SUMARIO

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Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda la Secretaría pasar lista de asistencia.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo: ¿Falta alguna legisladora o algún legislador de pasar lista? Señor presidente, informo a usted que hay un total de 29 legisladoras y legisladores.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo (a las 11:46 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la lectura del orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Miércoles 25 de enero de 2012.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Presentación, por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de dicha institución correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

Comunicaciones

De la Mesa Directiva

De los congresos de los estados de México, Tamaulipas y Zacatecas

Con los que se adhieren al scuerdo aprobado por la Comisión Permanente, respecto del exhorto formulado al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que busque los mecanismos de colaboración y entendimiento que resuelvan el diferendo derivado de la aprobación del Decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo Federal integrará un Fondo Especial de diez mil millones de pesos para atender daños por contingencias climatológicas en diversas entidades federativas del país.

Del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de diputados, relativo a la sustracción ilegal de menores.

De los Gobiernos del Distrito Federal y de Aguascalientes

Cuatro, con los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de diputados, relativo a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las MIPYMES.

Del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de diputados, relativo a la capacitación de los Servidores Públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género.

De las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agraria

Dos, con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de diputados, relativo al conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

De la Secretaría de Gobernación

Cinco, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de diputados.

Diez, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Tres, con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 5 de agosto de 2011.

Con el que envía el Informe de las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2011, correspondiente al cuarto trimestre de 2011, celebradas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el que remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.

Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Salma del Carmen Hayek Jiménez, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el Gobierno de la República Francesa. (Dispensa de todos los trámites)

Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal

Que reforma las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 201 y deroga el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 17, 19 y 31 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Sólo turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 403 Bis al Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2° de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión

Con proyecto de decreto, que concede permiso al Ciudadano Ismael Sergio Ley López, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República. (Discusión y Votación)

Con proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos: Claudia del Socorro Milián Fernández, Lina Oshida Sánchez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa Pérez y Talia Nazelly Jiménez Cázares, para prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros. (Discusión y Votación)

Dictámenes a discusión

De la primera comisión

Con puntos de acuerdo, por los que se crea un Grupo de Trabajo Bicamaral, relativo al conflicto de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Con puntos de acuerdo, en relación a la conmemoración del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla.

Con puntos de acuerdo, relativos a la prevención y erradicación de la discriminación laboral en México.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a modernizar todo el Sistema Penitenciario en todo el país.

Con punto de acuerdo, en relación al conflicto del predio denominado El Salado.

Con punto de acuerdo, relativo a la información por parte del Ejecutivo Federal y la Procuraduría General de la República, sobre las cifras de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011.

Con punto de acuerdo, relativo a la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración.

Con puntos de acuerdo, relativos a los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Con punto de Acuerdo, relativo a las sanciones al servidor público del Sistema de Procuración o Impartición de Justicia que incurra en actos que produzcan error judicial.

Con punto de Acuerdo, sobre el Seguimiento Puntual y Exhaustivo de las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México.

Con punto de Acuerdo, relativo a la libertad del C. José Francisco Chavira Martínez, en el Estado de Tamaulipas.

Con punto de Acuerdo, en relación al fortalecimiento del Estado de Derecho en el Estado de Puebla.

Con puntos de acuerdo, relativos al respeto de la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad.

Con puntos de acuerdo, sobre la situación actual de hambruna de las comunidades Rarámuris en el Estado de Chihuahua.

Con puntos de acuerdo, en relación al desalojo de familias Guatemaltecas en Tenosique, Tabasco.

Dictamen negativo

De la Primera Comisión, con Puntos de Acuerdo, por los que se desecha la Proposición con punto de acuerdo relativa a la elección de Gobernador del Estado de Michoacán.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que dé solución a la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de la policía estatal y municipal, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Puebla y al Presidente Municipal de esa ciudad, para que atiendan y den solución a la huelga de hambre iniciada el 16 de enero de 2012 por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a nombre del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, rinda un informe por escrito del ejercicio de los recursos de 2011 asignados al FIDEM, así como su comparecencia ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de diputados, a cargo del diputado Alejandro del Mazo Maza, a nombre del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Municipal de Guadalajara, comunique a esta Soberanía el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del SUBSEMUN, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki, por su nominación al Oscar por mejor actor y mejor fotografía, en las películas “Una vida mejor” y “El árbol de la vida”, respectivamente, suscrita por los senadores María de Lourdes Rojo e Incháustegui y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Banxico, a la Condusef y a la ABM, a realizar estudios y lograr la unificación de criterios sobre el cobro de comisiones en los cajeros automáticos, tanto de cuentas propias como de bancos ajenos a la cuenta del usuario, suscrito por el diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEA y al CREFAL, suscriban convenios de colaboración con las distintas dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de abatir su rezago educativo, suscrito por el diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ALDF, para que establezca en las leyes correspondientes la prohibición de publicar anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud del DF, ofreciendo la interrupción del embarazo o aborto, así como exhortar al Secretario de Salud del DF, inspeccione dichas clínicas y proceda legalmente en su caso, suscrito por el diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Sener, para que a través de Pemex, analice la posibilidad de recuperar el espacio de la vieja Terminal de Almacenamiento y Reparto en Tapachula, Chiapas, para la construcción de un Parque Ecológico y Temático, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la situación que se vive en las comunidades indígenas, específicamente los Rarámuris en Chihuahua, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que informe a esta Soberanía cuáles son las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y explique las razones por las que no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con dicho país, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del Gobernador del BANXICO, para que expliquen de manera conjunta las medidas económicas y financieras que adoptará nuestro país para hacer frente al entorno global de recesión en 2012, suscrita por la senadora María Elena Orantes López. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, suscriba el convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería así como la recomendación 157 de esta materia, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que estudie la pertinencia de incorporar en el Plan de Estudios del tercer grado de educación secundaria, la materia denominada Culturas Nativas de México, lengua y cultura náhuatl, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo para citar a comparecer a los titulares de la SCT y de la CFE, para que expliquen la situación de las redes eléctrica nacional y de fibra óptica ante la sustitución y recientes robos del cableado de cobre, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, a nombre de la diputada Ifigenia Martha Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la CFE, rinda un informe detallado a esta Soberanía, sobre los motivos por los cuales corto el suministro de energía eléctrica al Hospital "Manuel Campos" en el estado de Campeche, donde fallecieron dos menores, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la deuda pública del estado de Coahuila y resuelva a la brevedad las denuncias presentadas al respecto, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF y a la SFP, informen sobre los trámites e investigación de las denuncias de desvíos de recursos del Programa de Vivienda Rural de la Sedesol, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, fortalezca las recomendaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos contra mujeres y periodistas, así como a la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, a fortalecer las investigaciones en contra de ex funcionarios del Gobierno de Mario Marín Torres, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales, realicen las consultas necesarias a las agrupaciones vecinales a fin de ubicar un espacio alternativo para la construcción del nuevo plantel de la UAEM y proteger la zona del Cerro de Moctezuma, ubicado en el Municipio de Naucalpan de Juárez, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de diputados, para que analice e informe si los gastos realizados por el Gobierno del estado de Colima durante el ejercicio fiscal 2011, fueron apegados estrictamente a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina, suscrito por los Senadores Martha Leticia Sosa Govea y Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoque la resolución del IFE que permite a los precandidatos únicos realizar actos y acciones anticipados de campaña, a cargo del senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SENER y al Director General de Pemex, para que no suspendan el suministro de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, así como a las Procuradurías de Justicia del Distrito Federal, de Quintana Roo y de Nuevo León, para que agoten los recursos legales a su alcance e intensifiquen las acciones de localización y recuperación de todos los menores de edad desaparecidos de los albergues Casitas del Sur, La Casita y CAIFAC, y se capture a los responsables, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para que agilice los trabajos de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como aquéllas presentadas en la Cámara de diputados y turnadas a ese órgano legislativo, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la colocación de un muro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el que se exhiban fotografías de niñas, niños y mujeres desaparecidos por posible trata de personas en las entidades federativas del país; que el Canal del Congreso difunda de manera permanente cápsulas con las imágenes de esas posibles víctimas de trata y por el que se exhorta al Fiscal General de Chihuahua, para que atienda las denuncias de víctimas desaparecidas, formuladas por sus familiares y organizaciones de la sociedad civil y se castigue a los victimarios, suscrito por la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Comentarios relativos a la situación social del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos al Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Solicitudes de licencia

De la diputada Marcela Guerra Castillo.

Del diputado Felipe Cervera Hernández.

Del diputado Arturo Zamora Jiménez.

Del diputado Manuel Humberto Cota Jiménez.

De la diputada Olivia Guillén Padilla.

Del diputado Eviel Pérez Magaña.

Del diputado Francisco Alejandro Moreno Merino.

Del diputado José Francisco Yunes Zorrilla.

Del diputado Julián Nazar Morales.

De la diputada Clara Gómez Caro.

De la diputada Sofía Castro Ríos.

Del diputado Jorge Arana Arana.

Del diputado Óscar Román Rosas González.

Del diputado David Penchyna Grub.

Del diputado Omar Fayad Meneses.

Del diputado Salvador Caro Cabrera.

De la diputada Claudia Ruíz Massieu.

Del diputado Aarón Irizar López.

Del diputado Fernando Morales Martínez.

Del diputado Roberto Armando Albores Gleason.

De la diputada Ana Estela Durán Rico.

Del diputado Joel González Díaz.

Del diputado Isaías González Cuevas.

Del senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

De la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior; pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra ésta publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciocho de enero de dos mil doce, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoHeliodoro Carlos Díaz Escárraga

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de veintiséis legisladores, a las once horas con cuarenta y un minutos del miércoles dieciocho de enero de dos mil doce, el Presidente declara abierta la sesión.

El Presidente hace comentarios con relación al orden del día e intervienen desde sus curules los legisladores: diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo García Portillo, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; y el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.

En sendas votaciones económicas se dispensa la lectura al orden del día y el acta de la Sesión anterior, que de la misma forma se aprueban.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Diputada Leticia Quezada Contreras, por la que propone la donación de un día de dieta de cada uno de los integrantes de la Cámara de Diputados, para atender la situación que atraviesan los pobladores de la Sierra Tarahumara. Se remite a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

b) Del diputado Genaro Mejía de la Merced, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Segundo Distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha. En votación económica se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

c) De la diputada Graciela Ortíz Hernández, por la que comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del seis de enero del año en curso. De enterado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

d) Declaratoria de aprobación del Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se instruye a la Secretaría dar cuenta de la documentación enviada por la Cámara de Senadores. Se declara reformado el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

e) De la Secretaría de Gobernación:

• Por la que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del veinticinco al veintiocho de enero de dos mil doce, con objeto de participar en la Cuadragésima Segunda Reunión Anual del Foro Económico Mundial, a celebrarse en Davos, Suiza. Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.

• Por la que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

– Ismael Sergio López Ley, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República. (Turno a Comisión)

– Lina Oshida Sánchez, Claudia del Socorro Milian Fernandez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa Pérez y Talia Nazelly Jiménez Cázares, puedan prestar servicios en las Embajadas del Japón y de los Estados Unidos de América, en México, y en sus consulados generales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, respectivamente, e informa que el ciudadano José Antonio Méndez Escamilla deja de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. (Turno a Comisión)

Las solicitudes de permiso se turnan a la Primera Comisión de Trabajo, por lo que se refiere al ciudadano que deja de prestar servicios, se remite la comunicación a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

• Nueve, con las que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las Comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

f) Diez oficios con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de diciembre de dos mil once, desagregada por tipo de fondo. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

h) De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite Informe de los ingresos excedentes recaudados al treinta y uno de diciembre del dos mil once. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados; y de la Cámara de Senadores.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz, del Partido Acción Nacional que reforma el artículo veintitrés de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen.

Es de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo que concede permiso a los ciudadanos Librado Vázquez Flores, Zadalinda González y Reynero, y Augusto Moisés García Ochoa, para aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados les otorgan los gobiernos de las Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de Costa Rica, y Francesa. En votación económica se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión de inmediato.

La Secretaría da lectura al proyecto de decreto y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular por veintiocho votos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Se someten a discusión y votación los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión de Trabajo:

• Por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Gerardo Lozano Arredondo, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Jamaica y, de manera concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, así como Representante Permanente de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Kingston, Jamaica. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general, y de la misma forma se aprueba. Comuníquese al Ejecutivo. El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Gerardo Lozano Arredondo se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley.

• Por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano  Ricardo Villanueva Hallal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Polonia. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general, y de la misma forma se aprueba. Comuníquese. El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Ricardo Villanueva Hallal se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley.

• Por el que ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal, expidió a favor del ciudadano Marco Antonio García Blanco, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Federal de Nigeria y, en forma concurrente, ante Burkina Faso, las Repúblicas de Benín, de Camerún, de Ghana, de Guinea, de Liberia y de Sierra Leona. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general, y de la misma forma se aprueba. Comuníquese. El Presidente informa a la Asamblea que el ciudadano Marco Antonio García Blanco se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones y designa una comisión para introducirlo al recinto, acto seguido rinde protesta de Ley.

En sendas votaciones económicas se autoriza la lectura de los encabezados y se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo:

a) De la Primera Comisión de Trabajo:

• Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública, y a Petróleos Mexicanos, rendir un informe en materia de robo de hidrocarburos.

• En relación con la protección de defensores de derechos humanos.

• Para modificar el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

• En relación con la tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas.

• Relativos a la publicidad de la administración local donde se promueve la imagen y el nombre del Gobernador del Estado de Colima.

• Por los que se exhorta al Congreso del Estado de Coahuila, a respetar el principio de equidad de género en la integración de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal.

Sin oradores registrados, se consideran suficientemente discutidos y en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

b) De la Segunda Comisión de Trabajo:

• Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su enérgico rechazo a la iniciativa HR3401, aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los senadores Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional; y Carlos Jiménez Macías, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

• Por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión saluda los cambios propuestos por el Presidente Barack Obama al proceso de regulación migratoria de familiares de ciudadanos en los Estados Unidos de América. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

c) De la Primera Comisión de Trabajo, en relación al desalojo de familias Guatemaltecas en Tenosique, Tabasco. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que no se han recibido los dictámenes relacionados con Mexicana de Aviación y la comparecencia del señor director general de Pemex. Desde sus respectivas curules realizan comentarios, y moción de procedimiento los legisladores: diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; diputado Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional; senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Adolfo Toledo Infanzón, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

d) De la Tercera Comisión de Trabajo:

• Relativo al estado y funcionamiento en que se encuentran las vías asignadas a la empresa de participación estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se somete a discusión e interviene en contra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

• Por los que se solicita al Banco de Comercio Exterior y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información sobre las negativas predicciones para la economía mexicana en dos mil doce. Sin oradores registrados se reserva para su votación en conjunto.

• Por los que se solicita a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro explique la evolución de los rendimientos financieros que se obtienen a través de las Afore y su efecto en los ahorros de los trabajadores. Sin oradores registrados se reserva para su votación en conjunto.

• Relativos a los abusos de las casas de empeño en cuanto a tasas de interés y cotización prendaria. Sin oradores registrados se reserva para su votación en conjunto.

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implantar un programa urgente para los productores de frijol de Nayarit. Se somete a discusión e interviene en pro el senador Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

• Relativos al cierre del relleno sanitario bordo poniente. Se somete a discusión e interviene en contra el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; en pro la senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

• Relativos al tráfico de medicamentos apócrifos, caducos o de dudosa procedencia. Sin oradores registrados se reserva para su votación en conjunto.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Economía, promover y otorgar apoyos económicos para la cadena productiva café Veracruz. Sin oradores registrados se reserva para su votación en conjunto.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, informe sobre el grado de avance en la cobertura universal de la afiliación al Seguro Popular. Se somete a discusión e interviene en pro el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

En votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El Presidente solicita la información sobre el estatus de los dictámenes relacionados con Mexicana de Aviación y la solicitud de comparecencia del director general de Pemex. Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo García Portillo, Presidente de la Tercera Comisión de Trabajo, quien da información relativa al estatus de los dictámenes y propone se devuelvan a comisión para su discusión. Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos, para moción de ilustración, moción de procedimientos, y responder alusiones personales a los legisladores: diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoGuadalupe Acosta Naranjo

Diputado Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; senador Guillermo Enríque Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional; y diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones y somete a consideración de la Asamblea la propuesta de procedimiento del diputado García Portillo, la cual en votación nominal con un registro de diez votos a favor; y veintidós en contra se desecha.

En sendas votaciones económicas se aprueba incluir en el orden del día y someter a discusión y votación los dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión, relacionados con Mexicana de Aviación y la solicitud de comparecencia del director general de Pemex.

Se reciben proposiciones con puntos de acuerdo de los legisladores:

• Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instrumente la aplicación de programas y recursos para enfrentar la crisis alimentaria, las sequías y las heladas que atraviesan los Rarámuris de la Sierra Tarahumara; e implemente políticas públicas eficientes y eficaces que contribuyan a abatir el rezago social en esa región. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputados Arturo Zamora Jiménez y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atienda y solucione asuntos relacionados con la UCREM, Universidad Autónoma del estado de Nuevo León y su hospital universitario, infraestructura carretera y otras obras. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Antonio Benítez Lucho, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a los derrames en las instalaciones petroleras. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se revisen a fondo las normas de seguridad aeronáutica en el país, así como se investiguen las fallas ocurridas en el vuelo dos mil cincuenta y tres de la empresa Aeroméxico Connect del ocho de enero de dos mil doce, y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que apoye a los pasajeros que abordaron dicho vuelo en caso de que estén dispuestos a presentar una queja como consecuencia de las presuntas deficiencias en el servicio que les fuera ofrecido. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadora María del Socorro García Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al IMSS, a efecto de que sean mejorados los procesos de adquisiciones y se sancione a aquellas personas que hubieren incurrido en casos de corrupción. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senadores Ramiro Hernández García, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente, por el que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, promueva una salvaguardia de transición a la importación de productos textiles, vestido, calzado, juguetes y minero metalúrgicos de origen chino, que afectan a dichas ramas de la producción nacional. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicen las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del Sistema de Procuración o Impartición de Justicia que por culpa, negligencia o de forma dolosa incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; de igual forma, para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, para impedir el establecimiento del cobro de cualquier cuota, derecho, contribución o gravamen en cualquier modalidad de internamiento a territorio norteamericano, a través del cruce fronterizo número uno de San Luis Río Colorado, Sonora. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California instruya al titular de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados en México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Reforma Agraria y a la Comisión Nacional del Agua, resuelvan el problema del predio conocido como El Salado o La Oreja, ubicado en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputada Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, implemente en la entidad el programa de Alerta Amber, con la finalidad de que se permita coordinar las acciones para la búsqueda inmediata y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en dicho estado. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

• Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, emprenda acciones emergentes que permitan combatir el crecimiento de precios de la canasta básica. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se cita a comparecer al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que explique las razones y condiciones de la compra de acciones del tren Suburbano. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular del INM un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Julio César Aguirre Méndez y suscrito por la senadora Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplique de manera diferenciada Basilea III en México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, respete los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la Sociedad Civil. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remita a esta Soberanía un informe detallado, que explique sobre la situación actual que guarda la deuda pública del estado de Nayarit. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, así como al Gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades Rarámuris en la Sierra Tarahumara del Estado de Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Partido de la Revolución Democrática, con relación con la posible aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de América de la Iniciativa H.R3261, también conocida como SOPA (STOP ONLINE PIRACY ACT). Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el derrame de hidrocarburo sobre el Río Coatzacoalcos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador José Luis Máximo García Zalvidea y suscrito por los senadores Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, sobre las comunidades Rarámuris en Chihuahua. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Carlos Sotelo García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobernador, al Procurador de Justicia y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, decreten la libertad incondicional e inmediata del señor José Francisco Chavira Martínez. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, relativo al derrame de hidrocarburos en el Río Coatzacoalcos. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Diputado Guillermo Cueva Sada, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que conjuntamente regulen y sancionen el cobro excesivo de las tarifas de los estacionamientos en los aeropuertos del país. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Javier Orozco Gómez, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Jorge Legorreta Ordorica, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la repartición de agua potable durante las sequías. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la modernización del Sistema Penitenciario en todo el país. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México, relativo a los implantes franceses PIP. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senador René Arce Círigo, del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, sobre la lluvia sólida.

• Diputado Gerardo del Mazo Morales, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, informe el motivo por el que ni sus agentes ni sus vehículos son inspeccionados en los puntos de acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Ericel Gómez Nucamendi, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través del Centro Nacional de Trasplantes y en el marco del Sistema Nacional de Trasplantes, inicie una campaña permanente de comunicación e información que promueva la cultura de la donación de órganos y tejidos entre la sociedad mexicana. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Senadora María Elena Orantes López, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la SRE, se organice una reunión bilateral con el Gobierno de la República de Guatemala, con el fin de impulsar una agenda de colaboración en temas como el narcotráfico, intercambio comercial e inversión, desarrollo económico en la frontera, derechos humanos de los migrantes y seguridad fronteriza. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo a la senadora Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, se destinen mayores recursos para desarrollar infraestructura especializada en la atención temprana de personas que padecen diabetes en la entidad. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para declarar Peña Colorada, en Querétaro, como Área Natural Protegida de competencia federal. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal de la República, informen cuáles son las implicaciones de Ley SOPA y similares en México. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

• Diputado José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita a la Auditoría Superior de la Federación, continúe e intensifique durante el presente ejercicio, la investigación y labores de auditoría para evaluar el ejercicio de los recursos públicos y privados concurrentes para la organización y desarrollo de los décimo sexto Juegos Panamericanos de Guadalajara. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados.

• Senador Fernando Jorge Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a los altos cobros en el suministro de energía eléctrica en Baja California. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se cita a comparecer a los Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que expliquen la práctica de asignaciones directas en ese órgano desconcentrado; y se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría Federal de la República, para que realicen las investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de funcionarios de dicho órgano en la asignación de contratos. En votación económica se considera urgente resolución. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados Arturo García Portillo, y Gustavo González Hernández, ambos del Partido Acción Nacional; y en pro los diputados Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; para responder alusiones personales el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; y para rectificación de hechos los legisladores diputado Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática; y senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace comentarios con relación a la votación del punto de acuerdo.

En votación económica se aprueba incluir en el orden del día la discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo de la Tercera Comisión, relativo a la reestructuración de la Compañía Mexicana de Aviación, hoy Nuevo Grupo Aeronáutico. Se da inicio a la discusión e intervienen en contra los legisladores diputado Arturo García Portillo, y senador Alejandro González Alcocer, ambos del Partido Acción Nacional; en pro los legisladores: diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Patricio Chirinos del Ángel, del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra para rectificación de hechos a los legisladores: diputado Arturo García Portillo, y senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, ambos del Partido Acción Nacional; diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma forma se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se continúa con la votación de la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se cita a comparecer a los Comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que expliquen la práctica de asignaciones directas en ese órgano desconcentrado; y se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría Federal de la República, para que realicen las investigaciones correspondientes por la presunta actuación indebida de funcionarios de dicho órgano en la asignación de contratos. La Secretaría da lectura a las modificaciones propuestas por varios legisladores y desde su curul realiza moción de procedimiento el senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Comuníquese.

En votación económica se continúa con la discusión y votación del dictamen con punto de acuerdo de la Tercera Comisión por el que se cita a comparecer al director general de Petróleos Mexicanos para que informe de la relación de la paraestatal con la empresa española Repsol y la empresa Sacyr Valle Hermoso. Sin oradores registrados, se considera suficientemente discutido y en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar proposición con punto de acuerdo al senador Ramón Galindo Noriega, del Partido Acción Nacional, a nombre propio y de diversos legisladores, por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chihuahua, para que atiendan de manera urgente e inmediata las contingencias sociales y climáticas presentadas recientemente en la sierra Tarahumara de Chihuahua. En votación económica se considera urgente resolución. Se somete a discusión e intervienen en pro los diputados Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del Partido Acción Nacional; Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una propuesta de adición de un quinto punto; Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. La Secretaría da lectura la propuesta de adición de un quinto punto. En sendas votaciones económicas se considera suficientemente discutido, y se aprueba el punto de acuerdo con la adición aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea que las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. Se turnan:

a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los legisladores:

• Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doscientos dieciséis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada Caritina Sáenz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo veinticuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

• Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza, que reforma el artículo sesenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputada María del Pilar Torre Canales, de Nueva Alianza, que reforma el artículo diecinueve de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputados Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Mauricio Toledo Gutiérrez y Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos treinta y uno y treinta y tres de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

• Senador Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo cuarto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo once del Estatuto de las Islas Marías. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, de la Cámara de Senadores.

• Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores

• Diputada Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecisiete de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

• Diputado Rigoberto Salgado Vázquez y suscrito por integrantes del Partido de la Revolución Democrática, con relación al fortalecimiento del Estado de Derecho en Puebla. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, por el que se solicita la creación de una Comisión Bicameral que investigue las constantes violaciones a derechos humanos por parte del Ejército Mexicano. Se turna a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

• Diputado Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la construcción de un Acuerdo Nacional de Emergencia para resolver el problema de la sequía en México, entre el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, para enfrentar juntos esta grave contingencia. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, y de la Secretaría de Desarrollo Social, informe a esta Soberanía de las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de la Reforma Agraria, y en coordinación con el Gobierno del estado de Oaxaca, revisen los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de energía eólica, así como los impactos negativos económicos y sociales que éstos pudieran provocar en dicha región. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

• Senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez, del Partido Acción Nacional por el que se solicita al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoque la resolución del Instituto Federal Electoral que permite a los precandidatos únicos realizar actos y acciones anticipados de campaña. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos y cita para la que tendrá lugar el miércoles veinticinco de enero de dos mil doce, a las once horas.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica consulto a la asamblea si ésta es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe el acta favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe el acta favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobada el acta.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe del doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se solicita a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente; a la senadora Adriana González Carrillo; al diputado Arturo García Portillo; al senador José Luis Máximo García Zalvidea y al senador Javier Orozco Gómez, procedan acompañar al señor presidente de la Comisión de los Derechos Humanos a este recinto, por favor.

(La comisión cumple su cometido)

Se encuentra entre nosotros el doctor Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondiente al periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011; sea usted bienvenido. Tiene la palabra el doctor Raúl Plascencia Villanueva, hasta por 30 minutos.

El presidente Raúl Plascencia Villanueva:Muy buenos días, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga y diputado Gustavo González Hernández, vicepresidentes.

Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, diputado Rigoberto Salgado Vázquez, senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y senador Luis Alberto Villarreal García, secretarios.

Senadores y diputados miembros de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, damas y caballeros.

Acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2011, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante 2011 la sociedad vivió momentos difíciles en materia de derechos humanos. Por una parte, la problemática en materia de seguridad pública, derivada de la lucha generada en contra de la delincuencia organizada y las fuerzas del orden, destacando, precisamente, el hecho de que en tales enfrentamientos perdieran la vida 43 personas ajenas a los hechos. Y por otra parte, la situación de vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el aumento de la indignación de la sociedad y también el aumento en la carga de trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Dichas circunstancias se tradujeron en un considerable aumento en el número de quejas recibidas en este organismo nacional, en contra de servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno. Es por ello que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo un trabajo más intenso en materia de protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos y está luchando en contra de la impunidad que tanto lastima la credibilidad de las instituciones públicas.

Por ello, es indispensable tener presente el compromiso que tenemos todos los mexicanos de trabajar en lo que a cada uno nos corresponde, ése es el reto a al cual nos debemos enfrentar diariamente para consolidar un país en donde impere la cultura de la legalidad.

En contraste a estas circunstancias el poder reformador de la Constitución mostró un marcado interés por los derechos humanos que logró concretarse en el mes de junio a través de una reforma de gran relevancia, que los colocó como eje central del marco jurídico y estableció las garantías para dotar de eficacia su salvaguarda y defensa, favoreciendo la mayor protección para todas las personas, pero también la obligación de las autoridades de promoverlos, respetarlos y protegerlos de conformidad a la Constitución y los tratados internacionales en la materia.

Ahora, si bien estos cambios representaron la muestra de una evolución y de un compromiso asumido por las señoras y los señores legisladores de este país lo cierto es que también fueron producto del reclamo de una sociedad preocupada por erradicar las violaciones a sus derechos humanos, reflejadas en innumerables casos de arbitrariedades a cargo de servidores público que excedieron todos los límites jurídicos y sociales.

Sin duda, la modificación al texto constitucional no podrá, por sí misma, resolver de raíz los abusos, pero eso sí, será un freno para quienes conciben el ejercicio del gobierno con una mentalidad autoritaria y abusiva. Hoy por hoy, a propósito de la reforma, quien viole los derechos humanos viola la Constitución mexicana.

En este contexto el propósito de todas y cada una de las personas que trabajamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es influir y convencer a las autoridades del Estado mexicano a que la seguridad, que tanto anhela la sociedad, es un objetivo alcanzable si todos los servidores públicos sujetamos nuestros actos al imperio de la ley y al respeto de la dignidad humana.

A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas durante este segundo año de mi gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En 2011 se crearon cinco nuevas oficinas foráneas en las ciudades de: Acapulco, Guerrero; Ixtepec, Oaxaca; La Paz, Baja California; San Luis Potosí; y Torreón, Coahuila. Igualmente, la oficina que originalmente se encontraba en Campeche; Campeche se reubicó en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Además de lo anterior, con los recursos autorizados, se fortalecieron las 10 oficinas regionales ya existentes, lo que facilitó que a partir de ese momento se estableciera una mayor comunicación y cercanía con la gente, ya que su personal se encontró en la posibilidad real de constituirse sin dilación alguna en los lugares donde acontecieron los hechos, allegarse de los elementos necesarios para su esclarecimiento y atender oportunamente a las víctimas. En este sentido por tanto en 2001, se brindaron diversos servicios por parte de estas oficinas llegando a un total de a casi nueve mil personas.

Durante este periodo se recibieron un total de 29 mil 439 escritos de queja, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a los quejosos y que también repercutió en el incremento en un 50 por ciento respecto de aquellas investigaciones que se iniciaron por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el año 2010.

Debo mencionarles que a diferencia de otros periodos, de los expedientes de queja que conoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 38 por ciento fueron resueltos con entera satisfacción de los quejosos de manera casi inmediata, en donde la autoridad asumió diversas acciones para restablecer los derechos de los agraviados; esto implicó un incremento en la respuesta del 148 por ciento respecto al año 2010.

Cabe destacar que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron, 1) el Instituto Mexicano del Seguro Social (2,882); 2) la Secretaría de la Defensa Nacional (2,879); 3) el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (1,626); 4) el Instituto Nacional de Migración (1,399); 5) la Policía Federal (1,150); 6) la Procuraduría General de la República (1,140); 7) la Secretaría de Educación Pública (1,009); 8) el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (977); 9) la Secretaría de Marina (534); 10) y la Comisión Federal de Electricidad (436). En ese orden.

En 2011 se emitieron 95 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Las autoridades que no aceptaron las recomendaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, el gobernador del estado de Chihuahua, los ayuntamientos de Benito Juárez, Quintana Roo; Chilpancingo y Metlatónoc en el estado de Guerrero, así como el Congreso del estado de Guerrero.

Debo hacer una mención especial a la negativa recurrente de la Comisión Nacional del Agua, para aceptar las recomendaciones de este organismo nacional.

En el año 2010 la Comisión Nacional del Agua se negó a aceptar una recomendación relativa a la descarga de residuos químicos en el río Santiago, en el estado de Jalisco, que provocó la muerte de un menor y que hoy por hoy continúa ocasionando graves afectaciones a la salud de la población de esa entidad federativa y también del estado de Nayarit.

De la misma manera en 2011 tampoco se aceptaron dos recomendaciones que se formularon a la Comisión Nacional del Agua. Una sobre las descargas de aguas residuales provenientes del drenaje del municipio de Jonuta, Tabasco, al rió Usumacinta y la contaminación que como consecuencia se generó en la zona, y otra recomendación, derivada de las inundaciones también en el estado de Tabasco, en 2010, en donde 5 mil 710 personas presentaron quejas por acciones y omisiones de la autoridad y más de 130 mil resultaron afectadas con motivo de actos derivados de una negligencia por parte de la Comisión Nacional del Agua.

Por ello, en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional, solicité al Senado de la República que citara a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que explique de cara a la sociedad y ante el Senado de la República, puntualmente, los motivos de su negativa para restablecer los derechos humanos vulnerados.

De igual manera, durante el periodo que se informa, esta comisión nacional por primera vez en su historia ejerció la facultad para investigar violaciones graves a los derechos humanos, específicamente en relación a los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en donde tres personas perdieron la vida; dos de ellas a causa de disparos de arma de fuego y otra más a consecuencia de un incendio provocado en una gasolinera cercana, así como diversas personas lesionadas, detenidas arbitrariamente e incluso una torturada.

Sobre el particular, hace unos días di a conocer a la opinión pública el informe preliminar correspondiente y en breve tendremos el pronunciamiento final, así como las acciones encaminadas a reparar los daños, sancionar a los responsables y a que se garantice la no repetición de actos como los cometidos el 12 de diciembre en el estado de Guerrero. Todo ello en el ejercicio responsable de esta nueva facultad que busca que las víctimas accedan a la justicia y evitar que este caso quede en la impunidad.

Por otra parte, derivado del creciente número de quejas relativas a cateos ilegales llevados a cabo por elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas en auxilio de labores de seguridad pública, en agosto del año pasado, con la aprobación del Consejo Consultivo, emitimos una recomendación general sobre la práctica de cateos ilegales, en la que se enfatizó la necesidad inmediata de erradicar este tipo de eventos y se solicitó de manera urgente a las autoridades responsables que sus actuaciones en todos los casos se ajusten siempre al imperio de la ley.

En el periodo que se informa destacó también la apertura de 182 expedientes relacionados con personas reportadas como desaparecidas, así como los más de 500 trabajos de campo y las 31 mil solicitudes de información realizadas por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diversas autoridades para dar con el paradero de estas personas en condición de desaparecidas.

En 2011 logramos un contacto significativo con la población a través de más de 4 mil 200 actividades de enseñanza y capacitación que contaron con 262 mil asistentes en toda la República Mexicana, lo cual representó un aumento de 88 por ciento en el trabajo, en comparación con el año 2010.

La variedad de foros, talleres, cursos, seminarios y conferencias, así como su cobertura nacional fueron posibles como consecuencia del trabajo coordinado que emprendimos con los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil del país y los vínculos de colaboración que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con organismos internacionales habiendo suscrito 459 convenios en la materia.

Esto es una muestra que con la coordinación de esfuerzos podemos alcanzar el objetivo de extender gradualmente a toda la población mexicana el conocimiento y respeto a los derechos humanos.

Con la misma intención de acercamiento, la comisión tuvo una dinámica intensa en materia de difusión y divulgación, mediante la presencia constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva, aprovechando particularmente los tiempos oficiales, así como en nuestra página electrónica que recibió 2 millones 645 mil visitas, lo que representó cerca de 1 millón más de visitas en comparación con el año 2010 y que constituye un importante motor de promoción del trabajo institucional.

El empleo de los mecanismos enunciados son los idóneos para informar, transmitir y tener una repercusión positiva que nos permita permear en cada uno de los grupos sociales, con especial énfasis en los que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad.

Un ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son las víctimas del delito. Para ello se consolidó una red amplia de atención integral mediante la coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.

Durante el año que se informa se proporcionaron un poco más de 2 mil 500 servicios de atención a víctimas, se organizaron 95 eventos de promoción y divulgación y se distribuyeron 352 mil 441 ejemplares de material informativo vinculados con los derechos de estas personas.

En materia de protección a migrantes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo 2 mil 948 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales se dio atención a 67 mil 164 personas; se llevaron a cabo 7 mil 555 gestiones con las autoridades y se realizaron 408 actividades de capacitación y enseñanza que beneficiaron a 6 mil personas; se entregaron 200 mil materiales de difusión especializados en el tema migratorio.

Igualmente, se emitió el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, en el que se advirtió sobre la dimensión actual de esta problemática y la colusión de autoridades migratorias en diversos delitos, al tiempo de evaluar las acciones implementadas para su combate.

Otro fenómeno que en muchos casos se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano. Desafortunadamente esta práctica que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas se ha expandido y no respeta ni fronteras, ni edades.

A lo largo del año sobre el que se informa, organizamos más de 200 acciones de capacitación, con las que se benefició a 31 mil cien personas y se distribuyeron 50 mil 400 materiales informativos vinculados con la prevención de la trata de personas. Del mismo modo, se llevaron a cabo tres campañas con el objeto de concientizar a la sociedad sobre los riesgos que supone este delito.

Durante 2011 los periodistas y defensores civiles de derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso. En ese año se registraron un total de 158 quejas, 98 correspondientes a agravios en contra de periodistas, lo cual representa 42 por ciento más respecto del año 2010 y 59 a defensores civiles de derechos humanos, con un incremento del 23 por ciento en comparación al año anterior.

En este contexto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado para erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención para que el desempeño de los defensores de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia. Del mismo modo, urge que las autoridades del Estado mexicano brinden una atención seria a los agravios que enfrentan los periodistas y que se lleven a cabo las investigaciones eficaces para llevar a la justicia a los responsables de estos agravios.

Uno más de los ejes rectores de la política de posicionamiento institucional fue intensificar la participación y cooperación en la esfera internacional, otorgando especial importancia a los foros y reuniones propiciados por organismos de Naciones Unidas o bien multilaterales. De igual forma, a través de la vigorosa colaboración en el seno de agrupaciones internacionales y regionales del Ombudsman, se analizaron experiencias y buenas prácticas, al tiempo de exponer las opiniones y los avances legislativos propios del Estado mexicano en materia de una mayor y mejor defensa de los derechos humanos.

En ese ánimo, en el mes de julio, acompañados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navi Navanethem Pillay, porque por primera vez en los 21 años de antigüedad acudió a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos acompañó en la presentación ante la opinión pública del informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, en el que se expuso el hostigamiento, las amenazas, las agresiones físicas, e incluso, la privación de la vida que se lleva a cabo en su contra, en razón de las actividades que realizan al ejercer el derecho a defender.

Asimismo, en el año 2011 también se presentó a la opinión pública el Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, en el cual se detalla el trabajo de investigación, recopilación y procesamiento de información contenida en los expedientes de queja, en informes de organizaciones de la sociedad civil, y en entrevistas que personal de la institución llevó a cabo durante las diversas visitas de trabajo en dicha zona carbonífera, así como la difundida en los medios de comunicación.

El análisis de la información obtenida evidenció que las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo idóneo y digno, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado mexicano no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e incluso a la vida.

En lo referente a las personas que viven con VIH/sida, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud y se combatan todos aquellos actos de discriminación con el objetivo de respetar la dignidad de las personas que viven con dicho padecimiento.

En 2011 se entregaron 392 mil 63 materiales diversos entre organizaciones (CD, DVD, cartillas, carteles, libros y otros) entre organizaciones no gubernamentales; instituciones públicas, estudiantes y público en general a través de talleres, cursos y ferias informativas.

También se impartieron 154 actividades, tales como talleres, conferencias y cursos de capacitación en materia de VIH/sida y derechos humanos en 22 entidades federativas, que contaron con 9,380 asistentes, con la participación de servidores públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal, pertenecientes a instituciones del sector salud, educativo y de igualdad de género; a organismos públicos de derechos humanos así como a personas que viven con VIH/sida y activistas de organizaciones no gubernamentales que participan en la lucha contra el sida, estudiantes, empresarios y público en general.

Las acciones de promoción de derechos de la mujer, así como la igualdad entre hombres y mujeres, constituyen un rubro pendiente en las políticas públicas del país.

Por ello, durante 2011 se distribuyeron un total de 23 mil 866 materiales de difusión en instituciones académicas, públicas y organizaciones de la sociedad civil a las que se acudió para impartir capacitación.

Con objeto de difundir los derechos humanos de las mujeres y el principio de igualdad, se realizaron 223 actividades de capacitación dirigidas a un total de 9 mil 791 personas, entre ellas 5 mil 644 mujeres y 4 mil 147 hombres.

Como parte de las acciones de monitoreo se revisó la armonización de leyes específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, identificando que siete entidades federativas no cuentan con una legislación local en la materia. Además, se detectó que solamente ocho estados cuentan con un sistema que promueve la igualdad entre la mujer y el hombre.

Un sector de gran importancia también lo es la población indígena en nuestro país, compuesta por poco más de 15.5 millones de personas, que aún cuando padecen actitudes de discriminación y rechazo por su origen, color de piel, creencias, manifestaciones culturales, lengua y forma de vestir.

Especial atención requiere en este rubro la niñez indígena, que aún sufre rezagos que la ubican como uno de los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad por ser los menos atendidos en sus demandas de salud, educativas y de desarrollo social.

Situación similar presentan los 8.1 millones de mujeres indígenas que suelen ser objeto frecuentemente de abusos y violaciones directas a su integridad física y moral, así como violencia intrafamiliar y la falta de atención médica.

La marginación y desigualdad impiden su desarrollo social, económico y político pero además constituye todo esto una violación a sus derechos humanos.

En 2011 este organismo capacitó a 26 mil 552 personas en materia de derechos humanos de indígenas, distribuyendo 108 mil 235 materiales informativos y visitando 111 comunidades indígenas.

Como parte de las actividades realizadas en el marco de gestión de asuntos sobre beneficios de libertad anticipada para indígenas, se realizaron 64 visitas a diversos centros penitenciarios para entrevistarse con la población de origen indígena, analizar sus expedientes y brindar la orientación jurídica correspondiente. En 2011 se logró la liberación anticipada de 396 personas indígenas que se encontraban en prisión y que no ameritaba que continuaran privados de su libertad.

En cuanto a las acciones efectuadas a través de visitas a lugares de detención, en ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se realizaron 61 visitas iniciales en las que se detectaron 2 mil 565 irregularidades.

Asimismo, se llevaron a cabo 530 visitas de seguimiento a los lugares de detención, con la finalidad de emitir un informe sobre el cumplimiento que guardan las 23 recomendaciones del mecanismo nacional, concluyendo que aproximadamente 50 por ciento de las irregularidades se encuentran atendidas o con un avance de cumplimiento, que se han emitido en la materia durante los últimos 5 años.

Hoy por hoy, los centros de readaptación social presentan problemas de sobrepoblación y hacinamiento, así como mal estado de sus instalaciones.

Durante 2011 se visitaron 100 centros de reclusión, se impartieron 32 cursos de capacitación dirigidos a 227 servidores públicos y se benefició a una población penitenciara de 161 mil 823 personas.

Igualmente, se concluyó el seguimiento a la aplicación de la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes, a través de visitaa a los estados para dar continuidad a la supervisión del funcionamiento del nuevo sistema de justicia para adolescentes en todas las entidades federativas.

Por otra parte, uno de los grupos que también se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad es el de las personas con discapacidad, quienes deben luchar no sólo por enfrentar los retos que plantea la vida misma, sino también para superar las resistencias que por ignorancia o desconocimiento les ha impuesto la sociedad y que dificultan su integración plena.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del área de atención a personas con discapacidad busca fomentar una cultura de inclusión para que gocen plenamente de todos sus derechos fundamentales.

En suma, durante 2011 la apuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos. Por ello no sólo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos sino que se repartieron aproximadamente 4 millones 700 mil ejemplares sobre temas vinculados con los derechos humanos.

Señor presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ciudadanas y ciudadanos legisladores

Transparentar las actividades que derivan de la alta encomienda que la sociedad mexicana nos ha confiado, es un sano ejercicio al que todos los que servimos debemos contribuir. Ésa es la base para el fortalecimiento del Estado democrático.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, sin duda dio una muestra de madurez por parte del Estado mexicano y constituye una oportunidad sin precedentes para encauzar la actuación de los servidores públicos en beneficio de las personas, así como para fortalecer la cultura de la legalidad. Es una herencia que esta, la LXI Legislatura le deja al pueblo de México y está escrita ya en las páginas de la historia nacional.

Por ello, merece el mayor de los reconocimientos al esfuerzo que han hecho los senadores y diputados que integran los LXI Legislatura del Congreso de la Unión y que condujo a la citada reforma constitucional por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Muchas gracias, legisladores, por apoyar esta importante reforma constitucional.

Igualmente quiero reconocer el apoyo que, en materia presupuestal, autorizó la honorable Cámara de Diputados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que hizo posible llevar a cabo el trabajo que ahora les he informado.

Quiero reafirmar ante todos ustedes el compromiso de ejercer el presupuesto con base en criterios de transparencia, responsabilidad, racionalidad y austeridad, buscando siempre hacer más con el menor presupuesto posible.

En ese sentido, también reitero mi convicción de seguir colaborando con las autoridades de los poderes públicos federales, estatales y municipales, los organismos protectores de derechos humanos y la sociedad civil para que juntos podamos encontrar soluciones definitivas que permitan superar y resolver los problemas que nos aquejan en materia de derechos humanos, pero sobre todo que podamos asumir los derechos humanos como un compromiso común. Muchas gracias.

«Escudo.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión; Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado Acosta Naranjo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades, me es grato remitir a usted tres ejemplares, del informe del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011.

Sin otro particular por el momento, reciba mi más atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 23 de enero de 2012.— Dr. Raúl Plascencia Villanueva (rúbrica), Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se turna el informe a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores; se pide a la comisión designada acompañar al doctor Raúl Plascencia Villanueva, cuando éste desee retirarse de este recinto.

Continúe la Secretaría leyendo las comunicaciones.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.— Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que, con fecha 18 de enero del año en curso, se realizaron modificaciones de turno a las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que asegure la permanencia y cobertura de los apoyos en materia de abasto de alimentos a bajo precio, en particular el maíz y la leche, presentada por el diputado Carlos Flores Rico, el 11 de enero de 2012.

“Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.”

2. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el año 2012 como Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, presentada por la diputada María Isabel Merla Talavera, el 11 de enero de 2012.

“Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.”

3. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar los instrumentos necesarios para privilegiar la compra de algodón nacional, presentada por la diputada Josefina Rodarte Ayala, el 11 de enero de 2012.

“Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo, de la Comisión Permanente.”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputado Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: De enterado.

LEGISLADORES QUE SOLICITAN LICENCIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se recibieron 25 solicitudes de licencia de legisladores; en virtud de que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y se voten en un solo acto.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y se voten en un solo acto. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia por tiempo indefinido al ejercicio de diputada federal por el quinto distrito electoral federal de Nuevo León, los efectos de la solicitud serán a partir del miércoles 18 de enero del año en curso.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de enero de 2012.— Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

«Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1; y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia, por tiempo indefinido, para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal por el II distrito electoral del estado de Yucatán, a partir del 20 de enero de 2012.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes al presente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputado Felipe Cervera Hernández (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción XVI, 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitarle atentamente que tenga a bien someter a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LXI Legislatura por el distrito 4 con cabecera en Zapopan, Jalisco, por tiempo indefinido a partir del viernes 20 de enero de 2012, a fin de participar en el proceso interno de selección de candidatos al senado del Partido Revolucionario Institucional.

Sin otro particular por el momento, sirva el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Respetable diputado presidente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito solicitar a la honorable Comisión Permanente, me sea concedida licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LXI Legislatura, con efectos a partir de la fecha que sea aprobada por esa Comisión Permanente y por tiempo indefinido.

Lo anterior, en razón de mi aspiración a ocupar la candidatura a senador de la República por Nayarit para el proceso electoral federal del presente año, con motivo de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 29 de noviembre de 2011.

Sin otro particular reitero a usted mi más distinguida consideración, agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a esta solicitud.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 17 de enero de 2012.— Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia al ejercicio de diputada federal por el segundo distrito electoral federal de Jalisco, por tiempo indefinido, a partir del 25 de enero de 2012.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputada Olivia Guillén Padilla (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Cámara de Diputados.— Presente

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción XVI, 12, fracción III, 13 y 78, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y por así convenir a mis intereses, ante usted solicito tenga a bien someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente que se apruebe mi solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de diputado federal del distrito 01 con Cabecera Tuxtepec, estado de Oaxaca, con efecto a partir de esta fecha 18 de enero de 2012.

Por lo antes expuesto y fundado, esperando que se me conceda la solicitud planteada, le agradezco a usted las atenciones brindadas al suscrito, quedo a sus apreciables ordenes.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Diputado Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia a partir del 18 de enero y hasta el 18 de febrero del año en curso, al cargo de diputado federal por el estado de Morelos.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputado Francisco Alejandro Moreno Merino (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo que señalan los artículos 12, numeral 1, fracción III, y 13, numerales 2 y 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por este medio solicito respetuosamente que se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mi encargo como diputado por el IX distrito electoral de Veracruz, a partir de esta fecha.

Lo anterior, para dar cumplimiento a las normas internas de mi partido y contender como precandidato al Senado de la República por Veracruz en las próximas elecciones federales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2012.— Diputado José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito solicitar a la honorable Comisión Permanente me sea concedida licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LXI Legislatura, con efectos a partir de la fecha que sea aprobada por esa Comisión Permanente y por tiempo indefinido.

Lo anterior, en razón de mi aspiración a ocupar la candidatura a senador de la Republica por Chiapas para el proceso electoral federal del presente año, con motivo de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, de fecha 29 de noviembre de12011.

Sin otro particular expreso a usted la seguridad de mi consideración, agradeciendo de antemano la atención que sirva a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputado Julián Nazar Morales (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, y 12, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo a solicitar licencia al ejercicio de diputada federal por el noveno distrito electoral federal de Guadalajara, Jalisco, por tiempo indefinido, a partir del 25 de enero de 2012.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputada Clara Gómez Caro (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en los artículos 6, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción III, 13, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pido sea sometida al pleno de la Comisión Permanente mi solicitud de licencia, por tiempo indefinido, al ejercicio de mi cargo como diputada federal, a partir del 20 de enero del año en curso.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2012.— Diputada Sofía Castro Ríos (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 y 78 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia, por tiempo indefinido, para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal por el VII distrito electoral del estado de Jalisco, a partir del día 27 de enero de 2012.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes al presente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado Jorge Arana Arana (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido Diputado:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción XVI, 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito licencia por tiempo indefinido al cargo de Diputado Federal por el segundo distrito del estado de Campeche, cargo que vengo desempeñando desde el día primero de septiembre de 2009.

Ruego a usted dar turno a la presente para sus efectos legales conducentes, a partir de la fecha de presentación de ésta, toda vez que participaré en el proceso interno para la postulación de candidatos a cargos de elección popular del partido al que pertenezco.

Sin otro particular, le reitero mis afectos y mi distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción XVI, 12, fracción III, y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia al ejercicio de mi cargo como diputado federal a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión a partir de esta fecha; y, en su caso, hasta nueva comunicación de reincorporación al ejercicio de mi cargo.

Agradezco a usted la atención y trámite parlamentario que se sirga dar a la presente y le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado David Penchyna Grub (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Federal Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Estimado señor presidente:

Me permito hacer de su conocimiento que, con fundamento en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción XVI, 12, fracción III, y 13, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito licencia para separarme temporalmente en el ejercicio del cargo de diputado federal del 20 de enero al 16 de febrero de 2012.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado Omar Fayad Meneses (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con base en los artículos 3, numeral 1, fracción X; 6, numeral 1, fracción XVI; 9, numeral 1, fracción II; 12, numeral 1, fracción III; y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, le solicito ponga a consideración del pleno la solicitud de licencia de un servidor, por tiempo indefinido, para separarme de mi cargo como diputado federal por el distrito XI de Guadalajara, Jalisco, a partir de la fecha del presente oficio, ya que contenderé por un cargo de elección popular en mi estado.

Asimismo, le solicito que de ser aprobada mi licencia, se convoque a la diputada suplente para asumir dicho cargo.

Esperando contar con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2012.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Respetable presidente:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto me permito solicitar a esa honorable Comisión Permanente me sea concedida licencia para separarme del cargo de diputada federal a la LXI Legislatura, con efectos a partir de la fecha en que sea aprobada por esa Comisión Permanente.

Agradeciendo el trámite parlamentario que se sirva dar a la presente, le reitero las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2012.— Diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, respetuosamente me permito solicitar ante usted licencia para separarme del cargo de diputado federal de esta legislatura, a partir del día 20 de enero del presente año por tiempo indefinido para atender asuntos de carácter personal, le ruego hacer del conocimiento al resto de los miembros de esta respetable Cámara.

Sin otro en particular, le reitero mi aprecio y más alta consideración.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Diputado Aarón Irízar López (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción XVI; 12, fracción III; y 13 del Reglamento del Congreso de la Unión me permito solicitar licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones legislativas como diputado, por el distrito 8 de Puebla, a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a partir de esta fecha.

Reciba las muestras de mi más alta y distinguida consideración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado Fernando Morales Martínez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 470 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás relativos, el suscrito, diputado federal del distrito VIII del estado de Chiapas, integrante de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicito realizar los trámites correspondientes para que se me otorgue licencia temporal para separarme de mi cargo a partir del 20 de enero del presente año, solicitando se me descuente de mi dieta los días que me ausento.

Sin más por el momento quedo de usted, atento y seguro servidor.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado Roberto Albores Gleason (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia, por tiempo indefinido, para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputada federal por el XIII distrito electoral de Jalisco, a partir del 21 de enero de 2012.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes a la presente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputada Ana Estela Durán Rico (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 62 y 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle licencia para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal, por el XII distrito electoral del estado de Jalisco, a partir del día 26 de enero misma que concluirá el 12 de febrero del 2012.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes al presente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar agradezco de antemano su fina atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2012.— Diputado Joel González Díaz (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, y 13, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar licencia, por tiempo indefinido, para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal de la circunscripción por el estado de Baja California Sur, a partir del 20 de enero de 2012.

Por tal motivo, solicito a usted que realice todos los trámites conducentes al presente.

Sin otro particular y para los efectos legales a que haya lugar, agradezco de antemano su fina atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2012.— Diputado Isaías González Cuevas (rúbrica).»

«Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, senador de la república por el estado de Durango en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción XIII, 11, 12, 13, fracción V, y 14 del Reglamento del Senado de la República, me dirijo a usted para solicitar licencia a partir del día veintitrés de enero del año en curso, por tiempo indefinido (sin goce de sueldo).

En consecuencia, una vez que esta Comisión Permanente tenga a bien aprobar la referida licencia, le solicito respetuosamente sea llamado mi suplente, el ciudadano Juan Quiñones Ruíz, para asumir el cargo.

Quedo de Usted.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de enero de 2012.— Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 12, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, por su digno conducto me permito solicitar a esta honorable Comisión Permanente, me sea concedida licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LXI Legislatura, con efectos a partir de la fecha que se presenta esta solicitud y por tiempo indefinido.

Lo anterior, por mi interés de postularme a otro cargo de elección, para el proceso electoral federal del presente año, por el Partido Revolucionario Institucional.

Sin otro particular expreso a usted la seguridad de mi consideración, agradeciendo de antemano la atención que sirva a la presente.

Atentamente

México, DF, a 25 de enero de 2012.— Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), diputada federal.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se autoriza. De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Marcela Guerra Castillo, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el Quinto  Distrito Electoral del estado de Nuevo León, a partir del 18 de enero del 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Felipe Cervera Hernández, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Segundo Distrito Electoral del Estado de Yucatán, a partir del 20 de enero del año en curso.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Arturo Zamora Jiménez, para separarse de sus funciones como diputados federal, electo en el Cuarto Distrito Electoral del Estado de Jalisco, a partir del 20 de enero del año en curso.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Primer Distrito Electoral del Estado de Nayarit, a partir del 18 de enero del 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Olivia Guillén Padilla, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el Segundo Distrito Electoral del Estado de Jalisco, a partir del 25 de enero del 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eviel Pérez Magaña, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Primer Distrito Electoral del Estado de Oaxaca, a partir del 18 de enero del 2012.

Único. Se concede licencia al diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Primer Distrito Electoral del Estado de Morelos, del 18 de enero al 18 de febrero del 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Francisco Yunes Zorrilla, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Noveno Distrito Electoral del Estado de Veracruz, a partir del 18 de enero del 2012.

Único, Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Julián Nazar Morales, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la Tercera Circunscripción Plurinominal, a partir del 18 de enero del 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Clara Gómez Caro, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el Noveno Distrito Electoral del Estado de Jalisco, a partir del 25 de enero del 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Sofía Castro Ríos, para separarse de sus funciones como diputada federal, electa por el Quinto Distrito Electoral del Estado de Oaxaca a partir del 20 de enero del año 2012.

Único, se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jorge Arana Arana, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VII distrito electoral del estado de Jalisco, a partir del 27 de enero del año en curso.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Óscar Román Rosas González, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el II distrito electoral del estado de Campeche, a partir del 20 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado David Penchyna Grub, para separarse de sus funciones como diputado federal por el IV el distrito electoral del estado de Hidalgo, a partir del 20 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia al diputado Omar Fayad Meneses, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el I distrito electoral del estado de Hidalgo, a partir del 20 de enero al 16 de febrero de 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Salvador Caro Cabrera, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XI distrito electoral del estado de Jalisco, a partir del 23 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la cuarta circunscripción plurinominal, a partir del 18 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Aarón Irizar López, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V distrito del estado de Sinaloa, a partir del 20 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Morales Martínez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII distrito electoral del estado de Puebla, a partir del 20 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Roberto Armando Albores Gleason, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VIII distrito del estado de Chiapas, a partir del 20 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Ana Estela Durán Rico, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el XIII distrito del estado de Jalisco, a partir 21 del de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia al diputado Joel González Díaz, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XII distrito del estado de Jalisco, del 26 de enero al 12 de febrero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Isaías González Cuevas, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir del 20 de enero del año 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, para separarse de sus funciones como senador de la república electo por el estado de Durango, a partir del 23 de enero de 2012.

Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la cuarta circunscripción plurinominal, a partir del 25 de enero de 2012.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ha solicitado la palabra la diputada Beatriz Paredes Rangel, para referirse a su solicitud de licencia y se le concede.

La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:Compañeras y compañeros legisladores, señor Presidente de la Comisión Permanente aprecio el que me haya otorgado el uso de la palabra.

Durante más de 30 años he tenido la oportunidad de ser una acuciosa observadora del Poder Legislativo mexicano, protagonista en ocasiones. Soy una convencida de la necesidad de un mayor equilibrio entre los Poderes y de la necesidad del robustecimiento de la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

La vida me regaló el privilegio de haber presidido el Congreso de la Unión en tres ocasiones: en 1979, en 2001 y en 2002. Presidí también la Cámara de Diputados en la LIII Legislatura y el Senado en la LVII Legislatura, la vida y la solidaridad de mis correligionarios.

Ser integrante de la primera Legislatura que aplicó la reforma política, de la que registró el dolor y la indignación que causó el sismo de 1985 en el Distrito Federal, y vivir en toda intensidad la primera Legislatura de la alternancia, me permitió comprender la evolución de la política mexicana sus claroscuros y paradojas, a veces, sus retrocesos, y reafirmar mi vocación reformadora y demócrata.

En todo momento, como diputada de trinchera o como coordinadora parlamentaria descubrí que en el Congreso palpas el pulso de la nación, percibes la enfermedad y la grandeza de la patria, conoces, en el caleidoscopio que es el recinto parlamentario, todos los rostros, las emociones, escuchas todos los acentos y tonos regionales, descubres la fraternidad y camaradería que construyen, aun en la diferencia y el antagonismo estéril que paraliza. Aprendí, sobre todo, a escuchar la razón del otro, a no evanescerme en mis soliloquios y a tratar de encontrar la razón que conviene a todos. Reafirmé mi convicción federalista al mirar nuestra heterogeneidad en este entramado multicultural, diverso y plural que es el Congreso de la Unión.

Descubrí que es en el Poder Legislativo donde las decisiones calan hondo en el modelaje de la sociedad y en la perspectiva histórica. No es el poder para satisfacer las ambiciones o disfrutar del boato de los poderosos. Es el poder para que con humildad y oído abierto, con capacidad de escuchar y generar afinidades mayoritarias o consensos, sea posible trascender. Es el poder de los pares, de los diferentes, pero iguales.

De esta LXI Legislatura me enorgullece especialmente haber participado en dos grandes reformas constitucionales que se significarán en el tiempo y calificarán el registro de nuestro cuerpo colegiado: la reforma al artículo 3o. constitucional que establece la obligatoriedad del Estado de impartir la educación media superior; y la reforma al Capítulo I del Título Primero y los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 que elevan a rango constitucional en nuestra Carta Magna la obligatoriedad del Estado mexicano de acotar todos sus actos e interpretaciones jurídicas a la plena vigencia de los derechos humanos, considerando el derecho internacional. Sin menoscabo de las demás tareas legislativas, ambas reformas definen esencialmente esta Legislatura como progresista y humanista.

Señoras y señores:

Vengo de la estirpe indígena de un pueblo que se gobernó por un consejo plural, que la historia reconoce como el Senado Tlaxcalteca.

Me formé con un político, Emilio Sánchez Piedras, quien fue líder de la mayoría en la XLIV Legislatura, acompañando al presidente López Mateos, de ahí mi vocación parlamentaria.

Aprecio la conducción de quienes en su momento fueron mis coordinadores parlamentarios. Don Luis M. Farías, Eliseo Mendoza Berrueto, María de los Ángeles Moreno, Rafael Rodríguez Barrera, Francisco Rojas Gutiérrez. Aprecio la presencia del coordinador de nuestra bancada en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones.

Agradezco el apoyo de mis colaboradores, tanto personales como en las comisiones, y de ése numeroso equipo de la Cámara, paladines del Legislativo que se entregan incansablemente para que fluyan las Legislaturas.

Las Cámaras han sido para mí, siempre, oportunidad de hacer amigos. De aprender conceptos de los más sabios, de deslumbrarme con los más ingeniosos debates. De saber en lo profundo de mi conciencia, que sólo la ética pública y la honradez política dan jerarquía al quehacer parlamentario. He consolidado grandes afectos, amistades con mis correligionarios desde luego, y también con quienes enarbolan otras banderías políticas. Finalmente todos tenemos algo en común; creer que la política es el instrumento privilegiado para cambiar la realidad, para que devenga en más justa; creer que la ley es producto de la civilización humana, encauza sus contradicciones e intereses y logra, mediante la norma, enmarcar su convivencia, donde todos quepan y se respeten todos.

Probablemente ésta será mi última intervención ante el Congreso, ahora, a través de su Comisión Permanente. Tiene el propósito de presentar mi solicitud de licencia al cargo de diputada federal. Solicito atentamente, señor presidente, acuerde el trámite que corresponda.

Agradezco a todos ustedes su solidaridad, su aprecio, su compañerismo en las identidades y en los debates y las contradicciones. Agradezco a la vida enormemente el haber vivido a plenitud la realidad del Poder Legislativo mexicano. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese a las Cámaras, tanto de Diputados como de Senadores.

Esta Presidencia quiere dar un reconocimiento a todos los legisladores y todas las legisladoras que hasta el día de hoy fueron parte de este Poder Legislativo; quisiera desearles suerte en sus próximas tareas a todos y a todas.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Permítame, señor secretario, previamente. Deseo informar a la Comisión Permanente de la decisión tomada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el día de ayer.

Como ustedes ya se habrán enterado, el día de ayer esta Presidencia presentó, por conducto de la Secretaría General de la Cámara de Diputados y de su departamento Jurídico de la misma Cámara, una demanda ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por delitos federales.

A mí llegada a las oficinas de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordené una inspección de seguridad de protocolo; los resultados que ha arrojado dicha revisión son preocupantes, se constituyen probables delitos en contra de este Poder Legislativo.

Estas acciones configuran delitos graves, que tienen que ser inmediatamente investigados para determinar quiénes están detrás de esto, desde cuándo se operan en nuestras instalaciones equipos prohibidos por la ley y que tienen por objeto la intervención de llamadas telefónicas y de las redes de Internet internas.

Acudimos a la PGR a presentar esta denuncia, porque creemos en las instituciones del Estado; esperamos que esta investigación fluya de manera rápida, se determine si hay o no delito qué perseguir y se castigue, en su caso, a los responsables.

Los ciudadanos tenemos el derecho a la privacidad, como un derecho fundamental que el Estado mexicano nos otorga; nuestras leyes determinan claramente que nadie puede ser escuchado ni intervenido en sus comunicaciones privadas, a menos que medie en el acto una orden judicial, y es muy delicado que en el propio Poder Legislativo, órgano de representación de la sociedad y uno de los Poderes de la Unión, se estén realizando este tipo de delitos.

A nadie le conviene un Poder Legislativo débil; a nadie le conviene un Poder Legislativo bajo presión o bajo chantaje; a nadie le conviene un Poder Legislativo que no esté fuerte para ayudar a resolver los grandes problemas que tiene este país.

Ésa es la razón fundamental por la que —con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y ante el cúmulo de pruebas encontradas durante la revisión interna— esta Presidencia decidió acudir a las instancias correspondientes para llevar a cabo una profunda investigación y que los resultados lleven a la detención y castigo de quienes hayan resultado responsables.

La independencia, la autonomía del Poder Legislativo debe quedar plenamente salvaguardada.

Continúe la Secretaría.

ESTADOS DE SONORA, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, AGUASCALIENTES, TAMAULIPAS, COAHUILA, CHIHUAHUA, SINALOA, DURANGO, NUEVO LEON, ZACATECAS, SAN LUIS POTOSI, QUERETARO, GUANAJUATO, TLAXCALA, PUEBLA, MEXICO, HIDALGO, TABASCO Y VERACRUZ

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo.— LVII Legislatura del Estado de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto, me permito comunicar a usted que, la Diputación Permanente de la honorable LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar acuerdo, que en su parte conducente refiere lo siguiente:

Único. La Diputación Permanente, de la honorable LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, ratifica y se suma al acuerdo aprobado por la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortando al Ejecutivo federal a buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento tendentes a la resolución del diferendo con el Poder Legislativo federal, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará un fondo especial de 10 mil millones de pesos con los excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos 2011, los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, así como las economías que el Ejecutivo federal hubiera obtenido en el ejercicio del gasto de 2011, para atender los daños ocasionados por contingencias climáticas en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Lo que hago de su conocimiento para los efectos procedentes.

Se acompaña al presente, texto íntegro del acuerdo.

Sin otro particular, le expreso mi elevada consideración.

Atentamente

Toluca de Lerdo, México, a 11 de enero de 2012.— Diputada Florentina Salamanca Arellano (rúbrica), secretaria.»

«Escudo.— LVII Legislatura del Estado de México.

La Diputación Permanente de la LVII Legislatura del estado de México, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 38, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente

Acuerdo

Único.La Diputación Permanente de la LVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de México ratifica y se suma al acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el que se exhorta al Ejecutivo federal a buscar instrumentos de colaboración y entendimiento tendentes a la resolución del diferendo con el Poder Legislativo federal, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará un fondo especial de 10 mil millones de pesos con los excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos de 2011, los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011, y las economías que el Ejecutivo federal hubiere obtenido en el ejercicio de 2011, para atender los daños ocasionados por contingencias climáticas en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Transitorios

Primero.Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a 11 de enero de 2012.— Diputada Florentina Salamanca Arellano (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— México, DF

En sesión de la Diputación Permanente celebrada en esta fecha se determinó aprobar el punto de acuerdo número LXI-54, mediante el cual la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas expresa su apoyo y se adhiere al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente el 4 de enero del presente año, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a buscar instrumentos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Ejecutivo federal integrará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un fondo especial para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.

Al respecto, se anexa copia del punto de acuerdo de referencia, para su conocimiento y efectos que haya a lugar.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de enero de 2012.— Diputado Héctor Martín Canales González (rúbrica), presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

La Diputación Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 62, fracción IX, de la Constitución Política local; y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente

Punto de Acuerdo Número LXI-54

Artículo Primero. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas expresa su apoyo y se adhiere al punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente el 4 de enero del presente año, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal a buscar instrumentos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Ejecutivo federal integrará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un fondo especial para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.

Artículo Segundo.Notifíquese el presente punto de acuerdo a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su apoyo y adhesión a él, así como a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su conocimiento y efectos que haya a lugar.

Transitorio

Artículo Único.El presente punto de acuerdo entrará en vigor a partir de su expedición.

Salón de sesiones del Congreso del estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 13 de enero de 2012.— Diputados: Héctor Martín Canales González (rúbrica), presidente; Rigoberto Rodríguez Rangel (rúbrica), Beatriz Collado Lara, secretarios.»

«Escudo.— LX Legislatura.— Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

Adjunto me permito remitir a usted, un ejemplar del Acuerdo número 05, aprobado por la Sexagésima Legislatura del Estado, en sesión de la Comisión Permanente de esta misma fecha, mediante el cual expresa su apoyo y acuerdo con la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respecto del exhorto que formuló al titular del Poder Ejecutivo federal para que busque los mecanismos de colaboración y entendimiento que resuelvan el diferendo derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo federal integrará un fondo especial de 10 mil millones para atender daños por contingencias climatológicas en diversas entidades federativas del país.

Me es grato reiterarle las seguridades de mi distinguida y especial consideración.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

Zacatecas, Zacatecas, a 10 de enero de 2012.— LX Legislatura del Estado.— Comisión Permanente, diputado presidente Ángel Gerardo Hernández Vázquez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Acuerdo número 5

La Comisión Permanente de la honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Resultando primero. En fecha 10 de enero del año dos mil doce, los diputados Felipe Ramírez Chávez, Luis Gerardo Romo Fonseca, Saúl Monreal Ávila y Ramiro Rosales Acevedo, coordinadores de los Grupos Parlamentarios Primero Zacatecas, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Nueva Alianza, respectivamente, elevaron a la consideración de la Comisión Permanente, iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual expresan su apoyo y acuerdo con la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respecto del acuerdo por el que exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal para que busque los mecanismos de colaboración y entendimiento que resue1van el diferendo derivado de la aprobación del decreto emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual el Poder Ejecutivo federal integrará un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños por contingencias climatológicas ocurridas en diversas entidades federativas del país.

Resultando segundo. En sesión de la Comisión Permanente celebrada en la misma fecha, se dio lectura al escrito de cuenta y por acuerdo de la comisión que suscribe y con fundamento en lo que dispone el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la iniciativa fue sometida a estudio, análisis, discusión y aprobación, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución.

Considerando

En el año dos mil once diversas entidades federativas del país se vieron afectadas por fenómenos climatológicos consistentes en sequía atípica, heladas o inundaciones.

Las consecuencias de dichos fenómenos afectaron, de manera principal e inmediata, a los productores agrícolas y ganaderos de dichas entidades incluidas, entre ellas, Zacatecas.

Se llevaron a cabo las gestiones respectivas a efecto de que se emitieran las declaratorias correspondientes y, sin embargo, las consecuencias de dichos fenómenos climatológicos afectarán a la población de las referidas entidades federativas en los próximos meses, por lo que resulta necesario, y urgente, que se canalicen mayores recursos para apoyar las cadenas productivas en esos estados y para la implementación de programas de gobierno que mitiguen, en favor de la población, las precitadas consecuencias que tendrán los fenómenos meteorológicos antes señalados.

En razón de ello, varios diputados federales y senadores, así como gobernadores de los estados afectados, presentaron iniciativas y peticiones para que el Ejecutivo federal integrara un fondo especial de diez mil millones de pesos que coadyuvara a la reactivación de la economía de esos estados pues, como lo señala el dictamen relativo que, en fecha trece de diciembre del año dos mil once, emitieron las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, las contingencias climatológicas referidas “...crearon una situación de emergencia en la actividad agrícola del país que daña seriamente la economía nacional ya que la pérdida de cosechas en todos los estados mencionados ha traído como consecuencia no solamente la escasez generalizada de alimentos en el país, sino también la pérdida de fuentes de empleo de miles de familias de productores y trabajadores agrícolas, ganaderos y pescadores”.

En sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el quince de diciembre del año dos mil once, fue aprobado el precitado dictamen, mismo que, en calidad de decreto, fue remitido al titular del Poder Ejecutivo federal para los efectos de su competencia.

El presidente de la República, mediante oficio de fecha veintidós de diciembre del año dos mil once, comunicó a los secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, diversas observaciones que formuló en relación al decreto referido en el párrafo anterior.

En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, realizada en fecha cuatro de enero del año dos mil doce, el diputado federal Óscar Yáñez González del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el senador Adolfo Toledo Infanzón y la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en su respectiva Cámara, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento, para resolver el diferendo con el Poder Legislativo, derivado de la aprobación del decreto para integrar un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por contingencias climáticas en diversas entidades del país.

En su propuesta, los representantes populares propusieron los puntos siguientes:

“ Primero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo en el Poder Legislativo derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Ejecutivo federal integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas en los estados de: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz. Esto fue lo que aprobó la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2011.

Segundo. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión citará a comparecer el próximo miércoles 11 de enero de 2012 ante el pleno a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que informen detalladamente la situación que guarda el flujo de recursos del sector agrario para enfrentar las contingencias climatológicas que abaten a dichos estados.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión conformará un grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas en el sector agropecuario y rural que han sufrido estos estados de la república.

Dicho grupo de trabajo estará integrado por dos legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión Permanente y contará con los recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones, mismos que les serán asignados a cada legislador que integre el grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación, por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara a la que pertenezcan.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para que en consulta con los grupos parlamentarios emita opinión respecto a la presentación de la controversia constitucional a las observaciones formuladas por el Ejecutivo federal al decreto en la materia que se presentó en la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo”.

Al referirse a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo del estado el diputado González Yáñez mencionó: “En consecuencia las observaciones que ha hecho el Ejecutivo, que podrían entrar a debate, sí, lo que no puede estar a debate es la necesidad de que actuemos con responsabilidad y rescatar a estos estados de la situación que están viviendo.

No es posible que por una diferencia de opiniones jurídicas, no podamos estar nosotros atendiendo una emergencia que prácticamente atiende a la mitad del país. Lo que estamos planteando en recursos equivale a poco menos de 0.3 por ciento del presupuesto total de la federación, que podrían resolver los problemas de más de 10 estados de nuestro país, que no van a salir del problema en lo inmediato, pero que si en lo inmediato tenemos que atenderlo. Esto se previó hace años y nadie, nadie hizo nada, y hoy estamos en el problema que estamos”.

Es necesario mencionar que los representantes populares que integran la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, después de un amplio debate respecto de la propuesta de punto de acuerdo presentada en el que coincidieron en la urgencia de otorgar soluciones inmediatas a las consecuencias derivadas de las contingencias climatológicas a que nos hemos venido refiriendo en esta iniciativa, por unanimidad, aprobaron lo siguiente

“ Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a buscar los mecanismos de colaboración y entendimiento para resolver el diferendo con el Poder Legislativo, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Ejecutivo federal integrará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz, el pasado 15 de diciembre de 2011.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión citará a comparecer el próximo miércoles 11 de enero de 2012 ante la Comisión Tercera a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que informen detalladamente la situación que guarda el flujo de recursos del sector agropecuario para enfrentar las contingencias climatológicas que abaten dicho sector.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión conformará un grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas en el sector agropecuario y rural que han sufrido los estados de la república antes mencionados. Dicho grupo de trabajo estará integrado por dos legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios con representación en la Comisión Permanente.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, para que en consulta con los grupos parlamentarios emita opinión respecto a la presentación de la controversia constitucional a las observaciones formuladas por el Ejecutivo federal al decreto materia de la presente proposición con punto de acuerdo.”

Con objeto de que la población afectada pueda contar, en lo inmediato, con los apoyos y recursos que le ayude a mitigar los efectos adversos de los fenómenos climatológicos que se han referido en esta iniciativa, la Comisión Permanente estima oportuno expresar su apoyo y acuerdo con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a efecto de que, de manera respetuosa, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que busquen los mecanismos de colaboración y entendimiento que resuelvan el diferendo derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo federal integrará un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender daños por contingencias climatológicas en diversas entidades federativas del país.

La Comisión Permanente coincide en que en toda acción de gobierno debe prevalecer a atención inmediata de las necesidades más urgentes de la población y, por ello, reitera el exhorto para que en ánimo de otorgar apoyos inmediatos a la población afectada por los fenómenos climatológicos señalados en el cuerpo de este instrumento legislativo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales construyan un acuerdo que permita que a la brevedad sean canalizados recursos a las referidas entidades federativas, ello con independencia de que los secretarios de estado, en su comparecencia ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión detallen, de manera pormenorizada, los montos y destinos de los recursos públicos asignados al Programa para Atender la Sequía en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 105 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, es de acordarse y se acuerda:

Primero. La Comisión Permanente de la honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, expresa su apoyo y acuerdo con la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respecto del exhorto que formuló al titular del Poder Ejecutivo federal para que busquen los mecanismos de colaboración y entendimiento que resuelvan el diferendo derivado de la aprobación del decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo federal integrará un fondo especial de 10 mil millones de pesos para atender daños por contingencias climatológicas en diversas entidades federativas del país.

Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a las legislaturas locales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, con objeto de que se sumen al acuerdo emitido en fecha cuatro de enero del año en curso por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Tercero. Comuníquese el presente punto de acuerdo a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales a que haya lugar.

Comuníquese al Ejecutivo del estado para su publicación.

Dado en la sala de comisiones y en sesión de la Comisión Permanente de la honorable Sexagésima Legislatura del Estado, a los diez días del mes de enero del año dos mil doce.— Diputado Ángel Gerardo Hernández Vázquez (rúbrica), presidente;diputado Juan Francisco Cuevas Arredondo (rúbrica), secretario;diputado Ramiro Rosales Acevedo (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Remítase al Grupo de Trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas en el sector agropecuario y rural que han sufrido los estados de la República.

PROTECCION DE RECIEN NACIDOS EN HOSPITALES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado Jesús María Rodríguez Hernández; diputado Bonifacio Herrera Rivera, secretarios.

Es en relación con el oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0361, del dieciocho de de marzo de dos mil diez, por el que turnan el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta a los Congresos locales a revisar y, en su caso, homologar los tipos penales relativos a la sustracción ilegal de menores, que me permito hacer de su conocimiento que el treinta de julio de la presente anualidad se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el Decreto 704 a través del que se reformó en el Título Segundo de la Parte Especial la denominación del Capítulo V para nombrarlo Robo de Infante; y Sustracción de Menores o Incapaces; y es en el artículo 138 en donde se tipifica y sanciona tal ilícito.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta Poder Legislativo por dando cumplimiento al exhorto de referencia.

Atentamente

San Luis Potosí, SLP, a 5 de diciembre de 2011.— Diputado Alfonso José Castillo Machuca (rúbrica), presidente de la Comisión de Justicia de la LIX Legislatura del honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio número DCJ/0803/2011, mediante el cual el licenciado Agustín Torres Pérez, jefe delegacional en Cuauhtémoc, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía ya los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.

Lo anterior en relación con el oficio número D.G.P.L.61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre del 2011, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2012.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Licenciado Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

De conformidad con su oficio número SG/CED/2685/ 2011, en el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales ya los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regu1atorias que incidan en la actividad ven el proceso productivo de las Mypime, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.

En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.

Hago de su conocimiento que en la Dirección Interinstitucional de Fomento Económico y Cooperativo, se promueve un Programa de Capacitación Empresarial a través de cursos y talleres dirigidos a micro, pequeños y medianos empresarios o personas que deseen emprender un negocio propio. En los cursos participan ponentes de la iniciativa privada y del sector gobierno quienes conocen ampliamente del tema que imparten, todo esto en beneficio de los asistentes los cuales adquieren conocimiento que les permiten impulsar sus empresas con técnicas modernas de mercadotecnia, publicidad y tecnológicas entre otras.

Dichos cursos se imparten de manera gratuita; los interesados tienen acceso a la información de este programa mediante correo electrónico, carteles que se colocan en el metro, en las seis direcciones territoriales y alrededor del edificio Delegacional también se distribuyen calendarios en los que detallan las fechas y horarios de los cursos que se ofrecerán durante el mes.

Por otro lado la Dirección Interinstitucional de Fomento Económico y Cooperativo realiza labores de vinculación, brindando la información necesaria a los empresarios y emprendedores interesados en obtener algún financiamiento de la Secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso); los interesados reciben la información mediante formatos que contienen los requisitos para la conformación de grupos solidarios y a las Mypime se les entregan formatos en los cuales se detallan las características del programa, los requisitos para el crédito, información de la documentación para la integración del expediente del proyecto como persona física o moral, una guía para la elaboración de un proyecto de negocios y una guía para el ordenamiento de documentación que acompaña la solicitud del crédito.

A los interesados en solicitar financiamiento para un provecto productivo que otorga la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se les entrega un documento donde se especifican los requisitos y se les canaliza para que reciban la asesoría correspondiente.

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de diciembre de 2011.— Licenciado Agustín Torres Pérez (rúbrica), jefe delegacional en Cuauhtémoc.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio CA/003/2012, mediante el cual el licenciado Marcial Meza Villanueva, coordinador de asesores del jefe delegacional en Milpa Alta, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que inciden en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.

Lo anterior en relación con el oficio D.G.P.L.61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2011, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2012.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Licenciado Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo referirme a su similar con número SG/CED/ 2691/2011 de fecha 22 de noviembre del presente, mediante el cual se da a conocer el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente, mismo que en su parte resolutiva entre otros a la letra dice:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de la entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que inciden en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme.

Segundo.Se exhorta al titular de la Secretaría de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley.

Al respecto informo a usted que mediante la Dirección General de Desarrollo Rural y Económico Sustentable, y por conducto de la Subdirección de Desarrollo Económico y Cooperativo de este órgano político administrativo; se hace del conocimiento que al momento no se cuenta con un padrón de Mipyme que operen en esta demarcación, en relación al tema que nos ocupa se realizará la difusión necesaria en el caso de que alguna empresa requiera de esta atención, se ponga en contacto con el área de Vinculación y Desarrollo Agroindustrial, la cual atenderá la solicitud en estricto a pego a lo citado en la establecido en la ley que nos ocupa.

Sin más por el momento, quedo de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Milpa Alta, DF, a 3 de enero de 2012.— Licenciado Marcial Meza Villanueva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los Estados y con las autoridades municipales, me permito adjuntar el oficio DGDER/009/2012, mediante el cual el maestro Ulises Lara López, director general de Desarrollo Económico y Rural en la delegación de Tláhuac, da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta “al titular de la Secretaría de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, a efecto de que mejoren las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme, para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos.

Lo anterior en relación con el oficio D.G.P.L.61-II-8-1762, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2011, relacionado con el asunto antes citado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de enero de 2012.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Licenciada Eliseo Moyao Morales, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del DF.— Presente.

En atención a su oficio SG/CED/2692/2011, el cual informa del punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo.

En razón, le comunico que la Dirección de Fomento Económico y Cooperativo mediante la Unidad Departamental de Fomento Empresarial de esta dirección general a mi cargo, realiza actividades relacionadas en apoyo a las Mipyme, otorgando asesorías de financiamiento del Programa Fondeso, recursos de cultura empresarial, ferias de emprendedores, artesanos y productores.

Al respecto me permito anexar al presente la relación de acciones realizadas en apoyo a las Mipyme durante el ejercicio 2011.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Tláhuac, DF, a 3 de enero de 2012.— Maestro Ulises Lara López (rúbrica), director gneral de Desarrollo Económico y Rural.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.

Acciones realizadas en apoyo a Mipymes

Enero 27

Curso: 13 Pasos para elaborar tu plan de negocios.

Capacitador: Nafinsa.

Febrero 10

Curso: Determina bien tus costos.

Capacitador: Nafinsa.

Febrero 24

Técnicas de Investigación de Pyme.

Capacitador: Nafinsa.

Febrero 12 al 16

Feria de Emprendedores Artesanos y Productores

Marzo 10

Cursos: Mujeres emprendedoras y empresarias.

Capacitador: Nafinsa.

Marzo 24

Como promocionar eficientemente tu producto y servicio.

Capacitador: Nafinsa.

Abril 7

Curso: Consíguete un crédito.

Capacitador: Nafinsa.

Mayo 6 al 10

Feria agro-artesanal y empresarial 2011

Mayo 19

Curso: 20 pasos para poner tu restaurante.

Capacitador: Nafinsa.

Mayo 31

Curso: Procesos de mejora continua.

Capacitador: Nafinsa.

Junio 9

Curso: 13 pasos para elaborar tu plan de negocios

Capacitador: Nafinsa.

Junio 24

Técnicas de investigación de Pymes.

Capacitador: Nafinsa.

Julio 7

Determina bien tus costos

Capacitador: Nafinsa.

Julio 21

Retos de la empresa familiar.

Capacitador: Nafinsa.

Agosto 1 al 7

Feria de regreso a clases

Agosto 11

Curso: Como promocionar eficientemente tu producto y servicio

Capacitador: Nafinsa.

Septiembre 12

Curso: 20 pasos para poner tu restaurante

Capacitador: Nafinsa

Septiembre 29

Curso: Calidad Justo a Tiempo

Capacitador: Sectur y de la Secretaría de Economía.»

«Escudo.— Gobierno de Aguascalientes.— Progreso para Todos.

Diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 61-II-8-1762, de fecha 8 de noviembre de 2011, y en relación con los puntos de acuerdo aprobados el mismo día por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le hago saber que el gobierno del estado de Aguascalientes tiene la convicción de generar condiciones propicias para la actividad empresarial y productiva, como estrategia para el desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la entidad.

Por ello, se ha buscado impulsar la aplicación de herramientas de mejora regulatoria en el marco normativo local y la utilización de recursos tecnológicos, con miras a simplificar los procedimientos y reducir los costos para la apertura y operación de empresas, así como facilitar el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones empresariales.

Asimismo, el Poder Ejecutivo del estado ha procurado el establecimiento de vínculos de coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno, que favorezcan un entorno adecuado para la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 28 de diciembre de 2011.— Licenciado Antonio Javier Aguilera García (rúbrica), jefe de Gabinete.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remiten a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y DE PERSPECTIVA DE GENERO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo.— Gobierno de Aguascalientes.— Progreso para Todos.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por acuerdo del señor gobernador, en relación con el punto remitido por la Cámara de Diputados de la República mediante oficio D.G.P.L. 61-II-4-1759, en el que

“Se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal a capacitar a sus servidores en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.”

Le comunico que:

En atención y cumplimiento del punto de acuerdo se corroboró la existencia de programas interinstitucionales en materia de perspectiva de género como el que ofrece el Instituto Aguascalentense de las Mujeres: “Institucionalización del Enfoque de Género”, cuyo objetivo general es el de incorporar el enfoque de género como eje conductor de los planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo en la administración pública estatal y municipal.

De igual manera se encomendó a personal jurídico de la Jefatura de Gabinete la localización y constitución de un acervo digital que contenga los documentos internacionales normativos o históricos que se refieren en el punto de acuerdo y que resultan obligatorios, como lo son: las Conferencias Mundiales de la Mujer México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Beijing 1995; CEDAW y la Convención de Belem do Pará en materia de violencia de género.

Atentamente

Aguascalientes, Aguascalientes, a 18 de noviembre de 2011.— Licenciado Antonio Javier Aguilera García (rúbrica), jefe de Gabinete.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA - ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Hago referencia a su oficio número DGPL 61-II-9-4405, de fecha 6 de diciembre de 2011, recibido en las oficinas de esta dirección general el 20 del mismo mes y año, por el que comunicó al secretario de Gobernación para los efectos procedentes los puntos de acuerdo, aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de diciembre de 2011, que a continuación se transcriben:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, a realizar coordinadamente las acciones necesarias para conciliar y resolver con la mayor brevedad el conflicto agrario y de límites existente entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a revisar de manera exhaustiva por las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales los permisos, las concesiones o las autorizaciones de explotación forestal que pudieran haber expedido a favor de ejidos, comunidades particulares en la zona en conflicto, entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cinta lapa, Chiapas; y, en su caso, a revocarlos o suspenderlos, en tanto es posible resolver el conflicto agrario y de límites que en ésta se presenta. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de Chiapas y Oaxaca a realizar todas las acciones a su alcance para evitar el clima de violencia en la zona y ayudar a la solución definitiva del conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Con relación al punto primero, se informa lo siguiente:

Esta secretaría ha puesto todo su empeño y cuidado en cumplir a cabalidad las disposiciones que rigen su actuación administrativa, ajustándose al marco legal vigente en materia ambiental o forestal. Por ello, conscientes de la problemática que lamentablemente impera en la región de los Chimalapas, desde 2004, en numerosas ocasiones los servidores públicos que laboramos en esta dirección general, en las delegaciones federales de Oaxaca y Chiapas, y otras áreas de la Semarnat, en coordinación con servidores públicos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, hemos recibido y escuchado, en un ambiente de cordialidad los planteamientos y comentarios que las partes involucradas han tenido a bien exponer, tanto a comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, así como ejidos y pequeñas propiedades de Cintalapa, Chiapas.

Tan es así, que una vez que nos hemos asegurado de que cada una de las solicitudes recibidas cumple todos los requisitos de ley, sin importar procedencia o ubicación geográfica, a la fecha se ha recibido de la Región de Chimalapas o Noroeste de Cintalapa (denominación que tanto en la Mesa Agraria como en la Social instauradas se acordó mencionar), la Semarnat ha emitido 16 autorizaciones forestales, desglosadas de la siguiente forma: 4 han sido a nombre de las comunidades de los Chimalapas, de las cuales 2 han sido para aprovechamiento forestal no maderable en San Miguel Chimalapas para resina de pino y palma comedor, y otras 2 para Santa María Chimalapas, para el aprovechamiento forestal maderable. Y otras 12 autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable fueron para predios en Cintalapa; 4 para núcleos agrarios; y 8 para pequeños propietarios.

Igual que se hace con todas las autorizaciones, permisos y otras resoluciones que emite esta dirección general, las 16 autorizaciones mencionadas se subieron a la página web de la Semarnat una vez que fueron emitidas, y desde entonces éstas pueden consultarse de manera directa y transparente por cualquier ciudadano, en cualquier momento. La liga electrónica es http://www.semarnat.gob.mx/TEMAS/GESTIONAMBIENTAL/RESOLUTIVOS/Pages/forestal.as px

Es de nuestro conocimiento, igual que ha trascendido a la ciudadanía, que no parece haber problemática social inminente respecto a una amplia mayoría de estas autorizaciones de aprovechamiento forestal emitidas, salvo en el caso del ejido Gustavo Díaz Ordaz.

En este sentido y con relación a la autorización para el aprovechamiento forestal maderable, emitida por esta secretaría respecto al ejido Gustavo Díaz Ordaz el 25 de agosto de 2005 y con motivo de la demanda de amparo promovida por los ciudadanos Cuauhtémoc Martínez Gutiérrez, Amos Antonio Cruz y Estaban Sánchez Vázquez, entonces presidente, secretario y tesorero de San Miguel Chimalapa, ante el Juzgado Sexto de Distrito en Oaxaca, el juez de la causa decretó con fecha 18 de enero de 2006, en el juicio de amparo 965/2005, la suspensión provisional de la autorización emitida por el suscrito.

Por ello, y como corresponde hacer, el 30 de enero de 2006, mediante el oficio número SGPA/ DGGFS/ 712/ 0133/ 06, esta dirección general emitió el comunicado de suspensión provisional al presidente del comisariado del ejido Gustavo Díaz Ordaz, con fundamento en el artículo 65, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Posteriormente, con el oficio número 5184, de fecha 22 de abril de 2008, recibido en esta dirección general el 29 de abril de ese año, el juez sexto de distrito en Oaxaca dictó el acuerdo en que se declaró que la sentencia constitucional de fecha 25 de febrero de 2008, había causado estado para todos los efectos legales procedentes. Adicionalmente, me permito mencionar que el mismo juez sexto de distrito en Oaxaca en su sentencia constitucional indicó que “el juicio de amparo no es el medio para dirimir tal controversia, pues en tal caso la competencia radica en los tribunales unitarios agrarios”.

Como consecuencia de lo anterior, con el oficio número SGPA/ DGGFS/ 712/ 1355/ 08, de fecha 30 de junio de 2008, se informó a dicho ejido lo dictado por el juez sexto de distrito, pudiendo continuar el aprovechamiento de recursos forestales maderables en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, una vez obtenida la autorización de modificación del programa de manejo forestal.

Por ello, mediante el oficio número SGPA/ DGGFS/ 712/ 0928/ 11, de fecha 4 de abril de 2011, fue otorgada la autorización de la modificación del programa de manejo forestal con nivel avanzado para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, el cual se encuentra vigente hasta el 3 de abril de 2023.

Derivado de la reunión realizada el 23 de enero de 2009 con la Segob, el conflicto particular entre la comunidad de San Miguel Chimalapa (Oaxaca) y el ejido Gustavo Díaz Ordaz (Chiapas) ya no fue considerado un foco rojo “en materia forestal” sino que se percibió como un asunto de naturaleza agraria (como los hechos lo indican) y que como tal deberían resolverlo sectorialmente las autoridades agrarias (SRA, RAN, PA), con la coordinación de la Segob, como sabemos que se ha venido haciendo a la fecha.

Para atender la problemática en dicha región se ha llevado a cabo desde 2004 hasta la fecha una serie de reuniones con la participación de la Segob, la SRA, y las Secretarías de Gobierno de Oaxaca y de Chiapas; participó también esta secretaría. Las dos últimas reuniones se celebraron el 8 y 24 de noviembre, en presencia del titular de la Segob y de los gobernadores de Oaxaca y Chiapas; participaron también la Semarnat y la Sedesol, entre otras instituciones. En dichas reuniones se llegó al acuerdo mencionado en el párrafo anterior: el problema de fondo y en origen es de naturaleza agraria, y no forestal. Si bien todos entendemos que el tema forestal, aunque es circunstancial y coyuntural, ha distraído la atención de lo medular: el aparente diferendo agrario de fondo. Por ello también se acordó seguir trabajando en paralelo entre todos, gobierno federal, junto con ambos gobiernos estatales y, sobre todo, las propias partes en conflicto, a través de sus representantes, para el análisis y la resolución del conflicto agrario, mientras se ven opciones de sustentabilidad en la región, de forma integral, en favor de la conservación de los ecosistemas, llevando a todos los vecinos de dicha zona, proyectos y programas productivos y de desarrollo social.

Es igualmente pertinente resaltar que en la mesa social, que coordina la Sedesol, las instituciones federales participantes (Sedesol, Semarnat, Conagua, Conafor, SCT, CFE, Sagarpa y otras) propusimos un paquete de ayuda con los programas actuales disponibles, con la finalidad·de llevar recursos e invertir en toda la región de Chimalapas, como·proyectos en viviendas, escuelas, carreteras, tendidos eléctricos, pago por servicios ambientales y proyectos productivos.

Con relación al punto segundo, se informa lo siguiente:

Como es de su conocimiento, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable es el ordenamiento que regula las actividades productivas del sector forestal, entre las que se encuentra el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, confiriendo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la facultad de sustanciar y resolver los trámites de autorización que ella misma establece, así como los procedimientos de suspensión, extinción, nulidad o revocación de éstas. Por ello, cada una de las autorizaciones emitidas ha pasado por un proceso de revisión exhaustiva, como se informó en el apartado anterior.

En el contexto arriba indicado y después de haber analizado las disposiciones de la referida Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se advierte que entre ellas no se encuentra ninguna hipótesis normativa diversa de las establecidas en los artículos 65 a 68 de dicho ordenamiento que permita a esta autoridad administrativa sustanciar y resolver de oficio o a instancia de parte procedimientos sobre la suspensión, extinción, nulidad o revocación de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales fuera de los supuestos que dichas disposiciones establecen y se menciona más abajo.

Por otra parte, es importante destacar que para el desahogo de los procedimientos de autorización de aprovechamiento de recursos forestales (tanto maderables como no maderables), el artículo 83, fracción VI, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece como causa para denegar una autorización solicitada cuando se presenten conflictos agrarios, de límites o de sobreposición de predios, y este supuesto se actualiza en los casos en que hay un conflicto o controversia ante autoridad judicial o jurisdiccional sobre la propiedad o posesiónde la superficie total o parcial del terreno forestal objeto de la solicitud de aprovechamiento. Asimismo, dicho supuesto guarda relación directa con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones II y VI, del mismo ordenamiento, el cual establece como requisito de cualquier solicitud de autorización tanto la copia certificada del título que acredite el derecho de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos objeto de la solicitud, así como una manifestación, bajo protesta de decir verdad, sobre la situación legal del predio o predios y, en su caso, sobre conflictos agrarios.

Así, por lo que corresponde a la suspensión de una autorización de aprovechamiento de recursos forestales, el artículo 31, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece: “Cuando exista conflicto ante autoridad competente respecto de la propiedad o posesión de un predio en el que se haya·autorizado un aprovechamiento forestal, la parte que tenga interés jurídico reconocido en el procedimiento respectivo podrá solicitar la suspensión. Para tal efecto, deberá presentar escrito a la secretaría en el que indique expresamente la autoridad que conozca del conflicto, junto con las constancias que acrediten la existencia del mismo”.Dicha solicitud deberá realizarla mediante el trámite Semarnat-03-055, “Solicitud de suspensión de autorización de aprovechamiento forestal”, publicado en la página de la Cofemer (http://www.cofemer.gob.mx/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1728277&num_ modalidad=0&epe=0&nv=0).

Asimismo, y de conformidad con el último párrafo del referido artículo 31, fracción II, “la Secretaría levantará la suspensión dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que el titular del aprovechamiento exhiba copia certificada de la resolución o sentencia definitiva y del acuerdo que la haya declarado ejecutoriada. El mismo plazo y condiciones aplicarán para dictar la revocación de la autorización de aprovechamiento forestal otorgada, cuando la resolución de la autoridad competente haya sido favorable al solicitante de la suspensión”.

En vista de las disposiciones indicadas, la suspensión de las autorizaciones otorgadas se puede derivar y establecerse bien sea por cualquiera de las vías que se indican:

1. Resolución de autoridad judicial o jurisdiccional competente (artículo 65, fracción I, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable), como pudiera ser un tribunal unitario agrario.

2. Como medida de seguridad (artículos 65, fracción III, y 161, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable) o como sanción administrativa (artículos 65, fracción III, y 164, fracción III, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable), dentro de los procedimientos de inspección en materia forestal que se siguen a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

3. Asimismo, como resolución administrativa de la propia Semarnat, dentro del procedimiento de suspensión a que da lugar lo dispuesto en el artículo 65, fracción II, de la LGDFS; esto es, cuando haya conflicto respecto a la propiedad o posesión ante alguna autoridad o instancia competente, para lo cual debe sustanciarse el procedimiento previsto en el artículo 31, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

En tal sentido, se informa que a la fecha esta secretaría no ha recibido ni se tiene constancia escrita y formal de autoridad administrativa o judicial respecto a alguna solicitud de suspensión de cualquiera de las autorizaciones legalmente emitidas en dicha zona.

Una vez que se reciba alguna solicitud u orden de suspensión por alguna de las vías mencionadas, cuente y tenga plena certeza la Cámara de Diputados que la Semarnat canalizará y actuará en consecuencia con inmediatez.

Adicionalmente a todo lo expuesto, se hace también del conocimiento y se somete a consideración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que, en el caso de que considere que si hay elementos de juicio que permitan a esta autoridad administrativa suspender o revocar las autorizaciones de aprovechamiento forestal emitidas, sin transgredir las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se hagan de nuestro conocimiento los argumentos y elementos de juicio conducentes a efecto de instaurar los procedimientos que, en su caso, correspondan.

Sin otro particular y poniéndome a su entera disposición por si requiriere alguna información adicional, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 9 de enero de 2012.— Doctor Francisco García García (rúbrica), director general de Gestión Forestal y de Suelos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Reforma Agraria.

Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/4277/11 del 7 de diciembre de 2011, signado por el licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Subsecretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el cual hace del conocimiento el contenido del diverso oficio D.G.P.L. 61-II-9-4405, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva referente al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 6 de diciembre de 2011, que establece en la parte conducente “....La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de Reforma Agraria y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los Gobiernos de los Estados de Oaxaca y Chiapas, para que, coordinadamente, realicen todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver a la brevedad, el conflicto y de límites que existe entre las comunidades de Los Chimalapas, Oaxaca y Cintalapa Chiapas...”, mismo que fue turnado a ésta institución; por lo anterior, le comento que en el caso particular de la conflictividad agraria de las referidas comunidades indígenas del estado de Oaxaca, con ejidos del municipio Cintalapa, del estado de Chiapas, se han realizado las siguientes actividades:

La problemática agraria que presentan las Comunidades de San Miguel Chimalapa y Santa María Chimalapa, del estado de Oaxaca con ejidos del municipio de Cintalapa estado de Chiapas, deriva de la ejecución de las resoluciones presidenciales de los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa. ambos del estado de Oaxaca, la cual afectó una superficie aproximada de 47-115-12-72.91 hectáreas ubicadas en el estado de Chiapas, donde se localizan diversos núcleos agrarios y grupos de campesinos chiapanecos con distintas situaciones jurídicas, 128 pequeñas propiedades con títulos legalmente expedidos y 42 expedientes inconclusos y/o en trámite de presuntos terrenos nacionales.

Para la atención de esta conflictividad, en 1996 se creó el Comité Interestatal Paritario, integrado por los gobiernos de los estados de Chiapas y de Oaxaca, los representantes especiales de la Secretaría de la Reforma Agraria en ambas entidades, las delegaciones de la Procuraduría Agraria, los representantes de las comunidades, núcleos agrarios y poblaciones involucrados, cuyo propósito fue atender a los grupos en conflicto dentro de un proceso de conciliación, partiendo de su situación jurídica, considerando la fecha de sus resoluciones presidenciales.

Destaca que de los trabajos realizados se detectó que 6 núcleos agrarios del estado de Chispas, se incluyen en la superficie concedida a la comunidad Santa María y 7 en la de San Miguel Chimalapas, por lo que se ubicó la problemática como una controversia agraria y no de límites entre Estados.

Los días 23 y 24 de septiembre del 2008, con la presencia del Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de la Reforma Agrada, entre otras instancias del Gobierno Federal, se realizó la primera reunión de las comisiones para atender la problemática de la zona limítrofe Chiapas-Oaxaca, caso Chimalapas, desde el ámbito social, ambiental, agrario y desarrollo humano, cuyos objetivos son:

a) Recopilación de documentos agrarios que involucran a comunidades oaxaqueñas.

b) Recopilación de documentos agrarios que involucran ejidos chiapanecos.

c) Acopio documental de nacionaleros, pequeños propietarios y demás sujetos inmersos en la zona. Elaboración de dictámenes técnico-jurídico.

Al 5 de octubre de 2009. se integraron 126 expedientes a la Procuraduría Agraria, de los cuales 21 corresponden a predios con titulo de Terreno Nacional: 54 a presuntos nacionaleros (Sin título), 43 a predios con escritura pública y 8 núcleos agrarios.

Actualmente, se tiene que se han culminado las mediciones en e ejidos de Chiapas planteando a la comunidad de Santa hilaría Chimalapas, del estado de Oaxaca una propuesta de contraprestación económica para la solución del conflicto, sin que hasta la fecha (4 de enero de 2012),sea aceptada és1a propuesta por la comunidad que reclama el respeto y desalojo de la superficie.

Asimismo, en el mes de diciembre de 2011, ante la Secretaría de Gobernación de Chiapas, los Representantes de los Bienes Comunales de San Miguel y Santa María Chimalapas, del estado de Oaxaca, suscribieron con los integrantes de los Órganos de Representación de los ejidos del estado de Chiapas, acuerdo para retomar la mesa interinstitucional que permita llegar a soluciones reales y que no violenten el astado de derecho, signando como testigos de honor los Gobernadores de los estados de Chiapas y Oaxaca, quienes se comprometieron a retirar la fuerza pública estatal  y que el área quedo bajo la vigilancia del ejército mexicano.

En el acuerdo descrito, la subcomunidad de San Antonio, anexa a la comunidad de Santa María Chimalapa, se comprometió a retirar de manera definitiva el bloqueo que de manera intermitente mantenía en el acceso al ejido Licenciado Gustavo Díaz Ordaz del municipio de Cintalapa, estado de Chiapas.

De igual manera, le comento que se procura atender la conflictividad de forma coordinada e integral, tratando de no descuidar ninguna de las implicaciones que reviste la conflictividad agraria, toda vez que desde el punto de vista jurídico, implica que las resoluciones presidenciales de los núcleos agrarios del estado de Chiapas permanecen hasta hoy intocadas, pero de promoverse tos juicios, estos se defenderán agotando todas las instancias legales, asimismo, desde el punto de vista social e incumplimiento de los compromisos que han estado asumiendo tanto el gobierno federal como estatales de Oaxaca y Chiapas, puede provocar que los inconformes realicen movilizaciones, plantones o retención de funcionarios y en cuanto al aspecto económico, la cancelación de aprovechamientos forestales tanto para las comunidades de Oaxaca, como para los ejidos de Chiapas, implicaría afectaciones e los habitantes, que podría derivar en un enfrentamiento, el cual se ha visto disminuido por la presencia de la policía.

Para lograr lo anterior, los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca, Secretaría de la Reforma Agraria, Tribunal Unitario Agrario Distrito 3, Registro Agrario Nacional y Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Procuraduría Agraria continuaremos atendiendo la conflictividad agraria en ésta parte del país, siendo importante contar con la voluntad de los directamente afectados en las mesas de diálogo y concertación.

Por lo apuntado, se concluye que las dependencias responsables en ningún momento hemos descuidado la atención de los conflictos agrarios que presentan las comunidades Chimalapas con ejidos del estado de Chiapas, sino que por el contrario han sido atendidos permanentemente, procurando redunde en una mejor calidad de vida de los campesinos involucrados con les cuales estamos comprometidos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Licenciado Rosendo González Patiño (rúbrica), procurador Agrario.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remiten a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Reforma Agrariade la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PAGO DE PEAJE DE CARRETERAS EN REHABILITACION, REPARACION O ADECUACION

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-4457, signado por el diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 349-A-VI- 005, suscrito por Luis Octavio Alvarado, director general adjunto de Precios y Tarifas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al costo de pago de peaje en todos los tramos carreteros que se encuentren en reparación, adecuación y rehabilitación.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), ttitular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Adrián Flores Ledesma, director general adjunto de Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio No. SEL/UEL/311/ 4288/11 de fecha 7 de diciembre de 2011, mediante el que remite el punto de acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión, en el que se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya a esta dependencia para que el costo de pago de peaje en todos los tramos carreteros que se encuentren en rehabilitación, reparación o adecuación no sea cubierto por el usuario hasta que no se haya concluido la obra, y para que el seguro del viajero continúe vigente en todo momento. Sobre el particular le comento lo siguiente.

Las tarifas de peaje de la red propia de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexo (Capufe), se determinan con base en la cobertura de los costos de operación, mantenimiento y administración que requiere la infraestructura de puentes nacionales, internacionales y caminos, necesarios para el desarrollo del sistema carretero; del país, con lo que se asegura la viabilidad financiera de Capufe para ofrecer un servicio con la calidad requerida.

De esta manera, los recursos económicos para realizar toda rehabilitación, reparación y adecuación de cualquier tramo carretero perteneciente a la red propia de Capufe, provienen de las tarifas de peaje percibidas por el Organismo, por lo que no es posible exentar del pago de peaje a los usuarios de los tramos que se encuentren en rehabilitación, reparación o adecuación, toda vez que dichas obras son necesarias para la prestación de un servicio de calidad y seguridad a los usuarios.

Le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 16 de enero de 2012.— Luis Octavio Alvarado (rúbrica), el director general adjunto.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

RED NACIONAL CARRETERA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-2-1286, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3-016/2012, suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la inclusión en las normas y en los manuales de especificaciones para la colocación de bandas de alerta en todas las autopistas de cuota que operan actualmente.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), ttitular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/1249/11, recibido el 03 de mayo de 2011, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 27 de abril de 2011 por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en uso de sus atribuciones legales, incluya de manera obligatoria en las normas, referencias técnicas y manuales que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en todas las autopistas de cuota que operan actualmente, así como en los proyectos que se promuevan en lo futuro.”

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Adolfo Xavier Zagal Olivares, Director General de Desarrollo Carretero, mediante oficio 3.4.-0026, de 10 de enero de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de enero de 2012.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), encargada de la Dirección General de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestra Sofía Fernández del Castillo Quintana, directora General de Vinculación.— Presente.

En atención al oficio 1.103.-124/2011, en el que establece el siguiente punto de acuerdo:

La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en uso de sus atribuciones legales, incluya de manera obligatoria en las normas, referencias técnicas y manuales que para tal efecto expide, especificaciones para la colocación de bandas de alerta en todas las autopistas de cuota que operan actualmente, así como en los proyectos que se promuevan en lo futuro.”

Al respecto, la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su Norma N·PRY·CAR·10·04·006, Dispositivos para el Control de la Velocidad y Alertadores de Salida del Camino establece en su punto E.3., las características de los alertadores de salida del camino que se forman en los acotamientos de las carreteras, con el propósito de provocar vibraciones y un efecto sonoro en el vehículo que los atraviesa o circula sobre ellos para avisar al conductor que está abandonando la calzada e invitarlo a rectificar su trayectoria.

Por otro lado, reconociendo el impacto favorable que estos dispositivos tienen como complemento en acciones que fomenten la seguridad vial, se solicitará a los concesionarios de carreteras federales de cuota que incluyan en los programas de conservación mayor, la instalación de alertadores de salida del camino en aquellos tramos en los que se registre la mayor incidencia de accidentes por abandono del camino, además de incluir su instalación en los proyectos que se promuevan a futuro.

No omito comunicarle que estos dispositivos ya son utilizados en la red federal de carreteras de cuota. Por citar un ejemplo, solo en la red concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura, se tienen instalados más de 7.500 km lineales de alertadores de salida del camino.

Se emite el presente oficio con fundamento en los artículos 10 fracción V y 20 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Atentamente

México, DF, a 10 de enero de 2012.— Adolfo Xavier Zagal Olivares (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

VIOLENCIA Y MALTRATO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-2-1696 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/ 2661/11 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), ttitular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Carlos Fernando Angula Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En respuesta al oficio SEL/UEL/311/3570/11, por el que se comunica punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las dependencias correspondientes remita a esa soberanía un diagnóstico sobre la situación de violencia y maltrato contra las niñas, niños y adolescentes en el país.

Sobre el particular, me permito informarle que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, atiende a menores de edad víctimas de violencia de género y trata de personas, conforme a un modelo de actuación centrado en la víctima que corresponde a los estándares internacionales en la materia, y que consiste en brindar a cada persona los servicios de apoyo que requiere con el fin de que se restablezca su salud física y emocional, se resuelvan sus problemas jurídicos y se fortalezcan sus capacidades de ejercer sus derechos y recursos personales para reintegrarse a la sociedad.

De igual manera me permito remitirle el número de averiguaciones previas iniciadas por delitos de violencia y trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes:

        2008                47 averiguación previas

        2009                60 averiguación previas

        2010                92 averiguación previas

        2011                72 averiguación previas

Finalmente, le comento que el 6 de septiembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, crea la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un organismo descentralizado de la administración pública federal, la cual tiene entre sus principales atribuciones brindar atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con otras instituciones, asimismo recopilar y sistematizar la información relacionada con las víctimas u ofendidos de delitos y con la atención que éstos reciban.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de diciembre de 2011.— Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica), directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PRODUCTORES GANADEROS NACIONALES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 61-II-8-1920, signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112.2.- 064/ 2012, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a instaurar un instrumento similar al ingreso objetivo que se da en apoyo de los productores de granos del país para otorgarlo a los productores nacionales de becerros.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), ttitular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 4327/ 11, del 9 de diciembre de 2011, mediante el cual nos remite punto de acuerdo, aprobado por el Congreso de la Unión, para que instaure un instrumento similar al ingreso objetivo que se da en apoyo de los productores de granos del país para otorgarlos a los productores nacionales de becerros, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:

Fotocopias del oficio número 116.00.- 9684, del 11 de enero de 2012, elaborado por la Coordinación General de Ganadería, por el que se informa sobre el objetivo que consiste en una serie de medias de apoyo a través de los cuales se garantiza el ingreso mínimo que se pretende reciba el productor por la venta de su producto.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2012.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica), director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Salvador Moreno Cerda, director general de Estudios Institucionales de la coordinación general de Política Sectorial.— Presente.

Con relación a su oficio número 112.2-839/ 2011, mediante el cual se comunica a la Coordinación General de Ganadería el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados que contiene el resolutivo “se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, instaure un instrumento similar al ingreso objetivo que se da en apoyo de los productores de granos del país para otorgarlo a los productores nacionales de becerros”, comunico a usted lo siguiente:

El programa de ingreso objetivo consiste en una serie de medidas de apoyo a través de las cuales se garantiza el ingreso mínimo que se pretende reciba el productor por la venta de su producto.

El ingreso objetivo en productos agrícolas se ha determinado con base en los precios internacionales, la producción nacional y las condiciones que presenta el cultivo en el mercado.

El análisis de este esquema de apoyo determina que para ciertos productos puede establecerse como distorsionante del mercado, ya que los costos de producción muestran importantes niveles de variación de una a otra región del país, lo cual es una condición que se presenta en el precio de los becerros en México.

La Sagarpa ha puesto en marcha una serie de acciones que proponen una mejor integración entre los criadores de ganado y empresas engordadores del país, a fin de asegurar la comercialización de becerros y que el precio liquidado por este tipo de ganado represente beneficios para ambos eslabones de la cadena de producción de carne de bovino.

Con lo anterior también se propone un esquema que permita disminuir las fuertes fluctuaciones que se observan en el pasado reciente en el mercado de becerros en el país.

Entre los apoyos establecidos se halla el esquema de financiamiento a tasas competitivas, que promueve la asociación entre pequeños criadores y empresas engordadoras, así como el apoyo para la contratación de coberturas de precios para becerros, donde se respalda tanto al criador como al engordador.

Se ha estimado, y así ha sido concertado en el Comité Nacional Sistema Producto Bovino Carne, que los apoyos subsidiarios de la Sagarpa se centren en el desarrollo de una mejor proveeduría de becerros para engorda y no a subsidios, que si bien apoyan el precio pagado al criador repercuten negativamente en el mercado y limitan la maduración de las cadenas productivas, que conllevan a la generación de valor agregado en el país.

Cabe señalar que si bien la exportación de becerros a Estados Unidos de América resultó afectada por la implantación de ley de etiquetado por país de origen en ese país, a la fecha este proceso de comercialización ha tendido a normalizarse.

Con base en lo anterior se determina que a la fecha no se justifica la puesta en marcha de un esquema de apoyo para becerros similar al de ingreso objetivo y que los recursos disponibles deben asignarse al desarrollo de un mejor mercado nacional para los becerros producidos en el país.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 11 de enero de 2012.— Doctor Everardo González Padilla (rúbrica), coordinador general de Ganadería.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CASETAS DE PEAJE

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 61-II-5-2059, signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Laura Arizmendi Campos, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-010/ 2012, suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al proceso de modernización de las casetas de peaje instaladas en las carreteras del país para mejorar la eficiencia en su operación, y cumplan el objetivo permanente de beneficiar a los usuarios.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciada Teresa Garmendia Magaña, directora general adjunta de Enlace con el Gobierno Federal y la Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3215j11, del 12 de septiembre de 2011, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 8 de septiembre de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a instruir lo necesario, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, a efecto de que las casetas de peaje instaladas en las carreteras del país sean sometidas a un proceso de modernización, que mejore la eficiencia en su operación, y cumplan el objetivo permanente de beneficiar a los usuarios.”

En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Adolfo Xavier Zagal Olivares, director general de Desarrollo Carretero, mediante oficio número 3.4.-2034, del 16 de diciembre de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de enero de 2012.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), encargada de la Dirección General de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciada Sofía Fernández del Castillo Quintana, directora general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

En atención a su oficio número 1.3.-291/2011, le comunico que en apego a lo establecido en uno de los objetivos y diversas líneas de acción del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, esta secretaría está impulsando de manera directa y continua, con los concesionarios de autopistas y puentes federales, la implantación de un sistema de cobro electrónico vía comunicaciones de corto alcance (OSRC) denominado Telepeaje, cuya característica principal es que los usuarios puedan circular por cualquiera de las autopistas afiliadas al sistema con una sola tarjeta (TAG) al amparo de un solo contrato.

De igual manera, se ha solicitado a los concesionarios la presentación de anteproyectos para modificar plazas de cobro, de tal suerte que en ellas se habiliten carriles exclusivos para el Telepeaje, permitiendo con ello eficientar el pago y reducir tiempos de espera en las plazas de cobro.

Se prevé concretar diversas acciones en el transcurso del ejercicio de 2012.

Atentamente

México, DF, a 16 de diciembre de 2011.— Adolfo Xavier Zagal Olivares (rúbrica), director general de Desarrollo Carretero.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CAMARA DE SENADORES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-3440 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CA/AG/052/2012 suscrito por la licenciada Virginia Messina Portugal, coordinadora de Asesores de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los proyectos de ecoturismo que se han desarrollado durante el periodo 2009-2011 en la Selva Lacandona y en las áreas naturales protegidas en esa entidad federativa.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1916, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112/00000247, suscrito por la licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora general adjunta de Legislación y Consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al estado que guarda el procedimiento de declaratoria de área natural protegida de los ríos Santiago y Verde, situada en el estado de Jalisco.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-31 05, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-020/2012, suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a establecer una tarifa especial en la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y autotransporte de pasajeros para las personas con discapacidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1917, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/3136/11, suscrito por la doctora Erika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia que permitan prevenir, combatir y erradicar la caza furtiva dentro del territorio nacional, particularmente en la zona selvática del estado de Campeche.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2535 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/0023/12 suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a realizar acciones prontas, efectivas y coordinadas para evitar y, en su caso, sancionar la trata de niñas y niños centroamericanos en la frontera sur.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-647 signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-021/2012 suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde al punto de acuerdo relativo a los recursos para la pavimentación asfáltica del tramo carretero Polhó y la construcción del puente La Pigua en el municipio de Sabanilla en Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1 P3A.-2364, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 1.3.-022/2012, suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la revisión de los títulos de las concesiones de los tramos carreteros, autopistas y puentes a efecto de que cumplan los requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y rapidez, en los tramos donde se requiera hacerlo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-3446, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número INMUJERES/SE/01 00/2012, suscrito por la doctora María Elena Á. de Vicencio, secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las políticas públicas y los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como concientizar y sensibilizar a la población sobre la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-1274, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNAG/055/2012, suscrito por la licenciada Virginia Messina Portugal, Coordinadora de Asesores de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a rediseñar las políticas públicas, planes, programas y acciones encaminadas a fomentar el desarrollo integral y sustentable del ecoturismo en nuestro país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1 P3A.-2354, signado por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-030/2012, suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, Encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la adopción del Protocolo de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Remítase a la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-7-2155, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 351-A-UCEF-. 0009, suscrito por Carlos A. Garza Ibarra, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante lo cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación actual de la deuda pública federal, de los estados y municipios.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Antonio Hernández Legaspi, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/UEL/311 /124/12 del pasado 12 de enero de 2012, mediante el cual se hace de nuestro conocimiento que mediante oficio D.G.P.L. 61-11-7-2155, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 11 de enero del año en curso, el cual señala:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se sirva hacer llegar a esta soberanía, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, un informe detallado sobre:

a) La situación actual de la deuda pública federal, de los estados y municipios;

b) Las implicaciones económicas y jurídicas que las situaciones irregulares en el manejo de la deuda pública puedan provocar en el país;

c) Los mecanismos de prevención y control que se proponen para controlar el endeudamiento excesivo, en el ámbito de su competencia, y,

d) Los avances que se tienen en las investigaciones del caso Coahuila, si es un caso aislado o se está presentando en otras entidades federativas.”

Sobre el particular, por instrucciones del titular de esta dependencia, remito el informe solicitado para que por su conducto sea entregado al honorable Congreso de la Unión.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Carlos A. Garza Ibarra (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas.»

«Informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a fin de dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el 11 de enero de 2012, relacionado con la situación actual de la deuda pública federal, de los estados y municipios.

Introducción

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 11 de enero de 2012, relacionado con diversos aspectos sobre la situación actual de la deuda pública federal, estatal y municipal.

Para tal efecto, el informe se conforma de tres secciones: la primera de ellas hace referencia a los principales aspectos normativos que rigen la deuda pública en el país y el sistema de distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno. En la segunda, se hace referencia a las principales acciones realizadas con el objeto de fomentar un mayor control, transparencia y prevención de riesgos que afecten las finanzas públicas. En la tercera, se expone el nivel de endeudamiento de los distintos órdenes de gobierno y unas reflexiones al respecto.

I. Marco jurídico de la deuda pública en México y acciones tendientes a su fortalecimiento

La deuda pública del país, se encuentra regulada por diversos ordenamientos, atendiendo a los distintos órdenes de gobierno: federal, estatal o municipal.

En primera instancia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos distribuye las competencias de cada orden de gobierno y establecen los principios y limitantes para la contratación de obligaciones y empréstitos. Los preceptos constitucionales, que rigen la materia son los siguientes:

El artículo 40 constitucional dispone que nuestra República está compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una Federación.

Artículo 40.Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

En materia de deuda pública federal y del Distrito Federal, el artículo 73, fracción VIII constitucional, confiere al Congreso de la Unión la facultad de legislar y autorizar la deuda pública de esos niveles de gobierno, como puede apreciarse a continuación:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

. . .

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;

De una lectura al artículo anterior, se desprende que la deuda pública del Gobierno Federal tiene que estar autorizada y se rige por las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. Asimismo, los recursos derivados del endeudamiento sólo pueden aplicarse a la ejecución de obras productivas, salvo que el endeudamiento sea con propósitos de regulación monetaria y en casos de emergencia declarada por el Presidente de la República.

En materia de deuda pública estatal y municipal, en el ámbito constitucional, el fundamento de la deuda se encuentra en el artículo 117, fracción VIII constitucional, según el cual:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso:

. . .

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley, y por los conceptos hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

En términos del precepto antes transcrito, compete en exclusiva a las legislaturas de los estados autorizar y legislar la contratación y demás aspectos relacionados con las obligaciones o empréstitos en materia de deuda pública estatal y municipal (tales como lineamientos de contratación, plazos, montos y demás aspectos vinculados). Asimismo, la Constitución expresamente señala que los recursos que los estados y municipios obtengan con motivo de los financiamientos que contraigan deben destinarse exclusivamente a inversiones públicas productivas, a fin de evitar que se contraigan endeudamientos para sufragar gasto corriente o que no aporten beneficios a sus finanzas. Partiendo de estas premisas y restricciones, cada uno de los estados ha desarrollado su propia legislación en materia de deuda

La obligación dentro del marco constitucional que tienen los estados, es que la deuda sea aprobada por el Congreso local, que la deuda se destine a inversiones públicas productivas, que la misma sea adquirida en moneda nacional y deba pagarse en el territorio nacional, fuera de esos supuestos, las leyes federales no pueden establecer ningún tipo de restricción en materia de contratación de deuda estatal y municipal, pues ello implicaría vulnerar la soberanía de los estados en cuanto a su régimen interior, así como invadir facultades conferidas expresamente a las legislaturas locales.

En el caso del Distrito Federal, la Constitución contempla una regulación especial que le impide contraer endeudamientos superiores a los autorizados en términos del artículo 73, fracción VIII, por el Congreso de la Unión, tal y como puede apreciarse a continuación:

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

. . .

Base Primera.- Respecto a la Asamblea Legislativa:

. . .

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

. . .

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para: cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

. . .

Dentro de la ley de ingresos no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

. . .

En el transcurso del tiempo, las autoridades federales, estatales y municipales han adoptado diversas medidas para fortalecer el marco jurídico aplicable a la deuda estatal y municipal. Tratándose de las autoridades federales, en estricto respeto a la soberanía de los estados y asignación de competencias, se han instrumentado medidas que si bien no regulan la deuda pública estatal y municipal, rigen actos íntimamente vinculados con el tema y de gran importancia para la rendición de cuentas que rige el ejercicio de los recursos públicos.

A raíz de la crisis económica que afectó al país en 1995, se originó una problemática en las finanzas estatales y municipales, al contar con menos recursos para hacer frente a las necesidades de gasto de dichos órdenes de gobierno. Lo anterior, propició, entre otras cosas, la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 1996. El propósito fundamental de esta reforma fue contar con un mecanismo de pago directo y ágil de las obligaciones contraídas por los estados y municipios, a través del Fideicomiso Maestro de Administración y Pago, el cual cumpliera directamente con el pago de las obligaciones de las haciendas locales. Las principales características del Fideicomiso Maestro de Administración y Pago que facilitan el cumplimiento de obligaciones son:

• La figura debe contemplarse en la Ley Estatal de Deuda Pública.

• Los fideicomisos son irrevocables, de inversión y fuente alterna de pago.

• La vigencia de los fideicomisos puede ser indefinida.

• Los fiduciarios son las instituciones financieras de la banca comercial que seleccionen las entidades locales.

•  Los fideicomisarios son los gobiernos locales.

•  En lo relativo a la aplicación del patrimonio al pago de obligaciones, se observarán las reglas de operación que se establecen en el contrato, mismas que consideran el orden y prelación de pagos.

Por ello, la reforma a los artículos 9o. y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal establecieron que las participaciones y algunas aportaciones federales (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas) sólo pueden afectarse al pago de obligaciones contraídas por las entidades y municipios, previa autorización de las legislaturas locales y registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como puede apreciarse a continuación:

Artículo 9o.  Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

. . .

Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los fondos a que se refiere el artículo 25, en sus fracciones III y VIII, de esta ley correspondan a las entidades federativas o municipios, podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las entidades federativas o los municipios según corres onda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 90 del presente ordenamiento.

. . .

Estos preceptos legales, se complementan con el Reglamento del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual fija los requisitos para inscribir obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios. Por tanto, sólo pueden afectarse como garantía las participaciones y aportaciones federales, si se cuenta con autorización de las legislaturas locales y posteriormente se obtiene el registro ante la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los mecanismos establecidos en las leyes locales de deuda y a lo previsto en el Reglamento del artículo 9o. de la Ley de, Coordinación Fiscal en materia de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, el cual en su artículo 4o., en términos generales señala:

I. Que se trate de obligaciones pagaderas en México y en moneda nacional, contraídas con la Federación, con las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, conforme a las bases que establezcan las legislaturas locales, por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos.

II. Que se acredite la publicación, en un diario de circulación local y en uno de circulación nacional, de la información fiscal y financiera que la entidad solicitante considere relevante.

III. Que la entidad solicitante acredite que se encuentra al corriente en el pago de los empréstitos que tenga contratados con las instituciones de banca de desarrollo.

Para la obtención del registro de deuda, las entidades federativas y municipios deben presentar la información que ampara los registros correspondientes a la Secretaría de Hacienda, debiendo de reunir los requisitos contemplados en el artículo 4o. del Reglamento mencionado anteriormente (los cuales deben de ser presentados bajo protesta de decir verdad, en términos del propio Reglamento). Una vez que se cuenta con la autorización de su Congreso Estatal, el destino del crédito es para una inversión pública productiva, se cumplieron con los lineamientos en materia de deuda a nivel local y se acompañaron los requisitos del artículo 4o. del Reglamento, se procede al registro de dicha obligación en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por otro lado, con el propósito de modernizar los instrumentos de las finanzas públicas para lograr plena transparencia y mejorar la rendición de cuentas en la gestión de los tres órdenes de gobierno, el 7 de mayo del año 2008, se reformó la Constitución, conforme alo cual se facultó al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental y se fortaleció la figura de las entidades de fiscalización, a fin de que cada entidad federativa cuente con órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

En materia de contabilidad, el Congreso aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor desde el 1 de enero de 2009 y es aplicable a los tres órdenes de gobierno. El propósito de esta leyes contar con una reforma estructural que responda a la constante demanda por un mayor orden, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, permite que los servidores públicos respondan con decisiones adecuadas en momentos críticos ya que cambia el enfoque de la contabilidad gubernamental, para que ésta no sea sólo un instrumento para elaborar la cuenta pública, sino una herramienta para analizar y decidir políticas públicas en la Federación, las entidades federativas y los municipios.

La información que están generando los poderes ejecutivos en los tres órdenes de gobierno será accesible tanto a las legislaturas para su escrutinio y fiscalización, como a la sociedad que cada día requiere mayor información sobre la forma y el destino que los gobiernos dan a sus impuestos. Para ello, la ley prevé un esquema de transitoriedad en el que se establecen diversos objetivos anuales para la Federación y las entidades federativas y municipios hasta llegar a una plena aplicación de la ley a finales del año 2012.

La ley prevé en su artículo 15 que, si las entidades federativas y municipios no están al corriente en los compromisos que les impone la misma en materia de contabilidad gubernamental, no podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, lo cual sin duda constituye un incentivo para que éstas cumplan con lo previsto en la ley.

La reforma constitucional también fortaleció las facultades y capacidades de fiscalización de las legislaturas locales, encargados de auditar el ejercicio de las participaciones, deuda e ingresos locales. Con el objeto de fortalecer la capacidad y autonomía de los órganos locales de fiscalización, se cambió la figura de contralores estatales a auténticos auditores superiores fiscales, que tiene que ser ratificados por dos tercios de los legisladores locales, y por un periodo no menor a 7 años a efecto de que sus nombramientos no coincidan con los periodos de gobierno de los ejecutivos locales. La reforma también sujetó la actuación de estos auditores a principios de imparcialidad y legalidad.

Más recientemente, en el contexto derivado de la crisis financiera mundial de 2009 y como parte de la modernización del marco regulatorio del sistema financiero y de capitalización bancaria definida por el Comité de Basilea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicó el día 5 de octubre de 2011, la Resolución por la que se modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito relacionadas con la deuda estatal. Dichas modificaciones son con respecto a la nueva metodología de calificación de cartera crediticia para la constitución de las reservas preventivas en los préstamos bancarios otorgados a estados y municipios. En línea con las mejores prácticas a nivel internacional, la nueva metodología de calificación está sustentada en un enfoque basado en riesgos, lo cual permite que las instituciones bancarias constituyan de manera prospectiva las reservas preventivas necesarias para afrontar un incumplimiento por parte de los acreditados. En este mismo sentido, en octubre de 2010, la CNBV llevó a cabo los trabajos para modificar las circulares que rigen el tratamiento de las reservas de la cartera de créditos al consumo (tarjetas de crédito y créditos personales) y créditos hipotecarios, de un esquema basado en pérdidas incurridas hacia otro donde las reservas reflejen la pérdida esperada de los próximos 12 meses.

En lo que respecta a los créditos otorgados a los estados y municipios, anteriormente la metodología para la calificación de la cartera establecía que las reservas debían conformarse en función de la calificación otorgada por las agencias calificadoras de riesgo, situación contraria a las tendencias internacionales y que en la práctica resultaba en que los bancos podían desligarse del análisis de riesgo crediticio. Por su parte, la nueva metodología busca dejar de lado la opinión de la agencia calificadora como criterio rector y así, fortalecer el análisis de riesgos crediticios de los bancos al introducir variables descriptivas del riesgo del estado o municipio para determinar su probabilidad de incumplimiento.

La nueva metodología de calificación otorga una mayor ponderación de riesgo a aquellos créditos otorgados a entidades federativas, sus organismos y municipios que no revelen su nivel de endeudamiento y compromisos financieros adquiridos, promoviendo entre éstas una mayor transparencia. Asimismo, bajo el nuevo esquema:

• Se estima con mayor precisión la pérdida esperada al incorporar un mayor volumen de variables que pronostican adecuadamente la probabilidad de incumplimiento de los acreditados, considerando variables tanto cuantitativas como cualitativas. Las variables cuantitativas toman en cuenta factores de riesgo como la experiencia de pago, la estructura y resultados financieros del acreditado; en tanto que las variables cualitativas corresponden a factores como la eficiencia en las operaciones, la flexibilidad del marco normativo, así como el grado de compromiso que el estado o municipio tiene con la transparencia.

•  Al considerar un conjunto más amplio de información, se involucra directamente a los bancos en el proceso de evaluación del riesgo de crédito de su cartera a cargo de entidades y municipios, eliminando la preponderancia que la metodología previa de la calificación y provisionamiento proporcionaba a las calificaciones emitidas por las instituciones calificadoras de valores; Con ello se establecen los incentivos para que los bancos mejoren sus procesos de origen y seguimiento de éstos créditos.

• Reconoce a los ingresos de los estados y municipios, consistentes en participaciones en ingresos federales e ingresos propios, como garantías reales admisibles para efectos de mitigar el riesgo de crédito y disminuir las provisiones derivadas de la calificación de cartera. Lo anterior, ajustándose a los requisitos que estas garantías deben cumplir para considerarse admisibles de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Basilea.

Adicionalmente, la nueva metodología obliga a las instituciones de crédito a considerar la información contenida en el buró de crédito, al momento de otorgar créditos. También se incorpora el concepto de severidad de la pérdida, la cual está en función de las garantías que respaldan los créditos otorgados.

Con la nueva metodología se promueve una mayor sensibilidad al riesgo en el proceso de generación de reservas entre los bancos, lo cual promueve un análisis de mayor profundidad de sus contrapartes, los estados y municipios acreditados. De la misma manera, se asigna un mayor riesgo a los préstamos de corto plazo sin garantías, haciendo este tipo de crédito más oneroso o desincentivar su uso.

Para concluir este apartado, se informa que cada entidad federativa es soberana respecto a su legislación en materia de deuda, por lo que las implicaciones jurídicas de una situación irregular en el manejo de deuda pública, dependen del grado de participación de los sujetos y conductas que se detecten.

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó conductas irregulares relacionadas en el registro de deuda del Estado de Coahuila. En consecuencia se realizaron investigaciones que culminaron con la formulación de las denuncias de hechos correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que ésta determine los delitos pudieren haberse cometido y proceda, en su caso, al ejercicio de la acción penal. Se han presentado 5 denuncias, en el período de 1º  de julio al 1° de noviembre de 2011, por la probable falsificación de documentos y sellos oficiales, los cuales fueron presentados ante diversas instituciones financieras con el fin de comprometer participaciones federales como fuente de pago o garantía de diversas líneas de crédito. La materia de las averiguaciones previas correspondientes, la información que contienen y el grado de avance de las mismas, son temas que corresponde exclusivamente a la PGR.

II.  Evolución de la Deuda de las Entidades Federativas y Municipios

Conforme a lo discutido previamente, las entidades federativas y municipios sólo tienen la obligación de registrar ante la SHCP aquellos créditos que utilicen como fuente o garantía de pago a las participaciones y algunas aportaciones federales (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas). Adicionalmente, el Reglamento del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, también establece que de forma voluntaria las entidades federativas y municipios podrán inscribir en el registro obligaciones respaldadas por otras fuentes de pago (ingresos propios).

Es sobre estas obligaciones registradas, que las entidades federativas y municipios están obligados a informar el saldo de su deuda de manera trimestral a la SHCP. El Reglamento no marca una fecha límite para que las entidades envíen el reporte trimestral; sin embargo, generalmente la entidades envían la información un mes y medio después de concluido el trimestre, por lo que el último corte disponible a la fecha es el de septiembre 2011 . A esta fecha el saldo de las obligaciones de las entidades federativas y municipios es de 358,501 millones de pesos (mdp), de los cuales 47,544 mdp son obligaciones de municipios. (Cuadro 1)

Como se muestra en el cuadro 1, a nivel agregado la deuda subnacional representa el 2.5 del Producto Interno Bruto (PIB). Este nivel se encuentra por encima del promedio de los últimos 10 años que es de 1.8 por ciento del PIB. En el 2011 el nivel de deuda subnacional como porcentaje del PIB se estabilizó en un nivel similar al 2010 que es menor al de otros países federales como Estados Unidos, Brasil y Argentina donde la deuda subnacional como porcentaje del PIB es de 19%,12% y 7%, respectivamente.

El saldo de la deuda subnacional implica que las entidades federativas utilizan alrededor del 3 por ciento del total de los recursos financieros de nuestro país. Este porcentaje es menor que el de otros sectores de la economía como el crédito hipotecario que usa el 12% del total de recursos financieros o el sector empresarial que utiliza el 23% del total de los recursos financieros del país.

En el cuadro 1 también se puede observar que cuando se compara el saldo de deuda sub nacional con el flujo de los ingresos de las entidades federativas se encuentra que dicho saldo en septiembre de 2011 representa el 72.6 por ciento de las participaciones federales. No obstante, cabe hacer algunas observaciones al respecto. Primero, dicho indicador compara un acervo con un flujo, es decir, compara el total de las obligaciones contraídas y que tendrán que ser pagadas en varios años con los ingresos por participaciones de un solo año.

Segundo, cuando se realiza una comparación entre el servicio anual de la deuda, incluyendo amortizaciones, de las entidades federativas y sus participaciones, se observa que la proporción de participaciones que las entidades federativas en promedio han comprometido en los Fideicomisos Maestros de Administración y Pago es 35 por ciento. Si además se toma en cuenta el sobre aforo que se maneja generalmente en las fuentes de pago de este tipo de créditos, se deduce que el porcentaje mensual de participaciones federales que se destinan al pago de deuda de entidades federativas es inferior al 35 por ciento.

Tercero, aún cuando las participaciones constituyen el principal ingreso de las entidades federativas y municipios, éstas cuentan con otras fuentes de ingreso para cubrir sus obligaciones financieras entre las que se encuentran los ingresos propios y algunas aportaciones federales, En algunos casos estos otros ingresos pueden llegar a representar hasta el 46% de los ingresos totales. Por lo tanto, una mejor medida de la capacidad de pago de las entidades es la relación del saldo de deuda subnacional respecto al total de sus ingresos garantizables. Cuando se agregan a las participaciones los otros ingresos garantizables, la razón de deuda como porcentaje de ingresos se reduce de 72.6 a 56.3 por ciento. (Cuadro 1)

Finalmente, otro indicador que es importante tener en consideración cuando se determina la sostenibilidad de la deuda es su perfil. El perfil de la deuda está determinado por el plazo promedio de vencimiento y la tasa de interés promedio que aplica a la misma. Un mejor perfil de deuda está típicamente asociado con mayores plazos que permiten a la entidad afrontar los vencimientos de los créditos en un mayor número de años y con menores tasas que reducen el costo de la deuda. En este contexto, en los últimos años el perfil de la deuda subnacional ha evolucionado de una forma positiva al ampliarse los plazos promedios de 9.6 a 13.7 años y al reducirse las tasas reales de 9.3 a 5 por ciento. Esto significa, que para un mismo nivel de deuda, las entidades federativas y los municipios destinen una menor fracción de sus ingresos para el servicio de ésta.

Deuda por entidad federativa

Como se muestra en el cuadro 2, existe una gran heterogeneidad en los niveles de la deuda entre las distintas entidades federativas. En lo que respecta a la deuda como porcentaje de los ingresos totales garantizables se observa que el promedio de todas las entidades es de 56 por ciento y que este porcentaje varía entre 249 por ciento y 0.

Un indicador adicional que permite analizar el potencial de generación de ingresos y por lo tanto la capacidad de pago de las entidades federativas, es el PIB estatal. Como muestra el cuadro 2, cuando se comparan las obligaciones de entidades federativas y municipios con este indicador se encuentra que en promedio la deuda representa el 2.5 por ciento de su PIB. El cuadro 2, también muestra que existe una gran heterogeneidad en este indicador que oscila entre 8.6 por ciento y 0.

Estos números por si solos no son suficientes para establecer la sostenibilidad de la deuda en las entidades federativas y por lo tanto, es necesario incorporar en el análisis el perfil de la deuda. En este sentido, el cuadro 2 muestra que el incremento en el plazo promedio ponderado de la deuda de entidades federativas y municipios de los últimos años, ha resultado en que la mayoría de las entidades federativas cuenten con un plazo promedio ponderado de cuando menos 10 años y en algunos casos éstos alcancen los 20 años. Esta ampliación en el plazo promedio ha permitido que las entidades federativas distribuyan en el tiempo la amortización de su deuda y por ende dediquen una menor fracción de sus ingresos anuales al servicio de ésta.

Como muestra el cuadro 3, en general, las participaciones son la principal de fuente de pago de las obligaciones financieras de las entidades federativas al respaldar en promedio alrededor del 73 por ciento de la deuda subnacional, mientras que las fuentes de pago propias respaldan alrededor del 22 por ciento de las obligaciones financieras de entidades y municipios. Sin embargo, también existe una marcada variabilidad en la utilización de las distintas fuentes de pago por parte de las entidades federativas.

Las utilización de fuentes de pago propios se concentra en aquella entidades que han realizado bursatilizaciones de ingresos como lo son el Impuesto Sobre Nómina, la tenencia o ingresos carreteros. En estos casos, esto ha permitido que las entidades federativas accedan a créditos sin comprometer sus ingresos por participaciones federales.

El cuadro 4 muestra la descomposición del saldo de la deuda subnacional entre gobiernos y organismos estatales y gobiernos y organismos municipales. El saldo de la deuda de los gobiernos y organismos estatales es de 310.9 miles de millones de pesos, mientras que el saldo de la deuda de los gobiernos y organismos municipales es de 47.5 miles de millones de pesos que representa el 13 por ciento de las obligaciones financieras totales. En la mayoría de los casos la deuda subnacional se encuentra concentrada a nivel estatal y no municipal. No obstante, en los últimos años la utilización del FAIS como garantía de pago ha permitido a muchos municipios pequeños y de bajos ingresos, acceder a créditos que sin esta garantía no resultaban factibles.

Los indicadores anteriormente mencionados sugieren que las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios no parecen representar un riesgo sistémico para el sistema financiero y para la estabilidad macroeconómica. No obstante, ante la heterogeneidad en los niveles de endeudamiento, la SHCP seguirá de cerca la evolución de la deuda subnacional y continuará con el fortalecimiento del marco regulatorio dentro de sus atribuciones.

III. Situación Actual de la Deuda Pública Federal

Introducción

Actualmente la deuda del Gobierno Federal se caracteriza por presentar una magnitud y estructura adecuadas que permiten que sea un factor de certidumbre y fortaleza para las finanzas públicas. En cuanto a su magnitud el monto de la deuda pública como proporción del PIB es manejable y se compara favorablemente con el nivel de deuda de otras naciones. En cuanto a su estructura sobresale que predominan los pasivos denominados en moneda nacional, con tasas de interés fijas, vencimientos de largo plazo y un perfil de amortizaciones estable.

La política de manejo de la deuda del Gobierno Federal tiene como objetivo satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible bajo un horizonte de largo plazo manteniendo a la vez un nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros nacionales.

Dentro de este objetivo se ha buscado disminuir los efectos adversos sobre las finanzas públicas de movimientos adversos en las variables financieras originados por choques externos o internos. De esta forma se ha mejorado la composición de la deuda reduciendo la importancia de la deuda externa dentro de la deuda total para disminuir los efectos que movimientos bruscos en el tipo de cambio pueden tener sobre la magnitud y el costo de los pasivos externos.

También se han venido financiando la mayor parte de las necesidades de financiamiento anuales mediante instrumentos denominados en pesos a tasa fija y a largo plazo para disminuir los efectos que variaciones adversas en las tasas de interés tienen sobre el costo financiero de la deuda. De igual manera se ha buscado mantener un perfil de vencimientos suave y estable a lo largo del tiempo alargando el plazo de vencimiento de la deuda para reducir el riesgo de refinanciamiento. El marco legal para la contratación y el manejo de la deuda pública del país permite contar con los mecanismos de control para evitar un endeudamiento excesivo.

La evolución favorable de la deuda pública del país está reflejada en la opinión de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) así como en la opinión de las principales agencias calificadoras de deuda a nivel internacional.

Las características de la deuda pública en la actualidad son un factor de estabilidad y fortaleza de las finanzas nacionales, que permite hacer frente a la volatilidad asociada a la compleja coyuntura internacional.

Deuda Pública

El objetivo principal de la política de deuda es satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible, manteniendo a la vez un nivel de riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros domésticos.

En este sentido, el manejo eficiente y cuidadoso de los pasivos públicos es parte fundamental de la política económica del Gobierno Federal y representa un elemento indispensable para la estabilidad macroeconómica y financiera que propicia el crecimiento sostenido de la actividad productiva y el empleo. En este esfuerzo destacan los siguientes objetivos: i) Dar viabilidad a la estrategia integral de finanzas públicas, contribuyendo al esfuerzo fiscal por medio de reducciones en el costo financiero, y ii) Promover el desarrollo del sistema financiero nacional y fomentar la eficiencia de los mercados locales de deuda pública y corporativa.

En general, la estrategia de gestión de pasivos a lo largo de los últimos años ha seguido tres vertientes principales:

•  El déficit público ha sido financiado en su mayor parte mediante endeudamiento interno.

• El financiamiento interno se ha realizado de forma ordenada, recayendo en la medida de lo posible en la captación neta de recursos a través de emisiones de instrumentos a tasa nominal fija de largo plazo.

•  El hecho de que el financiamiento neto se realice preponderantemente en el mercado local ha permitido que en el ámbito externo se instrumente una política complementaria para diversificar las fuentes de financiamiento y mejorar las condiciones de los pasivos públicos denominados en moneda extranjera.

Recientemente, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la política de crédito público ha sido un importante factor para el mantenimiento de la estabilidad financiera. En este periodo se lograron satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en condiciones competitivas, manteniendo la liquidez y el buen funcionamiento de los mercados locales mediante la instrumentación de una política de deuda flexible y proactiva. Las acciones realizadas permitieron sortear las dificultades que se presentaron durante la crisis, lo que a su vez contribuyó a proteger lo más posible al sistema financiero en su conjunto.

Composición de la Deuda

La política de deuda se ha orientado a fortalecer la estructura de la deuda pública y fomentar un mayor desarrollo y eficiencia en los mercados financieros locales. En este sentido, la estrategia de endeudamiento privilegia el financiamiento de la mayor parte del déficit del Gobierno Federal en el mercado local de deuda, recurriendo al endeudamiento externo de manera complementaria, tanto en los mercados internacionales de capital como con los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) y las Agencias de Crédito a la Exportación. Así, se ha podido contar con una amplia gama de oportunidades de financiamiento, tanto internas como externas.

La reducción de la participación de la deuda externa como porcentaje del total ha reducido la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante perturbaciones externas y movimientos en el tipo de cambio, lo que ha sido de gran utilidad al enfrentar episodios adversos, como la crisis financiera de 2008.

Deuda Interna

Debido a que el financiamiento interno se ha realizado privilegiando la colocación de valores de largo plazo se ha logrado un importante desarrollo del mercado de deuda local y una ampliación de la curva de rendimientos del Gobierno Federal. Actualmente, el Gobierno Federal emite instrumentos tanto a tasa nominal fija como a tasa real con un plazo de vencimiento de hasta 30 años, en contraste con el año 2000 cuando el instrumento de mayor plazo con tasa nominal fija era de 5 años. Con el fin de promover la liquidez y eficiencia a lo largo de la curva de rendimientos, el Gobierno Federal instrumenta una política de reapertura de emisiones encaminada a mantener un número reducido de referencias con montos de circulación importantes en cada una de ellas.

Cabe señalar que, durante 2010, el Gobierno Federal comenzó a utilizar el método de colocación sindicada como complemento a las subastas semanales de valores gubernamentales ejecutadas a través del Banco de México. Este método ha sido una herramienta útil para que las nuevas emisiones de referencia alcancen un monto importante desde el inicio y con ello faciliten la liquidez del instrumento en el mercado secundario, al contar con una base de inversionistas más amplia.

Algunas de las ventajas de utilizar este método de colocación son las siguientes: i) se asegura que las nuevas emisiones tengan un monto en circulación inicial importante, ii) se logra que éstas sean elegibles desde el inicio en los índices globales de renta fija en los que participa nuestro país, iii) se logra una distribución amplia entre inversionistas locales y extranjeros y iv) se garantizan mejores condiciones de liquidez en el mercado secundario.

Como resultado de los esfuerzos antes descritos, el desarrollo y profundidad de la curva de rendimiento del Gobierno Federal estableció un marco de referencia para operaciones financieras de largo plazo en moneda nacional, potenciando las posibilidades de financiamiento del sector privado. Este aspecto ha sido un elemento importante en el crecimiento de los mercados de deuda corporativa, de derivados y, especialmente, del mercado hipotecario.

Perfil de Amortizaciones de la Deuda

Como resultado de la política de deuda implementada se ha alcanzado una estructura de la deuda interna robusta y diversificada. El desarrollo del mercado local y la creación de una curva de rendimiento de largo plazo en moneda nacional, ha permitido mantener un perfil suave de amortizaciones y aumentar el plazo promedio de vencimiento, reduciendo el impacto de variaciones en las tasas de interés en el costo financiero de la deuda. En este sentido, el plazo promedio de vencimiento y la duración de la deuda interna de mercado del Gobierno Federal se incrementó de 1.5 y 0.7 años del cierre de 2000 a un estimado de 7.6 y 4.6 años al cierre del 2011.

Deuda Externa

La estrategia de endeudamiento externo está enfocada a mantener una presencia regular en los mercados internacionales, que asegure el acceso al financiamiento en condiciones favorables. A su vez, esta estrategia ha buscado activamente mejorar la estructura de los pasivos en moneda extranjera, con el fin de reducir su costo financiero, ampliar la base de inversionistas y brindar mayor liquidez a los títulos mexicanos en el exterior.

En este contexto, las actividades de financiamiento en los mercados internacionales se basan en los siguientes objetivos:

1. Desarrollar y fortalecer los bonos de referencia del Gobierno Federal.

2. Mejorar los términos y condiciones de la deuda externa de mercado.

3. Ampliar y diversificar la base de inversionistas del Gobierno Federal consolidando la presencia en mercados no tradicionales tales como el europeo y asiático.

4. Mantener una comunicación clara y constante con los distintos participantes en los mercados financieros internacionales.

De esta manera, se ha puesto especial atención en procurar el adecuado comportamiento de la curva de rendimientos en dólares, misma que sirve como referencia indispensable para emisiones del sector público y privado y que además, otorga a los inversionistas la oportunidad para manifestar su perspectiva del riesgo de crédito asociado a nuestro país.

Es importante señalar que, el Gobierno Federal procura que las emisiones de nuevas referencias alcancen el volumen suficiente para proveer una curva de rendimientos eficiente. El contar con bonos de referencia con el volumen y la liquidez necesarios, facilita el proceso de descubrimiento de precios, así como la valuación precisa de los distintos portafolios de inversión, además de promover la participación de diferentes tipos de inversionistas institucionales con diversos requerimientos y horizontes de inversión.

Durante 2008 y a raíz de la crisis financiera internacional derivada de los problemas hipotecarios en los Estados Unidos, se presentaron periodos de extrema volatilidad en los mercados financieros, generando ajustes importantes en los mercados emergentes. Este entorno de volatilidad se alargó durante 2009, reflejando un menor dinamismo en la actividad económica a nivel global acompañada de una restricción en los flujos de crédito. El haber sustituido significativamente la deuda externa por interna permitió a las finanzas públicas hacer frente de mejor manera a dicho periodo de volatilidad.

Destaca el hecho que, en el mes de octubre de 2010, el Gobierno Federal realizó una emisión en los mercados de capital por un monto total de 1,000 millones de dólares, mediante la colocación de un bono global con vencimiento en 2110. Esta operación representó en su momento la mayor colocación a plazo de 100 años, convirtiendo además a México en el primer país latinoamericano en poder realizar una transacción a este plazo y el segundo emisor soberano en hacerlo (China emitió 100 millones de dólares en 1996 a un rendimiento de 9 por ciento).

De igual manera en el mes de agosto de 2011, el Gobierno Federal realizó la reapertura del bono global con vencimiento en 2110. La emisión se llevó a cabo en condiciones de costo favorables para el Gobierno Federal, toda vez que el bono fue emitido con un rendimiento al vencimiento de 5.96 por ciento con lo cual el costo del financiamiento logrado con esta colocación de deuda es menor al obtenido por el Gobierno Federal en la colocación inicial de este título en octubre de 2010 que fue de 6.1 por ciento.

Cabe señalar que esta colocación se realizó tres días después de que la calificadora Standard & Poor's  revisara a la baja la calificación soberana de los Estados Unidos, lo que había provocado una alta volatilidad en los mercados financieros internacionales. Esto ilustra la perspectiva positiva que tienen los inversionistas sobre el riesgo de crédito del Gobierno Federal.

En este sentido, la estrategia implementada permitió enfrentar la crisis financiera internacional desde una posición más sólida que en el pasado, ya que el monto vigente de la deuda externa del Gobierno Federal no representa un factor de riesgo relevante para la economía nacional. En complemento a lo anterior destaca el hecho de que las colocaciones de deuda que ha realizado el Gobierno Federal en los mercados financieros internacionales han tenido niveles de costo históricamente bajos.

Diversificación de las Fuentes de Financiamiento

Deuda de Mercado

Las operaciones de financiamiento en los mercados de capitales se han orientando principalmente al mercado estadounidense, dada su profundidad y nivel de desarrollo respecto al de otros mercados. Complementariamente y dadas las condiciones prevalecientes en los mercados internacionales, el Gobierno Federal buscará aprovechar oportunidades en el mercado europeo y asiático, así como en otros mercados.

Con respecto al mercado europeo, el Gobierno Federal ha llevado a cabo operaciones de financiamiento en euros siempre y cuando el acceso a estos recursos pueda hacerse en condiciones favorables de costo y eficiencia, considerando los beneficios de diversificar el portafolio de deuda pública y de continuar con la ampliación de la base de inversionistas.

Cabe destacar que durante 2011 las colocaciones de deuda realizadas por el Gobierno Federal se realizaron con costos históricamente bajos. En este sentido, la colocación más reciente se realizó el pasado 3 de enero de 2012 en donde el Gobierno Federal realizó la colocación de un nuevo bono global en los mercados internacionales de capital por un monto total de 2,000 millones de dólares con vencimiento en el 2022.

El nuevo bono con vencimiento en marzo de 2022 tiene un plazo al vencimiento de 10 años, y paga un cupón de 3.625%. Se estima que el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 3.71 %.

La transacción se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal, toda vez que el costo del financiamiento logrado con esta colocación de deuda es el más bajo que haya obtenido el Gobierno Federal en la historia para este plazo. Lo anterior puso de manifiesto la confianza de los inversionistas en la política económica instrumentada por la actual administración y en particular en las medidas aplicadas para fortalecer los elementos fundamentales de la economía nacional.

Deuda con Organismos Financieros Internacionales

La evolución del endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales (OFIs), durante el periodo 2000-2005, se mantuvo en niveles comparativamente bajos y estables. Esto debido a que el monto promedio de desembolso anual con estos organismos era alrededor de 1,500 millones de dólares, reflejando un saldo promedio de los créditos del Gobierno Federal con OFIs de aproximadamente 14,700 millones de dólares (27 por ciento de la deuda externa), durante este mismo periodo.

Conforme se fue desarrollando el sistema financiero, en particular, el mercado de deuda local y ampliando la curva de rendimientos del Gobierno Federal; las fuentes de fondeo externo fueron disminuyendo incluyendo el financiamiento proveniente de OFIs. Inclusive el Gobierno llevó a cabo amortizaciones anticipadas de créditos contratados por un monto aproximado de 10,000 millones de dólares con fondeo local, ubicando el saldo con OFIs en alrededor de 6,000 millones de dólares, al cierre de 2006. La reducción de la deuda con OFIs en 2006 permitió al Gobierno Federal generar un margen amplio de maniobra durante la crisis para incrementar de manera importante su nivel de endeudamiento con estos organismos en 2009 y 2010.

Actualmente, la deuda con OFIs es considerada como un elemento estratégico en el manejo de la deuda pública. A diferencia del endeudamiento a través del mercado de deuda -que en los ciclos de restricción de liquidez o volatilidad en los mercados financieros tiende a restringirse y a encarecerse - el crédito con OFIs no presente este comportamiento cíclico y por lo tanto es una fuente estable de recursos.

Complementariamente, la política de deuda contempla la contratación de financiamientos con organismos bilaterales. Principalmente se considera utilizar las agencias de crédito a la exportación para el financiamiento de programas y proyectos de las dependencias del Gobierno Federal que son susceptibles de ser financiados por estos organismos. De esta forma se busca aprovechar las facilidades de crédito que otorgan estos organismos en el financiamiento de proyectos prioritarios y hacer más eficiente el uso de los recursos externos.

Definiciones de Deuda Pública

Para el análisis de las finanzas públicas en México se da seguimiento a tres indicadores de deuda pública:

1. Deuda del Gobierno Federal

Se integra por las obligaciones financieras menos los activos financieros disponibles de los poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, así como de las dependencias del Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados.

El saldo de la deuda del Gobierno Federal es el resultado de la acumulación del déficit de años anteriores necesarios para cumplir con actividades gubernamentales, como son la prestación de servicios públicos de educación, salud y seguridad, la creación de infraestructura pública y las acciones para mejorar la distribución del ingreso y el desarrollo regional.

2. Deuda del Sector Público

Comprende la deuda del Gobierno Federal más las obligaciones financieras menos los activos financieros disponibles de las entidades de la Administración Pública Paraestatal (Pemex, CFE y bancos de desarrollo).

Este indicador es relevante porque la deuda de las entidades paraestatales es un factor importante en la evolución de los pasivos del Sector Público.

3. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público incluye la deuda del Sector Público más las obligaciones que por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas presupuestarias no se incluyen en la deuda pública. Como por ejemplo:

• Las obligaciones financieras netas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y el programa de apoyo a deudores que no se incluyen en la deuda del Gobierno Federal y en el presupuesto de cada año se prevén los apoyos fiscales necesarios para dar servicio a las obligaciones, de acuerdo con lo señalado en los artículos 47, octavo transitorio y décimo noveno transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

• Las obligaciones de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) pendientes de registro en la deuda pública, que son proyectos de inversión autofinanciables que tienen impacto económico cuando se realizan y su registro presupuestario se difiere al momento de su amortización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública y la normatividad presupuestaria aplicable. Cabe señalar que a partir del año de 2009, el saldo de las obligaciones asociadas a los proyectos Pidiregas de Pemex se incluyeron dentro del saldo de la deuda del sector público. Sin embargo, este ajuste fue sólo contable ya que no implicó un aumento del Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), o deuda pública ampliada, porque fue el reconocimiento de un pasivo preexistente que se mantenía en cuentas de orden y que ya se consideraba en dicha medición amplia de endeudamiento.

• Las obligaciones derivadas del Fideicomiso de .Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, las cuales se prevé sean autofinanciables con las cuotas de peaje.

• Cambio en la situación patrimonial de las instituciones de fomento.

Evolución de la Deuda Pública

En la siguiente tabla se puede observar que aún para el caso del SHRFSP, que es el concepto más amplio de deuda, el porcentaje de deuda respecto al PIB se encuentra en niveles relativamente reducidos (la sección siguiente presenta una comparación internacional).

Evolución de la Deuda Pública (% del PIB)

Mecanismos de Control para Evitar un Endeudamiento Excesivo del Sector Público

El marco legal de la deuda pública establece los mecanismos de control para evitar un endeudamiento excesivo. El régimen jurídico de la deuda pública encuentra su fundamento principal en el artículo 73, fracción VIII, de la Constitución, el cual establece los principios conforme a los cuales el Congreso de la Unión autoriza al Ejecutivo a contratar financiamientos.

El Congreso de la Unión ha establecido las bases par la contratación de financiamientos en la Ley general de Deuda Pública. Adicionalmente, tanto en la Ley de Ingresos de la Federación, como en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se determinan techos de endeudamiento y condiciones adicionales para el endeudamiento público.

Por su parte la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece una regla fiscal en la cual el balance financiero del sector público debe permanecer en equilibrio (sin considerar la inversión de Pemex). Esta ley agrega un elemento de fortaleza a las finanzas públicas que permite asegurar una evolución estable de los pasivos públicos. De igual manera, dentro de la misma ley se establecen las condiciones excepcionales bajo las cuales puede presentarse un déficit pero además establece la obligatoriedad de implementar las acciones para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario.

Comparación Internacional de la situación de la Deuda Pública

Comparación con países de la OCDE

Cabe destacar que tanto el nivel de la deuda del Sector Público en México (SHRFSP) y el Gobierno Federal, como porcentaje del PIB, se mantienen en niveles que se comparan favorablemente respecto al de otras naciones, inclusive con algunas con un grado de desarrollo económico superior. En particular, la razón de deuda pública a PIB de nuestro país es una de las más bajas registradas entre los principales países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Asimismo, el plazo promedio de la deuda del Gobierno Federal se compara favorablemente con la plazo promedio de la deuda de los países miembros de la OCDE y con otros de igualo mejor calificación en su deuda soberana.

Opinión de Organismos Internacionales

Fondo Monetario Internacional

En virtud del artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, la institución celebra deliberaciones bilaterales con los países miembros, generalmente todos los años. Un equipo de funcionarios visita el país, recoge información económica y financiera, y analiza la evolución económica del país. A su regreso a la sede, el personal técnico prepara un informe que constituye la base de las deliberaciones en el Directorio Ejecutivo. Al finalizar estas deliberaciones, el director gerente, como presidente del directorio, resume las opiniones vertidas por los directores ejecutivos en una exposición sumaria que se trasmite a las autoridades del país.

De acuerdo con el reporte del artículo IV de 2011, se desprenden las siguientes apreciaciones sobre la deuda pública de México:

• El sólido marco fiscal en México ha sido esencial para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.

• La deuda pública de México es moderada y se mantendrá estable en el mediano plazo bajo el escenario base (análisis de sostenibilidad de la deuda).

• La deuda externa de México es baja en relación al PIB y seguirá siéndolo en el mediano plazo.

Calificadoras

Durante los meses de julio y diciembre de 2011 así como en enero de 2012 Standard & Poor's, Moody's y Fitch respectivamente confirmaron las calificaciones de la deuda soberana de México. Algunas de las fortalezas señaladas por las calificadoras fueron:

• Las calificaciones soberanas de México están respaldadas por el amplio compromiso del gobierno con una política macroeconómica estable, la ausencia de desequilibrios económicos, y sus cargas moderadas de la deuda fiscal y externa.

• Déficit moderados han llevado a que las métricas de deuda sean bastante estables.

• El perfil crediticio del gobierno incorpora un adecuado acceso a las fuentes internas y externas de recursos, así como una estructura de la deuda con riesgos de tasas y de refinanciamientos moderados y una limitada exposición al riesgo cambiario.

• El  mayor financiamiento en el mercado doméstico a través de instrumentos a tasa fija ha reducido las vulnerabilidades asociadas a los riesgos de tasas de interés.

• La disciplina en el manejo de las finanzas públicas del país, la mejora en la posición de liquidez externa y desbalances fiscales y externos modestos colocan al país en una buena posición para hacer frente al volátil entorno internacional.

Notas::

1 La información de la deuda de las entidades federativas y municipios que se menciona en este informe se encuentra publicada en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. http://www.shcp.gob.mx/Estados/Deuda Publica EFM/Paginas/Presentacion.aspx

2 Fuente: Brasil y Argentina Cepal, 2010. México SHCP 2011 y Estados Unidos Census Bureau y WDI 2009.

3 Fuente: Banxico, Fuentes y Usos Financieros de la Economía al 3er Trimestre del 2011, http://www.banxico.gob.mx/Sielnternet/consultarDirectoriolnternetAction.do?acci on=consultarCuadro&idCuadro=CF316&sector=3&locale=es.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo, para su conocimiento.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-6-2102 signado por el diputado Gustavo González Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVEE.001 /2012 suscrito por el ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez, director general de Vinculación y Enlace Energético de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a los pagos que la Comisión Federal de Electricidad ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, así como las implicaciones económicas y jurídicas que han provocado a la misma y los resultados de las investigaciones del caso Sinaloa.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/123/12, respecto al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual solicita al particular de la Comisión Federal de Electricidad, remita un informe por escrito, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, en el que se detalle la información correspondiente a los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones han provocado a la misma, así como la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso Sinaloa y si estas acciones se están presentando en otras entidades federativas.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar el informe en comento que remite la Secretaria Técnica de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Ingeniero Mauricio Flores Gutiérrez (rúbrica), director general de Vinculación y Enlace Energético.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Electricidad.

Licenciada Ana Cristina Sánchez Muro, coordinadora de Asesores de la subsecretaría de Electricidad.— Presente.

Me refiero a su Oficio número 300.0.1.016/2012, mediante el cual remite Oficio SEL/UEL311/123/12 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y al Oficio D.G.P.L. 61-11-6-2103 del diputado Gustavo González Hernández, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura, con respecto al punto de acuerdo que aprobó el pleno de dicha Comisión, en el que solicita que se detalle la información correspondiente a [os pagos que CFE ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones han provocado, así como la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso Sinaloa y si estas acciones se están presentando en otras entidades federativas.

Al respecto, por instrucciones del maestro Antonio Vivanco Casamadrid, director general, le envío la información solicitada para que, de ser procedente, por su amable conducto se brinde la respuesta al punto de acuerdo de referencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, 17 de enero de 2012.— Ingeniero César Bustamante García (rúbrica), secretario técnico del director general.»

«Informe a la Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión, referente al punto de acuerdo:

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Federal de Electricidad que remita un informe por escrito a esta soberanía en un plazo no mayor de una semana, a partir de la aprobación de este punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, en el que se detalle la información correspondiente a los pagos que la paraestatal ha realizado por servidumbre de paso y derechos de vía, las implicaciones económicas y jurídicas que estas situaciones han provocado ésta, así como la situación actual y los resultados de las investigaciones del caso en Sinaloa y si estas acciones se presentan en otras entidades federativas.

JUICIOS POR SERVIDUMBRES DE PASO EN SINALOA

I.- Antecedentes

Desde el año de 1937, cuando inició la electrificación en México por la Comisión Federal de Electricidad, el tema de los derechos de vía ha estado presente. Al inicio de la construcción del sistema eléctrico y con la ampliación de la cobertura del servicio público, los particulares permitían de manera gratuita a CFE, el acceso a sus terrenos, con el fin de que el Organismo pudiera realizar sus trabajos de tendido de líneas eléctricas.

Con el paso del tiempo la situación ha cambiado. Los particulares presentan reclamos y pagos de líneas instaladas anteriormente. Grupos de abogados ofrecen sus servicios para presentar reclamaciones sobre estos derechos. A partir del año 2000, para la construcción de líneas de alta tensión, se debe contar con los documentos jurídicos que acrediten debidamente la titularidad de los derechos. Esta situación es relevante en los proyectos PIDIREGAS o de Obra Publica Financiada de líneas de transmisión.

Derivado de esta situación, es pertinente presentar el comportamiento de pagos de la CFE en los últimos diez años, sobre derechos de vía y servidumbres de paso.

II. Identificación de juicios y acciones implementadas

Con motivo de una reunión de trabajo realizada el 26 de junio de 2009, entre las direcciones de administración y de finanzas, para analizar aspectos presupuestales, la Oficina del Abogado General tuvo conocimiento de tres casos de sentencias condenatorias en Sinaloa, por 127 millones, 26 millones y 8 millones (cerrando cifras) por cada caso cantidades importantes y con sentencia firme. A partir de ese momento, la Oficina del Abogado General realizó lo siguiente:

Consultó el Sistema Informático de Registro de los Juicios a nivel nacional (Jurismática) para conocer el estado de dichos juicios, y se encontró con que ninguno de los tres juicios estaba dado de alta. Jurismática es la herramienta informática que implementó la Oficina del Abogado General para facilitar a los abogados regionales el registro y apoyo en el seguimiento de los juicios.

Requirió, el mismo 26 de junio, al jefe del Departamento Jurídico Regional remitiera información sobre dichos juicios. Sin embargo, ante la tardanza de la respuesta, se iniciaron una serie de acciones:

Primera etapa: Obtención de información inmediata.

• El 29 de junio de ese año, se envió a un abogado al juzgado de La Cruz, Elota, Sinaloa, para recabar directamente copias certificadas de los tres juicios. En la visita, el abogado advirtió que dichos juicios no habían sido contestados y, adicionalmente, tomó nota de otros 10 casos en las mismas circunstancias. Por tanto, se requirió la intervención de los abogados de la división para promover acciones de defensa.

• Dos días después, la Oficina del Abogado General envió otros 6 abogados al Estado de Sinaloa, con el objeto de revisar una relación de 36 expedientes contenidos en una relación de embargos enviada por la Subdirección de Operación Financiera. A mediados de julio de 2009, los abogados obtuvieron un inventario inicial de 617 juicios civiles y 933 agrarios, todos relacionados con servidumbres de paso.

• Ante la gravedad de la información recabada, el 10 de julio de 2009, la Oficina del Abogado General denunció ante el Órgano Interno de Control de la CFE, los 36 casos relacionados en la lista proporcionada el 2 de julio de 2009 por la Subdirección de Operación Financiera.

Asimismo, se hizo del conocimiento al Secretario de la Función Pública, de dicha situación. Como consecuencia de la denuncia, el OIC inició la Auditoría NPR 114-2009.

• De igual manera, con motivo de los juicios localizados y al intercambio de información entre las áreas de finanzas y la Oficina del Abogado General, el 13 de julio de 2009, la Subdirección de Operación Financiera, emitió el oficio GMO 243, dirigido a las Gerencias Regionales de Transmisión y Generación, a las Gerencias Divisionales de Distribución y a los Residentes Generales de Construcción, en el que reiteró lo siguiente:

Que todas las solicitudes deberían ser turnadas a la gerencia de presupuestos a través de la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo, para el caso de la Dirección de Operación; y de la Gerencia de Seguimiento y Control, para el caso de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.

Que la solicitud de techo presupuestal debería contener el visto bueno y dictamen del Abogado General, sobre el expediente respectivo; sin este requisito la gerencia de presupuestos no atendería la solicitud.

Cualquier asunto legal que requiera el pago correspondiente, deberá turnarse, en primera instancia, al Abogado General, a fin de obtener el dictamen procedente en su caso.

En esa misma fecha, la Subdirección de Operación Financiera, también solicitó a las áreas administrativas que, en cualquier operación relacionada con demandas judiciales que se detecte, deberá ser reportada al gerente del área correspondiente, así como al área jurídica.

Como consta en el oficio GMO 244, del 13 de julio de 2009.

Asimismo, reiteró que para solicitar reposiciones presupuestales, las áreas deberán informar a la Dirección de Finanzas y a la Oficina del Abogado General, de las acciones jurídicas tomadas para la atención del proceso.

Independientemente de la denuncia presentada ante el OIC, la Oficina del Abogado General integró un nuevo grupo de 40 abogados, con el apoyo de diversas áreas jurídicas del país, a fin de realizar una revisión exhaustiva en los 17 juzgados de los municipios del Estado y en los tres Tribunales Agrarios.

De esta visita, a mediados de agosto de 2009, el grupo de abogados obtuvo un inventario de 2,089 juicios: 1,110 agrarios y 979 civiles.

• Los 1,110 juicios estaban presentados ante los Tribunales Agrarios que son de competencia federal. En estos casos, no presentaban la misma problemática que los civiles, ya que sólo existían 16 juicios terminados pendientes de ejecución (1 %), en tanto que 80% estaba en trámite, y el 19% restante estaban concluidos.

• Los magistrados de los tribunales agrarios, llevaban los procedimientos ajustados a la Ley Agraria y respetando los derechos de ambas partes.

Por el contrario, los 979 juicios civiles presentaban las siguientes irregularidades:

• Notificaciones indebidas.

• Deficiente atención y abandono en la mayoría de los expedientes.

• En el 6% no se contestó la demanda.

• El 97% de las sentencias no fueron impugnadas.

• Los juicios civiles fueron conocidos y resueltos por jueces del fuero común.

•  Algunos jueces del fuero común, conocieron y resolvieron fuera de su jurisdicción.

• Una de las defensas recomendadas por la Oficina del Abogado General era que el derecho para el cobro de la indemnización por servidumbres de paso prescribe por el transcurso de 10 años, lo cual quedó confirmado con la publicación de la jurisprudencia 29/2008, en marzo de ese año. No obstante, los abogados divisionales invocaban la prescripción, pero no aportaban pruebas para su acreditación.

• De igual manera, la Oficina del Abogado General recomendaba argumentar en los juicios relativos a servidumbres de paso, que debían ser conocidos por el Poder Judicial de la Federaci6n, lo que fue confirmado con la jurisprudencia número 79/2009, publicada en noviembre de 2009. Los abogados divisionales hacían valer la incompetencia pero abandonaban el juicio.

Enseguida se presenta la ubicación de los municipios en el Estado de Sinaloa, donde se registró el mayor número de juicios civiles:

Segunda Etapa:Contención del problema.

Adicionalmente, la Oficina del Abogado General realizó lo siguiente:

•  Se separó del cargo al Jefe Jurídico de la División de Distribución Noroeste, al Jefe Jurídico de Transmisión Noroeste, y a 4 abogados adscritos de esas áreas.

• Se designó a un abogado de la Oficina del Abogado General como encargado del Departamento Jurídico de la División Noroeste.

• Fueron comisionados 8 abogados para permanecer en las ciudades de Mazatlán y Los Mochis, a fin de atender los juicios identificados.

• Inicialmente se presentaron 20 denuncias penales ante la PGR contra los abogados de CFE y de los particulares, peritos y funcionarios judiciales, para que se les investigara. El número de denuncias se fue incrementando paulatinamente hasta llegar, actualmente, a un total de 145 denuncias penales.

•  Con el fin de afianzar las acciones de defensa, se realizaron cuatro visitas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, cuatro a los magistrados del Tribunal Superior Agrario y seis a los magistrados de los Tribunales Agrarios en el Estado. El objetivo de las visitas era contener los embargos a las cuentas de la CFE.

Con independencia de las acciones anteriores, el director general emitió la Circular DG-C/001/2009, del 23 de septiembre de 2009, mediante el cual se establecieron lineamientos en materia de atención de litigios, control de información y de administración de recursos humanos.

Tercera etapa:Dar continuidad a la atención de los juicios.

Una vez controlada la situación y ante la dificultad de mantener de manera permanente en el Estado de. Sinaloa, a los abogados de la entidad, la Oficina del Abogado General exploró la posibilidad de contratar un despacho externo especializado en litigio para continuar con la atención de los juicios.

A finales de septiembre de 2009, se identificó un despacho que reunía las condiciones para tal fin, sin embargo, después de haber analizado los expedientes y ponderar la situación en el Estado, en noviembre de 2009, el despacho se negó a continuar con el proceso de contratación.

Lo anterior, obligó a realizar una nueva exploración de firmas de abogados locales. Se identificaron varias firmas jurídicas que reunían requisitos profesionales para atender los juicios, en especial tres despachos locales.

En tal virtud, una vez cumplidos con los trámites de ley, se contrató al despacho local.

El despacho se encargó de atender los juicios bajo la supervisión de la Oficina del Abogado General, en coordinación con el nuevo Jefe del Departamento Jurídico de la División Noroeste.

Como resultado de la intervención de la Oficina del Abogado General y de las áreas corporativas de la CFE, se controlaron los pagos derivados de juicios relacionados con servidumbres de paso en el Estado de Sinaloa a partir del segundo semestre de 2009, según se presenta en la siguiente gráfica:

III. ¿Qué fue lo que paso?

Del análisis de los 979 asuntos civiles, se identificaron elementos de una maquinación realizada por los abogados de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, con abogados de los particulares, peritos y personal de los juzgados.

A continuación se describen el modo de operación de esta maquinación y la forma de ocultar los resultados para obtener el fin contrario a los intereses de CFE.

1. Modo de operación:

Por la manera en que se iniciaron la mayoría de las demandas y la forma en que se atendieron los juicios civiles, se advierte que solamente podría haber sido preparado por profesionales que conocen la materia litigiosa, para manejar de manera habilidosa el procedimiento y alcanzar el resultado deseado, es decir, una sentencia condenatoria y un pago a favor de un particular.

Primer paso:Elección de una vía expedita para el desarrollo de los juicios civiles.

El modo de operar inició con la elección de la vía para presentar las demandas. Los actores eligieron el “Juicio Sumario” (es decir un juicio expedito) establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa que, por su naturaleza, permite concluir los juicios en corto tiempo, ya que con la demanda y la contestación se deben ofrecer las pruebas, mismas que se desahogan sólo en la audiencia de ley y, previo alegatos, el expediente se turna de inmediato a sentencia del Juez.

A manera de ejemplo, por la vía sumaria civil, el tiempo que puede durar un juicio es de 60 a 180 días, dependiendo de las pruebas a desahogar, comparado con un juicio ordinario civil que es de 180 a 300 días.

Asimismo, destaca que la vía utilizada en materia civil se trata de juzgados locales en lugar de juzgados federales.

Segundo paso:Actuación de los involucrados en los juicios civiles

Abogados de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste

1. De los 979 juicios civiles identificados, en un 6% los abogados divisionales no contestaron la demanda.

Cuando hubo contestación, los abogados de la División oponían defensas y excepciones, entre ellas, en algunos casos, la incompetencia del juzgado y la prescripción del particular para reclamar la indemnización. No obstante, no ofrecieron pruebas para acreditar la prescripción.

2. En la contestación de las demandas, por los abogados divisionales, se designaba un perito en topografía y valuación, cuyo fin era la ubicación física del terreno y la valuación de la servidumbre de paso.

En un 61 % de los asuntos civiles, el abogado divisional no acudía a la audiencia, además de que se perdía la oportunidad de argumentar en defensa de CFE, el contenido del dictamen pericial quedaba firme. El particular se adhería a dicho dictamen.

3. Concluida la audiencia y exhibidos los alegatos, el Juez declaraba constituida la servidumbre de paso y condenaba a CFE al pago de una indemnización, con base en el peritaje. De los 979 expedientes identificados, en un 97% las sentencias no fueron impugnadas por los abogados divisionales, por lo que quedaron firmes en cuanto a su contenido y efectos.

4. Destaca que de los 979 juicios civiles, 3 abogados divisionales concentraron 61 % de los emplazamientos: Francisco Ladislao Rodríguez Retes (44%); Eduardo García Siraitaires (9%) y Edgar Fernando Gutiérrez Ochoa (8%).

Los restantes emplazamientos se llevaron a cabo con las siguientes personas: Secretaria Olivia Del Carmen Patrón Moreno (4%); Auxiliar Administrativo Silvia Huerta Nuñez (3%); Superintendente Ing. Octavio Sol Soto (3%); Superintendente José Guadalupe Castro (3%); Auxiliar Administrativo Benito Lizarraga Bastidas (2%); Abogado Ernesto Sabori Urquijo (1 %); Secretaria Elvia Castañeda De Peraza (1 %); Auxiliar Administrativo María de Jesús Viscarra Orrante (1 %); Secretaria Elva Esther Guerrero Osuna (1%); Auxiliar Administrativo Gregorio Espinoza Camacho (1 %); Lorena Sánchez Castro (1 %); Abogado Alan Ramos Ruiz (1%); Jose Angel Pacheco (0.6%); Jesús Oscar López Ibarra (0.6%); Nereida Margarita Sarabia Noriega (0.5%); Abogado Miguel Agustín Guitrón Tirado (0.5%); Secretaria Claudia Y. Lizarraga Avitia (0.5%); Agente Comercial Octavio Hernández Satarain (0.5%).Las siguientes personas con menos del 0.3% de los emplazamientos: Secretaria Ana T. Osuna Hernández; Abogado Gersón Amparán Cazares Cásarez; Ing. Alfonso Carreon Alapizco; Karla Gabriela Inzunza Perez; Javier Pérez Cardenas; José Narciso Salazar; Ma. Del Carmen Vazquez Millán; Nereyda Magdiel Garcia Durán; Ricardo Heras Felix; Severa Fregoso Ramos; María del Rosario Rubio Gil; Teresa Osuna Hernández; Wedy Elizabeth Vizcarra; Abogado Aaron Francisco Silva González; Jose Angel Pacheco Gutiérrez; José Manuel Barraza Brito; y Abogado Luis Manuel Armenta Corona (en el restante 10% no se tuvo acceso al expediente).

En el caso de la contestación de las demandas, tres abogados divisionales concentran el 76%: Francisco Ladislao Rodríguez Retes (52%); Jesús Eduardo García Siraítaires (14%) y Edgar Fernando Gutiérrez Ochoa (10%).

Los otros abogados que contestaron fueron: Alan Ramos Ruiz (4%), Gerson Amparán Cázares (3%), Luis Manuel Armenta Corona (1%), Francisco Javier Pérez Cárdenas (1.3%), Aarón Francisco Silva González (1%), Ezequiel Herrera Sandoval (1%), José Alfredo Hernández Pérez (1%), Juan Pablo Lizarraga Tiznado (0.5%) y los siguientes con menos del 0.3%: Domingo López Flores;. Francisco Silva González; Gregorio Espinosa Camacho; Jenny Alejandra Teón Bartolini José Guadalupe Castro; y David Álvarez Alaniz (el restante 10% no se tuvo acceso al expediente).

5. El pago de los montos de las sentencias se hacían a petición del abogado divisional a cargo del juicio, con pleno conocimiento del Jefe de Departamento Jurídico Divisional quien solicitaba los pagos.

Abogados de los particulares

Destaca que en su actuación los abogados de los particulares se adherían al perito ofrecido por los abogados divisionales de CFE.

3 abogados concentraron 39% de los juicios civiles: José Tirzo Sotelo (19%), Joel Barragán (12%) y Luis Eduardo Álvarez Bustamante (8%).

Otro 37% se distribuye de la siguiente manera: Armando Baldenebro Meza (6%); Marcial Erives Fierro (5%); David Álvarez Bernal (4%); Antonio Guervara Duque (3%); Juan Pablo Serna Tirado (3%); Jesús Romero Peña losa (2%); Ricardo Heras Felix (2%), Jesús Alberto López Rodelo (2%); Sonia Rosario Soto Gastelum (2%); Askary Silvas González (2%); Mario Octavio Guzmán Higuera (2%); José Raúl Núñez Ríos(2%); Gilberto Angulo Obeso (2%).

Otro 20% entre los siguientes abogados: Alejandro Valenzuela Uribe y Czetochowa Ochoa Gaxiola; Antonio Beltrán Echegaray; Apodaca López Heraclio; Benjamín Zatarain Salas; Cevallos Conrad Víctor Manuel; Diana Osuna Ibarra; Eleuterio Pineda Jara, Adriana Carmona Félix y Enrique López Suárez; Francisco Almeida Castro; Germana Roberto Escobar García; Hernández Ramos Felipe De Jesús; Herrera Machuca Marco Antonio; lván de Jesús López Aguallo; José Alberto Soto Lizarraga; Juan José López Bernal; Luis Fernando Mendoza Aviles; Néstor Alonso Camacho Álvarez; Rocha Peralta Arturo; Sergio Villavicencio Sarabia; Fierro Blancarte Jesús; Jesús Manuel Pérez Peraza; Jorge Lorenzo Aguilar Sarabia; José Enrique Castro Román; Rodolfo Maestre Villareal; Juan Carlos Peráza Cañedo; Carmen Leticia Sánchez López Jesús Alberto López Rodelo; David Villa Ibáñez; Daniel E. Tenorio Arce; Felipe de Jesús Hernández Ramos; Jesús Alberto López Rodelo; Abraham Eduardo Urrea Arenas; Alejandro Valenzuela Uribe; Alma López Guerrero; Alma López Hernández; Almeida Castro Francisco; Ana Cecilia Ibarra Rico; Anibal Cervantes Valenzuela; Buenrostro Félix Luis; Carlos Constandse Romo; Carlos Páez Castro; Carmen Leticia Sánchez López; Carmen R. Mendoza Álvarez; Castro Guzmán José Enrique; Castro Leal José Enrique; Concepción Serna Tirado; David Cristóbal Álvarez Arce, Luis Enrique Samudio Solís, Daniel Eduardo Tenorio Arce y Pedro Arreola Osuna ; Esmeralda Hernández Espinoza; Everardo Sánchez Aguilar; Feliciano Heredia Casamayor y José del Refugio Ramírez Andrade; Francisco Manuel Camacho Pardo; Gilberto Mora Fernández; Gregorio Delgado Urias y Francisco Almeida Castro; Héctor Iván Ríos Peraza; Ibarra Rico Ana Cecilia; Israel Hernández Galván; Javier Guadalupe Barraza Lizárraga; Jesús Alfredo López; Jesús Eleodoro Osuna Velarde; Jesús Fierro Villarreal; Jesús Raymundo González Patrón; José Guadalupe Morales Carrillo y Pablo Gerardo Hernández Ruelas; José Loreto Lizárraga Salazar y Alma Alicia López; José Rubén Araujo López; Juan Carlos Peraza Cañedo; María del Rosario Torres Noriega; Lizárraga Ponce Rigoberto; Lomeli Mora Orlando; Luis Guillermo Montaño Villalobos; Luis Humberto Bizcara Tirado; Manuel Alberto González Mares; Manuel Eugenio Soler Benítez y Manuel Guillermo García Rendón; Manuel Guillermo García Rendón; Mario Angel Segura Leyva; Melquiades García García; Miguel Ángel Salas Prado; Mónica Pina Ornelas; Ojeda Bojórquez Iván; Orlando Lomei Mora; Pineda Jara Eleuterio; Ricardo Ruelas Torres; Roberto Noriega Loya; Samuel Osuna Flores; Sergio Humberto Madrid León y Manuel Castro Sánchez; Sonia Lizárraga Ibarra; Sonia Rosario Soto Gastélum, Octavio Alonso Camacho Gastélum;

Por su parte, en un 4% el mismo actor presentó la demanda sin mencionar abogado.

Peritos

2 Peritos concentraron el 51% de los juicios civiles:

Martín López López (40%) y Leonel Camacho (11%).

El resto de peritos fueron: Martín López Rodríguez (4%); José Antonio Díaz Ulloa (3%); Raúl Cerecer López (2%); Juan Coronel Aguirre (2%); Óscar Mercedes Soto Valle (2%); Hugo A. López Rodríguez (1.5%); Ricardo Piña Herrera (1.5%); Rafael Alfonso Sánchez Cristerna (1.4%); Osvaldo Fernando Ramos Quiñónez (1.4%); Gabriel Ángel Quintero Pérez (1.2%); Roberto Carlos Arellano Osorio (1.2%); Mariano Burgos Galaz (1 %); Jesús Tirado Morán (1%); y con menos del 1%:

Nahum Moreno Beltra (Topografía) y Enrieu Rene Corral Cázarez; José Guadalupe Araiza; Juan Lizárraga López; Álvarez Mendoza Manuel; Arturo Mejía Mora; Benjamín Sánchez Sánchez; Bruscheta Altamirano César; Camacho Godínez Cuauhtémoc; David Villareal Zavala; Francisco Murrieta González; José Ricardo Piña Herrrera y Ramiro Peñuelaz (o Peñuelas) Acosta; Jesús Manuel Salazar Piña; Julio César Murillo Navarro; Kareh Mexia Armando; López Vega Jesús; Lorenzo Osuna Sánchez y Juan Mejía Mora; Juan Rodolfo Maestre Rendón; Martín Castañeda Valenzuela; Pedro Fuentes Salas; Piña Ornelas Mónica; Rafael Alfonso Sánchez Cristerna; Ramiro Garza Leal; Reyes Barrelleza Primitivo.

Jueces y personal de los juzgados

En 12 de los casos de los 979 juicios, los jueces locales sentenciaban sin tener jurisdicción, es decir, resolvían casos fuera de su ámbito territorial de forma ilegal.

De los 202 juicios solicitados inicialmente por la SFP en la auditoría como “muestra”, se observó que de los 82 casos que los jueces ordenaron el embargo de la cuentas de CFE, éstos y los actuarios que los ejecutaron incurrieron en violaciones al. Código de Procedimiento Civiles del Estado de Sinaloa, en las siguientes hipótesis:

En 81 casos el juez no ordenó en su acuerdo que se requiriera a CFE del pago previamente al embargo; ni el actuario lo realizó al momento de la diligencia, en términos del Código estatal.

En 22 expedientes, el acuerdo que ordena el embargo y la diligencia del mismo se realizaron el mismo día, omitiendo la publicidad que deben tener los acuerdos, y que la notificación de los mismos permitiera que surtieran plenamente sus efectos. Esta falta de publicidad viola diversos artículos del Código estatal.

Personal de las instituciones bancarias

No informaron de los embargos a CFE, sino hasta que CFE solicitó las aclaraciones.

Estas actuaciones de los involucrados en la maquinación fueron denunciadas ante la PGR a través de 145 denuncias.

Con lo anterior, quedaba cerrada la primera etapa del modus operandi, consistente en obtener la sentencia que, si bien declaraba la constitución de la servidumbre de paso en favor de CFE, se le condenaba, invariablemente, al pago de una indemnización, cuyo valor ya no era posible revertir en otra instancia, en virtud de que dejaba transcurrir el plazo para hacerlo.

Ni los abogados divisionales de CFE, ni los abogados de la parte actora, ni personal de los juzgados promovían acciones encaminadas a la ejecución de las sentencias en forma inmediata, mismas que eran acumuladas y, posteriormente, ejecutadas mediante embargos a cuentas con fondos de la División Noroeste. Destaca que los abogados de los particulares tuvieran acceso a los números de cuenta con fondos de CFE para ejecutar los embargos.

2. Ocultamiento

El manejo de la información era importante para que las áreas corporativas de CFE y el gerente divisional Noroeste tuvieran conocimiento con precisión de la situación; sin embargo no fue así.

2.1 Se ocultaba información en el Sistema Informático de consulta de juicios:

El Sistema Jurismática de Control de Juicios presenta la siguiente información acerca de la fecha de registro de los litigios en materia de servidumbres de paso de la División Noroeste:

• Destaca que sólo durante 2 periodos (cuarto trimestre de 2008 y julio 2009) fueron capturados 2,168 juicios; el 88% del total los asuntos registrados en 4 años. Estos periodos coinciden justo con los meses de pagos más importantes.

• Del total de los 2,452 juicios registrados, el 98% no tiene monto y 88% aparecen como “en trámite”

Por tanto, se ocultaba información en el Sistema Informático Institucional de consulta de juicios y no había manera de verificar su registro y estado procesal. Esto aparece acreditado en la bitácora electrónica del propio sistema.

En síntesis, este ocultamiento impedía que la oficina del abogado general pudiera detectar un problema litigioso.

2.2 Juicios locales con poca difusión:

Respecto a las actuaciones judiciales, el ocultamiento se facilitó con la presentación de las demandas ante los juzgados locales.

En la práctica los acuerdos de los juzgados locales, si bien se publican en un listado, siempre es dentro de sus instalaciones, a diferencia de las actuaciones de los juzgados federales que se publican en síntesis en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal, lo que permite su publicidad y consulta.

Por lo tanto, sólo por medio de visitas directas a los juzgados locales se podía tener acceso a la información generada en los expedientes.

2.3 Actuación del Jefe del Departamento Jurídico de la División Noroeste:

El ocultamiento de información se dio intencionalmente, ya que el jefe del Departamento Jurídico de la División Noroeste tuvo, por lo menos, cuatro oportunidades para solicitar el apoyo de la oficina del abogado general a fin de integrar una defensa sólida y eficaz de los juicios, e incluso para la atención directa de los mismos, sin embargo, no lo hizo, sus expresiones fueron genéricas y, principalmente, sobre la necesidad de resolver el problema de la suficiencia presupuestal. Estas reuniones fueron:

• Videoconferencia de 7 de noviembre de 2007, del jefe del Departamento de Asuntos Civiles del Abogado General, con el tema servidumbres de paso.

• Reunión de trabajo realizada por la Subdirección de Operación Financiera el10 de diciembre de 2008, ya mencionada.

• Dos reuniones nacionales de abogados 22 y 23 de noviembre de           2007, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y 23 y 24 de abril de 2009, en Guadalajara, Jalisco.

Era tal el ocultamiento que en la auditoría realizada de octubre a diciembre de 2008 el OIC no advirtió la dimensión ni la forma deficiente de atención de los juicios.

3. Dirigido a obtener un mal fin.

El fin que se buscaba por los abogados de los particulares, de los abogados divisionales, peritos y personal de los juzgados del Estado de Sinaloa, era contrario a los intereses del organismo, ya que pretendían obtener siempre una sentencia condenatoria, firme y que se ejecutara.

Lo anterior, se aprecia de la forma habilidosa de manejar las actuaciones judiciales, la rapidez con que el personal del juzgado acordaba los escritos o señalaba fechas para la práctica de las diligencias judiciales, violando en ocasiones, las formalidades de ley.

De este fin del modus operandi, deriva la mala intención de todos los que intervinieron en el juicio, principalmente porque los abogados de los particulares obtenían sentencias, con la complacencia de los abogados divisionales.

La actuación de los abogados de la división fue contraria a los intereses de la entidad que representaban, ya que, a manera de ejemplo:

• No analizaban si los documentos base de la acción de los actores eran fehacientes;

•No argumentaban para defender las excepciones de incompetencia y prescripción;

• No asistían a las audiencias;

• Daban valor pleno a los dictámenes de los peritos; y

• Donde se desprende con mayor gravedad la mala intención, no impugnaban las sentencias.

Por otra parte, un tema obligado a analizar es si, como consecuencia del pago de las sentencias se causó un daño patrimonial. Al respecto, se debe señalar:

• Como daño se entiende un menoscabo al patrimonio, derivado de un acto ilícito.

• Los pagos realizados fueron para cumplir sentencias firmes, contra las cuales ya no se ejercieron ningún medio de impugnación.

• Los importes de las sentencias fueron fijados por el juez, con base en los elementos que tuvo en cada expediente judicial y con plenitud de jurisdicción.

• Al no impugnarse las sentencias por los abogados de la división, los valores señalados por el juez quedaron firmes, en la inteligencia de que, aún con la impugnación, no siempre podría cambiar el sentido de la resolución o de los importes, ya que la decisión está sujeta a criterios de tribunales.

• Por tanto, si los pagos realizados para cumplir con las sentencias derivan de la obligación de acatar un mandato judicial firme, y de que las resoluciones son de orden público y cumplimiento obligatorio, no es claro poder concluir en un daño, máxime cuando las servidumbres son registradas a favor de CFE.

IV.- CONCLUSIONES.

1. Existieron acciones claras en protección a la CFE por parte de diversas áreas de CFE, entre ellas la Subdirección de Distribución, la Subdirección de Operación Financiera y la Oficina del Abogado General, según el contexto o las circunstancias que se fueron presentando en un entorno de ocultamiento por el jefe del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Noroeste.

2. Existieron elementos que confirman una maquinación por parte de los abogados divisionales, los abogados de los particulares, peritos y el personal jurídico de los juzgados estatales.

3. Los abogados divisionales ocultaron información sobre la situación real de los juicios.

4. Detectado el problema, la Subdirección de Operación Financiera estableció controles para los pagos de juicios derivados de servidumbres de paso.

5. La Oficina del Abogado General mantiene puntual seguimiento de las 145 denuncias penales presentadas en su momento:

a) Contra abogados de CFE:

Conductas: Incumplir sus obligaciones como abogados e incumplir sus obligaciones como servidores públicos y trabajadores de CFE.

Delitos: Ejercicio indebido del Servicio Público (artículo 214 del Código Penal Federal); y de abogados patronos y litigantes (artículo 231 del Código Penal Federal)

b) Contra jueces, secretarios de acuerdos y actuarios de los juzgados de Sinaloa:

Conducta: Actuar fuera del ámbito de su competencia en asuntos de materia Federal. Delitos: Cometidos por los servidores públicos (artículo 225 Código Penal Federal) por conocer de negocios para los cuales tenga impedimento legal y dictar una resolución de fondo que sea ilícita.

c) Contra peritos en topografía y valuación:

Conducta: Por formular peritajes en los cuales las instalaciones, el voltaje, su ubicación, su dimensión no corresponde, dictaminando un valor de dudoso. Delito: Al que examinado por la Autoridad Judicial como perito faltare a la verdad (artículo 247, del Código Penal Federal)

d) Contra abogados particulares (denominados procuradores judiciales):

Conducta: Por promover Juicios ante una Autoridad Judicial incompetente, con pruebas no idónea. Delitos: De abogados patronos y litigantes (artículo 231, fracciones I, III y IV del Código Penal Federal); y fraude (artículo 386, del Código Penal Federal).

Es pertinente mencionar que, como consecuencia de las acciones penales iniciadas por la CFE, en el mes de noviembre fueron consignados ante dos jueces penales en la Ciudad de Mochis, Sinaloa, el licenciado Francisco Ladislao Rodríguez Retes, ex servidor público y abogado de la CFE en la División de Distribución Noroeste, el licenciado José Raymundo Soto Conde, ex Juez Civil del Estado de Sinaloa, con residencia en Mocorito; y el perito Martín López López.

A dichas personas actualmente se les sigue el proceso penal en cada juzgado. Próximamente, y una vez que tenga debidamente integradas las averiguaciones previas correspondientes, la PGR consignará otros casos.

6. La oficina del abogado general controló el problema jurídico en los juzgados locales de Sinaloa. Se detuvieron los pagos y la presentación de demandas por servidumbres de paso.

Cuando intervino la oficina del abogado general entre otras cosas, pasó algo muy significativo: de junio de 2009 a noviembre de 2011, se recibieron sólo 31 demandas nuevas (24 en distribución noroeste y 7 en transmisión noroeste).

De conformidad al informe del despacho externo al 30 de noviembre de 2011, de los 2,089 expedientes identificados, se han concluido por diversas causas y sin pago a CFE un total de 1,319 expedientes, es decir, el 66% de los casos.

7. El despacho externo, en coordinación con la oficina del abogado general realizan todas las acciones dentro de los expedientes que restan por ejecutar, a fin de evitar, en la medida de lo posible, su pago. Dentro de las acciones para contener los pagos y embargos destacan, entre otros, los amparos y los incidentes de nulidad del embargo presentados.

8. A noviembre de 2011, se tienen 327 expedientes por ejecutar por un monto estimado de $915 millones de pesos.

Es pertinente mencionar que, en 41 casos, los particulares han iniciado el juicio de amparo con el propósito de obtener la ejecución de las sentencias y se realice el pago de la condena.

En tal virtud, se ha mantenido estrecha comunicación con la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a fin de explorar alternativas de defensa y, en aquellos expedientes en los que se conceda el amparo, se solicite por parte de la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la atracción del caso para su estudio y resolución final.

9. El despacho externo y la oficina del abogado general mantienen una atención de los juicios en trámite.

10. Ya se reintegraron a la CFE aproximadamente 31 millones de pesos como consecuencia de las acciones jurídicas iniciadas por la oficina del abogado general y el Poder Judicial del Estado de Sinaloa deberá devolver a CFE un monto de 256 millones de pesos (cifra mayor al presupuesto anual del citado Poder Judicial).

11. Se mantienen las visitas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, a los Magistrados del Tribunal Superior Agrario y a los Magistrados de los Tribunales Agrarios en el Estado. La última fue al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, con el propósito de agilizar la devolución del dinero a la CFE ordenada por los juzgados federales.

12. Es pertinente mencionar que se han realizado durante 2010 y 2011, 24 visitas a los jurídicos regionales con el propósito de supervisar la atención de los juicios relacionados con servidumbres de paso y, a la fecha, no se han identificado patrones de conducta semejantes a los de Sinaloa, otras entidades de la República; sin embargo se continúan haciendo supervisiones.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo, para su conocimiento.

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACION AGROPECUARIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-2228, signado por el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número CA/ 02 /2012, suscrito por el licenciado Max Kaiser Aranda, coordinador de asesores del secretario de la Función Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al informe detallado de la investigación realizada con relación a la red de corrupción dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por lo que fueron destituidos cuatro servidores públicos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Función Pública.

Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 11 del actual, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, a remitir, en un plazo no mayor a una semana a partir de la aprobación del punto de acuerdo por el Pleno de la Comisión Permanente, un informe detallado de la investigación realizada con relación a la red de corrupción dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por la que fueron destituidos cuatro servidores públicos acusados de realizar pagos de manera irregular, sin cumplir con la normatividad; así como a realizar una investigación exhaustiva sobre los actos de corrupción de servidores públicos del órgano desconcentrado Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) y, en su caso, se finque responsabilidad penal en contra de los implicados.

Al respecto, por instrucciones del ciudadano titular del ramo, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

• En el mes de agosto de 2011 se presentó denuncia en el Órgano Interno de Control en Aserca, en la que se señalaba el otorgamiento de un pago indebido a una organización de productores, por la cantidad de $2’713,085.25 (dos millones setecientos trece mil ochenta y cinco pesos con veinticinco centavos, moneda nacional), correspondiente al apoyo para el proceso comercial de frijol.

• El programa de apoyo menciona que se debe tramitar de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, los Lineamientos Específicos de Operación al Ordenamiento de Mercados del Proceso Comercial del Frijol, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2011, establecen que Aserca será la unidad responsable de su ejecución e incorporará la figura de carta de adhesión, como el medio por el que el solicitante elegible suscribe su adhesión al componente de apoyo y se obliga a dar cumplimiento a los términos de las reglas de operación.

• De las investigaciones llevadas a cabo, se comprobó que la carta de adhesión carecía de la firma de la Coordinación Jurídica de Aserca y, por ende, no se encontraba la acreditación jurídica de la organización solicitante para tramitar el apoyo otorgado, esto de acuerdo con los requisitos establecidos en las reglas de operación. Además, se comprobó que el apoyo fue entregado, razón por la cual se determinó el daño patrimonial del monto que se menciona.

• En este tenor, el Órgano Interno de Control en Aserca inició los procedimientos administrativos de responsabilidades a cuatro servidores públicos, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Una vez desahogadas las etapas procesales, se determinó imponer la destitución del puesto y la sanción económica por la cantidad de $678,271.50 (seiscientos setenta y ocho mil doscientos setenta y un pesos con cincuenta centavos, Moneda Nacional) a cada uno de los siguientes servidores públicos:

– José Guadalupe Sáenz Solís, coordinador general de Comercialización.

– Felipe de Javier Dueñas, director general de Desarrollo de Mercados.

– Juan Ángel Taboada Mondragón, director de Pagos de Apoyos a la Comercialización.

– Efraín Niembro Domínguez, director general de Planeación y Desarrollo de Productos Pecuarios y Tropicales.

• Con fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el 22 de septiembre de 2011, el titular del Órgano Interno de Control en Aserca presentó denuncia penal ante el Ministerio Público competente. El 29 de diciembre de 2011, una vez concluidas las diligencias correspondientes, el Ministerio Público consideró que existían elementos suficientes para turnar la denuncia al Juzgado 11° de Distrito de Procesos Penales del Reclusorio Oriente del Distrito Federal.

• Al día de hoy, el Órgano Interno de Control en Aserca cuenta con 11 expedientes por los que se investigan probables irregularidades que implicarían actos de corrupción, los cuales se atienden en apego a los lineamientos de la materia. Asimismo, se llevan a cabo investigaciones especiales para esclarecer los hechos denunciados.

La Secretaría de la Función Pública, a través de sus órganos internos de control, lleva a cabo de forma sistemática programas de auditorías en todas las dependencias, órganos desconcentrados y descentralizados de la administración pública federal.

En el mismo sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se cuenta con unidades específicas para la atención de quejas y denuncias.

Cabe señalar que los órganos internos de control realizan las acciones necesarias en todos y cada uno de los casos, y de contar con elementos, se determinan las responsabilidades administrativas correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados. Asimismo, se denuncian los hechos que impliquen probable responsabilidad penal ante el Ministerio Público correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Licenciado Max Kaiser Aranda (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo, para su conocimiento.

PAGO DEL DERECHO DE NO INMIGRANTE Y DERECHOS POR SERVICIOS MIGRATORIOS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R2A.-400, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 400-02-03-2012-0012, suscrito por el contador público José Alonso Virgen Martínez, administrador de Cobro Persuasivo y Garantías 3 del Servicio de Administración Tributaria, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al incumplimiento en el que habían incurrido diversas aerolíneas en el entero y pago del derecho de no inmigrante y derechos por servicios migratorios.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Cámara de Senadores.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número 511.1.2/0067, signado por el licenciado Manuel Martínez y Viveros, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2011, correspondiente al cuarto trimestre de 2011.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido, así como de su anexo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Antecedentes

Oficio 312A-000039 del 5 de enero de 2012 de la Dirección General de Programación y Presupuesto 8 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el que reitera el envío al Congreso de la Unión del formato de contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2011.

Fundamento

Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales yen la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Respuesta

Le envío el formato contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2011 del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con datos al cuarto trimestre de 2011.

Lo anterior para los efectos procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

México, DF, a 18 de enero 2012.— Licenciado Manuel Martínez y Viveros (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

SECRETARIA DE ECONOMIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio No, 1 00.2011.DGE.059, el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, envía el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 181 y 285 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y medio magnético.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en lo señalado por el artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en cumplimiento a los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como 181 y 285 de su Reglamento (RLFPRH), solicito atentamente su valiosa intervención a fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2011 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esta secretaría.

Los fondos y programas son:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

• S017 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad.

• S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto.

• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología.

• U002 Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas.

• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales.

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (Fondo ProMéxico).

• U005 Fondo Sectorial de Innovación.

No omito señalar que en apego al artículo 181 del RLFPRH, los resultados deben presentarse a más tardar 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, término que para el presente caso se cumple el 20 de enero de 2012.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 19 de enero de 2012.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), director general de enlace.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se remite a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.

PERMISO PARA ACEPTAR Y USAR CONDECORACIONES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO-00718, el embajador Jorge Castro-Valle Kuehne, director general de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Salma del Carmen Hayek Jiménez, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en Grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del acta de nacimiento, así como copias simples de su currículum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de enero de 2012.— Maestro Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión de inmediato.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se le dispensan todos los trámites. Se pide a la Secretaría dar lectura al proyecto de decreto.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Doy lectura al proyecto de decreto: Se concede permiso a la ciudadana Salma del Carmen Hayek Jiménez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido. Proceda la Secretaría a recabar la votación nominal —para que cada quien lo exprese, diputado Marín— en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Vamos a proceder a recoger la votación nominal.

La senadora Adriana González Carrillo(desde la curul): En pro.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (desde la curul): En pro.

El senador Sebastián Calderón Centeno(desde la curul): A favor.

El diputado David Hernández Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.

El senador Carlos Jiménez Macías (desde la curul): A favor.

El senador Fernando Jorge Castro Trenti(desde la curul). Sí.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín(desde la curul): En pro.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea(desde la curul): A favor.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro del Mazo Maza (desde la curul): A favor.

El senador Javier Orozco Gómez(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez(desde la curul): A favor.

El senador Adolfo Toledo Infanzón(desde la curul): Sí.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel(desde la curul): A favor.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez(desde la curul): Sí.

El senador Alejandro González Alcocer(desde la curul): A favor.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel(desde la curul): Sí.

El diputado Arturo García Portillo (desde la curul): A favor.

El senador José Antonio Badía San Martín(desde la curul): A favor.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva. Cleominio Zoreda, sí.

El Vicepresidente diputado Gustavo González Hernández:Por supuesto que a favor.

El Vicepresidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Sí.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A favor.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En pro.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:¿Falta alguna legisladora o algún legislador de emitir su voto? Señor presidente, se emitieron 27 votos por el sí, 0 votos por el no y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales, con todas las observaciones aquí hechas.

Continúe la Secretaría, por favor.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del presidente de la República, y en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto que reforma el artículo 245, fracciones I y III, de la Ley General de Salud, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copia del oficio número 315-A-02793, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual envía el dictamen de impacto presupuestario.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de enero de 2012.— Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Exposición de Motivos

La consolidación democrática requiere fortalecer el ejercicio de los habitantes en nuestro país bajo en esta convicción, el gobierno federal a mi cargo ha colocado el derecho a la salud en las prioridades nacionales.

Las estrategias y acciones para garantizar el desarrollo humano parten de la base de mejorar las condiciones de salud de nuestra población, es por ello que para construir un México más equitativo, competitivo y democrático, es necesario que también el sistema de salud se encuentre a la altura de los retos y necesidades del siglo XXI.

Desde hace varias décadas, nuestro país enfrenta el complejo desafío de erradicar la adicción a las drogas a la que están expuestos nuestros niños y jóvenes.

El gobierno federal ha realizado diversas acciones para prevenir dicho desafío, tales como la difusión de los efectos que implica la adicción, así como eventos sociales, deportivos y culturales para alejar a nuestra juventud de este grave problema, además de intensificar y apoyar los esfuerzos por desintoxicar a quienes en forma oportuna y voluntaria han solicitado este apoyo.

También se ha llevado a cabo el mayor esfuerzo en materia de investigación y persecución en contra de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. En este amplio contexto de las acciones del Estado en la materia, es necesaria la identificación de conductas nocivas que requieren ser reguladas y sancionadas en forma más adecuada. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala entre sus objetivos generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, mediante la estrategia de impulsar la vigencia de leyes modernas, suficientes, claras y sencillas en todos los ámbitos de la actividad nacional, además de que el marco jurídico vigente debe mejorarse a efecto de permitir el desarrollo de la sociedad, por la vía del respeto, la armonía y la productividad.

Considero impostergable e indispensable la constante revisión legislativa respecto de las drogas cuyo consumo humano afecta la salud y propicia la generación de ganancias ilícitas.

A nivel nacional e internacional y con el fin de proteger la salud se han detectado diferentes substancias que, a pesar de que su comercialización es considerada lícita y que pueden ser adquiridas fácilmente sin restricción alguna, la alteración en su composición provoca que su consumo sea nocivo a la salud.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones, la mefedrona es una substancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas estimulantes, como el éxtasis; por su parte, el midazolam forma parte de la familia de las benzodiacepinas y es de acción muy corta, se le utiliza como inductor anestésico o coadyuvante en la anestesia general, sin embargo, ambas substancias actualmente pueden ser adquiridas sin restricción alguna.

A su vez, la piperazina o TFMPP, por sí sola no tiene efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina, es vendida legalmente como alternativa a la ilegal MIM A (éxtasis), con el sobre nombre de “x legal”, la cual produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico; finalmente, el denominado K2, es un derivado sintético de la marihuana con efectos similares o incluso más potentes, usualmente es fumada por las personas que padecen adicción a esta substancia, y también puede prepararse como bebida; sin embargo, dicha substancia se comercializa como un producto natural, aparentando seguridad en su uso; cabe destacar que entre sus efectos adversos se encuentra la agitación, ataques de pánico, aumento de la presión sanguínea, vómito y alucinaciones.

En este contexto, nuestra responsabilidad es proteger a la sociedad frente a la creación y uso de nuevas substancias psicoactivas como la mefedrona, piperazina TFMPP, midazolam y K2, incluso toda vez que en otros países, el uso de dichas substancias ha registrado decesos dentro de los miembros en su comunidad.

Uno de los problemas de salud pública más serios a nivel internacional es el relativo al consumo y comercialización de drogas, fenómeno que en los últimos años ha experimentado una creciente complejidad debido al proceso de internacionalización de las actividades ilícitas de creación, producción y tráfico ilícito de precursores químicos.

Dichas conductas, además de representar el incremento en actividades ilícitas que ha permitido a grupos delictivos obtener grandes recursos y ganancias que favorecen su crecimiento desmedido, han generado un problema que debe analizarse desde la perspectiva del impacto que provoca en la salud pública, pues este fenómeno ocasiona el incremento de padecimientos, trastornos e incluso hasta la muerte, todo ello a consecuencia de su uso adictivo, dejando sentir sus efectos en el ámbito social, económico y político.

El narcotráfico es un fenómeno que trasciende las fronteras de nuestro país y, sin duda, también debe abordarse desde una perspectiva internacional. Al respecto, el Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales con el fin de proteger el tráfico ilícito de estupefacientes o substancias psicotrópicas, así como las actividades de la delincuencia relacionadas con dicha materia:

a) La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Firmada por México el 13 de diciembre de 2000, aprobada por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2002, y

b) La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas, firmada el 20 de diciembre de 1988 en Viena, Austria, y que promueve la cooperación entre las partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y substancias psicotrópicas que tengan una dimensión internacional, para ello, se deberán adoptarlas medidas necesarias, incluyendo las legislativas.

El marco jurídico internacional establece una serie de compromisos para nuestro país respecto de la persecución y sanción del narcotráfico. La iniciativa que someto a consideración del honorable Congreso de la Unión forma parte de la coordinación de esfuerzos que a nivel internacional se han realizado en esta materia.

La Comisión Europea, desde octubre de 2010, prohibió la producción y comercialización de las substancias a que me he referido y para ello ha recomendado sancionar su uso en los estados miembros donde aún son consideradas legales; por lo que lo que considero que debemos actuar rápidamente para reforzar nuestros controles y penalizar su uso y venta.

En tal virtud, resulta indispensable aplicar el régimen legal a estas substancias nocivas, ya que no sólo proporciona seguridad jurídica en cuanto a la protección a la salud como un derecho, sino que de igual forma actualiza el marco normativo respecto del uso y fabricación de substancias psicotrópicas que perjudican a la sociedad.

Ahora bien, la reforma que someto a consideración del honorable Congreso de la Unión de adicionar a la clasificación de substancias psicotrópicas la mefedrona, la piperazina TFMPP, el midazolam y el K2 permitirá que las autoridades sanitarias apliquen las medidas de control y vigilancia respecto de su uso terapéutico o, en su caso, procedan contra el uso indebido de cada una de ellas.

Por lo expuesto y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por conducto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245, fracciones I y III, de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son:

Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las substancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

II. ...

III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

Benzodiazepinas:

Ácido barbiturico (2, 4, 6 trihidroxipiramidina)

Alprazolam

Amoxapina

Bromazepam

Brotizolam

Canabinoides sintéticos K2

Camazepam

Clobazam

Clonazepam

Cloracepato dipotasico

Clordiazepoxido

Clotiazepam

Cloxazolam

Clozapina

Delorazepam

Diazepam

Efedrina

Ergometrina (ergonovina)

Ergotamina

Estazolam

1- fenil -2- propanona

Fenilpropanolamina

Fludiazepam

Flunitrazepam

Flurazepam

Halazepam

Haloxazolam

Ketazolam

Loflacepato de etilo

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Medazepam

Midazolam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pemolina

Pimozide

Pinazepam

Prazepam

Pseudoefedrina

Quazepam

Risperidona

Temazepam

Tetrazepam

Triazolam

Zipeprol

Zopiclona

Y sus sales, precursores y derivados químicos.

Otros:

Anfepramona (dietilpropion)

Carisoprodol

Clobenzorex (clorofentermina)

Etclorvinol

Fendimetrazina

Fenproporex

Fentermina

Glutetimida

Hidrato de cloral

Ketamina

Mefenorex

Meprobamato

Trihexifenidilo.

IV. a V. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas correspondientes.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi consideración más distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a dieciocho de enero de dos mil doce.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Daniel Muñoz Díaz, director general jurídico de Egresos.— Presente.

Me refiero al oficio número 353.A.-0654, de fecha 23 de junio de 2011, mediante el cual se remite el anteproyecto de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245, fracciones I y III, de la Ley General de Salud, así como la correspondiente evaluación de impacto presupuestario, a fin de recabar el dictamen del impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en las atribuciones que le confiere a esta Dirección General de Programación y Presupuesto A el artículo 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le informo que el anteproyecto de decreto de referencia ha sido analizado en el ámbito de competencia de esta Dirección General, y sobre el cual se tiene el siguiente comentario:

Con base en lo manifestado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de la República, en su oficio número DGPOP/2185/11, del 16 de junio de 2011, esta Dirección General considera que la modificación al artículo 245 citado, no implica un impacto presupuestario en los términos previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La opinión que se emite no prejuzga ni valida la información, los alcances de las acciones que propone el contenido del mismo, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes y disposiciones.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

México, DF, a 29 de junio de 2011.— María Elena Reyna (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Horacio B. Pérez Ortega, director general de Normatividad de la subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República.— Presente.

Me refiero a su oficio número DGN/376/2011, de fecha del 18 de abril de 2011, recibido en esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria el 20 de abril del 2011, mediante el cual remite el anteproyecto de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245, fracciones I y III, de la Ley General de Salud, a fin de que se emita el dictamen de impacto regulatorio que prevé el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y de esta manera estar en posibilidad de presentar dicho Anteproyecto a la consideración de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. Asimismo, en el mencionado oficio número DGN/376/ 2011 solicita que la información contenida en el mismo no sea publicada en la página web de esta comisión.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 1, 69-E y 69-G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), así como 9, fracciones I y XXXI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, le informo que, en relación con la emisión del dictamen de impacto regulatorio, la materia tratada en el anteproyecto promovido por esa Procuraduría General de la República se ubica en el supuesto contemplado en el artículo 1, tercer párrafo, de la LFPA, razón por la cual esta comisión observa que al mencionado anteproyecto no le aplica el Titulo Tercero A de dicha disposición legal.

Por otra parte, en relación con su solicitud relativa a no publicar la información contenida en el oficio número DGN/376/2011 en la página web de esta comisión, le comento que el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que las dependencias y entidades deberán hacer públicas, directamente o a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en los términos que establezca el reglamento, y por lo menos con 20 días hábiles de anticipación a la fecha en que se pretendan publicar o someter a firma del titular del Ejecutivo federal los anteproyectos de leyes y disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el artículo 4 de la LFPA, salvo que se determine a juicio de la consejería o esta comisión, según sea el caso, que su publicación puede comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con esa ley.

Por otra parte, en el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se señala que los anteproyectos a que se refiere el artículo 25 del mismo y que estén sujetos al Título Tercero A de la LFPA, podrán hacerse públicos a través del sitio de internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Por tal motivo, y dado que el anteproyecto de referencia recae en el supuesto previsto en el artículo 1, tercer párrafo de la LFPA, no le aplica el Título Tercero A de la misma relativo a la mejora regulatoria.

En razón de lo anterior, la Procuraduría General de la República puede continuar, en caso de que así lo determine, con las formalidades necesarias para dar seguimiento al trámite ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de mayo de 2011.— Licenciado Alfonso Carballo Pérez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor secretario. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

ARTICULOS 16, 20 Y 21 CONSTITUCIONALES - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA - LEY DE LA POLICIA FEDERAL - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Federal de Procedimientos Penales; y de las Leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por el diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 6º, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer la función de investigación de los delitos a cargo de las policías y la conducción jurídica a cargo del Ministerio Público misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La investigación de un hecho delictivo debe ser competencia del órgano policial. Esa es la intención de la reforma penal llevada a cabo en 2008 mediante la cual se implementa un nuevo modelo para nuestro sistema penal.

Podríamos identificar la existencia de tres modelos penales que son, el acusatorio, el inquisitivo y el mixto.

En el sistema penal inquisitivo se encuentra caracterizado por una concentración de facultades del Estado en las funciones de perseguir el delito y juzgar a los delincuentes, esto implica la valoración de las pruebas adversas y favorables por el mismo órgano. También existe en este modelo una fuerte ausencia de controles en las funciones antes aludidas. Este modelo fue duramente criticado porque derivaba una justicia arbitraria pues el mismo ente que se encargaba de recabar las pruebas era el ente encargado de juzgar sobre la culpabilidad o no de los indiciados, la dualidad de ser juez y parte opera en detrimento de la equidad en los procesos y la justiciabilidad de los casos concretos.

El sistema penal acusatorio por el contrario, tiene como una de sus características la división en las funciones a cargo del Estado en la persecución e investigación de los delitos y la labor de juzgar a los delincuentes.

Podemos seguir el curso impartido por el magistrado Rafael Zamudio Arias que en el sistema inquisitivo se confunden o se asumen por una sola institución las facultades de investigación, acusación y juzgamiento. Por otra parte en el sistema acusatorio se separan claramente tales facultades. El sistema mixto resulta ser una combinación de los dos modelos anteriormente citados.

El sistema inquisitivo se basa en que las actuaciones son secretas y se adopta en ellas la forma escrita, en el sistema acusatorio se adopta la forma oral y la publicidad.

El sistema inquisitivo se conforma de una serie de actuaciones formales, sucesivas e intermitentes mientras que el sistema acusatorio se basa en actos concentrados y continuos que procuran la inmediatez (para algunos autores, se constituye como un sistema de partes, que advierte la necesaria contradicción entre ellas, en el que cada una ejerce sus habilidades y argumentos para el logro de sus objetivos).

El sistema acusatorio tiene como principios rectores los siguientes: oralidad, inmediación, contradicción y concentración.

La oralidad es el principio que funge como instrumento facilitador de los demás principios, a través de éste principio se actualiza y se da eficacia a la inmediación, a la contradicción y a la concentración.

La inmediación consiste en que el juez se encuentre presente en forma directa y personalísima en la recepción de las pruebas que ofrezcan las partes. Este principio es importante porque se obliga al juez a presenciar todo desahogo de prueba que tendrá una influencia en el sentido de su veredicto.

El principio de concentración consiste en desarrollar la máxima actividad del procedimiento en la audiencia de juicio oral.

Finalmente el principio de contradicción consiste en someter a refutación y contraargumentación toda las pruebas que ofrezca la otra parte dentro del proceso, y este principio es el que imprime a todo el sistema penal por ser su característica principal la posibilidad de enfrentar en un plano de igualdad a las partes dentro del proceso, es decir, que tanto el fiscal como la defensa tengan las mismas oportunidades de criticar, comentar y objetar las pruebas e informaciones del contrario.

Debido a que la reforma penal que se llevó a cabo en 2008, se enfocó en la Constitución y que las reformas a los ordenamientos secundarios no han encontrado el consenso político necesario, tenemos un sistema penal que aunque en la letra de la Constitución diga una cosa nuestra realidad nos hace saber que no logramos abrazar ni el sistema mixto moderno ni admitir cabalmente el sistema acusatorio, lo que nos hace permanecer anclados a un sistema mixto que a veces pudiera revestir mayores acentos de sistema inquisitivo.

Al respecto, es importante la opinión de José Daniel Hidalgo Murillo “todos los códigos “acusatorios”, incluidos los proyectos de reforma mexicanos y la legislación procesal acusatoria vigente, consignan la frase de que el juicio es la parte esencial –o principal– del proceso. Pero sin pruebas no hay juicio y, por ende, el acopio legítimo de éstas es la parte principal del proceso. Por ello no es sólo el juicio el que debe exigir el contradictorio –aunque debe respetarse el contradictorio en el juicio–, sino la fase de investigación probatoria. La preparación de una acusación que sólo permita el contradictorio en juicio puede hacer del juicio un injusto”.

Es decir, en 2008 se produjo una reforma constitucional para pasar del sistema mixto que tenemos al sistema acusatorio, sin embargo no se adecuaron los ordenamientos secundarios para adecuar todas las fases del proceso a esta nueva realidad.

Nuestra etapa investigadora sigue respondiendo a un sistema inquisitivo totalmente desfasado de la realidad constitucional lo que a su vez hace inviable a ésta última.

Esto es así porque el Ministerio Público no sólo actúa como parte dentro del proceso llevando a cabo la acusación sino que además es quien realiza la investigación lo que genera una inequidad pues esta situación lo convierte en una parte privilegiada dentro del juicio. Además, cuando el Ministerio Público asume la investigación para encaminarla a un proceso, renuncia a la celeridad, en primer lugar, porque los fiscales terminarán por realizar acciones policiales; en segundo lugar, porque los fiscales no podrán cumplir con la investigación y, a la vez, con el procedimiento; en tercer lugar, porque los fiscales no podrán controlar la legalidad del procedimiento (imbuidos) en la “agilidad” de la investigación; y en cuarto lugar, porque el fiscal estaría realizando los actos de investigación que competen a la policía judicial, lo que por lo general crea incomprensiones, desorden, conflicto interinstitucional, renunciándose a la naturaleza de auxiliares del Ministerio Público que ocupa la función de dicha policía”.

Esta iniciativa busca otorgar la función investigadora a las policías en forma corresponsable con el Ministerio Público, que será corresponsable en la medida en que ejerza la conducción jurídica misma que se hace ostensible en la revisión de legalidad que hará sobre el expediente de la investigación que aquellas le remitan a éste para, en su caso, proceder a la consignación ante los tribunales.

Desde luego esta iniciativa tendrá que verse fortalecida con la profesionalización de los cuerpos policiacos para contar con una policía verdaderamente científica que abandone la práctica de fabricar culpables para que con base en la técnica, en la ciencia y en las pruebas periciales construya sus indagaciones. Para que pueda recibir denuncias, recabe evidencias físicas y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos sin la camisa de fuerza que significa una subordinación al Ministerio Público en términos de operatividad y jerarquía.

Siguiendo al autor arriba citado: “Toda investigación por delito debe estar en manos de una policía técnica y científica que, utilizando las artes de la Criminalística, la Criminología, la Victimología y la Ambientología y, con ellas, la Psicología, la Sociología y la Antropología, etc., permitan comprobar que un hecho ilícito causado por una persona, ha tenido repercusiones sociales y merece una sanción punitiva o, cuanto antes, una solución del conflicto.”

Se pretende formar un nuevo sistema penal que abandone paradigmas obsoletos, muy enraizados en nuestra práctica forense para lograr un sistema que busque la igualdad entre las partes durante el proceso, igualdad que, como veremos sólo puede ser alcanzada cuando la parte esencial de todo el proceso se centra en el juicio y no en la averiguación previa desarrollada hasta ahora por el Ministerio Público.

Las consecuencias preocupantes de que el Ministerio Público tenga en nuestro país una doble función (como órgano investigador y como órgano encargado de la acusación ante el juez) significan que en sede jurisdiccional resulta extraño que el juez desvirtúe los resultados obtenidos por el Ministerio Público, pues por lo general las sentencias de los jueces se basan en los pliegos de consignación de los Ministerios Públicos, esto es, las sentencias terminan por ser una reproducción de lo que ha hecho el Ministerio como investigador, pero esto es un error pues la averiguación no se supone que deba juzgar sobre la culpabilidad o no del indiciado, sólo debe aportar los elementos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sin embargo el juez al no variar sus sentencias de los criterios utilizados por el órgano investigador desvirtúa el principio de presunción de inocencia haciéndolo algo inalcanzable en la práctica.

Esta iniciativa tiene como propósito atender un tema de la mayor importancia y que es el relacionado con la seguridad pública en nuestro país y la efectividad de nuestras instituciones para proporcionar a la ciudadanía uno de los valores fundamentales para la sana convivencia y desarrollo.

En efecto la inseguridad tiene causas sociales pero también institucionales, es decir, no podemos negar que gran parte de los delincuentes lo son, en razón de situaciones adversas por las que no encuentran satisfechas sus necesidades básicas pero no es menos cierto que la debilidad o contundencia de la disuasión de las instituciones de seguridad y justicia frente a la delincuencia son determinantes para detectar e inhibir la comisión de delitos y, en su caso, mitigar los efectos.

Esta falta de eficacia en nuestras instituciones es la que se pretende combatir con esta iniciativa. El problema se encuentra en la duplicidad de funciones que realizan tanto la policía como el Ministerio Público cuando actúa como investigador, duplicidad que se entorpece por tener el Ministerio el mando de las policías, lo que inhibe la actividad de éstas y distrae de otras funciones a aquél.

Al respecto y siguiendo al autor supra citado es de considerarse un estudio de derecho comparado en el que llama la atención que en ninguno de los países estudiados la policía se encuentra supeditado al ministerio Público en forma absoluta sino que, por el contrario, gozan de autonomía e independencia en su actuación, designación y con pocas excepciones en su remoción.

La distinción entre dependencias encargadas de la Seguridad y la Policía y las dependencias encargadas de la labor de Ministerio Público o equivalente está muy clara en Europa, donde la división de funciones y competencias redunda en una mayor efectividad institucional que como consecuencia arroja mayores índices de seguridad pública.

En España la dependencia que se encarga de la seguridad y la policía es el Ministerio del Interior y, quien se encarga de la labor de Ministerio Público es la Fiscalía General del Estado.

En Francia quien se encarga de la seguridad pública y la policía es el Ministerio del Interior y de la Seguridad Interior y de las Libertades Locales y, quien se encarga de las labores de Ministerio Público es el Ministerio de Justicia.

En Reino Unido, la dependencia encargada de la seguridad pública y de las funciones de policía es el Ministerio del Interior y quien realiza las funciones propias del Ministerio Público es el Servicio de Procuradores de la Corona.

En Alemania la dependencia encargada de brindar la seguridad pública y de desempeñar las funciones de policía es el Ministerio Federal del Interior, y la dependencia encargada de desempeñar las funciones propias del Ministerio Público es el Ministerio Federal de Justicia.

En los Estados Unidos, las dependencias que tienen a su cargo la seguridad pública y las labores policiacas son el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior, y quien se encarga de realizar la función de Ministerio Público son el Departamento de Justicia, la Oficina de Procuradores de Estados Unidos.

En Argentina la labor de seguridad pública y las funciones de policía competen al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mientras que las funciones de acusador durante el juicio las realiza el Ministerio Público Federal.

En Brasil el Ministerio de Justicia tiene a su cargo la seguridad y la policía mientras que la Procuraduría General de la República es quien realiza las funciones de Ministerio Público.

En Chile son el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior las dependencias encargadas de la seguridad y de la policía mientras que la Fiscalía Nacional es quien realiza las funciones de Ministerio Público.

Finalmente en Colombia, el Ministerio de la Defensa Nacional así como el Departamento Administrativo de Seguridad son las dependencias encargadas de la seguridad y la policía, mientras que la Fiscalía General de la Nación es quien realiza la labor de Ministerio Público.

En todos los casos se ha creado la figura del Ministerio Público autónomo donde no existía, capaz de dirigir el trabajo de la policía, pero sin subordinarla orgánicamente.

En México, como se decía en líneas anteriores, existe una confusión de funciones pues el Ministerio Público no sólo realiza las funciones propias de un fiscal encargado de representar al Estado durante los juicios, como parte, pero además realiza la función de investigación, esto es, porque al tener a sus mandos a las policías adquiere también el papel central en la etapa de investigación lo que se traduce en una posición privilegiada al momento de entrar al juicio.

Sin embargo, la experiencia internacional nos indica que el hecho de que las policías estén subordinadas al Ministerio Público no ha significado necesariamente una merma en los ilícitos, ni una disminución en los abusos que los ciudadanos padecen por la actividad de las autoridades que investigan.

Por el contrario la fragmentación de las policías en preventivas y ministeriales o judiciales, que son de las que se auxilia directamente el Ministerio Público en México, tiende a debilitar la reacción institucional ante el fenómeno delictivo y lo que se genera como reacción ante esta situación es un aumento de la criminalidad, pues los delincuentes se sienten más motivados a delinquir cuando las probabilidades de ser detenidos o castigados se diluyen.

Además, con esta iniciativa se busca eliminar un problema que se presenta a menudo en la práctica y que es el relacionado con los problemas entre las diversas instituciones que tienen participación en la función de seguridad pública en nuestro país, específicamente la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública que es de quien depende la Policía Federal.

Estos conflictos surgen justamente porque la policía no puede actuar en forma legal sin que el ministerio público lo requiera, lo que en ocasiones entorpece el procedimiento de investigación y frustra toda labor preventiva, además cuando la policía decide realizar las acciones investigativas sin esperar a que el Ministerio Público, debido a su carga laboral, emita las órdenes respectiva, lo hace violando la norma lo que invalida el procedimiento y finalmente tenemos delincuentes que logran salvar el proceso penal y la posible pena porque se violaron las formalidades del procedimiento, lo que únicamente hace más grandes las cifras de impunidad en nuestro país.

Que la Policía Federal pueda recibir denuncias, que realice todas aquellas actividades que actualmente viene desempeñando en la etapa de averiguación el ministerio público es el propósito de esta iniciativa, es decir, procurar que el Ministerio Público sea sólo el representante de los intereses del Estado ante el juicio, que realice en forma especializada su labor de fiscal para que lo haga de mejor manera, pues en michas ocasiones por el excesivo cúmulo de asuntos que tiene que tratar entre investigaciones y juicios no puede cubrir ambos aspectos de la mejor forma posible.

Refuerza lo anterior el hecho de que la investigación de los ilícitos es apenas una de las trascendentes tareas que tienen encomendadas las procuradurías (también representan a la sociedad en juicios civiles y de lo familiar, vigilan la legalidad en la ejecución de sentencias penales, etc.); sin embargo los medios de comunicación y la opinión pública consideran este objetivo como predominante sobre los demás.

Mediante la transferencia de estas facultades tendremos una policía que no sea sólo reactiva sino además preventiva, esto es así porque en la actualidad las policías sólo pueden actuar cuando existe una denuncia ya que su labor de prevención no puede desarrollarse en forma plena por las limitaciones que el propio ordenamiento jurídico impone.

Estas facultades y obligaciones que ahora tendrá a cargo la policía federal son, entre otras, las siguientes:

I. Investigar, prevenir y perseguir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;

II. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;

III. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como investigar y prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables;

b) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos;

c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la federación;

d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y

e) En todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia.

IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos;

V. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas;

VI. Recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada carecen de todo valor probatorio;

VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. El Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta atribución;

VIII. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia;

IX. Realizar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones necesarias o las que le instruya la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables;

X. Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI. Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a personas y bienes en los casos en que por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

XII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público;

XIII. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivos de delitos, así como investigar la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

XIV. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado bajo la conducción jurídica del ministerio público en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con los corresponsables en esta función y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

XV. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

XVI. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado;

XVII. Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite la autoridad local correspondiente la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

XVIII. Realizar la investigación, detención de personas y en el aseguramiento de bienes que considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, así como practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público;

XIX. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales;

XX. Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información.

XXI. Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

XXII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y procesar la evidencia física, conforme al procedimiento previamente establecido y en términos de las disposiciones aplicables;

XXIII. Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.

XXIV. Requerir a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;

XXV. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

XXVI. Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente;

XXVII. Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la averiguación previa;

XXVIII. Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;

XXIX. Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables;

XXX. Cuando la Policía Federal tenga conocimiento por sí o por conducto de sus corresponsables de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito a la Policía Federal la determinación que adopten.

XXXI. En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie averiguación previa con detenido, la Policía Federal solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XXXII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

XXXIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones legales aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

XXXIV. Brindar protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador General de la República;

XXXV. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones;

XXXVI. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia, en términos de las disposiciones aplicables. De las entrevistas que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la investigación, que para tener valor probatorio, deberán ser ratificadas ante la autoridad judicial que corresponda;

XXXVII. Incorporar a las bases de datos criminalísticas y de personal de la Secretaría y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin afectar el derecho de las personas sobre sus datos personales;

XXXVIII. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes;

XXXIX. Coordinarse en los términos que señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información contenida en documentos bases de datos o sistemas de información que sea útil al desempeño de sus funciones sin menoscabo del cumplimiento de las limitaciones que establece el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales;

XL. Solicitar por escrito, previa autorización del juez de control en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención e investigación de los delitos. La autoridad judicial competente, deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación;

XLI. Solicitar por escrito ante el juez de control, en términos del capítulo XI de la presente Ley, la autorización para la intervención de comunicaciones privadas para la investigación de los delitos. La autoridad judicial competente deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación;

XLII. Colaborar, cuando sean formalmente requeridas, de conformidad con los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos;

XLIII. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XLIV. Obtener, analizar y procesar información así como realizar las acciones que, conforme a las disposiciones aplicables, resulten necesarias para la prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes federales;

XLV. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas;

XLVI. Vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, a solicitud de la autoridad competente, las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión, readaptación y reinserción social, con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal;

XLVII. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación;

XLVIII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional;

XLIX. La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables;

L. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales;

LI. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria prescriben la Ley General de Población, su Reglamento y demás disposiciones legales;

LII. Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migración para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la Ley General de Población;

LIII. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, en su caso, resguardar a solicitud del Instituto las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley General de Población, cuando el caso lo amerite;

LIV. Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a la delincuencia;

LV. Realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas;

LVI. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la sociedad, que permitan obtener datos sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos;

LVII. Integrar en el Registro Administrativo de Detenciones y demás bases de datos criminalísticos y de personal, las huellas decadactilares y otros elementos distintos a las fotografías y videos para identificar a una persona, solicitando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la información respectiva con que cuenten;

LVIII. Suscribir convenios o instrumentos jurídicos con otras instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y organizaciones no gubernamentales para el desempeño de sus atribuciones, en el marco de la ley;

LIX. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, en el ámbito de su competencia, y;

LX. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

a) Informar a la victima u ofendido sobre los derechos que a su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

c) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

e) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la investigación y remitirlos en el momento oportuno al Ministerio Público que competa para que éste acuerde lo conducente, y

f) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

LXI. Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;

LXII. Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;

LXIII. Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando la Policía Federal lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;

LXIV. Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;

LXV. Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

LXVI. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.

Algunas de ellas son facultades y obligaciones que ya venía realizando, las otras son las que hemos transferido de la figura ministerial a la policial en aras de dotar de un mayor margen de acción a la policía en la prevención e investigación de los delitos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley de la Policía Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de establecer la función de investigación de los delitos a cargo de las policías y la conducción jurídica a cargo del Ministerio Público.

Primero. Se reforman y adicionan los artículos 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 16. (...)

(...)

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la de la policía federal. Existirá un registro inmediato de la detención.

(...)

La autoridad judicial, a petición la policía federal y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando la policía federal acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

(...)

Ningún indiciado podrá ser retenido por la policía federal por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad competente; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud la policía federal, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

(...)

Artículo 20. (...)

C.

II. Coadyuvar con las autoridades competentes; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

(...)

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde a las policías quienes son corresponsables y actuarán bajo la conducción jurídica del Ministerio Público en el ejercicio de esta función.

(...)

Artículo 102. (...)

A. (...)

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

Segundo.Se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 4, 10, 17, 22 44, 61,62, 73, 74, 80, 81, 113, 116, 117, 123, 123 Bis, 123 Ter, 123 Quater, 123 Quintus, 126, 128, 130, 133 Bis, 133 Ter, 134, 136, 141, 146, 152, 168, 168 Bis, 168 Ter, 168 Quater, 171, 180, 180 Bis, 181, 182, 182-A, 182-C, 182-D, 182-G, 182-H, 182-Ñ, 193 Bis, 193 Ter,193 Sextus, 193 Septimus, 193 Octavus, 194 Bis, 195, 196, 207, 208, 211, 278 Ter y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 2. Compete a la policía federal llevar a cabo la averiguación previa y al Ministerio Público Federal ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá a la policía federal:

(...)

V. Brindar protección a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y de la policía, y en general, de todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, en los casos en que exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal;

(...)

Corresponderá al Ministerio Público:

I. Asegurar o restituir al ofendido en sus derechos en los términos del artículo 38;

II. Determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal;

III. Acordar y notificar personalmente al ofendido o víctima el no ejercicio de la acción penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aquéllos formulen;

IV. Conceder o revocar, cuando proceda, la libertad provisional del indiciado;

V. En caso procedente promover la conciliación de las partes; y

VI. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 3. Las Policías serán corresponsables en el ejercicio de la función de investigación bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedarán obligadas a:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito,;

II. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables;

III. (...)

IV. Participar, en la investigación y persecución de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;

V. Registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las disposiciones aplicables. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su situación jurídica.

VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito en términos de las disposiciones aplicables;

VII. Requerir a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;

VIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma;

IX. (...)

(...)

XII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia;

XIII. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los servicios periciales, y

XIV. Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. (...)

Durante estos procedimientos, la policía federal, ejercitará, en su caso, también las funciones que señala la fracción II del artículo 2; y el Ministerio Público cuidará de que los tribunales federales apliquen estrictamente las leyes relativas y de que las resoluciones de aquéllos se cumplan debidamente.

Artículo 5. (...)

(...)

Artículo 10. (...).

En caso de concurso de delitos, la policía federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.

(...)

Artículo 11. (...)

(...)

Artículo 17. (...)

Las actuaciones de la policía federal y de los tribunales deberán levantarse por duplicado, ser autorizadas y conservarse en sus respectivos archivos. En todo caso, los tribunales sacarán y entregarán al Ministerio Público, para conservarse en el archivo mencionado de éste, una copia certificada de las siguientes constancias; de los autos de formal prisión, sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar; de los autos que den entrada y resuelvan algún incidente; de las sentencias definitivas, así como de las que dicte el tribunal de apelación resolviendo definitivamente algún recurso.

Excepción hecha de lo dispuesto por el artículo 23 de este Código, en ningún caso se autorizará la salida de un expediente del local del tribunal sin que previamente se notifique de ello al Ministerio Público y a quien corresponda, conforme a la ley.

Artículo 18. (...)

(...)

Artículo 22. (...)

El personal de la policía federal competente y que hubiere intervenido en la diligencia firmará al calce y, si lo estima conveniente, también al margen.

Si antes de que se pongan las firmas o huellas los comparecientes hicieren alguna modificación o rectificación, se hará constar inmediatamente, expresándose los motivos que dijeron tener para hacerla. Si fuere después, pero antes de retirarse los interesados se asentará la modificación o rectificación en acta que se levantará inmediatamente después de la anterior, y que firmarán los que hayan intervenido en la diligencia.

Artículo 23. (...)

(...)

Artículo 44. La policía federalen la averiguación previa, y los tribunales, podrán emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio:

(...)

La atribución prevista en este artículo podrá emplearla el Tribunal respecto de los agentes del Ministerio Público, defensores, los peritos y la policía federal.

(...)

Artículo 45. (...)

(...)

Artículo 61. Cuando en la averiguación previa la policía federal estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no la hubiere a la del orden común, a solicitar por cualquier medio la diligencia, dejando constancia de dicha solicitud, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.

Al inicio de la diligencia la policía federal designará a los servidores públicos que le auxiliarán en la práctica de la misma.

Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; los servidores públicos designados por la policía federal para auxiliarle en la práctica de la diligencia no podrán fungir como testigos de la misma.

(...)

La petición de orden de cateo deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, en un plazo que no exceda de las veinticuatro horas siguientes a que la haya recibido. Si dentro del plazo señalado el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, la policía federal podrá recurrir al superior jerárquico para que éste resuelva en un plazo igual.

Artículo 62. Las diligencias de cateo se practicarán por la policía federal, previa autorización judicial. Si alguna autoridad hubiere solicitado de la policía federal la promoción del cateo, ésta podrá asistir a la diligencia.

Artículo 63. (...)

(...)

Artículo 73. Con excepción de los altos funcionarios de la Federación, toda persona está obligada a presentarse ante los tribunales y ante la policía federal cuando sea citada, a menos que no pueda hacerlo porque padezca alguna enfermedad que se lo impida, o tenga alguna otra imposibilidad física para presentarse.

Artículo 74. (...)

La cédula se asentará en papel oficial y deberá ser sellada por el tribunal o el personal de la policía federal que haga la citación.

Artículo 75. (...)

(...)

Artículo 80. Cuando no se pueda hacer la citación verbalmente, se hará por cédula, la cual será entregada por personal del juzgado o por la policía federal directamente a la persona citada, quien deberá firmar el recibo correspondiente en la copia de la cédula, o bien estampar en ésta sus huellas digitales cuando no sepa firmar; si se negare a hacerlo, el personal comisionado asentará este hecho y el motivo que el citado expresare para su negativa.

Cuando el caso lo permita, podrá enviarse la cédula por correo, en sobre cerrado y sellado con acuse de recibo.

Artículo 81. (...)

En los casos a los que se refiere el párrafo precedente de este artículo, y el artículo anterior, el secretario o actuario del tribunal o, en su caso, la policía federal, asentará en su razón los datos que hubiere recabado para identificar a la persona a quien hubiese entregado la cédula.

Artículo 82. (...)

(...)

Artículo 113. La policía federal está obligada a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, no será necesario reunir los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicación o parte informativo se acompañarán los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la investigación. La averiguación previa no podrá iniciarse de oficio en los casos siguientes.

(...)

Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, la policía federal actuará según lo previsto en la Ley de la Policía Federal,para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente.

Tratándose de informaciones anónimas, la policía federal investigará la veracidad de los datos aportados; de confirmarse la información, iniciará la averiguación previa correspondiente, observándose además, lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 114. (...)

(...)

Artículo 116. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante la policía federal y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía.

Artículo 117. Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente a la policía federal, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos.

Artículo 118. (...)

(...)

Artículo 123. Inmediatamente que la policía federal o los funcionarios encargados de practicar diligencias de averiguación previa, tengan conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, dictarán todas las medidas y providencias necesarias para: proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas y testigos; impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; saber qué personas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos de delito flagrante y su registro inmediato.

Lo mismo se hará tratándose de delitos que solamente puedan perseguirse por querella, si ésta ha sido formulada.

La policía federal sólo podrá ordenar la detención de una persona, cuando se trate de delito flagrante o de caso urgente, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución y en los términos de los artículos 193 y 194 respectivamente.

Artículo 123 Bis. (... )

Los lineamientos para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, que por acuerdo general emita la Secretaría de Seguridad Pública, detallarán los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos.

La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física y finalizará por orden de autoridad competente.

Artículo 123 Ter. (...)

I. Identificar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. En todo caso, los describirán y fijarán minuciosamente;

II. Recolectar, levantar, embalar técnicamente y etiquetar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Deberán describir la forma en que se haya realizado la recolección y levantamiento respectivos, así como las medidas tomadas para asegurar la integridad de los mismos,

Artículo 123 Quater. La policía federal se cerciorará de que se han seguido los procedimientos para preservar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito.

Tratándose de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, la policía federal ordenará la práctica de las pruebas periciales que resulten procedentes. Respecto de los instrumentos, objetos o productos del delito ordenará su aseguramiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de este Código, previos los dictámenes periciales a los que hubiere lugar.

En caso de que la recolección levantamiento y traslado de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito no se haya hecho como lo señala el artículo anterior, la policía federal lo asentará en la averiguación previa y, en su caso, dará vista a las autoridades que resulten competentes para efectos de las responsabilidades a las que haya lugar.

Artículo 123 Quintus. Los peritos se cerciorarán del correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito y realizarán los peritajes que se le instruyan. Los dictámenes respectivos serán enviados a la policía federal para efectos de la averiguación. La evidencia restante será devuelta a la policía federal, quien ordenará su resguardo para posteriores diligencias o su destrucción, si resulta procedente.

Los peritos darán cuenta por escrito a la policía federal cuando los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito no hayan sido debidamente resguardados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y demás aplicables, sin perjuicio de la práctica de los peritajes que se les hubiere instruido.

Artículo 124. (...)

(...)

Artículo 126. Cuando la policía federal practique diligencias de averiguación previa, remitirá al Ministerio Público, dentro de los tres días de haberlas concluido, el expediente formado para que éste decida si ejercita la acción penal o no. Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observará lo previsto en los artículos 193 y 194.

Artículo 127. (...)

(...)

Artículo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante la policía federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I. Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente de la policía federal, se asentará o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido;

II. (...);

III. (...)

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina de la policía federal y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 de este Código.

Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes.

De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones.

IV. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

V. En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión.

Artículo 129. (...)

Artículo 130. La policía federal expedirá las órdenes para la autopsia e inhumación del cadáver y el levantamiento de las actas de defunción respectivas, cuando apareciere que la muerte fue posiblemente originada por algún delito y las diligencias de policía judicial no estuvieren en estado de consignarse desde luego a los tribunales.

(...)

Artículo 131. (...)

(...)

Artículo 133. Cuando en vista de la averiguación previa el Agente del Ministerio Público a quien la Ley Reglamentaria del artículo 102 de la Constitución General de la República faculte para hacerlo, determinare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido, podrán presentar su inconformidad a través de un escrito en el cual expongan los argumentos o elementos de la averiguación previa que considere que el Ministerio.

Artículo 133 Bis. La autoridad judicial podrá, a petición de la policía federal, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá a la policía federal vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

(...)

El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará a la policía federal y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.

Artículo 133 Ter. La autoridad judicial podrá, a petición de la policía federal, imponer las medidas cautelares a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando estas medidas sean necesarias para evitar que el sujeto se sustraiga a la acción de la justicia; la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos del hecho a fin de asegurar el éxito de la investigación o para protección de personas o bienes jurídicos.

Corresponderá a la policía federal vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.

(...)

El afectado podrá solicitar que las medidas cautelares queden sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará a la policía federal y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.

Artículo 134. (...)

Si el ejercicio de la acción penal es con detenido, el tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto, y se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzgador, para los efectos constitucionales y legales correspondientes, desde el momento en que el Ministerio Público lo interne en el reclusorio o centro de salud correspondiente. La policía federal dejará constancia de que el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial y entregará copia de aquélla al encargado del reclusorio o del centro de salud, quien asentará el día y la hora de la recepción.

(...)

Artículo 135. (...)

(...)

Artículo 136. (...)

I. (...)

II. Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño;

III. Rendir las pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados;

IV. Pedir la aplicación de las sanciones respectivas; y

V. En general, hacer todas las promociones que sean conducentes a la tramitación regular de los procesos.

Artículo 137. (...)

(...)

Artículo 141. (...)

(...)

VIII. Ser asistido en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante la policía federal además podrá ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela;

(...)

XII. Aportar todas aquellas pruebas que considere tiendan a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado, la procedencia y la cuantificación por concepto de reparación del daño. Cuando la policía federalestime que no es procedente integrarlas a la averiguación previa, deberá fundar y motivar su negativa;

XIII. Solicitar el desahogo de las diligencias que, en su caso, correspondan, salvo que la policía federal considere que no es necesario el desahogo de determinada diligencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa;

(...)

XIX. Impugnar ante Procurador General de la República o el servidor público en quien éste delegue la facultad, las omisiones de la policía federal y del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento.

La víctima u ofendido podrá proporcionar a la policía federal, en cualquier momento de la averiguación previa, o al juzgador, directamente o por medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba con que cuente, así como solicitar la práctica de diligencias que conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto de la reparación del daño.

La policía ministerial, dentro de un plazo de tres días contados a partir de la recepción de dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere que los elementos de prueba aportados por la víctima o el ofendido o las diligencias solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto.

B. (...)

Artículo 141 Bis. (...)

(...)

Artículo 146. (...)

La misma obligación señalada en los párrafos precedentes tiene la policía federal durante la averiguación previa y en el curso de la instrucción, para el efecto de hacer, fundadamente, los señalamientos y peticiones que correspondan al ejercitar la acción penal o al formular conclusiones

Artículo 147. (...)

(...)

Artículo 152. (...)

b) (...)

II. Que exista confesión rendida precisamente ante la autoridad judicial o ratificación ante ésta de la rendida ante la policía federal; o

(...)

Artículo 152 Bis. (...)

(...)

Artículo 168. La policía federal acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.

(...)

Artículo 168 Bis. La policía federal con el fin de allegarse de elementos probatorios para la investigación podrá solicitar la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello. En el caso de que el imputado acceda a proporcionar dichas muestras, el Ministerio Público procederá, en coordinación con los servicios periciales, a realizar las diligencias necesarias para su obtención, levantándose al concluirlas una acta circunstanciada en presencia de dos testigos.

(...)

Artículo 168 Ter. En el supuesto de que la persona requerida se niegue a proporcionar la muestra, la policía federal podrá acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar la autorización de la práctica de dicha diligencia, justificando la necesidad de la medida y expresando la persona o personas en quienes haya de practicarse, el tipo y extensión de muestra a obtener, a lo que únicamente se limitará la diligencia. De concederse la autorización requerida, el juez deberá facultar al Ministerio Público para que lleve a cabo la localización y presentación de la persona a efecto de que tenga verificativo la diligencia correspondiente.

Artículo 168 Quater. El juez resolverá la petición a que se refiere el artículo anterior de la policía federal, en forma inmediata, en un plazo que no exceda de 24 horas. En el caso de que el órgano jurisdiccional no resuelva en el plazo previsto para ello, la policía federal podrá interponer el recurso a que se refiere el artículo 398 Bis. La resolución que niegue la solicitud la policía federal podrá ser recurrida en apelación.

Artículo 169. (...)

(...)

Artículo 171. (...)

Solamente podrá dejarse de practicar la autopsia cuando tanto la policía federal, o el tribunal en su caso, estimen que no es necesaria.

Artículo 172. (...)

(...)

Artículo 180. Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad el indiciado, la policía federal y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a derecho.

(...)

Artículo 180 Bis. Tratándose de los delitos de narcomenudeo previstos en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, para fines de investigación la policía federal podrá autorizar que agentes de la policía bajo su conducción y mando compren, adquieran o reciban la transmisión material de algún narcótico para lograr la detención del probable responsable del comercio o suministro de narcóticos o de la posesión de los mismos con dichos fines y el aseguramiento correspondiente.

El funcionario designado de la policía federal podrá autorizar, caso por caso, a los titulares del Ministerio Público de las entidades federativas para que, por conducto de sus policías, empleen las técnicas de investigación a que se refiere el párrafo anterior.

Una vez expedida la autorización a que se refieren los párrafos precedentes, el funcionario designado de la policía federal y, en su caso, el Ministerio Público de las entidades federativas, deberá señalar por escrito en la orden respectiva los lineamientos, términos, limitaciones, modalidades y condiciones a los que debe sujetarse el agente o agentes de la policía que deberán ejecutar la orden.

(...)

El funcionario designado de la policía federal deberá dar aviso de la autorización prevista en el primer párrafo de este artículo al Ministerio Público de las entidades federativas en las que se ejecute la orden respectiva.

Artículo 181. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, serán asegurados a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Las policías y los peritos, durante la investigación y en cualquier etapa del proceso penal, deberán seguir las reglas referidas en los artículos 123 Bis a 123 Quintus. La administración de los bienes asegurados se realizará de conformidad con la ley de la materia.

(...)

Cuando se trate de plantíos de mariguana, papaver somniferum o adormidera, u otros estupefacientes, la policía federal, procederán a la destrucción de aquéllos, levantando un acta en la que se haga constar: el área del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debiéndose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguación previa que al efecto se inicie.

Cuando se aseguren estupefacientes o psicotrópicos, la policía federal acordará y vigilará su destrucción, si esta medida es procedente, previa la inspección de las sustancias, en la que se determinará la naturaleza, el peso y las demás características de éstas. Se conservará una muestra representativa suficiente para la elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa o en el proceso, según el caso.

Artículo 182. Al realizar el aseguramiento, la policía federal, o bien, los actuarios y demás funcionarios que designe la autoridad judicial para practicar la diligencia, según corresponda, deberán:

(...)

Artículo 182-A. La autoridad judicial o el funcionario designado de la policía federal que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su representante legal dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

(...)

Artículo 182-B. (...)

Artículo 182-C. Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o de la policía federal para los efectos del procedimiento penal.

(...)

Artículo 182-D. (...)

El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio de la autoridad judicial o de la policía federal.

Artículo 182-E. (...)

(...)

Artículo 182-G. (...)

En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario conservar para fines de la averiguación previa o el proceso penal, la autoridad judicial o la policía federalasí lo indicará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que éste los guarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.

Artículo 182-H. La autoridad judicial o la policía federal que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos relativos a operaciones, que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.

Artículo 182-I. (...)

(...)

Artículo 182-Ñ. Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, éstos quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a ellos. La autoridad judicial o la policía notificará su resolución al interesado o al representante legal dentro de los treinta días siguientes, para que en el plazo de tres meses a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal.

Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad judicial o la policía federal ordenará su cancelación.

Artículo 182-O. (...)

(...)

Artículo 193 Bis. En casos urgentes la policía federal podrá, bajo su responsabilidad, ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando los indicios que acrediten:

(...)

La violación de esta disposición hará penalmente responsable a la policía federal o funcionario que decrete indebidamente la detención y el sujeto será puesto en inmediata libertad.

(...)

Artículo 193 Ter. (...)

Del mismo modo, cuando otras autoridades tengan a disposición al indiciado por otros delitos y pongan en conocimiento a la policía federal de algún delito de su competencia.

Artículo 193 Quintus. (...)

Artículo 193 Sextus. La policía federal, una vez que el detenido sea puesto a su disposición, recabará, en su caso, lo siguiente:

(...)

Artículo 193 Septimus. El Secretario de Seguridad Pública emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información a que se refiere el artículo anterior, la que podrá abarcar imágenes, sonidos y video, en forma electrónica, óptica o mediante cualquier otra tecnología.

Artículo 193 Octavus. La policía federal deberán informar a quien lo solicite, si una persona está detenida y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre. Tratándose de delincuencia organizada, únicamente se proporcionará dicha información a los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, cónyuge, y a su abogado.

Artículo 194. (...)

Artículo 194 Bis. En los casos de delito flagrante y en casos urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido por la policía ministerial por más de cuarenta y ocho horas, quien transcurrido dicho plazo, deberá ordenar su libertad o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse respecto de los delitos a que se refiere la ley federal en materia de delincuencia organizada.

Artículo 195. Cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional, el tribunal librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el caso, contra el inculpado, a pedimento de la policía federal.

(...)

Artículo 196. Cuando se trate de la aprehensión de alguna persona cuyo paradero se ignore, el tribunal que dicte la orden la comunicará al personal designado de la policía federal localicen y aprehendan a dicha persona. Lograda la aprehensión se procederá en los términos del artículo 52.

Artículo 197. (...)

(...)

Artículo 207. La confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante la policía federal, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: se admitirá en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de dictar sentencia irrevocable.

Artículo 208. (...)

La Policía, con estricto apego a sus instrucciones, podrá practicar inspecciones en el lugar de la detención o del hecho. La diligencia deberá efectuarse por el agente policial responsable; los objetos y efectos que se recojan por estar relacionados con el delito deberán ser debidamente resguardados, en términos de las disposiciones aplicables. El agente policial que practique la diligencia levantará un acta en la que describirá el estado de las cosas y personas, así como las evidencias recolectadas u objetos asegurados y las medidas adoptadas para su resguardo.

(...)

Cuando por la complejidad de la inspección haya necesidad de preparar el desahogo de ésta, la policía federal o el juez podrán ordenar que alguno de sus auxiliares realice los trámites conducentes a precisar la materia de la diligencia y a desarrollar ésta en forma pronta y expedita, conforme a las normas aplicables.

Artículo 209. (...)

(...)

Artículo 211. La policía federalo el juez, según se trate de averiguación o de proceso, al practicar una inspección podrán hacerse acompañar por los peritos que estimen necesarios.

Artículo 212. (...)

(...)

Artículo 278 Ter. (...)

La policía federal será responsable de que la intervención se realice en los términos de la autorización judicial. La solicitud de autorización deberá contener los preceptos legales que la funda, el razonamiento por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando la policía federal acredite nuevos elementos que así lo justifiquen.

(...)

Artículo 279. (...)

(...)

Artículo 287. La confesión ante la policía federal y ante el juez deberá reunir los siguientes requisitos:

(...)

II. Que sea hecha ante la policía federal o el tribunal de la causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del proceso;

(...)

Las diligencias practicadas por agentes de la Policía federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquéllas.

Artículo 288. (...)

(...)

Tercero. Se reforman y adicionan los artículos 4, 5, 8, 11, 14, la denominación del Capítulo II, 22, 24 y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para quedar como sigue:

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Tener bajo su conducción jurídica a las policías con quienes será corresponsable en la investigación de los delitos. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

a) Llevar a cabo las acciones necesarias para solicitar la reparación del daño correspondiente;

b) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos de las disposiciones aplicables;

c) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados en términos de las disposiciones legales aplicables;

d) En aquellos casos en que la ley lo permita, propiciar la conciliación de los intereses en conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia;

e) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente;

f) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

g) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

h) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido;

i) Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables, y

j) Las demás que determinen las normas aplicables.

B) (...)

C) (...)

a) (...)

c) Solicitar a la autoridad judicial, en los casos en que sea procedente, la reparación del daño;

d) Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para la protección a las víctimas u ofendidos y sus familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas u ofendidos, cuando existan datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;

e) Ejercer las acciones que las disposiciones normativas en materia de extinción de dominio de bienes prevean a favor o en beneficio de las víctimas y ofendidos;

f) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y

g) Informar a la víctima o al ofendido menor de edad, que no está obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las disposiciones aplicables;

II. (...)

Artículo 5. (...)

I. (...)

II. (...)

III. Establecer indicadores y procedimientos que sirvan para evaluar la actuación de la Procuraduría General de la República con la participación ciudadana en los términos del reglamento de esta ley y de conformidad con las normas aplicables en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin perjuicio de otros sistemas de evaluación que le sean aplicables;

IV. Velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución la Procuraduría General de la República deberá:

a) Fomentar entre sus servidores públicos una cultura de respeto a las garantías individuales y los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

b) Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organismos internacionales de protección de derechos humanos cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, conforme a las normas aplicables, y

c) Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

V. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, en los términos que prevea la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables;

VI. Promover la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales en asuntos relacionados con sus atribuciones, así como vigilar su cumplimiento, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás dependencias de la Administración Pública Federal involucradas;

VII. Opinar y participar en los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que estén vinculadas con las materias de su competencia;

VIII. Establecer medios de información sistemática y directa a la sociedad, para dar cuenta de sus actividades. En todo caso se reservará la información cuya divulgación pueda poner en riesgo las averiguaciones que realice la policía federal y mantendrá la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables;

IX. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores;

X. Realizar las funciones que deriven de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables respecto de la constitución y administración de fondos que le competan, y

XI. Las demás que prevean otras disposiciones legales.

Artículo 6. (...)

(...)

Artículo 8. (...)

VII. Se elimina.

Artículo 9. (...)

(...)

Artículo 11. (...)

I. Sistema de coordinación regional y desconcentración:

a) La Procuraduría General de la República actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables;

b) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta ley;

c) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables.

Las unidades administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;

d) Las delegaciones serán órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas. Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito.

Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente;

e) Las unidades administrativas, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Procurador General de la República;

f) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones, se determinarán por acuerdo del Procurador General de la República, atendiendo a los criterios señalados en el inciso b), y

g) El Procurador General de la República expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas centrales, los órganos desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la Federación.

Artículo 12. (...)

(...)

Artículo 14. (...)

El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

Artículo 15. (...)

(...)

CAPÍTULO IIIDe los corresponsables y auxiliares del Ministerio Público de la Federación

Artículo 22. Son corresponsables del Ministerio Público de la Federación en la función de investigación:

a) Los oficiales ministeriales;

b) La Policía Federal Ministerial;

c) La policía federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, y

d) Los servicios periciales.

Artículo 22 Bis. Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación

a) Los agentes del Ministerio Público del fuero común, las policías del Distrito Federal, de los estados integrantes de la Federación y de los Municipios, así como los peritos de las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas, en términos de las disposiciones legales aplicables y los acuerdos respectivos;

b) El personal de la Procuraduría General de la República a que se refieren las fracciones II y III del artículo 13 de esta ley;

c) El personal del Servicio Exterior Mexicano acreditado en el extranjero;

d) Los capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales, y

e) Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en términos de las disposiciones aplicables.

El Ministerio Público de la Federación ordenará la actividad de los auxiliares suplementarios en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones que practiquen en su auxilio.

Artículo 23. (...)

Artículo 24. En la investigación de los delitos, las policías actuarán bajo la conducción jurídica del Ministerio Público de la Federación y serán corresponsables de éste en esa función, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se establezcan al respecto.

Artículo 25. (...)

(...)

Artículo 29. Los auxiliares y corresponsables del Ministerio Público de la Federación deberán, bajo su responsabilidad, dar aviso de inmediato a éste, en todos los casos sobre los asuntos en que intervengan con ese carácter, haciendo de su conocimiento los elementos que conozcan con motivo de su intervención.

Cuarto. Se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 4, 8, 45 y 46 de la Ley de la Policía Federal para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

IV. Investigar la comisión de delitos corresponsablemente con el ministerio público, bajo la conducción jurídica de éste en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 3. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de investigación, prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4. (...)

(...)

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

LXVII. Investigar, prevenir y perseguir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;

LXVIII. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;

LXIX. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como investigar y prevenir la comisión de delitos, en:

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares.

La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables;

b) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los cauces de los ríos;

c) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y servicios de entidades y dependencias de la federación;

d) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y

e) En todo el territorio nacional en el ámbito de su competencia.

LXX. Realizar investigación para la prevención de los delitos;

LXXI. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de infracciones administrativas;

LXXII. Recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada carecen de todo valor probatorio;

LXXIII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. El Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta atribución;

LXXIV. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia;

LXXV. Realizar bajo la conducción jurídica del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones necesarias o las que le instruya la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables;

LXXVI. Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

LXXVII. Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a personas y bienes en los casos en que por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

LXXVIII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público;

LXXIX. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivos de delitos, así como investigar la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

LXXX. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado bajo la conducción jurídica del ministerio público en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con los corresponsables en esta función y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

LXXXI. Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;

LXXXII. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado;

LXXXIII. Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite la autoridad local correspondiente la remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen en ley;

LXXXIV. Realizar la investigación, detención de personas y en el aseguramiento de bienes que considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, así como practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público;

LXXXV. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales;

LXXXVI. Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información.

LXXXVII. Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

LXXXVIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y procesar la evidencia física, conforme al procedimiento previamente establecido y en términos de las disposiciones aplicables;

LXXXIX. Llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito.

XC. Requerir a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;

XCI. Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

XCII. Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente;

XCIII. Prestar apoyo a los particulares en la captación de las comunicaciones en las que éstos participen, cuando los mismos lo soliciten para su aportación a la averiguación previa;

XCIV. Poner a disposición de la autoridad competente a los menores de edad que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales federales;

XCV. Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables;

XCVI. Cuando la Policía Federal tenga conocimiento por sí o por conducto de sus corresponsables de la probable comisión de un delito cuya persecución dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, que deba formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades harán saber por escrito a la Policía Federal la determinación que adopten.

XCVII. En los casos de detenciones en delito flagrante, en los que se inicie averiguación previa con detenido, la Policía Federal solicitará por escrito y de inmediato a la autoridad competente que presente la querella o cumpla el requisito equivalente, dentro del plazo de retención que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XCVIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

XCIX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones legales aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

C. Brindar protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales del orden federal, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Procurador General de la República;

CI. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones;

CII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia, en términos de las disposiciones aplicables. De las entrevistas que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la investigación, que para tener valor probatorio, deberán ser ratificadas ante la autoridad judicial que corresponda;

CIII. Incorporar a las bases de datos criminalísticas y de personal de la Secretaría y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos, y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin afectar el derecho de las personas sobre sus datos personales;

CIV. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, para el ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes;

CV. Coordinarse en los términos que señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para el intercambio de información contenida en documentos bases de datos o sistemas de información que sea útil al desempeño de sus funciones sin menoscabo del cumplimiento de las limitaciones que establece el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales;

CVI. Solicitar por escrito, previa autorización del juez de control en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención e investigación de los delitos. La autoridad judicial competente, deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación;

CVII. Solicitar por escrito ante el juez de control, en términos del capítulo XI de la presente Ley, la autorización para la intervención de comunicaciones privadas para la investigación de los delitos. La autoridad judicial competente deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación;

CVIII. Colaborar, cuando sean formalmente requeridas, de conformidad con los ordenamientos constitucionales y legales aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos;

CIX. Participar en operativos conjuntos con otras autoridades federales, locales o municipales, que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública;

CX. Obtener, analizar y procesar información así como realizar las acciones que, conforme a las disposiciones aplicables, resulten necesarias para la prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes federales;

CXI. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas;

CXII. Vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, a solicitud de la autoridad competente, las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión, readaptación y reinserción social, con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal;

CXIII. Levantar las infracciones e imponer las sanciones por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes federales, así como a la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación;

CXIV. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, transporte o tenencia de dichas mercancías en cualquier parte del territorio nacional;

CXV. La Policía Federal actuará en los recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables;

CXVI. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales;

CXVII. Ejercer en el ámbito de su competencia, y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, las facultades que en materia migratoria prescriben la Ley General de Población, su Reglamento y demás disposiciones legales;

CXVIII. Prestar apoyo al Instituto Nacional de Migración para verificar que los extranjeros residentes en territorio nacional cumplan con las obligaciones que establece la Ley General de Población;

CXIX. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y, en su caso, resguardar a solicitud del Instituto las estaciones migratorias a los extranjeros que violen la Ley General de Población, cuando el caso lo amerite;

CXX. Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de combate a la delincuencia;

CXXI. Realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas;

CXXII. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de información en la sociedad, que permitan obtener datos sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos;

CXXIII. Integrar en el Registro Administrativo de Detenciones y demás bases de datos criminalísticos y de personal, las huellas decadactilares y otros elementos distintos a las fotografías y videos para identificar a una persona, solicitando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la información respectiva con que cuenten;

CXXIV. Suscribir convenios o instrumentos jurídicos con otras instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y organizaciones no gubernamentales para el desempeño de sus atribuciones, en el marco de la ley;

CXXV. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, en el ámbito de su competencia, y;

CXXVI. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

a) Informar a la victima u ofendido sobre los derechos que a su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

c) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

e) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la investigación y remitirlos en el momento oportuno al Ministerio Público que competa para que éste acuerde lo conducente, y

f) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

CXXVII. Ordenar la práctica de las diligencias conducentes en la investigación que soliciten la víctima o el ofendido o, en su caso, fundar y motivar su negativa;

CXXVIII. Otorgar las facilidades para identificar al probable responsable y dictar todas las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la integridad física y psicológica de la víctima u ofendido;

CXXIX. Dictar las medidas necesarias y que estén a su alcance para que la víctima u ofendido reciba atención médica y psicológica de urgencia. Cuando la Policía Federal lo estime necesario, tomará las medidas conducentes para que la atención médica y psicológica se haga extensiva a otras personas;

CXXX. Solicitar a la autoridad judicial que el inculpado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como otras medidas cautelares que sean procedentes;

CXXXI. Proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la solicite en ejercicio de sus funciones, siempre que no ponga en riesgo investigaciones en curso o la seguridad de personas;

CXXXII. Las demás que le confieran ésta y otras leyes.

Artículo 9. (...)

(...)

Artículo 45. En sus funciones de investigación y combate a los delitos, la Policía Federal actuará corresponsablemente con el Ministerio Público bajo la conducción jurídica de éste, con el fin de que sus actuaciones se lleven a cabo en el marco de la legalidad y con las formalidades necesarias para que los resultados de tales actuaciones puedan presentarse como evidencia ante los tribunales.

Artículo 46. Cuando durante el desarrollo de la investigación la Policía Federal estime necesaria la realización de diligencias que requieran una tramitación especial o la autorización de la autoridad jurisdiccional. Lo comunicará sin demora al Juez quien resolverá lo conducente.

Artículo 47. (...)

(...)

Quinto. Se reforman y adicionan los artículos 5, 41, 77 y 114 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue:

Artículo 5. (...)

(...)

IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás corresponsables y auxiliares de aquél;

(...)

Artículo 6. (...)

(...)

Artículo 41. (...)

(...)

III. Realizar la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;

(...)

Artículo 42. (...)

(...)

Artículo 77. (...)

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos;

II. Deberán verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada;

III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables;

IV. (...)

V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;

VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables;

VII. (...)

VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar y embalar en términos de las disposiciones aplicables.

IX. Requerir a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;

X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma;

XI. (...)

XII. (...)

a) (...)

(...)

d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y,

e) (...)

XIII. (...)

(...)

Artículo 78. (...)

(...)

Artículo 114. (...)

La policía deberá informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.

(...)

Artículo 115. (...)

(...)

Transitorios

Primero. La Secretaría de Seguridad Pública deberá emitir en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este decreto los acuerdos a los que hace referencia el artículo 123 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Segundo. Una vez emitidos los acuerdos a los que hace referencia el artículo anterior, quedan sin efectos los acuerdos emitidos por la Procuraduría General de la República en términos del artículo 123 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales.

Tercero. En un plazo no mayor a 20 días naturales la Secretaría de Seguridad Pública emitirá las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información en términos de los artículos 193 Sextus y 193 Septimus del Código Federal de Procedimientos Penales.

Cuarto. La Procuraduría General de la República en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública tomarán las medidas conducentes a fin de proveer las medidas necesarias y sean respetados los derechos de las personas inscritas en el servicio profesional de carrera.

Quinto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, desde la perspectiva constitucional. Impartida en 2009.

2 Hidalgo, Murillo, José Daniel, Naturaleza Policial de la Investigación Procesal por Delito, visible en http://portal.uclm.es/portal/page/ portal/IDP/Iter%20Criminis%20Documentos/Iter%20Criminis%20Numero_4/natiraleza%2 0policial.pdf.

3 Hidalgo, Murillo, José Daniel, op. Cit.

4 Íbidem.

5 León Olea, Bernardo, La Reforma a la Justicia Pena Quintas Jornada Sobre Justicia Penal, IIJ UNAM, México.

6 León Olea, Bernardo, op. Cit.

7 Zepeda Lecuona, Guillermo, Crimen sin Castigo Procuración de Justicia Penal y Ministerio Público en México, CIDAC, México, 2004.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 25 de enero de 2012— Diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 201 y deroga el 205 de la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

El origen histórico de la seguridad social mexicana se encuentra en los movimientos y luchas sociales observadas desde el porfiriato (1877-1910), así como durante la Revolución Mexicana (1910-1917), en la que murieron más de un millón de mexicanos.

Como parte de esta amplia movilización social y política, grupos de intelectuales, entre ellos el encabezado por Ricardo Flores Magón, dieron origen al programa del Partido Liberal Mexicano en 1906; ese mismo año, estalló la histórica huelga en la mina de Cananea, Sonora y, al año siguiente, la poderosa huelga y rebelión de Río Blanco, Veracruz. La fuerza de estas luchas se encontraba en sus demandas básicas: jornada laboral de 8 horas, establecimiento de salario mínimo, indemnizaciones por accidentes laborales, otorgamiento de pensiones, descanso dominical obligatorio, abolición de las tiendas de raya, entre las más sustanciales. Todas ellas, demandas sencillas, convocaron y pueden convocar a desarrollar amplios movimientos sociales.

El contenido original de los artículos 27 y 123 es la expresión más genuina de los sentimientos de justicia social que reclamaba la sociedad mexicana, compuesta en su mayor parte por trabajadores y campesinos. Los antecedentes del derecho mexicano del trabajo, donde se incluye la seguridad social, se fueron expresando en distintos momentos de nuestra historia:

En noviembre de 1906, el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, promulgó la Ley de Accidentes del Trabajo para su entidad; aparecen también en el Manifiesto Político del Partido Democrático, en 1909, liderado por Benito Juárez Maza, hijo del presidente Benito Juárez; los derechos del trabajo también se encuentran en el libro “La sucesión presidencial de México”, escrito por Francisco I. Madero en 1908 quien, además, en abril de 1910, se comprometió a presentar iniciativas de ley para pensionar a los obreros mutilados en el trabajo –en las minas o en la industria– y a los familiares de los trabajadores, en caso de perder la vida; en diciembre de 1911, Madero, ya como presidente de la República, formuló bases generales para una legislación obrera nacional, donde también se contemplaba la seguridad social; el primer proyecto de Ley del Trabajo fue formulado por varios diputados en 1913. En este documento se estableció un capítulo referente a la seguridad social. Sin embargo, los acontecimientos armados de la Revolución Mexicana no permitieron la discusión y aprobación del proyecto; en 1917, los asuntos de la seguridad social fueron incluidos en la Constitución Política bajo el principio de la justicia social, no por azar, sino como resultado de las conquistas de la Revolución misma. En la fracción XXIX del artículo 123 se expresó claramente: “Se considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguro populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos, por lo cual, tanto el gobierno federal como el de cada estado deben fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión social”. Con esta sencilla y elocuente redacción se estableció un principio fundamental del derecho del trabajo en México, un eje político fundamental para organizar a la sociedad y al estado y echar a caminar un nuevo régimen político, a partir de regular las relaciones entre trabajadores y patrones y entre trabajadores y estado; en Querétaro, al debatir el que hoy es el artículo 123 de la Constitución, no dejaron fuera este asunto. De hecho, varias de las fracciones originales de este artículo tienen relación directa con la seguridad social.

Este es el caso del establecimiento del salario mínimo, el señalamiento de la responsabilidad empresarial sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, o la obligación de ellos de asegurar condiciones higiénicas en los centros de trabajo y de impulsar programas de prevención de accidentes. Sin embargo, fue la fracción XXIX la directamente relacionada con el tema que nos ocupa. El texto aprobado señalaba que “Se considerará de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos”.

Más de un cuarto de siglo tomaría la expedición de la ley; antes de eso, varios ordenamientos se incorporaron a la legislación aplicable en la materia. Entre otras de carácter federal o estatal pueden citarse las leyes del trabajo de varias entidades federativas o la federal, promulgada en 1931, la Ley sobre Accidentes de Trabajo de 1924, o la de Pensiones Civiles y de Retiro, aprobada ese mismo año. Después de varios intentos para cumplir con lo comprometido, y gracias al impulso de don Ignacio García Téllez, el 19 de enero de 1943 entró en vigor la Ley del Seguro Social, que meses más tarde se pondría en operación, primero en el Distrito Federal y gradualmente en el resto del país.

Con el establecimiento del gigante de la seguridad social de América Latina y después de valorar su desarrollo y consolidación en los tres lustros siguientes, en 1959 se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que regula el sistema de seguridad social para los trabajadores cubiertos por el apartado B del actual artículo 123 de la Constitución.

El primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales es La Convención sobre los Derechos del Niño.

En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Mediante ésta se pretendía asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos.

La Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos protocolos facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los estados parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del niño.

Argumentos que la Sustentan

El Sistema de Seguridad Social constituye uno de los ejes estructurales más importantes para que la población pueda acceder a mejores niveles de bienestar, dado que proporciona a los trabajadores que gozan de este beneficio, así como a sus familiares, un conjunto de prestaciones que contribuyen a su desarrollo.

Siendo así que la seguridad social tiene como finalidad otorgar prestaciones económicas y servicios que permitan proteger el ingreso de las personas, especialmente al enfrentar situaciones como enfermedad, maternidad, accidentes o enfermedades de trabajo, invalidez, vejez y muerte. Tiene carácter obligatorio y respaldo legal, lo cual permite la aplicación del principio de la mancomunidad de riesgos, en donde todas las personas afiliadas contribuyen a un fondo común, y cuando un cotizante enfrenta alguna de las condiciones prescritas para que se le otorgue una prestación, el seguro cubre sus necesidades o por lo menos parte de ellas. Entre los esquemas públicos y privados para proteger la salud, que no son considerados en estricto sentido como parte de la seguridad social, se encuentran el Seguro Popular, los programas locales de atención a la salud y los seguros o contratos médicos privados que son pagados por anticipado y garantizan a sus asegurados el acceso a diversos esquemas de protección  –básicos o amplios– de la salud.

Desde el año 2000 comenzaron a aparecer en las estadísticas un crecimiento en los varones que por diferentes situaciones de migración laboral, viudez, divorcio, separación o abandono, se han hecho cargo de sus hijos, el Consejo Nacional de Población (Conapo) dice que se trata de un sector emergente entre la sociedad mexicana y ha revelado cifras aproximadas de este sector social las cuales han arrojado se trata de un aproximado de 841 mil hombres que se encuentran en esta situación.

Los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se conforman por la suma de los trabajadores afiliados, los estudiantes del nivel medio superior y superior en escuelas del Sistema Educativo Nacional, y por quienes deciden continuar pagando cuotas para preservar su derecho a recibir prestaciones o servicios de esta institución, además de otras formas o modalidades de aseguramiento. Entre 1996 y 2006 el total de asegurados pasó de 10.9 millones a 18 millones. El incremento porcentual observado en las mujeres aseguradas es de 81.9, mientras en los asegurados es de 59.7 por ciento; el total de hombres incorporados al IMSS (4.2 millones) es mayor en relación con las mujeres (3.1 millones). En el periodo de 1998 a 1999 el número de asegurados se incrementó en 1.6 millones, mientras que el de aseguradas fue de 670 mil.

El crecimiento en el número de varones amplió la brecha observada entre ambos sexos, y se mantiene esta distancia hasta el 2006.

En torno al concepto de igualdad, los tribunales internacionales, extranjeros y nacionales se han pronunciado en múltiples ocasiones; debiendo tener en cuenta las circunstancias fácticas de cada caso. Resulta interesante que ha dependido del momento histórico-social y de las circunstancias dadas, que tanto los alcances del concepto de igualdad, como de los factores que se le relacionan, toman diversos matices, al grado de inclinar la balanza de la justicia en muy diferentes direcciones.

Frente al ejercicio del derecho de igualdad, se encuentra la discriminación, la cual se ha suscitado en la historia de la humanidad por muy diversos factores por todos conocidos, siendo el del sexo uno de muy interesante trayectoria histórica, pues la igualdad entre el hombre y la mujer parece más bien un tema de vanguardia, lo que sin lugar a dudas resulta paradójico en un mundo que se encuentra muy avanzado en muchos otros conceptos.

El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF), aprobó una enmienda al artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal, misma que dejó de calificar el sexo de los contrayentes como anteriormente lo hacía (“El matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer (...)”. La reforma fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal por instrucción del jefe de gobierno capitalino el 29 de diciembre de 2009, y entró en vigor en marzo de 2010. Por vía de consecuencia, a partir de entonces, el matrimonio entre personas del mismo sexo es lícito en el Distrito Federal y puede ser reconocido en el resto de la República Mexicana.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, en los países en que se ha aprobado hasta ahora, se ha establecido legalmente mediante la extensión de la institución ya existente del matrimonio a aquellos formados por personas del mismo sexo. Se mantienen la naturaleza, los requisitos y los efectos que el ordenamiento jurídico venía reconociendo previamente a los matrimonios.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de Derechos Humanos Universales respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que considera que el matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos trabajan para ver reconocido este derecho. Este apoyo se basa en el argumento de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

El Distrito Federal, al igual que muchas ciudades del mundo ofrece igualdad a las parejas del mismo sexo que decidan contraer matrimonio y adoptar.

El pasado 16 de agosto de 2010 se revela como una fecha histórica y de celebración para la comunidad lésbico-gay, bisexual y transgénero mexicana (LGBT). Durante una larga y controvertida discusión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidieron validar el matrimonio y adopción por parte de parejas homosexuales en la capital mexicana.

Se reconoce por un lado, el derecho que tienen las parejas homosexuales para formar una familia, quienes aspiren a adoptar deben cubrir una serie de requisitos fundamentales siempre en beneficio de los niños.

De acuerdo con la organización internacional Human Rights Watch (HRW) México se convierte en el duodécimo país del mundo en aprobar las uniones y adopciones por parejas homosexuales, junto con Holanda, Inglaterra, España, Suecia, Islandia, Argentina, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Uruguay y Bélgica. A pesar de que sólo fueron aprobados en el Distrito Federal, con el fallo de la SCJN los matrimonios serán reconocidos en los 31 estados del país.

Sin menor duda, el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo es un proceso cultural que no es fácil de digerir en sociedades conservadoras, sin embargo, sienta las bases para seguir avanzando en el tema de la igualdad y la no discriminación.

Los criterios jurisprudenciales en esta materia se han debido enmarcar en un concepto de equidad de género y desarrollar la posibilidad de la equidad, la justicia y la corrección en la aplicación de las normas, tanto para mujeres como para hombres.

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano del Seguro Social, habría cerca de 37 mil 182 trabajadores homosexuales ya cotizando. De ellos, se estima que 57 por ciento tiene ya una pareja estable, lo que implicaría cubrirlos con seguridad social y servicios de salud.

Empero, esta situación no implica un costo oneroso al instituto. El costo de las parejas homosexuales es el mismo que el de las heterosexuales, por lo que no debería haber discriminación.

Durante la puesta en marcha de los diferentes programas, la legislación en seguridad social consideraba a las mujeres principalmente como beneficiarias del trabajador varón y sólo tenían acceso a servicios y prestaciones si demostraban tener un vínculo legal con el asegurado, ya fuera como esposas, concubinas o viudas; hasta hace poco tiempo el IMSS y el ISSSTE impedían a las mujeres registrar a sus beneficiarios, cónyuges o concubinarios; en la actualidad los servicios de guarderías se brindan principalmente a madres trabajadoras y a los padres sólo en casos de divorcio, abandono o viudez.

La Ley del Seguro Social expresa así todo lo anterior “la Seguridad Social tiene por finalidad, garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo”.

La misión implica una decidida toma de postura en favor de la clase trabajadora y sus familiares; misión tutelar que va mucho más allá de la simple asistencia pública y tiende a hacer realidad cotidiana el principio de la solidaridad entre los sectores de la sociedad y del estado hacia sus miembros más vulnerables.

Siendo así necesario que en cuanto a las guarderías se refiere, es importante ampliar estos servicios a todos los trabajadores e introducir una serie de cambios en lo relativo a los patrones de atención y cuidado de los hijos, no importando que sean hijos adoptados por parejas del mismo sexo o procreados por ellos mismos siendo esto con la finalidad de alcanzar una mayor equidad.

Fundamento Legal

El suscrito, diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, 77, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social

Único. Se reforma el artículo 201, y se derogan el artículo 205 y el segundo párrafo del artículo 201, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijas e hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora y del hombre trabajador o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de los menores, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

(Se deroga el segundo párrafo)

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino, vespertino y nocturno.

Artículo 205. (Se deroga)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputado Nazario Norberto Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado César Francisco Burelo Burelo, del Grupo Parlamentario del PRD

Esta iniciativa permitirá dar transparencia en los costos en que se incurre en la prestación del servicio público de energía eléctrica y a los subsidios aplicados en las tarifas eléctricas, actualizando la facultad de la Cámara de Diputados de modificar y aprobar dichos subsidios.

Exposición de Motivos

Problemática Social

Una irritación social muy extendida en nuestro país, es debida a los niveles de la facturación eléctrica, principalmente entre los usuarios del servicio eléctrico doméstico y el servicio eléctrico para actividades agrícolas, el cual no ha sido atendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quien tiene a su cargo fijar las tarifas eléctricas, el cual ha escalado a expresiones extremas, como la huelga de pagos y la toma de oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

El Poder Legislativo, ha sido sensible a esta irritación social, como lo prueba el ingreso en esta legislatura de veintitrés iniciativas de reformas a la ley con el objeto de atenuar el efecto que la facturación eléctrica tiene sobre los hogares mexicanos.

Legislaturas anteriores también han sido sensibles a esta problemática, la manifestación más  destacada de esta preocupación, la constituye la incorporación en el Presupuesto de Egresos Federales de 2008 de un artículo transitorio decimocuarto, con el texto siguiente:

“Decimocuarto.La Secretaría de Energía, durante el primer semestre del ejercicio, deberá realizar un estudio que analice la congruencia de la estructura de la tarifa actual con los costos de generación, transmisión y distribución, así como de las condiciones climáticas prevalecientes en las distintas zonas del país. En caso de que este estudio concluya que no existe congruencia entre los elementos citados, se podrán ajustar las tarifas en lo conducente.”

En atención a esta disposición, en junio de 2008 la Secretaría de Energía, entregó a la Cámara de Diputados el estudio denominado

Subsidios

En el caso de lo dispuesto en el artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de 2008, no fue posible sustentar un ajuste en las tarifas eléctricas, ya que según el estudio a que se hace referencia, las tarifas para el servicio doméstico y agrícola, eran objeto de altos subsidios.

Sin embargo los montos dados del subsidio y el origen de los mismos están envueltos en gran opacidad, y no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación no existe ningún renglón destinado a cubrir subsidios para las tarifas eléctricas, una alusión a los mismos se encuentra en la fracción II del artículo 6 de los últimos presupuestos, incluido el del año 2012, que transcribimos a continuación:

“II. La cantidad que en el anexo 1.D. de este decreto se destina para la Comisión Federal de Electricidad, refleja el monto neto sin incluir erogación alguna por concepto de aprovechamientos, así como ninguna transferencia del gobierno federal para el otorgamiento de subsidios.”

Según lo que dice esta fracción, el gobierno federal no destina recursos presupuestales provenientes de otras fuentes de ingresos fiscales distintas a las contribuciones y recursos generados por la propia Comisión Federal de Electricidad, para cubrir subsidios a las tarifas eléctricas, si bien en los presupuestos no se detalla el monto de esas contribuciones y el monto de los subsidios.

Descripción de la reforma

Considerando la problemática del pago de la facturación eléctrica que no se encuentra sólo en el nivel de los precios de las tarifas, sino principalmente en el poder adquisitivo de los ingresos de la población que ha venido deteriorándose, por lo que mientras persistan esos ingresos débiles o nulos, una política de subsidios es insoslayable.

Considerando la opacidad  existente en el monto y origen de los subsidios al servicio eléctrico.

Se proponen reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tendientes a resguardar la accesibilidad de la población al imprescindible servicio eléctrico.

Admitiendo que la fijación de precios y tarifas aborda un ámbito polémico acerca de la delimitación de las facultades constitucionales entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, la forma efectiva jurídicamente de resguardar esa accesibilidad de la población al servicio eléctrico, es ejercer la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para la aprobación de subsidios en el Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos del artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En dirección de lo anotado, se propone reformar los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Con la reforma al artículo 30 se ratifica la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar los subsidios al servicio eléctrico, a través de la aprobación de los presupuestos de egresos federales.

Con la reforma al artículo 31 se precisa la información que debe contener el presupuesto incluyendo los subsidios que proponga la administración federal para el año que se trate, a fin de que la Cámara cuente con los elementos suficientes para aprobar o modificar el otorgamiento de subsidios considerando los equilibrios presupuestales.

También en el mismo artículo 31 se señala que en el presupuesto deberán indicarse las fuentes de ingresos de donde provendrán los subsidios propuestos, al respecto se atenderá lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para destinar a ese propósito el aprovechamiento que Comisión Federal de Electricidad paga al gobierno federal.

El monto de ese aprovechamiento está determinado por una tasa de 9 por ciento fijada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el valor de los activos fijos en operación de la Comisión Federal de Electricidad. Debido a la política de emplear a los productores independientes de energía, quienes son propietarios de las centrales de generación que se les adjudican, su desmedido empleo frena el crecimiento de los activos fijos propiedad de la CFE y por tanto es previsible la disminución de ese monto.

Por lo anterior se considera justificado que si el aprovechamiento de los activos fijos de propiedad estatal afectos al servicio público de energía eléctrica, sirven de fuente de subsidios a usuarios del servicio eléctrico, también pueda servir a ese propósito el beneficio para el estado por la operación de activos que generan electricidad para su venta a CFE quién la utiliza para suministrar dicho servicio público. Es por lo que en el mismo artículo 31, el Impuesto Sobre la Renta por la actividad lucrativa de los productores independientes, también se le considere como posible fuente para cubrir los subsidios.

En atención a que a mayores temperaturas ambientales se requiere más consumo de energía eléctrica de los equipos de acondicionamiento del clima para obtener las condiciones de confort de las personas, en las regiones con climas extremosos, se establecieron tarifas estacionales con cargos más bajos en el verano, a fin de compensar la facturación eléctrica por los mayores consumos, como lo señala la motivación expresada en varios de los acuerdos, para la creación de tarifas estacionales.

Pero lo mismo que ocurre con las temperaturas ocurre con la humedad presente en el ambiente, a mayor humedad se requiere mayor consumo de energía, sin embargo esto no se refleja en los cargos como sucede en el caso de las temperaturas, por lo que en la reforma al artículo 31 citado se está proponiendo que se considere también el parámetro de la humedad relativa en la asignación de subsidios.

No escapa a nuestra atención que la medición de las condiciones ambientales requieren de una infraestructura nacional, con gastos de inversión, operación y mantenimiento, que de instalarse sólo para el propósito de determinar los parámetros ambientales para clasificación de tarifas eléctricas, incrementarían el costo del servicio doméstico, por lo que encontramos atinado que se recurra a la infraestructura e información de que disponen otras instituciones.

Finalmente se propone modificar la fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que exista congruencia en el marco legal que regiría a las tarifas eléctricas, de aprobarse esta reforma.

Cabe aclarar que no se prevé que esta iniciativa tenga impacto presupuestal, ya que se trata principalmente de transparentar los subsidios otorgados al servicio eléctrico y su redistribución en su caso con criterio social por parte de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades.

De conformidad con la motivación expuesta y con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto Mediante el cual se modifican y adicionan los artículos, 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se modifica la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Primero. Se modifica y adiciona el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando éstas no consideren subsidios.

En el caso de las tarifas que consideren subsidios a los usuarios, los mismos deben indicarse en los presupuestos de egresos federales que anualmente aprueba la Cámara de Diputados.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobadas por la Secretaría de Economía, oyendo a la Secretaría de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se modifica y adiciona el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.

En el caso de que las tarifas del servicio eléctrico consideren subsidios a los usuarios, los mismos deberán indicarse en el presupuesto de egresos federal enviado para su aprobación a la Cámara de Diputados y estarán vigentes por el periodo anual al que corresponda el presupuesto.

En el presupuesto deberá indicarse para cada tarifa y rango de consumo subsidiado, la información desagregada de los costos asignados para el año que se trate, los subsidios propuestos y los cargos que se aplicarán al usuario.

En los términos del artículo 46 de esta ley, para proveer los requerimientos de subsidio se recurrirá al aprovechamiento que la Comisión Federal de Electricidad paga al gobierno federal, en caso de que el aprovechamiento sea insuficiente se recurrirá al Impuesto Sobre la Renta recaudado por la operación de los productores independientes de energía a que hace referencia el artículo 3o. de esta ley.

En el caso de las tarifas domésticas los subsidios atenderán al mayor consumo de energía eléctrica para acondicionamiento ambiental, en el caso de regiones con altas temperaturas y humedades relativas.

En cualquier caso los subsidios no se trasladarán como afectación al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Artículo Tercero. Se modifica la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IX. ...

X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda, con excepción de lo que se determine en otras leyes;

Transitorios

Primero . Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . La aprobación de los subsidios al servicio eléctrico por parte de la Cámara de Diputados tendrá lugar a partir del Presupuesto de Egresos Federales del ejercicio fiscal siguiente inmediato a la fecha de vigencia de esta reforma.

Sede de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional, a 25 de enero de 2012.— Diputado César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

VOLUMEN II

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma los artículos 11, 17, 19 y 31 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El deporte es considerado un factor de gran importancia para el desarrollo óptimo del ser humano, esto obliga al Estado mexicano a garantizar las condiciones para que pueda ser practicado plenamente, y para ello se requiere contar con una estructura deportiva sólida, que permita desarrollar y consolidar el deporte en nuestro país; sin embargo esto se ve limitado por la carencia de personal con el perfil adecuado para encabezar los principales organismos encargados del deporte en el país, así como la falta de coordinación entre las dependencias.

Dentro del marco normativo mexicano la directriz de la política deportiva mexicana, se puede encontrar la Ley General de Cultura Física y Deporte, en la cual se reconoce a todos los actores partícipes del fomento al deporte. Esta ley establece las atribuciones de los órganos competentes haciendo énfasis en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte está compuesto por diversos institutos, organismos, asociaciones, dependencias, y participantes que en conjunto tienen como función principal fomentar, estimular y ejecutar la cultura física y el deporte en el país.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, se encarga de instrumentar la política deportiva a través de la administración pública federal y es administrada por un órgano de gobierno denominado junta directiva, conformada por representantes de diversas dependencias de la administración pública federal, el titular de la Secretaría de Educación Pública, y un director general designado directamente por el Ejecutivo federal.

La importancia de las funciones que desarrollan estos dos agentes, obliga a que se generen mecanismos para garantizar que las personas que los dirigen acrediten la experiencia y capacidad necesaria para ocupar el cargo, para que los encargados de tomar las decisiones torales del deporte mexicano sean personas con los conocimientos necesarios.

De igual forma es importante que pueda existir una coordinación efectiva y permanente entre los órganos encargados del deporte mexicano, mediante mejoras en la comunicación y coordinación, por lo que es indispensable que se modifique el marco normativo, para que puedan reunirse con más frecuencia los integrantes de las distintas dependencias, a fin de conjuntar las perspectivas de todos los órganos para construir políticas públicas, con una visión integral de la solución de la problemática de la materia.

Asimismo resulta indispensable la participación de todos los órdenes de gobierno, en el fomento a la actividad física, por lo cual es indispensable garantizar que en todo el territorio se creen institutos municipales, encargados de la promoción e instrumentación de programas enfocados a impulsar la cultura física y el deporte.

Fundamento Legal

La suscrita diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 11, 17, 19 y 31 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo 11. El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) deberá sesionar cuando menos una vez cada trimestre, a efecto de fijar y evaluar la política operativa y de instrumentación en materia de cultura física y deporte y dar cumplimiento al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tendrá la responsabilidad de integrar a dicho programa los acuerdos del Sinade.

Artículo 17. La junta directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de cada una de las siguientes dependencias;

a) Secretaría de Educación Pública;

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

c) Secretaría de Relaciones Exteriores;

d) Secretaría de Gobernación;

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Secretaría de la Defensa Nacional;

g) Secretaría de Salud;

h) Secretaría de Desarrollo Social;

i) Secretaría de Seguridad Pública, y

j) Procuraduría General de la República.

La junta directiva será presidida por el titular de la Secretaría de Educación Pública.

Los representantes de las dependencias enunciadas deberán acreditar que cuentan con los conocimientos necesarios en la materia para ocupar el cargo.

El presidente de la junta directiva, convocará a participar como invitados permanentes al contralor interno y al comisario propietario o suplente, designado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes participarán con voz pero sin voto.

De la misma manera, podrán ser invitados a participar con voz pero sin voto, personalidades distinguidas de los sectores social y privado que por su relación, nexos, vinculación y aportaciones con la práctica de la cultura física y deporte e importancia de los asuntos a tratar en dicha reunión, tengan interés directo en la misma y puedan hacer aportaciones en la materia.

Artículo 19. El director general del organismo será nombrado y removido por el presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que acredite los conocimientos y experiencia suficientes para el cargo, el cual deberá reunir los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Artículo 31. Cada entidad federativa, el Distrito Federal y los municipios deberán contar, de conformidad con sus ordenamientos y con lo estipulado en la presente ley con un órgano que en coordinación y colaboración con la Conade promueva, estimule y fomente el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura física y deporte en sus respectivos ámbitos de competencia.

Los sistemas estatales de cultura física y deporte se integrarán por las dependencias, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades y asociaciones de carácter local y tendrán como objeto, generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias.

El Sistema de Cultura Física y Deporte del Distrito Federal, se integrará por las autoridades, unidades administrativas, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades y asociaciones de carácter local, y tendrá como objeto generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de su competencia.

Los sistemas municipales de cultura física y deporte, se integrarán por las autoridades municipales, organismos e instituciones públicas y privadas, sociedades y asociaciones que en el ámbito de su competencia tengan como objeto generar las acciones, financiamiento y programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputada Lizbeth García Coronado (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los suscritos, Senadores de la República de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 163 numeral I y 164 numeral I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 335 del Código Penal Federal de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que 36 millones de adultos mayores en el planeta sufren maltrato. Aunque no existen datos estadísticos confiables, los estudios realizados en torno al tema revelan que el maltrato, los casos de negligencia o abandono, han aumentado considerable en los últimos años.

“El abandono social hacia el adulto mayor suele definirse como: la falta de atención y cuidado por parte de los familiares el cual afecta en mayor parte el aspecto psicológico y emocional. Los adultos mayores suelen deprimirse mucho, no quieren comer y no quieren vivir e incluso quieren quitarse la vida.”

Según el artículo 3o., fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la persona adulta mayor es aquella que cuenta con 60 años o más de edad y se encuentra domiciliada o en tránsito en el territorio nacional.

Según el Censo de Población y Vivienda del Inegi 2010, en México suman 10.1 millones de adultos mayores, de las cuales 53.4% son mujeres y 46.6% varones.

La dependencia económica de las personas adultas mayores, se observa en más de la mitad de esa población. A seis de cada diez personas adultas mayores las sostiene un familiar u otra persona. Sólo 2.7 personas de cada diez reciben pensión por su trabajo.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 arrojó los siguientes datos:

• La población de mujeres adultas mayores que viven sin pareja es mayor que la de los hombres. El 75.6% de las mujeres adultas mayores depende económicamente de algún familiar u otra persona.

• Seis de cada cien hombres y mujeres adultas mayores, tienen una limitación para moverse, caminar o lo hacen con ayuda de alguien.

• En nuestro país, 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3% describe como sus problemas principales los económicos, 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9% los laborales.

No hace muchos años los adultos mayores en México se consideraban como las personas más conocedoras, y por ende se les tenía un profundo respeto. Se acudía a ellos para consultarles sobre sus famosos “remedios caseros” y buenos consejos.

Hoy en día ha desaparecido el modelo de familia extensa en la que compartían abuelos, padres e hijos, y a veces tíos y primos. En la sociedad actual la familia se ha reducido a padres e hijos.

Su situación ha cambiado pasando a ser el sector más discriminado de la sociedad, empezando por el hogar donde se les considera como un estorbo, seres improductivos, en definitiva una carga.

Una de las primeras crisis de la edad madura es el desánimo y desilusión, por la experiencia que vive el anciano al sentirse no aceptado.

Esta crisis se ve agudizada por las pérdidas que va viviendo del trabajo donde se sentía útil, pérdida de los compañeros de labores a los que ya deja de frecuentar, y sobre todo la pérdida de seres queridos y amigos que van muriendo.

La obsesión de nuestros medios publicitarios por el cuerpo joven como estereotipo, es otro factor que ha ido haciendo de lado a nuestros adultos mayores. En el ámbito laboral se busca emplear únicamente a gente joven.

Por su parte, la familia tampoco está dispuesta a aceptar las pérdidas de los gastos ocasionados por el adulto mayor. Además en las familias de hoy en día, ya no hay un espacio físico, psicológico y emocional para los adultos mayores.

En la actualidad el ciclo de vida del adulto mayor, es más largo que antaño, la gente vive más tiempo pero no se ha resuelto el modo de vida, el cómo vivir estos años de prolongación.

Desafortunadamente, el adulto mayor que llega a la edad avanzada se encuentra con una jubilación casi denigrante, o sin jubilación, lo que hace que necesariamente tenga que depender de otras personas, que muchas veces lo abandonan porque en esta edad aumentan los gastos farmacológicos y cuidados personales.

La mayoría viven en condiciones de pobreza, y abandonados, y los más grave es que son personas imposibilitadas para valerse por sí mismos, y no hay suficientes asilos para atenderlos.

La violencia psicológica, comunitaria y sobre todo doméstica que se ejerce contra los adultos mayores, se incrementa día a día, y pareciera un fenómeno generalizado imposible de detener.

El abandono de los adultos mayores puede ocurrir en varios lugares:

• Hogar de ancianos

• Hospitales

• En el propio hogar

• En la calle

En muchas familias a sus adultos mayores, los acaban internando en un asilo para que no sean un estorbo en la vida diaria de la familia, pero lamentablemente estos hogares de ancianos no siempre están legalizados, y otros que si lo están, muchas veces no les dan los cuidados necesarios, al contrario acaban siendo muy maltratados.

En el hogar puede ser que el anciano sí sea aceptado en la familia y se preocupen por él, pero la presión del trabajo, estudios, dinámica diaria, etc.; nos apartan del adulto mayor y este va quedando abandonado, otras veces puede ser porque la familia no entiende el proceso que vive el adulto mayor, y lo encuentra un estorbo que no quiere cooperar, en consecuencia lo apartan y finalmente acaba siendo abandonado.

Otros adultos mayores se encuentran abandonados en las calles porque su familia ya los segrego de su núcleo. También dicho abandono se presenta en las instituciones de salud que no les brindan la debida atención.

De lo anterior se observa que el adulto mayor puede estar abandonado hasta en su propia casa. Nadie se preocupa de él y si lo hacen es a medias. Esto ocasiona en el anciano sentimientos de estorbo deteriorando su vida afectiva, mental y física.

Si bien es cierto, en México se ha presentado un adelanto en políticas públicas y legislación en torno al tema, por ejemplo, en 1979 se crea el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), y en el 2002 se crea la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, 1998 se crea la norma oficial mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la Prestación de Servicio de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores.

Sin embargo, consideramos que dichas políticas públicas y la legislación creada, no han sido suficientes para su correcto cuidado, ya que, son medidas preventivas, y no erradican el problema ni tampoco sancionan a los que abandonan a los adultos mayores. La obligación de la sociedad y del Estado con las personas adultas mayores, debe ser la misma que se tiene con la niñez y la juventud.

Tenemos que estar muy conscientes que a todos en algún momento, nos alcanzará esta etapa de la vida, y definitivamente no nos gustaría ser abandonados y segregados de la sociedad. La baja tasa de natalidad, la mayor esperanza de vida y el crecimiento demográfico, hacen de nuestro país una nación de gente mayor, por eso, es necesario regular el tema en comento, ya que nosotros seremos los futuros adultos mayores de México.

Se debe fomentar nuevamente esa cultura del respeto hacia los adultos mayores, ya que son personas que nos transmiten conocimientos, valores, experiencias y sabiduría. El fomento se inicia desde el seno familiar como primera instancia y posteriormente en las aulas educativas.

El maltrato y abandono de adultos mayores ha sido denominado un “delito oculto”, porque ocurre frecuentemente detrás de puertas cerradas y nadie se entera. Además, el problema del abandono de adultos mayores, se da en todos los sectores de la sociedad sin exclusión alguna.

Los hijos por ley tienen el deber de atender sus necesidades básicas cuando ya no puede cuidarse por sí mismos, el Código Civil Federal a la letra establece:

Artículo 304.-Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado.

Artículo 309.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo, a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos.

Si se pone en riesgo su salud o su vida, aunque no sea intencionalmente, esto podría considerarse abandono y el abandono es un delito establecido en el Código Penal Federal:

Artículo 335.-Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos que, aunque si bien es cierto que dicha disposición es enunciativa más no limitativa, se debe agregar el supuesto de abandono al adulto mayor, de esta manera se le brindará mayor protección a este vulnerable sector de la población.

Es por las razones expuestas y fundadas, que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal

Artículo Único: Se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal.

Código Penal Federal

Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma o a un adulto mayor, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.

Notas:

1 http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/abono_social.p df

2 http://www.hospitalgeneral.salud.gob.mx/descargas/pdf/enfermeria/abono_social.p df

3 http://www.inapam.gob.mx/archivos/1/file/Enadis_2010_Inapam-Conapred.pdf

Recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Senador  Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador de la república en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 163, numeral I, 164, numerales I y II, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación, con base en la siguientes

Exposición de Motivos

Las alteraciones de conducta asociadas a las enfermedades neurológicas muestran cómo el sistema neuroendocrino, la amígdala, el hipocampo, las conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico, y la corteza frontal y la temporal regulan la emoción y la conducta. El hemisferio cerebral izquierdo media el lenguaje y las funciones cognoscitivas analítico-secuenciales, mientras que el hemisferio derecho tiene funciones perceptuales viso-espaciales y de síntesis. El hemisferio derecho se especializa en la percepción y expresión del ánimo y los sentimientos, mientras que el izquierdo trabaja con responsabilidades, conceptos lógicos y abstracciones.

La apreciación de situaciones sociales importantes requiere una integridad del hemisferio derecho, que permite analizar circunstancias asociadas a la expresión facial y corporal, tonalidad del lenguaje y prosodia. Hace que la expresión tenga credibilidad emocional.

Estas funciones deben estimularse desde la primera infancia en la etapa prelingüística mediante refuerzo visual, auditivo, cenestésico, táctil, balanceos, abrazos, sonrisas y palabras cariñosas acompañadas de expresión facial.

En la maduración neurolingüística, los niños aprenden a acompañar las experiencias emocionales con las palabras adecuadas.

Las lesiones cerebrales producen entonces cambios de conducta asociados a la interacción inadecuada en la función de los dos hemisferios, alteraciones en la función neuroendocrina, hipertensión endocraneana, medicamentos utilizados en el tratamiento y las circunstancias de ajuste y adaptación a la enfermedad crónica.

Las conductas agresivas, de oposición, desobedientes o de-safiantes se encuentran a menudo en la población infanto-juvenil como parte de un desarrollo evolutivo “normal”. Establecer los límites donde debe acudirse al profesional de la salud es difícil de concretar. Las pistas nos las tiene que dar la frecuencia, magnitud y perseverancia en el tiempo de la conducta en cuestión en función de la edad del niño. El hecho de que consideremos la manifestación de dicha conducta como trastorno leve o trastorno más severo tiene importancia vital, ya que de ello va a depender el tipo de intervención.

Cuando los problemas de comportamiento son considerados leves, la intervención psicológica se dirige a informar y asesorar a los padres (técnicas de dominio de contingencias, refuerzo...) principalmente. En el trastorno severo, el paidopsiquiatra, además, deberá trabajar directamente con el niño en tareas de evaluación e intervención como parte del tratamiento.

Los trastornos del comportamiento (TC) son extremadamente comunes en la infancia. De 2 a 7 por ciento de los niños en edad escolar cumple los criterios diagnósticos de TDAH (trastorno con déficit de atención con hiperactividad); * o bien, un TC.

Desde los primeros meses de vida pueden observarse en algunos casos conductas que a la larga podrían convertirse en TC. Concretamente:

Edad: 6 a 12 meses.

Manifestaciones o signos: Algunos autores afirman que pueden aparecer ya algunas conductas a la agresión.

Edad: 12 a 18 meses.

Manifestaciones o signos: Pueden establecerse conductas de empujar o golpear para obtener algo.

Edad: 18 a 24 meses.

Manifestaciones o signos: Se empiezan a observar conductas que pueden ser clasificadas de hostiles o agresivas hacia otros.

Edad: 30 a 36 meses.

Manifestaciones o signos: Se reducen las conductas agresivas que tienen como finalidad obtener alguna cosa y, en su lugar, empiezan a aparecer la agresividad verbal y las amenazas.

Edad: 36 a 48 meses.

Manifestaciones o signos: Repertorio de conductas obstinadas e intransigentes.

Edad: 5 a 6 años.

Manifestaciones o signos: Problemas de atención. Crueldad con los animales, comportamientos de oposición, mentiras, pequeños hurtos, etcétera.

Hay evidencias que los trastornos de conducta severos que presentan los preescolares sitúan a estos niños en un alto riesgo de presentar trastornos de conducta en edad escolar, adolescencia y edad adulta, lo cual indica la importancia de una detección e intervención precoz.

Características básicas de los trastornos de conducta:

• Trasgresión de las normas sociales.

• Agresividad.

• Impulsividad.

• Ausencia de sensibilidad a los sentimientos de los otros.

• Carácter manipulador.

• Permanencia en el tiempo de las conductas.

• Falta de respuesta a los premios y al castigo.

• Carácter inapropiado para la edad.

Factores del mal pronóstico:

• Comienzo de los TC a corta edad.

• Variedad, frecuencia y amplitud de los síntomas.

• Asociación con el TDAH.

• Ausencia de pautas educativas en la familia.

• Nivel económico y socio-cultural desfavorecido.

• Presencia de violencia y maltratos en el entorno próximo.

• Historia de conducta delictiva en la familia.

Los TC no son una entidad simple sino el resultado de la interacción de diferentes tipos de vulnerabilidad psicobiológica y de muchos tipos de estresores ambientales.

Desde la bioquímica se señala el problema de la autorregulación del sistema nervioso autónomo y problemas del metabolismo de las sustancias noradrenérgicas que estarían implicadas en la manifestación de agresividad. Aún no verificado del todo, algunos investigadores apuntan a la presencia de un nivel más elevado de testosterona en los sujetos con TC, lo que los predispondría a episodios disruptivos.

Los factores ambientales son igualmente importantes. Los abusos y el maltrato se apuntan como factores de alto riesgo para la génesis de los TC; las carencias afectivas severas en la infancia apuntan hacia el mismo sentido. También es de señalarse la influencia de los modelos inadecuados (padres delincuentes, maltratadores, alcohólicos, etcétera).

Los TC forman un conglomerado de síntomas que van desde la desobediencia y el insulto verbal, con menosprecio de las personas, hasta manifestaciones comportamentales de agresividad física extrema. Se ha comentado ya la multiplicidad de factores, internos y externos, decisivos en su génesis y expresión. Hoy por hoy, el tratamiento farmacológico con la psicoterapia (en los casos en que la medicación está indicada) se ha utilizado, según la gravedad, como los psicoestimulantes (metilfenidato) o antipsicóticos. La medicación, aunque puede mejorar mucho de los síntomas positivos (impulsividad, hipercinesia, agresividad, falta de atención...), no mejora los aspectos relacionados con las habilidades comunicativas o sociales. Las técnicas cognitivo-conductuales son las más utilizadas en la modificación de comportamientos disruptivos o agresivos.

La intervención es multicontextual y se aplica una vez efectuados la evaluación y el análisis funcional de la conducta o conductas problemáticas.

La entrevista con los padres es fundamental, en un primer momento, para obtener información, pero ésta no suele estar expresada en términos conductuales sino en términos de su propia interpretación. Puede ocurrir también que haya discrepancias entre diferentes miembros de la familia acerca del origen o mantenimiento del problema. Igualmente puede ocurrir que el niño sea etiquetado como “problemático” o “rebelde” sin que los padres o los profesores asuman compromiso alguno. A estas alturas ya se habrá establecido un marco de interacciones verbales coercitivas y desafiantes entre ambos lados, que llevarán sólo a la perpetuación del problema.

Un niño con TDAH supone gran estrés añadido para el maestro. El aula constituye un entorno colectivo en el que hay un orden y un tiempo. No obstante, para estos niños las situaciones demasiado estructuradas entran en conflicto con su propio estilo de funcionamiento cognitivo y motriz.

Hay que tener en cuenta siempre que necesitarán efectuar mayor esfuerzo respecto a otros niños sin el trastorno para concentrarse o mantener la atención. Cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, y esto es especialmente cierto con los que presentan déficit de atención.

Por lo general, estos niños no presentan discapacidades intelectuales relevantes, y se sitúan en el grupo normativo (CI entre 80 y 115) en la mayoría de los casos.

Lo que sí ocurre con cierta frecuencia es que son claros candidatos a desarrollar problemas específicos del aprendizaje (dislexia –trastorno del lenguaje–), disgrafía (trastorno de la escritura), discalculia (trastorno del cálculo) u otros, debido a sus problemas de atención y la dificultad de trabajar en tareas secuenciales o de seriación.

A medida que el niño crece y acumula cierto retraso en el aprendizaje, pueden aparecer baja autoestima, desmotivación y abandono fácil de cualquier actividad académica.

Al respecto, en el Partido Verde Ecologista de México estamos trabajando en la redacción de iniciativas que favorezcan la vida de los niños en el país. Por ello se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación

Articulo Único. Se adiciona la fracción IV Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Artículo 13.Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. a III. ...

IV.Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la secretaría determine;

IV Bis. Otorgar capacitación a los educadores para detectar alteraciones en la conducta de los niños y los adolescentes con el fin de brindarles atención o tratamiento oportuno.

V. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

* El TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se caracteriza por tres síntomas principales: falta de atención, hiperactividad, tanto motora como verbal, e impulsividad. Estos síntomas pueden ir acompañados de otros signos, como los de tipo aprendizaje. Los tres principales (inatención, hiperactividad e impulsividad) no necesariamente tienen que aparecer a la vez, sino que hay un amplio espectro de conductas.

Son niños que pueden presentar problemas a nivel escolar por la falta de atención, no consiguen concentrarse en lo que están haciendo, sobre todo si necesitan realizar una actividad en la que se requiera atención sostenida. Por ello no terminan los trabajos y los dejan a medio hacer, se distraen muy fácilmente y parece que “están en la nubes”. Parecen estar siempre en continuo movimiento, no paran ni están quietos, interrumpen con frecuencia al profesor, molestan a los compañeros... En ocasiones dicen cosas sin tener en cuenta las repercusiones afectivas que pueden tener en otras personas.

Pero hay que tener cuidado porque este trastorno puede presentarse de diferentes formas; es decir, hay un tipo en el cual la falta de atención es evidente, junto con la hiperactividad y la impulsividad. El segundo tipo se caracteriza por la falta de atención, pero son personas muy tranquilas. El último tipo tiene un predominio de hiperactividad y de impulsividad, pero no presentan problemas en la atención.

La frecuencia con que aparece es de 3 a 10 por ciento de la población escolar, aunque hay cierto consenso en 5 por ciento. La incidencia es mayor en niños que en niñas.

Recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en el artículo 171, fracción I, del Reglamento para el Senado de la República, se indica la correlación con una próxima iniciativa con proyecto de decreto por el que propondrá reformar el artículo 3o., y se adicionan los artículos 2o. Bis y 4o. Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué es la delincuencia organizada? Se trata de un grupo social con una estructura bien establecida y con miembros que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada deben responder a la estructura y cumplir con una determinada función.

El crecimiento exponencial y la impunidad de estos grupos han creado cambios constantes en el entorno de México que han representado fuertes retos para el gobierno. Esto en razón de la preparación que las organizaciones delictivas tienen en la actualidad. Muchos de los miembros de la delincuencia organizada estudian carreras universitarias, asisten a conferencias, seminarios, diplomados o hasta posgrados; toman cursos de tácticas paramilitares; contratan administradores y demás personal capacitado para que lleven la contabilidad y los pormenores de los diferentes negocios, etcétera. Creando con lo anterior estructuras económicas y financieras cada vez más complejas.

Considerando que es un hecho irrebatible la industria de la delincuencia organizada. Luego entonces cabría preguntarse si el delincuente que actúa en solitario infringiendo una norma ¿No estará acaso coadyuvando con su acto u omisión jurídicamente punibles al crecimiento o sostenimiento de la delincuencia organizada?

Para contestarnos con precisión este cuestionamiento, resulta pertinente considerar lo que se conoce como “Acto final”. De modo que si este último implica un comportamiento que en última instancia beneficia por cualquier vía a las redes de la delincuencia organizada, estaríamos hablando que el sujeto activo cometió un Acto de delincuencia organizada.

De acuerdo con el carácter finalista de este hecho punible, la acción humana encierra el ejercicio de una actividad dotada de sentido, de finalidad. La acción es, por lo tanto, un acontecimiento finalista y no solamente casual. La finalidad o actividad finalista de la acción se fundamenta en que el hombre, sobre la base de su conocimiento casual, puede prever en determinada escala las consecuencias de una actividad.

Los grupos de la delincuencia organizada han conformado sociedades complejas, con estructuras de funcionamiento, como las que son propias de las empresas bien establecidas que tienen por objeto la realización de actos de comercio o de lucro lícitos. La delincuencia organizada puede formar parte del desarrollo económico, político, cultural y social de las entidades federativas del país ¿Como logran esto? Sencillo, infiltrándose en el núcleo fundamental, en la base de la sociedad, que es la familia, creando escenarios temporales de prosperidad y de monopolios de impunidad, para evadir la punibilidad de los delitos asociados con sus actividades.

Los grupos de la delincuencia organizada han recurrido al chantaje, a los sobornos y a las amenazas, para corromper a los funcionarios públicos, así como a las corporaciones policiacas en todos sus sectores y niveles, logrando con esto una infiltración considerable en los órganos públicos, para así llevar a cabo sus fines ilícitos, en los que enfocan sus actividades.

El fenómeno de la delincuencia organizada, se ha convertido en una verdadera pandemia en nuestro país; ha infectado a gran parte de la sociedad, logrando que las diferentes demarcaciones político jurídicas sean seducidas en su momento por el poder económico y de fuego de los diversos grupos criminales, bajo la creencia de que representaban cuando menos una solución al grave problema del casi nulo crecimiento o desarrollo económico, y ofreciéndoles a cambio una casi completa impunidad.

La impunidad a que se está haciendo referencia, también obedece a otros factores que operan a favor de la delincuencia organizada, verbigracia: los intereses económicos de la clase política, industrial o empresarial –los cuales se benefician con las diversas actividades que implica el lavado de dinero– la desigualdad, la falta de oportunidades y el desempleo; el mal funcionamiento de los órganos Judiciales y de procuración de justicia, y finalmente, la inadecuada o deficiente forma de combatir el problema desde la dimensión normativa.

Es sobre esto último donde se pondrá especial énfasis, pues no sobra decir, que México ha sido omiso en adoptar o incorporar en su legislación los estándares internacionales contemplados en instrumentos del derecho internacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la llamada Convención de Mérida contra la Corrupción. Algunas disposiciones contenidas en estos instrumentos internacionales, hacen énfasis en la necesidad de orquestar a nivel institucional nacional y externo, una serie de medidas que posibiliten un ataque contundente y efectivo a la estructura financiera de la delincuencia organizada; que erradiquen de guisa radical la corrupción de las altas esferas políticas y burocráticas; que optimicen los sistemas de administración y de procuración de justicia.

Sin embargo, se puede comenzar por lo más mínimo, es decir, analizar concienzudamente si en nuestro ordenamiento fundamental y leyes secundarias, se establece el concepto de delincuencia organizada transnacional, como una categoría conceptual provista de los elementos considerados en los estándares internacionales. Pues no se puede augurar un combate efectivo a dicho fenómeno, si no se estudia, analiza y se visualiza a la luz de las experiencias y los conocimientos técnicos aportados por la comunidad internacional. Máxime cuando se trata precisamente, de un fenómeno de carácter transnacional.

Por ende, por este conducto se pretende reformar el artículo 16 constitucional así como los artículos de las leyes secundarias correlacionados, para adoptar una definición de delincuencia organizada que contenga los elementos incorporados en las definiciones del derecho convencional internacional.

La definición vigente de delincuencia organizada contemplada en el artículo 16 constitucional y en la ley secundaria correspondiente, no garantiza la plena imputabilidad y punibilidad de los agentes que caen en las diferentes situaciones de hecho que son consideradas como delitos que con carácter de delincuencia organizada transnacional, vistos desde la óptica del derecho internacional.

Ciertamente la delincuencia organizada no expide identificaciones o credenciales que acrediten la pertenencia a los diferentes grupos criminales, por lo que la acreditación de los extremos legales para configurar la agravante del delito en comento, suele ser compleja, y en consecuencia, en algunas ocasiones miembros de la delincuencia organizada quedan impunes. Sobre todo, cuando se trata de elementos de operación o de mando medio que no son muy conocidos por las corporaciones policiacas o de procuración de justicia.

Con el propósito de remediar el cáncer que constituyen estos grupos delincuenciales, es que se propone modificar el artículo 16 constitucional, asimismo de manera correlacionada a una próxima iniciativa, el artículo 2 de La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De forma tal que las autoridades de administración y de procuración de justicia encuentren mayores elementos en la norma, para inculpar y enjuiciar a los presuntos responsables de la comisión de delitos que encuadren en la agravante de delincuencia organizada. Llevando a cabo para ello, aportaciones teóricas y conceptuales, que permitan dilucidar de una mejor manera lo que debe entenderse verbigracia por actos de delincuencia organizada.

Con lo cual, se podrían juzgar con mayor certidumbre los supuestos de hecho tipificados como delitos, en los que los agentes, aun cuando no pertenezcan formalmente a las organizaciones criminales, e incluso actuando en solitario, beneficien de cualquier modo a la delincuencia organizada. Con lo anterior, se complementarían las hipótesis jurídicas para poder encuadrar la agravante de delincuencia organizada, en los casos que en la actualidad están escapando del brazo coercitivo del Estado. No obstante que encierran hechos delictivos, que favorecen a dicho lastre y alimentan la impunidad.

La estructura del crimen organizado ha pasado por un largo proceso de maduración y consolidación, por lo que se conoce como funciona y como opera, y cuáles son los delitos en específico en los que éste concentra su actividad criminal. Pero cabe reconocer que, por ejemplo, si bien es cierto, como conducta tipificada, robar un pan es sustancialmente lo mismo que robar un carro, también es cierto que el pan no lo utilizarían el agente o los agentes activos para matar, secuestrar o perpetrar otros delitos más. En cambio, tratándose del carro, éste sí puede ser objeto del delito e instrumento del delito al mismo tiempo, para favorecer en este último caso a la industria criminal.

Y si estamos en el entendido que las actuales organizaciones criminales, funcionan como una industria que busca acrecentar sus recursos para poder invertir y reinvertir en la diversificación de sus negocios ilícitos, en delitos más graves y más complejos, no debe pasarse por alto que el delincuente que actúa en “solitario”, también podría estar fomentando la industria del crimen organizado, al perpetrar un acto de delincuencia organizada.

De cierta guisa, con la incorporación de la categoría conceptual de “acto de delincuencia organizada”, se pretende adoptar algunas de las premisas contempladas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como por ejemplo lo relacionado con “los delitos determinantes”. Asimismo, se persigue echar mano de las valiosas orientaciones que se desprenden de dicho instrumento internacional, por lo que ve a la variedad de conductas que podrían ser tipificadas como delitos relacionados con la delincuencia organizada. Orientaciones que se contemplan verbigracia en el artículo 5 de la Convención.

En este sentido, estamos de acuerdo que los hombres que pertenecen a estas organizaciones y los que no pertenecen, terminan siendo parte de las estructuras de la delincuencia organizada o apoyo de éstas, en razón del carácter finalista de la acción. Tomando en cuenta las acciones u omisiones de los agentes, como acontecimientos finalistas y no solamente casuales.

El párrafo noveno del artículo 16 constitucional establece lo que debe entenderse por delincuencia organizada. De este modo, los actos de la delincuencia organizada, se constituyen por delitos que se cometen en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Así, tenemos que el dispositivo constitucional en comento, es escueto o insuficiente al contemplar una única hipótesis para encuadrar al fenómeno de la delincuencia organizada.

Pues según el texto en comento, se entiende por ésta una organización de hecho de tres o más personas, que tiene por objeto el que se ya se apuntó en el párrafo anterior. Por lo cual, se deja fuera a aquellos sujetos que actúan por sí solos, con o sin orden de algún jefe o líder de algún grupo de delincuencia organizada, pero cuyas acciones u omisiones redundan en beneficio directo o indirecto de ésta. Con lo que estarían llevando a cabo actos de delincuencia organizada.

Esto último, tomando en consideración las aportaciones teóricas del jurista Hans Welzel, el cual es precursor de la teoría de la acción finalista, que plantea una sistematización jurídico penal del delito, con base en que la acción, encierra una conducta voluntaria, que persigue siempre un fin.

Las estructuras de la delincuencia organizada tienen mucho tiempo operando, y los actos o actividades de los que se sirve, en muchas ocasiones provienen no necesariamente de los miembros de una organización de hecho o de las órdenes de los jefes de éstas. Imaginemos un sujeto que comete individualmente robo de automóviles, que no pertenece a ninguna organización de delincuencia organizada, pero que vende sistemáticamente los autos robados a quienes si se asumen como miembros de ésta (fruto del acto), cuando estos últimos cometen otra serie de delitos, como secuestros, trasportes de estupefacientes, etcétera, utilizando a los autos como instrumentos del delito.

En tal supuesto, el individuo que originalmente roba automóviles, finalmente estaría cometiendo un acto de delincuencia organizada ¿Por qué entonces la agravante de delincuencia organizada no debe imputársele también a éste?

La propuesta que se somete a consideración de esta honorable asamblea, consiste en reformar levemente el noveno párrafo del artículo 16 constitucional. Con la intención de establecer qué es un acto de la delincuencia organizada y así encuadrar un abanico más amplio de hipótesis, que en el contexto internacional constituyen conductas que deben ser sancionadas por considerarse que son propias la delincuencia organizada transnacional. Con lo cual se apoyaría la labor jurisdiccional del Poder Judicial y la de la procuración de justicia, al momento de combatir este fenómeno.

El párrafo noveno del artículo 16 constitucional actualmente dice:

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Por lo que cabría hacer algunas adiciones al texto en comento, para incorporar mayores elementos que permitan debilitar de manera integral la estructura de los diferentes grupos de la delincuencia organizada.

En tal virtud, se adiciona el supuesto de que debe compartir la misma suerte que un miembro de la delincuencia organizada, aquel individuo que cometa actos de delincuencia organizada, con o sin orden expresa de algún miembro de alguna organización.

Ya que por virtud del contenido del texto vigente del noveno párrafo del artículo 16 constitucional, se deja fuera de la hipótesis que pretende explicar a la delincuencia organizada, a aquellos sujetos que actúan por sí solos, con o sin orden de algún jefe o líder de algún grupo de delincuencia organizada, pero cuyas acciones u omisiones redundan en beneficio directo o indirecto de ésta.

Cabe mencionar que el desentrañamiento de lo que implica un acto de delincuencia organizada, será materia de la reforma a la ley secundaria correspondiente, es decir, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por tanto, resulta necesario recalcar que la presente iniciativa está correlacionada con otra diversa, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, y se adicionan los artículos 2o bis y 4o bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el noveno párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 16.Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. La cual fijará las sanciones correspondientes para los miembros de dichas organizaciones. Se juzgará con el mismo rigor a aquel sujeto que cometa individualmente actos de delincuencia organizada, con o sin orden expresa de algún miembro o líder de alguna de las organizaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que adiciona el artículo 403 Bis al Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Los hechos de violencia política tienen objetivos concretos en época electoral: intimidar o eliminar candidatos, controlar comunidades  para influir en la intención del voto y por ello, impedir que tomen una decisión electoral libre y legítima. El aumento de la violencia durante los periodos electorales representa un gran desafío para las instituciones del Estado que deben garantizar las condiciones de seguridad y confianza y evitar la ocurrencia e impunidad de este tipo de hechos.

Lamentablemente en México el crimen organizado ha diversificado su actuación y busca extender sus brazos a actividades como la materia electoral. En virtud de la problemática que se plantea se propone la presente iniciativa para incorporar en el Código Penal Federal un  artículo 403 Bis, para tipificar como delito las conductas que la delincuencia organizada realice para incidir en la intención del voto en los procesos electorales.

Argumentos

Las instituciones mexicanas deben estar preparadas para enfrentar las incidencias que aparezcan durante el proceso electoral. México cuenta con instituciones sólidas, que actúan apegadas a derecho. Esto es así porque los mexicanos contamos con autoridades como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Tribunal Electoral y una fiscalía, dependencias públicas que obligan a pensar que las elecciones que se celebren en territorio nacional, están blindadas.

Sin embargo la realidad arroja que esto no es así, porque basta recordar los hechos de violencia registrados el año pasado en el estado de Tamaulipas en el que fue privado de su vida un candidato; el mismo suceso se presentó en el municipio de La Piedad en el estado de Michoacán, en donde de igual manera, los grupos violentos se manifestaron y donde le arrancaron la vida al alcalde.

Por todos esos argumentos el Estado mexicano debe tener capacidad para brindar protección y seguridad a todos los candidatos en los comicios que se avecinan. Es innegable que esas prácticas afectan al voto.

La preocupación más grande proviene del crimen organizado porque la violencia que desarrollan podría desestabilizar al proceso electoral. Si no se implementan medidas urgentes las circunstancias pueden rebasar a nuestras instituciones.

Los tipos de amenazas a la seguridad se incrementan en una elección. En términos de seguridad, este escenario refleja el incremento de un riesgo estructural, por las operaciones del control que ejercen los grupos delictivos y que atentan contra la integridad física y de la vida de los votantes, hechos que representa un riesgo significativamente mayor

Es bien conocido en el ritual la democracia, que las elecciones despiertan amenazas de parte de los diferentes grupos violentos. La delincuencia organizada tienen la capacidad y motivación para llevar a cabo ataques espectaculares con el objetivo de impulsar e imponer por la vía violenta sus propios intereses, por lo que se vuelve una oportunidad atractiva para que desde la sede del poder legislativo impulsemos medidas legales que permitan persuadir y disuadir a los enemigos del orden público, a cometer cualquier acto tendiente a inhibir a los electores a sufragar libremente por el candidato de sus preferencias

Las tensiones políticas que crecen durante una elección ofrecen a los grupos del crimen organizado una oportunidad atractiva, al mismo tiempo se dificulta enormemente la habilidad de las autoridades para dar cobertura a todos los incidentes que se presenten en el proceso electoral.

A poco más de seis meses para que México celebre elecciones presidenciales, un proceso crucial en el que el mayor reto a vencer es la inseguridad, porque la violencia es la mayor amenaza para la democracia en nuestro país. La incertidumbre repercute, necesariamente en la baja participación en los procesos electorales, por lo que el Estado mexicano se debe preparar para ese evento crucial para la democracia.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6.1.I, 77.1 y 55 fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 403 Bis al Código Penal Federal

Único. Se adiciona un artículo 403 Bis al Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 403 Bis. Al que por medio de la violencia, física o moral, amenace, durante el proceso electoral, la seguridad de uno o más de los votantes, con causarles un mal en su persona, bienes, o derechos, o de las personas, con quien mantengan o estén ligados por cualquier vínculo de parentesco, consanguíneo, afinidad o de carácter civil, y que tenga por objetivo persuadir en la intención del voto, para favorecer a algún candidato en particular se impondrá de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo.

Si el amenazador cumple su amenaza se acumularán la sanción de ésta y la del delito que resulte.

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LEY FEDERAL DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, suscrita por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Planteamiento del problema

Las dificultades de los causantes comienzan con el trámite de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y su respectiva incorporación a determinado régimen fiscal, por lo que se agudizan dichas dificultades al identificar sus obligaciones tributarias, determinar y enterar correctamente sus impuestos e, incluso, continúan a veces aun extinguidas sus obligaciones.

Cumplir con las disposiciones tributarias adecuada y oportunamente, requiere instrumentar una contabilidad especial para efectos fiscales, con adición a la financiera; controlar sus ingresos con base a flujo de efectivo para calcular el impuesto al valor agregado y el impuesto empresarial a tasa única y con base a devengado para el impuesto sobre la renta; cumplir con requisitos adicionales para hacer efectivas las deducciones; presentar numerosas declaraciones provisionales, anuales e informativas; así como integrar una estructura informática mínima para emitir la facturación electrónica, y, en su caso, retener y enterar impuestos de terceros, amén de dictaminar cuando proceda sus estados financieros para efectos fiscales por contador público registrado.

Es cierto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de las acciones que ha realizado en los últimos años para simplificar su relación con el contribuyente, ha permitido realizar entre otros, por internet: la solicitud de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, la solicitud de devolución, la solicitud de cambio de domicilio, y el pago de impuestos con tarjeta de crédito.

Con esto, se le otorgan al contribuyente mayores herramientas, para que, desde su casa, oficina, café internet o desde cualquier parte, pueda cumplir con sus obligaciones fiscales.

Ahora, estos trámites se pueden hacer por internet, los 365 días del año, las 24 horas del día, en cualquier lugar, eliminando por completo el uso de documentos en papel, ya que la documentación necesaria se manda por internet en archivo electrónico.

Con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales por Internet, el SAT manifestó que:

1. Se obtiene la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en línea, de forma inmediata, a cualquier hora, todo el año; en lugar de esperar 20 días para recibir una constancia de que estaba al corriente de sus obligaciones fiscales quien quería vender o prestar servicios al gobierno, obtener algún estimulo fiscal o tramitar un subsidio.

2. Se verifica la situación fiscal del contribuyente: su estatus en el RFC, si ha pagado los impuestos que le corresponden y si tiene a cargo algún crédito fiscal.

3. Se beneficia a los contribuyentes que solicitan casi 4 millones de opiniones al año y se mejora la competitividad de los negocios.

El SAT a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales revisa en base a sus registros que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, que no tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos federales, entre otros.

En caso de que la autoridad detecte inconsistencias de acuerdo a sus registros, se lo hará saber al contribuyente, a través de su opinión, especificándole cual es la inconsistencia de que trata.

Si la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales resultará con inconsistencias relacionadas con la clave del RFC o presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de acuerdo, este último deberá ingresar un caso de aclaración a través de “Mi Portal” y una vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, deberá proceder a generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Dicha opinión del cumplimiento de obligaciones que emita la autoridad en sentido positivo, tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión, asimismo, se indica que la opinión se emite considerando la situación del contribuyente que se tiene en sus sistemas electrónicos, por lo que no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados.

Es importante señalar que en diversas ocasiones se han presentado inconsistencias y reportes en donde se señala una opinión negativa por parte del SAT, siendo que los contribuyentes han cumplido oportunamente con la presentación de pagos, declaraciones, situación que se corrige al presentar a través del portal electrónico los documentos probatorios por parte del contribuyente.

Argumentación

Hay buenas razones para considerar que el sistema impositivo juega un papel de mucha relevancia para el objetivo de cohesión social. Los impuestos son una herramienta fundamental de financiamiento para la mayoría de los Estados; los sistemas impositivos son concebidos, en su gran mayoría, teniendo en cuenta principios de equidad y justicia; y los impuestos también ejercen efectos sobre el desempeño de la economía. Todos estos son elementos que guardan una relación directa con el objetivo de cohesión social.

Sin embargo, hay otro aspecto del sistema impositivo, “la simplicidad”, que puede resultar igualmente clave para que éste lleve a la práctica su contribución a la cohesión social. En efecto, la complejidad (o la ausencia de simplicidad) en el sistema tributario es un factor que puede producir exclusión y desigualdad.

En México, se ha desarrollado uno de los sistemas fiscales más injustos e inequitativos, esto puede ser sustentado a través de múltiples estudios presentados en el tiempo por diversas organizaciones públicas y privadas, así como por organismos internacionales, entre ellos de la Organización y Cooperación Económica, donde se puede concluir que nuestro sistema de administración tributaria, se ha convertido en un facilitador de las prácticas de elusión y evasión.

La simplificación debe ser un derecho del contribuyente, el ideal que se busca es contar con un sistema tributario simple y eficiente. Simple en la medida en que facilite al contribuyente el conocimiento de las obligaciones tributarias a que está sujeto; eficiente, toda vez que si se hace más simple, pondrá a la administración, no sólo en capacidad de recaudar y administrar adecuadamente el sistema, sino y sobre todo, potenciar sus posibilidades de fiscalización; y más equitativo, en la medida en que se elimina una serie de distorsiones existentes actualmente.

De ahí que los cambios deban orientarse a que la estructura tributaria del país tienda a ser simple, equitativa y coherente con el modelo de desarrollo nacional adoptado. Con esto se logrará una mayor transparencia en la administración de la Hacienda Pública, fortaleciendo con ello el régimen democrático y propiciando una mayor certeza en la planeación a largo plazo para impulsar la inversión tanto nacional como extranjera.

En este sentido el informe de opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales tiene un impacto relevante, ya que los contribuyentes que pretendan ser contratados por la administración pública federal centralizada, paraestatal, o con la Procuraduría General de la República como proveedor, obtener alguna autorización en materia de impuestos, comercio exterior o para el otorgamiento de subsidios y estímulos, se ven perjudicados cuando por inconsistencias en los sistemas del SAT, ajenos completamente al contribuyente, se emiten reportes en sentido negativo que afectan su actividad de negocios en forma importante.

Por eso, es importante señalar que en diversas ocasiones se han presentado inconsistencias y reportes en donde se señala una opinión negativa por parte del SAT, siendo que los contribuyentes han cumplido oportunamente con la presentación de pagos, declaraciones, situación que se corrige al presentar a través del portal electrónico los documentos probatorios por parte del contribuyente

En este orden de ideas, ya que la opinión del cumplimiento de obligaciones que emite la autoridad puede tener inconsistencias en los sistemas electrónicos del SAT, no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados, pero como expliqué si lo afecta al contar con información errónea, como por ejemplo al participar en licitaciones con el sector público, donde quedaría fuera por un error ajeno al mismo, propongo que al presentarse inconsistencias, la autoridad tenga un periodo máximo de 3 días hábiles, una vez que presente el contribuyente los documentos probatorios, para emitir la opinión favorable en su caso.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVI al artículo 2o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para quedar como sigue:

Artículo 2o.-Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes

Fracciones I a XV...

Fracción XVI. Derecho a contar con información actualizada y correcta, respecto de la opinión del cumplimiento de obligaciones que emite la autoridad fiscal.

En caso de que la misma presente inconsistencias, la autoridad fiscal, tendrá 3 días hábiles, una vez que presente el contribuyente los documentos probatorios, para emitir la opinión favorable en su caso.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor, al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 25 de enero de 2012.— Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Iniciativa que reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 78 del Código Federal de Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que en México los derechos político-electorales de las mujeres han tenido avances significativos, pero los resultados son aún insuficientes. Entre las acciones positivas incluye las cuotas de género para candidaturas, órganos de dirección partidista y la etiquetación de recursos financieros.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, uno de cada cinco cargos parlamentarios los ocupan las mujeres. Esto denota que las mujeres que deciden ingresar a la política enfrentan numerosos obstáculos.

Con la reforma electoral de 2008 se incorporó un artículo para la etiquetación de un porcentaje del presupuesto de los partidos políticos para ser destinado específicamente a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el cual establece:

Artículo 78

“1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes (...)

...

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público ordinario.”

Pese a lo anterior, al fiscalizar el ejercicio de estos recursos, tan sólo en 2008 y 2009 se encontraron serias inconsistencias en su implementación.

Por ello la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral en coordinación con el Movimiento 2 por ciento y Más Mujeres en Política promovieron un nuevo Reglamento de Fiscalización tendente a establecer el uso adecuado de este recurso y fue hasta el 7 de julio de 2011 cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Este documento obliga a:

• Presentar de los 30 días siguientes a la aprobación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo, un programa de gasto para actividades específicas y otro para gasto del 2 por ciento.

• La obligación de apertura de una cuenta independiente para los recursos.

• La obligación de elaborar un plan anual de trabajo para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres con actividades en el país y que beneficien al mayor número de mujeres posibles.

• La obligación de registrar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, todas las investigaciones y su producto editorial, así como materiales editoriales y audiovisuales.

• La obligación de presentar medios de comprobación de los eventos (los cuales serán verificados por la autoridad electoral), y de las investigaciones. Los medios de prueba son: convocatoria al evento, programa, lista de asistentes con firma autógrafa, fotos, videos o reportes de prensa, material didáctico y publicidad del evento. En el caso de investigaciones, presentar los resultados de la misma.

En este orden de ideas, a nivel local este financiamiento etiquetado representa un logro en la incorporación de la perspectiva de género en la política. Actualmente son cuatro estados los que destinan más del 2 por ciento a este rubro:

Código Electoral de Oaxaca

Artículo 62. ...

III. Cada Partido Político tendrá derecho a recibir hasta el cinco por ciento adicional del financiamiento anual que le corresponda, de acuerdo al párrafo 1, inciso a), de este artículo, par la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Código Electoral del DF

Artículo 222: Son obligaciones de los Partidos Políticos:...

XVIII. Destinar al menos 3 por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que se les asigne, para la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos, así como, al menos el 2 por ciento para liderazgos juveniles.

Código Electoral de Chihuahua

Artículo 41.

1. Son obligaciones de los partidos nacionales y estatales: ...

Los partidos políticos habrán de canalizar el 15 por ciento del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes con el fin de impulsar diversos mecanismos en materia de perspectiva de género;

Código Electoral de Sonora

Artículo 29. ...

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, cuando menos el tres por ciento del financiamiento ordinario.

Por consiguiente, si bien actualmente la legislación federal contempla como rubro de capacitación la igualdad sustantiva y efectiva de género consideramos que es menester no delimitar el fomento del liderazgo político de las mujeres al 2 por ciento, sino establecerlo como un mínimo.

No debemos olvidar que la participación política es un derecho de las mexicanas y los mexicanos, por lo que no debe excluirse a las mujeres ya que sin la participación activa de ellas no podemos hablar de democracia.

Asimismo debemos eliminar los obstáculos que enfrentamos al ingresar a este medio; uno de ellos es la falta de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades que la política requiere y sin duda, con esta propuesta, estamos contribuyendo a erradicar estos vicios.

Es momento que las mujeres participemos activamente en la toma de decisiones de este país pero en condiciones de equidad e igualdad y no continuar siendo una minoría, por ello requerimos fiscalizar a las instituciones encargadas de ello ya que este tema sigue pendiente en nuestra democracia.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforma la fracción V del artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 78

1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes...

...

V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, por lo menos el dos por cierto del financiamiento público ordinario.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1. Cárdenas, Natividad (2011), El Financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, Cuadernos de divulgación de la justicia electoral 1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones, del Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de enero de 2012.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud.

El senador Adolfo Toledo Infanzón: Dele turno, presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 322 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La protección de la salud es una prerrogativa que la Constitución consagra como derecho humano y social, cuya finalidad consiste no sólo en recuperar el bienestar cuando sobreviene alguna enfermedad sino, más aún, en preservar la salud de los individuos; es decir, tiene como principal objetivo conservar la integridad y el correcto funcionamiento de los humanos, requisito indispensable para lograr la superación individual y colectiva, así como propiciar el desarrollo social, económico y político que perseguimos como nación.

La promoción y protección de la salud de la comunidad son indispensables para el desarrollo económico y social de cualquier nación, de ahí que históricamente haya surgido el concepto de seguridad social, el cual comprende el establecimiento de un régimen de bienestar que se concentra en la satisfacción de las necesidades de la mayoría, como la salud. Sin embargo, un régimen de bienestar que garantice a cabalidad el derecho a la salud inexorablemente debe completarse a través del establecimiento de un esquema de vigilancia, pues a través del mismo se incidirá directamente en la preservación de la salud pública de la población y, por ende, en el desarrollo del propio país.

La garantía constitucional al derecho a la salud procura principalmente que se provea lo necesario para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana y otorgar servicios de salud de satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. En ese sentido, el abasto suficiente para afrontar dicha garantía consiste generalmente en la existencia de medicamentos y la oportuna prestación de servicios médicos, pero además de grandes cantidades de sangre para abastecer los diversos bancos existentes en todo el territorio nacional.

A guisa de ejemplo, podemos enfatizar que a causa de los miles de heridos que ha dejado la violencia en México y por padecimientos cronicodegenerativos, principalmente, los bancos de sangre en el país no poseen reservas suficientes para afrontar responsablemente su labor de suministradores de ésta al sistema de salud.

Los principales demandantes de sangre son los pacientes que sufren por leucemias y cánceres, así como heridos por disparos, arma blanca, atropellados o golpeados, pues contiene proteínas para coagulación; de ahí que la transfusión de sangre o de sus derivados se haya convertido en una parte imprescindible en la actual asistencia sanitaria que se brinda en el país.

En este contexto se presenta nuestra propuesta de reforma de la Ley General de Salud, considerando oportuno y por demás conveniente que la Secretaría de Salud, en el marco de las facultades que le confiere dicho ordenamiento, ejecute un programa nacional permanente de donación de sangre, y lograr así una mayor cobertura de ésta en las clínicas y hospitales del sistema de salud en México.

Innegablemente, el país requiere que fortalezcamos una cultura de la donación de órganos que procure mayor participación de las personas, pues aún es una cultura con la que los mexicanos no se encuentran totalmente familiarizados. De ahí que la propuesta encuentre plena justificación ética y moral, apelando a la función rectora del Estado en materia de salud pública.

De conformidad con lo expuesto, se proponen la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona un párrafo quinto al artículo 322 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 322. ...

...

...

...

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud, la que además ejecutará permanentemente una campaña nacional de donación altruista de sangre que garantice su abasto al servicio de salud.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Le doy turno de una vez, señor senador? Con gusto. Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

NOMBRAMIENTOS DE EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y PLENIPOTENCIARIOS DE MEXICO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión; en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante las Repúblicas de Yibuti y Democrática del Congo, así como representante permanente ante la Unión Africana

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo, así como representante permanente ante la Unión Africana, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 12 de enero de 1959, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que es egresado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con Maestría en Estudios Latinoamericanos.

Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1982, donde laboró en las direcciones generales de Tratados; para América Latina y el Caribe; y de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos.

Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1990. Fue el primer Agregado de Cooperación de México en Centroamérica, adscrito en la Embajada de México en Costa Rica, de 1991 a 1996. Contribuyó a la definición del andamiaje institucional del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, como Representante Alterno en la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, DC, de 1996 a 1999. Fungió como representante permanente alterno de México ante la UNESCO de 2004 al 2008.

De 1999 a 2004, desempeñó el cargo de Coordinador Nacional Adjunto de México en el Grupo de Río, la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, la Cumbre de las Américas, el Grupo de los Tres, además de haber sido el representante permanente alterno de México ante el OPANAL.

Fue condecorado por el gobierno de Venezuela con la Orden de El Libertador, en grado de oficial y recibió la Condecoración Servicio Exterior Mexicano 25 años.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz a una reunión donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada en la República Democrática Federal de Etiopía y en las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo.

La mencionada reunión tuvo lugar el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

México y Etiopía establecieron relaciones diplomáticas en 1949 y abrieron Embajadas en las dos capitales en 1963. México cerró su Embajada en Addis Abeba en 1989, debido a restricciones presupuestarias, y la volvió a abrir en 2007. El Gobierno de Etiopía cerró su representación en México en 1990. No obstante, se encuentra representado de manera concurrente desde Washington, DC, y mantiene un Consulado Honorario en la Ciudad de México.

Etiopía es el 141° socio comercial de México a nivel global (141° comprador y 127° abastecedor) y el 26° en África (22° comprador y 22° abastecedor).

En los últimos diez años el comercio entre México y Etiopía disminuyó 9.3%, al pasar de 3.3 millones de dólares (mdd) en 2000 a 3.0 mdd en 2010. Las exportaciones mexicanas disminuyeron 29.8%, de 1.0 mdd a 0.7 mdd, en tanto que las importaciones de Etiopía lo hicieron en 0.4%, registrando la misma cantidad de 2.3. mdd (en 2000 y 2010). Durante todo el período, se registró un déficit para México (excepto en 2002 y 2007) en la balanza comercial.

En 2010 el comercio bilateral se ubicó en 3.0 mdd, cifra 28.4% menor a la del año anterior. Las exportaciones mexicanas (0.7 mdd) aumentaron considerablemente, mientras que las importaciones (2.3 mdd) disminuyeron 44.4%. La balanza comercial registró un déficit para México de 1.6 mdd.

Al mes de junio de 2011, el comercio bilateral fue de 0.5 mdd, cifra 55.3% menor a la del mismo mes del año anterior. No se registraron exportaciones mexicanas, mientras que las importaciones disminuyeron 37.8%, totalizando 0.5 mdd para México.

Los principales productos que México exporta a Etiopía son trenes de aterrizaje, navajas y máquinas de afeitar, así como cubos, dados y similares de vidrio; mientras que nuestro país importa semilla de sésamo, mercancías para la industria del calzado y máquinas y artículos para investigaciones tecnológicas.

No se cuenta con registro de inversión mexicana en Etiopía. Por su parte, Etiopía es el 2° inversionista de África en México y ocupa el lugar 67 del total de los países que invierten en nuestro país. Hay dos empresas establecidas en nuestro país (Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo). De enero de 1999 al segundo trimestre de 2011, el monto acumulado de la inversión etiope en México fue de 2.5 mdd.

El plan de trabajo presentado tiene como propósito fundamental brindar las principales líneas de acción a instrumentar en el corto y mediano plazos por el nuevo titular de la Embajada de México en Etiopía a fin de fortalecer las relaciones bilaterales con ese país, la República de Djibouti, la República Democrática del Congo y consolidar la interlocución política con la Unión Africana.

En materia de política exterior, África representa una región estratégica, al ser un continente sumamente rico en hidrocarburos, recursos naturales, metales y minerales está logrando atraer la atención de países que requieren esos recursos para incrementar su competitividad internacional.

México debe posicionarse con mayor firmeza a fin de lograr identificar socios que en el corto y mediano plazo incrementen la presencia nacional en ese continente.

La Unión Africana (UA) constituye un espacio importante para fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral de México, sobre todo con aquellas naciones con las cuales se realizan contactos en el ámbito multilateral al no tener acreditadas embajadas residentes o concurrentes. Asimismo, permite intercambiar puntos de vista con los países africanos y con la organización regional sobre temas globales como el cambio climático y la reforma de Naciones Unidas.

México ha asistido a las asambleas de la organización desde 1999. Nuestro país obtuvo la acreditación como observador en 2005 y con ese carácter ha asistido a sus reuniones semestrales (Consejo Ejecutivo y Asamblea). Este nuevo estatus y la reapertura de la Embajada en Addis Abeba, Etiopía –sede de la UA–, en 2007, permitió elevar y formalizar el nivel de su participación.

La presencia mexicana en la UA ha tenido un impacto favorable en el contexto regional. En círculos políticos africanos se reconoce a México por su creciente acercamiento hacia el continente africano, así como por el fortalecimiento de los vínculos políticos y de cooperación bilateral, regional y multilateral.

Por lo anterior, se presentan los siguientes logros cualitativos a alcanzar:

• Profundizar las relaciones políticas con las autoridades de Etiopía y establecer lazos de interlocución política con Djibouti y la República Democrática del Congo (RDC).

• Desarrollar actividades económicas con empresarios de los tres países.

• Desarrollar un activo programa cultural y de promoción de la imagen de México, con el objetivo de propiciar el incremento de las relaciones comerciales entre México y esos países, iniciar programas de cooperación para el desarrollo y atraer turismo a nuestro país.

• Consolidar la presencia de México a nivel continental con los Estados Miembros de la Unión Africana.

Se propone realizar las siguientes acciones específicas y estratégicas:

• Asuntos jurídicos. Iniciar la creación del andamiaje jurídico bilateral en todas las áreas posibles, pues no existen tratados suscritos entre ambos países y sólo cuentan con dos acuerdos interinstitucionales. Además de promover el establecimiento de la Comisión Binacional Permanente México-Etiopía.

• Relaciones políticas. Propiciar visitas de Estado recíprocas para el fortalecimiento de la relación bilateral e impulsar la realización de encuentros de los Cancilleres de México y Etiopía.

• Relaciones económicas y promoción de inversiones. Favorecer el aumento de las exportaciones mexicanas a Etiopía (vehículos, pulverizadores y neumáticos).

• Contribuir a la realización de negocios de mexicanos mediante la importación de productos provenientes de Etiopía (ajonjolí, mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria del Calzado, resinas y oleorresinas naturales).

• Asuntos culturales, educativos y académicos. Propiciar el establecimiento de un significativo programa de becas de posgrado para etíopes en México y viceversa.

• Cooperación técnica, científica y tecnológica. Promover la puesta en práctica de acciones, proyectos y programas de cooperación científica, técnica, educativa y cultural.

• Promoción de la imagen de México. Otorgar una particular importancia a la promoción de la presencia de nuestro país en Etiopia, Djibouti y la RDC, en los medios locales y a través de la página de Internet de la Embajada- Además, se buscarán foros y se realizarán campañas para promover la riqueza natural, histórica y cultural de nuestro país.

• Aspectos consulares, de protección y con la comunidad mexicana en Etiopia. Incrementar la expedición de documentación consular.

• Atender a la reducida comunidad mexicana que reside en Etiopía fluctuante entre 20 y 25 personas anualmente, mediante la documentación y, en caso de requerirlo, de protección consular y desarrollar mecanismos de comunicación para mantener una buena y cercana relación.

• Participación en organismos, foros y mecanismos regionales y multilaterales. Participar en las Cumbres de la Unión Africana, a realizarse en Addis Abeba, Etiopía, en enero anualmente, así como en las que se realizan en el segundo semestre de cada año en lugares y fechas por definir.

• Dar seguimiento s. la Conferencia de Jefes de Estados Africanos sobre Cambio Climático, CAHOSCC, que es presidida por Etiopía.

• Propuestas de acción para fortalecer las relaciones con los países asignados de manera concurrente. Respecto a la República de Djibouti, presentar cartas credenciales y concluir el proceso de designación de un Cónsul Honorario en ese país.

Propiciar el otorgamiento del beneplácito a efecto de hacer una visita a la República Democrática de Congo, para hacer entrega de las cartas credenciales.

En la medida de lo posible, desarrollar una importante red de contactos que permita fortalecer la relación bilateral en el ámbito político, económico, comercial y de cooperación con Djibouti y la República Democrática de Congo.

Con base en los datos proporcionados en el expediente y la entrevista con el interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz reúne en su persona las cualidades y méritas para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeta a la recepción del beneplácito correspondiente ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo, así como representante permanente ante la Unión Africana.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Democrática Federal de Etiopía y, en forma concurrente, sujeta a la recepción del beneplácito correspondiente ante las Repúblicas de Djibouti y Democrática del Congo, así como representante permanente ante la Unión Africana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública,senador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi, senador Carlos Jiménez Macías, secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández, senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, cuyo nombramiento como embajador extraordinario plenipotenciario de México ante la República Democrática Federal de Etiopía acaba de ser aprobado por la asamblea; para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: a la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, al senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a la senadora Adriana González Carrillo y al senador Jesús Garibay García. Procedan, por favor.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Democrática Federal de Etiopía, y en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Djibouti y Democrática del Congo, así como representante permanente ante la Unión Africana, que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación?

El ciudadano Juan Alfredo Miranda Ortiz: Sí, protesto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Si así no lo hiciere que la nación se lo demande.

Se pide, por favor, a la comisión acompañar al señor embajador. Muchas felicidades y suerte en su nuevo encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con punto de acuerdo de la Segunda Comisión; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública– de la Permanente, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq, enviado a la Comisión Permanente para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XVI del artículo 89 constitucional.

Analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, nació en la Ciudad de México, DF, el 10 de diciembre de 1950, por lo que reúne los requisitos de nacimiento y edad mínima para el cargo para el que fue designado y está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

De su currículum vitae se desprende que es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en relaciones internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la maestría en estudios orientales por el Colegio de México. Domina el inglés y francés, y posee un nivel intermedio del idioma árabe.

Ingresó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1980 como jefe de departamento en la Dirección General para África, Asia y Oceanía.

En 1981 ingresó al Servicio Exterior Mexicano al aprobar el concurso público y, desde entonces, ha sido miembro de carrera ocupando los cargos de jefe de departamento en la Dirección General para África, Asia y Oceanía (1980-1983); agregado diplomático (1981-1982); tercer secretario (1982-1985); jefe de departamento en la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas (1988-1990); segundo secretario (1985-1990); primer secretario (1991-1993); consejero (1993-2000); y ministro (2000 a la fecha).

En el exterior, el ministro Alonso Escobar ha desempeñado el cargo de encargado de la Sección Consular en la Embajada de México en Israel (1983-1988); jefe de cancillería en la Embajada de México en Egipto (1990-1993); jefe de cancillería en la Representación Diplomática de México en India (1993-1996); jefe de cancillería de la Embajada de México en Suecia (1996-2001); cónsul alterno en el Consulado General de México en Barcelona, España (2001-2005); y representante de México ante la Autoridad Nacional Palestina en Ramala, Cisjordania, Palestina (2005-2008).

Desde 2008 se desempeña como cónsul general de México en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

La Segunda Comisión, que suscribe, citó al ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar a una reunión donde se analizó su programa de trabajo, los problemas de la política exterior de nuestro país y especialmente de la importancia de la circunscripción de la Embajada en Emiratos Árabes Unidos y la República de Iraq.

La mencionada reunión tuvo lugar hoy, y en la misma los legisladores que integramos esta comisión dictaminadora pudimos comprobar la preparación y el grado de experiencia que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

La apertura de la Embajada de México en Abu Dhabi permitirá dar seguimiento y un mayor impulso a los vínculos establecidos por el Consulado General de México en Dubái con las autoridades del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Las relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos se establecieron en 1975. En 2008 se estableció un Consulado General en Dubái a cargo del ministro Francisco Alonso.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) abrieron su Embajada en México en marzo de 2010.

Emiratos Árabes Unidos es el tercer socio comercial de México en Medio Oriente (primer comprador y cuarto abastecedor) y ocupa la posición 58 a nivel mundial.

En los últimos diez años el comercio entre ambos países aumentó al pasar de 69.6 millones de dólares en 2010 a 313.8 millones de dólares en 2010. Las exportaciones mexicanas pasaron de 51.5 millones de dólares a 242.2 millones de dólares. Por su parte, las importaciones procedentes de EAU aumentaron de 18.1 millones de dólares a 71.6 millones de dólares. Por lo anterior, México registró un superávit en la balanza comercial.

Los principales productos que México exporta son oro bruto, vehículos con motor de émbolo y combinación de refrigerador y congelador; mientras que nuestro país importa aleaciones de aluminio, mercancía para la industria minera y metalúrgica y abonos minerales o químicos.

A la fecha no se tiene registro oficial de la inversión emiratí en México, ni viceversa.

Las estrategias y líneas de acción propuestas para fortalecer la relación bilateral son las siguientes:

• Asuntos Políticos. Concretar acuerdos, consolidar proyectos de inversión, elevar el nivel de diálogo político entre ambos países.

• Relaciones Económicas y Promoción de Inversiones. Instrumentar una campaña integral de promoción de las exportaciones mexicanas en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos, con objeto de promover a nuestro país como destino de inversión extranjera directa y destino turístico.

• Asuntos Jurídicos. Se han identificado diversas áreas en las que la firma y entrada en vigor de acuerdos resulta prioritaria para el fortalecimiento de la relación bilateral:

– En el ámbito económico, se continuarán los esfuerzos para concretar la suscripción de un acuerdo para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal. Además, se promoverá la firma de un acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y dar seguimiento a la negociación de un convenio de Servicios Aéreos entre ambos países.

– En el ámbito cultural. Iniciar negociaciones para la firma de un memorándum de entendimiento y cooperación cultural y artística, a fin de garantizar espacios y apoyos de ambos gobiernos para las diversas muestras de creación artística.

– En el ámbito consular. Iniciar negociaciones para la firma de un acuerdo para la supresión de visas en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

• Asuntos culturales, educativos y académicos. Se continuará dando impulso a la campaña de promoción cultural de México en los Emiratos Árabes a través de exposiciones, presentación de artistas y festivales gastronómicos, principalmente. De igual forma, se impulsará el inicio de negociaciones tendientes a la suscripción de un acuerdo de cooperación educativa y cultural.

• Cooperación técnica, científica y tecnológica. Se realizarán las consultas pertinentes en la cancillería emiratí a fin de conocer el estado que guarda la propuesta de suscribir un memorándum de cooperación técnica y científica.

• Promoción de la imagen de México. Se mantendrán esfuerzos para organizar conferencias sobre México en instituciones académicas de los EAU En coordinación con las Cámaras de Comercio de los Emiratos de Abu Dhabi, Dubai, Sharjah y Ajman se realizarán eventos para promover la riqueza cultural y turística de nuestro país, así como las oportunidades e incentivos para la inversión.

• Aspectos consulares y de protección. En 2011 se atendió a una comunidad mexicana compuesta por alrededor de mil 300 personas, por lo que se seguirá fortaleciendo la protección efectiva, la asistencia jurídica y la gestión de los diversos servicios consulares que se prestan tanto a la comunidad mexicana como a la extranjera residentes en los Emiratos Árabes Unidos.

• Impulso a la relación con la comunidad mexicana. Se continuará dando apoyo a la comunidad mexicana a través del fomento y apoyo de grupos o asociaciones de connacionales en los EAU.

• Participación en organismos, foros y mecanismos regionales y multilaterales. Se tratará de buscar y promover coincidencias respecto a las posiciones en organismos y mecanismos multilaterales y se seguirá fortaleciendo la presencia de México en la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), desde el consejo ejecutivo de dicha agencia, buscando tener peso en las decisiones que se tomen en su seno e impulsar las candidaturas de mexicanos a ocupar puestos de importancia, acordes con nuestra aportación financiera al organismo.

Las principales propuestas de acción para fortalecer las relaciones con Iraq son:

• Presentar cartas credenciales ante el Iraq tan pronto como las condiciones lo permitan.

• Explorar mercados para nuestros productos. Buscar potenciales inversionistas para realizar inversiones directas en nuestro país o como socios con empresarios mexicanos.

• Analizar junto con el gobierno iraquí aquellas áreas en las que se deba reforzar e impulsar el marco jurídico de la relación bilateral.

• Realizar un acercamiento con las instituciones culturales y educativas de Iraq a fin de identificar proyectos de cooperación en dichos campos.

• Se realizará un censo de la comunidad mexicana en Iraq, a fin de tener un registro confiable en caso de presentarse alguna situación de emergencia, lo que permitirá al mismo tiempo, conocer las necesidades consulares y ofrecer un mejor servicio a través de un consulado móvil.

• Se establecerá contacto con la cancillería iraquí a fin de identificar posiciones coincidentes entre ambos países en el ámbito multilateral así como para el apoyo a las candidaturas del interés de cada país.

Con base en los datos proporcionados en el expediente y la entrevista con el interesado, los integrantes de esta Segunda Comisión consideramos que el ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar reúne en su persona las cualidades y méritos para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante la República de Iraq.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de enero de 2012.

La Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública–de la Permanente,denador Jesús Garibay García (rúbrica), presidente; senadora Adriana González Carrillo (rúbrica), senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica), senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretarios; diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, senador Sebastián Calderón Centeno (rúbrica), diputado Gustavo González Hernández, senador Javier Orozco Gómez, senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, diputado Jorge Rojo García de Alba (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo ningún orador inscrito, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Proceda entonces a consultar la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos acaba de ser aprobado por la asamblea; para que lo acompañen a este salón y lo acompañen en el acto de rendir protesta de ley se designa en comisión a los siguientes legisladores: al senador Carlos Jiménez Macías, al diputado David Hernández Pérez, a la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, al senador José Luis Máximo García Zalvidea y al diputado Alejandro del Mazo Maza. Procedan, por favor, con su cometido.

(La comisión cumple con su encargo)

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Emiratos Árabes Unidos y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Irak que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?

El ciudadano Francisco Javier Alonso Escobar: Sí, protesto.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.Felicidades.

Se le pide a la comisión de cortesía acompañe al señor embajador cuanto éste desee retirarse.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dos dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de trabajo, que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario para prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros; en virtud de que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si dispensa la lectura de los dictámenes. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se dispense favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Quedan de primera lectura. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si autoriza se dispense la segunda lectura y se pongan a discusión y votación de inmediato los anteriores acuerdos. Las legisladoras y los legisladores que estén porque así sea favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se dispensa la segunda lectura; en consecuencia, se pide a la Secretaría dar lectura a los proyectos de decreto.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Ismael Sergio Ley López para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en todo el país

Honorable Asamblea

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente dictamen:

Antecedentes

En oficio fechado el 10 de enero del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el Ciudadano Ismael Sergio Ley López, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la república.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana, con la copia certificada de su acta de nacimiento;

b) Copia certificada de residencia en la circunscripción consular;

c) Que los servicios que el propio interesado prestará al Gobierno de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, serán de carácter estrictamente consular, y

d) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del Apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Ismael Sergio Ley López para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la república.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto. Continúe la Secretaría.

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Claudia del Socorro Milián Fernández, Lina Oshida Sánchez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa Pérez y Talía Nazelly Jiménez Cázares para prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros

Honorable Asamblea:

La Primera Comisión de Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Comisión Permanente, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el miércoles 18 de enero del año en curso por la Comisión Permanente, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claudia del Socorro Milian Fernández, Lina Oshida Sánchez, Adán Lescas Juárez, Adrián Marcelino Ochoa Pérez y Talia Nazelly Jiménez Cázares, puedan prestar servicios de carácter administrativo a gobiernos extranjeros, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La Primera Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder los permisos solicitados y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II, del apartado C) del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

 Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Claudia del Socorro Milian Fernández, para prestar servicios como coordinadora de logística, en la embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lina Oshida Sánchez, para prestar servicios como asistente del departamento económico, en la embajada del Japón en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Adán Lescas Juárez, para prestar servicios como asistente en la oficina de seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Adrián Marcelino Ochoa Pérez, para prestar servicios como asistente en la oficina de seguridad, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Talia Nazelly Jiménez Cázares, para prestar servicios como operadora telefónica, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputados César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto en un solo acto.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide se hagan los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Iniciamos con la diputada.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente(desde la curul): Sí.

La senadora Adriana González Carrillo(desde la curul): En pro.

El senador Ramón Galindo Noriega(desde la curul): Sí.

El diputado Arturo García Portillo(desde la curul): Sí.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero(desde la curul): Sí.

El senador Sebastián Calderón Centeno(desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Sánchez García(desde la curul): Sí.

El diputado David Hernández Pérez(desde la curul): Sí.

El diputado Armando Ríos Piter(desde la curul): Sí.

El senador Jesús Garibay García(desde la curul): Sí.

El diputado Alejandro del Mazo Maza(desde la curul): Sí.

El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez(desde la curul): Sí.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida(desde la curul): Sí.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez(desde la curul): Sí.

El senador Adolfo Toledo Infanzón(desde la curul): Sí.

El diputado Patricio Chirinos del Ángel(desde la curul): Sí.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (desde la curul): Sí.

El senador Alejandro González Alcocer (desde la curul): A favor.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez(desde la curul): Sí.

El senador José Antonio Badía San Martín(desde la curul): Sí.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva. Zoreda Novelo, sí.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Sí.

El Vicepresidente diputado Gustavo González Hernández:A favor.

El Vicepresidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Sí.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A favor.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:¿Falta alguna legisladora o algún legislador de emitir su voto?

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Santiago Ramírez, sí.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Señor presidente, se emitieron un total de 26 votos por el sí, 0 votos por el no y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados en lo general y en lo particular por 26 votos los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de la Primera Comisión; en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los encabezados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo por los que se crea un grupo de trabajo bicamaral relativo al conflicto de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto entre el gobierno del estado Guerrero y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y  58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En su capítulo de antecedentes, el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que los acontecimientos del 12 de diciembre de 2011 y del 2 de enero de 2012 en Chilpancingo, Guerrero, entre autoridades y estudiantes normalistas de Ayotzinapa son un hecho lamentable por las muertes en la primera fecha de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; y en la segunda fecha del ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien falleció a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando trató de apagar el fuego de una bomba de la estación de servicio durante los acontecimientos.

Afirma el proponente que los hechos son la consecuencia del deterioro y abandono del sistema educativo, así como la falta de cobertura a nivel superior; también, señala que el actual gobernador Ángel Aguirre Rivero ha realizado diferentes acciones en coherencia con la magnitud y la gravedad de los hechos:

a) Cambio de los responsables del gabinete de seguridad estatal, a fin de facilitar las investigaciones.

b) Arraigo de 20 policías implicados en los hechos.

c) Comparecencia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

d) El compromiso absoluto de su gobierno para facilitar las investigaciones y presentar a los asesinos.

e) La creación de una comisión de la verdad integrada por notables como Javier Sicilia, a fin de esclarecer los hechos ocurridos y un puente de comunicación.

Asimismo, señala que el gobierno del estado reconoció en los acontecimientos del 12 de diciembre, la falta de preparación de las fuerzas públicas estatales y federales, así como el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes.

Termina señalando que ante los lamentables acontecimientos registrados el 12 de diciembre y los consecuentes actos en la región, la Comisión Permanente debe exhortar a los actores a respetar los tiempos y plazos que establece la ley con el objeto de realizar las investigaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades y responsables.

Por lo que formula el siguiente:

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los actores políticos y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa del estado de Guerrero a conducirse conforme a los procedimientos y plazos que establecen las leyes para el esclarecimiento de los hechos del 12 de diciembre de 2012, que ocasionaron la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús y Gonzalo Miguel Rivas Cámara.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Guerrero y a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa a establecer de manera inmediata una mesa de diálogo, donde se garantice la libertad de expresión, la tolerancia y respeto en el marco de los derechos que establecen las leyes en México.”

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que son ampliamente conocidos los acontecimientos del pasado 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, entre autoridades y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en donde murieron los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús; así como el ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el pasado 2 de enero de 2012, a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando trató de apagar el fuego de una bomba de la estación de servicio durante los acontecimientos.

En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 21 de diciembre de 2011, se aprobó una proposición de urgente resolución:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, constituye el grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Segundo. El grupo de trabajo quedará integrado por 6 legisladores, uno por cada grupo parlamentario representado en la Comisión Permanente.”

Como lo señala dicha proposición, se integró el grupo de trabajo con legisladores de cada grupo parlamentario, que se instaló el pasado 4 de enero de 2012 y que ha llevado diversas reuniones con los normalistas, tanto en la Ciudad de México, como en Chilpancingo, Guerrero, así como con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva y representantes de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, podemos señalar que en algunas reuniones se ha contado con la participación del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

En el mismo sentido, el pasado 11 de enero de 2012, el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, presidente del grupo de trabajo de seguimiento a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, remitió a la Comisión Permanente el informe preliminar sobre la investigación por violaciones graves a los derechos humanos en relación a lo hechos ocurridos el día 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual se señalan las siguientes conclusiones:

“Primera. Los servidores públicos que participaron en los hechos y los responsables de su coordinación omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con la debida diligencia el servicio de seguridad pública que les fue encomendado, al propiciar un enfrentamiento en la vía pública, con lo que pusieron en peligro vidas humanas y generaron la muerte de dos manifestantes, así como heridas en cuatro más.

Segunda. En los hechos materia de este informe preliminar, se observaron violaciones graves a los derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal; a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del gobierno de Guerrero, derivado de los acontecimientos, tanto a cargo de aquellos que intervinieron directamente como de los que ordenaron o toleraron dichas acciones u omisiones.

Tercera. Los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del gobierno de Guerrero que de manera directa o indirecta intervinieron en los hechos omitieron ejercer acciones efectivas para el manejo adecuado de una manifestación pública que se tornó violenta y emplearon de manera indebida las armas de fuego; en consecuencia se deberán tomar las medidas pertinentes a efecto de que no se repitan los hechos materia del presente asunto.

Cuarta. Las investigaciones realizadas hasta el momento permiten observar que el grupo de personas que se manifestaba públicamente no portaba arma de fuego alguna, en tanto que, por otro lado, se pudo acreditar la intervención de cuerpos de seguridad del Estado mexicano, armados, que hicieron disparos, en uso indebido de las armas de fuego y un uso excesivo de la fuerza pública, en contra del grupo de manifestantes. Tal situación propició que dos personas fueran privadas de la vida por proyectiles de arma de fuego; cuatro lesionadas por proyectil de arma de fuego; 14 fueron objeto de tratos crueles, y una de tortura e imputación falsa de delitos.

Quinta. Las evidencias con que cuenta hasta este momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permiten observar la coparticipación institucional de los cuerpos de seguridad en los hechos materia de la investigación. Por el momento, no es factible precisar el resultado que cada uno de los elementos policiales produjo durante el evento; sin embargo, ante los casos de una autoría indeterminada, cada uno de los que intervinieron debe responder en la medida de su propia culpabilidad y ser investigados por el Ministerio Público, para deslindar las responsabilidades que en derecho procedan. Por lo anterior, se determinó turnar las evidencias con que cuenta esta Comisión Nacional a la Procuraduría General de la República para los efectos legales correspondientes.

Sexta. Respecto a la pérdida de la vida del señor Gonzalo Miguel Rivas Cámara, existen evidencias de que su muerte fue a consecuencia de la comisión de un delito a cargo de las personas que incendiaron la bomba de gasolina, por lo que le corresponderá al agente del Ministerio Público de la federación la investigación respectiva, con objeto de deslindar las responsabilidades que en derecho procedan y evitar que este delito quede en la impunidad.

Séptima. Los elementos de la Policía Federal, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva que intervinieron en los hechos omitieron proporcionar atención victimológica de urgencia a las personas heridas por proyectil de arma de fuego, lo que implicó una violación a los derechos que están previstos por los artículos 1o., último párrafo, y 20, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también debe ser materia de investigación para el deslinde de las responsabilidades correspondientes.

Octava. Los elementos de la Policía Federal, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva que participaron en los hechos omitieron preservar los indicios que se encontraban en el lugar, situación que implica un obstáculo para acceder de manera pronta a la justicia y privilegiar el conocimiento de la verdad y que las violaciones graves no queden impunes.

Novena. El empleo de la violencia y la afectación a derechos de terceros por particulares o pretender hacerse justicia por propia mano no son los medios adecuados para exigir a las autoridades la resolución de los asuntos o la adopción de medidas públicas en favor de persona alguna. El derecho a la libre expresión, reunión y petición debe ejercerse de manera pacífica, respetuosa y conforme a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional de los derechos humanos.

Décima. El uso indebido de las armas de fuego o no encuentra justificación en los hechos materia de la investigación a cargo de las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la ley, pero tampoco la comisión de conductas delictivas por parte de los particulares o manifestantes, las cuales, en ambos casos, deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y se obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados.

Undécima. Se solicita a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos relacionados con el presente caso, a que en términos de lo dispuesto, en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomen las medidas pertinentes para que se les reconozca a las víctimas y sus familiares el derecho a intervenir y conocer el trámite de las investigaciones, así como aportar los elementos que estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos.

Duodécima. Esta Comisión Nacional presentará las quejas y denuncias ante los órganos internos de control respectivos y a la Procuraduría General de la República, por los hechos narrados en el presente informe preliminar, y turnará las evidencias de que se allegue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas.”

Ahora bien, el pasado 17 de enero de 2012, los integrantes del grupo de trabajo de seguimiento a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en un nuevo encuentro con jóvenes normalistas en el Palacio de San Lázaro, subrayaron la imposibilidad de entregar conclusiones este mes de enero y plantearon por ello la necesidad de conformar una nueva instancia para darle continuidad a los trabajos y gestiones sobre este tema una vez que concluya las labores de la Comisión Permanente durante el presente receso, por lo que señalaron que solicitarán ante el pleno de la Comisión Permanente, la creación de una comisión bicamaral, con la finalidad de continuar con las investigaciones despúes de que concluya este periodo de receso legislativo citado.

Por ello, consideraron indispensable crear un órgano que dé seguimiento a las investigaciones durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual inicia el primero de febrero. Dicho planteamiento fue suscrito por el priista Francisco Moreno Merino, el panista Agustín Castilla Marroquín, el perredista José Luis García Zalvidea y el petista Gerardo Fernández Noroña.

Asimismo, en dicha reunión se señaló que se prevé continuar con el seguimiento legislativo con tres líneas de trabajo: Analizar la viabilidad del juicio político o no en contra del gobernador Ángel Aguirre Rivero; esclarecer los hechos junto con autoridades de la PGR y de la procuraduría estatal, y “conocer cómo está la Normal de Ayotzinapa en su interior a pesar del reiterado rechazo de los estudiantes”. También, se lamentó la reiterada negativa de los normalistas a que los legisladores federales visiten la Normal.

Al igual que quienes pertenecen al Grupo de Trabajo, durante la tercera reunión de trabajo del 17 de enero de 2012 de esta Comisión Dictaminadora, el diputado César Augusto Santiago, Presidente de la Comisión, formalizó la propuesta de crear una instancia conformada por diputados y senadores, con el mandato de seguir las investigaciones del asunto que nos ocupa. Al respecto, los representantes de las diversas fuerzas políticas acordaron preparar el dictamen, con el propósito de que la referida Comisión Bicamaral sea conformada en vísperas de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados inicien su periodo ordinario de sesiones.

En este sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta las siguientes disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 33.

1. La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado;”

Artículo 80.

1. La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.

Artículo 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

b) Presentar al pleno, por conducto de la Mesa Directiva, propuestas de puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que signifiquen una posición política de la misma;

En razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora toma en cuenta que las Juntas de Coordinación Política, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, son la expresión de la pluralidad de cada una de las Cámaras y los órganos colegiados en los que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias que resulten necesarias, a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Asimismo, los artículos 34, numeral 1, inciso b), y 82, numeral 1, inciso b) del citado ordenamiento establecen que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de acuerdo.

Es por ello, que esta comisión dictaminadora considera procedente someter a consideración de ambas cámaras del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo que trabaje en conferencia, e integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para continuar el seguimiento a las investigaciones a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Asimismo, en razón de que existen los medios idóneos, a través de las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras consideran procedente y oportuno remitir el asunto a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias, para promover la conformación de dicho grupo de trabajo que dé seguimiento a las investigaciones durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual inicia el 1 de febrero.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se somete a consideración de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, a crear un grupo de trabajo bicamaral integrado por senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios, para dar seguimiento a las investigaciones a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Segundo. Remítase copia del expediente a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de sus respectivas competencias, para conformar un grupo de trabajo bicamaral que dé seguimiento a las investigaciones a los sucesos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual inicia el 1 de febrero.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Presidente: diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica);secretarios: diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica);integrantes: diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

150 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo sobre la conmemoración del 150 aniversario de la Batalla de Puebla

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal a declarar 2012 Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, suscrita por la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a Consideraciones y resolutivos contenidos en la Proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

“Consideraciones

Hoy, el país vive circunstancias muy difíciles que nos llevan a reflexionar y buscar soluciones donde estemos todos comprometidos por nuestra identidad, la soberanía y la independencia, pilares que hemos heredado y adquirido con esfuerzo y lucha permanentes.

Tenemos presente que en 2010 celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, acontecimientos que sin duda formaron esta gran nación. En 2012 de igual manera conmemoraremos otro de los acontecimientos que nos dieron identidad y unidad como país independiente: el 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo de 1862, en Puebla.

La importancia de conmemorar esta fecha histórica es reconocer la valentía y el heroísmo de mexicanos que, en condiciones de inferioridad de número y armamento, vencieron al ejército más poderoso de aquella época: el francés.

La nación mantenía una deuda y una crisis económica; con valor patriótico y con un espíritu republicano, el presidente Benito Juárez García declaró una suspensión de pagos de la deuda externa. Esta acción de moratoria fue el pretexto para que España, Gran Bretaña y Francia declararan hostilidades a México.

Ante las vicisitudes que hoy enfrenta la república, ante los vaivenes de una crisis económica mundial, vale la pena asirse de las grandes páginas de nuestra historia, generar un gran movimiento de valores que trasciendan en la formación de ciudadanos libres y forjadores de una nación con futuro.

En aras de contribuir al engrandecimiento de las luchas y enseñanzas históricas, será muy importante nuestra participación en la conmemoración del 150 aniversario de la gloriosa batalla del 5 de mayo de 1862, en la hoy llamada con mucho orgullo y justicia Puebla de Zaragoza.

Motivados en los antecedentes y razonamientos expuestos, los que suscribimos nos congratulamos en llevar hasta el Congreso de la Unión la urgente exigencia de honrar a los patricios que escribieron con su sangre y con su ejemplo una de las páginas más brillantes de nuestra tradición histórica.

Con fundamento en los preceptos de derecho invocados en el proemio del presente, por lo expuesto y fundamentado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012, con base en las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a dar realce y proyección al aniversario del bicentenario que se declara, y en la documentación oficial de los poderes de la federación, de los estados, sus organismos y ayuntamientos que sea utilizada durante 2012 se imprima la leyenda “2012, Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla”, y se acompañe de la efigie de don Ignacio Zaragoza.”

II. La comisión dictaminadora coincide plenamente con la autora de la proposición que se dictamina, toda vez que dicha proposición tiene por objeto realzar y conmemorar un acontecimiento nacional, como lo es, el aniversario de la Batalla de Puebla, ocurrida el cinco de mayo de 1862, y a 150 años es importante repensar, desde el quehacer histórico el impacto y el legado que el triunfo del ejército mexicano sobre el invasor francés tuvo en nuestra sociedad.

Es decir, después de los excesos de la dictadura santanista y las batallas de la Guerra de Reforma, México se encontraba en bancarrota sin poder saldar sus deudas con los países acreedores.

En 1862 las armadas de España, Inglaterra y Francia desembarcaron en Veracruz dispuestas a cobrar sus préstamos. Después de negociar con el representante de México España e Inglaterra se retiraron.

Napoleón III, Emperador del Segundo Imperio Francés quería establecer una monarquía favorable para Francia, y asimismo, quería disolver el gobierno constitucional mexicano.

Las fuerzas francesas al mando del general Lorencez se componían de (7.000) siete mil soldados que salieron hacia la ciudad de México.

El presidente Juárez le dio la orden al General Ignacio Zaragoza de detener el avance de las fuerzas armadas francesas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, cerca de la ciudad de Puebla. Zaragoza contaba con sólo (2,000) dos mil hombres.

El 5 de mayo de 1862, los cañones resonaron y los rifles dispararon y más de (1,000) mil soldados franceses cayeron muertos. Los mexicanos habían ganado la batalla, pero no la guerra. Sin embargo, esta fecha es la que simboliza el valor mexicano ante una armada tan formidable.

De ahí que la comisión dictaminadora toma en cuenta que los gobiernos estatal y federal han declarado que invertirán hasta 2 mil millones de pesos para los festejos del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, mismos que consistirán en eventos educativos, culturales, artísticos y deportivos a lo largo de la República y en el extranjero, además del rescate y la remodelación de sitios históricos, así como la construcción de grandes obras de infraestructura.

Asimismo, la comisión dictaminadora toma en cuenta que el pasado 29 de septiembre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial para Conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, realizada el 5 de mayo de 1862, misma que está integrada por 16 legisladores. En su sesión de instalación, se señaló que el objetivo de ésta era resaltar en la población el sentimiento del nacionalismo y de soberanía nacional; a través de actividades que se realicen para que la conmemoración sea nacional e internacional.

Es por ello que esta comisión dictaminadora, en razón de las diversas actividades que tanto los gobiernos federal y estatal, así como el Poder Legislativo Federal, han emprendido para conmemorar el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla y como lo señala la proponente, considera que “la mayor importancia de conmemorar esta fecha histórica es, reconocer la valentía y el heroísmo de mexicanos que, en condiciones de inferioridad de número y armamento, vencieron al ejército más poderoso de aquella época: el francés”, considera procedente exhortar al Ejecutivo Federal en los términos propuestos por la proponente.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a declarar 2012, con base en las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el “Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla”.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar realce y proyección al aniversario del bicentenario que se declara, y en la documentación oficial de los poderes de la Federación, de los estados, sus organismos y ayuntamientos, sea utilizada durante 2012 se imprima la leyenda “2012, Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla”, y se acompañe de la efigie de don Ignacio Zaragoza.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

PREVENCION Y ERRADICACION DE DISCRIMINACION

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la prevención y erradicación de la discriminación laboral en México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención y erradicación de la discriminación en México, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el autor de la misma, señala que “gracias a los medios de comunicación y a varios sitios electrónicos, muchísimos mexicanos fuimos testigos de una videograbación, en la cual se apreció a una persona, con una actitud iracunda agrediendo a golpes y puntapiés a otro sujeto, quien en ningún instante asume una respuesta a la violenta embestidas de la que era objeto. El agresor es Miguel Moisés Sacal Smeke y el ofendido Enrique Vega Flores. El primero, es un empresario dedicado a la manufactura de vestuario, calzado y sombrerería; el segundo es un colaborador de una empresa de valet parking.”

Afirma el proponente que la razón por la cual el empresario Sacal Smeke agredió al valet parking, según las múltiples declaraciones vertidas en medios de difusión, fue porque éste no se prestó a proporcionarle un gato hidráulico de uso automotriz en virtud de no poder dejar la recepción del inmueble del lugar en donde se hallaban, se deduce que eso ocurre porque una obligación de su relación laboral es permanecer en donde se encontraba.

En este sentido, señala el proponente que la agresión que le propinó Sacal Smeke a Enrique Vega Flores, es “denigrante para toda la sociedad mexicana”, los múltiples insultos de deshonra a la labor que realizaba el empleado, y que le parecen discriminatorios y racistas.

Es por ello que el proponente afirma que todas las personas que habitan o transitan por México, deben tener presente que todos los hombres y mujeres, ante la ley, somos iguales.

Continúa el proponente señalando que son atribuciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la implementación, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, de programas cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Y también, señala que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien lleva a cabo los planes de coordinación en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Por lo que formula los siguientes:

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al presidente de la República para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe a esta soberanía, si ha implementado, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, algún programa cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional para prevenir la Discriminación para informar si se están llevando a cabo los planes de coordinación para prevenir la discriminación en la administración pública federal.”

II. La comisión dictaminadora coincide plenamente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que como lo afirma el proponente, en días pasados, la sociedad mexicana fue testigo a través de los medios de comunicación que difundieron el video de la golpiza, y las agresiones que el señor Miguel Sacal Smeke propinó al señor Hugo Enrique Vega Flores, mismas que indignaron a la sociedad mexicana.

Es por ello que esta comisión dictaminadora, no puede ser omisa al respecto y considera necesario reprobar los sucesos, además de externar su solidaridad con el señor Hugo Enrique Vega Flores.

Asimismo, los integrantes de la comisión dictaminadora son conscientes de la necesidad de promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades en los centros de trabajo.

Ahora bien, el proponente señala que son atribuciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la implementación, en términos del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, de programas cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Al respecto, esta comisión dictaminadora toma en cuenta lo establecido por los artículos 3o. y 56 de la Ley Federal de Trabajo, que a la letra dicen:

Artículo 3o. ...

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

...

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.”

En razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente, como lo solicita el proponente, solicitar del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informe a esta soberanía, si ha implementado, en términos de los artículos 3o. y 56 de la Ley Federal del Trabajo, algún programa cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Asimismo, el proponente también señala que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quién lleva a cabo los planes de coordinación en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

En este sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), es un órgano de estado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio del mismo año. El consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Federal.

Y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los objetivos del Conapred son:

• Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país.

• Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

• Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

En razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera procedente como lo solicita el proponente, solicitar del titular del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación informe si se están llevando a cabo los planes de coordinación para prevenir la discriminación en la administración pública federal y en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informe puntual y detalladamente a esta soberanía, si ha implementado, en términos de los artículos 3o. y 56 de la Ley Federal del Trabajo, programas cuya finalidad sea evitar o eliminar la discriminación en los diversos centros de trabajo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación informe puntual y detalladamente a esta soberanía, si se están llevando a cabo planes de coordinación para prevenir la discriminación en la administración pública federal y en las entidades federativas.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputados César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

SISTEMA PENITENCIARIO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a modernizar el sistema penitenciario del país

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo relativo a la modernización del sistema penitenciario en todo el país, suscrita por el senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y  58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En la exposición de motivos de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, el autor de la misma, señala que estudios en materia penitenciaria concluyen que la mayoría de los penales del país, incluidos los Centros de Readaptación Social (Ceresos), están saturados de reos no sentenciados, muchos de ellos por delitos federales a un costo promedio de 100 pesos diarios cada uno, y un estrecho presupuesto que impide establecer medidas de vigilancia y seguridad más eficientes.

Señala que según el estudio Los mitos de la prisión preventiva en México, elaborado por la organización no gubernamental Open Society Justice Initiative, reveló que, de 1994 a 2004, la población carcelaria en el país se duplicó al pasar de 86 mil a 192 mil reclusos, y sigue creciendo sin que la inseguridad ni la delincuencia hayan disminuido.

Según el informe, en México están presas 82 mil personas que no han sido sentenciadas, y que tienen la garantía de presunción de inocencia, que sufren la privación de su libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas, por lo que se considera que la prisión preventiva en el país es una práctica inefectiva que ha sido utilizada irracional e indiscriminadamente.

Afirma que la actual práctica penitenciaria empleada en México tiene graves consecuencias, entre ellas una saturación de 125 por ciento de su capacidad, aunque hay unas que llegan hasta 270 por ciento, además de que se provocan acciones de autogobierno de reclusos, que imponen las reglas y generan actos de violencia con tasas de homicidios hasta 10 veces superiores a las que enfrenta la población en libertad.

Señala que entre los principales problemas que enfrentan los penales mexicanos está el creciente ingreso de personas acusadas por delitos federales, muchas de las cuales esperan meses para ser procesados en cárceles municipales y estatales.

Asimismo, hace un recuento de diferentes acontecimientos, riñas y muertes que se han llevado a cabo en diversos centros penitenciarios, tanto a nivel federal como local, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, Baja California, Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre otros.

De ahí que el proponente termina señalando la urgencia de que se trabaje en la construcción de un sistema penitenciario que verdaderamente pueda convertir en realidad la reinserción a la sociedad de los internos, y para ello no solo se necesitan recursos para infraestructura, sino sobre todo la creación de un andamiaje jurídico que siente las bases.

Por lo que formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, hace un llamado de atención al titular del Poder Ejecutivo federal para que convoque a la brevedad a su gabinete de seguridad con la intención de definir un conjunto de políticas públicas tendientes a modernizar el sistema penitenciario de todo el país, con la participación de las entidades federativas y ambas Cámaras del Congreso de la Unión.”

II. La comisión dictaminadora coincide plenamente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que dicha proposición tiene por objeto desarrollar eficientemente el objetivo establecido en nuestra Carta Magna relativo a la readaptación social de los delincuentes.

En este sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en México, los pilares del vigente Sistema Penitenciario encuentran su previsión, en dos ordenamientos fundamentales: en primer plano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18; y en segundo término, su ley de desarrollo, la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

En este sentido, el fin primario de las instituciones carcelarias se encuentra contemplado en los anteriormente citados cuerpos legales, en este sentido, se alude al artículo 18 de la Carta Magna y al precepto 2o. de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en los cuales se introduce el principio de readaptación social del penado.

La Constitución Federal, en el artículo 18, establece la reinserción del sentenciado a la sociedad.

“Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La federación, los estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.”

De lo anterior, podemos constatar que el sistema penitenciario mexicano, tiene como fin primario, incuestionablemente, a la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de su libertad en un establecimiento carcelario; no obstante, también se prevén otros fines como la retención y custodia de detenidos, presos y penados, así como la asistencia a los internos y liberados; observándose en la ejecución de los mencionados fines las garantías legales, que se encuentran consagradas la Constitución.

Es por ello que esta comisión dictaminadora considera que en México, se pretende potenciar una efectiva reinserción social de los internos, pues para ello se ponen a disposición tanto las instituciones jurídicas necesarias, como los instrumentos económicos y personales.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de octubre de 2011, la población penitenciaria en el país es de 231 mil 510 reos, de los cuales 184 mil 624 son del fuero común y 46 mil 886 son del fuero federal, es decir un 79.75 por ciento contra un 20.25 por ciento, respectivamente. De dicha población, 220,806 son hombres y 10,704 mujeres.

Asimismo, México cuenta con 419 centros penitenciarios, de los cuales, 12 dependen del gobierno federal, 10 del gobierno del Distrito Federal, 306 de los gobiernos estatales y 91 de los gobiernos municipales.

También, el informe señala que existe una sobre población de 45,344 internos, en 211 centros penitenciarios, de los cuales 56 tienen población del fuero común y 155 tienen población del fuero común y federal

Es por ello, que los integrantes de la comisión dictaminadora toman en cuenta que el proponente señala la urgencia de que se trabaje en la construcción de un sistema penitenciario, que verdaderamente pueda convertir en realidad la reinserción a la sociedad de los internos, y para ello no solo se necesitan recursos para infraestructura, sino sobre todo la creación de un andamiaje jurídico que siente las bases. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, en el Objetivo 6 de la Procuración e impartición de justicia, estableció:

“Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.

Estrategia 6.1 Modernizar el sistema penitenciario. Se recuperará el sentido original de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados. Se invertirá en la infraestructura necesaria para asegurar que los centros penitenciarios cuenten con la tecnología que garantice la seguridad al interior de los mismos.”

También, los integrantes de la comisión dictaminadora, toman en cuenta que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el cual tiene como misión ser la instancia de la Secretaría que coadyuve a la preservación del estado de derecho, con el establecimiento y coordinación de la política penitenciaria de prevención del delito y readaptación social, en estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

Es por ello que esta comisión dictaminadora, cree que resulta necesario el compromiso de los tres órdenes de gobierno para trabajar de manera coordinada en la modernización del sistema penitenciario y el perfeccionamiento de los mecanismos de readaptación y rehabilitación de los delincuentes, de tal forma, que por lo que hace a la mejora y actualización de la legislación, el Congreso de la Unión, deberá asumir dicho papel.

También, esta comisión dictaminadora considera procedente exhortar como lo solicita el proponente, al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones y políticas públicas necesarias y tendientes a modernizar el sistema penitenciario de todo el país, con la participación de las entidades federativas y ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Poder Ejecutivo federal a llevar a cabo las acciones y políticas públicas necesarias y tendientes a modernizar el sistema penitenciario de todo el país, con la participación de las entidades federativas y ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

ESTADO DE MEXICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo al conflicto del predio El Salado

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a resolver el problema del predio El Salado, o La Oreja, en Ecatepec de Morelos, México, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen:

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el presente caso, los integrantes de la comisión dictaminadora consideraron reproducir literalmente los capítulos relativos a exposición de motivos y resolutivos contenidos en la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, por las razones que más adelante se expresan:

Exposición de Motivos

El predio conocido como “El Salado”, o “La Oreja”, situado en Ecatepec de Morelos, con una extensión original de 3 mil 900 hectáreas, pertenece a los comuneros del poblado de Santa María Tulpetlac, por disposición inscrita en la Cédula Real de 1809, cuya legalidad fue reconocida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, en respuesta de la opinión emitida en 1975 por el director general del Instituto Nacional Indigenista, referente a que existían pruebas para reconocer y titular los bienes comunales a favor del poblado de Santa María Tulpetlac, toda vez que los estudios realizados mostraron la autenticidad de la cédula real en comento.

Después de haber obtenido la cédula real, los pobladores iniciaron la lucha por obtener el reconocimiento oficial de sus tierras, que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Sin embargo, durante el reparto agrario se les reconocieron y titularon sólo 235 hectáreas, dejando en el rezago 3 mil 665, por lo que recurrieron al amparo 498/2003-1, ante el Juzgado del Cuarto Distrito en el estado de México. Cabe señalar que el juez federal les concedió la suspensión provisional de plano.

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua violentó dicha suspensión, utilizando a la Policía Federal Preventiva para desalojar el predio, ya que mantiene la posesión de mil 76 hectáreas de este terreno que colindan con el vaso del lago de Texcoco, con el argumento de que en 1922 se declararon propiedad nacional los lagos y las lagunas del valle de México, no obstante que en 1971 se fijaron nuevamente los límites del vaso del lago de Texcoco, y que en 1982 se enajenaron estos terrenos a favor del gobierno del estado de México, para que se regularizara la tierra, y reubicaran en ellas a quienes acreditaran derechos sobre los terrenos. Cabe señalar que el lago se ha desecado y que no hay razón alguna para que la comisión pretenda mantener algún tipo propiedad sobre esos terrenos.

Los comuneros han gestionando todo este tiempo ante distintas instancias. Por citar algunos ejemplos, en 2003 se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se comprometieron a gestionar una reunión con la Secretaría de Gobernación, el director general de la Comisión Nacional del Agua, y el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria. En reuniones posteriores no obtuvieron avances significativos. Por ello en 2007 solicitaron apoyo al presidente Felipe Calderón Hinojosa para reanudar las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua, y recibir asesoría y representación jurídica.

La secretaría particular de la Presidencia de la República solicitó a la Procuraduría Agraria brindar la atención correspondiente, y turnó el asunto a la Comisión Nacional del Agua. En 2011 fueron recibidos por personal de dicha comisión, que aceptó revisar la situación, y el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México solicitó a la Secretaría de Gobernación intervenir como interlocutor institucional entre los grupos de Santa María Tulpetlac y la Secretaría de la Reforma Agraria, a la que señalaron como la dependencia que cuenta con los antecedentes del asunto.

Como se observa, los comuneros de Santa María Tulpetlac han acudido reiteradamente a distintas instancias en busca de solución a este conflicto. Dado que resultaría una ofensa continuar indefinidamente con esta situación, debe darse respuesta inmediatamente.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaria de la Reforma Agraria y a la Comisión Nacional del Agua a resolver inaplazablemente el problema del predio El Salado, o La Oreja, situado en Ecatepec de Morelos, México.

II. La comisión coincide plenamente con la autora de la proposición que se dictamina, toda vez que se trata de la disputa de un predio de 3 mil 900 hectáreas en Ecatepec de Morelos, México, que pertenece a los comuneros de Santa María Tulpetlac, del que –según afirma la autora– durante el reparto agrario se les reconocieron sólo 235 hectáreas, por lo que se encuentra en disputa.

Ahora bien, esta comisión dictaminadora toma en cuenta que éste es uno de los casos en que no se encontraron mayores datos que los aportados por la autora de la proposición que se dictamina.

Sin embargo, la comisión dictaminadora considera que, como afirma la proponente, “en 2007 solicitaron apoyo al presidente Felipe Calderón Hinojosa para reanudar las negociaciones con la Comisión Nacional del Agua, y recibir asesoría y representación jurídica”, Por ello, “la secretaría particular de la Presidencia de la República solicitó a la Procuraduría Agraria brindar la atención correspondiente, y turnó el asunto a la Comisión Nacional del Agua. En 2011 fueron recibidos por personal de dicha comisión, que aceptó revisar la situación, y el director general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México solicitó a la Secretaría de Gobernación intervenir como interlocutor institucional entre los grupos de Santa María Tulpetlac y la Secretaría de la Reforma Agraria, a la que señalaron como la dependencia que cuenta con los antecedentes del asunto”.

Al respecto, la comisión dictaminadora llevó a cabo la investigación conducente, sin encontrar datos que hagan suponer que se haya resuelto el conflicto entre comuneros de Santa María Tulpetlac y el gobierno, por lo cual considera procedente y pertinente que, conforme solicita la autora de la proposición, se exhorte al titular del Ejecutivo federal a instruir nuevamente a los secretarios de Gobernación, y de la Reforma Agraria, y al director general de la Comisión Nacional del Agua para que resuelvan el problema del predio El Salado, o La Oreja, de Ecatepec de Morelos, México.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir nuevamente a los secretarios de Gobernación, y de la Reforma Agraria, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, para que resuelvan el problema del predio El Salado, o La Oreja, de Ecatepec de Morelos, México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

COMBATE AL NARCOTRAFICO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a las cifras del Ejecutivo federal y la Procuraduría General de la República sobre muertes relacionadas con el combate del narcotráfico en 2011

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposicióncon punto de acuerdorelativo a la información clasificada y reservada por el Ejecutivo federal y la PGR, vinculada a la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011, a cargo del senador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 11 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue incluida en el orden del día de la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012 y el presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en su exposición de motivos, refiere  la publicación de diversas notas periodísticas referentes a la cifra oficial del número de muertos en México relacionados con el combate al narcotráfico en 2011 o “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, para luego mencionar diversas gestiones de ciudadanos requiriendo a la Procuraduría General de la República (PGR) datos sobre el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, que recibieron la respuesta, primero, de que la cifra era inexistente, pero que ante los recursos interpuestos ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la PGR tuvo que realizar una búsqueda exhaustiva y modificó su respuesta, ahora en el sentido de que se trataba de datos “confidenciales” por lo que no podían ser revelados y subrayando que los miembros del Centro Nacional de Planeación y Análisis e Información para el Combate a las Drogas (Cenapi) firmaron por escrito una promesa de confidencialidad sobre los datos oficiales, de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, lo que podría significar, ante el incumplimiento de esta promesa, que los funcionarios públicos involucrados pudieran ser sancionados conforme lo estipula el artículo 53 de la Ley de Seguridad Nacional.

Por otra parte, refieren una diversa solicitud de acceso a la información en la que se requirió a la misma la cifra de personas muertas por el combate al narcotráfico, hasta diciembre de 2011. La respuesta, por parte de la Presidencia de la República, consistió en datos preliminares de nueve estados (Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz) actualizados hasta mayo de 2011; que ante esta respuesta parcial, el recurrente interpuso recurso de revisión ante el IFAI, “por lo que la Presidencia replicó que no contaba con los datos precisos sobre el tema”, pero posteriormente catalogó la información como “reservada”. El IFAI respaldo la postura de la Presidencia en el sentido de que la citada información sobre la cifra de muertos durante el año 2011 permanecerá bajo reserva, ya que divulgar los datos sin ser verificados por las autoridades causaría un detrimento en lugar de informar con veracidad. Destaca el proponente que no se precisó cuánto tiempo llevaría a la Presidencia verificar los datos ni se estableció un plazo máximo para abrir dicha información, cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información dispone, en su artículo 15, que puede permanecer con ese carácter hasta por 12 años.

Concluye el proponente que la PGR y la Presidencia de la República incurrieron en contradicciones al catalogar la información de referencia, por un lado como reservada y por el otro como confidencial, justificando su respuesta con razonamientos igualmente contradictorios; que el ocultamiento de datos representa un viraje en la política de transparencia de los últimos años, sin razón justificada, sobre todo porque ha sido objeto de publicación en los medios en varias ocasiones, citando el informe que con fecha 13 de enero de 2011 publicó el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, en el que menciona que de diciembre de 2006 a diciembre de 2010 hubo 34,612 homicidios vinculados con el crimen organizado; que en el comunicado de prensa de la PGR de fecha 5 de enero de 2011 se manifiesta que el número de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial durante 2011 se encuentran “desclasificados” y que se darán a conocer conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de esa dependencia, y que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente en funciones, afirmó que en la base de datos para determinar una cifra de asesinados en 2011 “está en construcción”.

El proponente solicita de la Presidencia de la República y de la PGR que esclarezcan los hechos anteriores y someten a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Procuraduría General de la República para que remitan un informe en el cual manifiesten detalladamente por qué se ocultó esta información con criterios diferentes, aún cuando se trata del mismo tema.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República para que remitan un informe en el cual manifiesten detalladamente por qué decidieron dejar de informar sobre el tema a pesar de haber informado en años anteriores la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico en 2011 o “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.”

II. Una investigación realizada en medios impresos y electrónicos por el cuerpo de asistencia técnica que apoya a esta comisión permitió confirmar sustancialmente la información proporcionada en el capítulo de Exposición de Motivos de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que la información relacionada con los muertos en el combate al narcotráfico durante 2011 es una información útil e importante en el análisis de un fenómeno tan sensible y trascendental para la sociedad mexicana, como lo es el crimen organizado, por lo que estiman justificada la solicitud de información correspondiente.

Se toma en consideración que la PGR y el Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública tienen la responsabilidad de concentrar y sistematizar la información sobre la materia.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera procedente el punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades involucradas de la administración pública federal, la información relacionada con la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante el año 2011, en los términos formulados por el proponente, salvo algunas precisiones de claridad y estilo.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto por los numerales 1, 2 y 3 del artículo 45 y 97, numerales 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del Procurador General de la República y del Secretario Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sirvan proporcionar, en el término de 10 días naturales contados a partir de la notificación correspondiente, la siguiente información:

a) Los criterios que se han aplicado para atender las solicitudes de información sobre la cifra de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011.

b) Las razones por las que decidieron dejar de informar sobre el tema en 2011, no obstante que en años anteriores fue difundida tal información.

c) Las cifras de muertos relacionados con el combate al narcotráfico durante 2011, precisando su fuente y los métodos que se siguieron para su validación.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación respete los compromisos para la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con la participación del Congreso de la Unión y la sociedad civil, a cargo del senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 18 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue incluida en el orden del día de la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y el Presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el caso, la comisión dictaminadora considera pertinente transcribir los antecedentes y punto de acuerdo de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, con el propósito de que se puedan apreciar debidamente los antecedentes, acuerdos y compromisos establecidos por la Secretaría de Gobernación en relación a la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración a que se refiere el artículo tercero transitorio de la ley de la materia, conforme a lo siguiente:

Antecedentes

Antes del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos en 2010, la credibilidad de México en la atención del fenómeno migratorio era seriamente cuestionada desde las voces del interior de nuestro país de intelectuales como Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Jorge Durand, Jorge Santibañez; líderes religiosos como el padre Solalinde y diversas organizaciones de derechos humanos, así como organismos internacionales defensores de los derechos humanos, donde la ONU, a través de los relatores de derechos humanos como el maestro Jorge Bustamente, habían presionado al Poder Federal y Legislativo para impulsar reformas en materia de protección de derechos humanos de los inmigrantes, transmigrantes, con énfasis en la protección social y laboral de los mexicanos en el extranjero, que por su condición migratoria se encuentran altamente vulnerables ante autoridades locales y practica xenofóbicas.

La aprobación de la minuta de la Ley de Migración en un periodo de tiempo tan corto y con el consenso logrado en las dos cámaras fue el resultado de varios factores que es importante mencionar:

a) La presentación de propuestas legislativas que sirvieron de base para el dialogo con la Secretaría de Gobernación.

b) Una presión social y la participación de organizaciones civiles pro defensa de derechos humanos de los migrantes.

c) Las redacciones de una parte importante de la Ley de Migración ya se encontraba en disposiciones reglamentarias.

d) El dialogo y la política entre los legisladores para hacer valer el papel del Poder Legislativo en la materia, a fin de prevalecer los derechos humanos y la tarjeta de transito sobre los criterios de seguridad y criminalización de los migrantes.

Impulsar una Ley de Migración no fue una tarea sencilla, desde la redacción de iniciativas y el proceso de dictamen, se requirió de un gran esfuerzo de dialogo, se sacrificaron temas como la atención de 13 millones de mexicanos en Estados Unidos de América, en el ánimo y el compromiso de la Secretaría de Gobernación de tomar el tema como un asunto prioritario en el segundo semestre de 2011, sin que a la fecha se tenga ni noticia ni la voluntad para tratar dicho tema. La razón más importante y comprensible, es que todos hicimos un compromiso de trabajar en el reglamento, como legisladores sabemos que los reglamentos actualmente son una legislación alterna que en lugar de aplicar la voluntad del Congreso, se convierten en verdaderos diques de la voluntad del pueblo.

A la publicación de la Ley de Migración en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 establecía en su artículo tercero transitorio lo siguiente: “Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.”

Sin embargo, los acontecimientos de secuestro y violaciones de derechos humanos por autoridades migratorias en el verano de 2010, obligaron nuevamente al Congreso el 13 de julio de 2010, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al secretario de Gobernación para que informará y explicará sobre las medidas que se han tomado para proteger a los migrantes y evitar su secuestro por las bandas del crimen organizado. En sesión presidida por el Senador Guadarrama en el marco de las actividades de la Primera Comisión, a pregunta expresa de la diputada Beatriz Paredes que para los efectos del presente documento es preciso citar textualmente:

Diputada Beatriz Paredes: “A mí me parece que esta comparecencia tiene varios componentes importantes, cómo el diálogo entre Poderes puede ser un diálogo fluido, divergente, constructivo, enérgico y básicamente útil para la sociedad para precisar el estado del arte en una problemática tan seria como es la problemática migratoria.

Segundo, subrayar que el nuevo marco legislativo que va a regir a partir que la reglamentación se ponga en práctica, es un marco legislativo que surgió de un acuerdo entre Legisladores; de un acuerdo entre Legisladores que fue acompañado por la decisión política del Ejecutivo y que reflejó que en este país sí hay acuerdos, y vale la pena que pongamos énfasis también en ese hecho. A veces parecería que solo dirigimos la mirada a los puntos de confrontación y la polarización, es mi opinión personal, le ha hecho mucho daño a México.

En ese sentido saludamos la nueva legislación; insistimos en lo planteado por la diputada Ruth Lugo, que es un acuerdo de la Comisión Especial de Migración y de otras comisiones, de que nos importa cómo hacer la reglamentación antes de que se publique porque queremos tener la certidumbre de que se respete el espíritu del Legislador en la reglamentación.”

Al cuestionamiento realizado el secretario de Gobernación estableció el siguiente compromiso:

Secretario de Gobernación, Blake Mora: “Pues, entonces, entremos, digamos, alguna línea de corresponsabilidades entre los poderes, porque me parece de singular importancia, que quienes hoy hicieron un esfuerzo también de venir de lugares en donde por sus ocupaciones legislativas no se encontraban ahora en la ciudad, pues muestran precisamente el interés que se tiene, y no nos podríamos levantar de esta mesa si no concretamos algunos mecanismos para seguir trabajando, como ya aquí lo han manifestado los legisladores, las legisladoras.

Me parece fundamental e instruyo a los subsecretarios que me acompañan, particularmente al subsecretario Centeno Zamora, para que integremos estas mesas de trabajo de seguimiento, hacer una revisión.

...

También le pediría al subsecretario Rubén Fernández, que es el que trae la parte reglamentaria, y no aún y siendo, digamos, no vamos a regatear aquí las facultades que cada uno tenemos, porque, pues ahora sí trabajamos juntos en la construcción de la ley.

No quisiéramos romper el espíritu, tampoco, de lo que ha motivado en su exposición el impulso de la ley, con el reglamento, y entonces trabajar. Habrá puntos de vista, lo sé. Podremos tener opiniones diferentes y convergentes, también lo sé. Pero lo más importante es trabajar juntos, para sacar lo más consensuado posible esta legislación que es fundamental también en la ley que recientemente se ha publicado.”

Ante este compromiso y la falta de respuesta de la Secretaría de Gobernación el 10 de agosto de 2010, los senadores Francisco Herrera León, Carlos Jiménez Macías, Adolfo Toledo Infanzón, Antelmo Alvarado García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Jesús Garibay García, Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Humberto Andrade Quezada, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea y Rosalinda López Hernández, sometieron a la consideración de la Comisión Permanente un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a considerar la participación y las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración y se agilice su conclusión y promulgación.

Después del plazo límite de la publicación del reglamento de la Ley de Migración, en noviembre de 2010, un grupo de senadores del PRD enviaron un compendio de propuestas emanados de la sociedad civil para la elaboración del reglamento de la Ley de Migración, a partir de un taller realizado por el Grupo Parlamentario del PRD en octubre. Sin que a la fecha se establezca un mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a fin de revisar en el reglamento que se exprese concretamente las principales disposiciones en materia de derechos humanos y de la tarjeta de transito que se pacto en las negociaciones. Citando al senador Rubén Velázquez, uno de los principales promotores de la Ley de Migración:

“Ese método de trabajo deja muy insatisfecho a todo mundo, porque no te da ninguna garantía de que tus puntos de vista van a ser tomados en cuenta, porque no tienes posibilidad de argumentarlos.”

En cambio el Poder Legislativo y organizaciones civiles que trabajan el tema, han mostrado su inconformidad por la falta de un mecanismo de participación que incluyera retroalimentación y debate para incluir sus propuestas en la elaboración del reglamento, ya que se les pidió que enviaran sus posicionamientos vía correo electrónico.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios sobre Migración, cuestionó el hermetismo que ha mostrado la Segob en este tema. Dijo que si bien enviaron sus propuestas por correo electrónico, nunca estuvieron de acuerdo con el mecanismo. Señaló que las únicas reuniones que han sostenido con Zenteno, han sido de tipo informal. Citando a Fabienne Venet: “Nos preocupa porque el Reglamento es absolutamente fundamental para cerrar el ciclo del compromiso de México en materia migratoria. La ley ha sido un esfuerzo para avanzar en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas que migran, algo que ha sido demandado por la sociedad civil y organismos internacionales y sin reglamento eso no adquiere ninguna practicidad”.

Como Poder Legislativo se nos remitió un proyecto de Reglamento de Migración la semana pasada, cuando sabemos que desde el 16 de diciembre existe el documento final, que fue turnado a las organizaciones civiles y algunos senadores desde el 2 de enero de 2012, hubiéramos preferido la mínima cortesía de consultar la redacción de dicho reglamento con el Poder Legislativo, ya que es un proyecto pensado para enviarse a la Cofemer.

En política las formas son fondo, el pasado Jueves 12 de enero, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SG), René Martín Zenteno, convoco a representantes de organizaciones sociales, privadas y académicos de diversas instituciones de investigación, con el fin de presentar el reglamento de migración antes de enviarlo a la Cofemer para su revisión con el resto de la administración pública. De acuerdo, con la Secretaria de Gobernación afirmó que desde la publicación de la Ley de Migración ha dialogado con grupos civiles para analizar sus propuestas relacionadas con dicho reglamento. En tanto, otros grupos sociales, directamente vinculados con la gestión de apoyo a indocumentados, consideran que no ha habido un acercamiento suficiente ni productivo, por lo que anunciaron que se retiran de esta mesa. En esa posición están los integrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria, entre los que se encuentran Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California, Misión Pastoral para la Movilidad Humana, Fundar Centro de Análisis e Investigación, I(dh)eas, Litigio estratégico en derechos humanos y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración. Dicho grupo de trabajo no avala el proceso ni el contenido del anteproyecto del reglamento y exige “mecanismos reales de diálogo.

Y aunque la Secretaría de Gobernación justifique que tienen un dialogo con personas tan respetables como Cecilia Imaz, presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración; Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y Rafael Fernández de Castro, del ITAM, entre otros, consideramos que el proceso no es el adecuado y no contribuye al dialogo con las organizaciones civiles y el Poder Legislativo.

En esta secuencia de ideas me permito recuperar el posicionamiento de las organizaciones civiles de la mesa de política migratoria ante la Secretaría de Gobernación del jueves 12 de 2011.

Cita textual del posicionamiento:

“A pesar de que en reuniones con la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos y con la Unidad para el Desarrollo Político, así como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hizo el compromiso de abrir un mecanismo plural y transparente, sólo se abrió un correo electrónico para el envío de comentarios y se llevaron a cabo reuniones cerradas, que de ninguna manera son una forma de participación efectiva y democrática. No obstante estas condiciones y en virtud del compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de la población migrante, el Grupo de Trabajo entregó un documento extenso de análisis técnico para su inclusión en el reglamento con el objetivo de que su texto cumpliera con las garantías de debido proceso, acceso a la justicia, mejora de la institucionalidad y protección a la población migrante, entre otros temas. Este documento fue elaborado antes de haber recibido el anteproyecto, lo cual no permitió el desarrollo de propuestas concretas.

Como focos rojos se expresó que el anteproyecto de reglamento sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos de las personas migrantes y que no se han incluido todos los puntos que las organizaciones hicieron llegar en tiempo y forma.

Además que no se han incluido diversos puntos –en perjuicio de la población– incluyendo aquellos relacionados con el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso y la protección de la infancia, entre otros. También manifestaron que se sigue favoreciendo la violación a los derechos humanos de las personas migrantes, así como de sus defensores y defensoras. Ejemplo de ello es lo acontecido recientemente en Tenosique y que el reglamento establece un sistema migratorio no accesible para personas migrantes en mayores condiciones de vulnerabilidad y que hace que prevalezcan las condiciones actuales en las que se da la migración. Tras señalar que se incumple el espíritu de la ley y las propias declaraciones del titular del Ejecutivo de que se protegería a dicha población dijeron que su excesiva generalidad favorece la discrecionalidad de las autoridades migratorias al no prever protocolos y no establecer procedimientos claros para diversos temas como la segunda revisión, el tratamiento a los polizones, entre otros. Con ello, tampoco se aporta al fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración. Reiteraron que la participación ciudadana en la construcción de la política migratoria es muy limitada y no abre la posibilidad para el establecimiento de mecanismos amplios, plurales y transparentes y que con ello, se incumple la propia Ley de Migración. Finalmente consideraron que el anteproyecto no cumple con las características necesarias para darle aplicabilidad a la ley y certeza a las personas migrantes.

El texto, afirmaron, debe discutirse y modificarse antes de enviarlo a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para que efectivamente sea una norma útil. Y exigen que se abra una mesa de trabajo para la discusión del articulado con las características antes señaladas y se comprometan a la entrega oficial de la última versión existente del anteproyecto.”

Suscriben mesa de trabajo de política migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Prodh Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Coalición pro Defensa del Migrante de Baja California; DPMH, Dimensión Pastoral para la Movilidad Humana; Fundar Centro de Análisis e Investigación, AC; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Inedim, Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; Imumi, Instituto para las Mujeres en la Migración; Insyde, Instituto para la Seguridad y la Democracia; Nalacc, Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras , IAP; Manuel Ángel Castillo García, Grupo Guatemala-México; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; José Antonio Guevara, Consultor; Karina Arias, Consultora. Movimiento Migrante Mesoamericano M3.

El anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración, elaborado en la Secretaría de Gobernación, no incluye mecanismos para facilitar el tránsito de quienes pretenden llegar a Estados Unidos, pero en cambio sí prevé diversos requisitos para obtener una visa de temporal de transito, mismos que el grueso de los migrantes no podría cumplir. Al igual que en España la visa de visitante con permiso de realizar actividades lucrativas , el migrante debe tener una oferta de empleo o comprobar actividades personales, previa la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes; además, documentos que acrediten las disposiciones legales aplicables, la capacidad profesional o técnica para realizar la actividad profesional, ocupación u oficio a que se refiere la oferta de empleo, así como la constancia de inscripción del empleador, emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Este tema es de la mayor importancia, y considero que el Poder Legislativo, debe llamar de manera urgente la atención a la Secretaría de Gobernación sobre las formas para tratar el tema más prioritario para el Congreso de la Unión, y para recuperar de manera inmediata los canales de diálogo y acuerdos con las organizaciones sociales y los legisladores que trabajaron la Ley de Migración y las iniciativas derivadas de la misma.

Por lo expuesto, y antes que se envíe el Reglamento de Migración a la Cofemer, consideró prioritario establecer una mesa de trabajo técnico entre el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y organizaciones sociales para tratar directamente redacciones y acuerdos alcanzados para evitar la discrecionalidad de las autoridades migratorias en la atención de los transmigrantes, en respeto de los acuerdos alcanzados el 21 de julio de 2011 con el finado licenciado Blake Mora, secretario de Gobernación.

Por lo expresado, presento ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración respetar los acuerdos establecidos el 21 de julio de 2011 para establecer una mesa de revisión y seguimiento de la elaboración del Reglamento de la Ley de Migración con el Poder Legislativo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a mejorar los mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los migrantes, a fin de privilegiar el dialogo y el consenso en las disposiciones reglamentarias de la ley.”

II. Los integrantes de la Comisión dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos y propuestas del autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, tomando en consideración principalmente el compromiso asumido por el titular de la Secretaría de Gobernación, encaminado a dar la mayor participación ciudadana e institucional para la elaboración del Reglamento de referencia. De dicho análisis, se desprende que la consulta se abrió pero con resultados insuficientes para diversas organizaciones. Inclusive, el proyecto de Reglamento fue remitido al Poder Legislativo, según reconoce el proponente, pero él mismo afirma que no ha habido una comunicación eficiente.

Consecuentemente, la comisión dictaminadora considera que en el caso resulta procedente, más que incidir en la controversia de si se han cumplido o no los compromisos y si se ha abierto el diálogo necesario, se debe promover que, como propone el autor del instrumento materia de este dictamen, se mejoren los mecanismos de consulta institucional y de participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los migrantes.

En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, se sirva instruir a los titulares de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración a mejorar los mecanismos de consulta institucional y participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los migrantes, a fin de privilegiar el diálogo y el consenso en la elaboración de las disposiciones reglamentarias de la Ley de Migración.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,presidente: diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica); secretarios: diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica); integrantes: diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

ENERGIA EOLICA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios del istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de la Reforma Agraria, y en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, revisen los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de energía eólica, así como los impactos negativos económicos y sociales que éstos pudieran provocar en dicha región, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 18 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue incluida en el orden del día de la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y el presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En su capítulo de Consideraciones el proponente destaca la importancia de las fuentes de energía para la industrialización, los procesos de urbanización y las crecientes necesidades de la población y del transporte de personas y de mercancías; que las circunstancias planteadas en los últimos años por el agotamiento y encarecimiento de las fuentes fósiles de energía han reorientado a las naciones para incrementar su participación en las nuevas fuentes renovables de energías; que la posición geoestratégica de México lo convierte en uno de los países con un gran potencial para desarrollar energías limpias como la eólica, sobresaliendo algunas regiones rurales como el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca, considerada una de las mejores regiones a nivel mundial para la generación de energía eólica y en la cual empresas transnacionales desarrollan centrales actualmente, y que la generación de energía eólica debe tomar en cuenta cuestiones de justicia social y de respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas que habitan en esas regiones.

Que la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la Tierra y el Territorio, ejidatarios, comuneros y propietarios de las tierras de la región, así como organizaciones sociales, se han manifestado en contra del proyecto del Corredor Eoloeléctrico del Istmo, por considerar que representa su desalojo de sus tierras y la violación de derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas; que los propietarios de las tierras firmaron contratos de arrendamiento sin suficiente información, en castellano, sin un traductor ni un asesor de su elección, con presiones y, en todos los casos, sin un proceso de consulta previa libre e informada; que la firma de esos contratos otorga a las empresas derechos sobre la tierra por 30 años, con la posibilidad de renovarlos por otros 30 años más y fija pagos mínimos a las comunidades y que si bien la producción de energía eólica reduce el impacto ambiental en relación con la energía producida por combustibles fósiles también genera daños al medio ambiente, afecta terrenos donde se desarrollan actividades agrícolas, caminos, corrientes de agua, pozos y árboles. Finalmente, los representantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas antes citada han denunciado amenazas, agresiones y desalojos forzados.

El autor de la proposición con Punto de Acuerdo formula el siguiente:

“Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Energía y Reforma Agraria, y en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, revisen los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de la energía eólica, así como los impactos negativos económicos y sociales que éstos pudieran provocar en dicha región.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presente un informe sobre el impacto ambiental que genera la construcción del Corredor Eólico en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a investigar las denuncias y amenazas de las que han sido objeto los defensores de derechos humanos de la región y a establecer medidas para garantizar sus derechos fundamentales.”

II. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden sustancialmente con los planteamientos y propuestas del proponente de la proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, con sustento en los hechos y argumentos expresados en el apartado I. de Consideraciones de este instrumento y consideran procedente exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal, con la participación de las secretarías de Energía y de Reforma Agraria, para que procedan a revisar los términos de los contratos de arrendamiento firmados por las empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec para la explotación de la energía eólica y promuevan conforme a derecho la modificación de las cláusulas que lesionen los derechos de los ejidatarios y campesinos de los territorios afectados en el Istmo de Tehuantepec, así como para que se reduzcan los impactos negativos, económicos y sociales que pudieran provocar en la región.

Por lo que se refiere a la participación del gobierno del Estado de Oaxaca,  el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”

El artículo 124 de la CPEUM establece que:

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución Federal establece, en su párrafo segundo:

“Artículo 116. ...

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

...”

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal  para que, con la participación que corresponda a las secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Reforma Agraria, procedan a revisar los términos de los contratos de arrendamiento firmados por empresas transnacionales y ejidatarios de la región del Istmo de Tehuantepec, para la explotación de la energía eólica y promuevan conforme a derecho la modificación de las cláusulas que lesionen los derechos de los ejidatarios y campesinos de los territorios afectados en el Istmo de Tehuantepec, así como para que se reduzcan los impactos negativos, económicos y sociales que pudieran provocar en la región e informe a esta soberanía.

Segundo. Remítase el expediente al C. Gobernador del estado de Oaxaca, para su conocimiento en el ámbito de jurisdicción y competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

SISTEMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a las sanciones para el servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que incurra en actos que produzcan error judicial

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposicióncon punto de acuerdopor el que se exhorta al Poder Legislativo de las 31 entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicen las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que por culpa, negligencia o de forma dolosa incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria, de igual forma para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 18 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue incluida en el orden del día de la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y el presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En su capítulo de Consideraciones, el proponente cita la aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados de un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 225 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de sancionar al servidor público del sistema de procuración e impartición de justicia que por culpa o negligencia ejecute actos o incurra en omisiones y que por ello se retenga a una o más personas o se instruya un proceso penal que concluya en una sentencia definitiva que absuelva al procesado. La pena que se aplicaría sería de dos a cuatro años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario que serán entregados al sentenciado, y cuando la conducta sea dolosa, además de la sanción pecuniaria la pena de prisión sería de cuatro a 10 años.

En su caso, el servidor público será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Finalmente, se determina que el delito será perseguido sólo por querella de la parte ofendida.

A continuación, el proponente expresa diversas argumentaciones para justificar y dar sustento al proyecto legislativo en cuestión, mismas que se considera pertinente reproducir literalmente, para su comprensión y valoración integral:

“Consideramos esta adición como un avance en nuestra legislación porque se adentra en el tema de la responsabilidad estatal, entendiendo que cuanto más se regula en este espacio más se amplía la protección de los bienes jurídicamente tutelados de la ciudadanía.

La idea anterior encuentra su fundamento en un principio general del derecho que reza: Todo aquel que causa un daño está obligado a repararlo o en su defecto a indemnizar a quien ha sufrido la afectación. Mismo que ha producido el aforismo de que: nadie debe dañar a otro.

El estado por su actuación cotidiana se enfrenta al escenario de traspasar las esferas de derechos patrimoniales de los ciudadanos, de vulnerar garantías y causar afectaciones de índole material pero también moral.

Quizá en este tema, y sin dejar de lado los respectivos pendientes que existen, la actuación del estado en su faceta administrativa es la que más atención ha merecido por tratadistas y legisladores que se han abocado a su consolidación tanto en el marco secundario como en el constitucional, por ello el tema de la responsabilidad administrativa del estado podría encontrarse más adelantado y la discusión sobre el mismo ocupa temas más reglamentarios.

Pero la actuación del estado como juez ha pasado, en comparación con la función administrativa, un tanto desapercibida. En este aspecto la responsabilidad estatal admite varias modalidades entre las que destacan el error judicial y el anormal funcionamiento de la administración de justicia.

Estos aspectos, lamentablemente forman parte de la realidad de muchos justiciables hoy en día. Sobre todo en el ámbito penal donde un porcentaje que oscila entre el 70 por ciento y 80 por ciento de las personas que están en prisión, lo están pero no en razón de una investigación ministerial que proporcionara al juez los elementos necesarios para declarar una pena corporal sino que, fueron detenidos por cometer el delito en flagrancia, o al menos así se desprende de los expedientes.

Esto quiere decir prácticamente que si una persona no es detenida dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del ilícito tiene un 90 por ciento de probabilidades de entrar en impunidad.

Este sistema ha pervertido la función de los órganos procuradores de justicia, que ante la falta de una policía científica que sea la base de las investigaciones ministeriales, aprehende inexorablemente a los supuestos delincuentes en flagrancia lo que suple en gran medida la ausencia de pruebas periciales.

Un estudio de 2002 elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) detectó que la inmensa mayoría de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público en el proceso fueron testimoniales, muy pocas periciales y prácticamente no hubo documentales.

Ante la posible violación que signifique una actuación no apegada a derecho por parte del Ministerio Público o por parte del administrador de justicia, el legislador debe prever la manera en cómo resarcir los derechos conculcados.

Esta reparación tiene razón de ser en virtud de que la pérdida de la libertad indebida, por un delito que no se cometió o por una orden de aprehensión infundada o bien por una orden de detención mal ejecutada impacta sensiblemente no sólo en la esfera de derechos patrimoniales del indiciado o inculpado, según sea el caso, sino además tiene un impacto netamente moral ante el cual el legislador no puede ni debe ser omiso.

La reparación y la indemnización son los principales mecanismos jurídicos a través de los cuales la persona que ha sufrido la afectación puede ser restituida en sus derechos vulnerados. Pues a través de ellos se busca resarcir el daño material o moral a la víctima.

Por ello, es importante que se reformen los respectivos códigos del fuero común en las distintas entidades del país, que el estado sea el que responda directamente por la afectación que su actuación, a través de sus jueces, cause a particulares.

La adición del artículo 225 Bis que fue aprobada en días pasados en la Cámara de Diputados, también contempla aquellos casos en que la actuación de los jueces o ministerios públicos sea considerada como dolosa, es decir, que haya existido la intencionalidad de causar un daño mediante la actuación indebida.

Es necesario manifestar que también consideramos esta fórmula como parte del exhorto que se hace a las legislaturas puesto que constituye un verdadero incentivo para que los administradores y procuradores de justicia se abstengan de violentar derechos fundamentales.

Creemos que las violaciones a las garantías terminarían cuando se exija mediante fórmulas legales y no simplemente con discursos políticos que las autoridades que violen derechos o restrinjan garantías deberán responder por la comisión de sus actos.

Ciertamente la existencia de procesos penales contra jueces en nuestro país es algo poco común y lo que se busca no necesariamente tiene que ser aumentar el número de juicios en su contra sino, por el contrario, aumentar la efectividad de su labor y consolidar el estado de derecho asegurando que su función sea apegada a derecho y que, en los casos en que los jueces o los procuradores no tengan todos los elementos necesarios e indispensables para emitir un acto que limite derechos se abstengan de hacerlo.

Se busca que las legislaturas locales ejerciendo su facultad de iniciativa, atiendan la reparación e indemnización así como la responsabilidad estatal que debe recaer sobre un error judicial que devenga de vicios, defectos o imperfecciones que no puedan ser atribuibles a persona alguna; sobre un error judicial atribuible a la conducta negligente de algún o algunos funcionarios; por el funcionamiento anormal de la justicia y que se considera como todo aquel funcionamiento contrario a lo dispuesto por la ley, y finalmente a la prisión preventiva derivada de cuestiones anteriores y que se exhibe cuando una persona es retenida a efecto de que se le instruya un proceso penal que concluya con una sentencia definitiva absolutoria.

El artículo 1o. constitucional dice en su primer párrafo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, es decir, en materia de derechos humanos el país debiera homologar su protección mediante la ampliación que se haga de los mismos, para que sean éstos la base de cualquier sistema de procuración y administración de justicia en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, presidente de la honorable Comisión Permanente de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de cada una de las 31 entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal a realizar las reformas correspondientes para sancionar al servidor público del sistema de procuración o impartición de justicia que, por culpa, negligencia o de forma dolosa, incurra en actos que produzcan error judicial, funcionamiento anormal de la justicia o retención de una persona a quien se instruya un proceso penal que culmine con sentencia definitiva absolutoria; de igual forma para que se prevean mecanismos de indemnización al afectado.”

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”.

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución Federal establece, en su párrafo segundo:

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;

”

En el caso que se dictamina, aunque se trata de un proyecto legislativo que se encuentra aún en proceso de discusión y aprobación por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, la comisión dictaminadora reconoce el valor y actualidad de la reforma en él contenida y considera la conveniencia de que sea conocido por las legislaturas de las entidades federativas, a efecto de que, con estricto respeto a su soberanía, ponderen la conveniencia de impulsar un proyecto similar en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Remítase el asunto a los congresos de los 31 estados de la república y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su conocimiento y efectos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones y competencias.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente, diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.».

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre el seguimiento puntual y exhaustivo de las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposicióncon punto de acuerdopor el que se exhorta al Ejecutivo de Baja California a instruir al titular de la PGJ de dicha entidad a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 18 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, que suscriben, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita fue incluida en el orden del día de la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y el Presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En su capítulo de Consideraciones, la proponente presenta un breve resumen de la situación que guarda la legislación vigente de las niñas y las mujeres en México, incluye datos estadísticos sobre los feminicidios y concluye que las respuestas de los gobiernos de las entidades federativas ante estos gravísimos problemas han estado muy por debajo de la responsabilidad que tienen para hacer valer la seguridad y los derechos humanos de las mujeres.

En particular, la proponente se refiere concretamente al estado de Baja California, como una de las entidades donde se ha observado un crecimiento constante de los feminicidios, proporcionando cifras de la entidad.

Comenta que la Comisión Especial para el seguimiento de los feminicidios, conformada en 2010 por la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, ha adoptado diversos acuerdos y realizado reuniones con doce titulares de las procuradurías de justicia y fiscalías generales de los estados, suscribiendo acuerdos de colaboración en materia de feminicidios, y que en dos ocasiones se ha solicitado al Procurador de Justicia de Baja California su asistencia a reuniones con la comisión citada, sin que hasta la fecha se haya recibido una respuesta afirmativa. En razón, de ello, somete a consideración de la Comisión Permanente el siguiente proyecto de:

“Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo de Baja California a instruir al titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California a que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados, para informar sobre la situación de los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en la entidad y de las acciones realizadas desde la Procuraduría General de Justicia del Estado en relación a estos hechos.”

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora toman en consideración que la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, tiene por objeto que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California para que instruya al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que asista a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes con relación a los feminicidios registrados en México de la Cámara de Diputados; que cada Cámara que integra el Congreso de la Unión tiene su estructura orgánica y distribución de atribuciones, para la atención de los asuntos de su competencia, y que el artículo 38, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente establece que corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados: “Impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los programas legislativos.”

Consecuentemente, no corresponde a la Comisión Permanente aprobar acuerdos o resoluciones concernientes al desarrollo del trabajo de las comisiones de la Cámara de Diputados, que debe resolverse en los términos de la Ley Orgánica citada y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación –Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase el asunto a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti, diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

ESTADO DE TAMAULIPAS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la libertad del ciudadano José Francisco Chavira Martínez, en Tamaulipas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura fue turnada la proposicióncon punto de acuerdopor el que se exhorta al gobernador, al procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas a decretar la libertad incondicional e inmediata del señor José Francisco Chavira Martínez, a cargo del senador Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente el 18 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue incluida en el orden del día de la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y el Presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el caso se considera procedente transcribir las consideraciones y puntos de acuerdo de la proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, conforme a lo siguiente:

“Consideraciones

Al término de una rueda de prensa efectuada por aspirantes al Senado de la República de Tamaulipas por el Partido de la Revolución Democrática, el pasado 5 de enero, elementos de la policía ministerial detuvieron en forma arbitraria a uno de los precandidatos: José Francisco Chavira Martínez.

Empresario de reconocida solvencia, fundador de diversas instituciones de educación privada en las ciudades de Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y Altamira, José Francisco Chavira Martínez debe reputarse preso de conciencia en el estado de Tamaulipas.

Su detención ilegal pretende basarse en una falsa denuncia formulada por el señor Jorge Valdés desde el 20 de marzo de 2008, por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo con violencia y lesiones.

En realidad, su detención intenta frustrar su aspiración política de ser electo senador de la república.

Sin existir elemento probatorio a alguno que acreditara la existencia de los delitos que se imputan a José Francisco Chavira Martínez, la averiguación previa 159/ 2008 se mandó al archivo de la respectiva agencia investigadora, desde el mismo año de 2008.

Sin embargo, ante su registro como precandidato del Partido de la Revolución Democrática y la posibilidad de que sea elegido senador de la república, en forma inmediata, por motivaciones absolutamente políticas se reactivo en forma inmediata la averiguación previa. Y sin que se hubiesen aportado nuevas pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad en la comisión de los ilícitos que se le imputan, se ejercitó acción penal en su contra.

Y en forma displicente, el juez segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, obsequio las correspondiente orden de aprehensión y, posteriormente, decretó auto de formal prisión.

Es patente que ni de las declaraciones de los denunciantes ni de los demás elementos que sirven de base al sumario penal, se desprende siquiera imputación alguna en contra de José Francisco Chavira Martínez.

José Francisco Chavira Martínez es inocente y su detención y enjuiciamiento tienen sólo una motivación política. La Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas tuvo más de tres años para integrar la averiguación y consignarla al juez penal, lo cual no hizo porque de la averiguación previa no se deriva elemento alguno que haga presumir si quiera su responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Es evidente su detención y sujeción a proceso es una maniobra política del gobierno local para sacarlo de la contienda interna recién iniciada, y pretender influir en la vida interna del Partido de la Revolución Democrática para influir en el resultado de la elección interna, como una respuesta a las duras críticas que ha realizado por decisiones gubernamentales incorrectas.

Además, se da en un momento en que habrán de realizarse las consultas para definir a los candidatos y de la visita al estado del precandidato de la coalición de las izquierdas a la presidencia de la republica, además que le sirve como cortina de humo para desviar la atención de problemas graves que vive la entidad.

La acusación en su contra busca inhibir sus actividades como líder social y actor político importante de un partido de oposición. Por eso, su detención estuvo planeada y articulada con otras acciones en contra del Partido de la Revolución Democrática.

Indudablemente que el señor José Francisco Chavira Martínez debe considerarse preso de conciencia, porque además no existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputan, su detención tiene como única motivación su actividad como líder social y actor social de un partido político de oposición en el estado de Tamaulipas.

Como legisladores no podemos permanecer indiferentes frente al injusto encarcelamiento de este líder político defensor de causas sociales legítimas.

Por el contrario, como representantes populares, nos corresponde exigir la libertad incondicional inmediata de quien con su lucha ha contribuido a que exista mayor justicia social en México.

En vista de los hechos y consideraciones anteriores, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y al ciudadano procurador de Justicia del estado de Tamaulipas a que acuerden y promuevan el desistimiento inmediato de la acción penal ejercida en contra de José Francisco Chavira Martínez dentro de la averiguación previa número 159/2008.

Segundo: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tamaulipas a vigilar que el ciudadano juez segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, decrete la libertad incondicional e inmediata de José Francisco Chavira Martínez.”

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”

El artículo 124 de la CPEUM establece que:

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Por su parte, el artículo 116 de la misma Constitución Federal establece, en su párrafo segundo:

“Artículo 116. ...

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

...”

La Comisión dictaminadora considera que, en el caso, se trata de eventos que claramente caen bajo la jurisdicción y competencia de las autoridades ejecutivas y judiciales del Estado de Tamaulipas, por lo que, con estricto respeto a su autonomía estatal, procede la remisión del asunto a dichas autoridades para su conocimiento y efectos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se permite someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Remítase el asunto al ciudadano gobernador y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

ESTADO DE PUEBLA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo sobre el fortalecimiento del estado de derecho en Puebla

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo con relación al fortalecimiento del estado de derecho en Puebla, a cargo del diputado Rigoberto Salgado Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 18 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita, fue incluida en el orden del día de la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y el presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la proposición con punto de acuerdo manifiesta literalmente, en sus capítulos de consideraciones y punto de acuerdo, lo siguiente:

El pasado 12 de enero fue detenido José Alfredo Arango García, quien fuera secretario de Salud en el gobierno de Mario Marín Torres en el estado de Puebla, acusado de enriquecimiento ilícito por haber comprobado la acumulación de alrededor de 54 millones de pesos en sus cuentas, por quebrantar el Sistema de Pensiones del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y por realizar licitaciones irregulares para la compra de medicamentos y equipo médico.

Se trata de una acción de gobierno que merece ser reconocida, sobre todo en una entidad donde la impunidad y la corrupción de la pasada administración ha sido evidente, por tanto nuestro grupo parlamentario considera que dichas acciones deben ir a fondo y agotarse para todos los ex funcionarios de la administración de Mario Marín Torres, incluyendo al propio ex gobernador.

De hecho, el propio procurador de Justicia de Puebla ha señalado que el ministerio público de esa entidad “continúa trabajando en averiguaciones abiertas en contra de más funcionarios del sexenio de Mario Marín”, las cuales se encuentran en etapa de investigación y que hasta contar con los elementos correspondientes se van a señalar.

Por tanto la propuesta que hoy ponemos a la consideración de este pleno, va encaminada a que las autoridades tanto ministeriales como administrativas de Puebla concluyan sus procedimientos y se esclarezca qué funcionarios son responsables de actos de corrupción y si se encuentra implicado o no el propio Mario Marín Torres.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, a concluir las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos en contra de quienes resulten responsables por actos de corrupción de la pasada administración y se esclarezca si existe responsabilidad del ex gobernador Mario Plutarco Marín Torres.

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

El artículo 124 de la CPEUM establece que:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución federal establece, en su párrafo segundo:

Artículo 116. ...

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

...

Consecuentemente, la comisión dictaminadora estima que en el caso se trata de eventos claramente insertos en el ámbito competencial de las autoridades del estado de Puebla y procede la remisión del asunto al ciudadano gobernador del estado de Puebla para su conocimiento y efectos en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Remítase el expediente al ciudadano gobernador del estado de Puebla, para su conocimiento en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,presidente: diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica); secretarios: diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica); integrantes: diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

DERECHOS HUMANOS

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al respeto de la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada la proposicióncon punto de acuerdopor el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a respetar la facultad de todo ciudadano para denunciar actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a la legalidad, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentada ante el pleno de la Comisión Permanente el 11 de enero de 2012.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita fue incluida en el orden del día de la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 11 de enero de 2012 y el presidente de la Mesa Directiva turnó el asunto a esta Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en su capítulo de Exposición de Motivos, invoca el derecho a la justicia como un derecho humano y uno de los principios reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; este derecho se consolidó en 1948 a través de tratados legalmente vinculantes, internacionales y regionales, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas y por organismos intergubernamentales regionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional (CPI), que es un órgano jurisdiccional.

Que el artículo 120 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, señala que ésta será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales y no se podrá admitir ningún tipo de reservas a esta jurisdicción.

Refiere el proponente que el 25 de noviembre de 2011, un grupo de más de 23 mil mexicanos, haciendo uso de sus garantías constitucionales y del derecho de acceso a la justicia consagrados en diversos instrumentos de derecho internacional, acudieron a la CPI para solicitar se analice la “ Situación de violencia que prevalece en México” y se pueda iniciar una investigación en la que se pueda determinar si existe violación generalizada de derechos humanos y si se cometieron crímenes de lesa humanidad; invoca el derecho a la justicia para mencionar que el 27 de noviembre la Presidencia de la República difundió un documento en el que acusa a quienes presentaron la denuncia en la CPI de hacer “ imputaciones falsas y calumniosas” en contra el gobierno federal; que después de dar a conocer el comunicado anterior, funcionarios federales empezaron a realizar una campaña mediática de desprestigio y amenazas en contra de los ciudadanos firmantes de la denuncia ante la CPI.

El proponente invoca lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y argumenta a favor del derecho de los mexicanos a recurrir a instancias legales y constitucionales con el propósito de hacerse escuchar y manifestar su descontento con las acciones de la administración federal ante instancias jurisdiccionales internacionales, a las que nuestra nación se ha adherido voluntaria y soberanamente. Somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a respetar el derecho inalienable de todo ciudadano a denunciar ante las instituciones competentes, todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional.

Segundo. Esta Comisión Permanente, rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servicio público que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la república que ejerzan el derecho a la denuncia.

Tercera. La honorable Comisión Permanente, exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a asumir un compromiso digno de su investidura de jefe de estado y detenga cualquier acción del gobierno federal en contra de los 23 mil ciudadanos denunciantes ante la Corte Penal Internacional.”

II. Con el apoyo del grupo de asistencia técnica, los integrantes de la comisión dictaminadora tuvieron acceso al texto del comunicado de la Presidencia de la República, de 27 de noviembre de 2011 en el que: “ El gobierno de la república rechaza las imputaciones falsas y calumniosas que un grupo de personas realizan ante la opinión pública y en instancias como la Corte Penal Internacional”; explica cuál ha sido, desde su punto de vista, la postura y acción del gobierno de México para enfrentar la escalada de la delincuencia, tanto del orden común como del crimen organizado; explica los componentes básicos de las estrategias seguidas por el gobierno federal en esta materia y concluye:

“ Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la república explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.

También se analizaron diversas expresiones del escrito presentado ante la CPI, según fueron objeto de comentario en los medios de comunicación masiva y se pudo precisar que se trata de una solicitud para que se analice la situación de violencia que prevalece en México y se pueda iniciar una investigación en la que se pueda determinar si existe violación generalizada de derechos humanos y si se cometieron crímenes de lesa humanidad.

De lo anterior, se infiere que en el caso la controversia no se centra en el derecho de acceder a la justicia, pues es evidente que los firmantes del escrito ante la CPI ejercieron libremente tal derecho y que, por otro lado, al gobierno federal no se le puede prohibir o limitar que ejerza el derecho de acceder a la justicia para defenderse, conforme mejor convenga a sus intereses, acción esta última que, como se señala en el comunicado del gobierno federal, únicamente se está analizando para “ explorar todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes la realizan (se refiere a las presuntas imputaciones) en los distintos foros o instancias nacionales e internacionales”.

Por lo tanto, se estima que la controversia se plantea más bien en el ámbito mediático y, concretamente, en el uso de los diversos medios de comunicación, aparentemente con la intención de algunas instancias del gobierno federal de inhibir la libre expresión de las ideas en cuanto a las acciones del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado y sus efectos que victimizan a la ciudadanía.

Por lo tanto, la comisión dictaminadora no considera procedente exhortar al presidente de la República a respetar el derecho inalienable de todo ciudadano a denunciar ante las instancias competentes todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional, en virtud de que en el caso no se aportaron elementos de juicio o al menos de convicción de que se estén realizando acciones en ese sentido o con ese propósito, imputables al titular del Poder Ejecutivo federal. Se insiste en que en el caso los firmantes del escrito presentado ante la CPI ejercieron su derecho sin cortapisa alguna y que las acciones de diversas instancias del gobierno federal se produjeron con posterioridad a la presentación del escrito de referencia.

Tampoco puede limitarse en forma alguna el derecho del gobierno federal de defenderse jurisdiccionalmente en los términos que mejor estime procedente, pues ello equivaldría en negar a éste el derecho que se está reclamando para la ciudadanía.

Consecuentemente, el problema debe dimensionarse en el ámbito de la divulgación mediática del comunicado del gobierno de la república de fecha 27 de noviembre de 2011, en cuyo texto puede encontrarse un anuncio de “ explorar todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes la realizan (se refiere a las presuntas imputaciones) en los distintos foros o instancias nacionales e internacionales”, texto en el que se presume la intención de inhibir la continuación del ejercicio de la acción de los 23 mil ciudadanos firmantes del escrito a la CPI, varias veces citado.

En tales términos, ante el impacto que ha tenido el asunto en los diversos medios de comunicación masiva y ante la presunción de que la respuesta mediática del gobierno federal pudiera ser considerada excesiva o inapropiada, ante el ejercicio legítimo de un grupo de ciudadanos, se considera procedente la declaración de que la Comisión Permanente rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servicio público que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la república.

Igualmente, como una medida preventiva se estima procedente exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que se sirva instruir a los servidores públicos de la administración pública federal para que se abstengan de realizar cualquier acción en contra de los 23 mil ciudadanos suscriptores del escrito de 23 de noviembre de 2011 dirigido a la CPI.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se permite someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar el derecho inalienable de todo ciudadano a denunciar ante las instituciones competentes, todo tipo de actos contrarios a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y contra la legalidad constitucional.

Segundo. Esta Comisión Permanente, rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servidor público que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la república que ejerzan el derecho a la denuncia y, en especial, en contra de los 23 mil ciudadanos denunciantes ante la Corte Penal Internacional.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

SIERRA TARAHUMARA

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo sobre la situación actual de hambruna de las comunidades rarámuris en Chihuahua

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita al Ejecutivo federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, a cargo del senador Francisco Javier Castellón Fonseca (PRD).

2. Sobre las comunidades rarámuris en Chihuahua, a cargo del senador José Luis Máximo García Zalvidea y suscrito por los senadores Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez (PRD).

3. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa y de la Sedesol, informe a esta soberanía de las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI).

Los integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y  58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

Las proposiciones con punto de acuerdo que se citan en el proemio fueron presentadas en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012 y turnadas, para su estudio y dictamen correspondiente, a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, el autor de la primera proposición con punto de acuerdo que se dictamina, manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que los rarámuris, o tarahumaras son una etnia asentada en la parte suroeste del estado de Chihuahua, ocupando una cuarta parte (65 mil kilómetros cuadrados, aproximadamente) de una de las zonas más elevadas de la Sierra Madre Occidental, conocida también como Sierra Tarahumara; y el 90 por ciento de su población se concentra principalmente en los municipios de Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Balleza y Nonoava, en el estado de Chihuahua.

Que el pasado 15 de enero se dio a conocer a través de diferentes medios de comunicación y en las redes sociales, un video en el que el secretario del ayuntamiento de Carichí, Chihuahua, Jesús Antonio Quiñónez Rodríguez, denunció que en la Sierra Tarahumara cuando las mujeres y hombres indígenas llevan 4 o 5 días sin poder darle de comer a sus hijos se ponen tristes, motivo por el que, hasta el 10 de diciembre de 2011, 50 hombres y mujeres se habían arrojado al barranco. Agregando que además se habían detectado casos de ahorcamiento en la región, por la misma causa. Dicho video movilizó a la sociedad mexicana en varias partes del país, así como a los usuarios de las redes sociales, quienes se organizaron para realizar colectas de ayuda a los indígenas rarámuris (tarahumaras).

Continúa el proponente señalando que el 26 de noviembre del año pasado, El Diario publicó una nota sobre la falta de alimentos en la Sierra Tarahumara, comenzando a generar problemas de salud importantes entre los rarámuris, ya que de septiembre a noviembre se habían presentado 40 casos de desnutrición, de los cuales 15 fueron severos y cinco de ellos graves. Asimismo, se informó de la muerte de un niño por desnutrición en la Sierra Tarahumara.

También, el 15 de enero de este año, el periódico La Jornada dio a conocer que en poblados del municipio de Carichí al menos seis personas habían muerto de hambre, de acuerdo con lo asentado en las actas de defunción, en las cuales el médico legista asentaba como causa de muerte la desnutrición, como una consecuencia de la sequía sufrida en la región por más de cuatro meses.

Según reportajes, se incrementó el número de pequeños que ingresaron al hospital por problemas de desnutrición, con síntomas observados en países africanos como estómagos inflamados, huesos marcados en la piel, despellejamiento, palidez, diarreas asesinas, hinchazón general e inapetencia.

Al respecto, señala que la sequía es la principal explicación de la hambruna que están viviendo los rarámuris, ya que desde octubre de 2011 y hasta octubre de 2012 no tendrán comida, pues no habrá cosecha que recoger.

Afirma el proponente que la sociedad mexicana se organizó para la creación de centros de acopio manejados por ciudadanos en por los menos 7 estados de la república y el Distrito Federal para recolectar víveres. De igual forma, se han abierto cuentas bancarias para destinar dinero y así apoyar a los indígenas rarámuris ante la grave situación de hambruna por la que están atravesando.

Asimismo, señala que la Secretaría de Desarrollo Social informó que, independientemente de la veracidad o no de las versiones periodísticas sobre las pérdidas de vidas humanas a causa de suicidios motivados por el hambre, el gobierno federal reconoce la gravedad de la situación, por lo que ha invertido en ayuda 945 millones de pesos, y apoyado con alimentos, cobijas y agua para consumo humano a los habitantes de la Sierra Tarahumara afectados por la sequía y las heladas que enfrenta esa región. La dependencia agregó que para reforzar la ayuda se está enviando un paquete especial de 100 mil despensas con las que se auxiliará a las comunidades más pobres de la zona.

Ahora bien, señala el proponente que el lunes 16 de enero, el gobierno del estado de Chihuahua emitió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente el suicidio masivo de tarahumaras por motivo de la hambruna en la región.

Por lo que formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador de Chihuahua, un informe detallado sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris. Dicho informe deberá contener las acciones y programas implementados, así como los resultados obtenidos, ante la preocupante situación que viven los rarámuris en la Sierra Tarahumara, estado de Chihuahua.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con carácter de urgente, al titular del Poder Ejecutivo federal, así como al gobernador de Chihuahua, un informe detallado sobre la información dada a conocer en los medios de comunicación, así como en las redes sociales, el pasado 15 de enero, referente a que 50 hombres y mujeres se habían arrojado al barranco debido a la desesperación por no tener alimentos para ellos y sus familias.

II. Por lo que respecta al autor de la segunda proposición con punto de acuerdo que se dictamina, manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que el pasado 15 de enero circuló la noticia de que “al menos unos 50 indígenas rarámuris se suicidaron en diciembre de 2011 en la Sierra Tarahumara por la desesperación de no poder alimentar a sus hijos”. Por lo que dicha noticia tuvo un fuerte impacto en la sociedad civil, principalmente en las redes sociales, y cuyo resultado fue la constitución de varios centros de acopio de alimentos y víveres para enviarlos a las comunidades rarámuris.

Asimismo, señala el proponente que a pocas horas de que se hiciera la denuncia sobre los supuestos suicidios por hambre de rarámuris en la Sierra Tarahumara, y de que usuarios de las redes sociales organizaran colectas de alimentos, el gobierno de Chihuahua negó que haya suicidios masivos en la zona.

Afirma el proponente que ante la contradicción en la información, la propia Secretaría de Desarrollo Social ha tomado cartas en el asunto para enviar alimentos, cobijas y agua a los habitantes de la Sierra Tarahumara. Asimismo, el gobierno federal reconoce la gravedad de la situación y por ello ha invertido en ayuda 945 millones de pesos.Detalla que envía 100 mil despensas a las comunidades con más pobreza en la zona.

Por lo que formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal , así como al gobernador del estado de Chihuahua, para que en el ámbito de su respectiva competencia y de manera coordinada, se:

a) Redoblen los esfuerzos para brindar ayuda y apoyo humanitario a las comunidades de la Sierra Tarahumara, en particular a las rarámuris, ante su evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas en la región;

b) Informe sobre el resultado de los programas, permanentes y específicos, para las comunidades rarámuris en la entidad; y

c) Investigue sobre la presunta venta de despensas que otorgan los gobiernos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que remita a esta soberanía un informe pormenorizado, correspondiente al periodo 2006-2011, sobre el avance, estado y resultado que guardan las políticas públicas y programas gubernamentales dirigidos a los pueblos indígenas, con relación a los siguientes rubros:

a) Lucha contra la pobreza;

b) Infraestructura básica;

c) Atención a la salud;

d) Apoyos a la vivienda;

e) Estímulos a la producción;

f) Educación indígena y albergues escolares;

g) Fondos regionales de desarrollo;

h) Convenios en materia de justicia;

i) Desarrollo y preservación de la cultura;

j) Equidad de género, y

k) Lucha contra la discriminación.”

III.En relación al autor de la tercera proposición con punto de acuerdo que se dictamina, manifiesta sustancialmente lo siguiente:

Que la sequía y las heladas son un elemento más de la crisis agrícola, pues el abandono al campo y a las comunidades indígenas tiene décadas, y que México es uno de los países más afectados por el cambio climático y que en el territorio nacional haya pérdidas por severas sequías, ausencia de alimentos y agua.

Asimismo, señala que México registró en el último año una de las sequías más intensas de los últimos 20 años. Casi la mitad del territorio nacional reportó ausencia total de precipitaciones y altas temperaturas, con lo que se vieron afectadas alrededor del 80 por ciento de la producción agrícola. Y que en el caso de Chihuahua, este estado enfrentó la peor sequía en cincuenta años, pues el promedio de lluvia en la región apenas llegó a 217 milímetros cúbicos, lo que ha mantenido postrada a la agricultura y ganadería. La cosecha de frijol se redujo en 80 por ciento y se calcula que se perdieron 20 mil toneladas de maíz destinado principalmente al autoconsumo. Esta situación ya es una realidad y la viven hoy de forma dramática las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Ante ello, señala que la Sedesol informó que ha reforzado la ayuda a las comunidades tarahumaras, enviando alimentos, cobijas, agua para consumo, despensas mismas que consideramos indispensable y reconocemos la solidaridad que tanto autoridades como ciudadanos han mostrado con los tarahumaras.

Sin embargo, señala el proponente que la situación extrema que viven los indígenas tarahumaras “nos” obliga a hacer un nuevo llamado a las autoridades para impulsar políticas y acciones que fomenten la autonomía alimentaria del país, revertir el abandono al campo y a los campesinos, atender el desabasto de alimentos y detener la hambruna en la que permanecen millones de mexicanos.

Por lo que formula los siguientes

“Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Desarrollo Social, informe a esta soberanía las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía las políticas y acciones que emprenderán para atender la crisis alimentaria en la Sierra Tarahumara, así como las medidas que implementarán para atender el desabasto de alimentos, el alza de precios y la hambruna en nuestro país.”

IV. Los integrantes de la comisión dictaminadora consideran que por la coincidencia de fondo en la materia, en cuanto a que las tres proposiciones tienen por objeto referirse a la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, es pertinente por racionalidad práctica y economía procesal parlamentaria, atenderlas en un mismo dictamen.

Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden plenamente con los autores de las proposiciones que se dictaminan, toda vez que es ampliamente conocido la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua.

Al respecto, la comisión dictaminadora toma en cuenta que según reportajes se incrementó el número de indígenas que ingresaron al hospital por problemas de desnutrición, neumonía y parasitoris, como consecuencia de un cuadro de desnutrición profunda.

Asimismo, esta comisión dictaminadora no puede dejar de señalar y hacer un reconocimiento a la sociedad mexicana que se organizó para la creación de centros de acopio manejados por ciudadanos en por los menos 7 estados de la República y el Distrito Federal para recolectar víveres, así como la apertura de cuentas bancarias para destinar dinero y así apoyar a los indígenas rarámuris ante la grave situación de hambruna por la que están atravesando.

En el mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social ha informado que el gobierno federal reconoce la gravedad de la situación, por lo que ha invertido en ayuda 945 millones de pesos, y apoyado con alimentos, cobijas y agua para consumo humano a los habitantes de la Sierra Tarahumara afectados por la sequía y las heladas que enfrenta esa región.

En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 18 de enero de 2012, se presentó de urgente y obvia resolución, la proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chihuahua para que atiendan de manera urgente e inmediata las contingencias sociales y climáticas presentadas recientemente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, a cargo del senador Ramón Galindo Noriega del Grupo Parlamentario del PAN, a nombre de varios diputados y senadores, misma que fue discutida y aprobada, señalando lo siguiente:

“Primero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Chihuahua que en el marco de su competencia instrumente de manera inmediata la aplicación de programas para enfrentar la evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas de la región.

Segundo.Esta comisión en el marco de la división y colaboración de poderes exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua, para que soliciten la liberación de recursos procedentes del Fondo de Desastres Naturales al Ejecutivo federal, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, de ser procedente lleven a cabo la liberación de los mismos, en los términos de ley para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de Chihuahua, así como a los Ejecutivos de los municipios de la Sierra Tarahumara, que son más de 20 en dicha entidad, que al efecto corresponda a que en el marco de sus respectivas atribuciones y a través de las dependencias y organismos correspondientes, se diseñen estrategias de corte económico y social que promuevan e incentiven la productividad y el desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Tarahumara.

De manera que a mediano y largo plazo, independientemente del apoyo subsidiario que la situaciones de emergencia reclaman de los diferentes órdenes de gobierno, se encuentren en posibilidades de enfrentar, tanto las contingencias climáticas como la carencia que resulta de las mismas. Atender las dos dimensiones del problema: lo inmediato y lo que requiere de modificaciones y cambios estructurales en la organización local y en la economía local.

Cuarto. La Comisión Permanente solicita con carácter de urgente al titular del Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Chihuahua remita a esta soberanía, un informe detallado sobre:

1. La precaria situación que enfrentan los pueblos rarámuris de la Sierra Tarahumara, y no solamente los rarámuris, los pimas y los guarijíos que son parte también de las comunidades indígenas de la sierra de Chihuahua.

2. La información dada a conocer en los medios de comunicación y redes sociales el pasado 15 de enero, referente al supuesto suicidio de 50 mujeres y hombres por la desesperación de no tener alimentos para ellos y sus familias.

Quinto. La Comisión permanente exhorta a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados a impulsar la donación de un día de dieta por parte de las legisladoras y los legisladores de este Poder federal.”

Durante la discusión de dicha proposición, los diputados y senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios, estuvieron de acuerdo en que los indígenas rarámuris padecen una crisis cíclica que no se resuelve con cobijas y despensas, sino que se necesita de una estrategia de desarrollo económico a favor de la población serrana de Chihuahua; a la vez, dirigieron comunicaciones a las cámaras de Senadores y Diputados, con la propuesta de que cada legislador federal aporte un día de dieta, como apoyo solidario a la población rarámuri.

Esta comisión dictaminadora considera que la aportación de un día de dieta de cada legislador federal, se trata de un gesto de apoyo de los legisladores, pero las acciones de fondo, deben ser implementadas a través de programas de gobierno.

Los integrantes de la comisión dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, consideran procedente dar por atendidas las proposiciones que se dictaminan, toda vez que los temas planteados por los proponentes, fueron abordados durante la sesión de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012, y en la cual se aprobó el exhorto al titular del Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Chihuahua que en el marco de su competencia instrumenten de manera inmediata la aplicación de programas para enfrentar la evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas de la región, así como la solicitud de un informe detallado sobre la materia.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se consideran atendidas las Proposiciones con punto de acuerdo:

1. Por el que se solicita al Ejecutivo federal, así como al gobernador del estado de Chihuahua, un informe sobre la situación actual de hambruna que viven los pueblos y comunidades Rarámuris en la Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, a cargo del senador Francisco Javier Castellón Fonseca (PRD).

2. Sobre las comunidades rarámuris en Chihuahua, a cargo del senador José Luis Máximo García Zalvidea y suscrito por los senadores Rubén Velázquez López y Julio César Aguirre Méndez (PRD).

3. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sagarpa y de la Sedesol, informe a esta Soberanía de las medidas y acciones emprendidas para atender la hambruna que sufren las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón (PRI).

Segundo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– de la Permanente,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

ESTADO DE TABASCO

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo atinentes al desalojo de familias guatemaltecas en Tenosique, Tabasco

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de enero de 2012, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. El autor de la Proposición que se dictamina, manifiesta sustancialmente que desde 1999 las 68 familias guatemaltecas que ahora viven fuera de su país, en tierras tabasqueñas, habitaban en la zona selvática de El Petén, declarada reserva ecológica por autoridades de Guatemala. Ahí en la selva las familias sobrevivían de lo que obtenían por sus cultivos y del cuidado de sus aves de corral.

Que el 23 de agosto de 2011, la comunidad Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la policía nacional. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas. A consecuencia, los 300 habitantes, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco.

Que el día 9 de enero a las 5 de la mañana, se realizó un operativo en la franja fronteriza aledaña al Ejido de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco, donde fueron desalojados de manera violenta y sorpresiva 36 familias guatemaltecas –alrededor de 260 personas, entre ellos 115 menores de edad– mismas que se refugiaban en dicha comunidad, donde se instalaron hace cuatro meses al ser desplazados por militares de su país. En este operativo participaron unos 300 elementos de la Policía Federal, ministerios públicos de la Federación y policías municipales; algunos vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración.

Que según los datos recabados, 71 personas fueron subidas a cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

Que ante el operativo, diversas organizaciones como el Centro Prodh y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acusaron a las autoridades mexicanas de violar las garantías de los desplazados, y que incurrieron en tratos crueles e inhumanos, por lo que demandaron de manera urgente evitar repatriaciones y operativos de este tipo, garantizar la seguridad y el trato digno de los desplazados y detenidos así como presentar a las personas cuyo paradero se desconoce.

Señala el proponente que la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración “han declarado que el desalojo fue un rescate humanitario”, y que “las declaraciones contradicen lo dado a conocer por el cónsul de Guatemala en Tapachula, Francisco Armando Moreno Cordón, quien ha declarado que la situación migratoria de los 70 chapines que se encontraban en la propiedad ejidal en Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, Tabasco; contaban con documentos que les permitían su legal estancia en México”. “

Continúa señalando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga el desalojo realizado contra refugiados guatemaltecos que permanecían en Tenosique, Tabasco, para verificar que sus derechos humanos hayan sido respetados durante el operativo.

Por lo que formula los siguientes:

“Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe detallado del desalojo de refugiados guatemaltecos, realizado el pasado 9 de enero de 2012, en el ejido Tenosique, Tabasco, por el que existen denuncias de violación de derechos humanos y diversas disposiciones de la Ley de Migración.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional, investigar las denuncias de incursión de fuerzas armadas guatemaltecas u otra organización paramilitar a territorio nacional en la zona limítrofe con la República de Guatemala para cometer actos de hostigamiento contra los refugiados guatemaltecos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a fin de que gire de manera inmediata instrucciones a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciada Patricia Espinoza, a fin de establecer por la vía diplomática un acercamiento con el gobierno de la República de Guatemala que genere condiciones bilaterales para la atención de los refugiados, con pleno respeto a sus derechos humanos.

Cuarto. Se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus facultades y en pleno respeto de su autonomía, un informe del desalojo en Tenosique, Tabasco, a fin de determinar la existencia de violación de derechos humanos por funcionarios públicos del orden federal y/o estatal en dicho operativo.”

III. La comisión dictaminadora coincide sustancialmente con el autor de la proposición que se dictamina, toda vez que dicha proposición tiene por objeto referirse al tema de la protección de los derechos humanos y la seguridad de los migrantes extranjeros que transitan o se encuentran en territorio mexicano, así como sobre los hechos ocurridos la madrugada del 9 de enero de 2011, durante el desalojo de familias de refugiados guatemaltecos, encabezado por personal del Instituto Nacional de Migración, policías federales y municipales.

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que en su reunión del 17 de enero de 2012, fueron discutidas dos Proposiciones con Punto de Acuerdo: por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la SEGOB y de la SSP a fin de que rindan un informe puntual sobre el desalojo de 36 familias guatemaltecas, entre ellos 15 menores de edad, que se encontraban en calidad de desplazados en Nuevo Progreso, de Tenosique, Tabasco, suscrita por el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI; y por el que se solicita la intervención del titular del Ejecutivo federal con la del presidente de Guatemala para determinar las acciones conducentes a remediar la situación de las 90 familias de refugiados desalojadas la madrugada del 9 de enero en Tenosique, Tabasco, suscrita por la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, mismas que fueron aprobadas y discutidas por la Comisión Permanente en su sesión del día 18 de enero de 2012.

En este mismo sentido, la comisión dictaminadora toma en cuenta que en la sesión de la Comisión Permanente del 18 de enero de 2012, se aprobaron los siguientes puntos de acuerdo:

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en el ámbito de colaboración entre los poderes, al titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a emprender las negociaciones y diligencias con el gobierno guatemalteco, a fin de definir las acciones que correspondan para solucionar la problemática de las familias guatemaltecas que se encontraban en el municipio de Tenosique, Tabasco.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita del titular de la Secretaría de Gobernación y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, rindan en un plazo que no exceda de 5 días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe puntual y detallado sobre las medidas administrativas y acciones implementadas que han emprendido para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías, y la debida protección y seguridad personal de los migrantes guatemaltecos que temporalmente se internaron en territorio mexicano; y respecto a su desalojo del lunes 9 de enero de 2012 del campamento en Tenosique, Tabasco.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a ejercer su facultad de investigación sobre las posibles violaciones graves de derechos humanos en el caso de las familias guatemaltecas que fueron desalojadas de su refugio en Tenosique, Tabasco, el pasado 9 de enero del presente año, por personal del Instituto Nacional de Migración, policías federales y municipales.”

Por lo que los integrantes de la Comisión Dictaminadora, en un ejercicio de congruencia y seguimiento con los resolutivos antes referidos, consideran procedente dar por atendido la proposición que se dictamina.

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se considera atendida la Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Instituto Nacional de Migración un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco, presentada por senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

La Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica), presidente; diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica), secretarios; diputado Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Están a discusión los puntos de acuerdo, salvo el punto número 13 que se ha pedido reservar. Se abre la lista de oradores; se ha registrado, en pro, el senador Tamborrel. Tiene usted la palabra.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, sin duda que este tema, que es el que se refiere a la golpiza, que un señor de nombre Moisés Sacal infringe a uno de sus trabajadores, de nombre Enrique Vega —ustedes lo recordarán, los medios de comunicación le dieron mucho espacio—, éste es un claro abuso de poderosos y me parece importante señalar desde esta tribuna, que aunado a los resolutivos que habremos de votar, que confío será a favor, también el solicitarle a las autoridades correspondientes el que en el proceso de investigación y sanción se aplique todo el peso de la ley.

Entiendo que existe un proceso judicial y es en ese sentido al que hago un muy respetuoso llamado, para que se ponga un precedente y estas acciones no se vuelvan a repetir.

Asimismo, me permito hacer un reconocimiento y un agradecimiento, tanto a las personas en las redes sociales como a los medios de comunicación, por los espacios que dieron a este tema, porque estoy cierto que con estas denuncias públicas no sólo habrá de sancionarse conforme a derecho, sino también existirá y de hecho ya existe una sanción social, que estoy cierto habrá de desincentivar que estas acciones se vuelvan a cometer.

Es por ello que acudo a esta tribuna agradeciendo de antemano su atención y el que impulsemos, entre todos, que estas acciones no se repitan por ningún motivo en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No habiendo más oradores  y una vez separado el punto 13, pregunto a la Secretaria...

El senador Ramón Galindo Noriega(desde la curul): Sugiero que se acepte la modificación y se vote con todo el paquete.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Como usted propone una modificación, señor senador, tendría que votarse por separado si se acepta, que seguramente será así.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Pide la palabra, senador Zalvidea? Muy bien. En virtud de que no se han registrado más oradores, pregunte la Secretaría si los puntos de acuerdo que están propuestos, primero, perdón, si están suficientemente discutidos los puntos de acuerdo a consideración de la asamblea.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se...

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Perdón, sí señor senador Zalvidea.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea(desde la curul): Perdón por la confusión. Quiero participar dentro del primer punto a discusión, por lo que se crea el grupo de trabajo bicamaral en el asunto de Ayotzinapa.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿Para hablar a favor?

El senador José Luis Máximo García Zalvidea (desde la curul): Para hablar a favor.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: ¿No propondrá ninguna modificación?

El senador José Luis Máximo García Zalvidea (desde la curul): No.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene usted la palabra, señor senador.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea: Libertad un poco acotada, presidente, pero muy bien. Desde luego que estamos a favor del dictamen, nada más quiero compartir con la asamblea que algunos miembros de este grupo de trabajo hemos tenido encuentros con diferentes sectores, alrededor de este tema tan trágico para la sociedad de Guerrero y para la sociedad nacional, en general, tanto con los estudiantes, que sus compañeros fueron asesinados, con los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, funcionarios de Derechos Humanos, inclusive con habitantes de Chilpancingo, que muestran otro punto de vista.

Entonces, me parece que hemos recibido además una orientación, en el sentido de que la próxima semana, el día 1o. de febrero, vamos a presentar un informe de trabajo de las gestiones que hicimos en esta comisión, en este grupo designado, recordando que nuestro espíritu es —no somos ni miembros del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial, sino como legisladores— favorecer este espacio de diálogo, de concertación, espacio que también participaron otros diputados como Francisco Moreno, como Gerardo Fernández Noroña, como el diputado de Acción Nacional, don Agustín.

Para nosotros fue un privilegio participar en este grupo de trabajo y claro que sí les vamos a rendir un informe al respecto y también queremos proponer a la consideración del pleno la procedencia de nombrar una comisión bicamaral, que más allá de este periodo de la sesión Permanente, que se pueda instalar de una forma más definitiva, más permanente, señalando también la necesidad de que como ya hay detenidos, parece que estos detenidos efectivamente incurrieron en este delito, salvo la mejor opinión o el dictamen de las autoridades, pero que se cierre esta investigación y que se haga justicia, porque el reclamo de todos es, efectivamente, que se haga justicia, tanto para los dos alumnos asesinados como para el señor Gonzalo, el empleado de la gasolinería, cuyo acto heroico evitó una tragedia de proporciones inconmensurables.

Por cierto, ese señor ha sido designado como hijo predilecto de Chilpancingo. Gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor senador —era economía procesal. Le solicito a la Secretaría pueda poner a votación los puntos de acuerdo no reservados. Ya no hay ningún otro orador. Concedí una licencia al senador, que no había solicitado en su momento, pero esta Presidencia es muy flexible. Ponga usted a votación los puntos de acuerdo no reservados.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra, para referirse al punto de acuerdo 13 de la Primera Comisión, el senador Ramón Galindo Noriega.

El senador Ramón Galindo Noriega(desde la curul): Gracias, presidente. Hemos conversado los integrantes de la Primera Comisión sobre este punto, y con ánimo de poderlo pasar sin mayor discusión hay una sugerencia de ajuste en el segundo resolutivo del punto de acuerdo; el primer resolutivo quedaría en sus mismos términos; el segundo simplemente sugerimos eliminar el último renglón.

Este segundo resolutivo dice: Esta Comisión Permanente rechaza cualquier tipo de manifestación proveniente de cualquier servidor público, que signifique una amenaza contra la seguridad, la integridad y la libertad de los ciudadanos de la República que ejerzan el derecho a la denuncia.

Sugerimos —los legisladores de los diferentes partidos— eliminar el último renglón y de esa manera podemos estar de acuerdo en aprobarlo por unanimidad.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, señor diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Es para hacer un comentario en relación.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene usted la palabra, diputado.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez(desde la curul): Señor presidente, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este asunto fue el único que tuvimos ayer que discutir con largueza, fue un asunto que discutimos por mucho tiempo; el senador Galindo aportó sus ideas e inicialmente estaba en contra del dictamen, pero ahora me parece que lo que él propone solventaría cualquier asunto. Como presidente de esta Comisión me allano a su propuesta y ojalá que lo votáramos así de manera inmediata. Muchas gracias.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias por seguir ayudando a la economía procesal, señor diputado. Pregunte la Secretaría si es de aceptarse la modificación propuesta por el senador.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aceptarse la modificación a la propuesta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se acepta la modificación. Consulte ahora la Secretaría si con esta modificación es de aprobarse en su conjunto el punto de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo con la modificación correspondiente. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE MICHOACAN

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen negativo; en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza a que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor secretario. Se autoriza. En consecuencia, proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se desecha la proposición relativa a la elección del gobernador de Michoacán

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, fue turnada proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declare nula la reciente elección de gobernador e instruya la realización de nuevos comicios, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88 y 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 21 de diciembre de 2011, y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. Los autores de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, en su capítulo de Consideraciones presentan una narración de hechos, que se transcribe a continuación:

1. El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo en Michoacán, entre otras, la elección de gobernador de la entidad y presidente municipal de su capital, la ciudad de Morelia, cuyos resultados se vieron opacados por situaciones que presumiblemente atentaban contra la democracia de los michoacanos.

En virtud de ello el Partido Acción Nacional promovió la impugnación de los resultados de las elecciones tanto de gobernador como alcalde de Morelia ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que a la fecha mantiene en estudio lo correspondiente al gobernador, pero declaró la improcedencia de la acción legal interpuesta por el mencionado órgano político, es decir el PAN, el pasado 17 de diciembre, ante lo cual éste último promovió la respectiva querella ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así, el pasado 27 de diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sala regional Toluca, declaró la nulidad de la elección en el ayuntamiento de Morelia que le había dado el triunfo al Partido Revolucionario Institucional aduciendo 14 argumentos que plasmó el PAN en la mencionada querella.

2. Por otra parte, de acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán, para las elecciones de 2011 en este estado, la lista nominal de electores fue de 3 millones 415 mil 690 ciudadanos de los cuales 555 mil 864 son de Morelia, municipio con más votantes en la entidad, lo que representa un significativo 16.27 por ciento del total de los votantes, quienes por las circunstancias en las que se llevaron a cabo las mencionadas elecciones, fueron afectados en su derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo, tal como ya lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al declarar la nulidad de la elección en Morelia.

Tratándose, como ya se dijo, de un alto porcentaje de votantes que fueron afectados en el ejercicio de su derecho a votar, es dable suponer que la voluntad del universo de votantes para elegir a su gobernador también se vio lesionada y no refleja la verdadera voluntad de la mayoría de los michoacanos, máxime si tomamos en cuenta lo cerrado de los resultados, ya que de acuerdo con el instituto electoral local, en la elección para gobernador, el PRI tuvo un resultado de 35.39 por ciento de los votos, mientras que el contendiente más cercano, el PAN, el 32.67 por ciento; diferencia que resulta mínima y hubiera sido otra, sin las acciones y circunstancias por las cuales el tribunal federal mencionado declaró nula la elección en Morelia.

3. En virtud de todo lo anterior, enfatizando en que los resultados obtenidos en la elección de la capital del estado carecen de legitimidad, sumando que tanto la elección de presidente municipal como de gobernador se realizaron de forma paralela y que ambas elecciones fueron organizadas por las mismas autoridades electorales, entre otras similitudes, es dable presumir que el resultado pudo haber sido distinto sobre qué fuerza política encabezaría el gobierno del estado de Michoacán. En este sentido es que se estima viable y congruente con el actuar del Poder Legislativo, solicitarle al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declare nula la elección para gobernador del estado de Michoacán, pues ya no sólo persiste la duda sobre la equidad y el libre ejercicio del voto de los michoacanos, sino que hay antecedentes claros como el caso de Morelia, donde se lesionó severamente la equidad entre los contendientes y el derecho de los michoacanos de elegir libremente a sus representantes.

El proponente formula el siguiente proyecto de:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que declare nula la reciente elección de gobernador de Michoacán e instruya la realización de nuevas elecciones.

II. El Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional. En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), establece:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

El artículo 41 de la CPEUM establece que:

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución federal establece, en su párrafo segundo:

Artículo 116. ...

Los Poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

...

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

...

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

...

En el caso, como reconoce expresamente el autor de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, se trata de un asunto que es materia de la Constitución y del Código Electoral de Michoacán, que determina la jurisdicción y competencia de las autoridades de esta Entidad, a los procesos electorales locales, así como los medios de impugnación en la materia, excluyentes de las autoridades federales; en tal virtud, no justificaría la injerencia del Congreso de la Unión en materias de la jurisdicción y competencia de los órganos administrativos y jurisdiccionales autónomos de Michoacán, por lo que no se considera apropiado ni viable que se apruebe el exhorto en los términos propuestos.

Además, la comisión dictaminadora toma en cuenta que el pasado 17 de enero de 2012, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró “legal y válida la elección a gobernador del proceso electoral del 13 de noviembre pasado”, que da el triunfo a Fausto Vallejo Figueroa candidato de la coalición PRI-PVEM.

En este sentido, la declaración de validez cierra el proceso electoral local, donde se renovaron 111 de las 113 presidencias municipales (exceptuando Morelia que tendrá elección extraordinaria en junio próximo y Cherán que habrá de celebrar comicios el próximo 22 de enero mediante usos y costumbres), así como los 40 escaños del Congreso local y el titular del Poder Ejecutivo.

También, la comisión dictaminadora toma en cuenta que según notas periodísticas, la magistrada María de Jesús García Ramírez, encargada de la revisión e investigación del expediente, dijo en la sesión pública que se celebró el lunes 17 de enero de 2012 que “después de un estudio detallado y exhaustivo” se encontró que el proceso electoral de noviembre pasado “satisface los requisitos de legalidad”.

Es por ello que el proyecto de sentencia propone “declarar legal y válida la elección a gobernador del estado, que el ciudadano Fausto satisface los requisitos de elegibilidad que se requieren para ser gobernador, conforme a la normativa aplicable y que se le declara gobernador electo”.

En tal virtud, no se estima procedente que se exhorte al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para que declare nula la reciente elección de gobernador de Michoacán e instruya la realización de nuevas elecciones, en virtud de la resolución emitida por el propio tribunal sobre la materia.

Por lo expuesto, la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– somete a la consideración del pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declare nula la reciente elección de gobernador e instruya la realización de nuevos comicios, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2012.

Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,presidente: diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica); secretarios: diputado Agustín Castilla Marroquín, senador Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica), diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez; integrantes: diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), senador Jesús Murillo Karam, diputada Dora Evelyn Trigueras Durón, senador Alejandro González Alcocer, senador Ramón Galindo Noriega (rúbrica), senador Julio César Aguirre Méndez, diputado Óscar González Yáñez.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el punto de acuerdo; en virtud de que no se ha registrado orador alguno, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo propuesto.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado el punto de acuerdo. Archívese el expediente como asunto concluido.

SEQUIA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que dé solución a la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país.

Informo a la asamblea, que —como se sugirió— ahora los puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución se tratarán primero, para garantizar su debate en el pleno.

El senador Adolfo Toledo Infanzón:Gracias, presidente. En nombre propio, del diputado Gerardo Sánchez y del senador Rogelio Rueda, queremos presentar el siguiente punto de acuerdo, partiendo del hecho de que el pasado lunes el presidente de la República anuncia la puesta en marcha del Programa Integral de Atención a la Sequía 2012, con un monto cercano a los 34 mil millones de pesos y que ayer se firmó el acuerdo mediante el cual se diseña la propuesta de entrega de recursos.

Queremos señalar que desde el pasado 15 de diciembre del 2011, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó un decreto legislativo para atender este grave problema de siniestros naturales y que después de casi 40 días el titular del Ejecutivo decide apoyar.

No sólo el presidente vetó el decreto, sino que mostró escasa voluntad política y de diálogo para sumarse a este esfuerzo. Incluso señaló lo inviable de conseguir los 10 mil millones de pesos.

Qué bueno que finalmente rectifica el titular del Ejecutivo ante esta situación de emergencia que se vive en una gran parte del país, porque a este Poder Legislativo lo que más le interesa es abonar para que los problemas se atiendan y se solucionen.

Como ustedes recordarán, por acuerdo de esta Comisión Permanente el pasado 12 de enero comparecieron ante la Tercera Comisión los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura, para atender este asunto, con pocos resultados en dicha comparecencia. Desde entonces propusimos un acuerdo nacional para enfrentar juntos, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, esta emergencia.

En la reunión del 18 de enero pasado, varios legisladores que formamos parte de esta Comisión Permanente, presentamos un punto de acuerdo de urgente resolución, nuevamente solicitando al Ejecutivo federal voluntad política para construir un acuerdo nacional de emergencia para resolver el problema de la sequía. El punto no se aprobó por problemas de agenda y de tiempo, punto propuesto por el diputado Gerardo Sánchez.

Sin embargo, se creó al interior de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Comisión amplia de seguimiento a este problema; estamos claros que este problema que se vive en más de mil municipios del país, en más de 20 entidades federativas, ha traído como consecuencia esta respuesta que se ha dado el día de ayer, que si bien no creemos ni consideramos que debe de ser respuesta a alguna expresión que se movilizó en la ciudad de México durante los últimos días y quienes parece ser que ahora son quienes quieren capitalizar las respuestas del Ejecutivo federal, cuando consideramos que en la firma del acuerdo el día de ayer no se hizo ninguna mención, por omisión o por lo que haya sido, del papel que los legisladores federales de todos los partidos políticos hemos venido jugando en este tema, desde antes de la Comisión Permanente y en el proceso de integración de esta Comisión Permanente.

Es por eso que presentamos este punto de acuerdo, en donde queremos hacer algunos señalamientos, partiendo del hecho de que el Grupo amplio de trabajo de seguimiento y evaluación del impacto de las contingencias climatológicas, que aprobamos en este cuerpo colegiado, debe de ser el encargado de darle seguimiento al cumplimiento de los resolutivos que se deriven en este acuerdo nacional o programa integral de atención a la sequía, porque si bien en el acuerdo suscrito ayer se fijó un plazo de 24 horas para que los titulares de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía diseñaran la forma en que quedarán estructurados al detalle los presupuestos, tenemos varias dudas. Dudas como el hecho de que en apartado de proyectos productivos se están considerando 14 mil millones de pesos, que no sabemos a qué van orientados.

Por eso, en la reunión que tuvimos ayer de este grupo de trabajo pedimos reunirnos también con el secretario de Gobernación, para poder revisar a detalle la situación en que se encuentra este programa de los 34 mil millones de pesos, en donde las dudas que nos surgen es porque esperemos y esperamos que no sea un reajuste de recursos del Programa Especial Concurrente, del PEC, aprobado en la Cámara de Diputados para el ejercicio presupuestal de 2012. Es cuanto, presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a resolver la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano, a cargo del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

En el campo de nuestro país, México vive una de las etapas más dramáticas, desde que se inició la Revolución Mexicana de 1910. A pesar de los grandes avances para acabar con la desigualdad, la injusticia, la pobreza y la desnutrición sus rezagos fueron acompañadas de la desinversión y paradójicamente la reconversión productiva privilegió a la agricultura de exportación, dejando abandonadas a las regiones temporaleras y desérticas del país.

De los doscientos millones de hectáreas, ciento cinco corresponden a la propiedad social compuesta por ejidos y comunidades. Setenta corresponden a pequeños propietarios y en ambos domina un minifundismo con un promedio de 20 a 5 hectáreas y un alto porcentaje de 5 a una hectárea o menos.

Las políticas impuestas por los dictados de la globalización, han originado una profunda y peligrosa desigualdad social, los fenómenos de migración masiva, y de deterioro de las familias afectan ya su estructura. El narcotráfico penetra en el campo y se corre el peligro de que sus perversos actores involucrados en el crimen organizado sustituyan a las instituciones financieras y de crédito, ante la desesperación de los campesinos.

Los programas asistenciales propuestos por el Ejecutivo Federal son insuficientes, dispersos y fragmentados que no significan en la práctica más que un paliativo a la miseria, hambre y la desocupación. La economía rural dependiente de los recursos que provienen de las remesas de los campesinos en el exterior, ante el impacto de esta crisis pueden derrumbarse y a su vez configurar un panorama desesperanzador de nuestros connacionales que tendrán pronto que regresar a nuestro país.

La crisis mundial ha mostrado ya sus efectos en lo nacional. La población campesina no puede quedar desamparada ante los embates futuros de profundización de la pobreza y el deterioro dramático de su escasa capacidad de compra. El riesgo de hambrunas regionales está presente, por lo tanto debemos afrontar estos hechos con imaginación y solidaridad hacia nuestros campesinos.

Aunado a todo lo anterior, nos encontramos ante una delicada situación derivado de la granproblemática provocada por la sequía que afecta a más de la mitad del campo mexicano y que aflige a todo el país. Hemos manifestado en diferentes ocasiones, ante esta honorable tribuna, nuestra gran preocupación por la crisis agroalimentaria que hoy es un factor que impide nuestro crecimiento económico, por lo que consideramos impostergables se implementen políticas que impulsen al campo y aumenten el ingreso de nuestros campesinos.

Cabe mencionar, que más de mil 200 municipios en México, fueron afectados en 2011 por la sequía y a finales de ese año, la mitaddel país sufrió daños por alguna condición de ese fenómeno climático, que en algunos estados llegó a significar la peor sequía desde 1941.

Ante la graninsensibilidad por parte del gobierno federal en el sector agropecuario y la omisión a las propuestas por parte de los legisladores ante la Comisión Permanente del Congreso de laUnión y la mayoría de los gobernadores, con el objeto de crear un fondopara reparar los daños causados por el cambio climático, un grupo de organizaciones campesinas de diversos Estados del Norte del país, realiza una comisión denominada “Caravana del Hambre” integrada por de más de dos mil afectados, quienes exigen al gobierno federal lazar una declaratoria de emergencia por las sequías y protestan ante el incremento del 44 por ciento de los productos de la canasta básica y la insuficiencia de recursos para enfrentar los estragos de la misma.

Si bien, el gobierno federal ha implementado acciones en los últimos días, éstas no son suficientes para lograr atender el desabasto de alimentos y detener la hambruna en la que permanecen millones de mexicanos, lo que nos obliga a hacer un nuevo llamado a las autoridades para ampliar y establecer estrategias que permitan solventar la situación extrema que viven los campesinos afectados.

Por lo expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que de manera urgente de solución a la gran problemática de sequía y hambruna que vive el campo mexicano en el país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2012.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

Presidencia del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor senador. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si es de considerarse el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución. Esta Presidencia no tiene registrados oradores; en consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de la policía estatal y municipal.

La senadora Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Garantizar a plenitud la seguridad pública en México es un reto institucional de gran relevancia.

En los últimos años los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal han fructificado al convertir a la Policía Federal en una institución sólida y confiable, que se encuentra en un proceso continuo de fortalecimiento, capacitación y depuración; asegurar la honorabilidad de los agentes policiacos y dotarles del entrenamiento y el equipamiento necesarios para el buen desempeño de sus funciones resulta crucial para todas las corporaciones policiacas. De ahí que el gobierno federal emprendiera también un esfuerzo sustancial para aumentar el presupuesto en materia de seguridad pública con que cuentan los estados y municipios del país.

Desde su creación, el denominado Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) suministra a los municipios y a las demarcaciones territoriales un recurso federal, con cierto nivel de coparticipación presupuestal de las entidades federativas, destinado a la profesionalización, equipamiento y mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones policiacas.

Esto parte, por supuesto, de un esfuerzo para actualizar los niveles salariales, los sistemas de evaluación y los mecanismos de capacitación del personal policiaco, así como la actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para el combate al crimen en los municipios y demarcaciones elegibles para el programa, de acuerdo con criterios básicos de población e incidencia delictiva.

Desde luego que la dotación anual de esos recursos que han venido en aumento exponencial año tras año a los municipios, depende en gran medida y está condicionada precisamente a su buena utilización en el mejoramiento de la cobertura, la honorabilidad y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública.

En ese contexto, algunos municipios no han sido capaces de emprender un esfuerzo serio e institucional en la materia y por ende, han dejado de ser beneficiarios de este programa federal.

En el estado de México ese problema es a todas luces uno de los más importantes en la agenda pública; durante la segunda ministración del Subsemun, a mediados de noviembre de 2010, hubo problemas serios con 18 de los 25 municipios beneficiados, los cuales fueron, en su momento suspendidos.

No obstante que la mayoría cumplió sus obligaciones y por tanto, recibió esa dotación presupuestal, actualmente hay tres municipios a quienes se suspendió la tercera ministración en noviembre de 2011, se trata de los municipios de Coacalco, Naucalpan y Nezahualcóyotl; mientras los dos primeros no acreditaron el ejercicio de al menos 60 por ciento de los recursos, el tercero estaba muy rezagado en lo que refiere a adoptar un modelo policial más profesional, con homologación salarial y jerarquización terciaria.

Otros municipios solicitaron prórroga, el caso de Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Toluca, mientras que otros más como Chicoloapan, Cuautitlán y Tlalnepantla recibieron exhaustivas revisiones.

En total de los 22 municipios mexiquenses que califican para recibir los recursos del Subsemun, solamente 16 cumplieron con sus obligaciones en tiempo y forma.

Más allá de que algunos han conseguido solventar sus obligaciones con apego a la normativa y por tanto, recuperar cuantiosos y muy valiosos recursos para esos rubros, los problemas persisten y en algunas demarcaciones incluso se agudizan.

La falta de mecanismos que garanticen la depuración y la profesionalización policiacas son un lastre que no debe pasar inadvertido en el estado de México, mucho menos en el contexto de la reciente creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado.

Tenemos en el estado de México 67 mil policías municipales, estatales y ministeriales, la mayoría de los cuales aún no son examinados mediante los denominados controles de confianza, que en principio aplicaría el Centro Estatal de Control de Confianza.

Hasta diciembre del año 2011, según el propio director del centro, sólo 8 mil policías habían sido sometidos a estos exámenes y por tanto, sujetos a procesos de depuración; mientras tanto, hay un número inconmensurable de oficiales, de policía, que sin haber aprobado estos controles de confianza ni mucho menos haber sorteado algún proceso de reclutamiento con estándares mínimos de evaluación, terminan trabajando para el hampa.

Un caso emblemático es sin duda el de Germán Reyes Munguía, ex director de Inteligencia de la Policía Municipal de Toluca, quien presuntamente estaría vinculado a una de las bandas más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en ese municipio, según se informó durante su detención hace algunos días.

Evidentemente, Reyes no sólo había sido sometido a pruebas de control de confianza desde su ingreso en la policía, en 2009, como subdirector de Policía Criminal; no solamente no había sido sometido a estos controles, sino que había renunciado apenas a su cargo en abril de 2011, sin que mediara investigación alguna al respecto.

De hecho, su detención fue más bien fortuita y obedeció a una investigación que tenía el objetivo de detener a otro delincuente. De ahí que haya sido presentado en un primer momento, erróneamente, como Raymundo Mateo Cruz, alias El Mata.

Reyes Munguía, o M1 —como se le apodaba—, es el presunto responsable operativo de múltiples agresiones a policías estatales; se le atribuyen 25 homicidios y 5 secuestros...

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Concluya, senadora.

La senadora Adriana González Carrillo: Con mucho gusto, señor presidente. También se le atribuye la construcción de una fosa clandestina, que fue hallada con cinco osamentas en un predio de Almoloya de Juárez.

Peor aún, confesó que para cometer esos delitos, además de la distribución de droga en distintas localidades, recibía la protección de la policía municipal de Toluca, de Calimaya y Zinacantepec.

Esto es sólo un botón de muestra de la forma en la que está operando el crimen organizado, teniendo sobre todo aliados en las policías estatal y municipal.

Por ello es urgente y es necesario hacer nuevamente un llamado a las autoridades del estado de México a seguir avanzando en los controles de confianza a la policía, en lograr cerrar ese cerco, para que los policías verdaderamente puedan estar al servicio de la comunidad y no del lado del hampa, como está ocurriendo en el municipio de Toluca.

Es claro y evidente que no ha habido hasta este momento un compromiso y una voluntad política.

Si hubiere una Secretaría —como hasta ahora se ha creado— de Seguridad Pública, sin policías confiables, difícilmente vamos a poder lograr regresarles la tranquilidad y la seguridad a las familias mexiquenses.

Presidente, le pido, al igual que mi compañero que intervino en el punto anterior, que lo someta, por favor, a esta Comisión Permanente como un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Adriana González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Garantizar a plenitud la seguridad pública en México es un reto institucional de gran relevancia. En los últimos años, los esfuerzos emprendidos por el gobierno federal han fructificado: convirtieron la Policía Federal en una institución sólida y confiable, que se encuentra en un proceso continuo de fortalecimiento, capacitación y depuración.

Asegurar la honorabilidad de los agentes policiacos y dotarlos del entrenamiento y el equipamiento necesarios para el buen desempeño de sus funciones resulta crucial para todas las corporaciones policiacas. De ahí que el gobierno federal emprendiera también un esfuerzo sustancial a fin de aumentar el presupuesto de seguridad pública con que cuentan los estados y los municipios.

Desde su creación, el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) suministra a los municipios y a las demarcaciones territoriales un recurso federal, con cierto nivel de coparticipación presupuestal de las entidades federativas, destinado a la profesionalización, al equipamiento y al mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones policiacas.

Ello parte por supuesto de un esfuerzo para actualizar los niveles salariales, los sistemas de evaluación y los instrumentos de capacitación del personal policiaco, así como la actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para el combate del crimen en los municipios y las demarcaciones elegibles para el programa, de acuerdo con criterios básicos de población e incidencia delictiva.

Desde luego, la dotación anual de esos recursos –que han tenido un aumento exponencial año tras año– a los municipios depende en gran medida y está condicionada precisamente a su buena utilización en el mejoramiento de la cobertura, la honorabilidad y la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad pública.

Algunos municipios no han sido capaces de emprender un esfuerzo serio e institucional en la materia y, por ende, han dejado de ser beneficiarios del programa federal.

En el estado de México, ese problema es a todas luces uno de los más importantes en la agenda pública. Durante la segunda ministración del Subsemun, a mediados de noviembre de 2010, hubo problemas serios con 18 de los 25 municipios beneficiados, los cuales fueron suspendidos en su momento.

No obstante que la mayoría cumplió sus obligaciones y, por tanto, recibió esa dotación presupuestal, a tres se suspendió la tercera ministración en noviembre de 2011: Coacalco, Naucalpan y Nezahualcóyotl. Mientras los dos primeros no acreditaron el ejercicio de al menos 60 por ciento de los recursos, el tercero estaba muy rezagado en cuanto a adoptar un modelo policial más profesional, con homologación salarial y jerarquización terciaria.

Otros municipios solicitaron prórroga –el caso de Atizapán de Zaragoza, Coacalco y Toluca–, mientras que otros –como Chicoloapan, Cuautitlán y Tlalnepantla– recibieron exhaustivas revisiones.

De los 22 municipios mexiquenses que califican para recibir los recursos del Subsemun, sólo 16 cumplieron en tiempo y forma todas sus obligaciones.

Más allá de que algunos han conseguido solventar sus obligaciones con arreglo a la normativa y, por tanto, recuperar cuantiosos y muy valiosos recursos para esos rubros, los problemas persisten y en algunas demarcaciones incluso se agudizan.

La falta de instrumentos que garanticen la depuración y la profesionalización policiacas es un lastre que no debe pasar inadvertido en el estado de México, mucho menos en el contexto de la reciente creación de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.

En el estado de México hay alrededor de 67 mil policías municipales, estatales y ministeriales, cuya mayoría aún no es examinada mediante las evaluaciones respectivas que, en principio, aplicaría el Centro Estatal de Control de Confianza.

A diciembre de 2011, según el propio director del centro, sólo 8 mil policías habían sido sometidos a esos exámenes y, por tanto, sujetos a procesos de depuración. Mientras, un número inconmensurable de oficiales, sin haber aprobado los controles de confianza ni –mucho menos– haber sorteado algún proceso de reclutamiento con estándares mínimos de evaluación, terminan trabajando para el hampa.

Un caso emblemático es sin duda el de Germán Reyes Munguía, ex director de Inteligencia de la Policía Municipal de Toluca, quien presuntamente estaría vinculado a una de las bandas más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico en la localidad, según se informó durante su detención, hace algunos días.

Evidentemente, Reyes Munguía no sólo no había sido sometido a pruebas de control de confianza –desde su ingreso en la policía, en 2009, como subdirector de Policía Criminal– sino que había renunciado al encargo apenas en abril de 2011 sin que mediara investigación alguna al respecto. De hecho, su detención fue más bien fortuita y obedeció a una investigación que tenía el objetivo de detener a otro delincuente. De ahí que haya sido presentado, en un primer momento, erróneamente como Raymundo Mateo Cruz, alias El Mata.

Reyes Munguía, o M1 –como se le apodaba–, es el presunto responsable operativo de múltiples agresiones contra policías estatales; se le atribuyen 25 homicidios y 5 secuestros, así como la construcción de una fosa clandestina que fue hallada con 5 osamentas en un predio de Almoloya de Juárez. Peor aún, confesó que para cometer esos delitos, además de la distribución de droga en distintas localidades, recibía la protección de la policía municipal de Toluca, de Calimaya y de Zinacantepec.

Ese ejemplo es apenas un botón de muestra de que el sistema estatal de seguridad pública está muy lejos de servir a la sociedad y de cumplir el cometido principal: la protección de los ciudadanos.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer una estrategia de profesionalización y depuración de las policías estatal y municipales en la entidad que incluya la aplicación de exámenes de control de confianza a todos los agentes policiacos en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a construir con la mayor brevedad al menos tres centros estatales de control de confianza que apliquen con regularidad las evaluaciones pertinentes a los integrantes de las corporaciones policiacas, estatales y municipales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a establecer con las autoridades municipales correspondientes nuevos criterios para el reclutamiento policiaco con base en los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia había recibido diversas comunicaciones en un sentido o en otro; con mucho gusto atendemos su solicitud, señora senadora. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea en votación económica si se considera el presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, no hay claridad respecto al número de votos para poder tomar la decisión correspondiente; respetuosamente le sugeriría que fuera una votación nominal.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Toda vez que no lo acompañan cinco legisladores, le voy a pedir repita la votación nuevamente de manera económica, señor secretario, para que esta Presidencia pueda tomar la determinación correspondiente.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Se consulta a la asamblea en votación económica si es de aprobarse...

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Permítame señor secretario. Les solicitaría a los señores legisladores, toda vez que vamos a votar una resolución que pueda o no considerarse de urgencia, que pudiéramos poner atención al señor secretario para que se vote de manera clara y podamos proceder en consecuencia. Adelante, señor secretario.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, no hay las dos terceras partes que ordena el artículo 59.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: No se considera de urgente resolución. En consecuencia, se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE PUEBLA

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Rigoberto Salgado Vázquez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla y al presidente municipal de esa ciudad, para que atiendan y den solución a la huelga de hambre iniciada el 16 de enero de 2012, por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, a nombre del diputado Ramón Jiménez López, del Grupo Parlamentario del PRD. Toda vez que no se encuentra en esta sala.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla a resolver la huelga de hambre iniciada el 16 de enero de 2012 por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco, a cargo de Rigoberto Salgado Vázquez, en nombre de Ramón Jiménez López, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Ramón Jiménez López, perteneciente a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos aplicables de la misma, así como en los artículos 58, fracciones I, II y III; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los ciudadanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, quienes a través de un documento entregado en esta representación y quienes se identifican como artesanos pertenecientes a una étnica indígena náhuatl y desde hace más de treinta años radican en el estado de Puebla, exhiben lo siguiente:

En la ciudad de Puebla se otorgaron espacios en lo que en aquel entonces se conoció y aún se conserva, como “Tianguis de Analco”, pero hoy por acuerdo de cabildo con fecha del 8 de septiembre de 2011, se denominó como “Mercado Temporal del Jardín de Analco”. Ese parque, espacio del Jardín de Analco, fue autorizado para ocuparse como tianguis de sábados y domingos, hace ya varios años, por el gobernador en turno Melquiades Morales Flores.

Ellos han estado allí aproximadamente veinte años, todos los ciudadanos y turistas dan cuenta de ello; pero durante 2009, los regidores, dentro de los que se encontraba el hoy secretario de gobierno de Puebla, Pablo Montiel Solana, aprobaron un dictamen para que desde el 14 de octubre de 2009 ese espacio fuera considerado como mercado temporal y todos y cada uno de los comerciantes que allí se instalan se les expedirían recibos oficiales por los espacios que ocupan. Tal dictamen nunca se llevó a cabo y los comerciantes denunciaron públicamente, desde ese dos mil nueve, que quien cobrara treinta y seis mil pesos por instalar los espacios comerciales era la persona que funciona como líder y que ilegalmente cobra uso de suelo, ya que no existe ningún comprobante de por medio; dicha situación se ha denunciado sin resultados ya que hasta el día de hoy se le permite seguir en Analco y seguir cobrando ilegalmente uso de suelo; dicha persona responde al nombre de Martha Aurelia Blanco García, y a su grupo de seudolíderes se unen Enrique Francisco Escalera Melgarejo, Salvador Arismendi Vélez y Flor Ivette Oropeza Olmedo.

A su vez, en la administración de la presidenta municipal Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz se hizo pública esta denuncia y se otorgaron recibos correspondientes únicamente al mes de febrero de dos mil once, y no hubieron más recibos oficiales durante esa administración, por ello es que los líderes siguieron cobrando, aún, cuando ante los medios de comunicación los servidores públicos vociferan que los pagos son individualizados, siendo que tal situación es mentira, un engaño y una farsa.

En el año dos mil nueve, los artesanos involucrados lograron depositar su derecho de uso suelo a los juzgados civiles del estado de Puebla y cumplir con sus compromisos fiscales, con la comuna y con el país; sin embargo y a pesar de que durante la administración que encabeza Eduardo Rivera Pérez, desde los primeros días en que inicio su administración, se solicito pagar el derecho de uso de suelo, no se ha permitido, y los oficios que les han sido enviados manifiestan que “estaban analizando” su solicitud y nunca más han vuelto a responder a dicha petición.

Inclusive, han solicitado licencia de funcionamiento oficial al presidente municipal de Puebla y al tesorero Ramón Arturo Botello Vargas, es así como el primero turnó la solicitud al secretario de gobierno municipal, Pablo Montiel Solana, y el segundo de la misma manera lo hizo, ya que según sus argumentos, “necesita que le de el visto bueno el Secretario de Gobierno Municipal”, y a los artesanos nunca los ha querido recibir el Tesorero y mucho menos el secretario de gobierno municipal.

Es así como durante el año dos mil once, se han visto en la necesidad de defender su derecho al trabajo, por contar con sus espacios y seguir trabajando en el mercado temporal del Jardín de Analco. A su vez, interpusieron las siguientes demandas de amparo, con los expedientes números 1040 y su acumulado 1041/2011 en el juzgado octavo de distrito en el estado de Puebla, el número 1019/2011 en el juzgado segundo de distrito y el 1799/2011 en el estado de Puebla, y los cuales, los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, no respetaron. Las suspensiones provisionales que han otorgado esos juzgados no han surtido efecto alguno y a pesar de que en todo momento se han mostrado y de que han sido notificados, no se acatan y aún se continúan tramitando incidentes de violación a esas suspensiones. Los medios de comunicación a través del Internet dan cuenta de ello. Los funcionarios, en todo momento, reportaron a los jueces de distrito que no son ciertos los actos reclamados,declaración que no concuerda con versiones de los ciudadanos poblanos, ni mucho con la percepción e información al respecto.

En el presente año, a pesar de que se ingresaron solicitudes para pagar el derecho de uso de suelo directamente al ayuntamiento de Puebla, esto no fue posible, mientras que por otro lado, el honorable cabildo del ayuntamiento de Puebla, aprobó por unanimidad un nuevo

Acuerdo, con fecha del 8 de septiembre de 2011, en el que una vez más consideraban el mercado temporal de Analco como tal; pero desde el mes de junio del año dos mil once, la administración que encabeza Eduardo Rivera Pérez, inició con un “reordenamiento” en ese mercado temporal, y según los argumentos que se han declarado a los medios de comunicación “es para que todos y cada uno de los que ahí venden, cuenten con sus recibos oficiales de pago”.

Sin embargo, a los comerciantes como artesanos indígenas y que cuentan con dichos espacios desde hace veinte años, se les pretende excluir de toda forma y lo único que solicitan es el apoyo para seguir contando con un espacio para vender sus artesanías como lo han hecho durante tanto tiempo, pero en todo momento la administración que encabeza el ciudadano Eduardo Rivera Pérez, ha mostrado un hostigamiento hacia ellos, siendo que no se les atiende, no se les quiere escuchar, no los quieren ayudar y mucho menos sienten un respaldo como comunidad indígena, cabe mencionar que se les ha despojado de la mercancía siempre que se quieren instalar (aún cuando cuentan con las suspensiones provisionales a los amparos) y hasta el día de hoy, no se les devuelto dicha mercancía.

Por las razones anteriormente expuestas, es que se han visto en la necesidad, desde el pasado lunes dieciséis de enero de dos mil doce, de instalarse en el zócalo de la ciudad de Puebla en huelga de hambre, ya que desean ser escuchados y atendidos por el presidente municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, exigiendo ser respetados en su integridad física y moral, solo desean trabajar para poder mantener dignamente a sus familias, solicitando pagar el derecho de uso de suelo, que se establece, directamente a la Tesorería de Puebla, por los espacios que ocupan en aquel mercado temporal.

Es así como estos dignos ciudadanos han decidido con su lucha pacífica, concientizar a las autoridades del municipio de Puebla y a la humanidad, que un gobierno dirigido por seres humanos, como lo son todos, debe dialogar, establecer vínculos de comunicación que permitan conocer y plantear soluciones a los problemas, pero sobre todo que permitan expresar lo que les está pasando, ya que llevan bastante tiempo pidiendo ser escuchados para poder solucionar dicho problema, pero al no encontrar respuesta se ven en la severa necesidad de tomar medidas de gran impacto, como lo es una huelga de hambre, de hambre de justicia,de ser escuchados, de trabajar, de mantener a sus familias, con dignidad como todos los mexicanos con alma e identidad.

Por lo expuesto someto al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorte de manera inmediata al gobierno del estado de Puebla y al presidente municipal constitucional de la ciudad de Puebla a atender y dar solución a la huelga de hambre, iniciada el lunes 16 de enero de 2012, en la plaza del zócalo de Puebla, por los indígenas artesanos Lourdes García Flores y Gregorio Contreras Salvador, despojados de su actividad económico-comercial en el mercado del Jardín de Analco en la ciudad de Puebla, Puebla.

Palácio Legislativo, a 25 de enero de 2012.— Diputado Ramón Jiménez López (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, para dictaminar el presente punto de acuerdo.

FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Alejandro del Mazo Maza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que rinda un informe por escrito del ejercicio de los recursos de 2011, asignados al Fiden, a nombre del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra el diputado Alejandro del Mazo Maza, hasta por cinco minutos.

El diputado Alejandro del Mazo Maza: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde tuvimos a bien respaldar el trabajo de análisis del diputado Pablo Escudero Morales, respecto a diversos fideicomisos federales que actualmente operan.

Es necesario señalar que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creó desde el año 1991 el Fiden, cuyos fines fueron, inicialmente entre otros, garantizar mediante aval los créditos que otorgase Banobras a los gobiernos estatales y municipales para la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura básica, urbana y de servicios que atiendan las necesidades prioritarias nacionales y estatales.

Este fideicomiso, que lleva por nombre Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios, conocido como Fiden, fue modificado en el mes de marzo del año 2007, en el cual se establecieron sus objetivos, como lo es otorgar apoyos no recuperables a las entidades federativas y municipios; este fideicomiso es el medio por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna recursos de manera discrecional a un fondo de naturaleza no recuperable, sin que se cuente con información clara y precisa de hacia dónde van a parar dichos recursos.

La información del Fiden debiera ser pública y estar actualizada en su portal electrónico, en cumplimiento a los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 296 de su Reglamento, situación que no se ha cumplido, ya que el portal electrónico de la dependencia no tiene información actual, con lo que se violenta su obligación.

La última actualización que presenta es con fecha del lunes 9 de mayo del 2011, su actuar debiera ser transparente y más en época electoral. Se prende con esto un foco rojo y amerita una revisión minuciosa.

Las cifras de información del fideicomiso que se solicitan en este punto de acuerdo, respaldo que sean entregadas en las oficinas de la Comisión de la Función Pública de esta Cámara de Diputados, en un plazo no mayor de 72 horas. Lo anterior, en razón de que la información tiene más de 10 meses de atraso en su publicación y debiera ser de origen público.

No sabemos cuál ha sido el destino de estos recursos, necesitamos que se nos explique de forma clara cuáles han sido sus criterios de distribución y la selección de los proyectos, el por qué no se encuentra actualizada la información del Fidem en el portal electrónico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las causas por las cuales no se puede consultar en el portal de Transparencia federal.

No es novedad que este gobierno maneje recursos públicos de forma discrecional y no tengamos la información al respecto.

Señoras legisladoras y señores legisladores, los invito por esto a que este pleno de la Comisión Permanente apruebe el presente punto de acuerdo en su calidad de urgente u obvia resolución, lo que significará un paso más en la defensa de la transparencia de los recursos federales de este país; por su atención muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a rendir un informe por escrito del ejercicio de los recursos de 2011 asignados al Fidem y comparecer ante la Comisión de la Función Pública de esta soberanía, a cargo de Alejandro del Mazo Maza, en nombre de Pablo Escudero Morales, diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Pablo Escudero Morales, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1 y 2, del artículo 79 y artículo 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acudo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a presentar la siguiente: proposición con punto de acuerdo –de urgente y obvia resolución– por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que rinda, por escrito, un informe detallado del ejercicio de los recursos asignados para el ejercicio 2011 al Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios, Fidem, y ejercidos, ante el presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados y la comparecencia del subsecretario de Egresos de la SHCP para que explique los criterios de distribución de los recursos, la selección de los proyectos y se actualice de manera inmediata la información relativa al Fidem en la página electrónica de la dependencia, con base en los siguientes

Antecedentes

Con fecha 15 de mayo de 1991, el Poder Ejecutivo del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública federal (el fideicomitente), constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su calidad de Institución Fiduciaria (el fiduciario), un fideicomiso (el Fidem), cuyos fines fueron inicialmente, entre otros, garantizar mediante aval los créditos que otorgase Banobras a los gobiernos estatales y municipales, para la elaboración de estudios y proyectos de infraestructura básica, urbana y de servicios, que atiendan las necesidades prioritarias nacionales y estatales.

Mediante convenio celebrado por el fideicomitente y el fiduciario con fecha 15 de marzo de 2007, se modificó el Fideicomiso 1249 estableciéndose como nueva denominación “Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios” (Fidem) teniendo como objetivos, entre otros: a) otorgar apoyos no recuperables a las entidades federativas y municipios, para diversos programas y proyectos; b) Entregar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, (Banobras), las cantidades que éste no pudiese recuperar con motivo de los financiamientos otorgados a los municipios; y c) Entregar apoyos no recuperables a las entidades federativas y municipios, ya sea directamente o por conducto de Banobras, para cubrir los costos de estudios y proyectos que faciliten el proceso de financiamiento.

El fideicomiso se ha manejado con opacidad desde su constitución, por lo que no se cuenta con la información clara del uso y fin de sus recursos.

Estos antecedentes son analizados bajo los siguientes:

Considerandos

En un trabajo de análisis del gasto publico del año 2011 encontramos con el Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios  mejor conocido como “Fidem”, este fideicomiso es el medio por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna recursos de manera discrecional a un fondo de naturaleza “No recuperable”, sin que se cuente con la información clara y precisa de hacia dónde van a parar esos recursos.

De una revisión detallada a la página de la SHCP, se puede observar que la información que corresponde a este fideicomiso no se encuentra actualizada, (su última actualización es al día lunes 9 de mayo de 2011) siendo que su actuar debería ser transparente y más aún en época electoral por lo que se advierte que se prende un foco rojo que amerita una revisión minuciosa.

A fin de esclarecer el destino de estos recursos federales, acudo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que se apruebe el presente punto de acuerdo, para solicitar al titular del Ejecutivo federal rinda un informe detallado y por escrito del ejercicio de los recursos asignados al Fideicomiso denominado Fidem en el año 2011 y los que fueron ejercidos, señalando de forma precisa lo siguiente:

1. El nombre de los estados y municipios beneficiados por el Fidem y los montos de los recursos transferidos a estos.

2. Copia de las solicitudes de los recursos con cargo al patrimonio del Fidem que se presentaron a la consideración del comité técnico, por conducto del subcomité técnico de la SHCP para recibir recursos de la Subcuenta “A”, que invariablemente son firmadas por los servidores públicos de las entidades federativas y de los  municipios, que cuenten con las facultades necesarias para el efecto, conforme a la normativa que les resulte aplicable, acompañando en cada caso la información y documentación que justifique la solicitud, en los términos de las Reglas de Operación.

3. Copia de la evaluación previa realizada por las entidades federativas y/o los municipios que presentaron para recibir los recursos.

4. Copia de las solicitudes que presento el subcomité técnico de la SHCP al Comité Técnico debidamente fundada y motivada, que incluya la justificación de la pertinencia de ejecutar el programa o proyecto.

5. Copia de los siguientes documentos:

a. Marco de referencia del proyecto.

b. Especificaciones del proyecto.

c. Monto del apoyo financiero que se solicita del Fidem, incluyendo calendario de  ejecución.

d. Explicación de las etapas y componentes del programa o proyecto.

e. Identificación de otras fuentes de financiamiento, en su caso.

f. Explicación de los objetivos, estrategia y resultados esperados del programa o proyecto.

Esta información se requiere sea entregada en las oficinas de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados y dirigida al suscrito, en su calidad de diputado presidente, en un plazo que no deberá ser mayor de 72 horas, contadas a partir de que le sea notificado el presente punto de acuerdo a la Dependencia, lo anterior en razón de que dicha información debiera ser pública y estar actualizada en su portal electrónico, en cumplimiento a los artículos 9 y 11 tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el artículo 296 de su Reglamento, los cuales prevén la obligación por mandato de ley, de la “publicidad de los informes trimestrales que incluirán un reporte del cumplimiento de la misión, fines, y resultados alcanzados de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos”.

Por su parte y en caso de encontrar irregularidad en la información que sea entregada y de considerarlo necesario, el suscrito, en mi calidad de presidente de la Comisión de la Función Pública citaría a comparecer al licenciado Carlos Montaño Fernández, subsecretario de Egresos de la dependencia para que explique de forma clara cuales han sido los criterios de distribución de los recursos y la selección de los proyectos del Fidem y toda la información arriba descrita así como el por qué no se encuentra actualizada la información del el Fidem en el portal electrónico de la SHCP y las causas por las cuales no se puede consultar por el portal de transparencia federal.

Asimismo y en atención a todo lo antes señalado, exhorto al titular de la secretaría para que gire sus instrucciones a efecto de que se actualice en los portales electrónicos de Hacienda, la información relativa al Fidem, señalada en el presente punto de acuerdo.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Sea votada a favor la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por los motivos expuestos en el cuerpo de la misma, por lo que deberá ser aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados sin turno a comisión.

Segundo.Se exhorta al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que rinda por escrito un informe detallado del ejercicio de los  recursos asignados para el ejercicio 2011 al Fidem y ejercidos, el cual deberá estar acompañado de la información y documentos descritos en el párrafo tercero del apartado de considerandos del presente y ser entregados en un plazo de setenta y dos horas contados a partir de la recepción del punto de acuerdo, ante el presidente de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados.

Tercero.Una vez recibida la información en la oficina de la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, el Presidente de esta determinará si es necesaria la comparecencia del Licenciado Carlos Montaño Fernández, Subsecretario de Egresos de la SHCP ante la Comisión de la Función Pública en la Cámara de Diputados, para que explique los criterios de distribución de los recursos del FIDEM y la selección de los proyectos y procederá  a citarlo a comparecer.

Cuarto.Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que actualice de manera inmediata la información relativa al Fidem en la página electrónica de la dependencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Diputado Pablo Escudero Morales (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Muchas gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario senador Luis Alberto Villarreal García: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, no existen las dos terceras partes que ordena el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: En consecuencia, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): Presidente, ¿me puede repetir la votación?

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: No, señor diputado, ya votamos el asunto, ya se turnó este tema.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado David Hernández Pérez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública informen sobre los trámites e investigación de las denuncias de desvío de recursos del Programa de Vivienda Rural de la Sedesol, suscrito por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado David Hernández Pérez: Gracias. Con su permiso, presidente. Los gobiernos autodenominados: del cambio, han perdido la oportunidad histórica de trascender como una administración eficiente y con buenos resultados; por el contrario, a la fecha, los estragos ocasionados por los manejos discrecionales de los recursos públicos son más que evidentes, lastimando al conjunto de la sociedad.

Es conocido por todos la problemática que viven nuestros hermanos de la sierra Tarahumara; sin embargo, es importante recordar que dicha situación es la consecuencia natural del abuso de poder, de la corrupción que se ha gestado al interior de las instituciones del gobierno federal.

Es fundamental traer a la memoria que en los años 2005 y 2006, la Secretaría de Desarrollo Social contaba con recursos por mil 800 millones de pesos, los cuales serían aplicados a la región Tarahumara a través del Programa de Vivienda Rural; sin embargo, fueron ejercidos de manera discrecional.

Nos tocó en la LIX Legislatura aprobar esos recursos para poder hacer menos pesada la vida de nuestros compañeros tarahumaras; sin embargo, diversas publicaciones periodísticas y de investigación han señalado y han hecho evidente esta desviación de recursos públicos, entre las que destacan las realizadas por el galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2001, José Reveles.

A pesar de las evidencias contundentes de lo señalado, el gobierno federal ha guardado silencio, no ha realizado comentarios al respecto, haciendo a un lado el interés colectivo y sobreponiendo su ambición de poder.

La investigación de Reveles, da cuenta de un desvío aproximado de 55 millones de pesos; sin embargo, otras publicaciones dan cuenta de que fueron los mil 800 millones de pesos los que fueron malversados.

En su libro Las Manos sucias del PAN, se dice que fueron usados los padrones de los programas institucionales de Sedesol para allegarse de votos a favor de ese partido y aun el relevo en dicha Secretaría al cambio del sexenio sólo sirvió para ocultar los malos manejos de la administración previa.

Fueron muchas las denuncias que en su momento se hicieron de diversos grupos, el que se utilizó ese padrón de Sedesol para presionar a la gente para que votara por Acción Nacional en aquel tiempo; fueron muchas las denuncias, en muchas comunidades, que se hicieron precisamente de que esos mil 800 millones de pesos se utilizaron de manera discrecional, aprovechando esas listas de Sedesol para el proceso electoral.

En los años 2005 y 2006, los padrones de Sedesol y en particular, del Programa de Vivienda Rural, fueron entregados a la empresa Hildebrando, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cual se encargó de distribuir dichos documentos, entre los encargados de llevar la campaña presidencial en el 2006; con dicha información las personas llegaban con los beneficiarios diciéndoles que sus apoyos estaban condicionados a cambio de su voto a favor de su candidato, de no aceptar esto saldrían del programa social.

Se hicieron una serie de denuncias. Se da a partir de que Arnulfo Montes Cuen, presidente de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, sostuvo que desde la Sedesol y con la ayuda de los ex diputados Jorge Luis Preciado Rodríguez y José Isabel Trejo Reyes, desviaron 55 millones de pesos del Programa de Vivienda, aprobados en 2004, para beneficio de 5 mil 437 familias de dicha organización, hacia la campaña del PAN.

Hay una acusación interpuesta ante la PGR el 7 de abril de 2006; Montes Cuen afirmó que el 2 de febrero del 2005, los diputados señalados le exigieron transfiriera 27.5 millones a las cuentas bancarias de Bancomer a nombre de Preciado Rodríguez y al Banco HSBC, de la Asociación Consejo Nacional Agropecuario.

Es por eso que los diputados, desde el Grupo Parlamentario del PRI en esta Legislatura, vamos a continuar impulsando acciones encaminadas a poder vigilar que el ejercicio público se realice con total apego a las normas de transparencia y rendición de cuentas, anteponiendo el compromiso social que tenemos como representantes de la sociedad mexicana.

Presentamos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, para que informe a esta soberanía sobre las irregularidades detectadas, derivadas de la denuncia por desvío de recursos del Programa de Vivienda Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en los años 2005 y 2006.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de la Función Pública, para que a la brevedad realice una investigación que dé cuenta del desvío de recursos del Programa de Vivienda Rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo envíe un informe detallado de los pormenores de la misma. De igual forma se finquen responsabilidades por delitos imputables cometidos por funcionarios públicos y legisladores. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y a la SFP que informen sobre los trámites y la investigación de las denuncias de desvíos de recursos del Programa de Vivienda Rural de la Sedesol, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que informen a esta soberanía los trámites realizados a efecto de investigar las denuncias del desvío de recursos documentados del Programa de Vivienda Rural de la Secretaría de Desarrollo Social, ocurridos en el 2005 y 2006, imputables a funcionarios públicos y legisladores.

Asimismo, que se dé cuenta a esta soberanía de los resultados que tuvieron estas investigaciones y de los informes que de ellos hubieran hecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 25 de enero de 2012.— Diputado David Hernández Pérez (rúbrica).»

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Gracias, señor diputado. Se turna a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Función Pública de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene a continuación el uso de la palabra el diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente municipal de Guadalajara a que comunique a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos por el Subsemun. Tiene usted, señor diputado, el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos.

El diputado Gustavo González Hernández:Gracias, señor presidente, con su permiso. La seguridad pública, de acuerdo con el doctor Sergio García Ramírez, se concibe como una cualidad de los espacios públicos y privados cuya principal característica radica en la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas, así como la existencia de condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

Con respecto al tema de la seguridad pública, particularmente en el ámbito municipal, es oportuno mencionar que esta situación en los últimos dos años ha venido consolidando una tendencia que deteriora la seguridad pública en la zona metropolitana de Guadalajara.

Guadalajara presenta un importante deterioro, debido a que en estos dos últimos años se han registrado altos indicadores delictivos y de violencia, principalmente en la comisión de delitos del fuero común, así como robo de vehículos, secuestro, robo a bancos, a casa-habitación y finamente, homicidios dolosos, pero de manera alarmante.

Es lamentable esta situación, toda vez que incide también en la percepción ciudadana; hay un estudio que hizo el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC, que determinó que Guadalajara ocupa el tercer lugar en percepción de inseguridad, solamente superado por Ciudad Juárez y Monterrey, lo cual es lamentable.

Pero también hay datos duros, datos de estadística dura; en los delitos del fuero común, por ejemplo, si lo ponemos en el indicador que obliga a Naciones Unidas, que es por cada 100 mil habitantes, podemos revisar que en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo en los principales cuatro municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, se ha deteriorado totalmente la seguridad que viven los tapatíos y todos los que habitan esta zona metropolitana.

Por ejemplo, en el robo de vehículos particulares, la ciudad de Guadalajara registró un mayor incremento en este indicador; en 2009, la cifra fue de 3 mil 623 unidades, mientras que en 2011, fue de 3 mil 987 unidades. Aumentó en mil unidades robadas en la zona metropolitana.

Asimismo, el tema de secuestros; en 2008, había cuatro secuestros y acabamos de cerrar, en 2011, con 27 secuestros, y no era mejor 2010, cuando hubo 14 secuestros.

El peor indicador: robo a bancos; cuando en 2006 hubo cero robo a bancos en toda la zona metropolitana, en 2007, tres; en 2008, cero robos. Empezó 2010 con 22 y el año pasado cerramos con 104 robos a bancos. Alguien podrá decir: pero los banqueros no son los ciudadanos.

También el robo a casa-habitación aumentó considerablemente, por ejemplo, en 2008 cerró, en estos cuatro municipios con 827, mientras que en 2010 aumentó a 3 mil 71 casos de robo a casa-habitación.

En este tenor, a continuación se presenta también una tabla que condensa toda esta información dura, por así decirlo, de la incidencia delictiva que está registrando de manera alarmante la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, en su conjunto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que considero oportuno mencionar que desde su implementación, en el 2008, el denominado Subsemun ha destinado a la ciudad de Guadalajara diversos montos para ser destinados exclusivamente a acciones dirigidas a lograr mayor eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de seguridad pública.

De esta manera, se le solicita al presidente del municipio de Guadalajara, de la zona metropolitana, que tenga a bien comunicar a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsemun, Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, así como destinar y ejercer de manera oportuna —como segundo punto— los recursos obtenidos del Subsemun para el cumplimiento de los objetivos, metas y fines que persigue el referido subsidio.

El tercer punto que se propone, es considerar el establecimiento de políticas públicas concretas, abiertas y transparentes al ciudadano, así como eficaces en la materia de seguridad para que contribuya a la reducción de los alarmantes elevados índices de violencia que se están registrando en estos dos últimos años.

Cuando uno camina por la ciudad de Guadalajara y encuentra uno amigos, vecinos, compañeros, cada vez es más común escuchar que fueron asaltados, que les cristalearon el coche, que les robaron un autoparte, y creo que esto no puede ser; creo que los que están encargados de la seguridad en los municipios también tienen que ser muy, pero muy responsables, sobre todo en la transparencia, y la transparencia implica también explicar qué se está haciendo con los recursos y tratar de dar una explicación de porqué, de por qué en los dos últimos años se ha deteriorado alarmantemente la seguridad en Guadalajara. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Guadalajara a comunicar a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y de las metas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsemun, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El que esto suscribe, diputado Gustavo González Hernández, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta exhorto con puntos de acuerdo con objeto de que el presidente municipal de Guadalajara, en cumplimiento con lo establecido en el inciso h) de la fracción III, así como en la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo que se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad, tenga a bien comunicar a esta soberanía el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función en que convergen la federación, los estados y los municipios.

En este tenor, el aludido precepto constitucional precisa que la seguridad pública comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución de los mismos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución reserva para cada uno de los órganos de gobierno.

II. El eje rector número 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Estado de Derecho y Seguridad, establece los objetivos y las estrategias para garantizar la plena vigencia del estado de derecho; para proteger cabalmente la integridad y los derechos de las personas, así como para propiciar un clima de orden y paz para el desarrollo integral de México.

En este tenor, el Plan Nacional de Desarrollo se plantea como objetivo esencial, recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

III. En el marco jurídico mexicano de la seguridad púbica, se tiene que la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, además de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.

De esta manera, el artículo 2 de la mencionada ley establece que los fines de la seguridad pública consisten en salvaguardar la integridad y derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz públicos; la prevención especial y general de los delitos; la investigación de éstos; la sanción de las infracciones administrativas; la investigación y la persecución de los delitos, entre otras. Para ello, se precisa la coordinación de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

En este sentido, por lo que se refiere a la concurrencia de las facultades en la materia de seguridad pública, el citado ordenamiento establece que, entre otras cosas, corresponde a los estados y los municipios, coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que la letra señalan lo siguiente:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a II. ...

III.Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a g)...

h)Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i)...

III. a VI. ...

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

...

IX.a X...

IV. Por su parte, el denominado Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun)  surge en 2007 cuando el Congreso de la Unión destinó una partida presupuestal para formar un subsidio aplicable de manera directa a los municipios del país para ser destinado exclusivamente a cuestiones de seguridad pública. Así, a partir de 2008 se inicia con el reparto de recursos a 150 municipios en primer año.

El Subsemun se concibe como una aportación financiera del gobierno federal que se integra por una parte del gobierno federal y una más por parte del municipio, formalizada mediante convenios de adhesión celebrados con los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Los recursos del Subsemun están orientados a mejorar la seguridad pública en los municipios seleccionados e iniciar la implantación del nuevo modelo de policía a nivel nacional mediante acciones dirigidas a lograr mayor eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de seguridad pública a cargo de las corporaciones policiales de estos órdenes de gobierno.

De esta manera, se advierte que los objetivos generales de mayor relevancia del Subsemun son los siguientes:

a) Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública ejerzan los municipios para salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

b) Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios, mejorar la infraestructura de las corporaciones así como el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito.

c) Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.

De esta manera, los recursos del Subsemun están orientados a la profesionalización, equipamientos, infraestructura y prevención social del delito con participación ciudadana.

La asignación de recursos hacia los municipios se realiza a partir de los siguientes criterios:

a) Población en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal

b) La incidencia delictiva:

c) Tasa de homicidios dolosos en el periodo 2005-2009

d) La tasa de secuestros en el periodo 2005-2009

V.El presupuesto destinado para el Subsemun se encuentra establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, y es publicado en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, iniciando en 2008, y hasta el correspondiente ejercicio fiscal de 2012, el presupuesto destinado al Subsemun así como el número de municipios beneficiados por éste, se presentan a continuación:

VI.Por lo que se refiere a los recursos que el marco del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal (Subsemun) ha otorgado de manera ininterrumpida a la ciudad de Guadalajara, Jalisco; se presenta a continuación:

VII.Con respecto al tema de la seguridad pública, particularmente en el ámbito municipal es de especial importancia destacar la existencia de diversos estudios que han sido realizados y publicados por académicos y expertos en la materia de la seguridad pública en el ámbito municipal, en los cuales destaca la elevada percepción ciudadana en temas referentes a la inseguridad, violencia, impunidad e ineficacia de la autoridad para atender este tipo de problemáticas sociales.

Un ejemplo de lo anterior consiste en la información que se desprende del Análisis Regional de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en la Región Centro Occidente, publicado por el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro Occidente (Fiderco), en el cual se da cuenta del contexto que determina los problemas de seguridad pública en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), siendo éste uno de los temas prioritarios de la agenda política y de gobierno debido a que la incidencia delictiva y la violencia registran niveles de hasta un cincuenta por ciento superior a los registrados hace diez años. Aunado a ello, se registra una elevada percepción ciudadana de inseguridad, violencia, impunidad e ineficacia de las autoridad para enfrentar esta grave problemática social.

Esta situación representa un gran desafío para la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) debido a que ésta se coloca como la zona de mayor concentración urbana en la región centro occidente. Situación que se demuestra cuando es esta zona en la que se registran altos indicadores delictivos y de violencia.

Por otra parte, el estudio publicado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, denominado La inseguridad en 13 áreas urbanas de la República Mexicana da cuenta de que  de éstas, la ZMG ocupa el tercer lugar de percepción de inseguridad a nivel nacional, superada tan sólo por Ciudad Juárez y Monterrey, las cuales ocupan el primer y segundo lugar respectivamente.

De acuerdo con los datos obtenidos de dicho estudio, los ciudadanos de la ZMG que fueron encuestados manifestaron sentirse más inseguros en el transporte público; las calles; los mercados; centros comerciales; lugares de trabajo y la escuela. Aunado a ello, estos habitantes declararon haber percibido un incremento en los delitos de venta de drogas al menudeo, secuestro, narcotráfico, homicidio, delito sexual y lesiones.

VII. La Secretaría de Planeación de Jalisco, el pasado 18 de enero de 2012, publicó en el tablero de indicadores de desarrollo de Jalisco información relevante en materia de seguridad pública, la cual da cuenta de la ZMG enfrenta indicadores delictivos de violencia elevados y alarmantes.

De esta información se desprende que la ciudad de Guadalajara es donde mayormente se concentra esta problemática, ya que es en esta ciudad capital donde el índice de victimización es 68 por ciento superior al del resto del estado; registrando además que uno de cada tres ilícitos se realiza con violencia, se registran 740 robos por cada 100 mil habitantes (sólo superados por el Distrito Federal, Tijuana, Cancún y Cuernavaca). Las lesiones intencionales han aumentado en más de 100 por ciento. El número de homicidios es superior a la media nacional y tres veces más el indicador del Distrito Federal.

Por lo que corresponde a la incidencia de delitos del fuero común, en el periodo 2006-2011 es particularmente en el municipio de Guadalajara el único municipio en donde se registra un crecimiento constante en cuanto al indicador para este tipo de delitos, lo cual se refleja en la siguiente tabla y su correspondiente gráfica:

Esta misma tendencia se refleja en cuanto robo de vehículos particulares, donde una vez más es la ciudad de Guadalajara en donde se registra un mayor incremento en el número de vehículos particulares que anualmente son robados, donde del 2009 al 2011 se registraron 1,057 unidades vehiculares adicionales robadas. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Planeación de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara por lo que se refiere al tema de secuestros, se refleja incremento considerable en cuanto al número de éstos registrados anualmente, donde en el período comprendido de 2009 a 20011, se paso de tres a diez secuestros en la referida etapa. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:

En este mismo sentido, el tema que mayor atención demanda en términos de la seguridad pública, es lo referente al robo a bancos, debido a que de acuerdo con la Secretaría de Planeación de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara se registraron un total de once asaltos a sucursales bancarias en 2010, pasando a una cifra de 78 robos en el pasado año 2011, una situación alarmante debido a que durante el período 2006 al 2008, esta cifra delictiva se mantuvo en tasas de cero. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:

En igualdad de circunstancias se encuentran los índices de robo a casa habitación, donde en el período comprendido de 2009 a 2011 el computo inicia con un total de 374 robos de este tipo pasando a una cifra record de un total de 1,186 casas habitación vulneradas en el año 2011.

De nueva cuenta, es la ciudad de Guadalajara es la que concentra el mayor número de delitos de este tipo, seguida de los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:

Por lo que se refiere al tema del índice de homicidios dolosos, la Secretaría de Planeación da cuenta de que en la ciudad de Guadalajara en el período comprendido de 2009 al 2011 se superó de nueva cuenta este tipo de delitos, los cuales su registro pasó de 101 a 190, una cifra record en lo que se refiere a esta conducta delictiva, la cual supera en demasía las registrados en el período inmediato anterior, comprendido de 2006 a 2008. Esta información se presenta en la tabla siguiente y su correspondiente gráfica:

En este tenor, a continuación se presenta una tabla en la que se condensa la información relativa a la incidencia delictiva en materia de fuero común, robo a vehículos, secuestro, robo a bancos, a casa habitación y, finalmente, homicidios dolosos.

IX.En virtud del creciente índice de violencia vinculada particularmente con las altas cifras registradas en la comisión de delitos del fuero común, robo a vehículos, secuestro, robo a bancos, a casa habitación y, finalmente, homicidios dolosos, particularmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; es que considero oportuno reconocer la imperiosa necesidad que existe de exhortar al titular del gobierno municipal de la referida ciudad para que en términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecido por la Ley General del Sistema de Seguridad, dé cuenta a esta H. Soberanía de las acciones realizadas para cumplimentar lo establecido en el inciso h) de la fracción III, así como en la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo que se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad.

X. Que a manera de antecedentes de un ejercicio de rendición de cuentas semejante con el que en esta ocasión se propone, se da cuenta de los siguientes exhortos que en materia de seguridad pública han sido presentados en esta honorable Cámara de Diputados:

LIX Legislatura

Exhortos

Fecha:2005, enero 26

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos municipios del estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública a celebrar convenios para la implantación del sistema de planeación y control policial con la Policía Federal Preventiva.

Presentada por la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, PAN.

Turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 1678, miércoles 26 de enero de 2005. (1091)

LXI Legislatura

Exhortos

Fecha: 2010, noviembre 4

Con punto de acuerdo, relativo al ejercicio de los recursos federales en materia de seguridad pública asignados a estados, a municipios y al Distrito Federal.

Presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, PAN.

Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

Gaceta Parlamentaria, número 3131-VII, jueves 4 de noviembre de 2010. (2477)

Fecha: 2011, agosto 24

 Con punto de acuerdo, por la que se exhorta a hacer frente a la escalada de violencia y al desvío de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios en las entidades federativas.

Presentada por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN.

Turnada a la Comisión de Seguridad Pública.

Gaceta Parlamentaria, número 3336-I, lunes 29 de agosto de 2011.  (3427)

XI.Es trascendental que a través del presente exhorto, tanto el gobierno municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, así como del resto de los municipios que integran la zona metropolitana sean sensibles  a la importancia que adquiere el hecho de que en materia de seguridad pública corresponde a estos ámbitos de gobierno, la facultad que en términos de concurrencia comparten con el gobierno local y el federal en materia de seguridad pública.

Por lo expuesto anteriormente y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Presidente Municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que en términos del artículo 21 y en cumplimiento con lo establecido en el inciso h) de la fracción III, así como en la fracción VII del artículo 115, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo que se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley General del Sistema de Seguridad, tenga a bien comunicar a esta Soberanía  el cumplimiento de las objetivos y metas alcanzadas en el ejercicio de los recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a destinar y ejercer de manera oportuna los recursos obtenidos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) para el cumplimiento de los objetivos, metas y fines que persigue el referido subsidio.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para quetenga a considerar el establecimiento de políticas públicas concretas y eficaces en materia de seguridad que contribuyan en la reducción de los altos índices de violencia registrados en materia de delitos del fuero común, robo a vehículos, secuestro, robo a bancos, casa habitación y homicidios dolosos.

Notas:

1 Disponible en  http://www.cefp.gob.mx/notas/2008/notacefp 0172008.pdf

2 Disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinar ias/038_seguridad_publica/003_presupuesto_2010/035_subsemun

3 Disponible en http://portal.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/webfiles/pdf/INFORMACION-Subsemu n-2010-PAGADOS-Y-TRANSITO-9-JUL.pdf

4 Disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196182 &fecha=16/06/2011

5 Disponible en  http://www.centroccidente.org.mx/downloads/10%20 Analisis-Seguridad-Ciudadana.pdf

6 Disponible en http://www.icesi.org.mx/documentos/publicaciones/ gacetas/la_inseguridad_en_13_zonas_urbanas_mexicanas.pdf

7 Disponible en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/panelCiudadano/index

8 La información contenida en este documento se obtuvo del Tablero de Indicadores del Desarrollo de Jalisco  http://seplan.app.jalisco.gob. mx/tablin/panelCiudadano/index

Fecha de consulta 18 de enero del 2012. Para efectos de este documento se considera sólo  los municipios de guadalajara, Zapopán, Tlaquepaque y Tonalá

9 Considera los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopán

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Diputado Gustavo González Hernández (rúbrica).»

Presidencia del diputado Guadalupe Acosta Naranjo

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se turna a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

DEMIAN BICHIR - EMANUEL LUBEZKI

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el senador García Zalvidea, para presentar proposición con punto de acuerdo para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emanuel Lubezki, por su nominación al Óscar por mejor actuación y mejor fotografía, en las películas: Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente, suscrita por los senadores María de Lourdes Rojo e Incháustegui y el propio senador José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD.

El senador José Luis Máximo García Zalvidea: Gracias, presidente, con su permiso. Como es del conocimiento público, han sido nominados a este premio cinematográfico de gran prestigio el actor Demián Bichir, nominado como mejor actor y Emanuel Lubezki como mejor fotografía, en relación con los filmes: Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente.

De las industrias culturales, la cinematografía mexicana es una de las que tiene mayor relevancia mundial; desde sus inicios ha ido a la vanguardia en la industria fílmica, incluso a como alguna vez dijo Gabriel García Márquez: el cine mexicano nos ha enseñado a soñar, a hacer, a cantar; esto es, ha sido un modelo para los latinoamericanos cineastas o no.

A pesar de sus naturales altibajos, el cine nacional ha sido generador de artistas y técnicos cuya calidad habla del gran talento artístico de los mexicanos, en especial en el campo de la cinematografía, lo cual se ha visto reflejado por los continuos, múltiples reconocimientos internacionales, más importantes en nuestras producciones y a quienes la realizan, como ocurre ahora, como repito, la Academia de Cine de los Estados Unidos de América ha considerado a estos artistas mexicanos como candidatos a recibir estos premios.

Quiero hacer mención en este momento de una efeméride muy bella, para todos aquellos amantes del buen cine; algunos recordarán que apenas el año pasado, 2011, se cumplieron 50 años, fue en 1961 que en el Festival Internacional de Cannes se otorgó el premio La Palma de Oro, y según el dato que tengo, es la única película mexicana que lo ha recibido, estamos hablando de la película llamada Viridiana, que fue dirigida por Luis Buñuel y estelarizada por Silvia Pinal, precisamente en el año de 1961. Estamos esperando una nueva Viridiana, en su momento seguramente llegará.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de este honorable pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki, por su nominación al Oscar por Mejor Actor y Mejor Fotografía, en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki por sus nominaciones a los premios Óscar por su trabajo en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente, suscrita por los senadores María de Lourdes Rojo Incháustegui y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadores de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

De las industrias culturales, la cinematografía mexicana es una de las que tiene mayor relevancia mundial; desde sus inicios, ido a la vanguardia en la industria fílmica e, incluso, como alguna vez dijo Gabriel García Márquez, el cine mexicano nos ha enseñado a soñar, ser y cantar, esto es, ha sido un modelo para los latinoamericanos, cineastas o no.

A pesar de sus naturales altibajos, el cine nacional ha sido generador de artistas y técnicos cuya calidad habla del muy alto talento artístico de los mexicanos, en especial en la cinematografía, lo cual se ha visto reflejado por los reconocimientos internacionales más importantes a nuestras producciones y a quienes las realizan, como ocurre ahora, cuando la Academia de Cine de Estados Unidos, ha nominado para el premio Oscar una vez más a destacados mexicanos, como ocurre con Demián Bichir y Emmanuel Lubezki, por Mejor Actor y Mejor Fotografía en relación con los filmes Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de este honorable pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos resuelve felicitar al actor Demián Bichir y al fotógrafo Emmanuel Lubezki, por su nominación al Oscar por Mejor Actor y Mejor Fotografía, en las películas Una vida mejor y El árbol de la vida, respectivamente.

Dado en San Lázaro el 24 de enero de 2012.— Senadores: María de Lourdes Rojo e Incháustegui (rúbrica), José Luis Máximo García Zalvidea (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pregunte la Secretaría si se considera el punto de urgente resolución.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente u obvia resolución y se pone a discusión de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén porque así se considere favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que no lo consideren de urgente resolución favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque se considere de urgente resolución, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo ningún orador, consulte la Secretaría si está suficientemente discutido el punto.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si considera que está suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido. Consulte la secretaría a la asamblea, si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si la anterior proposición es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene ahora la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente hace una enérgica protesta por la intervención telefónica y otros mecanismos de espionaje en la Cámara de Diputados, suscrita por los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.

El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga:Muchas gracias, señor presidente. Los que abajo suscriben, diputadas y diputados, senadoras y senadores, integrantes de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para hacer una enérgica protesta por la intervención telefónica y otros mecanismos de espionaje en la Cámara de Diputados, al tenor de las siguientes consideraciones.

Antecedentes. Que el pasado 24 de enero de 2012 se dio a conocer, por parte del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se detectaron aparatos de espionaje, grabadoras, en las oficinas de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, de líderes parlamentarios y de legisladores de todos los partidos políticos de esta Cámara de Diputados; por ello se determinó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet.

Al respecto, legisladores de todas las fracciones condenaron la revelación del espionaje y pidieron que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre este tema.

Asimismo, el órgano directivo de la Cámara de Diputados interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el presunto espionaje en contra de legisladores.

Consideraciones. Los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente toman en cuenta que con los equipos detectados se graban asuntos personales y particulares de los diputados, situación que vulnera al Poder Legislativo, toda vez que es una violación flagrante al ejercicio de las facultades libres y soberanas del Poder Legislativo federal y de sus integrantes.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace una enérgica protesta en contra de las acciones presuntamente constitutivas de delitos relacionados con el espionaje telefónico y electrónico en la Cámara de Diputados, y apoya las gestiones que este órgano lleva a cabo sobre este asunto, particularmente la demanda presentada ante la Procuraduría General de la República, en la cual se solicita investigar y sancionar a los responsables del presunto espionaje en referencia.

Firman los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido de la Revolución Democrática y de los partidos del Trabajo y del Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente.

El trámite que le hemos solicitado es de urgente resolución, señor presidente; por lo cual le solicito someta este planteamiento al pleno y a esta soberanía.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.

Acuerdo de los grupos parlamentarios, por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace una enérgica protesta contra las acciones presuntamente constitutivas de delitos relacionadas con el espionaje telefónico y electrónico en la Cámara de Diputados y apoya las gestiones que este órgano lleve a cabo sobre este asunto, particularmente la demanda presentada ante la Procuraduría General de la República, en la cual se solicita investigar y sancionar a los responsables

Los que abajo suscriben, diputadas y diputados, senadoras y senadores, integrantes de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución, presentan ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para hacer una enérgica protesta por la intención telefónica y otros mecanismos de espionaje en la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Que el pasado 24 de enero de 2012 se dio a conocer por parte del diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que se detectaron aparatos de espionaje –grabadoras– las oficinas de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, de los líderes parlamentarios y de legisladores de todos los partidos políticos de la Cámara de Diputados.

Por ello, se determinó la clausura de 25 puertas y áreas que daban acceso a los servidores de telefonía e internet.

Al respecto, legisladores de todas las fracciones condenaron la revelación del espionaje y pidieron que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.

Asimismo, el órgano directivo de la Cámara de Diputados interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por presunto espionaje a los legisladores.

Consideraciones

Los grupos parlamentarios de la Comisión Permanente toman en cuenta que con los equipos detectados se grababan asuntos personales y particulares de los diputados, situación que vulnera al Poder Legislativo, toda vez que es una violación flagrante al ejercicio de las facultades libres y soberanas del Poder Legislativo federal y de sus integrantes.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión Permanente sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace una enérgica protesta en contra de las acciones presuntamente constitutivas de delitos relacionadas con el espionaje telefónico y electrónico en la Cámara de Diputados y apoya las gestiones que este órgano lleve a cabo sobre este asunto, particularmente la demanda presentada ante la Procuraduría General de la República, en la cual se solicita investigar y sancionar a los responsables del presunto espionaje de referencia.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Los Grupos Parlamentarios: diputado Francisco Rojas Gutiérrez, PRI (rúbrica);diputado Gustavo González Hernández, PAN (rúbrica);diputado Armando Ríos Piter, PRD (rúbrica);senador Javier Orozco Gómez, PVEM (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Pregunte la Secretaría si se considera el asunto de urgente resolución.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se considere de urgente resolución favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se considere de urgente resolución favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, se alcanza la mayoría calificada.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si considera suficientemente discutida la proposición con punto de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por considerarla suficientemente discutida favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría porque está suficientemente discutida.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si la proposición es de aprobarse. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sener y al director general de Pemex para que no suspendan el suministro de gasolinas y diesel a las estaciones de servicio.

SUMINISTRO DE GASOLINA Y DIESEL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión por el que se exhorta al secretario de Energía y al director general de Pemex a no suspender el suministro de gasolina y diesel a las estaciones de servicio.

Con fundamento en los artículos 78 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente

Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos para que suspendan las medidas anunciadas de cortar el suministro de gasolinas y diesel este 31 de enero de 2012 a las estaciones de servicio, otorgando un nuevo plazo para la suscripción de contratos de venta de primera mano, hasta que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva a la controversia constitucional 058/2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Los Grupos Parlamentarios: diputado Francisco Rojas Gutiérrez, PRI (rúbrica); diputado Armando Ríos Piter, PRD (rúbrica);diputado Agustín Castilla Marroquín, PAN (rúbrica);diputado Alejandro del Mazo Maza, PVEM (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera el punto de urgente resolución.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior acuerdo de la Comisión Permanente se considera de urgente resolución y se pone a discusión y votación de inmediato. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se considere de urgente resolución favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que no lo considere de urgente resolución favor de manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, sí se alcanza la mayoría calificada.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Consulto a la asamblea en votación económica si el anterior punto de acuerdo de la Comisión Permanente se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén porque se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Las legisladoras y los legisladores que estén porque no se apruebe favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría porque se apruebe, presidente.

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEA y al Crefal a suscribir convenios de colaboración con las dependencias de la administración pública federal para abatir el rezago educativo en ésta, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado federal Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación de adultos en Iberoamérica y específicamente en nuestra nación no es una iniciativa inédita. Encontramos ejemplos de ella en momentos prematuros de nuestra tradición, como es el caso de la enseñanza artesanal que practicaban los misioneros franciscanos y agustinos en Michoacán, bajo el signo de las utopías de Tomás Moro. También, se registran los primeros intentos de alfabetización masiva en el siglo pasado, tanto en iglesias como en cuarteles del ejército. Podemos decir que gracias a la educación para artesanos y oficios es que numerosas poblaciones lograron entrar de lleno a la civilización occidental.

La educación de adultos ha tenido altas y bajas a lo largo de nuestra historia, en algunas ocasiones se ha dejado por completo en manos de la sociedad civil y otras con guía gubernamental. Solamente la cooperación entre ambas, la sociedad civil y el Estado es que la educación destinada para los adultos será fructífera y de alta calidad.

En la presente década se han logrado grandes avances para abatir el rezago educativo en adultos, se han incentivado por todos los medios posibles el fomento a la lectura, la certificación de competencias laborales, se ha dado mayor capacidad operativa al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y al Centro Nacional de Evaluación, Ceneval.

Sin embargo existen sectores de adultos que deben ser atendidos en el menor tiempo posible.

En reciente fecha, el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, reveló que en la administración federal hay 30 mil servidores públicos que no concluyeron la primaria o secundaria y que incluso no saben leer ni escribir.

“De las 226 dependencias federales, sólo 24 han reportado que la totalidad de sus trabajadores tienen su educación básica completa”.

“25 dependencias no han entregado sus reportes sobre el número de trabajadores en situación de rezago educativo”.

“Entre las instituciones que ocupan los primeros lugares con mayor número de servidores públicos federales en rezago podrían estar el IMSS, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

No existe un imperativo categórico que obligué a los trabajadores al servicio del estado a que estudien, pero con la suma de voluntades se puede abatir en el corto plazo.

A nivel nacional existen 33 millones de personas en rezago educativo, de las cuales 6 millones no saben leer o escribir, 10 millones no concluyeron la primaria y 17 millones dejaron inconclusa los estudios de secundaria.

Los niños y jóvenes son el futuro de México, pero los adultos son el presente y por tanto deben brindarse facilidades y estímulos para que este gran segmento de la población concluya en su caso la educación básica obligatoria.

Nuestro país cuenta con dos grandes instituciones para la educación de adultos el INEA y el Crefal, (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, es un organismo internacional autónomo, creado en 1950 por la IV Conferencia de la UNESCO, con la participación de la Organización de Estados Americanos y del gobierno de México), el presente punto de acuerdo pretende potencializar a ambas instituciones para abatir en un corto plazo el rezago educativo en los adultos trabajadores.

Es un reto lograr que todas las dependencias oficiales que presentan rezago educativo, entre sus trabajadores, logren certificar los estudios de ellos. Se debe predicar con el ejemplo y es una norma de calidad en el servicio que la totalidad de los empleados federales cuenten con educación básica concluida.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y al Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe a suscribir convenios de colaboración con las distintas dependencias de la administración pública federal a fin de abatir el rezago educativo imperante en dicha administración pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputado Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

DISTRITO FEDERAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a prohibir en las leyes correspondientes la publicación de anuncios de clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud local sobre interrupción del embarazo; y al titular de ésta, a inspeccionar esos establecimientos y, en su caso, proceder legalmente, suscrita por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputados federales Óscar Saúl Castillo Andrade y María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones I, III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la LXI legislatura se ha avanzado en el combate a la trata de personas, a la propaganda engañosa y otros aspectos que atentan contra la salud, integridad y dignidad humana.

Como resultado de estas acciones los principales medios de comunicación han firmado acuerdos de autorregulación en sus anuncios comerciales. Un ejemplo lo tenemos en el periódico El Universal, cuyo director anunció en el año 2011:

“El Universal suprime cualquier publicidad que oferte servicios que puedan ser aprovechados por tratantes de personas ,donará a organismos de la sociedad civil, espacios para que puedan impulsar sus programas de trabajo para enfrentar este flagelo...Cancelamos totalmente nuestra participación en ese mercado ,tanto en el Universal como en el Gráfico y en nuestros espacios de internet....el Director hizo un llamado a los medios de comunicación para sumarse a la certeza de que una medida de este tipo tiene la fuerza de una emancipación a favor de sectores especialmente débiles de la sociedad.”

También durante 2011 la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de Decreto que reforma el reglamento de la Ley Federal de Salud y que buscará poner fin a los llamados “ productos milagro” que engañan a la gente y juegan con su salud.

Obliga a que todo producto que se anuncian en los medios de comunicación obtenga un certificado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de lo contrario la autoridad sanitaria ordenará al medio de comunicación retirar el comercial en un plazo máximo de 24 horas.

Pues bien “la interrupción legal del embarazo” no es un asunto menor, es evidente que existen vacios legales respecto al papel que deberían jugar los medios de comunicación en temas de salud pública.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual en el artículo 38 establece que es necesario “...Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres. Por el contrario, se espera que los medios de comunicación favorezcan a la erradicación de todo tipo de violencia, y que fortalezcan el respeto por los derecho humanos y la igualdad de las mujeres.”

Los variados anuncios que aparecen en diarios de circulación nacional sobre “interrupción legal del embarazo” lo hacen de una manera que no señalan riesgos, no establecen direcciones físicas sino que solamente teléfonos, no establecen si cuentan con supervisión de la Secretaria de Salud del DF, ni otro tipo de certificaciones médicas.

La forma en que se encuentran redactados los anuncios aludidos no es ética pues manifiestan una promociónde las prácticas “de interrupción legal del embarazo”, ejemplo lo tenemos en anuncios que establecen “cobros por semana”, resultando que una operación de este tipo a las 3 semanas cuesta 3,400 pesos y una de 12 semanas (límite legal) 5,500.

Acción Nacional considera que la práctica del aborto no es compatible con la dignidad de la persona humana, sin embargo la Asamblea del DF aprobó que esta práctica sea legal en la Ciudad de México. Consideramos que deben existir garantías de salud y de normas que respeten la edad y dignidad de las mujeres. (Los anuncios aludidos son el inicio de clínicas destinadas exclusivamente al aborto y convertir esto en un negocio.

De manera independiente la Secretaria de Salud del Distrito Federal debe certificar la sanidad de las clínicas abortivas y la cédula profesional de los médicos que prestan sus servicios. Adicionalmente –y objeto del presente exhorto–los medios de comunicación deben auto regularse y evitar la promoción del tipo anuncios de las clínicas abortivas.

Es un hecho que la promoción de los genéricamente llamados “productos milagro” es actualmente prohibido por la ley, de igual manera debe procederse contra publicidad engañosa y que no presentan a las potenciales pacientes los riesgos y alternativas de dicha intervención quirúrgica.

Las siguientes cifras son ilustrativas sobre la situación del aborto en la Ciudad de México.

Los números están subestimados debido a la falta de presentación de informes por parte de las clínicas privadas.

En una nota del periódico El Universal, publicada el domingo 6 de febrero de 2011 y firmado por Natalia Gómez relata:

“ Las autoridades no vigilan”

“La condición jurídica del aborto en la ciudad de México ha hecho proliferar negocios sin una inspección estricta donde, con el objetivo de obtener mayores ganancias, se violan disposiciones legales, como la de practicar abortos sólo cuando la mujer lleva menos de 12 semanas de embarazo.”

“Una serie de llamadas telefónicas realizadas por EL UNIVERSAL a centros médicos revela que los costos que aplican las clínicas privadas de la capital van de los 2 mil hasta los 10 mil pesos. También se pudo constatar que en ocasiones se realizan abortos a menores de edad que van acompañadas de algún adulto, siendo que la ley establece acudir con el padre, la madre, el tutor o el representante legal.”

Una de estas llamadas para pedir informes hace constar la laxitud de las clínicas privadas.

— ¿Si la persona es menor de edad, cuáles son los requisitos para interrumpir el embarazo?

—La chica tiene que venir acompañada de una persona con credencial de elector.

— ¿Puede acudir simplemente con un amigo?

— Sí, claro, pero que se haga responsable de ella.

La Secretaría de Salud del Distrito Federal y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dice no tener responsabilidad de la vigilancia de los procedimientos que se llevan a cabo en esas clínicas privadas, que desde hace casi cuatro años trabajan sin supervisión oficial.

Lo cierto es que por ley no existe la obligación de las clínicas privadas de declarar que realizan abortos, ni tampoco el número de procedimientos de este tipo y menos aún las ganancias generadas por ello.

Otro aspecto que pone en riesgo la salud de las mujeres es que los abortos pueden ser realizados por médicos generales y no sólo por especialistas. La ley del Distrito Federal indica que de preferencia la interrupción del embarazo sea practicada por gineco-obstetras, pero deja abierta la posibilidad a que lo realice un cirujano general.

“Esto es un negociazo, porque las clínicas no reportan de forma adecuada la cantidad de procedimientos. Difícilmente alguien te pide un recibo de honorarios, por lo que la declaración que hacen de este tipo de eventos suele ser menor que la cifra real, y están teniendo ingresos mayúsculos”, dice Mauricio Osorio, médico ginecólogo del Hospital Ángeles.

Para la constitucionalista Ingrid Tapia, la ley aprobada en la ciudad de México no sacó de la clandestinidad la práctica del aborto, pues sólo parece haber legalizado métodos irregulares. “Lo que mata a las mujeres cuando se practican un legrado es la impericia médica de quienes lo practican, lo único que logró la despenalización durante las 12 primeras semanas es que todos esos médicos que practicaban legrados en la clandestinidad, que eran los causantes de las muertes por su impericia médica, hoy lo hagan impunemente”, dice la abogada.”..

Por lo expuesto se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que el ámbito de su competencia establezcan en las leyes correspondientes, la prohibición de publicitarse las clínicas privadas no autorizadas por la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ofreciendo de manera irresponsable la interrupción del embarazo o aborto, así mismo, cualquier medio de comunicación no podrá contratar publicidad de estas, sin que aparezca su registro correspondiente .

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal a realizar inspecciones y aplicar la normatividad a las clínicas privadas que ofertan “la interrupción legal del embarazo o aborto” y, en su caso, proceder legalmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputados: Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), María Joann Novoa Mossberger.»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Sener a analizar mediante Pemex la posibilidad de recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto de Tapachula, Chiapas, para construir un parque ecológico y temático, suscrita por el senador Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo para recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas, para su utilización como zona recreativa y cultural en beneficio de toda los chiapanecos, mediante las construcción de un parque ecológico y temático de la región, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el mes de febrero del año pasado, el suscrito presentó en el Senado de la República un punto de acuerdo en el que se exhortó al director de Pemex a fin de que cumpliera con el compromiso hecho con el pueblo tapachulteco, relativo a la reubicación de la terminal de almacenamiento y reparto ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas.

En dicha propuesta se argumento, que esa era una lucha sin colores partidistas, de la sociedad civil tapachulteca, y que tenía el único objetivo de lograr la reubicación de la planta hacia Puerto Chiapas. No era nada en contra de Pemex ni de sus trabajadores, sino el resultado de la falta de cumplimiento del director de la paraestatal, a quien incluso se responsabilizó de lo que pudiera ocurrir en Tapachula, dado que todos la consideraban una bomba de tiempo, ello en virtud de estar ubicada en la principal zona comercial de la ciudad, sitio en el cual se encuentran también diversos campus de la Universidad Autónoma de Chiapas, así como cuatro instituciones más de educación superior y otras escuelas de distintos niveles

A su vez, el gobierno del estado de Chiapas atinadamente había impulsado junto con Petróleos Mexicanos el establecimiento de un compromiso para reubicar la terminal en 34.7 hectáreas de terrenos del parque industrial Puerto Chiapas, superficie colindante con las instalaciones del puerto comercial, con lo que se facilitaría el abastecimiento de combustibles, aliviando también a la ciudad de Tapachula de un riesgo real, latente, y agilizando el tráfico vehicular de la zona.

Afortunadamente, el pasado 14 de enero, tras la colocación de la primera piedra de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Petróleos Mexicanos, realizada por el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero, se respondió favorablemente a esta añeja solicitud, con lo que además se impulsa el desarrollo de esta importante región.

Es importante mencionar que ello no se hubiera logrado sin la capacidad de gestoría del gobernador Juan Sabines, para que a través del diálogo y la concertación, Pemex hubiera logrado destinar más de 700 millones de pesos para detonar esta gran obra, que almacenará más de 65 mil litros de gasolina y diesel.

Pero eso no es todo, sino que además, se calcula que con las distintas actividades productivas que resulten de dicha ubicación, se generarán más de 500 empleos directos y más de 1,500 fuentes laborales indirectas.

Para tal efecto, el titular de la paraestatal dio a conocer que la ubicación y la planeación logística de la nueva terminal, vendrá a solucionar un problema que se gestó como resultado del crecimiento y desarrollo de Tapachula durante los 45 años de operación de la antigua terminal.

A lo largo de ese casi medio siglo, el crecimiento de la mancha urbana acabó por dejar a la Terminal, construida en la entonces carretera entre Tapachula y Puerto Chiapas, dentro de la ciudad.

Se informó también que aunque la terminal que actualmente opera Pemex en Tapachula cumple estrictamente con las normatividad, y cuenta con el Certificado de Infraestructura Limpia y la Licencia Ambiental Única, además de no haber registrado ningún accidente industrial grave desde el inicio sus operaciones y, desde hace tres años, tampoco ha registrado incidentes viales de autotanques, resulta  claro que la construcción de una nueva terminal resulta más que aconsejable, tanto desde el punto de vista social, como desde una perspectiva de eficiencia económica.

En lo social, la eliminación de un tráfico de pipas y el traslado de actividades a las nuevas instalaciones, tendrá un impacto directo en el bienestar y la seguridad de los vecinos de Tapachula. Y desde el punto de vista económico, la substitución de autotanques por carrotanques, y, eventualmente, por el abasto mediante buquetanques, reducirá los costos de transporte entre la Refinería de Salina Cruz y la ciudad de Tapachula. El ahorro estimado por este concepto, será del orden de cien millones de pesos anuales, según datos de la paraestatal.

Por otra parte, se coincidió en que la antigua terminal resulta insuficiente para hacer frente al crecimiento de la demanda de productos petrolíferos en la región, que se estima en un cuatro por ciento anual. Con las nuevas instalaciones se duplica la capacidad útil de almacenamiento de combustibles en Tapachula, y se podrá manejar de manera eficiente la demanda incremental durante los siguientes 20 años.

Finalmente, el funcionario afirmó que la construcción de esta nueva terminal forma parte del esfuerzo que viene realizando Pemex en materia de logística y distribución, para garantizar el abastecimiento seguro y eficiente de combustibles en todo el país.

No obstante todas estas bondades que hoy ve realizadas la sociedad de toda la región chiapaneca del Soconusco, ahora debemos pensar en utilizar de la mejor manera las instalaciones de la vieja Terminal de Pemex, por lo que además de congratularnos con esta buena noticia, hoy queremos hacer un llamado a las autoridades federales para que den un destino viable a toda aquella zona que desde hace más de 60 años albergó a las instalaciones petroleras.

En el Partido Verde Ecologista, consideramos sumamente viable, la posibilidad de construir en dicho espacio, un Parque Ecológico y temático que resalte las maravillas de nuestro bello estado y en especifico de esa región. Estamos ciertos que es posible crear un espacio, en el que los ciudadanos puedan interactuar de forma ordenada y respetuosa con el medio ambiente, fomentando una nueva cultura de vida.

Y es por lo anteriormente expuesto y fundado, que nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular de la Secretaria de Energía del Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus facultades y a través de Petróleos Mexicanos, analice la posibilidad de recuperar el espacio de la vieja terminal de almacenamiento y reparto, ubicada en el municipio de Tapachula, Chiapas, para su utilización como zona recreativa y cultural en beneficio de toda los chiapanecos, mediante las construcción de un parque ecológico y temático de la región.

Recinto del Senado de la República, a 25 de enero de 2012.— Senador Manuel Velasco Coello (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

SIERRA TARAHUMARA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven las comunidades indígenas, específicamente la rarámuri, en Chihuahua, a cargo del senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el  artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la situación que se vive en las comunidades indígenas, en específico los rarámuris en Chihuahua , con base en las siguiente:

Exposición de Motivos

Para la auténtica justicia social se debe de observar el principio liberal de igualdad, reconocido en las Constituciones occidentales y en los diversos instrumentos internacionales. Bajo el principio aludido podemos afirmar que todas las personas somos iguales, si bien no fisonómicamente, sí frente al Derecho, lo cual asegura prerrogativas mínimas de dignidad.

En este sentido es prudente recordar que la Constitución de la República, asegura la equidad entre personas en dispositivos diversos y en instrumentos jurídicos, que develan en conjunto modernidad social y racionalidad de un sistema.

La igualdad está reconocida en múltiples instrumentos legales, como el artículo 1 de la Ley Suprema del país, el cual establece la universalidad de protección de los derechos humanos, de conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad; lo cual conlleva  la proscripción de la esclavitud y al repudio de la discriminación motivada por cualquier origen, pero preferentemente étnico o nacional entre otros supuestos.

Lamentablemente todo las protecciones aludidas parece que en México son quimeras. La justicia social parece irrealizable porque en muchas ocasiones los principales obligados a asegurar la igualdad y el medio para que se consiga aquella, están aletargados obviando lo que la sociedad civil sí percibe y se indigna.

Un ejemplo de lo anterior, es la actuación que está teniendo la Administración Pública Federal ante los sucesos de hambruna, presentados en diversas partes del país y desde luego, en las comunidades tarahumaras.

El pasado domingo 22 de enero arribaron a la Ciudad de México campesinos y productores agropecuarios provenientes de diversas entidades federativas del norte del país, a los cuales los acompañaban tractores, caballos y en el caso de la comitiva procedente del ejido de Meoqui, en Chihuahua, algunos cadáveres de las reses muertas a consecuencia de la sequía.

La comitiva se conformó también con personas de la etnia rarámuri, los tarahumaras, quienes atraviesan una severa crisis por los mismos motivos de hambre.

Al respecto, en el Partido Verde somos conscientes que la problemática ya fue abordada durante la sesión anterior de esta Comisión Permanente; sin embargo, no obstante de que los legisladores realizamos diversos llamados a la Administración que encabeza el Presidente de la República, el problema no mengua y por el contrario, parece crecer convirtiendo de este modo a la Administración Pública Federal en un testigo indiferente de los sucesos.

Para nadie es desconocido a estas alturas que la sierra localizada en el estado de Chihuahua, fue severamente afectada por una prolongada sequía el año pasado y para rematar el daño, con el invierno llegaron las heladas, imposibilitando de este modo que los indígenas sembraran maíz y frijol para su propio consumo, ante ello se corrieron rumores de suicidios de los rarámuris frente a la desesperanza.

Estos acontecimientos de hambruna no son nuevos, según la Cruz Roja, desde hace 15 años entregan despensas en la Sierra a los indígenas rarámuris, que tienen una población estimada de 220,000 personas según cálculos del gobierno local.

La sociedad civil, a través de empresarios y de la fundación chihuahuense (Fechac), advirtió sobre la actual crisis, desde el pasado 12 de diciembre, y lanzó la campaña Nakúropo, término rarámuri que significa: ayudemos.

Recientemente la Cruz Roja entregó 4,300 costales, uno por familia de rarámuris, conteniendo entre otras cosas harina de maíz, arroz, frijoles, leche en polvo, azúcar, aceite y ropa. Otros 1,500 indígenas obtuvieron ayuda alimentaria la noche del viernes 20 de enero en el pueblo de Samachique, mientras otros tuvieron atención médica en pueblos como Samachique y Guachochi de la Sierra.

Como vemos, la sociedad civil ha estado consciente del problema mucho antes de la intervención de la administración federal, a grado tal que apenas el día lunes 23 de enero el Presidente de la República se pronunció en Zacatecas diciendo que nadie fallecería por falta de agua o alimentos.

Los hechos referenciados nos develan una constante de este gobierno, esperar, pues al parecer las problemáticas deben de crecer y ser publicitadas en los medios masivos de comunicación para atenderlas, lo cual es una tristeza y una falta de respeto a los principios y valores constitucionales que protestó cumplir el Presidente de la República al asumir su encargo hace más de cinco años. Decimos lo anterior porque la propia Carta Magna, como ya se refirió previamente, debe procurar derechos comunes a todos en atención a la calidad de personas, pero existen también disposiciones constitucionales específicas con la finalidad de satisfacer la alimentación de las comunidades originales de México, concretamente podemos apreciar ello en el artículo 2, apartado B, fracción III y en el 4, en sus párrafos 3 y 7.

Ante todo lo expresado, consideramos oportuno y necesario obtener información precisa de la situación que aqueja a las comunidades indígenas y norteñas del país para que de ese modo, con datos concretos se puedan iniciar los trabajos tendientes a solucionar de tajo los problemas por ello hacemos los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Acaso no existe una política de desarrollo social específicamente direccionada a los pueblos indígenas?

2. ¿No existe una política de desarrollo social específicamente direccionada a las comunidades tarahumaras y de ser el caso, cuáles son los resultados obtenidos?

3. ¿Cuál es la labor llevada a cabo por las Secretarías de Economía; Desarrollo Social y desde luego; la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para impulsar el crecimiento y solucionar los problemas de las comunidades afectadas el día de hoy.

4. ¿Cuál es la política pública que se deberá implementar para asegurar la producción alimentaria y su distribución a todos los lugares del país?

Por todo lo explicitado es que respetuosamente presentamos ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe a esta soberanía, a través de un escrito detallado, ¿cuál es la política de desarrollo social que está implementando en la actualidad y desde cuándo lo está haciendo? para favorecer el bienestar de las comunidades indígenas del país y en particular la de los rarámuris en Chihuahua. Todo lo anterior atendiendo el marco de sus competencias precisadas en las fracciones I, III, VI, X, XIII y XVI del artículo 32, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Economía para que informe a esta Soberanía, a través de un escrito detallado, sobre la política pública que esté llevando a cabo en términos de las fracciones IX, X, y XI, del artículo 34, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para favorecer al crecimiento desarrollo y la adecuada distribución de alimentación de consumo básico para los rarámuris.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informe a esta soberanía, a través de un escrito detallado, sobre la política pública que esté llevando a cabo para asegurar la alimentación de los rarámuris, en términos de la competencia asignada en la fracción II del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil doce.— Senador Javier Orozco Gómez (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Senadores.

MEXICO - GUATEMALA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía cuáles recomendaciones le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala y a explicar por qué no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con ese país, a cargo del senador Ericel Gómez Nucamendi, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Ericel Gómez Nucamendi, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía, cuáles son las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y que explique las razones por la que no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con dicho país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A casi doscientos años de que nuestro país consumó su independencia, aún no hemos terminado de trazar nuestras fronteras marítimas. Sin duda, es una situación que no debemos posponer.

Hace siete años teníamos ese pendiente con tres países: Honduras, Belice y Guatemala. Ha quedado resuelto con Honduras.

Don Manuel González, era el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en el año 1882 firmó con el gobierno de Guatemala un tratado sobre límites entre ambos países, sin embargo no quedaron resueltos los límites marinos.

En septiembre de 1959, después de varios años de conflicto por esta situación, ambos países reanudaron sus relaciones diplomáticas. Para el año de 1961, el gobierno de Guatemala, a través de su entonces ministro de Relaciones Exteriores, propuso al gobierno de México la formalización de una Comisión Internacional encargada del Estudio, Vigilancia y Atención de todas las cuestiones limítrofes terrestres y de aguas internacionales entre México y Guatemala.

Dicha comisión tenía la función de “asesorar y aconsejar a los gobiernos de los dos países en los problemas limítrofes, con facultades de investigación y estudio...”

Asimismo, en la II Reunión Binacional México-Guatemala, en el año 1989, se acordó “la conveniencia de fortalecer a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, como un importante mecanismo formal de cooperación fronteriza entre ambos países”.

Posteriormente se decide nombrar la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, para México; y Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y México, para Guatemala que a la fecha, está vigente.

No obstante, a cincuenta años de su creación, y a once años de haber acordado ambos países su fortalecimiento, no se ha concretado ninguna negociación o acuerdo al respecto de los límites marítimos.

Esto se respalda, con la respuesta dada a una solicitud de información presentada por un ciudadano el 25 de agosto de 2010 por la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Infomex-Gobierno Federal, donde se confirmó que “... la frontera marítima con Guatemala en el océano Pacífico aún no ha sido trazada”; Asimismo, en el comunicado, la autoridad de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó que “el tratado de límites vigente entre México y Guatemala, suscrito el 27 de septiembre de 1882, no considera la frontera marítima y que actualmente se mantienen las negociaciones sobre el tema”.

Se han mantenido negociaciones entre autoridades mexicanas, de Guatemala y Belice analizando temas como el narcotráfico, tráfico de personas, seguridad nacional y la cooperación para afrontar estos retos, informaron en un comunicado conjunto las Secretarías de Marina, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. Destacan entre otras cosas la necesidad de estar preparados ante amenazas “como el crimen organizado” que representan “riesgos comunes y de responsabilidad compartida”.

Para México es importante tener definida la frontera marítima con Guatemala, para subsanar los problemas y situaciones que se nos presentaron en el pasado, por barcos que se encontraban en aguas mexicanas en 2006. También porque el territorio incluye miles de kilómetros cuadrados de mares potencialmente ricos en recursos naturales como gas y petróleo, así como también es importante para tratar de resolver sus diferencias y establecer una franja limítrofe final que permita a ambos países explotar sus recursos, entre los que se encuentran miles de especies económicamente atractivas, como el atún.

En agosto de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores en su quinto informe de labores, en el apartado “Reporte de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala”, menciona de manera muy abstracta que “el gobierno mexicano ha encontrado un mecanismo técnico para la atención binacional en asuntos de límites y aguas con nuestros vecinos del sur.”, agrega que “los trabajos que tiene encomendados la Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y México y Belice, permiten brindar certeza jurídica del límite de la jurisdicción, así como preservar los intereses nacionales en los ríos internacionales”. Sin embargo, no hay mención explícita alguna respecto a los límites con Guatemala en el océano Pacífico.

Es importante que contemos con una frontera marítima bien delimitada, como la terrestre, lo que nos permitirá explotar los vastos recursos naturales existentes, además de que podremos ejercer mayor control e implementar medidas de seguridad más eficientes en la frontera.

Paralelamente, nuestras exportaciones y el comercio de productos marítimos se incrementarían de manera considerable. Asimismo, las comunicaciones, la industria turística, y de diversión tendrían mayor auge, atrayendo capitales productivos que fomentaran el crecimiento de las regiones fronterizas.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que informe a esta soberanía cuáles son las recomendaciones que le ha emitido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y que explique las razones por las que no se ha concretado la delimitación de la frontera marítima con dicho país.

Notas:

1. http://portal.sre.gob.mx/cilasur/pdf/tratado1882mexguat.pdf

2. http://portal.sre.gob.mx/cilasur/pdf/tratado1882mexguat.pdf

3. Respuesta del IFAI a la solicitud de información 0000500088210.

4. Respuesta del IFAI a la solicitud de información 0000500088210

5. Secretaría de Relaciones Exteriores. Quinto informe de labores, agosto

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Senador Ericel Gómez Nucamendi (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores.

ECONOMIA NACIONAL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la SHCP y del gobernador del Banxico a fin de que expliquen de manera conjunta las medidas económicas y financieras por adoptar contra el entorno global de recesión en 2012, suscrita por la senadora María Elena Orantes López

La que suscribe, María Elena Orantes López, senadora de la república por el estado de Chiapas en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo que se fundamenta con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a cifras económicas nuestro país crecerá sólo 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) este año, esto significa menos creación de riqueza y, por tanto, menos empleos para el 2012.

Desde 2010 México reportaba ya una desaceleración de la economía, al pasar del 5.5 por ciento de crecimiento al 3.8 por ciento en 2011.

Según las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (BM), se tenía proyectado un crecimiento en el año que transcurre de alrededor del 4 por ciento del PIB. Sin embargo, la crisis económica en Europa nos han llevado a una inminente recesión, un escenario parecido según los especialistas, al que en 2009 generó una caída de 6 por ciento en el PIB mexicano.

Por otro lado, nuestro país requiere urgentemente crear un millón de empleos por año, lo que nos obligaría a crecer al 7 por ciento anual, algo que México no ha logrado de manera sostenida desde hace décadas.

Ante este año electoral las autoridades financieras de nuestro país deben actuar sí con mesura, pero también despojados de todo cálculo partidista que obedezca solo a la lógica política y, dejar en cambio, una base sólida para el crecimiento interno de nuestra economía para el próximo sexenio.

Frente a este panorama, hace falta una respuesta inmediata que ayude a compensar la crisis externa con medidas que permitan de manera responsable  fortalecer del mercado interno. Ésta será la única alternativa para equilibrar el entorno internacional.

La actuación del Estado mexicano es crucial en estos momentos para amortiguar los efectos de una recesión de un entorno global donde la inversión y el ahorro interno, son factores determinantes que permitirán sortear situaciones adversas como la que se avecina.

El nulo crecimiento de nuestro país debido a una economía amarrada, donde lo importante para el gobierno federal es cuidar la inflación y los indicadores macroeconómicos, están ahorcando la economía de la población y generando millones de desempleados y jóvenes que no encuentran futuro ni esperanza para mejorar su situación.

Es por ello que solicitamos a través de este punto de acuerdo la comparecencia inmediata del secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, y del gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, para que expliquen de manera conjunta cuáles son las medidas económicas y financieras que adoptará nuestro país para hacer frente al entorno global de recesión en 2012.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia inmediata del secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Kuribreña, y del gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens Carstens, para que expliquen de manera conjunta cuáles son las medidas económicas y financieras que adoptará nuestro país para hacer frente al entorno global de recesión en 2012.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Senadora María Elena Orantes López (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

PERSONAL DE ENFERMERIA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suscriba el Convenio 149 de la OIT, “Sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería”, así como la recomendación 157 en la materia, a cargo de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que suscriba el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, así como la Recomendación 157 de esta materia.

Exposición de Motivos

En México se institucionalizó la profesión de la enfermería en 1907; subsiguientemente en 1945 se consolida de forma legítima como función de interés público al establecerse el control de las profesiones.  

El 25 de enero de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo secretarial de la Comisión Interinstitucional de Enfermería, que tiene como propósito velar por la debida preparación y desarrollo profesional de esta carrera.

Pese a lo anterior, desafortunadamente en la actualidad la situación de las enfermeras y los enfermeros es alarmante. Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el 52 por ciento de las enfermeras y los enfermeros técnicos o está desempleado o no trabaja en el área para la que estudió. Mientras que la crisis laboral entre las egresadas de la licenciatura en enfermería es de 38 por ciento. 

Además la enfermería en México sigue jugando un papel secundario aunque esta labor ha profesionalizado su aportación.

Por otra parte, el sueldo mensual neto de enfermeros por categoría es el siguiente:

En consecuencia el salario que percibe este sector no es proporcional con su labor si tomamos en consideración que el 70 por ciento de las enfermeras o enfermeros en México son madres o padres solteros o divorciados.

Aunado a lo anterior, actualmente existe una escasez de enfermeros a nivel mundial, y México no es la excepción. Tan sólo por citar un ejemplo, hace 10 años, Estados Unidos operaba con 70 enfermeros por cada 10 mil habitantes, actualmente tiene 40, y el pronóstico es que cada vez tendrá menos.

Actualmente, nuestro país opera por debajo del mínimo que establece la Organización Panamericana para la Salud. Se recomienda de 50 a 60 enfermeros por cada 10 mil habitantes, el mínimo es 20, y México tiene menos de 19 enfermeros por cada 10 mil habitantes.

Además como ya se citó con antelación, México está formando enfermeros que no puede contratar; profesionistas de calidad que Estados Unidos busca reclutar. 

Actualmente nuestro país cuenta con alrededor de 210 mil enfermeros, pero solo 12 por ciento con nivel licenciatura; el resto son auxiliares y de nivel técnico.

Por los argumentos anteriormente vertidos considero oportuno que nuestro país signe el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Recomendación 157 de esta materia; los cuales fueron suscritos en 1977 en Ginebra y tienen por objeto establecer las condiciones de trabajo del personal de enfermería.

Resulta menester señalar que este convenio se fundamentó en las siguientes consideraciones:

“Reconociendo el cometido esencial que, en colaboración con las demás categorías de personal de los servicios de salud, desempeña el personal de enfermería para la protección y mejoramiento de la salud y bienestar de la población;

Reconociendo que el sector público, como empleador de personal de enfermería, debería desempeñar un papel activo en el mejoramiento de las condiciones de empleo y de trabajo del personal de enfermería;

Observando que la situación actual del personal de enfermería en numerosos países del mundo, caracterizada por la escasez de personal calificado y una utilización a veces inadecuada del personal existente, constituye un obstáculo para el desarrollo de servicios de salud eficaces;  

Recordando que el personal de enfermería está amparado por numerosos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que fijan normas de alcance general en materia de empleo y condiciones de trabajo, tales como los instrumentos sobre la discriminación, sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, sobre la duración del trabajo, las vacaciones pagadas y la licencia pagada de estudios, sobre la seguridad social y los servicios sociales, y sobre la protección de la maternidad y la protección de la salud de los trabajadores;

Considerando que, habida cuenta de las condiciones particulares en que se desempeña esta profesión, conviene completar las normas generales arriba mencionadas con otras especialmente aplicables al personal de enfermería y destinadas a garantizarle una condición que corresponda a su función en el campo de la salud y que reciba su aceptación;

Haciendo constar que las normas que figuran a continuación han sido elaboradas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y que esta colaboración se proseguirá, a fin de promover y garantizar su aplicación;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas  al  empleo  y  condiciones  de  trabajo  y  de  vida  del personal de enfermería, cuestión que constituye el sexto punto del orden del día de la reunión; y

... ”

A grandes rasgos, el convenio y la recomendación de referencia comprende las exigencias básicas en materia de instrucción y de formación de personal de enfermería, así como los derechos laborales de este sector los cuales deberán estar previstos en la legislación de todos aquellos países que suscriban este documento.

El fundamento jurídico de la presente proposición lo encontramos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al titular del Poder Ejecutivo Federal para la celebración de tratados y convenios internacionales. A la letra dice:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;”

Por su parte, en la doctrina jurídica existen tres principios que se refieren a la obligatoriedad de los Estados para cumplir con las disposiciones internacionales:

• Principio pacta sunt servanda. Prescribe la obligatoriedad de los acuerdos.

• Principio res inter alios acta. Contiene la posibilidad de alteración de las obligaciones cuando ocurra un cambio de circunstancias.

• Principio ex consensu advenit vinculum. Sostiene el consentimiento de las partes como elemento central de derecho de los tratados.

No debemos olvidar que una política exterior responsable debe radicar en los principios del derecho internacional que consagra la Constitución; en el desempeño coherente del titular del Poder Ejecutivo federal y en la firme actuación del Congreso de la Unión para fortalecer las posiciones nacionales y ampliar las prerrogativas del Estado mexicano para externar sus pretensiones en el ámbito internacional.

El pasado 6 de enero del año en curso el p residente Calderón citó, en el marco de la celebración de las enfermeras y los enfermeros: “Ustedes refuerzan el lado humano de la medicina y reivindican el servicio público al brindar cuidados, consejos compañía y atención además de servicios, como cuidar, vigilar y atender a la sociedad”.Por ello debemos de ser congruentes y dignificar con hechos la labor loable y humanitaria de las y los enfermeros de este país ya que son los pilares en las instituciones de salud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que suscriba el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería, así como la Recomendación 157 de esta materia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

ROBOS CABLEADO DE LAS REDES ELECTRICA NACIONAL Y FIBRA OPTICA

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer a los titulares de la SCT y de la CFE para que expliquen la situación de las redes eléctrica nacional y de fibra óptica ante la sustitución y los recientes robos de cableado de cobre, a cargo de Óscar González Yáñez, en nombre de Ifigenia Martha Martínez y Hernández, diputados del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo como asunto de urgente resolución, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 16 de enero de 2012, el diario La Jornada publicó diversas noticias signadas por los periodistas Patricia Muñoz y Gustavo Castillo informando que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) determinó cambiar el cableado de cobre de la red eléctrica nacional por conductores de aluminio, decisión que debilita y restringe la infraestructura de la paraestatal y no le permitirá prestar el servicio de triple play (transmisión de la señal de televisión, telefonía e Internet) por lo que este negocio –que genera más de 8 mil millones de pesos al año– quedaría exclusivamente en manos de compañías privadas” Así la red eléctrica saqueada durante más de dos años por el robo del cableado de cobre... ahora también se verá afectada por la decisión de la CFE.

Se acompañó a dicha información la concerniente a los continuos desmantelamientos del alambre de cobre por la propia entidad, así como el robo por empresas contratistas y particulares y ostensibles ladrones, con evidencias aportadas por trabajadores y vecinos en las delegaciones como Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán y Cuauhtémoc, así como en los estados de Chiapas, Tamaulipas, Morelos, México y Puebla.

Esa información actualiza asuntos de primordial importancia respecto a la forma de operación del Gobierno Federal y la paraestatal, así como los graves antecedentes que ocasiona la desaparición de facto de Luz y Fuerza del Centro, dejando sin trabajo a más de 40 mil trabajadores y sin sustento a sus familias.

Asimismo evidencia la continuación de una política económica de prestación de servicios públicos que significa el abandono de las responsabilidades del Estado y la entrega a la iniciativa privada de infraestructura pública y de prestación de servicios que podrían y deberían ser proporcionados por las propias empresas públicas a menores costos, con un mayor alcance y para beneficio de la población.

2. En efecto debe recordarse que, como lo denunció en su oportunidad el Sindicato Mexicano de Electricistas, detrás de los pretextos de altos costos en la empresa y baja productividad que escondieron la decisión de desaparecerla, la verdadera intención era despojarla de la concesión que había obtenido para prestar servicios, mediante la red de fibra óptica correspondiente a la zona centro, sobre la red eléctrica nacional.

Por otra parte, la CFE cuenta con una red de fibra óptica a nivel nacional, (puesta en operación el 19 de mayo de 2009) con la cual se pretendía la modernización de las telecomunicaciones, la expansión ordenada y el acceso a los servicios de fluido eléctrico y de transmisión de voz, imagen y servicio de Internet.

Esta red que cubre 34 mil 590 kilómetros cuenta con 30 hilos, de los cuales se usan 6 para los servicios de energía eléctrica y los 24 restantes se podrían destinar a proporcionar el servicio del llamado “triple play”.

De hecho, la CFE cuenta con la división CFE-Telecom que hasta la fecha, aunque en forma incipiente, proporciona servicios a un gran número de empresas de telecomunicaciones. Sin embargo el gobierno federal ha optado, en vez de otorgar la prestación directa del servicio, concesionar mediante contraprestaciones mínimas el uso de esta red a las empresas privadas, por cierto en forma excluyente.

Para empezar este nuevo proceso de privatización la SCT y la CFE convocaron a la licitación de un par de hilos de fibra oscura en 21 mil 208 kilómetros, en 295 segmentos existentes con una longitud total de 19 mil 469 kilómetros y la posibilidad de desarrollar segmentos complementarios que permitirán aumentar la red en mil 739 kilómetros. Para ese propósito la licitación se dividió en tres rutas: Pacífico (8 mil 120 a 8 mil 270 kilómetros); Centro (de 5,789 a 6,304 km.) y Golfo (de 5 mil 560 a 6 mil 634 kilómetros.)

De acuerdo con las bases de la licitación, la disponibilidad de infraestructura tuvo como valores correspondientes, 358.1 millones de pesos, 255.3 millones de pesos y 254.2 millones de pesos respectivamente, o sea un total de 858.6 millones de pesos por la concesión durante 20 años.

El único proponente para todo el paquete licitado fue el consorcio conformado por Televisa, Telefónica y Megacable, el cual ofreció 883 millones de pesos por esa infraestructura (3 por ciento  más del monto original) con lo cual obtuvo la concesión.

3. Las situaciones descritas configuran una problemática que es necesario atender de inmediato, por lo expuesto y porque implican la intención evidente de sustituir la red secundaria de cableado de cobre por la de aluminio, ya que la primera puede ser utilizada como conductor de energía y de servicios de triple play, aplicando la tecnología de Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz, imagen y servicio de internet a través de cualquier línea eléctrica doméstica de baja tensión basada en un modem conectado a cualquier enchufe, como en su oportunidad lo propuso el SME.

En forma concomitante, en cuanto a la red de fibra óptica de la zona centro de mil 100 kilómetros, cuya concesión obtuvo en principio el SME y después de hecho fue revocada, existe una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que ordena al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informar en manos de quien está y qué uso se está dando actualmente a la fibra óptica que debió operar la desaparecida empresa Luz y Fuerza y el SME.

Nos encontramos ante una situación insuficientemente explicada, tramitada en forma acelerada y eventualmente con irregularidades que han empezado a enajenar el uso de la moderna infraestructura de telecomunicaciones construida con recursos públicos, que debe ser operada por CFE, la empresa paraestatal constituida para esos fines.

Es decir que la red que permitiría a la CFE, o a cualquier otra empresa pública similar, proporcionar los servicios de transmisión de voz, imagen e internet, no deber abandonarse a los grandes consorcios privados nacionales e internacionales, lo cuales en vez de preocuparse por generalizar el servicio lo destinarán para obtener rápidas y elevadas ganancias.

Ante esas circunstancias en las redes principales de fibra óptica se añade, en las redes secundarias, la sustitución arbitraria, antieconómica y perjudicial para los consumidores que, a partir de la sustitución o el franco robo de los conductores de cobre se utilicen los de aluminio, menos eficientes y que no permiten el servicio múltiple, propiciando la instalación de la fibra óptica para las conexiones domiciliarias sólo en beneficio de las grandes empresas privadas en un mercado de naturaleza monopólica.

Por último, subsiste en el país la incertidumbre respecto al uso y destinatario de la red de fibra óptica de la zona centro y metropolitana de la Ciudad de México que había sido concesionada al SME y de la cual fue despojado y esa problemática parece haber sido el principal motivo para desaparecer Luz y Fuerza del Centro.

Por las consideraciones señaladas sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer en forma conjunta al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione y al director general de la Comisión Federal de Electricidad, maestro Antonio Vivanco Casamadrid, para que expliquen:

1. La situación de la red pública y de fibra óptica para la transmisión de energía eléctrica, voz, imagen y servicio de Internet, su forma de utilización actual y las perspectivas para la expansión de este servicio público fundamentado en la Constitución.

2. Las causas, alcances, costos y beneficios de la sustitución del cableado de la red nacional de energía eléctrica de conductores de cobre por aluminio y el destino del material sustituido.

3. La situación existente a ese respecto en la zona centro, anteriormente atendida por la empresa Luz y Fuerza del Centro; en particular los robos de los cables de cobre, la situación de los mil 100 kilómetros de red de fibra óptica existente en esta zona y las perspectivas del servicio de transmisión de energía eléctrica y de voz, imagen e Internet, o sea del denominado triple play.

Notas:

1 En el fondo de esta trama están los negocios millonarios que han surgido por estos mercados ilegales de cobre y el hecho de que, según expertos financieros, la industria del triple play está valuada en 30 mil millones de dólares y genera más de 8 mil millones de pesos al año en México, al disputarse más de 4 millones estimados de usuarios de acuerdo con estimaciones de la SCT. (Idem)

2 El Sindicato Mexicano de Electricistas  acusó que el verdadero motivo por el cual se decretó el 11 de octubre de 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue ceder la explotación comercial de empresas privadas de la red pública de fibra óptica. La Jornada,octubre 12 de 2009.

3 Por el usufructo de la red de fibra óptica, en 2010 la CFE obtuvo ingresos por 266 mil 984 millones de pesos, pero al descontar los gastos de operación, depreciación y amortización y otros, la utilidad neta se reduce a solamente 103 mil 401 millones de pesos. (Acrestapp, Abril 24 2011, Noticias Mexico vía La Jornada).

4 SCT lanza licitación de fibra óptica de CFE, Notimex, El Universal,Ciudad de México, martes 26 de enero de 2010. México: Un paso por atrás en el acceso a Internet, publicado en Revista Universitaria Francisco Javier Montaño Contratiempo febrero 3, 2010.

5 Televisa gana licitación de fibra óptica, jueves 10 de junio de 2010 El Universal, Angelina Mejía.

6 Ciudad de México, jueves 7 de octubre de 2010, Francisco Reséndiz, El Universal.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 25 de enero de 2012.— Diputada Ifigenia Martínez y Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

ESTADO DE CAMPECHE

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CFE que rinda a esta soberanía un informe detallado de por qué cortó el suministro de electricidad al hospital Manuel Campos, en Campeche, donde fallecieron dos menores, a cargo de la diputada Paula Angélica Hernández Olmos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Paula Angélica Hernández Olmos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado jueves 19 de enero, la Comisión Federal de Electricidad efectuó el corte del servicio eléctrico al hospital Manuel Campos, en el estado de Campeche.

En dicho nosocomio se encontraban, incubados en terapia intensiva del área de perinatología, dos recién nacidos, un niño y una niña, los cuales tuvieron que ser trasladados al hospital Javier Buenfil, debido a que la paraestatal cortó el servicio eléctrico del hospital Manuel Campos, derivando en la muerte de ambos neonatos.

Por lo anterior, resulta indispensable que la Comisión Federal de Electricidad rinda un informe detallado sobre el suceso, en el cual se aclare la muerte de los recién nacidos, así como que se verifique si no se puso en riesgo la vida de los demás pacientes que se encontraban en dicho hospital.

De la misma forma, resulta de fundamental importancia que se revise si las acciones realizadas se llevaron a cabo con estricto apego a la legalidad, y en el cumplimiento de las responsabilidades al momento del corte del suministro eléctrico, así como que se verifique si se realizó conforme a la normatividad vigente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que rinda un informe detallado ante esta soberanía sobre los motivos por los cuales cortó el suministro de energía eléctrica al hospital Manuel Campos, en el estado de Campeche, donde fallecieron dos menores de edad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputada Paula Angélica Hernández Olmos (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

LENGUA Y CULTURA NAHUATL

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a analizar la pertinencia de incorporar en el plan de estudios de tercero de secundaria la materia de culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl, a cargo de la diputada Oralia López Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Oralia López Hernández, diputada de la LXI Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estudio de las culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl en el área de ciencias sociales, a través de la incorporación de una materia en la currícula básica del tercer grado de estudios de la educación secundaria es una acción estratégica cuyo planteamiento se fundamenta en el más esencial derecho humano de acceder al desarrollo con identidad.

En nuestro México, de larga y rica historia pero también de desigualdades, luchas, injusticias, y crisis, han surgido de la palabra, de nuestras lenguas y culturas nativas, grandes creaciones no sólo materiales sino espirituales y literarias.

El reto es cómo acceder a ser mexicanos universales sin dejar de ser mexicanos. Podemos hablar otras lenguas y tener uno, dos o más idiomas, pero no podemos olvidar y no ejercer acciones permanentes en la tarea de conservación, conocimiento, comprensión, estudio y enseñanza básica de nuestra lengua y cultura materna.

El acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica explica y perfila condiciones del Sistema Educativo Nacional, define al mismo tiempo, la especialización del docente del siglo XXI y, pretende que la escuela ocupe el centro de la operación curricular.

Los adolescentes mexicanos recibirán, de acuerdo con estas disposiciones, en el horario extra de la escuela de tiempo completo, clases de inglés, computación, actividades artísticas, culturales, deportes, hábitos de nutrición, y formación cívica.

Hasta aquí, hago pausa para convocar a la reflexión: ¿seguiremos avanzando sin establecer límites a la moda y tendencia de convertirlo todo en mercancía y a valorar sólo aquello que tiene un valor comercial? ¿Expondremos el tránsito de mexicanos actuales y generaciones futuras a un desarrollo sin identidad que los ubique frágiles y mayormente vulnerables ante otras culturas?

Creo, como lo conciben estudiosos, investigadores de las ciencias sociales y líderes humanistas que es posible recrear una identidad que se proyecte al futuro, apoyada en una historia única y rica.

Concibiendo que la identidad cultural es un conjunto de palabras, normas y contenidos que generan así un lenguaje que ayuda a leer en claves comunes las diversas experiencias que por su propia naturaleza, un grupo de personas que comparten territorio, identificación, cultura y ciertos productos del lugar, los hace únicos e incomparables.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha clasificado la diversidad lingüística en 11 familias, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas, en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.

El náhuatl es la lengua indígena con más hablantes en México, con un millón 376 mil 026 personas. El nombre de nuestra más representativa lengua materna proviene del verbo nuhuati, “hablar alto”. Náhuatl significa sonoro, audible, y también ha sido llamada nahua, nahoa, nahualli, mexihca (mexicano) y macehualli (campesino).

Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay lenguas como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el otomí, que son las más habladas, y que entre las cinco suman más de 5.5 millones de hablantes. En el otro extremo, están las lenguas con menor número de hablantes como el kiliwa, el cochimí y el aguacateco que cuentan con 21, 34, y 36 hablantes, respectivamente.

La cultura, la identidad, juegan un papel trascendental para la cohesión social. Existen el patrimonio histórico material e inmaterial, este último concepto en el que se enmarca nuestra cultura nativa y lengua representativa, no porque sea la única sino porque la minoría hablante habita el baluarte de los elementos que son el patrimonio intangible de nuestra esencia y porque en la cotidianidad, nuestras expresiones son ricas en vocablos y voces del idioma náhuatl.

La valoración y aprecio de las culturas y lenguas indígenas del país son un elemento fundamental para construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discriminación hacia la población indígena.

Para lograr este cambio será vital el fortalecimiento de ese patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y el papel que juegan los medios masivos de comunicación, y los centros educativos para difundir la diversidad cultural y lingüística del país y erradicar prácticas de discriminación hacia la población indígena.

Es por ello que a través de la presente proposición se pretende que la materia denominada Culturas Nativas de México, lengua y cultura náhuatl, se incorpore para su impartición en el área de Ciencias Sociales, como parte del plan de estudios del tercer grado de educación secundaria, con lo que lograría el conocimiento específico y la formación de hombres y mujeres con sentido crítico y conciencia del legado de su historia y su cultura.

En ese sentido, y en apego al artículo 12, fracción I, de la Ley General de Educación, el cual prevé que le corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal “Determinar, para toda la república, los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica...”, es que presento respetuosamente ante esta soberanía esta proporción con punto de acuerdo.

Compañeras y compañeros legisladores, México conserva una importante riqueza lingüística, en este sentido a lo largo de la historia han existido instituciones cuya labor ha sido fundamental para el estudio, preservación y desarrollo de las lenguas, coadyuvemos con esas importantes instituciones a preservar y mantener esa composición pluricultural de la nación mexicana.

Por lo antes expuesto y fundamentado, quien suscribe se permite proponer a esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que se estudie la pertinencia de incorporar en el plan de estudios del tercer grado de educación secundaria, la materia denominada Culturas nativas de México, lengua y cultura náhuatl.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2012.— Diputada Oralia López Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para su dictamen.

ESTADO DE COAHUILA

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra ahora el senador Guillermo Enrique Marco Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la deuda pública del estado de Coahuila y resuelva a la brevedad las denuncias presentadas al respecto.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez:Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia. El 18 de agosto del 2011, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una iniciativa de decreto por medio del cual se reconoció la cantidad de 34 mil 665 millones de pesos como deuda pública, contraída durante la administración estatal desde el año 2006 al 2010, destinándose a proyectos de inversión productiva y la construcción de infraestructura en beneficio de la población coahuilense, sin precisar la razón de su aumento desorbitante y estableciendo que dichos recursos obtenidos por préstamos tendrían que ser pagados en plazos de 20 y 30 años.

Dichos recursos fueron contraídos por el gobierno de Humberto Moreira Valdés, sin la autorización del Congreso del estado, como lo marcaba la ley al momento de contratar el préstamo; situación que deja latente una violación a la normatividad de la entidad y más cuando en su primer informe de gobierno, el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés, señaló que había recibido la administración con una deuda de cero pesos.

Lo anterior refleja una administración deficiente, opaca y contraria en todo sentido a la rendición de cuentas que en todo Estado de derecho debe prevalecer y un gobierno que hizo de su práctica el pedir prestado al margen de la legalidad, pues además de violentar su marco interno, dejó de lado lo señalado en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone en su artículo 117 que las entidades no pueden contraer deuda directa o indirectamente sin la autorización de la legislación local que le corresponda.

Por su parte, la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza retoma los principios señalados en la Constitución federal y da competencia, en su artículo 67, al Poder Legislativo local, estableciendo en el Presupuesto de Egresos las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores.

En ese sentido, las respectivas leyes de ingresos del estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales de 2010 a 2011, señalaron que se autorizaba al Ejecutivo estatal a contraer diversos endeudamientos hasta por la cantidad de 9 mil 753 millones de pesos.

Como se lee, los montos de deuda autorizados por el Congreso del estado fueron infinitamente inferiores al reporte que señala el monto de la deuda contraída por el gobierno de Humberto Moreira.

En lo concerniente a la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo estatal, es de señalar que los informes de gobierno en las cuentas públicas rendidas al Congreso del estado no dan cuenta real del excesivo e ilegal endeudamiento adquirido por los dirigentes del estado.

Por ello, como una medida arbitraria que auxilia a contrarrestar el gran déficit fiscal y que tenga como propósito ocultar todos los actos violatorios y abusos que han sido descritos, el Congreso del estado de Coahuila aprobó una nueva Ley Estatal de Deuda Pública, que permite la contratación de empréstitos en forma directa, sin la autorización previa del Congreso local e incluso contiene disposiciones de aplicación retroactiva como una estrategia para legitimar el ilegal actual del Ejecutivo local.

Derivado de todos estos hechos, el 30 diciembre de 2011 legisladores del Partido de Acción Nacional interpusieron denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Coahuila y en la Fiscalía General del estado, por delitos relacionados con la omisión y uso indebido de funciones, contra varios funcionarios de la anterior administración estatal y los que resulten responsables.

Asimismo, el 11 de enero de 2012, legisladores también del Partido de Acción Nacional presentaron una nueva denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de los funcionarios de Coahuila de la pasada administración local, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, presunta coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, facultades y falsificación de documentos, en general.

Es por lo anterior y en plena congruencia con el interés mostrado por esta Comisión Permanente desde su instalación para esclarecer todos aquellos actos donde se presume existe corrupción y demás violaciones a la ley por parte de los funcionarios públicos, que los invito a que se sumen a este punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Procuraduría General de la República que informe al Congreso de la Unión sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la alarmante deuda pública del estado de Coahuila, generada en la pasada administración estatal, encabezada por el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés. Asimismo, se exhorta a que se resuelvan a la brevedad las denuncias presentadas sobre este respecto.

Señor presidente, quería comentarle que tenía la tentación de solicitar su urgente resolución, puesto que se trata de dineros públicos, pero, habiendo visto la disposición mostrada por un grupo parlamentario, en cuando a no avanzar en un tema tan importante como es la depuración de una policía y de manera muy particular de la policía del estado de México, es que no habré de solicitar esa urgente u obvia resolución, no sin dejar de manifestar mi preocupación y hasta mi coraje porque no se pueda avanzar en estos temas con la celeridad que México y los mexiquenses reclaman. A todos, por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que informe del avance de las investigaciones sobre la deuda pública de Coahuila y resuelva con la mayor brevedad las denuncias presentadas al respecto, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Guillermo Tamborrel Suárez, senador de la república de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 108 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que informe sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la alarmante deuda pública del estado de Coahuila y resuelva a la brevedad las denuncias presentadas sobre este respecto.

Consideraciones

1. El 18 de agosto de 2011, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una iniciativa de decreto por medio del cual se reconoció la cantidad de 34, 665 millones de pesos como deuda pública estatal, autorizándose llevar a cabo operaciones de refinanciamiento para su posterior pago y dejando en claro, a través del Ejecutivo estatal, que el monto de deuda pública fue contraída durante la administración desde el año 2006 a 2010, destinándose a proyectos de inversión productiva y la construcción de infraestructura en beneficio de la población coahuilense, aunque nunca se precisa cuáles ni se justifica el crecimiento desorbitante de la deuda pública.

Así también, el citado decreto reconoce como deuda pública recursos obtenidos por préstamos a ser pagados en plazos 20 y 30 años, situación que incrementará la deuda entre 15 y 20 mil millones por el costo financiero del refinanciamiento, que fueron contraídos por el gobierno de Humberto Moreira Valdés sin la autorización del Congreso del estado, como lo marcaba la ley al momento de contratar el préstamo, situación que deja latente una violación a la normatividad de la entidad y más, cuando en su primer informe de gobierno, el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés señaló que había recibido la administración con una deuda de cero pesos.

Lo anterior, refleja una administración deficiente, opaca, y contraria en todo sentido a la rendición de cuentas que en todo Estado de derecho debe prevalecer y de un gobierno que hizo de su práctica el pedir prestado al margen de la legalidad, pues además de violentar su marco interno dejó de lado lo señalado en el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que las entidades no pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Asimismo, en su segundo párrafo, expresa que solamente podrán contraer obligaciones o empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas, conforme a las bases que al efecto establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en sus respectivos presupuestos.

Por su parte, la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, retoma los principios señalados en la Constitución federal y da competencia, en su artículo 67, fracciones XIV y XXXIII, al Poder Legislativo local para establecer mediante una ley, las bases conforme a las cuales el Estado podrá contraer obligaciones y empréstitos, estableciendo en el Presupuesto de Egresos las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores.

Asimismo, señala en su artículo 82 la posibilidad de que elGobernador del Estado contrate obligaciones o empréstitos, asegurándose que estos estén destinados a inversiones públicas productivas y que los contratos correspondientes se celebren conforme a las bases legales, conceptos y montos que establezca el Congreso del estado.

En ese sentido, las respectivas Leyes de Ingresos del estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales de 2006 a 2011, señalaron que se autorizaba al Ejecutivo estatal a contraer diversos endeudamientos, conforme a lo siguiente:

Ejercicio                                         Monto de

                                              endeudamiento

                                                     autorizado

2006                                       250’000,000.00

2007                                    1,250’000,000.00

2008                                    1,000’000,000.00

2009                                                         0.00

2010                                    1,753’000,000.00

Total                                  4,253’000,000.00

Aunado a lo anterior, mediante decretos números 153, 510, 440, 443 y 534, publicados en el Periódico Oficial del Estado, se autorizó al Ejecutivo Local un endeudamiento total por 9,753’000,000.00 millones de pesos que conforman la deuda pública pagadera a largo plazo.

Como se lee, los montos de deuda autorizados por el Congreso del Estado y por ende, apegados a derecho, fueron infinitamente inferiores al reporte que señala el monto de la deuda contraída por el señor Humberto Moreira Valdés, en una innegable violación a las normas constitucionales.

2. En el mes de junio de 2011, se hicieron públicos los actos de corrupción de quien fuera secretario de Operación y Administración del Gobierno de Coahuila y uno de los colaboradores más cercanos del entonces Gobernador Humberto Moreira Valdés, quien incrementó desproporcionalmente sus ganancias y aumentó inexplicablemente su patrimonio a partir del año de 2007, cuando de acuerdo a la información pública esta persona obtenía un salario de 30 mil pesos mensuales, presumiéndose que probablemente desvió recursos públicos que ahora son deuda pública estatal y que deben ser pagados por toda la población del estado.

Asimismo, la Fiscalía del estado investiga otra denuncia penal presentada en contra de quien fuera secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila y de quien resulte responsable, por haber tramitado dos créditos por un monto de 3 mil millones de pesos, sin autorización del Congreso del estado, empleando de forma fraudulenta dos falsos Decretos, como se demostró con los documentos identificados con los folios SATEC/265/2011, del 16 y 29 de marzo de marzo de 2011, en los que se hace referencia a una autorización legislativa para contratar dos créditos, uno por dos mil millones de pesos y otro por un mil millones de pesos.

Finalmente, como una muestra de la legitimidad de realizar una exahustiva investigación del tema, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado tres denuncias penales ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables de contratar créditos bancarios con irregularidades en el gobierno de Coahuila, al ser utilizados documentos alterados y falsificados, con monto aproximado de 5,400 millones de pesos.

3.- En lo concerniente a la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo Estatal, es de señalar que los informes de gobierno y las Cuentas Públicas rendidas al Congreso del Estado no dan cuenta real del excesivo y, por ende, ilegal endeudamiento adquirido por los dirigentes del Estado.

En virtud de ello y como medida que auxilie a contrarrestar el gran déficit fiscal y ocultar todos los actos violatorios de la Ley que han sido descritos, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una nueva Ley estatal de Deuda Pública que permite la contratación de empréstitos de forma directa sin la autorización previa del Congreso local e incluso contiene disposiciones de aplicación retroactiva en relación con la contratación de empréstitos realizados por el Ejecutivo local sin la autorización del Congreso estatal.

Dicha ley, como se señala, contiene disposiciones violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente del Artículos 117 Fracción VIII y de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, como los artículos 67 fracciones XIV y XXXIII, 82 Fracción V y 158-P, pues en ellas se exige como requisito indispensable para la contratación de deuda y en materia de empréstitos, la previa autorización del Congreso local a fin de establecer un mecanismo de control entre los órganos del Estado.

4. Derivados de todos estos actos, el 30 de diciembre de 2011, Legisladores del Partido Acción Nacional interpusieron denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República del Estado de Coahuila y la Fiscalía General del Estado por delitos relacionados con la omisión, uso indebido de funciones contra varios funcionarios de la anterior administración estatal y los que resulten durante los seis años de gobierno.

Asimismo, el 11 de enero de 2012, Legisladores del mismo partido político presentaron una nueva denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, en contra de funcionarios priístas de Coahuila de la pasada administración, encabezada por Humberto Moreira Valdés, por los delitos de ejercicio indebido de servicio público, presunta coalición de servidores públicos, uso de atribuciones, facultades y falsificación de documentos en general.

En total desde que se dio a conocer el multicitado acto de ilegal endeudamiento estatal, se han presentado tres denuncias por parte de legisladores y cinco por la Procuraduría fiscal, por lo que es necesario solicitar respetuosamente que se agilícela investigación y se rinda un informe detallado al Congreso de la Unión sobre el resultado de las investigaciones.

Por todo ello, la urgencia de que los hechos descritos a lo largo del presente escrito sean esclarecidos, señalando culpables con nombre y apellido del innegable atropello que han sufrido los coahuilenses a través de la irreal deuda pública que la anterior administración estatal ha generado.

Es por lo anterior, que se estima conveniente exhortar a la Procuraduría General de la República para que rinda ante el Congreso de la Unión, un informe detallado sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la inexplicable deuda pública que presenta el Estado de Coahuila a partir de la pasada administración estatal y resuelva lo conducente.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que informe al Congreso de la Unión sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la alarmante deuda pública del estado de Coahuila generada en la pasada administración estatal, encabezada por Humberto Moreira Valdés; asimismo, se le exhorta a que resuelva a la brevedad las denuncias presentadas sobre este respecto.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2012.— Senador Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica).»

Presidencia del diputado Gustavo González Hernández

El Presidente diputado Gustavo González Hernández: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

DERECHOS HUMANOS DE MUJERES Y PERIODISTAS

El Presidente diputado Gustavo González Hernández: Tiene la palabra el diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que fortalezca las recomendaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos contra mujeres y periodistas.

El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín:Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, uno de los sucesos de más triste memoria en materia de derechos humanos en el pasado reciente del país y al cual diversos intereses políticos y económicos han intentado enterrar en el olvido, es el que ocurrió a la periodista Lydia Cacho; este caso resulta paradigmático de lo que significa el abuso del poder.

A las denuncias derivadas del trabajo de Lydia Cacho, con el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún, relacionadas con la trata de personas y la pederastia, lo que siguió fue no la persecución de los delincuentes, sino el acoso a la señora Cacho, desde los rincones oscuros de los poderes del dinero y del crimen.

El momento más trágico ocurrió cuando agentes policiales del estado de Puebla, por órdenes del entonces gobernador Mario Marín, viajaron hasta Cancún, detuvieron ilegalmente, secuestraron literalmente a la señora Cacho, para llevarla hasta la ciudad de Puebla y procesarla por una denuncia de difamación entablada por el empresario Kamel Nacif.

No olvidamos los vergonzosos momentos revelados el 14 de febrero de 2006, cuando la opinión pública conoció la grabación en la que Kamel Nacif agradeció a Mario Marín el favor de pisotear la dignidad y los derechos de Lydia Cacho, empleando un lenguaje de delincuente, protegido del poder y beneficiario del mismo, que le hizo ganar el triste mote de Góber Precioso.

Las denuncias por pederastia eran ciertas, ya hay procesados; sin embargo, ¿donde está Mario Marín? Lamentablemente, lo acabamos de ver en fotografías junto al precandidato único del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, en donde trascendió, por cierto, que el ex gobernador estaba buscando la protección del fuero federal.

El nombre de Mario Marín está indisolublemente asociado a la corrupción, a la intimidación y a la pederastia y su administración está indisolublemente vinculada al desvío de recursos, a las redes de protección y compadrazgo, a la política de los amigos, que remite si acaso a pensar en un guión para película de mafias políticas, que no estaría mal que rescatara algún día el cine mexicano.

Pero por si esto no bastara, hace apenas unos días el juzgado octavo de lo penal dictó formal prisión a Alfredo Arango García, ex secretario de Salud de Puebla de Zaragoza, por cierto compadre de Mario Marín, quien es acusado del delito de enriquecimiento inexplicable, y sabemos que varios otros ex funcionarios están siendo también investigados.

Es por ello que los legisladores del Partido Acción Nacional nos manifestamos en contra de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos queden en el olvido.

En el mes de marzo de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones, donde consideró que fueron violadas las garantías fundamentales de Lydia Cacho, cuya responsabilidad señaló a los gobernadores Mario Marín, de Puebla, y Félix González Canto, de Quintana Roo.

De la misma forma, nos manifestamos a favor de fortalecer la rendición de cuentas vinculada a los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, durante cuya administración —por cierto— se triplicó la deuda estatal; en este sentido es que proponemos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que actualice los supuestos de la recomendación 16/2009, en las que el ex gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres, no ha reparado el daño causado a la señora Lydia Cacho y no se han tomado las medidas destinadas a establecer programas para prevenir la tortura y promover el respeto de las garantías fundamentales y a la libertad de expresión.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a fortalecer las investigaciones en contra de los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a fortalecer las recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos de mujeres y periodistas; y a la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a reforzar las investigaciones contra funcionarios en el gobierno de Mario Marín Torres, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6o., y los artículos 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo mediante los cuales se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fortalecer las recomendaciones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos contra mujeres y periodistas; y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a fortalecer las investigaciones contra ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los sucesos de más triste memoria en materia de derechos humanos en el pasado reciente del país, y el cual diversos intereses políticos y económicos han intentado enterrar en el olvido, es el que ocurrió a la periodista Lydia Cacho.

Este caso resulta paradigmático de lo que significa el abuso de poder. A las denuncias derivadas del trabajo de Cacho con el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún relacionadas con la trata de personas y la pederastia, lo que siguió fue no la persecución de los delincuentes sino el acoso a la señora Cacho desde los rincones oscuros de los poderes del dinero y el crimen.

El momento más trágico ocurrió cuando agentes policiales de Puebla, por órdenes del entonces gobernador, Mario Marín, viajaron hasta Cancún, y detuvieron de manera ilegal y secuestraron literalmente a la señora Cacho para llevarla hasta la ciudad de Puebla, para procesarla por una denuncia de difamación entablada por el empresario Kamel Nacif.

No olvidamos los vergonzosos momentos revelados el 14 de febrero de 2006 cuando la opinión pública conoció la grabación en que Kamel Nacif agradeció a Mario Marín el favor de pisotear la dignidad y los derechos de Lydia Cacho, empleando un lenguaje de delincuente, protegido del poder y beneficiario de éste, que le hizo ganar al halagado el triste mote de “Góber Precioso”.

Hoy, Kamel Nacif está en la cárcel; cumple una sentencia porque fueron ciertas las denuncias en su contra sobre las redes de pederastia y trata de personas, reveladas entre otras por Lydia Cacho. ¿Donde está Mario Marín? Lamentablemente, lo acabamos de ver en fotografías junto al precandidato único del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, donde trascendió que el ex gobernador estaba presto para formar parte de la lista de candidatos priistas al Senado de la República, lo cual no tendría otra intención que brindarle fuero en tanto prescriben las violaciones de los derechos humanos que cometió, entre otras personas, contra Lydia Cacho.

Parece que es de sabios cambiar de opinión, así que no podemos sino celebrar que Mario Marín, el Góber Precioso, haya sido descartado de las listas al Senado. Sin embargo, está lejos de pasar inadvertido el hecho de que se haya reunido con el precandidato único del PRI, Enrique Peña Nieto, lo cual sabemos no resulta nada fácil por estos días.

El nombre de Mario Marín está indisolublemente asociado a la corrupción, a la intimidación y a la pederastia, y su administración está indisolublemente vinculada al desvío de recursos, a las redes de protección y compadrazgo, a la política de los amigos que remite si acaso a pensar en un guión para película de mafias políticas que no estaría mal que rescatara algún día el cine mexicano.

Es por todos bien sabido que el gobierno de quien se reunió con Enrique Peña Nieto está marcado por haber triplicado la deuda estatal, por sepultar la competitividad y por condenar a la transparencia a dormir el sueño de los justos, incluso a punta de intimidación, secuestro y abuso de poder.

Hace apenas unos días el juzgado octavo de lo penal dictó formal prisión a Alfredo Arango García, ex secretario de Salud de Puebla de Zaragoza, por cierto compadre de Mario Marín, quien es acusado del delito de enriquecimiento inexplicable, y sabemos que varios de los que fueron funcionarios en el sexenio de Mario Marín Torres continúan siendo investigados.

Levanta suspicacias que el nombre de Javier López Zavala, ex secretario de Gobierno y mano derecha de Mario Marín, sí esté sonando todavía para el Senado de la República.

Los legisladores del Partido Acción Nacional nos manifestamos en contra de que las violaciones de los derechos humanos cometidas por servidores públicos queden en el olvido. En marzo de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones donde consideró que fueron violadas las garantías fundamentales de Lydia Cacho, cuya responsabilidad señaló en los gobernadores Mario Marín Torres de Puebla y Félix González Canto de Quintana Roo.

De la misma forma, nos manifestamos a favor de fortalecer la rendición de cuentas vinculada a los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, durante cuya administración se triplicó la deuda estatal.

Por lo expuesto, en nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión someto a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a actualizar los supuestos de la recomendación 16/2009 porque el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres no reparó el daño causado a la señora Lydia Cacho ni tomó medidas destinadas a establecer programas para prevenir la tortura y promover el respeto de las garantías fundamentales y de la libertad de expresión.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a fortalecer las investigaciones contra los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de enero de 2012.— Diputado Agustín Castilla Marroquín (rúbrica).»

El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Gustavo González Hernández: ¿Sí, señor senador?

El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Solicito la rectificación de quórum.

El Presidente diputado Gustavo González Hernández: Deje nada más realizo este turno. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

Están solicitando la rectificación de quórum; le solicito al secretario que realice la verificación de quórum.

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:Físicamente o a través de la lista, presidente, usted me dice, porque físicamente es evidente que no hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Gustavo González Hernández: Entonces, ¿asentamos por parte de la Secretaría que no hay quórum?

El Secretario senador Renán Cleominio Zoreda Novelo:No hay quórum, señor presidente.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Gustavo González Hernández(a las 14:50 horas): No existiendo quórum legal para seguir en la sesión, se levanta la sesión. Se cita para la próxima sesión que tendrá lugar el miércoles 1o. de febrero de 2012, a las diez horas, para la sesión de clausura.

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