del sector público federal y coordinar los festejos del Bicentenario.
“ Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
XXVIII. Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público federal;
...”
A la Secretaria de la Función Pública por ser la secretaría encargada de promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas. Lo anterior en términos del artículo 37, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:
“ Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;
..”
Y finalmente a la Procuraduría General de la República por ser el órgano del Poder Ejecutivo federal que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal.
No debemos olvidar que el estado de derecho de un país radica en la cultura de la legalidad y el respeto a la ley es un valor que se debe fomentar en la conciencia de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de AcuerdoÚnico.Se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía sobre el estatus actual que guardan la investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada Estela de Luz.
Nota:
1. Carbonell, Miguel. El derecho de acceso a la información como derecho fundamental, en López Ayllón (coordinador), Democracia, Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, IFAI-IIJ UNAM, México, 2006. pp. 3-18)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, diputada. En virtud de que esta Presidencia ha tomado nota de su solicitud de que se considere de urgente u obvia resolución este punto de acuerdo, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se considere de urgente resolución y se ponga a discusión de inmediato favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se considere de urgente resolución favor de manifestarlo levantando la mano. Sí se considera con mayoría calificada, presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores: diputado César Augusto Santiago, a favor.
Tengo registrados a cuatro oradores a favor. Voy a darle el turno a los tres primeros; consultaré si está suficientemente discutido y si no es así, seguiremos el orden de las propuestas sucesivas. Tiene, en consecuencia, el uso de la tribuna, el diputado César Augusto Santiago, hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes, señoras y señores. Lamentablemente no es la primera vez —y espero que no será la última en que hablemos de este tema lamentable—, no tiene que ver —quiero decirlo de entrada— con el gusto estético, las apreciaciones artísticas del señor presidente de la República, que respeto: le pareció maravilloso el monumento; es su punto de vista, no voy a discutirlo aquí.Tampoco voy a discutir la ubicación del engendro; él sabe porqué lo hizo, dónde lo puso; porqué lo puso en la puerta de los leones. También hay una lógica ahí, que algún día lo tendrá que explicar a la historia de México, pero es una lógica que me preocupa, porque vean ustedes que cuando hablamos del centenario de la Revolución, también el gobierno federal hizo un monumento a Francisco I. Madero —héroe de mis preferencias—; lo que nunca entendí, en tratándose de su ubicación, fue porqué lo pusieron frente al Palacio de Bellas Artes.
Sé muy bien —como todos los que sabemos algo de historia— que el ex presidente Abelardo Rodríguez era un experto en materia de ópera; puso incluso, en Los Ángeles, una academia para mejorar la voz de los cantantes, era un gran aficionado a la ópera. Pero don Francisco I. Madero dudo mucho que haya acudido alguna vez a un espectáculo de esta magnitud. ¿Por qué en Bellas Artes? También tendrán que explicarlo con las historia.
Pero son dos temas que no vamos a platicar hoy, porque es un asunto que me parece de la mayor seriedad, hombre, estamos hablando del bicentenario de la República; no es una cosa menor, no es una cosa festiva, no es algo que puede disimularse como un acontecimiento partidario, está en la esencia, en la entraña de la vida republicana de este país.
El presidente nunca quiso ir al Congreso en las celebraciones bicentenarias, es su problema. Pero esta Legislatura y la Cámara tienen la obligación moral, la obligación ética con la República de decirles que para nosotros el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución son cosas serias, que no podemos disimularlo con acontecimientos frívolos y festivos que no significan nada en el corazón y en la esencia de la vida mexicana.
La llama Estela de Luz, forma parte de una estela de torpezas; eso es lo que significa: una estela de torpezas.
El fideicomiso del bicentenario es lo que deberíamos de auditar, ¿cómo se constituyó ese fideicomiso? ¿Cuánto de dinero se ha gastado en ese fideicomiso? ¿Cómo se administró? ¿Por qué se cambio de una institución bancaria a otra, sólo porque la nueva cobraba más caro que la anterior? ¿Por qué construyeron esa estela, con esa serie de dificultades técnicas advertidas desde cuando se puso en marcha el concurso? ¿Cómo se financió esa Estela? ¿Con qué derecho la Secretaría de Hacienda envió recursos a la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Función Pública lo retransmitió al fideicomiso del bicentenario? Todo esto hay que investigarlo amigas y amigos legisladores.
No puede ser un asunto que nos contentemos con una buena nota en la prensa, porque para concluir, creo que este espectáculo frívolo del presidente de la semana pasada es un intento más para que los mexicanos no se adentren en el problema; hacemos una simulación de inauguración de un esperpento, que sigue todavía pendiente de que se concluya.
Yo le digo a Diva Gastélum que la felicito por su punto de acuerdo, que estoy de acuerdo con ese punto de acuerdo, pero que si me permiten agregaría que la investigación que se haga comprenda a la Auditoría Superior de la Federación, para que nos informe en qué estado están las auditorías del Fideicomiso y de la Estela de Luz, y que también se haga un esfuerzo para que se transparente, de una vez por todas, el torpe ejercicio de esta obra, que debió significar mucho más de la pobre significancia que tiene hasta este momento. Muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Gracias. Presidente le agradecería si me permite expresarme desde aquí, ante la dificultad de desplazarme a la tribuna.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Con todo gusto, señor diputado.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Coincido plenamente con lo expresado por el diputado César Augusto Santiago, en el sentido de que el tema de la Estela de Luz es un asunto de la mayor seriedadQuisiera decir, para empezar, que el diputado Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, ha dado un especial seguimiento a este tema y se ha destacado por hacer los señalamientos muy precisos acerca de la —yo diría— colección de decisiones desafortunadas que se ha adoptado en torno a esta obra, que por lo demás, además de lo costosa, debería ser una vergüenza para el gobierno federal porque es un ejemplo de la mala planeación con la que se llevó a cabo, que no dudaría que contagia o ha contagiado a muchas otras obras que correspondía al gobierno federal haber llevado a cabo durante la actual administración.
Como dije, nos encontramos ante una colección de decisiones desafortunadas y que como ahora la sociedad lo señala de manera puntual, ha dejado detrás de sí no sólo una estela de torpezas, como también señaló el diputado César Augusto Santiago, sino yo sería más enfático, una estela de corrupción, como bien se apunta.
Recordaría a todos mis compañeros, que en la Comisión Permanente del verano pasado compareció ante el pleno de la Comisión Permanente el secretario de la Función Pública para dar respuesta a varios temas relacionados con este proyecto de la Estela de Luz.
Me preocupa de sobremanera que transcurran los meses y el Congreso de la Unión siga sin recibir las respuestas satisfactorias sobre esta obra tan lamentable, que diría que lejos de terminar siendo un monumento conmemorativo, va a terminar siendo una referencia de la actual administración sobre su escasa capacidad de operación para llevar a cabo las obras que requieren los mexicanos.
Coincido con la diputada Diva, en el sentido de que es urgente que se nos dé información satisfactoria sobre las investigaciones que rodean a este tema; se solicitó —como decía— en la comparecencia del secretario de la Función Pública y me parece que ya es el momento de que recibamos respuestas oportunas sobre este tema.
Los mexicanos no merecemos un trato como el que se nos ha dado con respecto a esta obra, en particular. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo González Hernández:Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Acción Nacional está a favor de este punto de acuerdo, sobre todo porque lo que se busca con él es la transparencia del estatus que guardan las investigaciones que ya se están realizando.Acción Nacional afirma que hay una gran diferencia entre un acto de corrupción y lo que se denomina por los teóricos corrupción institucional; un acto de corrupción puede haber en cualquier parte del mundo, puede haber por cualquier persona, pero corrupción institucional es aquel modelo que no investiga los actos de corrupción; corrupción institucional es cuando usando el poder, se evite que salga a la luz los actos de corrupción o las irregularidades.
Es por eso que Acción Nacional afirma que el gobierno federal sí está realizando las investigaciones necesarias y que en todo caso tendrá que dar cuenta a esta soberanía del estatus que guardan, tal como lo propone la diputada en esta proposición.
Acción Nacional siempre estará a favor de la transparencia, porque la transparencia es el único mecanismo que genera una opinión pública y la opinión pública es el mejor sensor de los actos de gobierno.
Acción Nacional está a favor del Estado de derecho y porque se aplique la ley y se apliquen las sanciones, cuando se encuentre con certeza y dentro del procedimiento a aquellos que cometieron alguna irregularidad, sean éstas sanciones administrativas o sean éstas sanciones penales.
Acción Nacional siempre está y estará a favor de la rendición de cuentas y es por eso que la bancada de Acción Nacional acepta la redacción del punto único de acuerdo para efecto de que se rinda un informe pormenorizado que nos diga cuál es el estatus que guardan estas investigaciones.
Es claro que ya existió la comparecencia a la comisión correspondiente de los funcionarios y que también hubo cuatro denuncias penales; por lo que podemos tener certeza de que aquí ya hubo un cambio y de que no va a haber corrupción institucional, porque se están realizando las investigaciones correspondientes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene —por último— la palabra el senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador José Luis Máximo García Zalvidea: Gracias, presidente. No estoy en contra de los monumentos, ¿teníamos que pagar tanto por ellos? Es el cuestionamiento.
Muchas personas ya empiezan a considerar este monumento, en lugar de la Estela de Luz, la estafa de luz, y siempre es muy complicado callar la voz popular; el pueblo, que tiene esa sensibilidad para calificar de una forma llana aquello que muchas veces está envuelto, por lo menos en aires de sospecha.
Quiero poner a su consideración la comparación entre dos obras muy significativas que han sido inauguradas en esta administración: el puente baluarte del bicentenario, en Durango y en Sinaloa, que costó 2 mil 35 millones de pesos, según la información que tengo, que es un detonante económico monumental para toda la zona y esta llamada Estela de luz, que costó mil 35 millones de pesos. Me parece que es un ejemplo claro de la manera de utilizar el dinero en una forma útil o en una forma inútil.
Tenemos la opinión del Colegio de Ingenieros, que con todo el cálculo presupuestal que se quiera hacer al respecto, ellos llegan a una cifra aproximada de 700 millones de pesos en la construcción de la Estela de luz.
No quiero mencionar en este momento —bueno, ya lo estoy mencionando—, el hecho de que no ha sido utilizado cuarzo de carácter nacional, cuando es un hecho que el cuarzo de México está considerado, inclusive por los expertos de Carrara, en Italia, como de la mejor calidad del mundo.
Se supone que es un elemento o es un monumento para exaltar de alguna manera los valores nacionales; creo que el mensaje es ominoso.
Esta Estela tiene un costo total —según es información pública— de mil 35 millones de pesos; estamos hablando de una diferencia, en números redondos, de 335 millones de pesos. Creo que el Congreso de la Unión debe ejercer su responsabilidad y su obligación de llamar a cuentas a los funcionarios involucrados y que se deslinden las responsabilidades.
Por eso concluyo con el comentario que inicié: no estoy en contra de que se construyan monumentos; el monumento debe ser una referencia histórica, inclusive muchos comentaron o compararon esta inauguración con el llamado Ángel de la Independencia, que para mayor información es Ángela más que Ángel y está basado en ese monumento hermosísimo que se llama La Victoria alada de Samotracia, que el original está precisamente en la escalinata del Louvre; es un monumento maravilloso.
Pues este monumento sirvió como inspiración para este monumento hermosísimo, que es el Ángel de la Independencia, que sí es un referente histórico, no sólo en México, sino en todo el mundo; es una de las rúbricas de la Ciudad de México.
Entonces, para mí es una comparación verdaderamente lamentable, si comparamos el monumento el Ángel de la Independencia con esta llamada Estela de Luz. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor senador. Solicitó también la palabra el diputado Óscar González Yáñez, y se le concede.
El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Mi base modular lo voy a hacer poco breve. Me llamó mucho la atención la intervención de nuestro compañero diputado de Acción Nacional, de decir que no es una corrupción institucional y se está viendo todo lo necesario.Primero entiendo que se está aceptando que hay corrupción, así lo entiendo; dos, me llama la atención, como bien lo mencionaban nuestros compañeros del Partido Verde, hace más de un año se empezaron a hacer comentarios sobre corrupción sobre esta famosa Estela.
Mi pregunta es: ¿por qué siguió fluyendo el financiamiento? ¿Por qué? Si hay consciencia del gobierno federal de que hay corrupción, ¿por qué siguieron poniéndole dinero? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora empiezan a ver si hubo corrupción o no? Son preguntas que algunos nos hacemos, independientemente de la simpatía o no sobre el arte de este monumento, que al parecer —según las encuestas más básicas— la verdad que a los mexicanos y sobre todo a la gente del DF y a los que visitamos el DF no es nada agradable, la verdad.
Los que somos habitantes del valle de Toluca tenemos un monumento igual que ése, que es el monumento a la Bandera, que viene de hace muchos años; ésta es una imitación de aquél; aquél costó en su entonces menos de un millón de pesos, que a precios reales serían más o menos como 35 millones; nosotros ya tenemos uno allá, y ahora tienen éste; el de allá no le generó simpatía a nadie y ahora éste tampoco.
Hago una pregunta —es cierto, vamos a hacer una investigación, pero insistiría—, ¿por qué siguió habiendo flujo financiero para este tema, cuando ya había observaciones concretas?
Quiero hacer referencia al tema que el diputado Pablo hizo, y siguió habiendo flujo financiero; es algo que sí nos tienen que explicar también, porque ahora no se va a tratar, compañeros, de que nos digan que hubo un funcionario menor que incumplió, ¿y los que daban el dinero? ¿Qué pasó?
Porque a estas alturas nosotros hubiéramos preferido, y creo que eso le hubiera convenido más a Acción Nacional, que en su momento hubo observaciones de corrupción y detener la obra y que esa obra hubiera quedado a la mitad y detener la corrupción; sin embargo, siguieron con la Estela de corrupción.
Es una pregunta muy concreta que les hago y creo que el Congreso mexicano sí tiene que tomar cartas en el asunto; sí creo que hay corrupción institucional, no corrupción individual.
Ojo, la corrupción individual, ojo: la corrupción individual son hechos de algunos individuos y la corrupción institucional corresponde a una política de un gobierno.
Creo que hay corrupción institucional y baso mi dicho en lo que acabo de mencionar. Muchas gracias, presidente.
Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De nada, diputado. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si la proposición está suficientemente discutida. Las legisladoras y legisladores que estén porque se considera suficientemente discutida favor de manifestarlo levantando la mano. Los que consideren que no está suficientemente discutida favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si la proposición es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobada. Comuníquese.
REGULARIZACION MIGRATORIA
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el Presidente Barack Obama, al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en los Estados Unidos de América.
El senador Luis Alberto Villarreal García (desde la curul). Señor presidente, estoy solicitando se vaya a Comisión; en un ánimo de que la sesión fluya con más velocidad y sigamos atendiendo otros temas, deseo nada más que se incorpore al Diario de los Debates íntegro el texto del punto de acuerdo. Me reservo el derecho para no subir a la tribuna.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos de América, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El senador Luis Alberto Villarreal García, de conformidad con lo previsto en los artículos 108, numerales I y II; 95, numeral II; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos.
Exposición de Motivos
La administración del presidente Barack Obama propuso cambios a los procesos de solicitud de residencia permanente, a través de los cuales se podría reducir la duración de la separación entre ciudadanos estadounidenses y sus esposos o hijos indocumentados mientras regularizan su situación migratoria; ya que, a través del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USICS), ha presentado ajustes limitados, pero sensatos, al trámite migratorio que permitirá a miles de solicitantes de un permiso de residencia permanente pedir un perdón pro-unificación familiar.
En el proceso actual, que sigue vigente hasta que USCIS no presente una norma definitiva, los esposos o hijos extranjeros de ciudadanos estadounidenses deben regresar a su país de origen para una entrevista en un consulado o en la Embajada de Estados Unidos para tramitar un permiso de residencia. Dicha salida del país puede dar paso a un castigo de 3 a 10 años, en los que la persona no puede reingresar a Estados Unidos, para aquellos que han violado las leyes migratorias, ya sea porque son indocumentados o porque han vivido en el país por más de seis meses.
No obstante, la ley contempla una excepción en aquellos casos en los que el ciudadano estadounidense demuestre que la ausencia de su hijo o cónyuge le acarrearía un “perjuicio extremo”, sea económico, de salud o humanitario. En estos casos, el familiar del ciudadano estadounidense puede requerir, una vez que se encuentra de regreso en su país de origen, un “perdón” también llamado waiver para que se le permita volver a Estados Unidos sin cumplir la prohibición.
Sin embargo, el trámite del “perdón” puede tardar desde seis meses, hasta más de un año. Se espera que la nueva regla pueda reducir el proceso a días o semanas y que estas personas puedan solicitar el “perdón” desde Estados Unidos, antes de regresar a su país. El USCIS examinará su caso y, si lo encuentra válido, concederá una excepción provisional.
Una vez en su país, el familiar en situación irregular se someterá a una entrevista consular. Si no se detectan problemas, el permiso se hará firme y la persona podría regresar a Estados Unidos en cuestión de semanas. La nueva medida sólo se aplicará a los familiares de ciudadanos, no a los de residentes permanentes.
La ciudadanía de Estados Unidos normalmente es adquirida al nacer cuando el niño es nacido dentro del territorio de los Estados Unidos, de acuerdo a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Un residente permanente tiene derecho a vivir y trabajar legal y permanentemente en cualquier parte de los Estados Unidos, a través de la expedición de la tarjeta de residente permanente válida, también llamada Green Card, y puede solicitar la ciudadanía una vez que haya cumplido con determinados requisitos.
Los cambios beneficiarían a miles de inmigrantes que no tienen antecedentes penales y solamente han violado las leyes de inmigración, y a quienes, para efectos de obtener el “perdón”, demuestren que su ausencia de la familia podría causar “dificultades o daño extremo” para el cónyuge o padre ciudadano.
Otros requisitos de elegibilidad son:
• Verificación de que la relación familiar existe legalmente;
• No haber cometido ningún fraude en materia de inmigración;
• Presentar una carta de sostenimiento, a fin de indicar que la persona para quien se solicita el perdón no va a ser una carga pública y que merece el perdón; y
• Que no haya cometido delitos.
En 2011, el gobierno estadounidense recibió 485 mil peticiones de ciudadanos estadounidenses en favor de sus familiares inmediatos, ese mismo año se recibieron 23 mil solicitudes de “perdón”. Más del 70 por ciento fueron aprobadas, es decir, 16 mil, aunque otras 7 mil fueron rechazadas.
La propuesta de la administración Obama y el proceso de cambios propuestos serán delineados en el Aviso de Propuestas de Reglamentación ( Notice of Proposed Rulemaking), tentativamente a ser publicados en la primavera de 2012 y estará abierta a comentarios del público, antes de la publicación de una norma definitiva.
La medida representa un esfuerzo más de la administración del Presidente Obama por flexibilizar la política migratoria sin necesidad de consultar al Congreso de Estados Unidos, donde los republicanos se oponen fuertemente a estas medidas por considerarlas impopulares a los estadounidenses.
Por lo expuesto, someto a aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda las modificaciones propuestas por el presidente Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos y hace votos por la pronta publicación de la regla final del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a fin de que entre en vigor con la brevedad.
Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exhorte respetuosamente a la administración del presidente Obama a que el “perdón” pro unificación familiar pueda ser aplicable no sólo a familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 2012.— Senador Luis Alberto Villarreal García (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se le agradece su amabilidad, señor. Concédase la solicitud del senador e insértese íntegro en el Diario de los Debates. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
BECAS PARA EDUCACION SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR, INGLES Y COMPUTACION
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP publique los mecanismos de distribución de los recursos del Programa de Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Estimadas legisladoras y legisladores, muy buenas tardes, como muchos de ustedes recordarán, en la discusión y en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012 aprobamos en la Cámara de Diputados el Programa de Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, programa promovido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y aprobado por los distintos partidos políticos, por un monto de 5 mil millones de pesos.Igualmente, en el Presupuesto quedó establecido que los recursos de dicho programa provienen del anterior esquema llamado Becas Universitarias y del Nivel Medio Superior, y que el objetivo del nuevo programa es el de contribuir a que los alumnos permanezcan y concluyan sus estudios, a fin de disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos.
Los recursos del programa se distribuyen de la siguiente manera: para la Educación Media Superior, 3 mil millones de pesos; para la Educación Superior, 2 mil millones de pesos.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública existen diversos programas sujetos a reglas de operación, programas de becas y subsidios, respecto de los que en los ejercicios fiscales anteriores y para el ejercicio fiscal 2012 ya se han publicado dichas reglas de operación y lineamientos de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el ejercicio de este tipo de recursos.
Por lo anterior y para fomentar un ejercicio oportuno y eficiente del Presupuesto destinado a este tipo de subsidios a la demanda, que constituye un subsidio idóneo que se otorga el estudiante, resulta importante publicar a la brevedad los mecanismos de distribución de los recursos del Programa Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, a través de las reglas de operación respectivas, con el fin de contribuir a la permanencia de los alumnos en sus estudios, evitar la deserción e incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos.
En este contexto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señala como criterios primordiales para la administración de los recursos públicos federales, los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control rendición de cuentas y equidad de género.
Por tanto las reglas de operación y lineamientos que mediante este punto de acuerdo se exhorta su correspondiente publicación oportuna, deberán además promover una entrega no corporativa y una correcta distribución geográfica equitativa y sin discriminación a estudiante alguno, focalizada a quien realmente lo necesita, fomentando la participación social y la igualdad de oportunidades para los jóvenes a través de la educación y su permanencia en el sistema educativo, como un factor que disminuye disparidades y brinda oportunidades de desarrollo a los jóvenes para el futuro y les dota de habilidades en computación e inglés ante un entorno competitivo a nivel nacional e internacional.
De esta forma, resulta muy importante que además de que se publiquen con la oportunidad debida las reglas de operación, tengan un diseño adecuado, con el fin de que se cumpla a cabalidad con los objetivos para los cuales fue planteado por la Cámara de Diputados en coordinación con el Poder Ejecutivo.
Cabe señalar además que ello corresponde a los planteamientos y a una de las propuestas principales realizadas por el Partido Verde y que hoy se ve materializada en este programa, por lo que es de nuestro primordial interés el adecuado y eficiente ejercicio de estos recursos.
Aunado a lo anterior, solicitamos que el diseño del programa garantice un registro adecuado de los beneficiarios, señalando claramente los criterios de selección, debiendo incluir disposiciones en materia de registro y transparencia del padrón de beneficiarios evitando clientelismo, afiliaciones incorrectas o corporativas que incidan en un mal desempeño del programa.
Por lo anterior, ante ustedes presento los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a publicar oportunamente los mecanismos de distribución de los recursos del Programa Becas para la Educación Superior y la expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, a través de las Reglas de Operación y lineamientos correspondientes.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover el ejercicio eficiente, oportuno, universal, honesto, no corporativo y con criterios de legalidad, equidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y en la distribución geográfica y sin discriminación de estudiantes en el ejercicio de los beneficios del programa referido, que deberá promover la permanencia de los jóvenes en la educación, la minimización de la deserción escolar y el incremento de la eficiencia terminal en los niveles medio superior y superior.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que el programa y las reglas referidas incluyan disposiciones que deberán garantizar un registro adecuado de los beneficiarios, especificando claramente los criterios de selección al igual que sus derechos y obligaciones, así como disposiciones en materia de registro y transparencia del padrón de beneficiarios.
Lo anterior incidirá en una mejora en los niveles de educación de los jóvenes, y por tanto, en una mejora en la calidad de vida y desarrollo de los mexicanos, tarea y compromiso del Partido Verde. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a publicar los instrumentos de distribución de los recursos del programa Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, a cargo de los diputados Rodrigo Pérez Alonso González y Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Los diputados, Rodrigo Pérez-Alonso González y Juan Gerardo Flores Ramírez, integrantes de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEn el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de diciembre de 2011, y de conformidad con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, se encuentra el Programa de Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación, programa promovido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y aprobado por los distintos partidos políticos.
De esta forma, la Estrategia Programática del propio PEF 2012 menciona el incremento a este programa señalando como objetivo el de “contribuir a que los alumnos permanezcan y concluyan sus estudios, a fin de disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos.”
En el anexo del decreto del PEF (DPEF), correspondiente a Programas Presupuestarios en Clasificación Económica, se identifica dicho Programa con el nombre de “Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, correspondiente a un subsidio, por un monto de 5 mil millones de pesos.
Asimismo, en el Anexo 22 “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes” se distribuyen los 5 mil millones de pesos de la siguiente forma:
Para la educación media superior:
3 mil millones de pesos
Para la educación superior:
2 mil millones de pesos
De igual manera, en el Anexo 24 denominado “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, se identifican los mismos 3 mil millones de pesos.
Cabe señalar además que en el Anexo 32 del DPEF, correspondiente a “Ampliaciones a Educación”, en el rubro de Educación Media Superior, se identifica este programa y mediante la nota 7 se explica que: “Se utilizarán los 5 mil millones de pesos del Programa U069 “Becas Universitarias y del Nivel Medio Superior” para crear un nuevo Programa denominado Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, al que también hacen referencia los Anexos 22 y 24.
Por otra parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, LFPRH, menciona los mecanismos para el ejercicio de los recursos de subsidios y otros programas a través de reglas de operación y lineamientos específicos. De esta forma, en el artículo 75 de la LFPRH se establecen los criterios a los que deberán sujetarse los subsidios, y se tiene que:
Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;
IV.Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden, y
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.
...
Asimismo, en el artículo 77 se establecen los criterios para las reglas de operación de los programas, a saber:
Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública.
La secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que se refiere el párrafo anterior. La secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto presupuestario, y
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes criterios:
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga;
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente:
i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección;
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la acción a realizar;
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite;
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite;
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad;
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno.
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el ejercicio fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo.
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, SEP, el Anexo 18 detalla los Programas Sujetos a Reglas de Operación en tanto que en los Anexos 22, “Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes”; 24, “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” y 32, “Ampliaciones a Educación” ya mencionados anteriormente, se detallan los principales programas en materia de educación así como los programas de becas existentes adicionales a este Programa, tales como el Programa Nacional de Becas y Financiamiento (Pronabes), Programa de Becas, Becas Universitarias y de Nivel Superior, Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres en Escuelas Normales Públicas. Programa de Becas para Posgrado, Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, entre otros.
Para el caso de los ejercicios fiscales anteriores, se tienen publicadas reglas de operación para los Programas de Becas, mismos que detallan las modalidades contenidas, tales como:
• Modalidad de Apoyo:
• Modalidad de Retención:
• Modalidad de Excelencia:
• Modalidad de pasantía o prácticas profesionales y emprendedores:
• Modalidad de hijas e hijos de Militares en Activo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Asimismo, para el caso del ejercicio fiscal 2011, se publican los Lineamientos Específicos para la Operación de los Programas de Becas de Educación Media Superior 2011, en las modalidades de:
• Becas apoyo-retención-excelencia.
• Becas discapacidad.
• Becas hijos de militares.
• Becas prepárate.
Igualmente, a partir de la publicación del PEF 2012, en el mes de diciembre, ya se han emitido en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de diversos programas de la SEP, entre los que se encuentran aquellos de becas para el ejercicio 2012.
Por lo anterior, resulta importante publicar los mecanismos de distribución de los recursos del Programa “Becas para la Educación Superior y la expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, a través de las reglas de operación respectivas que deberán promover los objetivos descritos en la Estrategia Programática en el sentido de “contribuir a que los alumnos permanezcan y concluyan sus estudios, a fin de disminuir la deserción e incrementar la eficiencia terminal en estos niveles educativos“ de forma oportuna y eficiente.
La propia SEP menciona que “las Reglas de Operación establecen disposiciones a las que deben sujetarse determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos, las cuales deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y ...
...Que en el marco de lo anterior la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en su artículo 77 que con el objeto de que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a Reglas de Operación, así como los criterios generales aplicables a las mismas.”
Por tanto, dichas Reglas de Operación y Lineamientos deberán promover una entrega no corporativa, con equidad, transparencia, universalidad, equidad de género, distribución geográfica equitativa y de recursos focalizados y sin discriminación de estudiantes, fomentando la participación social.
Asimismo, deberá incluir los objetivos, general y específico; los lineamientos generales, la cobertura, la población objetivo; las características, tipo y monto de los apoyos así como los gastos de operación los mecanismos de entrega, requisitos y procedimientos en materia de ingreso y permanencia; los mecanismos de evaluación, la articulación con otros programas y focalización adecuada.
Deberá garantizar un registro adecuado de los beneficiarios, los criterios de selección al igual que sus derechos y obligaciones.
Igualmente, y en este sentido, deberá incluir disposiciones en materia de registro y transparencia del padrón de beneficiarios del Programa, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción XI y en el artículo 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo 8 de su Reglamento, en el cual, el padrón de beneficiarios del Programa se publicará en la página electrónica; padrón que en principio, estará conformado por todos aquellos alumnos que acreditaron las etapas de registro, verificación de criterios de selección, confronta, validación y de verificación presupuestal.
Uno de los rubros principales será el de difusión promoción, ejecución y de .Contraloría Social (participación social).
Todo ello deberá propiciar un ejercicio del recurso aprobado de forma eficiente y oportuna que garantice el cumplimiento de los objetivos planteados de acuerdo al espíritu del legislador.
En atención a lo expuesto, los diputados que suscriben ponen a consideración de la Comisión Permanente los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública a publicar oportunamente los mecanismos de distribución de los recursos del Programa “Becas para la Educación Superior y la expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación”, a través de las Reglas de Operación y lineamientos correspondientes.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a promover el ejercicio eficiente, oportuno, universal, honesto, no corporativo y con criterios de legalidad, equidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género, distribución geográfica equitativa y de recursos focalizados y sin discriminación de estudiantes, fomentando la participación social en el ejercicio de los recursos del Programa referido, que deberá promover la permanencia de los jóvenes en la educación, la minimización de la deserción escolar y el incremento de la eficiencia terminal en los niveles medio superior y superior.
Asimismo, deberá incluir los objetivos, general y específico; los lineamientos generales, la cobertura, la población objetivo; las características, tipo y monto de los apoyos, así como los gastos de operación los mecanismos de entrega, requisitos y procedimientos en materia de ingreso y permanencia; los mecanismos de evaluación, la articulación con otros programas y focalización adecuada.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que el programa y las Reglas referidas incluyan disposiciones que deberán garantizar un registro adecuado de los beneficiarios, especificando claramente los criterios de selección al igual que sus derechos y obligaciones, así como disposiciones en materia de registro y transparencia del padrón de beneficiarios.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 11 de enero de 2012.— Diputados: Rodrigo Pérez-Alonso González, Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbricas).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados.
DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En el turno tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar el derecho de todo ciudadano a denunciar actos contrarios a los derechos humanos, la dignidad de las personas y contra la legalidad.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT
Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El derecho a la justicia es un derecho humano y es uno de los principios universalmente aplicables reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que legalmente vincula a los Estados como parte del derecho internacional consuetudinario.
En 1948 este derecho se consolido con tratados legalmente vinculantes, internacionales y regionales adoptados por la Organización de las Naciones Unidas y por organismos intergubernamentales regionales como es el caso de la Corte Penal Internacional, la cual es un órgano jurisdiccional reconocido plenamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con absoluta vigencia en nuestro país, así como en los Estados parte.
El artículo 120 del estatuto de la Corte Penal Internacional señala que esta será complementaria de las jurisdiccionales penales nacionales y no se podrá admitir ningún tipo de reservas a esta jurisdicción.
El 25 de noviembre de 2011, un grupo de más de 23 mil mexicanos haciendo uso de sus garantías constitucionales y del derecho al libre acceso a la justicia consagradas en diversos instrumentos de derecho internacional acudieron a la Corte Intencional (CPI), para solicitar a su Fiscal, se analice la “Situación de violencia que prevalece en México” y se pueda iniciar una investigación en la que se pueda determinar si existe violación generalizada de derechos humanos y si se cometieron crímenes de lesa humanidad.
El derecho de acceso a la justicia, aun cuando se considere que los denunciantes tengan o no razón, es el ejercicio de un derecho que debe ser defendido por autoridades e instituciones del Estado mexicano y en ningún caso constituye un acto criminal ni una acción que calumnie.
Sin embargo luego de ser presentada esta solicitud, el 27 de noviembre la Presidencia de la Republica difundió un documento, en el que acusa a quienes presentaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional de hacer “imputaciones falsas y calumniosas” en contra del gobierno federal el cual termina diciendo lo siguiente:
Las imputaciones (...) constituyen en si mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan solamente a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el nombre de México, por lo cual el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.”
Después de dar a conocer el comunicado en el que claramente amenaza a los 23 mil ciudadanos, funcionarios federales empezaron a realizar una campaña mediática de desprestigio y amenazas en contra de los ciudadanos firmantes de la denuncia ante la Corte. Así mismo diversas instituciones internacionales difundieron informes sobre la grave situación que prevalece en nuestro país, sin que se les haya acusado o amenazado.
Acciones que además de acotar el derecho a la justicia, vulneran lo establecido en el artículo 6o. constitucional que a la letra dice:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”
La libertad de expresión además comprende recibir y difundir información así como investigar sobre la misma.
Este honorable Congreso de la Unión debe salvaguardar el derecho a la denuncia y a la búsqueda de la justicia en organismos internacionales así como rechazar y condenar contundentemente que el gobierno federal amenace con utilizar la fuerza del Estado para perseguir y castigar a quienes lo denuncien, lo cual es característico de Estados autoritarios y alejados de un Estado democrático.
Debemos reconocer y salvaguardar el derecho de las y los mexicanos a recurrir a instancias legales y constitucionales con el propósito de hacerse escuchar y manifestar su descontento con las acciones de la administración federal, ante instancias jurisdiccionales internacionales, a las que nuestra nación se ha adherido voluntaria y soberanamente.
De esta manera se considera procedente y legítimo el actuar de los más de 23 mil mexicanos, ya que es indispensable para la consolidación de un Estado democrático el disenso y el debate respecto de la actuación de los servidores públicos, incluido el presidente de la República, pues la participación de los asuntos públicos es un derecho humano y forma de los principios democráticos de una nación.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el derecho inalienable de todo ciudadano a denunciar ante las instituciones competentes, todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional.
Segundo.Esta Comisión Permanente, rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servicio público que signifique una amenaza contra la seguridad la integridad y la libertad de los ciudadanos de las República que ejerzan el derecho a la denuncia.
Tercera.La honorable Comisión Permanente, exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a asumir un compromiso digno de su investidura de jefe de Estado y detenga cualquier acción del gobierno federal en contra de los 23 mil ciudadanos denunciantes ante la Corte Penal Internacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No se encuentra el senador; por lo tanto, túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se propone reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y fomentar su competitividad.
El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y no sin antes solicitar, presidente, que intentaré ser por demás breve y por lo que le solicito que el mismo punto de acuerdo sea insertado en el Diario de los Debates.
Simplemente acudo a la tribuna a señalar que el 90 por ciento de los trabajadores de nuestro país laboran en una micro, pequeña o mediana empresa y la realidad es que hoy enfrentan muchas dificultades este tipo de empresas, tanto para pagar los impuestos es caro y difícil pagar los impuestos, al mismo tiempo los programas de apoyo de la Secretaría de Economía, en muchas ocasiones los créditos, los financiamientos, pues al momento en que empiezan a aparecer terceros en la cadena entre la Secretaría y el beneficiario, los créditos la verdad es que se van encareciendo, sino por el costo mismo del crédito sí por todos los trámites y requisitos que tienen que cumplir.
Lo mismo pudiésemos decir que ocurre en el entorno municipal, en el que si bien es cierto que muchos municipios han instalado estos sistemas de apertura rápida de empresas, la realidad es que la operación misma, el refrendo de licencias, la obtención de permisos, es en ocasiones muy complicada; se solicita una gran cantidad de requisitos y lo que parece paradójico, en muchas ocasiones el mismo municipio solicita la información o documentos que el mismo municipio fue el que las entregó con anterioridad.
Es por ello que este punto de acuerdo es con el objetivo de invitar a todas estas autoridades a que faciliten la operación de las llamadas Mipymes.
Agradeceré se turne a comisión y en su momento, poder profundizar en el debate. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se propone reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y fomenten su competitividad, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los que se propone reforzar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y fomentar su competitividad.
Consideraciones
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera cinco ejes rectores que direccionan la política pública de México, entre los que destacan el “logro de una economía competitiva y generadora de empleos”, capaz de un crecimiento más sostenido y acelerado que permita mejorar la vida de todos los mexicanos, de acuerdo con lo señalado en el eje 2 del citado plan.
En el citado eje nos encontramos con el objetivo 6, en el que se encuentra “promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), a través de las siguientes estrategias:
• Favorecer el aumento de la productividad de las Mipyme e incrementar el desarrollo de productos acorde con sus necesidades.
• Consolidar los esquemas de apoyo a las Mipyme en una sola instancia.
• Impulsar el desarrollo de proveedores, elevando el porcentaje de integración de los insumos nacionales en los productos elaborados en México y consolidando cadenas productivas que permitan una mayor generación de valor agregado en la producción de bienes que se comercian internacionalmente.
• Revisar y ajustar los programas actuales de apoyo para que permitan lograr un escalamiento de la producción hacia manufacturas y servicios de alto valor agregado.
El plan es claro al señalar que es necesario continuar con una política integral de apoyo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las de menor tamaño, con el propósito de establecer las condiciones que contribuyan a su creación, desarrollo y consolidación.
2. De acuerdo con la Secretaría de Economía, las Mipyme representan más de 95 por ciento de las empresas, donde labora aproximadamente 90 por cieno de los trabajadores.
En virtud de ello, la citada secretaría a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa otorga apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomentan la viabilidad de las empresas que se están gestando o las que comienzan a emprender; el desarrollo sustentable y productivo de las empresas activas, así como la consolidación y la competitividad de este sector.
Por ejemplo, en 2010 el Fondo Pyme logró apoyos para la generación de más de 1 millón de empleos que beneficiaron a más de 293 mil empresas, con lo que se busca que estos esquemas mejoren su capacidad de gestión, administración, innovación y se facilite al acceso a financiamientos a través de instituciones financieras o intermediarios financieros especializados.
3.De acuerdo con el estudio Financiamiento de las microempresas y Pyme en México (2000-2009),realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las Mipyme dedicadas los rubros de “comercio y prestación de servicios” representan, en su conjunto, más de 85 por ciento de estas unidades económicas.
En el rubro “comercio”, en 2008 la presencia de esta actividad se presentaba en 50 por ciento de las Mipyme. Las unidades económicas comerciales ascendieron a 1 millón 869 mil 120 con 6 millones 183 mil 596 personas ocupadas, aumentando a una tasa anual promedio de 3.4 y 4.4 por ciento.
En este sector, la materia más importante es la de comercio al por mayor de materias primas, con participaciones en empleo total y en número de unidades económicas de 35.3 y 3.9 por ciento, respectivamente.
Le sigue en importancia, de acuerdo al citado estudio, el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos y bebidas, si bien en los resultados preliminares del Censo de 2008 se evidencia que tanto el personal ocupado como los establecimientos del subsector decrecieron respecto a 2003.
En cuanto al comercio al por menor, señala, el subsector más importante en 2008 fue el comercio al por menor de abarrotes, alimentos y bebidas, con 912 mil 403 establecimientos y personal ocupado de 1 millón 973 mil 676 trabajadores, 38,5 por ciento del comercio al por menor.
El segundo lugar con 12.1 por ciento del personal ocupado en 2008, lo constituyen los negocios especializados en tiendas de autoservicio y departamentales, con 621 mil 525 personas ocupadas, creciendo a un promedio anual de 3.2 por ciento desde 2003.
En cuanto a la materia de “servicios”, el estudio señalado menciona que 36.2 por ciento Mipyme se especializaron en esta materia, empleando a 34.4 por ciento de la población laboral, ubicándose en primer lugar como empleador y segundo en producción bruta.
4. De acuerdo con la Cepal, las Mipyme en México enfrentan obstáculos de origen externo a su crecimiento, tales como el proceso de globalización, la ausencia de un programa transexenal de desarrollo y políticas de estabilización de naturaleza fiscal o monetaria agresivas y sus efectos en ingreso, tipo de cambio y tasas de interés, que los aleja de la construcción de las condiciones económicas y de aprendizaje idóneas para encadenarse a grandes empresas y al comercio internacional.
Respecto a las condiciones locales, la Cepal señala que la baja calidad de infraestructura, la escasa integración entre productores y proveedores, así como los costos elevados de algunos insumos, parques industriales y medios de comunicación, dañan la competitividad de estas empresas.
Asimismo, los trámites gubernamentales y la fiscalización son otro problema que enfrentan, debido a que los procedimientos son largos, burocráticos y variables, y en virtud de su naturaleza, las Mipyme tienen un panorama más complicado que las grandes empresas para enfrentar las cargas fiscales, tanto en pago de impuestos como en trámites para abrir una empresa y mantenerla dentro de la legalidad.
Todo ello se agudiza con establecimiento inmoderado, cuyo fundamento en muchas ocasiones es potenciar la modernidad del municipio, de “grandes cadenas de comercio y servicio” que vienen a mermar severamente las áreas de oportunidades de las Mipyme, en muchas ocasiones con prácticas desleales de comercio como lo es establecer bajos precios de manera excesiva aprovechando su respaldo económico, para “depredar” el mercado de cierto bien o servicio en alguna zona y desalentar la existencia de competidores o, en el mismo sentido, a través de actividades monopsónicas en las cuales las grandes cadenas comerciales adquieren todo el producto y, a su vez, son ellos los proveedores de los pequeños comerciantes alejando, con esta acción, la posibilidad de que los comerciantes puedan ofrecer precios atractivos y competir en el mercado.
5. Como se lee, las Mipyme forman la base económica nacional por lo cual el Estado mexicano, consciente de esta situación, ha trabajado en fortalecer los apoyos tanto económicos y de capacitación como lo demuestran los resultados mostrados en cada uno de los informes de gobierno de la presente administración. Sin embargo, por la importancia tan marcada de estas estructuras económicas, es necesario que se mejoren también, los esquemas de obligaciones fiscales tales como el pago de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el pago de derechos laborales de los trabajadores de éstas ante en Instituto Mexicano del Seguro Social.
De igual manera, reconociendo el gran esfuerzo del Estado, particularmente de la Secretaría de Economía para hacer del conocimiento y fácil acceso de la ciudadanía los apoyos para las Mipyme, es necesario que se fortalezca esta línea de acción para establecer esquemas cada vez más accesibles y de menor economía procesal, a fin de que se potencie la probabilidad de que más ciudadanos conozcan y tengan acceso a dichos fondos.
Como último punto, también resulta importante exhortar a las autoridades municipales para que en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a sus atribuciones, simplifiquen considerablemente los procesos administrativos a fin de facilitar a las Mipyme su instalación y operación, así como a desarrollar programas que fomenten que los pequeños comerciantes y prestadores de servicios puedan competir en el mercado local y no sean “depredados” por las grandes cadenas comerciales.
Por lo anterior se someten a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reforzar los esquemas que facilitan a las micro, pequeñas y medianas empresas el pago de impuestos y los estímulos fiscales que fomentan su competitividad.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fortalecer los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y establecer esquemas cada vez más accesibles y de menor economía procesal, a fin de que se potencie la probabilidad de tener acceso a ellos.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a desarrollar esquemas que faciliten el pago de las obligaciones respectivas por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Cuarto.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los ayuntamientos a simplificar al máximo los procesos administrativos a fin de facilitar a las micro, pequeñas y medianas empresas su instalación y operación, así como a desarrollar programas que fomenten que los pequeños comerciantes y prestadores de servicios puedan competir en el mercado local y no sean “depredados” por las grandes cadenas comerciales.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2012.— Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy amable, senador. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado el señor senador. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
ESTADO DE MEXICO
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat y a la Profepa para que inspeccionen y evalúen la observación de las normas ambientales en rellenos sanitarios del estado de México.
La senadora Adriana González Carrillo:Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Como una medida de protección al medio ambiente, el gobierno del Distrito Federal presentó la clausura, el pasado 19 de diciembre, del denominado Bordo Poniente, uno de los basureros al aire libre más grandes del mundo.
El Bordo Poniente recibía a diario alrededor de 12 mil 600 toneladas de desechos cuyo potencial energético era desperdiciado y que, en definitiva, generaban cuantiosos daños ambientales. A pesar de que el gobierno del Distrito Federal ha venido reutilizando una parte de la basura con usos industriales y ha canalizado ya una parte muy importante de los desechos a nuevas plantas de composta y transferencia, los primeros días del año, los capitalinos vieron con preocupación la acumulación de grandes cantidades de basura en las calles de la Ciudad de México.
Según se informó se trataba de prácticamente 2 mil 600 toneladas que el gobierno de la ciudad, a pesar de los apoyos y las facilidades otorgadas por el gobierno federal y de la antelación con que se proyectó la clausura del Bordo Poniente, no previó dónde depositar la basura.
El descontrol en el manejo de la basura fue de tal magnitud que, en principio, parte de esos desechos fueron llevados a basureros clandestinos en terrenos ejidales de Ixtapaluca y Xonacatlán ante la indignación de sus pobladores. No obstante el clamor de cientos de mexiquenses preocupados por la contaminación y la insalubridad acarreadas por esta acción, el gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.
Con ello, el gobernador del estado de México no sólo no consultó a las autoridades municipales al tomar esta decisión, mucho menos a la ciudadanía, sino que desdeñó un proceso previo, que involucra entre otros elementos una evaluación sobre el previsible impacto ambiental y sobre el deterioro de los propios rellenos sanitarios que operan en dichas demarcaciones.
Si bien es cierto que el acuerdo implica que el estado de México llevará desechos orgánicos al Distrito Federal para su procesamiento como composta, no hay manera de minimizar el daño ambiental y de salud pública que estarán ocasionando 2 mil 600 toneladas de desechos, que por mucho rebasan la capacidad real de la operación de los rellenos sanitarios en nuestra entidad.
De ahí la importancia de reiterar desde esta tribuna el clamor de miles de hombres y mujeres de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán, que exigen que basta ya de ser el tiradero de basura del Distrito Federal.
Mucho menos cuando de lo que se trata es de clausurar un relleno sanitario mediante la acumulación excesiva de basura en otros cuatro, con las repercusiones que esto acarrea; en lugar de que las autoridades metropolitanas se coordinaran para un manejo integral y responsable de los residuos, los mexiquenses pagaremos el costo de una autoridad irresponsable y omisa en garantizar la protección a la salud y la preservación del medio ambiente.
Nadie en el gobierno estatal ha informado respecto de lo que es tiene pensado hacer frente el deterioro que previsiblemente tendrán los rellenos sanitarios del estado de México y acortará irremediablemente su vida útil; nadie ha informado tampoco sobre qué tipos de apoyo se prevén establecer para las comunidades afectadas y qué medidas se tomarán para evitar la sobreutilización de los rellenos sanitarios, provocando con ello focos rojos, focos de infección, propagación de enfermedades, daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos, entre otras calamidades ambientales y no sólo porque se trata de una obligación moral el atender las demandas ciudadanas.
Permítanme hacer de su conocimiento, por ejemplo, algunas de ellas. Piden que quienes trabajen en estos rellenos sanitarios sean personas de la localidad, que es justo; que haya donaciones de parte de las empresas, no solamente para infraestructura, para que puedan tener acceso directo de los camiones recolectores de basura y puedan aislar el deterioro ambiental en esas zonas, sino también piden que haya obras que beneficien a la comunidad; quieren también que haya jornadas médicas de manera periódica para detectar cualquier tipo de infección o de enfermedad. Cualquiera de nosotros que tuviéramos un tiradero cercano a nuestras propiedades estaríamos demandando lo mismo.
También exigen que haya atención a sus demandas, que son incluso mucho más quizá mínimas o menores, que solicitan para poder tener y recuperar su calidad de vida.
Sin embargo, estas demandas ciudadanas no han sido atendidas, no solamente por las autoridades locales, quienes buscan el día de hoy aprobar y autorizar las licencias a estos rellenos sanitarios, sino especialmente no están atendiendo su primera labor que es escuchar a la ciudadanía y sus reclamos justos sobre este problema, que preocupa a ellos y sus familias.
Nosotros creemos que también es una obligación legal el que se cumpla la norma oficial mexicana NOM 083, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; esta operación tendría que observar ciertos criterios que garanticen la protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos contaminantes y la protección de la salud pública en general.
Por ello, propongo los siguientes resolutivos:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México establecer a la brevedad posible un fondo para financiar nuevos rellenos sanitarios, a fin de hacer frente a la emergencia metropolitana por la clausura del denominado Bordo Poniente.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a realizar una inspección, a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes, durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía en el curso del primer trimestre de este año, un informe detallado que contenga las conclusiones principales, derivadas de esta inspección.
Cuarto. La Comisión Permanente exhorta al gobierno del estado de México a atender escrupulosamente la norma oficial mexicana NOM 83 de la Semarnat, en la operación de los rellenos sanitarios en territorio estatal, así como durante el proceso de diseño y construcción de nuevos rellenos sanitarios.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer un programa de compensación a las comunidades afectadas, de fortalecimiento a los servicios de salud y de obra pública e infraestructura complementaria de acuerdo a lo establecido en la NOM 83 para los sitios de disposición final en los municipios de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.
Les pido a todos mis compañeros de la Comisión Permanente me permitan y me puedan obsequiar que este punto de acuerdo sea de obvia o urgente resolución, por los siguientes argumentos: necesitamos apoyar a la ciudadanía del estado de México en sus demandas; que no se autoricen más rellenos sanitarios y más ayuda al gobierno del Distrito Federal, en tanto no se resuelvan las demandas de estos habitantes de estos cuatro municipios.
Estamos de acuerdo que haya colaboración, pero también queremos compensación a la ciudadanía, especialmente en sus demandas.
Al jefe de gobierno del Distrito Federal, quien ha recibido reconocimientos por su trabajo a favor del medio ambiente, le exhortamos a que pueda hacer un plan para atender el problema de la basura en su entidad y pueda con ello poder seguir obteniendo estos reconocimientos, pero sobre todo, resolviendo un problema de fondo que corresponde al alcalde de la ciudad.
En este momento, en Tecámac, Xonacatlán e Ixtapaluca, está ingresando basura a estos rellenos sanitarios de manera ilegal; no tienen autorización, no tienen licencias; en Cuautitlán Izcalli los ciudadanos están bloqueando con sus cuerpos, directamente, el relleno, el acceso al relleno sanitario. De tal suerte que hoy tenemos un problema social y nosotros, desde la máxima tribuna de la nación, debemos apoyarlos en sus demandas.
Pedir y exhortar al gobierno del estado de México, a su gobernador Eruviel Ávila, a que no presione a los ediles, a que no presione a los regidores de oposición para que el día de hoy aprueben esas licencias sin antes haber atendido las demandas sociales.
En el estado de México mandamos el agua al Distrito Federal y nos regresan la basura; eso no es justo para las familias mexiquenses.
Queremos que en Ixtapaluca la demanda que ha hecho la ciudadanía y especialmente los líderes de la colonia Jiménez Cantú, que es la que piden y hago propia: que la Universidad del estado de México pueda abrir un campus para estas personas y sus familias. Muchas gracias, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat y a la Profepa a inspeccionar y evaluar la observación de las normas ambientales en la operación de depósito de basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México, e informar de sus conclusiones, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como una medida de protección al medio ambiente, el gobierno del Distrito Federal presentó la clausura, el pasado 19 de diciembre, del denominado Bordo Poniente, uno de los basureros al aire libre más grandes del mundo. El Bordo Poniente recibía a diario alrededor de 12 mil 600 toneladas de desechos cuyo potencial energético era desperdiciado y que, en definitiva, generaban cuantiosos daños ambientales. A pesar de que el gobierno del Distrito Federal ha venido reutilizando una parte de la basura con usos industriales y ha canalizado ya una parte muy importante de los desechos a nuevas plantas de composta y transferencia, los primeros días del año, los capitalinos vieron con preocupación la acumulación de grandes cantidades de basura en las calles de la Ciudad de México.
Según se informó se trataba de prácticamente 2 mil 600 toneladas que el gobierno de la ciudad, a pesar de los apoyos y las facilidades otorgadas por el gobierno federal y de la antelación con que se proyectó la clausura del Bordo Poniente, no previó dónde depositar. El descontrol en el manejo de la basura fue de tal magnitud que, en principio, parte de esos desechos fueron llevados a basureros clandestinos en terrenos ejidales de Ixtapaluca y Xonacatlán ante la indignación de sus pobladores. No obstante el clamor de cientos de mexiquenses preocupados por la contaminación y la insalubridad acarreadas por esta acción, el gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán. Con ello, el gobernador del estado de México no sólo no consultó a las autoridades municipales al tomar esta decisión sino que desdeñó un proceso previo que involucra, entre otros elementos, una evaluación sobre el previsible impacto ambiental y sobre el deterioro de los propios rellenos sanitarios que operan en esas demarcaciones.
Si bien es cierto que el acuerdo implica que el estado de México llevará desechos orgánicos al Distrito Federal para su procesamiento como composta, no hay manera de minimizar el daño ambiental y de salud pública que estarán ocasionando 2 mil 600 toneladas de desechos que, por mucho, rebasan la capacidad real de la operación de los rellenos sanitarios en nuestra entidad. De ahí la importancia de reiterar desde esta tribuna el clamor de miles de hombres y mujeres de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán que exigen: “Basta de ser el basurero del Distrito Federal”. Mucho menos cuando de lo que se trata es de clausurar un relleno sanitario mediante la acumulación excesiva de basura en otros cuatro, con las repercusiones que esto acarrea. En lugar de que las autoridades metropolitanas se coordinaran para un manejo integral y responsable de los residuos, los mexiquenses pagaremos el costo de una autoridad irresponsable y omisa en garantizar la protección de la salud y la preservación del medio ambiente.
Nadie en el gobierno estatal ha informado respecto de lo que se tiene pensado hacer frente al deterioro que previsiblemente tendrán los rellenos sanitarios del estado de México y que acortará irremediablemente su vida útil. Nadie ha informado tampoco sobre qué tipo de apoyos se prevén establecer para las comunidades afectadas y qué medidas se tomarán para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios provoque focos de infección, propagación de enfermedades, daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos, entre otras calamidades ambientales.
Y no sólo porque se trata de una obligación moral que corresponde a cualquier autoridad sino además porque es su obligación legal. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083 expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), esta operación tendría que observar ciertos criterios que garanticen la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos contaminantes y la protección de la salud pública en general.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer a la brevedad posible un fondo para el financiamiento de nuevos rellenos sanitarios a fin de hacer frente a la emergencia metropolitana por la clausura del denominado Bordo Poniente.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía, en el curso del primer trimestre de este año, un informe detallado que contenga las conclusiones principales derivadas de esta inspección.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a observar escrupulosamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la Semarnat en la operación de los rellenos sanitarios en el territorio estatal, así como durante el proceso de diseño y construcción de nuevos rellenos sanitarios.
Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer un programa de compensación a las comunidades afectadas, de fortalecimiento de los servicios de salud y de obra pública e infraestructura complementaria –de acuerdo con lo establecido en la NOM-083 para los sitios de disposición final– en los municipios de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si considera el punto de urgente resolución.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, esta a discusión la proposición. Se abre la lista de oradores. No se ha inscrito ningún orador; por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si la proposición se encuentra suficientemente discutida. Las legisladoras y los legisladores que consideren que está suficientemente discutida favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que consideren que no está suficientemente discutida favor de manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutida, presidente, aunque está solicitando la palabra el senador Toledo.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor secretario. Sí lo estoy viendo, nada más que como estábamos en votación, por esa razón no le podía otorgar la palabra. Lo que pasa es que se acaba de votar que está suficientemente discutido.
El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Le estaba pidiendo la palabra.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Calma. Técnicamente ya pasó el momento en que se puede pedir la palabra, pero quisiera solicitarle al señor senador, si la senadora acepta, con gusto en esta Mesa Directiva no tendríamos ningún problema. Si no lo acepta el anexo que usted le plantea le rogaría que pudiéramos seguir con el procedimiento. ¿Sí está de acuerdo, señora senadora?
La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí está de acuerdo, mire.
El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Gracias, presidente. Gracias, senadora González Carrillo. Bueno, nada más es solicitar un adéndum que en los resolutivos incluya también que el exhorto considera al Distrito Federal.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Está usted de acuerdo, senadora?
La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): Sí, señor presidente. Con gusto hacemos la adición. Me parece que en el cuerpo de todas las consideraciones y la explicación de las circunstancias también se hace claramente un exhorto al Gobierno del Distrito Federal, y su jefe de Gobierno; sin embargo, los compañeros creen importante que en los resolutivos pueda venir claramente y explícitamente el exhorto, me parece que es correcto.
Sin embargo, también creo que una forma de poderlo resolver es que se turnasen estos resolutivos con todas sus consideraciones —quizá la versión estenográfica también— a los dos titulares del Ejecutivo de ambas entidades federativas.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: La senadora ha aceptado el adéndum que propone el senador Toledo; por lo tanto, le solicito a la Secretaría consulte si se aprueba la proposición con el agregado que ha mencionado el senador Toledo.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el punto de acuerdo presentado por la senadora Adriana González Carrillo, con al agregado que propone el senador Adolfo Toledo Infanzón, es de aprobarse. Los legisladores y legisladoras que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese, tanto al jefe de gobierno del Distrito Federal como al gobernador constitucional del estado de México; así también comuníquese a la Semarnat y a la Profepa todo este resolutivo,incluido el Diario de los Debates.
COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT.
El diputado Rigoberto Salgado Vázquez:Con su permiso, señor presidente. Los suscritos diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, al tenor de las siguientes consideraciones:Primero. Que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México, que ha prestado el servicio concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo el pilar de la conectividad de nuestro país con el resto del mundo.
Segundo. Que debido a su deficiente administración esta empresa suspendió operaciones desde el mes de agosto de 2010, estando imposibilitada para cumplir con el servicio público el transporte aéreo, objeto de la concesión y que se encuentra en riesgo de quiebra, lo que significaría la cancelación de 8 mil 687 empleos directos y a nivel nacional, entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos perdidos; 85 proveedores de Nuevo Grupo Aeronáutico, transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, etcétera.
Tercero. Que para garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere una inversión de 300 millones de dólares que con base en las leyes orgánicas de la banca de desarrollo, se propicie el otorgamiento de una carta de crédito a favor de la compañía aérea.
Cuarto. Para mejorar el impulso de los servicios aéreos se requiere fortalecer y mantener líneas aéreas sanas y competitivas. Bajo esa premisa, los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos de América han otorgado financiamiento a diversas líneas aéreas tanto de créditos como subsidios que han sido restituidos gracias a un mayor ingreso de divisas y de turistas extranjeros.
Si realmente se quiere fortalecer el servicio de transporte aéreo en México, el gobierno federal debería otorgar este aval a través de la emisión de la carta de crédito solicitada.
Quinto. El costo de mantener suspendidas las actividades de Mexicana ha sido el siguiente: fueron afectados 3.4 millones de pasajeros en rutas domésticas, equivalentes al 28.5 por ciento del total del mercado doméstico; se afectaron 2.1 millones de pasajeros en rutas internacionales, equivalente al 64.3 por ciento de los pasajeros internacionales transportados por las aerolíneas mexicanas y el 18.5 por ciento del mercado total internacional, incluyendo a las aerolíneas extranjeras.
Se dejaron de realizar 74 mil operaciones domésticas, lo que equivale al 30 por ciento de las operaciones totales domésticas, con el respectivo impacto en aeropuertos y en economías locales. Se dejaron de realizar 23 mil 400 operaciones internacionales, equivalente al 60 por ciento de las operaciones totales internacionales de aerolíneas mexicanas con su respectivo impacto en aeropuertos y economías locales.
Se dejaron de atender con oferta nacional, 35 mercados internacionales, ahora a disposición de aerolíneas extranjeras.
Las tarifas en rutas domésticas mostraron aumentos de entre el 10 y el 60 por ciento. Las tarifas en rutas internacionales muestran aumentos de entre el 70 y el 280 por ciento.
Se está en riesgo de perder el 34 por ciento de fuentes de trabajo de la industria de transporte aéreo nacional, en su mayoría de personal altamente calificado; los 8 mil 687 empleos directos en riesgo de perderse representan alrededor del 3 por ciento de empleos formales creados entre enero de 2009 y el cierre de Mexicana en agosto de 2010, reportados en el IMSS.
El déficit en la oferta de asientos en rutas nacionales es del 31 por ciento, el déficit en la oferta de asientos en rutas internacionales es del 35 por ciento, el nivel de conectividad nacional e internacional se mantiene debilitado, el 86 por ciento del mercado internacional es atendido por aerolíneas extranjeras, cuando hace un año era 72 por ciento.
La quiebra del nuevo grupo aeronáutica significa pérdida inmediata al erario por 3 mil 506 millones de pesos, pérdida de 8 mil 687 empleos directos altamente calificados, afectación a más de 200 mil empleos indirectos; pérdida de soberanía al ser ocupado el espacio aéreo mexicano por aerolíneas extranjeras, impacto negativo al consumidor por tarifas altas y menos opciones de conectividad; pierde más la nación, tanto económica, como socialmente, al quebrar la aerolínea que al reestructurarla para reiniciar operaciones.
Por lo expuesto y fundado se pone a consideración de este cuerpo colegiado los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo, la emisión de una carta de crédito por 300 millones de dólares que se otorgará en calidad de capital de trabajo por parte de la Banca de Desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy nuevo grupo aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa del servicio público en México.
Segundo. Asimismo se convoque a una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con integrantes de esta Comisión Permanente y con los secretarios generales de los sindicatos afectados, a fin de buscar los mecanismos de solución al asunto materia del presente acuerdo, de acuerdo con sus atribuciones.
Se solicita, por la relevancia de esta proposición, se trámite como de urgente resolución. Firman diputados: Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Francisco Hernández Juárez, Mario di Costanzo Armenta y Rigoberto Salgado Vázquez. Es cuanto, señor presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reestructuración de Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Francisco Hernández Juárez, Mario di Costanzo Armenta y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT
Los suscritos, diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, el presidente de la Mesa Directiva y el presidente de la Junta de Coordinación Política en esta LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, al tenor de las siguientes
Consideraciones1. Que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México que ha prestado el servicio concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo un pilar de la conectividad de nuestro país con el resto del mundo
2. Que en diciembre de 2005 se concretó la venta del Grupo Mexicana desincorporándola de Cintra por un precio de 165.5 millones de dólares, cuando el IPAB la valuó en 1,456 millones de dólares; cantidad que se redujo con 997 millones de dólares por arrendamiento de aviones; una deuda neta de 29 millones de dólares y pasivos laborales por 265 millones de dólares; que adicionalmente en 2006, la nueva administración obtuvo una devolución de 15 millones de dólares, por créditos fiscales, por lo que el precio final de venta fue de 150.5 millones de dólares.
3. Que debido a la deficiente administración de Grupo Mexicana, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, esta empresa suspendió operaciones desde el mes de agosto de 2010, estando imposibilitada para cumplir con el servicio público de transporte aéreo objeto de la concesión y que se encuentra en riesgo de quiebra, lo que significaría la cancelación de 8 mil 687 empleos directos, y a nivel nacional entre 80 mil y 100 mil empleos indirectos perdidos (85 proveedores de Nuevo Grupo Aeronáutico, transportación terrestre, equipajeros, hoteles, restaurantes, locales comerciales, agencias de viajes, arrendadoras de autos, etcétera).
4. Que para garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere de una inversión de 300 millones de dólares.
5. Que el artículo 25 de la Carta Magna justifica con mucho que el gobierno realice una inversión de tal magnitud, no sólo para preservar las fuentes de empleo, sino también para recuperar, reactivar y reiniciar las actividades en dicha aerolínea.
6. Que ya en otras circunstancias de emergencia se ha aprobado medidas de apoyo también emergentes, pudiéndose mencionar, entre otras y sólo a título de ejemplo, las proporcionadas a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia de la influenza A (H1N1), en la cual el 5 de mayo del 2009, el gobierno federal otorgó medidas fiscales de carácter general y apoyos específicos –fiscales y financieros– a los sectores más perjudicados, y dónde las medidas sumaron un total de alrededor de 17 mil 400 millones de pesos, con las cuáles se buscó garantizar condiciones favorables para apuntalar la actividad económica e inducir una rápida recuperación en los sectores más afectados.
7. Que con base en las leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo se propicie el otorgamiento de una carta de crédito a favor de la compañía aérea de acuerdo con lo siguiente:
Artículo 6. ...
VIII Bis. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia para las personas, empresas y organizaciones productivas y de comercialización, en pueblos y comunidades indígenas, en materia de comercio exterior con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado;
8. Es importante señalar que con el argumento anterior, el propio gobierno federal ha invertido en forma directa a través de la Secretaría de Comunicaciones Transportes 17 mil 323 millones de pesos en la modernización y equipamiento de aeropuertos, como el de Huatulco, Mérida y Oaxaca; se otorgó por parte de la Banca de Desarrollo 2 millones 730 mil 830 pesos a los sectores empresarial, Infraestructura, vivienda y rural. De igual forma se apoyó al Proyecto Fiat 500 de la Chrysler con 400 millones de dólares, y se otorgó una garantía hasta por 300 millones de dólares a la Planta de Etileno XXI, ambas a través de Nacional Financiera y Bancomext. Otro de los que recibieron financiamiento fue la hipotecaria Su Casita por 2 mil 750 millones de dólares.
9. En el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 el ejecutivo señaló en el rubro de Transporte Estrategia 14.7 y 14.8 la ampliación de la cobertura de los trasportes en todas sus modalidades, bajando costos, aumentando la seguridad y calidad, modernizando y proporcionando servicios confiables y de calidad para toda la población.
10. Para mejorar el impulso de los servicios aéreos se requiere fortalecer y mantener líneas aéreas sanas y competitivas. Bajo esa premisa, los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos de América han otorgado financiamientos a diversas líneas aéreas, tanto de créditos como subsidios, que han sido restituidos gracias a un mayor ingreso de divisas y de turistas extranjeros. Si realmente se quiere fortalecer el servicio de transporte aéreo en México, el gobierno federal debería otorgar este aval a través de la emisión de la carta de crédito solicitada.
11. Que para finales del 2010:
• Fueron afectados 3.4 millones de pasajeros en rutas domésticas, equivalente al 28.5 por ciento del total del mercado doméstico.
• Se afectaron a 2.1 millones de pasajeros en rutas internacionales, equivalente al 64.3 por ciento de los pasajeros internacionales transportados por las aerolíneas mexicanas, y al 18.5 por ciento del mercado total internacional incluyendo a las aerolíneas extranjeras.
• Se dejaron de realizar 74 mil operaciones domésticas, lo que equivale al 30 por ciento de las operaciones totales domésticas con el respectivo impacto en aeropuertos y economías locales.
• Se dejaron de realizar 23 mil 400 operaciones internacionales, equivalente al 60.5 por ciento de las operaciones totales internacionales de aerolíneas mexicanas con su respectivo impacto en aeropuertos y economías locales.
• Se dejaron de atender con oferta nacional 35 mercados internacionales, ahora a disposición de aerolíneas extranjeras.
• Las tarifas en rutas domésticas muestran aumentos de entre el 10 al 60 por ciento.
• Las tarifas en rutas internacionales muestran aumentos de entre el 70 al 280 por ciento.
Se está en riesgo de perder el 34 por ciento de las fuentes de trabajo de la industria del transporte aéreo nacional, en su mayoría de personal altamente calificado.
• Los 8 mil 687 empleos directos en riesgo de perderse representan alrededor del 3 por ciento de los empleos formales creados entre enero del 2009 y el cierre de Mexicana en agosto de 2010 reportados al IMSS.
12. Que al primer trimestre del 2011:
• El déficit en la oferta de asientos en rutas nacionales es de 31 por ciento.
• El déficit en la oferta de asientos en rutas internacionales es de 35 por ciento.
• El nivel de conectividad nacional e internacional se mantiene debilitado.
• El 86 por ciento del mercado internacional es atendido por aerolíneas extranjeras, cuando hace un año era 72 por ciento.
13. Que la quiebra del Nuevo Grupo Aeronáutica significa:
• Pérdida inmediata al erario por 3 mil 506 millones de pesos.
• Pérdida de 8 mil 687 empleos directos altamente calificados.
• Afectación a más de 200 mil empleos indirectos.
• Pérdida de soberanía al ser ocupado el espacio aéreo mexicano por aerolíneas extranjeras.
• Impacto negativo al consumidor por tarifas altas y menos opciones de conectividad.
• Pierde más la Nación tanto económica como socialmente al quebrar la aerolínea, que al reestructurarla para reiniciar operaciones.
Por lo expuesto y fundado, se pone a consideración de este cuerpo colegiado, los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo la emisión de un carta de crédito por 300 millones de dólares que se otorgará en calidad de capital trabajo por parte de la banca de desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México.
Segundo.Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo federal para que el gobierno participe en la capitalización de los pasivos respectivos en el proceso de reestructura de la unidad de negocios y negocie los términos de la reestructura de la deuda a favor del gobierno federal.
Tercero.Finalmente, cite a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo con los integrantes de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a fin de informar su participación en el asunto materia del presente acuerdo, de acuerdo a sus atribuciones.
Se solicita que esta proposición se tramite como de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2012.— Diputados: Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Rios Píter (rúbrica), Francisco Hernández Juárez (rúbrica), Mario di Costanzo Armenta (rúbrica), Gerardo Fernández Noroña.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera este punto de urgente resolución.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el punto de acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano. No se considera de urgente resolución; no alcanza la votación, presidente.
El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Presidente, a la comisión le solicito que sea nominal, por favor, para saber cuál es el resultado real, porque hay duda en relación...
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor senador...
El senador Jesús Garibay García (desde la curul): ... seis, siete, ocho.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A ver, hay legisladores que tienen duda sobre el resultado de la votación.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Porque no votaron, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene usted razón.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Tendrán duda porque no votaron, pero con muchísimo gusto, presidente...
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Le solicito, por favor, repita la votación, primero de manera económica para ver si se resuelve.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Lo hago por instrucciones de la Presidencia.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato.
El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Presidente, para una moción de procedimiento.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor senador.
El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Presidente, una moción de procedimiento; hay una solicitud formal para que sea nominal la votación y no de manera económica; le pediría procesarla, si usted tiene a bien autorizarlo, presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Si cinco legisladores de esta Comisión Permanente respaldan está solicitud, tengo la obligación de hacerlo como usted lo indica.
Sí, sí hay más de cinco.
El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, perdón.
El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Es que no podemos estar cambiando las instrucciones de la manera de votar aquí. Ya se había votado que se rechazó; luego dio la instrucción de que se votara de manera económica y si había duda se iba a la nominal, y luego ahorita otra vez.Me parece que está muy claro, determinar si es de urgente resolución; si no es así, no se desecha, evidentemente se va al estudio en la Comisión, si no se resuelve aquí. Pero no podemos estar cambiando cada tres minutos la instrucción de la votación.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Lo que pasa es que los legisladores, cuando suman cinco y solicitan que sea nominal están en su derecho, no es un asunto que conceda yo o no, sino es su legítimo derecho de pedirlo, y han pedido más de cinco legisladores que sea nominal.
Para que sea de urgente u obvia resolución se necesita dos tercios de este pleno, así que vamos a ver si logran los dos tercios de manera nominal. Por favor proceda la Secretaría a hacer la votación nominal.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Háganse a los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento; recibirá la votación por la afirmativa su servidor, y por la negativa el diputado Rigoberto Salgado.
El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): En contra.
El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): En contra.
La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): En contra
La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón(desde la curul): En contra.
El senador Juan Bueno Torio(desde la curul): En contra, porque es un tema tan delicado que tenemos que discutir mucho más a fondo y con números específicos, sobre todo de la salida de la empresa; no queremos dejarlo a la deriva, por eso vamos en contra, aunque estamos de acuerdo en la reestructura de Mexicana.
La senadora Adriana González Carrillo(desde la curul): Abstención.
El senador José Luis Máximo García Zalvidea(desde la curul): A favor.
El senador Valentín Guzmán Soto(desde la curul): A favor.
El diputado Óscar González Yáñez(desde la curul): A favor.
El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Por ser un tema tan importante, Jesús Garibay, a favor.
El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): A favor.
El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): Sí.
El senador Fernando Jorge Castro Trenti(desde la curul): Sí.
El senador Adolfo Toledo Infanzón(desde la curul): Sí.
El diputado Patricio Chirinos del Ángel(desde la curul): A favor.
El diputado Gerardo Sánchez García(desde la curul): En solidaridad con el senador Garibay, a favor.
La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): En contra.
Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): No.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Vamos a recoger la votación de la Mesa Directiva.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Sí.
El Vicepresidente diputado Gustavo González Hernández:En contra.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A favor.
El Vicepresidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:A favor.
El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: A favor.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Señor presidente, se emitieron 15 votos por el sí, 8 votos por el no y 1 abstención. En tal virtud, no se alcanza la mayoría calificada.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En virtud de que no se alcanzaron los dos tercios requeridos para que se considerara de urgente u obvia resolución, se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
Hemos recibido del diputado Uriel López Paredes solicitud de licencia. Le solicito al secretario le dé lectura.
DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 12, fracción II, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por este conducto le solicito sea tramitada ante las instancias correspondientes mi solicitud de licencia por tiempo indefinido, a partir de 14 de enero de 2012.
Sin otro particular, aprovecho para reiterarle mi amistad y respeto.
Atentamente
México, DF, a 10 de enero de 2012.— Diputado Uriel López Paredes (rúbrica).»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor senador. Si me permite primero ponerlo a discusión para que luego solicite la palabra, le tengo ya anotada la intención.
De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo y para ese efecto, podamos levantar en este caso si existe intención una lista de oradores.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Por instrucciones de la Presidencia, se pone a discusión la solicitud de licencia presentada por el diputado Uriel López Paredes.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Hay un orador registrado. Tiene usted la palabra, señor senador.
El senador Jesús Garibay García:Muchas gracias, señor presidente. El diputado Uriel López Paredes fue electo en el noveno distrito de Uruapan, Michoacán; como ciudadano michoacano y vecino de Uruapan quiero desearle la mejor de las suertes en su nueva encomienda a mi amigo, paisano y colega legislador. Muchas gracias, presidente por haberme concedido el uso de la palabra.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Al contrario, con mucho gusto, señor senador; me sumo a su felicitación a nuestro amigo y compañero el diputado Uriel López Paredes. Prosiga la Secretaría, por favor.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Se consulta a la asamblea en votación económica, si el punto de acuerdo que contiene la solicitud de licencia por tiempo indefinido al diputado Uriel López para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el noveno distrito electoral del estado de Michoacán a partir del 14 de enero, es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ESTADO DE GUERRERO
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se recibió del Grupo de Trabajo que se formó para dar seguimiento al tema de Ayotzinapa una comunicación. Le pido a la Secretaría que haga el favor de leerla.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Señor presidente, informo a usted...
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Espéreme tantito, señor secretario. En vista de que no tienen el documento los secretarios, lo haré personalmente.
Se recibió del Grupo de Trabajo de seguimiento de los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y un trabajador de una gasolinera, informe preliminar que contiene su mismo informe y la presentación sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos, en relación a los hechos referidos. Por lo tanto, solicito que se publique este informe en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, Presidente de la comisión de seguimiento a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.—Comisión Permanente, LXI Legislatura.
Distinguido señor diputado:
Por medio de la presente comunico a usted que el día de la fecha, se emitió el informe preliminar sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a lo hechos ocurridos el día 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, del cual le anexo copia.
Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
México, DF, a 9 de enero de 2012.— Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Informe sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación con los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero
Presentación
1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero; 20, Apartado B, y 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3; 6, fracciones I, II, III; 15, fracciones VII y VIII; 24, fracciones I, IV y V; 34; 38, 39, fracciones I y V, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 80, y 85, 86, 89 y 174, de su Reglamento Interno, presenta a la opinión pública, su Informe preliminar sobre la investigación iniciada por violaciones graves a los derechos humanos, en relación a los hechos suscitados el 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.
Los hechos materia de la investigación tuvieron como consecuencia la muerte de tres personas, cuatro heridos por proyectil de arma de fuego, personas objeto de trato cruel, así como la afectación de diversos bienes muebles e inmuebles, circunstancias que revisten una especial gravedad, trascienden el interés de la entidad federativa e inciden en la opinión pública nacional, por lo que esta Comisión Nacional inició una investigación por violaciones graves a los derechos humanos, bajo el expediente CNDH/1/2011/10267/ Q. Por lo anterior, una vez que se analizaron los avances de la investigación se dio vista a los siguientes:
I. Hechos
Los hechos ocurrieron entre las 11:30 y las 12:50 horas del 12 de diciembre de 2011, cuando un grupo aproximado de entre 250 a 300 personas, integrado por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, y otros colectivos arribaron a bordo de varios autobuses a la ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero. Lo anterior, a fin de manifestarse ante la negativa reiterada, según lo expresaron, del titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero para recibirlos en audiencia.
A las 11:30 horas aproximadamente, los manifestantes llegaron en los citados autobuses a la ciudad de Chilpancingo, ubicándose en la carretera federal número 95, que une al Distrito Federal con la ciudad de Acapulco, conocida como “Autopista del Sol”, en el inicio del tramo Chilpancingo-Acapulco, en dirección de norte a sur, en las inmediaciones de la estación de gasolina número 4033.
Alrededor de 11:35 horas, en el lugar referido se inició un bloqueo sobre la pista asfáltica, en ambos sentidos de la carretera, utilizando los autobuses en los que venían para obstruir la circulación, atravesando uno de estos en el sentido de norte a sur y dos en la entrada de la carretera que lleva al lugar conocido como “Petaquillas”.
6.A las 11:40 horas aproximadamente, según versiones de las víctimas, y derivado del análisis de algunos videos y fotografías que se allegó este organismo nacional, para ese momento ambos sentidos de la citada Autopista del Sol se encontraban totalmente bloqueados y con manifestantes. Arribó al lugar, en el sentido sur a norte, la camioneta de la Policía Federal número 13775, de la cual descendió uno de sus elementos, que respondía al apelativo del “30”.
7.Posteriormente, alrededor de las 11:50 horas, según lo señalaron los agraviados, del sentido norte a sur llegó un contingente de la Policía Federal, al mando del subinspector de la División de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a bordo de patrullas oficiales, y también arribó el Director General de Gobierno del estado de Guerrero, con la finalidad de exhortarlos a que se retiraran, ofreciéndoles instalar una mesa de trabajo con el gobernador de Guerrero.
8.A las 12:05 horas aproximadamente, sin haber llegado a un acuerdo, y para entonces habiendo agresiones verbales de ambos lados, arribaron más elementos de la Policía Federal. Alrededor de las 12:10 horas, según versiones dadas a conocer en los medios de comunicación, y por el dicho de algunas de las víctimas, los policías federales avanzaron hacia los manifestantes con la intención de contenerlos; sin embargo, en ese lapso se incrementaron las agresiones verbales entre ambos lados, y por dicho de los estudiantes entrevistados, del cerro ubicado en el lado oriente, a la altura de la desviación a Petaquillas, un elemento, al parecer de la Policía Federal, disparó una granada de gas lacrimógeno en contra del grupo que se encontraba ubicado en la pista asfáltica en el sentido de norte a sur.
9.Los manifestantes alrededor de las 12:15 horas, comenzaron a dispersarse corriendo la mayoría de ellos en dirección al norte, con la intención de protegerse; sin embargo, a la altura de la Estación de Gasolina Núm. 4049, se enfrentaron con elementos de la citada Policía Federal, quienes comenzaron a someterlos de manera violenta y apuntarles con sus armas. Los estudiantes que lograron evitar el enfrentamiento corrieron de nuevo en dirección al sur, concentrándose atrás de los camiones que estaban obstruyendo la circulación de norte a sur.
10.Para ese momento, ya se había iniciado el fuego en una de las bombas de abastecimiento de gasolina de la mencionada estación Núm. 4033. Los manifestantes continuaron dispersándose, y en medio de la trifulca, se escucharon detonaciones de arma de fuego, las cuales, según los agraviados, no sabían de dónde provenían, pero señalaron que alcanzaron a ver que los elementos de la Policía Investigadora Ministerial perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, entonces con presencia en el lugar, desde el puente que cruza a la calle René Juárez Cisneros, portaban armas largas, estaban vestidos de civil, la mayoría con playeras blancas, y sin ninguna insignia oficial visible que los distinguiera como miembros de esa institución.
11.A las 12:20 horas aproximadamente y en adelante, arribaron al lugar policías preventivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, encabezados por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial de esa dependencia, acompañado de seis elementos armados.
12.A partir de las 12:23 horas los disparos de arma de fuego se prolongaron, por alrededor de seis minutos, lapso en el que elementos de las corporaciones policiales que intervinieron perseguían a estudiantes y otras personas que se dirigían a una tienda ubicada en las inmediaciones de la Estación de Gasolina No. 4049, apuntándoles con sus armas y sometiéndolos con lujo de violencia. Resultó de especial interés el video que sobre los hechos dieron a conocer diversos medios de comunicación entre los días 3, 4 y 5 de enero de 2012.
13.Pasadas las 12:32 horas aproximadamente, varias personas habían sido detenidas y, paralelamente, diversos estudiantes notaron que había varios heridos, algunos por proyectil de arma de fuego, y que los cuerpos de dos de sus compañeros se encontraban tendidos sobre la carretera. Por otra parte, algunos de los manifestantes ya dispersos observaron cómo otras personas fueron perseguidas por elementos de las diversas corporaciones policiales que ahí se encontraban; los acecharon desde ese lugar, hasta los lotes baldíos que se encuentran en las faldas del cerro situado cerca del mismo, donde fueron sometidos de forma violenta.
14.Los manifestantes señalaron que durante su detención fueron objeto de violencia física y tratos crueles en su contra, ya que los golpearon con armas de fuego, toletes, pies y manos; agregaron que en su traslado, y durante su estancia en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, los agredieron física y verbalmente.
II. Acciones
Con motivo de la integración del expediente de mérito por violaciones graves a los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza diversas acciones interrelacionadas y ordenadas de manera cronológica, que, en conjunto, integran los actos necesarios para obtener evidencias.
En este contexto, las actividades realizadas por esta Comisión Nacional han previsto principalmente la entrevista con las víctimas, inspecciones oculares, solicitud de medidas cautelares, acopio de fuentes de información oficial y privada, así como entrevistas a personas señaladas como probables responsables y respecto de las cuales existen procesos instaurados en su contra. También se analizan las causas penales que se instruyeron o que se encuentran abiertas a cargo de las autoridades respectivas, mismas que integran un expediente que a la fecha contiene 6,848 fojas. Para ello, se han realizado las siguientes acciones:
A. Equipo conformado
17.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conformó un equipo técnico multidisciplinario, integrado por 21 Visitadores Adjuntos, de los cuales 15 son abogados, dos médicos, dos psicólogos clínicos y 2 peritos en criminalística.
B. Lugares en donde se han realizado acciones
Las acciones emprendidas se han desarrollado básicamente en cuatro municipios del estado de Guerrero y en la ciudad de México. Los municipios son: 1) Chilpancingo de Los Bravo; 2) Acapulco de Juárez; 3) Atoyac de Álvarez, y 4) Tixtla de Guerrero (Ayotzinapa).
En dichos municipios se visitaron principalmente: 1) El lugar en donde ocurrieron los hechos; 2) La Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Guerrero; 3) Las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; 4) El Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero; 5) El Hospital Santa Fe, de la ciudad de Chilpancingo; 6) El Hospital Regional Núm. 1, “Vicente Guerrero”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Acapulco, Guerrero; 7) La Clínica Hospital ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero; 8) El Museo Interactivo “La Avispa”, en Chilpancingo, Guerrero; 9) La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa; 10) Los domicilios de algunas de las víctimas, y 11) Diversos lugares en donde se han realizado marchas con motivo de los hechos.
C. Diligencias realizadas y fuentes de información
20.En este contexto, se han realizado diversas diligencias reflejadas en el levantamiento de 89 entrevistas; 48 inspecciones oculares en diversos lugares; 35 servicios de atención victimológica de tipo médico, psicológico y acompañamiento proporcionado en los lugares de detención y en los domicilios de algunas de las víctimas; 19 certificaciones médicas realizadas en hospitales y lugares de detención; una opinión clínica, elaborada con base en los principios del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes “Protocolo de Estambul”; dos peritajes en criminalística, practicados en el lugar de los hechos; 182 videos, contenidos en 41 discos compactos; 500 fotografías; 380 notas periodísticas, contenidas en seis carpetas; 189 notas relacionadas con monitoreo de radio; una averiguación previa, integrada por más de 2,500 fojas, contenida en cuatro tomos; un expediente de queja de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, integrado por 212 fojas, y 12 informes de autoridad.
D. Medidas cautelares solicitadas
21.Este organismo nacional solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al gobierno del estado de Guerrero y a la Presidencia municipal de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, que, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptaran medidas cautelares orientadas básicamente a: 1) Colaborar en las investigaciones iniciadas con motivo de los hechos; 2) Salvaguardar los derechos de las víctimas, testigos y familiares, y proporcionarles atención especializada; 3) Elaborar un registro de los servidores públicos que participaron en los acontecimientos, y 4) Proporcionar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos copias de las actuaciones que tuvieran sobre los mismos.
E. Solicitudes de información
La Comisión Nacional formuló 14 solicitudes de información dirigidas a 11 autoridades de los tres ámbitos de gobierno: Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad Pública Federal, en dos ocasiones; Procuraduría General de la República; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, en dos ocasiones; Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en dos ocasiones; Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, y municipio de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero.
En el análisis de las evidencias también jugaron un papel fundamental las noticias y los artículos publicados en la prensa, los cuales aun cuando no es dable otorgarles un valor como prueba plena, constituyen hechos públicos y notorios que, al estar en completa relación con las evidencias que esta Comisión Nacional se allegó como resultado de sus investigaciones, no requieren en sí mismos de comprobación, como lo reconoce tanto la jurisprudencia nacional, como la generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto constituyen declaraciones públicas que pueden ser corroboradas con testimonios y cualquier otro género de evidencias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su posición en el sentido de que la información contenida en noticieros y artículos de prensa pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios; lo anterior quedó plasmado en la sentencia del caso de la Masacre de La Rochela, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia de 11 de mayo de 2007, Serie C, número 163, párrafo 59, así como en el caso Bueno Alves, Fondo Reparaciones y Costas, sentencia de 11 de mayo de 2007, serie C, número 164, párrafo 46.
F. Comparecencia de servidores públicos
Es importante resaltar la comparecencia del gobernador constitucional de Guerrero ante este organismo nacional el pasado 26 de diciembre de 2011.
En este orden de ideas, con fundamento en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero; 20, apartado B, y 102, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º., fracción II, inciso b); 24, fracciones I, IV y V; 34, y 39, fracciones I y V, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 80, 85, 86, y 89 de su Reglamento Interno, se juzgó conveniente, para un mejor conocimiento del asunto, solicitar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero su compareciera ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer de su conocimiento el inicio y desarrollo de la investigación por violaciones graves a los derechos humanos atribuidos a servidores públicos de su gobierno; correrle traslado de la queja presentada; solicitarle la rendición de los informes correspondientes; manifestara lo que a su derecho conviniera, y proseguir con las diligencias necesarias para la debida integración del expediente.
En esa diligencia el gobernador de Guerrero, en ejercicio de su derecho de audiencia, manifestó, básicamente, su compromiso de colaborar con la Comisión Nacional en el desarrollo de las investigaciones, e instruyó al secretario general de Gobierno de esa entidad para que proporcionara toda la información que le fuera requerida, entregando en ese momento tres carpetas con 186 fojas de información referente a los acontecimientos, así como un documento de cinco páginas.
III. Obstáculos
Uno de los obstáculos que se presentaron en torno a la investigación fue la falta de respuesta oportuna a las solicitudes de información por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al remitir a este organismo nacional información parcial y de manera tardía, circunstancia que hubiera sido razón suficiente para tener como ciertos los hechos en términos del artículo 38 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, eso no impidió al personal de este organismo nacional, llevar a cabo diversas diligencias con el objetivo de suplir esa falta de información, para sustentar plenamente su investigación.
De las evidencias que se allegó esta Comisión Nacional se desprende que, adminiculado a una de las primeras inspecciones oculares realizada por personal de la Procuraduría General de Justica del Estado de Guerrero en el lugar de los hechos, más las opiniones técnicas emitidas por la Coordinación de Servicios Periciales esta Comisión Nacional, así como por las fotos y videos dados a conocer en diversos medios de comunicación, se puede observar que los elementos de seguridad que participaron en los hechos realizaron acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indicios, los cuerpos de las personas fallecidas y los medios de prueba en general que se encontraban en el lugar de los hechos.
Efectivamente, se observó que el lugar de los hechos fue contaminado, en virtud de que ninguna de las autoridades presentes en el mismo llevó a cabo maniobras inmediatas de preservación para evitar la pérdida de indicios relacionados con el evento en donde fallecieron dos estudiantes que se estaban manifestando el 12 diciembre de 2011, en Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero.
Esta situación también fue corroborada por un perito en materia de incendios y explosivos adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en el oficio del 13 de diciembre de 2011, en el que señaló que en esa fecha se constituyó en la Estación de Servicio de Gasolina Núm. 4033, y observó que ya se habían realizado maniobras y trabajos de limpieza y albañilería, precisando que por ello el lugar no fue preservado correctamente para el estudio pericial que se le solicitó practicar; asimismo, indicó que el lugar había sido completamente modificado, sólo se observaron ahumamientos, manchas de color negro en el piso a la altura donde debería ir el despachador 1 y 2, el cual no se encontraba en su lugar original, por lo que no se podía establecer el origen ni el foco del siniestro, así como qué tipo de agente externo se utilizó.
Otro de los obstáculos que enfrentó la Comisión Nacional fue la discrepancia entre lo señalado por el Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, mediante el oficio PGJE/DGPM/AG/3037/2011, del 14 de diciembre de 2011, en el cual afirmó que al operativo acudieron 73 elementos que, en su mayoría, fueron desarmados, situación que contrasta con la realidad.
De igual forma, la declaración del vocero de la Policía Federal, en el sentido de que “La Policía Federal no llegó en primera instancia (al lugar de la protesta). Las pláticas no avanzaban, no tenemos la autoridad para iniciar el diálogo con los manifestantes, ya estaban otras corporaciones y nosotros estábamos a la distancia de donde se realizó la manifestación”, cuando en las cámaras de seguridad instaladas en la carretera, así como de las evidencias de que se allegó esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se desprende que fueron de los primeros en llegar.
IV. Observaciones
Antes de entrar al estudio de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas en este asunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno llevan a cabo para contener manifestaciones públicas violentas, incluso cuando para tal efecto se requiera el uso de la fuerza, sino a que, durante su desarrollo, se vulneren derechos humanos.
Por lo anterior, no se justifique el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley, como tampoco la comisión de conductas delictivas por parte de los gobernados, las cuales, en ambos casos, deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados.
De igual manera, se precisa que el deber de esta Institución es investigar las violaciones a los derechos humanos derivadas de los hechos del 12 de diciembre de 2011, en tanto que al Ministerio Público le corresponde deslindar las responsabilidades penales en contra de los involucrados.
Ahora bien, del análisis lógico-jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente CNDH/1/2011/ 10267/Q, en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este organismo nacional a la fecha, ha contado con elementos que le permitieron evidenciar violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad.
A. Uso indebido de las armas de fuego en una manifestación pública
38.La Comisión Nacional reconoce que el empleo de la violencia y la afectación a derechos de terceros por particulares no es un medio idóneo para exigir el cumplimiento de derechos a las autoridades o hacerse justicia por propia mano, y, en este sentido, si bien los derechos a la libre expresión, reunión y petición son resultados de grandes conquistas en la defensa de los derechos humanos, que deben estar protegidos independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten, es fundamental que estos se ejerzan de manera pacífica y respetuosa, de conformidad a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de los derechos humanos, a fin de contribuir al fortalecimiento de las instituciones y de una cultura de derecho democrática.
39.Al respecto, es muy importante considerar que cuando resulta inevitable el uso de la fuerza pública, debe tener límites; efectivamente, existe un deber a cargo de los servidores públicos para actuar con la debida diligencia, lo cual es una condición básica para evitar afectaciones a la sociedad. El uso de la fuerza pública siempre debe ser el último recurso, y de ninguna manera es admisible que se ejerza de manera arbitraria, por el contrario, es necesario observar los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia.
40.Los servidores públicos del Estado mexicano tienen el deber, en el marco del sistema de protección de derechos humanos que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cumplir y hacer cumplir la ley, previniendo la comisión de conductas que vulneren tales derechos con los medios a su alcance, proporcionando a las víctimas un trato digno, sensible y respetuoso, evitándose en todo momento revictimizarlas con su actuación. Hoy por hoy, es claro que el servidor público que viola los derechos humanos, está violando la Constitución.
41.Las evidencias que hasta el momento se allegó esta Comisión Nacional permiten observar transgresiones a los derechos humanos en agravio de 29 víctimas directas y dos indirectas, derivado de los acontecimientos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo, estado de Guerrero.
42.De las evidencias analizadas, se observó que los acontecimientos se presentaron en los carriles correspondientes a la carretera federal número 95, que une al Distrito Federal con Acapulco, conocida como Autopista del Sol, en el inicio del tramo Chilpancingo-Acapulco, en dirección de norte a sur, intervinieron servidores públicos de la Policía Federal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, y elementos tanto de la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, como de la Policía Preventiva adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero y la Policía Preventiva municipal de Chilpancingo.
43.Los elementos de la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero acudieron al lugar de los hechos por instrucciones del entonces procurador general de Justicia del Estado de Guerrero, según se desprendió del informe rendido mediante el oficio PGJE/DGPM/AG/DC/3103/2011, del 20 de diciembre de 2011, suscrito por el director general de la Policía Ministerial de Guerrero.
44.A dicho operativo acudieron 73 elementos que, según se informó a este organismo nacional, mediante el oficio PGJE/DGPM/AG/3037/2011, del 14 de diciembre de 2011, suscrito por el citado Director General de la Policía Ministerial de Guerrero, en su mayoría fueron desarmados; solamente cinco portaban armas de fuego.
45.Ahora bien, de los informes referidos se desprende que uno de los elementos que participaron fue el Coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quien ese día se encontraba de descanso, según lo expuso el entonces Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero en esta Comisión Nacional, en su comparecencia del 22 de diciembre de 2011, circunstancia que el propio servidor público confirmó en su declaración ministerial del 14 de diciembre de 2011; sin embargo se trata de la persona que en múltiples fotografías y videos aparece apuntando al grupo de manifestantes.
46.La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en su artículo 26, fracciones I, II y V, establece como una de las obligaciones de los ggentes de la Policía Ministerial usar vehículos, armamento y demás equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones; con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, y proporcional al hecho, situación que no se observó en el caso del mencionado Coordinador de la Policía Ministerial, quien a simple vista se vio portando un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530.
47.Respecto de los elementos de la Policía Preventiva adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, según se desprendió de la fatiga que manifiesta el personal de oficiales y policías estatales que participaron en el operativo, suscrita el 13 de diciembre de 2011, por el Coordinador Operativo de la Región Centro de la Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero, participaron 31 elementos policiales de los cuales, 19 eran estatales y 12 pertenecían a la Policía Preventiva Municipal en apoyo al Cuartel General Central de la policía estatal. Ahora bien, de este número, 28 portaban equipo antimotines y tres portaban armas de tipo G-3 y R-15.
48.Con relación al número de elementos policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, según información que se obtuvo de la averiguación previa que logró allegarse esta Comisión Nacional, toda vez que la Policía Federal no aportó el informe que le requirió este organismo nacional, y con base en el oficio SSP/SPPC/ DGDH/124/2012, y hasta el 6 de enero de 2012, suscrito por el director general de Derechos Humanos de esa dependencia, el día de los hechos participaron 50 elementos adscritos a la División de Fuerzas Federales y 11 adscritos a la División de Seguridad Regional de esa institución que se encontraban operando en Chilpancingo, para lo que organizaron un dispositivo de disuasión; de ellos 59 elementos portaban armas de alto poder.
49.Bajo esta perspectiva, en los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011, participaron 165 elementos policiales; 61 eran policías federales; 73 policías ministeriales; 19 policías estatales, y 12 policías preventivos municipales, quienes por lo menos 67 portaban armas de fuego.
50.La ubicación de algunos de los elementos es la siguiente:
a) Policía Federal. Se observa que algunos de los referidos elementos se encontraban sobre la autopista en dirección de norte a sur (Cuernavaca-Acapulco), al término del puente vehicular, empuñando armas largas y apuntando en dirección al sur; sobre la autopista en dirección de norte a sur (Cuernavaca-Acapulco), frente a la gasolinera 4033; sobre la autopista en dirección de sur a norte (Acapulco-Cuernavaca), a la altura de la calle sin nomenclatura, y sobre la autopista, en dirección de sur a norte (Acapulco-Cuernavaca), frente a la gasolinera 4049.
b) Policía Estatal. Se observa que algunos de los referidos elementos se encontraban sobre la calle sin nomenclatura y empuñaban armas largas, apuntando en dirección sur y oriente; en la esquina Sur de la calle René Juárez Cisneros con la calle sin nomenclatura, sobre la batea de una camioneta con torreta.
c) Personal sin uniforme. Se observa que algunos de los referidos elementos empuñaban armas largas, encontrándose en el arroyo de circulación de la calle René Juárez Cisneros, en dirección de norte a sur, en la parte posterior de la gasolinera numero 4043; dos de ellos sobre el puente vehicular de la calle René Juárez Cisneros e intersección con la calle sin nomenclatura, apuntando con sus armas con dirección al oriente, con el dedo índice de mano derecha por dentro del guardamontes de su arma.
51.En este contexto, de la información obtenida por este organismo nacional se observó que los cuerpos de seguridad que participaron en los hechos emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de contener la manifestación realizada el 12 de diciembre de 2011, en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo, sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines, que previnieran la afectación física de las personas que se estaban manifestando y de terceros ajenos a los hechos, a pesar de que al menos 29 de éstos pertenecían a un grupo de esa naturaleza y llevaban el equipo correspondiente, y que, de forma contraria, lo que prevaleció fue la violencia.
Al respecto, es importante mencionar que en el ámbito internacional se han dado importantes avances para identificar los casos en que debe ser utilizada la fuerza; ejemplo de ello lo constituye el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. También los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Servidores Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Estos instrumentos internacionales son claros en el sentido de que las armas de fuego de ninguna manera deben utilizarse contra las personas, sobre todo existiendo medios menos peligrosos.
Se establece que el uso de la fuerza sólo se justifica, excepcionalmente, cuando sea estrictamente necesario, en la medida en que lo requieran las circunstancias y cuando se busque asegurar la plena protección de la integridad de las personas. Es importante tener en claro que, para llevar a cabo la práctica de todos estos principios y lineamientos sobre el uso de la fuerza, se requiere una capacitación que permita desarrollar habilidades éticas, sociológicas y físicas de los servidores públicos, particularmente, en los policías, para tener una actuación siempre apegada a la ley; de ahí que sea urgente una mayor capacitación policial, pero también la práctica de exámenes periódicos que evalúen la actuación de cada elemento.
Actualmente, la inmensa mayoría de las personas que desempeñan dichas funciones presentan graves deficiencias; no cuentan con la capacitación adecuada ni con la evaluación periódica de su desempeño, que permita orientar de mejor manera su labor esto los conduce a errores o abusos que en muchas ocasiones ni siquiera suelen identificarse.
55.En el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, emitido el 31 de diciembre de 2009, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los numerales 193, 194, 198, 200 y 201, se ha señalado que las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión.
56.Efectivamente, según dicho informe, (...) esto involucra desde el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona, hasta el acompañamiento a las personas que participan en la reunión o manifestación, para garantizarles su seguridad y facilitar la realización de las actividades que motivan la convocatoria. Las fuerzas policiales requieren contar con normas de actuación definidas y con el entrenamiento profesional necesario para actuar en situaciones que involucran grandes concentraciones de personas, a los efectos de generar las condiciones para que estos eventos puedan desarrollarse en el marco de las normas establecidas y sin afectar el ejercicio de otros derechos humanos.
El Estado en este contexto, tiene la obligación de proporcionar a sus fuerzas policiales el equipamiento, y recursos de comunicaciones, vehículos, medios de defensa personal y de disuasión no letales adecuados para intervenir en estas circunstancias. En todo caso, las fuerzas policiales deberán recibir el entrenamiento y las órdenes precisas para actuar con la certeza de que su obligación es proteger a los participantes en una reunión pública o en una manifestación o concentración, en la medida que éstos ejercen un derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya señaló en su oportunidad, que la función legítima de los cuerpos de seguridad es proteger a los manifestantes pacíficos y garantizar la seguridad pública actuando con completa imparcialidad con relación a todos los ciudadanos, sin importar su filiación política o el contenido de sus manifestaciones. Las fuerzas policiales deben adoptar todas las previsiones necesarias a los efectos de prevenir situaciones de violencia derivadas del ejercicio abusivo o ilícito del derecho de reunión. En principio, el reconocimiento del derecho de reunión parte de la base de que éste debe ejercerse en forma pacífica, esto es, sin afectar el ejercicio de los derechos humanos de otras personas o grupos de personas que conviven en una misma sociedad.
Las omisiones del Estado en el control del orden público, constituyen un claro incumplimiento de su deber de protección de las personas bajo su jurisdicción. Las autoridades estatales, tienen la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier forma de conducta violenta que vulnere los derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción. El derecho de reunión, tal como se ha definido en el plano internacional y en los ordenamientos jurídicos internos de rango constitucional, tiene como requisito principal el de ejercerse de manera pacífica y sin armas.
Por ello, la Comisión Interamericana reconoció que en algunas ocasiones el ejercicio de este derecho distorsiona la rutina de funcionamiento cotidiano, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, y que, inclusive, puede llegar a generar molestias o afectar el ejercicio de otros derechos que merecen de la protección y garantía estatal, como, por ejemplo, el derecho a la libre circulación. Sin embargo, este tipo de alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse.
El Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas así como dispersar aquellas que se tornan violentas u obstructivas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. El accionar de agentes estatales no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Por tanto, los operativos de seguridad que deben implementarse en estos contextos deben contemplar las medidas de desconcentración más seguras y menos lesivas para los manifestantes.
Las autoridades tienen que manejar en forma razonable y proporcional, las diferentes respuestas que los ordenamientos jurídicos internos ofrecen, siempre teniendo en cuenta los estándares internacionalmente aceptados, respecto a las obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos. Los Estados deben asegurar medidas administrativas de control que aseguren que el uso de la fuerza en manifestaciones públicas será excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias y que deben establecer medidas especiales de planificación, prevención e investigación a fin de determinar el posible uso abusivo de la fuerza en este tipo de situaciones.
En este sentido, la CIDH ha recomendado las siguientes medidas: a) la implementación de mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas; b) la implementación de sistemas de registro y control de municiones; c) la implementación de un sistema de registro de las comunicaciones para verificar las órdenes operativas, sus responsables y ejecutores; d) la promoción de la identificación personal con medios visibles de los agentes policiales que participen de los operativos de control de orden público.
De igual forma, e) la promoción de espacios de comunicación y diálogo previo a las manifestaciones, y la actuación de funcionarios de enlace con los manifestantes, para coordinar el desarrollo de las acciones de manifestación y protesta y los operativos de seguridad pública evitando situaciones de conflicto; f) la identificación de responsables políticos a cargo de los operativos de seguridad en las marchas, en especial cuando existan marchas programadas o conflictos sociales prolongados, o circunstancias que hagan prever riesgos potenciales para los derechos de los manifestantes o terceras personas, a fin de que estos funcionarios estén encargados de controlar el operativo en el terreno, y hacer cumplir estrictamente las normas sobre uso de la fuerza y comportamiento policial; g) el establecimiento de un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales con instructores independientes y participación de las víctimas de abusos o actos de violencia; y, h) adoptar medidas para impedir que los mismos funcionarios policiales o judiciales (jueces o fiscales) involucrados directamente en los operativos estén a cargo de investigar irregularidades o abusos cometidos en su desarrollo.
57.Resulta oportuno mencionar la tesis aislada P. LII/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 66, con el rubro: Seguridad Pública. Requisitos para que el ejercicio de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos, como acto de autoridad restrictivo de derechos, cumpla con el criterio de razonabilidad, misma que ha sido utilizada por esta Comisión Nacional en diversas recomendaciones, se prevé que: 1) el uso de la fuerza debe realizarse con base en el ordenamiento jurídico y que con ello se persiga un fin lícito, para el cual se tiene fundamento para actuar; 2) la actuación desplegada sea necesaria para la consecución del fin, y 3) la intervención sea proporcional a las circunstancias de facto. Todo lo anterior atendiendo al cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
58.Además, resulta relevante mencionar la tesis aislada P. LV/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 59, con el rubro: Seguridad pública. El uso de armas de fuego por parte de los cuerpos policiacos es una alternativa extrema y excepcional, que, en términos generales, señala que el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos policiales sólo es aceptable cuando los estímulos externos recibidos por el agente no dejan otra opción, ya sea para proteger la propia vida, la de terceros o prevenir o detener mayores daños, tal y como lo sugiere la Organización de las Naciones Unidas en el punto 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, situaciones que no ocurrieron en el presente caso.
59.En la Recomendación General 12/2006, emitida el 26 de enero de 2006, por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el uso Ilegítimo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios o Servidores Públicos Encargados de Hacer Cumplir la Ley, se estableció que dichos servidores públicos son garantes de la seguridad pública, la cual tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
60.En este tenor, los servidores públicos de los cuerpos de seguridad que intervinieron en los hechos, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública federal y el gobierno del estado de Guerrero, con su actuación vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, previsto en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y constituyó una transgresión a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 4, 5, 9 y 10, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que establecen, en términos generales, que sólo se podrá hacer uso de la fuerza y de armas de fuego cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
61.Particularmente, el numeral 9 de los referidos Principios Básicos precisa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos y, en cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
62.Por su parte, el numeral 10 dispone que cuando un servidor público se encuentre obligado a utilizar armas de fuego deberá dar una clara advertencia de su intención de emplearlas, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a estos funcionarios, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.
63.Los artículos 7, 9.1 y 17 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16.1 y 16.2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 3, 5, 9 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I y XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 6, párrafo tercero, y 7, párrafo segundo, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que, en términos generales, establecen que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que la fuerza pública sólo deberá utilizarse cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas de seguridad.
64.Particularmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere al derecho que tiene toda persona a no sufrir transformaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente que cause dolor o sufrimiento graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.
B. Privación de la vida
65.La privación arbitraria de la vida por agentes del Estado o con su complicidad o tolerancia o aquiescencia, incluidos los casos de muerte como resultado de la aplicación de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención o prisión, y el uso indebido de la fuerza por la policía, las fuerzas armadas u otras fuerzas estatales o paraestatales, resulta inadmisible en un Estado democrático de derecho.
Según información recabada por este organismo nacional, pasadas las 12:32 horas del 12 de diciembre de 2011, diversos estudiantes notaron que había varios heridos por proyectil de arma de fuego, y que los cuerpos de dos de sus compañeros se encontraban tendidos sobre la carretera.
Bajo esta perspectiva, resultó importante considerar el dictamen que en materia de criminalística elaboró la coordinación de servicios periciales de este organismo nacional, así como los dictámenes de criminalística de campo, dictámenes de necropsias y dictamen de balística forense realizados por las autoridades del estado de Guerrero, en los cuales se observó que la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, así como de Gabriel Echeverría de Jesús, respectivamente, obedecieron, en el primer caso, a un traumatismo craneoencefálico severo consecutivo a una herida por proyectil único de arma de fuego penetrante y saliente de cráneo, que por su propia naturaleza es una lesión mortal por necesidad, y en el segundo caso por una causa de muerte violenta, correspondiendo ésta a un choque hipovolémico por hemorragia externa por sección bilateral del paquete vasculonervioso de cuello consecutivo a una herida por proyectil único de arma de fuego penetrante y saliente de cuello.
Respecto a la dirección que siguió el proyectil que privara de la vida a Jorge Alexis Herrera Pino, ésta fue de adelante hacia atrás, ligeramente de arriba abajo, considerando la ubicación anatómica de la lesión. Con relación a Gabriel Echeverría de Jesús, el proyectil que lo privara de la vida tomó una dirección de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha, lo que hace suponer que existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferidos de poniente a oriente, lugar en que se encontraban diversos servidores públicos de Guerrero.
Bajo esta perspectiva, y toda vez que no se recuperaron las ojivas que ocasionaron la privación de la vida de los estudiantes, hasta el momento no es posible determinar el calibre de los proyectiles respectivos.
Lo anterior con base en las evidencias con que hasta ahora cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las cuales destaca el dictamen en criminalística del lugar de los hechos, elaborado por la Coordinación de Servicios Periciales de este organismo nacional.
En cuanto a los daños que se localizaron en el muro que divide el flujo vehicular en la autopista se observó:
Primer daño: Ubicado en el segundo segmentode la sección de sur a norte en el muro de concreto con pérdida de su material de construcción y pintura que mide 5.5 por 3.7 centímetros, una profundidad aproximada de 5 milímetros ubicado a 73 centímetros por arriba del de su borde inferior y a 99 centímetros de su borde derecho o sur.
Segundo daño: Ubicado en el undécimo segmentode la sección de norte a sur, en el muro de concreto con pérdida de material de construcción y pintura que mide 5 por 5 centímetros, una profundidad aproximada de 10 milímetros, ubicado a 70 centímetros de su borde inferior y a 41 centímetros de su borde derecho o sur.
Tercer daño: Ubicado en el undécimo segmentode la sección de norte a sur, en el muro, de 8 por 6.5 centímetros, con una profundidad aproximada de 3 milímetros, ubicado a 73 centímetros por arriba de su borde inferior y a 27 centímetros de su borde derecho o sur.
72.Por otra parte, en relación al lugar de los hechos:
Primera.Tomando en consideración las características de los daños (primero y tercero) observados en el muro de concreto del muro de contención central, se establece que fueron producidos al ser proyectado un objeto de consistencia dura en contra de las superficies en donde se observaron dichos daños.
Segunda.Con relación a los daños mencionados se puede estimar que los mismos muy probablemente fueron producidos por proyectil único de arma de fuego.
Tercera.Considerando el tipo, las características así como por la morfología del daño marcado como segundo, se establece que fue producido al impactarse un proyectil único disparado por arma de fuego.
Cuarta.Considerando el tipo, las características así como por la morfología del daño marcado como segundo, se establece que su trayectoria fue de poniente a oriente.
Quinta.Considerando la conclusión inmediata anterior, se establece que el disparador del arma de fuego se encontraba del lado poniente de la autopista, ubicado en el arroyo de circulación que corre en dirección de oriente a poniente y viceversa (calles sin nombre) el cual comunica en forma en la intersección la calle de René Juárez Cisneros y la autopista.
73.En relación a los videos y gráficos publicados:
Primera.Se establece que el lugar de los hechos fue contaminado y no fue preservado primariamente, en virtud de que ninguna de las autoridades presentes en el mismo, llevo a cabo maniobras inmediatas de preservación para evitar la pérdida de indicios relacionados con el evento en donde perdieron la vida Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
Segunda.Se aprecia en los videos uso de la fuerza excesiva e innecesaria por parte de elementos con uniformes de la Policía Federal, lo anterior en virtud de que las personas ya se encontraban aseguradas.
Tercera. Considerando la información gráfica con la que cuenta este organismo nacional, se ubican en los siguientes lugares las personas uniformadas y armadas que intervinieron:
74.Con relación a la lesión por proyectil de arma de fuego que presentó el cuerpo de Gabriel Echeverría de Jesús, en cuello, considerando sus orificios (entrada y salida), a la ubicación que presentó el cuerpo en el lugar de los hechos aunado a las fotografías donde se aprecia de pie y posteriormente sobre el piso, sobre el carril de baja velocidad de la autopista, en dirección de sur a norte, se puede establecer con un alto grado de probabilidad que el disparador o victimario se encontraba del lado poniente de la autopista, donde se ubica la calle sin nomenclatura y la vialidad René Juárez Cisneros.
75.En este sentido, es importante precisar que cuando se priva de la vida a una persona por un agente del Estado, en uso indebido de la fuerza, éste comete una violación grave que, además de vulnerar el derecho a la vida, también transgrede los derechos a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
76.Además, con ello se dejan de observar diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero y segundo, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, y 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; los numerales 4 y 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; 6.1 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1.1, 4.1, 5.1 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
77.De igual manera, este organismo nacional hace un pronunciamiento respecto a la pérdida de la vida de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, que se desempeñaba como empleado administrativo en la estación número 4033, denominada Centro Comercial Chilpancingo S A de CV, conocida como “Eva”, quien falleció a consecuencia de quemaduras en más del 30 por ciento de su cuerpo, por tratar de contener el incendio de una de las bombas de suministro de gasolina de ese establecimiento.
78.En el caso particular del señor Gonzalo Miguel Rivas Cámara, las lesiones que presentó el 12 de diciembre de 2011 fueron: cabello carbonizado, con cejas, pestañas y vibrisas carbonizadas; cara carbonizada; quemadura profunda en tórax cara anterior izquierda, abdomen plano; con quemadura superficial, extremidades superiores con quemaduras de segundo grado superficial y profunda, en brazo, antebrazo y mano, así como lo descrito por el médico del servicio de terapia intensiva, quien describió quemadura de vía aérea, que por sus características son similares a las producidas por ignición o contacto por fuego directo. Presenta una temporalidad de aproximadamente cuatro horas, siendo este tiempo contemporáneo con los hechos ocurridos en la gasolinera Pemex, estación 4033, ubicada sobre la lateral del boulevard de la carretera Chilpancingo-Acapulco. Lesiones que por su localización, magnitud y trascendencia desde el punto de vista forense se consideran mortales por su naturaleza, y contribuyen de forma directa sobre la causa de muerte del agraviado.
79.Al respecto, el Agente del Ministerio Público deberá realizar el deslinde de las responsabilidades penales correspondientes; las evidencias existentes hasta el momento permiten observar cómo dos personas encendieron fuego a una de las bombas despachadoras de la gasolinera, ya que según la declaración de uno de los empleados de esa estación de servicio señaló que cuando empezó el enfrentamiento entre estudiantes y policías federales, “él junto con otros compañeros se asustaron y se metieron a las oficinas de dicha gasolinera, desconectando previamente las bombas”.
C. Tortura y atentados a la integridad corporal por disparos de armas de fuego
80.La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó discrepancia entre lo manifestado por la autoridad y el señor Gerardo Torres, quien fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día de los hechos, al habérsele imputado la realización de disparos en contra de la Policía Federal, lo cual se desprende de la diligencia ministerial que a continuación se trascribe:
Se apersonaron hasta este lugar elementos de la policía ministerial de los cuales estaba al mando quien dijo ser el comandante regional David Jesús Urquizo Molina manifestó traer consigo a quien dijo llamarse Gerardo Torres Pérez y o Gerardo Santiago Peña, el cual en este acto refirió que al momento de suscitarse el percance entre policías federales y jóvenes conocidos como ayotzinapos, disparó en varias ocasiones con dirección hacia donde se encontraban los antes citados, hallándose escondido en el lugar donde fueron encontrados los casquillos antes fedatados, agregando también, que al ir corriendo hacia el lado oriente para alejarse del citado lugar, decidió tirar el arma de fuego, de las conocidas como cuerno de chivo, con la cual realizó los disparos por percatarse que elementos de la policía federal preventiva le estaban dando alcance, razón por la cual, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda y localización de la referida arma de fuego, procediendo a instruir a elementos ministeriales, así como al perito en materia de criminalística de campo y fotografía forense a llevar a cabo el método de abanico con la finalidad de rastrear la zona señalada por el joven antes mencionado, logrando encontrar a una distancia de diecinueve metros al oriente, de la cual, se da fe que se observa un área de terracería, con vegetación abundante de la región apreciándose un fusil de asalto tipo AK, modelo MSDAKS 762 calibre setecientos sesenta y dos por treinta y nueve milímetros, semiautomático de la marca POLIELSH, el cual se encuentra tirado sobre la hierba.
81.Lo anterior contrasta con lo manifestado por Gerardo Torres, ante personal de esta Comisión Nacional a quien señaló lo siguiente:
...Cuando los vimos tirados, comenzamos a correr ya que se nos venían los policías. No pudimos correr porque el gas te tapa la respiración yo me subí a un autobús. En eso se nos atravesó una patrulla de la Policía Federal, nos bajaron, y nos empezaron a golpear, cuando nos bajaron nos tiraron al suelo con insultos. Nos comenzaron a patear, en las costillas, las manos, los pies, muchas veces, unas 50.
Atrás venía una camioneta pick up de ministeriales blanca, ahí nos subieron. Éramos dos, me subieron por un costado aventándome. ‘Acuéstate ahí boca abajo con las manos en la nuca’. Cuando íbamos nos colocaron el pie en la espalda y me iban pateando, también en los pies. En el transcurso del camino me machucaban la espalda y me pateaban, me llevaron a la procuraduría del estado. Cuando llegamos me bajaron a jalones de la camioneta, me hincaron de un empujón, ahí me lastimé la rodilla. Me patearon en el estómago y puñetazos, como diez veces y me pusieron boca abajo en la mera entrada, nos comenzaron a golpear, patadas en las costillas en la cabeza, en los pies...
Nos tenían boca abajo, llegaron unos señores de ahí, traían su uniforme de policías, y nos comenzaron a pedir datos. Al que no gritaba fuerte, lo golpeaban los policías de custodia; me tomaron mis huellas, fotografías. Nos volvieron a colocar boca abajo, nos golpearon nuevamente en la espalda con el tenis y a patadas, nos decían groserías ‘Fíjense chamacos pendejos lo que ocasionan’.
Nos comenzaron a registrar, me quitaron un celular, unas llaves, 30 pesos, mis tenis. No me devolvieron ni mi teléfono, ni mis tenis ni mi dinero, ahí me encontraron el “cartucho” que había recogido.
‘Ira este es de cuerno’, ‘Ajaaa éste es’. Así que comenzaron a patearme en todo el cuerpo: eran dos que estaban encapuchados, se llevaron el cartucho. Al poco rato llegaron preguntando que quién era el del cuerno, me taparon la cara con una playera, me apartaron ahí en las mismas instalaciones y me pusieron boca abajo, me comenzaron a patear como 15 veces, eran tres. Como había civiles me llevaron a un baño, y ahí me pusieron hincado, me comenzaron a dar golpes con algo mojado en la espalda, como 20 veces. Me comenzaron a interrogar: me decían que ésta era de cuerno de chivo, me preguntaron que dónde había dejado el cuerno. Les dije que el casquillo me lo encontré en la calle, me preguntaban que quién traía el cuerno. Cada vez que les decía que lo había levantado, me golpeaban. Me dijeron ‘Tú mataste a los federales, ¿verdad?’ Ellos decían que había tres federales muertos.Ahí uno traía el pantalón como de militar, camuflageados como verde con gris para selva, los demás iban de policías ministeriales, uno llevaba playera azul.
Me pusieron hincado sobre los lavabos, y me comenzaron a azotar la cabeza contra ellos, me agarraron de la cabeza, ahí me abrieron el labio mas. Me seguían preguntando sobre quién había tenido el cuerno, cuántos años tenía. Ahí estuvimos mucho tiempo, como media hora o más, pasó mucho tiempo. Cuando me sacaron después llegó otro policía, les dijo que ya no me tocaran, porque me tenían algo preparado; se salieron todos y sólo quedó el que tenía el pantalón de militar.
Llegaron otros tres, me taparon la cabeza y me sacaron tapado con la playera, me llevaron donde estaban todos los demás, y me volvieron a poner boca abajo con las manos en la nuca. Cuando me tenían ahí, el policía que estaba a un lado, me pateaba las costillas, me decía ‘Tú eres del cuerno ¿verdad? ¿Te duele? Pues a mí no.’ Y me seguía pateando.
Llegaron otros encapuchados y me sacaron de ahí. Estaba de día, había sol, encapuchado, me subieron a una camioneta a empujones. Estaba bien caliente y yo sin playera, me pusieron la playera en la cabeza y me la amarraron bien, no veía nada, estando arriba de la camioneta me esposaron con las manos atrás.
Comenzaron a avanzar, el que manejaba iba muy rápido; en el camino no me hicieron ni dijeron nada, el viaje tardó como 25 minutos, porque fuimos a las afueras de Chilpancingo, en un lugar de terracería. Porque cuando me bajaron, yo vi todo Chilpancingo desde arriba, se veía todo. Me llevaron a una casita, los policías decían que esa casa de quién era, que de un exmilitar que no vive ahí. Cuando me metieron a ésta, era una casa de madera con techo de cartón; cuando estaba adentro, traté de ver donde estaba por las mangas de la playera, que ya se había aflojado, me metieron y aflojaron la playera.
Uno dio una orden y dijo ‘Quítame a todos los elementos que estén aquí enfrente’. Me preguntaron si yo había disparado un arma, les contesté que no, y me contestaron ‘Pues ahora vas a aprender’. Cuando vi, sacaron un arma larga, ‘A ver ahora vas a aprender con un arma’.Les dije que no, y me comenzaron a golpear con la mano empuñada en el estómago, las costillas, los brazos, me sacaron el aire. Como adentro de la casa estaba baldía, había muchas cosas tiradas, ropa y otras. Me obligaron a poner la mano en el arma, el que estaba conmigo, me obligó a jalar el gatillo, me hicieron disparar seis veces; cada vez que disparaba, la volvían a cargar, ellos decían que el arma tronaba recio, que era cuerno. Pusieron todos los cartuchos juntos, me los pusieron en las manos y me hicieron tocarlos y contarlos, cada vez que hacía un disparo, recogían el cartucho y me hacían tocarlo. Cuando me hicieron contar los cartuchos, dijeron que nos fuéramos, me vendaron nuevamente, me subieron a la camioneta, había dos camionetas, porque oía el motor y a un oficial le dijeron que se fuera en la otra.
En el camino iba boca a bajo esposado por atrás. Después, se arrancaron y nos fuimos, nos paramos donde estaban los dos muertos, ahí me taparon con una sábana para que no me viera. Sabía que era ahí, porque oía muchas patrullas. Uno de ellos comentaba que un perito se les puso muy roñoso, creo que ellos aprovecharon para tirar los casquillos ahí donde los encontraron...”.
82.De igual forma, esta Comisión Nacional elaboró un dictamen médico
psicológico para casos de posible tortura y maltrato aplicando el Protocolo de Estambul, respecto de las lesiones presentadas por Gerardo Torres, cuyas conclusiones médicas se trascriben a continuación:
Primera: Gerardo Torres Pérez,presentó en su momento lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días.
Segunda:Las Equimosis rojo violáceas localizadas en a la derecha de la nariz, región periorbitaria izquierda que abarca hasta dorso de nariz y la cara interna de labio superior con predominio derecho; por ser equimosis son lesiones compatibles a las producidas por contusión directa de un objeto de consistencia dura de bordes romos como sería un puño; por la coloración rojo violácea tiene un tiempo de producción de menos de 24 horas, siendo coincidente con el día de su detención; por la ubicación, magnitud y trascendencia de las lesiones desde el punto de vista médico forense se consideran innecesarias para su detención y/o sometimiento.
Tercera:En relación a las equimosis rojo violáceas ubicadas en región temporal izquierda, región costal izquierda, tercio medio cara anterior de antebrazo izquierdo, zona equimótico excoriativa en región del hombro y clavícula derechos y zona equimótico excoriativa rojizo violácea en región escapular izquierda; al tratarse de equimosis son lesiones compatibles a las producidas por contusión directa de un objeto de consistencia dura de bordes romos como sería un puño, palos, patadas, armas, etc.; por la coloración rojo violácea tiene un tiempo de producción de menos de 24 horas, siendo coincidente con el día de su detención; por la ubicación, magnitud y trascendencia de las lesiones desde el punto de vista médico forense se consideran innecesarias para su detención y sometimiento.
Cuarta:Las excoriaciones cubiertas de costra hemática fresca localizadas en región frontal sobre la línea media en la implantación del cabello y la segunda de las mismas características en región supraciliar derecha, se puede establecer que son compatibles con el mecanismo de fricción de la piel sobre una superficie rugosa como sería el suelo; por la costra hemática fresca corresponde a un tiempo de producción de menos de 24 horas, siendo compatible con el momento de la detención; por su ubicación, magnitud y trascendencia desde el punto de vista médico forense se consideran innecesarias para su detención y/o sometimiento.
Quinta:Las excoriaciones irregulares cubiertas de costra serohemática localizada en cara anterior de rodilla derecha, y en la cara interna de la rodilla izquierda. Se puede establecer que por las costras serohemáticas tienen un tiempo de producción de menos de 24 horas siendo compatible con el momento de la detención; por su ubicación, magnitud y trascendencia desde el punto de vista médico forense se consideran innecesarias para su detención y/o sometimiento, siendo compatible con el relato del agraviado que lo aventaron, cayendo y lastimándose las rodillas.
Sexta:Las equimosis rojo violáceas, así como las excoriaciones, desde el punto de vista médico forense se consideran que son compatibles con el relato de agraviado, en relación a que lo bajaron del camión, lo tiraron al suelo, lo patearon en las costillas, manos y pies, en diversas ocasiones, le machucaban la espalda, lo aventaron cayendo y lastimándose las rodillas. Lesiones compatibles con maltrato físico.
83.Por su parte, de las conclusiones psicológicas se desprende lo siguiente:
Primera:Sobre el estado emocional del entrevistado se concluye que peste es estable al momento de la evaluación, aunque con signos moderados de depresión y ansiedad, debido a los sentimientos de tristeza regulares, dificultades para conciliar el sueño y los recuerdos recurrentes sobre los hechos del 12 de diciembre, y en especialmente por la muerte de sus compañeros.
Segunda:Sobre la congruencia entre los signos clínicos observados en el entrevistado y las pruebas psicológicas aplicadas se concluye que existe congruencia entre el estado psico-afectivo del paciente en el momento de la evaluación y los resultados de las pruebas psicométricas y proyectivas, por lo que es posible suponer que éste posee una sólida estructura de la personalidad, familiar y psicosocial, sin antecedentes psicopatológicos graves, lo que le ha permitido iniciar un proceso de elaboración de la experiencia.
Tercera:Secuelas psicológicas debidas a tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; el paciente al momento de la evaluación, presentó síntomas de ansiedad y depresión, acompañados por un aplanamiento afectivo moderado, lo que nos habla de un intento de elaboración defensiva de la experiencia mediante la represión de los sentimientos que evoca. No hay signos que indiquen que pudiera presentar una secuela psicológica de largo plazo, aunque es muy evidente que derivado de su exposición a una situación traumática que sobrepasa sus recursos psíquicos y afectivos, éste se vea afectado en su capacidad de relación con el medio y confianza en los otros, además del desarrollo de un cierto nivel de resentimiento social y deseos de venganza, lo que habla de la percepción de haber estado sometido a injusticia.
Del análisis interdisciplinario de las evidencias médicas y psicológicas, se concluye que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez, presenta signos y síntomas positivos de tortura, que concuerdan con el relato de los hechos ocurridos el 12 y el 13 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero.
84.Por otra parte, el 13 de diciembre de 2011, personal de este organismo nacional se constituyó en las instalaciones de la clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Chilpancingo, Guerrero, para verificar el estado de salud del señor Édgar David Espíritu Olmedo, quien refirió con relación a los hechos ocurridos el 12 de diciembre que, luego de que empezaron los disparos, se escondió atrás de un autobús; posteriormente, cuando se calmó, comenzó a caminar donde estaba el bloqueo, y estando de frente viendo hacia el centro comercial, escuchó que de nuevo habían empezado los disparos y las bombas de gas, por lo que, se tuvo que “agachar”, y al tratar de incorporarse sintió algo en el pecho, como si le dieran descargas eléctricas; al tocarse y levantarse la playera vio mucha de sangre.
85.Por lo anterior, solicitó a los elementos de la Policía Federal que se encontraban atrás de los autobuses, auxilio y que vieran lo que le habían hecho, pero uno de ellos dijo que se “largara”, si no le iba a ir peor, y ninguno de ellos le brindó apoyo. Se dirigió, por tanto, hacia donde estaban sus compañeros, subiéndose a un autobús y pidiendo que lo llevaran a un hospital; se detuvo donde estaba una ambulancia, y lo llevaron al ISSSTE.
86.Añadió que cuando estaba frente a “Liverpool”, observó que los policías estatales a los que ubicó por el uniforme, eran los que estaban disparando; así también, los federales que estaban en la montaña, excepto los federales que tuvo de frente y que estaban colocados en la autopista, quienes sólo tenían el gas lacrimógeno, recordando ello, ya que fue a los que les pidió apoyo y no se lo brindaron.
87.En esa fecha, de la revisión al expediente clínico de la víctima, se advirtió que presentó lesión en el tórax de 7 mm, de forma lineal suturada, localizada en cara lateral derecha del tórax a nivel de la región axilar posterior; herida de 5 cm de forma lineal suturada, localizada en la cara anterior del tórax a la derecha de la línea media anterior.
88.En el caso en particular, desde el punto de vista forense, las lesiones descritas en la nota de ingreso a la Clínica Hospital ISSSTE de Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011, en la cual refiere: “herida de bala puntiforme en región axilar anterior, así como otro orificio en la parte anterior del tórax a nivel de esternón, de 3 centímetros de diámetro”. Por sus características y dimensiones son compatibles con las producidas por un proyectil disparado por arma de fuego, presentando una temporalidad de aproximadamente una hora al momento de la valoración realizada en la Clínica Hospital ISSSTE de Chilpancingo, siendo este tiempo contemporáneo a la fecha de la lesión descrita por el agraviado y congruente con su dicho al referir que fue agredido por policías, que no pudo ver quién le realizó el disparo, que sólo sintió un golpe en el pecho y caliente, y que cuando se revisó se vio la ropa con mucha sangre.
89.El 14 de diciembre de 2011, personal de esta Comisión Nacional entrevistó al señor Juan Alberto Álvarez Adame, en las instalaciones del Centro Médico Integral Santa Fe, en Chilpancingo, Guerrero, quien señaló que con relación a los hechos ocurridos el 12 de ese mes y año, se encontraba en la entrada de la carretera México-Acapulco, cuando se presentaron agentes de la policía estatal y lo agredieron ofendiéndolo verbalmente, diciéndole que si no se movían de lugar se atendrían a las consecuencias, posteriormente les arrojaron bombas de gas.
90.Después de 10 minutos dispararon al aire, sin embargo, les empezaron a apuntar con sus armas, por lo que corrió sintiendo un disparo en su pierna cuando iba de espaldas; al observar sus compañeros lo sucedido, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron a la Clínica “Tierra Colorada” y posteriormente a ese nosocomio.
La víctima presentó herida producida por proyectil de arma de fuego en tercio proximal del muslo derecho, con orificio de entrada en la cara posterior y orificio de salida en la cara interna, que exponía tejido muscular y que radiográficamente no había datos de compromiso óseo; se apreciaban múltiples esquirlas, por lo que ingresó a cirugía para limpieza quirúrgica, desbridamiento de herida y sutura de la misma; en esos momentos se reportó como delicado, de acuerdo a la evolución.
En el caso en particular, las lesiones descritas por el médico tratante el día 12 de diciembre de 2011, donde se refiere “herida de proyectil de arma de fuego (ignora tipo y calibre de arma), con orificio de entrada en cara posterior de tercio proximal de muslo derecho de aproximadamente 10 milímetros de diámetro y orificio de salida en cara interna del mismo de aproximadamente 8 centímetros de diámetro de forma irregular con exposición de tejido muscular” “Impresión Diagnóstica: Herida por proyectil de arma de fuego en tercio proximal de muslo derecho. Dermoabrasión por rozón de proyectil disparado por arma de fuego en tercio proximal de muslo izquierdo”.
93.Por sus características y dimensiones, son compatibles con las producidas por un proyectil disparado por arma de fuego, presentando una temporalidad de aproximadamente cuatro horas y media al momento de la valoración, siendo este tiempo contemporáneo a la fecha de la lesión descrita por el agraviado y congruente con su dicho al referir “dispararon al aire; a los estudiantes nos empezaron apuntar con las armas, corrí y sentí un disparo en mi pierna cuando iba de espaldas”.
94.En la misma fecha, personal de este organismo nacional entrevistó al señor Rubén Eduviges Coctololo, en el Centro Médico Integral Santa Fe, quien con relación al evento del 12 de diciembre de 2011 señaló que se encontraba en la manifestación, y que cuerpos policiacos uniformados y armados (Federales, Estatales y Ministeriales) en patrullas, los reprimieron disparando al aire y después a ellos, sin que llevaran nada para defenderse, observando a dos de sus compañeros caídos y cómo algunos de sus compañeros quisieron ayudarlos; sin embargo, los policías seguían disparando, él iba ayudar a un compañero herido en el estómago, cuando lo hieren en el pie izquierdo, cubriéndose atrás de un autobús, llegando otro compañero para ayudarlo, retrocediendo y corriendo bajo el puente, mientras les seguían disparando e hiriendo a otros.
95.La víctima ingresó a dicho nosocomio aproximadamente a las 17:00 horas del 12 de diciembre de 2011, quien presentaba herida en cara anterior de tercio distal de pierna izquierda, por proyectil de arma de fuego, que no presentaba orificio de salida, motivo por el cual ingresó a cirugía para limpieza quirúrgica y retiro del fragmento del proyectil, el que se entregó al padre del agraviado, y se reportó como delicado de acuerdo con la evolución. El fragmento de proyectil fue entregado a las autoridades para los efectos conducentes.
96.En el caso particular, ingresó al Hospital Santa Fe de Chilpancingo, Guerrero, el 12 de diciembre de 2011, por presentar una evolución aproximada de cuatro horas y media en la que recibe herida de proyectil de arma de fuego en cara anterior de tercio distal de pierna izquierda (ignora tipo de arma y calibre), con orificio de entrada de aproximadamente 15 mm. de diámetro sin sangrado activo en ese momento y sin orificio de salida. Se descarta compromiso neurovascular distal.
97.La exploración de aparatos y sistemas sin datos patológicos. Hemodinámicamente se encuentra estable, se realiza curación de herida. El estudio radiológico muestra estructura ósea íntegra con presencia de fragmento de proyectil de arma de fuego deformado y otro pequeño de unos 3-4 mm. de longitud, integrando un diagnóstico final de herida por proyectil de arma de fuego en tercio distal de pierna izquierda, la cual refirió limpieza quirúrgica y extracción de fragmentos de proyectil bajo anestesia regional previa realización de estudios preoperatorios de laboratorio.
98.La descripción médica confirma que Rubén Eduviges Coctololo ingresó con una herida por proyectil de arma de fuego en cara anterior de tercio distal de pierna izquierda (ignora tipo de arma y calibre) sin orificio de salida aún presentando un fragmento de proyectil.
99.De igual forma, es preciso señalar que en el lugar de los hechos resultó lesionado un conductor de un vehículo de motor de la marca Kenworth, tipo tracto camión, color amarillo, que se encontraba frente a la gasolinera, quien refirió que “le aventaron piedras y una de tantas fue que rompió el vidrio de la puerta lateral izquierda, del tráiler es decir donde me encontraba sentado al volante, misma que me golpeó en mi ceja del lado izquierdo, ocasionándome una cortada de la cual empecé a sangrar, al sentir el golpe lo que hice fue agacharme junto con mi acompañante y de inmediato nos bajamos de dicho vehículo, por temor a que siguieran tirando piedras”.
100. De las conclusiones a las que arribó el dictamen en materia de criminalística, elaborado por la Coordinación de Servicios periciales de esta Comisión Nacional, se desprende que “Un vehículo de motor de la marca Kenworth, tipo tracto camión, color amarillo, con daños en el cristal de la ventanilla izquierda de forma circular, bordes al parecer irregulares, con características similares a las ocasionadas al paso de proyectil único disparado por arma de fuego, considerándose una dirección de poniente a oriente”.
101.De igual manera, en consideración a la ubicación de los daños en la cara poniente del muro de contención, el orificio en la ventanilla izquierda del tracto camión de la marca Kenworth, color amarillo, ubicado en la autopista en dirección de sur a norte, los cuales por sus características muy probablemente fueron producidos por proyectil de arma de fuego.
102.Por lo expuesto, esta Comisión Nacional, de manera preliminar, advirtió que se vulneró en agravio de las cuatro personas que fueron heridas por proyectil de arma de fuego, los derechos a la legalidad, así como a la seguridad jurídica e integridad y seguridad personal, previstos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, último párrafo, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1, 2, 3 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los numerales 4 y 9 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, toda vez que el uso del arma de fuego no se realizó en defensa propia o de otras personas, o porque la vida de los servidores públicos se encontrara en peligro inminente.
103.Igualmente, no se observaron las disposiciones previstas en los instrumentos jurídicos internacionales, celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
104.Al respecto, los artículos 7, 9.1 y 17 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16.1 y 16.2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 3, 5, 9 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 6, párrafo tercero, y 7, párrafo segundo, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en términos generales establecen que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que la fuerza pública sólo deberá utilizarse cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas de seguridad, lo que en el presente caso no sucedió.
105.Además, esta Comisión Nacional observó que las víctimas fueron auxiliadas por otros manifestantes, sin que los elementos de la Policía Federal, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de Guerrero, que estuvieron presentes en los hechos en que resultaron heridos por proyectil de arma de fuego tres personas, omitieron prestar auxilio a las víctimas, situación que evidenció no solamente el desinterés en las víctimas del delito, sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellas.
106.En razón de lo anterior, el hecho de que los elementos que intervinieron en los acontecimientos hayan omitido proporcionar atención victimológica de urgencia a los heridos por proyectil de arma de fuego implicó que se les negara un trato digno y que no se les reconocieran los derechos que en su calidad de víctimas del delito están previstos en los artículos 1o., último párrafo, y 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3 y 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder (Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 40/34, de 29 de noviembre de 1985), que en términos generales establecen que toda persona tiene derecho a un trato digno, y que las víctimas del delito tienen derecho a recibir atención médica de urgencia.
D. Detención arbitraria
107.Derivado de la queja presentada el 12 de diciembre de 2011, ante personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, más las quejas presentadas ante personal de este organismo nacional, por los señores Antonio de Jesús Pérez Manzanares; Jonnathan Juárez Urbano; Gerami Chavelas Cosme; Luis Felipe García Otero; Ricardo Ramón Báez Ayala; Salvador Navarrete Sarabia; Gerardo Torres Pérez; Jesús Mosso Solano; Luis Elvis Pineda Juárez; Luis Enrique Sánchez Pacheco, Leticia Hernández Camargo, Édgar Eduardo López Juárez, y Eddy y Gibrain García Ocampo. Así como por José Eduardo Moyao Miguel; Francisco Carreto Adame; Nicolás Hernández García, Humberto Rojas Bautista; Francisco Adame Vargas; David Vázquez Juárez; Andrés Jacinto Antúnes; José Manuel Matus Romero; Francisco Rodrigo de Jesús Campos; Miguel Ángel de Jesús Campos, y José Hernández Ramírez; de las certificaciones médicas levantadas por diversas instancias; el Protocolo de Estambul practicado en una de las víctimas por parte de este organismo nacional, más las constancias de la averiguación previa iniciada con motivo de los hechos y las fotografías y videos de los que se allegó esta Comisión Nacional, se observó que elementos de los cuerpos de seguridad que participaron en los hechos detuvieron arbitrariamente a 24 personas, infligiendo tratos crueles a 14 de ellas durante la detención, y tortura en una, siendo sometidas durante su internamiento a trato indigno.
108.En consecuencia, existen elementos que permitieron observar violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal; a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad, y una es mujer, previstas en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, último párrafo, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 1, 2, 3 y 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, toda vez que el uso del arma de fuego no se realizó en defensa propia o de otras personas, o porque la vida de los servidores públicos se encontrara en peligro inminente.
109.Igualmente, no se observaron las disposiciones previstas en los instrumentos jurídicos internacionales, celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1o., párrafos primero, segundo y tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
110.Al respecto, los artículos 7, 9.1 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16.1 y 16.2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 3, 5, 9 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 6, párrafo tercero, y 7, párrafo segundo, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en términos generales establecen que nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y que la fuerza pública sólo deberá utilizarse cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de las tareas de seguridad, lo que en el presente caso no sucedió.
V. Conclusiones
Primera.Los servidores públicos que participaron en los hechos y los responsables de su coordinación omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado, al propiciar un enfrentamiento en la vía pública, con lo que pusieron en peligro vidas humanas y generaron la muerte de dos manifestantes, así como heridas en cuatro más.
Segunda.En los hechos materia de este informe preliminar, se observaron violaciones graves a los derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal; a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del gobierno de Guerrero, derivado de los acontecimientos, tanto a cargo de aquellos que intervinieron directamente como de los que ordenaron o toleraron dichas acciones u omisiones.
Tercera.Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del gobierno de Guerrero que de manera directa o indirecta intervinieron en los hechos omitieron ejercer acciones efectivas para el manejo adecuado de una manifestación pública que se tornó violenta y emplearon de manera indebida las armas de fuego; en consecuencia se deberán tomar las medidas pertinentes a efecto de que no se repitan los hechos materia del presente asunto.
Cuarta.Las investigaciones realizadas hasta el momento permiten observar que el grupo de personas que se manifestaba públicamente no portaba arma de fuego alguna, en tanto que, por otro lado, se pudo acreditar la intervención de cuerpos de seguridad del Estado mexicano, armados, que hicieron disparos, en uso indebido de las armas de fuego y un uso excesivo de la fuerza pública, en contra del grupo de manifestantes. Tal situación propició que dos personas fueran privadas de la vida por proyectiles de arma de fuego; cuatro lesionadas por proyectil de arma de fuego; 14 fueron objeto de tratos crueles, y una de tortura e imputación falsa de delitos.
Quinta.Las evidencias con que cuenta hasta este momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permiten observar la coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad en los hechos materia de la investigación. Por el momento, no es factible precisar el resultado que cada uno de los elementos policiales produjo durante el evento; sin embargo, ante los casos de una autoría indeterminada, cada uno de los que intervinieron debe responder en la medida de su propia culpabilidad y ser investigados por el Ministerio Público, para deslindar las responsabilidades que en derecho procedan. Por lo anterior, se determinó turnar las evidencias con que cuenta esta Comisión Nacional a la Procuraduría General de la República para los efectos legales correspondientes.
Sexta.Respecto a la pérdida de la vida del señor Gonzalo Miguel Rivas Cámara, existen evidencias de que su muerte fue a consecuencia de la comisión de un delito a cargo de las personas que incendiaron la bomba de gasolina, por lo que le corresponderá al Agente del Ministerio Público de la Federación la investigación respectiva, con objeto de deslindar las responsabilidades que en derecho procedan y evitar que este delito quede en la impunidad.
Séptima.Los elementos de la Policía Federal, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva que intervinieron en los hechos omitieron proporcionar atención victimológica de urgencia a las personas heridas por proyectil de arma de fuego, lo que implicó una violación a los derechos que están previstos por los artículos 1o., último párrafo, y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también debe ser materia de investigación para el deslinde de las responsabilidades correspondientes.
Octava.Los elementos de la Policía Federal, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva que participaron en los hechos omitieron preservar los indicios que se encontraban en el lugar, situación que implica un obstáculo para acceder de manera pronta a la justicia y privilegiar el conocimiento de la verdad y que las violaciones graves no queden impunes.
Novena.El empleo de la violencia y la afectación a derechos de terceros por particulares o pretender hacerse justicia por propia mano no son los medios adecuados para exigir a las autoridades la resolución de los asuntos o la adopción de medidas públicas en favor de persona alguna. El derecho a la libre expresión, reunión y petición debe ejercerse de manera pacífica, respetuosa y conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de los derechos humanos.
Décima.El uso indebido de las armas de fuego o no encuentra justificación en los hechos materia de la investigación a cargo de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley, pero tampoco la comisión de conductas delictivas por parte de los particulares o manifestantes, las cuales, en ambos casos, deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y se obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados.
Undécima.Se solicita a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos relacionados con el presente caso, a que en términos de lo dispuesto, en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomen las medidas pertinentes para que se les reconozca a las víctimas y sus familiares el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones, así como aportar los elementos que estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos.
Duodécima.Esta Comisión Nacional presentará las quejas y denuncias ante los órganos internos de control respectivos y a la Procuraduría General de la República, por los hechos narrados en el presente informe preliminar, y turnará las evidencias de que se allegue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas.
Doctor Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), presidente.»
* El Informe preliminar sobre sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos con relación a los hechos del 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero se puede consultar en http://gaceta.diputados.gob.mx/
«Conflicto Ayotzinapa(Cronología de hechos)
Antecedentes(eventos previos al 12 de diciembre)
1. El 12 de noviembre de 2010 se reunieron el secretario de Educación de Guerrero y servidores públicos de dicha dependencia con representantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en donde se establecieron los acuerdos respecto al pliego de demandas académicas, económicas, materiales y, políticas. Anexo 1
2. EI 11 de abril de 2011 el Comité Estudiantil entregó en las oficinas del gobernador la solicitud de demandas académicas, económicas, materiales y políticas, con el propósito de retomar la minuta de acuerdos suscrita con la administración anterior. El 28 de abril, el secretario general de Gobierno instruyó a la Secretaría de Educación del estado de Guerrero, atender las peticiones relativas a su área.
3. El 3 de mayo de 2011, estudiantes de la normal de Ayotzinapa se manifestaron en el palacio de gobierno y en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Guerrero (ex-Ineban), además de bloquear la avenida Ruffo Figueroa. Posteriormente, el 4 de mayo de 2011, se presentaron en la Secretaría de Educación de Guerrero integrantes del Comité Estudiantil y entregaron un pliego conteniendo 39 demandas que correspondían plenamente con las que fueron acordadas el 12 de noviembre de 2010, básicamente para darle seguimiento a las mismas, ya que la mayoría no estaban atendidas. Anexo 2.
Además solicitaron audiencia con el gobernador y proporcionaron una lista de estudiantes autorizados para asistir a dicha audiencia, así como la minuta de acuerdos suscrita el 12 de noviembre de 2010. Asimismo, entregaron un listado de alumnos con averiguaciones previas y órdenes de aprehensión derivadas de acciones realizadas en agravio a la sociedad y a las vías de comunicación.
4. El 9 de mayo de 2011, el gobernador de la entidad, el secretario general de Gobierno y la secretaria de Educación de Guerrero, recibieron al Comité Estudiantil en el Palacio de Gobierno, suscribiendo la minuta de acuerdos en la cual se destacaba el equipamiento al plantel y el aumento de subsidios para alimentos. Anexo 3.
5. El 27 de mayo de 2011, en cumplimiento a los primeros acuerdos adoptados con la comunidad estudiantil, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración, hizo entrega de 520 uniformes a los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, y les anunció que se realizaría la supervisión de la estructura de los edificios, para iniciar el proyecto de rehabilitación de las instalaciones.
Por su parte, Jorge Castrejón Cotiño, en representación de los estudiantes, agradeció al gobierno del estado el cumplimiento de los compromisos. Anexo 4.
6. El 7 de junio, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior se reunió con los docentes de la escuela normal de Ayotzinapa para escuchar sus necesidades y establecer la ruta para mejorar la calidad educativa. Anexo 5.
7. El 6 de julio de 2011, en cumplimiento al compromiso asumido por el gobernador, la secretaria de Educación estatal, así como los subsecretarios de Desarrollo Rural Sustentable, de Ganadería y Pesca, y de Educación Media Superior y Superior, entregaron a alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa un tractor para la realización de actividades agrícolas. Anexo 6.
8. 22 de julio de 2011, el secretario de Salud acudió a la escuela normal de Ayotzinapa para realizar un recorrido por las instalaciones habiendo recibido la solicitud de apoyo para la dotación de medicamentos suficientes del cuadro básico. Anexo 7.
9. El 5 de septiembre de 2011, el Comité Estudiantil entregó en la Secretaría de Educación estatal un nuevo pliego petitorio con 51 demandas. Anexo 8.
En respuesta, el 6 de septiembre la titular de esta dependencia se reunió con integrantes del Comité Estudiantil para dar seguimiento a la atención del pliego petitorio en un ámbito de mutuo respeto. En esta reunión la secretaria de Educación señaló que existía la mejor disposición de mantener el diálogo, y recordó que se habían atendido algunas de las demandas más sentidas, como el fortalecimiento de la formación académica a través de cursos y talleres, así como la entrega de material didáctico, la suficiencia y calidad en la alimentación, la entrega de un tractor y la remodelación del comedor. Anexo 9.
10. 32 años después de que el último gobernador había asistido a la escuela normal de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2011, el gobernador Aguirre Rivera acompañado del secretario general de. Gobierno, la secretaria de Educación y el secretario de Finanzas y Administración, visitó a la comunidad académica, realizó un recorrido por las instalaciones, desayunó, convivió, dialogó. Ese día entregó diversos apoyos en un ambiente de respeto y diálogo; entre éstos destacan: un autobús equipado para transportar a 45 personas, una máquina tortilladora nueva y utensilios de cocina. En esta visita, el gobernador comentó que los compromisos adoptados se han ido cumpliendo progresivamente, al haber aumentado el monto para mejorar la alimentación a 50 pesos diarios, optimizar el equipo del comedor, y haber dotado de material para prácticas docentes, así como de los implementos para el tractor; además de anunciar la asignación de recursos por varios millones de pesos para remozar las instalaciones. Anexo 10.
11. El 11 de noviembre, el gobernador recibió en audiencia a los estudiantes de la normal rural para evaluar el avance en el cumplimiento del pliego petitorio y les reiteró el compromiso de su gobierno para fortalecer las instalaciones educativas públicas y en especial las de esta escuela.
En la reunión les precisó que es prioridad del gobierno anteponer el diálogo y les anunció una importante inyección de recursos para fortalecer la institución y convertirla en un nuevo nicho de oportunidades.
Se entregaron 128 mini laptops para los estudiantes de cuarto grado, y se informó la próxima entrega de 250 literas nuevas, así como el inicio de los trabajos de remodelación de un edificio para dormitorios; la rehabilitación de la cancha de futbol; la reparación del sistema de drenaje y el reacondicionamiento de baños y cubículos, con una inversión superior a los 8 millones de pesos. Anexo 11.
12. Con el argumento de haberles pospuesto una nueva audiencia programada para el 6 de diciembre, el 7 del mismo mes, a través de 5 radiodifusoras, los estudiantes presentaron sus demandas.
13. El 8 de diciembre, los estudiantes tomaron las casetas de cobro de la Autopista del Sol, y se replegaron ante la presencia de la fuerza pública.
Hechos ocurridos en la Autopista del Sol el lunes 12 de diciembre
14. El 12 de diciembre por la mañana, el director de Gobernación del estado, recibió una llamada del responsable de la región centro de la Policía Federal (PF), quien le notificó que habían salido de la normal de Ayotzinapa 8 autobuses de diferentes empresas con destino aún desconocido. Le comunicó que dos de esas unidades ya se encontraban en el punto conocido como Tierras Prietas, en espera de las seis restantes. El director se trasladó de inmediato a ese lugar, y al pasar frente al restaurant El Tecuán, observó que los autobuses en caravana avanzaron hacia el sur. Retornó en ese punto y continuó atrás de los autobuses hasta que éstos detuvieron su marcha en el punto conocido como Parador del Marqués.
Los estudiantes descendieron de los autobuses y procedieron a bloquear con las unidades ambos carriles de la autopista. El director se reunió en ese lugar con el comandante Bautista, quien estaba acompañado de elementos de la Policía Federal, sin alcanzar a ver cuántos eran, no más de dos o tres. Ambos se dirigieron al lugar del bloqueo para dialogar con los manifestantes, a quienes el director les preguntó el motivo del bloqueo y los invitó a liberar la vía.
Los normalistas respondieron que no se moverían de ahí hasta que los recibiera el gobernador porque ya les habían cancelado la audiencia en tres ocasiones. El director los invitó a formar una comisión con el número de integrantes que ellos dispusieran para trasladarse al palacio de Gobierno, donde serían recibidos por el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien les agendaría la audiencia solicitada. Los normalistas rechazaron la oferta e insistieron en que ese mismo día los recibiera el gobernador o los atendiera ahí mismo Everardo Mondragón, secretario particular del gobernador.
El comandante Bautista les solicitó que atendieran la propuesta y que no se negaran al diálogo que se les proponía, les pidió que consideraran la oferta y formaran la comisión para terminar con el bloqueo y no afectar más a terceras personas. El director les volvió a pedir que dejaran libre la autopista. Ante la negativa pidió que le concedieran 15 o 20 minutos para informar de la situación al titular de la Secretaría General de Gobierno, quien instruyó al director para que insistiera en el diálogo, y les hiciera saber a los normalistas que la vía institucional estaba abierta para alcanzar acuerdos.
Al director ya no le fue posible hablar nuevamente con los normalistas, porque en esos momentos jóvenes encapuchados empiezan a arrojar piedras, palos y botellas al lugar donde se encontraba, que era en la entrada de la gasolinera, donde fue incendiada una de las bombas de abastecimiento de combustible, por lo que todos los que ahí se encontraban tuvieron que abandonar el lugar, y salir por la parte posterior, momento en que inició el incendio y se escucharon los primeros disparos, lo cual ya no le fue posible observar, como tampoco lo fue el resto de los acontecimientos, por el lugar alejado en el que él se encontraba.
Cuando se restableció el orden, el control lo asumieron fuerzas policiacas estatales y federales. La labor de la Dirección General de Gobernación –ofrecer diálogo para alcanzar acuerdos institucionales– concluyó al momento de iniciar los actos de violencia.
Ese mismo día por la tarde, el procurador general de Justicia en el estado, el secretario de Seguridad Pública y el director general de Gobernación, ofrecieron una conferencia de prensa para explicar lo sucedido. El director de Gobernación explicó a los medios lo narrado con anterioridad, en tanto que los otros funcionarios explicaron lo que a cada uno le correspondió en esos hechos. Anexo 12.
Eventos ocurridos posteriores al lunes 12 de diciembre
15. El 13 de diciembre de 2011 los normalistas ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la escuela, en la que culparon al gobernador de ser el autor intelectual de la muerte de los dos estudiantes, y solicitaron la destitución del titular del Ejecutivo estatal e inicio de un juicio político en su contra. Informaron que había nueve estudiantes de Ayotzinapa detenidos, 5 de la Facultad de Economía de Acapulco, y 5 del Tecnológico de Chilpancingo. Aseguraron que su compañero Gerardo Torres Pérez no portaba el fusil AK-47 que supuestamente se le encontró, y aseguraron que su compañero había sido torturado y obligado a disparar en un paraje de Zumpango.
A las 13: 15 horas, aproximadamente, 50 estudiantes de Ayotzinapa, encapuchados y a bordo de un autobús AMS, número económico 510, llegaron a la terminal Estrella de Oro y secuestraron dos autobuses de esa empresa, números económicos 208y 280. La primera unidad se encontraba al interior de la terminal y fue sustraída por la fuerza, en tanto que la segunda unidad arribaba al lugar, de la cual bajaron al pasaje que en la misma se trasladaba. Posteriormente se dirigieron a la terminal Estrella Blanca, donde secuestraron el autobús Costa Line número económico 0077.
A las 15:20 horas, aproximadamente, 600 personas entre normalistas de Ayotzinapa, acompañados de integrantes de la CETEG, del Sindicato Independiente del Conjunto Turístico Jacarandas, de la sección 17 de los mineros de Taxco, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y Tadeco, realizaron una marcha de la Alameda Granadas Maldonado al palacio de gobierno. Al frente llevaron 2 ataúdes y pancartas con los siguientes textos. “Aguirre fuera de Guerrero” y “Somos estudiantes no terroristas”. Se destaca que los manifestantes marcharon en silencio sin cubrirse el rostro.
Participaron en esta marcha los siguientes dirigentes de la CETEG: Alfredo López Tello, Antonia Morales Vélez, Minervino Morán Hernández y Gonzalo Juárez Ocampo; Nicolás Chávez Adame de la APPG; Arturo Miranda Ramírez de la ACNR; Manuel Olivares Hernández de la Redgroac y Javier Monroy Hernández del Tadeco. La demanda principal de esta marcha fue la liberación de Jorge Torres Pérez, quien se encontraba detenido y posteriormente fue liberado, con lo que concluyó la manifestación de ese día.
Ese mismo día se efectuaron actos de protesta en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa en Tixtla, Tlapa, Coyuca de Benítez y Acapulco. En el Congreso del Estado se presentó un acuerdo parlamentario suscrito por la Comisión de Gobierno, por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo para que se investigue y sancione a los responsables de la muerte de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de la Cruz. Anexo 13.
16. A las 11:50 horas del 14 de diciembre, 40 estudiantes de Ayotzinapa, encapuchados, se introdujeron a la terminal de autobuses Estrella de Oro y secuestraron un autobús de esta empresa con número económico 221, posteriormente secuestran otra unidad de la misma línea que venía arribando a la terminal sin que se pudiera precisar el número económico. Ese mismo día a las 15:45 horas, llegaron estudiantes de Ayotzinapa a la central Estrella Blanca y se llevaron el autobús de esa empresa con número económico 11373.
De las 15:00 a las 15:20 horas, grupos de 30 a 40 estudiantes de la normal de Ayotzinapa tomaron las cabinas de las radiodifusoras ABC Radio, XELI y Capital Máxima, desde donde transmitieron diversos mensajes sobre los hechos ocurridos el 12 de diciembre. Anexo 14.
17. Hasta las 11:00 horas del 15 de diciembre se encontraban al interior de la normal 15 autobuses de diferentes líneas, y desde ese día comenzaron a llegar al plantel normalistas procedentes de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Michoacán, Puebla y Tlaxcala, para apoyar las movilizaciones.
Ese mismo día alrededor de 300 estudiantes de Ayotzinapa y de otros estados, bloquearon todos los accesos del palacio de gobierno a partir de las 13:45 horas, los estudiantes llegaron a bordo de 6 autobuses y solicitaron el apoyo de los trabajadores de gobierno del estado, además solicitaron juicio político al gobernador, y castigo a los responsables de la muerte de los normalistas. Anexo 15.
18. EI 16 de diciembre los normalistas realizaron una marcha que dio inicio a las 13:13 horas, la cual partió del museo interactivo La Avispa, con la participación de aproximadamente 2000 personas. La marcha avanzó hacia el palacio de gobierno, donde se efectúo un mitin y los estudiantes dejaron abandonado el autobús donado por el gobierno. Posteriormente avanzaron por la avenida Ruffo Figueroa hasta llegar a la puerta 1 de Casa Guerrero, donde expresaron diversas arengas, después continuaron por avenida de la Juventud y Lázaro Cárdenas hasta llegar al zócalo de la ciudad, donde permanecieron hasta las 20 horas, con lo cual impidieron la realización, en esa plaza pública, del informe de gobierno del alcalde Héctor Astudillo, que debió efectuarse en la sala de cabildos.
Esta marcha contó con la presencia de las siguientes organizaciones y dirigentes: Nicolás Chávez Adame de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero; Prócoro Valente Gil de los Cinco Pueblos de Tecoanapa; Luis Olivares Enríquez de la Unión de Productores de la Costa Grande; Eduardo Durán Reyes de la Unión de Productores de la Costa Grande; Minervino Morán Hernández, CETEG; Arturo Hernández Cardona de la Unión Campesina Emiliano Zapata; Roberto Hernández Mojica, secretario general de la sección 17 de Mineros de Taxco; Víctor Hugo Ocampo Rodríguez CETEG zona norte; Yuroam Avilés Reyes de CREN Iguala; José Luis y Estela Arroyo Castro del Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas; Javier Monroy Hernández de Tadeco e Integrantes del CECOP. Anexo 16.
19. El 18 de diciembre a las 11.30 horas, 130 normalistas toman la caseta de Palo Blanco y piden cooperación a los automovilistas para dejarlos pasar. El contingente se trasladó a bordo de tres autobuses que mantienen secuestrados.
Ese mismo día otros dos grupos de estudiantes tomaron las radiodifusoras ABC Radio y Capital Máxima, desde donde emitieron mensajes para dar a conocer sus demandas.
De las 13:10 a las 13:40 horas, un grupo de 100 estudiantes, en su mayoría de normales foráneas, con número mayoritario de mujeres, realizaron labor de volanteo y boteo sobre la carretera federal Chilpancingo- Zumpango, a la altura de Tierras Prietas. Ese día los estudiantes colocaron mantas con la leyenda “Bienvenidos al estado que asesina estudiantes”. Anexo 17.
20. El 19 de diciembre, en Atoyac de Álvarez, a las 10:00 horas, ocho padres de familia de alumnos de Ayotzinapa instalaron un centro de acopio en la entrada del centro DIF municipal, en apoyo a estudiantes de esta institución. Desplegaron una manta con el siguiente texto: “El magisterio de Atoyac y el pueblo en general, exigimos castigo a los culpables de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, fuera Aguirre asesino”.
Ahí mismo, en conferencia de prensa, el profesor Gilberto Martínez Jacinto, egresado de esta institución, informó que brigadas de esta normal se encontraban recolectando víveres para apoyar sus movilizaciones en Chilpancingo; anunció que reactivarían sus movilizaciones en enero.
En Chilapa de Álvarez, de las 13:00 a las 14:30 horas, 15 normalistas repartieron volantes a la ciudadanía en general, para dar a conocer los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre. Distribuyeron un volante con el siguiente texto:
“Damos a conocer el verdadero rostro del gobierno del estado, mismo que intentó maquillar con una postura abierta al diálogo y con un rostro humano pero el verdadero rostro de este mal gobierno es el de encubrir las masacres de Aguas Blancas, El Charco, la represión de estudiantes de esta misma normal en el 98. El día lunes del presente año se dio uno de los asesinatos más cobardes por parte de los cuerpos policiacos, dando muerte a dos de nuestros compañeros en una manifestación pacífica en la que exigíamos una audiencia con el gobernador, quien personalmente se había comprometido a escucharnos, pero al cancelarla en tres ocasiones decidimos salir a las calles para ser escuchados, puesto que el gobierno se negaba a hacerla, lo único que exigíamos era el aumento a la matrícula escolar; disminución a 7.0 del promedio para ingresar; y solución al paro de maestros que mantienen desde hace un mes y medio. Por exigir educación murieron nuestros compañeros, síntomas de un gobierno asesino, ante tales hechos no podemos seguir negociando con quienes tienen las manos y la conciencia manchadas con sangre”.
Exigimos
¡Destitución y juicio político para el autor intelectual de esta masacre, el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero!
¡Castigo a los autores intelectuales del asesinato extrajudicial de nuestros compañeros normalistas!
¡Justicia para las familias de los estudiantes que perdieron la vida!
¡Ni diálogo, ni negociación con las autoridades estatales!
Este volante lo han estado distribuyendo en cada lugar donde se detienen a volantear y botear.
A las 18:40 horas, aproximadamente 200 normalistas se concentraron en los accesos del Congreso del Estado y bloquearon con cinco autobuses en los que se trasladaban, la avenida Trébol Sur, frente al recinto parlamentario. A las 19:00 horas una comisión de 17 estudiantes fue recibida por los diputados Faustino Soto, Héctor Vicario, Florentino Cruz, Efraín Ramos y María Antonieta Guzmán, los estudiantes señalaron que se encontraban en ese lugar para conocer la respuesta del Congreso a su petición de apoyo al juicio político demandado por los normalistas en contra del gobernador. La respuesta fue que el órgano legislativo no se podía pronunciar en ese sentido dado que las indagatorias aún estaban en marcha. Por su parte los normalistas respondieron que no cesará su lucha hasta que “caiga este gobierno represivo y asesino”. Los estudiantes se retiraron a las 20:00 horas.
A las 21:00 horas, se concentraron en la terminal de autobuses de Estrella Blanca donde interceptaron y secuestraron un autobús de esta empresa con número económico 05275. Anexo 18.
21. A las 10:55 horas del 20 de diciembre, elementos de la policía del estado detectaron una manta de 3 metros cuadrados, colocada sobre el puente peatonal sobre el boulevard Vicente Guerrero, a la altura de la tienda “Bodega Aurrerá”, con el siguiente texto:
“Señor presidente Felipe Calderón Hinojosa, condenamos y repudiamos los actos de represión cometidos en contra de los normalistas de Ayotzinapa, exigimos la renuncia inmediata del narco gobernador Ángel Aguirre, responsable único y directo de la muerte de los estudiantes, y ejercer todo el peso de la ley en su contra, toda vez que el término “limpiar” conlleva a utilizar los medios necesarios ejercidos por las autoridades estatales bajo su mando, atentamente La ciudadanía ACA”.
A las 12:20 horas estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, a bordo de un autobús oficial de la normal de Mactumatza, Chiapas, secuestraron un autobús de la línea Costa Line con número económico 1005, que se dirigía a la terminal Estrella Blanca de Chilpancingo con pasajeros.
A las 12:30 horas siete autobuses con estudiantes de diversas normales pasaron por la caseta de Palo Blanco con dirección a Acapulco.
Características de los autobuses:
1 Autobús AMS número económico 5010.
2 Autobuses Estrella de Oro números económicos 2008 y 702.
3 Autobuses Futura con números económicos 1713, 0570 y uno más con el número tapado.
1 Autobús Costa Line con número económico 1005.
De 13:00 a 13:30 horas un grupo de 15 normalistas realizaron labor de boteo y volanteo en el entronque de la carretera federal Chilpancingo-Iguala, y la carretera a Filo de Caballos en el punto conocido como Casa Verde.
Mismos que se trasladaron a la ciudad de Iguala donde de las 14:30 a las 18:45 horas realizaron labores de boteo y volanteo en contra del gobierno del estado en la explanada del ayuntamiento, encabezados por el profesor José Roberto Galeana Hernández.
Asimismo colocaron una manta con la leyenda “Guerrero cumple, asesinando a estudiantes. Justicia y juicio político a Ángel Aguirre”, e instalaron un centro de acopio de víveres para continuar su movimiento.
Al retirarse, los normalistas informaron que mañana a las 11:00 horas en la normal de Ayotzinapa realizarían una reunión con comisiones de varias organizaciones en el estado para acordar acciones para el jueves o viernes.
En Tecoanapa de las 14:30 a las 15:30 horas un grupo de 15 normalistas, recolectaron firmas de apoyo entre la población, para buscar la destitución del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
De 15:00 a 16:10 horas un grupo de 50 normalistas que arribaron a bordo de tres autobuses realizaron labores de boteo y volanteo en la ciudad de Coyuca de Benítez, posteriormente retornaron en dirección al puerto de Acapulco. Anexo 19.
En un monitoreo por internet se observó este día la difusión del siguiente volante:
22. A las 11:05 horas del 21 de diciembre, 18 autobuses con normalistas de Ayotzinapa pasaron por la caseta Palo Blanco de la Autopista del So1 con dirección al puerto de Acapulco, donde realizaron una marcha al medio día.
Las características de los autobuses son las siguientes:
2 Autobuses de la línea Futura con números económicos 0570 y uno con el número cubierto.
6 De la línea Estrella de Oro con números económicos 208, 877, 228, 231,445 y 800.
1 De la línea Estrella Blanca con número económico 11373.
2 De la línea Costa Line con números económicos 1005 y 2034.
1 De la línea Costa Bus con el número cubierto.
2 De la línea AMS con números económicos 510 y 511.
2 De la línea michoacana Purépecha.
1 Autobús oficial de la normal de Mactumatza, Chiapas.
1 Autobús de la línea Enlaces Terrestres Nacionales con número económico 4518.
Además de una camioneta urvan, oficial de la normal de Ayotzinapa.
A las 12:30 horas los 18 autobuses con normalistas de Ayotzinapa arribaron al puerto de Acapulco y se estacionaron en la avenida costera Miguel Alemán a la altura del centro comercial Gran Plaza, en sentido Diana-Zócalo.
A las 13:00 horas iniciaron una marcha sobre los carriles Diana- Zócalo, apoyados por normalistas de otros estados. Se detectó la presencia de Alfredo Pérez Zárate, presidente de una barra de abogados.
Se destaca que en la marcha participó Gustavo Téliz Hernández, encargado del programa municipal Vecino Vigilante, quien durante el mitin difundía información escribiendo en los cuadernos de algunos normalistas.
José Roberto Galeana Hernández, representante de voceros egresados, manifestó que su presencia en Acapulco es por ser una de las ciudades principales de Guerrero y para informar a la sociedad la situación en que se encuentran. Dijo que no pararán esta lucha hasta que se haga justicia y que el gobierno entienda y acepte que el día 12 de diciembre actuaron de manera violenta contra ellos.
Exigió a los legisladores que den la cara, que no se escondan porque ellos fueron escogidos por el pueblo para el beneficio del mismo y no para el del gobernador, pidió que se castigue y se aplique el juicio político al gobernador del estado y se declare la desaparición de poderes en el estado.
Expresó que los videos hablan por sí solos, y que incluso el ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, declaró que la orden la dio el mismo gobernador. Aclaró que ellos no quieren ocasionar molestias y que vendrán a Acapulco las veces que sean necesarias y que por hoy sólo tenían contemplado realizar esta marcha hacia el zócalo.
A las 13:20 horas, 30 normalistas de Ayotzinapa, con el rostro cubierto, secuestraron ocho autobuses de la línea Estrella Blanca, los cuales mantuvieron estacionados en el camellón ubicado frente a esta terminal.
Se suscitó un incidente con un chofer que se negó a descender de la unidad por lo que los normalistas lo agredieron verbalmente y golpearon la unidad.
Las características de los autobuses son las siguientes:
3 Autobuses de la línea Futura con números económicos 07179, 1706 y 1709.
3 Autobuses de la línea Estrella Blanca con números económicos 11365, 225 y 11366.
2 Autobuses de la línea Costa line con números económicos 2051 y 0076.
El abogado encargado de llevar los asuntos jurídicos de la empresa de la línea de autobuses Estrella Blanca, David Cienfuegos Cisneros, hizo acto de presencia en la agencia del Ministerio Público del fuero común, donde interpuso la denuncia formal en contra de quien resulte responsable.
Indicó en su declaración ministerial que ya son un total de 16 autobuses y varias maletas de pasajeros que no alcanzaron a sacar del espacio que es proporcionado para el equipaje:
Informó que este día fueron seis autobuses de la línea Futura y cuatro de la línea Estrella Blanca, los cuales seguramente serán utilizados durante la movilización que pretenden realizar los estudiantes hacia la Ciudad de México.
Se informó que la averiguación previa que se integró es la BRA/UCI/2011-III.
A las 14:10 horas, el contingente arribó al zócalo de Acapulco.
Durante el mitin la protesta de los estudiantes se centró en pedir juicio político para el gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero.
Un estudiante mencionó “siempre estuvimos en busca del diálogo, pero de tres audiencias pactadas ninguna se llevó a cabo, y con eso se demuestra que Aguirre Rivero no tiene la capacidad para negociar, por eso más vale morir de pie que 100 veces de rodillas”.
“Hoy vamos al oeste hacia la luz y la libertad, Aguirre nos dio muerte en lugar de educación, pueblo disculpa, no queremos molestar, el gobierno nos obliga a protestar; el gobernador mostró su mejor cara, la de la violencia; justicia, indemnización, juicio a los policías que dispararon”.
“Si Aguirre nos hubiese dado solución al pliego petitorio no hubiese habido muertes; Figueroa Alcacer y René Juárez lo protegen para que no le hagan juicio político, pero no pararemos este movimiento hasta que Aguirre salga de este gobierno.”
Durante el mitin hizo acto de presencia Javier Saldívar Gómez, presidente de la Canaco, quien recalcó que si los guerrerenses, ayotzinapos y organizaciones sociales, no quieren ver otro muerto más “pero de hambre”, no sigan perjudicando al puerto de Acapulco con marchas y movilizaciones que afecten su imagen, ya que Acapulco es la principal fuente de ingresos para el estado de Guerrero.
Destaca que al final del mitin arribó a este punto la presidenta del comité ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco, Rosario Merlín García, y el integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, José Luis Arroyo Castro, quienes dieron a conocer que el próximo sábado 24 de diciembre, celebrarán una misa en el punto del desalojo del pasado 12 de diciembre en memoria de los dos normalistas asesinados.
El mitin culminó a las 14:59 horas. Dieron un espacio de tiempo para comprar alimentos y a las 15:30 horas abordaron los autobuses que mantienen en su poder.
A las 16:00 horas los 18 autobuses y la camioneta urvan, oficial de la normal de Ayotzinapa, pasaron por la caseta de La Venta en dirección a Chilpancingo.
A las 18:00 horas arribaron a su plantel en Tixtla.
Hasta las 19:00 horas permanecían en la normal de Ayotzinapa un total de 25 autobuses secuestrados. Anexo 20.
23. Durante el transcurso de la madrugada del 22 de diciembre, y por la mañana de este día, normalista s de Ayotzinapa, acompañados de estudiantes de otras normales del país, salieron hacia la Ciudad de México.
Características de las unidades que utilizan.
1 Autobús de la línea Futura con número económico 0570.
6 Autobuses de la línea Estrella de Oro con números económicos 208, 877, 228, 231, 445 y 800.
1 Autobús de la línea Estrella Blanca con número económico 11373.
2 Autobuses de la línea Costa Line con números económicos 1005 y 2034.
1 Autobús de la línea Costa Bus con el número cubierto.
2 Autobuses de la línea AMS con números económicos 510 y 511.
2 Autobuses de la línea michoacana Purépecha.
1 Autobús oficial de la normal de Mactumatza, Chiapas.
1 Autobús de la línea Enlaces Terrestres Nacionales con número económico 4518.
Además de una camioneta urvan con logotipos de la normal de Ayotzinapa.
A las 11:40 la caravana de autobuses con normalistas de Ayotzinapa que salieron esta mañana, arribó a la caseta de Colegio Militar en la Ciudad de México.
Estaba en marcha un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del Distrito Federal para vigilar la movilización de normalistas en la Ciudad de México. Por otro lado, desde la mañana, la calle de Bucareli se encuentra cerrada a la circulación por elementos de Seguridad Pública.
A las 13:00 horas los 18 autobuses con normalistas de Ayotzinapa y de otras normales del país se concentraron en la columna del Ángel de la Independencia. Utilizaron dos carriles de esta vialidad.
En monitoreo en redes sociales, se destaca que un grupo de normalistas de Ayotzinapa acudió esta mañana a las instalaciones de Televisa, en la ciudad de México, para solicitar un espacio donde dieran a conocer sus demandas, sin embargo la petición les fue negada por la empresa.
Es posible que hayan acudido a realizar esta solicitud a otras televisaras o estaciones de radio. Se desconoce si fueron atendidos.
Hasta las 14:40 horas permanecen en el lugar alrededor de 600 personas, en su mayoría mujeres, provenientes de normales de Michoacán, Chiapas, Morelos y Zacatecas. De la normal rural de Ayotzinapa se estima que sólo hay alrededor de 150 estudiantes.
No se ha detectado presencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del Frente Popular Francisco Villa, como se esperaba. Se percibe desorganización entre los participantes.
Integrantes de la Federación de Estudiantes, Campesinos Socialistas de México pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo, apoyo para sus exigencias de justicia, a raíz del asesinato de dos alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, durante una reunión en las oficinas de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y plantearon que requieren atención a tres demandas básicas:
• Piden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lleve una investigación de los hechos ocurridos el 12 de diciembre.
• Piden que los egresados normalistas tengan de manera automática una plaza de maestro rural; que haya nuevos ingresos, eventualmente 20, al plantel, y que el promedio de 7.0 sea suficiente para inscribirse en esta institución.
• Apoyo para que se impulse en el Congreso la demanda de juicio político contra el gobernador de Guerrero.
A esta reunión asistió el diputado Francisco Moreno Merino (PRI), quien ha sido designado para presidir el grupo de trabajo del Congreso federal que dará seguimiento a esta problemática.
Por otra parte, normalistas informaron a los medios de comunicación presentes en la concentración que mantienen en la columna del Ángel de la Independencia, que la marcha iniciará a las 16:00 horas, debido a que están en espera del arribo de más contingentes.
Se detectó la llegada de 8 militantes del Partido Comunista de México, así como 20 campesinos de San Salvador Atenco, que se suman a las 600 personas entre estudiantes e integrantes de organizaciones sociales.
A las 15:35 horas dio inició la marcha por parte de aproximadamente 1500 personas entre estudiantes normalistas e integrantes de organizaciones sociales, para exigir juicio político en contra del gobernador del estado.
Se han sumado representantes de otras organizaciones:
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero; representantes de la Universidad Pedagógica Nacional; el Barzón, Asociación de Padres de las Víctimas del 12 de diciembre; Coordinadora Estudiantil Anarquista (preparatorias); el Frente de Escuelas Febrero 25, (FEDEF»); normales rurales de Morelos, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Chiapas y Tenería, (estado de México); Universidad Autónoma Metropolitana, Movimiento Metropolitano de Lucha Popular, Movimiento Proletario Independiente, integrantes del Partido Comunista de México, campesinos de San Salvador Atenco.
La marcha parte del monumento al Ángel de la Independencia, hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación, ubicadas en la avenida Bucareli.
A la marcha se ha sumado Nicolás Chávez Adame, al frente de un grupo de aproximadamente 30 personas integrantes de la APPG.
A las 16:40 horas arribó la marcha de normalistas a las vallas que protegen el acceso principal de la Secretaría de Gobernación, donde se preparan para realizar un mitin y exponer sus demandas.
Jersey Peñaloza y José Roberto Galeana Hernández se acercan a la valla para entregar su pliego petitorio y esperar ser atendidos.
A las 18:50 horas concluyó el mitin realizado por normalistas de Ayotzinapa al exterior de las oficinas de la Secretaría de Gobernación.
Los estudiantes se negaron a ser atendidos por funcionarios menores de esta dependencia.
A las 19:00 horas, el contingente que se encuentra al exterior de la Secretaría de Gobernación comienza a dispersarse y abordan sus respectivas unidades.
A las 23:00 horas, 17 autobuses, en los que se trasladan los normalistas, pasaron por la caseta de cobros Paso Morelos, en dirección a la ciudad de Chilpancingo.»
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Por otro lado, quisiera hacer dos atentos y respetuosos llamados: primero, al Grupo de Trabajo que da seguimiento al proceso de adquisición y reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación para que se reúna el día de mañana jueves 12 de enero en el salón C de Los Cristales, debido a que desgraciadamente esta comisión no se ha reunido durante un tiempo importante y es necesario que se reúna. Así que les hago un respetuoso llamado para que se reúnan.
Segundo, al Grupo Amplio de Trabajo de seguimiento y evaluación de impacto a las contingencias climatológicas en el sector agropecuario y rural, para que también mañana jueves 12 de enero se lleve a cabo la reunión de instalación en el salón D de Los Cristales y puedan estar conformados antes de la comparecencia que se tendrá con el secretario de Hacienda y con el secretario de Agricultura.
Por último —antes de cerrar— quisiera, como presidente de la Mesa, hacer un llamado a los funcionarios que no han rendido su informe ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el caso de Ayotzinapa, y que no han recibido al Grupo de Trabajo que formamos y desgraciadamente su agenda no les ha permitido, particularmente al secretario de Seguridad Pública, Gerardo García Luna, haga el favor de atender a esta comisión plural, de abrir su agenda y de recibirnos.
Lamento que tengamos que hacerlo desde este lugar, puesto que nuestros buenos oficios no han surtido efecto para que, tanto se reciba esta comisión de diputados, como nos hemos enterado, tampoco se han rendido informes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Señor secretario.
El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Informo a usted, señor presidente, que se han agotado los asuntos en cartera.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (a las 14:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 18 de enero de 2012, a las 11 horas.
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