SUMARIO

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Presidencia del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga

ASISTENCIA

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría, pasar lista de asistencia.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:(Pase de lista). ¿Falta alguna legisladora o algún legislador de pasar lista? Señor presidente, hay un total de 26 legisladoras y legisladores; en tal virtud, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga(a las 11:41 horas): Gracias, señor secretario. Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señoras y señores legisladores, antes de ordenar a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del orden del día, toda vez que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria, esta Presidencia, en virtud de las propuestas que ha recibido de las fracciones parlamentarias, hace el planteamiento de modificación de la siguiente manera:

En relación con los puntos del orden del día, el que está en el número 2 se va a proponer que sea de urgente u obvia resolución, y el número 42, en consecuencia, que estaba solicitado de urgente resolución, sólo se le dará turno. Ése es el cambio por lo que respecta a las propuestas con punto de acuerdo.

En relación al capítulo de iniciativas y puntos de acuerdo, se ha tomado la decisión también de cambiar el orden, poniendo en primer lugar los puntos de acuerdo para su discusión correspondiente y al final, el capítulo de iniciativas.

Con estas dos aclaraciones, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura la orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor diputado. Adelante, señor diputado. Micrófono al diputado Flores, por favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Sí, señor presidente, muchas gracias. Sólo para manifestar o para expresar mi extrañamiento, por el hecho de que en el orden del día no está incorporado en la parte correspondiente a los dictámenes de la Tercera Comisión, dos dictámenes que fueron aprobados el día de ayer en sesión que tuvo efecto por la tarde; ambos dictámenes tuvieron una amplia discusión; fueron aprobados por mayoría entiendo, porque consulté al presidente de la comisión, que fueron entregados con las firmas de quienes estuvimos presentes, pero entiendo que hay una especie de criterio de la Mesa Directiva de que no reúne la mayoría de firmas de los integrantes; sólo tiene mayoría de los presentes.

Agradecería que nos explique bien la Mesa Directiva cuál es ese criterio, porque ese criterio no se sostiene en las votaciones del pleno, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Me extrañaría que en el caso del órgano superior de decisión de esta soberanía no aplique esa regla y se aplique para órganos de gobierno de menor jerarquía.

Es cuanto, señor presidente, y además de solicitar que se incorporen ambos dictámenes, toda vez que fueron aprobados por mayoría y que consta en los dictámenes o están plasmadas las firmas de los que estuvimos presentes, tanto de los que votaron a favor como los que votaron en contra. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Si, diputado Flores, nada más quisiera esta Presidencia preguntarle a qué dictámenes se está usted refiriendo.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): Le ofrezco una disculpa. Son el dictamen por el cual se aprobó la comparecencia del director de Pemex para el día 30 de enero y el dictamen relativo a un exhorto al Ejecutivo federal para que emita una carta de crédito por 300 millones de dólares, con relación a la reestructura de la compañía Mexicana de Aviación.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias por la aclaración. El diputado Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sobre este mismo tema, diputado presidente. Compañeros, compañeras de la Permanente, larguísimo el debate ayer, particularmente sobre el tema Mexicana, en la Tercera Comisión; se acordó una propuesta de proyecto que plantea se le otorgue un crédito a la empresa para volver a funcionar; fue muy fuerte, muy importante, muy de fondo el debate y por mayoría, con quórum de la comisión, se aprobó el dictamen correspondiente.

No sólo me sumaría a mi extrañeza de que no esté ahí, sino exigiría, con todo respeto pero con toda firmeza, que ese dictamen sea presentado al pleno de la Comisión Permanente.

Es un tema de la mayor importancia; es un tema que tiene 8 mil trabajadores y trabajadores en la calle; a cerca de 60 mil de empleos indirectos sobre esta problemática y la verdad es que no hay ninguna razón para que —después del debate que se dio y que seguramente se reproducirá en el pleno de la Permanente—no esté incluido en el orden del día.

Creo que no se vale ninguna manera subrepticia u oscura, para tratar de evadir una determinación que está planteando tome esta Permanente al respecto.

Que por otro lado, es solamente un exhorto y la historia, por lo menos de la LXI Legislatura, es que quien usurpa la Presidencia no le ha hecho caso a uno solo de los exhortos del Poder Legislativo; entonces, no por ello deja de ser importante que el tema se debata y pido su inclusión en el orden del día.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señor senador.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea (desde la curul): Gracias, presidente, en el mismo sentido, inclusive, apoyando la postura de los señores diputados que me antecedieron en la palabra; si se verifica el tema de las firmas, voté originalmente en contra de esa modificación, con la preocupación de que no se utilizaran recursos públicos o recursos fiscales que de alguna manera se fueran a utilizar para este crédito que permita la renovación de labores de la compañía Mexicana de Aviación bajo el nuevo título que tiene.

Mi preocupación era porque de alguna manera si se usa el dinero de todos, de alguna manera todos quedamos como cómplices de estos malhechores que vinieron a destruir esta empresa.

Entonces, por ese sentido, me explicaron estos compañeros que no se trata de recursos fiscales, sino que es una especie de aval, una carta de crédito que una institución de banca de desarrollo proporcionará esos recursos.

Quedé muy conforme con esa explicación, de manera que en este momento quiero modificar el sentido de mi voto y pronunciarme a favor. Gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, senador García Zalvidea. Si no hay otra manifestación sobre este asunto procederemos a tomar una determinación al respecto.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Sí. Lo que procede aquí es que la Mesa Directiva nos dé una explicación a todos del por qué no dio por admitidos estos dos dictámenes que le presentamos de la Tercera Comisión de ayer; entiendo que hay un fundamento legal y le pido a la Mesa Directiva que nos lo diga. Lo tengo, y lo tengo claro, pero es la Mesa Directiva la que nos ha dicho, a la Tercera Comisión, que no podía admitir estos dictámenes y que —entiendo— se tienen que regresar para juntar las firmas requeridas. Pero es la Mesa Directiva la que tiene que explicar.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias por darme esa oportunidad, a eso iba yo, señor diputado, a tomar una determinación respecto a ese asunto. No se ha escuchado si hay algún otro comentario al respecto.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Entiendo que la Mesa Directiva instruyó a los presidentes de las comisiones en el sentido de que los dictámenes, aun siendo aprobados en comisiones —presido una—, que no tengan, que no reúnan la mayoría de firmas, no serían inscritos y no serían llevados al pleno.

En el caso de mi comisión, en la primera reunión solicité la inscripción de dos dictámenes; fue la respuesta, en nuestra comisión nos sujetamos a ella y de ahí, si van a variar el criterio, entonces que nos lo informen para así poderlo procesar, en este caso, en la comisión que presido.

Si el criterio va a ser de mantenerse en el sentido de que dictamen que no reúna, que no tenga la mayoría de firmas no se va a inscribir, bueno, entonces nos sujetaremos a ese procedimiento. Simplemente como aportación para enriquecer la decisión que vayan a tomar.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señoras legisladoras y señores legisladores, en la reunión previa de Mesa Directiva tuvimos conocimiento, por parte de la secretaría técnica de la misma, que estos dos dictámenes a los que se han hecho referencia, preciso, el que tiene que ver con Mexicana de Aviación y el que tiene que ver con la solicitud de comparecencia del director general de Pemex, no estaban en el orden del día, porque estos dictámenes no llegaron acompañadas del número de firmas requerido; en consecuencia, no aparecen así estos dos temas en el orden del día.

No pasa desapercibido para quien preside en estos momentos la sesión, que efectivamente el tema fue ampliamente discutido; tuve la oportunidad de ver por el Canal del Congreso toda la discusión sobre ambos temas, los argumentos que se plantearon, incluso la votación que se llevó a cabo.

Pero esta Presidencia y esta Mesa Directiva tienen que fundamentar sus determinaciones en documentos, como está establecido en los acuerdos y en el propio Reglamento. A mayor abundamiento, fundamenta mi criterio el artículo 88 del Reglamento Interior del Congreso General.

Propondría a Servicios Parlamentarios y al secretario técnico de la Presidencia de la Mesa Directiva, que procedieran a informarnos en el transcurso de la sesión si el documento consta del número de firmas requerido para que, en su caso, pudiéramos hacer, previo acuerdo de esta honorable asamblea, una modificación al orden del día. De lo contrario, no puedo enlistar un documento que no reúne los requisitos de forma y de legalidad al que estamos sujetos y obligados a respetar.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, diputado Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Me parece que ambos temas, tanto la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos como el asunto de Mexicana, son de la mayor importancia.

Entiendo los argumentos que está dando, diputado presidente, pero me parece que hasta podría haber una maniobra —lo digo de toda buena fe, porque merece todo mi respeto el diputado García Portillo—; no estoy diciendo que lo haya hecho, pero podría prestarse a ese tipo de maniobras para que temas que algún partido no quiere presentar al pleno, no se presente.

Por lo tanto, le pido dos posibilidades, diputado presidente; una, que, a petición de varios legisladores que aquí lo estamos solicitando, los puntos se incluyan, ya que tenemos derecho a pedir que se incluyan puntos en el orden del día, se incluyan; o dos, que hagan el trámite burocrático de recabar las firmas en la próxima hora, con el compromiso de incluirlo en el orden del día, una vez que se haya cubierto ese trámite burocrático.

Lo que no puede ser es que con un argumento tan pobre se quiera evitar un debate sobre dos temas de la mayor importancia, que pare el saqueo de Petróleos Mexicanos y que vuelva a volar Mexicana de Aviación.

Le pido con todo respeto, pero con toda firmeza, diputado presidente, que ambos temas sean incorporados bajo la modalidad que ustedes decidan, pero que haya el compromiso de la Mesa Directiva de que hoy la Permanente no se irá sin haber abordado esos dos temas, ya sea a petición de varios legisladores o ya sea cumplimentando el requisito formal, que no puede ser obstáculo para que esta soberanía decida cosas de fondo.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Diputado.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Desde luego, el diputado Fernández Noroña tiene toda la razón; no he incurrido absolutamente en ninguna ilegalidad en este proceso, como presidente de la Tercera Comisión, cumplí y les dije que tenían que quedarse a firmar el día de ayer, lo hicieron los que estaban. Yo entregué inmediatamente ayer los dictámenes de la comisión.

Posteriormente, de Mesa Directiva me informaron, efectivamente, que aplica el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.

Por tanto, entiendo, por esa disposición, que aplica a todos, como también se ha mencionado aquí y que es la que ha estado vigente para todas las sesiones de todas las comisiones, que tiene que regresar a la comisión para cumplir con todas las firmas que se requieren; no es una situación imputable a éste legislador el que solamente hayan asistido ocho legisladores de los quince que deberían de estar, asumiendo que pueden estar los suplentes.

Finalmente, recuerdo, diputado Fernández Noroña, usted mismo en el pleno de la Cámara de Diputados justamente argumentó en contra de que se fueran a recabar las firmas de los diputados que no habían asistido a sesión. Esas son sus propias palabras en la propia Cámara, ahora está pidiendo exactamente lo contrario; creo que hay que ser congruentes y consecuentes con los planteamientos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, diputado Noroña, tiene usted el uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Creo que son dos cosas diferentes. Tiene razón, diputado, cuando comenta que nos pidió que nos quedáramos a firmar; si algunos omitimos u omitieron esta responsabilidad, lo que estoy planteando es que se haga, que es diferente a cuando no se discuten las cosas, no se convoca a comisión y luego andan recabando firmas para presentar al pleno sus tropelías. Hay un mar de distancia entre una cosa y otra.

Siempre me he opuesto a estas tropelías, a fingir decisiones colegiadas, a meter por debajo de la mesa cosas que no se discutieron en las comisiones respectivas.

Éste consta en actas, como el propio diputado presidente lo comenta; el Canal del Congreso transmitió en vivo la discusión, larguísima discusión; en vez de estar discutiendo si el punto se mete o no, deberíamos estar discutiendo el punto, que es de la mayor importancia.

Me opongo a que pase un día más sin que esta soberanía dé una señal de que apoya a los 8 mil trabajadores y trabajadores de Mexicana que están en la calle; me opongo a que pase un día más con 60 mil trabajadores en la calle.

Ayer presenté una carta de Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, cuando era candidato a la Presidencia, dirigido a las sobrecargos de Mexicana, donde les decía que iba a ser el presidente del empleo. Está cada vez más claro que lo que dice es al revés.

Por lo menos que se honre la discusión de ese tema, se presente el dictamen. Pido otra vez que a petición de varios legisladores, que aquí hemos hecho el uso de la palabra, se incluyan ambos temas, o que cumpla la Mesa Directiva de la comisión su tarea, recabe las firmas de los que ahí estuvimos, de los que ahí debatimos, de los que participamos en la decisión y se entregue para que sea incluido en el orden del día.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): No faltan.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): ¿Perdón? ¿No falta ninguna? Entonces está peor todavía, porque están aplicando un criterio de lo más obtuso; están aplicando un criterio de que la comisión sesiona con quórum y porque la votación fue no unánime quieren que haya más de los asistentes que debería haber. Esto es verdaderamente increíble.

Pido, entonces, a la Mesa Directiva de la Permanente que tenga criterio político y que incluya en el orden del día los puntos que aquí estamos reclamando.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Presidente.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: A ver, señoras y señores legisladores, si me permiten, si me permite señor diputado, si me permite señor senador; nosotros tenemos que sujetar nuestras decisiones y procedimientos a la formalidad y al sustento legal.

Lo que les propongo es lo siguiente: estamos abordando un tema sin que tengamos debido conocimiento del punto a discusión; es decir, el punto a discusión es si el dictamen se presentó o existe con las firmas suficientes.

Aquí hemos escuchado argumentos en un sentido o en otro, sin que siquiera tengamos la oportunidad de saber si el documento existe y está firmado por todos.

Les propongo, en consecuencia, para darle agilidad a nuestra sesión, que continuemos con este orden del día y dejemos en suspenso el análisis de este tema para cuando abordemos los dictámenes a discusión que nos han hecho llegar las comisiones; en ese momento estará ya recabado el documento correspondiente, lo analizaremos, informaremos y tomaremos una decisión.

Proceda la Secretaría a consultar, en consecuencia, si se dispensa la lectura del orden del día, con la aclaración pertinente que ha hecho el señor presidente.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Estoy pidiéndole al secretario que proceda a la votación como se lo he indicado.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Lo que ocurre es que usted se fundamentó en el artículo 88 -estamos de acuerdo- del Reglamento; sin embargo, no se nos informó el detalle de, ¿a qué se referían? ¿Cuál era su interpretación? Porque el 88 establece que ningún dictamen podrá pasar si no tiene la mayoría de firmas de los integrantes de la comisión, en eso estamos de acuerdo.

La mayoría de los integrantes de la comisión estuvimos presentes, sesionó válidamente la comisión, y al menos uno de esos dos dictámenes se desahogó prácticamente al inicio de los trabajos de la sesión; el otro sí fue al final.

Es posible que algún integrante de la comisión hubiese abandonado el salón y ya no hubiera alcanzado a firmar, pero otro de ellos no es así; por eso me parece que vale la pena simplemente esclarecer esto y muy rápidamente identificarlo. Si tiene ocho firmas en el sentido que sea el voto, está cumpliéndose el 88. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias por su aclaración. Insisto, el tema lo abordaremos una vez que esté el documento en nuestro poder, que corroboremos las firmas, le informaremos a esta honorable representación y pondré a analizar este punto para determinarlo antes de que entremos a la discusión de los dictámenes. Proceda, señor secretario.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 18 de enero de 2012

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Diputada Leticia Quezada Contreras, por la que propone la donación de un día de dieta de cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados, para atender la situación que atraviesan los pobladores de la Sierra Tarahumara.

Solicitudes de licencia

Del diputado Genaro Mejía de la Merced.

Reincorporación de ciudadano legislador

De la diputada Graciela Ortíz González.

Proyecto de declaratoria de reforma constitucional

Declaratoria de aprobación del proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 25 al 28 de enero de 2012, con el objeto de participar en la 42ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, a celebrarse en Davos, Suiza.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Ismael Sergio López Ley, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República. (Turno a Comisión)

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Lina Oshida Sánchez, Claudia del Socorro Milian Fernandez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa Pérez y Talia Nazelly Jiménez Cázares, puedan prestar servicios en las Embajadas del Japón y de los Estados Unidos de América, en México, y en sus consulados generales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, respectivamente e informa que el ciudadano José Antonio Méndez Escamilla, deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. (Turno a Comisión)

Siete, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Diez, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Del Gobierno del Estado de Nuevo León

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las MIPYMES.

Del Instituto para las Mujeres Zacatecanas

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la introducción en el texto constitucional de las Entidades Federativas, la garantía de No Discriminación.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de diciembre de 2011, desagregada por tipo de fondo.

De la Comisión Nacional del Agua

Con el que remite Informe de los ingresos excedentes recaudados al 31 de diciembre del 2011.

Iniciativas

Que reforma el artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Mauricio Toledo Gutiérrez y Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4° del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 11 del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictamen de primera lectura

De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos; Librado Vázquez Flores, Zadalinda González y Reynero, y Augusto Moisés García Ochoa, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de Costa Rica, y Francesa.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión:

Con punto de acuerdo por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del Ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Con punto de acuerdo por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del Ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia.

Con punto de acuerdo por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del Ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, las Repúblicas de Benín, de Camerún, de Ghana, de Guinea, de Liberia y de Sierra Leona.

De la Primera Comisión:

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, y a Petróleos Mexicanos, rendir un informe en materia de robo de hidrocarburos.

Con punto de acuerdo, en relación con la protección de defensores de derechos humanos.

Con puntos de acuerdo, en relación al desalojo de familias Guatemaltecas en Tenosique, Tabasco.

Con punto de acuerdo, para modificar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Con punto de acuerdo, en relación con la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas.

Con puntos de acuerdo, relativos a la publicidad de la administración local donde se promueve la imagen y el nombre del Gobernador del Estado de Colima.

Con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Congreso del Estado de Coahuila, a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal.

De la Segunda Comisión:

Con puntos de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica.

Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el Presidente Barack Obama al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en los Estados Unidos de América.

De la Tercera Comisión:

Con punto de acuerdo, relativo al estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV.

Con puntos de acuerdo, por los que se solicita al Bancomext y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012.

Con puntos de acuerdo, por los que se solicita a la CONSAR explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores.

Con puntos de acuerdo, relativos a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SAGARPA a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit.

Con puntos de acuerdo, relativos al cierre del relleno sanitario bordo poniente.

Con puntos de acuerdo, relativos al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.

Con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a la Secretaría de Economía, promover y otorgar apoyos económicos para la cadena productiva café Veracruz.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los raramuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región, suscrito por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la construcción de un Acuerdo Nacional de Emergencia para resolver el problema de la sequía en México, entre el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, para enfrentar juntos esta grave contingencia, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los derrames en las instalaciones petroleras, suscrito por el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SCT, se revisen a fondo las normas de seguridad aeronáutica en el país, así como se investiguen las fallas ocurridas en el vuelo 2053 de la empresa Aeroméxico Connect del 8 de enero de 2012, y a la PROFECO, para que apoye a los pasajeros que abordaron dicho vuelo en caso de que estén dispuestos a presentar una queja como consecuencia de las presuntas deficiencias en el servicio que les fuera ofrecido, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a efecto de que sean mejorados los procesos de adquisiciones y se sancione a aquellas personas que hubieren incurrido en casos de corrupción, suscrito por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, promueva una salvaguardia de transición a la importación de productos textiles, vestido, calzado, juguetes y minero metalúrgicos de origen chino, que afectan a dichas ramas de la producción nacional, suscrito por los senadores Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la ALDF, realicen las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del Sistema de Procuración o Impartición de Justicia que por culpa, negligencia o de forma dolosa incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; de igual forma, para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado, suscrito por el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para impedir el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio norteamericano, a través del cruce fronterizo número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrito por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California instruya al titular de la PGJ de dicha entidad, a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicios registrados en México, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la SRA y a la Conagua, resuelvan el problema del predio conocido como El Salado o La Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, implemente en la entidad el programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se permita coordinar las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en dicho estado, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, emprenda acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica, suscrito por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Titular de la SCT, para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del tren Suburbano, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del INM un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CNBV, aplique de manera diferenciada Basilea III en México, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez y suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Segob, respete los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la Sociedad Civil, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, remita a esta Soberanía un informe detallado, que explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit, suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, así como al Gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades Rarámuris en la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua, suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo con relación con la posible aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de América de la Iniciativa H.R3261, también conocida como Sopa (Stop Online Piracy ACT), suscrito por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo en relación con el derrame de hidrocarburo sobre el Río Coatzacoalcos, suscrito por los senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo sobre las comunidades Rarámuris en Chihuahua, a cargo del senador José Luis Máximo García Zalvidea y suscrito por los senadores Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, decreten la libertad incondicional e inmediata del señor José Francisco Chavira Martínez, suscrito por el senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al derrame de hidrocarburos en el Río Coatzacoalcos, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco, para que conjuntamente regulen y sancionen el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos del país, suscrito por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la discrepancia de los ingresos por concepto de contribuciones pagadas a Pemex, reportado por diversas autoridades hacendarias, suscrito por el senador Francisco Agundiz Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la repartición de agua potable durante las sequías, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la modernización del Sistema Penitenciario en todo el país, suscrito por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los implantes franceses PIP, suscrito por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo sobre la lluvia sólida, suscrito por el senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSP, informe el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del AICM, suscrito por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través del Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SRE, se organice una reunión bilateral con el Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de impulsar una agenda de colaboración en temas como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza, suscrito por la senadora María Elena Orantes López. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, se destinen mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para declarar Peña Colorada, en Querétaro, como Área Natural Protegida de competencia federal, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SRE, a la Cofetel y a la PGR, informen cuáles son las implicaciones de Ley Sopa y Similares en México, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF, continúe e intensifique durante el presente ejercicio, la investigación y labores de auditoría para evaluar el ejercicio de los recursos públicos y privados concurrentes para la organización y desarrollo de los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los altos cobros en el suministro de energía eléctrica en Baja California, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los Comisionados de la Cofetel, para que expliquen la práctica de asignaciones directas en ese órgano desconcentrado; y se exhorta a la SFP y a la PGR, para que realicen las investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de funcionarios de dicho órgano en la asignación de contratos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo con relación al fortalecimiento del Estado de Derecho en Puebla, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Bicameral que investigue las constantes violaciones a derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SHCP, atienda y solucione asuntos relacionados con la UCREM, Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y su hospital universitario, infraestructura carretera y otras obras, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, a nombre del diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del estado de Chihuahua, para que atiendan de manera urgente e inmediata las contingencias sociales y climáticas presentadas recientemente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a nombre del diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sagarpa y de la Sedesol, informe a esta Soberanía de las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Sener y de la SRA, y en coordinación con el Gobierno del estado de Oaxaca, revisen los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de energía eólica, así como los impactos negativos económicos y sociales que éstos pudieran provocar en dicha región, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoque la resolución del IFE que permite a los precandidatos únicos realizar actos y acciones anticipados de campaña, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación social del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque se dispense, presidente. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles once de enero de dos mil doce, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintisiete legisladores, a las once horas con cuarenta y dos minutos del miércoles once de enero de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

En sendas votaciones económicas se dispensa la lectura al orden del día y el acta de la Sesión anterior, que de la misma forma se aprueban.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) Declaratoria de aprobación del Proyecto de Decreto, que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción segunda y la fracción quinta del artículo tercero; y la fracción primera del artículo treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se instruye a la Secretaría a dar cuenta de la documentación enviada por los congresos de los estados, que integran el expediente. Se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) del artículo tercero; y a la fracción primera del artículo treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Marcos Fastlicht Sacker, electo por el Senado de la República como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite el informe de los resultados de la participación de la Armada de México, en los Ejercicios Navales “Unitas quincuagésimo segunda Fase Atlántica” y “Panamax-dos mil once”. Se remite a la Cámara de Senadores.

• Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

– Augusto Moisés García Ochoa, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

– Zadalina González y Reynero, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en Grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el Gobierno de la República de Costa Rica.

– Librado Vázquez Flores, pueda aceptar y usar la Condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Se turnan a la Primera Comisión de Trabajo.

• Por el que comunica que el Presidente de la República, nombró a los ciudadanos:

– Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Polonia.

– Juan Alfredo Miranda Ortíz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Democrática Federal de Etiopía, y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo.

– Francisco Javier Alonso Escobar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq.

– Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Federal de Nigeria y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante Burkina Faso y las Repúblicas de Benín, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona.

– Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Jamaica y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Siete, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados.

• Catorce, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

c) De la Cámara de Senadores, oficio con el que remite Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos de la Cámara de Senadores para el mes de febrero de dos mil doce. En votación económica se aprueba.

d) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados de:

• Chihuahua, que reforma y adiciona el artículo trece de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Durango, que reforma el segundo párrafo del inciso c) de la fracción cuarta del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Quintana Roo, que reforma el artículo cuatrocientos veinte, fracción segunda Bis, del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los legisladores:

• Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y siete y doscientos Bis de la Ley General de Salud, en materia del aviso de funcionamiento. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ochenta de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo primero de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. Se turna a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Senadores.

• Diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veinticinco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Oralia López Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos trescientos catorce, trescientos veintisiete de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

• Senador Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo diez y deroga el artículo once de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

• Diputado Agustín Castilla Marroquín, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos setenta y dos y ochenta y tres Bis a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que crea la Ley para el Fomento de Desarrollo Integral de los Trabajadores y sus Familias y abroga la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, de la Cámara de Senadores.

Presidencia del diputadoHeliodoro Carlos Díaz Escárraga

En sendas votaciones económicas se dispensan la primera y segunda lectura y se somete a discusión de inmediato los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permisos a los ciudadanos mexicanos:

• Egbert Kuiper Broekhoven, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino de los Países Bajos en la ciudad de Monterrey, con Circunscripción Consular en los Estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

• Teresa Kari Verthein Garnica, Miguel Ángel Vázquez Gómez, Edwin Bautista Estrada, Juan Alfonso López Verdiguel, Cristina Cruz Lobato, José Reyes Hernández González, Bertha Julia Villarino Aguilera, Jesús Gabriel Zárate Hernández, Lorenzo Sarro Marín, y Miriam Adriana Murguía Labardini, para que puedan prestar servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América, de Dinamarca, y Polonia, en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, y Ciudad Juárez Chihuahua.

• José de Jesús Franco López y Óscar Cruz Barney, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Nacional del Mérito, en Grado de Oficial, que le otorga el Gobierno de la República Francesa, y al Mérito en el Servicio a la Abogacía, en Grado de Gran Cruz, que le otorga el Consejo General de la Abogacía Española.

• Ricardo Franco Guzmán y César Antonio Prieto Palma, para prestar servicios como Asesores Jurídicos en la Embajada de la República de Angola, en México.

La Secretaría da lectura a los dictámenes con proyecto de decreto y en votación nominal se aprueban en lo general y en lo particular por veintiocho votos a favor; y una abstención. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En sendas votaciones económicas se autoriza la lectura de los encabezados y se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:

a) De la Primera Comisión de Trabajo:

• Por los que se exhorta al Instituto Federal Electoral, mantenga vigentes las credenciales denominadas “03”, para las elecciones del dos mil doce.

• Por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República, atraiga la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras catorce personas, cometido en Cajeme, Sonora.

• Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a dar seguimiento al Acuerdo de distención integral para garantizar la paz y tranquilidad en la zona de los Chimalapas.

• Relativos a la participación y subordinación que existe entre ex funcionarios y funcionarios del Gobierno Federal con agencias estadounidenses.

• Relativos a la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin oradores registrados, se consideran suficientemente discutidos y en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

b) De la Segunda Comisión de Trabajo, por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Procuraduría General de la República y al Consejo Nacional Contra las Adicciones, se coordinen para la elaboración e implementación de una estrategia de prevención de adicciones en el ámbito escolar. Sin oradores registrados, se considera suficientemente discutido y en votación económica, se aprueba. Comuníquese.

c) De la Tercera Comisión de Trabajo:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, exijan a las instituciones de banca múltiple implementar mayores medidas de seguridad para clientes y usuarios de cajeros automáticos.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Función Pública y de la SAGARPA, investigue el caso de corrupción en el que están involucrados cuatro altos funcionarios del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.

• Relativo a la situación de pagos que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía.

• Relativo a la situación actual de la deuda pública federal y de los estados.

• Por los que solicita a la Financiera Rural intervenga para que los arroceros del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, obtengan una prórroga para cubrir sus adeudos.

Sin oradores registrados, se consideran suficientemente discutidos y en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Se somete a discusión el dictamen con punto de acuerdo de la Tercera Comisión, relativo al Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte. Se somete a discusión e interviene en pro la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Se somete a discusión el dictamen con punto de acuerdo de la Primera Comisión relativo al Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa de Alerta Amber México. Intervienen en pro los legisladores: diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; y desde su curul la senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido y se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Senadora María del Socorro García Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del Programa Seguro Popular. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solucione los asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y su Hospital Universitario, infraestructura carretera y otras obras. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las AFORES y su impacto en los ahorros para los trabajadores. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada María Isabel Merlo Talavera, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año dos mil doce como el conmemorativo del centésimo quincuagésimo Aniversario de la Batalla de Puebla. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Josefina Rodarte Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, implemente los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional. Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado José Luis Velasco Lino, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos, para que explique los motivos del fracaso de la negociación con la asociación española REPSOL. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita a Banco Nacional de Comercio Exterior y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información respecto de las negativas predicciones para la economía mexicana en dos mil doce. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Sofía Castro Ríos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, se modifiquen las reglas de operación o definan lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil doce. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputados Alfredo Villegas Arreola y Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, exhorte a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para dejar sin efecto la resolución del anteproyecto y en su caso, proyecto denominado Declaratoria por la que se regula el uso de la marca Agave en Tequila, Mezcal y Bacanora. Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de treinta y seis familias guatemaltecas, entre ellos quince menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora María Elena Orantes López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al titular del Ejecutivo Federal, su intervención conjuntamente con el Presidente de Guatemala, a efecto de determinar las acciones conducentes para remediar la situación de las noventa familias de refugiados guatemaltecos que fueron desalojados la madrugada del nueve de enero en el municipio de Tenosique, Tabasco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que actualice el Reglamento de Cooperativas Escolares, garantizando la participación de padres de familia. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Gobierno Federal a supervisar el actuar de la Comisión Federal de Electricidad en los cobros de luz por la temporada de invierno. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a replantear el Programa de Financiamiento de Educación Superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Vidal Llerenas Morales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos, para que informe sobre la situación y relación con la Petrolera Española REPSOL y la empresa SACYR-VALLEHERMOSO. Se turna a la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, implemente un programa emergente para los productores de frijol en el estado de Nayarit. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, así como a diversos gobernadores, a cumplir con el pacto de Huaxa Manaka para la preservación y desarrollo de la cultura Wixárika, y a la Secretaría de Economía, informe sobre las concesiones a empresas mineras en ese territorio. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al conflicto entre el estado de Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un mecanismo de protección de los defensores de derechos humanos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales a tipificar el delito de Feminicidio. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a los abusos de las casas de empeño en materia de tasas de intereses y cotización prendaria. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar una política de emergencia para la creación masiva de empleos dignos y ponga en marcha un seguro de desempleo a nivel nacional. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al cierre del relleno sanitario denominado Bordo Poniente. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, Relativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo Federal y la Procuraduría Federal de la República, vinculada a la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante el año dos mil once. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Ericel Gómez Nucamendi, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, promueva y otorgue apoyos económicos para la cadena productiva Café Veracruz. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Ericel Gómez Nucamendi, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Educación Pública para que realice una revisión amplia e integral de todos aquellos programas enfocados a la educación indígena infantil, con el fin de que se mejore la calidad, la infraestructura en las escuelas hasta lograr una educación intercultural efectiva. Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.

• Senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima para que retire la publicidad del gobierno del estado donde se promueve la imagen y nombre de su Gobernador. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe sobre la aplicación de recursos obtenidos por conceptos de exportaciones petroleras a lo largo del actual sexenio, particularmente en el ejercicio fiscal recién concluido. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del titular de Petróleos Mexicanos y funcionarios de la paraestatal, para que informen sobre el acuerdo de accionistas con la empresa SACYR-VALLEHERMOSO. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementen medidas que apoyen al campo mexicano para su desarrollo e informen sobre las acciones que van a desplegarse en dos mil doce para el crecimiento del sector agrario y el aumento de los ingresos de los campesinos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Procuraduría Federal de la República, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Petróleos Mexicanos, información sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora María del Socorro García Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que realice acciones conducentes que permitan contar con una cobertura de vacunación que combata la influenza, tosferina y papiloma humano. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadores Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la defensa de la economía familiar frente a la denominada cuesta de enero. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo a la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Educación Pública; y a la Procuraduría General de la República, información sobre el estatus actual de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción de la obra denominada “Estela de Luz”. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los legisladores:

– Diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

– Desde su curul el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México.

– Diputado Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional.

– Senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática.

– Diputado Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo.

En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma forma se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• Senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el Presidente Barack Obama al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en los Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez y suscrita por el diputado Rodrigo Pérez Alonso González, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública publique los mecanismos de distribución de los recursos del programa Becas para la Educación Superior y la Expansión de la Educación Media Superior, Inglés y Computación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a respetar el derecho de todo ciudadano a denunciar actos contrarios a los derechos humanos, la dignidad de las personas y contra la legalidad. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposiciones con punto de acuerdo a los legisladores:

• Senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, por el que se propone reformar los esquemas que faciliten el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas y fomentar su competitividad. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que inspeccionen y evalúen la observación de las normas ambientales durante la operación de depósito de basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del Estado de México, e informen sus conclusiones. En votación económica se considera de urgente resolución. Se somete a discusión e interviene desde su curul el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una propuesta de modificación, la cual la acepta la promovente. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma forma se aprueba el punto de acuerdo con la modificación. Comuníquese.

• Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a nombre propio y de los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Francisco Hernández Juárez, Mario Di Costanzo Armenta y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico. En votación nominal con un registro de quince votos a favor; ocho en contra; y una abstención, no alcanza mayoría calificada, no se considera de urgente resolución, y se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se da cuenta con la recepción de un oficio del diputado Uriel López Paredes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, por tiempo indefinido, a partir del catorce de enero del presente año. Se somete a discusión el punto de acuerdo e interviene en pro el senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Se da cuenta con la recepción por parte del Grupo de Trabajo de seguimiento de los sucesos ocurridos el doce de diciembre de dos mil once en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y un trabajador de una gasolinera, del Informe Preliminar que contiene su mismo informe y la presentación sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos, en relación a los hechos referidos. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente clausura la sesión a las catorce horas con treinta y cuatro minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles dieciocho de enero de dos mil doce, a las once horas.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el acta de la sesión anterior es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.

Pasamos al capítulo de comunicaciones. Proceda, señor secretario.

SIERRA TARAHUMARA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Ante la crítica situación por la que atraviesan nuestros hermanos de la sierra Tarahumara, agravada por la sequía y la delincuencia que azotan a Chihuahua, quiero hacer un llamado a la solidaridad de la Cámara de Diputados y en particular a usted, como compañero de partido y en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Considero que, en contraste con la insensibilidad mostrada por el titular del Ejecutivo, quien no se ha pronunciado hasta el momento, el Poder Legislativo no puede permanecer ajeno a la hambruna y al consiguiente riesgo de morir en que se encuentran 250 mil mexicanos.

Por ello me permito solicitarle de manera respetuosa que se proponga a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la reunión del miércoles 18 de enero, la donación de un día de dieta de cada uno de los integrantes de la Cámara. Con independencia de lo anterior, solicito que me sea descontado un día de dieta para tal fin.

Confío en que dicha aportación se sumará a otras acciones que los órganos de dirección del Legislativo impulsarán en atención de esta urgencia humanitaria.

Agradezco su atención y sensibilidad, y quedo en espera de su respuesta.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 16 de enero de 2012.— Diputada Leticia Quezada Contreras (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia reconoce la propuesta que hace la diputada Leticia Quezada y ordena remitir su proposición a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Si me lo permiten, señoras y señores legisladores, queremos agradecer y saludar la presencia en este salón Legisladores de la República, del honorable representante John Weston, presidente del Grupo de Amistad Canadá-México, del Parlamento canadiense, quien asiste a un encuentro con diputados y senadores del Congreso mexicano.

Lo acompañan nuestros compañeros, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; el diputado Jorge Humberto López Portillo, secretario de la Comisión Especial sobre Migración; el diputado Jesús Ramírez Rangel, presidente del Grupo de Amistad México-Canadá, y la senadora Adriana González Carrillo.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión le da la más cordial bienvenida, representante Weston, y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras dos naciones. Sea usted muy bienvenido.

Señor secretario, dé lectura a las solicitudes que están enlistadas de licencias y continúe con la misma.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito solicitar a la Comisión Permanente que me sea concedida licencia para separarme del encargo de diputado a la LXI Legislatura, con efectos a partir de la fecha en que sea aprobada por la Comisión Permanente.

Agradezco el trámite parlamentario que se sirva dar a la presente, y le reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputado Genaro Mejía de la Merced (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:

Único. Se concede licencia al diputado Genaro Mejía de la Merced para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el segundo distrito electoral en estado de Veracruz, a partir de esta fecha. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe el acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se apruebe el acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.Continúe, señor secretario.

DIPUTADA QUE SE REINCORPORA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Licenciada Graciela Ortiz González, en mi calidad de diputada federal propietaria, electa por el principio de representación proporcional para el periodo 2009 - 2012, acudo ante esta soberanía a efecto de exponer lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción XVI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicité licencia del cargo de representación popular referido en el párrafo que antecede, a efecto de asumir el puesto de secretaria general de Gobierno del estado de Chihuahua.

En virtud de que la suscrita ha cesado formal y oficialmente en el desempeño del cargo de secretaria general de Gobierno del estado de Chihuahua, desde el día 5 de enero de 2012, y al no existir impedimento constitucional o legal alguno, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados; tengo a bien solicitar la reincorporación al ejercicio del cargo de diputada federal a partir del día 6 de enero de 2012.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, atentamente solicito:

Primero. Se comunique de inmediato a mi suplente, Víctor Silva Chacón, la reincorporación de la suscrita al cargo de diputada federal.

Segundo.Se informe lo anterior al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera improrrogable en la siguiente sesión que celebre.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2012.— Licenciada Graciela Ortiz González (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

Declaratoria de reforma constitucional. Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Cámara de Senadores con el que remite las aprobaciones de los congresos de los estados a la minuta que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO 4O. CONSTITUCIONAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Comisión Permanente.— Presentes.

Adjunto remito a ustedes la documentación de los votos aprobatorios del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitidos por los Congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Lo anterior, para los efectos de lo que dispone el artículo 135 constitucional.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2011.— Doctor Arturo Garita (rúbrica), secretario general.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Proceda la Secretaría a dar cuenta de la documentación enviada por los Congresos de los estados que integran el expediente remitido por la Cámara de Senadores.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:El expediente contiene los documentos de los Congresos de los estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por los que comunican la probación de la minuta que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Solicito a la Secretaría que realice el cómputo correspondiente, a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios por los Congresos de los estados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Señor presidente, del cómputo realizado se informa que se recibieron 18 votos aprobatorios correspondientes a las Legislaturas de los estados de: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En consecuencia, esta Secretaría da fe de la recepción de 18 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señoras legisladoras y señores legisladores, a efecto de darle la debida formalidad a la declaratoria correspondiente les solicito ponerse de pie.

A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las Legislaturas de los estados, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite la siguiente declaratoria:

Se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.Muchas gracias. Pueden tomar asiento.

Continúe la Secretaría dando cuenta con los oficios recibidos.

AUSENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL TERRITORIO NACIONAL

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que la licenciada Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará de territorio nacional del miércoles 25 de enero al sábado 28 de enero de 2012, con el objeto de participar en la cuadragésima segunda reunión anual del Foro Económico Mundial (World Economíc Forum) a celebrarse en Davos, Suiza.

La participación del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en la cuadragésima segunda reunión anual del Foro Económico Mundial, reviste especial importancia porque permitirá promover los siguientes objetivos:

• Contribuir al posicionamiento de México, aprovechando la oportunidad que le brinda la Presidencia del G20.

• Reforzar la imagen de México como un país responsable en el manejo de su política económica y de sus finanzas públicas.

• Seguir promoviendo al país como un destino seguro y confiable para la inversión y el turismo.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor Subsecretario

Por instrucciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el Artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la SRE, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; solicito a usted sea el amable conducto para informar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que el Presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del miércoles 25 de enero al sábado 28 de enero de 2012, con objeto de participar en la cuadragésima segunda reunión anual del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) a celebrarse en Davos, Suiza.

La participación del presidente Calderón en el Foro Económico Mundial responde, como en ocasiones anteriores, a una invitación del Profesor Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo de dicho Foro, espacio privilegiado de diálogo sobre temas de alcance global cuyo propósito es contribuir a mejorar la colaboración internacional en temas de coyuntura. Esta invitación distingue a nuestro país y le concede un importante espacio de influencia en un encuentro que ha cimentado su reputación y relevancia en los círculos de reflexión y acuerdo globales.

Entre los invitados a esta edición del Foro se cuenta a los líderes de países destacados en el escenario internacional, así como a propietarios y directivos de las empresas prominentes empresas globales, así como a reconocidos líderes de opinión, intelectuales, expertos y cabezas de organizaciones de la sociedad civil y los medios ·de comunicación. A la fecha el Foro tiene confirmada la participación de 33 Jefes de Estado y/o de Gobierno, así como alrededor de 2 mil empresarios y líderes globales.

En esta ocasión, la compleja coyuntura actual será analizada por los tomadores de decisiones de todo el mundo, quienes abordarán las situaciones críticas que se observan en los ámbitos económico, político y social. La multiplicidad de contextos en los que se presenta la problemática actual, así como la gran velocidad con la que se suceden los cambios sociales, consecuencia del proceso de globalización y de los avances tecnológicos, se añaden a los desafíos que los líderes mundiales enfrentarán en su búsqueda de nuevos modelos e ideas para mejorar los niveles de bienestar y desarrollo humano en el planeta. Es en este contexto que la reunión anual del WEF en este 2012 se enfocará en el tema “La gran transformación: dando forma a nuevos modelos” (The Great transformation: Shaping New Models), el cual será el catalizador de la reflexión de todos los actores involucrados. Concretamente, los participantes en la Reunión trabajarán en los siguientes cuatro ejes temáticos:

• Modelos de crecimiento y empleo.

• Modelos de liderazgo e innovación.

• Modelos sustentables y de gestión de recursos.

• Modelos sociales y tecnológicos.

Debe destacarse que la reunión anual 2012 coincidirá con el inicio de la Presidencia mexicana del G20, la cual se da en un entorno de crisis financiera global en el que persisten los desequilibrios fiscales y un recrudecimiento de las tasas de desempleo en las principales economías. La incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial y la búsqueda de mecanismos de estabilización económica que contribuyan al crecimiento, estarán en el centro del debate del Foro. De manera similar, nuestra Presidencia en el G20 colocará a México en un sitio destacado en los trabajos del Foro, prominencia que nos permitirá incidir en los temas de la agenda y su tratamiento.

La participación del Presidente Calderón en el Foro Económico Mundial tendrá los siguientes objetivos:

• Contribuir al posicionamiento de México, aprovechando la oportunidad que le brinda la Presidencia del G20.

• Reforzar la imagen de México como un país responsable en el manejo de su política económica y de sus finanzas públicas.

• Seguir promoviendo al país como un destino seguro y confiable para la inversión, el comercio y el turismo.

Para alcanzar estos objetivos, el Presidente participará en diversas sesiones de reflexión y trabajo a las que ha convocado el WEF, así como en actividades paralelas y encuentros bilaterales con otros Jefes de Estado y/o de Gobierno, empresarios, académicos y expertos en áreas prioritarias, tales como la recuperación de la estabilidad económica, el fomento al comercio internacional, equilibrio entre estabilidad financiera y crecimiento, crecimiento verde y seguridad alimentaria.

El Programa de Trabajo del primer día del Presidente Felipe Calderón iniciará con una entrevista con medios internacionales, seguida de un encuentro con el señor Klaus Schwab, después de lo cual se prevé un encuentro bilateral con el señor Bill Gates, Presidente de la Corporación Microsoft, en seguimiento a la conversación iniciada entre ambos en Cannes en materia de políticas innovadoras de desarrollo social. Posteriormente, el Presidente dará una conferencia en el Salón Plenario del WEF, titulada “Crisis económica global: papel y desafíos para el G20” (“Global Economic Crisis: Role and Challenges of the G20”) y participará en la discusión sobre el tema. Posteriormente, presidirá una cena con algunos de los mandatarios presentes en Davos para tratar temas de la agenda mexicana d.lel G20, en la que asimismo estarán presentes los titulares de la ONU, WEF~ FMI, BM, OMC, OCDE y BID.

Los trabajos del segundo día iniciarán con una sesión privada intitulada “Oportunidades de inversión en las economías emergentes: canalizando el capital privado al crecimiento verde” (“Emerging Economy Investment Opportunities: Directing Private Capital into Green Growth”), la cual reúne a líderes políticos y CEOs con los miembros del Consejo de la Iniciativa de Crecimiento Verde del WEF y en la que el discurso de apertura estará a cargo del Presidente Calderón. Adicionalmente, participará en dos reuniones privadas denominadas Encuentros Informales de Líderes Económicos Globales (Informal Gathering of World Economic Leaders o IGWEL): La primera con el tema “Definición de los imperativos para el 2012” (“Defining the Imperatives for 2012”), la cual estará presidida por el Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, y en la que el Presidente Felipe Calderón participará, junto con otras personalidades, como “Líder de Discusión”, y la segunda, presidida por el propio Presidente Felipe Calderón, con el tema “Acercamiento a la agenda mexicana del G20” (“Priming Mexico’s G20 Agenda”), la cual se centrará en las prioridades de la Agenda de México como Presidente del G20. Posteriormente, el Presidente Calderón concederá entrevistas a dos medios internacionales y por la noche asistirá, también como “Líder de Discusión”, a la Cena Latinoamericana que lleva por tema “América Latina: transformación en un nuevo contexto global” “Latin América Transformation in a New Global Context”.

El tercer día iniciará con un desayuno para el lanzamiento del denominado “B20 Task Force”, en el cual participarán empresarios y miembros de los Grupos de Trabajo del B20, y donde el Presidente Calderón intervendrá para reiterar el compromiso de México en la promoción del diálogo público-privado global en los temas del G20.

Además de las actividades antes mencionadas, el Presidente Calderón sostendrá encuentros bilaterales con Jefes de Estado y/o de Gobierno, con el objeto de estimular el diálogo político y la concertación de posiciones en temas de interés bilateral, regional y multilateral. En ellos se buscará presentar los principales elementos y ventajas comparativas que hacen de México una economía emergente líder, que contribuye a la solución de los problemas de la agenda internacional. El Presidente sostendrá, asimismo, encuentros con empresarios y líderes mundiales, con quienes se promoverá la posición de México como destino de Inversión, comercio y turismo, y se abordarán las diversas recomendaciones surgidas de las mesas de discusión del WEF.

Cabe destacar que, por primera vez desde su fundación, el Foro Económico Mundial incluirá en su Programa una presencia cultural de México, con la participación de al menos cinco exponentes de diversos ámbitos de la cultura mexicana; Enrique Norten (arquitectura), Erik Velásquez (arqueología), Rivelino (artes visuales): Margarita Carrillo (gastronomía) y Carmen Boullosa (literatura), quienes alternarán con otras personalidades del ámbito cultural reconocidas a nivel mundial.

Una vez concluido el viaje del Presidente de la República, se enviará al honorable Congreso de la Unión un informe sobre los resultados de las actividades y las gestiones realizadas durante su participación en la cuadragésima segunda reunión anual del WEF; en los términos del propio artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo y consideración, quedo de usted.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

Continúe, señor secretario.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00209, el Min. Miguel Malfavón Andrade, director general adjunto del Ceremonial, encargado de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Ismael Sergio Ley López, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión con la que el interesado solicita el permiso respectivo y del certificado de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en México.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0034/12, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Lina Oshida Sánchez.

Puesto: Asistente del Departamento Económico.

Lugar de trabajo: Embajada de Japón en México.

Nombre: Claudia del Socorro Milian Fernández.

Puesto: Coordinadora de Logística.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Adán Lescas Juárez.

Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Adrián Marcelino Ochoa Pérez.

Puesto: Asistente en la Oficina de Seguridad.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Nombre: Talia Nazelly Jiménez Cázares.

Puesto: Operadora telefónica.

Lugar de trabajo: Consulado General de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: José Antonio Méndez Escamilla.

Puesto: Ingeniero en Mantenimiento de Telecomunicaciones en la Sección de Manejo de Información.

Lugar de trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, y por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, se remite a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para su conocimiento.

INTRODUCCION DE ARMAS EN TERRITORIO NACIONAL

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-4-1960, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP- 0005/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al estado que guardan las negociaciones para celebrar los tratados internacionales sobre comercio ilícito de armas ya sea multilateral, o bilateral con el gobierno de Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a la comunicación número DEP2171/11, del 12 de diciembre de 2011, por la que se hizo llegar a esa Unidad de Enlace Legislativo la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión del 23 de noviembre de 2011, el cual remitió para nuestra atención con oficio número SEL/UEL/311/ 4133/11, y que a continuación se describe:

“Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre comercio ilícito de armas ya sea multilateral; o bilateral con el gobierno de Estados Unidos de América, y con ello evitar el tráfico y venta de armas a territorio nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la titular de la Procuraduría General de la República que informe a esta soberanía sobre estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional.”

Al efecto, y con el propósito de ahondar más sobre el citado tema, me permito hacer llegar los elementos de información complementarios con el atento ruego de ser el amable conducto para transmitir la respuesta que se anexa al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Jesús María Rodríguez Hernández.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2012.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Información complementaria al punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, relativo al estado que guardan las negociaciones para celebrar tratados internacionales sobre comercio ilícito de armas ya sea multilateral o bilateral con EUA

En 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 61/89 en la que reconoce que la ausencia de normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales contribuía a los conflictos, al desplazamiento de personas, al delito y al terrorismo y, por ende, socavaba la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

Con base en esa resolución, el secretario general de la ONU recabó las opiniones de los Estados miembros sobre la viabilidad de un proyecto de instrumento y estableció un grupo de expertos gubernamentales integrado por especialistas de 28 países, que celebró tres periodos de sesión en 2008. En dichas sesiones participaron dos funcionarios mexicanos.

Posteriormente, con base en la resolución 63/240, la Asamblea General decidió establecer un grupo de trabajo de composición abierta que concluyó sobre la necesidad de hacer frente a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito.

La Asamblea General convocó, mediante su resolución 64/48, a una conferencia relativa a la negociación de un tratado sobre el comercio de armas, para elaborar un instrumento sobre las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la transferencia de armas convencionales, así como convocar cuatro periodos de sesiones de un comité preparatorio de la conferencia.

El Comité Preparatorio, en el que México ostenta una Vicepresidencia, ha celebrado tres periodos de sesiones (julio de 2010, febrero-marzo de 2011 y julio de 2011) y se reunirá del 13 al 17 de febrero de 2012. El Comité Preparatorio ha discutido, entre otros aspectos, el alcance, criterios y parámetros para regular las transferencias de armas que podrían incluirse en el futuro tratado.

Se espera llevar a cabo una conferencia diplomática negociadora del 2 al 27 de julio de 2012.

Durante todo el proceso relativo al TCA, México ha apoyado decididamente las negociaciones para adoptar un instrumento jurídicamente vinculante e integral, observando los siguientes aspectos:

• El tratado debe basarse en la corresponsabilidad de fabricantes y consumidores, así como de todos los actores involucrados en las diferentes etapas del proceso de transferencia, el cual prevea criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes para el comercio de armas.

• La importancia de que el TCA contribuya a evitar el comercio irresponsable de armamento convencional, o su desviación al mercado ilegal, cuando exista el riesgo de que las armas sean utilizadas para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario y de derechos humanos, y por el riesgo que implica a la paz y la seguridad internacionales .

• El instrumento debe superar el enfoque de las listas de armas y establecer una definición que cubra todas las armas convencionales –incluidas las armas deportivas y de caza–, sus partes y componentes, municiones de alto y bajo calibre, y tecnología relacionada con la producción, desarrollo o mantenimiento de las armas o municiones.

Es importante señalar que el proceso para la concertación de un instrumento jurídicamente vinculante, negociado sobre una base no discriminatoria, transparente y multilateral, que establezca las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales, cuenta con apoyo de una mayoría de países, si bien algunos como Rusia, Egipto y Pakistán han cuestionado la necesidad de establecer dicho tratado.

Destaco a su atención que el tratado no ha sido negociado formalmente, sino que se ha trabajado en el marco de comités preparatorios del mismo proceso.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

IMPORTACIONES DE PIERNA Y MUSLO DE POLLO

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-61-II-2-1965, signado por el diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1 00.2011.DGE.982, suscrito por Rodriga Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la investigación antidumping a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio número SEL/UEL/311/4325/11, del 9 de diciembre del año en curso, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre, mismo que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que por conducto del secretario de Economía, Bruno Francisco Ferrari García de Alba, nos explique los motivos que llevaron a esta Secretaría aceptar la investigación antidumping (prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios) a las importaciones de pierna y muslo de pollo, originarias de Estados Unidos de América (EUA), independientemente del país de procedencia; solicitadas por las empresas Bachoco, SA de CV (Bachoco), Productos Pecuario, SA de CV (Buenaventura), antes de emitir una resolución.”

Al respecto, la Subsecretaría de Industria y Comercio informa que el 2 de julio de 2010, Bachoco, Productos Agropecuarios de Tehuacán y Buenaventura Grupo Pecuario, todas SA de CV, solicitaron el inicio de una investigación antidumping en contra de las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de EUA. Éste es un derecho que la Ley de Comercio Exterior confiere a los productores mexicanos.

Los solicitantes argumentaron que los exportadores estadounidenses venden la pierna y muslo de pollo a México por debajo de su costo de producción (es decir, en condiciones de dumping).

La Secretaría analizó la solicitud y determinó que existen elementos suficientes para presumir que tales importaciones entran a México en presuntas condiciones de prácticas desleales. En consecuencia, el 8 de febrero de este año esta dependencia inició una investigación que le permita establecer si, en efecto, existe dumping, y si éste ha ocasionado un daño o amenaza causar daño a la rama de la producción nacional, en cuyo caso puede imponer cuotas compensatorias para contrarrestarlo, o no, en cuyo caso dará por concluida la investigación sin imponerlas. Las razones que motivaron la decisión de la Secretaría de admitir la solicitud están explícitas en la resolución referida, entre las que destacan:

a. La Secretaría encontró indicios para presumir que, durante el periodo de investigación, las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de EUA se realizaron con margen de discriminación de precios.

b. Las solicitantes acreditaron la similitud entre la mercancía investigada y nacional porque tienen semejanzas en características físicas, procesos de producción y en los usos de productos, la coincidencia entre clientes e importadores y la posible sustitución en sus adquisiciones, que permiten inferir que ambos productos cumplen las mismas funciones y son comercialmente intercambiables.

c. La Secretaría evaluó el comportamiento de las importaciones y concluyó que las originarias de EUA representan el 99.25 del total importado. También se identificó que aquellas aumentaron en términos absolutos como en relación con el consumo interno, las ventas internas y la producción.

d. Las importaciones de EUA se ofrecieron a precios significativamente inferiores a los de la rama de producción nacional, y también por debajo de los de las importaciones de otros países.

e. Los indicadores económicos relevantes de la rama de producción nacional registraron una tendencia negativa durante el periodo analizado: los precios internos, la producción total, y la orientada al mercado interno, el volumen de ingresos por ventas al mercado interno, la participación del mercado interno, el rendimiento de las inversiones, la utilización de la capacidad instalada, los beneficios, los inventarios, el empleo y la masa salarial.

f. No hay consentimiento de cambios en la estructura de consumo, prácticas comerciales restrictivas o algún factor distinto que pudiera perjudicar los indicadores de la rama de producción nacional.

La existencia o no del dumping y, en su caso, la imposición de cuotas compensatorias se determinará con base en la información que haya aportado todas las partes interesadas en la intervención y de las que se allegue la Secretaría (al procedimiento comparecieron todas las empresas que así lo consideraron conveniente en defensa de sus intereses) con estricto apego al marco legal aplicable.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 27 de diciembre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica p.a.), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-1-2352 signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 001/2012, suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la organización e implementación de los programas de capacitación, certificación y equipamiento para y en el empleo, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/4289/11, mediante el cual se remitió punto de acuerdo transmitido por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual fue aprobado en sesión celebrada el 6 del actual por el pleno de ese órgano legislativo, en el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen la perspectiva de género en el diseño, organización e implementación de los programas de capacitación, certificación y equipamiento para y en el empleo, a fin de alcanzar la igualdad de oportunidades.

Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:

El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 establece la creación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, la cual integra la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas públicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a fin de lograr la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. Dicho programa sectorial establece como meta, la certificación del 10% de las empresas medianas y grandes registradas ante la Secretaría de Economía y 100% de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

Asimismo, la creación de la norma obedece a diversos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales específica mente a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo artículo 34 dispone que las autoridades deberán establecer certificados de igualdad para las empresas que apliquen políticas y prácticas en la materia.

La norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, única en su género a nivel mundial, es un instrumento que certifica a las organizaciones públicas, privadas y sociales que tengan prácticas en materia de:

1 Igualdad y no discriminación en los principios y documentos rectores de la organización, en los procesos de reclutamiento y selección de personal, en las oportunidades de ascenso, en los salarios, incentivos y compensaciones por trabajos de igual valor, así como en la permanencia en el trabajo. Algunos indicadores o reactivos son:

• Anuncios de vacantes u ofertas de trabajo expresados con lenguaje no sexista y libres de cualquier tipo de expresión discriminatoria.

• Existencia de un catálogo o perfil de puestos, libre de juicios de valor, de sesgos sexistas y discriminatorios.

• Existencia de procedimientos para el reclutamiento del personal, libres de juicios de valor y de sesgos sexistas, con mecanismos de selección de personal objetivos, basados en entrevistas estructuradas y no abiertas, con apego estricto al catálogo o perfil de puestos.

• Prohibición explícita de exámenes de no gravidez y de VIH/sida como requisito de contratación.

• Indicadores de la norma en materia de salarios, incentivos y compensaciones iguales por trabajos de igual valor, y libres de toda discriminación, en concordancia con los compromisos adquiridos por las ratificaciones del Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de 1951 y Convenio III sobre la discriminación (empleo y ocupación) de 1958.

• Capacitación: incluye indicadores sobre existencia y difusión de ofertas de formación que favorezcan la movilidad a un cargo de mayor complejidad para mujeres como para hombres; de existencia, difusión de capacitación y sensibilización en género y no discriminación; de instrumentos de capacitación para el área de recursos humanos sobre políticas o acciones afirmativas orientadas a cerrar la brecha entre mujeres y hombres en el acceso a las vacantes existentes; de existencia y difusión de programas de formación para la prevención en temas de salud de la mujer y el hombre, entre otros.

• Valor comparable. La norma incluye indicadores que garantizan el principio de “igual salario por un trabajo de valor comparable”. La idea es que las mujeres que tienen ocupaciones femeninas deberían ganar lo mismo que los varones que tienen ocupaciones masculinas, si las cualificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo son comparables.

2Previsión social y acceso a la capacitación y actividades de formación con igualdad de oportunidades, así como prácticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Algunos reactivos son:

• Cobertura universal y plena, tanto para mujeres como para hombres, de: seguridad social; vacaciones; prima vacacional; aguinaldo; reparto de utilidades (para empresas privadas); Infonavit o Fovissste (apoyo para la vivienda).

• Cobertura universal y plena de las prestaciones por maternidad.

• Existencia y difusión de capacitación y sensibilización en género y no discriminación a todo el personal, así como al personal de recursos humanos.

• Contar con esquemas y políticas flexibles de armado de horarios, tanto para mujeres como para hombres, que permitan conciliar la vida laboral y familiar, como: cumplir con las horas de trabajo semanales en el menor número de días; adelantar o atrasar las horas de entrada y de salida; combinar las jornadas u horas de trabajo en la organización y en el hogar, sin afectar el salario ni las prestaciones; permitir el teletrabajo; facilitar el cambio de adscripción a filiales de la organización más cercanas al hogar de la o el trabajador; no citar a reuniones fuera del horario de trabajo.

• Existencia de esquemas y/o mecanismos de atención o de horas/permiso para las y los trabajadores con deberes de maternidad o paternidad, o de cuidados familiares a familiares adultos mayores, con discapacidad o con alguna enfermedad.

• Facilitación de servicios de guardería para descendientes de trabajadoras y de trabajadores.

• Contar con el esquema de licencia de paternidad.

• Existencia y difusión de programas deportivos, culturales y sociales para la conciliación trabajo-familia, en la organización.

3.Fomento de un clima laboral adecuado, libre de discriminación y de violencia laboral. Algunos indicadores y reactivos:

• Existencia y difusión amplia de políticas, programas y mecanismos de prevención, atención y sanción de las prácticas de violencia laboral.

• Contar con mecanismos de denuncia, seguros y confidenciales, de casos de violencia laboral, mismos que deben asegurar la transparencia en el seguimiento de los casos denunciados.

• Aplicación del instrumento de medición de satisfacción de las y los empleados en el espacio laboral, el cual mide la percepción del personal, con relación a la igualdad y no discriminación, la previsión social, el clima laboral, accesibilidad y ergonomía y libertad sindical.

4.Accesibilidad y mobiliario ergonómico para personas con discapacidad y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

5. Libertad sindical.

Como parte de las herramientas para la instrumentación de la norma, la STPS desarrolló dos recursos electrónicos:

a) Curso e-learning Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres. Esquema de capacitación a distancia, a través de un modelo pedagógico sustentado en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Su objetivo es sensibilizar y brindar elementos de apoyo para la aplicación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres NMX-R-025-SCFI-2009. El curso tiene una duración de 10 horas que pueden ser distribuidas en cuatro semanas, y se encuentra disponible en el Aula Virtual de la Secretaría, en el área de Capacidades Directivas: http://procadist.stps.gob.mx

b) Asistente de autodiagnóstico en línea. Es un recurso electrónico de apoyo, opcional para las organizaciones interesadas en obtener la certificación en la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres, ya que les permite realizar un autodiagnóstico sobre el grado de cumplimiento de los indicadores de la norma en su centro laboral, y estar preparadas al momento de iniciar el proceso de certificación con un organismo de certificación acreditado para tal fin.

Asimismo, el asistente brinda información sobre los antecedentes de la norma, su marco normativo, el proceso de certificación, los organismos de certificación acreditados para realizar la evaluación y certificación en la norma, así como diversos documentos adicionales en materia de igualdad y no discriminación. También permite contestar la encuesta de clima laboral que contenida en la norma, y saber el resultado personal en la misma:

http://igualdadlaboral.stps.gob.mx/igualdadlaboral/login/loginC T.aspx

En cuanto al proceso de certificación, lo realizan a solicitud de la organización interesada a organismos de certificación independientes acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, lo cual da transparencia y certeza al proceso de evaluación y certificación de la norma.

Al mes de diciembre de 2011, siete organismos de certificación se encuentran acreditados para realizar la evaluación de la conformidad de la norma.

La instrumentación de la norma fomenta que la organización certificada refuerce el compromiso con el desarrollo profesional y personal de sus trabajadoras y trabajadores, en igualdad de oportunidades.

El 8 de marzo, en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el presidente de la república, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, instruyó la certificación de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De la entrada en vigor de la norma al mes de diciembre de 2011, 253 unidades responsables de 60 dependencias y entidades, así como 12 empresas, han obtenido la certificación con la norma.

Con la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres se busca impactar positivamente las relaciones laborales, especialmente la formación y capacitación de los recursos humanos, para fomentar al interior de las organizaciones la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, en general, climas laborales armónicos e incluyentes.

En otro tenor, durante la actual administración federal, la STPS ha promovido políticas de mercado de trabajo que fortalezcan la inclusión social y laboral, dirigidas a la atención de grupos en situación de desventaja, destacando el Programa de Apoyo al Empleo, el cual tiene como objetivo promover la colocación en un empleo o actividad productiva a personas desempleadas o subempleadas, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para capacitación, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.

Anualmente el gobierno federal destina alrededor de 1,200 mdp a través de los cuales se realizan más de 400 mil atenciones y alrededor de 260 mil acciones de colocación en un empleo de personas con mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral mexicano.

El PAE especifica en sus Reglas de Operación que cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre desempleada o en búsqueda de empleo, puede ser beneficiaria del Programa, sin embargo, sus resultados revelan que la demanda principal proviene de aquella población en situación de desventaja como: jornaleros agrícolas, personas repatriadas de los Estados Unidos, personas con discapacidad, mujeres, madres solteras, jóvenes, adultos mayores, entre otros.

El PAE está conformado por los siguientes subprogramas:

• El Subprograma de Becas de Capacitación para el Trabajo (Bécate): el cual, tiene como objetivo apoyar a personas que requieren capacitarse para adquirir o reconvertir su calificación o habilidades laborales con el fin de facilitar su colocación en un empleo o el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia. La tasa de colocación promedio del Subprograma es superior al 65%, es decir, por lo menos 6 de cada 10 personas capacitadas, logran encontrar un empleo. En lo que va de esta administración, enero 2007 a noviembre de 2011, se han colocado en un empleo a 695,561 personas; de las cuales casi el 67% (465,823) han sido mujeres.

• El Subprograma de Fomento al Autoempleo, el cual busca apoyar principalmente a personas de difícil colocación como son madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros, para emprender una iniciativa por cuenta propia a través del otorgamiento de maquinaria y equipo. Cuenta con un presupuesto anual aproximado de 100 mdp que permiten brindar una atención a más de 10 mil personas. En lo que va de 2011, a través de este Subprograma, han sido colocadas 5,623 mujeres, de un total de 9,747 colocaciones, lo que representa casi el 58%, de acuerdo a los datos registrados al mes de noviembre.

• El Subprograma de Movilidad Laboral en el sector agrícola, el cual otorga apoyos a jornaleros agrícolas que necesitan moverse de su lugar de origen para colocarse en un empleo. Anualmente cuenta con un presupuesto aproximado de 130 mdp que permiten otorgar alrededor de 150 mil apoyos. En esta administración, de enero de 2007 a noviembre de 2011, a través de este Subprograma se ha logrado colocar a 286,972 personas, de las cuales 88,464 han sido mujeres, es decir, casi el 31% de las colocaciones totales.

• El Subprograma de Repatriados Trabajando, el cual, otorga apoyo a los connacionales repatriados para vincularse con las oportunidades de empleo disponibles en la frontera norte del país o en su lugar de origen o residencia. Anualmente, cuenta con un presupuesto aproximado de 40 mdp que permiten brindar más de 25 mil atenciones.

Adicionalmente, el Servicio Nacional de Empleo opera mecanismos de vinculación laboral, a través de los cuales, se realizan más de 3 millones de atenciones y alrededor de 650 mil acciones de colocación, como son:

• El Portal del Empleo, el cual es un instrumento de política laboral que la STPS pone a disposición de la ciudadanía a través de la página de Internet: www.empleo.gob.mx. El Portal concentra la oferta y demanda laboral y trata de vincular a las personas que buscan un empleo con las vacantes que generan las empresas y los tres órdenes de gobierno.

• Anualmente registra más de 1.5 millones de solicitantes de empleo, de los cuales más de 300 mil logra colocarse en un empleo. En lo que va de esta administración, se tiene un registro de 2,745,223 mujeres solicitantes.

• Bolsa de Trabajo del SNE, la cual es un mecanismo que permite vincular a buscadores de empleo con vacantes acordes con su perfil laboral disponibles en la región. Cuenta con más de 800 mil registros anuales. A través de este mecanismo, de enero de 2007 a noviembre de 2011, se ha logrado colocar a 1,339,490 personas, de las cuales más del 40% (549,020) han sido mujeres.

• Las ferias de empleo (FE), las cuales, son un mecanismo directo, ágil y oportuno para propiciar el encuentro entre oferentes y demandantes. Los que han participado disminuyen significativamente el costo y tiempo invertido en los procesos de reclutamiento, selección de personal y de búsqueda de empleo. Si bien las FE están dirigidas al público en general, se busca vincular prioritariamente con el sector productivo a jóvenes, profesionistas, técnicos, mujeres, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Anualmente, se realizan más de 300 ferias en la República Mexicana donde se ofertan más de 200 mil vacantes. Tan sólo en lo que va de 2011, hasta el mes de noviembre, se ha logrado la colocación de 91,474 solicitantes; más del 40% han sido mujeres (37,310).

• La estrategia Abriendo Espacios, la cual atiende a través de las diversas opciones de capacitación, entrega de apoyos económicos y vinculación laboral a personas con discapacidad y adultos mayores. Anualmente, más de 70 mil personas son atendidas y alrededor de 30 mil de ellas encuentran un empleo.

El Servicio Nacional de Empleo opera de manera federalizada en las 32 entidades de la República. Cuenta con 165 oficinas: 33 Centrales y 132 regionales. Adicionalmente existen 51 módulos de información. Además de una línea de atención las 24 horas del día, 01 800 841 2020, y el Portal del Empleo en la página www.empleo.gob.mx.

De esta manera, la STPS abona a su compromiso con la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito laboral, con la que mujeres y hombres puedan verse beneficiados en la búsqueda y estancia en el empleo y sean garantizados sus derechos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1, 4 y 123); Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (OIT); Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación –OIT); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU); Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén do Pará –OEA); Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU); Ley Federal del Trabajo (artículos 3, 133, entre otros); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (artículos 2, 4 y 9); Ley General de las Personas con Discapacidad (artículo 9); Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (artículos 12 y 34); Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículos 10 y 11); Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (artículo 19).

2 Información obtenida de apuntes de la Maestra Jennifer Ann Cooper Tory, coordinadora de la especialidad El Género en la Economía, Facultad de Economía, UNAM.

México, DF, a 5 de enero de 2012.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4446, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000124, suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la construcción de la obra Acueducto Independencia, en el estado de Sonora.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, en respuesta a su oficio número SEL/UEL/ 311/4283/11, mediante el cual hizo del conocimiento de esta dependencia del Ejecutivo federal el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 6 de diciembre del 2011, relativo a la construcción de la obra Acueducto Independencia, me permito remitirle copia del oficio número BOO.00.R03.02.-002/0001, suscrito por el licenciado Rubén Ramírez Ponce, encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado en el punto de acuerdo referido.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.ë Licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza (rúbrica), directora general adjunta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Wllehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— México, DF

En atención al oficio número 112/00006462, de fecha 13 de diciembre del año próximo pasado, mediante el cual la directora general adjunta de Legislación y Consulta de esa unidad a su digno cargo, remite el punto de acuerdos segundo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión del 6 de diciembre de 2011, en el cual exhorta, en la parte que compete, a mantenerse al margen a la Comisión Nacional del Agua del litigio entre el estado de Sonora e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, por la construcción de la obra Acueducto Independencia.

Al respecto, me permito informarle que en efecto la Comisión Nacional del Agua, en particular este Organismo de Cuenca Noroeste, se mantiene al margen de la controversia legal en cita, lo cual se sustenta en los siguientes hechos:

• Se tienen diversos juicios de amparo distintas asociaciones de usuarios (conocidos como módulos de riego) en contra de este Organismo de Cuenca Noroeste y otras autoridades, por la emisión y otorgamiento de dos títulos de asignación a favor del gobierno del estado de Sonora, para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo. Estos juicios llevan su proceso de gestión ordinaria ante la autoridad judicial respectiva.

• Existe un diverso juicio de amparo (865/2011), promovido por la Asociación de Usuarios de la Sección de Riego 4-P4 del Canal Principal Bajo del Distrito de Riego 041-Rio Yaqui, AC, en contra del proceso de licitación del Acueducto Independencia, impulsado por el gobierno del estado dentro del Programa Sonora SI. Este Organismo de Cuenca Noroeste no está señalado como autoridad responsable ni ordenadora ni ejecutora.

• Se encuentra señalado como “ejecutor” el jefe de Distrito de Riego 041 Río Yaqui, por lo cual se negaron los actos reclamados, ya que tal autoridad no tiene ninguna injerencia en ellos.

• En dicho juicio, la juez octava de distrito ordenó la suspensión provisional y definitiva para efectos de que el gobierno del estado de Sonora continuara con el proceso de licitación pero sin emitir el fallo.

• El gobierno del estado, en octubre de 2010, emitió el fallo de la licitación en pugna y asignó el contrato de la obra, por lo que los demandantes presentaron incidente de desacato a la suspensión otorgada.

• En fecha 24 de mayo de 2011, la juez octava de distrito, con sede en Ciudad Obregón, emitió un acuerdo en el que confirma el desacato por parte de gobierno del estado a la suspensión de la construcción del Acueducto Independencia, ordenando al Fideicomiso, del Sonora SI gire instrucciones a quien corresponda a fin de cumplir de inmediato con dicha orden judicial misma que debe ser acreditada y enviada a la juez con la constancia correspondiente, en el entendido que puede utilizarse la fuerza pública si insistían en el citado desacato.

• El 3 de octubre de 2011, la mencionada juez octava emite acuerdo donde ordena girar exhorto al juez de distrito en turno de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para que haga cumplir la medida de suspensión ordenada, facultándolo para que con el uso de la fuerza pública (federal o militar) retire maquinaria y material de construcción del sitio de la obra en pugna. De igual forma, requiere al Fideicomiso del Sonora SI para que cumpla con lo ordenado en la suspensión provisional.

• El 13 de octubre de 2011, la juez dictó resolución en el incidente de suspensión de uno de los juicios de amparo, concediendo la suspensión definitiva al módulo quejoso en los mismos términos en los que fue concedida la provisional, aduciendo que no se causa ningún perjuicio al interés social con la paralización de la obra del acueducto y sin tomar en cuenta o valorar ninguna de las pruebas desahogadas.

Como puede apreciarse de la anterior re1atoria, este Organismo de Cuenca no tiene intervención en el litigio en el que se encuentra inmerso el proceso de licitación de la obra Acueducto Independencia, por tanto se mantiene al margen de ello. Esto, sin que pase inadvertido de que ningún litigio promueve el denominado Movimiento Ciudadano por el Agua.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 3 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Ramírez Ponce (rúbrica), encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1761 signado por el diputado Jesús María Rodríguez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2011.DGE.973 suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al oficio SEL/UEL/311/3932/11, del 9 de noviembre del año en curso, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de noviembre, mismo que se transcribe a continuación:

“Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley. ”

Al respecto, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa coincide en la necesidad de mejorar las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y el proceso productivo de las Mipyme.

Se cuenta ya con una herramienta tecnológica a través de la cual se gestionan los trámites de su competencia derivados de las Reglas de Operación del Fondo Pyme. Es el Sistema de Transparencia Pyme (www.fondopyme.gob.mx), que es de gran utilidad para los interesados en obtener los apoyos de dicho fondo ya que a través de éste llenan su solicitud (en línea) presentan informes y reciben notificaciones.

En el Sistema de Transparencia Pyme (www.fondopyme. gob.mx) se registra todo el proceso de otorgamiento de los apoyos del Fondo Pyme previsto en las reglas de operación integrándose la información correspondiente de cada una de sus etapas (ocho en total) y su resultado.

Con relación al segundo resolutivo, la Spyme informa que cada año se suscribe el Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, con las 32 entidades federativas, en atención a la normatividad aplicable (entre la que se encuentra la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa).

Dicho convenio tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de coordinación y cooperación, entre la Secretaría de Economía y el gobierno del estado, para promover el desarrollo económico a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de los emprendedores, así como a aquellos que promuevan la inversión productiva que permitan generar más y mejores empleos, más y mejores micro, pequeñas y medianas empresas y más y mejores emprendedores y, en general, las iniciativas que en materia económica se presenten para impulsar el desarrollo integral del estado correspondiente.

En este contexto, se prevén diversas actividades y compromisos para el cumplimiento de su objeto y, especialmente, la aportación conjunta de recursos entre las partes para el apoyo a los proyectos, elegibles conforme a las Reglas de Operación del Fondo Pyme, que vayan a ejecutarse en el estado.

Se han suscrito convenios con algunos municipios y entidades federativas como instrumentos de colaboración para que participen, en el ámbito de su respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de planeación nacional y para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a emprendedores y Mipyme.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 27 de diciembre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica p.a.), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA - ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-4405, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número Ref II-211-C-180068, suscrito por el licenciado Carlos Alberto Ayala Rostro, director general de Concertación Agraria y secretario técnico de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones necesarias para conciliar y resolver el conflicto agrario existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.

Licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Con fecha 20 de diciembre de 2011 se recibió en esta dirección general el oficio número Ref II. 200. 114966, de la licenciada Joselyne Castrejón Castrejón, coordinadora de asesores del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, anexando el oficio número Ref I.110/ 15276/ 2011, de fecha 16 del referido mes y año, de la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4277/ 11, del 7 de diciembre de 2011, por el que el director general adjunto de Proceso Legislativo de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación dio a conocer a la Secretaría de la Reforma Agraria el punto de acuerdo, aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2011, que a la letra señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, a realizar coordinadamente todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver con la mayor brevedad el conflicto agrario y de límites existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a revisar exhaustivamente los permisos, las concesiones y las autorizaciones de explotación forestal que pudieran haberse expedido a favor de ejidos, comunidades o particulares en la zona en conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas, y –en su caso– para que las revoque o suspenda, en tanto es posible resolver el conflicto agrario y de límites que en ésta se presenta. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca a realizar todas las acciones a su alcance para evitar el clima de violencia en la zona y ayudar a la solución definitiva del conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Al respecto me permito informar a usted sobre la atención que se ha brindado a los Chimalapas, Oaxaca, vs. núcleos agrarios del oriente de Cintalapa, Chiapas:

Poblado:Santa Maria Chimalapa.

Municipio:Santa María Chimalapa.

Estado:Oaxaca.

Superficie:460 000-00-00 hectáreas.

Antecedentes

Este conflicto social agrario se origina a partir de la ejecución de acciones agrarias de dotación y ampliación sobre territorio comprendido en el reconocimiento y titulación de bienes comunales de la comunidad Santa María Chimalapa, toda vez que su resolución presidencial se ejecutó el 31 de marzo de 1993, mientras que las ejecuciones de los ejidos del noroeste de Cintalapa, Chiapas, se realizaron entre 1958 y 1992.

Derivado de lo anterior se ha suscitado desde esas épocas una problemática que ha generado confrontaciones no sólo en el ámbito jurídico sino, también, en el social, ya que las comunidades Chimalapas han manifestado en repetidas ocasiones que sólo reconocerán las resoluciones cuya fecha de publicación sea anterior al 10 de marzo de 1967 (fecha de publicación de su RTBC).

Situación actual

La problemática que enfrenta la comunidad Santa María Chimalapa con los núcleos chiapanecos ha sido atendida a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, logrando que la comunidad acepte incorporarse y someterse al programa. Derivado de lo anterior, se han obtenido las anuencias a fin de realizar trabajos técnicos y mediciones para determinar la superficie real en conflicto y, de esa forma, sentar las bases para iniciar con el procedimiento de negociación. Entre los poblados que ya cuentan con anuencia y en los que se han realizado mediciones están Benito Juárez I, Benito Juárez II, Canaán, Guadalupe Victoria, Ignacio Zaragoza, Luis Echeverría, Pilar Espinoza de León y Rafael Cal y Mayor.

Con fecha 11 de febrero de 2011, a través del subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural se hizo la propuesta a la comunidad Santa María Chimalapa, en la que se advirtió que la superficie en conflicto era de 41 418 15 40.87 hectáreas, en la que se localizan los núcleos agrarios, ofertando una contraprestación por 70 millones de pesos por el reconocimiento que haga la comunidad a los núcleos agrarios, excluyendo en consecuencia dicha superficie de su plano definitivo.

No obstante lo anterior, la comunidad de Santa María Chimalapa realizó un planteamiento distinto, en el sentido de que a pesar de estar de acuerdo en continuar la participación en el programa, la contraprestación debe otorgarse atendiendo a la cuantificación de la pérdida de los recursos forestales que no han aprovechado. Asimismo, manifiestan que no permitirán la modificación de su plano definitivo, por lo que señalan como alternativa el reconocimiento como comuneros de los núcleos agrarios chiapanecos. Tales núcleos manifestaron su enérgico rechazo a la alternativa de ser aceptados como comuneros por la comunidad Santa María Chimalapa el 10 de octubre de 2011, presentando dicha negativa por conducto del secretario general de Gobierno de Chiapas en instrumento notarial número uno, pasado ante la fe del licenciado Octavio Esponda López, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que hasta el momento no existe coincidencia en la alternativa de solución.

En dicha reunión se acordó que se establecerían por conducto de los gobiernos de los estados las condiciones para instaurar un diálogo directo; sin embargo, se conoce que los ejidos chiapanecos no están de acuerdo y han reiterado su negativa de manera extraoficial.

Poblado:San Miguel Chimalapa.

Municipio:San Miguel Chimalapa.

Estado:Oaxaca.

Superficie:134 000-00-00 hectáreas.

Antecedentes

Este conflicto social agrario se origina a partir de la ejecución de acciones agrarias de dotación y ampliación sobre territorio comprendido en el reconocimiento y titulación de bienes comunales de la comunidad San Miguel Chimalapa, toda vez que su resolución presidencial se ejecutó el 26 de octubre de 1992, mientras que las ejecuciones de los ejidos del noroeste de Cintalapa, Chiapas, se realizaron entre 1958 y 1992.

Derivado de lo anterior se ha suscitado desde esas épocas una problemática que ha generado confrontaciones no sólo en el ámbito jurídico sino, también, social, ya que las comunidades Chimalapas han manifestado en repetidas ocasiones que sólo reconocerán las resoluciones cuya fecha de publicación sea anterior al 10 de marzo de 1967 (fecha de publicación de su RTBC).

Situación actual

Esta problemática se ha identificado en cuatro núcleos agrarios: Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Rodulfo Figueroa, Ramón E. Balboa y La Flor de Chiapas, los cuales no han querido dar su anuencia para la realización de trabajos técnicos. Lo anterior atiende primordialmente a que la solución de la comunidad San Miguel Chimalapa es reubicar los núcleos fuera de los terrenos que les fueron reconocidos y titulados.

La superficie en conflicto es de 7 383-47-84.730 hectáreas, por las cuales la Secretaría de la Reforma Agraria ofertó 20 millones de pesos como contraprestación. Cabe destacar que la comunidad San Miguel Chimalapa ha manifestado en diversas ocasiones su descontento por la autorización de permisos forestales otorgados por la Semarnat a los núcleos agrarios, en especial al poblado Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, es importante señalar que legalmente la superficie pertenece al núcleo, por lo que el otorgamiento de los permisos se ha hecho conforme a derecho, circunstancia de la que han informado las autoridades ambientales a dicho núcleo agrario.

Con fecha 26 de octubre de 2011 se convocó a la comunidad a asistir a reunión de trabajo en San Pedro Tapanatepec para plantear opciones de solución del conflicto de mérito. Sin embargo, la comunidad no asistió a la reunión. Posteriormente, la comunidad manifestó que prefiere mantener un diálogo directo con los campesinos de los núcleos agrarios, ofreciéndoles aceptarlos como comuneros una vez que acepten que están enclavados en terrenos comunales.

Dado el clima de tensión y la creciente confrontación entre esta comunidad y los núcleos agrarios chiapanecos, con fecha 22 de diciembre de 2011 se celebró reunión entre éstos y los gobernadores, así como el secretario de Gobernación y el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de esta secretaría, en la que se acordó que se garantizaría el libre tránsito de los pobladores de la región, abriéndose los caminos para tal efecto, con el compromiso de esta dependencia de llamar al diálogo directo entre los campesinos para avanzar de esa forma en el proceso de conciliación y solución del conflicto.

En este sentido, ya se ha instruido a las delegaciones estatales de la secretaría en Oaxaca y Chiapas para que convoquen a los presidentes de los comisariados de bienes comunales y ejidales correspondientes a fin de iniciar el diálogo de forma directa, como se acordó en la reunión.

Cabe señalar que la comunidad San Miguel Chimalapa ha planteado como solución del conflicto reconocer como comuneros a los núcleos agrarios chiapanecos en la que se les otorgue una compensación por los supuestos daños generados al ecosistema y a los terrenos que consideran propios.

Se tiene conocimiento de que el gobierno de Oaxaca interpondrá una controversia constitucional para que se resuelva en definitiva el conflicto por límites entre éste y Chiapas, situación que también ha influido al recrudecimiento de la problemática en la zona Chimalapa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de enero de 2012.— Licenciado Carlos Alberto Ayala Rostro (rúbrica), director general de Concertación Agraria y Secretario Técnico.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS EXTRANJEROS

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-4475 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.022 suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la suspensión de la aplicación de las normas técnicas NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-047-SEMARNAT-1999, para efectos de la importación de vehículos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

En atención al oficio SEL/UEL/311/4322/11, del 9 de diciembre de 2011, mediante el cual se comunicó el Punto de Acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 8 de diciembre, que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados solícita al gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Economía, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que, de manera urgente, instrumenten las medidas necesarias y jurídicamente viables para suspender la aplicación de las normas técnicas NOM-041-SEMARNAT-2006 y NOM-047­SEMARNAT-1999, hasta el 12 de enero próximo, para efectos de la importación definitiva de vehículos de los paisanos, en virtud de que las citadas normas están afectando gravemente el ingreso a territorio nacional de los ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos que regresan a nuestro país con motivo del fin de año.”

Al respecto la Subsecretaría de Industria y Comercio informa lo siguiente:

Demostrar el cumplimiento de la norma ambiental en la importación definitiva de vehículos usados, dispuesto en el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, tiene por objeto contribuir a generar un ambiente sano para la salud de las personas ya mantener el equilibrio ecológico en nuestro país.

Es conveniente subrayar que la regulación ambiental se impone sólo a quienes pretenden dejar en México el automóvil en que se transportaron, permitiendo la presentación de certificados de cumplimiento de las normas aplicables en Estados Unidos, lo cual evita el incremento de costos de la importación y da certidumbre a quienes conservan el vehículo de que será una unidad que podrá circular sin ningún problema en territorio nacional.

La importancia del tema para la sociedad mexicana la ilustra el desplegado publicado en el periódico Reforma el día 16 de diciembre por importantes organizaciones ecologistas tales como el Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas, AC, el Centro de Estudios Jurídico Ambientales, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la Unión de Grupos Ambientalistas, así como a la postura en este sentido del presidente del Partido Verde Ecologista de México, Juan José Guerra Abud, quienes manifestaron estar a favor de mantener la medida por su efecto positivo en el medio ambiente, la salud pública y la seguridad.

Estudios realizados, como el del Centro Mario Molina, “Medición de Emisiones Vehiculares en Ciudad Juárez, Chihuahua 2006”, reflejan que los autos usados importados en promedio contaminan hasta el doble que el auto promedio en la Ciudad de México, debido a que la mayoría de ellos son modelos tecnológicamente atrasados y a la falta de cumplimiento de requisitos ambientales, que favorecían la introducción a nuestro país de unidades en malas condiciones.

Los legisladores promoventes del punto de acuerdo únicamente solicitaban el retraso de la entrada en vigor para una mayor difusión, ante lo cual se han venido desarrollando acciones por parte de los diferentes organismos y dependencias involucradas en su aplicación, destacando los siguientes:

• Boletín de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, informando a la comunidad de comercio exterior y aduanal los aspectos relevantes de la publicación del acuerdo de equivalencias en la importación de vehículos usados.

• Boletín electrónico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los consulados de nuestro país en Estados Unidos de América, sobre la aplicación del acuerdo de equivalencias, proporcionando información a los con nacionales que viajan a México sobre los requisitos para importar vehículos en forma definitiva, así como los lugares y formas de obtener los certificados ambientales que se reconocen como equivalentes para acreditar el cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-2006.

• Inclusión en la página de internet del Programa Paisano de la Secretaría de Gobernación, de información relativa a la obligación de cumplir con la NOM-041-SEMARNAT-2006 en la importación definitiva de vehículos usados a México, proporcionando números telefónicos de contacto tanto en México como en Estados Unidos, para obtener información detallada, en concordancia con el objetivo del programa de asegurar un trato digno y sujeto a la ley, para los mexicanos que ingresan, transitan o salen de nuestro país.

• Apertura de una cuenta de correo electrónico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que servirá como ventanilla de atención a las dudas que tengan los con nacionales y público en general, relacionadas con la regulación ambiental en la importación definitiva de vehículos (dudas.autosusados@semarnat.gob.mx).

El gobierno federal comparte la preocupación de los diputados del honorable Congreso de la Unión sobre la necesidad de atender, de manera oportuna y eficiente cualquier problemática que se presente en las aduanas de nuestro país por la aplicación de la regulación ambiental, especialmente en la temporada de gran afluencia de nuestros connacionales, en atención a ello y para facilitar las operaciones de importación definitiva de vehículos usados, el 16 de diciembre de 2011, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicaron en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo, mediante el cual se reconocen como válidos para efectos de acreditar el cumplimiento de la NOM-041 en los puntos de ingreso al país, los certificados que las autoridades de los estados de Estados Unidos expidan por sí o por conducto de terceros, autorizados para tales efectos.

Adicionalmente, para agilizar la operación aduanera se han adoptado las siguientes acciones:

• Uniformar criterios de aplicación en aduanas para agilizar la operación, sin relajar el cumplimiento de la norma.

• Eliminar restricciones que puedan limitar el número de importaciones de vehículos que cumplan con la normatividad.

• Comunicación directa y continua con los legisladores para atender oportunamente la problemática.

Los problemas operativos señalados han sido resueltos, y tomando en cuenta su importancia para el medio ambiente, la salud pública y la seguridad, no se considera conveniente suspender la exigencia de demostrar el cumplimiento de la regulación ambiental en el punto de entrada al país, para los vehículos usados que se importan de manera definitiva.

Por lo anterior, y con fundamento en la fracción II del artículo 2 del acuerdo por el que se establecen las funciones de las áreas de apoyo al secretario de Economía para el cumplimiento de diversas atribuciones, le solicito atentamente haga del conocimiento de la Cámara de Diputados la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, DF, a 5 de enero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de Enlace.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo— Nuevo León Unido.— Gobierno para Todos.

Diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En contestación al oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1762, expediente 5336, el cual dirige al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del estado de Nuevo León, le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando actualmente en varios proyectos relacionados con la simplificación administrativa y mejora regulatoria, por lo cual me permito enunciarlos de una manera breve.

a) Proyecto de sistema en línea que facilita la gestión de tres trámites municipales vinculados a la apertura de empresas en el área metropolitana de Monterrey, que permitirá acceder en línea la factibilidad de la licencia de uso de suelo, el número oficial y de alineación.

b) Dentro del acuerdo de mejora regulatoria publicado en enero de 2011, se establecieron por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico los siguientes compromisos de modificación, simplificación y eliminación de trámites.

Normativos

• Modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano (licencia de uso de edificación)

• Iniciativa de Ley de Medios Electrónicos y Firma Electrónica Avanzada

• Modificaciones a la Ley de Fomento a la Inversión (incentivos)

Para cumplir con los acuerdos de mejora regulatoria, la Secretaría de Desarrollo Económico revisa frecuentemente sus trámites publicados en el Retys (Registro Estatal de Trámites y Servicios), así como sus compromisos derivados del Acuerdo de Mejora Regulatoria para cumplirlos en tiempo y forma, manteniéndolos actualizados.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 6 de diciembre de 2011.— Edgar Guerrero Martínez (rúbrica), director de Atención a la Planta Productiva de la Dirección General Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo Productivo en el Estado.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DISCRIMINACION

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo.—Zacatecas Contigo en Movimiento.— Instituto para las Mujeres Zacatecanas

Diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4174, a través del cual se remite punto de acuerdo en el que, en absoluto respeto a la autonomía soberna (sic) de las entidades federales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les exhorta a introducir en su texto constitucional la garantía de no discriminación que coadyuve a una convivencia social justa y digna para todas y todos; me permito informarle lo siguiente:

El artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, consagra el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, como un principio necesario para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa; estableciendo que, la ley será el instrumento que determinará las facultades y acciones que deban aplicarse para el cumplimiento de este fin.

En adición, me permito referirle que en el estado, se cuenta con una norma específica para atender la problemática de la discriminación. Dicho ordenamiento, es la Ley para prevenir y erradicar Toda Forma de Discriminación, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, e 29 de julio de 2006. La cual, promueve la igualdad de oportunidades y de trato para cualquier persona que habite o transite en el territorio estatal.

En este sentido, considero que, en el orden jurídico del Estado de Zacatecas, se encuentra plenamente garantizado el derecho a la Igualad; siendo la no discriminación, la obligación correlativa a dicha garantía.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted mi atenta consideración y respeto.

Atentamente

Zacatecas, Zacatecas, a 29 de noviembre de 2011.— Licenciada Angélica Náyez Rodríguez (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2113, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP-0017/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos desde los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P3A.-1918, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/3/8C.17.5/ 0003-12, suscrito por el licenciado Sergio Eduardo Herrera Torres, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a un informe detallado respecto del cumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones de impacto ambiental a las empresas mineras que desarrollan proyectos de exploración y explotación de minerales dentro del territorio nacional.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2247.a, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DEP 0018/12, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la medida adoptada por el Presidente de los Estados Unidos de América, para regular la venta de armas en los estados fronterizos con México.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1980, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.013/2012 suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la promoción, ampliación, formación y renovación del cuerpo de investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1175, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000149, suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la inspección del Parque Zoológico Bicentenario Animaya situado en Ciudad Caucel, Municipio de Mérida, en el Estado de Yucatán.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2880 signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 70/UCVPS/DGAVS/031/2012 suscrito por la licenciada Iliana Castells Salas, directora de Vinculación y Participación Ciudadana de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar una agenda de colaboración interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de grupos migrantes, en el marco de la novena reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2535 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 006 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a intensificar las acciones, estrategias, planes y programas con los estados centroamericanos con el objeto de erradicar y sancionar la trata de personas en la región.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1923 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/ DGAVS/017/2012 suscrito por la licenciada Iliana Castells Salas, directora de Vinculación y Participación Ciudadana de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los resultados de las muestras y análisis del agua de Playa del Niño, Cancún, en el estado de Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1628 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.033/2012 suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al diseño de un programa de almacenamiento y abasto de agua, forrajes y melazas para evitar muertes de animales y ventas de pánico en los municipios del país afectados por la sequía de 2011.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2354 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.2012.DGE.031 suscrito por Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al Protocolo de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2011, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre 2010.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 13 de enero de 2012.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con relación al Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, me permito informar a usted que de los ingresos excedentes recaudados por esta comisión al 31 de diciembre de 2011, se tramitaron ante la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afectaciones presupuestarias para su autorización por un importe de 1 mil 948.0 millones de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2011 se han autorizado y realizado la devolución de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa, un importe de 1 mil 690.6 millones de pesos. Los restantes 257.4 millones de pesos, están en proceso de autorización por parte de la SHCP, para su posterior devolución.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2012.— Ingeniero José Ramón Ardavín Ituarte (rúbrica), subdirector general.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gloria Trinidad Luna Ruiz, diputada federal de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional siempre nos hemos enfocado en la atención de las personas más desprotegidas, entre ellos podemos hablar de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres y los niños. En está ocasión buscamos apoyar a los jóvenes quienes son el futuro del país.

Cada día se van sumando más jóvenes a las aulas escolares con la intención de obtener una preparación académica que permita en su futuro, incorporarse al área laboral y tener un mejor nivel de vida, lo cual celebramos con mucho gusto; sin embargo, hoy en día hay miles de jóvenes que egresan semestralmente con estudios de nivel medio superior y superior, con hambre de triunfo y de trabajar por su país, sobre todo, con hambre de trabajar para poder sobrevivir al mundo que exige día con día ser mejor para sobresalir; pero al intentar incorporarse a la vida laboral, llega la gran desilusión debido a que al buscar un empleo de acuerdo a su preparación académica, resulta que si corren con suerte, encuentran un puesto bajo y en ocasiones sin prestaciones sociales, o bien en el peor de los casos no encuentran empleo.

Al respecto cabe precisar que se entiende por puesto bajo, aquel que no requiere una preparación universitaria para ser realizado, o bien, puestos mal pagados, algo que realmente no requiere determinada situación académica.

Cabe señalar que una de las razones por la que los jóvenes no tienen oportunidad de accesar a los empleos de acuerdo a su preparación académica, es porque las empresas de la administración pública y las empresas privadas, no se conforman con que los aspirantes sean egresados de la universidad, sino que además cuenten con amplia experiencia laboral.

Ahora bien, el servicio social es una oportunidad que tienen los próximos profesionistas para reconocer las posibilidades de aplicación de su carrera en actividades que apoyan la solución de problemas sociales. Se trata de una actividad formativa y de servicio, requisito académico indispensable para la titulación, lo cual permite que los jóvenes cuenten con experiencia suficiente para iniciar su vida laboralmente profesional.

El servicio social es también el espacio para colaborar profesionalmente con organizaciones e instituciones de la sociedad y gubernamentales. Para cubrirlo se deben realizar 480 horas de trabajo en algún proyecto de acuerdo a su carrera.

Para contribuir a aminorar la problemática del desempleo para los jóvenes egresados de las universidades, propongo poner la mira en la administración pública federal, ya que es un espacio que cuenta con miles y miles de plazas que requieren de la experiencia de personas con preparación académica para su eficiente funcionamiento.

Para accesar a la mayor parte de las plazas de la administración pública federal, se ha dispuesto el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, el cual es un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal dispone de la normatividad que deberán cumplir los solicitantes para accesar al reclutamiento para ocupar las plazas del primer nivel de ingreso, además hay un Comité Técnico de Profesionalización y Selección de cada dependencia, el cual se encarga de realizar exámenes generales de conocimientos y de habilidades para realizar la selección del personal a fin de ocupar las plazas nuevas o vacantes.

En este contexto, lo que propongo es que al realizar la selección de aspirantes, el comité consideré como experiencia profesional, el servicio social que haya realizado dicho aspirante para obtener su título profesional, ya que durante las 480 horas o seis meses que los jóvenes prestan el servicio social, adquieren la experiencia suficiente para iniciar su vida laboral profesional.

Con esta reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal estaremos contribuyendo a la inclusión de los jóvenes egresados de las universidades a una vida laboral digna, ya que actualmente contamos en nuestro país con 226 dependencias federales en las cuales ahora se podrán incorporar un sinnúmero de jóvenes debido a que será considerada su experiencia profesional prestada en el servicio social.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 23....

...

...

En el procedimiento de selección para ocupar las plazas a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los comités deberán considerar como experiencia profesional el servicio social que haya presentado el aspirante, para obtener su título profesional o grado académico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que concede permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados otorgan gobiernos extranjeros. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 11 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que ciudadanos Librado Vázquez Flores, Zadalinda González y Reynero, y Augusto Moisés García Ochoa, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de Costa Rica y Francesa, respectivamente.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana, con la copia certificada del acta de nacimiento.

Esta comisión estima que las condecoraciones otorgadas no conllevan la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros ni implica la sumisión a otro gobierno en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad nacional.

Que las condecoraciones, de acuerdo al análisis del expediente de los ciudadanos mencionados son otorgadas por la voluntad y beneplácito de los gobiernos de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de Costa Rica y Francesa, en virtud de la trayectoria profesional o labores excepcionales de los nominados.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción II del Apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso al ciudadano Librado Vázquez Flores, para aceptar y usar la condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo Segundo.Se concede permiso a la ciudadana Zadalinda González y Reynero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional Juan Mora Fernández, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de Costa Rica.

Artículo Tercero.Se concede permiso al ciudadano Augusto Moisés García Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 17 de enero de 2011.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,Presidente: Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica); secretarios: Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez; integrantes: Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Queda de primera lectura. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, se pide a la secretaría darle lectura al proyecto de decreto.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Primero. Se concede permiso al ciudadano Librado Vázquez Flores, para aceptar y usar la condecoración del Honor al Mérito, en Clase Única, que le otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo. Se concede permito a la ciudadana Zadalinda González y Reynero, para aceptar y usar la condecoración de la orden nacional Juan Mora Fernández, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le otorga el gobierno de la República de Costa Rica.

Tercero. Se concede permiso al ciudadano Augusto Moisés García Ochoa, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Diva Hadamira Gastélum Bajo, a favor.

El senador Ramón Galindo Noriega (desde la curul): Ramón Galindo, en pro.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): Mirna Camacho, a favor.

La diputada Oralia López Hernández (desde la curul): A favor.

El senador Sebastián Calderón Centeno (desde la curul): A favor.

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): En pro.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): Sí.

El senador Fernando Jorge Castro Trenti(desde la curul): Sí.

El senador Carlos Jiménez Macías (desde la curul): Sí.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): A favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: A favor.

El senador Francisco Alcibíades García Lizardi(desde la curul): Sí.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea(desde la curul): A favor.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El senador Adolfo Toledo Infanzón(desde la curul): Sí.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel (desde la curul): A favor.

El senador Alejandro González Alcocer(desde la curul): A favor.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera(desde la curul): A favor.

La senadora Adriana González Carrillo(desde la curul): En pro.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Sí.

La senadora Martha Leticia Sosa Govea(desde la curul): A favor.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo(desde la curul): Sí.

El diputado Gustavo González Hernández(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga(desde la curul): Sí.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez(desde la curul): Sí.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 28 votos en pro y 0 en contra.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado en lo general y en lo particular por 28 votos, el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y PLENIPOTENCIARIOS DE MEXICO

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que únicamente se dé lectura al punto resolutivo del punto de acuerdo de los dictámenes. Si la asamblea lo autoriza favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Sí se autoriza, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza, en consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura del punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, nació en la ciudad de México, DF, el 23 de febrero de 1956, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que realizó la licenciatura en economía por la Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en planeación de la seguridad nacional, por el Centro de Estudios Superiores Navales.

Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 1 de julio de 1981. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó el cargo de jefe de Departamento de Organismos Regionales y Procesos de Integración en la Dirección de Negociaciones Económicas Multilaterales (1981-1982), fue director de Negociaciones Económicas Internacionales en la misma dirección general (1992-1994), y también se desempeñó como coordinador de asesores del subsecretario de Asuntos Económicos y Cooperación (2002).

En el exterior ha desempeñado el cargo de segundo secretario en la representación de México ante la Asociación Latinoamericana de Integración, con sede en Montevideo, Uruguay (1985-1988); consejero en la Delegación Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza (1988-1992); ministro en la Delegación Permanente de México ante las Naciones Unidas, Nueva York (1994-1998); representante alterno ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con sede en París, Francia (1998-2001); y ministro para Asuntos Económicos en la Embajada de México en Francia (2001-2002).

Desde octubre de 2007 ocupa el cargo de embajador de México en Santa Lucía, concurrente en Antigua y Barbuda, la Comunidad de Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y San Vicente y las Granadinas.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Gerardo Lozano Arredondo a una reunión donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada en Jamaica y la Mancomunidad de las Bahamas.

La mencionada reunión tuvo lugar el 17 de enero de 2012 y en ella, los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, teniendo en cuenta el potencial de Jamaica y las Bahamas, a fin de incrementar y fortalecer la presencia de nuestro país.

El plan de trabajo establece las siguientes líneas de acción:

• Profundizar en el conocimiento de la realidad política de los países de adscripción, con el fin de identificar áreas y temas de interés mutuo y apuntalar el entendimiento, el intercambio comercial y la cooperación.

- Realizar reuniones con los principales actores políticos, económicos y culturales, así como medios de comunicación jamaiquinos, y efectuar visitas de trabajo periódicas a la Mancomunidad de las Bahamas, con el mismo fin.

- Dar seguimiento a la actuación de los principales actores políticos de los dos países, y en especial los poderes y centros de decisión, los medios de comunicación y los organismos no gubernamentales.

- Dar seguimiento al desarrollo de la política interna de Jamaica, así como de las Bahamas, con especial atención a los posicionamientos de los partidos políticos.

- Informar periódicamente sobre el estado de la situación política, social y económica de estos países, así como de los principales temas de política exterior, e identificar temas de interés particular para México en los que se pudieran intercambiar puntos de vista o promover acciones conjuntas.

• Fortalecer y ampliar los espacios de comunicación con y entre los principales actores políticos de los países de adscripción en temas de interés común.

- Evaluar periódicamente el estado de las relaciones entre México y los países de la adscripción. Promover la realización y dar seguimiento a los eventuales acuerdos de la VIII Reunión de la Comisión Binacional México-Jamaica, así como a los compromisos de la V Reunión de la Comisión Mixta México-Caricom y la I Cumbre México-Caricom.

- Promover visitas recíprocas de alto nivel que incluyan a jefes de Estado, ministros y otros miembros del gabinete y a los gobernadores de algunos Estados; ello favorecería, no sólo un mejor conocimiento mutuo, sino la identificación de posibles oportunidades de cooperación y de intercambios.

- Promover las relaciones interparlamentarias.

- Analizar posibilidades de acercamiento y cooperación con organizaciones no gubernamentales de los países de adscripción.

- Promover la participación de México en las reuniones regionales e internacionales que se realicen en Jamaica y las Bahamas, así como de estos países en las que se celebren en México.

- Como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, buscaré establecer una relación estrecha con la Secretaría General de la Autoridad de los Fondos Marinos, cuya sede se encuentra en Kingston, con el fin de promover los intereses de México en la materia.

- Propiciar el diálogo con los países latinoamericanos en Kingston, en temas de interés para América Latina y el Caribe con Jamaica.

- Promover, cuando así corresponda, las candidaturas mexicanas ante organismos internacionales en Jamaica y las Bahamas.

• Profundizar en el conocimiento sobre el papel que juegan Jamaica y las Bahamas en las organizaciones regionales y subregionales.

- Dar seguimiento a la participación de Jamaica y las Bahamas en las organizaciones e instituciones regionales y subregionales, así como a las posiciones, propuestas e iniciativas de estos países en temas de interés para México.

- Dar seguimiento a las relaciones políticas de Jamaica y las Bahamas con sus vecinos, principales socios comerciales y aliados.

- Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reuniones a nivel cumbre de la Caricom, AEC y OEA.

• Impulsar la colaboración en foros multilaterales sobre temas de la agenda global de interés para México y de los países de adscripción.

- Promover la colaboración en temas prioritarios para México y Jamaica y las Bahamas en los que se tiene un alto grado de coincidencia, entre otros: el sistema de seguridad colectivo; salud, en especial prevención y control del VIH/sida; protección del ambiente, incluido el cambio climático; seguridad alimentaria; prevención de desastres naturales; derechos humanos y democracia; y combate al tráfico ilícito de drogas.

- Promover y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo de candidaturas mexicanas y de los países de adscripción, a los organismos del sistema de la ONU y otras organizaciones regionales e internacionales; y

- Dar seguimiento a los programas de cooperación que mantienen terceros países y organismos internacionales con Jamaica y las Bahamas, a fin de crear sinergias y evitar duplicaciones.

• Coadyuvar a crear las condiciones necesarias para que las empresas mexicanas tengan acceso al mercado de Jamaica y las Bahamas.

- Dar adecuado seguimiento al desempeño macro y microeconómico de los países de la adscripción, así como a las relaciones que mantienen con otros socios comerciales.

- Dar seguimiento a las relaciones de los países de la adscripción con aquellos países con los que México mantiene acuerdos de libre comercio, en especial Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Japón y Chile.

- Analizar los principales sectores y empresas importadoras en Jamaica y las Bahamas para identificar otros nichos donde pudiera haber oportunidades para los exportadores mexicanos.

- Propiciar una mayor comunicación con las instituciones gubernamentales y privadas de los países de la adscripción, a fin de apuntalar los esfuerzos de promoción y facilitación comercial que realiza México.

- Organizar eventos que permitan promover un mayor conocimiento de las ventajas que ofrece México en términos de inversiones y comercio.

- Promover visitas de delegaciones empresariales con posibilidades de explotar nichos o segmentos específicos de mercado.

- Estimular la participación mutua en ferias, exposiciones y otros mecanismos de promoción económica y sectorial.

- Atender las solicitudes de información de empresarios mexicanos, jamaiquinos y bahameses.

- Difundir entre el empresariado mexicano oportunidades de comercio, turismo, e inversión, así como información sobre el funcionamiento operativo de las reglas de licitación, a fin de que aumentar su participación en los proyectos financiados por autoridades locales u organismos internacionales.

- Promover los flujos de turistas de los países de la adscripción a México.

- Difundir los destinos turísticos mexicanos.

- Fomentar coinversiones en el sector.

- Apoyar las labores que realiza el Consejo de Promoción Turística.

- Promover entre las operadoras de tours de los países de la adscripción su asistencia a las principales ferias y tianguis turísticos que se realizan en México.

• Propiciar un diálogo con las autoridades de Jamaica y Bahamas, sobre los temas económicos, comerciales y financieros que se discuten en los foros internacionales y regionales.

- Llevar el seguimiento de las posiciones e iniciativas de los países de la adscripción para dar cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones de las cumbres mundiales en materia económica, en especial en materia de financiación para el desarrollo; la nueva arquitectura económica mundial; el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio y los resultados y acuerdos de la Ronda de Doha;

- Dar seguimiento a las posiciones de los países de la adscripción en las principales instituciones económicas, financieras y comerciales internacionales (OMC, FMI y BM) y regionales (BID y Banco de Desarrollo del Caribe).

• Consolidar la cooperación educativo-cultural y técnico-científica como un instrumento de diálogo entre nuestro país y Jamaica y las Bahamas.

- Promover la diversificación y flexibilización de la oferta de educación y capacitación que ofrece nuestro país.

- Dar continuidad al programa de becas para estudiantes del Caribe anglófono.

- Crear un registro de estudiantes caribeños que hayan realizado estudios en México, a fin de cosechar los frutos de esta colaboración.

- Fortalecer el esquema de cooperación regional con los países de la Caricom, con particular énfasis en la enseñanza del español como segunda lengua; la capacitación especializada en prevención y control del VIH/sida; la prevención y mitigación de los desastres naturales; protección del ambiente; y turismo.

- Promover la cooperación entre centros mexicanos de formación para el trabajo y de los países de la adscripción.

- Propiciar la participación de académicos jamaiquinos y bahameses en publicaciones especializadas de centros de enseñanza superior e investigación de nuestro país, de tal manera que en México se fortalezca el conocimiento del Caribe con la óptica de la región.

- Identificar y presentar a consideración nuevos proyectos de cooperación de interés común, así como mecanismos financieros innovadores para mantener y fortalecer la cooperación con los países de la adscripción.

- Evaluar la posibilidad de llevar a cabo proyectos de cooperación conjunta con otros países que también se encuentran colaborando en la región.

• Difundir la riqueza y diversidad de la cultura mexicana y fomentar una imagen positiva de México.

- Propiciar en los países de la circunscripción un mayor conocimiento de la cultura y estilos de vida existentes en las diferentes regiones de México, así como de la cultura caribeña en nuestro país;

- Promover la presencia mexicana en eventos culturales de los países de la adscripción.

- Propiciar la presencia de artistas de Jamaica y las Bahamas en los festivales del Caribe que ya se realizan en nuestro país (Campeche, Yucatán y Quintana Roo).

- Organizar encuentros culturales (exposiciones, conciertos, muestras gastronómicas y cinematográficas, etcétera) y académicos en Jamaica y las Bahamas, con la participación de artistas y creadores mexicanos, a fin de promover un mayor conocimiento del país.

- Promover la imagen de un México democrático, incluyente, plural y multicultural, así como de las aspiraciones mexicanas para conformar un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación, sobre la base del derecho internacional.

- Intensificar la difusión de información sobre México, en las instancias de gobierno, medios, instituciones académicas y de investigación, así como del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

- Fomentar el acercamiento con periodistas a fin de mantenerlos informados sobre el desarrollo de temas de interés generados en nuestro país y promover la publicación de información sobre temas relevantes del México actual.

- Aumentar la participación de la embajada y de especialistas mexicanos en las actividades, seminarios y mesas redondas que organicen universidades y centros de investigación.

• Brindar atención adecuada a los mexicanos residentes en los países que forman la jurisdicción o aquellos en tránsito que tengan necesidad de apoyo consular.

- Brindar servicios de documentación y asistencia consular a los nacionales que lo requieran dentro de la circunscripción.

- Ofrecer servicios consulares eficientes a la población caribeña interesada en viajar a México.

- Elaborar un registro de mexicanos residentes en los países de la adscripción, a fin de estar en capacidad de brindarles la adecuada atención.

Ahora bien, considerando que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el 18 de marzo de 1966, los vínculos entre México y Jamaica se han caracterizado por ser cordiales y fructíferos, y que el gobierno de Jamaica es el único país del Caribe de habla inglesa que tiene representación diplomática residente en México; es necesario mantener un perfil de cordialidad y estrecha colaboración en diversos temas fundamentales para la agenda bilateral, tales como

Cooperación en materia de seguridad. Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en la materia, actualmente se realizan negociaciones para la firma de un convenio de asistencia jurídica mutua en materia penal y un acuerdo de cooperación para el intercambio de información en materia de combate al narcotráfico y delitos conexos. Asimismo, hay interés en iniciar la negociación de sendos acuerdos de cooperación para evitar la doble tributación y en materia de seguridad e inteligencia.

Comercio. En 2010, el comercio bilateral se ubicó en 51.9 md, con un superávit a favor de México por 47.3 md. Los principales productos exportados por nuestro país son aceites crudos de petróleo (25.5 por ciento) y aparatos emisores móviles (20.0 por ciento). Las principales importaciones son: extractos para la elaboración de bebidas que contengan alcohol (61.8 por ciento) y ron (31.6 por ciento).

Inversiones. La inversión de México en Jamaica se estima en 500 md, por las inversiones de Cemex y América Móvil en ese país. Sin embargo, en marzo de 2011, América Móvil, que opera bajo la marca Claro en la isla, anunció la venta de sus acciones a la compañía Digicel. La transacción ha sido autorizada por el gobierno de Jamaica, por lo que se anticipa que, como resultado de la operación, la inversión mexicana en la isla sufra una disminución considerable. En cuanto a la inversión de Jamaica en México, la Secretaría de Economía ha indicado que es poco significativa (no se registra el monto) y está colocada en 7 empresas.

Asimismo, los legisladores que suscribimos, consideramos espacios de oportunidad con Jamaica que deben ser mejor aprovechados los siguientes:

Cooperación técnico-científica. Si bien hay un convenio básico en la materia, suscrito el 11 de octubre de 1996, en el marco del cual se negoció un programa de cooperación técnica y científica, conformado por 15 proyectos de colaboración, y México ha otorgado asesoría y capacitación a Jamaica en sectores y áreas prioritarias como desarrollo administrativo, desarrollo agropecuario, ciencias, energía y minería; es de observarse que el programa de cooperación tiene un avance de 63 por ciento.

Cooperación educativo-cultural. En esta materia también se cuenta con un convenio de cooperación cultural, el cual fue suscrito el 30 de julio de 1990, mismo que podría ser revisado y actualizado.

Por lo que toca a la mancomunidad de las Bahamas, observamos que la relación con el archipiélago se ha incentivado principalmente en los foros multilaterales: Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), y en la Organización de Estados Americanos (OEA). La cooperación se ha fortalecido en el ámbito de la Comisión Mixta México-Caricom.

En este sentido, es de destacarse el aspecto comercial de la relación, dado que las Bahamas es el sexagésimo tercer socio comercial de México en el mundo (sexagésimo cuarto comprador y quincuagésimo octavo abastecedor), y el decimoctavo en América Latina y el Caribe. Por su parte, México es el duodécimo socio comercial de las Bahamas (octavo comprador y duodécimo abastecedor), siendo los principales socios de este país Estados Unidos, Venezuela y Antillas Holandesas. En los últimos 10 años, el comercio bilateral aumentó en 314.8 por ciento (15.3 por ciento promedio anual), al pasar de 45.5 a 188.9 md. Las exportaciones mexicanas al mercado de las Bahamas crecieron 196 por ciento (11.5 por ciento promedio anual), de 21.3 md a 63.0 md. Por su parte, las importaciones procedentes del archipiélago aumentaron 419.2 por ciento (17.9 por ciento promedio anual), de 24.2 md a 125.9 md.

Por lo que toca a inversión, Bahamas ocupa el octavo puesto entre los países de América Latina y el Caribe en México. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, entre enero de 1999 y septiembre de 2010 la inversión de este país ascendía a 265.6 millones de dólares, la cual se destinó a la industria (61.3 por ciento) y servicios (38.7 por ciento). Hay 58 empresas con inversión proveniente de Bahamas que se encuentran principalmente en el Distrito Federal, Baja California, Quintana Roo, Baja California Sur, Jalisco y Chiapas.

Visto lo anterior y habiéndose oído al ciudadano propuesto como embajador, los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos en que el programa de trabajo es congruente con las necesidades específicas de la misión y que el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a consideración del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente,senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay quien haga uso de la palabra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si consideran, las legisladoras y legisladores, suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica, acaba de ser aprobado por esta honorable asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores y legisladoras: diputado David Hernández Pérez, senador Rogelio Rueda Sánchez, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, senador Alejandro González Alcocer, senadora Adriana González Carrillo, senador José Luis Máximo García Zalvidea, senador Javier Orozco Gómez y diputado Gerardo Fernández Noroña. Procedan a cumplir con su encomienda señores legisladores.

(La comisión cumple su encargo)

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Se suplica a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Jamaica y de manera concurrente ante la Comunidad de las Bahamas, así como representante permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos con sede en Kingston, Jamaica, que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Gerardo Lozano Arredondo: Sí, protesto.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Muchas felicidades.

Se pide a la comisión designada acompañar al embajador cuando desee retirarse.

Continuamos con los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza; en consecuencia, proceda la Secretaría al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, nació en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, el 7 de abril de 1950, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que realizó la licenciatura en administración por la Universidad Autónoma de Puebla, y que es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1975, habiendo ascendido al rango de embajador en 1992.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha ocupado los cargos de subdirector general para Europa Occidental (1983), subdirector general de Protocolo (1985), y director general del Servicio Exterior (1989).

En el exterior estuvo adscrito a las embajadas de México en Egipto (1975); la Unión Soviética (1978); Arabia Saudita (1981) y a la Delegación Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988. Asimismo, ha sido embajador en Finlandia (1990-1991); Arabia Saudita (1991-1995); Malasia (1995-2001); Perú (2001-2004), Chile (2004-2007), Trinidad y Tobago (2007-2010) y representante permanente de México ante la Asociación de Estados del Caribe (2007-2010), con sede en Puerto España.

Como miembro de distintas delegaciones mexicanas ha participado en diversas conferencias, negociaciones y eventos internacionales, destacando las relacionadas con los órganos del sistema interamericano (Organización de Estados Americanos, OEA), la Unesco, la Organización de la Cumbre Iberoamericana, la Asociación de Estados del Caribe y el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (Apec).

Es de destacarse además que ha sido condecorado por los gobiernos de Brasil, Chile, Grecia, Perú y Venezuela.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Ricardo Villanueva Hallal a una reunión donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada en la República de Polonia.

La mencionada reunión tuvo lugar el lunes 17 de enero de 2012 y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

El programa de trabajo presentado busca responder a las prioridades e intereses de México, consolidando y fortaleciendo las relaciones amistosas, culturales y comerciales de México con la República de Polonia. En el mismo, señala el ciudadano compareciente que Polonia constituye un espacio político cada vez más importante, en la medida en que su voz es escuchada en el seno de la Unión Europea, subrayando que tal situación deber ser mejor aprovechada por México, en la medida en que se intensifiquen los contactos con la Unión Europea (UE) y se definan con mayor nitidez nuestros objetivos en relación con la alianza estratégica que hemos fundado con la Unión Europea (UE).

En este contexto, se señala que y en virtud del sólido desarrollo económico y social que ha experimentado en los últimos 20 años; del considerable tamaño de su economía y de su ubicación geopolítica estratégica, Polonia constituye uno de los países de la Unión Europea que ofrecen un mayor potencial para México, dentro de una estrategia de diversificación de nuestras relaciones económicas y comerciales.

En este sentido, cabe destacar que Polonia fue el único país de la UE que registró un crecimiento positivo en 2009, de 1.5 por ciento. Polonia es un país líder en la región en virtud de la alta demanda interna existente y por los continuos fondos recibidos por parte de la UE. Es considerada un lugar atractivo para invertir. No obstante, y al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, durante 2011, ha resentido el impacto de las turbulencias financieras internacionales.

En este contexto, son los objetivos generales a alcanzar por el compareciente durante su gestión:

• Fortalecer las relaciones políticas con Polonia.

• Profundizar el diálogo y la cooperación bilateral en organismos, foros y mecanismos regionales y multilaterales.

• Reforzar y diversificar las relaciones económicas y comerciales.

• Intensificar los vínculos culturales, educativos y académicos.

• Desarrollar la cooperación técnica, científica y tecnológica entre ambos países.

• Actualizar y enriquecer el marco jurídico bilateral.

• Dar un nuevo impulso a la relación con la comunidad mexicana residente en Polonia.

• Fortalecer y mejorar la imagen de México en Polonia.

En virtud de lo anterior, el plan de trabajo establece sendas líneas de acción, de entre las que destaca:

• Reevaluar la importancia de Polonia en la política exterior de México. En virtud del protagonismo creciente de Polonia ante instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la UE y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se ha de vislumbrar a tal república como un socio estratégico potencial en distinto temas y que puede ayudar a nuestro país debido al excelente estado del que gozan las relaciones bilaterales.

• Realización de visitas de alto nivel a Polonia, proponiéndose una visita oficial del titular del Poder Ejecutivo federal o la canciller mexicana, señalándose que tales visitas contribuirían significativamente a dar un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países en todos los ámbitos.

• Apertura de Consulados Honorarios de México en otras provincias de Polonia. Permitiría reforzar la presencia de nuestro país en otras regiones importantes y fomentar un mayor intercambio político, económico y cultural entre ambos países, sin tener ninguna implicación financiera sustantiva para el gobierno de México.

• Promover una mayor cooperación con Polonia en materia policial y de seguridad. Contribuiría a profundizar y diversificar la cooperación bilateral en materia de seguridad y de combate del narcotráfico y del crimen organizado transnacional. Asimismo, se daría continuidad a la participación de Polonia en los procesos de capacitación policial que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública en México.

• Diseñar una estrategia que permita la consolidación de los vínculos económicos y comerciales entre Polonia y México. Para tal fin, se requiere de una acción decidida por parte de ProMéxico que, hasta el momento, ha estado prácticamente ausente de esta sede.

• Realizar un seminario de Pyme y organizar una misión empresarial mexicana a Polonia. Permitiría explorar e identificar las oportunidades de comercio e inversión existentes en el mercado polaco. Estas actividades se organizarían en estrecha coordinación con ProMéxico.

• Consolidar la presencia cultural de México en Polonia. Contribuiría no sólo a mejorar el conocimiento de nuestro país en Polonia, sino también a estimular el interés en establecer y/o diversificar los intercambios culturales, académicos y educativos entre ambos países.

• Desarrollar la cooperación técnica, científica y tecnológica entre ambos países. Aprovechar el interés de Polonia en dinamizar la relación bilateral en este ámbito a través de la celebración de una reunión de la comisión mixta prevista en el Convenio sobre Cooperación Científica y Tecnológica, firmado el 30 de noviembre de 1998. Dicho encuentro facilitaría la identificación de áreas de complementariedad y de nuevos temas de cooperación entre ambos países.

• Profundizar el diálogo y la cooperación bilateral con Polonia en organismos, foros y mecanismos regionales y multilaterales. Permitirá estrechar las relaciones entre ambos países y promover temas e iniciativas de interés prioritario para México en los foros internacionales, así como lograr acuerdos de apoyo recíproco para candidaturas mexicanas a puestos en organismos internacionales.

• En los últimos años, el diálogo y la cooperación bilateral en la esfera multilateral se han concentrado principalmente en los siguientes temas, todos ellos altamente prioritarios para nuestro país: la lucha contra el cambio climático; la reforma de la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de ese organismo; y la Comunidad de Democracias.

• Fortalecer los vínculos interparlamentarios entre ambos países, aprovechando la existencia de los grupos de amistad parlamentarios México-Polonia. Contribuiría a estimular y consolidar el diálogo político bilateral en diversos temas de interés mutuo.

En virtud de lo anterior y considerando que Polonia:

• Fue el único país de la UE que registró un crecimiento positivo en 2009, de 1.5 por ciento;

• Es un país líder en la región en virtud de la alta demanda interna existente y por los continuos fondos recibidos por parte de la UE;

• Es considerada un lugar atractivo para invertir aún cuando como el resto de los países de la Unión Europea, durante 2011, resintió el impacto de las turbulencias financieras internacionales, y ha representado una oportunidad para continuar expandiendo la presencia de México en la unión Europea.

Es necesario continuar el impulso en la fructífera relación comercial con esa república, pues a partir del ingreso de Polonia a la UE en 2004, el intercambio comercial entre México y ese país aumentó 362.4 por ciento (24.5 por ciento promedio anual, el quinto mejor en desempeño dentro de la UE), al pasar de 93.1 millones de dólares en 2003 a 430.5 millones de dólares en 2010, y aunque las exportaciones mexicanas crecieron 535.7 por ciento (30.2 por ciento promedio anual), al pasar de 14.5 millones de dólares en 2003 a 92.5 millones de dólares en 2010, nuestro comercio sigue siendo consistentemente deficitario. Por su parte, las importaciones de productos polacos al mercado mexicano crecieron 330.4 por ciento (23.2 por ciento promedio anual), al pasar de 78.6 millones de dólares en 2003 a 338.1 millones de dólares en 2010.

Los principales productos que México exporta a Polonia son: partes de cristal líquido, motores émbolo (pistón) y partes de sistema de dirección (10.7 por ciento). Los principales productos importados desde el país europeo son: equipos de perforación (andenes caminantes), ensambles de pantalla plana, para aparatos de televisión, video proyectores y partes de turbinas de vapor.

Ahora bien, Polonia es la 15a. fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de la UE y la 46 a nivel mundial, con una inversión acumulada a junio de 2011 de 16.7 millones de dólares; el 69.5 por ciento de esa inversión se registró en 2009. De 1999 al segundo trimestre de 2011, 34 empresas polacas han invertido en nuestro país. En 2010, solamente invirtieron 3 empresas y en el primer semestre de este año no existen flujos de inversión polaca en nuestro país.

De 1999 al primer semestre del 2011, la inversión acumulada de Polonia se ha distribuido de la siguiente forma: 75.5 por ciento en servicios profesionales, científicos y técnicos; 22.6 por ciento en servicios inmobiliarios y de alquiler y 1.9 por ciento para el resto de los sectores.

Las principales entidades receptoras de la inversión polaca son: Distrito Federal (76.0 por ciento), Baja California Sur (21.5 por ciento) y resto del país (2.5 por ciento).

Por su parte, la cooperación educativa-cultural entre México y Polonia está regulada por el convenio suscrito en 1997. En los últimos años, ambos países han dado prioridad a la colaboración en las áreas de educación superior, artes visuales y música, como se dio cuenta en la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural, en la Cancillería mexicana (26 y 27abril de 2010).

La cooperación científico-técnica está regulada por el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en 1998. Cabe subrayar que no se ha logrado programar la celebración de la comisión mixta en la materia.

En virtud de lo anterior y con base en los datos proporcionados en el expediente y la entrevista con el interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Ricardo Villanueva Hallal reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. No se han registrado oradores al respecto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Polonia acaba de ser aprobado por la asamblea.

Para que lo introduzca a este salón y lo acompañe en el acto de rendir la protesta de ley se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado Arturo Zamora Jiménez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, senador Alejandro González Alcocer, senadora Adriana González Carrillo, diputado Rigoberto Salgado Vázquez y diputado Gerardo Fernández Noroña; pido a la Comisión que cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su encargo)

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Ciudadano Ricardo Villanueva Hallal, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Polonia que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Ricardo Villanueva Hallal: Sí, protesto.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Si así no lo hiciere que la nación se lo demande.

Muchas felicidades y éxitos en su encomienda.

Se pide a la comisión designada acompañar al embajador cuando desee retirarse.

El siguiente punto del orden del día es dictamen a discusión, con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que sólo se dé lectura al resolutivo del punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque se autorice, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el C. Presidente de la República hace a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, la República de Benín, La República de Camerún, La República de Ghana, la República de Guinea, la República de Liberia y la República de Sierra Leona, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Marco Antonio García Blanco, nació en la ciudad de México, DF, el 20 de octubre de 1960, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de México.

Ingresó a laborar a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace 29 años, donde ha desempeñado el cargo de asesor del Secretario de Relaciones Exteriores, ha formado parte de diversas delegaciones de México y ha sido asesor del Embajador en Misión Especial para Asuntos del Caribe.

Además, en el exterior ha sido Cónsul Titular de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos, y Jefe de Cancillería con rango de Ministro en las Embajadas de México en Bolivia, Argentina, Uruguay y Venezuela. Desde julio de 2006 se desempeña como Cónsul Titular de México en San Pedro Sula, Honduras.

El nombramiento en comento, puesto a consideración de la Comisión Permanente, cuya dictaminación es responsabilidad de esta Segunda Comisión, resulta de gran importancia, pues sobre el ciudadano Marco Antonio García Blanco, recaería la responsabilidad de conducir las relaciones entre México y ocho Estados del continente africano, por lo que consideramos de la mayor importancia describir brevemente los aspectos fundamentales de las relaciones con estos países, en los siguientes términos:

Nigeria

El 14 de abril de 1976 México y Nigeria formalizaron relaciones diplomáticas. Tres meses más tarde México abrió su Embajada en Lagos, la cual se cerró en 1979 debido a restricciones presupuestales. En 2008 la Embajada se reabrió en Abuja, la nueva capital política de Nigeria. Por su parte, Nigeria mantuvo una misión diplomática en México entre 1981 y 1983. Ésta fue reabierta en febrero de 2000.

Nigeria es el 55° socio comercial de México a nivel global (77° comprador y 47° abastecedor), y el 2° en África (6° comprador y 2° abastecedor).

En los últimos diez años el comercio entre México y Nigeria aumentó 1,273.2% (29.9% de promedio anual), al pasar de 26.6 millones de dólares (mdd) en 2000, a 365 mdd en 2010. Las exportaciones mexicanas crecieron 1,185.1% (29.1% de promedio anual), de 2.4 mdd a 30.9 mdd.

Por su parte, las importaciones procedentes de Nigeria aumentaron 1,282% (30% de promedio anual), de 24.2 mdd a 334.1 mdd. Durante dicho período la balanza comercial ha sido deficitaria para México. En 2010 Nigeria se colocó como el segundo socio comercial de México en África, después de Sudáfrica. El comercio bilateral alcanzó los 365 mdd, cifra 3.1% mayor a la del año anterior.

Las exportaciones mexicanas (30.9 mdd) crecieron 8.4%, mientras que las importaciones (334.1 mdd) aumentaron 2.7%. La balanza comercial registró un déficit para México de 303.3 mdd. Al mes de junio de 2011, los intercambios comerciales sumaron 183.4 mdd, cifra 14.6% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas disminuyeron 18.2%, mientras que las importaciones registraron un descenso de 7.9%.

Los principales productos que México exporta a Nigeria son tubos y perfiles de acero (63.3%), vehículos con motor (6.2%) y automóviles para transporte de mercancías (4.7%), mientras que los principales productos que nuestro país importa son gas natural (88.8%), gasolina (5.6%) y plantas, semillas y frutos (3.5%).

Nigeria es el 9° inversionista en México entre los países de África; ocupa el lugar 97 del total de los países con inversión en México. Al primer trimestre de 2011, la inversión nigeriana en México fue de 0.1 mdd. Nigeria tiene siete empresas establecidas en nuestro país.

Desde la Embajada de Nigeria se atenderán concurrentemente a otros siete países: Benin, Burkina Faso, Camerún, Ghana, Guinea, Liberia y Sierra Leona; y se participará como Observador ante la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS), principal organismo de cooperación e integración económica de la subregión.

Benín

Las relaciones diplomáticas entre México y Benín datan desde el 30 de octubre de 1975. El gobierno beninés ha mostrado interés en fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación con México. En 2007 designó a su Embajador en Estados Unidos, Cyrille S. Oguin, de manera concurrente ante México.

Benín es el 185° socio comercial de México a nivel global (159° comprador y 189° abastecedor) y el 38° en África (30° comprador y 40° abastecedor).

En los últimos diez años, de 2000 a 2010, el comercio entre México y Benín aumentó 22% (2% promedio anual), al pasar de 0.2 millones de dólares (mdd) a 0.3 mdd. Las exportaciones mexicanas crecieron 85.5% (6.4 promedio anual), de 0.1 mdd a 0.2 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Benín disminuyeron 37.6% (4.6% promedio anual), de 0.11 mdd a 0.073 mdd. Durante el período, se registró un déficit para México en la balanza comercial.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.3 mdd, cifra mayor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas registraron 0.2 mdd, mientras que las importaciones sumaron 0.1 mdd. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.1 mdd.

Los principales productos que México exporta a Benín son neumáticos para autobuses y automóviles (76.3%), juguetes inflables (16.9%) y cintas magnéticas para grabación (6%). Los principales productos que México importa son circuitos impresos (43.1%), circuitos multicapas (37.7%) y reptiles vivos (12.3%).

Burkina Faso

Se establecieron relaciones diplomáticas el 30 de junio de 1976. En el año 2000 Burkina Faso acreditó a un Embajador concurrente ante el gobierno de México. El segundo representante diplomático, el Embajador Paramanga Ernest Yonli, presentó sus Cartas Credenciales al Presidente Felipe Calderón Hinojosa el 20 de enero de 2011 y concluyó su misión el pasado 30 de agosto.

Burkina Faso es el 170° socio comercial de México a nivel global (152° comprador y 172° abastecedor), y el 32° en África (25° comprador y 35° abastecedor).

En los últimos diez años (2000-2010), los intercambios comerciales disminuyeron 57.7% (8.2% promedio anual), al pasar de 1.3 millones de dólares (mdd) a 0.5 mdd. Las exportaciones mexicanas crecieron 29.3% de promedio anual, al pasar de 0.02 mdd a 0.4 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Burkina Faso disminuyeron 85.7% (17.7% promedio anual), al reducirse de 1.3 mdd a 0.2 mdd.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.5 mdd, cifra 33.9% mayor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.4 mdd) aumentaron 734.1%, mientras que las importaciones (0.2 mdd) disminuyeron 50.3%. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.2 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral fue de 0.2 mdd, cifra 24.4% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas disminuyeron hasta cero, mientras que las importaciones aumentaron 8.6%, para sumar 0.16 mdd.

Los principales productos que México ha exportado a Burkina Faso son instrumentos y aparatos médicos quirúrgicos y aparatos para refrigeración; mientras que México importa plantas utilizadas en perfumería, centrifugadoras, paja y forraje.

Camerún

Los vínculos se han desarrollado principalmente en el marco de foros multilaterales a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1975. México acreditó en 2008 a su Embajador en Nigeria concurrente ante Camerún. El Embajador designado por Camerún ante nuestro país reside en Washington.

Camerún es el 127° socio comercial de México a nivel global (103° comprador y 139° abastecedor) y el 19° en África (11° comprador y 26° abastecedor).

Los últimos diez años (2000-2010) el comercio entre México y Camerún disminuyó 35.6% (4.3% promedio anual), al pasar de 8.8 mdd a 5.7 millones de dólares (mdd). Las exportaciones mexicanas crecieron (47.4% promedio anual) de 0.1 mdd a 4.4 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Camerún descendieron 85.3% (17.4% promedio anual), de 8.7 mdd a 1.3 mdd.

En 2010 las exportaciones mexicanas (4.4 mdd) aumentaron 21.8%, mientras que las importaciones (1.3 mdd) disminuyeron 37.2%. La balanza comercial registró un superávit para México de 3.1 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral fue de 2.3 mdd, cifra 7.1% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas decrecieron 36.7%, mientras que las importaciones aumentaron 253.7%.

Los principales productos que México exporta a Camerún son levaduras vivas (58.4%), tubos y perfiles de acero (22.6%) y medicamentos (4.1%); mientras que México importa partes y accesorios de instrumentos musicales (27%), hojas para chapado de madera (22.9%) y maderas cepilladas (20.2%).

Camerún es el 8° inversionista de África en México. De enero de 1999 al primer trimestre de 2011, el monto acumulado de la inversión fue de 0.1 mdd.

Ghana

La apertura de Embajadas residentes en México y en Ghana, poco después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1961. No obstante, el gobierno de Accra cerró su Misión Diplomática en 1972, en tanto que México lo hizo en 1980, debido a restricciones presupuestales.

Desde agosto de 2008 el titular de la Embajada de México en Nigeria es Embajador concurrente ante Ghana. El gobierno de México mantiene un Consulado Honorario en Accra. El Embajador Daniel Ohene Agyekum, es el representante de Ghana en México, concurrente desde Estados Unidos.

Ghana es el 122° socio comercial de México a nivel global (120° comprador y 110° abastecedor) y el 16° en África (16° comprador y 16° abastecedor).

En los últimos diez años (2000-2010) el comercio entre México y Ghana aumentó 147.7% (9.5% promedio anual), al pasar de 2.9 millones de dólares (mdd) a 7.1 mdd. Las exportaciones mexicanas decrecieron 25% (2.8% promedio anual), al pasar de 2.3 mdd a 1.7 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Ghana crecieron 865.1% (25.4% promedio anual), de 0.6 mdd a 5.4 mdd. Durante todo el período, se registró un déficit para México en la balanza comercial.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 7.1 mdd, cifra 123.5% mayor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (1.7 mdd) disminuyeron 5.1%, mientras que las importaciones (5.4 mdd) aumentaron 297.6%. La balanza comercial registró un déficit para México de 3.7 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral alcanzó los 9.5 mdd, cifra 264.3% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas crecieron 1,084%, mientras que las importaciones aumentaron 59.9%.

Los principales productos que México exporta a Ghana son aspersores (23%), tapones utilizados en transportes (20.3%) y aparatos médicos (16.6%); mientras que nuestro país importa pescado (73.6%), cauchos (12.6%) y maderas tropicales (4.4%).

Guinea

Se establecieron relaciones diplomáticas el 25 de enero de 1962. Los vínculos bilaterales se han desarrollado primordialmente en el marco de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno de México designó, por primera vez en 2008 a un representante diplomático ante ese país con residencia en Nigeria. Por su parte, Guinea mantiene acreditada ante México a su Embajadora en La Habana, Cuba.

Guinea es el 181° socio comercial de México a nivel global (156° comprador y 181° abastecedor) y el 37° en África (27° comprador y 38° abastecedor).

En los últimos diez años (2000-210) el comercio entre México y Guinea aumentó 357.3% (16.4% promedio anual), al pasar de 0.1 millones de dólares (mdd) a 0.4 mdd. Las exportaciones mexicanas crecieron 400% (17.5% promedio anual), de 0.1 mdd a 0.3 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Guinea crecieron 279.3% (14.3% promedio anual), de 0 mdd a 0.1 mdd.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.4 mdd, cifra 95.3% menor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.3 mdd) disminuyeron 87.3%, mientras que las importaciones (0.1 mdd) disminuyeron 98.2%. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.2 mdd. Hasta junio de 2011, los intercambios fueron de 0.3 mdd, cifra 16.7% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas decrecieron 17.9%, mientras que las importaciones disminuyeron 12.7%.

Los principales productos que México exporta a Guinea son juguetes inflables (66.8%), resinas de petróleo (13.4%) y artículos de grifería (12.7%); mientras que nuestro país importa madera chapada (48.5%), hojas para chapado (40.4%) e instrumentos musicales de percusión (6.7%).

Liberia

En 1976 se establecieron relaciones con Liberia. En 2008, México acreditó por primera vez un Embajador concurrente con residencia en Abuja, Nigeria. Desde 2005, Liberia se ha interesado por la relación bilateral con México, la cual se realiza primordialmente en foros multilaterales.

En el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, México se pronunció a favor de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) se involucrara constructivamente en Liberia para trabajar de manera coordinada en el restablecimiento de la paz, mediante la consolidación de las autoridades judiciales, la institucionalización de la seguridad y el pleno respeto a los derechos humanos.

Liberia es el 166° socio comercial de México a nivel global (146° comprador y 157° abastecedor) y el 30° en África (23° comprador y 32° abastecedor). En los últimos diez años (2000-2010) el comercio entre México y Liberia disminuyó 75.4% (13.1% promedio anual), al pasar de 3.8 millones de dólares (mdd) a 0.9 mdd. Las exportaciones mexicanas decrecieron 85.7% (17.7% promedio anual), de 3.8 mdd a 0.5 mdd. Por su parte, las importaciones procedentes de Liberia pasaron de cero en 2000 a 0.4 mdd en 2010.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 0.9 mdd, cifra 61.9 % menor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.5 mdd) disminuyeron 74.0%, mientras que las importaciones (0.4 mdd) aumentaron 7.1%. La balanza comercial registró un superávit para México de 0.2 mdd.

Al mes de mayo de 2011, el comercio bilateral fue de 1.4 mdd, cifra 269.3% mayor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas crecieron 918.8%, mientras que las importaciones aumentaron 40.1%.

Los principales productos que México exporta a Liberia son huevo fresco (85%), aceites lubricantes (8.8%) y pinturas sintéticas (3.8%); mientras que nuestro país importa cauchos (62%), látex (22.1%) y procesadores (12.3%).

Sierra Leona

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1976, los vínculos entre México y Sierra Leona se han desarrollado principalmente en el marco de foros internacionales, sobre todo en Naciones Unidas. Ambos países coinciden en la importancia de fortalecer los vínculos políticos, económicos y de cooperación.

En 2008 México designó por primera ocasión a un Embajador ante Sierra Leona, residente en Nigeria. Por su parte, Sierra Leona no ha designado un Embajador ante el gobierno de México.

Sierra Leona es el 174° socio comercial de México (173° comprador y 156° abastecedor) y el 35° en África (32° comprador y 31° abastecedor).

En los últimos diez años el comercio aumentó a 0.5 mdd en 2010. Las exportaciones pasaron de 0 mdd en 2000 a 0.1 mdd en 2010 y las importaciones de 0 mdd a 0.4 mdd en el mismo periodo.

Al mes de mayo de 2011 el comercio bilateral fue de 0.2 mdd, cifra 0.5% menor a la del mismo mes del año anterior. Las exportaciones mexicanas crecieron 8.5%, mientras que las importaciones decrecieron 4.3%.

Los principales productos que México exporta son: cacao (71.8%) y cerveza (20.3%); mientras que nuestro país importa componentes para generadores eléctricos (53.1%), minerales de titanio (18.1%) y sales de ácidos oxometálicos (12.9%).

Ambos países han coincidido en la necesidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de combate al narcotráfico. Asimismo, se ha identificado la construcción de infraestructura (casas de interés social, carreteras y escuelas) como un área para la cooperación bilateral.

Comunidad Económica de Estados de África Occidental

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental fue fundada el 28 de mayo de 1975 con la firma del Tratado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en inglés) en Lagos, Nigeria. Los 15 países signatarios del Tratado fueron: Benín, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. En 1976 Cabo Verde se adhirió como el decimosexto miembro, pero en el 2000 volvieron a ser 15 miembros con el retiro de Mauritania de la organización.

La creación de la CEDEAO tuvo como propósito promover la cooperación y el desarrollo en los campos económico, social y cultural, con el objetivo de elevar el nivel de vida de la población, aumentar y mantener la estabilidad económica, establecer relaciones más estrechas entre los miembros y contribuir al progreso y desarrollo del continente africano.

En 1993 se suscribió una versión revisada del Tratado de la CEDEAO, que orientaba el objetivo económico a alcanzar un mercado común y una sola moneda, en tanto que proveía la base política para la creación del Parlamento de África Occidental, un Consejo Económico y Social, y una Corte de Justicia. La CEDEAO tiene tres lenguas oficiales: inglés, francés y portugués.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Marco Antonio García Blanco a una reunión celebrada el día 17 de enero de 2012 donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada de la República Federal de Nigeria.

Es así que los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

Teniéndose presente lo anterior, se procede al análisis del programa de trabajo que comprende las siguientes líneas de acción:

• Política. Representar digna y eficazmente a México en los países de la jurisdicción, a través de una interlocución ágil, seria y eficiente que coadyuve a la consecución de los objetivos de la política exterior de México y en beneficio de la relación bilateral, así como de las metas acordadas en el ámbito multilateral.

- Impulsar la suscripción de Memoranda de Entendimiento para el establecimiento de Mecanismos de Consulta en Materia de Interés Común, señaladamente con Nigeria dado su peso específico en la región, que permitan llevar adelante un diálogo político ágil y mutuamente benéfico, además de acreditar el genuino interés de México por cultivar una relación de largo aliento con los países de la jurisdicción.

- Fomentar el diálogo y la cooperación parlamentaria, tanto a nivel bilateral como en el marco de otras instancias legislativas.

• Comercio y Economía. Coadyuvar al fomento de la relación comercial de México con los países de la jurisdicción, identificando y dando a conocer las oportunidades de negocios, inversiones, coinversiones y alianzas estratégicas, así como la realización de misiones comerciales y la participación en ambos sentidos en los principales eventos de carácter comercial.

- Se buscará establecer Comités Empresariales México-Países de la Adscripción al amparo de las organizaciones empresariales cúpula de dichas naciones, a fin de lograr un intercambio de información continuo y útil para un mayor conocimiento de las oportunidades de negocios y promover el comercio bilateral con cada uno de ellos.

- Se promoverá la suscripción de Convenios de Cooperación entre el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y las entidades homólogas en los países de la adscripción.

- Se promoverá a México como destino turístico a través de una estrecha relación de la Embajada con las principales agencias de viajes y líneas aéreas y marítimas en la circunscripción.

• Cooperación educativa y cultural. La Embajada buscará reactivar el Convenio de Cooperación Educativa y Cultural México-Nigeria del 8 de diciembre de 1999, así como difundir las múltiples convocatorias que en materia educativa y cultural realizan diversas entidades y organizaciones mexicanas.

- Se alentará la suscripción y ejecución de Convenios de Cooperación entre Instituciones de Educación Superior de México y de los países de la jurisdicción, así como entre el Instituto Matías Romero y las respectivas Academias Diplomáticas.

• Cooperación Técnica y Científica. Se realizarán las consultas orientadas a determinar la viabilidad de suscribir Acuerdos Básicos de Cooperación Técnica y Científica con los países de la jurisdicción. En particular, se impulsará la concreción del Convenio con Nigeria.

• Asuntos consulares. Otorgar los servicios consulares con agilidad y cumpliendo los requisitos que la normatividad establece.

- Atender con diligencia los casos de protección que se presenten en la circunscripción, tanto de personas físicas o morales e independientemente de las acciones de protección preventiva que tradicionalmente se instrumentan.

- Se mantendrá el contacto permanente con la comunidad mexicana que reside en la jurisdicción y con aquellos que se encuentren recluidos y/o cumpliendo sentencias judiciales. Se integrará una plantilla de Abogados Consultores y se mantendrá una estrecha relación con las autoridades migratorias, policiales, judiciales, médicas y para atender contingencias por desastres naturales y/o calamidades sociales.

• Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS). Dar puntual seguimiento a los trabajos del para identificar oportunidades de diálogo y cooperación específicas con México.

Con base en los datos proporcionados en el expediente y la entrevista con el interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Marco Antonio García Blanco reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, la República de Benín, La República de Camerún, La República de Ghana, la República de Guinea, la República de Liberia y la República de Sierra Leona.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de esta Soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, la República de Benín, La República de Camerún, La República de Ghana, la República de Guinea, la República de Liberia y la República de Sierra Leona.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior acuerdo está suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por considerar suficientemente discutido el acuerdo favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que no lo consideren así favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el punto de acuerdo es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Marco Antonio García Blanco, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria acaba de ser aprobado por la asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Jesús Garibay García, diputado Patricio Chirinos del Ángel, senador Carlos Jiménez Macías, diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, senador Alejandro González Alcocer, senadora Adriana González Carrillo y diputado Gerardo Fernández Noroña; pido a la comisión designada cumpla con su cometido.

(La comisión cumple su encargo)

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Se pide a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Ciudadano Marco Antonio García Blanco, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, las repúblicas de Benín, de Camerún, de Ghana, de Guinea, de Liberia y de Sierra Leona que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Marco Antonio García Blanco: Sí, protesto.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.

Muchas felicidades y éxito en su nueva encomienda, señor embajador.

Se pide a la comisión designada acompañar al embajador cuando desee retirarse.

ROBO DE HIDROCARBUROS

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Primera Comisión; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública y a Petróleos Mexicanos que rindan un informe sobre robo de hidrocarburos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, a la SCT y a Pemex información sobre las acciones implantadas contra el robo de hidrocarburos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a consideraciones y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

Consideraciones

Las condiciones de inseguridad en el país y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también y gravemente trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.

El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.

El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación nacional ha solicitado y facultado a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y con mayor ahínco estos delitos a la propiedad de la nación y a los recursos energéticos del país.

De esta manera, el pasado 3 de marzo de 2011 la Cámara de Diputados llevó a cabo las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar hasta con 18 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México, contemplando incluso hasta 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren las bombas para expender menos gasolina y diesel.

Cabe señalar que estas reformas en pro de castigar severamente el delito de robo de hidrocarburos fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de octubre de 2011.

Sin embargo, según cifras de Pemex este delito ha ido en aumento, pues durante 2011 se detectaron mil doscientas cincuenta y cuatro tomas ilícitas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76 por ciento respecto a 2010, en el que se detectaron sólo 710.

Por lo anterior, es indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.

Por lo expuesto, nos permitimos presentar ante esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y a la Dirección General de Pemex que proporcionen de inmediato a esta soberanía un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los autores de la proposición que se dictamina, en razón de lo siguiente:

1. De acuerdo con los proponentes, las condiciones de inseguridad en el país, y la corrupción que contribuye a hacerla posible afectan el flujo de inversiones y la marcha de nuestra economía, pero también, y gravemente, trastocan los activos económicos y energéticos propiedad de nuestra nación.

2. El robo de combustibles es y ha sido una práctica que daña gravemente la distribución y comercialización de los hidrocarburos, pero además que flagela la economía y la confianza en nuestros sistemas de seguridad y en algunas de nuestras autoridades que deben resguardar los bienes públicos de la nación.

3. El Congreso de la Unión ha tipificado el robo de hidrocarburos como un delito grave y como representación nacional ha solicitado y facultado a las autoridades federales para que puedan sancionar con mayores penas y con mayor ahínco estos delitos a la propiedad de la nación y a los recursos energéticos del país.

4. Que el Congreso de la Unión llevó a cabo las reformas a los Códigos Penal Federal, de Procedimientos Penales, y a la Ley contra la Delincuencia Organizada, para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos y sancionar hasta con 18 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México, contemplando incluso hasta 10 años de prisión a los propietarios de gasolineras que alteren las bombas para expender menos gasolina y diesel, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial el pasado 24 de octubre de 2011.

5. Sin embargo, los proponentes señalan que, según cifras de Pemex, este delito ha ido en aumento pues durante 2011 se detectaron 1254 tomas ilícitas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento de 76 por ciento respecto a 2010, en el que se detectaron sólo 710.

6. Por lo anterior, de acuerdo con los promoventes, es indispensable conocer a cabalidad las acciones realizadas, los operativos y las sanciones que las autoridades federales han llevado a cabo para detener estos ilícitos y para disuadir y prevenir que se incurra en ellos.

7. Realizado el análisis de la proposición con punto de acuerdo, los miembros de la Primera Comisión coinciden plenamente con la preocupación expresada y consideran procedente realizar el exhorto planteado puesto que es necesario tener información suficiente sobre este tema a fin de estar en posibilidad de realizar los análisis necesarios y poder plantear alternativas de solución.

8. Dado lo expresado en el numeral anterior, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y a la Dirección General de Pemex, a que proporcionen de inmediato a esta Soberanía, un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos, rindan, en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las acciones implementadas para prevenir y combatir el robo de hidrocarburos, así como el número de denuncias y personas detenidas y procesadas por robo de hidrocarburos y combustibles desde diciembre de 2006 a la fecha.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,Presidente: Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica);secretarios: diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Jorge Castro Trenti, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez; integrantes: diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Es que me tomó la comisión de cortesía. No había estado en ninguna en toda la LXI Legislatura y hoy me tocaron tres al hilo; estaba gozando de la experiencia y no me tocó el principio de estos temas.

Usted comentó que antes de abordar esta parte de la agenda se presentaría una decisión sobre la petición que hicimos de inclusión, tanto de la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos como en el caso de Mexicana. Ya estamos en ese punto de la agenda, por eso es que le pedí la palabra.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor diputado. Vamos a desahogar los dictámenes que no tienen mayores reservas o comentarios de la Primera y de la Segunda Comisiones; antes de entrar a los de la Tercera Comisión, abordaré los temas en comento.

Continúe, señor secretario. Está a discusión el punto de acuerdo.

PROTECCION DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la protección de los defensores de derechos humanos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a crear un instrumento de protección de los defensores de derechos humanos, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

En la Proposición con Punto de Acuerdo, se manifiesta lo siguiente:

Que es del conocimiento general que defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas, hostigamientos, agresiones o desapariciones y hasta asesinados.

Señala que derivado de una petición de audiencia promovida por un grupo de organizaciones no gubernamentales, desde octubre de 2010, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno Federal aceptó y reconoció la necesidad de instrumentar medidas de diversa índole para proteger a los defensores de derechos humanos y que crearía un mecanismo ad hoc para alcanzar tal propósito.

Asimismo, afirma la proponente que en el quinto informe de labores de la SEGOB, se detalla que “con relación a la protección a defensoras y defensores de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación inició un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil a efecto de construir en conjunto un mecanismo efectivo que garantice la importante labor que realizan y proteja su integridad física. En dicho diálogo se están construyendo los lineamientos básicos de operación del mecanismo”.

En este sentido, señala que el compromiso del gobierno federal se reflejó en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de julio de 2011, del Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República”.

De ahí que solicita retomar los diálogos entre gobierno y organizaciones civiles con el objeto de arribar a acuerdos determinantes y establecer con prontitud el citado mecanismo de protección.

Con lo anterior, formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a reiniciar, con la brevedad, y a través de la Secretaría de Gobernación, los contactos con las organizaciones de la sociedad civil a fin de concertar y concretar de manera definitiva la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos; lo anterior para honrar el compromiso asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, para garantizar la seguridad e integridad física de los y las defensoras de los derechos humanos.”

Los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de la proponente de impulsar un mecanismo de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo si involucran a personas y organizaciones que buscan la protección y fomento al respeto de los derechos humanos.

Al respecto, los integrantes de la comisión dictaminadora, toman en cuenta que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El cuerpo de asistencia técnica de esta comisión dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar lo expresado por la proponente, referente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del “Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desarrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República”, el cual establece lo siguiente:

“Artículo Primero. La Secretaría de Gobernación por conducto del Secretario, del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y, en su caso, del Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, dictará las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que se realicen en el marco de las bases y convenios de coordinación y de colaboración que se celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con la Procuraduría General de la República, con los organismos de promoción y defensa de los derechos humanos y con los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo Segundo. Se entenderá por defensora o defensor de los derechos humanos a toda aquella persona que, de manera individual o en asociación con otros, realiza la promoción y defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Las defensoras o defensores de los derechos humanos serán objeto de las medidas administrativas y del mecanismo de protección a que se refiere el presente Acuerdo, siempre que se encuentren en una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad que les impida desplegar de manera ordinaria su labor de promoción y defensa de los derechos humanos, o que sean beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la autoridad competente o por algún organismo público de protección de los derechos humanos.

Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, se coordinarán y brindarán todos los apoyos necesarios a la Secretaría de Gobernación para el cumplimiento de las medidas administrativas que ésta determine para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos.

Artículo Cuarto. Para el debido cumplimiento del presente Acuerdo la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y con la Procuraduría General de la República, emitirá los acuerdos, lineamientos, protocolos y manuales necesarios para establecer un mecanismo de protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos.

En la implementación de las medidas administrativas y en el establecimiento del mecanismo de protección previsto en el presente acuerdo, la Secretaría de Gobernación buscará contar con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos, instituciones académicas y expertos en la materia. El tipo de medida administrativa a implementar se verificará según la evaluación de riesgo de cada caso.

Artículo Quinto. Sin perjuicio de lo previsto en el presente Acuerdo, la Secretaría de Gobernación podrá dictar las medidas administrativas necesarias para proteger los derechos humanos de otras personas e implementar las acciones previstas en otros mecanismos de protección de los derechos humanos. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, se coordinarán y brindarán los apoyos necesarios a la Secretaría de Gobernación en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a fin de dar cumplimiento a dichas medidas en los términos previstos en el artículo tercero de este Acuerdo.

Artículo Sexto. El secretario de Gobernación dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las medidas administrativas establecidas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al presente acuerdo, e informará de ello al Presidente de la República.

También, con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 (PNDH), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de agosto de 2008, el Gobierno Federal cuenta con un instrumento de política pública transversal, al que estarán sujetas todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), para la promoción y respeto de los derechos humanos. El Programa, tiene cuatro objetivos: 1) fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la APF; 2) fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos; 3) consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos; y 4) fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promoverlos al interior del Poder Legislativo, Judicial y ante los órdenes de gobierno; y cuenta con más de 300 líneas de acción sobre diferentes temas en materia de derechos humanos, como son: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes; difusión y educación en derechos humanos, así como armonización legislativa.

De tal manera que dichos deberes implican el establecimiento de las medidas necesarias para proteger las actividades que despliegan los defensores y las defensoras de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad.

Conforme a lo propuesto por la autora, relativo a exhortar al Ejecutivo Federal a “reiniciar los contactos” con las organizaciones de la sociedad civil a fin de concertar y concretar de manera definitiva la creación de un mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Dictaminadora considera que no tiene elementos necesarios para afirmar que se ha detenido la marcha de dicho Acuerdo, como lo afirma la proponente.

En razón de lo anterior, los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideran que es procedente solicitar del titular de la Secretaría de Gobernación, un informe detallado, como lo señala el Acuerdo de referencia, “sobre las medidas administrativas necesarias para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, lleven a cabo las acciones que de cada una se requiera para salvaguardar de manera inmediata y efectiva su vida e integridad personal, así como la labor de defensa que despliegan a favor de tales derechos y libertades fundamentales”.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Gobernación, rinda en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las medidas administrativas y acciones implementadas para la protección de las defensoras y los defensores de los derechos humanos ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las bases del mecanismo de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones, desa-rrollarán la Secretaría de Gobernación, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General de la República.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. Esta Presidencia no tiene registrado a orador alguno; por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

Continúe, señor secretario.

PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo a fin de modificar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a modificar en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas las reglas de operación o definir lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a fin de operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, cita una serie de datos estadísticos para mostrar que en la población y en las regiones indígenas se concentran los indicadores más desfavorables de nivel de vida y desarrollo humano, en relación con el resto de la sociedad mexicana, para concluir que lo anterior denota que los recursos que ha ejercido la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) en el Programa de Estructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, fueron insuficientes para atender a más del 10 por ciento de la población nacional que es la indígena y evidencia que los mecanismos de operación para la ejecución de los proyectos originarios, “son anacrónicos y son necesarios nuevos modelos acordes a la necesidad de los pueblos indígenas”.

Que a la CNDPI corresponde ejecutar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) en 62 pueblos originarios del país; que actualmente el acuerdo de coordinación con las entidades federativas establece en su cláusula IV, tercer párrafo, que los gobiernos de los estados manejarán los recursos del PIBAI a través de una cuenta bancaria específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos del Programa, así como la identificación de los rendimientos financieros que generen, y concluye que los recursos autorizados para el ejercicio fiscal de 2011 no fueron ejercidos con oportunidad dada la falta de operatividad de los gobiernos de los estados (provocando con ello un claro subejercicio), y que no se cuenta con mecanismos de control y de verificación de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de las obras.

Afirma la proponente que en este año electoral se hace necesaria la reglamentación de mecanismos ágiles para que los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cumplan el propósito para el que fueron autorizados y que la ley de la CNDPI en su artículo 9, fracción III, faculta a la junta de gobierno para que pueda: “Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado”, y que, por su parte, el Estatuto Orgánico de la CNDPI, en su artículo 25, fracción VIII, faculta a las delegaciones estatales a proponer convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y comunidades indígenas y, en su fracción IX, a apoyar los procesos para la licitación de obra pública, adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios que requiera la comisión en su ámbito territorial.

Por ello, formula el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a efecto de que en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), se modifiquen las reglas de operación o, en su caso, se definan lineamientos y criterios que faculten a las delegaciones estatales y a los centros coordinadores a operar directamente los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con el planteamiento y la propuesta de la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en virtud de que se encuentra debidamente sustentada en los hechos y fundamentada en derecho, según a quedado expresado en la consideración anterior, y sólo proponen algunas modificaciones menores de corrección y estilo.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Ejecutivo federal, se sirva instruir a la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que se modifiquen las reglas de operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) y, en su caso, se definan lineamientos y criterios sobre la operación de los recursos de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica p.a.), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. No tengo oradores registrados; por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

DELITO DE FEMINICIDIO

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales a tipificar el delito de feminicidio, suscrita por la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a consideración del pleno el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

En la proposición con punto de acuerdo, se manifiesta lo siguiente:

Que la Cámara de Diputados aprobó y remitió a la colegisladora diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal y a las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal y Orgánica de la Procuraduría General de la República, con el objeto de tipificar el delito de feminicidio.

Señala que al considerar que al tipificar al feminicidio como un nuevo tipo penal en el Código Penal Federal, dicha reforma puede marcar la pauta para aquellas entidades federativas que aún no lo han previsto en su marco jurídico local.

Afirma la proponente que el feminicidio ha sido tipificado, en nueve entidades federativas: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Por ello, resulta imperativo que el resto de las entidades asuman la existencia del feminicidio como un problema social, a efecto de que lo tipifiquen, toda vez que las muertes violentas de mujeres continúan en aumento; y que es responsabilidad de cada una de las entidades tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber, para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurra impunemente en el país.

En este sentido, señala que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó mil 728 homicidios dolosos de mujeres en 18 estados del país de enero de 2009 a junio de 2010. Y en los años 2007 y 2008, documentó el asesinato de mil 221 mujeres en 13 estados de la república: Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán.

Ante esta situación, la proponente considera que al discutir y en su caso aprobar reformas a los códigos penales de los estados representará la responsabilidad estatal en la prevención, combate y erradicación de los crímenes contra las mujeres, y en el abatimiento de la impunidad que los rodea.

Por ello, afirma la proponente que exhortar a las entidades federativas para avanzar en los cambios legales necesarios en el ámbito local obedece a que el fenómeno y los asesinatos de mujeres no cede, y merece respuestas legislativas.

Con lo anterior, formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas, con apego al pacto federal, a tipificar en sus respectivos códigos penales el delito de feminicidio. Lo anterior, a fin de armonizar los marcos jurídicos locales con el nacional.”

La comisión dictaminadora toma en cuenta que la propuesta materia del presente dictamen, resulta congruente con la reforma realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 11 de junio de 2011, para incorporar en su Título Primero a los derechos humanos y las garantías, reconociendo que los primeros se encuentran consagrados en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha suscrito y ratificado en la materia.

También, toma en cuenta que México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que de la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos internacionales, y a través de la firma y ratificación de diversos tratados internacionales, se ha comprometido a reconocer y garantizar los derechos humanos ante la comunidad internacional.

Teniendo como base esos principios y objetivos, la comunidad internacional ha venido construyendo un marco legal internacional protector de los derechos humanos y sus garantías que todas las personas en cualquier parte del mundo podamos disfrutar; desde el consenso logrado en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, se ha registrado un avance significativo en la construcción de tratados internacionales para hacer visibles los derechos humanos, pero sobre todo para garantizar su respeto. Este esfuerzo nos permite contar hoy en día, con un conjunto de normas de protección para las personas, con el propósito de acompañar su desarrollo en igualdad de condiciones y en libertad.

Es por ello que México al sumarse a este esfuerzo internacional en la construcción del llamado marco internacional de los derechos humanos, también se suma al reconocimiento de valores universales, que debe abanderar, respaldar, pero sobre todo asegurar a las personas el pleno ejercicio de sus derechos humanos, es así que al signar y ratificar instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el país asume compromisos que tiene la obligación de garantizar a sus connacionales y por supuesto siendo valores universales, a las personas que se encuentren en su territorio.

En este sentido, por lo específico que entrañan las violaciones a la dignidad humana que sufren las mujeres –a partir de los roles y estereotipos atribuidos socialmente– es que se ha hecho necesario conferir un carácter particular al reconocimiento de sus derechos humanos y sobre todo, a la protección de los mismos. De tal manera que, como lo afirma la proponente, el pasado 13 de diciembre de 2011, la Cámara de Diputados, aprobó el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual tipifica el feminicidio como delito grave, y sancionarlo con penas que van de los 40 a los 60 años de prisión.

Si bien es cierto que dicha reforma se encuentra en estudio por la colegisladora, por lo que el proceso legislativo no ha concluido, esta comisión dictaminadora considera que se dio un paso importante para acabar con la impunidad en el homicidio y otros agravios contra las mujeres y con ello el Estado mexicano podrá dar cumplimiento a convenios internacionales.

Por ello, la comisión dictaminadora coincide en que el Estado mexicano debe respetar y difundir los Derechos Humanos mediante mecanismos institucionales y con pleno apego a las leyes nacionales, y documentos internacionales que sean ratificados y aprobados por las instituciones del poder público que corresponden.

De ahí que la comisión dictaminadora considera los artículos constitucionales que son fundamento para ratificar y aprobar instrumentos internacionales, como los siguientes:

Artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:

Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”

Artículo 133 constitucional, que a la letra dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

El artículo 76 Constitucional, fracción primera, párrafo segundo, que señala:

I....

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;”

De tal forma que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la república, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de toda la Unión.

Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta como lo afirma la proponente que “el feminicidio ha sido tipificado, en nueve entidades federativas: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz”, y hacen suyos los planteamientos de la proponente al señalar que “resulta imperativo que el resto de las entidades asuman la existencia del feminicidio como un problema social, a efecto de que lo tipifiquen como un nuevo tipo penal, toda vez que las muertes violentas de mujeres continúan en aumento, por lo que es responsabilidad de cada una de las entidades tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurre impunemente en el país.”

El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

Sin embargo, en razón de la materia que se trata, esta comisión dictaminadora, considera que el Estado mexicano debe de poner particular atención a la eliminación de la discriminación y la violencia que sufren las mujeres; lo que explica que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos las identifiquen y las condenen, al mismo tiempo que se solicita a los Estados lleven a cabo una política pública y legislación para erradicarlas.

De tal manera que los integrantes de la comisión dictaminadora consideran procedente exhortar a las entidades de la República en las que no se haya tipificado el delito de feminicidio a tomar todas las medidas necesarias, en ejercicio de su deber para evitar que la violencia contra las mujeres continúe siendo un hecho que ocurre impunemente en el país.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas en las que no se haya tipificado el delito de feminicidio a tomar todas las medidas necesarias, en el ámbito de su jurisdicción y competencia, para tipificar en sus respectivos códigos penales el delito de feminicidio, promoviendo, en su caso, la armonización de la legislación en la materia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. No tengo oradores registrados; por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE COLIMA

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del gobernador de Colima

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a retirar la publicidad de la administración local donde se promueven la imagen y el nombre del gobernador, a cargo de los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. Los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en su capítulo de consideraciones, señalan la trascendencia de la reforma electoral aprobada en el año 2007, entre cuyos temas destacan delimitar los tiempos, espacios y canales de comunicación empleados por los partidos políticos para difundir sus campañas y propaganda, así como la fiscalización de los recursos empleados; se refieren en forma general a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para luego referirse a la normatividad que corresponde al informe anual de labores o gestión de los servidores públicos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional y el artículo 228, apartado 5, del Cofipe. Acto seguido invocan lo dispuesto en el artículo 182 del Código Electoral del Estado de Colima, que regula específicamente el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, que establece los mecanismos y las reglas para la publicidad de dicho informe.

A continuación, presentan una narración de hechos, que se transcribe a continuación:

“ 1. El 18 de diciembre de 2011, el gobernador de Colima presentó su segundo informe anual de actividades; promovió dicho acto a través de la contratación de un conjunto de espectaculares colocados en las principales vías de comunicación. Destacan los situados en el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo, en la avenida Insurgentes, en Tecomán; en Villa de Álvarez por las avenidas del tercer anillo del periférico, Sevilla del Río, San Fernando, así como avenidas Juárez y San Pablo Silva y en la capital del estado, los cuales a más de 20 días de haber acontecido el acto no han sido retirados, incumpliendo con ello lo establecido en el Código Electoral del Estado de Colima, violando a todas luces uno de los principios fundamentales que un cabeza de gobierno debe respetar, “principio de legalidad”, denotando con ello una vez más la poca seriedad y el abuso de autoridad que ejerce el funcionario citados para evadir el cumplimiento estricto de la ley.

2. Como se lee, los actos mencionados representan hechos violatorios de los artículos 182 del Código Electoral del Estado de Colima y 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto al ámbito de la temporalidad permitida para difundir el informe de actividades de cualquier servidor público.

Lo anterior, en virtud de que en lo señalado, en este caso se prevé la publicidad del informe anual de labores o gestión de los servidores públicos deberá realizarse sólo una vez al año sin exceder de los “ siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que fue rendido el informe” , por lo cual la exposición por más de 20 días de los espectaculares que promueven la imagen del servidor público difundiendo el informe viola lo dispuesto en la ley suprema de la federación y en los códigos electorales, tanto federal como local, demostrando cabalmente con estos hechos desinterés en que la ley sea cumplida y, sobre todo, el abuso en el ejercicio del poder que ha propiciado que estos actos sigan impunes y que la democracia de los colimenses no sea respetada.

3. Debido a que se han sobrepasado los tiempos fijados en la ley, dichos espectaculares pasan a interpretarse como una forma de propaganda política que transgrede de manera directa el artículo 134 de la Constitución federal, dado que por el tiempo que llevan expuestos han dejado de tener un fin únicamente informativo para constituirse en un medio de difusión personalizada de la figura de este servidor y, por ende, del partido político de que es militante.

Es tal la urgencia del presente asunto que estamos en un punto en el cual de no retirarse la propaganda, podría seguir difundiéndose durante los tiempos electorales próximos, cuestión que hoy parece inevitable pues no hay voluntad de este funcionario beneficiado de tal violación normativa de retirar sus promocionales y, alarmantemente, tampoco de la autoridad respectiva de hacer cumplir la ley electoral y menos pensar en aplicar la sanción correspondiente.

4. Sin duda, la ley es clara en cuanto a los tiempos de presentación y difusión del informe de actividades de un servidor público, por lo cual para asegurar la equidad en la competencia electoral, ésta debe ser imparcial y no considerar terceras causas que excluyan la responsabilidad de dichos actos, como que la empresa contratada para difundir los señalados informes no haya retirado los espectaculares que promueven su informe de actividades y su imagen.

En este sentido, la preocupación resultaría doble, pues el funcionario no sólo estaría violando la ley electoral sino que, además, estaría permitiendo que una empresa no cumpla un contrato que debió realizarse tomando en cuenta los plazos señalados en materia electoral, demostrando además de lo referido en los hechos anteriores una incapacidad para exigir el cumplimiento de la ley.

En virtud de lo señalado en los numerales anteriores, se considera necesario exhortar al Instituto Electoral del Estado de Colima a realizar las acciones correspondientes para el retiro de toda publicidad del gobernador que con el pretexto de difundir su respectivo informe ha violentado la ley electoral estatal, así como a establecer las sanciones correspondientes en virtud de dichos actos.

Asimismo, resulta vital para garantizar el respeto de los principios de equidad y transparencia en la publicidad y los recursos destinados a dicho rubro, de acuerdo con el mencionado artículo 134 de la Carta Magna, solicitar al gobierno de Colima que rinda un informe detallado sobre los recursos y los instrumentos empleados en materia de publicidad en la presente gestión.”

Los proponentes formulan el siguiente proyecto de:

“Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Colima a verificar y realizar en el ámbito de sus atribuciones las acciones conducentes a retirar publicidad del gobierno de Colima donde se promueven la imagen y el nombre del licenciado Mario Anguiano Moreno, con motivo de su segundo informe de actividades, y a tomar las acciones legales a que haya lugar por el evidente incumplimiento de la ley electoral.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de Colima a rendir ante esta soberanía un informe detallado sobre los instrumentos y el uso de recursos en el rubro de publicidad durante su gestión.”

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

“ Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

“ El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución Federal establece, en su párrafo segundo:

“ Artículo 116. ...

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

...”

En el caso, como reconocen expresamente los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se trata de asuntos que son materia de la Constitución y del Código Electoral del estado de Colima, que determinan la jurisdicción y competencia de las autoridades de esta entidad, excluyente de las autoridades federales.

Existe coincidencia en las disposiciones comentadas de ambos órdenes de gobierno, pero eso no justificaría la injerencia del Congreso de la Unión en materias de la jurisdicción y competencia de los órganos autónomos del estado de Colima, por lo que no se considera apropiado que se apruebe el exhorto en los términos propuestos, sino que simplemente se remita el expediente al Instituto Electoral del estado de Colima, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Tampoco se estima procedente que se exhorte al gobernador de Colima a rendir a esta soberanía un informe sobre los instrumentos y el uso de recursos en el rubro de publicidad durante su gestión, porque tal proposición no se encuentra debidamente sustentada y porque exclusivamente se inserta en el ámbito de lo electoral que, como se ha señalado, corresponde a la jurisdicción y competencia de las autoridades estatales.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Remítase el asunto al Instituto Electoral del Estado de Colima, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica p.a.), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Congreso de Coahuila a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Coahuila a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina cita como un hecho vergonzoso para las mujeres y su lucha permanente por revocar las cuotas de género en materia de representación política y alcanzar la igualdad en ellas un acuerdo específico adoptado en Coahuila, conforme a los siguientes hechos:

Previamente a los trabajos de instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal, la diputada local electa Norma Alicia Delgado Ortiz solicitó licencia indefinida para dar paso a Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien asumió el cargo de diputado.

Entre los argumentos vertidos a la prensa figuran los de preservar los acuerdos de la alianza formada por tres partidos políticos –Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Unión Democrática de Coahuila– para que todos tuviesen representación en la legislatura estatal.

Con la aprobación de la licencia indefinida se mostró con toda claridad que las cuotas de género previstas en las normas electorales son burladas sistemáticamente y que están sujetas a negociaciones entre partidos, lo que da pie a simulaciones descaradas que no pueden ser justificadas con la prevalencia de acuerdos entre aliancistas.

Esta falta de ética política de los dirigentes de los partidos choca frontalmente con la preocupación que este tipo de prácticas ha propiciado en el Congreso General. Asimismo, resulta deleznable la colaboración de la diputada Delgado Ortiz, quien se prestó a la consumación de esta maniobra.

Cabe destacar que el Código Electoral de Coahuila de Zaragoza señala en el artículo 17 que los partidos políticos impulsarán la paridad de género, por lo que los candidatos propietarios a diputados por ambos principios de cada partido político deberán ser de 50 por ciento de un mismo género. Asimismo, que tratándose de las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, deberán integrarse por segmentos de dos candidatos, uno de cada género. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto, de manera alternada.

Por añadidura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó recientemente que es obligación de los partidos políticos cumplir cabalmente las cuotas de género establecidas en la legislación, y a la autoridad electoral corresponde exigir su cumplimiento.

En ese tenor, resolvió que los partidos deben ser observantes de la cuota de género vigente, por lo que deben postular al menos 40 por ciento de candidaturas de un mismo sexo por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.

Con dicha sentencia, las candidaturas a las Cámaras de Diputados y de Senadores, tanto en las fórmulas de mayoría relativa como las de representación proporcional, serán integradas por personas del mismo sexo; ello, para evitar que se registren casos como el de las llamadas “Juanitas”.

Como apunte final, tenemos presente que el pasado 15 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente reformas diversas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de establecer que las fórmulas a cargos de representación popular por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional estén formadas por personas del mismo género; es decir , que si la posición del propietario corresponde a una candidata, la suplencia será también mujer...

La autora de la proposición con punto de acuerdo formula el siguiente proyecto de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Congreso de Coahuila de Zaragoza a respetar el principio de igualdad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal; lo anterior, a fin de preservar los avances que en materia de representación política han alcanzado las mujeres coahuilenses.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Coahuila a subsanar esta falta de sujeción a las normas en materia de representación política reintegrando en su curul a la diputada Norma Alicia Delgado Ortiz.

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y de las normas que rigen el federalismo que impera en el sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El artículo 41 de la CPEUM establece:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución federal establece en el párrafo segundo:

Artículo 116. ...

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. ...

II. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de 9, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;

...

En el caso, como reconoce expresamente la autora de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se trata de asuntos que son materia de la Constitución y del Código Electoral de Coahuila, que determinan la jurisdicción y competencia de las autoridades de esta entidad, excluyente de las autoridades federales.

Hay coincidencia en la intención de las disposiciones comentadas de ambos órdenes de gobierno y los integrantes de la comisión dictaminadora expresaron su convicción de promover el más estricto respeto a las normas relativas a la equidad de género en materia electoral, pero eso no justificaría la injerencia del Congreso de la Unión en materias de la jurisdicción y competencia de los órganos autónomos del estado de Coahuila, por lo que no se considera apropiado que se apruebe el exhorto en los términos propuestos, sino que simplemente se remita el expediente al Instituto Electoral del Estado de Coahuila, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Remítase el asunto al Instituto Electoral del Estado de Coahuila, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores, se consideran suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: En votación económica se pregunta si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

RELACIONES ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - MEXICO

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión. El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que solo se dé lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. En consecuencia proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, en la fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, en el párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Metodología

La Segunda Comisión elabora el presente dictamen con punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El capítulo Antecedentes expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación y turno para dictamen y los trabajos de la comisión al efecto.

II. El capítulo Contenido de la proposición reproduce los resolutivos a efecto de conocer con precisión la propuesta.

III. El capítulo Consideraciones contiene los argumentos y valoración de los integrantes de esta Segunda Comisión al punto de acuerdo, que motivan el presente dictamen.

IV. El capítulo Modificaciones de la dictaminadora establece las adecuaciones a los resolutivos propuestos que esta Comisión ha considerado pertinentes.

Antecedentes

I. Con fecha 4 de enero de 2012, la senadora Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América.

II. En sesión celebrada en la misma fechar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a esta Segunda Comisión para estudio y dictamen.

III. Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de esta comisión procedimos a su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y cinco puntos resolutivos que a letra apuntan:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR34D1, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva comunicar el contenido íntegro de esta proposición a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso estadounidense.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores ya la Embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas estadounidenses sobre el daño que iniciativas como ésta infringen a nuestra relación bilateral.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar con la brevedad posible a los integrantes de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado de la República y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional un informe detallado sobre la cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que contenga, hasta donde lo permita la ley y sin menoscabo de consideraciones de seguridad nacional, una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República a establecer un grupo de trabajo multidisciplinario, que incluya a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, encargado de proponer cambios y elaborar un proyecto de actualización de los contenidos de los denominados Acuerdos de 1992, con la finalidad de establecer atribuciones y límites claros a la actuación de agentes de corporaciones de inteligencia de Estados Unidos, así como incorporar nuevos mecanismos de cooperación acordes con la magnitud de los desafíos actuales en materia de combate al crimen organizado transnacional.”

Consideraciones

Luego de proceder al estudio de los postulados de la proposición de mérito, para los legisladores de esta comisión dictaminadora, su contenido y los resolutivos propuestos resultan tan viables como oportunos, al haberse identificado disposiciones extraterritoriales que de convertirse en ley vulnerarían la soberanía mexicana.

El proyecto de Ley de Seguridad Fronteriza Mejorada, “HR 3401 Enhanced Border Security Act”, cuyo texto íntegro puede encontrarse en el portal oficial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, plasma la sección 2, “el propósito de esta iniciativa es proteger a los ciudadanos de Estados Unidos de amenazas externas mediante el establecimiento y aplicación de tácticas apropiadas de contrainsurgencia bajo una estrategia coordinada y focalizada para combatir la insurgencia terrorista en México sostenida por organizaciones terroristas trasnacionales mediante la utilización de capacidades institucionales para (1) asegurar la frontera entre Estados Unidos y México; (2) acotar la habilidad de dichas organizaciones para financiar sus operaciones con fondos de Estados Unidos en el extranjero; (3) incrementar la habilidad del gobierno de México para: (a) reducir la violencia; (b) disminuir la corrupción; (e) optimizar la cooperación entre organizaciones militares y policiales (d) estabilizar comunidades; y (e) fortalecer las instituciones gubernamentales funcionales”. Las secciones siguientes contienen los mecanismos pretendidos para el cumplimiento de estos objetivos, algunas de las cuales se abordarán más adelante.

Como es evidente, el proyecto de ley impulsado por el representante de Florida, Connie Mack, y apoyado por seis legisladores más de distintos estados de la Unión Americana, asume jurisdicción supranacional, específicamente en México. Así entonces, la iniciativa pretende el establecimiento de medidas unilaterales que en la más benévola interpretación, son parte de la agenda bilateral, pero en todo momento corresponden a cuestiones soberanas de nuestro país.

Incluso, la iniciativa desestima y califica como fallido el mecanismo que, más allá de las consideraciones que desde el amplio abanico de posiciones ideológicas en México, resulta efectivamente bilateral, es decir, la Iniciativa Mérida. El séptimo numeral de la sección tercera de la iniciativa en comento, señala que la Iniciativa Mérida ha sufrido retrasos programáticos asociados con la ausencia de puntos de referencia exitosos.

Ahora bien, la sección 5, numeral 7, apartado C, de la multicitada iniciativa establece una serie de disposiciones que obligan a las autoridades americanas y pretenden obligar a las mexicanas, para establecer mecanismos de coordinación y, lo que es inaceptable, implementar políticas públicas dictadas desde Estados Unidos. Evidentemente, en materia de seguridad es deseable una cooperación multilateral, pero ésta debe ser negociada y acordada entre Estados, como pares.

En este sentido, es motivo del extrañamiento del Congreso de la Unión, el que se intente establecer una estrategia de contrainsurgencia que asuma a Estados Unidos como ente capaz de evaluar las capacidades de las autoridades militares y policiales mexicanas en el combate al narcotráfico, la trata de personas, el secuestro, la extorsión y el robo de gasolina. Más inverosímil resulta aun el se pretenda dar fundamento legal a las acciones de agencias federales estadounidenses para “aislar” y “neutralizar” a organizaciones delictivas (o calificadas como delictivas por una potencia extranjera, más no necesariamente por México) al interior de nuestro país. Evidentemente no puede más que motivas un enérgico rechazo el que se pretenda establecer un plan de acción que se expresaría en políticas públicas impuestas a México. Por supuesto, ello no ocurrirá.

Con lo anteriormente apuntado, resulta preocupante la ley propuesta en el país vecino, fundamentalmente porque de entrar en vigor, al pretender aplicar sus disposiciones es muy probable que se condiciones aspectos que dañen la relación bilateral. Al respecto, hacemos nuestras las consideraciones de la promovente al señalar lo siguiente:

“Otras preocupaciones igualmente válidas sobre el contenido de esta iniciativa tienen que ver, por ejemplo, con la manera en que esto podría dar pie a un nuevo proceso de certificación antidrogas como el que se abandonó a partir de 2001, con la ausencia de consideraciones sobre la importancia de respetar las normas del debido proceso y los derechos humanos así como sobre el tratamiento de información critica para nuestra seguridad nacional.”

Asimismo, coincidimos con la senadora Adriana González Carrillo cuando refiere que “es evidente en toda la iniciativa, se intenta poner fin a la cooperación bilateral enmarcada en programas como el de la Iniciativa Mérida, para dar paso a una estrategia distinta sin respeto a la jurisdicción y a las leyes de nuestro país, sin la participación activa del gobierno mexicano y haciendo a un lado todo lo construido en materia de responsabilidad compartida y confianza mutua”. Aun persiste inexplicado el alcance de la fallida operación Rápido y Furioso, en el que organizaciones criminales en México fueron fortalecidas con recursos económicos y armas desde el gobierno estadunidense. En este sentido, hemos de ser especialmente enfáticos, México no consiente actitudes intervencionistas de nación alguna y si bien, considera sanas las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, ve también con preocupación el que se dé trámite legislativo a una propuesta a todas luces contraria a la legalidad, tanto en Estados Unidos, como en México.

Ahora, si bien no es objeto de este dictamen calificar la estrategia del combate al narcotráfico en México, pues desde el país, existen diversas concepciones sobre el tema, todas, condenando la execrable actividad de los grupos delictivos (principalmente de narcotráfico) y algunas criticando en mayor o menor medida la estrategia adoptada por el Ejecutivo federal; también es necesario señalar que el diagnóstico que se haga desde Estados Unidos, será respetable siempre y cuando no pretenda consecuencias fuera de sus fronteras; por esto, no se aborda en el presente dictamen las consideraciones de la promovente respecto de la tipificación de los narcotraficantes como terroristas o insurgentes ni de lo adecuado o inadecuado de la estrategia federal en la materia, pues al no cumplirse en la condición antes expresada, lo acertado o errado del diagnóstico pasa a segundo término, siendo el elemento principal nuestro rechazo a pretensiones intervencionistas.

Modificaciones de la dictaminadora

Esta comisión dictaminadora señala su acuerdo total en el fondo de la propuesta, proponiendo breves modificaciones en lo que toca a la parte resolutiva, mismas que a continuación se enlistan:

a) El resolutivo primero, de naturaleza declarativa, permanece en sus términos;

b) El resolutivo segundo, por el que la Comisión Permanente solicita a su Mesa Directiva comunicar el contenido íntegro de esta proposición a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso estadounidense, pasa a ser cuarto, por considerar que los resolutivos restantes se refieren a declaraciones, solicitudes y exhortos, mientras que éste únicamente instruye que sea comunicado, así mismo se cambia la redacción para instruir la remisión de una copia íntegra del presente decreto, al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con un respetuoso exhorto para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de comunicar al titular del Poder Ejecutivo de Estados Unidos de América, así como a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de dicho Estado, sobre el contenido del presente decreto.

e) El resolutivo tercero que contiene un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos, pasa a ser segundo pero permanece en los términos propuestos;

d) El cuarto resolutivo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a presentar un informe detallado sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de lavado de dinero, pasa a ser tercero, además, se cambia el término exhorto por el de solicitud, pues por disposición constitucional y legal, el Congreso de la Unión tiene la prerrogativa de solicitar información, sin requerir que ello se haga mediante un exhorto; asimismo se agrega el término estrategia, al referirse a la cooperación bilateral, y se especifica que el informe no contendrá información reservada o confidencial, a efecto de poner en términos más concisos la leyenda “hasta donde lo permita la ley y sin menoscabo de consideraciones de seguridad nacional”, originalmente contemplada; y

e) El quinto resolutivo se suprime.

Así las cosas, de los cinco puntos resolutivos contenidos en la proposición, los integrantes de esta Segunda Comisión manifestamos nuestro acuerdo con cuatro de los puntos de propuesta en comento, por lo que avalamos con las modificaciones propuestas la parte resolutiva.

Por lo expuesto, esta Segunda Comisión de la Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus contenidos extraterritoriales, intervencionistas y lesivos de la soberanía nacional, así como de los principios de responsabilidad compartida, respeto a la ley y confianza mutua en los que se basa nuestra cooperación bilateral.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Estados Unidos a redoblar los esfuerzos encaminados a informar a los congresistas estadounidenses sobre el daño que iniciativas como ésta infringen a nuestra relación bilateral.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República presentar con la brevedad posible a los integrantes de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, del Senado de la República, y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional un informe detallado sobre la estrategia de cooperación bilateral en materia de lavado de dinero que sin incluir aquella información calificada como reservada o confidencial, contenga, una evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la fecha así como una estimación sobre los beneficios esperados a mediano plazo.

Cuarto. Remítase copia íntegra del presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con un respetuoso exhorto para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de comunicar al titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América, así como a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de dicho Estado, sobre el contenido del presente decreto.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica), senador Carlos Jiménez Macías, secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez (rúbrica), senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), diputado Jorge Rojo García de Alba.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. Esta Presidencia tiene registrada para hacer uso de la voz a la senadora Adriana González. Tiene el uso de la tribuna, senadora, hasta por cinco minutos.

La senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, señor presidente. Quiero desde esta tribuna hablar en pro de este punto de acuerdo, por el que los legisladores de la Segunda Comisión manifestamos nuestro enérgico rechazo a la iniciativa que ha presentado en el Subcomité del Hemisferio Occidental, al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de la Unión Americana: una ley de seguridad fronteriza mejorada, denominado HR3401.

Esta iniciativa que ha venido avanzando con 6 votos a favor de 10 de sus integrantes, particularmente y mayoritariamente compuesta y apoyada por el Grupo Parlamentario los Republicanos en ese país, han buscado nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como: insurgencia terrorista en México.

Al asumir esta supuesta insurgencia terrorista, esta iniciativa HR3401 busca obligar a distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos de América, encabezados por la Secretaría de Estado y la Secretaría de la Defensa, a delinear e implementar una estrategia de contrainsurgencia para combatirla.

Sin duda es claro que este proceso legislativo ha venido avanzando y también es importante que como Comisión Permanente nos manifestemos en contra de este proceso legislativo, especialmente, porque si bien nuestro país entiende y nuestras autoridades, tenemos claro que para combatir el crimen organizado trasnacional requiere de la suma de esfuerzos de todos los países, especialmente del hemisferio y de la región norteamericana, debemos hacerlo con pleno respeto a nuestras autoridades, a nuestras leyes, a nuestras instituciones.

Por ello, estamos en contra de que haya iniciativas que busquen acciones unilaterales que busquen nuevamente dejar de lado a las autoridades, como ya hemos tenido conocimiento con los operativos de Rápido y Furioso o Receptor Abierto, o hace algunos días también la prensa dio a conocer otro operativo sobre Arma Blanca, que desgraciadamente introdujeron armas a nuestro país para buscar a quienes se dediquen a su comercialización.

Sin embargo, también sabemos que agentes de la DEA están realizando operativos de lavado de dinero en nuestro territorio; sin embargo, también conocemos de la falta de información y de la falta de aprobación de dichos operativos por parte de las autoridades. De tal suerte, que señalamos que la cooperación no debe darse dejando de lado a las autoridades nacionales.

Sin duda la cooperación bilateral en general es positiva, pero hasta este momento ha sido insuficiente.

Nosotros queremos buscar la suma de esfuerzos y queremos que la relación con Estados Unidos de América particularmente siga el concepto de colaboración que hemos construido; a partir de este entendimiento, de la responsabilidad compartida entre nuestras naciones, queremos que nunca más haya operativos que dejen de lado a las autoridades mexicanas.

Compartimos la visión que dice Janet Napolitano, sobre la necesidad de seguir cooperando, independientemente de lo que ocurra en los procesos legislativos; sin embargo, sí hacemos un exhorto —y lo hago de manera muy contundente— para que el Poder Legislativo, junto con el Poder Ejecutivo de nuestra nación, podamos actualizar el marco normativo que actualmente se basa principalmente en los acuerdos de 1992, que estos acuerdos buscan la cooperación de nuestras naciones para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia.

Sin embargo, el crimen trasnacional hoy no solamente toca al tema del narcotráfico, también toca al tema de las armas, también toca al tema de la trata y tráfico de personas; por eso es muy importante que dado el compromiso de los integrantes de la Segunda Comisión, de dejar de lado este exhorto para actualizar estos acuerdos, podamos retomarlo a la brevedad, podamos impulsarlo, porque si bien la cooperación en el siglo XXI es necesaria, lo tenemos que hacer con pleno respeto a nuestras autoridades y particularmente a nuestras instituciones mexicanas.

Debo añadir que es también importante señalar que recientemente hubo una visita de legisladores de la Unión Americana, encabezados por el Parlamento de la Cámara de Representantes, que sólo tuvieron reuniones con el Ejecutivo; sin embargo, los exhortamos a que en una siguiente ocasión puedan visitar al Poder Legislativo para tener un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo de entendimiento, para poder subrayar no solamente lo que hoy se exige a través de este punto de acuerdo, que nuestra embajada en la Unión Americana haga lo propio con los congresistas federales en Washington, sino también nosotros, de viva voz, hacer nuestros comentarios al respecto de la cooperación y de la necesidad de hacerlo de manera conjunta.

Por ello les pido su voto a favor, y poder seguir avanzando en la condena a este proceso legislativo que viola los conceptos de seguridad de la región y particularmente del concepto de la responsabilidad compartida que ambas naciones nos hemos dado en los últimos años.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Jiménez, hasta por cinco minutos.

El senador Carlos Jiménez Macías:Muchas gracias, señor presidente. Amigas y amigos legisladores de esta Comisión Permanente, el Grupo Parlamentario del PRI en esta Comisión Permanente, senadores y diputados, queremos expresar en este punto de acuerdo nuestro apoyo absoluto y contundente a lo que el mismo está planteando.

La senadora González Carrillo ha sido muy puntual en los razonamientos que motivaron la presentación de este punto de acuerdo por parte de su Grupo Parlamentario; nosotros no podemos dejar de celebrar el tono y la actitud que en este caso está asumiendo el Grupo Parlamentario del PAN, es de reconocerse.

Nos gustaría que en muchos otros puntos de acuerdo que se han planteado por otros partidos, que han tenido este mismo tono, que han sido un reclamo muy sentido por parte de muchos legisladores de otros partidos, pudiéramos también escuchar esa contundencia, ese tono, que es sin duda merecedor de un reconocimiento.

Muchas veces mi Grupo Parlamentario ha denunciado la actitud, hasta cierto punto sumisa, del gobierno federal frente a este tipo de agravios a nuestro país. Hay un doble discurso, lamentablemente, desde Los Pinos; el presidente justamente —como bien lo ha dicho Adriana—, se reúne la semana pasada con un grupo destacadísimo, en Los Pinos, de parlamentarios del Congreso norteamericano, que ignoran —y también celebro que lo haya señalado la senadora— a sus pares en este país, a pesar —y lo pongo en comillas— de los acuerdos que tenemos entre el Congreso de los Estados Unidos de América y el Congreso mexicano.

A pesar de la interparlamentaria, que por cierto y afortunadamente a partir del año pasado cambió su formato —que era absolutamente obsoleto y este diálogo entre parlamentarios por lo visto no sirve de nada en este tipo de temas—, lo que está hoy en la atención de los que estamos preocupados por este asunto es cómo el Congreso norteamericano, de manera muy especial el Senado, y hay que decirlo además con más contundencia, el Partido Republicano —y le pongo nombre porque es importante que ubiquemos las cuestiones—, están impulsando una legislación realmente —y uso la expresión sin exagerar— atroz, que no está mirando la corresponsabilidad que en materia de relación entre estos dos países, México y Estados Unidos de América, está relación binacional debiera existir en un tema tan delicado.

Cuidado, ya los conocemos, ése es el tipo de argumentos que empiezan a esgrimir cuando les empieza a dar la tentación de meterse mucho más a un país, y ahí está Irak y en América Latina pues lo último Panamá, ir y agarrar ahí a un ex presidente y llevarlo a los Estados Unidos de América, invadiendo la soberanía.

No quiero ser excesivo pensando que se atrevan a hacer eso, no, este es un anuncio muy peligroso, porque cuando ellos usan esta expresión, que muy bien subrayó la senadora González Carrillo, es una expresión que nos debe llamar la atención. Digo, cuando hablamos de narcotráfico, etcétera, son términos que están en la discusión permanente entre los dos países y en los acuerdos de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero cuando le agregamos la palabra o la expresión de grupos que tienen que ver con insurgencia, con guerrilla, etcétera, cuidado, la connotación que le están dando al tema del narcotráfico es muy peligrosa en la visión de los parlamentarios norteamericanos.

Muy grave y por eso insisto, el Grupo Parlamentario del PRI aplaude esta posición del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa que tuvo de presentar este punto de acuerdo; muy grave y más grave aún que nuestros amigos y compañeros legisladores de Estados Unidos de América ignoren absolutamente al Congreso mexicano, en un diálogo que lleva 50 años, y vengan y hablen de temas muy importantes.

Aquí tengo, pero no lo voy a leer, el boletín de Presidencia, con el presidente de la República, cuando muchos de los temas que se discuten y después se traducen en decisiones pasan por los legislativos.

Esto es muy grave, es una muy mala señal y creo que no solamente el aprobarlo es fundamental, me parece que al aprobarlo debemos hacer un gran señalamiento público hacia la sociedad mexicana y especialmente hacia el Congreso norteamericano de que estamos alertas y de que a nosotros no nos van a jugar el dedo en la boca con este tipo de expresiones que usan en las enmiendas que tratan de aprobar, que parecerían darle poder a su gobierno para hacer cosas que pueden violentar la soberanía de otros países; lo rechazamos, lo rechazamos contundentemente, lo hemos denunciado en otros momentos.

No hemos tenido solidaridad del PAN, por eso parto de reconocer, en este caso, que hablen así, que le den esa contundencia y estoy sorprendido y los felicito, hay que hablarle así al gobierno también nuestro; no es solamente un asunto del gobierno de los Estados Unidos de América. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor senador. No tengo mayores oradores registrados, en consecuencia considero suficientemente discutido y toda vez que los dos oradores se han manifestado a favor, pido que se reserve este punto de acuerdo para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

REGULARIZACION MIGRATORIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama respecto al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos de América.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, en la fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, en el párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Metodología

La Segunda Comisión elabora el presente dictamen con punto de acuerdo, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. El capítulo Antecedentes expone el trámite del proyecto de mérito desde el inicio del proceso legislativo, presentación y turno para dictamen y los trabajos de la comisión al efecto.

II. El capítulo Contenido de la proposición reproduce los resolutivos a efecto de conocer con precisión la propuesta.

III. El capítulo Consideraciones contiene los argumentos y valoración de los integrantes de esta Segunda Comisión al punto de acuerdo, que motivan el presente dictamen.

Antecedentes

I. Con fecha 11 de enero de 2012, el senador Luis Alberto Villareal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el presidente Barack Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos.

II. En sesión celebrada en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha proposición a esta Segunda Comisión para su estudio y dictamen.

III. Recibido el proyecto de mérito, los integrantes de esta comisión procedimos a su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

El proyecto en estudio se encuentra debidamente fundado y motivado, componiéndose de un capítulo de consideraciones y dos puntos resolutivos que a letra apuntan:

“Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda las modificaciones propuestas por el presidente Obama al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos en Estados Unidos y hace votos por la pronta publicación de la regla final del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a fin de que entre en vigor con la brevedad.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exhorte respetuosamente a la administración del presidente Obama a que el “perdón” pro unificación familiar pueda ser aplicable no sólo a familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.”

Consideraciones

Luego de proceder al estudio de la proposición de mérito, tanto en su parte expositiva, como en la resolutiva, para los legisladores de esta comisión dictaminadora su contenido resulta viable y adecuado. En este sentido, cabe señalar que la proposición tiene por objeto expresar el apoyo del Congreso de la Unión a las modificaciones administrativas presentadas por el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos estadounidenses, haciendo votos por su pronta entrada en vigor. Asimismo, contiene un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que proponga a la administración de la Unión Americana que la novedosa figura de “perdón pro unificación familiar” beneficie también a los familiares de residentes permanentes y no sólo a los de los ciudadanos estadounidenses.

En este contexto, cabe señalar que, ciertamente, la medida en comento representa un avance no legislativo muy importante, pues reduciría de manera notable el tiempo de separación que tienen que soportar las familias binacionales, del escenario actual, donde siguiendo estrictamente el proceso, la reunificación puede demorar entre seis meses y una década –en los casos en que por detección de una estancia irregular, se impone como castigo la prohibición de ingresar a territorio estadunidense y el perdón no es otorgado– al escenario proyectado, donde se reducen los requisitos para obtener la indulgencia y en cuestión de semanas, una familia puede estar reunificada.

Cabe señalar que la propuesta planteada, y próxima a adquirir vigor, constituye una visión más comprensiva del fenómeno migratorio que contrasta con las diversas iniciativas que principalmente en el ámbito local, se han estado impulsando para endurecer la ley en materia de migración. Ello se puede interpretar como un limitado pero notorio reconocimiento al papel que juega la comunidad de origen migrante en la sociedad estadounidense.

En tal sentido, los integrantes de esta comisión dictaminadora hacemos nuestra la ilustrativa explicación con la que el proponente motiva su petición, al inferir que los solicitantes de un permiso de residencia permanente que promuevan un perdón pro-unificación familiar, tiene ahora un mecanismo para superar vicios de origen en el procedimiento de regularización que los orillaban a salir de Estados Unidos para poder permanecer ahí.

Si bien es cierto que por ministerio de ley, el procedimiento de reunificación familiar exige la tramitación desde fuera de Estados Unidos y que la misma ley prevé un castigo para aquellos que han violado las normas migratorias, ya sea por haber ingresado a ese país de manera irregular o porque habiendo entrado como turistas han permanecido en aquel por más de seis meses; no menos cierto es que la misma norma contempla una figura de perdón en aquellos casos en los que el ciudadano estadounidense demuestre que la ausencia de su hijo o cónyuge le acarrearía un “perjuicio extremo”, sea económico, de salud o humanitario, como bien apunta el proponente.

Así pues, es en el marco estricto de sus facultades, que el titular del poder ejecutivo en la unión americana ha propuesto simplificar el trámite de indulgencia, para que éste pueda ser resuelto en unos cuantos días o semanas.

Aquí, cabe retomar la lúcida explicación que hace el proponente al señalar que:

“El trámite del ‘perdón’ puede tardar desde seis meses, hasta más de un año. Se espera que la nueva regla pueda reducir el proceso a días o semanas y que estas personas puedan solicitar el ‘perdón’ desde Estados Unidos, antes de regresar a su país. El USCIS examinará su caso y, si lo encuentra válido, concederá una excepción provisional.

Una vez en su país, el familiar en situación irregular se someterá a una entrevista consular. Si no se detectan problemas, el permiso se hará firme y la persona podría regresar a Estados Unidos en cuestión de semanas.”

Asimismo, coincidimos con el proponente en el sentido de que sería deseable que la nueva medida beneficiara también a los familiares de residentes permanentes, tal como ocurre en nuestra legislación, pues cabe acotar que la nueva Ley de Migración promueve la reunificación de mexicanos naturalizados, residentes permanentes e incluso residentes temporales, tales como trabajadores y estudiantes.

En este sentido, parece adecuado que además de saludar los cambios propuestos por el Ejecutivo estadounidense, se le solicite también incluir cuando menos a residentes permanentes, pues las mismas condiciones de daño extremo se pueden presentar con estas personas, a consecuencia de la separación del núcleo familiar.

Así las cosas, esta comisión dictaminadora señala su acuerdo total con la propuesta, por lo que avalamos la parte resolutiva, en los términos aquí presentados.

Por lo expuesto, esta Segunda Comisión de la Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión saluda las modificaciones propuestas por el presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, al proceso de regularización migratoria de familiares de ciudadanos en dicho país y hace votos por la pronta publicación de la regla final del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) a fin de que entre en vigor con la brevedad.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que exhorte respetuosamente a la administración del presidente de Estados Unidos de América, Barak Obama, a que el perdón pro unificación familiar pueda ser aplicable no sólo a familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente,senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández (rúbrica), senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. Tengo registrado en contra al diputado Gerardo Fernández Noroña; tiene usted el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. El punto que vamos a aprobar o no, saluda las modificaciones presentadas por Barack Obama, presidente de Estados Unidos de América, en un proceso de regularización de migrantes de familiares de ciudadanos norteamericanos y tiene dos resolutivos: el segundo pide que no sólo sea aplicable a los familiares de ciudadanos estadounidenses, sino que se haga extensivo también a los familiares de residentes permanentes.

En el propio texto del documento se plantea que en esencia se promueve un perdón pro unificación familiar como un mecanismo que ahora, en lugar de que sea en años, se realice en semanas o días.

Éste es el gran cambio en política migratoria que el presidente de los Estados Unidos de América promueve, y se plantea aquí que el Congreso mexicano salude tan importante determinación. Me parece un despropósito.

Este Congreso está obligado a asumir una posición de defensa firme de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América; son el ingreso más importante de divisas, después del petróleo y aquí de qué los van a perdonar, ¿qué han hecho para que los perdonen? ¿Cuál es la situación para que sus familias, divididas por unas políticas racistas y persecutorias en contra de los mexicanos, puedan reunificarse?

El gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no ha hecho nada por los migrantes mexicanos. Ni siquiera tienen derecho a licencia; en California, por ejemplo, donde han aportado a la mayor riqueza del estado más rico de la Unión Americana, son perseguidos como si fueran delincuentes.

Por no otorgárseles la licencia les son decomisados los vehículos; no tienen ningún derecho a nada ni antigüedad ni a ninguna prestación social; cotizan, crean la riqueza de aquel país, han hecho una aportación importantísima en la economía nacional. Sin ellos, la crisis económica feroz que llevamos durante décadas viviendo sería insoportable.

Aquí, frente a una medida verdaderamente menor del presidente de los Estados Unidos de América este Congreso se plantea felicitar al presidente de los Estados Unidos de América; un hijo de migrantes, por cierto, que debería ser muy sensible a un país integrado por migrantes y donde nuestros connacionales han hecho una aportación importantísima —reitero— a la riqueza, a la cultura y a la diversidad de aquél país.

Yo no esperaría de este Congreso que hiciera suya la tesis del libro Heridas que no cierran, que establece que en la vida de una persona, 160 años son muchas, pero en la vida de un país son nada; y que dice —es un abogado, Chávez—, plantea que debería decretarse que son territorios ocupados todos los territorios que hoy son parte de la Unión Americana y que fueron despojados a mediados del siglo XIX de nuestro país.

Todos los mexicanos que residen en esos estados deberían por lo menos tener respetados sus derechos básicos y fundamentales mientras esa disputa se resuelve, y para quien diga que esto es un sueño, España estuvo 700 años ocupado por los árabes y al final, recuperó su territorio.

No estoy planteando ningún despropósito y desde el punto de vista estrictamente legal, fue un despojo el que se hizo de los territorios estadounidenses.

Yendo puntualmente al asunto de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América, ellos no cometen ningún crimen al ir a trabajar a aquél país; no cometen ningún ilícito al ir a aportar a la riqueza de aquella nación y deberían ser plenamente respetados sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, su dignidad humana, lo cual no sólo no es así, sino es violentada de manera permanente.

Me parece muy tibio —por decirlo suave—, que esta Permanente se plantee felicitar esta iniciativa, que como dicen algunos: algo es algo, pero aquí no se trata de algo, aquí deberíamos tener una política firme de defensa de los derechos de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos de América, y deberíamos tener una posición también de mejoría de las condiciones económicas de nuestro país para evitar que siga yéndose muchísima gente talentosa hacia los Estados Unidos de América y que sean perseguidos como si fueran criminales, cuando lo único que hacen es ir a buscar trabajo, es ir a trabajar y es ir a crear con su trabajo y su esfuerzo, la riqueza de aquel país. Por ello, manifiesto mi determinación de votar en contra de este punto presentado.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. No tengo a algún otro orador registrado; el punto se considera suficientemente discutido y desde luego, entiendo que está reservado.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban estos puntos de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si los anteriores puntos de acuerdo, inclusive los reservados, son de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo atinentes al desalojo de familias guatemaltecas en Tenosique, Tabasco

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y de la SSP a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en Nuevo Progreso, de Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI.

2. Por el que se solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal con la del presidente de Guatemala para determinar las acciones conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados desalojadas la madrugada del 9 de enero en Tenosique, Tabasco, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las Proposiciones referidas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y  58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

Las Proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En la primera proposición con punto de acuerdo se manifiesta lo siguiente:

Que históricamente México ha gozado de reconocimiento internacional por su generosa hospitalidad a favor de miles de desplazados de diversas nacionalidades, quienes buscan salvaguardar su vida huyendo de conflictos armados o de violencia en sus lugares de origen, principalmente.

Refiere que en la década de los 80 del siglo pasado, como consecuencia de la guerra civil en Guatemala, se estima que 400 mil personas se exiliaron en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos; de ellas, aproximadamente 200 mil personas se refugiaron en nuestro país.

Afirma el proponente que el pasado 23 de agosto de 2011, familias guatemaltecas fueron desplazadas por el Ejército guatemalteco de la comunidad “Nueva Esperanza”, del municipio La Libertad, departamento de Peten, Guatemala, bajo el argumento de que se encontraban establecidas ilegalmente dentro de la reserva de la biosfera maya, atribuyendo además responsabilidad por actividades ilícitas referentes al narcotráfico, las cuales se internaron en territorio mexicano.

Continua señalando que de acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y de distintos medios de comunicación, el pasado 9 de enero, mediante un operativo realizado sorpresivamente, fueron desalojados con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011.

Al respecto, señala el autor que “organizaciones no gubernamentales denuncian que alrededor de las seis horas del lunes 9 de enero, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos”.

También refiere que las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con objeto de que sus padres se entregaran y, además, según los datos recabados 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

Señala el proponente que autoridades mexicanas acudieron el 19 de diciembre de 2011 al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas, y que el 04 de enero de 2012, se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.

Por lo que formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los titulares de las Secretarías de Gobernación, y de Seguridad Pública federales, así como a los comisionados del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal, a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 115 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a abstenerse de repatriar a las familias guatemaltecos que se encontraban asentados en la franja fronteriza entre Guatemala y México, en territorio Tabasqueño, así como para que se salvaguarden y garanticen sus derechos humanos.

Tercero.Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades, se dé inicio a una investigación a fin de deslindar responsabilidades por la probable violación de derechos humanos en contra de las refugiadas y los refugiados guatemaltecos en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.”

II. En la segunda proposición con punto de acuerdo se manifiesta lo siguiente:

Que el pasado 9 de enero, 90 familias guatemaltecas refugiadas que fueron expulsadas de forma violenta de la comunidad Nueva Esperanza, en Guatemala, adonde supuestamente no podían volver porque sus vidas corrían peligro, también fueron violentamente desalojadas de un campamento en Tenosique, Tabasco, mismas que se encontraban asentadas en este municipio desde el 23 de agosto de 2011.

Que diversas organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos humanos, denunciaron presuntas violaciones a las garantías individuales de estos migrantes guatemaltecos durante el operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración (INM). Toda vez que estas familias de refugiados fueron arbitrariamente subidas a camiones y violentadas físicamente durante el operativo policiaco, donde se detuvo a niños que fueron separados de sus familias para obligar a los padres a regresar a Guatemala.

Que según los datos proporcionados por organizaciones pro derechos humanos, decenas de personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y conducidas a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, señala la proponente que desde diciembre del año pasado y principios de este, existían negociaciones entre el Centro de Derechos Humanos Usumacinta y las autoridades mexicanas para concretar la reubicación de estas familias guatemaltecas.

También, señala la proponente que el pasado 19 de diciembre del año pasado, autoridades mexicanas intentaron convencer a los extranjeros de regresar a su país, pero ellos pidieron esperar las negociaciones con sus autoridades para una posible reubicación antes de tomar la decisión y para resguardar su integridad física.

Por lo que formula el siguiente

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente de la República, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, su intervención directa para determinar acciones conjuntamente con el presidente de Guatemala, conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados guatemaltecos que fueron arbitrariamente desalojados por personal del Instituto Nacional de Migración, policías federales y municipales, la madrugada del 9 de enero del presente año, en el municipio de Tenosique, Tabasco, poniendo en riesgo la salvaguarda de sus derechos humanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a ejercer su facultad de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el caso de las 90 familias guatemaltecas que fueron desalojadas en forma violenta de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de diciembre del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que envie un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de 90 familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.”

III. La comisión dictaminadora considera que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las dos proposiciones tienen por objeto referirse al tema de la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes extranjeros que transitan o se encuentran en territorio mexicano, así como sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales, por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, es pertinente atenderlas en un mismo dictamen.

El cuerpo de asistencia técnica de esta Comisión Dictaminadora realizó la investigación pertinente y pudo constatar en medios impresos de comunicación lo expresado por los proponentes:

El Universal, en su versión electrónica del 31 de agosto de 2011, señala que “Un grupo de campesinos guatemaltecos se refugió sobre la línea divisoria de México-Guatemala, luego de ser desalojados y quemadas sus viviendas en la aldea Nueva Esperanza, Petén, en Guatemala. Este pueblo, conformado por alrededor de 90 familias, que prácticamente fue expulsado de su país, huyó hacia este punto ubicado entre una zona serrana y selvática de la frontera de México y Guatemala.”

El Universal, en su versión electrónica del 10 de enero de 2012, señala: “Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron que guatemaltecos fueron desalojados con lujo de violencia al amanecer del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco” “durante el operativo policiaco se detuvo a niños para obligar a los padres a proceder como querían los policías”. “Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia”.

Sin embargo, encontró  mayores datos que los aportados por estos, entre los cuáles:

Reforma, en su versión electrónica del 23 de diciembre de 2011, señala: “El comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, entregó despensas, medicamentos, cobertores, agua embotellada, juguetes y piñatas, a 69 familias guatemaltecas desalojadas que permanecen en Tenosique, Tabasco, desde el 23 de agosto pasado.”

Asimismo, El Universal, en su versión online de fecha 10 de enero de 2012, señala: “El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán, desmintió que fuerzas federales desalojaran de manera violenta a 71 guatemaltecos asentados en una propiedad ejidal de Nuevo Progreso, municipio Tenosique, Tabasco, ya que en todo momento se preservaron sus derechos humanos.”

“Beltrán del Río dijo que el gobierno federal actúo por razones humanitarias en el rescate de las familias guatemaltecas ubicadas en el municipio tabasqueño desde el 23 de agosto, tras ser desalojadas por la Policía Nacional Civil de su país al estar asentadas en la zona natural protegida de la Sierra del Lacandón.”

“En entrevista con Notimex informó que el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), prepara un informe detallado de la revisión migratoria que se hizo la víspera a los nacionales chapines, antes de ser trasladados a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, donde se encuentran.”

“Es falso (el desalojo), fue una revisión migratoria que se realizó para definir su estatus migratorio en nuestro país. Ya se les había invitado anteriormente, personalmente lo hice el 22 de diciembre y el pasado 3 de enero volví con el jefe de la Unidad de Gobierno de la Segob, a conminarlos a que regresen a Guatemala”, explicó.

Respecto al llamado de diversas organizaciones de derechos humanos sobre los acontecimientos, el comisionado agregó que “seguramente están mal informados, dado que las cosas no ocurrieron como ellos aseguran”.

La comisión dictaminadora coincide en la urgente necesidad que conforme a lo señalado en el artículo 1o. constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de otorgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que México es parte y dar las garantías para su debida protección de toda persona que se encuentre en nuestro territorio, entre ellas a los migrantes extranjeros.

En este sentido, la comisión dictaminadora señala que el fundamento constitucional de la protección de los derechos humanos y garantías, especialmente de los migrantes extranjeros, se encuentra en los artículos 1o. y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente textualmente señalan:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos to das las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Por ello, esta comisión dictaminadora concuerda con los legisladores proponentes en el sentido de que es necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión conozca de las acciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, los ciudadanos secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo federal y el comisionado del Instituto Nacional de Migración han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías, y la debida protección y seguridad personal de los migrantes guatemaltecos que temporalmente se internaron en territorio mexicano; y para que, específicamente, este órgano legislativo actualice su información respecto a los avances que el Gobierno Federal, tenga en relación con el desalojo de las familias guatemaltecas del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco.

De la misma forma, para esta comisión dictaminadora resulta impostergable que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, realice un replanteamiento de sus políticas y programas en materia de seguridad pública, de tal forma que los derechos y garantías de igualdad, libertad, libre tránsito, debido proceso, de todo individuo que se encuentre físicamente en territorio nacional, sean plenamente respetadas; y que, de manera particular, la integridad personal de los extranjeros que por diversas circunstancias, con o sin documentos, transiten o residan en el país sea protegida. Esta Comisión considera que México, a través de sus autoridades competentes, debe otorgar a sus visitantes el mismo trato, de dignidad y decoro, que para sus nacionales demanda a otras naciones, con independencia de su estatus migratorio.

Se destaca que los proponentes, senadores Adolfo Toledo Infanzón y María Elena Orantes López, coinciden sustancialmente en las propuestas anteriores, al solicitar que se esclarezcan los hechos suscitados en la comunidad de Tenosique, Tabasco, así como que se respeten los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos.

También, los integrantes de la comisión dictaminadora ven con simpatía y solidaridad la intención de los proponentes de fomentar el respeto a los derechos humanos y a los organismos de protección de los mismos, por lo que toman en consideración lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que  la letra dice:

B.El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

...

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

...

...

...

...

...

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el jefe de gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

En tal virtud, como lo solicitan ambos proponentes, esta comisión dictaminadora, considera procedente exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que ejerza su facultad de investigación sobre violaciones graves de derechos humanos en el caso de las familias guatemaltecas que fueron desalojadas en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de diciembre del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales, conforme a la competencia que le otorga la Constitución.

Por lo que respecta a la solicitud de pedirle al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, su intervención directa para determinar acciones conjuntamente con el presidente de Guatemala, conducentes a remediar la situación de las familias de los refugiados guatemaltecos, esta comisión dictaminadora considera procedente exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que instruya a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender las negociaciones y diligencias entre la comunidad y el gobierno guatemalteco, a fin de definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de esas familias guatemaltecas.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender las negociaciones y diligencias con el gobierno guatemalteco, a fin de definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de las familias guatemaltecas que se encontraban en el municipio de Tenosique, Tabasco.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Gobernación y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, rindan en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las medidas administrativas y acciones implementadas que han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías, y la debida protección y seguridad personal de los migrantes guatemaltecos que temporalmente se internaron en territorio mexicano; y respecto a su desalojo del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a ejercer su facultad de investigación sobre las posibles violaciones graves de derechos humanos en el caso de las familias guatemaltecas que fueron desalojadas de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de enero del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), policías federales y municipales.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida, diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer (rúbrica), senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Gerardo Fernández Noroña  (rúbrica).»

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Acuerdo de la Primera Comisión, en relación al desalojo de las familias guatemaltecazas en Tenosique, Tabasco.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. Estando a discusión los puntos de acuerdo, esta Presidencia tiene registrado a un solo orador, al senador Julio César Aguirre Méndez; se le concede el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos.

El senador Julio César Aguirre Méndez(desde la curul): Declino, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Declina, muchas gracias. No habiendo oradores registrados, consulte la secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.

MEXICANA DE AVIACION - PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo habíamos comentado previamente, al inicio de esta sesión, quisiera solicitarle a la Secretaría nos dé cuenta con los dictámenes relacionados con Mexicana de Aviación y la comparecencia del señor director general de Pemex, informándonos, por favor, cuántas firmas tienen los dictámenes en comento.

A la Secretaría de Servicios Parlamentarios le ruego me informe del documento relacionado con el dictamen que se recibió de Mexicana de Aviación, en la comparecencia del director general de Pemex.

Me informa la Secretaría de Servicios Parlamentarios que dichos dictámenes no han sido entregados; en consecuencia, no tenemos dictámenes a discusión sobre este particular.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Diputado presidente, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, no soy abogado, soy sociólogo de formación; pero dicen en el argot de los abogados chicanada, cuando se hace alguna cosa como la que estamos viviendo.

He visto chicanadas y esto, que se llamaría de otra forma, pero como me acusan todo el tiempo de malhablado —lo cual es falso, siempre he sido muy cuidadoso en esta soberanía—, no diré el término técnico preciso que debería utilizar en esta ocasión.

Pero si llevamos horas sesionando, se planteó desde el principio el tema, ¿cómo que ahora resulta que hay un hoyo negro en esta Permanente y que en el traslado de la comisión a la Mesa Directiva se ha perdido? Misterio por resolver; necesitamos a Genaro García Luna, poderoso investigador del gobierno de facto para que ubique rápidamente y de manera diligente —aunque parezca redundante—, dónde quedaron esos dictámenes, porque ayer estuvieron en la comisión, fueron discutidos.

Como bien lo comentaba el senador al principio de la sesión, por lo menos el primer dictamen de la comparecencia de Pemex se dio en las mejores condiciones posibles, porque fue al inicio y sin discusión.

En el caso de Mexicana fue una larguísima discusión y creo que se sentaría un gravísimo precedente en la Permanente de que se permitiera este tipo de maniobras para no discutir temas fundamentales de la vida pública nacional.

Si el Partido de Acción Nacional, o quien haga perdidizos estos documentos, está en contra de que comparezca el director de Pemex y está en contra de que se le otorgue un préstamo a la Compañía Mexicana de Aviación para que siga volando, que suba a tribuna a dar sus argumentos y a discutir, pero que no oculte los documentos y que no incumpla con la presentación de estos dictámenes a este pleno, porque hoy deben ser tratados.

Vuelvo a solicitar, con toda firmeza y con todo respeto, que estos temas sean presentados, discutidos y votados en la presente sesión.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor diputado.

El diputado Gerardo Sánchez García(desde la curul): Presidente, para sumarme, ciertamente, a lo que comenta el diputado Noroña; ayer aprobamos el dictamen y lo firmamos; estuvimos 7 a favor, 3 en contra, en donde estamos pidiendo en primer lugar un informe de la Dirección General de Pemex, y en segundo, la comparecencia, para aclarar temas que para nosotros son de interés.

Nos parece muy extraño que el dictamen no esté, porque ayer se nos presentó, lo aprobamos y lo firmamos.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez:Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor senador Rueda.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (desde la curul): Señor presidente, quisiera que se aclarara, ¿o tuvieron el dictamen sin suficientes firmas o no tuvieron el dictamen? Porque se nos dijo una versión al inicio de la sesión y ahorita se plantea una distinta.

Creo que valdría la pena tener seriedad y creo también que, en afán de que no se empantane el trabajo de la Permanente, pudiéramos, frente a la circunstancia que usted nos comparte que no tiene el dictamen a la mano, que dé las instrucciones correspondientes, que se ordene se presente ese dictamen para poder verificar el tema de las firmas y que avancemos, pero que se establezca el compromiso de que desahogados dos o tres asuntos más podamos retomar el tema, una vez que tenga usted el documento a la vista.

El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor senador Toledo.

El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Para sumarnos a lo que planteó el diputado Gerardo Sánchez y Rogelio Rueda. Ayer en la reunión de la Tercera Comisión el 80 por ciento del tiempo que sesionamos tuvo que ver con estos temas; no podemos permitir que se obvie, se deje pasar de lado y no lo estemos atendiendo, cuando ayer se votó y se votaron mayoritariamente estos dos temas, tanto el de Mexicana, como el de la comparecencia y el informe que tiene que presentar el director de Pemex.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Es muy lamentable lo que está pasando en el pleno y con este dictamen, pero una de las facultades que tiene este pleno es instruir a la Mesa Directiva para que si, por la razón que sea se esconde un dictamen, se chicanea un dictamen, se violenta el Reglamento y la Ley del Congreso en este asunto; propongo a la Mesa Directiva, formalmente, someter a consideración del pleno si convocamos, si autoriza el pleno, se convoque al director de Petróleos para que comparezca ante el pleno. No se vale chicanear dictámenes. Que lo resuelva el pleno; resolvámoslo nosotros, pero no permitamos este tipo de acciones.

Propuesta concreta: si no aparece el dictamen resolvámoslo y que se instruya, que el pleno instruya a la Mesa Directiva para que convoque a comparecer el próximo miércoles al director de Petróleos Mexicanos ante este pleno.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Creo que puede ser una salida para el caso de la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos y sólo se le iba a tratar el tema de Repsol; pediría que además se sume el tema de la muy valiente y muy fuerte denuncia de la periodista Ana Lilia Pérez, que en su libro El cártel negro, sostiene que el narco tiene el control de la distribución de petróleo de gas, el robo de derivados de hidrocarburos y la venta a trasnacionales a Estados Unidos de América, que es una denuncia con documentos del gobierno de facto, no es algo que ni se le ocurrió a la periodista y a mí menos, porque en eso tengo poca imaginación y me atento a los hechos.

Sobre el tema de Mexicana, pediría, en base a lo que los compañeros legisladores del PRI han planteado, que para avanzar en los trabajos de esta Legislatura, porque parece hay otro tema también importante que sí está en la agenda, y parece que hay interés de que el tema no se toque, que es Mony de Swaan, que sólo le da contratos a sus amigos, y parece que son contratos muy jugosos y claramente de tráfico de influencias y de graves violaciones a la ley.

Por todo ello, le pediría, diputado presidente, que se planteara un plazo de una hora para que aparezcan esos dictámenes, de tal manera que vayamos avanzando en los trabajos de este pleno, y en una hora veamos qué hay, y si no aparecen, entonces se asuma esta propuesta de que el próximo miércoles comparezca el director de Petróleos Mexicanos y acordemos una redacción con el mismo punto de acuerdo de Mexicana para que sea presentado al pleno a través de la Mesa Directiva, se ponga a su discusión y a su votación.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia señoras y señores legisladores, tiene que regir sus determinaciones apegados a la ley. Vamos a proceder a tomar la siguiente determinación.

Esta Presidencia también —como lo dije al principio— pudo constar, mediante el Canal del Congreso, que esta sesión se desahogó el día de ayer, se abordaron estos puntos y se votaron.

Esta Presidencia no tiene en su poder, porque no ha llegado a la misma, los dictámenes correspondientes; como consecuencia, no puedo poner a discusión un tema que no está fundamentado ni está presentado por escrito por parte de la comisión correspondiente.

Voy a seguir desahogando esta sesión para no retrasarla, pero esta Presidencia le hace un exhorto al señor presidente de la Tercera Comisión, al diputado Arturo García Portillo, para que conjuntamente con los secretarios —permítanme por favor— y en ausencia del señor presidente de la Tercera Comisión, los secretarios informen a esta Presidencia el estatus de estos dos dictámenes, o me lo entreguen para someterlo a la consideración del pleno y tomar las determinaciones correspondientes.

FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Vamos a continuar con la sesión. El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que únicamente se dé lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo, materia de los dictámenes. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al estado y al funcionamiento de las vías asignadas a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el Pleno de la Comisión Permanente, para que explique la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto, suscrita por el senados Rogelio Rueda Sánchez del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 4 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. Los diputados promoventes señalan que, el ferrocarril es un medio de transporte terrestre que ha resultado de crucial importancia para el México moderno, al ser uno de los de menor costo. El traslado de mercancías desde el océano Pacífico hacia el Atlántico ha implicado el aprovechamiento idóneo de la posición geográfica de nuestro país, permitiendo que se tenga un enlace interoceánico interno. Esto se ha realizado a lo largo de varios años por medio del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Exponen que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV es una empresa de participación estatal mayoritaria. El trayecto de las vías que tiene asignadas va entre Medias Aguas, en Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, pasando por Matías Romero, Lagunas e Ixtepec, los tres puntos también en Oaxaca. Dicho sistema tiene una longitud de 207 kilómetros, que aunque pareciera corto, es muy importante en el comercio y economía de nuestro país, ya que conecta nuestras dos costas.

Asimismo mencionan que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) mediante el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999 destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los inmuebles de la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec, y que poco antes, el 3 de marzo de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV (FIT). El FIT se constituyó como sociedad anónima de capital variable el 19 de octubre de 1999, con el objeto de operar la vía general de comunicación ferroviaria de Medias Aguas, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y el de construir, operar y explotar el tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz.

Argumentan los proponentes que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999, destinó al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los inmuebles que constituyen la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec, así como los inmuebles donde se encuentran las instalaciones para la prestación de servicios auxiliares, según se define y especifica a éstos en la propia Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con objeto de que esta dependencia otorgue sobre dichos inmuebles las asignaciones y permisos respectivos en términos de lo dispuesto por la citada Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Señalan que las condiciones en que hoy se encuentran las vías y talleres de mantenimiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec son preocupantes, debido a la falta de atención y al tipo de servicio que se presta a las empresas que transitan por esta ruta, lo que se traduce en una inmediata necesidad de atender la problemática generada. En atención a ello, además, algunos medios de comunicación han publicado que existe una inminente modificación del régimen jurídico por el que se encuentran asignadas estas vías, de una ruta que resulta crucial para el transporte de mercancías en nuestro país.

Por último argumentan que resulta preocupante que se considere la posibilidad de privatizar esta empresa, con el marco jurídico vigente y frente a los magros resultados de la privatización de las otras empresas ferroviarias, que se han convertido en monopolios que limitan el pleno desarrollo del transporte ferroviario en nuestro país e impiden el crecimiento de estos servicios, no sólo desafiando a la autoridad que debiera regularlos, sino lastimando los intereses nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que explique la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por el autor de la Proposición que se dictamina.

No obstante, la Comisión Dictaminadora no estima oportuno solicitar la comparecencia del titular de la SCT, en virtud de que, de acuerdo con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006, estableció como objetivos específicos para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria: ampliar su cobertura y accesibilidad; garantizar la seguridad en zonas urbanas; promover su modernización; facilitar la interconexión de la infraestructura con otros modos de transporte y mejorar la operación de la red.

Esta Comisión estima oportuno precisar que en la actualidad, debido a que los ferrocarriles mexicanos en su mayoría están concesionados en su operación al sector privado, el desarrollo y modernización de la infraestructura ferroviaria descansa principalmente en las empresas concesionarias y en las asignatarias, dentro de las cuales se encuentra la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT). La SCT como autoridad en la materia, vigila el cumplimiento a los compromisos de inversión establecidos en los títulos de concesión o asignación.

Ahora bien, el Gobierno Federal mantuvo el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como empresa paraestatal, por considerar esta ruta como estratégica, atendiendo así la recomendación emitida en su momento por el H. Congreso de la Unión, con la responsabilidad de conservar y rehabilitar la infraestructura a su cargo y atender el despacho de trenes y las telecomunicaciones, en tanto que el Ferrocarril del Sureste (FERROSUR) y el Ferrocarril Chiapas - Mayab, como concesionarios de otras vías troncales en el sureste, proporcionan las tripulaciones y operan los trenes.

Hay que mencionar que durante 2003, el FIT realizó inversiones por 23.5 millones de pesos para la conservación y mantenimiento de los 207 kilómetros de vía y puentes entre Medias Aguas, Ver. y Salina Cruz, Oax., en tanto que los trabajos de rehabilitación de vía con riel nuevo, se ejecutaron en tres kilómetros. Asimismo, se ampliaron dos laderos en la zona de curvatura y pendiente crítica para mejorar la capacidad de encuentros, convirtiéndose esta línea férrea en una de las más confiables, al incrementarse la capacidad de carga de la vía y la velocidad de operación de los trenes.

Por otra parte es de destacar, la inversión generada en 2003 en el subsector ferroviario como resultado del Programa de Convivencia Urbano- Ferroviaria, que busca incrementar la seguridad en el paso del ferrocarril por los centros de población mediante la realización de obras de mejoramiento de la infraestructura, con la cooperación de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los concesionarios. En este rubro, se canalizó una inversión pública por 157 millones de pesos, lo que permitió la edificación de diversas obras, destacando la construcción de pasos a desnivel en avenidas e intersecciones de vías principales en las ciudades de Aguascalientes y de Torreón, Ramos Arizpe y Saltillo en el estado de Coahuila.

En ese sentido, se considera oportuno en una primera etapa, solicitar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informe por escrito a esta Soberanía, la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto; y que derivado del análisis del informe que remita el titular de la SCT a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y, de existir dudas que plantear al servidor público que rinda el Informe en cita, entonces, la Tercera Comisión de Trabajo determine la conveniencia de citar a una reunión de trabajo al funcionario, en donde se puedan aclarar las dudas que los legisladores presenten.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que informe por escrito a esta Soberanía, en un plazo no mayor de una semana contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, de la situación que guarda la asignación otorgada por la dependencia a su cargo a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV, el estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas, el servicio que se presta actualmente y cuáles son las medidas que tiene considerado tomar al respecto.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. Diputado, proceda usted a hacer uso de la tribuna, diputado Fernández Noroña, sobre este punto, estando en la etapa de discusión del mismo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Seré muy breve, no utilizaré los cinco minutos. Sólo quiero comentar, llamar la atención, que es una empresa de ferrocarriles de participación estatal; los ferrocarriles fueron nacionales, fueron del Estado mexicano y del pueblo de México; se privatizaron bajo el argumento que iban a ser los más modernos del mundo: son tan modernos que son invisibles, no existen, no hay transporte de pasajeros desde hace mucho tiempo, y está en una situación dramática.

Creo que esto pasa un poco como con el punto de lo de Obama, se está pidiendo una cosa razonable de información, pero esta soberanía debería plantearse rescatar Ferrocarriles Nacionales; deberíamos volver a reconstruir la vía ferroviaria del Estado mexicano, del pueblo de México; trasladar las mercaderías por ferrocarril, lo cual abarataría el costo, mejoraría las condiciones, generaría empleo, haría las carreteras menos peligrosas, no habría la destrucción.

Dice este gobierno de facto que tienen las mejores carreteras; se ve que no viajan nunca por carretera, están imposibles, la verdad es que están llenas de hoyos y en un estado deplorable, y eso tiene que ver con los tráilers, con toda esta serie de cosas.

Lo que planteo es mi respaldo al punto, pero no quise dejar de comentar que dentro de las prioridades de generación de empleo debería estar el de recuperar Ferrocarriles Nacionales, el de reconstruir la vía férrea, el de volver al transporte de pasajeros por ferrocarril, al transporte de mercaderías y volver a propiedad del Estado mexicano y del pueblo de México toda la estructura ferroviaria.

Cumplí mi compromiso de no tomar los cinco minutos, fue apenas minuto y medio. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, diputado. No tengo mayores oradores; se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

ECONOMIA MEXICANA EN 2012

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita al Bancomext y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con  Punto de Acuerdo por el que se solicita al Bancomext y a la SHCP información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en 2012, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones los proponentes señalan, que en fechas muy recientes y en diferentes foros como la XXIII Reunión de Embajadores y Cónsules de México, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha manifestado que el crecimiento económico previsto para el país para este 2012, no será suficiente respecto de las necesidades básicas en materia de generación de empleos.

Se ha manifestado por parte del Banco de México, así como por organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ante la incertidumbre económica que vivirán naciones europeas, los próximos cinco años, nuestro país tiene que generar un dinamismo interno por medio de cambios estructurales para atraer más inversiones.

El gobernador del Banco de México ha manifestado que la actual es una de las crisis más severas de los últimos 120 años.

Asimismo, se ha manifestado que la morosidad crediticia en nuestro país comienza a incrementarse en niveles mayores y que ello implica riesgos e indicaciones claras y contundentes de desaceleración económica.

En términos anuales, el monto de los préstamos a empresas y personas que cayeron en cartera vencida, pasó de 51 mil 824.2 millones de pesos en noviembre de 2010 a 62 mil 886.9 millones en el mismo mes de 2011, variación que representó un aumento de 22.3 por ciento, la tasa de crecimiento de la cartera vencida, de 22.3 por ciento, superó la dinámica que mostró la asignación de nuevos préstamos, dado que, en el mismo periodo, la cartera de crédito vigente de la banca comercial aumentó 15 por ciento.

Por ello, formulan la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México informe a esta soberanía, de manera pormenorizada, las proyecciones que elaboró para estimar la tasa de crecimiento de la economía mexicana para el año 2012, y los detalles de los indicadores que permiten revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.

Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe y actualice a esta Comisión Permanente del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan ya nuestro país.

II. Esta Comisión Dictaminadora comparte la inquietud de los proponentes en virtud de que, en efecto,

Cabe destacar que, México se destaca por haber mejorado sus fundamentos económicos y fortalecido el marco para la conducción de la política macroeconómica.

La política monetaria implementada por el Banco de México, ha sido enfocada principalmente en procurar la estabilidad de precios mediante una política fiscal prudente, una regulación adecuada del sistema financiero y régimen de tipo de cambio flexible.

Dichos elementos han contribuido a mejorar la confianza en la economía nacional y han permitido atenuar el impacto negativo de choques externos.

Ahora bien, tal y como lo señalan los proponentes, la morosidad crediticia ha ido en aumento en los últimos años, y hay que agregar que la desaceleración de la actividad económica comenzó a elevar los niveles de morosidad en el pago de créditos bancarios de las empresas del sector industrial, los usuarios de préstamos hipotecarios y al consumo. Desde que la economía mexicana cayó en recesión, en 2008, la cartera vencida en préstamos concedidos por la banca comercial a empresas industriales se multiplicó por cuatro, y en el caso del otorgado para financiar la compra de vivienda prácticamente se duplicó, indican datos del Banco de México.

Dicho lo anterior, la que dictamina considera prudente que se le solicite al Banco de México que remita un informe a esta soberanía que contenga los detalles de los indicadores que permitan revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.

Por otro lado esta Comisión considera acertado que se le solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Banco de México remita a esta soberanía, en un plazo que no exceda de una semana contada a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, un informe que contenga las proyecciones que elaboró para estimar la tasa de crecimiento de la economía mexicana para el año 2012, así como los detalles de los indicadores que permiten revisar el incremento de la morosidad crediticia en nuestro país.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión En el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que remita un informe a esta Soberanía en un plazo que no exceda de una semana contada a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, del estado que guardan sus predicciones y estimaciones del desempeño de la economía mexicana para 2012, ante los estudios y proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales autónomos, respecto de los problemas económicos detectados que afectan a nuestro país.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se han registrado oradores se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, secretario.

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Consar que explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con  Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Consar que explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, refieren que durante 2011 las administradoras de fondos para el retiro (Afores) acreditaron la obtención de un rendimiento anual de 5.4 por ciento, el más bajo desde la minusvalía de 2008 (que situó los rendimientos en un alarmante -1.0 por ciento) y el más lejano a 26.9 por ciento, que fue la tasa más alta otorgada en el año 1999.

Asimismo señalan, que 2011 fue un año marcado por la volatilidad en los mercados afectados por la crisis de deuda en Europa que impactó negativamente los rendimientos de casi todos los esquemas financieros y de ahorro.

En atención de lo anterior, establecen que es preocupante no conocer de qué manera afectan las bajas de rendimientos los ahorros de millones de trabajadores, y los esquemas de seguridad social para quienes están inscritos en los mencionados mecanismos de inversión.

Por ello, formulan la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informe a esta soberanía de manera pormenorizada las causas que han provocado la disminución de los rendimientos que obtienen las administradoras de fondos para el retiro (Afores), respecto de los ahorros e inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que informe qué medidas regulatorias ha implementado en el ámbito de su competencia, para garantizar que los trabajadores en nuestro país obtengan los esquemas de inversión más competitivos y de mayores beneficios para su retiro.

Que la Consar informe cuál es el impacto en el ahorro para el retiro de los trabajadores de esta dramática disminución de rendimientos, y si ello también afecta el esquema de seguridad social en el corto y mediano plazos.

II. Esta Comisión Dictaminadora comparte la idea de los proponentes de que es necesario conocer con detalle las causas de la baja de rendimientos de las Afores y, su impacto en la inversión de los trabajadores, así como en la economía mexicana en su conjunto.

Lo anterior, con la intención de dar cumplimiento al objeto para el cual es creada la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) que consiste en proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, desarrollando un entorno de competencia que permita el ejercicio informado de sus derechos, para que obtengan pensiones dignas y de este modo hacer posible la visión de la institución de un México donde los jubilados cuenten con un sistema de previsión social integral de cobertura amplia que les brinde los elementos necesarios para vivir dignamente, con un regulador confiable, eficaz e independiente que garantice una adecuada administración del ahorro para el retiro y contribuya al desarrollo de los mercados financieros y a incrementar la cultura previsional, en un entorno económico y social estable.

Lo anterior, en el sentido de acatar los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, fundamentado en los artículos 25 y 26 constitucionales que disponen:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

De tal modo que se puedan tener elementos suficientes que detallen  las razones de la baja, en materia de rendimientos de los sistemas de ahorro para el retiro y sobre todo, su impacto en la inversión de los trabajadores, así como en la economía nacional en su conjunto, para estar en facultades de propiciar un sistema de ahorro, transparente y sostenible para el pueblo mexicano.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informe a esta soberanía de manera pormenorizada en un plazo que no exceda de una semana a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por la Comisión Permanente, de las causas que han provocado la disminución de los rendimientos que obtienen las administradoras de fondos para el retiro (Afores), respecto de los ahorros e inversiones del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, solicita respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), que remita a esta Soberanía en un plazo no mayor de una semana a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por la Comisión Permanente, un informe en donde especifique qué medidas regulatorias ha implementado en el ámbito de su competencia, para garantizar que los trabajadores en nuestro país obtengan los esquemas de inversión más competitivos y de mayores beneficios para su retiro, así como cuál es el impacto en el ahorro para el retiro de los trabajadores, en relación a la  disminución de rendimientos, y sus consecuencias en materia de seguridad social en el corto y mediano plazos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, secretario.

CASAS DE EMPEÑO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con  Punto de Acuerdo relativo a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria, a cargo de los senadores Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones 

I. En el capítulo de consideraciones los proponentes señalan, que la situación que guarda el sector de casas de empeño es el resultado de la disfuncionalidad de un sistema bancario que presta poco, con altas tasas de interés y elevados requisitos. Las casas de empeño cubren la demanda de los consumidores y usuarios que no puede atender el sistema financiero con la diferencia de que las tasas de interés son hasta cuatro veces más altas que las que cobran los bancos, aun cuando existe una garantía prendaria y una subvaluación incluso de 80 por ciento del valor de prenda.

Manifiestan que en la actualidad a la par de las instituciones dedicadas a la realización de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria con fines de beneficencia, ha emergido un mercado de casas de empeño de giro mercantil con fines de lucro, que aunque realizan el mismo acto pignorante, su objetivo es de lucro y sin ningún beneficio para la sociedad. Hoy, la denominación de casa de empeño funge un papel muy distinto al de la beneficencia, la falta de un marco normativo en relación a su actividad prendaria del orden comercial, ha significado para los usuarios un alud de quejas contra las casas de empeño, como:

a) Elevadas y desproporcionadas tasas de interés prendario.

b) Usura y agiotismo.

c) Abuso en los criterios de avalúo de las prendas.

d) Condiciones desventajosas de los contratos de adhesión.

e) Preeminencia por parte de la casa de empeño para no generar condiciones de pago del préstamo prendario.

d) Crecimiento de la informalidad en el sector.

Continúan argumentando los proponentes que estas instituciones privadas que se encuentran al margen del marco que regula a las instituciones financieras están aprovechando la necesidad de un importante sector de la sociedad para usufructuar con su patrimonio en las peores condiciones en que se puede establecer un contrato civil, empeñar hoy en las casas de empeño mercantil técnicamente significa estar en condiciones similares o peores que la banca comercial, que provoca a los pignorantes la pérdida de sus prendas o un sobreesfuerzo familiar para lograr el desempeño de la prenda en garantía. Este sector de empresas no se encuentra reguladas por las últimas reformas al sector bancario en materia de regulación de comisiones y tasas de interés, que bien vale la pena denunciar desde esta tribuna, esas reformas no han servido para generar competencia ni para bajar las excesivas tasas de interés crediticio.

Refieren que de acuerdo al presidente de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), Adolfo Vélez Muñoz, dijo que de las 6 mil 500 casas de empeño que se tienen localizadas, entre 20 y 25 por ciento se estima operan fuera de la ley, es decir, entre mil 300 y mil 650 entidades informales. Estas seudocasas de empeño, que en su mayor parte iniciaron como agiotistas y luego fuera de la ley emigraron a ser casas de empeño, cobran una tasa mensual de entre 20 y 25 por ciento cuando una entidad regulada aplica rédito de 10 por ciento en promedio, dependiendo de la región. Antes de la existencia de las casas de empeño privadas se ubican en una gran parte de las localidades del país, ahora se encuentran concentradas en las zonas más apartadas y se enfocan en los sectores de la población de menores recursos y cobrando tasas de interés que se traducen hasta en 300 por ciento anual.

Señalan que hoy en México, la verificación a casas de empeño responde a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007. Según información oficial, en México de cada 100 personas que recurren a empeñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen en alguna de las instituciones de asistencia privada no lucrativas, y el resto, 34, son clientes de negocios prendarios privados. Para la gran mayoría, 84.2 por ciento, es una alhaja de oro el artículo que se empeña.

Argumentan que los datos anteriores son resultado de un estudio de opinión realizado en diciembre de 2008 y enero de 2009 por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer el comportamiento de los mexicanos que, sobre todo después de los periodos vacacionales de fin de año y de Semana Santa suelen visitar los sitios de préstamo prendario para aliviar los apuros familiares luego de haber gastado más allá de lo que sus economías les permite.

Exponen que de acuerdo a la nota del periódico Reforma del pasado 4 de enero de 2011, sobresalen los siguientes datos en el contexto de la cuesta de enero de este año: a) el costo anual total (CAT) en las casas de empeño va desde 60 hasta 260 por ciento, que son niveles muy altos respecto a las tasas de interés anuales de las tarjetas de crédito, y que actualmente se registran hasta tasas de 1099 por ciento anual en el préstamo de casas de empeño, estas tasas de interés que se justifican incluyen el refrendo que es un concepto que incluye los costos por custodia, gastos de operación, seguro e Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Manifiestan que los plazos para pagar en las casas de empeño son de entre tres y cinco meses, lo cual se determina en el contrato y otro aspecto para tomar en cuenta es que en algunas casas, la fecha de pago es a los 30 días de que se recibió el préstamo. En cambio, en otras casas, las fechas límite de pago con los días 20, 30 y 31. Al no pagar a tiempo, las personas que empeñan pueden hacerse acreedoras a intereses moratorios que fluctúan entre 0.26 y uno por ciento. Para darnos cuenta la magnitud de los abusos de las casas de empeño, tomando de referencia el costo anual total (CAT), que es instrumento de medición del sistema financiero aplicado para este tipo de instituciones comerciales, crédito hipotecario 14.24 por ciento; tarjeta de crédito clásica 42.8 por ciento; crédito a pagos fijos comercios 114.8 por ciento; empeño en instituciones de asistencia privada 120 por ciento y en los actos de empeño en casas comerciales 257 por ciento.

Con relación al tema de la supervisión y regulación tanto del sector bancario y de las casas de empeño no es menor, debido a la difícil situación por la que atraviesan miles de familias mexicanas y a la falta de empleo que se vislumbra en el país en este año, los empeños crecerán entre 10 y 13 por ciento con relación al año pasado y se dispondrá de 18 mil millones de pesos destinados para este tipo de préstamos prendarios.

En materia de regulación de las casas de empeño, argumentan que existen varios proyectos de ley en el Senado de la República que tienen el propósito de establecer una reglamentación a nivel federal que tenga por objeto regular las excesivas tasas de interés prendario, combatir la informalidad y ampliar los derechos del consumidor,presentados en su momento por los senadores Tomas Torres Mercado, Rubén Velásquez, Máximo García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Dante Alfonso Delgado, Minerva Hernández y René Arce, quienes han propuesto diversos proyectos en la materia, considero indispensable abrir el debate en las comisiones respectivas del Senado a fin de establecer una legislación para regular los abusos, los robos, el agiotismo, la usura, que usufructúan con la necesidad de los más pobres.

Refieren que la Cámara de Diputados hizo su parte al enviar una minuta a la Cámara de Senadores, por la que se reforma los artículos 65 Bis y 128 y se adicionan los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objeto de aclarar la definición de casa de empeño, de forma que abarque todas las instituciones que conforman el sector prendario. Además de fortalecer las facultades de supervisión y control de la Profeco mediante la creación de un registro público de casas de empeño, garantizar al consumidor que la casa de empeño no desaparecerá sin cumplir sus obligaciones mediante constitución de fianzas o garantías; y otras disposiciones en materia de transparencia. La Mesa Directiva del Senado de la República recibió dicha minuta el 20 de octubre de 2011 y la turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su estudio y dictaminación.

En este sentido, consideran necesario y de manera urgente que la Profeco, en el uso de las atribuciones legales que actualmente cuenta, implemente un programa de verificación y supervisión a las entidades mercantiles que realizan actos de empeño a fin de proteger los derechos de los consumidores que tienen la necesidad de recurrir frente a la necesidad de sus gastos ante la cuesta de enero. Asimismo, consideramos que la Comisión Permanente debe hacer un exhorto en el pleno respeto de los plazos establecidos por las disposiciones reglamentarias, a los presidentes de las Comisiones de Fomento Industrial, y Estudios Legislativos, Segunda, que tienen en su poder.

Asimismo los proponentes consideran indispensable, que el Banco de México de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley para el Ordenamiento y Transparencia de los Servicios Financieros emita disposiciones para regular las excesivas tasas de interés relacionadas con el préstamo crediticio y mejorar las tasas de interés por mantener nuestros ahorros, que en muchos casos, dichas tasas son menores que la inflación.

Por ello, formulan la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Bernando Altamirano Rodríguez, ampliar la supervisión y sanciones sobre las empresas mercantiles dedicadas a contratos de mutuo con interés y garantía prendaria denominadas “casas de empeño”, que cometen abusos contra la población de menos recursos a través de elevadas tasas de interés prendario y subvaluación de las prendas, a fin de garantizar los derechos de los consumidores.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de dictaminar aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen por objeto la regulación de las empresas mercantiles dedicadas a los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que actualmente radican en sus comisiones.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Banco de México para fortalecer las acciones regulatorias de las excesivas tasas de interés en el sector crediticio a fin de mejorar el acceso y las condiciones de préstamo a los usuarios del sector financiero.

II. Esta Comisión Dictaminadora considera prudente señalar la actividad de las casas de empeño se encuentra cubierta por el marco jurídico vigente a nivel nacional.

Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que su actividad se encuentra protegida por la garantía individual establecida en el Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que protege la libertad de ejercer el comercio e industria, al disponer que:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

De conformidad con la disposición aplicada, cobra valor el principio del derecho privado de que los particulares pueden realizar cualquier actividad que no se encuentre expresamente prohibida (a diferencia de los principios que aplican al derecho público), por lo que las actividades que realizan las casas de empeño son legítimas y no violan ninguna disposición legal vigente.

Además, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor, de manera expresa regulan la actividad de éstos establecimientos y de sus operaciones en su calidad de actos de comercio, siendo aplicable la legislación civil de manera supletoria. Derivado de lo anterior el artículo 75 fracción X del Código de Comercio dispone que:

La ley reputa actos de comercio:

X. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda;

Y por tanto son aplicables, el artículo 1º y 2º  del Código de Comercio, que manifiestan que:

 “ los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicable” y que “a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal”.

Dicho lo anterior, resulta evidente que la actividad de éstos establecimientos y de sus operaciones son actos de comercio, mismos que se encuentran sujetos a manifestación de la voluntad de las partes, por lo que la Procuraduría del Consumidor podrá en su caso ejercer las facultades que la Ley le confiere solamente si alguna de las partes incumple con lo pactado en el contrato de que se trate, por lo que, desde el punto de vista de la que dictamina, la Procuraduría Federal del Consumidor no tiene facultad alguna para ampliar la supervisión y sanciones sobre dichas empresas mercantiles.

Por otro lado cabe señalar que las operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria que realizan las casas de empeño, no pueden ser considerados como servicios financieros o actividades auxiliares de crédito, en atención a que tienen un carácter eminentemente privado y mercantil, por lo que, Banco no México no se encuentra facultado para fortalecer las acciones regulatorias a fin de mejorar el acceso y las condiciones de préstamo a los usuarios de este sector, que no es del orden financiero.

Por último, esta Comisión Dictaminadora considera prudente que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de dictaminar aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen relación con la materia.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión; Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Segunda, para que dictaminen aquellos proyectos de iniciativa de ley que tienen por objeto la regulación de las empresas mercantiles dedicadas a los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, que actualmente radican en sus comisiones.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit, suscrita por el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de ésta comisión realizaron el estudio y el análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de ésta Tercera Comisión que suscriben, someten a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de Enero de 2012, y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. En el capítulo de consideraciones el Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD, refiere que los estados del norte del país, productores de frijol de temporal, fueron afectados por fenómenos climáticos; sequía y heladas que repercutieron significativamente en la disminución de los volúmenes de producción de esta leguminosa, situación que impactó de manera significativa en los inventarios, por lo que no es arriesgado pensar en un desabasto de frijol en el país.

Asimismo, señala que las organizaciones nayaritas perdieron dinero entre el precio de compra y el precio de venta del frijol, además de los gastos de operación, por el desplome producido por la política de Aserca, la que impactó el precio del frijol en los mercados de mayoreo, aunque el precio al menudeo nunca bajó para los consumidores.

Así, establece que por las operaciones del ciclo anterior, las organizaciones quedaron en cartera vencida, ya no pudieron dar crédito a los productores y solamente se les proporcionaron algunos insumos, como pequeños préstamos, semillas, fertilizantes y en algunas ocasiones apoyos para el trabajo de preparación de tierras.

En virtud de lo anterior, al entrar en cartera vencida, las organizaciones ya no pudieron cumplir con el papel que habían venido desempeñando por más de 10 años, gracias a una política equivocada implementada por Aserca.

Por ello, formula la siguiente proposición con punto de acuerdo:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), licenciado Francisco Javier Mayorga Castañeda, a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, con el objeto de resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol de ese estado, en la cosecha 2009-2010 de frijol negro jamapa.

II. Esta Comisión Dictaminadora comparte la idea del proponente, en cuanto a que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe intervenir en la problemática causada por las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol en el estado de Nayarit, en la cosecha 2009-2010 de frijol negro jamapa, por el daño sufrido por las equivocadas políticas de Aserca.

Lo anterior, en atención a que Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), constituye un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y que desde el punto de vista de esta dictaminadora, incumplió con el propósito para el cual fue creado y que consiste en ser un instrumento para el impulso a la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados; y no lo contrario, como es el caso, perjudicar la actividad agropecuaria de toda una región.

Bajo el mismo contexto, el objeto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar un programa emergente para el apoyo de los productores de frijol del estado de Nayarit, con el objeto de resarcir las pérdidas que sufrieron las organizaciones de productores de frijol de ese estado, en la cosecha 2009-2010 de frijol negro jamapa.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de Enero de 2011.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. Sí, senador, tiene usted el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos.

El senador Jesús Garibay García: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, es muy oportuno este dictamen, en relación con este punto de acuerdo de apoyo urgente a los productores de frijol de Nayarit, pero no sólo es Nayarit, es Zacatecas, es el país, en general.

¿Por qué mi apoyo al mismo? Recuerdo que en el mes de abril de 2011, el secretario de Economía pretendió forzar al Senado de la República para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio con Perú; nos hablaron de todas las bondades que éste tenía, pero se les había olvidado un pequeño detalle: no habían escuchado al sector agropecuario de este país, y ahí estuvo en el Senado de la República, 10 meses, el instrumento esperando su aprobación.

Finalmente, convencieron a los señores senadores del PAN, a los señores senadores del PRI, a los señores senadores del Verde que votaran a favor y lo aprobaron.

Les dijimos hasta el cansancio que no podíamos enviar, no podíamos exponer los productos agropecuarios de este país a cambio de ir a vender pañales, lavadoras, bicicletas; que por cierto, el 90 por ciento de lo que va a ir de México a Perú es de trasnacionales, que simplemente nos utilizan como puente.

Ahora empiezan a salir las realidades; la Secretaría de Agricultura ofreció un programa —desde luego en el papel— inédito, salvarían al campo mexicano; el secretario de Economía dijo lo mismo, pero la triste realidad la tenemos ahora en los hechos, requieren los productores de frijol, apoyo y apoyo urgente.

Pero esto es sólo un botón de muestra, vendrán más; la sequía, la desnutrición y la hambruna que empieza a presentarse en este país los hará reaccionar, ya verán.

Por eso mi voto a favor de este punto de acuerdo y mi más sentido pésame para los que votaron a favor el Tratado Libre Comercio con Perú, porque ahora estamos llegando a la cruda realidad. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor senador. No tengo oradores registrados; en consecuencia, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al cierre del relleno sanitario Bordo Poniente, suscrita por el senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El senador promovente refiere cuáles son las actividades esenciales y formales del Estado; y hace mención que los servicios públicos son actividades técnicas enmarcadas en el derecho público que son brindadas por el Estado, no obstante de que pueden ser proporcionados por particulares.

Que dentro de los servicios públicos se encuentra la recolección de objetos sólidos y desechos orgánicos, que es una actividad encomendada a alguna representación estatal, de conformidad con la fracción III del artículo 115 Constitucional, para el caso de los municipios, y los artículos del 69 al 75 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para la Ciudad de México.

Menciona el promovente que la recolección de objetos sólidos y los desechos orgánicos se encuentra relacionado con la salubridad pública, y ésta a su vez con el orden público; por lo que es importante no descuidar dicha actividad porque generaría un problema mayúsculo para la sociedad.

El senador refiere que en días pasados, derivado del cierre del Bordo Poniente se ha generado una serie de problemas en la recolección de basura en la Ciudad de México. Que fue cerrado el pasado 20 de diciembre de 2011, no obstante que debió cerrar el 15 de enero de 2009, pero que por acuerdo de la Semarnat y el Gobierno del Distrito Federal, se consideró pertinente ampliar el plazo para suspender la recepción de desechos (http://impreso.milenio.com/node/9082239).

Que debido al cierre del Bordo, los habitantes de la Ciudad han recurrido a confinar sus desechos en diversos puntos de la vía pública, lo que conlleva un problema de salubridad y podría exigir la intervención del Consejo de Salubridad General, establecida en el artículo 73, fracción XVI Constitucional.

Señala que existe un problema respecto a la negativa de los gobiernos vecinos de la ciudad, por no recibir los desechos generados en la misma. Por lo anterior, menciona que existe la preocupación por la situación que se vive ante el cierre del relleno sanitario, y que resulta preciso tomar acciones que permitan mantener limpia la ciudad y aprovechar los desechos generados para generar composta, energía eléctrica, entre otros.

Razón por la cual considera oportuno solicitar del Ejecutivo federal información al respecto, y propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar la razón del cierre del Bordo Poniente sin antes contar con un plan de solución para la captación de los desechos generados en la ciudad;

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a informar si se cuenta con estudios o si concibe la posibilidad de aprovechar los desechos de la ciudad, no sólo a través del biogás, sino también a través de la generación de composta o alimento para ganado a partir del tratamiento de éstos.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por el autor de la proposición que se dictamina.

La comisión dictaminadora coincide con el promovente en la importancia de atender la problemática que se ha generado con la basura en la Ciudad de México. Que es un hecho notorio en los últimos días, que derivado del cierre del relleno sanitario Bordo Poniente, en diversas zonas de la Ciudad de México han proliferado los tiraderos clandestinos, la acumulación de basura y demás desperdicios, propiciado también por la dificultad que representa en estos momentos la descarga de desechos en otros sitios, lo que pone en riesgo la salud de las personas que habitan la Ciudad y el orden público.

Que en efecto, tal como lo señala el senador promovente, el Distrito Federal en coordinación con la federación, estados y municipios, y de conformidad con los acuerdos suscritos entre las entidades, deben prestar el servicio público de recolecta de objetos sólidos y desechos orgánicos que se generen, tal como se establece en el artículo 69 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que a la letra dice:

El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados y Municipios en las zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materias de asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública.

Asimismo, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, se aprobó un punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Semarnat y a la Profepa para que inspeccionen y evalúen la observación de las normas ambientales durante la operación de depósito de basura del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México, e informen sus conclusiones, y que establece en sus resolutivos lo siguiente:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a establecer a la brevedad posible un fondo para el financiamiento de nuevos rellenos sanitarios a fin de hacer frente a la emergencia metropolitana por la clausura del denominado Bordo Poniente.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y al jefe de gobierno del Distrito Federal a realizar una inspección a fin de evaluar la observación de las normas ambientales correspondientes durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal en rellenos sanitarios del estado de México.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al jefe de gobierno del Distrito Federal a presentar a esta soberanía, en el curso del primer trimestre de este año, un informe detallado que contenga las conclusiones principales derivadas de esta inspección.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a observar escrupulosamente la Norma Oficial Mexicana NOM-083 de la Semarnat en la operación de los rellenos sanitarios en el territorio estatal, así como durante el proceso de diseño y construcción de nuevos rellenos sanitarios.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al jefe de gobierno del Distrito Federal a establecer un programa de compensación a las comunidades afectadas, de fortalecimiento de los servicios de salud y de obra pública e infraestructura complementaria –de acuerdo con lo establecido en la NOM-083 para los sitios de disposición final– en los municipios de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.”

Como puede apreciarse, es interés del Poder Legislativo el tema en estudio, por lo que en el marco de respeto a la soberanía estatal, la Comisión Dictaminadora considera prudente, realizar el exhorto materia del presente Punto de Acuerdo, a efecto de dar continuidad y seguimiento a la problemática que vive el Valle de México, así como ampliar el exhorto a los Gobernadores de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los Gobernadores de los Estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, a informar la razón del cierre del Bordo Poniente, así como el plan de solución para la captación de los desechos generados en la ciudad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a los Gobernadores de los Estados de Morelos, Puebla y el Estado de México, a informar si se cuenta con estudios o si concibe la posibilidad de aprovechar los desechos de la ciudad, no sólo a través del biogás, sino también a través de la generación de composta o alimento para ganado a partir del tratamiento de éstos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica en contra), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo. Diputado Fernández Noroña, tiene usted el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para manifestarse en contra de este punto de acuerdo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros legisladores, compañeras legisladoras, ahora resulta que están muy preocupados por el manejo de la basura en el Distrito Federal. No, hombre, qué solidarios son.

La verdad es que al Distrito Federal nos tratan como ciudadanos de segunda; somos el único lugar del país que no tenemos derechos plenos, todos los estados tienen un gobernador, tienen una Cámara de Diputados, tienen Constitución Política local y a los capitalinos se nos ha negado este derecho.

Tendríamos la Constitución Política más avanzada del país; tendríamos un gobernador y una Cámara de Diputados local que permitiría tomar nuestras propias decisiones y no que nos estén agarrando todo el tiempo aquí en la Cámara federal y chantajeando para que votemos a favor un presupuesto, que es totalmente contrario al interés nacional, pero que si no se vota a favor entonces le van escatimando los recursos al gobierno del Distrito Federal.

Sólo por poner un ejemplo, el año pasado aumentó de 137 mil a 138 mil millones de pesos el presupuesto, sólo mil millones, con una serie de necesidades muy grandes; se nos da la mitad de lo que aportamos, mientras que la mayoría de los estados reciben el 80 por ciento de su presupuesto de dinero federal.

Ahora se quiere utilizar el asunto del manejo de la basura para golpear al gobierno de la ciudad, para golpear a la izquierda, para decirlo claro.

Creo que sí hay un problema que hay que resolver y es que el Distrito Federal no tiene territorio para manejar sus desechos; está absolutamente poblado, no tiene más que la posibilidad de recurrir a los estados circunvecinos para el manejo de sus desechos.

Se ha estado provocando un problema al bloquear el acceso a los tiraderos, lo cual generó una crisis, que afortunadamente el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard pudo resolver de manera adecuada, y ayer en la discusión mejoró la redacción, no hay duda, porque sólo se le pedía información al jefe de gobierno y ya se incluyó a los estados que tienen que ver también con la problemática.

Pero me parece un uso electoral, un uso de tinte partidario y no una legítima preocupación sobre un problema, que por cierto, no es ningún consuelo, pero es un problema de todos los estados de la República.

Creo que deberíamos inclusive avanzar en una legislación que diera un marco para tener un mejor manejo de las basuras; es dinero finalmente que está ahí tirado literalmente. Tenemos que mejorar las condiciones de respeto al medio ambiente.

Todas las preocupaciones se comparten. Lo que no comparto es que se utilice de manera —espero no les escandalice el término, es un término usado y perfectamente establecido en el Diccionario de la Real Academia Española— hipócrita la preocupación sobre el tema del manejo de la basura, insisto, con intencionalidad de golpear al gobierno de la Ciudad.

Por lo tanto, manifesté desde la comisión mi posición en contra de este dictamen, de este proyecto y por supuesto, decidí no dejar de hacerlo aquí en el pleno; no tengo duda de que con el voto mayoritario será aprobado y de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Marcelo Ebrard, dará una respuesta puntual a lo que se está planteando, pero hay un trato parcial, hay un trato sesgado, hay un trato de doble rasero en la manera en que este tema se está considerando.

No veo preocupación por el manejo de las basuras de todos los estados de la República, la contaminación, la problemática, las dificultades que existen a lo largo y ancho del país; y sí la veo muy interesada en el gobierno de la Ciudad. Muchas gracias por su atención, compañeros legisladores, compañeras legisladoras.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la senadora Adriana González.

La senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, señor presidente. Quiero hablar en pro de este punto de acuerdo y recordar lo que la semana pasada debatimos al respecto del tema de la basura; aquí, en este pleno de la Comisión Permanente, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de México y al gobierno del Distrito Federal a brindar una solución integral a este problema.

Decía que en el estado de México nosotros mandamos el agua al Distrito Federal y nos regresan la basura; dos mil toneladas están recibiéndose de basura en el estado de México, y entendiendo que es un problema ciertamente con una visión metropolitana y que también tiene que haber la colaboración de ambos jefes de los poderes ejecutivos, jefe de gobierno y gobernador del estado de México, incluso aquí justamente, quienes estaban cuidando que hubiera en los resolutivos elementos de visión integral, se pidió que se sumara al jefe del Distrito Federal.

No se trata de un tema electoral, no se trata de pegarle a nadie simplemente por el hecho de subir a tribuna y señalarlo, aquí se ha dicho de manera muy respetuosa que es un problema metropolitano y que tenemos que velar por los intereses de la gente.

Las personas vecinas, aledañas a estos rellenos sanitarios, siguen quejándose hasta el día de hoy, que no han sido consideradas sus demandas, sus demandas que tienen que ver, por ejemplo, con que en esos rellenos sanitarios puedan laborar, para que haya campañas de salud alrededor de sus comunidades para garantizar que haya condiciones óptimas de vida.

Por supuesto, también lo que solicitan es que haya la infraestructura que les permita también compensar esta localización en estos cuatro municipios del estado de México, donde actualmente se están recibiendo todos los desechos del Distrito Federal. Aquí también se dijo, diputado Fernández Noroña, que el jefe de gobierno del Distrito Federal ha sido reconocido a nivel internacional por muchas cosas a favor del medio ambiente. Yo hago lo propio.

Sin embargo, en el tema de la basura tiene un déficit pendiente, y hoy no podemos permitir los ciudadanos del estado de México que no se atiendan nuestras demandas y que no haya compensación por este daño que hoy se está haciendo al estado de México, resolviendo un problema metropolitano, pero que tampoco se ve con claridad que el gobierno del Distrito Federal tenga un plan para poderlo atender a la brevedad.

El día viernes, el día sábado, pasado, los pobladores cerraron las vialidades, las carreteras locales, para reclamar que las autoridades estatales y las autoridades municipales siguen sin atender sus demandas.

Por eso pido que con mucha responsabilidad, aquí en tribuna, este tema se aborde; lo que se pide es que actúen, lo que se pide es que respondan las demandas, lo que se pide es que verdaderamente se compense con justicia esa pérdida en el patrimonio de las personas, ese riesgo sanitario que hoy existe y adicionalmente las empresas también dejen algo a la comunidad.

No se puede solamente —y esto lo han dicho varios alcaldes, lo pueden revisar en la prensa—, no solamente se puede permitir que el gobierno del estado instruya que se aprueben en el estado de México, en Xonacatlán, en Tecámac, en Cuautitlán Izcalli y en Ixtapaluca, que simplemente así, a ojos cerrados, se aprueben las licencias, porque debo de señalar que estos rellenos sanitarios, hasta el día de hoy, siguen sin contar las licencias, porque no han sido aprobados por los cabildos, porque no ha habido respuesta a las demandas ciudadanas.

Creo que ese es el punto y yo más bien con su compromiso social lo exhorto a que justamente escuchen a la gente y atiendan sus demandas. Gracias.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul). Presidente, para alusiones personales.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene usted el uso de la tribuna para alusiones personales.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Primero quiero agradecer el tono de la senadora González, no la conocía; la verdad es que es una legisladora joven, me parece muy talentosa.

Lástima que la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados no tenga algún cuadro así, hubieran sido mucho más equilibrados los debates; están medio ausentes legisladores con fuerza en el debate, porque es un gusto además intercambiar puntos de vista con una legisladora que está planteando razones y no descalificaciones.

Tan atiendo lo que expuso en tribuna, senadora, que me voy a abstener, no votaré en contra, porque sigo viendo un tufillo electoral en el tema. Pero comparto la preocupación de que se atienda el asunto de fondo, que es un problema metropolitano, que es un problema muy serio.

Lo único que no quiero dejar pasar, sobre todo por eso pedí la palabra por alusiones, es que el estado de México nos da el agua y nosotros les damos la basura. No, nosotros subsidiamos de manera muy importante al estado de México; un número muy importante de pobladores del estado de México vienen a hacer toda su vida a la ciudad; se transportan en nuestro transporte subsidiado, accesible a la gente; comen en nuestras zonas, que son mucho más baratas que las del estado de México.

En la zona conurbada del estado de México, viví y crecí en la zona conurbada de Tlanepantla y es mucho más cara en todo: la comida, el transporte, la renta, los servicios; todo es mucho más caro.

La gente del estado de México es bienvenida en la ciudad a trabajar, a hacer su actividad en la escuela; muchos vienen a la escuela a la Ciudad de México y no al estado de México, porque los gobiernos priistas del estado de México se han olvidado de todo eso.

A pesar del presupuesto que tienen, no han construido ni medio milímetro de metro en la zona conurbada ni en ningún lugar del estado de México; no han respondido a los grandes problemas de vivienda, de salud, de educación, de servicios que requiere la población de aquella entidad.

Ciertamente la Ciudad de México requiere de agua que le viene de varios lugares; uno, del estado de México, y requiere de espacios, de territorio para los desechos de basura; es un problema del crecimiento que nosotros no decidimos y que nos encontramos con esta problemática, pero siempre somos sensibles a los reclamos sociales, siempre sensibles a las razones, siempre sensibles a resolver los problemas de fondo.

No tengo duda de que el jefe de gobierno de la ciudad responderá, como ha sido su característica —y usted misma la reconoce—, con sensibilidad, con responsabilidad y con altura lo aquí planteado.

Dejo, de cualquier manera, mi señalamiento de que encuentro —no en su intervención pero sí en el dictamen— un tufillo electoral que queremos dejar de lado y atender el problema de fondo.

De verdad, le reconozco su intervención y le reconozco su talento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Ya no tenemos registrados oradores; en consecuencia, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

TRAFICO DE MEDICAMENTOS APOCRIFOS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia, suscrita por el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El senador promovente hace referencia a una publicación del diario Excélsior,en el cual se menciona la muerte de al menos 5 personas, a consecuencia del tráfico de medicamentos de contrabando o pirata.

Que de acuerdo con el director de Operación Sanitaria de la Cofepris, se trata de un problema inmenso, toda vez que los productos se están vendiendo en lugares establecidos, además de que involucra de manera directa la salud de las personas.

Refiere el promovente que la Procuraduría General de la República (PGR), ha establecido que existen bandas criminales perfectamente organizadas, para el contrabando y venta de medicamentos en el territorio nacional; que las sustancias las traen de Asia, Europa, Estados Unidos; y que las medicinas las fabrican con sustancias de dudosa procedencia, o se comercializan medicinas caducas.

Que en lo que va del sexenio se han decomisado 175 toneladas de medicinas de contrabando, caducas y apócrifas en operativos que ha realizado la PGR, junto con la SHCP y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Asimismo, menciona que la PGR ha registrado que en varias entidades de la República Mexicana existe la problemática de venta de medicamentos falsificados, caducos o de contrabando.

El Senador concluye manifestando la preocupación por la grave situación, y propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que envíe un informe con las medidas que se están tomando para poner un freno a la venta de los medicamentos falsificados, caducos o de dudosa procedencia.

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud organizar intensas campañas donde se advierta a la población sobre las consecuencias y riesgos por la compra de medicamentos en mercados sobre ruedas, caducos o de dudosa procedencia.

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que remita un informe sobre las medidas que se están implementando para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por el autor de la Proposición que se dictamina.

Que corresponde a la Secretaría de Salud ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En ese sentido, el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud dispone cuáles son las atribuciones de la Cofepris, y que por guardar relación con el punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Dictaminadora considera pertinente referir, entre las que se encuentran, las siguientes:

...

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:

Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento básico;

Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud;

Ejercer el control y vigilancia sanitarios de la publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta Ley y sus reglamentos;

Participar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Salud, en la instrumentación de las acciones de prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia epidemiológica, especialmente cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios derivados de los productos, actividades o establecimientos materia de su competencia, y

De conformidad con las atribuciones de la Cofepris mencionadas, se deduce que esa Comisión está encargada de hacer el control y vigilancia sanitaria de los medicamentos que se venden en el territorio mexicano, del control de la importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos; por lo que la Comisión Dictaminadora coincide con el Senador promovente en solicitar a ese órgano desconcentrado que informe a esta Soberanía sobre las medidas que ha tomado y pretende tomar para poner un freno a la venta de medicamentos falsificados.

Asimismo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Salud, organizar los servicios sanitarios en el país, así como crear congresos sanitarios, que a la letra establece:

A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República;

Organizar congresos sanitarios y asistenciales;

En ese sentido y toda vez que dichas atribuciones guardan relación estrecha con el resolutivo segundo del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de realizar un exhorto a la Secretaría de Salud, a efecto de que en el ámbito de su competencia organice campañas para advertir e informar a la población sobre las consecuencias que produce la compra de medicamentos caducos o de dudosa procedencia.

La Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de establecer mecanismos que vayan enfocados a garantizar el empaque y la autenticidad de los medicamentos, a efecto de combatir la falsificación de los productos que puedan generar problemas de salud a los ciudadanos, razón por la cual se coincide con la propuesta del Senador, para que el Ejecutivo federal pueda hacer llegar a esta Soberanía información sobre las medidas que se están tomando para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, o de dudosa procedencia.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, solicita respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que envíe un informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a una semana, contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, sobre las medidas que se están tomando para poner un freno a la venta de los medicamentos falsificados, caducos o de dudosa procedencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría de Salud, a organizar campañas de información para advertir a la población sobre las consecuencias y riesgos que produce la compra de medicamentos en mercados sobre ruedas, caducos o de dudosa procedencia.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre Poderes, solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, que remita un informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a una semana, contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, sobre las medidas que se están implementando y se pretenden implementar, para detectar los cargamentos de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez.»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto. Adelante, señor secretario.

CADENA PRODUCTIVA CAFE VERACRUZ

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover la cadena productiva café Veracruz y apoyarla económicamente

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a promover y otorgar apoyos económicos para la Cadena Productiva Café Veracruz, suscrita por el senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. El senador promovente refiere que el Estado de Veracruz es productor nacional de café en el país, con café arábiga de alta calidad y que compite con los mejores del mundo.

Menciona que más de 86 empresas forman parte del Consejo Regulador del Café Veracruz con denominación de origen. Que dicho Consejo es un organismo apartidista, promotor y garante del café que produce Veracruz.

Continúa el promovente refiriendo que el pasado 8 de noviembre de 2011, representantes del Consejo Regulador sostuvieron una reunión con Senadores de la República, quienes dirigieron un oficio al Secretario de Economía para informar que las empresas que forman parte del Consejo Regulador realizan diversas estrategias para posicionarel producto a nivel estatal y nacional para fomentar su consumo y refrendar el reconocimiento ganado en diversas partes del mundo; que se requiere el apoyo del Gobierno Federal, a través del Programa Fondo Pyme.

Señala que después del envío del oficio a la Secretaría de Economía, se tuvieron encuentros con el subsecretario para la Pequeña y Mediana Industria, quien aseguró que el punto estaba aprobado; no obstante, no se les ha apoyado con el resolutivo. Que en ese sentido, los empresarios miembros del Consejo Regulador han solicitado nuevamente el apoyo de los legisladores federales, para que sean atendidas sus demandas y problemática.

Por lo anterior, propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del la Secretaría de Economía, licenciado Bruno Francisco Ferrari García de Alba, a que de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 34 de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenga a bien atender los siguientes puntos:

1) Se apruebe, a través del Programa del Fondo PyME, la campaña de Promoción del Café Veracruz con denominación de origen, registrada en la Secretaría de Economía, con el folio FP2011-1340.

2) Se otorgue al Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, el apoyo económico que requiere para alcanzar el posicionamiento de calidad que tiene el café veracruzano.

3) Que se brinde apoyo y asesoría técnica a los productores de Café en el estado de Veracruz.”

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora comparten la propuesta realizada por el senador promovente , al tenor de lo siguiente:

Que de acuerdo con datos vertidos por la Secretaría de Economía, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) representan más del 95% del total de las empresas y en ellas laboran, aproximadamente, el 90% de los trabajadores; que en ese sentido, la Secretaría de Economía, a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa otorga apoyos de carácter temporal a programas y proyectos que fomentan la viabilidad de las empresas que se están gestando o aquellas que comienzan a emprender; el desarrollo sustentable y productivo de las empresas activas, así como la consolidación y la competitividad de este sector.

Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de Economía, entre las que se encuentran las siguientes:

A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;

Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales;

Que las políticas de apoyo y fomento para la competitividad de la PyMES se debe hacer a través de la concurrencia de la Federación, los Estados y los sectores; y que ese apoyo atenderá a las necesidades y la vocación de cada región; tal como se establece en el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que establece:

La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de los Municipios, así como de los Sectores;

Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y municipales;

Esta Comisión reconoce que el estado de Veracruz cuenta con una enorme tradición en el cultivo de café, con alta experiencia y conocimiento, que ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional por la calidad en el producto. Asimismo distingue que el Consejo Regulador del Café Veracruz, es un ente encargado de verificar que el café cumpla con los requisitos de calidad exigidos, las especificaciones físicas y sensoriales como son el color, humedad, forma, tamaño, aroma, cuerpo y la aceptabilidad general del sabor, razón por la cual concuerda en la necesidad de promover y otorgar apoyos económicos para la cadena productiva cuya denominación de origen es Café Veracruz.

En ese sentido, la Comisión Dictaminadora coincide con el Senador promovente, en realizar un exhorto a la Secretaría de Economía para que considere la viabilidad de aprobar, a través del Fondo PyME, la campaña de promoción del Café Veracruz; además de considerar el apoyo necesario para que el Consejo regulador del Café Veracruz pueda posicionarse y que se brinde la asesoría técnica y jurídica a los productores de la entidad.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, a analizar la viabilidad de aprobar, a través del Programa del Fondo PyME, la Campaña de Promoción del Café Veracruz con denominación de origen, registrada en esa dependencia con el folio FP2011-1340.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular de la Secretaría de Economía, a considerar la promoción y otorgar apoyo económico al Consejo Regulador del Café Veracruz, con denominación de origen, para alcanzar el posicionamiento de calidad del café veracruzano; así como, para que se brinde el apoyo y asesoría técnica a los productores de Café en el estado de Veracruz.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Están a discusión los puntos de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, señor secretario.

VOLUMEN II

PROGRAMA SEGURO POPULAR

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. La legisladora promovente refiere que el acceso a los servicios de salud es, como se menciona en el artículo 4o. constitucional, un derecho humano establecido a favor de todos los mexicanos, y que la referida disposición constitucional fue proyectada en la legislación secundaria, a través de la adición al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, el cual establece que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.

Así, señala la proponente, esta forma debe concebirse a la protección social en salud como “un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”

Inserto dentro de dicha estrategia gubernamental, el Seguro Popular busca otorgar cobertura de servicios de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario, para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.

De esta forma, se busca que los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud a través del Seguro Popular tengan acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan sus necesidades de salud.

Refiere que a efecto de operar la referida política pública, la Cámara de Diputados aprobó para este ejercicio fiscal un presupuesto cercano a los 66 mil millones de pesos, lo que obliga a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de tales recursos es de suma importancia, ya que el Estado debe procurar ser eficaz y transparente en el ejercicio del gasto, así como en garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en materia de salud, permitiendo en todo momento la participación y vigilancia de los ciudadanos mexicanos.

Argumenta que en el mensaje dado por el titular del Ejecutivo federal, con motivo de su quinto año de gobierno, el día 4 de Diciembre de 2011, se remarca que durante su gestión se ha logrado que toda mexicana y todo mexicano tengan acceso a consulta médica, medicamento, tratamiento y hospitalización cuando así lo requieran. Lo anterior, se presume, gracias al número de beneficiarios afiliados al programa Seguro Popular.

En este sentido, subraya la promovente que Baja California Sur, Chiapas, San Luis Potosí, México, Tlaxcala, Sonora, Tabasco y Colima, entre otras, han sido reconocidas como entidades con Cobertura Universal de Salud. Sin embargo, es importante destacar que la afiliación por sí misma no es garantía para acceder a los servicios de salud, pues esto depende en gran medida de la disponibilidad de recursos económicos, humanos y de infraestructura.

Lo anterior lo ejemplifica con los datos proporcionados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los dos mil 456 municipios del país, 420 fueron reportados con más del 50 por ciento de su población sin acceso a los servicios de salud.

Cita que para dicho organismo, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de salud, cuando no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina) o los servicios médicos privados.

Continúa argumentando que la difícil situación por la que atraviesa el Sector Salud no se resuelve con la mayor cobertura, y eso se demuestra cuando la OMS señala que México se encuentra por debajo del estándar que sugiere que el gasto en salud para el año 2015 debe ser del 7.6 por ciento como proporción del producto interno bruto, ya que el gasto actual es de un 6.6 por ciento aproximadamente 2 .

Aunado a lo anterior, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Perspectiva Estadística de México”, de Diciembre de 2011, en el apartado “Indicadores de los Servicios Médicos de las Instituciones Públicas de Salud, 2009” 3 revela que en nuestro país existen en promedio 0.5 médicos familiares o generales y 0.7 médicos especialistas por cada mil habitantes, lo que muestra un déficit en materia de recursos humanos.

Señala, que los resultados obtenidos hasta el momento pueden ser mejorados. Los responsables de la política de salud del país deben garantizar, entre otras cuestiones: la viabilidad financiera del sistema nacional de salud; la efectiva cobertura universal de acceso a los servicios de salud; modernizar la infraestructura médica; fortalecer la capacitación de los recursos humanos; evolucionar de lo curativo a lo preventivo; y, homogeneizar la calidad de la atención, por lo que se deben encaminar las acciones a fin de crear las condiciones necesarias para que todos los mexicanos sean capaces de ejercer plenamente a su derecho de acceso a los servicios de salud.

Propone que  se debe evaluar el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes); establecer indicadores que señalen la mejora de la salud de los beneficiarias, y finalmente, determinar el impacto económico del programa en los mismos.

Por lo expuesto, se propone a través del presente exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la Cobertura Universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en éstos.

Por lo anterior, propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011; sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud, y sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en los mismos.

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la preocupación expresada por la autora de la Proposición que se dictamina.

En efecto, el Seguro Popular forma parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca otorgar cobertura de servicios de salud a través de un aseguramiento público y voluntario para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son derechohabientes de ninguna institución de seguridad social, por lo que la que dictamina considera prudente que esta Soberanía tenga información suficiente para poder medir la eficiencia del Seguro Popular y así, en colaboración con el Ejecutivo Federal, tomar las medidas necesarias para hacer llegar los servicios para lo cual fue creado dicho programa a todos los mexicanos que lo necesiten.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, hace suyo el presente Punto de Acuerdo y somete a la consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe a esta soberanía, en un plazo no mayor de una semana, contada a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, un informe que contenga:

a. El grado de avance en la cobertura universal de la afiliación de beneficiarios del programa “Seguro Popular” desde la puesta en marcha del mismo hasta el 31 de diciembre de 2011;

b. Sobre el acceso efectivo de los afiliados al Seguro Popular al paquete de intervenciones y medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud;

c. Sobre los indicadores que señalen el mejoramiento de la salud de los beneficiarios, así como el impacto económico del programa en los mismos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputado Arturo García Portillo (rúbrica), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadía San Martín (rúbrica), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Está a discusión el punto de acuerdo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor diputado. Desde su lugar, por tres minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Voy a ser muy puntual. Por supuesto estoy de acuerdo con el dictamen, sólo quiero dejar señalado que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular; no tiene ninguna de esas características, es un remedo de atención médica que no va.

La población del país necesita seguridad social; se están desapareciendo las pensiones, las jubilaciones, los mínimos que se establecieron; han desaparecido los contratos colectivos; queda una reforma laboral que establezca los outsourcing, que es como se le llama ahora al despojo a los trabajadores, o no se les reconoce antigüedad, aguinaldo, vacaciones, no se les da seguridad social.

Aquí mismo en la Cámara de Diputados las trabajadoras de limpieza reciben mil 300 al mes y están sujetas a este esquema abominable.

Creo que debería, en su momento —no es el punto del dictamen—, pero debería haber una discusión muy seria para desaparecer estos seudoesquemas de apoyo de atención médica y garantizarle cobertura universal a la población del país y garantizarle a todos los trabajadores y trabajadoras del país seguro social con derechos plenos.

La información no estará de más, pero sí es una demagogia, un uso electoral y una mentira a las necesidades de atención médica y de seguridad social del país. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En virtud de que no tengo registrado algún otro orador, se consideran suficientemente discutidos.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica, si éste, al igual que los anteriores puntos de acuerdo son de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se aprueben favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

MEXICANA DE AVIACION - PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia requirió al señor presidente de la Tercera Comisión y a los señores secretarios que informaran a la misma sobre el estatus de los dictámenes relacionados con Mexicana de Aviación y la solicitud de comparecencia del director general de Pemex; si tuvieran la amabilidad de informarme al respecto, mucho se los agradezco.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Gracias, presidente. Primero, quisiera dar una explicación de porqué no estaba aquí, que es importante, porque está relacionado con el tema; en este momento está sesionando la Comisión Especial del Caso Mexicana, de la cual soy integrante, y está con el señor juez del concurso, el conciliador; entonces estaba atendiendo el caso Mexicana también, pero bueno. >

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame, señor diputado. Les quisiera pedir a los señores diputados pusieran atención, porque nos está explicando cuál es el estatus que guardan estos dos dictámenes para poder tomar una determinación al respecto. Continúe, señor diputado.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Justamente esto me servirá en algún debate posterior, porque es muy importante saber si se está tratando este caso en la comisión que el Congreso creó para esto o en otras instancias.

Segundo. Muy puntualmente ayer se entregó, tengo en mis manos el original en el que se turna al diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, todos los dictámenes aprobados el día de ayer.

A la hora de entregarlo, y consta aquí en original de puño y letra de los técnicos que recibieron esto, el punto 5 dice: Por el que se cita a comparecer al director general de Pemex para que informe de la relación de la paraestatal con la empresa española Repsol y empresa Sacyr Vallehermoso —dice aquí, de puño y letra de ellos—: faltan firmas y no se recibió. Eso no lo escribí yo, lo escribió quien hizo la recepción.

Y el punto 11, relativo a la reestructuración de la compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico: no se recibió, faltan firmas. Eso es lo que dice el documento.

¿Qué hay en relación con las firmas? En relación con las firmas respecto del dictamen del caso de la comparecencia del director de Pemex, tengo en mis manos los originales que no nos recibieron y firmaron en total: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perdón, diez legisladoras y legisladores, en ese caso. Existen a favor cuatro, cinco, seis, siete, firmas; el resto, tres, son en contra.

Lo que nos fue explicado es que en virtud del artículo 88 del Reglamento —que ya usted hizo mención—, es que en todas las permanentes, en esta Permanente, en todas las comisiones, lo que se requiere son la mayoría de votos a favor de los integrantes de la Comisión; si eso es así o no, no es algo que está en mis manos. Yo no lo decido. Nos informaron que así ocurre por disposición de ése Reglamento, para todos.

Aquí lo que está a discusión es si esa regla que se ha aplicado en todos los periodos para todas las comisiones sigue o se va a modificar, según cada caso o no.

Yo digo, que si se toma el mismo criterio que se ha mantenido en todos los tiempos, me parecería que tendrá que regresarse, para que, invitando a todos los legisladores, puedan juntarse el número de firmas requeridas.

Yo no diría que lo desecháramos, diría que lo volvamos a hacer; no es un tema de evitar el debate, ayer dimos el debate, lo daremos cuando nos indiquen, con mucho gusto, pero existe este criterio.

Si no es así y se va a resolver para cada caso en particular cómo se admiten o no se admiten, pues eso es algo que la Mesa Directiva nos tiene que decir a nosotros y a todas las comisiones. No está en mis manos.

Es un caso similar, con menos firmas, porque ahí fueron nueve, para el caso Mexicana. Es puntualmente la información, y absolutamente, no he cometido absolutamente ninguna cosa ilegal.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia no prejuicia, escucha argumentos y se sustenta en hechos y en disposiciones legales. Simplemente, señor presidente de la Tercera Comisión, en el caso de Mexicana de Aviación me informa que hay nueve votos. ¿Me puede decir cuántos a favor y cuántos en contra?

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez(desde la curul): Es irrelevante eso, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí. Simplemente quiero precisar el dato; no lo conozco, no tengo a mi vista el documento.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): El caso de Mexicana tiene un resolutivo único, se modificó para que fuera un resolutivo único.

Tengo las firmas a favor, del diputado Flores, Chirinos, senador Rueda, el diputado Fernández Noroña en abstención, bueno, a favor, Toledo, Castilla, Rueda. Cinco firmas a favor del caso Mexicana: 5 a favor; en contra 3 y 1 abstención.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Les pediría, para poder agilizar la determinación de esta Presidencia, que pudiera fundamentar con mucha precisión el argumento en comento, atendiéndose a la litis del asunto, para poder agilizar nuestra determinación, señor diputado. Tiene usted el uso de la palabra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Muy puntual; primero, para explicar, es importante explicar la abstención. El resolutivo original planteaba otorgar un crédito, que Nafin le otorgara un crédito a Mexicana bajo el nombre que tiene: Nuevo Grupo Aeronáutica, si mal no recuerdo. Luego había un segundo resolutivo, de que compareciera el secretario de Comunicaciones.

Allanándonos y para buscar un acuerdo, retiramos el segundo resolutivo, lo dejamos a uno sólo, pero luego compañeros legisladores del PRI, que no me dejarán mentir, en un ánimo de que saliera unánime retiraron la redacción y metieron la palabra exhorto; sin embargo, de todos modos el PAN votó en contra.

Decidí abstenerme, porque como ya he sostenido, cada que hay un exhorto el Ejecutivo de facto no ha hecho caso a uno solo de los exhortos de la Cámara de Diputados, y casi me atrevo a pensar que ni del Senado ni de la Permanente. Ésa fue la razón de mi abstención, pero estoy apoyando en esencia el planteamiento del resolutivo.

Segundo. Como el senador Rueda aquí lo planteó, al principio nos dieron una información, luego dieron otra y ahora dan una tercera versión, de que desde ayer sabía el diputado García Portillo que había sido rechazada la inclusión en el orden del día.

Me parece que fue tan importante la discusión que debió haberse tomado alguna decisión de hablar con la Mesa Directiva, de convocar de urgencia a la comisión, pero no que llegáramos al pleno para encontrarnos con la novedad de que no hay inclusión de estos puntos tan importantes.

Por ello, vuelvo a solicitar, o se trata de un criterio para un caso y otro criterio para otro; hubo quórum, hubo mayoría en ambos casos y solicito la inclusión de ambos temas en el orden del día.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: ¿Algún otro comentario al respecto? Muy bien. Es un asunto de interpretación el artículo 88, sin lugar a dudas, como tal, habrá criterios a favor o criterios en contra.

Por otra parte, he conversado con mis compañeros de la Mesa Directiva sobre su criterio, y también tengo opiniones divididas. En consecuencia, esta Presidencia no puede tomar una determinación de incluir o no incluir los puntos, basados en el artículo Primero y Segundo del acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones, que a la letra dice: Los asuntos no previstos en el presente acuerdo serán interpretados y resueltos por consenso de los integrantes de la Mesa Directiva.

Toda vez que en honor a los hechos reales y a la verdad no tengo el consenso, porque nuestro compañero de Acción Nacional tiene un criterio diferente a quienes estamos aquí en la Mesa Directiva, voy a proceder a resolver este asunto sobre la inclusión de los dos puntos de acuerdo, sometiendo a votación económica esta determinación al pleno de esta honorable representación. Por favor, señor secretario, solicito a usted...

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Presidente, consulta, ¿va a ser votación de mayoría simple o calificada?

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Es votación simple.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Gracias, presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sí, señor diputado.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Me queda claro que los integrantes de esta Comisión Permanente somos muy conscientes de lo que se va a poner a votación, y lo que se va a poner a votación es un precedente respecto de cómo se van a tratar estos asuntos en todas las sesiones de comisiones y en todas las comisiones Permanentes que sigan hacia adelante, y que estaríamos modificando el criterio que se ha venido aplicando, hasta el día de hoy, en otros tiempos y en otras comisiones.

Entonces, por eso muy importante que estemos impuestos de eso, porque si no, el extremo del razonamiento sería que no importa ningún tipo de referente, total, podemos votar si se cambia o no. Eso es lo que me parece grave.

Sé que a alguno le parece un tema muy formal, perdón por la expresión, muy leguleyo; creo que no es así, porque tenemos que atenernos a un cierto criterio.

Lo que ofrezco y con toda puntualidad es que juntemos las firmas; estoy seguro que se pueden juntar las firmas, en una siguiente sesión. No aceptaría que firmen quienes no asistieron la siguiente sesión, y lo pongamos a votación y le entremos al debate, con muchísimo gusto.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Recojo, permítame, por favor. Vamos a precisar el asunto para que no se nos vuelva una discusión interminable, con muchas aristas. El señor diputado está haciendo la propuesta, en el sentido de que se recaben las firmas faltantes de la Tercera Comisión y en la próxima sesión se suban estos dos temas para su discusión. Esto es lo que nos está proponiendo.

La propuesta que hizo la Presidencia fue en el sentido de consultar a la asamblea para definir el criterio.

Señor presidente de la Primera Comisión, me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Gustavo González, pero antes quisiera hacer una consideración al respecto; el señor presidente de esta Mesa Directiva considera que no puede omitir la discusión de un dictamen que fue discutido y analizado en la Comisión, hacerlo sí sería sentar un gravísimo precedente, más que una divergente discusión o puntos de vista sobre lo que un Reglamento —ya por cierto muy rebasado—, nos dice en su artículo 88; por eso es que el criterio de la Presidencia es consultar a la asamblea, porque esta Presidencia no quisiera imponer una decisión y cambiar los criterios a los que usted ha hecho referencia.

Si así lo consideran oportuno, entraremos a la discusión de los temas, porque le dará la interpretación al 88, en el sentido de que dado el número de firmas hay mayoría en los dictámenes; la otra interpretación es que, dado el número de firmas a favor no pudiera haber mayoría para que un dictamen fuera discutido. No lo dejemos a la decisión de la Presidencia, lo consultemos.

Pero voy a preguntar si la decisión es que se someta a consulta de la asamblea o que, como usted lo propone, se devuelvan estos dictámenes para la discusión de la Tercera Comisión que usted preside y se recaben las firmas correspondientes, con el compromiso de que se recaben las firmas correspondientes para discutirlo en la próxima asamblea.

Señor secretario, creo que quedó perfectamente claro este asunto; si usted insistiera en hacer uso de la palabra, señor diputado, adelante.

El diputado Gustavo González Hernández:Creo que es importante esta participación, porque lo que estamos discutiendo aquí es si vamos a respetar un criterio que se ha utilizado para resolver un problema de interpretación del artículo 88, y existen precedentes; el precedente y lo que siempre se ha hecho es que debe tener la mayoría de firmas en el sentido positivo, aprobado un dictamen, de los integrantes. Ése es el precedente. Incluso en la Comisión de Puntos Constitucionales hemos, nosotros, detenido asuntos que tenían que discutirse, porque no contenían todas las firmas de los integrantes de la comisión.

Luego entonces, lo que estamos discutiendo aquí en este precedente es acatar las normas, es acatar el Estado de derecho, y no es una cuestión menor, porque nosotros somos los que generamos las normas, generamos la ley, generamos los reglamentos y generamos, en el caso de esta Comisión Permanente, los lineamientos que establecen y que regulan no sólo los puntos a debatirse y luego entonces, lo que está detrás es el orden, compañeros.

Es por eso que nosotros consideramos que no podemos nosotros ir en contra de este precedente y en todo caso, en su momento, aclaremos mediante una reforma al Reglamento para que quede con precisión y no tengamos que recurrir a un precedente, que siempre ha resuelto en la manera que nosotros consideramos.

Suponiendo, sin conceder, que se va a someter a consideración y se va a revocar dicho precedente, lo menos que tenemos que hacer es hacerlo con mayoría calificada.

Así es el procedimiento por analogía de muchos asuntos cuando se tienen que discutir por urgente resolución; si vas a discutir un punto, una proposición que subiste y esa proposición quieres que se discuta y se resuelva en este momento pides que sea por las dos terceras partes. Lo menos que debemos de hacer es tener las dos terceras partes para revocar el precedente. No creo que debiera ser por mayoría calificada.

No le sacamos al debate, ya lo dimos, pero también creemos que si empezamos a romper principios que han servido para darle orden y cauce procedimental y que es parte del derecho parlamentario, estaríamos en todo caso violando el Estado de derecho y faltándole el respeto a la democracia, porque a final de cuentas todos y cada uno de nosotros representamos aquí a los mexicanos.

Estaríamos diciendo que a nosotros no nos interesa la norma y no nos interesa cumplir el Estado de derecho. Es cuanto.

Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Zamora, ¿había solicitado la palabra? Si.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): Sí, presidente. Gracias, presidente. Solamente para procurar contribuir un poco con este asunto, que me parece que nos ha tenido ocupado un tiempo muy prolongado, esperando la toma de una decisión que nos parece muy importante. La decisión es de dos puntos de acuerdo que trabajó esta comisión y en la que ya hubo discusión y se está tratando de interpretar.

No coincido con la opinión de quien precedió en el uso de la palabra sobre la interpretación del 88, porque precisamente hay diferentes modos de hacer interpretaciones de las normas —la interpretación jurisdiccional—, y en este caso nosotros como pleno tenemos la facultad de hacer la interpretación legislativa respecto de situaciones de normas en las que pueda encontrarse alguna duda.

Luego entonces, el artículo 88 habla simple y sencillamente de mayoría de firmas, no habla de mayoría de firmas a favor, porque si quisiésemos aplicar ese criterio, entonces todos los dictámenes en sentido negativo, ningún dictamen en sentido negativo llegaría a este pleno.

Consecuentemente, me queda claro, queda clarísimo que la interpretación de este artículo 88 debe de ser con toda precisión; por lo cual le solicito muy atentamente a la Presidencia se pueda someter ya a votación el planteamiento que se acaba de hacer hace unos momentos.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Tamborrel. Perdón, el diputado que pidió por alusiones, previo al senador Tamborrel.

El diputado Gustavo González Hernández:Únicamente para aclarar, diputado Zamora, no es una interpretación diversa; lo que estoy diciendo es que hay un referente de interpretación y que ese referente siempre, siempre, ha sido que sea mayoría de firmas de los integrantes de la comisión.

No es que sea la interpretación diversa de Gustavo González, no; estoy diciendo que la interpretación que le ha dado la Mesa Directiva siempre —y lo puede decir la secretaría técnica de Servicios Parlamentarios— es esa, no es la de Gustavo González ni trataríamos de teorizar de otro tipo de interpretaciones; es un hecho, es un hecho innegable que siempre se ha interpretado que sean mayoría de firmas de los integrantes.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Senador.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Gracias, presidente. Más que todo, presidente, hacer una consulta al vicepresidente en funciones de presidente, preguntar si interpreté correctamente sus palabras en cuanto a que un dictamen que se discutió en comisiones tendría que ser forzosamente debatido en el pleno en la siguiente sesión, aun y cuando no tuviese las firmas.

Porque me dio la impresión, eso fue lo que entendí, quisiera que me lo aclarara, el hecho de que coincido con él, que todos los dictámenes habrán de debatirse al interior de la comisión y que una vez que se debatan, por supuesto que tendrán que ser traídos al pleno. En ese sentido coincido con él.

De su explicación interpreto que si ese dictamen no fuese traído de manera inmediata, es decir al día siguiente, aún y cuando en este mismo momento no cuenta con las firmas. Pero esto es lo que me llama la atención, se habla mucho de que tenga las firmas y le pregunto, ¿en este momento ya tiene las firmas? Quisiera pensar que sí, pero habríamos de tenerlas, en primer lugar.

Segundo, que quede muy claro, no estamos por ningún motivo queriendo eliminar ningún debate, simplemente es cumplir con lo que ha venido siendo una práctica y sí pienso y me sumo a las palabras del diputado, siento como preocupante el hecho de que si en cada sesión vamos a poder estar cambiando, según el interés, los criterios con los que nos venimos desenvolviendo; me parece que eso es lo que es preocupante y lo dejo tal cual en ese sentido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor diputado.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Mi criterio específico, señor senador, es que no podemos enlistar en el orden del día un dictamen que no tenga el número de firmas suficientes; si las comisiones, como tengo entendido, se conforman por 16 miembros, entiendo que si hay mayoría de firmas, independientemente cómo firmen, el dictamen tiene que ser discutido.

En el caso de la solicitud de comparecencia del director general de Pemex, según escuchamos aquí del presidente de la Tercera Comisión, tiene 10 firmas: 7 a favor, 3 en contra; en el caso de Mexicana de Aviación, tiene nueve firmas: 5 a favor y 3 en contra y 1 abstención, si la memoria no me falla.

Mi criterio, señor senador, es que hay mayoría de legisladores que presentaron un dictamen y en consecuencia, este pleno tiene que discutir el mismo. Si llegáramos a la interpretación, como aquí pudiera estarse planteando por diversos antecedentes, que no entramos a la discusión en su momento de las razones que pudieran haber sustentado el mismo, de que no habiendo mayoría a favor o en contra de un dictamen y no se pueda discutir, me parece que pudiéramos estar encaminando al pleno a una discusión, a una ausencia de discusión de dictámenes que puedan tener siempre la mayoría y no necesariamente la mayoría a favor del pro o del contra.

Mi criterio, señor senador, es que dado que este asunto está en lindero, me apegué en consecuencia al acuerdo que todos nosotros aprobamos para que las situaciones no previstas las resolviera la Mesa Directiva; siendo en ese momento encargado de la Presidencia, decidí optar porque fueran ustedes quien decidieran mayoritariamente cuál de los dos criterios impera: si el regresar los dictámenes a comisiones o subirlos al pleno para su discusión. Es cuanto, señor senador.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Vamos a proceder a seguir el trámite que el diputado Heliodoro, en su momento, dictó desde la Presidencia.

Previamente quisiera, para ilustrar a la asamblea, leer primero —aunque sé que se ha hecho—, de nueva cuenta, el artículo 88 de manera íntegra: Para que haya dictamen de comisión, deberá éste presentarse firmado por la mayoría de los individuos que la componen. Si alguno o algunos de ellos disintiesen del parecer de dicha mayoría, podrán presentar voto particular por escrito.

Desde mi particular interpretación, no estipula que deben estar firmados en un sentido o en otro por la mayoría, sino que de una manera muy explícita dice que deberán presentarse firmados por la mayoría de los individuos que la componen. En nuestro poder, y como bien lo ha señalado el propio presidente de la comisión, que la comisión turnó a la Mesa Directiva, estos dictámenes están firmados por la mayoría, con un sentido diverso.

En el equipo técnico de la Mesa Directiva en un principio se presentó la interpretación de que si no venían firmados por la mayoría en el mismo sentido, entonces no se les podría dar curso.

Estamos ahora tratándolo en el pleno. La Presidencia de la Tercera Comisión cumplió escrupulosamente, levantó las firmas y lo remitió a la Mesa. No tenemos de nuestra parte ninguna discrepancia en el trámite hecho por la Mesa Directiva de la Tercera Comisión.

Ahora estamos aquí discutiendo si deberíamos ponerlo a consideración del pleno o no, porque hay quien interpreta que tiene que estar firmado por la mayoría en un sentido.

Quisiera solamente —en este caso y aprovechando la palabra—, decir que sería un requisito más alto el que se le pediría a una comisión que el que se le pide al pleno; por ejemplo, si hubiese una reunión del Senado donde se juntasen 90 senadores, está por tanto instalado el quórum y se procede a desahogar la sesión; si en una votación votan 50 a favor y 40 en contra, como no tiene la mayoría de los 128, entonces se pudiera interpretar que no tiene valor la decisión del pleno. Cuando una votación de ésa se da, se interpreta por todo mundo que son válidos los acuerdos.

Por lo tanto, pedirle a la comisión un requisito mayor que el propio que se le pide al pleno, me parecería también pudiera asentar un precedente negativo.

La comisión se convocó, hubo quórum, se instaló y resolvió, y presentó su dictamen; por eso desde mi punto de vista está cubierto el requisito legal.

Pero como hay una interpretación diferente y nosotros también tenemos una obligación por lo que marca nuestro Reglamento, de que cuando no hay consenso en la Mesa Directiva esto tiene que resolverse de manera extraordinaria, pensamos que no hay mayor soberano que el pleno de la Comisión Permanente para resolver sobre esta diferencia y que sirva esto para presentar un precedente.

Insisto, porque entendí que se estaba interpretando como que no había habido mayoría de firmas, no es así, sí viene la mayoría de firmas; no hay extravío de documento alguno, por lo menos yo no batallé para encontrarlos, los encontré muy rápidamente y hay un cumplimiento estricto de la Presidencia de la Mesa, de la Tercera Comisión, que nosotros valoramos y por lo tanto, no hay ningún problema extraño, ni duendes por ningún lugar.

Vamos a proceder primero votando la solicitud del presidente de la comisión, creo que sería lo correcto por procedimiento de que se regrese a comisiones para que en comisiones se cumpla el extremo legal que ellos interpretan debe de ser, que sesione la comisión y se levante la mayoría de firmas del conjunto de la comisión en un solo sentido. Ése sería, entiendo, la primera solicitud.

Para no dejar esta solicitud del presidente de la comisión sin votar, pues sería lo primero que procederíamos a votar: la propuesta del presidente de la comisión.

En caso de que sea aprobada, pues evidentemente ése será el trámite y en caso de que no, procederemos en segundo lugar a votar si se admite a discusión el proyecto de dictamen que tenemos en nuestro poder.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor senador.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Le solicito a usted, respetuosamente, que la votación sea nominal.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tendrían que solicitarlo cinco legisladores.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): ¿Alguien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y yo. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Lo vamos a contratar de secretario para que nos ayude a llevar mejor la contabilidad, señor senador. Como el senador ya nos auxilió, y ya nos quedó claro que sí hay más de cinco, procederemos a ordenar a la Secretaría levante la votación de la propuesta hecha por el presidente de la Tercera Comisión de manera nominal. Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Se va a proceder a recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refieren el artículo 161 del Reglamento.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Nada más que quede claro para orientar bien. A favor de la propuesta es a favor de la propuesta del presidente de la Comisión. En contra, en contra de esta propuesta.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): En contra, entonces, corrijo.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Algo temía yo.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente(desde la curul): Por eso esperé su explicación, señor presidente. En contra.

El senador Ramón Galindo Noriega (desde la curul): A favor.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): A favor.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): A favor.

La diputada Oralia López Hernández(desde la curul): A favor.

El senador Humberto Rogelio Rueda Sánchez (desde la curul): No.

El diputado Arturo Zamora Jiménez(desde la curul): No.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel (desde la curul): En contra.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): En contra.

El senador Carlos Jiménez Macías (desde la curul): En contra.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): No.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): En contra.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Fernández Noroña, en contra de la chicanada.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea (desde la curul): García Zalvidea, en contra.

El senador Jesús Garibay García (desde la curul): Garibay García, en contra.

El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez(desde la curul): Flores Ramírez, en contra.

El senador Javier Orozco Gómez (desde la curul): Orozco Gómez, en contra.

El diputado Rojas Francisco José Rojas Gutiérrez(desde la curul): Rojas, no.

La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): Paula Hernández, en contra.

El senador Adolfo Toledo Infanzón(desde la curul): Adolfo Toledo, no.

El diputado Gerardo Sánchez García(desde la curul): Gerardo Sánchez, no.

El senador Alejandro González Alcocer(desde la curul): González Alcocer, a favor.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera (desde la curul): Herrera Rivera, a favor.

La senadora Adriana González Carrillo(desde la curul): González Carrillo, en pro.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Sí.

La senadora Martha Leticia Sosa Govea(desde la curul): A favor.

El senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (desde la curul): No.

La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo(desde la curul): En contra. Qué increíble que nos pase esto.

El diputado Gustavo González Hernández:A favor.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:No.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo:No.

El diputado Rigoberto Salgado Vázquez:No.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Señor presidente, informo el resultado de la votación: 22 en contra y 10 a favor.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se rechaza la propuesta del presidente de la Comisión y proceda la Secretaría a levantar la votación económica de si se admiten a discusión los proyectos de dictamen.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten los dictámenes para su discusión y trámite. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén en contra favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. En consecuencia, se abren a discusión los dictámenes, comenzando con el dictamen de Mexicana. Proceda el personal, favor de imprimir lo más pronto posible los dictámenes y distribuirlos; si ustedes admiten, en lo que se distribuyen los dictámenes sigamos con el orden del día, una vez que estén distribuidos volveremos a estos dos temas.

Continúe la Secretaría con la lectura de proposiciones.

SIERRA TARAHUMARA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar la aplicación de programas y recursos contra la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que padecen los rarámuris de la sierra Tarahumara, así como a implantar políticas que contribuyan a abatir el rezago social en la región, suscrita por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción I y II, numeral 2, fracciones I, II y III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para instrumente –de manera inmediata– la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los raramuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En últimos días cientos de mexicanos se han solidarizado con los raramuris de la Sierra Tarahumara al conocer la severa hambruna que hay en esta sierra. Tanto la sociedad civil, el gobierno del estado de Chihuahua, gobiernos estatales y el gobierno federal han llevado a cabo convocatorias para recolectar víveres y mitigar el sufrimiento y la escasez de alimentos que se vive en dicha zona chihuahuense.

Según el informe de Desarrollo Humano de los pueblos indígenas de México la existencia de brechas en los niveles y ritmos de desarrollo humano colocan a todos los pueblos indígenas de México por debajo de los niveles promedio alcanzados por el resto de la población. El índice de desarrollo humano más bajo del país se ubica justamente en la Sierra Tarahumara, siendo de un 49.1 por ciento debajo del promedio de desarrollo a nivel nacional.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre las 10 localidades de más alto rezago social del país, tres están en los municipios de Batopilas, Guadalupe y Calvo y Chínipas, en la sierra Tarahumara. Todos los municipios de esta zona vieron empeorar su situación en cuanto a rezago social de 2008 al 2010.

Datos reportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el estado de Chihuahua se encuentran 8 de los 20 municipios clasificados a nivel nacional con los menores índices de desarrollo humano y mayor grado de pobreza y marginalidad, es decir que el 40 por ciento de los municipios clasificados con esta categoría están ubicados en el estado de Chihuahua.

Como podemos observar, la situación que se vive en la Sierra Tarahumara resulta de extrema preocupación, ya que existe un problema de hambruna a causa de las extensas sequias, que hoy se esta abatiendo en la medida de lo posible por el gobierno estatal, contado con el apoyo de diversas entidades de nuestro país, así como de la sociedad civil para tratar de mermar los problemas secundarios, sin embargo estas acciones no contribuyen a la solución de raíz del problema, debido a su inmensidad, aunado a un han resultado insuficientes los apoyos federales.

Recordemos que en esta región, no se levantaron granos debido a la sequía que se presentó el año pasado y que duró 10 meses sin caer una sola gota de agua y en la zona de la sierra solamente se cosechó el uno por ciento de la producción de frijol y arroz quedándose sin el sustento comestible.

Esta sequía, ha traído no solo desesperanza, sino también precariedad a los raramuris indígenas que habitan la sierra tarahumara. Cada cosecha que ellos siembran en la sierra es lo que consumen durante un año, luego dejan un poco de esa cosecha para poder sembrar así para el siguiente año; aunque para el anterior todo se les arruinó.

En cuanto al abastecimiento de agua es muy poca la que se logra quedar para la sierra; ya que Chihuahua abastece del líquido vital a otros estados como lo son Sonora, Sinaloa y se paga la deuda de Estados Unidos. Aunado a esta situación, los indígenas tienden a buscar agua al no tener en sus reservas y la única agua que pueden encontrar, es la misma de la cual bebe el ganado.

El reconocimiento de los daños ocasionados por la sequía y heladas en diversas partes de la Sierra Tarahumara, por parte del gobierno federal y el señalamiento de que durante los últimos años se ha invertido en ayuda 945 millones de pesos, es preocupante. Como lo hemos señalado diversos legisladores federales y el ejecutivo estatal: los tarahumaras no necesitan ayuda, necesitan programas de apoyo permanente, necesitan recursos materiales y económicos para enfrentar los efectos del cambio climático, abatir el rezago social y la crisis alimentaria por la que atraviesan.

Las sequias que están afectando principalmente a los estados del norte, hacen necesario y urgente que el Ejecutivo Federal implementé mecanismos de colaboración y entendimiento con el Poder Legislativo, con el fin de resolver el diferendo derivado del veto del Ejecutivo al decreto que ordena al gobierno integrar un fondo especial destinado a atender los daños ocasionados por problemas climáticos en 20 estados.

La falta de alimentos y la escasez de agua está mermando no solo la vida de cientos de indígenas, sino de miles de mexicanos. ¿Qué más pruebas se necesitan para reforzar los apoyos al campo y a quienes viven de ello? ¿Vamos a permitir que mueran más mexicanos o vamos a actuar ya de una vez por todas?

Tan solo recordemos que los ocho estados golpeados por la sequía representan el 37 por ciento de la superficie agrícola del país, por lo que se han dejado de producir 3.5 millones de toneladas de maíz y de 350 mil toneladas de frijol y agregó que para los primeros seis meses de 2012 se prevé un impacto en la falta de cosechas y problemas de siembra debido a que las presas ni bordos no tienen agua.

Por lo expuesto me permito someter –con carácter de urgente resolución– la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal instrumenté de manera inmediata la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los raramuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal implementé mecanismos de colaboración y entendimiento con el Poder Legislativo, con el fin de resolver el diferendo derivado del veto del Ejecutivo al decreto que ordena al gobierno integrar un fondo especial destinado a atender los daños ocasionados por problemas climáticos en 20 estados.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de enero de 2012.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender y solucionar por la SHCP asuntos relacionados con la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y su hospital universitario, la infraestructura carretera y otras obras, a cargo de Arturo Zamora Jiménez, en nombre de Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los diputados por el estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La diputación por el estado de Nuevo León, en el ámbito de sus atribuciones legislativas y en sus funciones de gestión social, ha venido abordando diverso temas con las autoridades hacendarias federales, sin que hasta el momento se haya mostrado voluntad de las misma para resolverlas, a pesar de que en algunos casos estas autoridades son parte misma de la generación del problema, o bien se trata de recursos ya aprobados en instrumentos legales y no entregados, por lo que mediante oficios de fechas 28 de septiembre y 28 de octubre de 2011, se ha solicitado la atención del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin que a la fecha haya respuesta a dichas solicitudes de audiencia, para abordar los asuntos relacionados con el estado de Nuevo León como lo son: los relacionados con los defraudados por la Unión de Crédito Monterrey y recursos aprobados y no entregados a la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y al Hospital Universitario de Nuevo León, infraestructura carretera, entre otros:

• Asunto: Unión de Crédito Monterrey, S A de C V (UCREM)

Como sabemos las uniones de crédito están constituidas como sociedades anónimas de capital variable, con la correspondiente autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) quien también se encarga de las labores de supervisión bajo las normas establecidas en la Ley de Uniones de Crédito, supervisión que no se ha llevado a cabo y ha derivado en innumerables acciones fraudulentas de estas uniones de crédito.

Un caso específico de esta situación es el que están viviendo un importante número de ciudadanos del estado de Nuevo León, que han sido afectados por las operaciones fraudulentas de una de las entidades financieras más importantes del país, en la modalidad de unión de crédito. Esta entidad financiera es la Unión de Crédito Monterrey, S A de C V, a quien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fecha 27 de octubre de 2004 revocó la autorización para operar. Lo delicado del problema, desde la perspectiva financiera y del control institucional que deben tener estas organizaciones auxiliares de crédito, se agrava de manera sensible cuando los afectados constituyen un sector de la sociedad integrado por personas de la tercera edad, de pensionados y de pequeños ahorradores que depositaron en esa organización el fruto de largos años de esforzado trabajo.

En el caso específico de la citada Unión de Crédito Monterrey, S A de C V se tienen los siguientes antecedentes:

a) En fecha 27 de enero de 1994, la entonces Comisión Nacional Bancaria, (hoy Comisión Nacional Bancaria y de Valores), mediante oficio número 601-II-DA-b-5288 otorgó autorización para operar como unión de crédito a la sociedad Unión de Crédito Monterrey, SA de CV.

b) En ejercicio de las facultades que la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito le confiere a la citada comisión, ésta realizó una inspección ordinaria a la referida Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, en febrero de 2003, encontrando irregularidades de especial trascendencia y gravedad en su forma de operación, entre otras las siguientes: (I) en el manejo de la cartera de crédito se detectaron operaciones que contravienen lo establecido en el artículo 48-C de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que establece que las organizaciones auxiliares del crédito en ningún caso podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones que se aparten de las sanas prácticas financieras; (II) incumplió con la observancia de los criterios de contabilidad para uniones de crédito emitidos por la precitada Comisión Nacional Bancaria; (III) celebró operaciones de crédito a plazos que no son congruentes con los de las operaciones pasivas, infringiendo lo previsto en la fracción IV del artículo 45 de la precitada Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; (IV) celebró operaciones activas no autorizadas por el Comité de Crédito; (V) sus registros contables incumplían con los principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto de Contadores Públicos, AC, entre otras.

c) Mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de julio de 2006, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a la multicitada Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, estableciendo su incapacidad para realizar operaciones y ordenando proceder a su disolución y liquidación.

Como consecuencia de las operaciones crediticias irregulares a que hemos hecho referencia, la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, no pudo recuperar los recursos que fueron materia de las operaciones crediticias de referencia, y por tanto, no pudo cumplir con los compromisos asumidos con sus socios ahorradores, causándoles un grave daño a su patrimonio.

De esta manera la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV adeuda a cerca de mil ochocientos socios ahorradores una cantidad aproximada a los 380 millones de pesos, cuyo reintegro han venido reclamando los afectados ante diversas instancias, tanto por la vía judicial como por la administrativa, sin que a la fecha se haya llegado a una solución satisfactoria para estos.

Esto último plantea una situación socialmente muy delicada en la protección de los grupos vulnerables en Nuevo León, ya que 60 por ciento de los ahorradores afectados son personas de la tercera edad cuyos ahorros, producto de sus liquidaciones o jubilaciones, sustentaban una modesta forma de vida, de la cual han sido privados como efecto de las operaciones fraudulentas de la unión de crédito citada.

Como representantes populares estamos obligados a ser los promotores del bienestar de nuestros representados. En esta línea de razonamiento, este Congreso de la Unión expidió la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de fecha 29 de diciembre de 2000, para solucionar problemas que enfrentaron miles de ahorradores, que son en esencia similares a los que enfrentan hoy los ahorradores de la Unión de Crédito Monterrey, SA de CV. Por lo que los diputados federales por Nuevo León del Partido Revolucionario Institucional presentamos una iniciativa de ley que propone reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a fin de que se apliquen los mismos principios de equidad y solidaridad que inspiraron la expedición de la ley en el año 2000, para auxiliar a los ahorradores de menos ingresos, para la protección de grupos vulnerables como jubilados y pensionados. Iniciativa de ley que no ha sido dictaminada a la fecha por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados.

Paralelamente, Los diputados por el estado de Nuevo León, realizamos diversas gestiones ante la SHCP para buscar alternativas de solución a esta problemática que está provocando graves problemas sociales en el estado de Nuevo León, que se insiste tiene origen en la falta de cumplimiento en las obligaciones de supervisión de estas mismas autoridades federales hacendarias. En este sentido se llevaron a cabo diversas reuniones, con estas autoridades planteándose diversas alternativas, a las cuales se mostraron receptivas, pero que sin embargo no han sido materializadas a pesar de haber pasado ya mucho tiempo de que fueron planteadas. Y hoy en día estas autoridades federales hacendarias ya ni siquiera han contestado a las solicitudes de audiencia para solucionar el problema.

• Asunto: Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y Hospital Universitario de Nuevo León.

La Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León es una institución educativa de nivel superior que tiene amplio reconocimiento nacional, ya que presta servicios de alta calidad a una amplia región del norte y el centro del país: atiende a jóvenes estudiantes de los estados de Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, y el propio estado de Nuevo León. Lo anterior la hace una institución estratégica para el desarrollo educativo de la región.

Además de lo anterior esta Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, cuenta con el Hospital Universitario, en su facultad de medicina, que es una institución de salud de tercer nivel, en muy diversas especialidades y que atiende de igual manera a toda la región antes señalada del norte del país.

No obstante ser una institución estratégica en la región en materia educativa y de salud, no ha sido valorada en su justa dimensión, por lo que su salud financiera se ha venido degradando con el paso del tiempo, por lo que es urgente su atención inmediata, ante la creciente demanda tanto en materia educativa como en materia de salud. Al ser Nuevo León uno de los estados con mayores índices de migraciones del centro y sur del país, se necesario que se le aporten los recursos necesarios para su atención, sin embargo, por el contrario, las autoridades hacendarias federales incumplen con la entrega de los recursos que esta soberanía le ha aprobado.

En este sentido, en 2010 y 2011 se le dejaron de aportar a la Universidad Autónoma de Nuevo León los recursos financieros que se le venían aportando del Fondo para el Saneamiento Financiero por un monto de 251 millones de pesos. De igual forma al Hospital Universitario se le habían aprobado por esta soberanía para el ejercicio presupuestal de 2010, un monto 100 millones de pesos, y para el ejerció presupuestal de 2011 un monto de 70 millones de pesos, los cuales, en ambos casos, las autoridades hacendarias federales no han entregado.

• Asunto: Infraestructura carretera y otras obras

Existen diversos asuntos relacionados con la infraestructura carretera del estado de Nuevo León, derivados de recursos aprobados por esta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, incluso en el PEF 2010, para su ejercicio en el año fiscal del 2011. Estos recursos no significan sólo una carretera más, o sólo no han sido entregados por las autoridades hacendarias, causando con ello problemas graves al estado que ha contemplado, como debe de ser, en su planeación presupuestaria dichos recursos para su ejercicio, sin que estos le sean entregados. Con ello se ocasiona el retraso en el cumplimiento a las justas demandas de los ciudadanos: mejoras a un museo o desarrollo turístico; un hospital, una escuela etcétera. Estos recursos significan bienestar para las comunidades que requieren de estas obras, significan empleo, mejor calidad de vida de los ciudadanos: significa ejercer en ellos sus propios recursos, porque no son recursos de la federación o del estado, son recursos de los propios ciudadanos.

Es por ello imperante, que las recursos que ya han sido aprobados por esta soberanía sean entregados para su ejercicio en beneficio de la población y evitar que autoridades hacendarias menores, argumentando en algunos casos elementos de carácter burocrático, o bien la sola falta de voluntad, o que por ineficiencia detengan la aplicación de dichos recursos en beneficio del bienestar comunitario.

En razón de lo anterior, los diputados por el estado de Nuevo León, en apoyo a los ahorradores de UCREM, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Hospital Universitario, que es su facultad de medicina, y a la comunidad en general, nos dimos a la tarea de hablar con las autoridades de la SHCP y con las autoridades del la Secretaría de Educación Pública, con las que nos entrevistamos en diversas ocasiones, sin que hayan dado respuesta satisfactoria. Y lo verdaderamente inaceptable es que ahora el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, no ha dado contestación a las solicitudes que le hemos formulado desde el 28 de septiembre de 2011, todos los diputados por Nuevo León de todos los partidos políticos, y el 28 de octubre de 2011 los diputados federales por el estado de Nuevo León del Grupo Parlamentario del PRI, para entrevistarnos y dar solución a estas problemáticas relacionadas con diversas obras aprobadas en los Presupuestos de Egresos de la Federación para el estado de Nuevo León, de ejercicios anteriores, que de no atenderse de inmediato tendrán repercusiones sociales de enorme magnitud.

Es inadmisible la insensibilidad de las autoridades hacendarias, que regatean recursos para ejercerlo en lo que verdaderamente es importante para el país, como lo es la educación y la salud, y prefieren dejar esos recursos sin ejercer, y sin saber qué destino final tienen, porque los recursos ahí están. Se insiste, son recursos que son muy significativos por sus montos para atender las demandas sociales den el estado de Nuevo León; dentro de los que señalamos a manera de ejemplo; aproximadamente 380 millones de pesos de los defraudados por la UCREM; 251 millones del Fondo para el Saneamiento Financiero con que se les venía apoyado; 100 millones de pesos aprobados en el PEF 2010 son 70 millones de pesos que han sido aprobados en el PEF 2011, y los destinados para infraestructura carretera y otras obras más que no han sido entregados.Esos recursos desconocemos dónde se van, y no se aplican en donde deben de aplicarse, conforme a lo aprobado por esta soberanía, poniendo en riesgo de problemas sociales al estado de Nuevo León y la viabilidad de dos instituciones paradigmáticas y de alta utilidad, en el norte del país, como lo son la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de Nuevo León.

Por lo anterior los diputados por el estado de Nuevo León hacemos un llamado enérgico para que seamos recibidos de inmediato por el secretario de Hacienda y Crédito Público, para que con carácter de urgente les sean entregados los recursos financieros planteados en el párrafo anterior, por lo que acudimos a esta soberanía para presentar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reciba de inmediato a los diputados por el estado de Nuevo León, a fin de atender y solucionar la problemática financiera relacionada con la UCREM, la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León y el Hospital Universitario de la misma, la infraestructura carretera, y otras obras, en el estado de Nuevo León, entregando los recursos señalados en el penúltimo párrafo de la exposición de motivos de la presente proposición con punto de acuerdo, así como los aprobados en los Presupuestos de Egresos de la Federación para diversas obras, que han sido aprobados por esta soberanía en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y resarcir los fondos que se habían venido entregando.

Segundo. Que la presente proposición con punto de acuerdo sea considerada de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

PETROLEOS MEXICANOS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los derrames en instalaciones petroleras, suscrita por el diputado Antonio Benítez Lucho, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Terminando el mes de diciembre, ocurrió un derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, traducido en mil 500 barriles de crudo, mismos que han ocasionado la afectación de 12 kilómetros del cauce, dañando a miles de especie marinas y aves, sin descontar las actividades agropecuarias del estado de Veracruz.

La causa de este nuevo incidente, fue la toma clandestina en el oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, registrando una fuga de petróleo crudo en el municipio de Coatzacoalcos en la zona conocida como “El Polvorín”, en donde hubo daños en dos hectáreas de árboles y cultivos. Los derrames de crudo afectan a las personas, a la salud, al medio ambiente y a la economía.

Aunado a este derrame, la presencia del frente frío número 23 ocasionó que el hidrocarburo se esparciera y llegara a las aguas del Río Coatzacoalcos, no solo afectando a la flora y fauna, también a cerca de mil pescadores que capturan diversas especie para su alimentación y comercio. Este derrame no es un hecho aislado, también se han detectado otros como el derrame de combustóleo, ocurrido el año pasado, registrado en la estación de bombeo número 7 de San Martín Texmelucan, Puebla. En los últimos meses de 2011, ocurrieron al menos tres derrames graves de petróleo en Veracruz, dos de ellos contaminaron kilómetros del río Cazones y otro de ellos ocurrió el 7 de diciembre y alcanzó la zona urbana de Poza Rica.

Desde 1993, Greenpeace México ha documentado decenas de emergencias ambientales relacionadas con el petróleo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informa, sin mayores especificaciones, que desde ese año y hasta 2007, en México ocurrieron 7 mil 279 percances (entre derrames, fugas y explosiones de Pemex y otras compañías con actividad química), es decir, 485 al año o 1.33 por día.

En el caso de Coatzacoalcos, la paraestatal entregó casi 330 millones de pesos para pagos e indemnizaciones a lesionados, fallecidos y por daños a bienes materiales.

No obstante, por otra parte, hay presunción de graves hechos. De que el derrame de petróleo detectado hace una semana sobre el río Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, pudo haber sido deliberado, lo que podría considerarse sabotaje, según afirmaciones del delegado de Profepa, ya que no fue robo del producto, sólo quisieron tirar el producto, asimismo no metieron vehículo alguno para conectar la manguera, solo quisieron contaminar. Pero así ha sido en otros derrames, vean la alta incidencia, lo que provoca que se contraten a empresas remediadoras particulares, lo que ha resultado ya un pingüe negocio, sospechoso y merecedor de investigarse a fondo.

Sin duda la paraestatal ha demostrado opacidad en los procesos de investigación, vaguedad en la entrega de resultados sobre las causas de los derrames, nula planeación sobre la atención de posibles derrames, así como el pago de indemnización a las personas afectadas. Estos derrames del crudo afectan a la salud, el medio ambiente y a la economía del país y puede ser una nueva forma encubierta de corrupción.

Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición, conforme a los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita que este cuerpo colegiado cite a comparecer al director general de Pemex, en torno a los derrames y accidentes en las instalaciones petroleras.

Segundo. Que dicha paraestatal informe cuantos derrames han ocurrido en el sur del estado de Veracruz y que está haciendo para la limpieza y remediación de los derrames.

Tercero. Que en dicha información, incorpore el número y nombre de las  empresas que realizan los trabajos de limpieza, cuanto es el monto que se les está pagando y si son empresas legalmente constituidas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.— Diputado Antonio Benítez Lucho (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SEGURIDAD AERONAUTICA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar a fondo por la SCT las normas de seguridad aeronáutica en el país y a investigar las fallas ocurridas en el vuelo 2053 de Aeroméxico Connect el 8 de enero de 2012; y a la Profeco, a apoyar a los pasajeros que estén dispuestos a presentar queja por presuntas deficiencias del servicio ofrecido, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Fernando Castro Trenti, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de enero los pasajeros y la tripulación del vuelo 2053 de Aeroméxico Connect con destino a Monterrey vivieron un episodio de pánico debido a que el avión en el que viajaban desde la ciudad de Mexicali, Baja California, presentó fallas mecánicas que obligaron a un aterrizaje de emergencia en Torreón.

Algunos pasajeros han mencionado a los medios de comunicación que el avión partiría a las 14:30 horas de Mexicali, para hacer una breve escala en Hermosillo, Sonora, y completar su recorrido en Monterrey, pero es el caso que el despegue inicial tuvo un retraso de una hora y media debido a que se revisaron algunas fallas mecánicas que presentaba el avión, mismas que fueron reparadas hasta las cuatro de la tarde.

Tales versiones mencionan que debido al retraso, la escala en Hermosillo sería sumamente breve. Empero, 15 minutos después del aterrizaje se les pidió a los pasajeros que bajaran de la nave, ya que ésta presentaba las mismas fallas mecánicas que en Mexicali, habiéndose prolongado la espera una hora con 15 minutos.

Aproximadamente a las 6 de la tarde, los pasajeros volvieron a abordar la aeronave, y como a la hora y media de iniciado el vuelo ésta volvió a presentar fallas. La presencia de humo en los pasillos y la pérdida de luces al interior provocaron el pánico generalizado. A pesar de lo anterior, los pilotos lograron aterrizar en Torreón, ciudad en la que personal de tierra de la empresa ofreció a los pasajeros una noche de cortesía en un hotel, así como también una cena con valor de 140 pesos. El trayecto podría concluirse en un camión contratado por Aeroméxico o en un vuelo con escala en la Ciudad de México.

Por si no fuera suficiente la experiencia vivida, los pasajeros denunciaron que no se les otorgó atención médica a las personas que presentaron crisis nerviosa, muchos de ellos adultos mayores, mujeres y niños.

En atención a lo hasta aquí relatado, consideramos conveniente que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, fracción V, 7 fracción V, 17, 79 fracción II y 84 de la Ley de Aviación Civil, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, realice las investigaciones necesarias sobre las irregularidades que se han denunciado acerca del vuelo 2053 de Aeroméxico Connect, correspondiente al día 8 de enero del presente, ello, con el objetivo de fincar responsabilidades en caso de ser procedente.

Aunado a lo anterior, consideramos pertinente que las autoridades nacionales de aviación civil procedan a la revisión de los códigos de seguridad y efectúen las inspecciones técnicas, mecánicas y jurídicas necesarias en todo el sector de la aviación civil, a fin de prevenir que situaciones como la aquí señalada vuelvan a ocurrir.

Basta recordar, como un doloroso ejemplo, que a raíz de los lamentables acontecimientos acaecidos en Rusia el 7 de septiembre de 2011, cuando en un accidente aéreo perdió la vida todo el equipo de hockey Locomotiv de la ciudad de Yaroslavl, las normas aplicables a la industria aeronáutica de aquel país fueron modificadas por órdenes presidenciales, a fin de salvaguardar la seguridad de los pasajeros.

Por esta razón es que buscamos como legisladores que se revise a fondo la normatividad existente y que hechos como los del 8 de enero no vuelvan a ocurrir y, menos aún, nos enfrentemos a tragedias como la que mencionamos del país europeo.

Finalmente, y de acuerdo con las fracciones II y III del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, consideramos necesario exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que ofrezca su apoyo a los pasajeros que hayan abordado el multicitado vuelo, a efecto de que sean atendidas sus quejas por el servicio que les fuera otorgado en esa oportunidad.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revisen a fondo las normas de seguridad aeronáutica en el país.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, por medio de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se investiguen las denuncias formuladas ante los medios de comunicación por pasajeros del vuelo número 2053, de Aeroméxico, del 8 de enero de 2012, y se formule un informe detallado, acerca de cómo está operando dicha empresa.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de que apoye a los pasajeros que abordaron del vuelo número 2053, de Aeroméxico Connect, del 8 de enero de 2012, en caso de que estén dispuestos a presentar una queja como consecuencia de las presuntas deficiencias en el servicio que les fuera ofrecido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a mejorar los procesos de adquisición y sancionar a las personas que hubieren incurrido en corrupción, suscrita por la senadora María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora María del Socorro García Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión radica en ser el instrumento básico de la seguridad social en el país, como un servicio público de carácter nacional para todos los trabajadores con derecho a ello y sus familias. Forma parte de un sistema de salud y seguridad social amplio e incluyente, que procura la conservación de derechos y las prestaciones adquiridas en razón de sus esquemas de aseguramiento.

A lo largo de su historia el IMSS ha contribuido al mejoramiento del bienestar de la población, otorgando en un día típico 455 mil 872 consultas en los tres niveles de atención a través de su sistema institucional. Para dimensionar la operación, se registraron 5,313 egresos hospitalarios, se practicaron 3,983 cirugías y se atendieron mil 249 partos, sustentados con 685 mil 664 análisis clínicos y 51 mil 44 estudios de imagen.

En la actualidad, el IMSS atiende a más de 52 millones de derechohabientes, lo que la convierte en la más grande en su ramo de América Latina. Para lograr su importante cometido, esta institución ha registrado considerables aumentos en su presupuesto; tan sólo para el ejercicio fiscal del presente año, el PEF destina 394 mil 492.7 millones de pesos para su funcionamiento.

Lo anterior deja al Instituto con una gran responsabilidad: responder de manera adecuada a las expectativas de los usuarios, ofreciendo servicios dignos y de calidad, además de efectivos, seguros y eficientes.

El sector salud en el país opera con recursos limitados, por lo que se requiere de una correcta administración de éstos, desde los financieros hasta los humanos. Desafortunadamente, para el gobierno federal no está dentro de sus prioridades favorecer al Instituto, a pesar de lo que representa para los mexicanos y es por eso que se debe vigilar cabalmente el uso transparente y responsable del presupuesto, pues se trata de recursos públicos otorgados por los propios contribuyentes.

Un factor necesario para que la prestación de los servicios a todos los beneficiarios sea posible, es la contratación de recursos humanos y la adquisición de medicamentos. Tal actividad es fundamental para la eficacia y viabilidad del sector salud, pues representa implica la erogación de una gran cantidad de recursos, tanto administrativos como financieros.

En ese sentido, el IMSS ha avanzado en gran medida en materia de transparencia, haciendo de carácter público la información de los procesos de compras que éste realiza. Como ejemplo del avance logrado por las medidas adoptadas en materia de compras, tenemos las subastas en reversa, los precios máximos de referencia y la centralización de las compras, entre otros. Derivado de lo anterior se precisa que, de 2007 a 2011, se han ahorrado cerca de  46 mil millones de pesos, lo cual todavía no es suficiente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dio a conocer el trabajo Estudio sobre la contratación pública. Aumentar la eficiencia e integridad para una mejor asistencia médica: Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se reconocen los avances y, sobre todo, las deficiencias que el Instituto presenta.

En tal estudio, la OCDE reconoce que se podría ahorrar hasta un 36 por ciento del presupuesto que se tiene asignado para la adquisición de medicamentos si se eliminaran las prácticas de corrupción de los proveedores que, desafortunadamente, se llevan a cabo. Es decir, el dinero que se tiene destinado para la compra de medicamentos, se desaprovecha en actos de opacidad, ineficiencia y corrupción.

En el mismo orden que lo anterior, basta mencionar la reciente sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual ratificó la multa de 21.5 millones de pesos que la Comisión Federal de Competencia (CFC) impuso en febrero de 2010 a los laboratorios Cryopharma y Probiomed, los cuales, durante años, se pusieron de acuerdo para no competir efectivamente con sus rivales e irse turnando la titularidad de los contratos.

Otro caso es el de César Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS, quien estuvo involucrado en un acto de corrupción en la licitación del Instituto para beneficiar al laboratorio farmacéutico Novartis con un contrato de 80 millones de pesos.

Por tal motivo es necesario y urgente que se revisen los contratos hechos por el IMSS, a fin de detectar posibles irregularidades que  existan entre los proveedores e iniciar los procesos administrativos y judiciales correspondientes para sancionar a quienes resulten responsables.

Para hacer óptimo el uso de los recursos financieros, es vital llevar a cabo estudios de mercado que permitan monitorear el número de oferentes y aprovechar la mejor oportunidad de compra.

Amén de lo anterior, es necesaria la creación de una base de datos que permita la recopilación sistemática de información sobre las contrataciones que la Institución realiza a sus diferentes proveedores, con el fin de que se dé lugar a una correcta y exacta evaluación de las mismas.

Al mismo tiempo, resulta menester fortalecer el marco regulatorio para elevar las sanciones a los distribuidores que incumplan los contratos, ya que esto incrementa en gran medida el costo y el riesgo de las compras necesarias.

Se tiene que brindar la capacitación necesaria periódicamente a los encargados de las áreas de adquisiciones, con el fin de que conozcan y ejerzan las mejores prácticas administrativas.

Si bien en cierto que los avances obtenidos hasta ahora son considerables, es necesario reconocer que, de igual forma, los desafíos a los que día con día se enfrenta la institución son mayores y en la medida en que estos sean superados, se contribuirá al fortalecimiento del sistema y se ofrecerá un servicio de mayor calidad a los derechohabientes.

Es en razón de lo anterior que presento ante está honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que sean implementadas las mejoras necesarias en las áreas de adquisiciones, con miras a reducir costos y maximizar los beneficios.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que sean revisados los contratos de adquisiciones que tiene celebrados la institución con sus proveedores, con el objeto  a fin de detectar posibles casos de corrupción, y en su caso se inicien los procesos administrativos y judiciales correspondientes, para sancionar a quienes resulten responsables de haber incurrido en algún ilícito.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones que ha desarrollado la institución a efecto de mejorar los procesos de adquisiciones, así como también sobre los casos de corrupción que se han registrado en dicha materia, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2011.

Notas:

i http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msoc01&s= est&c=22594

ii Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/tom o_1/tomo_1_i09.pdf

iii “Abre IMSS sus compras al escrutinio internacional”. http://imss.gob.mx/comunicacion/Pages/nota.aspx

iv “Estudio sobre la contratación

Pública”. Organización para la cooperación y el Desarrollo Económicos, http://www.oecd.org/dataoecd/50/52/49383781.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.— Senadora María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

IMPORTACION DE PRODUCTOS DE ORIGEN CHINO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a promover por la Secretaría de Economía una salvaguardia de transición respecto a la importación de textiles, vestido, calzado, juguetes y productos minero-metalúrgicos de origen chino, que afecta dichas ramas de la producción nacional, suscrita por los senadores Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PRD

Los suscritos, senadores Ramiro Hernández García y Renán Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción III, 108 numeral 1, 175 numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, se permiten someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es el tercer socio comercial de China en América Latina, por detrás de Brasil y Chile. De acuerdo con datos de ProMéxico, el intercambio comercial entre ambos países registra un incremento superior al mil por ciento en la última década.

Según la Secretaría de Economía, en 2010 las importaciones del país provenientes de China, sumaron 45 mil 607.6 millones de dólares, cifra 40.2 por ciento mayor a lo observado en 2009; mientras que, México exportó al país asiático 4 mil 197 millones de dólares.

En dicho intercambio, México importa principalmente computadoras y equipos de comunicación, ropa, televisores, radios, así como accesorios de equipos de procesamiento, mientras que China importa de nuestro país, productos electrónicos, circuitos integrados, y módulos microelectrónicos, entre otros.

Este intercambio desigual ha provocado descontento y preocupación en diversos sectores de la industria nacional, quienes han manifestado tener pruebas de prácticas desleales de comercio de empresas chinas que exportan a México, dañando el mercado nacional.

De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Acuerdo sobre Salvaguardias (Acuerdo SG) establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) de 1994. Las medidas de salvaguardia se definen como medidas “de urgencia” con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador (artículo 2). Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno de los tres tipos de medidas especiales de protección del comercio (los otros dos son las medidas antidumping y las medidas compensatorias) a las que pueden recurrir los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Los principios rectores del acuerdo con respecto a las medidas de salvaguardia son los siguientes: deberán ser temporales; sólo podrán imponerse cuando se determine que las importaciones causan o amenazan causar un daño grave a una rama de producción nacional competidora; se aplicarán (generalmente) de manera no selectiva; se liberalizarán progresivamente mientras estén en vigor; el miembro que las imponga deberá (en general) dar una compensación a los miembros cuyo comercio se vea afectado.

Por lo anterior, se puede concluir que un miembro de la OMC puede adoptar una medida de “salvaguardia” (es decir, restringir temporalmente las importaciones de un producto), de acuerdo a lo anteriormente señalado.

Recientemente, el gobierno brasileño anunció que solicitará autorización a la OMC para dictar una salvaguardia provisional para las importaciones chinas, que regirá por hasta diez años; de igual manera Argentina impulsará la misma medida.

Al respecto, y con base en información de la Secretaría de Economía, en el Protocolo de Adhesión de la República Popular China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se estableció un mecanismo de salvaguardia de transición en aquellos casos en que mercancías de origen chino se estén importando en el territorio nacional en tal cantidad y en condiciones tales que causen o amenacen causar una desorganización del mercado para los productores nacionales de productos similares o directamente competidores.

De acuerdo a su facultades, compete a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía llevar a cabo el procedimiento de salvaguardia de transición, es el área “responsable de la determinación de salvaguardas cuando una industria del país se ve afectada por un incremento sustancial de las importaciones”; mismo que se encuentra regulado en el acuerdo por el que se da a conocer el mecanismo de salvaguardia de transición contenido en el protocolo.

Adicionalmente, y de acuerdo con información de la Secretaría de Economía (Inicio de Investigación de Salvaguardia por Desorganización del Mercado - Secretaría de Economía), en la substanciación del procedimiento se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en los Capítulos I, cuyo objetivo es el de “regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población”, y corresponde al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Economía la aplicación e interpretación de estas disposiciones. Asimismo, a lo establecido en el capítulo IV del Título VII de la Ley de Comercio Exterior (LCE), procedimiento en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda. De igual manera, las disposiciones referentes a infracciones, sanciones y recursos previstas en la citada ley, en todo lo que no contravenga dicho acuerdo.

De conformidad con el artículo 2 fracción II del Acuerdo referido, las medidas de salvaguardia de transición son aquellas que regulen o restrinjan las importaciones de mercancías originarias de China similares o directamente competidoras con mercancías de fabricación nacional, a efecto de prevenir o reparar una desorganización del mercado o una desviación importante del comercio.

El artículo 5 del acuerdo señala que para determinar si existe una desorganización del mercado, se considerarán factores objetivos, entre ellos:

i. El volumen de las importaciones de las mercancías objeto de investigación,

ii. El efecto de tales importaciones sobre los precios de las mercancías similares o directamente competidoras, y

iii. El efecto de tales importaciones sobre la rama de producción nacional que produce mercancías similares o directamente competidoras.

El artículo 20 del acuerdo señala que en circunstancias críticas en las que cualquier demora entrañaría un perjuicio difícilmente reparable para la rama de producción nacional, el titular del Ejecutivo federal podrá imponer una medida de salvaguardia de transición provisional en virtud de una determinación preliminar de que las importaciones han causado o amenazan causar una desorganización del mercado. En su caso, el titular del Ejecutivo federal impondrá las medidas de salvaguardia de transición provisional mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La duración de una medida de salvaguardia de transición provisional no excederá de 200 días naturales, los cuales se computarán como parte del periodo de vigencia de la medida definitiva, y su aplicación terminará 12 años después de la fecha de la adhesión; o sea que la vigencia del  Acuerdo concluirá, al igual que las medidas de salvaguardia de transición adoptadas conforme al mismo que en esa fecha continúen aplicándose, el 11 de diciembre de 2013.

Es importante mencionar que en 2001, en el proceso de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), México negoció el derecho a mantener durante seis años cuotas compensatorias en los términos que estaban vigentes sobre productos chinos en 21 sectores clasificados en mil 310 fracciones arancelarias.

El plazo de dichas cuotas se cumpliría en 2007; sin embargo, en 2008 se realizó una nueva negociación con China y junto con los productores se eligieron los bienes sensibles a proteger (204 fracciones, que incluían productos de calzado, vestido y juguetes, entre otros) con sobretasas a la importación (medidas de transición) durante cuatro años, que corrieron a partir del 2007 y concluyeron el pasado 12 de diciembre.

Debido a las consideraciones anteriores, la Secretaría de Economía (SE) informó hace algunos días que existe la preocupación, de diversos sectores productivos y distintas  cámaras empresariales, por las diversas prácticas comerciales que contravienen los compromisos de China ante la Organización Mundial de Comercio y la necesidad de integrar la información que establece la regulación para estos casos con la finalidad de demostrar la distorsión y el daño que estás prácticas causan en el mercado nacional.

Es por lo anteriormente señalado que se requiere la intervención del gobierno federal, a fin de sostener una competencia justa con sus pares orientales e implementar estas medidas de Salvaguardia de Transición, tal y como lo están haciendo otros países; todo ello, en beneficio del desarrollo empresarial, la diversificación de mercados, la generación de empleo y de mejores opciones de compra para los consumidores mexicanos, atendiendo en todo momento las inquietudes y sensibilidades de los diversos sectores nacionales.

En razón de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Economía, promueva una salvaguardia de transición a la importación de productos textiles, vestido, calzado, juguetes y minero metalúrgicos de origen chino, que afectan a dichas ramas de la producción nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Senadores: Ramiro Hernández García (rúbrica), Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SISTEMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la ALDF a realizar reformas a fin de sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que por culpa, negligencia o dolo incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; y a prever instrumentos de indemnización para el afectado, suscrita por el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Liev Vladimir Ramos Cárdenas Diputado de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6o., fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El seis de diciembre de 2011 fue aprobado un dictamen de la Comisión de Justicia que adiciona el artículo 225 Bis del Código Penal Federal. Fue turnado para sus efectos constitucionales al Senado de la República en la misma fecha.

En síntesis, lo que propone la referida adición consiste en sancionar al servidor público del sistema de procuración e impartición de justicia que por culpa o negligencia ejecute actos o incurra en omisiones y que por ello se retenga a una o más personas o se instruya a un proceso penal que concluya en una sentencia definitiva que absuelva al procesado, con pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 2 mil a 4 mil días de salario, que serán entregados al sentenciado. Cuando la conducta sea dolosa, además de la sanción pecuniaria señalada, la prisión será de cuatro a diez años. En este delito, además de las penas de prisión y multa previstas, el servidor público será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; delito que será perseguido sólo por querella de la parte ofendida.

Consideramos esta adición como un avance en nuestra legislación porque se adentra en el tema de la responsabilidad estatal, entendiendo que cuanto más se regula en este espacio más se amplía la protección de los bienes jurídicamente tutelados de la ciudadanía.

La idea anterior encuentra su fundamento en un principio general del derecho que reza: Todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo o en su defecto a indemnizar a quien ha sufrido la afectación. Mismo que ha producido el aforismo de que: nadie debe dañar a otro.

El Estado por su actuación cotidiana se enfrenta al escenario de traspasar las esferas de derechos patrimoniales de los ciudadanos, de vulnerar garantías y causar afectaciones de índole material pero también moral.

Quizá en este tema, y sin dejar de lado los respectivos pendientes que existen, la actuación del Estado en su faceta administrativa es la que más atención ha merecido por tratadistas y legisladores que se han abocado a su consolidación tanto en el marco secundario como en el constitucional, por ello el tema de la responsabilidad administrativa del Estado podría encontrarse más adelantado y la discusión sobre el mismo ocupa temas más reglamentarios.

Pero la actuación del Estado como juez ha pasado, en comparación con la función administrativa, un tanto desapercibida. En este aspecto la responsabilidad estatal admite varias modalidades entre las que destacan el error judicial y el anormal funcionamiento de la administración de justicia.

Estos aspectos, lamentablemente forman parte de la realidad de muchos justiciables hoy en día. Sobre todo en el ámbito penal donde un porcentaje que oscila entre el 70 por ciento y 80 por ciento de las personas que están en prisión, lo están pero no en razón de una investigación ministerial que proporcionara al juez los elementos necesarios para declarar una pena corporal sino que, fueron detenidos por cometer el delito en flagrancia, o al menos así se desprende de los expedientes.

Esto quiere decir prácticamente que si una persona no es detenida dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del ilícito tiene un 90 por ciento de probabilidades de entrar en impunidad.

Este sistema ha pervertido la función de los órganos procuradores de justicia, que ante la falta de una policía científica que sea la base de las investigaciones ministeriales, aprehende inexorablemente a los supuestos delincuentes en flagrancia lo que suple en gran medida la ausencia de pruebas periciales.

Un estudio de 2002 elaborado por el CIDE detectó que la inmensa mayoría de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el proceso fueron testimoniales, muy pocas periciales y prácticamente no hubo documentales.

Ante la posible violación que signifique una actuación no apegada a derecho por parte del Ministerio Público o por parte del administrador de justicia, el legislador debe prever la manera en cómo resarcir los derechos conculcados.

Esta reparación tiene razón de ser en virtud de que la pérdida de la libertad indebida, por un delito que no se cometió o por una orden de aprehensión infundada o bien por una orden de detención mal ejecutada impacta sensiblemente no sólo en la esfera de derechos patrimoniales del indiciado o inculpado, según sea el caso, sino además tiene un impacto netamente moral ante el cual el legislador no puede ni debe ser omiso.

La reparación y la indemnización son los principales mecanismos jurídicos a través de los cuales la persona que ha sufrido la afectación puede ser restituida en sus derechos vulnerados. Pues a través de ellos se busca resarcir el daño material o moral a la víctima.

Por ello, es importante que se reformen los respectivos códigos del fuero común en las distintas entidades del país, que el Estado sea el que responda directamente por la afectación que su actuación, a través de sus jueces, cause a particulares.

La adición del artículo 225 Bis que fue aprobada en días pasados en la cámara de diputados, también contempla aquellos casos en que la actuación de los jueces o ministerios públicos sea considerada como dolosa, es decir, que haya existido la intencionalidad de causar un daño mediante la actuación indebida.

Es necesario manifestar que también consideramos esta fórmula como parte del exhorto que se hace a las legislaturas puesto que constituye un verdadero incentivo para que los administradores y procuradores de justicia se abstengan de violentar derechos fundamentales.

Creemos que las violaciones a las garantías terminarían cuando se exija mediante fórmulas legales y no simplemente con discursos políticos que las autoridades que violen derechos o restrinjan garantías deberán responder por la comisión de sus actos.

Ciertamente la existencia de procesos penales contra jueces en nuestro país es algo poco común y lo que se busca no necesariamente tiene que ser aumentar el número de juicios en su contra sino, por el contrario, aumentar la efectividad de su labor y consolidar el Estado de Derecho asegurando que su función sea apegada a derecho y que, en los casos en que los jueces o los procuradores no tengan todos los elementos necesarios e indispensables para emitir un acto que limite derechos se abstengan de hacerlo.

Se busca que las legislaturas locales ejerciendo su facultad de iniciativa, atiendan la reparación e indemnización así como la responsabilidad estatal que debe recaer sobre un error judicial que devenga de vicios, defectos o imperfecciones  que no puedan ser atribuibles a persona alguna; sobre un error judicial atribuible a la conducta negligente de algún o algunos funcionarios; por el funcionamiento anormal de la justicia y que se considera como todo aquel funcionamiento contrario a lo dispuesto por la ley, y finalmente a la prisión preventiva derivada de cuestiones anteriores y que se exhibe cuando una persona es retenida a efecto de que se le instruya un proceso penal que concluya con una sentencia definitiva absolutoria.

El artículo 1o. constitucional dice en su primer párrafo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, es decir, en materia de derechos humanos el país debiera homologar su protección mediante la ampliación que se haga de los mismos, para que sean éstos la base de cualquier sistema de procuración y administración de justicia en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, presidente de la honorable Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 31 entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal a realizar las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que, por culpa, negligencia o de forma dolosa, incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; de igual forma para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado.

Notas:

1 León Olea, Bernardo, “Reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal”, en Revista Mexicana de Justicia, 6, 9, julio 2005, páginas 33-57.

2 León Olea, Bernardo, obra citada.

3 Ídem.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.— Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

INTERNAMIENTO A TERRITORIO ESTADOUNIDENSE - ESTADO DE SONORA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de impedir el establecimiento de cuota, derecho, contribución o gravamen para el internamiento en territorio estadounidense por el cruce fronterizo número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrita por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el suscrito, diputado federal Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, realiza proposición con punto de acuerdo para impedir el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo 1 de San Luis Rio Colorado, Sonora, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

I. Antecedentes

1. El estado de Sonora se ubica en la región noroeste del país; se divide en 72 municipios y con una superficie territorial de 184.934 kilómetros cuadrados, ocupa el segundo lugar nacional en extensión (después de Chihuahua) y representa el 9.2 por ciento del total del territorio mexicano. Su capital y ciudad más grande es Hermosillo.

Los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas participan de la frontera internacional norte con Estados Unidos de América.

2. San Luis Río Colorado, Sonora, es ciudad y cabecera del municipio del mismo nombre. Se localiza al este del Río Colorado y del municipio de Mexicali, Baja California, que hace frontera con Sonora.

Al norte colinda con el condado de Yuma, en el estado estadounidense de Arizona; al este con el gran desierto de Sonora, también conocido como desierto de Altar y con el municipio de Puerto Peñasco; al sur se encuentra el valle de San Luis, una zona desértica y la desembocadura del Río Colorado, en el Mar de Cortés.

El Condado de Yuma se encuentra a 35 minutos de distancia en vehículo y la ciudad de Mexicali, Baja California, a 45 minutos, en tanto que la ciudad capital, Hermosillo, a 8 horas en el mismo medio de transporte.

En San Luis Río Colorado existen dos cruces fronterizos, el último inaugurado recientemente por el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, conocido como “Cruce Internacional y Puerto Fronterizo de San Luis Río Colorado II”. En ambos casos, los puertos fronterizos operan como puntos de revisión peatonal, vehicular y carga.• Cruce fronterizo San Luis Río Colorado (punto de revisión peatonal, vehicular y/o carga)• Terminal de Autobuses Transportes del Pacífico• Terminal de Autobuses Estrella Blanca• Terminal de Autobuses Estrellas del Pacífico• Cruce fronterizo San Luis Río Colorado (punto de revisión peatonal, vehicular y/o carga)• Terminal de Autobuses Transportes del Pacífico• Terminal de Autobuses Estrella Blanca• Terminal de Autobuses Estrellas del Pacífico• Cruce fronterizo San Luis Río Colorado (punto de revisión peatonal, vehicular y/o carga)• Terminal de Autobuses Transportes del Pacífico• Terminal de Autobuses Estrella Blanca• Terminal de Autobuses Estrellas del Pacífico

II. Consideraciones

1. La libertad de tránsito consiste en la facultad de desplazarse o circular libremente por todo el territorio de un estado, así como de entrar o salir del mismo y de elegir libremente en él su lugar de residencia.

En la Constitución Federal está consagrada, en el artículo 11, que “todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Como se aprecia, la libertad de tránsito no es un derecho absoluto porque puede ser limitada por diversas razones, entre otras, por sanidad, mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería de cada país. Asimismo, pueden exigirse determinados requisitos legales o administrativos para su ejercicio.

Empero, tanto las normas internacionales como los criterios interpretativos del Poder Judicial Federal han señalado que tales condicionantes o requisitos deben ser “razonables”, a fin de no desnaturalizar ese derecho fundamentar, y terminar violentándolo.

Así, se ha considerado “razonable” que las autoridades exijan la presentación del pasaporte respectivo a las personas que van a salir de un país, pero no lo es el cobro de una cifra exorbitante para la obtención de tal documento.

Conforme a los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, la protección de la libertad de tránsito presenta distintos alcances, dependiendo de quien ejerce el derecho, esto es, si tiene la condición de nacional o extranjero respecto del territorio al cual quiere ingresar, en el que desea permanecer o residir, o del que pretende salir. Por esta razón doctrinariamente se ha bifurcado en dos el estudio de este derecho.

Tratándose de los nacionales, tanto el Pacto Internacional (artículo 12.4) como la Convención Americana (artículo 22.5) sobre derechos políticos y civiles disponen que nadie puede ser privado del derecho de ingresar al territorio del Estado del cual es nacional.

Consecuentemente, constituye una violación a la libertad de tránsito negar a un nacional el ingreso a su país, pues este derecho sólo se le puede restringir a quien no se halla ligado jurídicamente al Estado por el vínculo de la nacionalidad o bien judicialmente.

Un hecho violatorio de la libertad de ingresar al territorio del cual una persona es nacional lo constituye el denominado “ingreso condicionado”, el cual se produce cuando un gobierno exige a los nacionales que pretenden ejercer el derecho de ingresar a su patria, el compromiso de respetar el régimen establecido y las leyes vigentes, siendo esta actitud incompatible, no solamente con el derecho de ingresar al país, sino con el de opinión y expresión.

El derecho a permaneceren el país del cual es nacional una persona se encuentra asimismo garantizado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, la Convención Americana (artículo 22.5) dispone que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional.

En cuanto al derecho de salir del territorio nacional, constituye una violación impedirlo a quienes cumplen con las condiciones para tal efecto, pues todas la personas tienen el derecho de emigrar o visitar otro país, siempre que no exista una causa razonable para impedirlo, como por ejemplo, en el caso de quienes se encuentren procesados por delitos comunes, supuesto en el cual la ley puede prohibirles salir del país, medida que habrá de ser decidida por la autoridad competente si razonablemente así lo amerita la situación de acuerdo a sus particulares circunstancias.

Respecto a este tema, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el pasaporte es el medio para salir libremente de cualquier país. En principio, nadie puede ser privado del derecho de obtenerlo, o renovarlo, pues negarlo injustificadamente significa desposeer a la persona del documento en donde consta su nacionalidad, impedirle viajar fuera de su patria, obligarla a que, por fuerza de esta circunstancia, se mantenga dentro del país y sometido a las autoridades que lo constriñen a ello.

Sin embargo, debido a causas razonables se pueden establecer limitaciones a este derecho. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que un Estado, si así lo disponen sus leyes, puede negar el pasaporte a uno de sus ciudadanos, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de los individuos que no han cumplido con realizar el servicio militar obligatorio de acuerdo a sus leyes nacionales, considerándose una restricción de este tipo válida y necesaria para la protección de la seguridad nacional y el orden público.

Respecto a los extranjeros,el ejercicio de la libertad de tránsito tampoco es absoluto, pues no entraña  una facultad ilimitada para viajar de un país a otro ni para permanecer en ellos. De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, la libertad de tránsito no confiere a ninguna persona el derecho de entrar a un país distinto del propio, o residir en él, por cuanto corresponde a cada Estado decidir a quién ha de admitir o no, en su territorio.

Por lo general todo extranjero que desea ingresar a un país determinado debe cumplir una serie de condiciones que éste exija, como son, por ejemplo, contar con su pasaporte o documento de viaje análogo, vigente y expedido por la autoridad competente, con su correspondiente visado, así como la correspondiente revisión de tales documento (pasaporte y visa) e incluso, de su persona, vehículo o medio de transporte; aspectos que también en el orden internacional se han considerado “razonables”, máxime en atención a las circunstancias actuales de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.

Una vez que el país permite a un extranjero entrar en su territorio, adquiere el derecho de circular, elegir libremente su residencia, y salir de él. Estos derechos no podrán ser limitados sino conforme a las excepciones previstas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como son el orden público, la seguridad nacional, etcétera.

Conviene enfatizar que los extranjeros obtienen tales derechos solamente si ingresan al país cumpliendo con los requisitos necesarios para tal efecto, por lo que no gozarán de ellos quienes ingresan o permanecen en él, sin haberse sometido a los controles de admisión reglamentarios, o que permanezcan en el territorio después de vencido el plazo de la autorización concedido a su ingreso.

En concordancia con lo dispuesto en el citado Pacto Internacional (artículo 13) y la Convención Americana (artículo 22.6), todo extranjero que se encuentre legalmente en el territorio de un Estado sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a ley.

De acuerdo al Comité de Derechos Humanos, para determinar el carácter de esta protección debe tenerse en cuenta el derecho nacional relativo a las exigencias de entrada y estancia. Añade el Comité que, en particular, quienes hayan entrado ilícitamente o permanezcan más allá del tiempo autorizado en un país, no se encuentran amparados por esta protección; pero si la cuestión controvertida es precisamente la licitud de su entrada o permanencia, toda decisión que derive en una expulsión debe adoptarse con arreglo a las garantías previstas en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Al igual que en el caso de los nacionales, todo extranjero tiene del derecho de salir del territorio del Estado en que se encuentra residiendo o circulando, ya sea para emigrar o simplemente para viajar a otro lugar.

2.En razón de lo anterior, tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos de América han establecido a lo largo de la frontera norte diversos puntos de cruce fronterizo que actúan como puestos de control para asegurar el cumplimiento de las normas nacionales sobre ingreso a México de los extranjeros y asimismo, al posibilitar la revisión de la documentación, persona y medios de transporte de los extranjeros que se internan a territorio nacional, así como a los connacionales que desean salir de México e ingresar a suelo norteamericano.

En el caso de la frontera norte, particularmente, el cruce fronterizo ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, tiene a la fecha implementadas dos modalidades de revisión de los connacionales por parte de la autoridad norteamericana para determinar y en su caso, autorizar su ingreso a territorio estadounidense, por un lado, el mecanismo tradicional, que implica la formación de una línea o fila en la que las personas y sus vehículos son objeto de revisión conforme la autoridad avance en ese proceso de examen.

Lógicamente, esa forma de internamiento se ha caracterizado por ser lenta, implicando en ocasiones un tiempo de espera de entre 2 y 3 horas en promedio, aunque en ciertas horas del día o fechas del año, el ingreso puede dilatar aún más.

En razón de lo anterior, la autoridad norteamericana previó un mecanismo más ágil que particularmente ha beneficiado a los nacionales mexicanos que habitual o periódicamente se internan en territorio norteamericano, sea por motivos de negocio, educación o trabajo.

El mecanismo en comento, conocido como SENTRI, fue implementado por vez primera en 1995 por el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) en el punto fronterizo de Otay Mesa, en California, y se ha extendido a diversos puntos fronterizos, entre ellos el de San Luis Río Colorado, Sonora.

La SENTRI es un popular programa en el que los solicitantes se someten voluntariamente a una entrevista personal e investigación de antecedentes penales, dan sus huellas dactilares y pagan una cuota de alrededor de 129 pesos para cubrir gastos administrativos.

Los miembros que reciben la aprobación tienen acceso a un carril especial para viajeros frecuentes que permite hacer el trámite de ingreso más rápido en los puntos de entrada donde haya carriles de la SENTRI, para lo cual se entrega al interesado una tarjeta y se coloca en el parabrisas un dispositivo de identificación que emite una frecuencia particular de radio que posibilita al acceso a territorio norteamericano.

A la fecha, el programa comprende 15 carriles en ocho localidades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Más de 100 mil viajeros de ambos lados de la frontera están inscritos actualmente en el programa de la SENTRI.

3.En algunos otros puntos de cruce fronterizo, el gobierno norteamericano ha implementado una tercera modalidad para acelerar el ingreso de los nacionales que desean internarse en su territorio, a saber, la conocida como Ready Lane.

Este mecanismo diseñado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos es resultado de una iniciativa tendente a favorecer un cruce de frontera más seguro y eficiente para los viajeros.

Mediante este sistema o programa se beneficia a las personas que ya cuentan con un documento de la Iniciativa de Viajes del Hemisferio Occidental (WHTI, por sus siglas en inglés) compatible con Identificación por Radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés); tecnología que permite a los oficiales del gobierno norteamericano obtener vía remota información de determinada persona y procesar su ingreso de los viajeros de una forma más rápida, precisa y confiable.

Ready Lane es una línea para vehículos habilitada para viajeros que crucen por tierra los puntos fronterizos de los Estados Unidos y ya se encuentra disponible en diversos puntos fronterizos, tales como El Paso, Texas.

Las tarjetas con RFID habilitado y compatibles con WHTI aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos son la tarjeta pasaporte de Estados Unidos, la licencia de conducir y tribal card mejoradas, las tarjetas para viajeros de confianza (NEXUS, SENTRI y FAST), la nueva tarjeta de residentes permanentes (PRC) o la nueva tarjeta de pase de frontera (BCC).

El procedimiento de ingreso a territorio americano a través de esta modalidad, consiste en que el conductor del vehículo se detiene al comienzo de la línea esperando su turno y una vez que se ha asegurado que todos los pasajeros del vehículo cuentan con su tarjeta con RFID, deben avanzar lentamente mientras todos los pasajeros sostienen en alto su tarjeta del lado del conductor.

Así, al mostrar su documentación a una base receptora instalada a pocos metros de la caseta migratoria, de manera automática e inmediata se registran en la base de datos los nombres de los ocupantes del vehículo. De esta manera, cuando el automóvil se aproxima con el oficial americano, éste ya tiene en la pantalla de la computadora toda la información de los viajeros y la revisión es más rápida y segura.

Por ello, el programa Ready Lane ha permitido acelerar el tráfico procedente de territorio nacional hacia Estados Unidos y evitar el congestionamiento vial previo a las garitas migratorias.

Cabe destacar que aquellos residentes que renovaron o solicitaron su documentación como pasaporte de Estados Unidos, tarjeta SENTRI, credencial de residentes permanentes de Estados Unidos o de pase fronterizo, durante el año pasado, incluyen el nuevo sistema de tecnología con chip de radio frecuencia.Asimismo, las tarjetas visa láser expedidas a mexicanos por autoridades consulares estadunidenses a partir de 2008, también ya incluyen esta nueva tecnología.

4.En días pasados, los medios de comunicación locales en San Luis Río Colorado, Sonora, informaron que existía la intención de instalar una caseta de cobro de una especie de “peaje” para acceder a la línea o carril SENTRI en el cruce internacional hacia Estados Unidos ubicado en el Puerto Fronterizo 1 del municipio.

En principio, funcionarios de la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señalaron que efectivamente, esa dependencia a través de la Concesionaria y Operadora del Puente Internacional Cucapá, SA de CV, tenía considerado realizar el cobro de 25 pesos a usuarios de la línea SENTRI con fines de regulación y modernización del puerto fronterizo.

Posterior a ello, se difundió entre la población otra versión, en el sentido que el proyecto de modernización de los carriles en el punto de cruce fronterizo ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, consiste en la inclusión de un nuevo carril “exprés” (Ready Lane) como una opción adicional para las personas que cuentan con la nueva visa laser con chip, previendo el cobro de 25 pesos a quien decida utilizarlo.

Lo cierto es que a la fecha, no se cuenta con información clara, objetiva y confiablesobre el posible cobro de alguna cuota, derecho, gravamen o tarifa por el internamiento a territorio norteamericano por cualquier modalidad.

Como es lógico, esta situación suscitó fuertes y justificados reclamos de los usuarios ante la posible imposición de un derecho o contribución sin razón alguna en cualquier modalidad de internamiento al país norteamericano, sea la forma tradicional, a través de la llamada línea SENTRI o de un eventual nuevo carril exprés (Ready Lane), sin el consenso de la población, de sus representantes o legítimos intermediarios, sin que se haya difundido información suficiente, clara, objetiva y veraz sobre el particular, específicamente sobre la existencia o no de alguna concesión otorgada en la puerta fronteriza número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora, que autorice o posibilite el cobro de mérito.

5.Cualquiera que sea la modalidad de ingreso a Estados Unidos de América en la que se pretende el cobro de una cuota de peaje, contribución o derecho, resulta completa y evidentemente arbitraria, ilegal e injustificada, pues resulta violatoria del derecho al libre tránsito del que por mandato constitucional gozan todos los mexicanos, y que les faculta para salir libremente del país contando con el pasaporte de identidad y cumpliendo los requisitos de internamiento que, en su caso, exija la autoridad norteamericana.

En efecto, tal como lo han reconocido los organismos internacionales defensores de los derechos humanos con apoyo en las normas que consagran los derechos civiles y políticos, si bien es factible la imposición de restricciones o limitaciones a ese derecho, éstas deben ser razonables y encontrarse plenamente fundamentadas, lo que no ocurre en la especie, lo que explica los reclamos justificados de los sanluisinos.

Además, la imposición de ese gravamen, cuota o carga por el mero hecho de salir del país, también vulnera el principio de igualdad jurídica recogido en los numerales 1 y 4 de la carta fundamental, habida cuenta que en ningún puerto fronterizo la autoridad nacional cobra una contribución o derecho semejante.

Luego, al pretender exigir a los sanluisinos al pago de un gravamen de esa naturaleza como limitante para salir del país, se da un trato desigual a los iguales y con ello, se vulneran las garantías fundamentales de igualdad jurídica y libertad de tránsito reconocidas constitucionalmente.

Evidentemente, el cobro obedece a un ánimo de lucro de la empresa concesionaria en perjuicio de los derechos de la colectividad que, por su misma naturaleza, se encuentran por encima de los derechos individuales que pudieran derivar de su título concesión.

III. Proposición

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones que resulten necesarias y detenga el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio norteamericano (sea en forma tradicional, en la llamada línea SENTRI, de un nuevo carril exprés, Ready Lane,o bajo cualquier otra modalidad), a través del puerto fronterizo número 1 de San Luis Río Colorado, Sonora; problemática respecto de la cual a la fecha, ha dejado de difundir entre la población y sus representantes, la información suficiente, clara, objetiva y veraz atinente, específicamente sobre la existencia o no de alguna concesión otorgada en esa puerta fronteriza que autorice o posibilite el cobro de mérito.

Notas:

1 Fuente: Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, http://sanluisrc.gob.mx/

2 “Calderón inaugura paso fronterizo y pide a EU frenar el tráfico de armas”,en CNN México, 4 de noviembre de 2010, consultable en http://mexico.cnn.com/nacional/2010/11/04/calderon-inaugura-paso-fronterizo-y-p ide-a-eu-frenar-el-trafico-de-armas

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile”. OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 17, 27 de septiembre de 1985, página 141.

4 Informe del grupo de trabajo Ad-Hoc para investigar violaciones de derechos humanos en Chile (1977). Citado por O’ Donell, Daniel, Protección Internacional de los Derechos Humanos. Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, segunda edición, página 212.

5 Comunicación número 77/1980, Samuel Lichtensztejn c. Uruguay, párrafo 8.3. En selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al protocolo facultativo. Volumen 2, 17 al 32 período de sesiones (octubre 1982-abril 1988), CCPR/C/OP/2. Nueva York, Naciones Unidas, 1992, página 114.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe anual 1982-1983 (Uruguay). Citado por O’ Donell, Daniel, Protección internacional de los derechos humanos, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1989, segunda edición, página 215.

7 Comunicación número 77/1980, Samuel Lichtensztejn c. Uruguay, párrafo 8.3. En selección de decisiones del Comité de Derechos Humanos adoptadas con arreglo al protocolo facultativo, obra citada, página 14.

8 Comunicación número 492/1992, Lauri Peltonen c. Finlandia, párrafo 8.4. En Naciones Unidas, Informe del Comité de Derechos Humanos. Volumen II. Asamblea General, documentos oficiales, 49 periodo de sesiones, suplemento número 40 (A/49/40), página 251.

9 Observación general número 15. La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (27 periodo de sesiones, 1986), párrafo 5. En Recopilación de las observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos de derechos humanos creados en virtud de los tratados, Naciones Unidas HRI/GEN/1, 4 de setiembre de 1992, página 21.

10 Tal denominación atiende a las siglas –en inglés- de la Red Electrónica Segura para la Inspección Rápida de Viajeros (Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, SENTRI).

11 Información consultable en el sitio oficial de internet del Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection), www.cbp.gov.

12 Información consultable en los sitios http://www.getyouhome. gov/html/rfid/RFID_FAQ_esp.html y http://lineaexpress.blogspot.com/ 2011/02/ready-lane.html#!/2011/02/ready-lane.html

13 Información consultable en http://aduanaenmexico.wordpress.com/ 2011/03/22/ready-lane/

14“Contra cobro en acceso SENTRI”, en La Tribuna de San Luis, 27 de noviembre de 2011, consultable en http://www.oem.com.mx/tribunadesanluis/notas/n2324514.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputados: Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California a instruir al procurador de Justicia a fin de que asista a una reunión con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de ésta la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, a pesar de la legislación, no está vigente ni es respetado el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia. Los homicidios de mujeres por razones de género –los feminicidios– siguen siendo un problema grave e inadmisible. Y la violencia feminicida que se expresa en la elevada mortalidad femenina por causas prevenibles es la culminación de la discriminación que sufren las mujeres y una muestra más de la precariedad del estado de derecho que vivimos actualmente en el país.

La debilidad de los derechos de las mujeres se pone en evidencia a partir de códigos penales que atenúan de diverso modo las penalidades para quienes privan de la vida a las mujeres o las agreden física, sexual o económicamente. Es clara también en el altísimo grado de impunidad –resultado de la extendida ineficiencia y la tolerancia de las instituciones de procuración de justicia– que, según datos recabados por la Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios de la Cámara de Diputados, para 12 entidades de la República, llega a representar 99 por ciento de los casos de homicidios de mujeres entre 2000 y 2010.

De acuerdo con la estadística de mortalidad que genera la Secretaría de Salud y que sistematiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 1985 a 2009 hubo casi 33 mil feminicidios, y un crecimiento de 68 por ciento de 2005 a 2009. Aunque hay 9 entidades que han tenido un crecimiento entre 483.1 a 93 por ciento en los últimos tres años.

En contra del extendido prejuicio de que el feminicidio victimiza a las mujeres por llevar una vida poco moral, 17.2 por ciento de estas muertes ocurren en mujeres menores de edad;entre éstas destacan las niñas entre 0 y 5 años que representan el 9 por ciento de estos asesinatos. Las formas en que las mujeres son privadas de la vida da cuenta igualmente de la brutalidad y violencia que se ejerce en su contra, así, en el último año, 40 por ciento perdió la vida por la vía de una arma de fuego, 20 por ciento sufrió ahorcamiento, ahogamiento o sofocación. El 18 por ciento fue ultimada por el uso de armas punzo cortantes y el resto perdió la vida por el uso de sustancias, fuego, objetos romos y otros no especificados en los registros.

Las respuestas de los gobiernos de las entidades federativas ante este gravísimo problema han estado muy por debajo de la responsabilidad que tienen para hacer valer la seguridad y los derechos humanos de las mujeres. Lejos de ello, su primera reacción ha sido escamotear su responsabilidad de hacer justicia invisibilizando los hechos en el registro delictivo, evidenciando su falta de disposición para hacer justicia y, con ello, evitar la repetición crónica de estos crímenes.

Baja California es una de las entidades donde se ha observado un crecimiento constante de los feminicidios. Actualmente, la entidad ocupa el segundo lugar con una tasa de crecimiento de 424 por ciento, sólo por debajo de lo que ocurre en Chihuahua, que lamentablemente sigue a la cabeza de estos deplorables crímenes y el peso de las muertes violentas de mujeres por presuntos homicidios dolosos sobre el total de defunciones femeninas en 2009 se disparó más de tres veces respecto a la observada en 2008 (de 2.79 a 9.85 por cada 100 mil mujeres), quedando notablemente por encima del promedio nacional.

Cuatro de cada 10 homicidios de mujeres bajacalifornianas en 2009, ocurrieron en la vivienda y 3 de cada 10 por ahorcamiento. En tanto, el uso de arma de fuego se incrementó de 34.2 a 43.6 por ciento.

Atendiendo a las edades, el peso de las muertes de mujeres menores de 18 aumenta casi tres veces en la entidad: pasó de 5.3 a 14.1 por ciento, en 4 años, de 2005 a 2009. En el mismo lapso, la razón de la tasa masculina de defunciones con presunción de homicidio sobre la tasa femenina, muestra, en cambio, una disminución de 9.9 a 8.1. Ello significa que la tasa de homicidios masculinos se ha reducido frente a la tasa de feminicidios a razón de casi dos hombres por cada mujer.

De acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2011, publicadas por el Inegi, Baja California es el estado más peligroso para las mujeres. En cuanto a la violación sexual, en 2005 esta Entidad ocupaba el séptimo lugar nacional, con 35.8 mujeres violadas por cada 100 mil. Para 2009, la tasa de víctimas de este tipo de violencia se elevó a 43, llevando a Baja California al cuarto sitio. Solamente Tijuana concentra 70 por ciento de los feminicidios que se producen en la entidad.

La Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, formada en 2010 por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, adoptó el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero contra el Estado mexicano, emitida en noviembre de 2010, como uno de los ejes de su plan de trabajo. Con el ánimo de revisar la actuación de las instituciones de procuración de justicia ante los feminicidios, la comisión especial ha convocado a reuniones de trabajo a los procuradores generales de Justicia o fiscales generales de los estados para establecer acuerdos de colaboración, incorporar los estándares establecidos en los resolutivos de esta sentencia y avanzar en el combate de la impunidad en los casos de violencia de género en el país.

Así, de junio de 2010 a septiembre de 2011 se realizaron reuniones con doce titulares de las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales, suscribiendo acuerdos de colaboración que contemplan acciones para establecer un enlace con la comisión, además de revisar expedientes, actualizar páginas electrónicas con datos de mujeres desaparecidas o halladas asesinadas; banco de datos genéticos de mujeres y niñas, incorporar la perspectiva de género y los lineamientos internacionales en protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para investigar los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

Se ha pugnado igualmente, por la implementación de mecanismos y protocolos para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas y por la asignación de recursos para la formación y capacitación permanente del personal involucrado en las investigaciones. Además de asegurar la difusión amplia de campañas de prevención en materia de derechos humanos de las mujeres. Finalmente hemos pugnado por la tipificación del feminicidio y por contar con una metodología común para el registro y la integración estadística de los homicidios de mujeres.

Este esfuerzo ha sido bien recibido por los titulares de las instancias de procuración de justicia de las entidades, convocadas por la Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, vía oficios de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en dos ocasiones se ha solicitado al procurador general de Justicia de Baja California su asistencia, sin que a la fecha se haya recibido respuesta afirmativa.

En agosto del año pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó respetuosamente al Ejecutivo estatal, para que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales realizara una serie de acciones contundentes para agilizar las investigaciones para el esclarecimiento de los crímenes de mujeres y la implementación de medidas preventivas y de seguridad efectiva para las mujeres y las niñas en ese estado, ya que el incremento desproporcionado de la violencia contra las mujeres que se ha dado en la entidad debe ser abordado para diseñar medidas efectivas y eficaces que permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para ello se requieren el compromiso y la colaboración de las autoridades.

Por lo expuesto, sometemos a su consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Baja California a instruir al procurador general de Justicia del Estado a fin de que asista a una reunión con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados, para informar sobre la situación de los homicidios y las desapariciones de niñas y de mujeres en la entidad y de las acciones realizadas desde la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a estos hechos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRA y a la Conagua a resolver el problema del predio El Salado, o La Oreja, en Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, y a la Comisión Nacional del Agua a resolver el problema del predio conocido como El Salado o La Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Exposición de Motivos

El predio conocido como El Salado o La Oreja, situado en Ecatepec de Morelos, con una extensión original de 3 mil 900 hectáreas, pertenece a los comuneros del poblado de Santa María Tulpetlac, por disposición inscrita en la Cédula Real del año 1809, cuya legalidad fue reconocida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en respuesta a la opinión emitida en 1975 por el director general del Instituto Nacional Indigenista, referente a que existían pruebas para reconocer y titular los bienes comunales a favor del poblado de Santa María Tulpetlac, toda vez que los estudios realizados mostraron la autenticidad de la Cédula Real en comento.

Después de haber obtenido la Cédula Real, los pobladores iniciaron la lucha por obtener el reconocimiento oficial de sus tierras, que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Sin embargo durante el reparto agrario, sólo se les reconocieron y titularon 235 hectáreas, dejando en el rezago 3.665, por lo que recurrieron al amparo 498/2003-1 ante el Juzgado del Cuarto Distrito en el estado de México; cabe señalar que el Juez Federal les concedió la suspensión provisional de plano.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua violentó dicha suspensión, utilizando a la Policía Federal Preventiva para desalojar el predio, ya que mantiene la posesión de mil 76 hectáreas de este terreno que colindan con el vaso del lago de Texcoco, con el argumento de que 1922 se declararon propiedad nacional los lagos y lagunas del valle de México; no obstante que en 1971 se fijaron nuevamente los límites del vaso del lago de Texcoco, y que en 1982 se enajenaron estos terrenos, a favor del gobierno del estado de México, para que se regularizara la tierra, y reubicaran en las mismas a quienes acreditaran derechos sobre los terrenos; cabe señalar que el lago se ha desecado y que no existe razón alguna para que la comisión pretenda mantener algún tipo propiedad sobre estos terrenos.

Los comuneros han gestionando todo este tiempo ante distintas instancias; por citar algunos ejemplos en 2003, se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se comprometieron a gestionar una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, y el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria; en reuniones posteriores no obtuvieron avances significativos por ello en 2007 solicitaron apoyo al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para reanudar las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua; y recibir asesoría y representación jurídica.

La secretaría particular de la Presidencia de la República, solicitó a la Procuraduría Agraria brindar la atención correspondiente, y turnó el asunto a la Comisión Nacional del Agua. En 2011 fueron recibidos por personal de dicha comisión quienes aceptaron realizar la revisión de la situación y el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, solicitó a la Secretaría de Gobernación, intervenir como interlocutor institucional entre los grupos de Santa María Tulpetlac y la Secretaría de la Reforma Agraria, a quien señalaron como la dependencia que cuenta con los antecedentes del asunto.

Como se puede observar, los comuneros de Santa María Tulpetlac han acudido reiteradamente a distintas instancias buscando solución a este conflicto; dado que resultaría una ofensa continuar indefinidamente con esta situación, debe darse respuesta inmediatamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaria de la Reforma Agraria y a la Comisión Nacional del Agua a resolver inaplazablemente el problema del predio conocido como El Salado o la Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a implantar el programa Alerta Amber a fin de que se permita coordinar las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niños y de adolescentes desaparecidos ahí, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

Lizbeth García Coronado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar en la entidad el programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se coordinen las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el estado de México.

Exposición de Motivos

Decenas de niños y niñas desaparecen cada año en el estado de México. Algunos, según reportes del Registro Nacional de Personas Extraviadas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, incluso en sus propias casas, en descuidos de sus madres, o al salir de fiesta con los amigos.

Aunque hay diferencias entre secuestro, sustracción por un familiar, extravío o desaparición de un infante o de un menor, el problema para un padre de familia en todos los casos es el mismo: la tragedia de no tener acceso al menor, y en muchas veces, en forma permanente. Sí, en México este problema poco se discute o se reporta, y muchos de estos niños no sólo se los llevan para exigirles dinero a sus padres, sino para venderlos en adopciones ilegales, o para prostituirlos. Y como si el problema de los criminales que se dedican al robo de niños, además de la existencia de pederastas, no fuera suficiente, también están los mismos padres, que secuestran a sus hijos por problemas con sus parejas o por conflictos de divorcio.

A julio de éste año, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha iniciado la investigación de 42 desapariciones de niños en toda la entidad, pero sólo se ha logrado la localización de ocho menores.

Según los reportes de la procuraduría estatal, en el mes de enero se registró la menor incidencia de desaparición de niños, con dos casos, y marzo el que más casos, cuando se registraron nueve, incluidos el de dos recién nacidas, una de ellas ya fue recuperada en el municipio de Tenancingo, mientras que la otra pequeña fue arrebatada de los brazos de su madre en calles de la ciudad de Toluca, sin que hasta ahora se sepa algo de su paradero.

Por tanto se trata de un problema de suma importancia y sobre el cual se requieren implementar mecanismos eficientes como el de la Alerta Amber.

La Alerta Amber es un programa que se ha desarrollado en otros países y tiene gran experiencia en el tema, este programa ha concientizado a las autoridades, procuradores, policía y sociedad para poder hacer un trabajo conjunto, con el objetivo de recuperar a los menores de edad en peligro de sufrir daños por haber sido sustraídos, secuestrados, desparecidos sea en el país de origen o en el extranjero, facilitando así el intercambio de información y proporcionar las herramientas tecnológicas para dicha búsqueda y recuperación, ayudando a contrarrestar este fenómeno

Recientemente el gobierno del Distrito Federal presentó este programa, con la finalidad de coordinar las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes en la capital del país.

Cabe señalar que esta alerta consiste en la organización de la sociedad civil, medios de comunicación, autoridades y empresas para efectuarla localización de los menores desaparecidos. Para que una alerta sea emitida, los familiares del menor (desaparecido o secuestrado) deben dirigirse a la Procuración de justicia o a un organismo de la sociedad civil. Después, utilizando los tiempos oficiales en radio y televisión, se emitirá un corte informativo sobre la desaparición.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a implementar en la entidad, el Programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se permitan coordinar las acciones, para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el estado de México.

Nota:

1 Salazar, Ana María, Menores robados y desaparecidos. En http://www.informador.com.mx /mexico/2010/205337/6/menores-robados-y-desaparecidos.htm.

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro,  18 de enero  de 2012.— Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

PRECIOS DE LA CANASTA BASICA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emprender acciones urgentes contra el alza de la canasta básica, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputado federal Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emprender acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica al tenor de las siguientes

Consideraciones

La canasta básica, según la Procuraduría Federal del Consumidor, es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso; en otras palabras, una canasta básica es aquella que tiene todos los productos necesarios para poder tener una vida sana, tanto física como mentalmente.

A través del tiempo se han incluido una serie de factores a la  canasta básica, ya que inicialmente se utilizaba esta medida para saber cuánto tiene que gastar una persona para poder satisfacer sus necesidades primarias y de esta manera, desarrollar su potencial.

Algunos productos que forman parte de la canasta son aceites, agua embotellada, arroz, atún, azúcar, carne, café soluble y tostado, cerveza, chocolate, electricidad, gas doméstico, servicios telefónicos, detergentes, jabones, medicamentos, pasta de dientes, refrescos, gasolinas, el transporte colectivo, computadoras, Internet, refrigeradores, televisores, el cine, cuadernos y lápices, entre otros.

En México utilizamos esta medición para calcular la inflación; el Banco de México (Banxico) agrupa a 80 productos de la canasta básica y los compara con el ingreso-gasto de las familias promedio del país.

Para facilitar su estudio, Banxico ubicó a todos los productos a estudiar en siete grupos los cuáles son alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios;  muebles, aparatos domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento y otros.

Las mediciones del índice nacional de precios al consumidor se publican los primeros martes y los días 24 de cada mes, a fin de saber cuánto aumentaron los precios en general y optar por medidas que logren mantener estable la inflación.  Otra institución que mide y estudia los precios es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a fin de proveer al consumidor información sobre la variedad de precios y calidad de distintos productos, así como su disponibilidad y si éstos pueden ser adquiridos por la mayoría de los mexicanos.

El 4.2 por ciento de aumento general a los salarios mínimos en las tres áreas geográficas del país se verá opacado este 2012 con el alza de la canasta básica alimentaría, la cual tan sólo en los últimos cuatro meses de 2011 reportó un incremento del 30 por ciento. Los 59.08 pesos que aplicarán como salario mínimo mensual para 2012 en la zona rural del país de los estados de Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Morelos, Puebla, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, como lo establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pareciera ser una broma de mal gusto que sólo generará mayor inestabilidad social.

El incremento al salario mínimo no ayuda a contrarrestar la precaria situación económica en la que viven millones mexicanos, no sirve ni para pagar un huevo, menos para un cuarto de tortillas.

Para este 2012, el sector público federal contempla un incremento de entre el 10 y el 15 por ciento de los productos básicos. El precio de la tortilla aumentó 2.50 pesos, por lo que el kilogramo ya cuesta 12 pesos, pero son muchos los productos de la canasta básica y servicios los que ha sufrido un incremento.

Por lo pronto, ya hay productos de la canasta básica que han subido de precio hasta en un 44 por ciento a diez días de iniciado el año, tales como el agua embotellada, café, huevo, artículos de limpieza, galletas de granola, refresco de cola y el jamón de pavo, entre otros.

Recordemos que esto es sólo el principio, pues falta que entren en vigor los aumentos de precios en la energía eléctrica y agua, así como el gasolinazo de cada mes, que sin duda van a generar alzas sistematizadas en todos los productos, incluidos los considerados dentro de la canasta básica.

Por lo expuesto y fundado:

Punto de Acuerdo

Único.  La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta Ejecutivo federal a emprender acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica.

Dado en la sede del  Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

TREN SUBURBANO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SCT para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del Tren Suburbano, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Rigoberto Salgado Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 79, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presentan al pleno de esta Comisión Permanente propuesta con punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione, para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del Tren Suburbano.

Antecedentes

De manera casi subrepticia, a finales del mes de diciembre del año pasado, se supo que el gobierno federal informó su aceptación para rescatar a la empresa Ferrocarril Suburbano mediante la compra del 49 por ciento de las acciones de la concesionaria española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y extendiendo la vigencia de la concesión hasta el año 2050.

Por más que se diga que lo anterior es una reestructura financiera en el ámbito mercantil, en realidad es un rescate de una empresa privada extranjera con recursos públicos.

El Distrito Federal es la primera ciudad del país que cuenta ya con un tren suburbano en su primera etapa. En nuestra ciudad, este sistema denominado Red Ferroviaria de la Zona Metropolitana del Valle de México o Tren Suburbano, constituido por tres sistemas aunque únicamente opera el Sistema 1.

El Sistema 1 (al que hacemos referencia aquí) opera en el tramo Buenavista-Cuautitlán. Con una longitud de 27 kilómetros desde la antigua estación de ferrocarriles de Buenavista hasta la estación Cuautitlán, en el estado de México. Ha tenido un costo aproximado de 670 millones de dólares. Adicionalmente, se tiene proyectado extender este Sistema 1 con tres ramales más: Cuautitlán-Huehuetoca; Lechería-Jaltocán, y San Rafael-Tacuba, todos en el estado de México.

Problemas del Sistema 1. Desde la licitación a la quiebra

La licitación de la concesión fue poco clara desde un principio y ello hace sospechar que el proyecto pudo tener características más ventajosas tanto para las finanzas públicas federales como para los usuarios del tren. El 11 de diciembre de 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la licitación para la construcción del Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano Buenavista-Cuautitlán. Varias empresas estuvieron interesadas y algunas de ellas formaron alianzas entre sí.

De estas alianzas surgieron los consorcios:

• Consorcio Alstom, integrado por Alstom Transporte, SA de CV. (1.5 por ciento), Alstom Transport, SA (Francia, 11 por ciento), ICA-COI, SA de CV. (México, 12.5 por ciento), Grupo Hermes, SA de CV. (México, 50 por ciento) e Inverse, SA de CV. (México, 25 por ciento).

• Operadores del sistema, RATP y/o Roggio.

• Consorcio CAF, integrado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA (España, 50 por ciento), Inversiones en Concesiones Ferroviarias, SA (España, 30 por ciento), y Estrella Blanca, SA de CV (México 20 por ciento) y

• Operador del sistema: ADIF y/o Renfe.

En mayo de 2005 las empresas Siemens, Ferromex, Bombardier, Inversiones de Autotransporte (IAMSA), Elecnor y Mitsubishi, desistieron de su participación, por lo que los consorcios CAF y Alstom resultaron los únicos finalistas.

El 28 de junio del mismo año, la SCT anunció la descalificación del consorcio CAF argumentando una serie de indefiniciones de carácter técnico en el proyecto presentado por el consorcio español, además de que la propuesta no había sido desarrollada con base a los requerimientos de la licitación. Como resultado, el consorcio Alstom se convirtió en el virtual ganador de la licitación.

No obstante, el representante de CAF impugnó la descalificación y el 4 de julio de 2005 la SCT decidió declarar desierta la licitación. Los argumentos para declarar desierta la licitación no fueron específicos. Únicamente se mencionó una falla técnica (sin dar detalles) en la propuesta de Alstom.

La SCT publicó el 12 de julio de 2005, en el Diario Oficial de la Federación, nuevas bases de licitación. Participando sólo los consorcios Alstom y CAF. En esta nueva puja el grupo Estrella Blanca decidió salir del consorcio español. El consorcio Alstom no sufrió cambios.

El 24 de agosto de 2005 el consorcio CAF ganó la concesión del Tren Suburbano por treinta años, a cargo de su empresa filial Ferrocarriles Suburbanos, SA de CV, la que contaría con 34 meses para construir el sistema.

En noviembre de 2007, el diario El Universal, reveló la supuesta injerencia del rey Juan Carlos de España y de José Luis Rodríguez Zapatero en favor del grupo constructor español. Pero nunca se ha emitido algún desmentido por las partes involucradas.

Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en 2006 la Auditoría: “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 Obras Públicas, Proyecto Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el Distrito Federal y en el estado de México”. Para ello, auditó una muestra de305,135.3 miles de pesos en 14 contratos de obras y servicios de este proyecto.

La inversión total estimada para el desarrollo del proyecto asciende a 593 millones de dólares, más un fondo de contingencia de 115 millones de dólares, “para cubrir deficiencias para el pago de la deuda contratada por el concesionario”, lo que da un total de 708 millones de dólares.

De la auditoria llevada a cabo, la ASF encontró un impacto de las “observaciones” que hizo por un importe de 15, 335.0 miles de pesos. En consecuencia la ASF estima que habría “Recuperaciones Probables por esos 15, 302.6 miles de pesos” .“Se detectaron pagos en exceso por 15, 335.0 miles de pesos, con recuperaciones probables por 15, 302.6 miles de pesos”, debido a la “falta de documentación que avale el pago de algunos volúmenes de obra, diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los realmente ejecutados, incorrecta integración de precios unitarios e incumplimientos de los alcances contractuales de las empresas de supervisión externa y de los alcances de los precios unitarios”.

Considerandos

Ya desde agosto de 2010, el Tren Suburbano enfrentaba dificultades debido a que los aforos estaban en 50 por ciento por debajo de los proyectados por lo que algunos analistas preveían que la empresa podría ir a concurso mercantil o a la quiebra. Y como puede verse, desde la concesión ha habido problemas e irregularidades con el Tren Suburbano.

Ahora, en diciembre de 2011, con la compra de las acciones, el gobierno se convierte, de hecho, en el principal accionista de la empresa; sin embargo, no se conoce el monto de la operación y sólo se sabe que el Fonadin otorgaría al concesionario del Tren Suburbano “un nuevo apoyo recuperable mediante el aumento del fondo contingente para la deuda existente hasta la fecha, hasta por un monto de 2 mil 340 millones de pesos”.

Con esta información insuficiente y un lenguaje confuso y vago, el gobierno federal pretende esconder el rescate de la empresa española y sus ganancias con recursos de todos los mexicanos.

Esta medida es discriminatoria para otras empresas mexicanas que atraviesan situaciones semejantes y a las que se ha negado una “reestructura financiera en el ámbito mercantil”. Debemos conocer los pormenores del rescate.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione, para que detalle y explique las razones y condiciones de la compra de acciones del Tren Suburbano por parte del gobierno federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE TABASCO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del INM un informe sobre el desalojo de refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito Julio César Aguirre Méndez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición por el que la Comisión Permanente solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, con base en los siguientes

Antecedentes

Desde 1999 las 68 familias guatemaltecas que ahora viven fuera de su país, en tierras tabasqueñas, habitaban en la zona selvática de El Petén, declarada reserva ecológica por autoridades de Guatemala. Ahí en la selva las familias sobrevivían de lo que obtenían por sus cultivos y del cuidado de sus aves de corral. La tierra para el cultivo, el cuidado de la selva de El Petén, como herencia para sus hijos, lo anterior en palabras de Maynord Morales, el líder de la comunidad, es la dualidad con la que buscan defender su propósito de “ser pueblo”, más allá de la nacionalidad guatemalteca. “En 1999 ocupamos el área por el abandono en la que se encontraba, pero en 2007, sobrevino el primer desalojo del Ejército. Nos quemaron nuestras casas, pero no acabaron nuestra visión de ser pueblo, que son nuestros hijos... [incluso] los soldados de nuestro país ingresaban hasta acá a intimidarnos, pero gracias a la presencia de organización de derechos humanos y de periodistas ha cesado ese hostigamiento”, relata el líder de los refugiados.

El 23 de agosto de 2011, la comunidad Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la policía nacional. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas. A consecuencia, los 300 habitantes, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco. Esta comunidad guatamalteca tuvo que correr en varias direcciones hacia el monte, donde estuvieron una semana escondidos, y en declaración de ellos, se lanza una delicada acusación, cuando declaran que “los soldados de nuestro país ingresaban a territorio nacional para intimidarnos, pero gracias a la presencia de organización de derechos humanos y de periodistas ha cesado ese hostigamiento”, en palabras de Maynord Morales, el líder de la comunidad de refugiados.

El día 9 de enero a las 5 de la mañana, se realizó un operativo en la franja fronteriza aledaña al Ejido de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco, donde fueron desalojados de manera violenta y sorpresiva 36 familias guatemaltecas –alrededor de 260 personas, entre ellos 115 menores de edad– mismas que se refugiaban en dicha comunidad, donde se instalaron hace cuatro meses al ser desplazados por militares de su país.

En este operativo participaron unos 300 elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la federación y policías municipales; algunos vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración.

Según testimonios “las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia”. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones, los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos. El director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, Fray Tomás González, informó: “Los federales cerraron la carretera y cercaron el lugar donde la estrategia fue detener primero a los menores de edad para que los adultos no se dieran a la fuga, sin embargo, como 70 personas lograron huir”. Añadió que los agentes no permitían la salida de los habitantes del lugar, para evitar que dieran aviso a defensores de derechos humanos.

Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Cabe resaltar que, además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Ante el violento operativo, diversas organizaciones como el Centro Prodh y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acusaron que las autoridades mexicanas violaron las garantías de los desplazados, incurrieron en tratos crueles e inhumanos, por lo que demandaron de manera urgente evitar repatriaciones y operativos de este tipo, garantizar la seguridad y el trato digno de los desplazados y detenidos así como presentar a las personas cuyo paradero se desconoce.

Al menos cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos en Tabasco y Chiapas, exigieron la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, en Tabasco, a quien responsabilizan del violento desalojo de cerca de 250 desplazados guatemaltecos, ocurrido la madrugada del pasado lunes.

También demandaron no deportar a los 71 guatemaltecos que “fueron detenidos en el operativo que montó el gobierno mexicano, pues no hay garantías para ellos en su país”, afirmó Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM).

El activista afirmó que “el gobierno federal miente, pues el operativo policiaco no fue pacífico, los desplazados fueron desalojados con violencia, y sólo pudieron detener a 71 porque el resto logró huir a las montañas del lado guatemalteco”. Agregó que este martes aproximadamente 150 desplazados ya regresaron al lugar donde se encontraba el campamento en el ejido tabasqueño de Nuevo Progreso, “que fue desmantelado durante el operativo realizado por la Policía Federal y agentes de Migración, porque no pueden estar en su natal Guatemala, donde son perseguidos por militares y la policía del país centroamericano” al ser acusados de ocupar tierras de una reserva ecológica. Explicó que los guatemaltecos que lograron escapar “ya regresaron al campamento, donde son auxiliados por fray Tomás González –director del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta–, y otras organizaciones, quien anunció que, si es necesario, nos vamos a colocar como escudos humanos para impedir que sean de nuevo desalojados, pues los agentes de Migración y la Policía Federal amenazaron con regresar.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, Equipo Indignación Yucatán, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Centro de Derechos Humanos Usumacinta, demandan de las autoridades mexicanas, abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se hallaban en la franja fronteriza, pues refieren que se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pidieron “iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que ocurrió el operativo, pues actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias”.

A su vez, integrantes de la Caminata para la Defensa y Dignidad de los Migrantes, que concluyeron su recorrido en Arriaga, Chiapas, solicitaron a la Organización de Naciones Unidas su intervención para que detenga la repatriación de los guatemaltecos.

En palabras del dirigente de Movimiento Migrante Mesoamericano M3, José Jacques f: “A pesar de las reformas aprobadas en 2011 y 2010 en materia de derechos humanos, refugiados, trata y migración, las organizaciones sociales dedicadas a la protección de los migrantes continuamos trabajando en un ambiente de hostigamiento, acusaciones infundadas, amenazas, ya sea de organizaciones criminales o de parte de las autoridades gubernamentales. Hoy por hoy, en las consecuencias del fenómeno migratorio como seres humanos perdimos nuestra humanidad y capacidad de asombro frente a las condiciones de vida y de explotación de hombres, mujeres, niños sin importar si son nacionales o extranjeros, no siendo suficiente este negro escenario y la omisión de las autoridades contra el crimen organizado, el desalojo de Tenosique es una muestra del desfase entre el discurso de las instituciones mexicanas y la realidad migratoria.”

A partir de los hechos que se exponen en este punto de acuerdo, diferentes organizaciones gubernamentales tramitan un amparo en contra una orden de deportación que se pudiera girar contra personas que se quedaron en el lugar, dentro de las organizaciones se encuentran José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Leticia Gutiérrez, secretaria ejecutiva de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana; Fray Tomás González, del Centro de Derechos Humanos Usumacinta; y Diana Martínez, de Sin Fronteras.

Organizaciones de defensa de derechos humanos impulsaron un amparo que tiene dos propósitos, el primero evitar la deportación de guatemaltecos que aún continúan en territorio nacional, y la reunificación de quienes fueron expulsados, pero también sentar un precedente a fin de evitar estas prácticas por parte de las autoridades migratorias.

En conferencia fray Tomás González, del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, indicó que el amparo se turnó al juzgado tercero de distrito en Tapachula, Chiapas, bajo el expediente 22/2012. El documento fue contra una orden de deportación que se pudiera girar contra personas que se quedaron, así como para conocer e inconformarse con las supuestas irregularidades que se dieron en el procedimiento. Aún siguen en el lugar más de 140 personas, hombres, mujeres y niños, y “dos adolescentes sin papás, y la comunidad solidariamente los está apoyando”.

Según la abogada Diana Martínez, con base en testimonios de guatemaltecos que se habrían quedado en la comunidad que fue desalojada, las personas que fueron repatriadas abordaron mediante engaños los camiones que los llevaron a la estación migratoria, por lo que deducen violaciones a derechos humanos.

Aún cuando la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración han declarado que el desalojo fue un rescate humanitario, las declaraciones contradicen lo dado a conocer por el cónsul de Guatemala en Tapachula, Francisco Armando Moreno Cordón, quien ha declarado que la situación migratoria de los 70 chapines que se encontraban en la propiedad ejidal en Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, Tabasco; contaban con documentos que les permitían su legal estancia en México. “Su calidad migratoria en algunos casos, era correcta, tenían su Formato de Refugiado Temporal FMRT, algunos estaban vigentes, no todos, algunos ya estaban vencidos”. En su declaración también menciona: “todo eso nos lo quitaron las autoridades de migración, estamos en espera de una nueva documentación, para que puedan entrar a recoger sus pertenencias, que dejaron como su cosecha de maíz, vaquitas, que es lo que ellos quieren, eso se logró, porque fue un documento que autorizaron sólo a los jefes de familia”.

Asimismo el diplomático centroamericano, dijo desconocer el número de sus connacionales que se encuentran aún en territorio mexicano, aunque lo que sabe es lo que ellos dicen, “que salieron corriendo, en una zona de la línea divisoria, pero ellos estaban situados a la par, mucha gente logró pasarse de lado de Guatemala”.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el desalojo realizado contra refugiados guatemaltecos que permanecían en Tenosique, Tabasco, para verificar que sus derechos humanos hayan sido respetados durante el operativo. Desde que los centroamericanos llegaron al lugar, en agosto de 2011, el organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva envió un equipo de visitadores adjuntos para ver cuál era la situación de las familias desplazadas. Aunque las autoridades federales y estatales aceptaron las medidas que el ombudsman solicitó para dar condiciones dignas de estancia a los refugiados, no le notificaron del operativo realizado en Tenosique, por lo que la CNDH no pudo acudir a dar fe de que no se vulneraran las garantías individuales de los afectados. Sin embargo, funcionarios de la institución lograron entrevistarse con líderes de organizaciones sociales, recabaron testimonios en el sitio donde se realizó el desalojo y acudieron a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, donde ya fueron trasladadas 72 personas.

Para el Congreso de la Unión el tema de la violación de los derechos humanos de los refugiados o transmigrantes latinoamericanos fue un tema de la mayor prioridad para la LXI Legislatura, la elaboración de una nueva Ley de Migración tiene por objetivo dotar de los instrumentos jurídicos y demás disposiciones a los órganos responsables del estado para atender dicho fenómeno internacional, sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros hermanos latinoamericanos por su paso o estancia en territorio nacional, independientemente de su condición migratoria. Los constantes escándanlos y deficiencias del Instituto Nacional de Migración frente al fenómeno ha llevado a las organizaciones no gubernamentales, legisladores, lideres académicas, sin olvidar al padre Solalinde, a proponer la desaparición de dicho órgano de la Secretaría de Gobernación. A las constantes denuncias de abuso y de corrupción, hoy se suma esta denuncia por parte de esta comunidad de refugiados hermanos guatemaltecos que tuvieron que salir de su país, por un hostigamiento directo de las fuerzas armadas por su residencia en una “reserva ecológica”. Las denuncias de un desalojo con uso de la fuerza, la repatriación voluntaria no consentida de menores, la separación de familias, aún contando con alguna documentación que avalará su permanencia temporal en nuestro territorio, es un llamado de advertencia para el Congreso de la Unión a fin de tomar dicho asunto como un tema de la mayor importancia, dado que esta no fue la voluntad expresada al momento de aprobar nuevas disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia de derechos humanos, refugiados y migración.

A fin de hacer efectivo nuestro papel de representantes y de control legislativo sobre el Poder Ejecutivo, considero que de manera inmediata el titular del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe remitir a esta soberanía un informe en el marco de sus facultades sobre los hechos ocurridos el 9 de enero de 2012, donde existe la presunción de violación de derechos humanos de una comunidad de refugiados temporales guatemaltecos en Tenosique, Tabasco. Adicionalmente creo pertinente que la Comisión Permanente deba solicitar a la canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca por las vías diplomáticas necesarias, un puente de comunicación con la hermana República de Guatemala a fin de mediar por un acuerdo para gestionar el retorno seguro de dichos refugiados y la correspondiente investigación sobre la denuncia de la incursión de fuerzas militares guatemaltecas a territorio nacional.

Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe detallado del desalojo de refugiados guatemaltecos, realizado el pasado 9 de enero de 2012, en el ejido Tenosique, Tabasco, por el que existen denuncias de violación de derechos humanos y diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, investigar las denuncias de incursión de fuerzas armadas guatemaltecas u otra organización paramilitar a territorio nacional en la zona limítrofe con la República de Guatemala para cometer actos de hostigamiento contra los refugiados guatemaltecos.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a fin de que gire de manera inmediata instrucciones a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciada Patricia Espinoza, a fin de establecer por la vía diplomática un acercamiento con el gobierno de la República de Guatemala que genere condiciones bilaterales para la atención de los refugiados, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Cuarto.Se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus facultades y en pleno respeto de su autonomía, un informe del desalojo en Tenosique, Tabasco, a fin de determinar la existencia de violación de derechos humanos por funcionarios públicos del orden federal y/o estatal en dicho operativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

SECTOR BANCARIO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CNBV que aplique de manera diferenciada Basilea III en México, a cargo de Julio César Aguirre Méndez y suscrita por Rosalinda López Hernández, senadores del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos Rosalinda López Hernández y Julio César Aguirre Méndez , senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición por el que la Comisión Permanente solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicar de manera diferenciada Basilea III en México, con base en los siguientes

Antecedentes

En diciembre de 1974, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del G-10, donde se publicó el primero de los acuerdos de Basilea, un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal: Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de los riesgos que afrontaba– El conjunto de requerimientos y lineamientos de capitalización bancaria se le conoce como Basilea I.

El acuerdo establecía una definición de “capital regulatorio” compuesto por elementos que se agrupan en 2 categorías (o tiers) si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos.

Este acuerdo era una recomendación: cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. Entró en vigor en más de cien países.

La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los distintos prestatarios. Es decir, consideraba que los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir.

Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones para constituir Basilea II, éstas se apoyan en los siguientes tres pilares.

Pilar I: El cálculo de los requisitos mínimos de capital

Constituye el núcleo del acuerdo e incluye una serie de novedades con respecto al anterior: tiene en cuenta la calidad crediticia de los prestatarios (utilizando ratings externos o internos) y añade requisitos de capital por el riesgo operacional.

La norma de Basilea I, que exige fondos propios mayores a 8 por ciento de activos de riesgo, considerando: (riesgo de crédito + riesgo de negociación + riesgo de tipo de cambio) mientras que ahora considera: (riesgo de crédito + riesgo de mercado+ riesgo de tipo de cambio + riesgo operacional).

El riesgo de crédito se calcula a través de tres componentes fundamentales:

• Probability of Default (PD): probabilidad de incumplimiento.

• Loss Given Default (LGD): pérdida en el momento de incumplimiento (severidad, indica la gravedad de la pérdida).

• Exposure at Default (EAD):exposición en el momento del incumplimiento.

Habida cuenta de la existencia de bancos con distintos niveles de sofisticación, el acuerdo propone distintos métodos para el cálculo del riesgo crediticio. En el método estándar, la PD y la LGD se calculan implícitamente a través de las calificaciones de riesgo crediticio publicadas por empresas especializadas (agencias de rating) utilizando una serie de baremos. En cambio, los bancos más sofisticados pueden, bajo cierto número de condiciones, optar por el método de ratings internos avanzado (AIRB), que les permite utilizar sus propios mecanismos de evaluación del riesgo y realizar sus propias estimaciones. Existe un método alternativo e intermedio ( foundation IRB) en el que los bancos pueden estimar la PD, el parámetro de riesgo más básico, y utilizar en cambio valores precalculados por el regulador para la LGD.

Hasta la fecha, muchas entidades bancarias gestionaban su riesgo crediticio en función de la pérdida esperada, EL = PDxLGDxEAD, que determinaba su nivel de provisiones frente a incumplimientos. La nueva normativa establece una nueva medida, el RWA, que se fija no en la media sino en un cuantil elevado de la distribución de pérdida estimada a través de una aproximación basada en la distribución normal.

El riesgo de crédito se cuantifica entonces como la suma de los RWA correspondientes a cada una de las exposiciones que conforman el activo de la entidad.

Dentro del riesgo de crédito se otorga un tratamiento especial a las titulizaciones, para las cuales se debe analizar si existe una transferencia efectiva y significativa del riesgo, y si son operaciones originadas por la entidad o generados por otras.

El riesgo de negociación y el riesgo de tipo de cambio se siguen calculando conforme a Basilea I.

El riesgo operacional se calcula multiplicando los ingresos por un porcentaje que puede ir desde el 12 por ciento hasta 18 por ciento. Existen tres métodos alternativos para calcularlo dependiendo del grado de sofisticación de la entidad bancaria. Por último, la definición de capital regulatorio disponible permanece casi igual a la de Basilea I.

Hay que advertir una objeción en este cálculo del riesgo: que se ignora los efectos agravantes/mitigantes de la concrentración/diversificación de riesgos (estructura de correlación probabilística entre las diversas exposiciones). Esta es una de las principales diferencias entre Capital Regulatorio y Capital Económico.

Pilar II: El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios

Los organismos supervisores nacionales están capacitados para incrementar el nivel de prudencia exigido a los bancos bajo su jurisdicción. Además, deben validar tanto los métodos estadísticos empleados para calcular los parámetros exigidos en el primer pilar como la suficiencia de los niveles de fondos propios para hacer frente a una crisis económica, pudiendo obligar a las entidades a incrementarlos en función de los resultados.

Para poder validar los métodos estadísticos, los bancos estarán obligados a almacenar datos de información crediticia durante periodos largos, de 5 a 7 años, a garantizar su adecuada auditoría y a superar pruebas de “ stress testing”.

Además se exige que la alta dirección del banco se involucre activamente en el control de riesgos y en la planificación futura de las necesidades de capital. Esta autoevaluación de las necesidades de capital debe ser discutida entre la alta dirección y el supervisor bancario. Como el banco es libre para elegir la metodología para su autoevaluación, se pueden considerar otros riesgos que no se contemplan en el cálculo regulatorio, tales como el riesgo de concentración y/o diversificación, el riesgo de liquidez, el riesgo reputacional, el riesgo de pensiones, etcétera.

Para grupos financieros multinacionales se establecen Colegios Supervisores que, bajo la coordinación del supervisor de la entidad matriz, se encargan de la coordinación internacional de la supervisión del grupo financiero.

Pilar III: La disciplina de mercado

El acuerdo estableció normas de transparencia y exigió la publicación periódica de información acerca de su exposición a los diferentes riesgos y la suficiencia de sus fondos propios. El objetivo es:

1. La generalización de las buenas prácticas bancarias y su homogeneización internacional.

2. La reconciliación de los puntos de vista financiero, contable y de la gestión del riesgo sobre la base de la información acumulada por las entidades.

3. La transparencia financiera a través de la homogeneización de los informes de riesgo publicados por los bancos.

Inicialmente la información debe incluir:

• Descripción de la gestión de riesgos: objetivos, políticas, estructura, organización, alcance, políticas de cobertura y mitigación de riesgos.

• Aspectos técnicos del cálculo del capital: diferencias en la consolidación financiera y regulatoria.

• Descripción de la gestión de capital.

• Composición detallada de los elementos del capital regulatorio disponible.

• Requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, indicando el método de cálculo utilizado.

El requisito inicial es que se publique al menos anualmente, aunque es previsible que la frecuencia será mayor (al menos resumida) y a sus contenidos mínimos se irá añadiendo la información que el mercado exija en cada momento.

A partir de la crisis subprime de 2008, el sistema financiero internacional identifico un nuevo y poderoso concepto: riesgo sistémico, conocido como el fenómeno económico que se presenta cuando una empresa se descapitaliza o degrada su grado de confianza hasta el punto que afecta al resto del sistema financiero, al Sistema de Pagos y finalmente al sector productivo.

El acuerdo de Basilea III es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario. Estas medidas persiguen:

• Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo.

• Mejorar la gestión de riesgos y el bueno gobierno en los bancos.

• Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.

Las reformas se dirigen a:

• La regulación de los bancos a títulos individual (dimensión microprudencial), para aumentar la capacidad de reacción de cada institución en periodos de tensión

• Los riesgos sistémicos (dimensión macroprudencial) que puedan acumularse en el sector bancario en su conjunto, así como la amplificación procíclica de dichos riesgos a lo largo del tiempo.

Estas dos dimensiones son complementarias, ya que aumentando la resistencia de cada banco se reduce el riesgo de alteraciones en el conjunto del sistema.

Las principales novedadesque incorpora Basilea III son Medidas para aumentar la calidad, consistencia y transparencia de los recursos propios; Medidas para el refuerzo de la liquidez o Ratio de cobertura de liquidez a corto plazo; Ratio de liquidez estructural; Ratio de apalancamiento; Colchones de capital; Medidas contra la prociclicidad; Requerimientos adicionales para el riesgo de contrapartida y el tratamiento de las entidades sistémicas.

A continuación desarrollamos sintéticamente los aspectos cruciales de Basilea III:

Primer pilar: Capital, coberturas, apalancamiento

a) Capital

• Calidad y cantidad del capital:Como eje central de Basilea III esta el énfasis en el capital ordinario de las instituciones financieras, el requerimiento mínimo se eleva a 4.5 por ciento de los activos ponderados por riesgo, tras las deducciones pertinentes.

• Capital con capacidad de absorber pérdidas en el punto de no viabilidad:Los términos contractuales de los instrumentos de capital incluirán una cláusula que permita —a discreción de la autoridad competente— la amortización o conversión en acciones ordinarias si el banco se considera inviable. Este principio incrementa la implicación del sector privado en la resolución de futuras crisis bancarias, reduciendo así el riesgo moral.

• Colchón de conservación del capital:Comprende el Capital ordinario por valor del 2.5 por ciento de activos ponderados por riesgo, con lo que el mínimo total de Capital ordinario asciende a 7 por ciento. Se limitarán las distribuciones discrecionales de fondos cuando los niveles de capital de la entidad se sitúen dentro de este rango.

• Colchón anticíclico:Impuesto en un rango de 0 por ciento - 2.5 por ciento y formado por Capital ordinario, se aplicará cuando las autoridades consideren que el crecimiento del crédito está ocasionando una acumulación inaceptable de riesgos sistémicos.

b) Cobertura del riesgo

• Titulizaciones:Se fortalece el tratamiento de capital para determinadas titulizaciones complejas. Se exige a los bancos realizar análisis más rigurosos de las posiciones de titulización con calificación crediticia externa.

• Cartera de negociación:Capital considerablemente superior para las actividades de negociación y con derivados, así como titulaciones complejas mantenidas en la cartera de negociación. Introducción de un marco de valor en riesgo en condiciones de tensión a fin de moderar la prociclicidad. Se incorpora un requerimiento de capital para riesgo incremental que estima los riesgos de impago y de migración de productos de crédito sin garantía teniendo en cuenta la liquidez.

• Riesgo de crédito de contraparte:Fortalecimiento sustancial del marco de riesgo de crédito de contraparte con requisitos más estrictos de capital para medir la exposición, incentivos de capital para que los bancos utilicen entidades de contrapartida central al negociar con derivados, y requerimientos de capital más elevados para las exposiciones dentro del sector financiero.

• Exposiciones bancarias a las entidades de contrapartida central (CCP):El Comité ha propuesto una ponderación por riesgo de 2 por ciento para las exposiciones comerciales frente a CCP admisibles, así como la capitalización de las exposiciones al fondo de garantía de liquidación frente a CCP admisibles conforme a un método basado en el riesgo que estima de forma consistente y sencilla el riesgo procedente de dicho fondo.

• Restricción del Apalancamiento:Se establece un coeficiente de apalancamiento no basado en el riesgo que incluye posiciones fuera de balance respalda el requerimiento de capital basado en el riesgo. Además, este coeficiente contribuye a contener la acumulación de apalancamiento en el conjunto del sistema.

Segundo pilar: R equerimientos complementarios

Normas en materia de buen gobierno y gestión del riesgo en el conjunto de la entidad, riesgo de las posiciones fuera de balance y actividades de titulización, gestión de las concentraciones de riesgos, incentivos a los bancos para gestionar mejor el riesgo y los rendimientos a largo plazo, prácticas adecuadas de remuneración, prácticas de valoración, pruebas de tensión, normas de contabilidad para instrumentos financieros, gobierno corporativo, colegios de supervisores.

Tercer pilar: Disciplina de mercado

• Requerimientos de divulgación:Los nuevos requisitos están relacionados con las posiciones de titulización y con el patrocinio de vehículos fuera de balance. Se exigirá una divulgación más detallada de los componentes del capital regulador y su conciliación con las cuentas declaradas, así como una explicación pormenorizada sobre cómo calcula el banco sus coeficientes de capital regulador.

Es importante mencionar, que además de cumplir los requerimientos de Basilea III, las instituciones financieras de importancia sistémica (SIFI) deben contar con una mayor capacidad de absorción de pérdidas, para reflejar así el mayor riesgo que comportan para el sistema financiero. El Comité ha elaborado una metodología de indicadores cuantitativos y elementos cualitativos que permite identificar a los bancos de importancia sistémica mundiales (SIB). La absorción de pérdidas suplementaria se basará en un requerimiento progresivo de Capital ordinario de Nivel 1 (CET1) de entre el 1 por ciento y el 2.5 por ciento, en función de la importancia sistémica del banco en cuestión. A los bancos que presenten el máximo recargo de SIB se les puede aplicar un 1 por ciento adicional de absorción de pérdidas para disuadirles de aumentar significativamente su importancia sistémica en el futuro.  Se ha publicado un documento consultivo en cooperación con el Consejo de Estabilidad Financiera, encargado de coordinar el conjunto de medidas de reducción del riesgo moral planteado por las SIFI mundiales. Sobresale de las nuevas disposiciones en materia de liquidez el Coeficiente de cobertura de liquidez (LCR) que exigirá a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para resistir 30 días en un escenario de financiación bajo tensión especificado por los supervisores. Y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR) es un indicador estructural a largo plazo diseñado para paliar desajustes de liquidez. Este coeficiente cubre la totalidad del balance y ofrece incentivos a los bancos para que recurran a fuentes de financiación estables.

Consideraciones

Las instituciones financieras globales consideradas de riesgo sistémico, como el español Santander, el inglés HSBC y el estadounidense Citigroup, que mantienen operaciones en México vía sus filiales, junto con 26 bancos más, tendrán que cumplir con un cargo adicional de capital de entre 1 y 2 por ciento en Basilea III.

Además, serán objeto de una supervisión más estricta y coordinada entre los reguladores en donde operen sus filiales. En declaración de Carlos Serrano, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, explicó que según lo acordado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, esos bancos también deberán tener esquemas de resolución listos. Si un banco se encuentra en problemas de liquidez, las autoridades ya deben de contar con un mecanismo para darle solución de forma rápida, dijo. Adicionalmente: “ Los colegios de supervisión que se conformaron acordaron que deben operar de forma más intensiva para que todos los reguladores sepan la situación global del banco, por lo que estos bancos deberán ser objeto de una supervisión más coordinada y de mayores cargos de capital, dependiendo de su riesgo sistémico.”

Desde septiembre de 2011, los bancos nuevos, las instituciones financieras más capitalizadas del sistema y que no son subsidiarias de firmas en el extranjero, prevén que el cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los lleve a reducir su actividad crediticia. La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifim), que surgió hace 3 años por iniciativa de bancos nacionales que buscan crear un foro de discusión sobre su modelo de negocio y tamaño, indicó que ha analizado la fórmula que propone la CNBV para fortalecer su capital y que el resultado es que requerirán mayores recursos de sus inversionistas o reducir el crédito. Dicha asociación cuenta como miembros a las instituciones de Afirme, Actinver, Famsa, Azteca, Compartamos, Bajío, Inbursa, Interacciones, Invex, Multiva y Bancoppel, para quienes los requerimientos de Basilea III son un incentivo negativo para las instituciones.

La CNBV actualizará las reglas de capitalización del sistema bancario, con base a las sugerencias del acuerdo de Basilea III, donde se plantean las reglas que necesitan las firmas financieras en el mundo para evitar quiebras y asegurar que sus niveles de liquidez, apalancamiento y capital soporten una crisis. La UNIFIM, comentó que las reglas del regulador bancario diseña para la banca podrían reducir los niveles de crédito de los bancos mexicanos.

Es un tema de la mayor importancia dado que los bancos mexicanos de menor tamaño frente a los nuevos requerimientos pensados para grandes corporaciones internacionales que tienen efectos de riesgo sistémico, podrían enfrentar problemas de asfixia en su crecimiento de cartera crediticia debido a los nuevos requerimientos de Basilea III por lo que la medicina pudiera resultar contraproducente. A lo anterior, se agrega el hecho de que el poder de dominancia en México de cuatro bancos, evidentemente tendría efectos adversos para el desarrollo de un mercado más competitivo.

De acuerdo con especialistas así como a las instituciones financieras globales consideradas de riesgo sistémico se les pedirá capital adicional, en México Basilea III debería ser aplicada de forma diferenciada a los bancos de menor tamaño respecto a los bancos de mayor tamaño, la polarización y concentración del capital bancario hace que una medida de este tipo tenga efectos contraproducentes en el mercado y en el crédito.

Para José Antonio Quesada, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) reconoció que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha distinguido por aplicar normas iguales para todos los bancos como sucedió con la modificación de las reglas para la constitución de mayores reservas preventivas en distintas carteras en el caso de Basilea III recomienda que no se aplique igual En Basilea III si se suben las reglas de capitalización como se plantea en las nuevas disposiciones, se corre el riesgo de asfixiar a bancos de menor tamaño nacionales frente a los bancos que son filiales internacionales.

Las nuevas disposiciones en materia de capitalización de la CNBV entrarán en vigor para el primer trimestre de 2012 podrían ocasionar que los bancos pequeños que nacieron previo a la crisis de 2008 y no han tenido el desarrollo esperado busquen consolidarse o se centren en nichos de mercado más específicos. En otras palabras, Basilea III no considera las condiciones del sistema financiero México, y ante la falta de una discusión sobre el diseño institucional nacional frente a los cambios regulatorios internacionales, las recomendaciones por si solas pueden favorecer las condiciones de dominancia de los grandes bancos versus los bancos emergentes, con sus consecuentes efectos sobre el ya reducido monto de crédito al sector productivo.

Con estos argumentos, consideramos suficientemente justificable solicitar a la CNBV una reconsideración de la aplicación de las nuevas normas de BASILEA III considerando la estructura y la concentración del activo del sistema bancario mexicano, tal como se aplica por la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes bajo el principio de reglamentación diferenciada anuncio nuevas reglas únicamente aplicables a instituciones financieras con activos mayores a 50 mil millones de dólares consonantes con los acuerdos de Basilea III, mientras que en México, las autoridades supervisoras mexicanas aplican hoy un criterio de igualdad a instituciones desiguales el cual obliga a establecer las mismas reservas de capitalización y liquidez a las instituciones de menor tamaño lo que provoca la disminución y el encarecimiento de la oferta de crédito de estas últimas

Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México evaluar un esquema alternativo de Basilea III  bajo el principio de reglamentación diferenciada en función de los activos y el poder de dominancia de las instituciones del sector bancario en México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, doctor Guillermo Babatz Torres, un informe de las nuevas disposiciones y fases para la aplicación de Basilea III y sus implicaciones para el desarrollo de la competencia en el sector bancario en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Senadores: Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que respete los compromisos para elaborar el Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la sociedad civil, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Julio César Aguirre Méndez,senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición por el que la honorable Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de Gobernación respetar los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y sociedad civil con base en los siguientes

Antecedentes

Antes del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos en 2010, la credibilidad de México en la atención del fenómeno migratorio era seriamente cuestionada desde las voces del interior de nuestro país de intelectuales como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Jorge Durand, Jorge Santibañez; líderes religiosos como el padre Solalinde y diversas organizaciones de derechos humanos, así como organismos internacionales  defensores de los derechos humanos, donde la ONU, a través de los relatores de derechos humanos como  el maestro Jorge Bustamente, habían presionado al Poder Federal y Legislativo para impulsar reformas en materia de protección de derechos humanos de los inmigrantes, transmigrantes, con énfasis en la protección social y laboral de los mexicanos en el extranjero, que por su condición migratoria se encuentran altamente vulnerables ante autoridades locales y practica xenofóbicas.

La aprobación de la minuta de la Ley de Migración en un periodo de tiempo tan corto y con el consenso logrado en las dos cámaras fue el resultado de varios factores que es importante mencionar:

a) La presentación de propuestas legislativas que sirvieron de base para el dialogo con la Secretaría de Gobernación.

b) Una presión social y la participación de organizaciones civiles pro defensa de derechos humanos de los migrantes.

c) Las redacciones de una parte importante de la Ley de Migración ya se encontraba en disposiciones reglamentarias.

d) El dialogo y la política entre los legisladores para hacer valer el papel del Poder Legislativo en la materia, a fin de prevalecer los derechos humanos y  la tarjeta de transito sobre los criterios de seguridad y criminalización de los migrantes.

Impulsar una Ley de Migración no fue una tarea sencilla, desde la redacción de iniciativas y el proceso de dictaminación, se requirió de un gran esfuerzo de dialogo, se sacrificaron temas como la atención de 13 millones de mexicanos en Estados Unidos de Aamérica, en el ánimo y el compromiso de la Secretaría de Gobernación de tomar el tema como un asunto prioritario en el segundo semestre de 2011, sin que a la fecha se tenga ni noticia ni la voluntad para tratar dicho tema. La razón más importante y comprensible, es que todos hicimos un compromiso de trabajar en el reglamento, como legisladores sabemos que los reglamentos actualmente son una legislación alterna que en lugar de aplicar la voluntad del Congreso, se convierten en verdaderos diques de la voluntad del pueblo.

A la publicación de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 establecía en su artículo tercero transitorio lo siguiente:“Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.”

Sin embargo, los acontecimientos de secuestro y violaciones de derechos humanos por autoridades migratorias en el verano de 2010, obligaron nuevamente al Congreso el 13 de julio de 2010,  la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de Gobernación para que informará y explicará sobre las medidas que se han tomado para proteger a los migrantes y evitar su secuestro por las bandas del crimen organizado. En sesión presidida por el Senador Guadarrama en el marco de las actividades de la Primera Comisión, a pregunta expresa de la diputada Beatriz Paredes que para los efectos del presente documento es preciso citar textualmente:

Diputada Beatriz Paredes: “A mí me parece que esta comparecencia tiene varios componentes importantes. Cómo el diálogo entre Poderes puede ser un diálogo fluido, divergente, constructivo, enérgico y básicamente útil para la sociedad para precisar el estado del arte en una problemática tan seria como es la problemática migratoria.

Segundo, subrayar que el nuevo marco legislativo que va a regir a partir que la reglamentación se ponga en práctica, es un marco legislativo que surgió de un acuerdo entre Legisladores; de un acuerdo entre Legisladores que fue acompañado por la decisión política del Ejecutivo y que reflejó que en este país sí hay acuerdos, y vale la pena que pongamos énfasis también en ese hecho. A veces parecería que solo dirigimos la mirada a los puntos de confrontación y la polarización, es mi opinión personal, le ha hecho mucho daño a México.

En ese sentido saludamos la nueva legislación; insistimos en lo planteado por la Diputado Ruth Lugo, que es un acuerdo de la Comisión Especial de Migración y de otras Comisiones, de que nos importa cómo hacer la reglamentación antes de que se publique porque queremos tener la certidumbre de que se respete el espíritu del Legislador en la reglamentación.”

Al cuestionamiento realizado el secretario de Gobernación estableció el siguiente compromiso:

Secretario de Gobernación, Blake Mora: “Pues, entonces, entremos, digamos, alguna línea de corresponsabilidades entre los poderes, porque me parece de singular importancia, que quienes hoy hicieron un esfuerzo también de venir de lugares en donde por sus ocupaciones legislativas no se encontraban ahora en la ciudad, pues muestran precisamente el interés que se tiene, y no nos podríamos levantar de esta mesa si no concretamos algunos mecanismos para seguir trabajando, como ya aquí lo han manifestado los legisladores, las legisladoras.

Me parece fundamental e instruyo a los subsecretarios que me acompañan, particularmente al subsecretario Centeno Zamora, para que integremos estas mesas de trabajo de seguimiento, hacer una revisión.

...

También le pediría al subsecretario Rubén Fernández, que es el que trae la parte reglamentaria, y no aún y siendo, digamos, no vamos a regatear aquí las facultades que cada uno tenemos, porque, pues ahora sí trabajamos juntos en la construcción de la ley.

No quisiéramos romper el espíritu, tampoco, de lo que ha motivado en su exposición el impulso de la ley, con el reglamento, y entonces trabajar. Habrá puntos de vista, lo sé. Podremos tener opiniones diferentes y convergentes, también lo sé. Pero lo más importante es trabajar juntos, para sacar lo más consensuado posible esta legislación que es fundamental también en la ley que recientemente se ha publicado.”

Ante este compromiso y la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2010, los senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón, Antelmo Alvarado García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Jesús Garibay García, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Humberto Andrade Quezada, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, sometieron a la consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración y se agilice su conclusión y promulgación.

Después del plazo límite de la publicación del reglamento de la Ley de Migración, en noviembre de 2010, un grupo de senadores del PRD enviaron un compendio de propuestas emanados de la sociedad civil para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, a partir de un taller realizado por el Grupo Parlamentario del PRD en octubre. Sin que a la fecha se establezca un mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a fin de revisar en el reglamento que se exprese concretamente las principales disposiciones en materia de derechos humanos y de la tarjeta de transito que se pacto en las negociaciones. Citando al senador Rubén Velázquez, uno de los principales promotores de la Ley de Migración:

“Ese método de trabajo deja muy insatisfecho a todo mundo, porque no te da ninguna garantía de que tus puntos de vista van a ser tomados en cuenta, porque no tienes posibilidad de argumentarlos.”

En cambio el Poder Legislativo y organizaciones civiles que trabajan el tema, han mostrado su inconformidad por la falta de un mecanismo de participación que incluyera retroalimentación y debate para incluir sus propuestas en la elaboración del reglamento, ya que se les pidió que enviaran sus posicionamientos vía correo electrónico.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios sobre Migración, cuestionó el hermetismo que ha mostrado la SEGOB en este tema. Dijo que si bien enviaron sus propuestas por correo electrónico, nunca estuvieron de acuerdo con el mecanismo. Señaló que las únicas reuniones que han sostenido con Zenteno, han sido de tipo informal. Citando a Fabienne Venet: “Nos preocupa porque el Reglamento es absolutamente fundamental para cerrar el ciclo del compromiso de México en materia migratoria. La ley ha sido un esfuerzo para avanzar en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas que migran, algo que ha sido demandado por la sociedad civil y organismos internacionales y sin reglamento eso no adquiere ninguna practicidad”.

Como Poder Legislativo se nos remitió un proyecto de Reglamento de Migración la semana pasada, cuando sabemos que desde el 16 de diciembre existe el documento final,  que fue turnado a las organizaciones civiles y algunos senadores desde el 2 de enero de 2012, hubiéramos preferido la  mínima cortesía de consultar la redacción de dicho reglamento con el Poder Legislativo, ya que es un proyecto pensado para enviarse a la Cofemer.

En política las formas son fondo, el pasado Jueves 12 de enero, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), René Martín Zenteno, convoco a representantes de organizaciones sociales, privadas y académicos de diversas instituciones de investigación, con el fin de presentar el reglamento de migración antes de enviarlo a la Cofemer para su revisión con el resto de la administración pública. De acuerdo, con la Secretaria de Gobernación afirmó que desde la publicación de la Ley de Migración ha dialogado con grupos civiles para analizar sus propuestas relacionadas con dicho reglamento. En tanto, otros grupos sociales, directamente vinculados con la gestión de apoyo a indocumentados, consideran que no ha habido un acercamiento suficiente ni productivo, por lo que anunciaron que se retiran de esta mesa. En esa posición están los integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria, entre los que se encuentran Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California, Misión Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar Centro de Análisis e Investigación, I(dh)eas, Litigio estratégico en derechos humanos y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Dicho grupo de trabajo no avala el proceso ni el contenido del anteproyecto del reglamento y exige “mecanismos reales de diálogo.

Y aunque la Secretaría de Gobernación justifique que tienen un dialogo con personas tan respetables como Cecilia Imaz, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración; Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y Rafael Fernández de Castro, del ITAM, entre otros,  consideramos que el proceso no es el adecuado y no contribuye al dialogo con las organizaciones civiles y el Poder Legislativo.

En esta secuencia de ideas me permito recuperar  el posicionamiento de las organizaciones civiles de la mesa de política migratoria ante la Secretaría de Gobernación del jueves 12 de 2011.

Cita textual del posicionamiento:

“A pesar de que en reuniones con la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos y con la Unidad para el Desarrollo Político, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo el compromiso de abrir un mecanismo plural y transparente, sólo se abrió un correo electrónico para el envío de comentarios y se llevaron a cabo reuniones cerradas, que de ninguna manera son una forma de participación efectiva y democrática. No obstante estas condiciones y en virtud del compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante, el Grupo de Trabajo entregó un documento extenso de análisis técnico para su inclusión en el reglamento con el objetivo de que su texto cumpliera con las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas. Este documento fue elaborado antes de haber recibido el anteproyecto, lo cual no permitió el desarrollo de propuestas concretas.

Como focos rojos se expresó que el anteproyecto de reglamento sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes y que no se han incluido todos los puntos que las organizaciones hicieron llegar en tiempo y forma.

Además que no se han incluido diversos puntos –en perjuicio de la población– incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros. También manifestaron que se sigue favoreciendo la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de sus defensores y defensoras. Ejemplo de ello es lo acontecido recientemente en Tenosique y que el reglamento establece un sistema migratorio no accesible para personas migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración. Tras señalar que se incumple el espíritu de la ley y las propias declaraciones del titular del Ejecutivo de que se protegería a dicha población dijeron que su excesiva generalidad favorece la discrecionalidad de las autoridades migratorias al no prever protocolos y no establecer procedimientos claros para diversos temas como la segunda revisión, el tratamiento a los polizones, entre otros. Con ello, tampoco se aporta al fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Reiteraron que la participación ciudadana en la construcción de la política migratoria es muy limitada y no abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos amplios, plurales y transparentes y que con ello, se incumple la propia Ley de Migración. Finalmente consideraron que el anteproyecto no cumple con las características necesarias para darle aplicabilidad a la ley y certeza a las personas migrantes.

El texto, afirmaron, debe discutirse y modificarse antes de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que efectivamente sea una norma útil. Y exigen que se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado con las características antes señaladas y se comprometan a la entrega oficial de la última versión existente del anteproyecto.”

Suscriben mesa de trabajo de política migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; PRODH Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California; DPMHDimensión Pastoral para la Movilidad Humana; FundarCentro de Análisis e Investigación, AC; I(dh)eas,Litigio Estratégico en Derechos Humanos; InedimInstituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; IMUMIInstituto para las Mujeres en la Migración; InsydeInstituto para la Seguridad y la Democracia; NALACCAlianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; RedimRed por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala – México; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora. Movimiento Migrante Mesoamericano M3.

El anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, elaborado en la Secretaría de Gobernación, no incluye mecanismos para facilitar el tránsito de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, pero en cambio sí prevé diversos requisitos para obtener una visa de temporal de transito, mismos que el grueso de los migrantes no podría cumplir. Al igual que en España la visa de visitante con permiso de realizar actividades lucrativas, el migrante debe tener una oferta de empleo o comprobar actividades personales, previa la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; además, documentos que acrediten las disposiciones legales aplicables, la capacidad profesional o técnica para realizar la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo, así como la constancia de inscripción del empleador, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Este tema es de la mayor importancia, y considero que el Poder Legislativo, debe llamar de manera urgente la atención a la Secretaría de Gobernación sobre las formas para tratar el tema más prioritario para el Congreso de la Unión, y para recuperar de manera inmediata los canales de diálogo y acuerdos con las organizaciones sociales y los legisladores que trabajaron la Ley de Migración y las iniciativas derivadas de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, y antes que se envíe el Reglamento de Migración a la Cofemer, consideró prioritario establecer  una mesa de trabajo técnico entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y organizaciones sociales para tratar directamente redacciones y acuerdos alcanzados para evitar la discrecionalidad de las autoridades migratorias  en la atención de los transmigrantes, en respeto de los acuerdos alcanzados el 21 de julio de 2011 con el finado licenciado Blake Mora, secretario de Gobernación.

Por lo anteriormente expresado, presento ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Uniónsolicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración respetar los acuerdos establecidos el 21 de julio de 2011 para establecer una mesa de revisión y seguimiento de la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con el Poder Legislativo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a mejorar los mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de la sociedad  civil dedicadas a la protección de los migrantes, a fin de privilegiar el dialogo y el consenso en las disposiciones reglamentarias de la Ley.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo de San Lázaro, a dieciocho de enero de 2012.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a remitir a esta soberanía un informe detallado sobre la situación actual de la deuda pública de Nayarit, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Francisco Javier Castellón Fonseca, Senador de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , José Antonio Meade Kuribreña, a que en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, remita a esta soberanía un informe detallado, que explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los retos que enfrenta México en materia de infraestructura son muy importantes. Por la calidad de su infraestructura, México se ubica en el lugar 71 de una muestra de 133 países y con relación a América Latina se ubica en el 9° después de Barbados (16), Chile (23), Puerto Rico (36) y El Salvador (40).

Es bien sabida la importancia de mantener y ampliar la infraestructura para permitir el desarrollo nacional y mejorar sus aspectos económicos a través de la reparación de caminos y telecomunicaciones, así como incrementar el acceso de la población a los servicios públicos sobre todo en las zonas de mayores carencias. Lo anterior supondría que invertir en infraestructura sería invertir en un México mejor, ya que el financiamiento que se contrate debiera ser destinado exclusivamente para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos que tengan carácter de productivo. El problema con la contratación de la deuda de los Estados y Municipios, es que la mayoría de veces esta no se utiliza para generar mejores condiciones de crecimiento, lo cual solo conlleva a mayores compromisos financieros a futuras generaciones en lugar de mejoras significativas.

Desde el año 2003 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Nayarit, representado por la Secretaría de Obras Públicas, acordaron ampliar la carretera existente La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita a cuatro carriles para atender las necesidades de conectividad, crecimiento y desarrollo de la región. El proyecto se ubica en el Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit. (Proyecto inicial: Mejoramiento del tramo de aproximadamente 17 kilómetros, que inicia en La Cruz de Huanacaxtle, en el kilómetro 2+400 y termina en Punta de Mita, en el kilómetro 19+130).

La SCT en Nayarit, realizó los planteamientos a sus oficinas centrales y el Gobierno del Estado por conducto del entonces Gobernador Constitucional, Antonio Echevarría Domínguez, hizo lo propio ante el Presidente de la República y los titulares de las dependencias federales involucradas, con el propósito de que se otorgaran apoyos específicos adicionales a fin de llevar a cabo el proyecto carretero, por considerarse prioritario para el Estado.

El 7 de enero de 2004, el gobierno federal asignó y transfirió al Gobierno del Estado de Nayarit, la cantidad de $100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 moneda nacional) para ser destinados a la modernización del tramo carretero comprendido entre la población de Cruz de Huanacaxtle y Punta de Mita (Km 2+400 – 19+130), en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con longitud de 17 kilómetros, el cual se inicia en el Boulevard Costero que forma parte de la carretera Tepic-Nuevo Vallarta-Puerto Vallarta.

El 21 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la licitación No. 47001002-041-04 para la modernización del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita Km 11+000 al 19+130 para iniciar el 08 de noviembre de 2004, a cargo del Gobierno del Estado de Nayarit. Recursos económicos que corresponden al Fideicomiso No. 100321330 irrevocable para la modernización del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita. El nombre de la licitación omite curiosamente la frase “ampliación a cuatro carriles”. Lo anterior se realizó a través de la constitución del Fideicomiso OCC/1043, teniendo a Scotiabank, Inverlat, SA, por fiduciario.

En el mismo DOF se menciona que los recursos económicos para la ejecución de las obras en licitación, fueron aprobados y emitidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit; así como del fideicomiso número 100321330, irrevocable para la modernización del tramo carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita.

El 5 de abril del 2011 el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado solicitó mediante Decreto al Congreso local la autorización para gestionar y contratar financiamiento que constituye deuda pública por la cantidad de 300 millones de pesos tratándose de la misma obra, pagaderos a 20 años. 250 millones de pesos serían para financiar el proyecto carretero y 50 millones de pesos más para pagar a los beneficiarios afectados.

Se tiene conocimiento de que los ejidatarios de La Cruz de Huanacaxtle no recibieron los 50 millones y que el gobierno estatal firmó con ellos un convenio por 28.5 millones, mismos que hasta hace poco no habían recibido, en razón de lo cual promovieron un amparo para impedir que la obra continúe. El proyecto se ubica en el Municipio de Bahía de Banderas, en el Estado de Nayarit y es la construcción de un nuevo tramo carretero, que inicia en Cruz de Huanacaxtle, rumbo a Punta de Mita.

El 19 de mayo de ese mismo año, el Congreso local de Nayarit aprobó en dicho Decreto la contratación de la deuda. Lo hicieron prácticamente a ciegas ya que en la iniciativa de decreto presentada ni siquiera se menciona la longitud de la autopista de 4 carriles propuesta. La autorización para contraer deuda al Gobierno del estado de Nayarit tuvo un proceso muy rápido y sospechoso.

Un dato que seguramente olvidaron los funcionarios de entonces encargados de cabildear con el Poder Legislativo local, es que el propio Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Obras Públicas había registrado en 2010 ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la manifestación de impacto ambiental (MIA) de esa autopista.

En el documento oficial y según las estimaciones se deja en claro que para la ejecución de los trabajos en sus diferentes etapas del proyecto la inversión requerida fue de aproximadamente $8´089, 199.96 (ocho millones ochenta y nueve mil ciento noventa y nueve pesos) por kilómetro, lo que da un gran total de $58’480, 143.08 (cincuenta y ocho millones cuatrocientos ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 08/100 moneda nacional) por la longitud total de la carretera que es de 7.23 kilómetros de construcción. Además, dicho documento menciona que el objetivo principal del proyecto sería mejorar, incrementar y modernizar la infraestructura carretera y de comunicaciones para fomentar las inversiones y le otorguen un mayor atractivo turístico a la zona.

Por otra parte, el documento de Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional carretera La Cruz de Huanacaxtle- Punta Mita presentado por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit, describe un nuevo proyecto que consiste en la construcción de una carretera que unirá a las localidades de la Cruz de Huanacaxtle y Punta Mita dentro de la entidad federativa de Nayarit, con mejores condiciones a la existente. El camino pretendido se forma del cadenamiento 0+000 al 7+229.41 (una longitud de 7,229.41 metros) y entronca en ambos extremos a la carretera que ya existe. Proyecto licitado: Nuevo tramo carretero de 4 carriles, desde la carretera federal 200 hasta el kilómetro 11+000.

Asimismo, en la iniciativa de decreto presentada por el ex gobernador en abril de 2011 plantea la consecución técnica del proyecto de un “Nuevo trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita” bajo la modalidad de una autopista tipo A4S y A4 de acuerdo con el anteproyecto autorizado por la SCT con un costo aproximado de $ 250 millones de pesos, argumentando que este permitiría el desarrollo sustentable de la zona y potencializaría los beneficios del mismo en esa región.

En la iniciativa de decreto presentada en abril de 2011, el entonces gobernador Ney González, refiere que el Estado aportó los $100 millones de pesos convenidos, quedando pendiente la aportación federal hasta este momento, argumentando con ello que quedaba truncado este proyecto estratégico para el desarrollo de la Riviera Nayarit y justificando de esta manera la construcción del nuevo proyecto.

Ante lo anterior cabe preguntarse, si los proyectos carreteros y los convenios son para la ampliación de la carretera actual, ¿por qué se licita una nueva carretera como se señala en la iniciativa presentada por el ex gobernador? ¿En qué convenio oficial se decidió el cambio de proyecto? y, en todo caso, ¿Por qué se cambió el proyecto? ¿Por qué no se ha hecho pública toda esta información?

Sumado a lo anterior, el 1 de junio del 2011 presenté un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión en el que se solicita información detallada del estado que guarda la deuda en el Estado de Nayarit. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  en junio del mismo año, en respuesta presentó datos que resultaron insuficientes, toda vez que la información presentada además de manera incompleta, esta no satisfizo lo solicitado en el Punto de Acuerdo presentado, ya que la dependencia presentó un informe con las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios con la Banca Comercial, de Desarrollo y Emisiones con saldos a la fecha del 31 de marzo de 2011 y el decreto aprobado por el Congreso local de Nayarit se solicitó en abril y se aprobó en mayo de 2011.

Datos generados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2005 el Estado de Nayarit tenía una deuda de 363.4 millones de pesos, al cierre del 2010 dicha dependencia dio a conocer que la deuda había incrementado y ascendía a 3,150.9 millones de pesos; en marzo de 2011 la entidad alcanzó obligaciones financieras por 4,129.2 millones de pesos; en mayo de de 2011 se autorizaron los 300 millones de pesos para la construcción del trazo carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita y finalmente al mes de septiembre de 2011 la deuda pública alcanzó los 5,094.60 millones de pesos, por lo que se estima que elevar la deuda en nada beneficia el desarrollo de la entidad.

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat), realizó tres manifestaciones de impacto ambiental que dio la impresión que les urgía un fast track por la terminación del sexenio .En una de ellas (MIA) modalidad Regional carretera La Cruz de Huanacaxtle- Punta Mita referida a la construcción de la nueva carretera, el documento señala que se incorporarían los criterios ambientales adecuados para que en su implementación se minimizaran los impactos en su ecosistema. Sin embargo, el proyecto de origen no era ni siquiera la construcción de una nueva carretera, además ello no garantiza que no se generará una alteración a estos ecosistemas y a las playas de la región y en consecuencia la fragmentación del hábitat.

Por otra parte, en la resolución negativa elaborada por la Semarnat emitida mediante oficio: S.G.P.A./DGIRA.DEI. 1482.05 de fecha 10 de junio de2005 (con el proyecto de modernización), los impactos negativos para el proyecto, se esperan en el suelo, aire, efectos visuales y flora. Los impactos negativos para el proyecto, se esperan básicamente en el suelo, aire, efectos visuales y en la flora.

Por lo anterior analizado, estimo que no se justifica el endeudamiento al que incurrió el Gobierno del Estado de Nayarit, y que además el proyecto de obra se considera innecesario y no prioritario.

Mejorar la infraestructura de los países en desarrollo es un aspecto que se considera cada vez más importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio; sin embargo, es preciso mejorar el entorno normativo e institucional a la hora de contratar deuda por infraestructura, además de que es necesario el fortalecimiento de los instrumentos de transparencia. La mayoría de las veces que se contraen obligaciones financieras generadoras de un interés, por medio de financiamiento público constitutivo de deuda, se pueden generar suspicacias, como es el presente caso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, a que en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, remita a esta Soberanía un informe detallado, que explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit.

Segundo. El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  a que, en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo se haga pública la información que contenga la modificación del convenio oficial del proyecto de modernización de la carretera Cruz de Huanacaxtle–Punta Mita, y del nuevo proyecto carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita bajo la modalidad de autopista tipo A4S y A4. Lo anterior, debido a que se desconocen cuáles fueron los procesos de programación, presupuesto, ejecución y evaluación en las modificaciones de dichos proyectos.

Tercero. El Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a que en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes respecto al proyecto de infraestructura carretero Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita, debido a presuntos actos de corrupción en la gestión de la modernización de dicha carretera y se haga pública la información derivada de dichas investigaciones. Lo anterior, para que de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su caso inicie procedimiento administrativo y sancione, a todos aquellos servidores públicos que resulten responsables de dichos actos.

Cuarto. El Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y con base en las investigaciones dadas a conocer, se realicen las gestiones necesarias con el objeto suspender de manera inmediata la construcción del trazo carretero de la Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita bajo la modalidad de autopista tipo A4S y A4, en tanto no se deslinde cualquier responsabilidad.

Notas:

1 Foro Económico Mundial, Reporte (2009-2010). En: Instrumentos Financieros del Gobierno Federal para promover la inversión en infraestructura en México. Consultado en enero de 2012. Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/conferencias/ny/pdf/2_banobra s.pdf

2 Informe del Resultado de la Fiscalización 2005: Fideicomiso del Tramo Carretero Cruz de Huanacaxtle – Punta de Mita. H. Congreso del Estado de Nayarit. Órgano de Fiscalización Superior, p. 3. Disponible en: http://www.ofsnayarit.gob.mx/2005/cruz_huanacaxtle-punta_de_ mita.pdf

3 Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Gobernación. Gobierno del Estado de Nayarit: Licitaciones Públicas Nacionales. (2004). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=703533&fecha=21/09/2004. Consultado el 16 de diciembre 2011.

4 Según oficios números COP-DP-R39-0152/2004, COP-DP-R39-0151/2004, COP-DP-R39-0135/2004, COP-DP-R39-0157/2004 y COP-DP-R39-0156/2004

5 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2010/18NA2010V00 04.pdf

6 Iniciativa de decreto que tiene por objeto obtener la autorización para gestionar y contratar financiamiento que constituye deuda pública hasta por la cantidad de trescientos millones de pesos. Disponible en: http://www.congresonay.gob.mx/files/1304648326.pdf

7 Información proporcionada por las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación que guardan sus obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios establecido en el Reglamento del Artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y algunas otras Obligaciones reportadas por las Entidades Federativas. Incluye las obligaciones inscritas de sus organismos paraestatales y paramunicipales.

8 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nay/estudios/2005/18NA2005V00 05.pdf

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, a los 18 días del mes de enero de 2012.— Senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SIERRA TARAHUMARA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal y al gobernador de Chihuahua un informe sobre la hambruna que viven las comunidades rarámuris de la sierra Tarahumara, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Los rarámuris, o tarahumaras son una etnia asentada en la parte suroeste del estado de Chihuahua, ocupando una cuarta parte (65 mil km2 aproximadamente) de una de las zonas más elevadas de la Sierra Madre Occidental, conocida también como Sierra Tarahumara.

Actualmente, la etnia de los rarámuris –también conocidos como “los de los pies ligeros”, haciendo alusión a su más antigua tradición: correr– está compuesta por alrededor de 50 mil habitantes; y el 90% de su población se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava, todos del estado de Chihuahua.

Segunda. El pasado 15 de enero, se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, un video en el que el Secretario del Ayuntamiento de Carichí, Chihuahua, Jesús Antonio Quiñónez Rodríguez, denunció que en la Sierra Tarahumara, cuando las mujeres y hombres indígenas llevan 4 o 5 días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes, motivo por el que, hasta el 10 de diciembre de 2011, 50 hombres y mujeres, se habían arrojado al barranco. Agregando que además se habían detectado casos de ahorcamiento en la región, por la misma causa.

Dicho video movilizó a la sociedad mexicana en varias partes del país, así como a los usuarios de las redes sociales, quienes el fin de semana pasado se organizaron para realizar colectas de ayuda a los indígenas rarámuris (tarahumaras).

Sin embargo, el video forma parte de una serie de notas y reportajes que se han publicado a nivel nacional sobre la hambruna que se vive en la Sierra Tarahumara a causa del frío y la sequía.

Tercera. El 26 de noviembre del año pasado, El Diario publicó una nota sobre la falta de alimentos en la Sierra Tarahumara, comenzando a generar problemas de salud importantes entre los rarámuris , ya que de septiembre a noviembre se habían presentado 40 casos de desnutrición, de los cuales 15 fueron severos y cinco de ellos graves.

En la misma nota se informó de la muerte de un niño por desnutrición en la Sierra Tarahumara. El sacerdote jesuita José Guadalupe Gasca Aguirre, director de la Clínica Santa Teresita de Creel, en Bocoyna, declaró que el niño llegó con una desnutrición tan avanzada que no fue posible aliviarlo; llamándole la atención que ese tipo de casos se presentaran en noviembre, ya que ordinariamente los enfermos se registraban en fechas anteriores y no cuando se supone que las familias levantaron sus cosechas y tienen un poco más de alimentación.

Desde entonces, el sacerdote advirtió que las comunidades indígenas vivían una situación de emergencia, pues los problemas de desnutrición iban creciendo, a pesar de los apoyos de las autoridades y de la sociedad.

Cuarta. Por otro lado, el 15 de enero de este año, el periódico La Jornada dio a conocer, que en poblados del municipio de Carichí, al menos seis personas habían muerto de hambre, de acuerdo con lo asentado en las actas de defunción, en las cuales el médico legista asentaba como causa de muerte la desnutrición, como una consecuencia de la sequía sufrida en la región por más de cuatro meses.

Las comunidades donde se presentaron los decesos por hambre son Napuchi, Wisarorare, Baquiachi y Pasigochi, donde el índice de mortalidad por la falta de alimentos es un factor que además ha provocado casos de lesiones y muertes en adultos mayores de 60 años de edad.

El diario de circulación nacional agregó que en 2011, en la Sierra Tarahumara se dejaron de producir 20 mil toneladas de maíz para autoconsumo, generando graves problemas de desnutrición entre la población. Aunada a esta situación, de las 150 mil toneladas de maíz que se producen en Chihuahua, este año sólo se produjeron 500 toneladas. De igual forma, el año pasado la producción de frijol, pasó de entre 80 mil y 120 mil toneladas, a sólo 20 mil; mientras que la producción de avena sufrió una pérdida superior al 80%.

Quinta.Por su parte, la revista Proceso en su número 1836, correspondiente al 8 de enero, informó también del problema de la hambruna sufrida en territorio tarahumara, comparándola con la situación gravísima de hambre que se vive en países de África como Somalia.

En el reportaje de Marcela Turati, se narra la desgarradora situación en la que se encuentran muchas niñas y niños rarámuris , pues hacia finales del año 2011, se incrementó el número de pequeños que ingresaron al hospital por problemas de desnutrición, con síntomas observados en países africanos como estómagos inflamados, huesos marcados en la piel, despellejamiento, palidez, diarreas asesinas, hinchazón general e inapetencia.

Sexta. La sequía es la principal explicación de la hambruna que están viviendo los rarámuris, ya que desde octubre de 2011 y hasta octubre de 2012 no tendrán comida, pues no habrá cosecha que recoger.

Conjuntamente con la sequía, la helada atípica (-20 grados) que se registró en esta parte de la Sierra Madre Occidental en febrero del año pasado, la que pulverizó la cubierta vegetal, aún sigue afectando a los campesinos tarahumaras, quienes perdieron sus cosechas de maíz y frijol. Incluso ambos fenómenos han sido la causa de la muerte de más de 200 mil animales utilizados para el ganado.

Séptima. A pesar de que la grave situación por la que atraviesan los pueblos y comunidades rarámuris se dio a conocer meses atrás, la situación tomó una mayor relevancia con la difusión del video en el que el Secretario del Ayuntamiento de Carichí denunció que alrededor de 50 hombres y mujeres de esta etnia se habían arrojado al barranco por la falta de alimentos. Debido a este video la sociedad mexicana se organizó para la creación de centros de acopio manejados por ciudadanos en por los menos 7 estados de la República y el Distrito Federal para recolectar víveres. De igual forma, se han abierto cuentas bancarias para destinar dinero y así apoyar a nuestros hermanos rarámuris ante la grave situación de hambruna por la que están atravesando.

También en las redes sociales los mexicanos se movilizaron. Ejemplo de lo anterior fue que en Facebook se creó el grupo Alimentemos la Sierra Tarahumara, mientras que en Twitter fue creado el hashtag #SierraTarahumara para conseguir distintos tipos de ayuda en diferentes lugares instalados como centros de acopio. Los twitteros solicitaron alimentos no perecederos, medicamentos, artículos de aseo personal, chamarras, cobijas y suéteres para trasladarlos a la Sierra Tarahumara.

Octava.Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que, independientemente de la veracidad o no de las versiones periodísticas sobre las pérdidas de vidas humanas a causa de suicidios motivados por el hambre, el Gobierno Federal reconoce la gravedad de la situación, por lo que ha invertido en ayuda 945 millones de pesos, y apoyado con alimentos, cobijas y agua para consumo humano a los habitantes de la Sierra Tarahumara afectados por la sequía y las heladas que enfrenta esa región. La dependencia agregó que para reforzar la ayuda se está enviando un paquete especial de 100 mil despensas con las que se auxiliará a las comunidades más pobres de la zona.

Asimismo, la Secretaría emitió un comunicado de prensa en el que informó que gracias al Programa de Empleo Temporal (PET) se ha apoyado a 8,139 familias que habitan en 17 municipios del estado de Chihuahua, en localidades con menos de 250 habitantes; y que desde el 7 de mayo de 2011 se han entregado más de 5 millones de litros de agua para consumo humano e instalado tanques para el almacenamiento del líquido, beneficiando a 52 mil personas de 23 municipios.

Novena. Por su parte, el lunes 16 de enero, el Gobierno del estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente el suicidio masivo de tarahumaras por motivo de la hambruna en la región. La administración estatal desmintió las aseveraciones hechas en diversos medios de comunicación y en redes sociales, aduciendo que el video difundido circuló sin fecha y sin especificar el lugar exacto donde se han registrado dichos suicidios.

El documento agrega: “sólo el que no conoce la idiosincrasia de la raza Tarahumara, podría creer semejante versión. Su formación en la dureza de la sierra, los hace hombres y mujeres con un temple a toda prueba. El gobierno de Chihuahua reprueba la injerencia de gente sin escrúpulos que miente y engaña a personas de buena fe con este tipo de falsa información”.

Por otra parte, el gobierno de Chihuahua justificó que los diversos programas de apoyo alimentario y de subsistencia destinados a la etnia tarahumara tienen 10 semanas, y han sido un alivio para miles de familias en condición precaria derivada de la sequía, explicando que se han entregado paquetes de alimentos que contienen maíz, frijol, embutidos, carne molida y cajas de leche a 25 mil 915 familias.

Décima. Lamentablemente, al problema de hambruna que sufren los pueblos y comunidades rarámuris , tenemos que sumar que en esta zona de la Sierra Madre Occidental aún existen tiendas de raya donde se explota a los indígenas, acrecentando la asfixiante atmósfera de indiferencia, racismo y discriminación hacia los indígenas.

De igual forma, las autoridades tanto federales como estatales se han caracterizado por la apatía e indiferencia hacia los rarámuris , ya que no han sido capaces de responder de manera eficiente el problema de la sequía, pues la falta de lluvias ha afectado gravemente sus cosechas. De igual forma, en este territorio de Chihuahua, ha crecido la presencia de grupos ligados al narcotráfico, quienes ofrecen a los campesinos la siembra de mariguana y amapola como una salida fácil a sus problemas económicos.

Undécima. Por todo lo anteriormente expuesto, considero oportuno solicitar al Gobierno Federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris. Dicho informe deberá contener también las acciones y programas que se ofrecen, con los resultados obtenidos, ante la preocupante situación que viven los integrantes de la etnia rarámuri o tarahumara.

De igual forma, es necesario solicitar a las mismas instancias gubernamentales un informe sobre la información dada a conocer en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, referente al suicidio de 50 hombres y mujeres provocado por la desesperante situación de hambruna que sufren.

Duodécima. Estoy convencido que los legisladores debemos atender de manera prioritaria la situación de nuestros pueblos y comunidades originarias, pues tenemos hacia ellos una deuda que saldar, provocada por años, o quizá siglos de marginación, indiferencia y discriminación. Son ellos quienes nos necesitan en estos momentos difíciles por los que están atravesando, por lo que debemos de resolver de manera definitiva y eficiente sus problemas de hambruna, sequía, pobreza y marginación. Los mexicanos nos hemos caracterizado por nuestra unidad en tiempos difíciles; éste es uno de ellos, no dejemos pasar esta oportunidad.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador de Chihuahua, un informe detallado sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris. Dicho informe deberá contener las acciones y programas implementados, así como los resultados obtenidos, ante la preocupante situación que se viven los rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador de Chihuahua, un informe detallado sobre la información dada a conocer en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, el pasado 15 de enero, referente a que 50 hombres y mujeres se habían arrojado al barranco debido a la desesperación por no tener alimentos para ellos y sus familias.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil doce.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

LEY SOPA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, sobre la posible aprobación por el Congreso estadounidense de la iniciativa H.R3261, o Stop Online Piracy Act, suscrita por el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Castellón Fonseca, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con la posible aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de América de la iniciativa H.R3261, también conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 26 de octubre del año pasado un grupo de 13 legisladores estadounidenses, encabezados por el congresista Lamar S. Smith, presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América el proyecto de ley H.R.3261, conocida también bajo el nombre de SOPA (Stop Online Piracy Act).

De acuerdo con sus impulsores, la legislación tiene como objetivo “Promover la prosperidad, la creatividad, el espíritu empresarial y la innovación mediante la lucha contra el robo de propiedad de EUA”, así como proteger el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos.

Segunda. En general la Ley SOPA propone ampliar las facultades del Departamento de Justicia de Estados Unidos a fin de que pueda tomar acciones legales contra los sitios de Internet que se considere puedan estar violando derechos de propiedad intelectual, facultándolo para solicitar a proveedores de servicios de Internet, empresas de motores de búsquedas y proveedores de servicios en línea a bloquear  el acceso a dichos sitios, detener todo tipo de pagos y retirar todo tipo de publicidad, haciéndolos corresponsables ante su negativa. Por otra parte se establecen penas de hasta 5 años de prisión por el uso no autorizado de contenidos protegidos por el derecho autor.

De esta manera se estarían otorgando facultades para que las autoridades estadounidenses revisen, persigan y desconecten a cualquier persona, física o moral, que sea sospechosa de subir material protegido por las leyes de propiedad intelectual. También se penalizaría a los anunciantes que aparezcan en algunos de estos sitios. Con esta Ley se crearía una “lista negra” de sitios web vigilada por el gobierno estadounidense, tal y como sucede en países como Irán y China.

Tercera. Desde que el proyecto SOPA salió a la luz, en octubre del 2011, ha provocado diversas reacciones de rechazo por parte de los defensores de la libertad de Internet y compañías de Internet, como Google, Yahoo y Facebook, que afirman que esta norma podría frenar la innovación, suprimir la libertad de expresión y dañar seriamente la infraestructura y forma de operar del Internet. Por otra parte, la polémica iniciativa cuenta con el apoyo de la industria del entretenimiento de cine y televisión.

Esta iniciativa ha despertado la preocupación y alerta mundial de la comunidad tecnológica, la academia, así como la de distintas organizaciones e instituciones, como por ejemplo la Electronic Frontier Foundation, que han alertado sobre las distintas implicaciones negativas de SOPA, entre las que destacan las siguientes:

1. SOPA otorga a corporaciones e individuos un poder sin precedente para silenciar el discurso y la libertad de expresión en línea.

2. SOPA otorga al gobierno un poder que puede ser utilizado para censurar y coartar la libertad de expresión.

3. SOPA está redactada con un lenguaje ambiguo que podría tener como consecuencia que sea interpretada de forma abusiva y desproporcionada en detrimento de los usuarios.

4. SOPA no es capaz por sí misma de poder detener la llamada “piratería” en línea y se constituiría como una legislación redundante que pondría en riesgo el principio de certidumbre jurídica y presunción de inocencia de los usuarios de internet.

Cuarta. Por otra parte, si bien esta Iniciativa tiene como ámbito de aplicación territorial Estados Unidos de América, la realidad es que en ese país se encuentran alojados casi todos los portales de servicios, sitios y plataformas que se te utilizan alrededor del mundo incluido México, tal es el caso de Wikipedia, Youtube, Facebook, Google, Twitter, Wordpress, etcétera.

Aunado a lo anterior, SOPA contempla diversas hipótesis bajo las que un sitio extranjero podría ser llamado a juicio por una Corte Norteamericana, propiciando así la aplicación extraterritorial de dicha iniciativa. Por ejemplo, con el simple hecho de que un sitio sea visible en Estados Unidos de América, sería suficiente para poder aplicar la SOPA sobre sus administradores y usuarios. De esta manera usuarios mexicanos que comenten en sus sitios personales, blogs o que refieran enlaces que pudieran ser considerados “ilegales”, bajo esta legislación podrían ser bloqueados o censurados sin aviso o proceso previo y sus administradores llevados a juicio en Cortes estadounidenses. Otra preocupación importante es la relativa a que varios sitios de usuarios mexicanos se “hospedan” en servidores ubicados en Estados Unidos, lo que implicaría también ser afectados por esta ley.

Quinta. Como lo he afirmado en otras ocasiones, en México debe existir una discusión amplia, integral y transparente sobre el futuro de Internet pero sobre todo una reflexión real sobre la llamada “propiedad intelectual” y la protección de los “derechos de los creadores” y su relación con la del fomento y el acceso al conocimiento en nuestro país.

Iniciativas como la SOPA no pretenden solucionar un aparente problema con la “internet” sino que, en realidad, pretenden establecerse como medidas promovidas por los grandes consorcios beneficiados por los “derechos de propiedad intelectual” buscando adecuar este medio a sus intereses, sin importar que con ello puedan vulnerar las garantías individuales de los usuarios y sin considerar que los menos beneficiados por este tipo de iniciativas son justamente los autores.

Sexta. Es importante que legisladores y el gobierno federal hagamos lo posible por preservar la libertad que se ha alcanzado en Internet a fin de proteger el derecho de la gente a estar informada y comunicada. Iniciativas como la SOPA, de aparente aplicación en Estados Unidos, pueden tener consecuencias graves para los usuarios mexicanos ya que podrían estarse violando sus derechos a la privacidad, de libertad de expresión e inviolabilidad de las comunicaciones.

Debemos estar atentos y rechazar aquellas iniciativas impulsadas por otros países, especialmente en Estados Unidos, relacionadas con el funcionamiento y gestión de derechos en la internet  ya que la mayoría de servicios y sitios usados por los usuarios mexicanos se encuentran regulados bajo el marco jurídico de ese país.

La libertad de expresión y acceso a Internet no se debe limitar, por el contrario, el Estado mexicano debe ampliar y velar por los derechos de los usuarios de esta red y fomentar el uso masivo de Internet, plataforma que hoy en día constituye un eficaz vehículo de información ciudadana que debe protegerse.

Como lo ha expresado el doctor Alejandro Pisanty es necesario impulsar la “creación de un marco de políticas públicas coherente, que además de impulsar la sociedad de la información y el conocimiento formule límites claros a las limitaciones que los ciudadanos pueden sufrir por órdenes del Estado en su acceso a Internet, en forma que se pueda cumplir y hacer cumplir”.

Sin duda la posible aprobación de la SOPA por parte del Congreso Norteamericano afectaría de manera importante la libertad de expresión y el flujo de información de los usuarios mexicanos en internet, dos características que desde su nacimiento ha tenido la red.

No olvidemos que Internet es una plataforma mundial de grandes repercusiones en el acceso a la información y el conocimiento, así como fuente de innovación, comercio y negocios para el mundo, su afectación por parte de un país como Estados Unidos, nos afecta a todos

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más enérgico rechazo a la posible aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de América de la iniciativa H.R3261 también conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act) por considerar que dicha legislación afectará los principios fundamentales de Internet, así como los derechos a la información, conocimiento, privacidad y libertad de expresión de los usuarios mexicanos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil doce.— Senador Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Segunda Comisión de trabajo.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, atinente al derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, suscrita por los senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes ,senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdoal tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien la actividad petrolera ha sido fuente importante de recursos económicos para financiar el desarrollo en nuestro país, de igual manera resulta innegable que ha causado grandes desastres ecológicos, al registrarse constantemente percances que dejan graves impactos ambientales que a su vez se transforman en problemas económicos y sociales para las comunidades afectadas.

Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde 1993 al 2007, en México ocurrieron 7 mil 279 percances, entre derrames, fugas y explosiones de Pemex y otras compañías con actividad química, lo cual, a decir, de la organización ambientalista Greenpeace, coloca a la paraestatal como la responsable de la mayor cantidad de desastres ambientales en México, al registrarse en la infraestructura petrolera 1.33 percances por día.

El pasado 31 de diciembre, nuevamente se registró un derrame de hidrocarburo en las instalaciones de Pemex, esta vez se trató de una fuga de mil 500 barriles de crudo del oleoducto de 30 pulgadas Nuevo Teapa-Poza Rica, en la estación de válvulas conocidas como El Polvorín en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz, que afectó, según información proporcionada por la Profepa, cerca de 12 kilómetros del río Coatzacoalcos.

En esta ocasión, tanto Pemex como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa, han asegurado que el derrame de crudo fue producto de un “acto vandálico” que no tuvo como propósito el robo de combustible sino provocar un daño en las instalaciones de la paraestatal y afectar de manera intencionada el entorno ecológico, con lo cual aparentemente Pemex no tendría responsabilidad en los hechos descritos.

Adicionalmente, la delegación de la Semarnat en el estado de Veracruz, informó que un mes estarían listas las evaluaciones sobre la calidad del agua y de la tierra afectada, para decidir si se aplica alguna sanción a Pemex, pero sólo referente a la remediación, toda vez que para esa dependencia la fuga fue deliberada.

Además de la prontitud por deslindar a Pemex, sin que hayan concluido las investigaciones, resulta cuestionable, por un lado, la vulnerabilidad de las instalaciones petroleras ante posibles sabotajes o robo de combustible, acto delictivo que ha ido creciendo en forma alarmante en los últimos años; tan sólo en el 2011 Pemex reportó un incremento del 86 por ciento en tomas clandestinas con respecto al 2010, que habrían ocasionado pérdidas por más de 5 mil millones de pesos.

Por otro lado, se advierte que Pemex no está preparado para atender oportunamente y con el equipo especializado este tipo de contingencias. Según habitantes del lugar afectado, el derrame fue minimizado en un principio, ya que las autoridades acudieron a detenerlo cinco días después de haberse registrado.

En días pasados, algunos medios de comunicación dieron cuenta que el derrame de crudo había rebasado la capacidad de Pemex para contrarrestar los daños, y que las labores de saneamiento realizadas por la empresa contratada por la paraestatal (Caprimex) para realizar la limpieza del río eran deficientes, además de que el personal ocupado en esas tareas no contaba con el equipo de protección adecuado, lo que lo exponía a la contaminación por hidrocarburo.

En este mismo sentido se ha pronunciado la organización ecologista Greenpeace, quien señaló que el tratamiento de la fuga sobre el río Coatzacoalcos ha sido negligente por parte de Pemex, pues al no darle la importancia debida desde el inicio, el derrame había ocasionado un daño mayor.

Ante la falta de claridad respecto a las causas que originaron el derrame de crudo, así como la opacidad que persiste en los procesos de remediación y atención a los impactos posteriores, resulta obligado para esta soberanía solicitar respetuosamente a las autoridades involucradas los informes correspondientes, con el objeto de dar un mayor seguimiento a este tipo de eventos y exigir que se deslinden responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a remitir a esta soberanía, conforme al dictamen técnico que emitan las áreas responsables especializadas,  un informe detallado sobre las causas del derrame de hidrocarburo, ocurrido el pasado 31 de diciembre sobre el río Coatzacoalcos, los trabajos de remediación implementados en la zona afectada, así como las acciones que se prevén instrumentar para resarcir el daño causado al medio ambiente y, en su caso, a la población en su patrimonio y/o actividad económica.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a promover la programación de una revisión exhaustiva a las instalaciones de la paraestatal con el objeto de reparar y dar mantenimiento a sus ductos y oleoductos, así como incrementar las medidas de vigilancia y seguridad en los mismos, a fin de evitar hechos delictivos que pongan en peligro a la población y afecten los ecosistemas y la biodiversidad.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir a esta soberanía un informe sobre impacto ambiental ocasionado por el derrame de hidrocarburo sobre el río Coatzacoalcos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.— Senadores: Arturo Herviz Reyes, Rosalinda López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SIERRA TARAHUMARA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, sobre las comunidades rarámuris de Chihuahua, a cargo de José Luis Máximo García Zalvidea y suscrita por Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, senadores del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, José Luis Máximo García Zalvidea, Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, integrantes de la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente, proposición con punto de acuerdo sobre las comunidades rarámuris en Chihuahua, de conformidad a las siguientes

Consideraciones

Primera. En los más diversos contextos geográficos existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja a pueblos indígenas y pobreza. Las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales. Este patrón se observa tanto en países desarrollados como no desarrollados –incluso cuando los pueblos indígenas son la mayoría de población nacional– y ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Cabe señalar que, las causas o condicionantes de pobreza en las comunidades indígenas están relacionadas con las condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los excluyeron. Frente a esta situación, las reacciones políticas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación o reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el estado. La reivindicación de los derechos constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional y es una respuesta directa a las situaciones de desventaja que estos padecen.

Segunda. El pasado 15 de enero circuló la noticia de que “al menos unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos” . Lo anterior fue denunciado en el Canal 28 XHABC de Ciudad Juárez, Chihuahua, por Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

La nota periodística señalaba que: “las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco”.

Cabe señalar que la noticia tuvo un fuerte impacto en la sociedad civil, principalmente en las redes sociales, y cuyo resultado fue la constitución de varios centros de acopio de alimentos y víveres para enviarlos a las comunidades rarámuris.

Tercera. En tal sentido, a pocas horas de que hiciera la denuncia sobre los supuestos suicidios por hambre de rarámuris en la Sierra Tarahumara, y de que usuarios de las redes sociales organizaran colectas de alimentos, el gobierno de Chihuahua negó que haya suicidios masivos en la zona.

Así, “el gobierno del estado de Chihuahua, desmiente categóricamente el suicidio masivo de tarahumaras por motivo de la hambruna”, publicó el gobierno de Chihuahua.

Cuarta. Sin embargo, y ante la contradicción en la información, la propia Secretaría de Desarrollo Social ha tomado cartas en el asunto para enviar alimentos, cobijas y agua a los habitantes de la Sierra Tarahumara. Asimismo, el gobierno federal reconoce la gravedad de la situación y por ello ha invertido en ayuda 945 millones de pesos. Detalla que envía 100 mil despensas a las comunidades con más pobreza en la zona.

Es preciso señalar por otra parte, que a principios de año, habitantes de comunidades indígenas de los municipios más marginados, principalmente de la Sierra Tarahumara, habían denunciado que los encargados de distribuir alimentos en la región venden los paquetes en 30 pesos.Esto, fue denunciado, en medio de una evidente hambruna a causa de la sequía que se padece desde el año anterior.

Asimismo, al no haber lluvias en el verano, ni nieve en el invierno, muchos de los pozos se han secado y no se cuenta con agua para consumo humano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, para que en el ámbito de su respectiva competencia y de manera coordinada, se:

a) Redoblen los esfuerzos para brindar ayuda y apoyo humanitario a las comunidades de la Sierra Tarahumara, en particular a las rarámuris, ante su evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas en la región;

b) Informe sobre el resultado de los programas, permanentes y específicos, para las comunidades rarámuris en la entidad, y

c) Investigue sobre la presunta venta de despensas que otorgan los gobiernos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, remita a esta soberanía un informe pormenorizado, correspondiente al periodo 2006-2011, sobre el avance, estado y resultado que guardan las políticas públicas y programas gubernamentales dirigidos a los pueblos indígenas, con relación a los siguientes rubros:

a) Lucha contra la pobreza;

b) Infraestructura básica;

c) Atención a la salud;

d) Apoyos a la vivienda;

e) Estímulos a la producción;

f) Educación indígena y albergues escolares;

g) Fondos regionales de desarrollo;

h) Convenios en materia de justicia;

i) Desarrollo y preservación de la cultura;

j) Equidad de género, y

k) Lucha contra la discriminación.

Notas:

1. http://mx.noticias.yahoo.com/blogs/blognoticias/denuncian-suicidios-por-hambre- en-sierra-tarahumara.html

2. Ibídem.

3. http://www.animalpolitico.com/2012/01/gobierno-de-chihuahua-desmiente-suicidios -en-sierra-tarahumara/

4. http://sipse.com/noticias/140462-presunto-suicidio-colectivo-tarahumaras-movili za-redes-sociales.html

5. http://www.jornada.unam.mx/2012/01/05/estados/027n1est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Senadores: José Luis García Zalvidea, Rubén Velázquez López, Julio César Aguirre Méndez (rúbricas).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas a decretar la libertad incondicional e inmediata de José Francisco Chavira Martínez, suscrita por el senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del PRD

Senador Carlos Sotelo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de  acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al término de una rueda de prensa efectuada por aspirantes al Senado de la República de Tamaulipas por el Partido de la Revolución Democrática, el pasado 5 de enero, elementos de la policía ministerial detuvieron en forma arbitraria a uno de los precandidatos: José Francisco Chavira Martínez.

Empresario de reconocida solvencia, fundador de diversas instituciones de educación privada en las ciudades de Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y Altamira, José Francisco Chavira Martínez debe reputarse preso de conciencia en el estado de Tamaulipas.

Su detención ilegal pretende basarse en una falsa denuncia formulada por el señor Jorge Valdés desde el 20 de marzo de 2008, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia y lesiones.

En realidad, su detención intenta frustrar su aspiración política de ser electo senador de la república.

Sin existir elemento probatorio a alguno que acreditara la existencia de los delitos que se imputan a José Francisco Chavira Martínez, la averiguación previa 159/2008 se mandó al archivo de la respectiva agencia investigadora, desde el mismo año de 2008.

Sin embargo, ante su registro como precandidato del Partido de la Revolución Democrática y la posibilidad de que sea elegido senador de la república, en forma inmediata, por motivaciones absolutamente políticas se reactivo en forma inmediata la averiguación previa. Y sin que se hubiesen aportado nuevas pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad en la comisión de los ilícitos que se le imputan, se ejercitó acción penal en su contra.

Y en forma displicente, el juez segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, obsequio las correspondiente orden de aprehensión y, posteriormente, decretó auto de formal prisión.

Es patente que ni de las declaraciones de los  denunciantes ni de los demás elementos que sirven de base al sumario penal, se desprende siquiera imputación alguna en contra de José Francisco Chavira Martínez.

José Francisco Chavira Martínez es inocente y su detención y enjuiciamiento tienen sólo una motivación política. La Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas tuvo más de tres años para integrar la averiguación y consignarla al juez penal, lo cual no hizo porque de la averiguación previa no se deriva elemento alguno que haga presumir si quiera su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Es evidente su detención y sujeción a proceso es una maniobra política del gobierno local para sacarlo de la contienda interna recién iniciada, y pretender influir en la vida interna del Partido de la Revolución Democrática para influir en el resultado de la elección interna, como una respuesta a las duras críticas que ha realizado por decisiones gubernamentales incorrectas.

Además, se da en un momento en que habrán de realizarse las consultas para definir a los candidatos y de la visita al estado del precandidato de la coalición de las izquierdas a la presidencia de la republica, además que le sirve como cortina de humo para desviar la atención de problemas graves que vive la entidad.

La acusación en su contra busca inhibir sus actividades como líder social y actor político importante de un partido de oposición. Por eso, su detención estuvo planeada y articulada con otras acciones en contra del Partido de la Revolución Democrática.

Indudablemente que el señor José Francisco Chavira Martínez debe considerarse preso de conciencia, porque además no existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputan, su detención tiene como única motivación su actividad como líder social y actor social de un partido político de oposición en el estado de Tamauilipas.

Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto encarcelamiento de este líder político defensor de causas sociales legítimas.

Por el contrario, como representantes populares, nos corresponde exigir la libertad incondicional inmediata de quien con su lucha ha contribuido a que exista mayor justicia social en México.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y al ciudadano procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a que acuerden y promuevan el desistimiento inmediato de la acción penal ejercida en contra de José Francisco Chavira Martínez dentro de la averiguación previa número 159/2008.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tamaulipas a vigilar que el ciudadano juez segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, decrete la libertad incondicional e inmediata de José Francisco Chavira Martínez.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil doce.— Senador Carlos Sotelo García (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo al derrame de hidrocarburos en el río Coatzacoalcos, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Juan Gerardo Flores Ramírez, diputado integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 31 de diciembre se registró una fuga de hidrocarburo en el oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz. Se sabe que el desastre fue ocasionado por una toma clandestina.

En su boletín del 10 de enero de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) afirma que ha realizado labores de limpieza, contando para ello con 140 trabajadores propios y de la compañía Caprimex, además de 25 lanchas, 2 unidades de presión, 1 retroexcavadora, compresores de aire, barreras marinas y cordones oleofílicos.

Hasta la fecha del boletín, Pemex reporta un avance de 35 por ciento, habiendo recuperado 200 mil litros de producto emulsionado, del cual 70 por ciento corresponde a crudo y 30 por ciento a agua. Asimismo, se han cortado 123 metros cúbicos de maleza, la cual ha sido confinada en una celda especial. Adicionalmente, se tomaron muestras del agua del río Coatzacoalcos, que serán analizadas por el Instituto Politécnico Nacional para confirmar el nivel de afectación.

En el mismo boletín, Pemex se deslinda de responsabilidad, afirmando que el derrame fue debido a un acto de vandalismo. Sin embargo, los habitantes afectados y las autoridades locales opinan lo contrario: que Pemex sí tiene responsabilidad por negligencia.

En este sentido, funcionarios del ayuntamiento de Xalapa y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) anunciaron la presentación de denuncias penales en contra Pemex, por no actuar de manera rápida para retirar el petróleo de la zona de pastizales donde originalmente hubo la fuga. Debido al frente frío número 23, el derrame se extendió al río y luego a la playa.

El problema también afectó a mil pescadores de la zona, quienes presentaron una queja ante Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) por los graves daños a las especies marinas.

Por su parte, el municipio de Coatzacoalcos afirmó que demandará a Pemex por negligencia, al no contener de manera correcta el derrame, que ya alcanzó las playas del municipio. Con esta demanda se exigirá el saneamiento, el resarcimiento del impacto ambiental y las pérdidas que se deriven de ella.

Asimismo, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte señaló que “ya son recurrentes los derrames que vienen dándose en diferentes puntos de la geografía estatal, afectando la vida de los veracruzanos, la salud de nuestro entorno, nuestra fauna y flora, así como a la agricultura”, y solicitó una revisión exhaustiva a las instalaciones que Pemex tiene en Veracruz para corregir, reparar y dar mantenimiento a sus ductos y plataformas.

Por último, Greenpeace México afirma en un comunicado del 11 de enero de 2012, que son lamentables las condiciones en las que se está realizando la limpieza del río Coatzacoalcos. Indica que la limpieza es realizada por parte de pescadores locales en su mayoría, bajo mínimas condiciones de seguridad, y que la recuperación de la emulsión se hizo con equipo y materiales inadecuados.

Greenpeace indica que los métodos de medición de hidrocarburos derramados también son inadecuados, por lo cual duda que se hayan recuperado 100 mil de los casi 238 mil litros derramados, como aseguran Pemex y Semarnat.

Si bien se reconoce el esfuerzo de Pemex para poner en marcha acciones para recuperar los hidrocarburos derramados, la evidencia recabada por Greenpeace es elocuente para señalar que es altamente probable que los protocolos de seguridad industrial y de seguridad ambiental de Pemex no estén a la altura de las exigencias que le representa el factor de riesgo ocasionado por la actividad ilícita de tomas clandestinas. En tal virtud, Pemex debe actualizar tales protocolos a efecto de estar en condiciones de responder en forma más oportuna y apegada a las mejores prácticas internacionales en la materia, ante derrames como el que ahora afecta al río Coatzacoalcos.

Como indica el gobernador Duarte, la recurrencia de los derrames demuestra la negligencia con la que actúa Pemex. Existe poca previsión ante este tipo de siniestros, ya sean provocados por vandalismo, errores humanos, fenómenos naturales o accidentes. También demuestra que existe desatención del estado de los ductos, además de una respuesta tardía e inadecuada para atender este tipo de contingencias.

Por las razones anteriores, el Partido Verde considera que se debe replantear la política energética de nuestro país, para impulsar las energías limpias y renovables, a fin de depender cada vez menos de los hidrocarburos, que han demostrado ser una fuente energética costosa, tanto en términos económicos como sociales y ambientales.

En el caso particular del actual derrame, proponemos que, independientemente del motivo del derrame, Pemex y Semarnat realicen acciones de caracterización, remediación y restauración de las zonas afectadas por el derrame; que resarzan los daños a los pescadores y población afectada, y que informen a detalle sobre los procedimientos de atención de la emergencia, así como las acciones de prevención que realizarán para evitar futuros desastres de este tipo.

En atención a lo anteriormente expuesto, el diputado que suscribe pone a consideración de esta Comisión Permanente el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a lo siguiente:

a) Realizar oportunamente acciones de caracterización, remediación y restauración del Río Coatzacoalcos y de las zonas afectadas por la fuga del oleoducto Nueva Teapa-Poza Rica.

b) Resarcir los daños a los pescadores y población afectada por la contaminación con hidrocarburos.

c) Informar a detalle a esta soberanía acerca de los procedimientos de atención de la emergencia, así como las acciones de prevención que realizarán para evitar futuros desastres de este tipo.

Notas:

1 Pemex. Avanzan trabajos de recuperación de producto derramado por acto vandálico. Boletín número 2. 10 de enero de 2012. http://www.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionid=8& catid=40&contentid=25919

2 Greenpeace México. Sacar petróleo de un río a cubetazos, ¿se vale? Enero 11, 2012 http://www. greenpeace.org/mexico/es/Noticias/ 2012/Enero/Sacar-petroleo-de-un-rio-a-cubetazos-se-vale/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 días de enero de 2012.— Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

TARIFAS DE ESTACIONAMIENTOS EN AEROPUERTOS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Profeco a regular tarifas y sancionar cobros excesivos en estacionamientos de los aeropuertos, suscrita por el diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo Parlamentario del PVEM

Guillermo Cueva Sada, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular y sancionar el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos del país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los mexicanos cada día nos quejamos más de los costos elevados de los servicios públicos. Estas prestaciones de servicios al público, que deben ser económicos, cada día se van incrementando; y cada vez se aleja del alcance de las posibilidades de los ciudadanos.

Uno de ellos son los estacionamientos que se encuentran en los aeropuertos del país. Estos estacionamientos que son muy recurrentes, debido a que los aeropuertos son un trasporte muy utilizado por mexicanos y por extranjeros.

La problemática radica en que los costos del servicio de estacionamiento en los aeropuertos del país son elevados.

Las concesiones aeroportuarias son otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, que tienen por objeto regular el modo de ejercer la regulación y ejecución de los aeropuertos del servicio público. Actualmente contamos con 43 aeropuertos en toda la república; éstos han sido otorgados para su explotación a

• Asur: Aeropuertos del Sureste;

• GAP: Grupo Aeroportuario del Pacífico;

• OMA: Grupo Aeroportuario Centro-Norte;

• GACM: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; y

• Otros.

Estos grupos de concesionarios tienen la finalidad de brindar diversos servicios públicos, entre ellos los estacionamientos, según el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos:

Artículo 30. Los aeródromos civiles deberán contar con la infraestructura e instalaciones necesarias, de acuerdo con su clasificación y categoría, las cuales reunirán los requisitos técnicos y operacionales que establezcan las normas básicas de seguridad y demás disposiciones aplicables, para garantizar la segura y eficiente operación de los mismos y de las aeronaves, tales como pistas, calles de rodaje, plataformas, edificios y hangares, ayudas visuales, radioayudas, sistemas de comunicación, caminos perimetral y de acceso, barda o cercado perimetral, iluminación general, vialidades, señalamientos, instalaciones para el almacenamiento de combustible, estacionamiento para automóviles y transporte terrestre de servicio al público, instalaciones destinadas a las autoridades adscritas al aeródromo, y los servicios a la navegación aérea, así como los señalamientos de áreas críticas para proteger el buen funcionamiento de las radioayudas, instalaciones destinadas al cuerpo de rescate y extinción de incendios, franjas de seguridad, plantas de emergencia eléctricas, drenajes y subestaciones de bombeo, plantas de tratamiento de aguas negras, equipos de incineración y equipos para manejo de basura, entre otros.

Asimismo, la fracción VII del artículo 55 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos establece que parte de los servicios aeroportuarios es el establecimiento de estacionamientos:

VII. Estacionamientos: para automóviles y para los vehículos de los servicios de transporte terrestre al público;

Como se observa, los concesionarios son los responsables directos de los costos elevados de los estacionamientos en los aeropuertos. Por ello es importante que la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes, a través de sus facultades, busque que los costos de estos servicios sean unitarios y no tan elevados para los usuarios.

Por ello la relevancia de que la Procuraduría Federal del Consumidor proteja los derechos del consumidor, y prevenga y corrija prácticas abusivas de los cobros elevados en los estacionamientos de los aeropuertos.

Por ello, y sólo por dar un ejemplo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México cuenta con los siguientes costos de estacionamiento:

Como se aprecia en el ejemplo del estacionamiento de la Ciudad de México, los costos son caros, y si bien las instalaciones tienen que tener mantenimiento, miles de personas utilizan estos estacionamientos, lo que indica que se pueden bajar los costos. Sólo para hacer una referencia, si un ciudadano mexicano tiene que viajar de la Ciudad de México a otro estado, y por alguna circunstancia deja su vehículo en el estacionamiento por 3 días, el costo aproximado será de 864 pesos, lo cual sin duda es demasiado elevado. Por ello la importancia de que se observen estos servicios en los aeropuertos del país, a fin de que la tarifa sea más homogénea, económica y factible a los bolsillos de los mexicanos.

Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes a regular el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos, a fin de que sean más económicos y asequibles para el consumidor.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a analizar y aplicar dentro de sus facultades las sanciones correspondientes, previniendo y corrigiendo los cobros excesivos en los estacionamientos de los aeropuertos del país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.— Diputado Guillermo Cueva Sada (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

PREVENCION Y ERRADICACION DE DISCRIMINACION

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

«‘No hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti’, es uno de los principios más fundamentales de la ética.

Pero es igualmente justificado afirmar: todo lo que hagas a otros te lo haces también a ti mismo.»

Erich Fromm, Ética y psicoanálisis

Durante el transcurso de la semana anterior, gracias a los medios de comunicación y a varios sitios electrónicos, muchísimos mexicanos fuimos testigos de una videograbación, en la cual se apreció a una persona, con una actitud iracunda agrediendo a golpes y puntapiés a otro sujeto, quien en ningún instante asume una respuesta a la violenta embestidas de la que era objeto.

El agresor es Miguel Moisés Sacal Smeke y el ofendido Enrique Vega Flores. El primero, es un empresario dedicado a la manufactura de vestuario, calzado y sombrerería; el segundo es un colaborador de una empresa de valet parking.

La razón por la cual el empresario Sacal Smeke agredió al valet parking, según las múltiples declaraciones vertidas en medios de difusión, fue porque éste no se prestó a proporcionarle un gato hidráulico de uso automotriz en virtud de no poder dejar la recepción del inmueble del lugar en donde se hallaban, se deduce que eso ocurre porque una obligación de su relación laboral es permanecer en donde se encontraba.

La agresión que le propinó Sacal Smeke a Enrique Vega Flores, es denigrante para toda la sociedad mexicana, los múltiples insultos de deshonra a la labor que realizaba el empleado, nos parecen discriminatorios y racistas.

En diversas entrevistas realizadas al agredido, esté expresó que no asumió una defensa física, ni hizo por ello, por consideraciones propias a preservar su empleo, de este modo se configuró una triste realidad proveída, sin lugar a dudas, por factores como la impunidad, los clasismos y la necesidad de percibir un sueldo.

Todas las personas que habitan o transitan por este país, deben tener presente que México es una República, por lo cual, todos los hombres y mujeres, ante la ley, somos iguales.

Mientras está solo, Robinson se enfrenta a cuestiones técnicas, mecánicas, higiénicas, incluso científicas, si me apuras.

De lo que se trata es de salvar la vida en un medio hostil y desconocido.

Pero cuando encuentra la huella de Viernes en la arena de la playa, empiezan sus problemas éticos.

Ya no se trata solamente de sobrevivir, como una fiera o como una alcachofa, perdido en la naturaleza; ahora tiene que empezar a vivir humanamente, es decir, con otros o contra otros hombres, pero entre hombres.

Lo que hace «humana» a la vida es el transcurrir en compañía de humanos...

Fernando Savater Ética para Amado r

Es conveniente traer a la reflexión, que esta Legislatura LXI aprobó, hace escasos meses, la modificación constitucional al Título Primero, de los Derechos Humanos, entonces, al ser Ley suprema las prerrogativas reconocidas en esos articulados, es evidente el deber competencial y moral de promover el irrestricto respeto de todo lo que esto implica, por ello, los senadores componentes de la Bancada del Partido Verde Ecologista de México, le solicitamos respetuosamente a todos los legisladores integrantes de esta Comisión Permanente apoyen este punto de acuerdo para que le requiramos al Ejecutivo Federal lo siguiente:

Que compela al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que informe a esta soberanía, si ha implementado, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, algún programa cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo

En este mismo orden de ideas, del ente descentralizado, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, le requerimos proporcioné a esta soberanía, los planes de coordinación realizados o bien que se están diseñando en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Por todo lo anterior, sometemos respetuosamente realizar la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Presidente de la República para que a través de de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe a esta soberanía, si ha implementado, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, algún programa cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación para informar si se está llevando a cabo los planes de coordinación para prevenir la discriminación en la Administración pública Federal.

Nota:

http://www.youtube.com/watch?v=aeGSzL3t1fs&feature=related

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil doce.— Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

SEQUIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, sobre la repartición de agua potable en las sequías, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la repartición de agua potable durante las sequías con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 5 de enero la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), emitió un comunicado donde informó sobre los apoyos que ha brindado para enfrentar la sequía más severa en los últimos setenta años en el país.

Según el titular de dicha dependencia, Heriberto Félix Guerra, se benefició a 2.5 millones de habitantes de mil 585 comunidades de 139 municipios, en 19 estados del país, con más de 9 millones de litros de agua potable, a través del Programa Emergente de Abasto de Agua para Consumo Humano.

Los estados en los que intervino la Sedesol fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, esto con el fin de prevenir deshidratación, enfermedades gastrointestinales y de la piel.

Expuso que de mil 585 comunidades beneficiadas, 787 son atendidas con pipas, 275 con tanques almacenadores de diez mil litros, y 523 con ambas.

Se prevé que ocurrirán más desastres naturales a consecuencia del cambio climático que afectarán a las comunidades más vulnerables del país, tales como la sequía, inundaciones, incendios o heladas, por lo que el titular de la dependencia dijo “tenemos que ayudar a la gente a mitigar los efectos del cambio climático y a enseñarle cómo adaptarse.”

Así también, la Sedesol instrumentó una estrategia integral con escenarios a corto, mediano y largo plazo, para atender el problema del abastecimiento de agua potable.

“La estrategia a corto plazo fue el abastecimiento de agua mediante el envío de pipas a esas comunidades, para que los habitantes tuvieran agua potable para beber e hidratarse y realizar las labores básicas del hogar.

A mediano plazo se contempla la construcción de infraestructura, como plantas potabilizadoras, para llevar agua entubada a los municipios y localidades que padecen los efectos de la sequía.

A largo plazo se analiza la posibilidad de levantar vedas en ríos y presas, para que los habitantes de las comunidades puedan acceder en forma controlada a sus aguas.”

Además de la sequía, se presentaron otros fenómenos naturales, como las lluvias atípicas, heladas, huracanes, sismos y deslaves, por lo que se implementó el Programa de Empleo Temporal Inmediato, con una inversión de más de 223 millones de pesos, para beneficiar a 204 mil 584 personas.

Los estados que más resintieron la sequía fueron: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Zacatecas.

En Chihuahua se benefició a más de 62 mil personas de 15 municipios, a quienes se llevaron más de 5 millones de litros de agua para consumo humano. Los municipios atendidos fueron: Guazapares, Janos, Manuel Benavides, Morelos, Moris, Ocampo, Ojinaga, Urique, Uruachi, Aldama, Balleza, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo.

En Durango, se entregó agua a 32 mil 691 personas en 36 municipios, mientras que en Zacatecas se atendió a 10 mil personas de los municipios de Fresnillo, Jerez, Guadalupe, Tlaltenango, Nochistlán, Atolinga, Villa de Cos, Genaro Codina, Teúl de González Ortega, entre otros.

En Guanajuato, se entregaron un millón 170 mil litros de agua potable a 18 mil habitantes de 133 comunidades.

En Tamaulipas se brindó agua potable a mil 100 habitantes de algunos ejidos, en el municipio de Casas. En Sonora, se repartieron 4 mil pipas de agua en 10 municipios.

El municipio de El Choix en Sinaloa, fue duramente afectado por la sequía y las heladas, por lo que la Sedesol repartió 89 pipas de agua potable a 27 mil 500 habitantes, así como también cobijas y ropa invernal.

Por último, la Sedesol está trabajando en un programa piloto para instalar 27 plantas potabilizadoras de agua en Tamaulipas, 23 eléctricas y 4 eólicas, con lo que en principio se estima se beneficiará a más de 30 mil habitantes de 16 municipios.

Dicho comunicado también hace mención a que Diconsa implementó un operativo para sus bodegas rurales, ampliando la capacidad de almacenaje de agua potable y procesamiento, filtración, purificación y potabilización de la misma, para la distribución en sus tiendas.

“Diconsa tiene capacidad instalada para distribuir 314 mil litros de agua purificada en todo el país, especialmente en las comunidades rurales y urbanas, lo que garantiza a los consumidores un producto de excelente calidad a un precio accesible las 24 horas del día, todos los días del año. El precio por garrafón de 20 litros es de siete pesos.”

En el Partido Verde Ecologista de México, estamos conscientes de la importante labor que llevó acabo la Secretaría de Desarrollo Social en beneficio de las comunidades damnificadas, que resultaron afectadas a consecuencia de los desastres naturales acontecidos en nuestro país durante el 2011.

Sin embargo, deseamos manifestar nuestra más amplia preocupación ante una situación tan catastrófica como esta, y consideramos que no obstante la ayuda brindada por dicha dependencia, creemos que no es suficiente para salvaguardar a todas las familias afectadas por los mencionados desastres naturales.

Sabemos que las necesidades de estas comunidades son mayores, y aunque se ha beneficiado a 2.5 millones de personas, la ayuda es todavía insuficiente, pues resulta indispensable la repartición del líquido vital a un mayor número de pobladores de las zonas afectadas.

Asimismo, nos preocupa muchísimo el tema de la educación sobre el cambio climático, creemos que es de radical importancia ilustrar a la población sobre este tema, y sobre todo el cómo adaptarse a él, sin embargo, consideramos que no es tan fácil instruir a la población en general sobre tan delicado tema, y menos a las comunidades que son más vulnerables a dicha afectación, cuando las prioridades de éstas son el agua potable y los alimentos.

Reconocemos la ardua labor de la Sedesol, y confiamos en que el plan a corto plazo haya resultado benéfico para la población afectada, no obstante, es necesario desarrollar y aplicar medidas a mediano y largo plazo a fin de mitigar los estragos causados por los desastres naturales, y se deben implementar programas educativos respectos de los efectos del cambio climático en estas zonas del país. Sólo así conseguiremos tener una sociedad mejor educada y preparada para los grandes desafíos que futuro nos tiene dispuestos.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a fin de que instruya a la autoridad competente para que se desarrollen planes y programas educativos en todo el territorio nacional a fin de que la población en general conozca los efectos del fenómeno denominado cambio climático y aprenda a adaptarse al mismo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que rinda un informe detallado sobre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, para el cumplimiento de las metas a mediano y largo plazo relativos al abastecimiento de agua potable en las zonas afectadas por las sequías generadas por el cambio climático.

Notas:

1. http://www.presidencia.gob.mx/2012/01/llevo-sedesol-agua-a-19-estados-por-la-se quia/

2. ídem.

3. ídem.

4. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Senador Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SISTEMA PENITENCIARIO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, respecto a la modernización del sistema penitenciario, suscrita por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la modernización del sistema penitenciario en todo el país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Estudios en materia penitenciaria concluyen que la mayoría de los penales del país, incluidos los Centros de Readaptación Social (Ceresos), están saturados de reos no sentenciados, muchos de ellos por delitos federales a un costo promedio de 100 pesos diarios cada uno, y un estrecho presupuesto que impide establecer medidas de vigilancia y seguridad más eficientes.

El estudio “Los mitos de la prisión preventiva en México”, elaborado por la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative, reveló que, de 1994 a 2004, la población carcelaria en el país se duplicó al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos, y sigue creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido.

Según el informe, en México están presas 82 mil personas que no han sido sentenciadas, y que tienen la garantía de presunción de inocencia, que sufren la privación de su libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas, por lo que se considera que la prisión preventiva en el país, es una práctica inefectiva que ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente.

“El sistema penitenciario es un fracaso, pues en la mayoría de los Ceresos existe hacinamiento, autogobiernos y la falta de un programa homogéneo de vigilancia”.

Por ejemplo, en Yucatán, según la Comisión de Derechos Humanos en el estado (Codhey), al menos 70 de las 106 cárceles municipales, carecen de las condiciones mínimas de higiene y amplitud, y funcionan en condiciones lúgubres e insalubres.

La actual práctica penitenciaria empleada en México tiene graves consecuencias, entre ellas una saturación de 125 por ciento de su capacidad, aunque hay unas que llegan hasta 270 por ciento, además de que se provocan acciones de autogobierno de reclusos, que imponen las reglas y generan actos de violencia con tasas de homicidios hasta 10 veces superiores a las que enfrenta la población en libertad.

Para los directivos carcelarios, entre los principales problemas que enfrentan los penales mexicanos está el creciente ingreso de personas acusadas por delitos federales, muchas de las cuales esperan meses para ser procesados en cárceles municipales y estatales. Además, debido a que manejan más dinero que los presos por delitos comunes, son difíciles de controlar y propician el tráfico de drogas y otros delitos graves.

En los penales estatales de Ciudad Juárez y de la ciudad de Chihuahua, las autoridades han enfrentado casos graves de hacinamiento y tráfico de drogas, con violentos enfrentamientos entre reos o entre custodios e internos que controlan las crujías e imponen la ley del más fuerte. A ello se agrega la falta de presupuesto y de apoyo económico de la federación, que para cada interno por delitos federales aportaba sólo 18 pesos diarios y en promedio, a nivel nacional, se gastan poco más de 100 pesos cada día en la manutención de los reos, aunque hay situaciones extremas, ya que mientras en Guerrero el costo por cada preso es de 10 pesos, en San Luis Potosí llega a 175 pesos.

En ese mismo orden de ideas, la mayoría de los custodios de los Ceresos ganan al mes alrededor de 3 mil, no han recibido una capacitación especial para desempeñar adecuadamente su labor, lo que los lleva a realizar sus obligaciones como mejor les parece, y sus carencias son tantas que “cualquier intento de corrupción por parte de los internos para tener algún tipo de privilegio puede tener fácilmente resultados”.

En parecida situación estaban hasta hace poco las autoridades penitenciarias de Baja California, donde operan varios Ceresos que albergaban hasta el 2006 a 13 mil 963 presos, incluidas 637 mujeres, 47.36 por ciento más de los que pueden recibir sus instalaciones. Del total de internos, 6 mil 637 aún no eran procesados, entre ellos gran parte de los 4 mil 996 acusados por delitos federales.

Un caso similar enfrenta Michoacán, que tenía más de 8 mil reos en 16 centros Preventivos y ocho Ceresos diseñados inicialmente para recibir a 6 mil internos. Ahí, de los mil 755 reos del fuero federal, 404 esperaban su proceso, mientras que del fuero común 3 mil 929 estaban en proceso contra 2 mil 10 ya sentenciados.

En este contexto, hace unos días aconteció una riña en el centro penitenciario de Altamira, Tamaulipas, situación nada nueva, ya que esta se sumó al saldo de sangre y muerte de los penales de Tamaulipas. En uno de los casos más recientes, en octubre de 2011 una riña dejó 20 internos muertos y otros 12 heridos. Sin emitir mayores detalles, mediante un comunicado se indicó que la Procuraduría de Justicia del estado tomó conocimiento de los hechos, constituyéndose en el penal una agencia del Ministerio Público para dar fe de éstos y ordenar el traslado de los cuerpos de los reos fallecidos al Servicio Médico Forense, para que se les practicara la autopsia de ley.

Recuentos periodísticos indican que en julio durante un enfrentamiento hubo siete muertos en el penal número 2 de Nuevo Laredo, y 59 reos se dieron a la fuga.

Diversos medios de comunicación también han dado cuenta de otros tantos lamentables casos. El sábado 7 de agosto de 2010, en otro enfrentamiento murieron 14 internos en el penal de Matamoros. El 27 de abril, una pelea entre internos del Centro de Ejecuciones de Sanciones de Altamira dejó cuatro presidiarios muertos y dos heridos.

Otro de los episodios más sangrientos ocurrió en octubre de 2008, en el penal de Reynosa. Según las autoridades penitenciarias, en aquel entonces se registró una batalla campal que dejó como saldo 21 presidiarios muertos. En esa ocasión los cuerpos estaban calcinados.

Ahora, una riña entre internos del penal de Altamira, Tamaulipas, causó 31 muertos y 13 heridos. Según notas periodísticas, el conflicto tuvo origen supuestamente por la disputa del control de actividades ilícitas dentro de la prisión.

Armados con objetos punzocortantes, palos y tubos, los internos de los módulos 11 y 12 protagonizaron una lucha que se prolongó por varias horas, hasta que personal del Agrupamiento Especial de la Policía Estatal retomó el control de la cárcel que alberga a reos federales y del fuero común. La Secretaría de Seguridad Pública informó que 22 de los fallecidos eran del fuero común, y nueve del federal.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas inició las indagatorias correspondientes, por lo que se indicó que se llamará a declarar a custodios y personal directivo de esa cárcel. De momento, la seguridad en el exterior de la prisión estaba a cargo del Ejército Mexicano.

En este penal de Tamaulipas se encuentran detenidos miembros de grupos del crimen organizado entre los que hay rivalidad, como es el caso de Los Zetas y el cártel del Golfo, además de otras pandillas que funcionan como aliadas de ellos.

De la averiguación que se practica, se desprende que se incrementó de 13 a 20 el número de reos de los módulos 11 y 12 a quienes se les considera como partícipes y probables responsables, habiéndose puesto a disposición del Ministerio Público que conoce de dicha averiguación.

Además se destaca por parte de las autoridades del Estado, que los reos federales purgaban condenas por delitos contra la salud y por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo que hace a los internos de fuero común, 3 habían recibido sentencia condenatoria y 8 enfrentaban los procesos instaurados en su contra. Las conductas delictivas que los habían llevado a prisión son el homicidio, robo con violencia, robo de vehículo, violación, posesión de vehículo robado y atentados a la seguridad de la comunidad.

Como se puede apreciar, prácticamente en todos los casos, el hacinamiento, la corrupción y la ausencia de clasificación entre los internos, ocasionan que el objetivo establecido en nuestra Carta Magna relativo a la readaptación social de los delincuentes, sea solamente un buen deseo.

Es urgente que se trabaje en la construcción de un sistema penitenciario, que verdaderamente pueda convertir en realidad la reinserción a la sociedad de los internos, y para ello no solo se necesitan recursos para infraestructura, sino sobre todo la creación de un andamiaje jurídico que siente las bases para que hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el Penal de Altamira sean la excepción y no la regla.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, hace un llamado de atención al titular del Poder Ejecutivo federal para que convoque a la brevedad a su gabinete de seguridad con la intención de definir un conjunto de políticas públicas tendientes a modernizar el sistema penitenciario de todo el país, con la participación de las entidades federativas y ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de enero de 2012.— Senador Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.

IMPLANTES DE SENO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los implantes franceses PIP, suscrita por la senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo relativo a los implantes franceses Poly Implant Prothese (PIP) con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Productos de la Salud (AFSSAPS) emitió una alerta internacional después de que varias mujeres presentaron un  rompimiento de los implantes de seno de la marca francesa Poly Implant Prothese (PIP), y se descubrió que la silicona con que estaban hechos era industrial y no médica, es decir, contenían una mezcla de productos de química industrial que jamás fueron objeto de ensayos clínicos en cuanto a su eventual nocividad para el organismo humano.

Cuando dicha empresa francesa cayó en bancarrota, cambió el silicón y el 80 por ciento de la producción de estos implantes fue producido con un gel diferente al aprobado.

Por ello, el gobierno francés recomendó que se retiren las prótesis mamarias PIP de todas las mujeres que las porten, aunque no muestran signos de deterioro, ya que tan sólo en dicho país, se registraron 20 casos de cáncer entre portadoras de implantes de esta marca. Las autoridades recomendaron a las 30 mil mujeres que los portan en Francia que se los hagan retirar.

Los implantes PIP son defectuosos y se sospecha que ya causaron la muerte de al menos una mujer, además se consideran como una amenaza para todas sus usuarias, ya que este tipo de implantes tiene 11.1 por ciento más probabilidades de romperse.

Las mujeres a las que se les rompen estos implantes tiene consecuencias físicas inmediatas, pero la que porta el implante sin rotura tiene un riesgo permanente, ya que se desconoce el efecto del gel, cuya falta de cohesión hace que expanda al resto del cuerpo.

De lo anterior se deriva que los implantes PIP tienen dos riesgos fundamentales: el primero es la alta posibilidad de ruptura, y el segundo es que el silicón es de uso industrial y no de uso médico.

Se calcula que en el mundo entre 400 mil y 500 mil mujeres portan estos implantes, pues la empresa francesa producía 100 mil implantes al año, y exportaba casi el 84 por ciento de su producción, sobre todo a Sudamérica. Se estima que unos 150 mil de estos implantes llegaron a América del Sur  tan sólo entre 2007 y 2009.

Estos implantes fueron utilizadas por de miles de mujeres en países como Venezuela, Colombia, México, Brasil y Argentina, que están entre los primeros 20 en donde se efectúan más operaciones de cirugía estética en el mundo.

En Argentina se estima que 14 mil mujeres recibieron estas prótesis, en Francia, 30 mil, y en Gran Bretaña, 40 mil.

En México se realizan entre 70 mil y 80 mil cirugías de implantes mamarios al año, según cifras de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER).

Según la AMCPER unos 4 mil 500 implantes de la marca francesa PIP fueron colocados en México a lo largo de 16 años y, hasta el momento, solamente 2 han registrado ruptura.

Dicho número de pacientes con implantes PIP es proporcionalmente menor a la totalidad de mujeres con implantes en el mundo, sin embargo, la AMCPER afirmó que la cifra es aún preliminar, y están en espera de más reportes de los médicos afiliados.

Las prótesis mamarias fueron comercializadas en México desde 1994 hasta febrero de 2010, cuando la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) revocó 2 registros sanitarios, luego de que las empresas incumplieran con los requisitos legales y científicos.

Los cirujanos reconocieron que la empresa francesa no sólo engañó a los cirujanos, sino también a la Cofepris. Estos implantes estaban muy bien hechos, tanto que fueron aceptados por la Cofepris, y los cirujanos que los usaron también certificaron el producto.

Para combatir este grave problema sanitario, países como Francia, España, Venezuela y Colombia, recomendaron a todas las portadoras de implantes PIP que acudieran al médico para su retiro inmediato, independientemente de presentar o no molestias. Además el gobierno de cada país absorberá el total de gastos generados por esta intervención. En México el panorama es muy diferente.

La Cofepris primero llamó a los médicos a ponerse en contacto con las pacientes para hacerles una revisión, situación que no se dio hasta que la noticia se dio a conocer  a nivel mundial, y entonces el presidente de la AMCPER se pronuncio en torno al tema.

“De ser absolutamente necesario, se podrían retirar de forma gratuita. Pero habría que revisar cada caso para ver la posibilidad de una cuota de recuperación. Esto no es culpa del gobierno ni de los doctores”, dijo Alejandro Duarte Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

El presidente de la asociación consideró que si los implantes están en buen estado, no será necesario retirarlos, a diferencia de los demás países que determinaron extraerlos sin importar el estado en que se encuentran.

Dijo que la existencia de implantes defectuosos no pone en peligro la vida de las mujeres que los tengan, ya que no todos los implantes de esa marca representan un riesgo para la salud. La única recomendación es que acudan a su médico para hacer una revisión periódica y descartar alguna ruptura.

La AMCPER negoció con la Secretaría de Salud para la utilización de su infraestructura hospitalaria para reducir los costos del retiro de implantes mamarios PIP a las mujeres que lo soliciten.

Para ello, los cirujanos plásticos y la Secretaría de Salud analizan cómo se compartirán los gastos de las cirugías. El problema, dijo Duarte, son los costos. Tan sólo por la cirugía la paciente tendría que pagar 15 mil pesos, a lo que hay que sumarle los honorarios del médico y los implantes nuevos que se colocarán, cuyo costo va de 650 a dos mil dólares.

Además, los cirujanos consideran que los implantes PIP colocados en México no son un problema y no hay motivo para causar pánico entre las pacientes.

La Secretaría de Salud les solicitó el costo por el retiro del implante, y se busca unificar los precios para los honorarios.

En nuestro país aún no se tiene un registro exacto de cuántas prótesis se han roto desde hace 16 años que inició su colocación.

A nivel mundial, los implantes Poly Implants Prothese serán removidos sin importar si están rotos o no. El gobierno francés creó un fideicomiso para operar a las 30 mil mujeres que los tienen, y también las que resultaron afectadas en otras naciones latinoamericanas, como Venezuela.

En el Partido Verde Ecologista de México nos encontramos sumamente preocupados por este gravísimo problema de salud, y consideramos que la actuación de las autoridades mexicanas ha sido lenta, que no deben esperar a tener una situación de alerta donde varias mujeres se vean afectadas por esta complicación, y se debe brindar todo apoyo por parte de las autoridades sanitarias correspondientes a las mexicanas que portan estos implantes, debe existir una estrategia clara para resolverlo.

Por todo lo anterior, sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a establecer un protocolo de atención integral (revisión y extracción de implantes), en apoyo de todas las mujeres que resulten afectadas por la portación de los implantes PIP, de manera gratuita.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cofepris a informar sobre la situación de las prótesis de la marca PIP implantadas en miles de mujeres mexicanas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cofepris a realizar una campaña informativa sobre la situación de las prótesis de la marca PIP implantadas en miles de mujeres mexicanas.

Notas:

1 http://sdpnoticias.com/nota/276422/Se_colocaron_4_mil_500_implantes_mamarios_PI P_en_Mexico

2 http://vidayestilo.terra.com.mx/implantes-pip-solo-se-retiraran-gratis-por-urge ncia-extrema,aba35e29b8fc4310VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

3 http://www.elgolfo.info/elgolfo/nota/96970-hasta-41-mil-pesos-el-retiro-de-impl antes-de-mama/

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a dieciocho de enero de dos mil doce.— Senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

SEQUIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, sobre la lluvia sólida, suscrita por el senador René Arce Círigo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la lluvia sólida, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cambio climático es un fenómeno que se da debido al aumento de la temperatura promedio del planeta, este incremento se genera por la concentración de los gases de efecto invernadero dentro de la atmósfera. Las consecuencias del acrecentamiento en la temperatura, es la afectación directa en la alteración de los ecosistemas globales, daños en la flora, extinción de animales, inundaciones, tormentas de mayor intensidad, pérdida de cultivos a causa de las heladas y del aumento de las sequías.

La sequía es uno de los fenómenos climáticos que más afectaciones causa en la vida del ser humano, y principalmente dentro de las actividades que se realizan en el área rural de cualquier región del mundo, de estas, las más afectadas son las económicas, debido a las pérdidas de los cultivos y de las cabezas de ganado; en nuestro país, a finales del mes de noviembre del 2011, se perdieron 989 mil hectáreas de superficie agrícola, y un millón 750 mil cabezas de ganado.

Para que este fenómeno atípico se dé, no sólo depende de que no llueva en un largo periodo de tiempo, sino de la falta de captación de agua para cubrir las necesidades básicas.

Actualmente, nuestro país está padeciendo una de las peores sequías de los últimos 70 años; el Sistema Meteorológico Nacional indica que 1213 municipios del país están siendo afectados por la falta de lluvias, es decir, que el 58.2 por ciento de la superficie de nuestro territorio se encuentra con daños causados por este mal tiempo, los estados que se han visto más afectados por la sequía de forma extrema son: Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.

La Secretaria de Desarrollo Social informo que se estima que se han visto afectadas alrededor de 600 mil familias por esta situación. De igual forma, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informo que durante el 2011, se quemaron 56 mil 359 hectáreas forestales y que las sequías afectaron a los programas de Proárbol y de reforestación en todo el país.

Cuando se da un fenómeno natural de esta magnitud, lo más recomendable es el tomar acciones que ayuden a la conservación y al uso responsable del agua, su captación y almacenamiento debe de ser prioridad de cualquier grupo humano, se deben de tomar las medidas necesarias que permitan la conservación del agua, para que esta pueda ser distribuida y utilizada, tanto para el campo, como para el consumo humano.

Ante esta situación, el gobierno federal desde septiembre de 2011, ha implementado acciones las cuales se llevan a cabo en coordinación con diferentes secretarías del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales, las cuales están enfocadas en asegurar el alimento y la disponibilidad de agua en las zonas más vulnerables; una de las medidas implementadas por el gobierno federal es la de reconvertir miles de hectáreas de cultivo, a cultivos que requieran menos liquido para sobrevivir.

Una de las soluciones para el ahorro de agua en el riego de los cultivos en zonas áridas o que padecen alguna afectación por los males de la sequía, es la denominada “lluvia sólida”; en dicha tecnología se usan polímeros que se pegan a la raíz de las plantas, y en el momento que estas son regadas, el agua no se filtra en el subsuelo, esta se solidifica; con esta acción, la raíz de la planta se mantiene húmeda, y permite que esta consuma solamente lo necesario, por una largo periodo de tiempo, este invento fue desarrollado por el ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco del Instituto Politécnico Nacional.

El riego de la planta varía dependiendo de su tamaño, el tipo de tierra y el clima, por cada kilogramo de esta fórmula se solidifican 500 litros de agua, es decir, se puede obtener hasta media tonelada de “lluvia sólida”.

Dicho producto se utiliza desde el año de 2005 en algunos estados, En Jalisco se demostró su eficacia al ponerse a prueba en una zona donde con riego tradicional se producían 600 kilogramos por hectárea, al implementar el riego con lluvia sólida, se obtuvo un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, ya que cuando se tienen cultivos que requieren de un riego de 80 litros una vez cada semana, con la lluvia sólida solo es necesario 50 litros cada tres meses.

Otra de las ventajas que se obtiene con este producto, esta en su transportación, ya que no es necesario el uso de carros pipa, que muchas veces no pueden llegar a zonas de difícil acceso, debido a su tamaño, este producto se almacena en costales y pueden ser llevados de manera mucho más sencillas.

Este invento cuenta con el reconocimiento de diferentes instituciones, universidades y organizaciones internacionales y nacionales y a su vez, está siendo utilizada en diferentes partes del mundo tales como India y Bogotá, por su eficacia en la captación y en el ahorro del agua; lamentablemente diferentes órganos gubernamentales nacionales, no creen en los resultados de este invento, y en nuestro país su uso es limitado y poco difundido.

Ante la emergencia en la cual nos encontramos producto de la sequía y para modificar la situación actual del campo mexicano, estamos obligados a tomar medidas eficientes, que no solo nos beneficien momentáneamente o que permitan que libremos la situación, dichas medidas tienen que estar encaminadas para que en un futuro podamos combatir este tipo de males, y que nuestros ganaderos y agricultores no se resulten afectados tan severamente ante los desastres que traen consigo el fenómeno denominado cambio climático.

El gobierno federal no solo debe de reconocer este tipo de investigaciones con resultados favorables, sino que debe de implementarlos, por el bien del campo y de la vida de todas aquellas familias afectadas por esta situación, la cual no solo produce pérdidas económicas, sino que obliga a las familias a migrar en búsqueda de una vida mejor.

Consideramos fundamental, que se reconozcan las investigaciones de las diferentes universidades del país, a fin de que con los resultados de estas, los mexicanos nos veamos beneficiados con el ingenio de nuestros académicos, no debemos dejar de lado lo que nuestras universidades públicas y privadas producen, y a su vez no debemos dejar que productos como estos, pasen desapercibidos, y que mejor en otros países sean reconocidos y utilizados para beneficio de ellos.

En razón de lo aquí manifestado, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, externa su preocupación ante la actual situación en el campo mexicano producto de la sequías, y de la falta de interés del gobierno federal para la utilización de tecnologías nacionales, para la captación y ahorro del agua, que podrían beneficiar a miles de agricultores y ganaderos en nuestro país.

Por lo fundado y motivado, sometemos a esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe detallado de la actual situación del campo mexicano y de las medidas que se realizan para contrarrestar el mal que dejo la sequía atípica en nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dentro de las medidas que se están tomando para combatir la sequía en nuestro país, se pueda implementar el uso de la tecnología denominada “lluvia sólida”.

Tercero. Solicitamos que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, manifieste su reconocimiento público al ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, por su labor como investigador, del Instituto Politécnico Nacional, en beneficio de la humanidad y el medio ambiente.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de enero de 2012.— Senador René Arce Círigo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón. Ésta túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. La anterior era turnada a la Segunda Comisión.

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP a informar por qué ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del AICM, suscrita por el diputado Gerardo del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Gerardo del Mazo Morales, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo previsto en los artículos 6.1.I y 79.2.I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad en los aeropuertos del país es una medida que las autoridades competentes deben garantizar a los pasajeros con el propósito de reforzar los mecanismos de salvaguarda e integridad tanto de los usuarios, como de las personas que laboran o transitan por las terminales aéreas. Ahora bien, de nada sirve que se aumenten las medidas de seguridad en sus terminales; tales como la instalación adicional de módulos de información para una rápida atención a los viajeros, la incorporación de personal en las áreas operativas y administrativas, así como en las de seguridad y vigilancia, si dicho personal, concretamente la Policía Federal, no cumple con lo estipulado por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 152 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, mismo que estipula claramente que debe hacerse la revisión de “...los miembros de la tripulación de vuelo y demás personal que no sean pasajeros incluyendo a todas las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, ingresen al área estéril o se introduzcan a la aeronave”.

Es decir, pese a que la normatividad en materia de aviación obliga a que toda persona y vehículos sean verificados al ingresar a áreas restringidas, la corporación goza de “ciertos privilegios” en los puntos de inspección. En otras palabras, los Policías Federales ingresan a bordo de sus automóviles sin que les sean revisados la cajuela ni los interiores.

De ser cierto, lo anterior sería gravísimo toda vez que el Aeropuerto capitalino se volvería un punto vulnerable en el momento mismo en que los procedimientos no son acatados como lo dice la ley. Por ejemplo: si un policía no es revisado como cualquier persona, representa la posibilidad de que ingrese cosas ilícitas a sus instalaciones.

La Ley ordena que en las zonas restringidas se deben revisar al cien por ciento, esto incluye a los agentes federales, pero si ellos aludiendo a la autoridad que tienen y a sus facultades los exentan, violan la legislación, entonces estamos ante un desacato que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros en general y en particular, de todas las personas que se encuentren en el aeropuerto.

Además se ha precisado por diversos medios de comunicación respecto a este tema, que al quedar frente a la pluma de la caseta, los tripulantes descienden del automóvil, un guardia les pasa el detector de metal manual por el cuerpo; enseguida el vigilante rodea con un espejo el chasis del vehículo en búsqueda de algún objeto o sustancia extraña. Lo anterior no pasa en el caso de los agentes federales, ya que a estos últimos les basta con detener sus vehículos para que los guardias les autoricen el acceso sin revisar siquiera la cajuela o los interiores.

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, entendemos que la Secretaría de Seguridad Pública Federal tome medidas para fortalecer los protocolos de seguridad en distintos ámbitos, pero consideramos también, que deben ser los primeros en poner el ejemplo y sujetarse a la normatividad aplicable.

Por lo expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública para que informe cuál es el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2011.— Diputado Gerardo del Mazo Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

DONACION DE ORGANOS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a iniciar por el Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del sistema nacional de trasplantes una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para que a través del Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los trasplantes de órganos y tejidos son una de las expresiones más significativas del progreso científico de la medicina actual, constituyen el avance terapéutico más importante en los últimos 50 años en el campo de las ciencias de la salud, asimismo, la donación de un órgano es una de las muestras de humanidad y amor más grandes que existen. Para que se produzca un trasplante es necesario contar con un donador y un receptor, en el caso del primero, influyen la cultura, los valores y el conocimiento sobre esta actividad, mientras que en el segundo convergen la necesidad, el deseo de vivir  y mejorar su salud.

A nivel mundial la historia de los trasplantes de órganos data de la década de 1930, cuando en Rusia se realizó el primer trasplante renal a una mujer que se encontraba en coma, misma que se mantuvo con vida sólo los primeros dos días. Después de dos décadas de investigaciones e intentos fallidos, en1954 se realizó el primer trasplante renal con éxito total, el cual se realizó entre gemelos, convirtiéndose en el primero de muchos casos exitosos en este extraordinario rubro de la medicina universal.

En México, el primer trasplante exitoso se dio en el año de 1963, cuando a una mujer se le trasplantó un riñón en la Ciudad de México. Posteriormente, en los años setenta comenzaron los primeros programas de trasplantes, teniendo lugar en hospitales como el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Central Militar y el Hospital 20 de Noviembre.  Desde entonces, en nuestro país se han realizado 66,493 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 1,870 han sido de cornea, 30,996 de riñón, 1,068 de hígado, 293 de corazón y 1 de páncreas.

Si bien en el año de 1963 se efectuó el primer trasplante de riñón, es hasta 1973 que se agrega al Código Sanitario mexicano un capítulo especializado acerca de la regulación y manejo de órganos y tejidos, con lo que inicia la apertura de trasplantes a un mayor número de hospitales e instituciones de salud.

Para 1984 el Código Sanitario se transformaría en la Ley General de Salud, contemplando un capítulo completo acerca de la donación de órganos, e implementando el Registro Nacional de Trasplantes, en ese entonces perteneciente a la hoy extinta Secretaría de Salubridad y Asistencia. Cabe mencionar que todas estas normas se sustentan en el derecho a la protección de la salud, como derecho autónomo, que fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1983.

En 1999 se crea el Centro Nacional de Trasplantes, dependiente de la Secretaría de Salud, mismo que en la actualidad es el organismo que coordina los procesos de donación y trasplante en México. Su objetivo principal es la emisión e implementación de políticas públicas en instituciones del sector salud, que organizadas en el Sistema Nacional de Trasplantes, buscan incrementar el acceso a esta terapéutica para la población mexicana, procurando la oportunidad, legalidad, y seguridad de los procesos de disposición de órganos, tejidos y células. El Sistema Nacional de Trasplantes busca ofrecer a los ciudadanos que lo requieran, la oportunidad efectiva de recibir un trasplante dentro de un marco jurídico eficiente y claro, con apego a los principios de equidad, altruismo y justicia.

Si bien en sus 12 años de existencia, el Centro Nacional de Trasplantes ha realizado una importante labor y significativos avances en el trasplante de órganos y donación de los mismos, uno de los principales problemas que enfrenta la institución es la falta de difusión de la cultura de donación de órganos y tejidos, lo que ha generado una preocupante carencia de donadores en nuestro país.

En México hay tan sólo 3 donantes por cada millón de habitantes, lo cual nos ubica muy por debajo de otros países, como España, que tiene el primer lugar mundial en donantes. A pesar de que en nuestro país cada año se realizan 5 mil trasplantes, existen 15,185 pacientes en espera de un órgano o tejido que les permita seguir viviendo o mejorar su salud, de todos ellos 7,426 son considerados pacientes terminales.

La fuerte carencia de donadores en México se debe en gran medida al prejuicio que se ha creado entre la población, a partir de información errónea que se difunde de persona en persona y se propaga con mucha rapidez. Esta actividad  desinforma a la sociedad, provocando una especie de miedo o rechazo a la donación, ya sea en vida o después de esta.

En este sentido, persisten algunos mitos que contribuyen a agravar el problema, por ejemplo, existe la versión de que si una persona llena una tarjeta de donador, en caso de tener un accidente, se le dejará morir para salvar la vida de alguien más. Asimismo hay religiones que sostienen que no se debe regresar un cuerpo incompleto a la tierra. Estas dos aseveraciones son en realidad sofismos, que no sólo desinforman y confunden a la sociedad, sino que contribuyen a frenar la donación de órganos en nuestro país y el resto del mundo.

Ante estos factores que obstaculizan la donación existen diversas alternativas, una de ellas consiste en la publicación de información detallada sobre el proceso de donación, a través de campañas permanentes que acerquen esta actividad a toda la sociedad. De esta manera sería más viable la práctica del trasplante órganos o tejidos y como consecuencia el mejoramiento del nivel de vida de una persona.

Para lograr la promoción de la cultura de donación de órganos, el Centro Nacional de Trasplantes se vale de los Centros Estatales de Trasplantes y los Consejos Estatales de Trasplantes, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pemex, y el Hospital Central Militar, todos organizados dentro del marco del Sistema Nacional de Trasplantes. Por medio de estas instituciones de salud se organizan programas de trabajo,  además de que cada año se implementa el Día Nacional de Donación y Trasplantes, celebrado el 26 de septiembre. El objetivo de los programas de trabajo y la campaña de septiembre es promover, conjuntamente y en toda la república, la cultura de la donación, con el propósito de que cada día más mexicanos se conviertan en donadores.

El mayor obstáculo de la campaña denominada Día Nacional de Donación y Trasplantes, es precisamente la duración de la misma, que se reduce a un programa básicamente de un día, en el que se realizan conferencias y ponencias relativas al tema, además de anuncios aislados y por breves periodos de tiempo en algunos medios de comunicación. Por su parte los programas de trabajo de las instituciones de salud se han abocado a intercambiar información entre las dependencias, dejando la promoción de la cultura de donación en un segundo plano.

Lamentablemente, las cifras del Centro Nacional de Trasplantes arrojan que de 2000 a 2011, los donadores de órganos pasaron de 2.8 a 3 por cada millón de personas. En otras palabras el avance y resultados del programa han sido mínimos, de escaso impacto. En los últimos diez años se ha logrado atraer únicamente a 0.2 donantes por cada millón de habitantes.

En la celebración más reciente del Día Nacional de Donación y Trasplantes, autoridades de la Secretaría de Salud ahondaron en la gravedad de la situación por la que atraviesa la donación de órganos y tejidos en México. No sólo en nuestro país, sino en otras latitudes como en la Organización Mundial de la Salud, diversos líderes han hecho hincapié en la importancia de la promoción de la cultura de donación de órganos alrededor del mundo. Es así que autoridades a nivel internacional coinciden en que concientizar a la sociedad en este rubro representa un punto crucial para avanzar en la procuración y mejoramiento de la vida y salud humana.

Las cifras y datos duros demuestran que el objetivo de promover la cultura de la donación de órganos en México, a pesar de ser parte fundamental de la labor de las instituciones y dependencias mencionadas, está lejos de ser una realidad. La base del problema es que las campañas para fomentar esta trascendente cultura no han sido lo suficientemente amplias como para captar la atención de la población y verdaderamente fomentar la práctica de la donación. Ante ello, es indudable la urgencia de una campaña permanente de comunicación que busque penetrar en la conciencia popular para atraer más donadores que estén convencidos de querer ayudar a preservar la vida de alguien más, ya sea donando un órgano en vida o después de esta.

Este rubro, que tiene que ver directamente con la vida y salud de los mexicanos, no sólo está sustentado como un derecho constitucional, sino que va más allá, siendo un derecho humano, inmutable e inalienable. Por ello resulta imperiosa la necesidad de trabajar para terminar con este problema de salud. En lo consecuente debemos sentar las bases necesarias para lograr que la promoción de la cultura de donación de órganos sea constante y permanente, que llegue a todos los mexicanos y que cada quien, por su libre criterio, decida donar o no un órgano o tejido para brindar expectativas de vida a alguno de los miles de pacientes mexicanos que lo necesitan.

En razón de lo anterior, es que me permito someter a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que a través del Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana, con el propósito de concientizar a la población, aumentar el número de donadores y brindar expectativas de vida a los más de 15 mil mexicanos que están en espera de un trasplante.

Notas:

1 Registro Nacional de Trasplantes. 2011.

2 Centro Nacional de Trasplantes. Misión y Visión. 2011.

3 Secretaría de Salud. Centro Nacional de Trasplantes. Julio de 2011.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

MEXICO - GUATEMALA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a organizar por la SRE una reunión bilateral con el gobierno de Guatemala para impulsar una agenda de colaboración en temas como narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza, suscrita por la senadora María Elena Orantes López

La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la República por Chiapas en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El domingo 15 de enero del presente año, tomó protesta como nuevo presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, este suceso abre un escenario ideal para que el Ejecutivo federal a través de la cancillería mexicana retome los temas más relevantes en la agenda bilateral entre México y Guatemala como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera y problemas limítrofes, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza.

En este contexto, el nuevo presidente de Guatemala dijo que “el narcotráfico y la violencia de los cárteles impactan en los ámbitos político, económico y social, además de ser un campo de batalla complejo en el que no podemos ni queremos estar solos. Por ello pidió a los socios internacionales de Guatemala afrontar este flagelo como un desafío regional de seguridad cooperativa.”

Dijo que México, Guatemala, Colombia y, especialmente, Estados Unidos deben de librar esta lucha con un grado mayor de corresponsabilidad en la prevención y en el combate al narcotráfico.

Asimismo, mencionó que Guatemala se compromete a luchar con vehemencia para erradicar el tráfico humano y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Ante ello, no debemos olvidar que en ambos lados de la frontera entre México y Guatemala, todavía prevalece la violencia, el abuso, la inseguridad y la marginación, generados, entre otros factores, por los altos flujos migratorios provenientes de países centroamericanos, impulsados principalmente por la necesidad de las personas para alcanzar un bienestar económico para sus familias que no pueden encontrar en sus países de origen.

Si bien la agenda de la frontera norte ha sido un tema relevante para el gobierno federal, también lo es el hecho de que la agenda de la frontera sur ha sido olvidada, por lo que requiere de un nuevo impulso.

En este sentido, es necesario ampliar la cooperación conjunta entre ambos países para reforzar la seguridad en la frontera mediante el combate a las organizaciones criminales que actúan en ambos países, así como la mejora de las condiciones migratorias en la región.

Sobre este tema, hemos hecho hincapié desde el Senado de la República al exhortar a las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, a promover una mayor coordinación regional respecto a la dinámica del tráfico de personas, especialmente, entre Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice y México, así como para que se firmen acuerdos bilaterales y multilaterales en áreas prioritarias de cooperación entre las agrupaciones policíacas y las autoridades migratorias de la región, con el objeto de mejorar el intercambio de información e inteligencia, en la integración de mecanismos de retorno seguro para las víctimas traficadas y procedimientos especiales de intervención, tratamiento y protección si se trata de víctimas menores de edad.

Hemos insistido también para que el Ejecutivo federal establezca los acuerdos de colaboración interinstitucional para la atención de las necesidades de salud de grupos migrantes, así como la colaboración interfronteriza y regional entre diferentes instituciones, al tiempo de fortalecer la participación de las organizaciones sociales, gubernamentales y académicas.

Sin embargo, aún quedan pendientes en la agenda fronteriza, entre los que destacan: impulsar la modernización de infraestructura y la migración ordenada y respetuosa de los derechos humanos.

Asimismo, es prioritario concretar los acuerdos entre México y Guatemala para alcanzar una mayor integración económica, así como impulsar la movilidad de personas y mercancías.

En este sentido, fue muy importante que el Senado de la República aprobara en diciembre de 2011, el Tratado de Libre Comercio entre México, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

A pesar de ello, y por la nueva coyuntura que se presenta con el vecino del sur, es importante promover en lo inmediato una reunión bilateral que permita el acercamiento y las coincidencias en los temas que compartimos en la frontera.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se organice en fecha próxima una reunión bilateral con el gobierno de la República de Guatemala, con el fin de impulsar una agenda de colaboración en temas como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera y problemas limítrofes, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

Quiero agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones de un grupo de funcionarios de la Cámara de Diputados de la República de Chile, encabezado por el licenciado Gonzalo Vicente Molina, director de la Academia Parlamentaria. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión les da la más cordial bienvenida y les desea un éxito en sus trabajos. Muchas gracias.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México se destinen mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad.

La senadora Adriana González Carrillo:Muchas gracias, señor presidente. Actualmente México ocupa el segundo lugar en prevalencia mundial de obesidad, sólo después de los Estados Unidos de América; eso tiene evidentemente toda clase de efectos negativos a la salud pública.

A fines de 2010, se contabilizan en nuestro país poco más de 15 millones de personas padeciendo diabetes mellitus, una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glucosa en la sangre causado por hábitos de alimentación inadecuados y que se presentan normalmente en personas mayores de 40 años.

Desafortunadamente se ha convertido actualmente en una de las principales causas de muerte en México, con más de 72 mil casos, de los cuales el 52 por ciento fueron mujeres; en consecuencia, nuestro país se sitúa entre los 10 primeros en el mundo que realiza el mayor gasto en este rubro.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en el año 2010 se destinaron 778.5 millones de dólares a la atención a la diabetes y sus complicaciones; las muertes prematuras y las discapacidades por esta causa. Adicionalmente representa para cada familia un gasto del 50 por ciento de los recursos para el tratamiento y la atención de los efectos colaterales, enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso, amputaciones, entre otros.

Evidentemente, la carga económica que estos costos representan para el sistema de salud pública y para el gasto de los hogares es poco sustentable.

En ese sentido, este tipo de padecimientos merecen una amplia atención por parte de todos los sectores de la sociedad debido a sus nefastas consecuencias; entre otras destacan la imposibilidad de gozar de mejores condiciones de vida, la disminución de la productividad laboral y la generación de gastos catastróficos en salud relacionados con enfermedades crónicas.

Desafortunadamente, la realidad nacional se replica en la misma magnitud en el resto de las entidades federativas.

En ocasión del Día Mundial de la Diabetes, el Inegi dio a conocer que en las 32 entidades federativas se registró un aumento en las muertes asociadas a este mal, en el periodo que va de 2005 a 2009 hasta ubicarse como la primera causa de mortalidad en el caso del estado de México; en promedio, se han venido detectando 25 mil nuevos casos de diabetes al año en dicha entidad.

Efectivamente, el instituto de salud de la entidad sostiene que a partir de 2002 la diabetes se ha mantenido como la primera causa de mortalidad entre los mexiquenses. Tan sólo en el año 2010, la diabetes originó más de 10 mil 875 defunciones.

De acuerdo con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea, de continuar con ese ritmo, en 20 años no se contará con un fondo económico suficiente para atender esta enfermedad, ya que representa el 50 por ciento del presupuesto en salud del estado y que para 2011 fue de 28 mil millones de pesos.

No obstante, resulta de gran preocupación que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, cerca del 55 por ciento de los mexiquenses no cuenta con protección en salud; es decir, no son derechohabientes del IMSS ni del ISSSTE y apenas cuentan, con excepciones notables, de la cobertura que otorga el Seguro Popular.

Por ello, el costo para el tratamiento de dicha enfermedad tiende a elevarse debido a que cada persona tiene que acudir a comprar el medicamento y a realizarse los estudios correspondientes, resultando muchas veces en automedicación y en la compra de productos milagro, que sólo minan la salud del paciente.

Actualmente la entidad cuenta con una Clínica Especializada para la Atención del Paciente Diabético, inaugurada el pasado mes de agosto del 2010 en el municipio de Huehuetoca.

No obstante, las alarmantes cifras y el ritmo en que este grave padecimiento está afectando a los mexiquenses, ameritan que las autoridades realicen una mayor inversión en el desarrollo de más hospitales y clínicas especializadas que atiendan, con un enfoque preventivo en la atención médica, a la población mexiquense, especialmente a los de bajos recursos.

Asimismo, es preciso redoblar esfuerzos para que en el estado de México se ponga en práctica el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, promovido por el gobierno federal, a fin de trabajar en una estrategia conjunta entre la industria alimentaria y las escuelas, que tenga como eje prioritario la prevención del sobrepeso y la obesidad desde la infancia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, que dice a la letra:

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Salud de dicha entidad, se instrumenten las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso de las personas que sufren diabetes a la atención médica y a los medicamentos necesarios para su tratamiento.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México para que se destinen mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a destinar mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas con diabetes, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a destinar mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, México ocupa el segundo lugar en prevalencia mundial de obesidad, solo después de Estados Unidos de América. Esto tiene, evidentemente, toda clase de efectos negativos para la salud pública. A fines del 2010, se contabilizaban en nuestro país poco más de 15 millones de personas padeciendo diabetes mellitus, una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glucosa en la sangre causado por hábitos de alimentación inadecuados, y que se presenta normalmente en personas mayores de 40 años. Desafortunadamente, se ha convertido actualmente en una de las principales causas de muerte en México con más de 72 mil casos; de los cuales, el 52 por ciento fueron mujeres.

En consecuencia, nuestro país se sitúa entre los 10 primeros en el mundo que realiza el mayor gasto en este rubro. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 2010 se destinaron 778.5 millones de dólares a la atención de la diabetes y sus complicaciones, las muertes prematuras y discapacidades por esta causa. Adicionalmente, representa para cada familia un gasto del 50 por ciento de sus recursos para el tratamiento y la atención de los efectos colaterales enfermedades cardiovasculares y del sistema nervioso, amputaciones, entre otros.

Evidentemente, la carga económica que estos costos representan para el sistema de salud pública y para el gasto de los hogares es poco sustentable. En ese sentido, este tipo de padecimientos merecen una amplia atención por parte de todos los sectores de la sociedad debido a sus nefastas consecuencias. Entre otras destacan la imposibilidad de gozar de mejores condiciones de vida, la disminución de la productividad laboral y la generación de gastos catastróficos en salud relacionados con enfermedades crónicas.

Desafortunadamente, la realidad nacional se replica en la misma magnitud en el resto de las entidades federativas. En ocasión del Día Mundial de la Diabetes, el Inegi dio a conocer que en las 32 entidades federativas se registró un aumento en las muertes asociadas a la diabetes en el periodo que va de de 2005 a 2009 hasta ubicarse como la primera causa de mortalidad en el caso del estado de México. En promedio, se han venido detectando 25 mil nuevos casos de diabetes mellitus al año en dicha entidad.

Efectivamente, el instituto de salud de la entidad sostiene que a partir de 2002 la diabetes se ha mantenido como la primera causa de mortalidad entre los mexiquenses. Tan sólo en 2010, la diabetes mellitus originó más de 10 mil 875 defunciones. De acuerdo con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, de continuar con ese ritmo, en 20 años no se contará con un fondo económico suficiente para atender esta enfermedad, ya que representa el 50 por ciento del presupuesto en salud del estado y que para el 2011 fue de 28 mil millones de pesos.

No obstante, resulta de gran preocupación que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, cerca del 55 por ciento de los mexiquenses no cuentan con protección en salud, es decir, no son derechohabientes del IMSS, ni del ISSSTE y apenas cuentan, con excepciones notables, de la cobertura que otorga el Seguro Popular. Por ello, el costo para el tratamiento de dicha enfermedad tiende a elevarse debido a que cada persona tiene que acudir a comprar el medicamento y a realizarse los estudios correspondientes, resultando muchas veces en la automedicación o la compra de productos milagro que sólo minan la salud del paciente.

Actualmente la entidad cuenta con una clínica especializada para la atención del paciente diabético, inaugurada el pasado mes de agosto del 2010 en el municipio de Huehuetoca. No obstante, las alarmantes cifras y el ritmo en que este grave padecimiento está afectando a los mexiquenses ameritan que las autoridades realicen una mayor inversión en el desarrollo de más hospitales y clínicas especializadas que atiendan, con un enfoque preventivo en la atención médica, a la población mexiquense, especialmente la de más bajos recursos.

Asimismo, es preciso redoblar esfuerzos para que en el estado de México se ponga en práctica el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, promovido por el gobierno federal, a fin de trabajar en una estrategia conjunta entre la industria alimentaria y las escuelas que tenga como eje prioritario la prevención del sobrepeso y la obesidad desde la infancia.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México para que, a través de la Secretaría de Salud de dicha entidad, se instrumenten las acciones necesarias a fin de garantizar el acceso de las personas que sufren diabetes a la atención médica y a los medicamentos necesarios para su tratamiento.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México a destinar mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.— Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Túrnese a la Segunda Comisión de trabajo.

ESTADO DE QUERETARO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para declarar a Peña Colorada, en Querétaro, como área natural protegida de competencia federal.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Además dispone que el desarrollo productivo del país deba observar la conservación de los recursos y en general, del medio ambiente.

Partiendo de estos principios constitucionales, se reconoce que el Estado mexicano tiene la obligación de sentar las bases para garantizar la conservación del medio ambiente y para lograr el uso racional y sustentable de los recursos naturales; para ello se han establecido diversas herramientas en la normatividad mexicana y una de ellas es el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que de acuerdo con nuestra legislación son aquellas zonas del territorio que no han sido significativamente alterados o que requieren ser preservados y restaurados.

Hasta el día de hoy, México posee 174 áreas naturales protegidas de carácter federal, que representan alrededor del 13 por ciento de la superficie de México.

Sin duda, estas zonas de conservación han representado un avance significativo para asegurar que nuestros recursos naturales y el medio ambiente representen una oportunidad para el desarrollo integral de las y los mexicanos; sin embargo, el 13 por ciento del territorio es todavía poco, en comparación con la gran responsabilidad que tenemos.

Hoy nos estamos dando cuenta de cómo la falta de planeación ambiental está arriesgando el desarrollo e incluso la vida de muchos mexicanos; la sequía, las inundaciones, la falta de alimento en el campo, son prueba de ello. Queda claro, compañeras y compañeros, que debemos redoblar esfuerzos.

En Querétaro estamos viviendo una situación lamentable; hemos perdido el 80 por ciento de nuestras zonas de conservación; la región más afectada del estado ha sido la zona metropolitana de Querétaro, cuya vegetación alcanza a cubrir tan sólo el 46 por ciento del territorio, y esto con varios grados de alteración o perturbación por la presión del crecimiento urbano.

Hoy, el área verde más importante de la zona metropolitana de Querétaro, conocida como Peña Colorada, está amenazada por la especulación y la falta de planeación urbana, arriesgando el bienestar de los queretanos.

Los servicios ambientales que esta zona brinda, aseguran los expertos, nos dan calidad de aire; la regulación del clima, la regulación de las avenidas pluviales, la retención del suelo y sin duda, disminuyen los costos de mantenimiento de la infraestructura urbana y los riesgos a la población.

Por lo tanto, Peña Colorada debe ser decretada área natural protegida de competencia federal, porque sólo así podemos asegurar el bienestar y desarrollo bien encaminado de los habitantes de la zona metropolitana de Querétaro.

Por ello, presento este exhorto y les pido que en su momento votemos a favor, para asegurar que una de las zonas más importantes de la ciudad de Querétaro y de México sean preservadas, sin la amenaza de desaparecer y los invito, con todo respeto, a hacer un ejercicio similar en sus propias entidades, para que entonces el sistema de áreas naturales protegidas del país sea mucho más sólido, mucho más fuerte y entonces sí estemos en condiciones de garantizar o de cumplir aquellos preceptos constitucionales a los que me he referido en un principio.

Compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo para que el presidente de la República decrete esta área conocida como Peña Colorada, como un área de reserva federal y con ello goce de la protección federal y quede fuera de las tentaciones de autoridades estatales, municipales y de la ciudadanía, de los inversionistas que están dispuestos a sacrificar el bienestar de los queretanos a cambio de un desarrollo que les dejará algunas monedas. A todas y todos, por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar área natural protegida de competencia federal Peña Colorada, Querétaro, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal a declarar Peña Colorada, en Querétaro, como área natural protegida de competencia federal.

Consideraciones

Las diversas características topográficas, climáticas y geológicas que se presentan en el estado de Querétaro han permitido el desarrollo de una importante biodiversidad de ecosistemas que proporcionan muchos beneficios ambientales, económicos y sociales.

En el estado de Querétaro existen nueve áreas naturales protegidas (ANP), cuatro de las cuales son de protección federal, tres de protección estatal y dos de protección municipal. El área total protegida en la entidad es de 424 mil 443.9 hectáreas, de la cuales el 90 por ciento corresponde a la reserva de la biosfera Sierra Gorda, decretada por el gobierno federal en 1997. Dentro de la zona metropolitana de Querétaro existen alrededor de 17 mil hectáreas protegidas, representando tan sólo un 4 por ciento del total, de ellas 12 mil 458 corresponden al municipio de Querétaro.

En 2006 se publicó la versión actualizada del Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Querétaro (SANPEQ), donde se contemplan nueve áreas para su incorporación al régimen de conservación, así como programas específicos para áreas que a pesar de ya ser declaradas, requieren de una mayor atención.

Una de estas áreas es Peña Colorada, la superficie verde más grande de la zona metropolitana de Querétaro, abarcando los municipios de El Marqués y Querétaro, con  2 mil 110 y 3 mil 500 hectáreas, respectivamente.

La meseta de Peña Colorada tiene una altitud de 2 mil a 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar y el cuerpo de agua más importante hacía el bordo El Salitre, además de 10 pequeños estanques que sirven de abrevadero y para el riego de algunos cultivos en las partes altas. Las superficies planas que rodean el sistema de cañadas tienen áreas de filtración importantes y por lo tanto de recarga del acuífero del municipio de Querétaro. Además de la infiltración de agua pluvial, provee de otros servicios ambientales que aseguran la calidad del aire, la regulación del clima, la regulación de las avenidas pluviales, la retención del suelo, disminuyendo los costos de mantenimiento de la infraestructura urbana y los riesgos a la población.

En Peña Colorada existe matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio que se caracteriza por la presencia de arbustos espinosos que alcanzan una altura máxima de tres metros y otros arbustos entre uno y dos metros. De igual forma, hay 58 especies de aves, 25 de mamíferos y seis de reptiles y anfibios, característicos de la zona.

En los últimos años el desarrollo urbano en Querétaro ha sido significativo, prueba de ello son el crecimiento acelerado de la población y la profunda transformación del paisaje, pasando de un estado predominantemente agrícola y ganadero a un importante centro industrial y de servicios de todo tipo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía, el crecimiento poblacional en la entidad (2.3 por ciento) duplica el índice nacional (1.3 por ciento), lo que explica el hecho de que sea el tercer estado del país con la mayor tasa de crecimiento de vivienda (4.2 por ciento).

Del millón 827mil 937 habitantes de Querétaro, el 70 por ciento reside en zonas urbanas y el 60 por ciento dentro de la Zona Metropolitana de Querétaro que abarca los municipios de Querétaro, El Marqués y Huimilpan y Corregidora, lo que la convierte en la décima zona metropolitana más grande del país.

Por desgracia, la expansión urbana ha carecido de la planeación y sustentabilidad necesarias, y la mancha urbana de la zona metropolitana de Querétaro se ha extendido 65 por ciento en 5 años; los desplazamientos masivos se registran hacia la periferia de la ciudad y se han detectado alrededor de 834 asentamientos irregulares desde 2004 a 2010.

Todo lo anterior ha provocado la pérdida de más del 80 por ciento de las zonas de protección ecológica en la zona metropolitana de Querétaro, especialmente en el municipio de Querétaro.

Lo anterior está comprometiendo la viabilidad de la zona conurbada de Querétaro y la seguridad de la población, esto se explica por que al destruirse la continuidad de los ecosistemas forestales e hidrológicos, se desmantelan los sistemas ambientales que regulan la contaminación atmosférica y el clima que permiten la infiltración del agua de lluvia para el reabastecimiento de los acuíferos y la protección ante desastres naturales.

En 2001, Peña Colorada fue decretada como área natural protegida (ANP) en la categoría de zona sujeta a conservación ecológica, pero en 2006, un juez emitió un acuerdo de nulidad dejándola desprotegida, desde entonces la declaración de esta zona como ANP está pendiente. Aunado a lo anterior, el pasado 17 de junio el ayuntamiento de Querétaro otorgó un cambio de uso de suelo en el predio ex hacienda La Solana o La Quebradora por 32 hectáreas que se encuentran dentro de las 5 mil 600 hectáreas que contemplaba el proyecto original de decreto; recordemos que Peña Colorada se trata de un ecosistema forestal, que al ser fragmentado o reducido, es dañado directamente.

Si las reservas territoriales están amenazadas es por que el cambio de uso de suelo se da fácilmente sin importar su clasificación en los ordenamientos territoriales, ni los decretos como ANP locales, que fácilmente pueden ser revocados y olvidados, resulta imperativo fortalecer los decretos para asegurar su total protección. Es importante tomar en cuenta que un espacio natural al ser fragmentado y quedar inmerso en la mancha urbana, pierde continuidad, se degrada y pierde su valor ambiental.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), un ANP establecida por el Ejecutivo federal sólo puede ser modificada en su extensión y, en su caso, el uso de suelo, únicamente por el Ejecutivo federal, lo cual sin duda aseguraría su protección.

Por otra parte, la propia LGEEPA señala que las ANP de competencia federal deben ser establecidas mediante declaratoria expedida por el titular del Ejecutivo federal. Aunado a lo anterior, el Reglamento de la LGEEPA en materia de ANP faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar los estudios que justifiquen la expedición de las declaratorias para el establecimiento de las ANP.

Debido a la importancia de esta zona para asegurar el bienestar de los habitantes de la zona metropolitana de Querétaro, someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios que justifiquen la expedición de la declaratoria de Peña Colorada como área natural protegida de competencia federal, en la categoría que considere conveniente.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de su competencia, promueva la participación de los habitantes, propietarios, gobiernos locales y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, a fin de establecer Peña Colorada como un área natural protegida de competencia federal.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, en caso de que los estudios que realice la Secretaría de Medio Ambiente para justificar la expedición de Peña  Colorada como área natural protegida de competencia federal, realice su declaratoria.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 18 de enero de 2012.— Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, senador. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.Prosiga la Secretaría.

LEY SOPA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE, a la Cofetel y a la PGR que informen cuáles son las implicaciones de ley SOPA y similares en México, a cargo del senador Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El senador Luis Alberto Villarreal García, de conformidad con lo previsto en los artículos 108, numeral I y II; 95 numeral II; y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la cancillería, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría General de la República un informe sobre las implicaciones de la Ley SOPA y similares en México.

Exposición de Motivos

La Ley SOPA, por su nombre en inglés (Stop Online Piracy Act), que impulsa el congresista estadounidense Lamar Smith, entró al Congreso de EUA en octubre de 2011. Tanto esta propuesta de ley presentada ante la Cámara de Representantes, como la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (Protect IP Act) estudiada por el Senado, buscan combatir el uso y distribución ilegales de música, películas y otros productos o contenidos estadounidenses que fueron víctima de la piratería en la red, obligando a las compañías de internet a bloquear el acceso a las páginas nacionales o extranjeras que ofrezcan material que viole las leyes de derechos de autor de EUA.

La normativa pretende bloquear el acceso a cualquier sitio web que infrinja derechos de autor y obligaría a los proveedores de acceso a internet y a los buscadores de la red como Google a monitorear los contenidos. En principio, con una simple denuncia de parte del dueño de los derechos de autor, el sitio podría quedar bloqueado.

La alianza de derechos de autor de EUA que apoya la legislación cita un informe de la Cámara Comercio Internacional en donde se dice que la piratería y la falsificación tienen un costo para los negocios de 775 mil millones de dólares al año y pone en riesgo 2.5 millones de empleos en todo el mundo.

Las corporaciones comerciales, fundaciones y asociaciones que critican el proyecto no rechazan la lucha contra la copia ilegal de obras intelectuales. Sin embargo, muchas entienden que el proyecto es retrógrado y nació jurídico-políticamente defectuoso.

En concreto, se critica que la Ley SOPA, que en su versión en el senado lleva las siglas PIPA, que iba a ser discutida en esa Cámara el 24 de enero, sería inconstitucional al no garantizar la defensa en juicio. Además, su efectividad sólo podría alcanzarse a través de un ubicuo control sobre internet por parte del Gobierno más allá incluso de sus fronteras nacionales. Finalmente, se teme que este tipo de legislación ponga en riesgo a sitios existentes y disuada a los inversionistas de arriesgar su dinero para iniciar sitios que podrían ser cerrados si se ejecuta la ley.

Los críticos en su mayoría están de acuerdo que se necesita hacer algo para combatir la piratería en línea; por lo que se han desarrollado otra propuesta más limitada, de Wyden y el representante republicano Darrell Issa, que se llama Open Act, con la que dicen combatirían la piratería digital sin dar licencia para cerrar sitios legítimos.

Algunas de las enmiendas propuestas en el Congreso asegurarían que se aplique el proyecto de ley sólo en sitios con sede en el extranjero. Pero con las múltiples versiones que circulan en el Capitolio, y una legislatura propensa a correcciones de último minuto, los críticos temen que el impacto pueda ser sumamente costoso.

El sábado 14 de enero, mediante un comunicado, se informó que “el gobierno de Barack Obama no aprobará la ley SOPA si es que esta fomenta la censura, socava la seguridad o altera la estructura de la web.” Acto seguido, el Congreso decidió congelar la ley hasta que se encuentre un consenso entre los actores implicados.

De acuerdo a la información proporcionada por el diario español “el país”, esta medida podría significar el colapso económico y social de EEUU; por lo tanto, estas implicaciones para México podrían ser sumamente costosas y ponen en peligro la libertad de expresión, así como la privacidad del pueblo mexicano.

Por lo expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría General de la República informen a esta soberanía cuáles son las implicaciones de la eventual aprobación de la Ley Sopa y similares, en el territorio mexicano, así como de posibles acciones de coordinación bilateral para combatir el crimen cibernético, reafirmando nuestra soberanía y asegurando la libertad de expresión y la privacidad de los ciudadanos mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 18 de enero de 2012.— Senador Alberto Villarreal García (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

XVI JUEGOS PANAMERICANOS DE GUADALAJARA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que continúe e intensifique en el presente ejercicio la investigación y las labores de auditoría sobre el ejercicio de los recursos públicos y los privados concurrentes para organizar y desarrollar los XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A menos de tres meses de su realización los XVI Juegos Panamericanos que se desarrollaron en la Ciudad de Guadalajara, comienzan a arrojar datos confusos que dan fin a la fiesta mediática que se montó y la celebración vacua y extradeportiva, para  ubicarnos en una realidad no tan optimista.

De entrada se ha conocido que el costo de las obras y la organización de la justa rebasaron de manera considerable los planes de los organizadores, lo que obligó al gobierno del estado, al del municipio y al gobierno federal,  a echar mano de los recursos para el gasto de la entidad y también para facilitar su estructura de organización.

De acuerdo con los gobiernos federal y de Jalisco, los XVI Juegos Panamericanos, tuvieron un costo de casi cuatro mil millones de pesos. Sin embargo, algunas voces del el Congreso del estado de Jalisco aseguran que los gastos ascienden a más de nueve mil millones de pesos, lo que hace preocupante, la forma en que se financiaron y administraron los recursos que, por decir lo menos, no son claros ni siquiera en su cálculo.

En la sección de Transparencia del Portal de los Juegos Panamericanos, la suma de todas las Cuentas Públicas de 2008 a 2011 asciende a mil 183 millones de pesos. Por otra parte, el gasto reportado para el desarrollo de infraestructura y equipamientos deportivos, con cargo al Fideicomiso FINDE, se establecen gastos por dos mil 651 millones de pesos, provenientes de recursos federales, de los cuales, 180 millones de pesos fueron erogados por Jalisco.

El Gobierno Federal, se sabe hoy, a través de una respuesta a una solicitud de información, que hizo a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), aportó a  la organización de los Juegos Panamericanos, un total de dos mil 651 millones de pesos.

Por su parte, el Gobierno Estatal mantiene información pública en la que reporta un gasto adicional de mil 183 millones de pesos, a través de cada una de las cuentas públicas dadas a conocer de 2008 a 2011.

La suma global de estos reportes asciende a  más de tres mil 800 millones de pesos.

Sin embargo la información no es del todo clara, cuando además se “estiman” cuantiosos recursos provenientes del Banco Mundial, de algunos de los importantes patrocinadores y de la venta de boletos de avión, entre algunos otros conceptos, de los que no se conoce a detalle  ni con suficiente trasparencia la información correspondiente.

Además de estas imprecisiones y opacidad en la información, existen denuncias respecto de la forma en que se llevaron a cabo algunas licitaciones para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la organización de los juegos olímpicos, así como el manejo de la nómina del personal contratado y la multas por parte de la alcaldía de Zapopan, por la descarga de desechos líquidos que de manera irregular, se llevó a cabo en la Villa Panamericana.

En fin, que existen un número importante de irregularidades denunciadas, que tanto por su cuantía, como por su importancia  vale la pena que sean clarificadas e investigadas, toda vez que implican el ejercicio de recursos públicos, de los cuales debe darse cabal cuenta y resultados a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación, que el ámbito de sus atribuciones, continúe e intensifique durante el presente ejercicio, con la investigación y labores de auditoría  para evaluar el ejercicio de los recursos públicos y privados concurrentes para la organización y desarrollo de los  XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara y de ser el caso, se deslinden las posibles responsabilidades en el uso indebido de recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado José Ramón Martel López (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los altos cobros de electricidad en Baja California, a cargo del senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Castro Trenti, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que la venta de la misma eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El artículo 31 del referido ordenamiento señala que dicha dependencia, con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Aunado a lo anterior, las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica son ordenamientos que rigen la aplicación de las tarifas del servicio público de energía eléctrica; y es el caso que la disposición complementaria número 7, “Cláusula de los ajustes por las variaciones en los precios de los combustibles y la inflación nacional”, ajusta mensualmente las tarifas de uso general en alta, media y baja tensiones, así como la tarifa de servicio doméstico de alto consumo.

Por su parte, la disposición complementaria número 10, “Metodología para el cálculo de los cargos fijos de las tarifas para servicio general con cargos fijos”, ajusta mensualmente los cargos de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica para servicio general en alta y media tensiones con cargos fijos, correspondientes al lapso de permanencia comprendido por los siguientes doce meses.

Con base en lo anterior, el pasado 28 de diciembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el más reciente “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”.

Dicho acuerdo establece lo siguiente:

“Artículo Primero. Se autoriza al organismo descentralizado Comisión Federal de Electricidad, a quien en lo sucesivo se le denominará “el suministrador”, la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y la modificación de las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, conforme a lo dispuesto en el presente instrumento.

Artículo Segundo. Se modifican temporalmente las tarifas horarias para servicio general en alta tensión en los siguientes términos:

...

5. Las reducciones a que se refieren los numerales 1 a 3 anteriores no podrán aplicarse a las facturas de los usuarios de las regiones Baja California y Baja California Sur.”

De la lectura del acuerdo se desprende que, una vez más, Baja California ha sido excluida de los beneficios pactados a nivel nacional, en esta ocasión determinados por la reducción temporal de las tarifas horarias, aún cuando, en palabras de la Secretaría de Energía, en este momento existe una reserva de recursos monetarios que permiten absorber los efectos de una reducción por un periodo de un año sin que se afecte el presupuesto.

Esta situación resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad no motiva ni fundamenta las razones por las que excluye a estas entidades federativas de tales beneficios, lo que deviene en un acto discriminatorio en contra de los consumidores de dichas entidades federativas.

La medida en cuestión tampoco resiste un análisis de convencionalidad, pues resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual dispone en su artículo 7o. que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

El acuerdo transgrede igualmente el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se establece que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

De igual manera, la medida emitida por el titular de la Comisión Federal de Electricidad resulta violatoria a lo estipulado en el artículo 2o., numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la resolución  A/RES/2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, el cual señala que los Estados parte en dicho pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La realidad es que la reducción temporal de las tarifas no es una solución de fondo a la problemática de los altos costos energéticos para la industria y los bajacalifornianos en general, por el contrario, denotan una política ineficiente, que busca la obtención de recursos vía altos cobros de energía, en lugar de buscar fortalecer la economía a través de una industria nacional competitiva.

Sin duda ésta es una medida demasiado limitada e insuficiente en su alcance para ser considerada como una solución a esta problemática, en especial porque, en Baja California, el costo de vida es alto debido en gran medida al alto costo de las tarifas que se pagan por servicios indispensables como luz eléctrica.

Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, denominado Impacto del consumo eléctrico en la economía familiar en Mexicali, BC, reveló que familias con ingreso promedio de apenas un salario mínimo mensual, destinaron el 53 por ciento del mismo para pagar su consumo de luz en época de verano al consumir un promedio de 659 kilovatio hora. Por otra parte, las de dos salarios mínimos al mes destinaron 27 por ciento, al tener consumos promedio de 865 kilovatio hora. Este grupo representaba el 12 por ciento de la población.

En cambio, las familias con ingresos de 2 a 3.5 veces el salario mínimo mensual utilizaron el 15 por ciento del mismo al promediar consumos de 887 kilovatio hora. Y aquellas con ingresos de 3.5 a 5 salarios mínimos al mes destinaron el 13 por ciento al consumir en promedio 1,046 kilovatio hora; sin embargo, cabe mencionar que el grupo de 2 a 5 salarios mínimos representaron al 40 por ciento de la población, mientras que quienes obtuvieron de 5 a 10 salarios mínimos destinaron entre el 8 y 9 por ciento al tener consumos promedio de 1500 kilovatio hora, representando así el 20 por ciento de la población.

Los datos anteriores contrastan radicalmente con el promedio del ingreso que el resto de las familias mexicanas destinaban para este fin y que ronda el 2.7 por ciento mensual.

Además de la problemática social que los altos costos de luz eléctrica genera, para la industria en nuestro país, esto uno de los lastres más pesados con los que tiene que cargar, lo que se traduce en poca competitividad económica.

No nos cabe la menor duda de que esta política pública, centralista y con falta de sentido común del gobierno federal, le va a restar competitividad a los productos bajacalifornianos en el mercado interno, ya que tendrán que competir con industrias nacionales que con este acuerdo disfrutarán reducciones de hasta 50 por ciento en demanda incremental y de 15 por ciento sobre la energía consumida en horario punta.

No obstante lo anterior, lo que resulta increíble e indignante es que, explícitamente, se excluya del acuerdo a los estados de Baja California y Baja California Sur de los beneficios de las reducciones temporales.

Si bien Baja California no se encuentra dentro del sistema interconectado nacional, la problemática de las tarifas horarias afecta de igual forma a la industria de nuestro estado que a la del resto del país.

Por esto es que el día de hoy se propone a esta Comisión Permanente que se cite a comparecer al director general de la Comisión Federal de Electricidad para que explique las razones por las que se excluye a los estados de Baja California y Baja California Sur del “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, publicado el 28 de diciembre de 2011 y para que, de manera inmediata, proponga a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público la modificación del mencionado acuerdo a fin de que los estados de Baja California y Baja California Sur sean incluidos y puedan recibir los beneficios de la reducción de tarifas eléctricas.

Asimismo, es necesario elevar un enérgico exhorto, dirigido a las dependencias que participan en este acuerdo, para que no discriminen a los habitantes de los estados de Baja California y Baja California Sur al excluirlos de los beneficios que el “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica” otorga a todos los demás habitantes del país.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, para que no discriminen a la población de los estados de Baja California y Baja California Sur, y modifiquen, de manera inmediata, el “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, publicado el 28 de diciembre de 2011, a efecto de que se incluya a estas dos entidades federativas.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de la Comisión Federal de Electricidad para que explique las razones por las que se excluye a los estados de Baja California y Baja California Sur del “acuerdo que autoriza la modificación a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y que modifica las disposiciones complementarias a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica”, publicado el 28 de diciembre de 2011, y para que, de manera inmediata, proponga a las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público la modificación del mencionado acuerdo a fin de que los estados de Baja California y Baja California Sur sean incluidos y puedan recibir los beneficios de la reducción de tarifas eléctricas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 18 de enero de 2012.— Senador Fernando Castro Trenti (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los comisionados de la Cofetel. Pase usted, señor diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes. De veras, nunca pensé que proponer un asunto aquí en la Permanente fuera tan estresante, señor presidente, pero bueno, al final ya llegamos, después de una letanía de cuestiones, todas muy importantes, seguramente.

Pero el día de hoy quiero decirles a ustedes que estoy proponiendo un punto de acuerdo, que no puede sintetizarse en lo que leyó el señor secretario, porque estoy proponiendo por un lado que vengan los comisionados de Cofetel por un tema específico y por otro, estoy pidiendo que se exhorte a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública para que inicien —en caso de que haya elementos— una investigación por los hechos que sucintamente voy a platicarles.

El primero tiene que ver con una nota del periódico Milenio, de final del año pasado, donde dijo uno de sus reporteros que durante el 2011 no se habían puesto en la página de la Cofetel los contratos signados durante ese año. A los pocos días el director de Cofetel, Mony de Swaan, dijo en su tuitter, que ahora se ha convertido en una especie de notificaciones oficiales: ni cuenta me había dado.

Pero vamos a reponer el hecho, éste simple hecho, señoras legisladoras y señores legisladores, es causa de responsabilidad administrativa, porque la Ley Federal de Transparencia obliga a que la Cofetel publique puntualmente los contratos que está asignando; consecuentemente, por sólo este hecho de tener un año entero sin publicar los contratos que hace la Cofetel, es evidente que ahí hay una responsabilidad administrativa.

Pero sigamos un poco más y vamos a encontrar el porqué no se publicaron los contratos del 2011.

En los finales de diciembre del año pasado la agencia Reuters publicó una información con un título escandaloso que decía: el dirigente de Cofetel asigna contratos a sus amigos.

Entramos a la revisión del contenido de este documento y vimos que varios periódicos nacionales replicaron la nota, porque se trata en verdad de un asunto escandaloso, el señor Mony de Swaan asignó cuando menos dos contratos —éste es el asunto de mi petición para la PGR y la Función Pública— a dos personas que él mismo reconoce, son sus amigos cercanos; el primer contrato se lo dio al licenciado Pablo Héctor Ojeda, por 90 mil dólares, por un mes de asesoría en materia constitucional, un mes de asesoría en materia constitucional 90 mil dólares; el otro contrato fue para el señor Peter Bauer, por 120 mil dólares, también para asuntos de relaciones públicas.

Quiero decirles a ustedes que tanto Ojeda como Bauer son socios en un despacho común; es decir, que la asignación de estos contratos no tiene explicación alguna y que ha violado la ley, el Código Penal, por asignación indebida de contratos a gentes cercanas a su desempeño.

La propia agencia documenta que el señor Bauer es dueño de una casa en Valle de Bravo, cosa que me da mucho gusto, pero esa casa la usa el señor Mony de Swaan para pasar sus fines de semana.

Interrogado el señor Mony de Swaan, ¿por qué usa usted esta casa?, dijo: invierto parte de mi dinero en rentarle la casa al señor Peter Bauer en Valle de Bravo.

Pero quiero decirles a ustedes que no es un asunto menor; el Código Penal tipifica como un delito la asignación indebida de contratos usando fondos públicos; es claro el artículo del Código Penal Federal, que dice que éste es un asunto que debe ser sancionado penalmente.

Pero les quiero decir, amigas y amigos, que en los anexos que estoy presentando —vayan a ver ustedes la cantidad de contratos que Cofetel asigna—, hay ahí un listado de una enorme cantidad de empresas, despachos y personas, en lo individual, que prestan asesoría para el mejor desempeño de la Cofetel. Textualmente dice el contrato: asesoría para el mejor desempeño de la Cofetel.

Tiene contratos para que lo asesoren en materia constitucional; éste de los 90 mil dólares es para eso, no es para contestar una demanda, para ir a una controversia, es para que lo asesore, y tiene asesorías constitucionales, administrativas, laborales, de relaciones públicas, de cabildeo.

La pregunta entonces es, ¿qué hacen estos señores con la institución que tienen a su cuidado?

El señor Mony de Swann no es nuevo en estas críticas que hacemos los legisladores a su desempeño; desde el momento de su nombramiento dijimos que no cumplía con los requisitos que la ley establece; desde el momento en que fue designado dijimos que era un personero para cumplir intereses del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes.

Hay controversias en la Corte, hay denuncias penales y hay más de cuatro o cinco propuestas en ambas Cámaras para señalar que ese señor no debe estar ahí; si su función es impartir un arbitraje, una forma de establecer que el desarrollo de las comunicaciones en este país sea sana, el señor Mony de Swann no puede estar haciendo esto y menos estar recomendando a empresas para que contraten los servicios de estos señores Bauer y Ojeda, que él mismo confiesa, en una declaración que le hicieron, ha recomendado a la empresa Alestra que contraten al famoso señor Bauer, experto en relaciones públicas.

Son dos temas; uno, que nos expliquen por qué tantos contratos, ¿por qué tantos? ¿Qué hacen estos asesores para mejorar el desempeño de Cofetel? Porque para eso les pagan. Para eso es la comparecencia.

Y el exhorto es para que la PGR y la Función Pública vean que evidentemente ya se han cometido dos delitos, en mi opinión, y que es necesario investigar este asunto a profundidad. Me parece que es de elemental sentido común que un hombre que va a impartir justicia, que debe establecer principios de certeza, de congruencia, un hombre que le toca ser el árbitro en las resoluciones de este asunto, no puede estar cuestionado de esta manera todos los días.

Les pido que apoyen mi intervención, haciendo un esfuerzo para que lo votemos de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los comisionados de la Cofetel para que expliquen la práctica de asignaciones directas en ella; y se exhorta a la SFP y a la PGR a realizar las investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de servidores públicos adscritos a dicho órgano en la asignación de contratos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y décimo primero del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor literal de las siguientes

Consideraciones

I. El ciudadano Mony de Swaan Addati, en su gestión como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha violado diversas disposiciones del orden federal en perjuicio del erario y del sano desarrollo democrático del país; a saber:

II. Con fecha 25 de noviembre de 2011, en el artículo “Los amigos de Mony y la transparencia en Cofetel”, publicado en Milenio Diario, el periodista nacional Hugo González denunció que a esa fecha en el sitio de transparencia de dicha institución, solamente se encontraba publicados los contratos celebrados desde 2006 hasta 2010, sin que estuvieran publicados los correspondientes a 2011.

III. Una copia del artículo del mérito se adjunta al presente punto de acuerdo marcado como anexo uno.

IV. Con la misma fecha, el propio funcionario público, manifestó públicamente mediante su cuenta de la red social Twitter que, en efecto no se encontraban publicados tales contratos debido literalmente a que “ni cuenta nos habíamos dado”, confirmando la falta de su publicación.

V. Una imagen de la pantalla que contiene la manifestación anterior se adjunta al presente punto de acuerdo marcada como anexo dos.

VI. Los hechos anteriores constituyen una flagrante contravención a lo previsto por la fracción XIII del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamentoy los lineamientos que expida el instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente

...

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato.

VII. Cabe destacar que el artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que las dependencias deberán actualizar la información señalada en el artículo 7 de la citada ley “al menos cada tres meses”, y que dicha información “deberá permanecer en el sitio de Internet, al menos durante el periodo de su vigencia”.

VIII. Ahora bien, el artículo 63, en el capítulo de responsabilidades y sanciones de la ley de transparencia, es del tenor literal siguiente.

Artículo 63. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes:

...

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.

IX. El mismo día de la denuncia del periodista y de la aceptación del funcionario, fueron publicados en el sitio de Internet los contratos celebrados por la institución durante 2011.

X. Con fecha 16 de diciembre de 2011, la agencia internacional de noticias Thomson Reuters –la más grande del mundo en su clase– publicó un artículo investigado y redactado por sus afiliados Patric Rucker y Elinor Comlay titulado Mexico telecom regulator signs contracts to friends (en español, El regulador de telecomunicaciones de México firma contratos con amigos).

XI. En la publicación fueron denunciados actos de favoritismo contractual con cuantiosos beneficios económicos incurridos por el mismo presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

XII. Al respecto, la parte conducente del artículo en comento, en su versión en español, es del tenor literal siguiente.

El presidente regulador mexicano de los sectores de telefonía y televisión aprobó dos contratos con un valor cercano de los 200 mil dólares a empresas dirigidas por dos amigos, incluyendo a uno que trabaja como cabildero para empresas de telecomunicaciones.

Los contratos fueron para relaciones públicas y trabajo legal para el regulador de las telecomunicaciones, la Cofetel, y fueron firmados por el presidente de éste, Mony de Swaan.

Uno de los contratos fue para el consejero externo Pablo Héctor Ojeda, quien recibió aproximadamente 90 mil dólares por cuatro semanas de trabajo. El otro fue para Total Strategy [Estrategia Total], una firma de relaciones públicas fundada por el abogado Peter Bauer, que recibió un pago de alrededor de 120 mil dólares por aproximadamente cuatro meses de trabajo.

Bauer y Ojeda son socios en otra firma legal, y De Swaan llama a ambos “amigos cercanos”.

De Swaan ha estado usando la casa de fin de semana de Bauer en la exclusiva localidad de Valle de Bravo, cerca de la Ciudad de México, desde mediados de septiembre, unas semanas después de que Total Strategy [Estrategia Total] obtuvo su contrato con la Cofetel, dijeron ambos.

Tres personas en la industria dijeron que de Swaan los ha presionado en los últimos 12 meses para que contraten a Bauer. De Swaan negó eso, diciendo que solo respondió a una solicitud de la compañía telefónica Alestra, que estaba buscando un asesor en materias relacionadas con la Suprema Corte de Justicia de México.

XIII. En efecto, la Cofetel publicó en su sitio de transparencia los registros de los contratos de presentación de servicios, otorgados por vía de adjudicación directa,de los cuales destacan los siguientes (se señala por el cambio del tamaño de letra):

• Contrato folio CFT/CGA/CGCS/AD/034/11 otorgados con fecha cuatro de agosto de 2011 a la sociedad Estrategia Total, SC, por concepto de “servicios especializados en materia de comunicación estratégica” con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2011, por un monto de 1 670 400.00 pesos.

• Contrato folio CFT/CGA/CGCJ/AD/037/11 otorgado con fecha 15 de agosto de 2011 al licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, por concepto de “servicios de asesoría y consultoría especializada en materia jurídica, derecho administrativo y constitucional” con vigencia hasta el 15 de septiembre de 2011, por un monto de 1 229 600.00 pesos.

XIV. Una copia de lista completa de los contratos celebrados en 2011 se adjunta al presente punto de acuerdo marcada como anexo tres.

XV. Los cuestionamientos expuestos por Thomson Reuters y confirmados mediante la publicación de los contratos en el sitio de transparencias, hacen suponer que el presidente de la Cofetel favoreció a sus amistades mediante la indebida adjudicación directa de éstos.

XVI. Sin embargo, dichas amistades no representan personas o empresas con prestigio reconocido por las industrias de las telecomunicaciones en nuestro país. Es decir, su capacidad profesional carece de certidumbre o credibilidad en el sector.

XVII. ¿Cómo es posible que en un país con las problemáticas socioeconómicas como las del nuestro, una persona reciba como contraprestación por el trabajo de un mes la cantidad de 1 229 600.00 pesos, cuando el salario mínimo general mensual equivale aproximadamente a 1 260 pesos mensuales,sobre todo cuando dicho trabajo constituye una duplicación de las funciones del área institucional correspondiente?

XVIII. Adicionalmente a estas indebidas adjudicaciones contractuales, tales contrataciones replican funciones específicas de áreas internas de la propia Cofetel,lo que constituye una duplicación de funciones y, por ende, un dispendio ilegal de recursos.

XIX. Esto contraviene a su vez el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

XX. En aras de lo anterior invoco lo previsto en el artículo 257 del Código Penal Federal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Articulo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades

I. El servidor público que indebidamente

...

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

...

Al que cometa el delito a que se refiere al presente artículo, se le impondrá de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días de multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

XXI. Conforme a lo anterior, es de confirmarse que, el ciudadano Mony de Swaan Addati, en su carácter de presidente de la Cofetel, realizó indebidamente enajenaciones de servicios, favoreciendo directamente a sus amistades cercanas con cuantiosos recursos públicos e incurriendo en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

XXII. En el país, que ha luchado por consolidar su vida democrática, y que ha ido aquilatando una cultura de transparencia en el ejercicio público, no puede tolerarse que prevalezcan este tipo de prácticas personalizadas que directamente favorecen a personas que mantienen lazos amistosos con altos funcionarios del gobierno federal. Este actuar es vergonzoso.

XXIII. Por otra parte, del mismo artículo publicado por la agencia Thomson Reuters se desprende otra presunta actuación indebida por parte del citado funcionario, consistente en “recomendar” a sus empresas reguladas que contraten los servicios del señor Peter Bauer, uno de los accionistas de Estrategia Total, SC, y beneficiarios de los contratos a que se refiere el mismo artículo periodístico. Adicionalmente, se expone que el funcionario de mérito recibe a cambio dádivas en especie, al utilizar la casa propiedad del mismo señor Bauer ubicada en Valle de Bravo, estado de México, para su esparcimiento durante los fines de semana.

XXIV. El solo hecho de que el representante de una empresa concesionaria, es decir, una empresa regulada por la Cofetel, reconozca a los reporteros autores del artículo de Thomson Reuters haber recibido la sugerencia del presidente de ese órgano desconcentrado para que contratara al señor Bauer constituye en sí misma una actuación que se aparta de la ética con que deben conducirse todos los servidores públicos y que podría ser violatoria de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que debe ser investigada por la Secretaría de la Función Pública.

Por lo expuesto y fundado, al pleno de esta soberanía legislativa solicito lo siguiente:

1. Citar a comparecer a los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para proveer las explicaciones que corresponda por la práctica que se ha venido siguiendo en ese órgano administrativo desconcentrado por lo que hace a la contratación mediante adjudicación directa de servicios diversos durante 2011 y 2012, así como a la falta de transparencia oportuna respecto a dichas contrataciones.

Los esclarecimientos deberán destacar, entre otros, los siguientes puntos:

- Los motivos administrativos o coyunturales por los cuales se fincó la necesidad institucional para contratar directamente de las personas físicas o morales respectivas, la presentación de los servicios de mérito.

- Los fundamentos de ley, norma o costumbre conforme a los cuales se justificaron las contrataciones adjudicadas directamente por el órgano administrativo que preside.

- La cuantificación de los valores de mercado respecto de los servicios recibidos, mediante los cuales se llegó a la definición de las cantidades que fueron directamente adjudicadas.

- Los motivos por los cuales se violó la legislación de transparencia al omitir publicar, sino hasta el 25 de noviembre, los contratos celebrados entre la Cofetel y sus prestadores de servicio durante 2011.

- La política de la Cofetel relativa a la celebración de contratos mediante adjudicaciones directas y de recomendar a abogados externos a las empresas reguladas.

2. Exhortar a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una averiguación a efecto de fincar las responsabilidades y sanciones al funcionario de referencia que resulten procedentes por su actuar administrativo descrito en el presente punto de acuerdo, con arreglo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3. Exhortar a la Procuraduría General de la República a iniciar de oficio una averiguación previa con la finalidad de determinar si las actuaciones del funcionario de referencia que se desprenden del presente punto de acuerdo constituyen la comisión del delito de uso indebido de las atribuciones y facultades establecido en el Código Penal Federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Reconociendo el principio de la separación de poderes, la Cámara de Diputados cita a comparecer ante la Comisión de la Función Pública a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los fines descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconociendo el principio de la separación de poderes, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a abrir un proceso de averiguación administrativa respecto a los hechos descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconociendo el principio de la separación de poderes, exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las indagatorias relativas y dar inicio a una averiguación previa, por los hechos descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera este asunto de urgente resolución.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

Se abre el registro de oradores en pro y en contra; se han registrado en esta Mesa Directiva, para hablar en pro, el diputado Armando Ríos Piter, el diputado Gerardo Fernández Noroña y el diputado Arturo Zamora; en contra, el diputado García Portillo, por tal motivo tiene la palabra.

El diputado Arturo García Portillo: Sólo con una precisión, que es parcialmente en contra y ahora lo explico. Solamente, es decir, estamos a favor del primer punto que se refiere al tema de la comparecencia y pedir la información; en eso estamos de acuerdo, en que debe clarificarse esta situación, todo lo que se ha explicado y por supuesto que es una vía idónea.

Pensaría que pudiera requerirse por vía solicitud información, pero no hay problema, una comparecencia de los integrantes de Cofetel, se pueda resolver y pedir todas las explicaciones que sean necesarias.

La segunda, que es el exhorto a la PRG, tengo una duda; no lo sé, puesto que no soy abogado, si la PRG puede seguir de oficio este tipo de cosas.

Lo pregunto, porque eso es lo que le daría sentido al segundo punto, al tema del exhorto; el primero está pidiendo que se clarifique la información; la segunda, ya supone, implícitamente por lo menos —aunque lo entendí explícitamente—, la existencia de un delito que debe ser investigado por la autoridad.

Ése es el punto en el que no estamos de acuerdo, sobre todo si no queda clara esta situación.

Pensamos en que primero hay que dar oportunidad para que se den las explicaciones, los argumentos; si de eso se deriva que efectivamente pueda existir la comisión de delitos, pueda hacerse alguna presunción mucho más puntual en ese sentido, por supuesto quien conozca de estos delitos tiene que denunciarlos, tiene que argumentar, tiene que probarlo.

Pudiera ser que parte de esas pruebas se constituyan con la información que se obtenga derivada de la comparecencia y de esa manera se le da cuerpo a un segundo punto, que en otro caso simplemente queda en el aire como un simple exhorto, sin saber si realmente hay oportunidad de que camine o no. Es ese el motivo del posicionamiento, gracias.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): ¿Me permite hacer un comentario, señor presidente?

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Le puedo permitir hacerle una pregunta al orador.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): No, no. Quisiera rectificar hechos, entonces, porque se están metiendo en mi punto de acuerdo.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien. Lo anoto, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna nosotros estamos a favor de este punto de acuerdo o de los tres párrafos que conforman el punto de acuerdo, porque tratándose de una institución tan delicada, tan importante pero que trabaja temas tan delicados, como es la Cofetel, nos parece indispensable que frente a las noticias que han salido publicadas, primero por el diario Milenio y que después en el foro internacional ha retomado Reuters, que ha puesto sobre la mesa por lo menos información que tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes deban analizar, que tendrán que poner en contexto, nos parece indispensable obviamente que los legisladores en esta Comisión Permanente podamos contar con la mejor de las informaciones por parte de los consejeros de dicha Cofetel.

Miren, es preocupante y no solamente en el tema de la Cofetel, recientemente la diputada Esthela Damián, de mi grupo parlamentario, también hizo una crítica muy puntual sobre el trabajo que está haciendo la Comisión Federal de Competencia.

En un país en el que tenemos los monopolios o los duopolios que dominan gran parte de nuestra vida económica y de nuestra vida nacional, es preocupante que no nos involucremos los legisladores en que esas instituciones funcionen de la manera más eficiente, de la manera más sólida y que sean instituciones fuertes.

Esto que hoy se pone sobre la mesa en el punto de acuerdo reclama que vengan los consejeros y que nos den la mayor información posible de cómo están funcionando esos contratos que se están realizando.

A mí no me toca hacer un juicio de si es bueno o malo, que sea amigo o no del funcionario Mony de Swaan, pero sí genera sospechas y genera lugares a dudas, que necesitamos revisar de manera puntual sobre cómo se establecen esos contratos, sobre cómo se discuten cada uno de los rubros para poder contratar a alguien, porque al final del día, compañeros y compañeras, son recursos públicos que aprueba la Cámara de Diputados y que son los que le dan vida interna a la Cofetel.

Me parece que en ese sentido sería difícil que los legisladores estuviéramos en contra de tener la mayor información posible, y que dejemos solamente al decir —de un medio por más prestigiado que sea nacional e internacionalmente— lo que está ocurriendo en la Cofetel; si queremos que la Cofetel tenga dientes para evitar las acciones monopólicas, entonces tenemos que garantizar que en ningún momento haya lugar a dudas sobre cómo se está llevando a cabo o sobre cuál es el comportamiento y el funcionamiento interno de la Cofetel.

Ahora, decía quien me antecedió —compañero del Partido Acción Nacional—: no estoy de acuerdo en que se emita un juicio; precisamente me parece que lo que estamos planteando en el punto de acuerdo, lo que se está planteando y por eso lo acompañamos, es que sea la Secretaría de la Función Pública quien se involucre en revisar si es que verdaderamente hay actividades que están siendo ilícitas o no.

Hace casi ocho meses, cuando estábamos en la Permanente pasada de verano —no sé si ocho o seis meses—, pusimos sobre la mesa el tema de la Estela de Luz, en una Comisión, igual, Permanente como ésta, y dijimos que era indispensable que la Secretaría de la Función Pública se involucrara en un tema, que terminó siendo escandaloso; en un tema en el que de 300 o 400 millones de pesos que originalmente se habían aprobado por parte de la Cámara de Diputados, terminaron siendo casi mil 100 millones de pesos.

Me parece compañeros legisladores, compañeras legisladoras, que nosotros tenemos una responsabilidad de involucrarnos en este tipo de temas; si queremos que la Cofetel o que la Cofeco, o cualquiera de las autoridades reguladoras que están instituidas precisamente para evitar especialmente que los actores privados se pasen de la raya en perjuicio de millones de ciudadanos y ciudadanas consumidores, me parece importante que un punto de acuerdo como éste lo apoyemos, que vayamos a favor, que exijamos que la Secretaría de la Función Pública se involucre; ellos tendrán que emitir un juicio y me parece que no solamente habrá que pasarles la bolita, sino habrá que estar pendientes y atentos al seguimiento que se le da a ese caso, porque al final del día, compañeros y compañeras, siempre en este país, cuando el río suena es que agua lleva.

Tenemos información, me parece que sería una gran irresponsabilidad que nosotros solamente la dejáramos pasar; por eso, compañeros y compañeras, estaremos a favor.

Entiendo la cuestión o la pregunta que se hace sobre la participación de la Procuraduría General de la República; bueno pues es también parte de la voz que desde este cuerpo legislativo tenemos que exhibir para que la Procuraduría ponga atención al asunto, independientemente de la discusión de si es un tema de oficio o no, que no es lo que debiéramos preocuparnos ex profeso, siendo que hay un tema en el cual la Procuraduría tiene que intervenir de una u otra forma por tratarse de un asunto que está tipificado. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Gustavo González, en contra.

El diputado Gustavo González Hernández:Gracias, señor presidente, con su permiso. Tal como lo comentó mi compañero de Acción Nacional, que me antecedió, el diputado García Portillo, nosotros no estamos en contra, sino parcialmente en contra por las siguientes razones:

De hecho y le consta al diputado proponente, tratamos de consensuar que los tres puntos de acuerdo se fusionaran un solo punto de acuerdo, en un acuerdo único, donde compareciera el titular Mony de Swaan y se le pudiera cuestionar y explicara todas y cada unas de las acusaciones que se vierten y que tiene como fundamento de la acusación, el tuitter, comentarios, etcétera.

También le manifestamos y lo manifestamos aquí en tribuna, que en lo que no estamos de acuerdo es en que se diga en el punto segundo y tercero: se exhorta a que se abra una averiguación cuando el proponente dice que tiene conocimiento de que es un delito o de que es una falta administrativa que tiene que ser sancionada.

¿Qué tiene más fuerza, un exhorto o una denuncia penal? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Cuál es la obligación de un funcionario cuando conoce o tiene conocimiento de hechos que presuntamente son de un delito, pues tienen la obligación de comparecer ante la autoridad, según el marco normativo y presentar su denuncia?

Nosotros pudiéramos, en un momento dado —y lo tratamos de consensuar—, en que comparezca el funcionario, pero creemos que si alguien se sube a aquí a la tribuna a proponer un exhorto, pues mejor que vaya y denuncie; tiene más fuerza —jurídicamente hablando— presentar una denuncia, presentar los elementos, etcétera.

Es por eso que nosotros compartimos parcialmente este punto y es por eso que nosotros, si se lograra una redacción como lo estamos proponiendo, pudiéramos en un momento dado consensuarla y darle para adelante. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra...

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente, para hechos.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí le voy a dar la palabra para hechos en el orden que se registró, señor diputado. Con todo gusto, señor diputado. Tiene la palabra en el orden registrado el diputado Gerardo Fernández Noroña, a favor.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias diputado presidente. Compañeros, compañeras, vengo a respaldar la propuesta del diputado César Augusto Santiago, a pesar de los matices que voy a plantear.

¿Cuáles son los matices? Los matices es que en las comparecencias los funcionarios del gobierno usurpador mienten de manera descarada o asumen que lo que se le está acusando es cierto y gozan de cabal impunidad.

Por ejemplo, a García Luna le acredité propiedades por 42 millones y medio de pesos y dijo que es cierto, pero que ahorra mucho; luego vino la procuradora del gobierno usurpador y metí la denuncia, aquí mismo, en este salón y todavía ni siquiera me han llamado a ratificar la denuncia; entonces, se hace comparecencia, se hace el debate, se hacen las denuncias, se hacen los exhortos y este gobierno no hace caso a uno solo de los exhortos.

Lo que está planteando César Augusto Santiago es muy grave; le faltó decir que el propio Mony de Swaan reconoce que no le da el 100 por ciento de los contratos a sus amigos, dice que sólo le da el 3 por ciento; es medido, es un tipo corruptamente mesurado, no se va vorazmente sobre todo los contratos; sólo sobre una partecita.

Hombre, le agradecemos su mesura, le agradecemos que no sea tan voraz, pero la ley no sabe de mesura o de voracidad, sabe de que eso es un acto de tráfico de influencia.

No soy Ministerio Público ni juez ni nada parecido, pero a las cosas por su nombre; le hago caso al Consejo Nacional de la Publicidad y le digo corrupto al corrupto, y es evidente que Mony de Swaan ha incurrido en graves actos de corrupción.

Simplemente el que uno de los contratos por 120 mil dólares se lo dé a su casero, en Valle de Bravo, hace pensar que el asunto huele mal, para relaciones públicas.

Hombre, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir relaciones públicas? Siempre pienso muy mal en esas cosas.

En el caso de la asesoría en materia constitucional, habiendo; no sabía que Pablo Héctor Ojeda era un maestro constitucionalista y le da 90 mil dólares.

Hombre, soy sociólogo, a ver si me da un contratito Mony de Swaan, porque siempre es muy difícil la vida incierta de un político; entonces, un contratito de eso le resuelve a uno la vida. No lo aceptaría, por supuesto, porque esos son actos de corrupción evidentes, pero es grave lo que está planteando.

Miren, invito al diputado César Augusto Santiago —multialudido, que debe hacer uso de la palabra después de la alusión, creo yo—, a que vayamos a meter la denuncia también, aunque puede que sirva de poco.

Le digo, diputado, que la Secretaría de Hacienda, en 2006, metió una denuncia por lavado de dinero y presuntos vínculos contra el narco, contra la familia Patrón Labiada y entonces el procurador Chávez Chávez, también en este lugar, cuando le dije que en 2009 la Secretaría de Hacienda le volvió a preguntar que qué pasaba, el procurador me dijo: no tenga usted preocupación, señor diputado, que aplicaremos todo el peso de la ley.

Pero cuando se trata de sus compinches es liviano el peso de la ley; cuando se trata de los opositores o de los perseguidos, entonces sí se aplica con toda facciosidad.

Estamos frente un asunto escandaloso, frente a un asunto que huele muy mal y que se suma a las muchísimas denuncias, como el libro de Camisas azules manos negras, que acredita los negocios hechos al cobijo del poder de Mouriño, de César Nava, de Nordhausen, como el nuevo libro de Anabel Hernández, de Los señores del narco, acredita todos los vínculos de García Luna y del propio Calderón con los grupos delincuenciales, y como el último libro de Ana Lilia Pérez, que acredita el total control o casi control del narco, de la distribución de hidrocarburos, todas estas.

¿Qué necesita pasar para que los legisladores del PAN se asuman como representantes de la nación y digan: basta de tanta corrupción, basta de tanta impunidad, basta de tanto saqueo? ¿Cómo honran a los fundadores de su partido, que lucharon por décadas contra todas estas cosas, y hoy las defienden sin rubor? Estamos medio inconformes con el resolutivo.

Deberían estar totalmente inconformes con el grado de corrupción, de impunidad, de deterioro que el gobierno de facto que encabeza Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa representa; son un atajo de bandidos los que están en ese gobierno; deberían estar en la cárcel todos.

Espero que más temprano que tarde logremos que eso se haga realidad, y uno de los que debería estar ahí, sin duda, es Mony de Swaan. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ha solicitado la palabra el diputado César Augusto Santiago, ahora por alusiones. En esta solicitud sí es de manera inmediata. Tiene usted la palabra.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Gracias. Son dos temas. Lo traté de explicar desde mi intervención inicial; el primer tema tiene que ver con un cúmulo de contratos que no tienen explicación alguna, que duplican funciones de la Cofetel, que son contratos asignados, evidentemente, de manera indebida.

Para esos temas, compañeras y compañeros, es que estoy pidiendo la comparecencia, porque en estos temas sí necesitamos la explicación, ¿a qué se deben esos contratos? Si ustedes revisan, en los anexos que incorporé a mi punto inicial, van a encontrar ahí muchos despachos que tienen, aparentemente, sólo el rubro: contrato para mejorar el desempeño de Cofetel, para ayudar al mejor desempeño de Cofetel, pero son muchos contratos y hay mucho dinero público de por medio.

Para eso es la comparecencia; no tengo esa información, y quiero pedirle al señor director: explíqueme cómo está este asunto de tantos contratos, punto.

Vamos con lo del exhorto. Hay dos cosas muy claras; primero, lo que dice el artículo 7 de la Ley de Transparencia, el artículo 7 de la Ley de Transparencia es categórico, es una ley publicada en el gobierno del PAN, es una ley que ha motivado ene número de comerciales en la televisión diciendo: ya somos transparentes, ya tenemos una ley.

El artículo 7 dice puntualmente que los contratos asignados de manera directa deben ser publicados oportunamente en el sitio de la entidad que corresponda; luego, dice la misma ley: si no se hace la publicación es motivo de responsabilidad administrativa.

¿A quién le toca resolver eso? A la Secretaría de la Función Pública; entonces, estoy diciendo, con base en este asunto: involúcrate Secretaría. Ya sé que no va a pasar mayor cosa, pero bueno, cuando menos se satisface mi conciencia; le digo al de la Función Pública por enésima vez: involúcrese usted en algo y vea si es posible que esto se aclare. Asunto número uno.

Asunto número dos, asignación de contratos a dos amigos cercanos reconocidos por el propio funcionario, Pablo Héctor Ojeda y Peter Bauer; uno tiene asesoría en materia constitucional, revísenle el contrato, cuatro semanas, 90 mil dólares por dar asesoría en materia constitucional. De veras, me hubieran contratado a mí, yo le puedo dar esa asesoría por una décima parte de eso, creo que soy tan buen abogado como ese señor Pedro Pablo Ojeda, que cobra tanto.

El otro contrato está peor, 120 mil dólares al señor Peter Bauer, dueño de la casa donde vive Mony de Swaan, donde pasa sus fines de semana en Valle de Bravo. ¿Para qué efectos? Para efectos de relaciones públicas. ¿Qué es eso de relaciones públicas? ¿Para qué le dan tanto dinero a este señor Bauer? El señor Bauer y el señor Ojeda son socios en un despacho, son socios comunes en un despacho.

Cómo me van a decir, amigos —de verdad siempre trato de ser condescendiente y respetuoso con todos ustedes—, que están parcialmente a favor y parcialmente en contra; no se puede estar en que se aplique la ley parcialmente, creo que se aplica la ley o no se aplica.

Miren, amigos, me acaban de mandar este libro de Ana Lilia Pérez, me lo acaban de enviar, porque saben que voy a intentar someter estas denuncias a la consideración de la Cámara, pero como este libro tengo varios.

No veo, cómo es posible que los mexicanos no nos conmovamos con lo que dicen estos libros; si no hay verdad en estas expresiones, debe ser la autoridad la que diga: hombre, no es cierto tales y tales expresiones.

Pero si ven los libros que se han publicado en estos cinco años del gobierno de Calderón, bueno, hay denuncias de todo tipo, hay presentación de documentos, señalamientos concretos y —amigas y amigos— nunca pasa nada.

Recuerdo una frase del presidente Calderón públicamente cuando dijo: uno de los problemas de este país es la impunidad. ¿Por qué no ayudamos, amigos del PAN, al presidente a terminar con la impunidad, empezando por Mony de Swaan? Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez.

El diputado Arturo Zamora Jiménez:Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que ha propuesto César Augusto Santiago, porque se trata de un asunto a través del cual se debe combatir la impunidad y se debe privilegiar la rendición de cuentas y la transparencia.

Esto surge efectivamente por un trabajo —por lo cual lo felicito— de un reportero, Hugo González, de Milenio, en donde tuvo que acudir a solicitar a través de transparencia información respecto de contratos que no se publicaron en el año 2011, y estos contratos, una vez que se publicaron, resulta que allí, en por lo menos dos de ellos, se favoreció a amigos personales de Mony de Swaan como titular de esta dependencia; una dependencia que tiene como facultades y atribuciones el arbitraje en temas fundamentales del país y que tiene como facultades también una función muy importante en la economía de nuestro país y que hoy por hoy nos damos cuenta que por su conducta, la desviación de su conducta, por supuesto es el juez que está perdiendo más credibilidad y por tanto, el juez por su casa debe empezar.

Por eso es importante establecer claramente lo que ya dijo César Augusto Santiago; por un lado, la afectación a disposiciones meramente administrativas en la omisión de publicar contratos de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia, y por otro lado, por privilegiar a sus amigos en la desviación de recursos económicos, que por cierto —lo dejo muy claro—, por un lado se trata en la comisión de delitos de cuestiones que son perseguibles de oficio, tal y como lo dispone el artículo 217 del Código Penal Federal, por haberse cometido el delito de uso indebido de atribuciones y también como lo establece el artículo 220 del Código Penal Federal, por haber cometido el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Luego entonces, esto que nosotros estamos haciendo dándolo a la publicidad ya es una denuncia y no se requiere que nadie formalice ninguna denuncia, habida cuenta que es muy claro lo que dispone el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el entendido de que todo delito del cual conozca cualquier servidor público está obligado a darlo a conocer.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República debe atender el exhorto de la propuesta de César Augusto Santiago, de iniciar inmediatamente un proceso de investigación por el delito o los delitos que se hayan cometido.

Estimadas legisladoras y legisladores, en estos contratos —que por lo menos se han detectado irregularidades—, se establecieron montos que ascienden a 2 millones 800 mil pesos, moneda nacional, actualizado al precio de hoy nuestra moneda en el contexto del dólar.

Esto lo devengaron dos personas en el desempeño; uno de ellos de cuatro semanas y otro de ellos de doce semanas. Esto me parece que es un insulto, porque es una forma de desviar recursos públicos para privilegiar a los amigos del funcionario en turno.

Esto, por supuesto, contribuye al descrédito de una institución muy importante en el país y constituye por supuesto a la pérdida de credibilidad a quien o quienes ejercen las decisiones en esta institución.

Por esa razón, estimadas legisladoras y legisladores, nosotros estaremos a favor de la propuesta que hace el diputado César Augusto Santiago, en los términos que realizó en el punto de acuerdo que se dio a conocer. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se han registrado, para rectificación de hechos, el diputado Ríos Piter y el senador Tamborrel; una vez que terminen estos dos oradores, preguntaremos a la asamblea si el tema está suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter. Con su permiso, señor presidente. Me parece que es muy importante dejar claro qué es lo que estamos discutiendo o cuál es la visualización que tenemos que tener sobre este punto de acuerdo que estamos planteando. Ya lo han dicho quienes me antecedieron, estamos exigiendo que las autoridades, que son las que tienen los instrumentos y las facultades legales para revisar si se ha cometido o no un delito o si hay culpabilidad administrativa, por no haber puesto el tema en la transparencia, en lo que exige la propia ley, que ellos sean los que determinen.

Lo digo con toda puntualidad, me parece que no hay que excedernos en hacer un juicio, porque sería equivocado desde nuestra curul, en la que hoy estamos, señalar que por el simple hecho de que hemos conocido a través de Milenio Diario o a través de Reuters que hay contratos que parecieran tener cuestiones ilícitas, por esa simple situación darlos por válidos.

Precisamente por eso hay una Procuraduría General de la República a la que le estamos pidiendo, con base en las facultades que tiene, que intervenga; por eso precisamente, lo que estamos planteando es que si con base en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia se puede asumir que hay faltas administrativas, que revise el tema, que lo analice a profundidad y que actúe en consecuencia.

Me parece, compañeras y compañeros, solamente señalar que el artículo 217 del Código Penal Federal dice: comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue y realice contratos de enajenación de bienes o servicios con recursos económicos públicos.

Será la Procuraduría General de la República quien tendrá que decir si los funcionarios involucrados, precisamente lo que estamos comentando, cometieron o no este delito, si se actualizó el tipo penal; entonces, me parece, compañeros, que el debate no se puede estar a medias, mitad sí o mitad no, en contra de la corrupción.

Aquí no estamos diciendo que estos funcionarios hayan cometido actos de corrupción, estamos pidiendo y por eso estamos solicitando, que las autoridades de la Cofetel vengan y podamos, en un cara a cara, preguntarnos y posiblemente adentrarnos mucho más en la información, que hoy no es precisa. Pero también, sí lo digo con toda puntualidad, me parece preocupante que muchas veces, en el ánimo simple y sencillamente de defender, terminemos dándonos un balazo en el pie, como representantes de los ciudadanos y las ciudadanas que son.

Pidámosle a la Procuraduría que nos diga si esto fue constitutivo de un delito o no y no dejemos a la especulación el tema, para no caer en politiquería barata; pidámosle a la Secretaría de la Función Pública que nos diga si este tema o no, constituye faltas administrativas, pero no lo dejemos, compañeras y compañeros, a simples opiniones, a simples elucubraciones, porque se pone en juego también el nombre de ciudadanos de los cuales se está hablando precisamente desde esta tribuna. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Muchas gracias, presidente. Acudo a esta tribuna, de veras con ganas de suscribir las palabras del diputado Ríos Piter; por supuesto que en Acción Nacional y de manera muy personal, nos oponemos a la corrupción, nos oponemos a solapar a cualquier persona, trátese de quien se trate; el que la hace, que la pague. Ése es el primer principio.

Pero también quiero manifestar que me opongo a los linchamientos mediáticos; estaría totalmente de acuerdo en pedirles a los funcionarios que acudan aquí y que nos den una explicación, totalmente de acuerdo; totalmente de acuerdo en que la Procuraduría inicie una averiguación, por supuesto que sí; que la Secretaría de la Función Pública haga lo propio, por supuesto que sí coincidimos ahí.

De encontrarse responsabilidades, que se las finquen; si el señor tiene que ir al penal, que vaya, pero por supuesto, de eso que no quepa duda, y si tiene cómplices dentro o fuera de la Cofetel, que también a ésos se les finquen las responsabilidades que correspondan. Nos pronunciamos para que se les aplique todo, absolutamente todo el peso de la ley.

En donde no coincido, quiero ser muy puntual y no quiero que esto se malinterprete como un cuestionamiento a la libertad de expresión de legislador alguno y en este caso del proponente, hay algunas de sus aseveraciones, con todo respeto, diputado, en las que no coincido, en las que me parece que hay un exceso y ésa es la razón más que suficiente para votar en contra; estamos atentando contra la dignidad de dos personas, que al día de hoy, por la autoridad competente, no han sido sentenciadas.

Pero en su punto de acuerdo, me permito dar lectura, por ejemplo, a la fracción XXI: conforme a lo anterior, es de confirmarse que el ciudadano Mony de Swaan Adatti, en su carácter de presidente de la Cofetel, realizó indebidamente enajenaciones de servicios, favoreciendo directamente a sus amistades cercanas con cuantiosos recursos públicos e incurriendo en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Esto, con todo respeto, compañero diputado, lo puedo aceptar de un juez; por supuesto que si el juez lo determina, que lo sentencie, pero me parece muy aventurado avalar estas expresiones en las que todavía la autoridad que le compete no se ha manifestado.

En ese sentido, por eso es que habré de votar en contra, porque las personas, todas, absolutamente todas e inclusive con el precepto de la presunción de inocencia, deben respetarse las dignidades, deben respetarse los prestigios. Ésa es la razón por al cual habré de votar en contra, no sin —repito— insistir una y otra vez que estoy a favor de que se hagan todas las investigaciones, que nos den todas las aclaraciones, pero en el entendido, además y lo digo con todo respeto, de que el punto de acuerdo contempla sus resolutivos, pero también su exposición de motivos.

Coincido con usted en cuanto a que se investigue y se finquen responsabilidades; no coincido con los juicios que usted ha emitido.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Me permite una pregunta, señor senador.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Señor senador, admite una pregunta del diputado.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Con muchísimo gusto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Por favor, diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Suscribo por supuesto este asunto de los linchamientos, estoy totalmente en contra; es una práctica usual de la PGR y de los instrumentos del gobierno, que he estado en contra toda la vida. No es nuevo, cada que hay alguna gente arraigada —señor senador, no sé si usted sepa—, pero arraigan a alguien y en este momento ya lo quieren sentenciar a muerte. He estado en contra de esto, porque me parece una práctica deleznable, y yo coincido con usted.

A lo mejor —en ese párrafo que usted leyó, que seguramente lo podemos mejorar—, le propongo, porqué no acepta que en ese párrafo diga: podría haber incurrido en esa violación.

En donde afirmo: ha incurrido —que estoy convencido por el resto de las pruebas que he visto—; que pusiéramos en ese punto: el señor Mony de Swaan podría haber incurrido en tal cosa. Para dejarlo como sugiere usted en la propuesta de que podría; si lo acepta usted, no tengo ningún inconveniente.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Le agradezco mucho su flexibilidad. Solicitaría, si el diputado está de acuerdo, que con este mismo criterio se revisara; solicitaría que revisáramos las redacciones, que se hable no ya de manera tajante, que se haga, se incluyan los términos: presunto responsable. Con todo ese espíritu, por supuesto, señor diputado, que estaría votando a favor; si usted así lo acepta, estaría votando a favor del punto de acuerdo.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Acepta el diputado —permítame hacerle una propuesta—, que en lo que desahogamos el siguiente punto se redacte una proposición de consenso y se nos presente para votación y sacarlo de manera unánime.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): No tengo ningún inconveniente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El proponente está de acuerdo, el compañero senador también. Vamos a declarar en este tema una pequeña moción suspensiva para abordar los dos temas que ya estaban aprobados por este pleno y se pudieran discutir, que son los dictámenes de la Tercera Comisión.

Terminando con estos dos volveremos a este punto para votarlo y posteriormente, daremos un trámite legislativo, puesto que estamos ya en el límite del tiempo de sesión de esta Cámara.

Pediría, por favor, al senador y al diputado, que amablemente con esa voluntad de conciliación que han demostrado, nos traigan a la Mesa Directiva una redacción de consenso. Están todos muy amorosos.

COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico; en virtud de que ya ha sido distribuido, entre las legisladoras y los legisladores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que solo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que únicamente se dé lectura al enunciado del punto de acuerdo. Los que estén porque se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén porque no se autorice favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque se autorice, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, con punto de acuerdo relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, Armando Ríos Piter, Francisco Hernández Juárez, Mario di Costanzo Armenta y Gerardo Fernández Noroña, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD y del PT.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomentó, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. Los legisladores promoventes refieren que Mexicana de Aviación es una aerolínea emblemática de México que ha prestado el servicio concesionado de transporte aéreo por más de 90 años, siendo un pilar de la conectividad de nuestro país con el resto del mundo.

Mencionan que en diciembre de 2005 se concretó la venta del Grupo Mexicana de Aviación desincorporándola de Cintra por un precio de 165.5 millones de dólares, cuando el IPAB la valuó en mil 456 millones de dólares, cantidad que se redujo con 997 millones de dólares por arrendamiento de aviones; una deuda neta de 29 millones de dólares y pasivos laborales por 265 millones de dólares; que adicionalmente en 2006, la nueva administración obtuvo una devolución de 15 millones de dólares, por créditos fiscales, por lo que el precio final de venta fue de 150.5 millones de dólares.

Continúan los promoventes señalando, que debido a una deficiente administración de Grupo Mexicana, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, la empresa suspendió operaciones desde el mes de agosto de 2010, y que se encuentra en riego de quiebra, que ocasionaría la cancelación de empleos directos e indirectos.

Refieren que para que se pueda garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere una inversión de 300 millones de dólares.

Que el artículo 25 Constitucional justifica que el gobierno realice una inversión de tal magnitud, para preservar las fuentes de empleo y para recuperar y reactivar las actividades de esa aerolínea.

Asimismo, hacen referencia que en otras circunstancias de emergencia se han aprobado medidas de apoyo, como en el caso de la pandemia de la influenza A H1N1, en donde el gobierno federal otorgó medidas fiscales de carácter general y apoyos específicos a los sectores más perjudicados.

Mencionan los promoventes que el gobierno federal ha invertido en forma directa, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 17 mil 323 millones de pesos en la modernización y equipamiento de aeropuertos; que se otorgó por parte de la banca de desarrollo 2 millones 730 mil 830 pesos a los sectores empresarial, infraestructura, vivienda y rural; entre otros apoyos a otros sectores.

Hacen referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en específico al rubro de Transporte, en donde se contempla la ampliación de la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, bajando costos, aumentando la seguridad y calidad, modernizando y proporcionando servicios confiables y de calidad para toda la población.

Que para mejorar el impulso de los servicios aéreos se requiere fortalecer y mantener líneas aéreas sanas y competitivas.

Asimismo, destacan que para finales de 2010 fueron afectados pasajeros de rutas domésticas y de rutas internacionales, en virtud de que se dejaron de realizar operaciones domésticas e internacionales; que se dejaron de atender con oferta nacional 35 mercados internacionales, que ahora están a disposición de aerolíneas extranjeras; que se han registrado aumentos en la taridas de rutas domésticas e internacionales; y demás problemas que van aparejados.

De la misma forma, hacen referencia a la problemática y difícil situación que trajo consigo la suspensión de operaciones, para el primer trimestre de 2011; así como lo que significa la quiebra del Nuevo Grupo Aeronáutica. Por lo anterior, propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder Ejecutivo la emisión de un carta de crédito por 300 millones de dólares que se otorgará en calidad de capital trabajo por parte de la banca de desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México.

Segundo. Asimismo, se convoque a una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con integrantes de esta Comisión Permanente y con los secretarios generales de los sindicatos afectados, a fin de buscar los mecanismos de solución al asunto materia del presente acuerdo, de acuerdo a sus atribuciones.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con la propuesta realizada por el senador promovente, al tenor de lo siguiente:

Los integrantes de la comisión dictaminadora comparten la preocupación de los legisladores promoventes, respecto al caso de la Compañía Mexicana de Aviación, en virtud de que, de acuerdo a analistas que cubren los grupos aeroportuarios Grupo Mexicana de Aviación, que incluye tanto a la firma con problemas Compañía Mexicana de Aviación, como las otras dos aerolíneas Click y Link, tiene un flujo de pasajeros que representan el 19 por ciento en el operador de aeropuertos mexicano (GAP), del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) registra un 17 por ciento de usuarios y del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) cerca de 10 por ciento.

Los expertos aseveran que gran parte de la problemática de Mexicana se suscitó por estimaciones erróneas a largo plazo.

Dicho lo anterior, esta comisión considera que un concurso mercantil o un arreglo con los sindicatos, sería incierto ya que no hay trasparencia en todas sus operaciones financieras por lo que los inversionistas no tendrían la confianza de entrar a la firma.

En mérito de lo antes expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas–, somete a la consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al Poder Ejecutivo federal a que se emita una carta de crédito por 300 millones de dólares que se otorgará en calidad de capital trabajo por parte de la banca de desarrollo para posibilitar la reestructura de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico, a fin de restablecer inmediatamente las actividades de esta vital empresa de servicio público en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente,diputado Arturo García Portillo (rúbrica en contra), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica en contra), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García, diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica en abstención), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica en contra), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Tiene la palabra el diputado García Portillo, en contra de la propuesta.

El diputado Arturo García Portillo:Miren, el punto de acuerdo que quieren que aprobemos aquí dice lo siguiente, en su parte medular: se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que se emita una carta de crédito por 300 millones de pesos que se otorgará en calidad de capital de trabajo por parte de la banca de desarrollo —de dólares, perdón, de dólares—, que se otorgará en calidad de capital de trabajo por parte de la Banca de Desarrollo para posibilitar reestructura a compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico. Eso es lo que quieren que aprobemos.

El primer punto a discusión es exactamente, ¿qué quiere decir con la carta de crédito? Porque entendemos, en la parte de lenguaje financiero, lo que es una carta de crédito, pero ayer, ayer en la comisión fue una expresión literal del diputado Fernández Noroña, de que se trataba de un préstamo, un préstamo de 300 millones de dólares, más de 4 mil millones de pesos a la compañía.

Lo que digo es que esto se tiene que clarificar primero, porque nos tienen que decir con toda claridad qué es lo que pretenden de esta Cámara; si lo que se pretende —como a mí me parece— es un rescate disfrazado de una carta de crédito de una institución financiera, y en eso no estamos de acuerdo; no estamos de acuerdo con que haya un rescate disfrazado de una compañía privada. Este punto es central, además la cantidad es muy importante señalarlo.

Ahorita dije que me había ausentado, porque hoy sesionó la Comisión Bicamaral del caso Mexicana; es decir, justamente la instancia que este Congreso determinó es la especializada para estudiar este tipo de temas; aquí estamos discutiendo de un asunto que lleva meses, de los cuales tenemos poca información y en cambio, el área especializada está ya sesionando en otro lado, con otro tipo de información.

Por ejemplo, ahí el conciliador, Gerardo Badín, comentó —y lo digo a título extraoficial porque no lo escuché— que se requieren 50 millones de dólares para echarlo a andar; hay mucha diferencia entre 50 millones de dólares y 300, ¿para qué son los 300? Ya Nafin ya había prestado y ahí hay un problema con las garantías de un préstamo de más de 900 millones de pesos, a ver quién es el titular de los aviones que fueron objeto de esta garantía. Ahí hay otro problema. Ya se le prestó dinero a esta compañía, ahora quieren otro préstamo adicional; quieren disfrazarnos un rescate de la compañía por esta vía.

He insisto, insisto desde ayer que nos preocupa mucho y estamos totalmente conscientes del problema de los trabajadores; son trabajadores especializados, no es tan sencillo como que se salen de una fábrica y se meten a otra; hay pocas aerolíneas, pocos trabajos especializados para ellos. Eso hay que cuidarlo, hay que tutelarlo, pero también hay que hacerlo de la manera correcta; no podemos venir aquí a aprobar un punto de acuerdo para rescatar con dinero a cualquiera que se mete en broncas en este país, en eso no estamos de acuerdo.

Hubiéramos tenido más información; si hay la oportunidad de procesarlo como he insistido, a través de la Comisión Especializada de este Congreso, para poderlo hacer de una manera correcta.

No suena que esta Cámara, aún y cuando sea un exhorto; es un exhorto, ésa es otra discusión con la cual estoy de acuerdo con Fernández Noroña, los exhortos terminan en la nada y no en la nada, terminan para un aprovechamiento político, para salir a la calle y decir: nosotros exigimos y nosotros propusimos que se arreglara ese asunto, sin tener un análisis de las condiciones del crédito, de si es viable, a quién se le está dando; cuáles son las garantías y quién va a responder por ese recurso, que si no se paga va a ser pagado con recursos públicos.

Creo que esta Cámara, por mucho y que sea solamente un exhorto, no podemos estar haciendo aprobaciones de esta manera tan a la ligera, tan yo diría irresponsable.

Pueden ser 300, pueden ser 500 o pueden ser 100, total de eso nadie nos obliga ni nos pide cuentas de lo que estamos haciendo y estamos aprobando.

Digo que tengamos cuidado, digo que regresemos este punto a la comisión especializada en el caso Mexicana; es más, este tema justamente se le preguntó al conciliador y al juez del caso, que nos dijeran si esto era posible, cómo entraba, quién es el dueño y el tenedor de las acciones, si hay algún grupo que sea viable que vaya a rescatar y que se haga responsable de este crédito que podría hacerse; pero no tenemos esa información, porque allá sesionó la otra comisión y ninguno de los integrantes es miembro de esta Permanente. Ése es el problema práctico, de orden real, con este asunto.

Por eso es que pedimos, realmente pedimos con toda honestidad, no que le demos vuelta al tema del rescate de Mexicana, tenemos que hacer esfuerzo para hacerlo, tenemos que ayudar a los trabajadores que están en este gran problema, tenemos que ayudar a la regularización del mercado de la aviación de México, por supuesto que sí, totalmente de acuerdo, pero en la manera correcta, no con simples decretazos, que para lo único que sirven es para salir a llenarse la boca en las tribunas y no van a resolver ni un solo problema puntual de los trabajadores. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, en pro.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, deberían darme el doble del tiempo entre las alusiones y lo que tengo que decir, pero usaré sólo los cinco minutos.

Dice que no hay que rescatar a cualquiera que se meta en broncas; claro, sólo hay que rescatar a los bancos extranjeros, a los que se les dieron 800 mil millones de pesos y se les debe un billón de pesos, todos: City Bank, City Group, que es el más poderoso del mundo, a ése sí se puede rescatar, o a los que hicieron contratos para hacer carreteras privadas y luego quebraron, o se le puede rescatar o dar préstamos a Cemex, por ejemplo, que paga entre 1.5 y 2 por ciento del impuesto sobre producto de la renta, y sí se puede hacer rescate con ellos. Pero en este caso, como se trata de trabajadores, pilotos, sobrecargos, trabajadores técnicos de tierra, 8 mil; entonces, Acción Nacional dice que ahí hay que actuar con prudencia.

Que es un rescate disfrazado, sostiene mi compañero diputado; no, no es un rescate disfrazado, es un préstamo; como ellos están acostumbrados a prestarle a la gente en el círculo de poder y que no les pagan, piensan que todo préstamo es un préstamo que no se paga, pero éste no es el caso, se trata de que sí se pague, y se trata de que Mexicana vuelva a volar.

Aquí el propio texto trae datos muy contundentes; se le han dado 17 mil 323 millones de pesos a modernización y equipamiento de aeropuertos, que se privatizaron todos, y ahí Acción Nacional no puso ningún reparo; se le han entregado 2 millones 730 mil a sectores empresariales para infraestructura, y ahí tampoco puso Acción Nacional ningún reparo.

Con el cuento de la influenza se entregaron mil 300 millones de dólares a las farmacéuticas, y ahí tampoco puso ningún reparo.

Pero cuando estamos hablando de una línea aérea, la más antigua del país, la más antigua de Latinoamérica, que cubría un tercio del mercado nacional y que tiene las comunicaciones aéreas en el desastre absoluto, en costos excesivos de tarifas, en peligro en el transporte, en sobreexplotación de los equipos, de los trabajadores, en una situación verdaderamente infame, porque todo indica que el ex secretario de Comunicaciones —ya hasta ni me acuerdo cómo se llama, ya estoy como Peña Nieto—, ¿cómo se llamaba éste? Molinar Horcasitas, haciendo negocios ahí, quebrando a la mala a Mexicana, trayéndolos a los trabajadores que han sido sumamente responsables.

La única vez que se manifestaron ahí en una arteria les cargaron calor los compañeros del gobierno del Distrito Federal; muy mal, ya que no hablan nunca y cuando hablan me los jalonean. Han sido institucionales, insistentes, han buscado todas las puertas, han ido a todas las negociaciones y se les sigue negando la posibilidad de que regresen al trabajo.

Miren, la tragedia es tan grande, que a una sobrecargo de 33 años ya no la reciben en ningún lugar, ya está muy madura. Debe tener de 32 para abajo; la tragedia es tan grande, que un piloto a dónde se va, ¿se va a manejar qué? Los técnicos, mecánicos de tierra de Mexicana son de los mejores del mundo, su taller era de los mejores del mundo, venían de otras aerolíneas a hacer el servicio aquí, a nuestro país. Están en la calle; no se les ha dado nada, de la noche a la mañana literalmente se les mandó a la calle.

Los 44 mil trabajadores del SME dijeron que eran no sé cuántas barbaridades, y los de Mexicana, ¿qué son? ¿Por qué?

No estamos hablando de un rescate disfrazado, pero en lo personal estaría de acuerdo en que Mexicana volviera a ser del Estado mexicano, que volviera a ser del pueblo de México.

Se privatizó Mexicana y Aeroméxico para hacer negocios canallas, de quienes apoyaron en el caso de Mexicana a Fox, en la candidatura presidencial; le regalaron una línea aérea en 130 millones, creo, cuando valía 500; la saqueó, dejó tirado todo y hoy se les niega.

Ya vieron, afortunadamente es en vivo la transmisión de hoy del Canal del Congreso, y ya vieron cómo Acción Nacional se negaba a discutir este tema; se negara a que lo abordara, a pesar de la larga discusión que tuvimos en la comisión correspondiente.

Sé que vamos a ganar el punto y que es sólo un exhorto, y un exhorto, como aquí mismo lo ha dicho mi compañero García Portillo, que es un llamado a misa, y Calderón sólo va a misa con el cardenal Roberto Rivera y se le postra, o lo hará con el señor Ratzinger, pero no le hace ningún caso al Congreso.

Creo que debería quitarse lo de exhorto y debería exigírsele a Nafin que dé este préstamo al grupo nuevo o como se llame, que es Mexicana, y ya vuelva a volar esta línea aérea. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el senador Alejandro González Alcocer.

El senador Alejandro González Alcocer:Gracias, señor presidente. La verdad es que de todo el día ya estoy un poco cansado de oír discusiones que son bastante estériles en algunos casos; cuando nosotros decimos que vamos en contra por algunas razones, no es que estemos en el fondo en desacuerdo, sino por algunas razones.

Hoy se vio, en el ejemplo del pasado dictamen, en donde se puede llegar a un acuerdo cambiando ciertas palabras y creo que en eso hay bastante tolerancia.

Creo que aquí también no es válido el traer a la discusión la protección a los trabajadores, cuando no es ése el fondo de la discusión de este punto de acuerdo; nosotros estamos totalmente de acuerdo en que el personal completo de Mexicana se le dé una alternativa y se busquen soluciones para resolver su problemática personal, inclusive pensando en que se pudiera hacer una empresa distinta, nueva, con base a este mismo personal.

En lo que estamos totalmente en desacuerdo es que se quiera entregar más dinero, porque no es nada más suponer, hablando de la carta de crédito; aquí en los primeros párrafos del dictamen, en la hoja dos, hay dos párrafos que dicen claramente cuál es la intención, refieren que para qué se pueda garantizar la reestructura de la empresa y su puesta en funcionamiento, se requiere una inversión de 300 millones de dólares, que en el artículo 25 constitucional justifica que el gobierno realice una inversión de tal magnitud, inversión, para preservar las fuentes de empleo y para recuperar y reactivar las actividades de la aerolínea.

Se está hablando de dinero, no de carta de crédito; se está hablando de quién es el que tiene que entregar ese dinero y de quién va a dar las garantías para que esto pueda funcionar.

¿Por qué otras empresas no han querido entrarle al negocio o al asunto de Mexicana? Porque lo ven inviable, porque lo ven no posible de garantizar nada y porque era un negocio que estaba hecho con base en arrendamientos de aeronaves y que los empresarios fueron quienes lo hicieron quebrar, no los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el amor de Dios.

Esto es una cuestión tan distinta a lo que aquí se ha manejado en cuanto a las emergencias nacionales del rescate de la banca, que ahí se establecía todo el sistema financiero en riesgo.

¿Por qué se optó en el AHN1? Porque era una emergencia nacional, el riesgo de la pandemia. Esto no es lo mismo, y no es lo mismo inyectar dinero, que lo más probable vaya a parar a lo mismo que pasó antes; aquí la cuestión es resolver de fondo y sí atender por supuesto a las peticiones y a la problemática que tiene el personal de Mexicana.

Creo que hay otras alternativas, y no es a través de este llamado exhorto para una supuesta carta de crédito, que en realidad es financiamiento, que quién sabe qué garantías y quién quiera prestar, porque la verdad es absurda.

Me parece que este punto, como bien decía mi compañero diputado hace un rato, no tiene ningún sentido, cuando hay una comisión especial para este asunto que la debe ver a fondo y que sí deberíamos estar preocupados en encontrar una salida formal, de fondo, a cabalidad, de resolver lo de Mexicana y no a través de esta carta, que la verdad ni siquiera llamado a misa es. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Declino, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Declina. Se le agradece. Tiene la palabra el senador José Luis García Zalvidea.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea: Gracias, presidente y en forma muy breve. De hecho asistí a la reunión ayer de la comisión y al momento del dictamen voté en contra y mi sospecha era precisamente que estos recursos solicitados de 300 millones de dólares fueran utilizados como parte de los recursos fiscales y como tenemos una historia en México muy triste, dramática, indignante, de rescates criminales que han favorecido a los ricos en lugar de favorecer a los pobres, fui muy delicado en ese tema.

Me explicaron que esta carta de crédito es un aval que sirve de base para una institución financiera que va a resolver facilitando esta cantidad de 300 millones de dólares.

La persona que me antecedió en el uso de la palabra pregunta, ¿quién va a pagar ese dinero? Con el potencial de la aviación, de Mexicana de Aviación, con el nuevo nombre, con las instalaciones, con las rutas; aquí el botín son las rutas, los slots, los horarios de privilegio que tenía Mexicana de Aviación, ése es el botín, ese es el fondo del asunto; por eso parece una tendencia perversa —me parece— de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que habiendo ofertas suficientes y atractivas para adquirir la línea aérea, sistemáticamente han obstaculizado este proceso, en lugar de favorecerlo.

Una vez que me aclararon el origen que sería de esos 300 millones de dólares, como lo comenté en la mañana, cambié el sentido de mi voto.

En la copia que se les ha distribuido mi voto aparece en sentido negativo; modifico y lo confieso públicamente, es mi voto a favor; por eso en el Grupo Parlamentario del PRD votamos a favor de este dictamen.

Quiero concluir con este tema. Más allá de aviones, si mal no recuerdo, esta empresa que adquirió Mexicana pagó 165 millones de dólares; investigamos cuánto cuestan los aviones en la actualidad, un Boeing 737, a precio de mayoreo, comprando 100 aviones, son más de 8 mil millones de dólares. Eso significa que cada avión cuesta más de 80 millones de dólares a precio de mayoreo; aquí fue un negocio verdaderamente alevoso adquirir esta compañía, que es emblemática de México, a un precio verdaderamente ridículo.

También el hecho es que los 300 millones de dólares, si se quieren utilizar como que vengan provenientes de los recursos fiscales, eso automáticamente colocaría al gobierno como cómplice de esos malhechores, situación que nosotros no podemos permitir. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene por último la palabra el diputado Patricio Chirinos.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel:Gracias, señor presidente. Creo que es un tema que el día de ayer en la Tercera Comisión, de la cual también soy integrante, estuvimos viendo; creo que hoy al iniciar esta sesión veíamos la manera en que el presidente de la comisión, con algún argumento, no quería que este punto pudiera tratarse; al final, después de un acuerdo, creo que eso ha venido caminando y eso es muy bueno.

Sin embargo, es importante mencionar que éste es un asunto en el cual la bancada del PRI está a favor de este punto de acuerdo, sobre todo porque sabemos que los trabajadores de Mexicana representan un patrimonio y un capital con experiencia; sabemos que ese exhorto para esta carta es una manera en la que podemos reactivar el trabajo de ellos, pero también reactivar mucho la economía de nuestro país, sobre todo sabiendo el problema que se ha dejado con muchos vuelos internacionales, en los cuales se ha afectado a muchos de los usuarios.

Por eso también es de recordar que los empresarios de Mexicana, en su momento, ellos se autorrescataron defendiendo sus activos, pero dejando a la deriva a los trabajadores; por eso aquí la bancada del PRI hace evidente que el Partido Acción Nacional está en contra de los derechos de los trabajadores, está en contra de poder ahora sí avanzar en este asunto.

Por eso reiteramos, señoras y señores diputados, que la bancada del PRI está a favor de que ese punto de acuerdo siga adelante. Gracias.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Presidente, para hechos.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Perdón?

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): Para hechos.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Para hechos? Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Arturo García Portillo:Para responderle al diputado Chirinos. Mire, señor diputado, lo que no se puede venir a hacer en esta tribuna es venir a contar mentiras y usted ha dicho dos muy puntuales; una, respecto a que escondí el dictamen. Ya le quedó perfectamente claro que eso no fue así.

Pero eso es lo de menos, ése no es el tema de fondo, ésa es una mentira que usted dijo en esta tribuna hace un momento.

Segundo, tampoco le acepto la última afirmación, que también es una mentira, de que estamos en contra de los trabajadores y que no estamos de acuerdo en construir una solución.

Estamos construyendo una solución; hemos colaborado en la comisión especializada para este tema del caso Mexicana; he estado ahí, hemos estado hablando con los sindicatos cuantas veces ha sido necesario.

Hemos analizado todas las alternativas para que se pueda construir un plan viable y ha faltado el inversionista para que eche a volar esta aerolínea. Ésa es exactamente la situación en la que estamos, fuera de eso, puro discurso político.

Si ustedes quieren irse a adornar con la gente, que los están defendiendo con puro rollo, lo pueden hacer y seguramente lo harán, pero no existe ni aquí ni con este punto de acuerdo un plan viable, y esto no es una solución real para poder hacer funcionar esta aerolínea.

No existe en la mesa, en este momento, un mecanismo concreto que ustedes puedan decirnos que vinieron a aportar para darle una satisfacción justamente a los trabajadores de los cuales se dicen tan preocupados, y es falso que esto se vaya a solucionar, porque no va a haber nadie —y lo saben ustedes perfectamente—, que quiera otorgar 300 millones de dólares de crédito sin ningún tipo de garantías a quién sabe quién, porque quién sabe quién es ahorita el que puede echar a andar, el dueño de esta aerolínea. Gracias.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, senador. Para hechos, tiene usted la palabra, senador.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Gracias. Desde luego que haciendo mías las palabras del diputado Arturo García Portillo, por supuesto que se han hecho aquí unas alusiones que son verdaderamente inaceptables, pero, primero déjenme hacer un planteamiento e invitarlos a la reflexión.

Este punto de acuerdo está planteando —y esto es lo que me preocupa—, está planteando flagrantemente una violación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; es innegable, lo invito a que la lea.

No es simplemente decirle al Ejecutivo: ponle la lana; porque finalmente esa carta de crédito es: ponle la lana. Esto no aparece en el presupuesto.

Entonces, si vamos a estar atenidos, yo le pregunto si usted estaría aceptando que el presidente le ponga dinero a todo aquél que se lo venga a pedir con distintas razones y demás.

Me parece muy importante que seamos muy conscientes; tendremos que indicar a qué se lo vamos a recortar, y en fin, hay otros muchos lineamientos que aparecen en esa ley a la que me he referido, que es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y le invito que particularmente consulte el artículo 18.

Por el otro lado, usted ha mencionado que no nos preocupan los derechos de los trabajadores; es una pena, pero usted me da oportunidad a traer a esta tribuna el tema de la reforma laboral; es ahí en donde sí, con esa detención, con ese congelamiento de la reforma laboral, ahí sí están deteniendo el crecimiento de los señores trabajadores y sus familias, por cierto. Éste es un concepto mucho más amplio.

No entro mucho al debate de la reforma laboral; no es el tiempo, no es el espacio, pero sí, señor diputado, lo invito a que cuide sus palabras. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Han solicitado la palabra para rectificar hechos: el diputado Fernández Noroña, el diputado César Augusto Santiago; una vez concluidos estos dos oradores pondremos a votación si el tema está suficientemente discutido. Tiene la palabra, señor Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Muchas gracias, diputado presidente. Ya estaba con la idea que se votara; pero dejar pasar las últimas intervenciones de mis compañeros del Partido Acción Nacional sería incorrecto; primero, porque dicen: ahora resulta que Nafin tiene etiquetados todos los préstamos que va a dar el próximo año; que no hay.

¿Eso dónde está? ¿Dónde dice que Nafin en el presupuesto dijo ya a quiénes les van a dar los préstamos? Eso me impresiona mucho, el nivel de desconocimiento, compañero legislador, porque eso no es así, Nafin tiene un fondo y va decidiendo a quién le presta.

Nosotros creemos que Mexicana es de la máxima prioridad; un tercio del mercado nacional, 8 mil trabajadores en la calle, 6 mil trabajadores indirectos.

Pero como dicen ustedes los abogados, aceptando sin conceder...

No caeré en esa provocación de llamar a Vázquez Mota.

Entonces, decía, compañero, García Portillo, que esto no va a resolver; bueno, entonces planteemos algo que resuelva, que se den los fondos o hagámosla otra vez empresa del Estado mexicano y por lo tanto, del pueblo de México, o planteemos una cooperativa, como decía un compañero senador, o hagamos algo pero ya y echemos a andar Mexicana, porque todos estamos viviendo el sobreprecio de los boletos de avión; todos estamos con los problemas de que los vuelos van saturados, de que te dejan abajo, de que está en peligro la vida de la gente con la sobreexplotación que hay de los equipos y además de que es una cosa gravísima mandar a los trabajadores a la calle.

Pero dicen que quieren a los trabajadores, y tienen una extraña forma de quererlos, porque quieren una reforma laboral que es a favor de los empresarios; quieren legalizar el outsourcing, que outsourcing en español quiere decir: te vamos a fregar, porque de lo que se trata es de quitarle seguro social, quitarle aguinaldo, quitarle vacaciones, quitarle antigüedad, quitarle todos los derechos a los trabajadores del país, ¿y eso es lo que quieren para los trabajadores? No, pues como decía la canción, yo les cantaría Ay amor, ya no me quieras tanto, porque con esas maneras de querer a la gente.

Entonces sí aman a la gente, si tienen 40 millones en extrema pobreza, 80 millones de pobres, o 100 millones, como dicen, ahora le llaman, usan un eufemismo que dicen en situación, creo que difícil, no sé. Ya no me acuerdo exactamente el término técnico que usan, pero lo único que hacen es encubrir los grados de miseria, de desigualdad, de injusticia, desesperanza que hay en la población de nuestro país.

Quiero dejar aquí sentado; primero, que es falso que estén defendiendo a los trabajadores. Llevan más, creo que ya van a cumplir dos años y no ha habido en esa comisión ni en ninguna de las autoridades del gobierno de su partido, ninguna señal de querer resolver el problema de Mexicana; no ha habido una sola medida que beneficie a los trabajadores ni siquiera les ha importado que llevan todo este tiempo sin ningún ingreso; no ha habido ni siquiera una salida de apoyo extraordinario para que los trabajadores puedan atemperar la grave necesidad que tienen después de haber sido despedidos de la noche a la mañana por la vía de los hechos, y tampoco es cierto que tengan voluntad de resolver el asunto de fondo.

Desde aquí termino emplazándolos a que den esas muestras de voluntad; a que presenten, si ésta no les gusta —que de todos modos supongo será aprobada—, una medida de solución definitiva a el tema de Mexicana de Aviación.

Les digo que si insisten en el período ordinario con querer aprobar la reforma laboral, creo que tienen muy difícil ganar la Presidencia, pero si insisten en ese intento desde ahora les auguro que no la ganarán ni aunque hicieran todas las maniobras fraudulentas posibles, todas las campañas negras y todos los mecanismos en los que se han distinguido en los últimos procesos electorales; creo que se irán a la oposición y les hará bien, porque les hace falta una cura de ese tamaño. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez:Buenas tardes, compañeras y compañeros, simple y llanamente queremos precisar nuestra conducta en este tema, nos interesa apoyar a los trabajadores de Mexicana y nos interesa ver cómo esta empresa tan importante en la vida del país, vuelve a volar. Ésos son los asuntos de fondo.

Pero hay algunos colaterales que se mencionaron aquí y por eso mi intervención es para rectificar hechos, y una tiene que ver con este asunto de que no está en el Presupuesto de Egresos ni en las disposiciones legales correlativas.

Quiero decirles a ustedes que el problema de este asunto no quisiera que fuera a derivarse en una discusión de otro tipo, porque de lo que se trata es de sacar este punto de acuerdo bien, pero quiero decirles a ustedes, amigas y amigos, que es exactamente lo mismo que acaba de hacer el presidente Felipe Calderón, con su propuesta para dar becas a los estudiantes, con un crédito de Nafinsa; no hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo, nada más que en aquel caso lo hizo de manera autoritaria el presidente Calderón, como evidentemente podrá advertirse, como un acto de campaña política, pero es lo mismo: es una instrucción a Nacional Financiera para que elabore un crédito formidablemente importante y pueda darse con esta base la oportunidad a los jóvenes que acudan a la enseñanza superior y media. Es exactamente lo mismo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación —me dicen los que saben— no hay ninguna disposición acerca del presupuesto de Nafinsa; no podría haberla, es la banca de desarrollo, que tiene un estatuto jurídico propio; sí se analiza el contexto para saber el tamaño del déficit de la banca de desarrollo, pero es nada más una variable, no podemos nosotros incidir en su desempeño y los mecanismos que tiene.

Si me preguntan, creo que la banca de desarrollo ahorita es un fracaso, es un tremendo fracaso; Nafinsa y todas las demás instituciones se han dedicado a rescatar a empresarios voraces, como es el caso de Mexicana, que yo quisiera aprovechar para concluir mi intervención, que para no prejuiciar este tema, que nos urge resolver como está planteado, le pediría desde luego al presidente que convocáramos a una sesión para debatir el fondo de Mexicana de Aviación desde la perspectiva del empresario que manejó la compañía.

Porque vean ustedes, tengo un gran problema con la Secretaría de la Función Pública, porque la Secretaría de la Función Pública no resuelve nunca nada, siempre terminan metiendo a la cárcel a los carteros y no entiende que en el fondo hay un problema de impunidad, de falta de respeto a la legislación de este país; el empresario de Mexicana de Aviación se autorrescató, él primero salvó sus finanzas personales y luego dejó a la deriva a la empresa, a los trabajadores y al prestigio del país y no pasa nada en este país.

¿Por qué no resolvemos —amigos y amigas legisladores— este tema en este momento lo votamos ya y dejamos para un debate de mayor amplitud aquí en el pleno este oprobioso asunto de Mexicana de Aviación? Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra el tema suficientemente discutido.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si consideran que está suficientemente discutido el asunto. Las legisladoras y legisladores que estén por considerar que está suficientemente discutido favor de levantar la mano. Los que estén porque no esté suficientemente discutido que por favor levanten la mano. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior dictamen es de aprobarse. Las legisladoras y legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.Sí, señor.

COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Ya estamos de acuerdo en mi punto de acuerdo, ¿sería usted tan gentil de someterlo a la votación de la asamblea, por favor?

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Con gusto lo haré, si usted me permite primero.

Previamente, quisiera informa a la asamblea que el día de mañana una comisión de esta Mesa Directiva acompañará a los dirigentes sindicales de Mexicana a tener una entrevista con el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien amablemente ha concedido reunirse con esta comisión de la Mesa Directiva y de los líderes sindicales, para tratar el tema y buscar vías de solución.

Le pediría al senador Tamborrel que pudiera leer las conclusiones a las que llegó la comisión que discutió consensuó el punto de acuerdo por el diputado César Augusto Santiago. ¿Lo tiene usted? Si no tiene usted inconveniente, senador, que lo pueda leer el secretario.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): No tengo inconveniente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No teniendo inconveniente, por favor, léalo.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los comisionados de la Cofetel para que expliquen la práctica de asignaciones directas en ella; y se exhorta a la SFP y a la PGR a realizar las investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de servidores públicos adscritos a dicho órgano en la asignación de contratos, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y décimo primero del acuerdo de la Comisión Permanente por el que se establecen los lineamientos para el desarrollo de las sesiones durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor literal de las siguientes

Consideraciones

I. El ciudadano Mony de Swaan Addati, en su gestión como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha violado diversas disposiciones del orden federal en perjuicio del erario y del sano desarrollo democrático del país; a saber:

II. Con fecha 25 de noviembre de 2011, en el artículo “Los amigos de Mony y la transparencia en Cofetel”, publicado en Milenio Diario, el periodista nacional Hugo González denunció que a esa fecha en el sitio de transparencia de dicha institución, solamente se encontraba publicados los contratos celebrados desde 2006 hasta 2010, sin que estuvieran publicados los correspondientes a 2011.

III. Una copia del artículo del mérito se adjunta al presente punto de acuerdo marcado como anexo uno.

IV. Con la misma fecha, el propio funcionario público, manifestó públicamente mediante su cuenta de la red social Twitter que, en efecto no se encontraban publicados tales contratos debido literalmente a que “ni cuenta nos habíamos dado”, confirmando la falta de su publicación.

V. Una imagen de la pantalla que contiene la manifestación anterior se adjunta al presente punto de acuerdo marcada como anexo dos.

VI. Los hechos anteriores constituyen una flagrante contravención a lo previsto por la fracción XIII del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, cuyo tenor literal es el siguiente:

Artículo 7. Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamentoy los lineamientos que expida el instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61, entre otra, la información siguiente

...

XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato.

VII. Cabe destacar que el artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que las dependencias deberán actualizar la información señalada en el artículo 7 de la citada ley “al menos cada tres meses”, y que dicha información “deberá permanecer en el sitio de Internet, al menos durante el periodo de su vigencia”.

VIII. Ahora bien, el artículo 63, en el capítulo de responsabilidades y sanciones de la ley de transparencia, es del tenor literal siguiente.

Artículo 63. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes:

...

II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.

IX. El mismo día de la denuncia del periodista y de la aceptación del funcionario, fueron publicados en el sitio de Internet los contratos celebrados por la institución durante 2011.

X. Con fecha 16 de diciembre de 2011, la agencia internacional de noticias Thomson Reuters –la más grande del mundo en su clase– publicó un artículo investigado y redactado por sus afiliados Patric Rucker y Elinor Comlay titulado Mexico telecom regulator signs contracts to friends (en español, El regulador de telecomunicaciones de México firma contratos con amigos).

XI. En la publicación fueron denunciados actos de favoritismo contractual con cuantiosos beneficios económicos incurridos por el mismo presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

XII. Al respecto, la parte conducente del artículo en comento, en su versión en español, es del tenor literal siguiente.

El presidente regulador mexicano de los sectores de telefonía y televisión aprobó dos contratos con un valor cercano de los 200 mil dólares a empresas dirigidas por dos amigos, incluyendo a uno que trabaja como cabildero para empresas de telecomunicaciones.

Los contratos fueron para relaciones públicas y trabajo legal para el regulador de las telecomunicaciones, la Cofetel, y fueron firmados por el presidente de éste, Mony de Swaan.

Uno de los contratos fue para el consejero externo Pablo Héctor Ojeda, quien recibió aproximadamente 90 mil dólares por cuatro semanas de trabajo. El otro fue para Total Strategy [Estrategia Total], una firma de relaciones públicas fundada por el abogado Peter Bauer, que recibió un pago de alrededor de 120 mil dólares por aproximadamente cuatro meses de trabajo.

Bauer y Ojeda son socios en otra firma legal, y De Swaan llama a ambos “amigos cercanos”.

De Swaan ha estado usando la casa de fin de semana de Bauer en la exclusiva localidad de Valle de Bravo, cerca de la Ciudad de México, desde mediados de septiembre, unas semanas después de que Total Strategy [Estrategia Total] obtuvo su contrato con la Cofetel, dijeron ambos.

Tres personas en la industria dijeron que de Swaan los ha presionado en los últimos 12 meses para que contraten a Bauer. De Swaan negó eso, diciendo que solo respondió a una solicitud de la compañía telefónica Alestra, que estaba buscando un asesor en materias relacionadas con la Suprema Corte de Justicia de México.

XIII. En efecto, la Cofetel publicó en su sitio de transparencia los registros de los contratos de presentación de servicios, otorgados por vía de adjudicación directa,de los cuales destacan los siguientes (se señala por el cambio del tamaño de letra):

• Contrato folio CFT/CGA/CGCS/AD/034/11 otorgados con fecha cuatro de agosto de 2011 a la sociedad Estrategia Total, SC, por concepto de “servicios especializados en materia de comunicación estratégica” con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2011, por un monto de 1 670 400.00 pesos.

• Contrato folio CFT/CGA/CGCJ/AD/037/11 otorgado con fecha 15 de agosto de 2011 al licenciado Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, por concepto de “servicios de asesoría y consultoría especializada en materia jurídica, derecho administrativo y constitucional” con vigencia hasta el 15 de septiembre de 2011, por un monto de 1 229 600.00 pesos.

XIV. Una copia de lista completa de los contratos celebrados en 2011 se adjunta al presente punto de acuerdo marcada como anexo tres.

XV. Los cuestionamientos expuestos por Thomson Reuters y confirmados mediante la publicación de los contratos en el sitio de transparencias, hacen suponer que el presidente de la Cofetel favoreció a sus amistades mediante la indebida adjudicación directa de éstos.

XVI. Sin embargo, dichas amistades no representan personas o empresas con prestigio reconocido por las industrias de las telecomunicaciones en nuestro país. Es decir, su capacidad profesional carece de certidumbre o credibilidad en el sector.

XVII. ¿Cómo es posible que en un país con las problemáticas socioeconómicas como las del nuestro, una persona reciba como contraprestación por el trabajo de un mes la cantidad de 1 229 600.00 pesos, cuando el salario mínimo general mensual equivale aproximadamente a 1 260 pesos mensuales,sobre todo cuando dicho trabajo constituye una duplicación de las funciones del área institucional correspondiente?

XVIII. Adicionalmente a estas indebidas adjudicaciones contractuales, tales contrataciones replican funciones específicas de áreas internas de la propia Cofetel,lo que constituye una duplicación de funciones y, por ende, un dispendio ilegal de recursos.

XIX. Esto contraviene a su vez el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

XX. En aras de lo anterior invoco lo previsto en el artículo 257 del Código Penal Federal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Articulo 217. Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades

I. El servidor público que indebidamente

...

D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos públicos.

...

Al que cometa el delito a que se refiere al presente artículo, se le impondrá de seis meses a doce años de prisión, de cien a trescientos días de multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

XXI. Conforme a lo anterior, es de suponerse que, el ciudadano Mony de Swaan Addati, en su carácter de presidente de la Cofetel, pudo haber realizado indebidamente enajenaciones de servicios, favoreciendo directamente a sus amistades cercanas con cuantiosos recursos públicos e incurrir en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

XXII. En el país, que ha luchado por consolidar su vida democrática, y que ha ido aquilatando una cultura de transparencia en el ejercicio público, no puede tolerarse que prevalezcan este tipo de prácticas personalizadas que directamente favorecen a personas que mantienen lazos amistosos con altos funcionarios del gobierno federal. Este actuar es vergonzoso.

XXIII. Por otra parte, del mismo artículo publicado por la agencia Thomson Reuters se desprende otra presunta actuación indebida por parte del citado funcionario, consistente en “recomendar” a sus empresas reguladas que contraten los servicios del señor Peter Bauer, uno de los accionistas de Estrategia Total, SC, y beneficiarios de los contratos a que se refiere el mismo artículo periodístico. Adicionalmente, se expone que el funcionario de mérito recibe a cambio dádivas en especie, al utilizar la casa propiedad del mismo señor Bauer ubicada en Valle de Bravo, estado de México, para su esparcimiento durante los fines de semana.

XXIV. El solo hecho de que el representante de una empresa concesionaria, es decir, una empresa regulada por la Cofetel, reconozca a los reporteros autores del artículo de Thomson Reuters haber recibido la sugerencia del presidente de ese órgano desconcentrado para que contratara al señor Bauer constituye en sí misma una actuación que se aparta de la ética con que deben conducirse todos los servidores públicos y que podría ser violatoria de lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que debe ser investigada por la Secretaría de la Función Pública.

Por lo expuesto y fundado, al pleno de esta soberanía legislativa solicito lo siguiente:

1. Citar a comparecer a los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y al oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para proveer las explicaciones que corresponda por la práctica que se ha venido siguiendo en ese órgano administrativo desconcentrado por lo que hace a la contratación mediante adjudicación directa de servicios diversos durante 2011 y 2012, así como a la falta de transparencia oportuna respecto a dichas contrataciones.

Los esclarecimientos deberán destacar, entre otros, los siguientes puntos:

- Los motivos administrativos o coyunturales por los cuales se fincó la necesidad institucional para contratar directamente de las personas físicas o morales respectivas, la presentación de los servicios de mérito.

- Los fundamentos de ley, norma o costumbre conforme a los cuales se justificaron las contrataciones adjudicadas directamente por el órgano administrativo que preside.

- La cuantificación de los valores de mercado respecto de los servicios recibidos, mediante los cuales se llegó a la definición de las cantidades que fueron directamente adjudicadas.

- Los motivos por los cuales se violó la legislación de transparencia al omitir publicar, sino hasta el 25 de noviembre, los contratos celebrados entre la Cofetel y sus prestadores de servicio durante 2011.

- La política de la Cofetel relativa a la celebración de contratos mediante adjudicaciones directas y de recomendar a abogados externos a las empresas reguladas.

2. Exhortar a la Secretaría de la Función Pública a iniciar una averiguación a efecto de fincar las responsabilidades y sanciones al funcionario de referencia que resulten procedentes por su actuar administrativo descrito en el presente punto de acuerdo, con arreglo a lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

3. Exhortar a la Procuraduría General de la República a iniciar de oficio una averiguación previa con la finalidad de determinar si las actuaciones del funcionario de referencia que se desprenden del presente punto de acuerdo constituyen la comisión del delito de uso indebido de las atribuciones y facultades establecido en el Código Penal Federal.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Reconociendo el principio de la separación de poderes, la Cámara de Diputados cita a comparecer ante la Comisión de la Función Pública al comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para los fines descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconociendo el principio de la separación de poderes, exhorta a la Secretaría de la Función Pública a abrir un proceso de averiguación administrativa respecto a los hechos descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, reconociendo el principio de la separación de poderes, exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las indagatorias relativas y dar inicio a una averiguación previa, por los hechos descritos en el cuerpo del presente ocurso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias. Sí, senador.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Gracias, presidente. Coincido plenamente en cuanto a los resolutivos a lo que el secretario ha dado lectura; solicitaría si también fuera tan amable de dar lectura al considerando 21 —si no me falla la memoria—, que también hemos acordado reformar.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Sí, Vigesimoprimero.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda la Secretaría.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Claro, presidente. El Vigesimoprimero diría: Conforme a lo anterior es de suponerse que el ciudadano Mony de Swaan Addati, en su carácter de presidente de la Cofetel, pudo haber realizado indebidamente enajenaciones de servicios favoreciendo directamente a sus amistades cercanas con cuantiosos recursos públicos e incurrir en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Satisfecho, señor senador?

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Sí.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si la proposición, con las correcciones que se hicieron tanto a los considerandos como a los resolutivos es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén por que se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.

Le solicito de favor a esta asamblea que podamos continuar trabajando para culminar algunos puntos urgentes; uno de ellos es el tema que estando en turno fue pospuesto al final ante la insistencia muy comedida del diputado César Augusto Santiago, a quien le pido que nos acompañe en estos temas puesto que son muy importantes, que es el caso de la comparecencia de Pemex y el tema particularmente delicado de la situación de emergencia que pasa con nuestros hermanos indígenas de Chihuahua.

Entonces, que pudiendo una vez que hayamos terminado estos dos puntos, porque ya hemos excedido el plazo límite, si lo hacemos con rapidez seguramente podremos tener puntos de acuerdo rápido y desahogar.

PETROLEOS MEXICANOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Tercera Comisión, por el que se cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos para que informe de la relación de la paraestatal con la empresa española Repsol y la empresa Sacyr Villahermoso; en virtud de que ha sido distribuido entre las legisladoras y los legisladores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: «Dictamen de la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director general de Pemex para que informe de la relación de la paraestatal con las empresas española Repsol y Sacyr-Vallehermoso

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que explique los motivos del fracaso de la negociación con la asociación española Repsol, suscrita por el diputado José Luis Velasco Lino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y

2. Por el que se solicita la comparecencia del director general y otros funcionarios de Pemex para que informen sobre el acuerdo de accionistas con la empresa Sacyr-Vallehermoso, suscrita por el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de las proposiciones, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.

Consideraciones

I. Con relación a la proposición enumerada en el proemio en primer lugar, presentada por el diputado José Luis Velasco Lino, se transcribe lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, para que explique los motivos del fracaso de la asociación de la paraestatal con la empresa española Repsol y el posible quebranto que sufrió la empresa mexicana con esa operación fallida.

II. En relación con la proposición enumerada en el proemio en segundo término, presentada por el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, se transcribe lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se citan a comparecer ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión al director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, así como a los directores corporativos de Finanzas y de Operaciones de la paraestatal, igual que al director general de PMI Holdings.

Tal comparecencia tiene la finalidad de que los funcionarios citados expliquen los motivos, las razones y los objetivos reales perseguidos por Pemex al suscribir el acuerdo de accionistas con Sacyr-Vallehermoso el pasado 29 de agosto, así como su legalidad.

De igual forma, para que expliquen ante la citada comisión de esta representación ciudadana las acciones por seguir –y las razones de éstas–, así como la estrategia de acuerdos internacionales seguida por la petrolera mexicana, una vez que el mencionado acuerdo de accionistas ha quedado extinguido.

III. Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta que en el marco de la glosa del quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el director general de Pemex compareció ante las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados el 19 de octubre de 2011.

Que uno de los temas centrales de dicha comparecencia fue el de la relación que Pemex tiene con la petrolera española Repsol, en la que se sostuvo un diálogo entre legisladores y el director general de la paraestatal sobre los objetivos, los beneficios y las implicaciones, y los aspectos legales y procesales de la operación realizada por Pemex con la empresa extranjera.

Que la materia de las proposiciones con punto de acuerdo en estudio resultan de gran relevancia, por lo que se considera oportuno llevar a cabo una reunión con el director general de Pemex y demás funcionarios para que informen respecto al estado que guardan, por un lado, las negociaciones que mantiene la asociación de dicha paraestatal con la empresa española Repsol; y, por otro, que puedan informar sobre la situación que guarda la relación con la empresa Sacyr-Vallehermoso.

En efecto, los integrantes de esta dictaminadora valoran la importancia de sostener una reunión con el director general de la paraestatal para que esta soberanía pueda estar mejor informada y normar debidamente su criterio.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora estima prudente solicitar la información sobre la situación de la relación que sostiene con Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso, con las respectivas particularidades de tal operación, así como acordar citar a comparecer al director general de Pemex para que amplíe la información materia del presente punto de acuerdo.

En mérito de lo expuesto, la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita al director general de Petróleos Mexicanos que remita un informe por escrito a esta soberanía, en un plazo no mayor de una semana, contado a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, sobre la relación que sostiene Pemex con la empresa petrolera española Repsol y la empresa Sacyr-Vallehermoso, en el que se detallen el aspecto legal, los costos de la ruptura del acuerdo con Sacyr-Vallehermoso, y el plan de acción a futuro que tiene considerado la paraestatal respecto a las implicaciones de la resolución de controversias con un marco legal extranjero.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos ante la Tercera Comisión de la Permanente, el lunes 30 de enero de 2012, para que amplíe la información materia del presente punto de acuerdo.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2012.

La Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, diputado Arturo García Portillo (rúbrica en contra), presidente; diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica), secretarios; diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, diputado Gerardo Sánchez García (rúbrica), diputado Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica en contra), senador José Antonio Abadia San Martín (rúbrica en contra), senador Guillermo Tamborrel Suárez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Están a discusión los puntos de acuerdo. No habiendo nadie registrado, consulte la Secretaría si se encuentran suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutidos. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo propuestos.

El Secretario diputado Rigoberto Salgado Vázquez: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados. Comuníquense.

SIERRA TARAHUMARA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el senador Ramón Galindo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chihuahua para que atiendan de manera urgente e inmediata las contingencias sociales y climáticas presentadas recientemente en la sierra Tarahumara de Chihuahua, a nombre de varios diputados y senadores que coincidieron presentando este punto de acuerdo.

El senador Ramón Galindo Noriega: Gracias, presidente y además, agradecido de que haya hecho el comentario, porque el trabajo original fue realizado por compañeros legisladores del PRD, a quienes les agradezco el interés por la situación de mi estado, de Chihuahua, algunos compañeros del PRI también. De hecho en la Cámara de Senadores han sido muy sensibles a la situación de Chihuahua, que ha dado como resultado una propuesta que incluye todos los elementos de preocupación y de inquietud que tenemos todos, en relación a lo que pasa en este estado nuestro.

Decir, damas y caballeros, que la situación sí es muy crítica en la sierra de Chihuahua, como es muy probable que sea crítica en otros lugares del país.

El nivel de pobreza en la sierra tarahumara es francamente alarmante; no existen fuentes de ingresos regulares, no solamente para los indígenas, sino prácticamente para nadie; la situación de inseguridad pública, la situación de aislamiento, aunado a los aspectos de frío y de sequía, han convertido el reto de la vida en una situación muy complicada.

Lo que muchas veces no se sabe, fuera de Chihuahua, es que éste es un asunto que se repite cotidianamente, es un asunto cíclico en donde cada año, cada temporada, no solamente en invierno, sino en verano por el calor o también por la sequía, el rarámuri enfrenta el mismo reto, siempre tenemos el mismo problema porque el problema a final de cuentas es la pobreza, a final de cuentas el problema es una economía inexistente que no da respuesta a lo que requiere no solamente el tarahumara o el rarámuri, sino la persona en general.

Y ante una situación cíclica que se repite una y otra vez, las respuestas de los shabochi, los mestizos, como nos llaman los rarámuris, es la misma también, no hay una respuesta diferente en los últimos 200 años.

Las respuestas son de mandarles cobijas, de mandarles alimentos enlatados, de mandarles materiales de construcción, de mandarles medicamentos; no es malo en sí mismo, pero la respuesta que se dé a la nación rarámuri, no puede limitarse a la dádiva, no debe limitarse a la limosna, no debe ser solamente de dependencia para lo que les hagamos llegar, de la generosidad de las universidades.

Veo que aquí mismo en la Ciudad de México ya hay organizaciones que están otra vez recibiendo donativos para hacerlos llegar a la sierra de Chihuahua, como cada año, allá en el estado, también en Juárez, en Chihuahua, en Parral, en Cuauhtémoc, en Delicias, se repite este esquema año con año.

Pero, damas y caballeros, no hemos hecho llegar lo que podría ser realmente la diferencia, y no son las cobijas, son aspectos que tienen que ver con un trato respetuoso hacia el indígena, con un proyecto de crecimiento de la economía, de la generación de empleo, de la explotación de las habilidades, de la historia, de la cultura, de la forma de ser, de las áreas geográficas tan impresionantes, motivo de gran admiración dentro y fuera del país.

No hemos hecho un esfuerzo serio de coordinación con ellos mismos para establecer formas económicas que les permitan dejar de depender de las colectas anuales. De hecho, amigos y amigas, se han acostumbrado los rarámuris a estas colectas, los hemos acostumbrado a que ya sea una obligación llegar a entregar medicamentos, alimentos, agua, etcétera.

Eso no ha ayudado a generar un ánimo propio local para hacer crecer la convivencia a partir del propio esfuerzo; por eso es que ahora que se generó esta preocupación por lo que pasa en Chihuahua, quisimos agregar un párrafo adicional que incluyera la necesidad de trabajar, no solamente haciendo llegar cosas, sino modificando la organización local; tratando de generar proyectos que los hagan depender de ellos mismos, más que de fuera.

Ustedes me dirán: es que ahorita hay un problema severo, se están muriendo indígenas y hay que atenderlos. Absolutamente de acuerdo. Hay que acudir a apagar el incendio, pero paralelamente, creemos los legisladores que hemos trabajado en este proyecto que debemos también darle forma a un proyecto que los haga dejar de depender de nosotros; que empiecen a generar una explotación de lo que tienen y que los haga depender más de ellos mismos.

Agrego un par de elementos que hacen más dramática la situación: la presencia del crimen organizado; la presencia del crimen no se da solamente por allá en mi ciudad, en Juárez, sino que como es incluso más frágil la institución local en la sierra de Chihuahua, no hay manera que la institución de gobierno pueda presentar exitosamente cara a las amenazadas del crimen organizado, y número dos, dado que la economía en estas partes del país es muy insuficiente, el rarámuri no tiene opción y cuando llega el criminal y obliga de alguna manera al indígena a cultivarle la mariguana o la amapola, no tiene opción el indígena.

Por eso es que no es suficiente con hacer llegar cobijas, tenemos paralelamente que trabajar en otro tipo de proyectos que le dé personalidad a la región, a la comunidad, incluso respetando los hábitos y las prácticas de ellos, pero en un esquema que les permita explotar el caudal de elementos y de factores que ya tienen.

En ese sentido, nos hemos puesto de acuerdo legisladores de todos los partidos para presentar el punto de acuerdo en los siguientes términos:

Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Chihuahua que en el marco de su competencia instrumente de manera inmediata la aplicación de programas para enfrentar la evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas de la región.

Segundo. Esta comisión en el marco de la división y colaboración de poderes exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua, para que soliciten la liberación de recursos procedentes del Fondo de Desastres Naturales al Ejecutivo federal, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, de ser procedente —y evidentemente es— lleven a cabo la liberación de los mismos, en los términos de ley para la atención de la problemática y contingencia climática de la sierra Tarahumara.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Chihuahua, así como a los ejecutivos de los municipios de la sierra Tarahumara, que son más de 20 en dicha entidad, que al efecto corresponda a que en el marco de sus respectivas atribuciones y a través de las dependencias y organismos correspondientes, se diseñen estrategias de corte económico y social que promuevan e incentiven la productividad y el desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en la sierra Tarahumara.

De manera que a mediano y largo plazo, independientemente del apoyo subsidiario que la situaciones de emergencia reclaman de los diferentes órdenes de gobierno, se encuentren en posibilidades de enfrentar, tanto las contingencias climáticas como la carencia que resulta de las mismas. Atender las dos dimensiones del problema: lo inmediato y lo que requiere de modificaciones y cambios estructurales en la organización local y en la economía local.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita, con carácter de urgente, al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Chihuahua remita a esta soberanía un informe detallado sobre:

1. La precaria situación que enfrentan los pueblos rarámuris de la sierra Tarahumara, y no solamente los rarámuris, los pimas y los guarijíos que son parte también de las comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua.

2. La información dada a conocer en los medios de comunicación y redes sociales el pasado 15 de enero, referente al supuesto suicidio de 50 mujeres y hombres por la desesperación de no tener alimentos para ellos y sus familias.

Debo decir, señor presidente, que se ha comentado que esto no es así, que no hay tales suicidios, lo cual no le quita angustia al problema; que no haya suicidios, no incrementa de ninguna manera el nivel de vida de estos compañeros nuestros, hermanos mexicanos nuestros, de manera que es igual de importante tener esta información y por último las medidas y acciones comprendidas para atender la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas de la sierra tarahumara.

Ojalá que en esta ocasión, como ha sucedido equivocadamente en otros momentos de la historia de México, con los pueblos indígenas y también con las comunidades locales, no nos quedemos solamente en lo asistencial, sino que hagamos un esfuerzo serio, responsable, incluyente, que pueda modificar de raíz la manera cómo viven nuestros hermanos indígenas tanto en Chihuahua como seguramente en otras partes del país.

Quiero reconocerle a los compañeros diputados y senadores tanto del PRI, del PRD, de Acción Nacional, su interés en este tema, y a nombre de Chihuahua abrazarlos por el interés que han mostrado para una situación tan dramática y tan recurrente como la que tenemos en este momento. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias senador Ramón Galindo Noriega.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón, si me permite primero. Como se habrán dado cuenta dimos cinco minutos de más que no será muy frecuente, pero siendo este tema tan delicado y tan sensible, creímos que era necesario. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera este punto de urgente resolución.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Las legisladoras y legisladores que estén porque así se considere favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se considere favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque se considere, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se considera de urgente resolución; en consecuencia, está a discusión la proposición. Se han anotado ante esta Presidencia la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, el diputado Armando Ríos Piter, el diputado Gerardo Sánchez y el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Presidente, yo quiero participar en la siguiente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ya no habrá siguiente. Bueno, ahorita veremos si hay siguiente, por lo pronto, entiendo no hay orador del PRI en este tema. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como bien se ha señalado, los indígenas tarahumaras están padeciendo una crisis alimentaria muy grave debido a las sequías y heladas que se han presentado en el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora, donde habitan; desafortunadamente los indígenas tarahumara habitan en una región en donde hay escasez de agua, hay un clima extremoso, profundas barrancas y cumbres y condiciones que han agravado su situación de pobreza y marginación.

Además de estas condiciones, hoy enfrentan otra etapa extrema debido a la sequía y las heladas que afectan su principal actividad como medio básico de vida, que es la agricultura.

Ante esta situación, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha entregado en el estado de Chihuahua apoyos extraordinarios en respuesta a esta grave situación.

Los apoyos federales a esta entidad para 2012 ascienden a un aproximado de 945 millones de pesos para darle atención a la zona afectada del estado, y se espera incrementarlos; dichos apoyos se distribuyen ya en los municipios de Carachi, Guachochi, Balleza, Morales, Batopilas y Bocoyna, entre otros; sin embargo, no se tiene información de cuáles han sido los apoyos que el gobierno del estado de Chihuahua ha destinado para atender las demandas de esta comunidad indígena.

Compañeras y compañeros legisladores, estos momentos de desgracia para el pueblo indígena se requieren acciones coordinadas y corresponsables y sin ningún tipo de interés político mediático, tanto del gobierno federal como del estado; es por ello que los conmino y que hagamos todos, en nuestro ámbito de gobierno, mismos que deben de trabajar unidos, el esfuerzo y trabajo que debe ser corresponsable para ayudar a mitigar la grave situación que están padeciendo nuestros hermanos indígenas, y que viven en esta Sierra Tarahumara.

Esperamos que el gobierno estatal no minimice, como lo ha hecho, la problemática, y que se realice lo que corresponde para que esta zona sea declarada también zona de desastre y que aporte apoyos y recursos que el estado debe de tener para la atención de esta zona.

Pero más allá de la atención que se requiere o que requiere esta situación extraordinaria, y por lo cual yo votaré a favor de este punto de acuerdo, se debe trabajar también en una política de Estado que atienda y solucione de raíz las condiciones de pobreza y marginación de este pueblo indígena.

Nadie puede ser omiso ante sus reclamos, cada ámbito de gobierno debe de asumir su responsabilidad. Implementar acciones de políticas públicas que dirijan a resolver esta problemática recurrente año con año en esta zona, en Chihuahua, tal y como se ha hecho en mi estado de Chiapas, al tener por decisión del Ejecutivo del estado los 10 objetivos de desarrollo del milenio en rango constitucional y direccionar recursos y programas de atención integral y coordinada con el gobierno federal, a favor de los pueblos y comunidades de muy alta marginación, para sacarlos de la pobreza tal y como se ha venido haciendo en mi estado.

Esas son acciones responsables y no pedir y pedir recursos para reportar sin atender el problema de raíz, y ofrecer también soluciones institucionales a favor de este pueblo tarahumara. La pobreza y marginación de los tarahumaras no es un asunto nuevo, es ancestral, como bien lo dijo el senador que me antecedió, y no ha habido gobierno que haya planteado cambiar esta situación; por ello, ante situaciones extraordinarias como las que hoy prevalecen, sus condiciones agravan.

Es por esto que hago un llamado al gobierno del estado y que no minimice el problema, y que de manera corresponsable con el gobierno federal atiendan cada uno lo que les corresponde para resolver esta situación. Es cuanto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra ahora el diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Con su permiso, señor presidente. De manera recurrente en las últimas semanas y desafortunadamente ya en los últimos meses, este tema que hoy ocupa de manera geográfica, de forma específica la Tarahumara de Chihuahua, ha sido un planteamiento que ha ido y venido en esta tribuna de manera recurrente y que tiene qué ver con el tema de la sequía, que tiene que ver con el cambio climatológico y con los impactos que ha habido en la producción y en el abasto de casi 20 estados de la República.

De tal manera que este tema hoy, al ponerlo nuevamente sobre la mesa, tiene que llevarnos a una revisión profunda de los alcances que pueda tener el grupo de trabajo en lo inmediato, que ha sido instalado, precisamente, para coordinarse con el Poder Ejecutivo y para poder ejercer acciones inmediatas, porque así fue como se comprometió y así fue como se planteó por el propio secretario de Hacienda, el secretario de Agricultura, aquí mismo hace seis días, la pasada semana.

De tal manera compañeros y compañeras, que hablar de la Sierra Tarahumara sin duda alguna debe llevarnos a solidarizarnos con los rarámuris, con los hermanos tarahumaras.

Pero estamos discutiendo un tema de fondo, miren, soy del estado de Guerrero y en la sierra madre del sur se viven los mismos problemas que se están viviendo ahorita en la Sierra Tarahumara o se viven en la montaña, que es la parte más pobre o se viven en Zongolica, en Veracruz, o se viven en la parte huichola o en la huasteca; pareciera ser que los gobiernos no se han dado cuenta que estamos rodeados por montañas y que ahí en las montañas son las comunidades más pobres y abandonadas, no de hoy, no de hace un año, no de hace diez, prácticamente de toda la existencia de nuestro país, han sido las comunidades más pobres, precisamente las que están en las partes altas.

De tal manera, compañeros y compañeras, al entrar aquí el día de hoy recibí de parte de alguno de los funcionarios del gobierno federal un documento, con la intención de darme luces sobre qué es lo que se está haciendo, y la verdad es que ese tipo de documentos se pueden hacer año con año.

Miren, 31 mil cobertores, 2 mil despensa, 200 tanques de agua o 24 mil despensas, y estas cifras serán seguramente las mismas del año que viene, porque fueron las mismas que el año pasado, las mismas que hace 10 años o las mismas que hace 50 años.

El problema estructural no lo estamos resolviendo, el problema de fondo de la Tarahumara, el problema de fondo de las comunidades rurales pobres de las partes altas del país no se resuelve con cobertores, no se resuelve con despensas, se resuelve con una visión clara del desarrollo que en este país carecemos, porque hemos carecido de voluntad política de entender que hay que darle solución a esa pobreza con políticas estructurales de fondo; porque con despensas no se resuelve que cuando lleguen las lluvias seguramente no van a poder comunicarse, porque se van a trozar sus caminos durante 6 meses; porque con despensas no se resuelve que lo único que pueden producir y comercializar sea la goma de opio o la mariguana, porque ésa es una verdad en todas y cada una de las montañas del territorio nacional.

De tal manera, compañeros y compañeras, que obviamente estamos a favor de este punto de acuerdo, pero seguiremos impulsando la visión profunda que requiere atender la problemática, que hoy desnudó la sequía, pero que igualmente la han desnudado en otros años los huracanes o que han generado y que han señalado todas las contingencias climatológicas que desafortunadamente llegaron para quedarse.

De tal manera, que me perece que lo que tenemos que hacer es ver cómo le vamos a hacer los legisladores, los senadores, los diputados, para poder empezar a diseñar una lógica diferente, una visión distinta de cómo tenemos que pensar el desarrollo en estas comunidades.

Me permitiría pedirle a la Mesa Directiva, el Grupo Parlamentario del PRD, a nombre de Leticia Quezada, pedimos que se hiciera un descuento a la dieta de los diputados, de la misma manera invitamos que esa lógica la asuman también los senadores, y que no se quede solamente como un documento que se remite a la Junta, y lo digo en mi calidad de presidente, ya tuve la oportunidad de hablarlo con el coordinador del PRI, lo he hablado con diputados de las otras fuerzas políticas; creo que estamos de acuerdo, es un acto simbólico de solidaridad.

Sin duda alguna esto no va a resolver el problema estructural ni siquiera tal vez el problema de coyuntura, pero —compañeros y compañeras— tenemos que ser solidarios, tenemos que garantizar que le estamos diciendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Chihuahua hoy, pero también por nuestros hermanos y nuestras hermanas de todos los estados que tienen partes altas y que sufren del frio y que están sufriendo el hambre, que estamos con ellos.

Por lo cual, señor presidente, les pediría que viéramos cómo hay que redactarlo, para que el formato legal no sea el impedimento, pero que en este punto de acuerdo quede claro que los senadores y los diputados de esta Comisión Permanente estamos pidiéndole a las Juntas de Coordinación Política que se nos descuente un día de dieta de nuestro salario, que me parece poca cosa pero que es indispensable como una señal a nuestros hermanos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García.

El diputado Gerardo Sánchez García:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, por supuesto que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la propuesta del senador Ramón Galindo; estamos claros y convencidos del enorme problema por el cual atraviesan nuestros compañeros y compañeras de las comunidades indígenas de Chihuahua.

Desde luego, también coincidimos plenamente en el sentido de la urgencia, no sólo de darle dádivas, que año con año ha sido una constante, sino ciertamente que replanteemos la política pública del sector agropecuario, porque es donde realmente les está pegando, y que veamos cómo reactivar la economía de estas zonas y cómo ser más solidarios con los compañeros que año con año padecen las angustias de la pobreza, de las heladas y de las sequías.

Por eso compartimos totalmente los términos del punto de acuerdo y esto desde luego, presidente, nos da la pauta para solicitarle que se desahogue el siguiente punto de urgente y obvia resolución que hemos planteado nosotros, que va más allá inclusive de lo que aquí se está planteando: el que se construya un acuerdo nacional para resolver el problema de los siniestros naturales, en donde desde luego, de manera especial, ocupa relevancia la sequía y la sequía aguda del país, pero también las heladas y las inundaciones.

Por eso al coincidir plenamente con el senador y con el punto de acuerdo que ha propuesto, al igual que otros compañeros legisladores y legisladoras, nosotros solicitamos que el punto que hemos planteado de urgente u obvia resolución se desahogue y que consiste en justamente resolver de fondo este problema y que implica una interlocución con el gobierno de la República y el Poder Legislativo.

El construir un acuerdo nacional de urgencia para resolver el grave problema de la sequía en nuestro país y que está haciendo crisis, como ustedes lo saben, que fue punto de discusión, análisis y reflexión en la pasada comparecencia del secretario de Agricultura y del de Hacienda. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Se manifiesta mucho interés en el discurso, pero poco interés en la asistencia que queda; los que están qué bueno, pero los que no, pues no, inclusive no veo al compañero legislador que presentó el punto. Ya le estoy queriendo echar el caballo de gratis. Disculpa, compañero legislador.

Puse mucha atención a lo que se planteo y se proponen cuatro resolutivos, que todos son exhortos; aquí mismo se acaba de reconocer a lo largo de toda la sesión que los exhortos sirven para bien poco, por decirlo suave, y frente a una situación de emergencia se dice que son problemas estructurales.

Pareciera que ni hubieran gobernado ese estado; pareciera que el PAN nunca gobernó; que el PRI no gobierna. Quién sabe quiénes; fueron unos extraterrestres que estuvieron gobernando ahí y que no se dieron cuenta nunca de todo esto que aquí se está planteando en tribuna.

Luego se plantea: pero ya no seamos asistencialistas; vamos a tocar las causas de fondo y el parto de los montes.

Cuatro exhortos; me parece increíble, ahora sí que seamos serios, compañeros legisladores, compañeras legisladoras.

Primero, todas las comunidades que viven en la sierra tarahumara generan riqueza, trabajan y trabajan mucho; el problema no es que no generen riqueza, el problema es que hay una sobreexplotación feroz de su fuerza de trabajo; no vale lo que producen en la tierra, no valen sus artesanías, no vale su trabajo, no vale nada.

Si en el país no se respetan los derechos de la gente, en las zonas más pobres menos se respetan los derechos de la gente.

No, si el problema no es que haya un desastre natural de sequía y de heladas en esa zona, sino que hay un desastre político nacional, que se llama el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, porque los de la sierra Tarahumara no son la excepción, es lo que está viviendo en menor o mayor medida toda la población del país.

No hay lugar a donde no vayamos que no nos pidan empleo, el que es joven, porque es joven, el que es mayor, porque es mayor, el que es de edad mediana, porque es de edad mediana; no hay empleo, y todavía quieren acabar los derechos de los trabajadores con su famosa reforma laboral.

No, a mí lo que me preocupa es que de verdad le hicieran caso a uno de esos exhortos, el gobierno de facto, porque entiende las cosas al revés; entiende por gobierno, corrupción; entiende por defensa del patrimonio nacional, entrega a las transnacionales; entiende por defensa de los derechos de los trabajadores, liquidarlos; entiende por seguridad social, el Seguro Popular, o sea, es todo al revés. Es una tragedia lo que se está viviendo no sólo en la sierra Tarahumara, sino en todo el país.

Entonces, primero, lo menos que podemos hacer es dar lo de la dieta, es lo de menos, es un gesto, como efectivamente aquí lo planteó el diputado Ríos Piter, y lo de fondo, ya tendríamos que hacer que nuestros gobiernos, sea el partido que sea el que gobierne, verdaderamente represente los intereses del pueblo y se generen condiciones de equidad, de justicia, igualdad.

La gente no pide limosna ni en la sierra Tarahumara ni en ningún lugar, pide empleo con prestaciones plenas, derechos, educación, salud, vivienda, alimentación. Son derechos mínimos que se le niegan al pueblo de México en todos los rincones del país y en la tarahumara de manera más brutal.

Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra responsabilidad como políticos. Ese debería de ser nuestro compromiso; lo demás es retórica y demagogia.

Termino planteando, el diputado, compañero diputado tocayo, del PRI, planteó que su punto se tocara. Al PT le toca sólo un punto en sus acuerdos estos que hacen y no se va a tocar nunca el punto a como vamos y mi punto tampoco es menor, es una mujer de nombre Miriam Isaura López Vargas, que fue víctima de un fenómeno natural, la natural violación de sus derechos humanos por parte del Ejército y la violó inclusive, sexualmente, y dice Poiré que es excepción; están acreditados 177 casos en Michoacán, 162 en Baja California, 132 en Guerrero... Para qué sigo con la lista, no me alcanza el tiempo.

Y van desde violaciones graves a derechos humanos, hasta casos como la investigadora del Colegio de México, María Chávez, que vive en La Piedad, en Aquiles Serdán 134, en la Colonia Centro, que desde el sábado tienen tomado su edificio y no puede entrar ni a cambiarse la ropa ni de su hija ni de nada ni ver sus mascotas ni nada, porque el Ejército tiene acordonado el lugar.

Es increíble la manera en que se violan derechos y garantías constitucionales; es increíble la manera en que se lesiona la dignidad humana; es increíble lo que este gobierno ha hecho.

Se pensaba que no podía haber peor gobierno que el de Fox, el de Calderón es mucho, pero mucho peor que cualquiera que haya tenido la República, además de que usurpa ese cargo. Muchas gracias por su atención, compañeras legisladoras, compañeros legisladores.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por considerarlo suficientemente discutido favor...

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Perdón, presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene usted la palabra, calma. Tiene usted la palabra, diputado Ríos Piter.

El diputado Armando Ríos Piter:Solamente comentar, presidente, que en mi intervención hice un planteamiento para añadir un quinto punto. Quisiera que se pudiera leer con la finalidad de que este planteamiento de quitarles un día de dieta a los diputados y a los senadores pueda ser solicitado por parte de la Junta de Coordinación Política; de tal manera que quede inscrito también lo que está a punto de votar el pleno de esta Comisión Permanente. Donar, perdón. Es la donación y de hecho así es como está escrito.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer medidas urgentes para atender la difícil situación que enfrentan las comunidades rarámuris de Chihuahua, presentada por los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Los que suscriben, legisladores federales integrantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los tarahumaras ocupan una cuarta parte del territorio el suroeste de estado de Chihuahua (65 mil kilómetros cuadrados) en una de las partes más altas de la Sierra Madre Occidental, conocida también como Tarahumara, la cual alcanza entre los 1,500 y 2,400 metros sobre el nivel de mar.

Dentro de los cuatro grupos de indígenas que están asentados en la sierra, los tarahumaras suman alrededor de 50,000. El, 90% de la población rarámuri se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava.

El inhóspito medio donde habitan los tarahumaras impone la existencia de familias pequeñas -sus parcelas difícilmente pueden mantener a más de cuatro o cinco miembros de la familia, en la que el imberbe, a los 14 años de edad, es considerado ya un adulto por el resto del grupo.

En los más diversos contextos geográficos existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja a pueblos indígenas y pobreza. Las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales. Este patrón se observa tanto en países desarrollados como no desarrollados –incluso cuando los pueblos indígenas son la mayoría de población nacional– y ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Cabe señalar que, las causas o condicionantes de pobreza en las comunidades indígenas están relacionadas con las condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los excluyeron. Frente a esta situación, las reacciones políticas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación o reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el estado. La reivindicación de los derechos constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional y es una respuesta directa a las situaciones de desventaja que estos padecen.

Según el informe de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México, la existencia de brechas en los niveles y ritmos de desarrollo humano colocan a todos los pueblos indígenas de México por debajo de los niveles promedio alcanzados por el resto de la población. El índice de desarrollo humano más bajo del país se ubica justamente en la Sierra Tarahumara, siendo de un 49.1 por ciento debajo del promedio de desarrollo a nivel nacional.

En los más diversos contextos geográficos existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja a pueblos indígenas y pobreza. Las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales. Este patrón se observa tanto en países desarrollados como no desarrollados –incluso cuando los pueblos indígenas son la mayoría de población nacional– y ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.

Cabe señalar que las causas o condicionantes de pobreza en las comunidades indígenas están relacionadas con las condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los excluyeron. Frente a esta situación, las reacciones políticas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación o reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el estado. La reivindicación de los derechos constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional y es una respuesta directa a las situaciones de desventaja que estos padecen.

Según el informe de Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México, la existencia de brechas en los niveles y ritmos de desarrollo humano colocan a todos los pueblos indígenas de México por debajo de los niveles promedio alcanzados por el resto de la población. El índice de desarrollo humano más bajo del país se ubica justamente en la Sierra Tarahumara, siendo de un 49.1 por ciento debajo del promedio de desarrollo a nivel nacional.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre las 10 localidades de más alto rezago social del país, tres están en los municipios de Batopilas, Guadalupe y Calvo y Chínipas, en la sierra Tarahumara. Todos los municipios de esta zona vieron empeorar su situación en cuanto a rezago social de 2008 al 2010.

Datos reportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indican que en el estado de Chihuahua se encuentran 8 de los 20 municipios clasificados a nivel nacional con los menores índices de desarrollo humano y mayor grado de pobreza y marginalidad, es decir que el 40 por ciento de los municipios clasificados con esta categoría están ubicados en el estado de Chihuahua.

Como podemos observar, la situación que se vive en la Sierra Tarahumara resulta de extrema preocupación, ya que existe un problema de hambruna a causa de las extensas sequías, que hoy se está abatiendo en la medida de lo posible por el gobierno estatal, contado con el apoyo de diversas entidades de nuestro país, así como de la sociedad civil para tratar de mermar los problemas secundarios, sin embargo estas acciones no contribuyen a la solución de raíz del problema, debido a su inmensidad, aunado a un han resultado insuficientes los apoyos federales.

El pasado 15 de enero circuló la noticia de que “al menos unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos”. Lo anterior fue denunciado en el Canal 28 XHABC de Ciudad Juárez, Chihuahua, por Ramón Gardea, integrante del sindicato Frente Organizado de Campesinos.

La nota periodística señalaba que “las mujeres indígenas cuando llevan cuatro o cinco días sin poder darle de comer a sus hijos, se ponen tristes; y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre (2011) 50 hombres y mujeres, pensando que no tienen que darle a sus hijos, se arrojaron al barranco”.

Cabe señalar que la noticia tuvo un fuerte impacto en la sociedad civil, principalmente en las redes sociales, y cuyo resultado fue la constitución de varios centros de acopio de alimentos y víveres para enviarlos a las comunidades rarámuris.

Ésta soberanía, aprobó un decreto mediante el cual manda al Ejecutivo a integrar un fondo financiero por 10 mil millones de pesos para atender la emergencia en el sector rural de 20 estados, afectados por sequías, heladas e inundaciones ocurridas en 2011, sin embargo el pasado 4 de enero del presente año, la Comisión Permanente abrió un proceso de análisis del veto presidencial a dicho decreto, pues el Ejecutivo federal argumenta que para poder ordenar ese gasto, las dos Cámaras del Congreso debieron haber emitido una ley específica, y que el Ejecutivo federal está impedido de gastar recursos que no se incluyen en el Presupuesto de Egresos.

Asegura en sus observaciones que los gobiernos locales tienen responsabilidad concurrente con la del Ejecutivo en la atención de las contingencias por causas meteorológicas, por lo que, subraya, “es necesario hacer un esfuerzo integral de planeación, recaudación y eficiencia en el ejercicio del gasto público federal y local”. La exposición de motivos del Ejecutivo antepone el sustento jurídico del veto, facultad que entiende como una “instancia revisora” que tiene como propósito principal, propiciar espacios para el diálogo con el Poder Legislativo.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Chihuahua a que en el marco de su competencia instrumente de manera inmediata la aplicación de programas para enfrentar la evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas en la región.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el marco de la división y colaboración de poderes exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua para que soliciten la liberación de recursos procedentes del Fondo de Desastres Naturales al Ejecutivo federal a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación, de ser procedente, lleven a cabo la liberación de los mismos, en los términos de ley para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Chihuahua, así como a los Ejecutivos de los municipios de la Sierra Tarahumara en dicha entidad que al efecto corresponda, a que en el marco de sus respectivas atribuciones y a través de las dependencias y organismos correspondientes se diseñen estrategias de corte económico y social que promuevan e incentiven la productividad y el desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Tarahumara, de manera que a mediano a y a largo plazo independientemente del apoyo subisidiario que las situaciones de emergencia reclaman de los diferentes órdenes de gobierno se encuentren en posibilidades de enfrentar tanto las contingencias climáticas como las carencias que resultan de las mismas.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al Titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del estado de Chihuahua que remita a esta soberanía un informe detallado sobre:

• La precaria situación que enfrentan los pueblos rarámuris de la sierra Tarahumara.

• La información dada a conocer en los medios de comunicación y redes sociales el pasado 15 de enero, referente al suicidio de 50 mujeres y hombres por la desesperación de no tener alimentos para ellos y sus familias.

• Las medidas y acciones emprendidas para atender la situación en la que se encuentran las comunidades Indígenas de la Sierra Tarahumara.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de diputados a impulsar la donación de un día de dieta por parte de las legisladoras y los legisladores de este poder federal.

Suscriben: senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), diputada Ana Georgina Zapata Lucero, senador Francisco Javier Castellón Fonseca, senador José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Rigoberto Salgado Vázquez (rúbrica), senador Rubén Velásquez López, diputado Nazario Norberto Sánchez, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, diputado Armando Ríos Piter (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Está redactado el punto? ¿Le da lectura, por favor, secretario?

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Con mucho gusto, presidente. La propuesta dice:

Quinto. La Comisión permanente exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a impulsar la donación de un día de dieta por parte de las legisladoras y los legisladores de este Poder federal. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muy bien. Al no haber objeción, con la incorporación de este punto consulte la Secretaría, terminemos el trámite, si se encuentra suficientemente discutido.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior asunto se encuentra suficientemente discutido. Las legisladoras y los legisladores que estén por considerarlo suficientemente discutido favor de levantar la mano. Los que no lo consideren suficientemente discutido favor de levantar la mano. La mayoría por que está suficientemente discutido, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea si aprueba la proposición con la incorporación que ha hecho el diputado Ríos Piter.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo incluido el agregado que acaba de hacer el diputado Armando Ríos Piter, de un punto quinto al punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por que se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Los que estén por que no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado, comuníquese.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hay una cantidad muy importante de temas que están registrados como de urgente u obvia resolución de diputados y de senadores de distintos partidos políticos. Hemos excedido ampliamente el plazo, el límite que tiene esta asamblea para tratar temas y asuntos, varios de ellos son muy importantes, sin ninguna duda.

Esta Presidencia quisiera sugerir a esta asamblea que los temas que estaban enlistados de urgente u obvia resolución se turnen a comisiones y tengan trato preferencial para que se aborden de manera inmediata en la próxima sesión, puesto que algunas incluso no van en el orden, como se quisiera pretender hoy que entraran a debate. Tendríamos que entrar, si seguimos con asuntos de urgente u obvia resolución, con algunos temas previos —diputado Gerardo—, que están inscritos y que tienen el mismo derecho.

Por lo tanto, particularmente a los diputados Gerardos, que nos han hecho este reclamo, o esta observación, nos puedan conceder que lo turnemos a comisiones y que tengan un trato preferencial éste y todos los demás temas que fueron registrados.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Por lo tanto, esta Presidencia informa a la asamblea que al haber cumplido la duración de esta sesión, las iniciativas y proposiciones registradas en el orden del día, que no fueron presentadas en tribuna, serán turnadas a las comisiones correspondientes de la Cámara o de trabajo de la Comisión Permanente publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Los grupos parlamentarios que deseen que sus asuntos se difieran para la próxima sesión deben de notificarlo el día de hoy y la daremos un trato preferente en la próxima sesión.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 18 de enero de 2012, que no alcanzaron a ser abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 216 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

5. Que reforma el artículo 62 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 7° de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Mauricio Toledo Gutiérrez y Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

9. Que reforma los artículos 31 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

10. Que reforma el artículo 4° del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.

11. Que reforma el artículo 11 del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores

12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores

13. Que reforma el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, con relación al fortalecimiento del Estado de Derecho en Puebla, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez y suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de una Comisión Bicameral que investigue las constantes violaciones a derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, a cargo del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

3. Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de un Acuerdo Nacional de Emergencia para resolver el problema de la sequía en México, entre el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, para enfrentar juntos esta grave contingencia, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SAGARPA y de la SEDESOL, informe a esta Soberanía de las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SENER y de la SRA, y en coordinación con el Gobierno del estado de Oaxaca, revisen los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de energía eólica, así como los impactos negativos económicos y sociales que éstos pudieran provocar en dicha región, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (a las 16:56 horas):Se levanta la sesión, y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 25 de enero de 2012, a las 11 horas.

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