SUMARIO
Documento aprobado por las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia sobre las conclusiones derivadas de las respuestas realizadas por el Secretario de Marina, en relación a las preguntas parlamentarias formuladas en sesión del 22 de septiembre de 2011, por acuerdo de la Cámara de Diputados
Se remite a la Secretaría de Gobernación para que a su vez se hagan del conocimiento del titular de la Secretaría de Marina, señalando que derivado de la opinión vertida por las Comisiones Unidas, en las respuestas a las preguntas parlamentarias 4 y 6, se advierte una incorrecta interpretación de los artículos 51, 54 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional, y por lo que se refiere a las preguntas 5, 7 y 10, se advierte que las respuestas son insuficientes
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite acuerdo aprobado, por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que por medio de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de la revisión análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro del Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales, se destinen recursos suficientes para reducir el impacto de las especies exóticas invasoras en el país. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Once oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite proposiciones con puntos de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se consideren recursos para los siguientes temas:
Para que no se afecten los Fondos Federales Extraordinarios para la Educación Superior, que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas, presentada por los senadores Antelmo Alvarado García, Carlos Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Para que se incluya en la lista del anexo 18, “Programas sujetos a reglas de operación”, el de modernización de organismos operadores de agua, presentada por la senadora Claudia Sofía Corichi García. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Para un fondo especial de atención a la sequía, con una asignación, para atender la sequía extrema de los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, presentada por senadores de los estados de Baja California, de Coahuila, de Chihuahua, de Durango, de San Luis’ Potosí, de Sinaloa, de Tamaulipas y de Zacatecas. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana, específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante, presentada por la senadora Lázara Nelly González Aguilar. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Sobre el Colegio Bachilleres del estado de Sinaloa y a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que continúen y fortalezcan la importante labor educativa que de-sempeñan, presentada por la senadora Margarita Villaescusa Rojo. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Para los sectores forestal, agrícola y pecuario, en particular al Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a fin de promover e incrementar el conocimiento, desarrollo científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias en el país, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Sobre la pensión mínima universal para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por los senadores Minerva Hernández Ramos y José Isabel Trejo Reyes. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Sobre la operación de los programas agropecuarios y la entrega de recursos destinados a los productores agrícolas, presentada por el senador Luis Walton Aburto. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte, con el fin de implementar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región, presentada por el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Para que se desarrolle la investigación por regiones agroecológicas sobre la siembra y cultivo de los principales granos del país, presentada por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
Oficio de la Mesa Directiva por el que informa de 22 iniciativas de reforma constitucional que no fueron dictaminadas dentro del plazo reglamentario. De conformidad con el artículo 89, numeral 2, fracción III del reglamento de la Cámara, se tienen por desechadas. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos
Desde su curul el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Desde su curul el diputado Pablo Escudero Morales se refiere a Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en la pasada sesión del día 25 de octubre
Desde sus curules se refieren a la elección de consejeros electorales, los diputados:
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega
El Presidente da respuesta
Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Enoé Margarita Uranga Muñoz
Cuatro oficios de la Junta de Coordinación Política por los que comunica cambios de integrantes en las Comisiones de: Comunicaciones; Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; del Distrito Federal; Recursos Hidráulicos; Ciencia y Tecnología; Desarrollo Rural; Radio, Televisión y Cinematografía; Hacienda y Crédito Público; y de las Comisiones Especiales: Para la Familia; y de Seguimiento de la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Fiscalización, Evaluación y Armonización Contable. Aprobadas, comuníquense
Oficio del diputado Eduardo Ledesma Romo, por el que solicita sea retirada iniciativa que reforma los artículos o. 43 de la Ley Minera, presentada en la sesión del 11 de octubre del año en curso. Se retira de la Comisión de Economía, para dictamen; y actualícense los registros parlamentarios
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite acuerdo del Congreso del estado de Tabasco, relativo a la implementación de todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención
Desde su curul el diputado Pedro Avila Nevárez, se refiere a los créditos otorgados por dicho Instituto
Sobre el tema intervienen desde sus curules:
Isaías González Cuevas
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Armando Neyra Chávez
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite acuerdo en relación al régimen de derechos mineros vigentes en el país. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para su atención
Desde su curul el diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, invita a la I Muestra Nacional de Vino y Uva de México, que se realiza en la explanada de este recinto
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa la aprobación de acuerdo por el que la Cámara de Senadores solicita al titular de la Secretaría de Economía remitir un informe detallado de los volúmenes de exportación a los Estados Unidos de Norteamérica de pez dorado, durante el periodo 2007-2010. Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que informa que se da por concluido el procedimiento legislativo del proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De enterado
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que devuelve para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional, expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Turismo. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2011 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Comuníquese a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal correspondiente al cuarto bimestre del 2011. Se remite a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, para que remita a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, un informe detallando el monto subejercido del presupuesto que les fue asignado para el primer semestre del 2011 y el subejercicio que presentan a la fecha, señalando las causas que originaron dicho subejercicio. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 22 de septiembre pasado, en relación con la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas. Se remiten a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 17 de febrero pasado, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a apoyar a los productores cañeros veracruzanos afectados por contingencias climáticas. Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 22 de septiembre pasado, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se instale de inmediato una mesa de diálogo con los secretarios de Estado competentes y los ganaderos productores de leche del país para solucionar la crisis de éstos. Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de septiembre pasado, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir por las instancias correspondientes la declaratoria de desastre natural en el sector agrícola de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado de México y liberar de inmediato los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender los problemas generados por las fuertes heladas en las zonas agrícolas de la región. Se remite a las Comisiones Gobernación y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 8 de septiembre pasado, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a crear, implantar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a impedir la discriminación contra las mujeres en sus diversos ámbitos de acción. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 8 de septiembre pasado, por el que se exhorta a las instituciones de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano a trabajar para erradicar las agresiones en el noviazgo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se remite a las Comisiones Gobernación y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 29 de septiembre pasado, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora, a llevar cabo en el marco de sus atribuciones, el registro de productores afectados por la sequía y se integre la documentación requerida para que reciban apoyo del Fondo de Desastres Naturales. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 25 de octubre pasado, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que la celebración de la reunión del G20 en nuestro país se realice en fecha posterior al proceso electoral que habrá de celebrarse el próximo año. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 27 de septiembre pasado, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que antes de que concluya el presente ejercicio fiscal dé inicio a la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas, con el propósito de evitar una inundación, pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura industrial y portuaria, a las vías de comunicación, la dispersión de aguas contaminadas; daños patrimoniales y una recesión económica en la región. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de octubre pasado, relativo a la liberación de los cinco cubanos que fueron injustamente encarcelados desde hace más de trece años en Estados Unidos. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento
Oficio del Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 8 de septiembre pasado, por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal a crear, implantar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a impedir la discriminación contra las mujeres en sus diversos ámbitos de acción. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento
Oficio del gobierno del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 4 de septiembre pasado, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, a las autoridades correspondientes del Distrito Federal y a las de los municipios a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento
Oficio de la Comisión Federal de Competencia, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de septiembre pasado, por el que se solicita la intervención del gobierno federal en el conflicto suscitado en el sector de las telecomunicaciones. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de octubre pasado, que exhorta al gobierno federal para que instrumente las medidas necesarias, para que a los migrantes mexicanos que retornan a nuestro país, les sean aceptadas sin obstáculo las tarjetas de crédito y débito para cubrir el depósito exigido para la importación temporal de vehículos, igualmente para que el monto de éste por 400 dólares les sea reducido. Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en septiembre de 2011, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2011, incluyendo la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a septiembre de 2011, de-sagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación respectiva al mismo mes de 2010. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones II y IV del artículo 61 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos. Se turna a las Comisiones Unidas de Transporte y Marina, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111, y que reforma el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen
Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Defensa Nacional, para dictamen
Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos; Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen
Oficio del Congreso del Estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los incisos A, C, D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIV al artículo 31, y una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Eloy Cantú Segovia y Francisco Arroyo Vieyra. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y a nombre de los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto de los Depósitos en Efectivo, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y a nombre de los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Petróleos Mexicanos, presentados por los senadores Tomás Torres Mercado, Rasalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y a nombre de los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Unica, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Opinión de la Comisión de Derechos Humanos por la que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a cuatro ciudadanos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas, respectivamente
Discusión de dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Sin discusión es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 a la Ley Federal del Derecho de Autor
Desde su curul el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, realiza comentarios sobre los temas a tratar en la agenda política, el Presidente le da respuesta
Fundamenta el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Cultura, con proyecto de decreto que reforma disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 a la Ley Federal del Derecho de Autor, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal
Para la discusión, interviene el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Se considera suficientemente discutido en lo general y particular. Es aprobado el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional
El Presidente con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XV y XVI, al artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
A discusión los diputados:
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Jaime Arturo Vázquez Aguilar
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Sixto Alfonso Zetina Soto
Salvador Caro Cabrera
Se considera suficientemente discutido. Aprobado en lo general y en lo particular, pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Para la discusión en lo general y en lo particular, participan los siguientes diputados:
Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Suficientemente discutido, es aprobado. Pasa a a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
A discusión intervienen los diputados:
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
Guadalupe Valenzuela Cabrales
Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Es aprobado, pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud
La diputada María Cristina Díaz Salazar, fundamenta el dictamen
Para la discusión hace uso de la palabra el diputado Sergio Tolento Hernández
Suficientemente discutido, es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter, a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
La diputada María Cristina Díaz Salazar, fundamenta el dictamen
A discusión, se concede la palabra a los diputados:
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Oralia López Hernández
Se encuentra suficientemente discutido, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Interviene en la discusión, la diputada Aránzazu Quintana Padilla
Diva Hadamira Gastélum Bajo, solicita la palabra que no se concede
Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
El diputado Pablo Escudero Morales, fundamenta el dictamen
Para la discusión en lo general y en lo particular, participan:
Esthela Damián Peralta
Enrique Torres Delgado
Suficientemente discutido, es aprobado. Pasa a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales
Discusión de dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
Fundamenta el dictamen, el diputado Javier Corral Jurado
Para la discusión en lo general y en lo particular, se concede la palabra a los siguientes diputados:
Ramón Jiménez López
Arturo Ramírez Bucio, solicita modificar el turno de oradores
Víctor Manuel Castro Cosío
Pedro Vázquez González
Julián Francisco Velázquez y Llorente
Guadalupe Acosta Naranjo
Juan Enrique Ibarra Pedroza
César Octavio Pedroza Gaitán
Beatriz Elena Paredes Rangel
Carlos Flores Rico
María Araceli Vázquez Camacho
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Avelino Méndez Rangel
Se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular y es aprobado el proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con puntos de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 6 de septiembre pasado, por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lleve a cabo una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales, así como al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico sobre la situación de los enfermos mentales recluidos en las diversas instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión del Distrito Federal con puntos de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2010, por los que se exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse con las delegaciones para ejecutar las revisiones necesarias de los establecimientos mercantiles de bajo impacto que venden cerveza y proceder a la suspensión o clausura derivadas de su funcionamiento; y al jefe del gobierno, a informar a esta soberanía, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sobre el estado que guarda el Programa de Regularización de Usos de Suelo de Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto Urbano
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Economía con puntos de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 27 de septiembre pasado, por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, pues debilita a la industria nacional y en riesgo más de empleos directos
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Economía con puntos de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 20 de septiembre pasado, por los que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales, y a los gobiernos municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipymes; así como al titular de la Secretaría de Economía para que dé cuenta a la opinión pública acerca de los convenios celebrados con las entidades federativas y los municipios para la consecución de los objetivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Son aprobados los anteriores cuatro dictámenes. Comuníquense
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 10 de noviembre de 2009
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 4 de marzo de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 23 de septiembre de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 23 de septiembre de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 30 de noviembre de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, presentada en la sesión del 27 de julio de 2011
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada en la sesión del 4 de febrero de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población, presentada en la sesión del 8 de febrero de 2011
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población, presentada en la sesión del 1 de diciembre de 2009
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5 y 50, y reforma los artículos 11, 22, 36, 47 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada en la sesión del 30 de abril de 2008
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada en la sesión del 18 de noviembre de 2009
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso f) de la fracción 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2010
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del 5 de abril de 2011
El Presidente, con base a lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, anuncia la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo los que se desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas en las sesiones del: 27 y 29 de octubre, 24 de noviembre de 2009; y 29 de abril de 2010
Son aprobados los anteriores 15 dictámenes. Archívense los expedientes como asuntos concluidos
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a mantener el abasto suficiente y oportuno de medicamentos para satisfacer la demanda de los derechohabientes de esta institución, particularmente en Baja California Sur y Colima
Desde su curul interviene el diputado Víctor Manuel Castro Cosío
Aprobado el acuerdo, comuníquese
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear, mediante decreto, el hospital regional de alta especialidad Doctor Ignacio Morones Prieto, en el estado de San Luis Potosí. Aprobado, comuníquese
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de un fondo especial de apoyo para la atención de la sequía en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León. Aprobado, comuníquese
Acuerdo la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades federativas a crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección de periodistas. Aprobado, comuníquese
Realizan comentarios relativos a la contienda electoral en el estado de Michoacán, los diputados:
José Torres Robledo
Laura Arizmendi Campos
José Isabel Meza Elizondo
Jaime Fernando Cárdenas Gracia
José María Valencia Barajas
Laura Margarita Suárez González
Heliodoro Carlos Díaz Escárraga
Sobre el Estado laico, participan con comentarios los diputados:
Laura Arizmendi Campos
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña
Alberto Emiliano Cinta Martínez
Enoé Margarita Uranga Muñoz
José Gerardo de los Cobos Silva
Carlos Flores Rico
El Presidente en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, informa que las iniciativas y las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión y que no tuvieron la oportunidad de presentarse en tribuna serán turnadas para su trámite
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (en lo general y en lo particular)
De las Comisiones Unidas de Economía, y de Cultura, que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalada (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear el Instituto Nacional de Geriatría (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación, para incluir a las personas que padecen acondroplasia (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para izar la bandera nacional a media asta el 2 de octubre de cada año (en lo general y en lo particular)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 8 de noviembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 285 diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 11:00 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Diputadas y diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.
Orden del día
Martes 8 de noviembre de 2011
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
Dos de la Mesa Directiva.
De la Junta de Coordinación Política.
Del diputado Eduardo Ledesma Romo, por el que solicita el retiro de su iniciativa.
De las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, sobre las conclusiones derivadas de las respuestas realizadas por el Secretario de Marina, en relación a las preguntas parlamentarias formuladas en Sesión del 22 de septiembre de 2011, por el Pleno de la Cámara de Diputados.
De la Cámara de Senadores
Por el que remite acuerdo del Congreso del Estado de Tabasco, relativo a la implementación de todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales.
Con el que remite acuerdo, por el que invita a la Cámara de Diputados, para que, a través de sus comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Energía, en conferencia con las de la Cámara de Senadores, analicen el régimen de derechos mineros vigentes en el país.
Por el que informa la aprobación del Acuerdo, por el que la Cámara de Senadores solicita al Titular de la Secretaría de Economía, remitir un informe detallado de los volúmenes de exportación a los Estados Unidos de Norteamérica de pez dorado durante el período 2007-2010.
Por el que informa que se da por concluido el procedimiento legislativo del proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con el que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Turismo, para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)
De la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el Informe Trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.
Con el que remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2011, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.
Con el que envía el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al cuarto bimestre de 2011.
Con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado en la Comisión Permanente del Segundo Receso, relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercido a la fecha.
Con el que remite dos contestaciones a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la crisis cañera veracruzana.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a crisis de los productores lecheros nacionales.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la reactivación productiva del sector agrícola.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia en el noviazgo.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la emisión de declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la celebración de la reunión del G-20.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al injusto encarcelamiento de ciudadanos cubanos en los Estados Unidos de Norteamérica.
Del Gobierno del Distrito Federal
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Del Gobierno del Estado de México
Con el que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la capacitación de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género.
De la Comisión Federal de Competencia
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al conflicto suscitado entre las empresas del sector telecomunicaciones.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar a los connacionales que ingresen al país, les sean aceptadas las tarjetas de crédito o debito internacional, para el pago de los derechos por la importación temporal de sus vehículos.
Por el que informa que en el mes de septiembre de 2011, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al Tercer Trimestre de 2011, incluyendo la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de 2011, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2010.
Minutas
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y IV del artículo 61 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que adiciona los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111, y que reforma el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. (Turno a Comisión)
Iniciativas de ley o de decreto de las legislaturas de los estados
Del Congreso del Estado de Chihuahua, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. (Turno a Comisión)
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. (Turno a Comisión)
Del Congreso del Estado de Nuevo León, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Juegos y Sorteos; de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de Instituciones de Crédito. (Turno a Comisión)
Del Congreso del Estado de Nuevo León, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los numerales A, C, D y E, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Iniciativa de ley o de decreto de los senadores
Con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIV al artículo 31 y una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Eloy Cantú Segovia y Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y de los Diputados Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que abroga la Ley del Impuesto de los Depósitos en Efectivo, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y de los Diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Petróleos Mexicanos, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y de los Diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno de la junta de coordinación política
Declaratorias de publicidad de los dictámenes
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud.
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al Ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en los Estados de Quintana Roo y Yucatán.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los Ciudadanos: Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, Erika de la Torre Crosse y María Isabel Olivares Jiménez, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Kuwait en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión de leyes y decretos
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
De las Comisiones Unidas de Economía y de Cultura, que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Dictámenes a discusión de proposiciones
De la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo, por los que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lleve a cabo una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales, así como al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico sobre la situación de los enfermos mentales recluidos en las diversas instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social.
De la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse con las delegaciones para realizar verificaciones en establecimientos mercantiles de bajo impacto.
De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que presente ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal.
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, así como revisar y detener cualquier otra desgravación arancelaria que afecte a la planta productiva nacional.
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo, por los que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipymes.
Dictámenes a discusión negativos de iniciativas
De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de la Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal.
De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 43 bis de la Ley General de Población.
De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población.
De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5 y 50, reforma los artículos 11, 22, 36, 47 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.
De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación definitiva de Vehículos usados procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un segundo párrafo al inciso f) de la fracción 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que desecha cuatro Iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Agenda política
Comentarios relativos a la contienda electoral en el estado de Michoacán, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre el Estado Laico, a cargo de los Grupos Parlamentarios.
Iniciativas
Que reforma los artículos 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que expide la Ley General de Atención a Víctimas, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 206 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o., 4o., 8o. y 9o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Vivienda. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 85 y 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 24 y 46 de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 2o. y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 185 y 186 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 12 y 13 a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
De decreto, por el que se establece el segundo domingo del mes de mayo como el Día Nacional de la Madre, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)
De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, “Cruz Roja Mexicana”, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Protección Civil y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o. y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Federal de Gobierno Electrónico, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por los diputados Juan José Guerra Abud y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 2o. de la Ley de Planeación, 64 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)
De decreto, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Daniela Nadal Riquelme, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
De Decreto, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona los artículos 157 Ter y 157 Quáter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 38 Bis y reforma los artículos 40, 41 y 43 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 20 de la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 38, 55, 82 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por el diputado Emilio Chuayffet Chemor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 7o. Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Fondo para Fortalecer Nuevas Actividades Productivas ante la Emergencia Económica, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 10, 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Eric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 231 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de la Comisión Federal de Transportes, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Puertos, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos y suscrita por la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
De Decreto, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Oscar Javier Lara Aréchiga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 39 Bis a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4o. y adiciona un artículo 4o. Bis a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 5o. del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a los titulares de la SHCP, del SAT y al Administrador General de Aduanas, para que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan agilizar el tránsito vehicular en las aduanas ubicadas en los cruces internacionales localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta Soberanía, para que se considere la creación de un Fondo para la Infraestructura e Instalaciones que promuevan la Actividad Física en las Escuelas Primarias y Secundarias, a fin de combatir la obesidad infantil, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFE, a que en el proceso electoral federal de 2012, instrumente medidas que garanticen la participación político electoral de las personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a celebrar un convenio de coordinación con los Gobiernos del Distrito Federal, Estados y Municipios, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico de la situación de violencia contra los menores y el establecimiento de acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil, con la colaboración de la SEGOB, de la SSa, de la SEP, de la Sedesol, de la SHCP, del DIF y de la PGR, a cargo de la diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo y a la PGR, salvaguarden la integridad física de los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambríz Hernández, de la revista “Luces del Siglo”, así como a desahogar con eficacia y oportunidad la denuncia de hechos que presentaron el 11 de octubre del año en curso, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SENER, tome las medidas conducentes a efecto de que Pemex reduzca en un 40 por ciento el precio del gasóleo, gas LP y gas natural, a cargo del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, para que en las fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, con sede en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las obras que se tengan programadas a realizar en el 2012 en estas localidades, se ejecuten con anticipación o en su caso se posterguen, a fin de evitar contratiempos a los visitantes que asisten a estos eventos, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, al Consejo de la Judicatura y a la PGR, investiguen y determinen responsabilidades sobre la situación que guarda el predio donde se ubica el Hotel Riu Palace Pacífico, en Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, emita el Decreto correspondiente para que se elimine definitivamente el IETU, para impulsar la recuperación del crecimiento a favor de la inversión y el empleo, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Sagarpa, realice el pago a los productores de temporal del estado de Guanajuato, en el mes de febrero, de los recursos para el ciclo primavera-verano, asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo para 2012, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo para que se emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal, levante la veda para otorgar concesiones para el uso de agua superficial de los Ríos Juchipila y Cuixtla, afluentes que alimentan al Río Santiago en el municipio de San Cristóbal de la Barranca del estado de Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco y a las autoridades municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano, determinen la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en esa entidad. Asimismo, que esta Soberanía envíe una felicitación a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, haciéndoles un reconocimiento especial a los deportistas mexicanos acreedores de alguna de las medallas en Sesión Solemne; de igual manera, se envíe una felicitación al Comité Organizador y al Gobernador del estado, por que dichos juegos se hayan desarrollado de forma pacífica y exitosa, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias que integran al Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, agilicen la evaluación, y en su caso, aprobación y certificación de los proyectos de desarrollos urbanos integrales sustentables que se encuentran en estudio, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones necesarias que permitan el establecimiento de un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación con residencia en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrito por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS y a la SEP, realicen la defensa de los intereses de los jóvenes estudiantes y trabajadores que permitan continuar y terminar sus estudios y desempeñar trabajos dignos. Asimismo, se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas y a los gobiernos municipales, para que establezcan programas con el sector público, privado y social que impulsen a los jóvenes trabajadores, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, vigile la adecuada utilización de los recursos federales transferidos al estado de Yucatán para la implementación de las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el grave brote del virus del dengue que están padeciendo, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las reglas para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, se amplíe su cobertura a un mayor número de municipios y se incluya al de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP, la continuidad de las acciones relativas al fomento para la creación de estancias infantiles de las instituciones de educación superior, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Economía y del Director General de Proméxico, dé cuenta a la ciudadanía sobre el avance del proyecto Ciudad Creativa Digital, Clúster Tecnológico, y dadas las características, ventajas competitivas y ubicación geográfica estratégica, la Ciudad de Puebla sea considerada como sitio adecuado para su establecimiento, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SSP, investigue a fondo los actos de extorsión y corrupción por parte de elementos de dicha corporación destacamentados en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, durante los últimos meses, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa, de la SSa, de la Conagua y de la CFE, inicien las acciones procedentes para atender y solucionar los graves problemas de contaminación que padece la población que vive en los alrededores de la Presa Zimapán, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se propone la creación y otorgamiento de la Medalla de la Paz, “Dr. Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz”, a mexicanos, mexicanas y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sener, promueva el desarrollo e implementación de nuevos proyectos para la generación de electricidad por medio de fuentes de energía renovables en el país, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, emita reglas de operación sencillas e implemente esquemas que agilicen la entrega de los recursos de los programas destinados a promover y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país por aprobarse en esta Soberanía para el ejercicio fiscal 2012, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Efemérides
Con motivo del Trigésimo Aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con motivo del 187 Aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativo a la Conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con motivo del LI Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en México, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Aniversario Luctuoso de Manuel J. Clouthier, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con motivo del Aniversario del 2 de Octubre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de las diputadas María Guadalupe García Almanza y Leticia Quezada Contreras, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente y la diputada María del Carmen Guzmán Lozano a nombre de la Comisión de Equidad y Género.
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación; Acciones por la Seguridad Alimentaria en México, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del 17 de octubre, conmemoración del Aniversario del Sufragio Femenino, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.
Con motivo del 19 de octubre, conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Elvia Hernández García y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con motivo del primer aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, a cargo del diputado Héctor Elías Barraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, seño presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes cuatro de noviembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.
Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con dieciséis minutos del viernes cuatro de noviembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.
A las once horas con veintitrés minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de trescientos noventa y cuatro diputadas y diputados.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al orden del día y a diversos temas legislativos los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en dos ocasiones, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, Porfirio Muñoz Ledo, en dos ocasiones, del Partido del Trabajo; Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, del Partido Acción Nacional; Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional; y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.
En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el tiempo para llevar a cabo votaciones nominales respecto de la discusión en lo particular, del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Participación Ciudadana sobre la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política, el tiempo máximo para cada votación nominal será de tres minutos.
En virtud de que ya fueron aprobados en lo general y en lo particular los artículos y fracciones no reservados del dictamen, se procede a recoger la votación de cada uno de los artículos y fracciones reservados, con base en el Acuerdo referido en el párrafo anterior. Se realizan las siguientes votaciones nominales:
• Se da lectura al artículo treinta y cinco, fracción segunda, con la modificación aceptada por la Asamblea, en votación nominal se desecha por ciento ochenta y tres votos a favor; doscientos siete en contra; y una abstención, no hay mayoría calificada. Se da lectura al artículo treinta y cinco, fracción segunda, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos sesenta y tres votos a favor; veintiséis en contra; y cuatro abstenciones, es mayoría calificada.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional; Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Miguel Ángel García Granados, del Partido Revolucionario Institucional; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; y José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional.
A las doce horas con nueve minutos el Presidente declara un
Receso
A las doce horas con diecinueve minutos se reanuda la sesión. Desde su curul realiza moción de ilustración el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo.
• Se da lectura al artículo treinta y cinco, fracción sexta, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos treinta y dos votos a favor; cincuenta y nueve en contra y una abstención, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo treinta y cinco, fracción octava, en términos del dictamen, en votación nominal se desecha por doscientos quince votos a favor; ciento ochenta en contra y dos abstenciones, no hay mayoría calificada.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a la votación, moción de procedimiento y de ilustración los diputados Porfirio Muñoz Ledo, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; José Ramón Martel López, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional; Armando Ríos Piter, Guadalupe Acosta Naranjo, y Emilio Serrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel García Granados, y Felipe Solís Acero, en dos ocasiones, ambos del Partido Revolucionario Institucional; Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional; José Adán Ignacio Rubí Salazar, del Partido Revolucionario Institucional; Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional; y Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido.
• Se da lectura al artículo treinta y seis, fracción tercera, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos treinta y nueve votos a favor; sesenta y seis en contra; y cinco abstenciones, es mayoría calificada.
En su oportunidad y desde su curul realizan moción de procedimiento los diputados Georgina Trujillo Zentella, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Porfirio Muñoz Ledo, y Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ambos del Partido del Trabajo; Carlos Alberto Pérez Cuevas, y Gustavo González Hernández, ambos del Partido Acción Nacional.
A solicitud del Partido Acción Nacional, a las trece horas con veinticuatro minutos el Presidente declara un
Receso
A las catorce horas con cinco minutos se reanuda la sesión.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; Juan José Guerra Abud, del Partido Verde Ecologista de México; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones. El Presidente hace aclaraciones.
• Se da lectura al artículo setenta y uno, fracción cuarta, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta y ocho votos a favor; doce en contra; y dos abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo setenta y tres, fracción vigésima novena Q, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por cuatrocientos dos votos a favor; y cuatro abstenciones, es mayoría calificada. Desde su curul hace comentarios el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.
• Se da lectura al artículo setenta y cuatro, fracción sexta, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos setenta y ocho votos a favor; doce en contra; y cinco abstenciones, es mayoría calificada.
Desde su curul realiza comentarios sobre una publicación en el periódico Excélsior, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Partido Acción Nacional.
• Se da lectura al artículo setenta y seis, fracción segunda, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta y un votos a favor; doce en contra; y tres abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo setenta y ocho, fracción séptima, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos setenta y ocho votos a favor; once en contra; y seis abstenciones, es mayoría calificada. Desde sus curules realiza comentarios el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo.
• Se da lectura al artículo ochenta y tres, con la modificación aceptada por la Asamblea, en votación nominal se aprueba por trescientos noventa y nueve votos, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ochenta y cuatro, con la modificación aceptada por la Asamblea, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta y cuatro votos a favor; once en contra; y tres abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ochenta y cinco en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta y cuatro votos a favor; diez en contra y dos abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ochenta y siete con la modificación aceptada por la Asamblea, en votación nominal se aprueba por trescientos cincuenta y nueve votos a favor; veintisiete en contra y seis abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ochenta y nueve, fracción segunda, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos noventa votos a favor; doce en contra; y dos abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ochenta y nueve, fracción tercera, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta y cuatro votos a favor; seis en contra; y tres abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ciento dieciséis, fracción segunda, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta y tres votos a favor; siete en contra; y una abstención, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ciento dieciséis, fracción cuarta, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos noventa votos a favor; cinco en contra y tres abstenciones, es mayoría calificada. Desde su curul hace moción de procedimiento el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.
• Se da lectura al artículo ciento veintidós, fracción tercera, con la modificación aceptada por la Asamblea, en votación nominal se aprueba por trescientos setenta y ocho votos a favor; nueve en contra; y cinco abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo ciento veintidós, fracción quinta, en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos ochenta votos a favor; diez en contra y dos abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo Segundo Transitorio en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos noventa y dos votos a favor; once en contra; y dos abstenciones, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo Tercero Transitorio en términos del dictamen, en votación nominal se aprueba por trescientos setenta y cinco votos a favor; y diez en contra, es mayoría calificada.
• Se da lectura al artículo Cuarto Transitorio en términos del dictamen, en votación nominal se desecha por doscientos nueve votos a favor; ciento ochenta y siete en contra, no hay mayoría calificada.
Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a aspectos de género en la reforma política los diputados Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Partido Revolucionario Institucional; María Elena Pérez de Tejada Romero, del Partido Acción Nacional; Enoé Margarita Uranga Muñoz, y Leticia Quezada Contreras, ambas del Partido de la Revolución Democrática; Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo; Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Partido Acción Nacional; Domingo Rodríguez Martell, y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Dora Evelyn Trigueras Durón, del Partido Acción Nacional; Porfirio Muñoz Ledo, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; Sandra Méndez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido.
Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados Carlos Alberto Pérez Cuevas, del Partido Acción Nacional, en dos ocasiones; Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones; Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, en dos ocasiones, y Porfirio Muños Ledo, ambos del Partido del Trabajo; Óscar Martín Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.
Se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente clausura la sesión a las diecisiete horas y cita para la próxima que tendrá lugar el día martes ocho de noviembre de dos mil once a las once horas.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta.*
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Dígame para qué efectos, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Para el acta, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El acta fue votada, señor diputado.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): También respecto al orden del día, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: También fue votado. Gracias. Continúe la Secretaría.
DIPUTADO EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO Y FAMILIA
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Me permito enviar a usted, el documento aprobado por las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia sobre las conclusiones derivadas de las respuestas realizadas por el Secretario de Marina, en relación a las preguntas parlamentarias formuladas en sesión del 22 de septiembre de 2011 por el Pleno de la Cámara de Diputados, para los efectos correspondientes (se anexa archivo con la opinión y firmas originales de ambas comisiones).
Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 28 de octubre de 2011.— Diputado Alejandro Gertz Manero (rúbrica), Presidente de la Comisión de Marina.»
«Conclusiones de las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, derivadas de las respuestas realizadas por el Secretario de Marina, en relación a las preguntas parlamentarias formuladas en sesión del 22 de septiembre de 2011 por el Pleno de la Cámara de Diputados
Honorable Asamblea:
A las comisiones de Marina y de Justicia de la LXI Legislatura que opinan, les fue turnada para los efectos del artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el oficio signado por el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual da respuesta por escrito a las preguntas parlamentarias formuladas en sesión del Pleno de esta Cámara en fecha 22 de septiembre de 2011.
Las comisiones que opinan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 131, 157, 158, fracción IX, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea las presentes conclusiones, basándose en los siguientes:
Antecedentes
Primero.En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados de fecha 22 de septiembre de 2011, se acordó por el Pleno de esta Cámara realizar preguntas parlamentarias al Secretario de Marina.
Segundo.En sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados de fecha 11 de octubre de 2011, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del similar, signado por el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual da respuesta por escrito a las preguntas parlamentarias formuladas en sesión del Pleno de esta Cámara en fecha 22 de septiembre del año en curso.
Tercero.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó turnar dicho oficio a las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, para los efectos del artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Conclusiones
Después de haber analizado las respuestas realizadas por el Secretario de Marina a las preguntas parlamentarias que el Pleno de esta Cámara de Diputados acordó, estas Comisiones Unidas emiten las siguientes conclusiones:
Primera. Las respuestas a las preguntas parlamentarias 1), 2), 3), 8), 9), 11), 12), 13) y 14), a consideración de estas Comisiones Unidas fueron realizadas por el Secretario de Marina en sus términos, por lo que se cumple con los cuestionamientos que efectuó el Pleno de esta Cámara de Diputados, no obstante lo anterior, el dicho del citado Secretario no se sustenta en medio de prueba alguno que acredite sus respuestas.
Segunda.En relación a las respuestas de las preguntas parlamentarias 4) y 6) que realiza el Secretario de Marina, se advierte que se hace una incorrecta interpretación a los artículos 51, 54 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional, toda vez que dichos preceptos no impiden la divulgación de la información solicitada mediante las preguntas parlamentarias, toda vez que la información rendida no es regulada en la citada ley, lo anterior se deduce de una interpretación armónica con los artículos 3, 4, 5 y 6 de la misma ley.
Para mayor ilustración se trascriben dichas preguntas y respuestas:
“4) ¿Quién o quiénes ordenaron el operativo?
Hay impedimento de divulgar esa información, por el artículo 64 de la Ley de Seguridad Nacional.
6) ¿Quiénes llevaron a cabo el operativo, cuántos elementos participaron y qué tipo de armamento y equipo fue utilizado?
Respecto a la identidad de quienes llevaron a cabo el operativo, hay el impedimento de divulgar esa información, por los artículos 51, 54 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional.
En el operativo participaron 4 camionetas y 21 elementos, cada uno con un fusil M-16; sin embargo, sólo un grupo reducido ingresó al domicilio.
Por su parte los preceptos legales aludidos de la Ley de Seguridad Nacional, establecen lo siguiente:
Artículo 3. Para efectos de esta ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:
La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
Actos en contra de la seguridad de la aviación;
Actos que atenten en contra del personal diplomático;
Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
Consejo: Consejo de Seguridad Nacional.
Instancias: Instituciones y autoridades que en función de sus atribuciones participen directa o indirectamente en la Seguridad Nacional.
Red: Red Nacional de Investigación.
Centro: Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y
Información gubernamental confidencial: los datos personales otorgados a una instancia por servidores públicos, así como los datos personales proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir una amenaza a la Seguridad Nacional.
Además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la legislación general aplicable, es información reservada por motivos de Seguridad Nacional:
Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen, o
Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza.
La persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas u operaciones de inteligencia, registros o información derivados de las acciones previstas en la presente ley, debe abstenerse de difundirlo por cualquier medio y adoptar las medidas necesarias para evitar que lleguen a tener publicidad.
En ningún caso se divulgará información reservada que, a pesar de no tener vinculación con amenazas a la Seguridad Nacional o con acciones o procedimientos preventivos de las mismas, lesionen la privacidad, la dignidad de las personas o revelen datos personales.
De la anterior trascripción se advierte que las respuestas rendidas no se refieren a información vinculada con la seguridad nacional, toda vez que, las preguntas parlamentarias fueron realizadas con motivo del allanamiento al domicilio del diputado federal Eduardo Alonso Bailey Elizondo, integrante de esta Legislatura, allanamiento que fue motivado, a dicho del Secretario de Marina en la respuesta a la pregunta parlamentaria 1), por haber recibido una denuncia ciudadana anónima, en el sentido de que en el domicilio del citado diputado había “Zetas” armados, relacionados con los hechos violentos en Monterrey, Nuevo León.
En ese sentido, el operativo realizado no fue en defensa de la seguridad nacional, sino con motivo de la seguridad pública regulada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que las respuestas a las preguntas parlamentarias 4) y 6), a consideración de estas Comisiones Unidas, no responden lo solicitado por el Pleno de esta Cámara.
Tercera. Por lo que hace a las respuestas de las preguntas parlamentarias 5), 7) y 10) que realiza el Secretario de Marina, se advierte que son insuficientes, difusas y confusas, a manera de ejemplo se realiza de la siguiente trascripción:
5) ¿Con base en qué sustento legal lo hicieron?
Con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Armada de México y el de intervenir en los casos de flagrante delito.
7) ¿Se dio parte a alguna autoridad civil?
No, por la hora y por la urgencia que se creyó.
Como se advierte, la respuesta no es suficiente, toda vez que, como es de explorado derecho, la fundamentación es un requisito del acto de autoridad, misma que tiene la obligación de invocar con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, señalar el artículo, fracción, inciso o párrafo de la ley en la cual se fundamente y sustente para realizar un acto, en ese sentido, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni la Ley de la Armada de México le otorga facultades para catear domicilios.
Máxime que como quedó acreditado en el domicilio del diputado Bailey no se cometía delito alguno por lo que no se actualiza la figura de flagrancia.
Es importante señalar que la Secretaría de Marina pasa por alto el contenido del párrafo décimo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda orden de cateo sólo podrá ser expedida por autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y aquí no ocurrió así.
Aunado al hecho de que la Secretaría de Marina pasa por alto que la institución del Ministerio Público es de carácter civil y permanente, por lo que funciona las veinticuatro horas del día de los trescientos sesenta y cinco días del año.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Marina y de Justicia, someten a la consideración de esta Asamblea, la siguiente
Recomendación
Primera. Solicitar al Secretario de Marina responda de nueva cuenta las preguntas parlamentarias 4), 5), 6), 7) y 10) en términos de las presentes conclusiones.
Segunda.No obstante que las preguntas parlamentarias fueron respondidas en sus términos, a excepción de las señaladas en la recomendación anterior, se estima que, es oportuno requerir del Secretario de Marina informe a esta Soberanía todos y cada uno de los avances que tenga la investigación de los hechos que nos ocupan y que motivaron las preguntas parlamentarias formuladas por esta Cámara de Diputados.
Tercera. En atención a las anteriores recomendaciones, remítanse a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento, trámite correspondiente y para los efectos legales a que haya lugar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2011.
Por la Comisión de Marina, diputados:Alejandro Gertz Manero, Presidente (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Francisco Armando Meza Castro (rúbrica) secretarios; Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Carlos Manuel Joaquín González, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, César Mancillas Amador, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Silvia Puppo Gastélum, José Francisco Rábago Castillo, Julio Saldaña Morán (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra (rúbrica), Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, integrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro a veintisiete de octubre de dos mil once.
Por la Comisión de Justicia, diputados:Víctor Humberto Benítez Treviño, Presidente (rúbrica), Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Oscar Martín Arce Paniagua (rúbrica, abstención), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica, abstención) Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica, abstención), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza, (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rubrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rubrica), Pedro Vázquez González (rubrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rubrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica), integrantes.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Diputado Alejandro Gertz Manero, Presidente de la Comisión de Marina.— Presente.
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del similar, signado por el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual da respuesta por escrito de las preguntas parlamentarias formuladas el 22 de septiembre del año en curso.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, para los efectos del artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados”.
México, DF, a 11 de octubre de 2011.— Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, Presidente de la Comisión de Justicia.— Presente.
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del similar, signado por el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina, mediante el cual da respuesta por escrito de las preguntas parlamentarias formuladas el 22 de septiembre del año en curso.
La Presidencia dictó el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, para los efectos del artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados”.
México, DF, a 11 de octubre de 2011.— Diputada Laura Arizmendi Campos (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el numeral 5 del artículo 131 del Reglamento de la Cámara, remítase a la Secretaría de Gobernación para que a su vez se hagan del conocimiento del titular de la Secretaría de Marina, señalando que derivado de la opinión vertida por las comisiones unidas, en las respuestas a las preguntas parlamentarias 4 y 6, se advierte una incorrecta interpretación de los artículos 51, 54 y 64 de la Ley de Seguridad Nacional, y por lo que se refiere a las preguntas 5, 7 y 10, se advierte que las respuestas son insuficientes.
Se hará del conocimiento del secretario de Gobernación que tiene 15 días naturales el secretario de Marina para recontestar las preguntas a las que se refiere el dictamen de las comisiones.
Esta Presidencia informa que se recibieron de la Cámara de Senadores, un acuerdo aprobado y once proposiciones con puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. Adelante, la Secretaría.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el siguiente punto de acuerdo:
“ Primero. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo a la brevedad posible los estudios que permitan determinar y aplicar, en coordinación con los gobiernos locales, las medidas que atiendan la situación de los pescadores afectados por la presencia de pez diablo. De igual forma se le solicita respetuosamente considerar en dichos estudios la factibilidad de implementar apoyos para el reemplazo de artes de pesca y la implementación de proyectos productivos mediante el aprovechamiento de pez diablo.
”Segundo. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, con base en las facultades que le confiere el tercer párrafo del artículo 27 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, incorpore al Programa de Mejora Regulatoria la elaboración de una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos especificaciones técnicas y de seguridad para el manejo y control territorio nacional.
Dicha norma oficial deberá contemplar la posibilidad de erradicar las poblaciones de esta especie que se encuentren en áreas naturales protegidas.
”Tercero. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que por medio de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el marco de sus facultades constitucionales y en la revisión análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro del Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales, se destinen recursos suficientes para reducir el impacto de las especies exóticas invasoras en el país.”
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Antelmo Alvarado García, Carlos Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, no se afecten los fondos federales extraordinarios para la educación superior que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Los suscritos, senadores Antelmo Alvarado García, Carlos Humberto Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II, 76, fracción IX, 108, numerales 1 y 2, 276, numerales 1 y 2 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con moción de urgente resolución, a fin de exhortar respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Educación Pública y Servicios Educativos, a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, no se afecten los Fondos Federales Extraordinarios para la Educación Superior, que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas.
Considerando
Que los Fondos Extraordinarios para la Educación Superior son un conjunto de apoyos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados y que gestiona el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, concretamente con la Subsecretaría de Educación Superior; lo anterior con el propósito de “impulsar aspectos particulares del desarrollo de las instituciones de educación superior”.
Que dichos fondos tienen múltiples propósitos, tales como:
Ampliar la cobertura de la educación superior con equidad, contribuir a la mejora continua de la calidad de la oferta educativa y establecer un sistema de educación superior abierto, flexible y diversificado en sus modalidades.
Incrementar la pertinencia de la oferta educativa, entendida ésta como la atención a las necesidades de los educandos y a las planteadas por el desarrollo nacional, regional y estatal.
Mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos que ofrecen las instituciones de educación superior, impulsar la mejora del perfil individual y colectivo del profesorado de tiempo completo, fortalecer el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como promover la calidad de sus procesos de gestión.
Avanzar hacia el establecimiento de un modelo de financiamiento basado en el desempeño institucional y estimular la mejora continua de la calidad de los servicios educativos; tomado en consideración una serie de indicadores en docencia e investigación.
Dar solución a los problemas estructurales que impactan negativamente la viabilidad financiera de corto, mediano y largo plazos de las instituciones de educación superior, como lo es, la operación de los fondos de financiamiento a los sistemas de pensiones y jubilaciones.
Regularizar aquellas plazas administrativas creadas por estas Instituciones en razón de crecimiento, reestructuración o necesidad apremiante para que formen parte de manera permanente en la plantilla institucional y, por lo tanto, sean autorizadas y reconocidas por la Secretaría de Educación Pública.
Apoyar la realización de proyectos formulados por las universidades públicas estatales que incidan en su saneamiento financiero (pago de pasivos a servicios gubernamentales) y con ello dar solución a problemas que impiden la adecuada ejecución de sus planes de desarrollo institucional.
En suma, que los fondos extraordinarios representan un paradigma de financiamiento público de la educación superior, orientados a la obtención de resultados y a acelerar procesos de mejora en las instituciones educativas del país.
Que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha enviado a la honorable Cámara de Diputados, se vislumbra que uno de los principales ejes de aplicación de los recursos presupuestales, serán asignados al rubro de seguridad pública, afectando de manera destacada a la educación superior, pues según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en tres de los cuatro fondos extraordinarios destinados a universidades públicas estatales hay recortes por mil 395 millones de pesos.
Que la afectación en las dimensiones mencionadas de los Fondos Federales Extraordinarios, dejaría a muchas universidades públicas estatales, con soluciones a medias en sus problemas estructurales, como es el caso de la Universidad de Guerrero.
Que el rubro de la educación, es el soporte más importante del futuro de la nación, es cierto que el esfuerzo que debe realizarse por recuperar la paz y la tranquilidad de este país es también prioritario para todos los mexicanos, pero no debe hacerse a costa de recortar a las instituciones educativas los recursos necesarios para su viabilídad y la solución de sus problemas estructurales.
Que la apuesta nacional debe ser por educar a la juventud más que por la estrategia de seguir llevando a cabo un combate, una guerra o como quiera llamarse a esta práctica, que sigue costando al país, cantidades estratosféricas de dinero y la vida de ya casi 50,000 mexicanos, política, que no tendrá más acotamientos que aquellos que las instituciones de contrapeso del poder público, como el Congreso de la Unión puedan establecer al Poder Ejecutivo.
En razón de las causas antes expuestas se somete a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición de urgente resolución
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, Educación Púb1íca y Servicios Educativos a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 no se afecten los Fondos Federales Extraordinarios para la Educación Superior, que sirven para impulsar aspectos particulares del desarrollo de estas instituciones educativas.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a los 26 días del mes de octubre del año 2011.— Senadores: Antelmo Alvarado García, Carlos Humberto Aceves del Olmo y Adolfo Toledo Infanzón (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se incluya en la lista del anexo 18, “Programas sujetos a reglas de operación”, el de modernización de organismos operadores de agua.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«La suscrita, senadora Claudia Sofía Corichi García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El gasto destinado al desarrollo social tiene varios componentes. Dos de los más importantes son los que integran las aportaciones federales (ramo 33), y los subsidios y las transferencias.
Las aportaciones federales están reguladas por la Ley de Coordinación Fiscal que, con la Ley de Ingresos, permite calcular sus montos, los cuales se dan a conocer a través del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En el decreto del PEF de cada año se asignan las sumas destinadas a programas relacionados con el desarrollo social y que son financiados mediante subsidios y transferencias. De acuerdo con el decreto, deben ser operados conforme a normas adecuadas a cada programa, conocidas como “reglas de operación”. El decreto enumera los programas que estarán sometidos a tales reglas.
El objetivo de dichas reglas es asegurar la aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos destinados a programas que conllevan el otorgamiento de subsidios. Como características generales de las reglas de operación encontramos las siguientes:
• Definen con claridad el objetivo de cada programa.
• Identifican con precisión la población objetivo.
• Establecen criterios para la identificación o inclusión de beneficiarios.
• Determinan el monto de los subsidios o de los apoyos por proporcionar.
• Establecen procedimientos para la asignación de los subsidios y definen la temporalidad de éstos.
• Delimitan responsabilidades entre niveles de gobierno, dependencias y beneficiarios.
• Precisan indicadores para la evaluación periódica de los programas.
• Disponen lineamientos para la transmisión de información relevante a diferentes sectores de la población.
El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (Promagua) tiene como fin apoyar a los prestadores de servicios en la atención de la población, en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Para lo anterior, promueve la participación de capital privado como complemento de los recursos no recuperables que el programa brinda. Para ello implica un cambio estructural que fomente la consolidación de los organismos operadores de agua, facilite el acceso a la tecnología de punta, impulse la autosuficiencia y promueva el cuidado del ambiente con proyectos de saneamiento, preferentemente ligados al aprovechamiento de las aguas residuales.
Para participar en el Promagua se requiere prestar los servicios de agua potable y saneamiento a localidades de más de 50 mil habitantes.
En el anexo 18 del PEF de 2012, “Programas sujetos a reglas de operación”, se establecen los que en dicho ejercicio estarán sujetos a reglas de operación.
Así, el Promagua no se incluye en dicho anexo, por lo cual se entiende que no estará sujeto a reglas de operación.
Esta falta de claridad en la operación de dicho programa es contraproducente con el objetivo de éste: apoyar a los prestadores de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para que puedan prestar un servicio de calidad a la población.
Aun cuando el programa promueve la participación de capital privado como complemento, estos recursos se complementan con los recursos que el programa otorga, es necesario que los recursos de origen federal se sometan a reglas de operación.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se incluya en la lista del anexo 18, “Programas sujetos a reglas de operación”, el de modernización de organismos operadores de agua.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 26 de octubre de 2011.— Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores de los estados de Baja California, de Coahuila, de Chihuahua, de Durango, de San Luis’ Potosí, de Sinaloa, de Tamaulipas y de Zacatecas, presentaron propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la constitución en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, de un fondo especial de atención a la sequía, con una asignación, como piso, de 10 mil millones de pesos.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Los que suscriben, senadores por los Estado de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; 72, fracción XIII; 76, fracción IX, y 276, todos del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes considerandos:
La sequía atípica que está arrasando al norte del país, sin antecedentes similares desde hace casi nueve décadas, está ubicando a ocho entidades federativas en el colapso agropecuario, lo cual afectará no únicamente la economía de las familias rurales de esta región, sino que se verá mermada la oferta de alimentos humanos y pecuarios a n I local y nacional.
Estas entidades mencionadas contribuyen con el 18.6 por ciento del Producto Interno Bruto del país, generando casi el 30 por ciento de producción nacional de las actividades primarias relativas a la agricultura, la ganadería la pesca y forestal.
En los estados mencionados se cultiva más de dos terceras partes del frijol; casi 50 por ciento del tomate; el40 por ciento del maíz; un tercio del valor de la producción nacional de acuacultura y pesca; más de la mitad de la madera; así como el 30 por ciento de la ganadería.
En el territorio de estos estados citados se ubica el 37 por ciento de la superficie nacional dedicada a la agricultura, de la cual 63 por ciento es de temporal y 37 por ciento de riego, se está viendo afectada principalmente porque el cambio climático ha provocado que la precipitación pluvial de los últimos meses haya disminuido a la mitad de su promedio histórico que es de 498 milímetros cúbicos, a menos de 251 milímetros cúbicos. Lo peor, es que la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado un panorama similar para los próximos meses.
Si se considera que la superficie agrícola de la región no supera el 40 por ciento, es menester recalcar que la tierra de riego también se ve afectada s y los mantos acuíferos no tienen agua debido a que el estiaje lleva ya muchos meses de sequía.
Lo anterior está provocando que durante el ciclo agrícola primavera-verano en amplias zonas del norte del país no se tengan cosechas o éstas sean raquíticas que no generen ingreso alguno; la producción y la productividad se vean drásticamente disminuidos y el panorama desolador de tierras de cultivo muertas y sin posibilidades en el corto plazo.
La consecuencia principal de esta situación es que la producción de los principales cultivos agrícolas haya disminuido hasta en dos tercios, lo que representa un indudable golpe para la economía de las familias, sobre todo de las más pobres para generar más delincuencia que crea un caldo de cultivo favorable para generar más delincuencia.
Por el lado de la actividad pecuaria sucede exactamente lo mismo: hatos de ganado enflaquecido y muerto por falta del vital líquido, por ausencia de pastizales para su alimentación y por falta de liquidez de los ganaderos para surtir granos y forrajes. Esto ha provocado que los sujetos dedicados al coyotaje compren el ganado a precios irrisorios de hasta el 5 o 7 por ciento de su valor, lo que provoca en los productores la incertidumbre de sacar una mínima parte de recursos o dejarlos morir por inanición.
Ante este panorama de profunda crisis económica y social provocada por la aguda sequía que afecta a 8 entidades del norte del país proponemos que el Fondo Especial de Atención a la Sequía, con una asignación, de 10 mil millones de pesos sea cubierto con recurso federales debido a que los gobiernos de los estados mencionados y de los municipios que los integran tienen fuertes problemas financieros permanentes y en las actuales condiciones se les obliga a aportar recursos que no tienen.
La actual sequía que afecta el sur de los Estados Unidos y una amplia región del norte de México nos sitúa en una crisis extraordinaria, motivo por el cual se requiere que tanto el Congreso de la Unión, como el Gobierno Federal hagamos también esfuerzos extraordinarios; además de que es necesario realizar las gestiones y negociaciones necesarias para que el Fonden, que apoya catástrofes provocadas por inundaciones, hasta ahora no atienda daños climáticos contrarios como lo es la sequía.
Sabemos que la gran heterogeneidad del territorio nacional en su composición orográfica e hidrográfica hace que el país se sitúe en una dialéctica catastrófica de inundaciones en los estados del sureste y sequía extrema en el norte
Los gobernadores de los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas han solicitaron a la Cámara de Diputados recursos adicionales extraordinarios para lo que resta del año en curso, debido a que los daños directos al medio rural se están padeciendo desde hace varios meses, al grado que muchos habitantes, sobre todo del medio rural ya no tienen ni para comer.
Se requiere atender las prioridades del sector agrícola a través de la rehabilitación y equipamiento de pozos, infraestructura de cosecha de agua, programas de eficiencia energética, fondo de inducción/reconversión productiva, producción de semillas, nivelación de suelos, modernización de infraestructura hidráulica, tecnificación de riego, entre otros.
Asimismo, en el sector pecuario se requiere de la adquisición de pastura bajo contrato y su acopio, reactivación de actividades ganaderas a través de asistencia técnica infraestructura y equipamiento tecnológico para el manejo de agostaderos y dotación de alimentos, mejoramiento genético y reposición de hato ganadero, programas sanitarios, así como reconversión de predios de uso agrícola a pecuario.
En apoyos sociales se necesita la adquisición de camiones cisterna para el acarreo de agua, programas de apoyo a dieta alimenticia y dotación de alimentos básicos, asesoría para huertas de traspatio, proyectos ecoturísticos, rehabilitación de caminos y para sacar cosechas, producción avícola de traspatio.
Se requiere también de creación de empleo temporal, pero sobre todo de empleo productivo, no de ocupar a la gente para “hacer y tapar hoyos”, sino de que realicen obras duraderas para riego y desagüe de parcelas, canales de riego, pavimentación de carreteras y calles, rehabilitación de cercas y bardas; es decir, que sean obras útiles para la población.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Senadores solicitar a la H. Cámara de Diputados la constitución en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, de un fondo especial de atención a la sequía, con una asignación, como piso, de 10 mil millones de pesos para atender la sequía extrema de los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.
Senadores: Claudia Corichi García (rúbrica), Alejandro González Yáñez (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Ricardo Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Castro Trenti (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), Amira Gómez Tueme (rúbrica), Carlos Jiménez Macías. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Alejandro González Alcocer (rúbrica), Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), José Julián Sacramento Garza (rúbrica), Ramón Galindo Noriega (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Ernesto Saro Boardman (rúbrica), María Teresa Ortuño Gurza (rúbrica), Tomás Torres Mercado (rúbrica), Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica), María Serrano Serrano (rúbrica), Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Andrés Galván Rivas (rúbrica) (rúbrica), Alejandro Zapata Perogordo (rúbrica; sólo con la exigencia de que se manejen con honestidad y transparencia).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Lázara Nelly González Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se consideren recursos suficientes para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana, específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«La que suscribe, Lázara Nelly González Aguilar, senadora de la República a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que: Se exhorta a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se consideren recursos suficientes para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana, específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A la Secretaría de Desarrollo Social corresponden las tareas de fortalecimiento de las comunidades y sus relaciones con el gobierno, uno de los programas exitosos que logra generar un vínculo entre los migrantes y su comunidad ha sido sin lugar a dudas el Programa 3x1 Migrante, dicho programa genera la posibilidad de generar un desarrollo para las comunidades mexicanas.
La Sedesol refiere que a través del programa 3x1 migrante, los mexicanos radicados en el exterior han hecho patente su deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus comunidades de origen y han alcanzado un importante nivel de participación. Además de fomentar los lazos de identidad de los migrantes hacia sus lugares de origen, el programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades.
La misión del programa se encuentra en multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno que permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades.
A través de este programa la comunidades pueden desarrollar proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios comunitarios en materia de: saneamiento ambiental conservación de los recursos naturales; educación, salud y deporte; agua potable, drenaje y electrificación; comunicaciones, caminos y carreteras; cultura y recreativa; mejoramiento urbano; becas educativas 3x1; proyectos productivos comunitarios; y otras que acuerden las partes en materia de desarrollo social comunitario; además de proyectos productivos para el fortalecimiento patrimonial, que contribuyan a la generación de ingreso y empleo entre la población objetivo del programa.
Los clubes de migrantes en el extranjero son esfuerzos colectivos de nuestros paisanos para organizarse y generar desarrollo en sus comunidades de origen, los clubes espejo fungen como una contraloría social de la correcta aplicación de los recursos en el proyecto comunitario, esta interacción de los migrantes con sus comunidades de origen, resultan en un mayor acercamiento de las familias mexicanas, por lo que es importante seguir apoyando y ampliar la cobertura y participación de estas organizaciones.
La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con representaciones en algunas ciudades de Estados Unidos como son Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; y Nueva York, logrando avances importantes en la aplicación del programa que nos ocupa, por lo que es necesario fortalecer esta estructura en otros estados de la Unión Americana con alta población de migrantes mexicanos como lo es el estado de Texas.
Como es de todos conocido, el estado de Texas es uno de los estados en los que se concentra un gran porcentaje de los migrantes mexicanos, por lo que se justifica la apertura de una representación de la Sedesol en alguna de la ciudades de este Estado fronterizo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se consideren recursos suficientes para que la Secretaría de Desarrollo Social incremente su representación en los estados de la Unión Americana específicamente en el estado de Texas, a efecto de otorgar facilidades para el mejor desarrollo del Programa 3x1 Migrante.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes de octubre de 2011.— Senadora Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Margarita Villaescusa Rojo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el ejercicio presupuestal 2012 destine los recursos necesarios al Colegio Bachilleres del estado de Sinaloa y a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que continúen y fortalezcan la importante labor educativa que desempeñan.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«La suscrita, senadora Margarita Villaescusa Rojo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución con base en las siguientes
Consideraciones
La demanda de recursos para los proyectos que se planean detonar en el Estado de Sinaloa ha sido claramente fundamentada por el Gobierno Estatal para brindar bases suficientes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sumándose a los esfuerzos que como legisladores hemos realizado todos para beneficio de nuestras entidades.
El gobierno de estatal solicitó alrededor de 33 mil millones para implementar proyectos para el desarrollo de los sectores más importantes de la región, entre los que se encuentran la agricultura, ganadería, pesca, educación, salud, cultura y deporte; para que sea posible su realización son imprescindibles los apoyos de la federación.
México es un país con una significativa proporción de jóvenes que están en edad de cursar sus estudios de educación media superior y universitarios, sin embargo sólo tres de cada 10 de éstos jóvenes tienen la posibilidad de hacerlo.
A nivel mundial el presupuesto destinado a educación es de 8% del producto interno bruto; sin embargo en los últimos 5 años, las estadísticas muestran que en México el gasto público en educación solo ha sido cercano al 5%.
México es el País de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que tiene el gasto público en educación más bajo como porcentaje del PIB; un estudio del Panorama Mundial de la Educación 2011 señala que aquí apenas se invierten 2 mil 284 dólares por alumno, mientras en otros países en promedio se destinan 8 mil 169 dólares.
Según el Panorama Mundial de la Educación el número de personas entre edades de 15 y 29 años que no estudian ni trabajan alcanzan una cifra de 7 millones 226 mil en México, números que lo ubican como el tercer país con el mayor número de jóvenes inactivos; de los cuáles, un millón 930 mil, tienen entre 15 y 19 años, correspondientes a educación media superior y está cifra es más preocupante cuando se hace el análisis en nivel de educación superior.
En el presente año la Universidad Autónoma de Sinaloa solicitó recursos para atender a sus más de 125 mil jóvenes estudiantes, pero las cifras sobre su presupuesto son bastante inequitativas respecto a la media nacional, pues al año recibe 32 mil pesos por alumno, cuando el promedio es de 43 mil.
Es necesario fomentar la educación en nuestro país, pues es el principal recurso del Estado para contribuir e incentivar al crecimiento del potencial humano sin dejar de estimular los criterios de la sustentabilidad y de darle relevancia a la familia en el acto de educarnos.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) es una institución que cuenta con 30 años cumpliendo ésta importante función de educar pero que al igual que la UAS, se encuentra necesitada de un importante apoyo y compromiso por parte de nosotros como legisladores para cultivar la ciencia y la cultura en nuestra juventud.
Actualmente el Cobaes requiere de apoyos para varios rubros que son fundamentales para el correcto funcionamiento del personal docente y por ende, para el correcto desarrollo científico, cultural y humano de su alumnado.
Cabe mencionar que dicha institución ha elaborado un plan de inversión muy detallado y apegado a las necesidades reales que enfrenta desde hace varios años.
Entre los rubros que requiere es la adquisición de equipo de cómputo debido a que es de suma importancia dotar de tecnología a los estudiantes en los centros de cómputo y cumplir la recomendación internacional de la UNESCO “Una computadora por cada 10 alumnos”.
Se requiere modernizar 15 laboratorios de usos múltiples y 162 talleres con el equipo adecuado, suficiente y necesario para el desarrollo de actividades experimentales y prácticas estudiantiles, acordes con los programas de estudio.
Además el Cobaes tiene planeada la construcción de 62 aulas y 58 edificaciones en diferentes planteles en el Estado así como un nuevo campus en Culiacán, Sinaloa, sin embargo el presupuesto hasta ahora asignado no es suficiente para estas labores.
Tanto la UAS como el Cobaes cuentan con una importante demanda por parte de jóvenes que necesitan adquirir una formación académica acorde con las necesidades del mercado laboral actual así como una formación ética que permita a nuestra sociedad tener una sana convivencia.
Sin los recursos necesarios para transformar sus sistemas educativos, el cambio en ellas no será posible. Resulta importante mencionar que la delincuencia, la pobreza y la crisis de valores que como sociedad enfrentamos actualmente, encuentran su solución más eficaz en la educación, es por ello que debemos apoyarla a través de la inversión efectiva de nuestros recursos para abatir los principales problemas de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de urgente resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, tenga a bien asignar recursos necesarios y suficientes que en su totalidad hacen la suma de trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos, al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa para mantenimiento, construcción y equipamiento de su infraestructura; en beneficio de sus 41 mil estudiantes y 3 mil 300 trabajadores en los 125 planteles del Cobaes.
Segundo: Asimismo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 destine los recursos necesarios y suficientes, que en su totalidad son tres mil cincuenta millones de pesos, a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que continúen y fortalezcan la importante labor educativa que desempeña en el Estado de Sinaloa.
Senadora Margarita Villaescusa Rojo (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fortalecer el presupuesto para los sectores forestal, agrícola y pecuario, en particular al Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias para el ejercicio fiscal de 2012, a fin de promover e incrementar el conocimiento, desarrollo científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias en el país.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«El que suscribe, Carlos Jiménez Macías, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, como de urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 4 de agosto de 2011, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicó una nota informativa sobre el gasto en ciencia y tecnología en México, destacando que los recursos destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología tienen gran relevancia para la competitividad de las naciones, pues determinan en qué grado se pueden producir bienes y servicios novedosos de manera eficiente.
Al respecto el Eje 2, Economía Competitiva y Generadora de Empleos, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 consideró “Facilitar el financiamiento de las actividades de ciencia, innovación y tecnología; así como permitir la adquisición, adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías”.
Lo anterior pone de manifiesto que el gobierno federal tenía presente la importancia de invertir en ciencia y tecnología, como prerrequisito para incrementar los niveles de competitividad del país.
Por ello se debe revisar qué cantidad de recursos está destinando el gobierno mexicano a la investigación científica y al desarrollo tecnológico y, si son insuficientes, hay que exigir que cuando menos se cumpla con lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación y en el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, los cuales establecen que el estado deberá gastar en esta materia al menos 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Pero no nos podemos conformar con lo que hasta ahora se invierte, pues según cifras reportadas por la Organización para Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2008 México sólo invirtió 0.37 por ciento del PIB, cifra incluso menor a la reportada en 1999, pues en esa fecha alcanzó 0.39 por ciento del PIB. Por supuesto, estas cifras ubican a nuestro país en el último lugar en inversión en ciencia y tecnología, respecto de los treinta países miembros de la OCDE, lo cual compromete el mejoramiento de su competitividad.
Nuestro país invierte menos en ciencia y tecnología que países con un nivel de desarrollo similar al nuestro, como Chile (0.67 por ciento) y Brasil (1.13 por ciento), e incluso invierte menos que países con un ingreso medio bajo como India (0.88 por ciento) y China (1.44 por ciento).
En México existen instituciones que parecen estar dando buenos resultados respecto de la investigación en materia forestal, agrícola y pecuaria. Tal es el caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que forma parte del sector coordinado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Este instituto cuenta con 8 centros de investigación regional (CIR), entre ellos el CIR Noreste, el cual comprende los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Su principal misión es generar conocimiento científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias, a fin de responder a las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los distintos tipos de productores.
El instituto contribuye al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad, pero manteniendo la base de los recursos naturales a través del trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones, además de organizaciones públicas y privadas asociadas al campo mexicano.
Sin embargo, según datos aportados por el propio INIFAP, a nivel nacional sólo cuenta con 1 mil 124 investigadores (equivalente a 52 por ciento del personal total), 852 operativos y 185 mandos. Cabe resaltar que el nivel académico de sus investigadores ha ido aumentando progresivamente en los últimos dos años, pues el nivel de maestría ha pasado de 40 por ciento en 2009, a 51 por ciento en 2011 y, el nivel de doctorado de 24 por ciento a 32 por ciento, durante el mismo periodo.
Lamentablemente, en los últimos años el INIFAP ha visto disminuir sus recursos, tanto en la capacidad presupuestal, como en el gasto total en investigación y desarrollo agropecuario que le es asignado, pues se ha privilegiado a las agencias gubernamentales. Lo anterior, no obstante que el instituto ha realizado esfuerzos excepcionales por incrementar sus propios recursos, lo que al parecer, le ha salido contraproducente, pues en lugar de obtener mejor presupuesto a partir de los éxitos que ha obtenido, es castigado retirándole recursos públicos.
Cabe destacar que entre otros productos y servicios derivados de la investigación que realiza el instituto que nos ocupa, se encuentran
• Análisis de laboratorio, en cuanto a la calidad de semillas, agua-suelo-planta, bromatología, fertilizantes, inoculantes biológicos, influenza aviar, rabia y brucelosis;
• Evaluaciones a anabólicos, vacunas, agroquímicos, fertilidad de sementales y evaluaciones genéticas;
• Capacitación en tecnología de producción de cultivos, simposios, diplomados y capacitación en la acción;
• Certificación de implementos y maquinaria agrícola;
• Elaboración y ejecución de proyectos sobre investigación básica, investigación aplicada, transferencia de tecnología y validación de proyectos integrales y;
• Asesoría, diagnósticos y dictámenes técnicos en materia de predicción de cosechas, inventario forestal, control de plagas y enfermedades, estudio de peritajes técnicos legales y planes de manejo integral de recursos naturales.
Ahora bien, entre los logros más relevantes conseguidos a nivel local por el CIR Noreste, con sede en Tamaulipas –el cual cubre una superficie total de 357 mil 516 kilómetros cuadrados, esto es equivalente a 18 por ciento del territorio nacional–, destacan:
• Nuevas variedades de chile, con lo cual se depende de las empresas trasnacionales para la venta de semilla o bien cultivando criollos. Con el uso de esta semilla certificada se incrementará el rendimiento por hectárea con respecto al uso de semilla criolla y de algunos híbridos comerciales.
• Pastos para zonas áridas de altura, semilla de variedades de pastos para las zonas áridas y semiáridas del país, a fin de satisfacer la demanda estatal, regional o nacional, de germoplasma forrajero para los programas de rehabilitación de pastizales y la reconversión de áreas agrícolas marginales a uso pecuario.
• Tecnología disponible para la producción de hortalizas en ambiente controlado, respecto de la producción de jitomate y pepino en invernadero, producción de jitomate, chile ancho y habanero en casa malla.
• Capacitación en producción de hortalizas en ambiente controlado, ofreciendo cursos que brindan la oportunidad de recibir capacitación teórica y práctica sobre la tecnología para producir jitomate y chile; siendo los instructores un grupo interdisciplinario con amplia experiencia local.
• Paquetes tecnológicos actualizados; soporte con innovaciones tecnológicas a programas sectoriales de gobierno federal y estatal: agrícolas, pecuarias y forestales; manejo y rehabilitación de pastizales y producción de forrajes en zonas áridas y semiáridas; tecnología integral para la producción de frijol de temporal y riego; manejo de plantaciones de nopal tunero y de verdura, manejo de ovinos y caprinos en agostaderos y, conservación de recursos naturales.
Algunos otros a nivel nacional del instituto, son
• La generación de variedades de trigo;
• La generación de variedades mejoradas e híbridos de maíz;
• Tecnología pecuaria, destacando como principales áreas de trabajo la eficiencia en los sistemas de producción, el diagnóstico para prevención de enfermedades e inocuidad, así como la nutrición y alimentación.
También destaca de manera importante la vacuna PAV-250 creada por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, pues fue la vacuna oficial de la campaña zoosanitaria para la fiebre porcina clásica, aplicándose en un año 26 millones 400 mil dosis. Gracias a esta vacuna, en 2009 México fue declarado libre de fiebre porcina clásica.
En conclusión, de la información con que contamos, resulta innegable que el INIFAP es un instituto exitoso por su excelencia científica y tecnológica, contando además con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su capacidad de respuesta a las demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas en beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en general.
Asimismo, es reconocido por el cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos respecto de la contribución al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para atender las demandas y necesidades en beneficio del sector y de la sociedad, en un marco de cooperación institucional con organizaciones públicas y privadas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el ámbito de sus atribuciones considere fortalecer el presupuesto para los sectores forestal, agrícola y pecuario, en particular, al Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias para el ejercicio fiscal de 2012, o que cuando menos éste no sea menor al aprobado para el ejercicio 2011, a fin de promover e incrementar el conocimiento, desarrollo científico e innovaciones tecnológicas, forestales y agropecuarias en el país.
Senado de la República, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados para aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la pensión mínima universal para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Los suscritos, senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Senadores en la LXI Legislatura: Arturo Herviz Reyes, Francisco Javier Castellón Fonseca, Carlos Sotelo García, Arturo Núñez Jiménez, Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez, Carlos Navarrete Ruíz, Pablo Gómez Álvarez, Tomás Torres Mercado y Jesús Garibay García, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados, para aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la pensión mínima universal para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sistema de pensiones y jubilaciones en México es injusto y contraviene a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad los pensionados y viudas de México tienen un ingreso entre mil 500 pesos a 3 mil 500 pesos mensuales, recursos que los mantienen en una pobreza permanente y que todos los partidos políticos de México han sido omiso, insensibles o indolentes para mejorar sus raquíticas pensiones.
En junio de 2011, el Centro de Análisis y Estudios de la Seguridad Social reportó que en México las pensiones representan entre 25 y30 por ciento del último salario previo a la jubilación, y ubica al país dos o tres lugares antes del último entre las pensiones más insuficientes dela Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Los pensionados, viudas y jubilados en México son el sector social que más vulnero sus ingresos las crisis económicas como: devaluaciones, el quite de los tres ceros a la moneda nacional, inflación, y el predominio en el gasto irracional del erario por los tres poderes de la unión y los tres niveles de gobierno, los cuales no han realizado políticas públicas para cambiar la situación económica, toda vez que sus precarios ingresos se enfrentan a los incrementos injustificados de los productos básicos de los alimentos producto de la crisis alimentaria que se presentan en los último cinco años en la economía mundial.
Cada año que el gobierno de Felipe Calderón envía al Congreso de la Unión los criterios de política económica, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, los pensionados y jubilados no representamos para los gobiernos panistas una prioridad, sin embargo es preciso señalar que en los criterios de política económica del año 2009, el gobierno federal rescato a la industria automotriz transnacional, a las constructoras y Sofoles con aproximadamente 150 mil millones de pesos, es decir se reprodujo el Fobaproa, IPAB, recates carreteros, de los ingenios y otros manejos monopólicos del erario en contra de los pobres.
Los diputados principalmente no ejercen las facultades exclusivas que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar y cambiar las partidas raquíticas y miserables que cada año les asignan a los pensionados y jubilados en el país.
Los diputados tienen la facultad constitucional de modificar el presupuesto e incrementar los recursos públicos suficientes para establecer la pensión mínima universal, para que los pensionados y jubilados enfrente los incrementos injustificados que cada mes se presenta en los alimentos, medicina, ropa, transporte, entre otras necesidades.
El gobierno de Felipe Calderón siempre ha señalado que no existen recursos suficientes para incrementar las raquíticas pensiones y jubilaciones, sin embrago existen recursos públicos suficientes para establecer la pensión mínima universal, solo falta que el gobierno panista realice la reforma fiscal integral que requiere el país y que todos los mexicanos paguen por igual sus impuestos y no existan mexicanos de primera y segunda.
El sistema tributario de los gobiernos neoliberales y de la tecnocracia insensible, nos han heredado desde 1982 un régimen fiscal basado en la evasión, elusión, regímenes especiales y que provocan que los grupos financieros mexicanos más ricos del país contribuyan para que la evasión fiscal anual llegue aproximadamente a los 500 mil millones de pesos. Cabe aclarar que durante el gobierno de Vicente Fax realizó devoluciones “fiscales” a estos grupos financieros por aproximadamente 600 mil millones de pesos.
Estos recursos son suficientes para establecer la pensión mínima universal, para que cada año el Congreso de la Unión y de manera concreta la Cámara de Diputados realice estudios y ajustes las pensiones y jubilaciones, ante las fluctuaciones que afectan severamente el poder adquisitivo de los ciudadanos de la tercera edad, por tal motivo lo recursos para establecer la pensión mínima universaldeberá de ser de 5 mil pesos mensuales para cada uno de los pensionados, viudas y jubilados del país.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, la pensión mínima universal por la cantidad de 5 mil pesos mensuales para los pensionados, viudas y jubilados de todo el país.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 3 días de noviembre de 2011.— Senadores: Arturo Herviz Reyes (rúbrica), Francisco Javier Castellón Fonseca (rúbrica), Carlos Sotelo García (rúbrica), Arturo Núñez Jiménez (rúbrica), Rosalinda López Hernández (rúbrica), Julio Cesar Aguirre Méndez (rúbrica), Carlos Navarrete Ruíz (rúbrica), Pablo Gómez Álvarez (rúbrica), Tomás Torres Mercado, Jesús Garibay García (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Minerva Hernández Ramos y José Isabel Trejo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron propuesta con punto de acuerdo en relación a la ampliación presupuestal 2012 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Los que suscriben, Minerva Hernández Ramos y José Isabel Trejo Reyes, senadores de la República a la LXI Legislatura del Senado de la República e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo en relación a la ampliación presupuestal 2012 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy la protección de la salud de los mexicanos requiere de estrategias integrales que amplíen los servicios de todo el sector a las nuevas necesidades y favorezcan la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades para establecer estilos de vida saludables.
Así, el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dispone que el instituto deberá establecer un seguro de salud que tendrá por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad, a través de servicios de medicina preventiva, atención médico curativa, de maternidad, así como de rehabilitación física y mental. En este contexto, la limitada disponibilidad de recursos requiere de ejercicios de priorización de necesidades de gasto y atención de los compromisos sectoriales del instituto.
Con el propósito de apoyar la aplicación de acciones relacionadas con el abasto de medicamentos, el instituto estableció como uno de sus objetivos prioritarios garantizar el abasto de medicamentos recetados a los derechohabientes.
No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, se encuentra proyectado un gasto del orden de los 142 mil millones de pesos, mismos que se destinarán, entre otras prioridades a la adquisición de medicamentos y material de curación. Sin embargo, resultan insuficientes para cubrir las necesidades que demanda la derechohabiencia, en particular para la atención de padecimientos de alta especialidad y enfermedades crónico degenerativas, así como para cubrir los requerimientos de las unidades médicas inauguradas y ampliadas durante la presente administración.
Desde el punto de vista financiero en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2012, el instituto, presenta un balance positivo, toda vez que el techo de gasto proyectado es menor a los ingresos generados, lo que limita nuestra capacidad de gasto.
Sin embargo, se requiere un incremento al techo de gasto para el rubro de medicamentos. Cabe destacar que en la composición económica del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2012, la totalidad de recursos ajenos a la adquisición de medicamentos y material de curación, se encuentra comprometida para la eficiente operación institucional.
Por lo anterior, resulta indispensable contar con una ampliación al techo de gasto del instituto por el orden de los 2 mil millones de pesos, mismos que se destinarían a la adquisición de medicamentos y material de curación, beneficiándose así una población superior a los 12 millones de derechohabientes.
Mayores recursos para el Seguro de Salud permitirán al instituto, entre otros aspectos, beneficiar a la población usuaria por arriba de los 40 años de edad, la cual demanda servicios que atienden padecimientos crónico-degenerativos, tales como: cáncer, diabetes y problemas cardiovasculares, así como la totalidad de la demanda de medicamentos para especialidades como: oncología, reumatología, endocrinología, cardiología, neurología y psiquiatría.
Adicionalmente, el instituto podrá cubrir la demanda de medicamentos de las nuevas unidades médicas que iniciaron operaciones, tales como los hospitales regionales de alta especialidad en el estado de Morelos y el estado de México, así como los servicios médicos de las unidades de segundo y tercer nivel de atención; es importante señalar que durante esta administración se han ampliando áreas como materno infantil, consulta odontológica, consulta externa general, hospitalización general y especializada, urgencias; incrementándose la oferta de servicios fundamentalmente de especialidad con lo que se atenderá a una población usuaria adicional de 3.4 millones de derechohabientes.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a que en la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, contemple una ampliación presupuestal por el orden de los 2 mil millones de pesos, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), destinados para la adquisición de medicamentos y material de curación que garantice el abasto de medicamentos de los derechohabientes para su atención médica.
Senadores: Minerva Hernández Ramos (rúbrica), José Isabel Trejo Reyes.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre el campo mexicano.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Agricultura y Ganadería el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados los dos siguientes.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Luis Walton Aburto, senador de la República, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre el campo mexicano, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, a partir de los años ochentas del siglo XX, se empezó a experimentar una política de apertura comercial sin límites estratégicos, la cual fue reforzada en la década de los noventa con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), factor decisivo para que numerosos sectores económicos del país fueran severamente afectados, siendo el campo un ejemplo aleccionador de ello.
Esta concepción simplista del capitalismo suponía que con dejar en libertad a los agentes del mercado se incrementarían las inversiones de capital en el sector agropecuario y se elevaría la eficiencia y la producción de alimentos y materias primas. Sin embargo, desde hace más de 2 décadas hemos constatado que ello no ocurrió. Ciertamente tenemos más importaciones y exportaciones hacia otros mercados, principalmente a Estados Unidos de América, EUA, pero ello es menor y no se justifica si se le compara con los graves estragos que ha significado para el país; aumento de la pobreza en zonas rurales, migración, desempleo, pérdida de soberanía alimentaria y un largo etcétera.
A pesar de que se pretenda proyectar la imagen de un campo fuerte, viable y en auge, poniendo como ejemplo al sector de frutas y hortalizas, donde las exportaciones de verduras a EUA y a Canadá, desde la firma del TLCAN a la fecha, han aumentado 122 por ciento, mientras que las frutas lo hicieron en 177 por ciento, hay que mencionar que el supuesto éxito se resume al aguacate, la lechuga, la fresa, el tomate, el limón, la guayaba y hasta allí.
¿Por qué no han aumentado las exportaciones de las semillas básicas si son las que abarcan a la mayor parte de la población rural?, ¿Cuántos productores del campo siembran estas frutas y verduras antes referidas? Ni el 10 por ciento de las familias rurales.
Es decir, los beneficios han sido para unos cuantos, para una elite de productores y no para las 3 millones de familias campesinas que se dedican a la siembra de granos básicos.
Actualmente en el campo mexicano hay 25 millones de habitantes, de los cuales 12.2 millones viven en pobreza alimentaria; un porcentaje muy crítico si consideramos que en 2008 el Coneval indicó que en todo el país había 19.4 millones de personas en esa condición.
En 1990, México ocupaba el sexto lugar en la importación de productos agrícolas procedentes de EUA, muy lejos del primer comprador de este tipo de bienes que era Japón. En 2008, nuestro país ocupó el segundo lugar, muy cerca del primer importador que fue Canadá.
La superficie cosechada de granos básicos se ha reducido de 13.3 millones de hectáreas en 1990 a 10.9 millones en el 2007, y la inversión pública en este sector pasó del 2.5 por ciento del PIB a sólo 1.2 por ciento en el mismo periodo.
En este sector se gana 80 por ciento menos que en la ciudad por trabajo equivalente.
17 millones de campesinos viven con 28 pesos o menos por día.
La esperanza de vida en el campo es de 55 años, y las posibilidades de morir por una enfermedad curable son 4 veces mayores que en el resto de los mexicanos.
Es evidente la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población rural. Se debe hacer no sólo por motivos sociales y de estabilidad política, sino porque la producción del campo es fundamental para el desarrollo nacional y la soberanía alimentaria.
Un sector agropecuario económicamente fuerte proporciona alimentos y materias primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, la exportación de cultivos de alta densidad económica, generación de empleos agrícolas para reducir presiones sobre los mercados de trabajo urbanos y detona efectos multiplicadores sobre el empleo en otras ramas de la economía, generando una dinámica que amplíe el potencial del mercado nacional para acelerar el crecimiento económico general.
En México, los diferentes niveles de gobierno no han querido, o no han podido, entender los motivos fundamentales del por qué hay que rescatar al campo. Y no me refiero a la falta de voluntad política para destinar crecientes e importantes recursos a este sector, sino a que por omisión, negligencia o complicidad, no se revisan y corrigen las malas distribuciones o programas dirigidos al sector agrícola ni se actúa contra aquellos burócratas y caciques campesinos que se quedan con enormes cantidades de dinero.
Los datos del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) son reveladores al respecto. Los productores con menos de cinco hectáreas representan 75 por ciento de los beneficiarios de Procampo, pero reciben sólo 37 por ciento de las transferencias. Los productores con predios entre cinco y veinte hectáreas representan 22 por ciento de los beneficiarios y reciben 41 por ciento de los subsidios, mientras que quienes cuentan con más de 20 hectáreas son el 3 por ciento de los beneficiarios y reciben 23 por ciento de las transferencias.
La Auditoria Superior de la Federación, en 2009, observó que 10 por ciento del total de beneficiarios de Procampo concentró 53 por ciento de los subsidios.
Hay otros programas peores, por ejemplo, Ingreso Objetivo, cuyo procedimiento es bastante regresivo, pues sólo 9 por ciento de sus transferencias llega a 75 por ciento de los productores más pequeños, mientras que 3 por ciento de los productores más grandes concentran 60 por ciento de las transferencias.
Aparte de las deficiencias de los programas agropecuarios, habría que agregar al cambio climático, que a través de inundaciones, sequías, heladas y demás, se ha vuelto un factor determinante para deteriorar aún más la producción agrícola del país.
En el colmo de los casos, debemos mencionar la insensibilidad e irracionalidad del gobierno federal, que en el año 2011 destinó una partida presupuestal para el campo mexicano de 294 mil 526 millones de pesos. Pero para el Ejercicio Fiscal para 2012 contempla un presupuesto de 260 mil 323 millones de pesos, esto implica una disminución de 34 mil 202. 5 millones de pesos con respecto al año anterior, lo que representa casi un 15 por ciento del Presupuesto total.
A su vez, el Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medía Rural disminuye en menos 56.59 por ciento. Esto significa que Agroasemex tendría 37.03 por ciento menos recursos, Financiera Rural menos 57.21 por ciento, FIRA menos 59.76 por ciento, FOCIR menos 44.44 por ciento y Bansefi desaparece. Asimismo, el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, que incluye los activos productivos, proyectos estratégicos, FONAES, FAPPA, Promusag y Ecoturismo Rural, entre otros, disminuye en 40.77 por ciento.
Todo lo anterior, sobra decir, disminuirá notablemente los programas federales destinados a apoyar a los campesinos.
Existen estados de la República que poseen gran potencial agrícola, sin embargo, por las deficiencias de los programas agropecuarios, por los estragos del cambio climático o por las decisiones erróneas del gobierno federal, no pueden desarrollar a plenitud las actividades del campo.
Guerrero es un caso aleccionador, a pesar de que es una entidad cuya economía depende mayoritariamente del turismo, también cuenta con capacidad para producir mercancías agrícolas. De acuerdo al Inegi, la actividades agropecuarias de silvicultura y pesca, en el 2006 aportaron el 5.6 por ciento del PIB estatal. Mientras que en 2008, Guerrero ocupó el primer lugar en el país en la producción de copra, jamaica y mango, cuyos porcentajes fueron del total nacional el 77.8 por ciento, 69.1 por ciento y 23.4 por ciento, respectivamente.
A pesar de estos indicadores que dan cuenta de la importancia agrícola para el Estado de Guerrero, éste poco a poco ha sido privado de recursos y apoyos destinados al campo, lo cual resulta inadmisible porque justo ahora esta entidad federativa está inmersa en un clima de inseguridad y violencia que ha ahuyentado al turismo, por lo que es urgente diversificar las fuentes de ingresos para que cuente con recursos.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía exhorte al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que revise la operación de los programas agropecuarios y la entrega de recursos destinados a los productores agrícolas, a fin de que los apoyos sean entregados de manera equitativa y que verdaderamente lleguen a los pequeños y medianos productores.
Segundo. Que esta honorable asamblea exhorte al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine en el ejercicio fiscal de 2012 más recursos económicos dirigidos a los programas agropecuarios.
Tercero. Que esta soberanía exhorte al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destine en el ejercicio fiscal de 2012 más recursos al estado de Guerrero, a fin de canalizarlos a las actividades agrícolas de la entidad.
Notas:
1 Elizondo Mayer- Serra, Carlos. Por eso estamos como estamos; la economía política de un crecimiento mediocre, Editorial Debate, México, junio 2011, página 214.
2 Rivera Leonel (Coordinador Editorial). México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo. Editado por la UNAM, México 2010, página 40.
3 Elizondo Mayer- Serra, Carlos, obra citada, páginas 214 y 215.
4 Ibídem, página 215.
5 Ídem.
6 Ver “Recortarán al campo 34 mil millones de pesos en 2012”, 21 de octubre de 2011, en Conexión Total. Disponible en internet: http://conexiontotal.mx/2011/10/21/recortaran-al-carnpo-34-mil-mdp-en-2012/
Ver también: “Proyecto de Presupuesto 2012: ¿Soportará el campo?”, en Cambio de Michoacán, 19 de octubre de 2011. Disponible en internet:
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=5685
7 Ver “Proyecto de Presupuesto 2012: ¿Soportará el campo?”, en Cambio de Michoacán, 19 de octubre de 2011, Disponible en Internet: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial. php?id=5685
8 Actividades económicas por entidad; Guerrero. Inegi. Consultar en Internet: http://cuentame. inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/ economia/default.aspx?tema=me&e=12#sp
Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a los 3 días del mes de noviembre del 2011.— Senador Luis Walton Aburto (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal a realizar un diagnóstico sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte, con el fin de implementar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región.
La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Comisión de Educación los resolutivos primero y cuarto y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y tercero.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Jaime Rafael Díaz Ochoa, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en nombre propio y de los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, Jesús María Ramón Valdés, Lázara Nelly González Aguilar y Selene Lucía Vázquez Alatorre, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Inifed, se realice un diagnóstico sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte con el fin de implantar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
La educación como derecho humano reconocido en el artículo 3o. de nuestro máximo ordenamiento jurídico, se concibe como un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad mediante la adquisición de conocimientos para formar mujeres y hombres con sentido de solidaridad social. Por antonomasia, es el instrumento a través del cual el ser humano puede desarrollar todas las facultades que posee con base en un proceso continuo que surge desde el nacimiento hasta la perfección de la sensación, la memoria y la comprensión, características que particularizan al ser humano y permiten considerarlo como tal.
Su indiscutible relevancia conlleva a que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales junto con las observaciones de su comité, reconozcan el derecho a la educción que tiene toda persona e identifiquen su objeto en el pleno desarrollo de la personalidad humana y su dignidad, además de considerar que para lograr su pleno ejercicio la educación debe ser generalizada, asequible a todos bajo la implantación progresiva de la enseñanza gratuita, debe tener disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza suficientes, que los programas de estudio y los métodos pedagógicos sean aceptables en razón a su pertinencia y adecuación cultural, así como su adaptabilidad a las necesidades de la sociedad dentro de contextos culturales y sociales variados.
Dentro del escenario internacional, México en términos de su nivel educativo se encuentra en un sitio preocupante ya que tomando en cuenta tanto el tamaño de su economía como el de su población los indicadores no son positivos. De acuerdo al último reporte de 2009 Programme for Infemational Student Assessment (PISA) coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó el lugar 48 de entre 65 naciones, de las cuales 33 son miembros de dicha organización. El número obtenido no es alentador a pesar que la OCDE reconoció en dicho documento que México va por buen camino, argumentando que el país fue comparado con economías fuertes que ostentan sistemas educativos reconocidos en todo el mundo. Asimismo, llama la atención que el Banco Mundial haya colocado este año a México en el sitio 13 por el tamaño de su economía, no obstante en el estudio de la OCDE tanto países más fuertes en términos económicos como aquellos con economías más pequeñas, superan a nuestro país en su nivel educativo.
Ahora bien, haciendo un diagnóstico a nivel regional con países más afines a nuestra economía y cultura, México se encuentra por encima del promedio de Latinoamérica, ubicándose en el grupo que conforman Chile, Costa Rica y Uruguay, ostentando un cuarto lugar de acuerdo con el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de 2008 (SERCE), que realizó la Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América Latina y el Caribe.
Teniendo como antecedente este panorama internacional, resulta conveniente hacer un breve análisis de la situación educativa que experimenta México en cuanto a nivel de cobertura. Al respecto, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio nacional de escolaridad es de 8.6 años, lo que significa que en promedio los alumnos llegan únicamente un poco más del segundo año de secundaria en su carrera educativa, mientras que en otros países, como en el caso de Chile es de 10.2 años y en Estados Unidos de 12 años, lo que nos indica que de cada 100 niños mexicanos, 55 terminan la secundaria, 25 el bachillerato y únicamente egresarán de la licenciatura entre 13 y 15, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México.
En materia de evaluación y calidad de la educación encontramos que en la Prueba ENLACE de 2008, destinada a evaluar el grado en el que cada estudiante alcanzó determinados objetivos de los respectivos planes y programas de estudios, el 55 por ciento de los alumnos recibió una calificación de insuficiente o reprobatoria tan sólo en el área de matemáticas. En contraste, únicamente el 1·por ciento de los alumnos resultó con calificación de excelente.
Los indicadores anteriormente expuestos permiten explicar el alto índice de desempleo, la ilegalidad en la economía e inseguridad que existe en el país, en razón a que una deficiencia profunda en el nivel educativo hace a los jóvenes proclives a participar en la economía informal o en el crimen organizado, lo que obliga a abordar el tema de la educación como un asunto estratégico para el país.
A continuación focalizaremos el tema en la situación que reporta la educación en los seis estados fronterizos del norte de México, por ser materia de particular interés para esta comisión.
Al respecto, cabe tener en cuenta que la frontera norte del país presenta una realidad distinta al resto de México en materia educativa, ya que su promedio de escolaridad de acuerdo al Inegi está por encima del promedio nacional, que como anteriormente se señaló es de 8.6 años. Es así como Nuevo León se ubica como la entidad con mejor calificación con un promedio de escolaridad de 9.8 años, seguida de Coahuila con 9.5, Sonora con 9.4, Baja California con 9.3, Tamaulipas con 9.1 y Chihuahua con 8.8 años, cifras que permiten concluir que las niñas y niños de la frontera norte llegan a terminar la secundaria, frente al inquietante panorama nacional en el que en promedio sólo llegan hasta segundo de secundaria.
De manera similar, los estados de la frontera norte muestran mejor desempeño en la calidad educativa, mayor a la media nacional. Es así como Nuevo León obtuvo los primeros lugares en español, matemáticas e historia durante la Prueba ENLACE de 2010, asimismo, el Estado de Sonora resultó con las segundas mejores calificaciones de la misma prueba mientras que Baja California aumentó sus calificaciones en comparación con resultados previos, logrando estar por arriba del promedio del país, de igual forma, Tamaulipas logró avances relevantes al reportar una mejoría del 13.8 por ciento en matemáticas y del 15.2 por ciento en español y Chihuahua logó ubicarse en el séptimo lugar en cuanto a la prueba realizada a estudiantes de primaria, por su parte, Coahuila logró aumentar los estudiantes con calificaciones de excelente de 5.7 a 7.2 por ciento en general. No obstante, tal panorama no es óbice para dejar de abordar y afrontar los problemas educativos que subsisten en la región.
Esta problemática educativa se refleja en la creciente población en edad de cursar estudios del tipo medio superior, sin contar con la infraestructura necesaria para atender dicha demanda, situación que se ha generalizado en las Entidades Federativas fronterizas del norte del país enfrentándonos con una realidad que cada vez se aleja más del objetivo trazado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de “Elevar la calidad educativa” considerando como impostergable para tal fin una renovación profunda del sistema nacional de educación, para que las nuevas generaciones sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México más equitativo y con mejores oportunidades.
De acuerdo a datos expuestos por los presidentes municipales en la octava plenaria de la Asociación de Alcaldes de la Frontera Norte que se celebró en la Ciudad de México, entre el 26 y 27 de mayo del presente año, hasta un 80 por ciento de los jóvenes de la franja fronteriza con edad para ingresar a la preparatoria no lo hace por falta de planteles educativos suficientes para continuar con su educación. Esta es sin duda una problemática seria en municipios como Matamoros, Nuevo Laredo y Valle Hermoso, en Tamaulipas; Mexicali y Tijuana, en Baja California; junto con Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora.
En dicha plenaria se esbozó el planteamiento de incorporar a las preparatorias en la educación básica para efecto de garantizar su cobertura, toda vez que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todo individuo tiene derecho a recibir educación, pero sólo la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica obligatoria. Al respecto cabe tener en cuenta que el pasado 20 de septiembre de 2011, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular en votación nominal, con 94 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer constitucionalmente la obligatoriedad de la educación media superior, entre otros aspectos, misma que fue devuelta a la Cámara de origen para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
En relación con el tema, el respectivo dictamen señala “que elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad. Afortunadamente, el nivel medio superior ofrece una variedad de posibilidades de formación para los jóvenes entre las que se encuentra la de convertirse en profesionales técnicos y con ello tener de entrada un oficio o carrera técnica que se pueda traducir en un medio de subsistencia personal para el estudiante, sin menoscabo de poder más adelante seguir con la educación superior, ya sea licenciatura, maestría o doctorado.”
Cabe tener en cuenta que el dictamen sometido a esta soberanía fue aprobado en los mismos términos propuestos por la minuta en cuanto la obligatoriedad de la educación media superior, lo que nos permite inferir que el artículo 3o. quedará en los siguientes términos, una vez que en su caso la colegisladora apruebe la reforma correspondiente, conforme con la fracción e) del artículo 72 constitucional.
“ Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.”
Por su parte, el régimen transitorio de la citada reforma establece la obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013, hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la federación y de las entidades federativas.
Para tal efecto, señala que en el Presupuesto federal, así como, en el de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios y se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.
Los miembros de esta comisión consideramos que con la aprobación de esta reforma los jóvenes de México y en particular los de la frontera norte, podrán tener acceso a los servicios educativos del tipo medio superior que tanto necesitan en la actualidad, en razón a que en los Estados de la franja fronteriza existen en conjunto mil 731 escuelas para dicho nivel, cifra que en primera instancia parecería suficiente, sin embargo, una vez que se analiza a detalle la situación se revela el grave déficit de preparatorias para los jóvenes de esa región del país.
Es así como en Baja California en 2010 egresaron de la secundaria 41 mil jóvenes de los 552 planteles que tiene la entidad, ahora bien, si tenemos en cuenta que dicho estado sólo cuenta con 248 preparatorias para dar cabida a estos egresados, captamos la terrible falta de infraestructura a la que se enfrentan los jóvenes, lo que explica que el número de graduados del nivel medio superior en Baja California haya sido de tan sólo 21 mil jóvenes, la mitad de los que egresaron de secundaria. Por ello, no es casualidad que así como existe la mitad de planteles para preparatorias en relación con los de secundaria, también sea la mitad de egresados los que terminan la preparatoria en comparación con la secundaria.
En Sonora durante el mismo año se graduaron de la secundaria 42 mil 284 estudiantes de 688 planteles educativos. En comparación, el estado únicamente cuenta con 210 preparatorias, menos de la mitad de las secundarias y como resultado se graduaron solamente 20 mil 780 jóvenes, casi la mitad de egresados de secundaria. Por citar un caso, en el municipio de Nogales existe entre un 30 y 35 por ciento de jóvenes que no tiene la posibilidad de ingresar a la preparatoria por falta de escuelas, a pesar de ser uno de los municipios más pequeños de la franja norte.
En el caso de Chihuahua, durante 2010, egresaron de la secundaria 104 mil 208 estudiantes de mil 875 escuelas, mientras que el número de preparatorias es de 437 planteles y el número de egresados es nuevamente un poco más de la mitad, 56 mil 272 alumnos, de los egresados de secundaria.
Nuevo León no es la excepción a la problemática, en 2010 egresaron 63 mil 978 alumnos de secundaria de 900 planteles pero del nivel medio superior únicamente egresaron 31 mil 295 alumnos, la mitad de secundaria, ya que sólo había 312 preparatorias, que representan una tercera parte de planteles de secundaria.
Por último, haremos referencia a la situación similar que se presenta en Tamaulipas, donde en 2010 con 721 secundarias se graduaron 51 mil 861 alumnos, pero con tan sólo 320 preparatorias egresaron únicamente 26 mil 847 estudiantes. En esta entidad al igual que en todos los estados de la frontera subsiste este problema que afecta prioritariamente a los jóvenes.
Los datos expuestos anteriormente evidencian la inminente necesidad de cubrir el preocupante déficit que en materia de infraestructura educativa registra la frontera norte, priorizando la construcción y distribución de planteles educativos, en proporción directa a las demandas de la comunidad.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el tema de la Infraestructura educativa ha registrado significativos avances a partir de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Febrero de 2008, que creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) como organismo público descentralizado de la administración pública federal, con capacidad normativa, de consultaría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país.
Dicha Ley tiene por objeto regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo nacional, previendo que dicha infraestructura deba cumplir con un mínimo de calidad y con los requisitos de seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.
Dentro de las atribuciones que la ley le asigna al Inifed, cabe destacar la de formular y proponer programas de inversión para la construcción y mantenimiento, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reubicación y reconversión de los espacios destinados a la educación que imparta el Estado de acuerdo a las disposiciones presupuestarias.
Al respecto debe tenerse en cuenta, que a partir de la federalización educativa, se transfirió la realización de los programas de construcción de escuelas a los gobiernos de los estados lo que implica que el Inifed sea responsable de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de inmuebles en el Distrito Federal y en el caso de las entidades federativas cuando exista un convenio de colaboración para tales efectos, o en el caso de instituciones de carácter federal.
Bajo este escenario, para el Ejercicio de 2010, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, firmaron un acuerdo de colaboración para que el Inifed ejecutara 185 acciones en 112 planteles, en toda la República Mexicana con una inversión cercana a los 294 millones de pesos.
Cabe tener en cuenta que la Secretaría de Educación Pública a través de la SEMS, desarrolló el Programa Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2011, ante la creciente población en edad de cursar estudios de ese nivel, sin contar con la infraestructura necesaria para atender dicha demanda. El programa nace como una estrategia de política educativa que conjunta la capacidad, experiencia, esfuerzos y recursos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios, y, en su caso, del sector privado, con la finalidad de atender la demanda educativa y fortalecer la infraestructura física de las instituciones públicas de educación media superior y de formación para el trabajo, en las 32 Entidades Federativas, conforme a lo establecido en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
El programa integrado por cuatro fondos enfoca sus esfuerzos para atender la problemática que se presenta en la infraestructura educativa existente y agilizar el suministro de los recursos logrando un mayor impacto en la población demandante de los servicios educativos del tipo medio superior, mediante una distribución más equitativa que logre mayor participación y responsabilidad de las entidades federativas, para que sus unidades educativas públicas del nivel medio superior reciban tanto la rehabilitación como la construcción de los espacios educativos que necesitan. La SEMS y el Inifed son las instancias encargadas de normar y definir los procedimientos para la ejecución de las acciones derivadas del programa.
Para tal fin se prevén los convenios marco de infraestructura que establecen los términos de colaboración entre los gobiernos federal y de las entidades federativas en materia de infraestructura, para impulsar la realización de obras, mantenimiento y equipamiento a favor de las unidades educativas del tipo medio superior en el· marco del referido programa.
Considerando los argumentos expuestos, no deja de llamar la atención que dentro del Proyecto de Egresos de la Federación para el año fiscal de 2012, se tienen previstos 1 mil 912 millones 207 mil 789 pesos para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, lo que equivale a 823 millones de pesos menos en comparación con el presupuesto otorgado en 2011 que fue de 2 mil 735 millones 749 mil 613 pesos, disminución que nos parece desafortunada e inconveniente, considerando el patente faltante que en materia de infraestructura educativa registra el nivel medio superior a lo largo del país y en particular en la frontera norte.
Al mismo tiempo la situación toma matices más serios frente al actual contexto de lucha contra del crimen organizado que vive la frontera norte, ya que los jóvenes que no siguen con su carrera educativa son blanco vulnerable y fácil de las bandas delincuencia les, lo que complica aún más el escenario de la región. En la actualidad esta conocida problemática que enfrentan los jóvenes frente a la carencia de oportunidades para estudiar o trabajar enmarcada dentro del fenómeno de los “ninis” –que ni trabajan ni estudian– los enfrenta a una sistemática negación de posibilidades para desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales, condenándolos a pertenecer a una generación sin esperanza ni futuro, discriminada y excluida socialmente.
Este preocupante contexto ha sido expuesto por los alcaldes de los municipios de la frontera norte de México, frente al que han solicitado la acción de los tres órdenes de gobierno para ofrecer soluciones efectivas y oportunidades certeras a estos jóvenes. Al respecto, cabe señalar que en todo el país sólo cinco estados ofrecen programas dirigidos exclusivamente para esa población que no estudia ni trabaja dentro de los que se encuentran los estados fronterizos de Chihuahua y Baja California.
Por otro lado, debe reconocerse también que muchos jóvenes no ingresan a las preparatorias por falta de recursos económicos, problemática que en el caso del Estado de Baja California ha sido abordada positivamente estableciendo la gratuidad gradual del bachillerato, 25 por ciento para el ciclo escolar 2011-2012; 50 por ciento para el periodo escolar 2012-2013; 75 por ciento para el 2013-2014, y a partir del ciclo escolar 2014-2015 no se realizará ningún cobro, además de prever en forma inmediata la aplicación de la gratuidad en aquellos casos en que se demuestre que el joven carece de medios económicos para solventar sus estudios y la colegiatura. Por ello, los miembros de esta comisión estamos convencidos que con voluntad política que impulse acciones concretas y reales resulta posible avanzar hacia un sistema educativo que en términos efectivos beneficie a los jóvenes mexicanos.
Igualmente, debe considerarse que los municipios y entidades de la frontera presentan los índices más altos en el crecimiento poblacional, lo que exige que la infraestructura educativa de esa región se atienda en armonía con dicho incremento, panorama que reflejó el Censo de Vivienda de 2010 del Inegi al constatar que en la frontera norte residían 5 millones 564 mil 74 personas, esto es 1.7 millones más que las existentes en 1990, mostrando un ritmo de crecimiento promedio anual entre 1990-2000 de 3.7 por ciento, superior en casi un punto porcentual a la tasa que se presentó de 1980-1990, de 2.8 por ciento, también superior a las tasas de crecimiento que mostró México en el mismo periodo de 1.85 por ciento.
De los 39 municipios fronterizos, Ciudad Juárez en Chihuahua es el que reporta mayor población representando el 21.9 por ciento de la población total en la frontera norte de México, seguido de Tijuana en Baja California con el 21.8 por ciento, que a su vez son municipios que tienen a miles de jóvenes en lista de espera para ingresar a la preparatoria, como también ocurre en Nogales, Sonora donde una sola preparatoria tiene a 500 jóvenes en lista de espera.
Como lo hemos expuesto, la frontera norte de México presenta realidades y problemas distintos que merecen la atención del gobierno federal. La calidad de la educación y el promedio de escolaridad en la región son puntos positivos y sobresalientes en comparación con el resto del país, sin embargo, el déficit de preparatorias exige una urgente solución, más aún frente al escenario de vulnerabilidad que sufren los jóvenes al ser objeto de interés para el crimen organizado.
Aunado a todos los argumentos vertidos, somos conscientes que la minuta aprobada en la Cámara de Senadores el 20 de septiembre para erigir constitucionalmente la obligatoriedad de la educación media superior sin duda exigirá atender el actual déficit de preparatorias que se presenta en la Frontera Norte, permitiendo que más jóvenes cursen el bachillerato, lo que implicará un papel activo y determinante del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para revisar la problemática y realizar las gestiones pertinentes para el inicio de la construcción de preparatorias en la franja fronteriza de forma que los jóvenes no se queden afuera de las aulas esperando una oportunidad para estudiar.
En virtud de lo anteriormente expuesto, los senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte, consideramos relevante impulsar la educación media superior en esta frontera del país, dejando a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa realice un diagnóstico sobre el déficit de planteles educativos del nivel medio superior que presentan los estados de la frontera norte con el fin de implementar medidas conducentes para garantizar y fortalecer la formación educativa de los jóvenes de la región.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que apruebe para el Presupuesto de Egresos de 2012, un monto superior a los 3 mil millones de pesos para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a que apruebe los recursos necesarios a las entidades federativas de la frontera norte para la ejecución de los programas de infraestructura educativa para el nivel medio superior que requiere la región.
Cuarto.El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas a que suscriban convenios con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa para la ejecución de los Programas de Infraestructura Educativa para el Nivel Medio Superior que requiere la rehabilitación de las existentes.
Notas:
1 http://www.oecd-ilibrary.org/education/lessons-from-pisa-for-mexico_9789264I072 43-en
2 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/l60659s.pdf
3 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P
4 http://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx
5 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema= P
6 http://www.milenia.cam/cdb/dac/noticias2011/a171a1241e5a048787 f20d8c8e669770
7 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id= 3100&lg=60
8 http://ea.panam.edu/cbes/pdf/fronteran.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de noviembre de dos mil once.— Senadores: Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica), Jaime María Ramón Valdés, Lázara Nelly González Aguilar (rúbrica), Selene Lucia Vázquez Alatorre (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron propuesta con puntos de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir la liberación de los permisos en fase piloto para la siembra de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas antes que concluyan octubre y noviembre.
La Presidencia dispuso que los resolutivos primero, tercero y sexto de dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnaran a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Junta de Coordinación Política el cuarto de ellos y a la Cámara de Diputados los resolutivos segundo y quinto.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Los suscritos, senadores Norma Esparza Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Amira Griselda Gómez Tueme, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Margarita Villaescusa Rojo, María del Socorro García Quiroz, Rosario Green Macías, María Elena Orantes López, Antelmo Alvarado García, Fernando Baeza Meléndez, Eloy Cantú Segovia, Alfonso Elías Serrano, Francisco Herrera León, Pedro Joaquín Coldwell, Raúl José Mejía González, Gerardo Montenegro Ibarra, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Jesús María Ramón Valdés, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Jorge Castro Trenti, Ramiro Hernández García, Carlos Jiménez Macías, Francisco Labastida Ochoa, Jorge Mendoza Garza, Melquíades Morales Flores, Jesús Murillo Karam, Heladio Elías Ramírez López y Rogelio Humberto Rueda Sánchez, integrantes el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, la presente proposición con puntos de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La regulación para los organismos genéticamente modificados (OGM) para el caso concreto de la siembra de maíz genéticamente modificado comenzó en 1998, cuando el gobierno federal impuso una moratoria de facto a la investigación de este tipo de maíz, debido a la falta de un marco regulatorio acorde.
El 18 de marzo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y el 19 de marzo de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación su reglamento. Adicionalmente, para garantizar la protección del maíz en México contamos con el régimen de protección especial del maíz.
De acuerdo con un estudio de legislación internacional comparada, México cuenta con uno de los marcos regulatorios más completo en la materia en el mundo, ya que para su elaboración fue contemplado tanto el marco internacional como el marco jurídico nacional en materia de bioseguridad; el enfoque de precaución contenido en la Declaración de Río y en el Protocolo de Cartagena; el concepto de centros de origen y de diversidad genética; la importancia de la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología, orientada a la atención de las necesidades de los productores agropecuarios nacionales, lo cual garantiza la seguridad de la salud humana, de la biodiversidad nacional y de los centros de origen.
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados establece que la liberación de OGM en el ambiente debe realizarse “paso a paso” conforme a lo cual, todo OGM que esté destinado a ser liberado comercialmente debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de evaluación de riesgos, y los reportes de resultados aplicables en la realización de actividades de liberación experimental y de liberación en programa piloto de dichos organismos, en los términos de esta ley.
La ley define a la etapa de liberación experimental como la introducción, intencional y permitida en el medio ambiente, de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados, siempre que hayan sido adoptadas medidas de contención, tales como barreras físicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el medio ambiente, exclusivamente para fines experimentales, en los términos y condiciones que contenga el permiso respectivo.
Asimismo, la ley define la etapa de liberación en programa piloto como la introducción, intencional y permitida en el medio ambiente, de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados, con o sin medidas de contención, como barreras físicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el ambiente, que constituye la etapa previa a la liberación comercial de dicho organismo, dentro de las zonas autorizadas y en los términos y condiciones contenidos en el permiso respectivo.
Finalmente, la ley define a la etapa de liberación comercial como la introducción, intencional y permitida en el ambiente, de un organismo o combinación de organismos genéticamente modificados, sin que hayan sido adoptadas medidas de contención, como barreras físicas o biológicas, para limitar su contacto con la población y el medio ambiente, que se realiza con fines comerciales, de producción, de biorremediación, industriales y cualesquiera otros distintos de la liberación experimental y de la liberación en programa piloto, en los términos y condiciones que contenga el permiso respectivo.
Es claro que la discusión no se debería centrar en que si se debería o no practicar la siembra de maíz genéticamente modificado, existe claridad al respecto y por ende debemos actuar de conformidad con la ley.
En México contamos con uno de los rendimientos más bajos de maíz por hectárea sembrada en el mundo. Tenemos un rendimiento promedio de 3.26 toneladas por hectárea cultivada (ton/ha), mientras que el promedio mundial es de 5.04 ton/ha. En el caso de nuestros principales socios comerciales, el rendimiento promedio de Canadá es de 9.15 ton/ha y el de Estados Unidos es de 9.79 ton/ha. Cabe destacar que dichos rendimientos promedio los han logrado gracias a la utilización de maíz genéticamente modificado.
De acuerdo con la información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en la actualidad importamos alrededor de 10 millones de toneladas de maíz al año –lo cual representa una erogación de alrededor de 40 mil millones de pesos–, provenientes principalmente de Estados Unidos y Sudáfrica, debido a que estos países basan su producción en el maíz genéticamente modificado, 85 por ciento del maíz importado para el consumo en México es de este tipo.
Aunado a nuestra baja productividad y a las grandes cantidades de maíz que importamos, en el presente año más de una tercera parte de los estados del país han sufrido grandes afectaciones en su producción agrícola debido a contingencias climáticas como heladas, sequías e inundaciones. Adicionalmente, el maestro Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha reconocido que la producción del maíz para el ciclo otoño-invierno 2010-2011 se contrajo en aproximadamente en 40 por ciento debido a las contingencias ambientales y que para el presente ciclo agrícola (primavera-verano 2011) no se pueden calcular los decrementos en la producción debido a que el campo mexicano sigue siendo afectado por contingencias climatológicas.
En las comparecencias celebradas en la Cámara de Diputados, el maestro Francisco Javier Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, y el licenciado Bruno Ferrari García de Alba, secretario de Economía ante la Comisión de Economía el pasado 12 y 18 de Octubre respectivamente, mostraron su preocupación por la situación actual del campo mexicano y en particular por la producción de maíz. Ambos secretarios se pronunciaron a favor de que los agricultores mexicanos puedan sembrar maíz genéticamente modificado con el objetivo de incrementar su productividad y competitividad.
Sin embargo, el Ejecutivo federal ha emitido un solo permiso para la siembra de maíz genéticamente modificado en programa piloto (primer párrafo de la página 597 del quinto Informe de Gobierno). Este programa se realizaría en Valle Hermoso, Tamaulipas, en un polígono de 0.24 hectáreas.
De acuerdo con los productores, la fase experimental que antecedió a las solicitudes de permiso en programa piloto fue realizada en un polígono de 22 hectáreas. Debido a que la superficie autorizada para el programa piloto fue de solamente 0.24 hectáreas, el proyecto fue de imposible ejecución.
Asimismo, el 6 de julio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó en citar a comparecer a los funcionarios encargados de emitir los permisos en fase piloto para la siembra de maíz genéticamente modificado de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la Tercera Comisión de esta soberanía. La comparecencia nunca se celebró.
Por lo expuesto se someten a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que cree una reserva estratégica de granos con la que se garantice el abastecimiento de por lo menos tres meses del consumo nacional.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se destinen los recursos necesarios para que se desarrolle la investigación por regiones agroecológicas sobre la siembra y cultivo de los principales granos del país.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que emita la liberación de los permisos en fase piloto para la siembra de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas antes que concluyan octubre y noviembre, respectivamente, en virtud de que en estas fechas se cierran los ciclos de siembra por el temporal de riego.
Cuarto. Con fundamento al tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República constituir una comisión especial para investigar y dar seguimiento a los impactos generados por las contingencias climáticas en el campo mexicano, y el impacto que nuevas técnicas como la biotecnología podrían tener para mitigar los efectos ocasionados por las contingencias climáticas.
Quinto. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se destinen los recursos necesarios para garantizar el otorgamiento de paquetes tecnológicos por regiones en función de las necesidades de las mismas, y que permitan obtener los mejores rendimientos de acuerdo con el potencial productivo de cada región.
Sexto. Se solicita a la Cámara de Senadores para que en un plazo no mayor de siete días se cite a comparecer a Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como a Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, para que informen sobre los criterios utilizados para negar la liberación de los permisos en fase piloto y con ello condenar a nuestro campo mexicano a la baja productividad y al rezago.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 27 de octubre de 2011.— Senadores: Norma Esparza Herrera, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Amira Griselda Gómez Tueme (rúbrica), María de los Ángeles Moreno Uriegas (rúbrica), Margarita Villaescusa Rojo, María del Socorro García Quiroz (rúbrica), Rosario Green Macías, María Elena Orantes López, Antelmo Alvarado García, Fernando Baeza Meléndez, Eloy Cantú Segovia, Alfonso Elías Serrano, Francisco Herrera León, Pedro Joaquín Coldwell, Raúl José Mejía González (rúbrica), Gerardo Montenegro Ibarra, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Jesús María Ramón Valdés, Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica), Renán Cleominio Zoreda Novelo, Carlos Aceves del Olmo, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Jorge Castro Trenti, Rogelio Humberto Rueda Sánchez (rúbrica), Ramiro Hernández García (rúbrica), Carlos Jiménez Macías, Francisco Labastida Ochoa (rúbrica), Jorge Mendoza Garza, Melquíades Morales Flores, Jesús Murillo Karam, Heladio Elías Ramírez Lópéz.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva
Honorable Asamblea:
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informa que las siguientes iniciativas, que no fueron dictaminadas dentro del plazo reglamentario, se tienen por desechadas:
1. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3828.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3842.
3. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado César Augusto Santiago Ramírez (PRI) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3897.
4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3920.
5. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3921.
6. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3922.
7. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de Candidaturas Independientes.
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Expediente 3923.
8. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Penal Federal.
Presentada por el diputado Jaime Sánchez Vélez (PRI) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia.
Expediente 3927.
9. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3924.
10. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 67 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la diputada Olivia Guillén Padilla (PRI) y suscrita por el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI), así como integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3925.
11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Presentada por el diputado Omar Fayad Meneses (PRI) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3930.
12. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 y deroga el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal.
Expediente 947.
13. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Presentada por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 1494.
14. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 1847.
15. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 1914.
16. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Teófilo Manuel García Corpus (PRI) el 17 de febrero de 2011
Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Expediente 2106.
17. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 40 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 2148.
18. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 2493.
19. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado José del Pilar Córdova Hernández (PRI) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 2707.
20. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado Juventino Víctor Castro y Castro (PRD) EL 17 DE FEBRERP DE 2011
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 2828.
21. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por la diputada María Joann Novoa Mossberger (PAN) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3324.
22. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presentada por el diputado José del Pilar Córdova Hernández (PRI) el 17 de febrero de 2011.
Comisión de Puntos Constitucionales.
Expediente 3419.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara, se tienen por desechadas. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre ese tema, nuevamente me preocupa que iniciativas importantes en la Comisión de Puntos Constitucionales no se estén dictaminando a tiempo, sobre todo por lo que implica desde el punto de vista del artículo 71, fracción II, de la Constitución la presentación de una iniciativa que, desde mi punto de vista, exige u obliga a su dictaminación por la comisión respectiva.
El hecho de que se esté archivando este tipo de iniciativas, sin dictamen, merecería otro tipo de actuación o de reacción por parte de la Cámara de Diputados, presidente, algún tipo de responsabilidad para los legisladores que integramos esa Comisión de Puntos Constitucionales. Yo soy parte de la misma y me preocupa que tantas iniciativas, tantos proyectos con decreto se estén archivando por no dictaminarse en tiempo y en forma, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Como usted sabe, en la fracción III del numeral 2 del artículo 89 se señala que el presidente instruirá el archivo como asunto total y definitivamente concluido en relación a aquellas iniciativas que no reciben impulso procesal.
Pero su preocupación es otra, la entendí claramente y le ofrezco que hoy mismo, en Conferencia, que se reúne a las seis de la tarde, habré de plantear la responsabilidad de los miembros de las comisiones con relación a la producción de dictámenes sobre iniciativas. Gracias, señor diputado. Siga la Secretaría.
REUNION DEL G20
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, el diputado Pablo Escudero me pide la palabra. Concedida.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. No sé el momento procesal oportuno respecto al comunicado de la Secretaría de Gobernación, que ha contestado un exhorto de esta Cámara de Diputados.
Evidentemente creo que esta Cámara está obligada a hacer la reflexión en la parte sustantiva respecto al uso electoral que se le está dando a esta reunión del G-20. Tenemos que tomar una decisión sobre si mandamos un comunicado a todos los países integrantes del G-20.
Y la administrativa, presidente, que es más escandalosa. Ayer se adjudicó de manera directa este centro de convenciones a la empresa ICA con un sobreprecio de 300 millones de pesos. Ésta es la nueva Estela de Luz de corrupción. Pareciera que el último año de administración, el gobierno federal y el gobierno de Baja California Sur lo quieren aprovechar. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Queda registrado. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Diputado Emilio Chuayffet Chemor, presidente de la Mesa Directiva...
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdóneme usted. El diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Gracias, presidente. Perdón que interrumpa pero ya el tema de los consejeros electorales llegó a cuenta de escándalo.
Acabo de leer la renuncia que hace a su candidatura Ciro Murayama, distinguido intelectual —que usted conoce, y a su obra—, donde hace una denuncia extremamente importante y —para mí— extremamente grave. Dice: “Todo tiene un límite. No es tolerable la flagrante violación del artículo 41 de la Constitución por la Cámara de Diputados”.
Menciona el significado que tuvo históricamente el IFE —que usted conoce, usted fue su director— en el cambio político que ha habido en el país, y considera esto, palabras más palabras menos, una traición a la democracia mexicana.
¿Podría usted decirnos, señor presidente, en dónde ha quedado este embrollo y qué uso va a hacer usted de sus facultades legales y constitucionales? Se lo ruego.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Muñoz Ledo, con un gran respeto y sin evadir la respuesta que usted pide, este asunto fue tratado por el diputado Cárdenas Gracia y no le concedí el uso de la palabra porque ya había pasado el momento del orden del día para tratarlo. Estamos en otra parte del orden del día. En otra parte del orden del día. La sesión comenzó a las 11 en punto.
En consecuencia, doy respuesta. Los grupos parlamentarios son los facultados para emitir los nombres que deben someterse al pleno. Y los grupos parlamentarios están representados, según el Reglamento, por sus coordinadores. El coordinador expresa la voluntad del grupo, ninguno me ha hecho llegar nombre alguno.
De suerte que la responsabilidad del presidente, no suple la responsabilidad de quienes expresan la voluntad de los grupos parlamentarios. Perdón, sonido para el diputado Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Ni los grupos parlamentarios ni la Mesa están sobre el pleno, la soberanía está aquí presidente. Las otras son las triquiñuelas que se han inventado.
Por cierto, don Heliodoro dijo el otro día que en el 97 habíamos hecho lo mismo. Es falso. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no existía, había la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), y la CRICP ordenaba la administración, no pastoreaba a los diputados. Es una falacia, no sé qué, o quién lo dijo. Entonces, nada suple la soberanía del pleno.
Éste es el tema, no podemos quedar entre la trampa de los partidos. No podemos reconocer que estamos partidizando, que ése es el hecho, la designación de los consejeros del IFE. Yo le he pedido a usted, que usted someta al pleno. Se acabó. Qué pasa, la soberanía manda. Nosotros nombramos. Les damos vacaciones una semana a los de la Jucopo, ¿qué le parece bien? Estaríamos más tranquilos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Sobre este mismo tema. El día de ayer apareció en los medios de comunicación una carta del doctor Ciro Murayama Rendón, que es uno de los 17 aspirantes a consejeros electorales, en donde cuestiona la omisión de la Cámara de Diputados, de esta Cámara de Diputados, por no haber designado en tiempo y en forma a los tres consejeros electorales faltantes.
Y entonces propone o manifiesta su decisión irrevocable de declinar como aspirante. Yo me temo, presidente, que vamos a comenzar a recibir este tipo de cartas de muchos de los aspirantes, de los 17 finalistas, y que corremos el riesgo de quedarnos sin candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales. Yo sí haría un llamado repetido, nuevamente, a la Junta de Coordinación Política, a nosotros mismos, a usted, presidente, a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que a la brevedad designemos a los consejeros electorales.
Creo que también sería importante. Sé que es una información pública porque apareció en un periódico, en El Universal, que esta carta se distribuyera entre todos los diputados y diputadas para que vean como ya los propios aspirantes están declinando a su deseo de ser consejeros electorales y cuestionan nuestras omisiones y nuestras irregularidades por no nombrarlos en tiempo.
Pido que se distribuya esta carta entre todos nosotros, presidente, si es posible, y que también urjamos a la Junta de Coordinación Política y a los propios coordinadores de los grupos parlamentarios a proponer nombres para que designemos a los consejeros electorales.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Cómo no. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Comunicaciones de la Junta de Coordinación...
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, secretaria. Perdóneme doña Enoé Uranga, nos va a regañar porque siempre hay omisión involuntaria a su petición de uso de la palabra.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (desde la curul): No lo regaño, presidente. Le agradezco por darme la palabra, compartiendo la vergüenza por la renuncia de Ciro Murayama a la candidaturas al Consejo. Ha renunciado, sin duda, uno de los personajes más adecuados, uno de los personajes más destacados y sin duda, más viable para ocupar este trío de consejeros que tendremos que elegir. Con la vergüenza, creo que toca reconocer, presidente, y ahí el acompañamiento de la solicitud que hace el diputado Muñoz Ledo para que usted explore, en el ámbito de sus facultades, la posibilidad de encontrar otra vía de elección de los consejeros, me apena decirlo, pero más me avergüenza la renuncia de Ciro.
Creo que la Junta de Coordinación Política ha mostrado con creces su incapacidad para hacer esta elección. Creo que lamentablemente no ha tenido la altura que se requiere para elegir representantes para el pueblo de México y pervertido ése proceso, nos toca encontrar otro mecanismo.
Sin duda, la ausencia de Murayama entre los candidatos fortalecerá la presencia de mujeres en la terna. Seguramente esto traerá como consecuencia que las tres que elijamos sean mujeres. Pero, independientemente de ello y de que sin duda con eso estaríamos cumpliendo con una de las faltas que estamos en la ley, presidente, yo le pido a usted que de la manera más atenta que explore, en el ámbito de las facultades que usted tiene y que esta soberanía tiene, la búsqueda de un mecanismo que nos saque de esta grave falta y del daño que le estamos haciendo al Instituto Federal Electoral.
Nosotros somos quienes estamos desprestigiando y debilitando a este árbitro de las elecciones y es hora, presidente, de que alguien tome riendas, dado que la Junta de Coordinación evidentemente no podrá hacerlo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Le hago un comentario a su reflexión, que es muy valiosa. En anteriores ocasiones no se ha podido contra argumentar el hecho de que la competencia es de la Junta, porque ahí están reunidos los grupos parlamentarios. Esta tarde en la Conferencia yo habré de señalar que ahora la mora en la que hemos incurrido ya afecta la responsabilidad constitucional de la Cámara de Diputados y que es asunto de todos el darle una respuesta a esta necesidad de integración del Instituto Federal Electoral. Gracias. Continúe la Secretaría.
COMISIONES LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado José Ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Reginaldo Rivera de la Torre cause baja como integrante de la Comisión de Comunicaciones.
• Que el diputado Fermín Alvarado Arroyo cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.
• Que el diputado Fermín Alvarado Arroyo cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Que el diputado Reginaldo Rivera de la Torre cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Que la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo cause alta como integrante en la Comisión del Distrito Federal.
• Que la diputada Josefina Rodarte Ayala cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
• Que la diputada Josefina Rodarte Ayala cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
• Que la diputada Silvia Fernández Martínez cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
• Que el diputado Víctor Roberto Silva Chacón cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.
• Que la diputada Diana Patricia González Soto cause alta como integrante en la Comisión Especial para la Familia.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado José ramón Martel López, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Comisión Especial de seguimiento de la implementación de la reforma constitucional en materia de fiscalización y armonización contable
Baja: Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (integrante).
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 27 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Comisión Radio, Televisión y Cinematografía
Baja: Diputado Sixto Alfonso Zetina Soto (integrante).
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de octubre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:
• Que el diputado Vidal Llerenas Morales cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que el diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez cause alta como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Diputada Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidenta.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobadas. Comuníquense.
LEY MINERA
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente .
Atención: Alejandro Muñoz, secretario técnico.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva que sea retirada la siguiente iniciativa, que fue presentada en el pleno el día 11 de octubre de 2011:
• Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.
Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2011.— Diputado Luis Lesesma Romo (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
MATERIA TRIBUTARIA
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a usted que se recibió del Congreso del estado de Tabasco, acuerdo relativo a la supresión de los preceptos legales de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales.
La presidencia dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Tabasco.
Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presente
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, adjunto al presente remitimos a ese Poder Legislativo, un tanto del punto de acuerdo 175, aprobado por esta soberanía legislativa en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional, por el que se exhorta a la Cámara del Congreso de la Unión, para que implementen todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales. Lo anterior para la atención que corresponda.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.
Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección.”
Villahermosa, Tabasco, a 10 de octubre de 2011.— Honorable Congreso del Estado, dputado Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), presidente;diputado Jesús González González (rúbrica), secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del estado de Tabasco.
La Sexagésima Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y con base en los siguientes
Antecedentes
1. En sesión pública ordinaria de la LX Legislatura del Congreso del estado, realizada con fecha 4 de mayo de 2011, la diputada Marcela de Jesús González García, presentó ante la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tabasco, propuesta de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a tomar las medidas necesarias para respetar las potestades tributarías de las entidades federativas.
2. La propuesta de punto de acuerdo, por indicaciones de la Mesa Directiva, se determinó turnarla a la Comisión orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.
3. Para dar cumplimiento a lo ordenado por la Mesa Directiva, el oficial mayor de este honorable Congreso, por conducto del memorando número HCE/OM/858/2011 de fecha 4 de mayo de 2011, hizo llegar a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto la propuesta de punto de acuerdo antes referida.
Considerandos
Primero. Que del análisis a los puntos que contiene la propuesta de punto de acuerdo presentada, se advierte que ésta tiene como finalidad:
Exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y se cita textualmente: “Artículo Primero. La LX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco con pleno respeto a las potestades tributarías de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le exhorta a implementar todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales.”
Segundo. Que con relación a la propuesta de punto de acuerdo presentada, se expone lo siguiente:
Que las consideraciones que sustentan el punto de acuerdo, se refieren principalmente a que la legislación fiscal federal establece supuestos de exención o liberación del pago de contribuciones locales desde una legislación federal.
A guisa de ejemplo, la legisladora local inserta, en las consideraciones que respaldan al punto de acuerdo presentada, diversos preceptos federales a saber: artículo 42, fracción VI, segundo párrafo de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; artículos 19 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. Los cuales para mejor visualización y reflexión de los mismos se transcriben a la letra:
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Artículo 42. Los recursos del Instituto se destinarán:
De la fracción I. a la V. ...
VI. ...
Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere este artículo, así como el desarrollo y ejecución de los conjuntos de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del Instituto, estarán exentos del pago de toda dase de impuestos, derechos o contribuciones de la federación, de los estados o del Distrito Federal y, en su caso, el precio de venta a que se refiere el artículo 48 se tendrá como valor de avalúo de las habitaciones. El impuesto predial y los derechos por consumo de agua, así como las donaciones y equipamiento urbano se causarán y cumplirán en los términos de las disposiciones legales aplicables. Tanto las garantías como las inscripciones correspondientes se ajustarán en los términos del artículo 44 sin que se cause impuesto o derecho alguno, ni deban efectuarse trámites de registro adicionales.
...
...
Ley Federal del Trabajo
Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno.
Artículo 975. Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente:
I. ...
II. Si se trata de bienes inmuebles, se observará;
a) El anterior propietario entregará al presidente de la junta, toda la documentación relacionada con el inmueble que se remató.
b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales.
c) La escritura deberá firmarla el anterior propietario, dentro de los cinco días siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, el presidente lo hará en su rebeldía; y
III. ...
De la lectura concerniente al párrafo segundo de la fracción VI del artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al referir “Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere este artículo, ..., estarán exentos del pago de toda clase de impuestos derechos o contribuciones de la federación, de los estados o del Distrito Federal y, en su caso, ...”, se advierte una invasión de esferas competenciales, toda vez que a quien corresponde proponer los impuestos relacionados con la propiedad inmobiliaria, es al municipio, y aprobarlas compete a la legislatura local, ello según lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para mayor ilustración, se transcribe la parte conducente, el antepenúltimo párrafo de la fracción IV, del artículo 115, de nuestra Carta Magna:
“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.”
En el contexto, que al municipio corresponde proponer las tarifas y cuotas que sirvan de base para el cobro las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en igual forma le compete proponer los supuestos jurídicos de excepción al cobro de los mismos, constriñéndose a lo dispuesto en la Constitución federal, la cual advierte, sobre ese tópico, lo siguiente: “Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.”, parte in fine del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115 constitucional.
Siendo también una prohibición para el órgano legislativo federal legislar en aquella materia.
En el mismo orden de ideas que se refirió al supuesto jurídico, del precepto transcrito, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aborda la hipótesis jurídica contenida en el inciso b) del artículo 975 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido que contiene supuesto de exención de quién únicamente corresponde a la legislatura local conocer, en términos de lo dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La legisladora local, quien propone el punto de acuerdo, refiere a otros preceptos que en forma análoga a los preceptos referidos en párrafos anteriores, el legislador federal, ha aprobado, no obstante que es competencia de la legislatura local; siendo el caso de los artículos 91 de la Ley General de Sociedades Cooperativas; 186, 188 y 230 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 32 de la Ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas Mexicanas; 125 de la ley de premios, estímulos y Recompensas Civiles; 4 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 13 de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana; 14 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; y, 3 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No pasa inadvertido que en las consideraciones de la propuesta de punto de acuerdo presentada, alude que el legislador federal ha tenido siempre en cuenta que existen ordenamientos jurídicos federales que contemplan exenciones y que éstas son de orden o competencia local, es decir, de las entidades federativas; razón por la cual, ha derogado tales disposiciones. A fin de secundar lo expuesto, la legisladora local, al artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1985.
Respecto a la denotación de Competencia, se considera oportuno citar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en criterio jurisprudencial:
Tesis de jurisprudencia P./J. 912006
“Principio de División Funcional de Poderes. Sus características. El citado principio se desarrolla constitucionalmente mediante la atribución de competencias expresas conferidas a los órganos superiores del estado; en ese sentido, el principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues existen: a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del estado puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y, c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del estado al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas.”
El criterio establecido por el máximo tribunal de este país, es que ningún órgano de los Poderes de la Unión motu proprio puede asignarse facultades que corresponden a otro poder, como es el caso de las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria, por lo que se tiene a bien considerar que sí es procedente lo planteado, en el sentido de que, con pleno respeto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, implemente todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales.
Tercero. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los artículo 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución local, para aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; ha tenido a bien emitir el siguiente:
Punto de Acuerdo 175
Único. Esta LX Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a las potestades tributarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le exhorta a implementar todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales.
Transitorio
Único. El Congreso del Estado de Tabasco resuelve remitir copia certificada del presente acuerdo, a los Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea del Distrito Federal, a fin de que, si así lo consideran pertinente, emitan un pronunciamiento en el mismo sentido.
Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección.”
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a 10 de octubre de 2011.— Honorable Congreso del Estado, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández (rúbrica), presidente;diputado Jesús González González (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.Don Pedro Ávila, a sus órdenes, ¿para qué objeto?
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Para rectificación de hechos, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Mire, hace dos meses presenté un punto de acuerdo para que la Junta de Coordinación Política subiera a tribuna un problema que está afectando a todos los trabajadores mexicanos del Infonavit, porque no pueden pagar sus créditos porque les quitan su trabajo, les quitan su casa y sus cuentas las pasan a despachos externos. En todo el país se está dando este fenómeno. El Infonavit, que fue fundado por don Fidel Velázquez Sánchez y todos los trabajadores de México, ahora se ha convertido en una banca privada, en una banca privada cuyo dinero no se sabe ni dónde esté.
Yo le suplico a usted, señor presidente, que se investigue, por favor, dónde quedó esta iniciativa que va a beneficiar a todos los trabajadores de México y que se cite aquí al señor Porras o Porrás, como se apellide, para que venga ante la Cámara de Diputados a comparecer y que se evite que se esté despojando a los trabajadores de México del único patrimonio que tienen, no porque alguien se los haya dado, sino por el esfuerzo de su trabajo.
También quiero pedirle, con todo respeto, que se haga una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Economía, para que se vea la forma, señor presidente, de frenar, aunque ya aquí se aprobó el alza de la gasolina y de los artículos de primera necesidad que están lastimando fuertemente al pueblo humilde de México. Le pido a usted, con todo respeto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Don Pedro, se hará la investigación a la que usted hace referencia, para conocer en qué situación se encuentra la iniciativa del caso. En cuanto a la comparecencia del funcionario que usted señaló, habré de transmitirlo a la Junta de Coordinación Política y en relación al turno a las Comisiones de Hacienda y de Economía, la Mesa proveerá lo conducente. Muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra el diputado Isaías González.
El diputado Isaías González Cuevas (desde la curul): Presidente, en relación con lo que dice mi compañero, don Pedro, nos unimos a esa protesta, porque efectivamente se viene despojando de su patrimonio a los trabajadores a nivel nacional por empresas particulares.
Ya lo hemos discutido en esta Cámara, se han llevado puntos de acuerdo, hemos ya acordado de que esa cartera vencida el Infonavit la debe recoger, por tanto aquí lo que corresponde desde mi punto de vista es exigirle al Infonavit que cumpla con la modificación a la ley para que recoja la cartera y él negocie directamente con los trabajadores, y sacar a las empresas particulares que están perjudicando a la clase trabajadora.
Por otro lado, también están pendiente de resolver dos asuntos importantes, señor presidente, de que el crédito de los trabajadores se cobre en pesos, no en salarios mínimos, y también de que el artículo octavo transitorio, que ya está acorado en la respectiva Comisión de Vivienda, se suba al pleno de la Cámara, ¿para qué? Para que devuelva la Secretaría de Hacienda los 18 mil millones de pesos de los trabajadores que no han ejercido ese crédito.
Así pues nos sumamos a la petición de don Pedro, a favor de los trabajadores y para hacer cumplir los acuerdos de esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. El diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): En ese mismo sentido, diputado presidente, comentar, como cada vez es más difícil el uso de la tribuna para presentar iniciativas, ya dejé que entrara una iniciativa que presenté sobre este tema, concretamente del Infonavit, en la idea de devolver al Infonavit a la función de acceso a la vivienda de crédito posible para los trabajadores, como aquí se ha mencionado por mis dos antecesores.
El Infonavit ya no es una institución que dé crédito accesible a los trabajadores, se ha ido a la banca. Además la cartera vencida se la da a despachos de cobranza, o sea, exactamente funciona como los bancos, tienen aterrados a los trabajadores. Es una cosa muy grave.
Invitaría a quienes me antecedieron en el uso de la palabra a revisar mi iniciativa. Si les satisface, que la impulsemos. Si hay que modificarla, que la modifiquemos. Pero que le devolvamos al Infonavit el objetivo fundamental que tenía.
Y quiero aprovechar también, diputado presidente, para recordarle que el diputado Pablo Escudero le pidió a nombre de él, y mío, su intervención para un asunto de Fovissste, que también son trabajadores, éstos al Servicio del Estado, y están siendo perseguidos por supuestos créditos en demasía y por supuestos fraudes que los trabajadores no llevaron a cabo.
Usted planteó la posibilidad de ver que el secretario de Gobernación, del gobierno de facto, interviniera. Le recordamos ese tema.
En el caso de los trabajadores de Tabasco, que también pedimos la intervención de la Mesa Directiva, todavía no han sido atendidos los trabajadores. Siguen en plantón afuera del Senado. Ojalá se tomaran cartas sobre el asunto.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ruego a la Secretaría General dar cuenta a la brevedad posible de los trámites que hemos iniciado, tanto en materia de la investigación sobre Fovissste como en el caso referido de Tabasco. Quisiéramos tener pronto a la disponibilidad de los diputados solicitantes la información del caso. Con mucho gusto. Continúe la Secretaría. Don Armando Neyra.
El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para un comentario, y sumarme a lo dicho por el diputado Pedro Ávila, el compañero Isaías y el compañero Gerardo Fernández Noroña, el comentario es que el día de ayer en Puebla más de 10 mil delegados, representantes de más de 424 mil obreros en Puebla, solicitan la devolución de esos 18 mil millones de pesos. Es por lo cual nos sumamos a esta propuesta de los compañeros. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Continúe la Secretaría.
INDUSTRIA MINERA
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó el siguiente
Acuerdo
De manera respetuosa y reconociendo las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados, el Senado de la República hace una invitación a la colegisladora para que, a través de sus Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, en conferencia con las respectivas de esta soberanía, analicen en este periodo legislativo, de manera integral, el régimen de derechos mineros vigentes en el país.
Lo anterior, atendiendo a la gran importancia que reviste esta industria y considerando que los bienes que explotan son propiedad de la nación y que la tributación que realizan no tiene relación con el valor de la producción ni con los altos precios que registran ni con las utilidades que se perciben.
Atentamente
México, DF, a 27 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para su atención.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a alumnos de la escuela secundaria Ignacio Manuel Altamirano, de Huauchinango, Puebla, invitados por el diputado Óscar Saúl Castillo Andrade.
También a alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por el diputado Juan Pablo Escobar Martínez.
Y a alumnos de la Universidad de la Sierra, Facultad de Derecho, estado de Puebla, invitados por el diputado Ricardo Urzúa Rivera. Sean todos ustedes bienvenidos.
MUESTRA NACIONAL DE VINO Y UVA DE MEXICO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Francisco Vega de Lamadrid.
El diputado Francisco Arturo Vega de Lamadrid (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Únicamente para hacer a usted, y a todas mis compañeras y compañeros diputados, al equipo administrativo y a quienes nos visitan en esta Cámara, la cordial invitación para que nos visiten en la Primera Muestra Nacional de Vino y Uva de México, que se realiza a partir del día de hoy, 8 de noviembre, 9 y 10, en la explanada de este Palacio Legislativo de San Lázaro.
Contamos con la presencia de prácticamente todos los estados productores de vino y a su vez solicitarle el apoyo, hoy está agendada la iniciativa que ya se presentó y fue votada y aceptada por unanimidad en la Comisión Especial que impulsa a la industria vitivinícola y productos derivados de la vid, la que me honro en presidir, para que ojalá la pudieran apoyar.
La industria vitivinícola se ha convertido en los últimos años, en una industria muy importante para nuestro país y, a su vez, también es una industria que está inmersa en una competencia que tiene que ver con vinos importados. Así es de que esta nueva ley eso trata de hacer y estoy seguro de que en al ánimo y en la voluntad de todos nosotros, bien podemos aportarle bastante a la industria. Están todos invitados estos tres días. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Continúe la Secretaría, por favor.
EXPORTACION DE PEZ DORADO
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con el siguiente punto de acuerdo:
“ Primero. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca remita a esta Soberanía un informe en el que se explique lo siguiente:
a) Los resultados de las evaluaciones mensuales correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 de la captura incidental de las especies destinadas de manera exclusiva a la pesca deportivo-recreativa en las operaciones de pesca de tiburón.
b) Bajo qué nombre y en qué concepto se registran las capturas de dorado (Coryphaena hippurus) en los avisos de arribo que acreditan la legal procedencia del recurso.
c) Qué se hace con los excedentes de captura incidental de dorado (Coryphaena hippurus) capturados en las operaciones de pesca de tiburón.
d) Las acciones que se implementaron en el periodo 2007-2010 para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 66; 68; 70; 72; y las fracciones VII y XXI del artículo 132, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y los resultados obtenidos.
e) La situación actual de abundancia relativa de dorado (Coryphaena hippurus) en el Pacífico mexicano, así como los puntos de referencia por zona de pesca.
Segundo. El Senado de la República del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación que instruya al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca para que acuda a esta soberanía y sostenga una reunión de trabajo con los senadores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, para tratar diversos temas relacionados con el ámbito de su competencia y en particular con la pesca deportivo-recreativa.
Tercero. El Senado de la República del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía remita a esta Soberanía un informe detallado de los volúmenes de exportación a los Estados Unidos de América de pez dorado (Coryphaena hippurus) durante el período 2007-2010, indicando claramente el capítulo, la partida, la fracción y subfracción con los que se identifican dichas exportaciones.
Cuarto. El Senado de la. República del Congreso de la Unión solicita que se informe a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el contenido del presente acuerdo.”
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Pesca para su conocimiento.
LEY GENERAL DE EDUCACION - CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el proyecto de decreto que proponía reformas a la Ley General de Educación y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, originada en la iniciativa de la senadora Leticia Burgos Ochoa, presentada el 8 de septiembre de 2005, con lo que su proceso legislativo queda concluido.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado.
LEY FEDERAL DE TURISMO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto que proponía diversas reformas y adiciones a la Ley Federal de Turismo.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
FONDO DE RECONSTRUCCION DE ENTIDADES FEDERATIVAS
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGF/1538/2011, el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fonden de la Coordinación General de Protección Civil, envía el informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo transitorio decimoquinto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo.— Presente.
Hago referencia, al Artículo Décimo Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010, mismo que en su último párrafo dispone a la letra lo siguiente:
“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá remitir a la Cámara de Diputados, un informe trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Asimismo, deberá reportar las disponibilidades que se registren el trimestre que corresponda.”
En ese sentido y como es de su conocimiento el día 27 de mayo pasado, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico en la cual se adoptó el acuerdo F2186/CT/EXT/ll/2.3, el cual señala que: “Con el propósito de que se rinda el informe correspondiente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Transitorio Décimo Quinto último párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 se acuerda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, presentará a la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación, información sobre la gestión realizada por las Entidades Federativas en relación al Fideicomiso 2186, así mismo el Fiduciario presentara de manera trimestral un informe sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FREF)y las disponibilidades que se registren al trimestre que corresponda”.
Derivado de lo anterior, el día 18 de octubre de 2011, se recibió en esta Dirección General del Fonden, el oficio número DF/SADF/153000/262/2011 de fecha 11 de octubre de 2011, por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, el cual hace referencia al informe detallado de los recursos ejercidos y comprometidos al 30 de septiembre de 2011, que corresponde al tercer trimestre del ejercicio del presente año, del presupuesto del “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y los recursos disponibles”.
En razón de lo anterior y en cumplimiento a tales obligaciones y de conformidad con el acuerdo referido, me permito adjuntarle copia del informe en mención, a fin de por su amable conducto sea remitido a la honorable Cámara de Diputados dando cabal cumplimiento con lo dispuesto por el último párrafo del artículo antes mencionado (Anexo l).
Asimismo, me permito enviarle con ese mismo fin copia del cuadro de seguimiento de los Convenio de Coordinación, mismo que refleja a la fecha los instrumentos que al día de hoy se han suscrito, de acuerdo con lo previsto por el artículo 22 de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicadas el día 3 de diciembre de 2010, en el Diario Oficial de la Federación, y que a la vez constituye un requisito indispensable para poder acceder a los recursos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, según lo establecido en las Reglas de Operación del mismo (Anexo 2).
Sin otro particular, y agradeciendo la atención al presente, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.
Atentamente
México, DF, a 18 de octubre de 2011.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), Director General del Fonden.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
SECRETARIA DE ECONOMIA
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número 100.2011.DGE.824, el ciudadano Rodrigo Ortega Cajigas, director general de Enlace de la Secretaría de Economía, envía el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2011 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se cita, en forma impresa y medio magnético.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 21 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Con fundamento en lo señalado en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en cumplimiento de los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y 181 y 285 de su Reglamento (RLFPRH), solicito atentamente su valiosa intervención a fin de enviar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2011 sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esta secretaría.
Los fondos y programas son
• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
• S017 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad
• S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología
• U002 Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginadas
• U003 Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales
• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera
• U005 Fondo Sectorial de Innovación
No omito señalar que con arreglo al artículo 181 del RLFPRH, los resultados deben presentarse a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre, lo que para el presente caso se cumple el 21 de octubre de 2011.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Rodrigo Ortega Cajigas (rúbrica), dirección general de Enlace.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
TIEMPOS OFICIALES DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SNM/074/2011, el licenciado Álvaro L. Lozano González, subsecretario de Normatividad de Medios, envía el informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, correspondiente al cuarto bimestre de 2011.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y medio magnético.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 1o. de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, así como a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011.
Sobre el particular, y en atención a lo dispuesto por la fracción X del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle el informe de mérito, correspondiente al cuarto bimestre del año 2011, con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
Aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 27 de octubre de 2011.— Licenciado Álvaro L. Lozano González (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
PRESUPUESTO SUBEJERCIDO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número CP2R2A.-4122, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/ 2223/11, suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de 2011 y el subejercido a la fecha.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente
En respuesta al oficio número SEL/UEL/311/2912/11, por el que se comunica punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Turismo; y de Relaciones Exteriores, así como al de la Procuraduría General de la República, para que remitan a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la notificación del presente punto de acuerdo, un informe detallando el monto subejercido del presupuesto que les fue asignado para el primer semestre del 2011 y el subejercicio que presentan a la fecha, señalando las causas que originaron dicho subejercicio.
Sobre el particular, me permito remitirle el informe de la Procuraduría General de la República, relativo al punto de acuerdo que nos ocupa.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 12 de septiembre de 2011.— Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica), Directora General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.
Informe relativo al subejercicio del presupuesto de la Procuraduría General de la República
Situación a junio
El presupuesto aprobado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Procuraduría General de la República (PGR) para el ejercicio fiscal 2011, es de 11 mil 997.8 millones de pesos. Al 30 de junio se ejercieron 5 mil 618.0 millones de pesos, cifra inferior en 206.8 millones de pesos; es decir, el 3.6 por ciento con relación a la asignación autorizada al mes de junio que ascendió a 5,824.8 millones de pesos.
Las principales causas que originaron el no ejercicio de los recursos obedecieron, principalmente, a lo siguiente:
– En el periodo enero-junio, las erogaciones en materia de servicios personales, registró un ejercicio menor en 0.4 por ciento, toda vez que se registraron 3,864.5 millones de pesos, monto menor en 15.7 millones de pesos con respecto al presupuesto autorizado al periodo de 3,880.2 millones de pesos.
El ejercicio en este capítulo de gasto se destina al pago de sueldos y prestaciones (prima vacacional, seguridad social y seguros, entre otros) de todo el personal adscrito a la Procuraduría General de la República.
• Al corte, se encontraba en proceso pagos a terceros institucionales cuyas fechas de entero se realizan en base al calendario establecido para cada uno de ellos, que es posterior a la fecha de 30 de junio; de los pagos destacan: el Impuesto sobre la Renta (15R), aportaciones al ISSSTE, fundamentados en la Ley del ISR y del ISSSTE, respectivamente; así como el pago de los seguros de personal de categorías ubicadas en riesgo, agentes del Ministerio Público Federal y agentes federales de Investigación.
• Se debe destacar que en este rubro de gasto se han generado economías ocasionadas por las vacancias en la plantilla de personal, las cuales por diversas circunstancias, pero de manera esencial, derivado del proceso particular que significa ingresar a la Procuraduría enmarcado en los exámenes de control de confianza.
– En materiales y suministros se ejercieron 209.3 millones de pesos, monto menor en 19.7 por ciento (51.3 millones de pesos) con respecto al presupuesto autorizado al mes de junio que ascendió a 260.6 millones de pesos.
Las principales causas que explican la variación son las siguientes:
• Pago los materiales de papelería en proceso, así como lo correspondiente al suministro de combustible para las diversas áreas centrales de la Procuraduría, de lo cual la facturación se encuentra en etapa de conciliación entre el área que administra el contrato y el prestador del servicio.
• Retraso en los procesos licitatorios para la adquisición de materiales y suministros que requiere la institución para cumplir sus actividades de procuración de justicia. Por tal motivo, el recurso pendiente de ejercer responde, principalmente, al desfasamiento de pagos, mismos que se van normalizando durante el tercer trimestre del año.
• Desfasamiento en los pagos a proveedores debido al incumplimiento en las clausulas y condiciones establecidas en los contratos y/o pedidos. Por ello, los prestadores de bienes y/o servicios se hacen sujetos a la aplicación de sanciones y al cobro de penalizaciones. En este punto es importante destacar que por el impacto presupuestario, se han realizado reuniones de trabajo aclaratorias y conciliatorias con los proveedores, a fin de agilizar los pagos pendientes y lograr la regularización de los servicios.
– En servicios generalesse ejercieron mil 320.8 millones de pesos, monto menor en 8.7 por ciento (126.6 millones de pesos) con respecto al presupuesto autorizado que ascendió a mil 447.4 millones de pesos.
Al ser la Procuraduría una institución en la que una de sus principales responsabilidades es el combate permanente contra la delincuencia en sus diferentes modalidades, los viáticos y pasajes son imprescindibles para el desarrollo de las actividades sustantivas; por tal motivo, ocupan un lugar relevante en el gasto de este capítulo.
Las principales causas que explican la variación son las siguientes:
Los recursos no ejercidos derivan entre otras cosas de los tiempos necesarios para la realización de las licitaciones, mismas que inician su proceso en los primeros meses del año. Tal es el caso del contrato de vigilancia plurianual y el contrato de mantenimiento de equipo especializado para la Seguridad Institucional, que al mes de junio se encontraban pendientes de formalizar. Una vez formalizados se procede a la programación de los pagos de conformidad con la recepción de bienes y/o servicios contratados.
La facturación relativa a mantenimiento a vehículos automotores, así como a pagos por concepto de derechos de control vehicular, se encontraban en trámite de pago.
Asimismo, existe un saldo correspondiente a pasajes aéreos, debido a que al corte al mes de junio, se encontraba documentación en proceso de validación y conciliación con las diferentes unidades administrativas de la Procuraduría General de la República.
Por otra parte, existe un desfasamiento en los pagos a prestadores de servicios que por incumplimiento en las clausulas y condiciones establecidas en los contratos y/o pedidos, se hacen sujetos a la aplicación de sanciones y al cobro de penalizaciones. Lo anterior atrasa la conciliación y por ende, la facturación y los pagos.
– En el rubro de gasto transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,se registró un menor ejercicio presupuestario del orden de 10.4 millones de pesos, cifra que representó un gasto menor en 24.7 por ciento del presupuesto autorizado a junio.
A través de este capítulo de gasto se cubren las aportaciones a organismos internacionales con los que la PGR tiene convenios o es miembro; becas que otorga el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal, pasajes en prácticas con fines de estudio, gastos para apoyar a los becarios Incluyendo su traslado y alimentación.
La variación se explica porque se han desfasado los requerimientos de aportaciones por parte de los organismos internacionales, principalmente, derivados de acuerdos, convenios o tratados internacionales para atender los compromisos contraídos por la institución.
– En bienes muebles, inmuebles e intangibles,el presupuesto ejercido fue menor en 1.7 por ciento con relación al presupuesto autorizado, toda vez que se ejercieron 65.3 millones de pesos de los 66.4 millones de pesos modificados al mes.
• La variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto autorizado se explica porque se encontraba en proceso de autorización una cartera de inversión relacionada con la adquisición de equipo de seguridad para algunos inmuebles de la Procuraduría.
• Asimismo, se encontraban en trámite de adquisición archiveros para el armado de estaciones de trabajo.
– En inversión pública,se observó un ejercicio menor en 1.3 por ciento, toda vez que se ejercieron 126.4 millones de pesos con respecto al presupuesto modificado autorizado en este rubro (128.1 millones de pesos).
– La variación responde a que se encontraban en trámite de revisión las estimaciones por concepto de supervisión de obra relativa a los trabajos realizados en los inmuebles ubicados en Los Mochis y Culiacán, en estado de Sinaloa; Rio Amazonas 43, Paseo de la Reforma 211-213, y un edificio anexo, en la Ciudad de México, principalmente.
Situación al mes de agosto
Al 31 de agosto se ha ejercido un presupuesto de 7 mil 166.7 millones de pesos, cifra inferior en 504 millones de pesos respecto del presupuesto modificado; es decir, el 6.6 por ciento con relación a la asignación autorizada al mes de agosto que ascendió a 7 mil 670.7 millones de pesos. – En el periodo enero-agosto, las erogaciones en materia de servicios personales, registró un ejercicio menor en 6.2 por ciento, toda vez que se registraron 4 mil 930.6 millones de pesos, monto menor en 327 millones de pesos con respecto al presupuesto autorizado al periodo que ascendió a 5 mil 257.6 millones de pesos.
• En el corte al mes de agosto el presupuesto ejercido es menor al modificado, porque al cierre del mes se estaba en proceso de pago los terceros institucionales, cuyas fechas de entero se realizan en base al calendario establecido para cada uno de ellos; de los pagos destacan el impuesto sobre la renta (ISR), aportaciones al ISSSTE, fundamentados en la Ley del ISR y del ISSSTE respectivamente, así como el pago de los seguros de personal de categorías ubicadas en riesgo, agentes del Ministerio Público Federal y agentes federales de Investigación.
• Es importante destacar que al mes de agosto, se tenían en proceso de autorización tres adecuaciones presupuestarias relativas al incremento salarial al personal operativo y de categorías, cuyo ejercicio estaba sujeto a la autorización de dichas adecuaciones presupuestarias registradas en el módulo de adecuaciones presupuestarias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por otra parte, se destaca que en este capítulo de gasto se contemplaron recursos del orden de 178.1 millones de pesos para el pago de nóminas extraordinarias, derivados de la rotación de personal e incorporación de servidores públicos a la Procuraduría General de la República. En los primeros días del mes de septiembre se liquidaron en su totalidad estos recursos con la emisión de las nóminas correspondientes.
– En materiales y suministrosse ejercieron 301.1 millones de pesos, monto menor en 8 por ciento (26.1 millones de pesos) con respecto al presupuesto autorizado al mes de agosto que ascendió a 327.1 millones de pesos.
La variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto autorizado, obedece a que al cierre del mes que se informa, se encontraban en proceso de pago diversas facturas de papelería, así como lo correspondiente al suministro de combustible para las diversas áreas centrales de la Procuraduría.
Es importante destacar que en el marco de este capítulo de gasto se observa una disminución del saldo en 11.8 puntos porcentuales, al pasar de 19.8 por ciento del mes de junio al 8 por ciento del mes de agosto. Los recursos disponibles a la fecha se aplicarán a cumplir el total de los compromisos contractuales formalizados, por lo cual no se estima registrar subejercicio al final del ejercicio presupuestario.
– En servicios generalesse ejercieron mil 643.8 millones de pesos, monto menor en 8.3 por ciento (149.2 millones de pesos) respecto al presupuesto autorizado que ascendió a mil 793 millones de pesos.
La variación obedece a un desfasamiento en los pagos a proveedores debido esencialmente al incumplimiento en las clausulas y condiciones establecidas en los contratos y/o pedidos, principalmente, los servicios relativos a sistemas informáticos de carácter integral, lo que obliga a realizar conciliaciones con los prestadores de servicios, retrasando la facturación y pago de los mismos.
– En el rubro de gasto transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,se registró un menor ejercicio del orden de 1.2 millones de pesos, cifra menor en 1.9 por ciento respecto del presupuesto autorizado al mes.
• La variación se explica porque al mes de agosto, en los cursos de formación inicial a Policía Federal Ministerial impartidos por el Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal (ICAP), se han presentado bajas de estudiantes. Adicionalmente, se ha disminuido el traslado de personas por parte de la Agencia Federal de Investigación, derivado del apoyo interinstitucional que se tiene por parte de la Secretarías de Seguridad Pública Federal, de Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.
– En bienes muebles, inmuebles e intangibles, el presupuesto ejercido fue menor en 0.6 por ciento con relación al presupuesto autorizado, toda vez que se ejercieron 68.3 millones de pesos de los 68.7 millones de pesos modificados al mes.
– En inversión pública,se observó un ejercicio menor en 0.1 por ciento, toda vez que se ejercieron 161.2 millones de pesos con respecto al presupuesto modificado autorizado en este capítulo de gasto que ascendió a 161.3 millones de pesos.
En general, el atraso en el ejercicio del gasto en los capítulos de gasto distintos de los servicios personales obedece, esencialmente, a las conciliaciones que se deben realizar entre los prestadores de bienes y servicios y la Procuraduría. Lo anterior retrasa la facturación y por ello el pago correspondiente.
Actualmente se están llevando a cabo reuniones de trabajo específicas con algunos prestadores de bienes y servicios con la intención de agilizar estos procesos de conciliación y avanzar en la ejecución del gasto en los calendarios programados.
México, DF, a 8 de septiembre de 2011.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
SITIOS HISTORICOS Y SAGRADOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-3709 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Cara Cecilia Pineda Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 310 suscrito por el licenciado Joaquín Blanes Casas, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.
Atentamente
México, DF, a 24 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de laSecretaría de Gobernación. Presente.
Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/3396/11, mediante el cual se comunicó el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 22 de septiembre pasado, en el que exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que instruya a los titulares de diversas secretarías, entre las que se encuentra esta dependencia, a fin de que se revisen todas aquellas concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.
Al respecto, comunico a usted que se ha tomado debido conocimiento del referido punto de acuerdo, siendo importante resaltar lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en la fracción XXIX del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en el precepto 1 y la fracción VI del artículo 7 de la Ley Minera, corresponde a la Secretaría de Economía el otorgar concesiones y asignaciones mineras, al igual que resolver sobre su nulidad o cancelación o la suspensión e insubsistencia de los derechos que deriven de las mismas.
En este tenor, en cuanto a las obligaciones de los concesionarios, la cancelación, la nulidad, las suspensiones e insubsistencia de los derechos de las concesiones, la Ley Minera se dispone:
“Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a:
...
IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente;
...”
“Artículo 42.- Las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por:
I. Terminación de su vigencia;
II. Desistimiento debidamente formulado por su titular;
III. Sustitución con motivo de la expedición de nuevos títulos derivados de la reducción, división, identificación o unificación de superficie amparada por concesiones mineras;
IV. Comisión de alguna de las infracciones señaladas en el artículo 55 de esta ley, o
V. Resolución judicial.”
“Artículo 43. El derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta ley se suspenderá cuando éstos:
I. Pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o
II. Causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada.
Si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente, la secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de las obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad por adoptarse dentro del plazo que al efecto fije. De no cumplirse en el plazo señalado, ordenará la suspensión definitiva de tales obras y trabajos.”
“Artículo 45. Las nulidades señaladas por el artículo 40, fracciones I y III, así como la suspensión o insubsistencia a que se refieren los artículos 43 y 44, fracciones I a V, se resolverán a petición de parte afectada mediante el procedimiento que determine el reglamento de la presente ley.
Las nulidades, las cancelaciones a que alude el artículo 42, fracción IV, las suspensiones e insubsistencia, se declararán por la secretaría, previo respeto de la garantía de audiencia a la parte afectada dentro de un plazo de 60 días naturales, transcurrido el cual dictará resolución.”
“Artículo 54. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley se sancionarán con la cancelación de la concesión o asignación mineras o multa.
Las infracciones serán sancionadas administrativamente por la secretaría.”
“Artículo 55. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:
I. Efectuar al amparo de la misma la explotación de minerales o sustancias no sujetos a la aplicación de la presente ley;
II. No ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos por esta ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su reglamento;
...
V. ...no rendir al Servicio Geológico Mexicano los informes semestrales a que se refiere el artículo 27, fracción X, de esta ley;
VI. No sujetar las obras y trabajos de exploración o de explotación de carbón en todas sus variedades en terrenos amparados por asignaciones petroleras a las condiciones técnicas que fije la secretaría;
VII. Realizar las obras y trabajos previstos por esta ley sin las autorizaciones que señala el artículo 20 de la presente ley;
...
X. Recuperar, almacenar, transportar y prestar servicio de entrega del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral a que se refiere el artículo 19, fracción XIII, de esta ley, simulando sin realizar las actividades para las que fue otorgada la concesión;
...
XII. Omitir información respecto al gas no asociado a los yacimientos de carbón mineral descubierto en las fases de exploración y explotación de los yacimientos de dicho mineral, o
XIII. Perder la capacidad para ser titular de concesiones.
...
Se sancionará con la cancelación de la asignación minera que corresponda cualquiera de las infracciones previstas por las fracciones II, III, VI o VII anteriores, en lo conducente.”
Como bien puede apreciarse de lo expuesto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), no cuenta con facultades para revisar todas aquellas concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas, como se exhorta en el punto de acuerdo de mérito.
La facultad de esta dependencia se centra en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, lo que realiza a través de la Inspección Federal del Trabajo y de las delegaciones federales del trabajo, como instancias normativa y operativa respectivamente, en los términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y por el artículo 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), de conformidad con la distribución de competencias prevista en la fracción XXXI, apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los preceptos 527, 527 -A y 529 de la LFT, incluyéndose a la rama industrial minera en la aplicación de las normas de trabajo que realicen las autoridades federales.
Así, los inspectores federales del trabajo tienen el deber de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene; además de sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, así como sugerir la adopción de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente.
La propia LFT y el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, establecen el procedimiento y las sanciones que se imponen a los patrones que violen, no cumplan, ni observen las medidas o preceptos legales sobre seguridad e higiene.
De hecho, el artículo 512-D de la LFT, establece que si aplicadas las sanciones subsistiera la irregularidad, la STPS, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva; sin embargo, en ningún precepto se señala que la STPS como resultado de la inspección o sin ella, pueda revisar las concesiones que en materia de minas hayan sido otorgadas.
No obstante lo anterior, la STPS consciente de la importancia que implica el que los centros de trabajo cuenten con condiciones seguras que permitan a los trabajadores realizar sus actividades libres de riesgo, se ha coordinado con la Secretaría de Economía (SE) y otros órganos de gobierno, a efecto de desahogar operativos de inspección conjuntos en empresas que por su alto nivel de peligrosidad así lo requieran, como fue el caso del operativo realizado en este año a minas subterráneas de carbón, en la que participaron, además de la STPS y la SE, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Este programa tuvo por objeto identificar e inspeccionar minas subterráneas de carbón, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades participantes ejercieran sus facultades en materia laboral, minera, seguridad social y ambiental, propiciando que los centros de trabajo cumplieran con las condiciones de trabajo, seguridad social, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento en sus instalaciones, y dieran cumplimiento a sus obligaciones de impacto y riesgo ambiental, para prevenir riesgos a los trabajadores que laboren en ellas y evitar afectaciones al ambiente, además de sugerir la adopción de medidas procedentes e imponer las sanciones que correspondieran.
Dicho operativo se inició en mayo de 2011 con una duración de 90 días hábiles, en los que se practicaron 176 inspecciones a 107 centros de trabajo, beneficiando con ello a 2 mil 169 trabajadores. Del desahogo de las diligencias se detectaron 941 violaciones directas, se emitieron 714 medidas, fue restringido el acceso en 34 centros de trabajo y se determinó la suspensión provisional de obras y trabajos mineros en 19 unidades.
Sin otro particular, envió a usted un cordial saludo.
Respetuosamente
México, DF, a 12 de octubre de 2011.— Licenciado Joaquín Blanes Casas (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-3709, signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Cara Cecilia Pinedo Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 112/ 00005446, suscrito por el licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las concesiones para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me permito hacer referencia a su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3394/ 11, mediante el cual hizo del conocimiento de esta unidad administrativa el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión del 22 de septiembre de 2011, relativo a todas las concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.
Al respecto, anexo al presente copia del oficio número SGPA./ DGIRA/ DG/ 8176, suscrito por el licenciado Alfonso Flores Ramírez, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, mediante el cual da respuesta a lo solicitado en el punto del acuerdo referido.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 31 de octubre de 2011.— Licenciado Wilehaldo David Cruz Bressant (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Licenciada María del Consuelo Juárez Mendoza, directora General Adjunta de Legislación y Consulta de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat.— Presente
El presente se emite en atención de su oficio número 112/ 00005035, de fecha 11 de octubre de 2011, dirigido al licenciado Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, y remitido a la Dirección General de Impactó y Riesgo Ambiental (DGIRA) el 13 de octubre de 2011, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la sesión del 22 de septiembre de 2011, que a la letra dice:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a instruir a los secretarios de Gobernación, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Reforma Agraria, y del Trabajo y Previsión Social, así como al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que se revisen todas las concesiones otorgadas para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas.
En atención de su oficio y pronunciándonos únicamente respecto a las atribuciones de la DGIRA, se hace de su conocimiento que derivado de la búsqueda realizada en los acervos documentales de esta dirección general, no han ingresado en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental proyectos para la exploración y explotación de recursos mineros en terrenos donde se localizan lugares sagrados, centros ceremoniales y sitios históricos de los pueblos indígenas. Por tanto, no se ha emitido autorización alguna al respecto.
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Alfonso Flores Ramírez (rúbrica), director general de Impacto y Riesgo Ambienta.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remiten a la Comisión de Asuntos Indígenas, para su conocimiento.
ESTADO DE VERACRUZ
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2705, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.624/2011, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la crisis cañera veracruzana.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Maestro Carlos Fernando Angula Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente
En atención a su oficio número SEL/UEL/311/495/11, del 18 de febrero de 2011, mediante el cual nos remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, para que por medio de la Sagarpa, la SHCP y la Comisión Nacional del Agua, emitan un programa de respuesta inmediata, con recursos económicos, materiales y humanos para remontar la grave crisis cañera veracruzana, me permito hacerle llegar la siguiente documentación:
Fotocopia del oficio número 412.-775, del 21 de octubre de 2011, elaborado por la Subsecretaría Desarrollo Rural, informando que para el 2011 la Sagarpa apoyó al gobierno del estado de Veracruz con 64.7 millones de pesos para la adquisición de seguros catastróficos con los cuales se aseguraron 611,417 hectáreas de diversos cultivos.
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 de octubre de 2011.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Ingeniero Jorge Zermeño González, coordinador general de Política Sectorial.— Presente.
Me refiero a su oficio número 112.-176 12011, de fecha 14 de marzo del presente, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados “exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por medio de la Sagarpa, la SHCP y la Conagua emitan un programa de respuesta inmediata, con recursos económicos, materiales y humanos para remontar la grave crisis cañera veracruzana”, en virtud de las afectaciones por diversos meteoros climatológicos.
Al respecto, me permito informarle el estatus de la solicitud de apoyo con folio 300523 gestionada por el gobierno del estado de Veracruz en el marco del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) en 2010.
Adicionalmente, en este año el gobierno de Veracruz ha gestionado otras 10 solicitudes de apoyo al componente, de las cuales en dos de ellas se han autorizado recursos por 7 millones 869 mil 330 pesos para atender daños en diversos cultivos, dentro de los cuales se encuentra el cultivo de caña en los municipios de Comapa, Paso de Ovejas y Playa Vicente.
Asimismo, en 2010 la Sagarpa apoyó al gobierno de Veracruz con 45.2 millones de pesos para la adquisición de seguros catastróficos con los cuales se aseguraron 648 mil 26 hectáreas de diversos cultivos. A la fecha, el gobierno del estado ha recibido indemnizaciones de las empresas aseguradoras por un monto de 28.9 millones de pesos de los cuales 2.5 corresponden a daños en cultivos de caña de azúcar.
Para el 2011, la Sagarpa apoyó al gobierno del estado de Veracruz con 64.7 millones de pesos para la adquisición de seguros catastróficos con los cuales se aseguraron 611 mil 417 hectáreas de diversos cultivos. A la fecha, el gobierno del estado ha presentado avisos de siniestros para 61 mil 973 hectáreas. Sin embargo no se ha recibido ninguna indemnización.
No omito menci5narle que otras áreas de la Sagarpa podrían estar llevando acciones encaminadas a atender el mencionado punto de acuerdo, como la Subsecretaría de Agricultura y la Coordinación General de Delegaciones.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 21 de octubre de 2011.— Licenciada Naisheli Figueroa Ruiz (rúbrica), directora de Prevención y Atención a Contingencias Climatológicas.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
PRODUCTORES DE LECHE
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L.61-II-9-3911 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Cara Cecilia Pineda Alonso, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-646/2011 suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la crisis de los productores lecheros nacionales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
En atención a su oficio número SEL/UEL/311/3390/11 del 23 de septiembre de 2011, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión del Congreso de la Unión, el que contiene el siguiente resolutivo:
Se exhorta al gobierno federal para que de inmediato se instale una mesa de diálogo con los secretarios de estado competentes y los ganaderos productores de leche del país, con el objeto de que brinde una solución a la crisis de los productores lecheros nacionales.
Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar la Coordinación General de Ganadería, mediante oficio número 116.00.-9223 con fecha 18 de octubre de 2011, con el cual se da respuesta a la información requerida.
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Salvador Moreno Cerda, director general de Estudios Institucionales de la Coordinación General de Política Sectorial.— Presente.
Con relación a su oficio número 112.2.557/2011, con el cual se da a conocer a esta Coordinación General de Ganadería el punto de acuerdo del Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta al gobierno federal para que instale una mesa de diálogo con los secretarios de estado competentes y los ganaderos, con objeto de que se brinde una solución a la crisis de los productores lecheros nacionales, comunico a usted lo siguiente:
Desde principios del año en curso, se han venido analizando y estableciendo acciones que permitan dar solución a la situación que guarda el sector lechero, caracterizado principalmente por una baja rentabilidad, generada por el incremento de los precios de los insumos alimenticios del ganado y una baja respuesta del precio liquidado por la leche cruda.
Es importante anotar que la problemática del sector lechero es compleja, lo que establece que el reto que se enfrenta no sólo tiene un frente que atacar, sino que requiere de la·actuación integral de las diferentes secretarías federales, para que en el ámbito de la competencia de cada una de ellas se dé respuesta a la problemática, corrigiendo la estructura y no sólo la coyuntura, a fin de romper el círculo vicioso en el que se ha ubicado la lechería mexicana en las últimas décadas.
Como resultado de las negociaciones impulsadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el seno del Comité Nacional Sistema Producto Bovinos Leche para dar atención a la situación actual del mercado de la leche, se encuentran en desarrollo acciones definidas y concertadas con los diferentes actores privados de la cadena productiva, dentro de las que destacan por su impacto en el corto plazo:
Desde el primer semestre de 2011, la Sagarpa impulsó medidas tendientes a impulsar el pago de un mejor precio por la leche cruda y para lo cual transfirió 53 millones de pesos a Liconsa, a fin de influir en un mejor precio al productor, impactando positivamente en el mercado nacional.
Ordenamiento del mercado mediante el retiro de volúmenes de leche sin colocación en el mercado, a fin de equilibrar la oferta y la demanda, mediante el Proyecto Transversal Fondo de Estabilización de la Comercialización de Leche de Bovino (Foleche).
Aunado a propiciar el equilibrio de la oferta y la demanda, este proyecto induce el pago de un precio de indiferencia de la leche, el cual asegura un nivel adecuado de rentabilidad, bajo la premisa de que así, como este sector productivo enfrenta costos de producción globalizados, los precios de la leche cruda deben competir en forma globalizada.
La adhesión a este proyecto está abierta para productores, industrias de la transformación y agentes comerciales que destinen leche a deshidratación, a fin de motivar su retiro temporal del mercado, el apoyo consiste en 1 peso 20 centavos por litro, con una cobertura de 60 millones de pesos.
Este programa operado por la Sagarpa se ve complementado por la participación de Liconsa, empresa a la cual se le transfieren 120 millones de pesos para que deshidrate 50 millones de litros de leche, con cobertura principalmente a pequeños y medianos productores lecheros. A la fecha esta acción ha permitido que el precio liquidado por esa paraestatal a los ganaderos se incremente en 0.60 pesos por litro.
Se inducirá que la leche que sea secada sea incorporada en la época de menor producción a los procesos industriales, sustituyendo producto de importación.
Con objeto de avanzar en la normalización del mercado, principalmente a fin de que se haga un uso adecuado de las denominaciones de productos y se informe al consumidor de las diferencias de los productos en el mercado, para que con base en ésta, en su poder adquisitivo y preferencias, establezca sus compras.
En este sentido se revisó la norma de yogurt y se trabaja en la revisión de la norma de leche fluida y bebidas que contienen leche o fracciones de ésta. En breve se hará lo propio con las relativas a quesos.
En paralelo se canalizarán recursos para que se realicen acciones de difusión e información al consumidor, mediante campañas genéricas de impulso al consumo de leche.
También se trabaja con diferentes gobiernos estatales, a fin de coordinar la aplicación de recursos de coejercicio, para apoyar la conclusión de obras y equipamiento de plantas de transformación de lácteos, propiedad de productores, para que los ingresos de éstos se vean complementados con el valor agregado de los procesos de transformación industrial.
Con objeto de avanzar en la disposición de esquemas de apoyo para dar mayor certeza de rentabilidad a los productores de leche y ante el elevado costo del manejo de coberturas de precios de leche, se diseña una propuesta de un seguro de cobertura de margen bruto para leche, vinculado a la relación precio costo, el cual se presentará al Poder Legislativo para que los recursos necesarios para su conformación se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.
Cabe señalar que las acciones en desarrollo en apoyo al sector lechero nacional han venido siendo coordinadas por la Sagarpa, con el respaldo de la Secretaría de la Presidencia de la República y con la participación de las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social, manteniéndose en paralelo una comunicación permanente con las diferentes organizaciones nacionales de productores de leche.
Con base en lo anterior, se determina que el punto de acuerdo del Congreso de la Unión se encuentra en atención.
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 18 de octubre de 2011.— Doctor Everardo González Padilla (rúbrica), coordinador General de Ganadería.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
ESTADOS DE TLAXCALA, PUEBLA, OAXACA Y DE MEXICO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-3830, signado por los diputados Felipe Amadeo Flores Espinosa y Cara Cecilia Pineda Alonso, vicepresidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-647/2011, suscrito por el licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la reactivación productiva del sector agrícola en los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado de México.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente
En atención a su oficio número SEL/UEL/311/3321/11, del 19 de septiembre de 2011, a través del cual nos remite punto de acuerdo aprobado en sesión del honorable Congreso de la Unión, el que contiene los siguientes resolutivos:
Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el marco de sus atribuciones y normas vigentes, acelere el proceso para implementar a través de sus diferentes programas federales, un programa emergente y permanente de apoyo al empleo y la reactivación productiva del sector agrícola de los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Estado de México; asimismo para que por medio del Programa de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero y otras medidas de política pública que considere pertinentes, se apoye a los productores de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado de México afectados por las heladas recientes, mediante acciones que permitan la recuperación de su capacidad productiva, recobrar la liquidez de los productores, dar certidumbre en la comercialización y asegurar el abasto de alimentos a la población.
Sobre el particular adjuntamos a la presente información con las observaciones y comentarios que sobre el tema nos hizo llegar las Subsecretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, con los oficios W 310.-001875 del 4 de octubre, 412.-768 del 20 de octubre de 2011, con el cual se da respuesta a la información requerida.
Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, 21 de octubre de 2011.— Licenciado Salvador Moreno Cerda (rúbrica), director general adjunto de Estudios Interinstitucionales.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Salvador Moreno Cerda, Director General Adjunto de la Coordinación General de Política Sectorial.— Presente.
En referencia al oficio número 112.2.-542/2011, de fecha 28 de septiembre del año en curso, enviado al licenciado Mariano Ruiz Funes Macedo, subsecretario de Agricultura, con relación al punto de acuerdo aprobado en sesión del honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación transcribo:
Se exhorta al gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en el marco de sus atribuciones y normas vigentes, acelere el proceso para implementar a través de sus diferentes programas federales, un programa emergente y permanente de apoyo al empleo y la reactivación productiva del sector agrícola de los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado de México; asimismo que por medio del Programa de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero y otros medidas de política publica que consideren pertinentes, se apoye a los productores de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado de México afectados por las heladas recientes, mediante acciones que permitan la recuperación de su capacidad productiva, recobrar la liquidez de los productores, dar certidumbre en la comercialización y asegurar el abasto de alimentos a la población.
Al respecto le informo que se anunció un paquete para apoyar a los agricultores cuyos cultivos resultaron afectados, el monto fue por 280 millones de pesos para el estado de Puebla, mientras que en Tlaxcala ya se ha activado el Seguro Agropecuario Catastrófico en la modalidad Zona de Producción mismo que tiene cubiertas 86 mil 434 has con una suma asegurada de 110 millones de pesos en una primera fase. Con relación a los estados de México y Oaxaca, se está analizando la modalidad de apoyo a la contingencia.
De antemano le agradezco por su atención a la presente, sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 4 de octubre de 2011.— Ingeniero Simón Treviño Alcántara (rúbrica), director general de Fomento a la Agricultura.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Salvador Moreno Cerda, director general adjunto de Estudios Interinstitucionales de la Sagarpa.— Presente.
Hago referencia a su similar número 112.2.541/2011 en el que anexa el punto de acuerdo aprobado por el pleno de Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre del presente año, mismo que cito, en lo correspondiente al ámbito de competencia de esta Dirección General:
Quinto. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que por medio del Programa Atención a Desastres Naturales en el sector agropecuario y pesquero y otras medidas de política pública que considere pertinente, se apoye a los productores de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y estado de México afectados por las heladas recientes, mediante acciones que permitan la recuperación de su capacidad productiva, recobrar la liquidez de los productores, dar certidumbre en la comercialización y asegurar el abasto de alimentos a la población.
A fin dar atención al requerimiento antes mencionado, pongo a su consideración la siguiente información, en el marco del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena), que opera esta Dirección General, por lo que no se estaría informando sobre los apoyos otorgados a la entidad en relación a la atención de los daños por heladas en el marco de otros programas que opera la Sagarpa.
La Sagarpa opera a partir de este 2011, el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos (Cadena), el cual tíene como antecedentes, la operación del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC) de 2008 a 2010 y al Fondo para atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas cuya operación abarcó del 2003 al 2007. Con este programa, la Sagarpa apoya a productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas atípicas, relevantes, no recurrentes e impredecibles. Para lograr dicho objetivo, se opera en dos vertientes, mediante el apoyo para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos (SAC) o mediante apoyos directos para superficies, sectores o regiones no aseguradas.
En lo que corresponde a la adquisición de SAC, la Sagarpa, a través del Cadena apoyó a los gobiernos estatales para la adquisición de un seguro agrícola catastrófico con el que se diera protección en caso de suceder diversos fenómenos climatológicos (lluvia, helada, sequía, granizada, inundación, ciclón) que eventualmente pudiesen afectar superficie agrícola o unidades animal de productores de bajos ingresos (máximo de 10 has por productor en cultivos anuales, hasta 5 hectáreas por productor en frutales y hasta 45 unidades animal por productor). En este esquema de operación, en caso de suceder algún fenómeno climatológico catastrófico que ocasione pérdidas totales en los términos de la cobertura contratada, la compañía aseguradora procede a indemnizar el recurso correspondiente al estado para que éste a su vez lo haga llegar a la población afectada.
Al respecto, en lo que corresponde al SAC contratado en el marco del componente en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y estado de México, le informo lo siguiente.
Puebla: Se contrató un portafolio de aseguramiento en 2011 con el que se protegen 645 mil 551 hectáreas de cacahuate, cebada, frijol, haba, maíz, sorgo y trigo (P-V Temporal), maíz (Ol-Temporal y Riego) y café. De esta superficie 54 mil 740 hectáreas de maíz PV-Temporal se encuentran protegidas en caso de ocurrir sequía, granizo y lluvia en 45 municipios, bajo un esquema tradicional; 211 mil 679 hectáreas de cebada, frijol, maíz y sorgo PV-Temporal se encuentran protegidas en caso de ocurrir baja precipitación (sequía) y exceso de humedad en 144 municipios, bajo un esquema paramétrico; 379 mil 132 hectáreas de maíz Ol-Riego, maíz Ol-Temporal, maíz y Sorgo PV-Riego, cacahuate, cebada, frijol, haba, maíz, sorgo y trigo PV-Temporal y café temporal se encuentran protegidas en caso de ocurrir sequía, huracán, ciclón, tornado, vientos fuertes, inundación, exceso de humedad, granizo, heladas y bajas temperaturas en 172 municipios, bajo un esquema de zonas de producción.
Actualmente el gobierno de Puebla ya dio aviso de siniestro a la empresa aseguradora para 74 mil 189 hectáreas aseguradas las cuales se encuentran en proceso de inspección de daños, y ha recibido indemnizaciones de alrededor de 49.0 millones de pesos del seguro agrícola, para la atención de 40 mil 880 hectáreas.
Oaxaca: Se contrató un SAC en 2011 con el que se protegen 688 mil 859 hectáreas de ajonjolí, maíz, frijol, sorgo y trigo (PV Temporal), ajonjolí, maíz, frijol, sorgo y trigo (PV Riego), ajonjolí, maíz, fríjol, sorgo y trigo (01 Temporal), ajonjolí, maíz, fríjol, sorgo y trigo (Ol Riego), café, limón, mango y plátano (Perennes Temporal), limón, mango, papaya y plátano (Perennes Riego) en caso de ocurrir granizo, helada, sequía, inundación y vientos en 553 municipios, bajo un esquema tradicional.
A la fechan, el gobierno del estado no ha dado aviso de siniestro a la aseguradora y no se generado indemnizaciones.
Tlaxcala: Para 2011 el gobierno de Tlaxcala se adhirió a un portafolio de aseguramiento para proteger 169 mil 283 hectáreas de las cuales bajo el esquema paramétrico se encuentran 82 mil 849 hectáreas del ciclo P-V Temporal (cebada y maíz) con el cual se protegen los riesgos asegurados de baja precipitación y exceso de humedad. Las 86,434 has restantes se encuentran bajo el esquema de zonas de producción para el ciclo PV Riego (frijol y maíz) y P-V Temporal (canola, cebada, frijol, haba, maíz y trigo) para los riesgos como sequía, huracán, ciclón, tornado o vientos fuertes, inundación, exceso de humedad, granizo, heladas y bajas temperaturas, este seguro fue contratado con recursos federales y estatales, para los 60 municipios de la entidad.
A la fechan, el gobierno del estado no ha dado aviso de siniestro a la aseguradora y no se generado indemnizaciones.
Estado de México: En el caso del seguro agropecuario catastrófico en 2011, el gobierno del estado de México contrató un portafolio de aseguramiento para proteger 100 mil hectáreas del ciclo P-V temporal (maíz) contra riesgos como la sequia, heladas, inundación, granizo, huracán, ciclón, tornado y vientos fuertes, este seguro fue contratado con recursos Federales y Estatales, para 89 municipios de la entidad.
Actualmente el gobierno del estado de México ya dio aviso de siniestro a la empresa aseguradora para las 10,000 hectáreas aseguradas que se encuentran en los 89 municipios que tienen cobertura del seguro agrícola catastrófico. A la fecha, se generaron indemnizaciones por 24.5 millones para la atención de 20 mil 429 hectáreas.
Para aquellos municipios, cultivos o superficie no cubierta por el seguro o bien cuando la afectación rebase la cobertura del seguro, se tiene la posibilidad de acceder a los apoyos directos. Al respecto, le informo de la situación de las cuatro entidades federativas en cuanto a su gestión vía apoyos directos.
Puebla: Se radicaron recursos al gobierno del estado por 4.7 millones de pesos federales, a ejercerse en coparticipación con recursos estatales por el mismo monto, en atención de 7 mil 549 hectáreas de más de 2 mil 700 productores en los municipios de San Juan Atenco y Chignahuapan. Asimismo, se está en espera de que se presente la evaluación de daños y solicitud de recursos por parte del gobierno estatal, a más tardar el 21 de octubre, para la corroboración de helada emitida por la Conagua para 41 municipios del estado, éstos son Acajete, Aljojuca, Amozoc, Aquixtla, Atzitzintla, Calpan, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chiautzingo, Chignahuapan, Domingo Arenas, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huejotzingo, Ixtacamaxtitlán, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Nealtican, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Rafael Lara Grajales, San Felipe Teotlalcingo, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás Buenos Aires, San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Seco, San Salvador el Verde, Soltepec, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepeyahualco, Tlachichuca, Tlatlauquitepec, Zacatlán y Zautla.
Oaxaca: No ha iniciado ningún proceso de gestión para acceder a los apoyos directos del componente.
Tlaxcala: Se radicaron recursos al Gobierno del Estado por 1.4 millones de pesos federales, a ejercerse en coparticipación con recursos estatales por el mismo monto, en atención de mil 394 hectáreas de 530 productores en el municipio de Altzayanca. Asimismo, se está en espera de que se presente la evaluación de daños y solicitud de recursos por parte del gobierno estatal, a más tardar el 13 de noviembre para la corroboración de helada emitida por la Conagua para 26 municipios del estado, éstos son Altzayanca, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Atlangatepec, Benito Juárez, Calpulalpan, Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Lázaro Cárdenas, Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Panotla, San Damián Texoloc, San Lucas Tecopilco, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Cruz Tlaxcala, Terrenate, Tlaxcala, Ttaxco, Totolac, Xaltocan, Yauhquemecan.
Estado de México: el gobierno del estado de México solicitó a la Conagua la corroboración de helada en los municipios de Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Apaxco, Atenco, Atizapán, Atlacomulco, Axapusco, Calimaya, Coatepec Harinas, Chapa de Mota, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Donato Guerra, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jaltenco, Jilotepec, Jilotzingo, Jiquipilco, Jpcotitlán, La Paz, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, Otumba, Otzolotepec, Papalotla, Polotitlán, Rayón, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, San Mateo, Atenco, Soyaniquilpan de Juárez, Tecámac, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Tenango del Valle, Teoloyucán, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Timilpan, Toluca, Villa de Allende, Villa del’ Carbón, Villa Victoria, Xonacatlán, Zinacantepec, Amecameca, Ayapango, Capulhuac, Cocotitlán, Coyotepec, Chalco, Chapultepec, Joquicingo, Juchitepec, Naucalpan de Juárez, Temascaltepec, Tenango del Aire, Texcaltitlán, Texcalyacac, Tlalmanalco, Tonanitla, Tultepec, Valle de Bravo, Xalatlaco, San José del Rincón y Zumpango. Una vez que se cuente con el Diagnóstico Climatológico de la CONAGUA que corrobore la ocurrencia del fenómeno, el Gobierno del Estado deberá presentar la relación de productores afectados y que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en la normatividad para la autorización del apoyo federal en coparticipación con recursos estatales.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Ingeniero Víctor Celaya del Toro (rúbrica), director general de Estudios para el Desarrollo Rural.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
DISCRIMINACION CONTRA MUJERES
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-3-1775 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Laura Arizmendi Campos, presidente y secretaría, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPEVM/474/2011 suscrito por la maestra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como erradicar la violencia institucional.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente
En referencia al oficio número SEL/UEL/311/322S/11 de fecha 12 de septiembre de 2011, mediante el cual se hace del conocimiento del punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión que exhorta a los tres órdenes de gobierno a crear, implementar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al respecto, por medio del presente me permito informarle sobre las estrategias que este Órgano Desconcentrado ha impulsado sobre los temas de referencia.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su calidad de Unidad de Género de la Secretaría de Gobernación tiene como objetivo, entre otros, garantizar la perspectiva de género como criterio fundamental en el diseño de los planes, programas, proyectos y presupuestos de la dependencia, así como transformar la cultura institucional bajo un enfoque de equidad de género que combata la discriminación y promueva la igualdad entre mujeres y hombres al interior de la dependencia.
En este sentido, desde el año 2009 se han implementado diversas acciones encaminadas a promover la igualdad entre los géneros, entre las que se encuentran:
• Creación del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Gobernación, el cual se adhiere al cumplimiento de la política nacional de igualdad, a través de la transversalidad de género en los principales ejes y temas que forman parte de la identidad institucional.
• Creación del plan de acción de cultura institucional de la Secretaría de Gobernación, el cual da cumplimiento al Programa de Cultura Institucional 2009-2012, cuyas acciones se relacionan con: clima laboral, comunicación incluyente, capacitación y formación profesional, corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional y hostigamiento y acoso sexual.
• Inclusión de la perspectiva de género en el Código de Conducta del personal que labora en la Secretaría, en el que se integró un apartado de igualdad y violencia de género.
• Creación del Mecanismo de atención a casos de hostigamiento y acoso sexual, como parte de las obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal para prevenir, atender y sancionar aquellas conductas que causen perjuicio y daño a su personal con motivos de género.
• Publicación del manual para el uso no sexista del lenguaje y difusión del mismo entre todo el personal de la Secretaría para su consulta y uso de manera cotidiana en el desempeño de sus funciones.
• Capacitación en género a través de talleres, foros y cursos, realizados en diversas unidades administrativas y dirigidos a todo el personal adscrito a la secretaría.
• Seguimiento al ejercicio del presupuesto etiquetado para mujeres y la igualdad de género, asignado a esta Comisión Nacional, elaboración de matriz de indicadores para resultados desde el enfoque de género y creación del programa presupuestario para promover la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
• Certificación de la Secretaría de Gobernación en la Norma para la Igualdad Laboral con 200 puntos, que acreditan las auditorías presentadas por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, AC.
Por otra parte, en lo que respecta al tema de prevención de la violencia institucional, me permito informarle que se impulsa la creación de Centros de Justicia para las mujeres, sus hijos e hijas, en las entidades federativas, con el objetivo de favorecer el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.
Dichos centros concentran bajo un mismo techo instancias gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil, con la finalidad de brindar servicios de manera coordinada a las mujeres víctimas de delitos por razón de género.
Además, permite hacer efectivo y su protección integral de los derechos humanos de las mujeres, al concentrar a personal capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, evitando así la doble victimización y los perjuicios que los vulneran o que por la naturaleza de éstos se pueda trasgredir el acceso a la justicia y el debido proceso.
Sin otro particular, esperando que la información expuesta le sea de utilidad, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 de octubre de 2011.— Maestra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros (rúbrica), comisionada nacional.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
AGRESIONES EN EL NOVIAZGO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL. 61-II-2-1608 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPEVM/540/2011 suscrito por la Maestra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la erradicación de violencia en el noviazgo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo.— Presente
En referencia al oficio número SEL/UEL/311/3230/11 de fecha 12 de septiembre de 2011, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta Comisión Nacional, el Punto de Acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión en el que se exhortaba a los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano, con base en los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional respectiva, a trabajar en la erradicación de la violencia en el noviazgo.
Al respecto, me permito informarle las acciones que este Órgano Desconcentrado ha impulsado, a efecto de contrarrestar la violencia contra las mujeres:
• Con el fin de generar un cambio cultural respecto a la violencia de género, de visibilizar la violencia contra las mujeres; así como de fortalecer audiencias críticas que se asumen socialmente responsables en su derecho de elegir contenidos e imágenes libres de violencia contra las mujeres se desarrolló una estrategia de comunicación que consta de tres etapas, a partir de las cuales se pretende incidir en la construcción de un cambio ‘social desde distintos espacios, a saber:
a) Formulación de campañas.
b) Pacto con los medios de comunicación para promover los derechos humanos de las mujeres, y;
c) Observatorio de medios y generación de contenidos en redes sociales.
La campaña denominada “Visibilización de las formas de violencia hacia las mujeres” enfatizó que el primer paso para la prevención de la violencia consiste en sensibilizar la violencia normalizada, la cual es posible que se desarrolle en cualquier ámbito desde el micro social, inmediato y comunitario, hasta el macro social e histórico.
El mensaje central en la campaña fue: “Todas y todos podemos hacer algo para detener la violencia contra las mujeres” identificando con mensajes breves los estereotipos con los que se normaliza la violencia hacia las mujeres.
La campaña de difusión se desarrolló a través de medios nacionales de comunicación masiva en el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2010 Y el 20 de enero de 2011, difundiendo a través de radio, televisión, cine, en diferentes medios de transporte público (sistema de transporte colectivo metro, metrobús, centrales de autobuses) página de internet y redes sociales.
No obstante, si bien es cierto que la campaña, no atiende de manera directa la violencia en el noviazgo, también lo es que la normalización de ésta, así como las diferentes causas implican conductas de riesgo en la relación. Por ende es importante señalar e identificar aquellas acciones, mensajes y conductas que condicionan el comportamiento estereotipado de las mujeres desde la niñez hasta la edad adulta, para con ello prevenir y erradicar las practicas que violentan los derechos de las mujeres y evitar mantener círculos de agresión que generalmente inician en el noviazgo.
En tal virtud, para la Conavim resulta fundamental sumar esfuerzos entre los diversos sectores involucrados en el tema, a efecto de que los medios de comunicación se transformen en factores socializadores de comportamientos colectivos respetuosos de los derechos de las mujeres, razón por la cual la estrategia de comunicación se propone lo siguiente:
• Impulsar los medios de autorregulación de los medios de comunicación, ya que las mejores prácticas internacionales sugieren que sean los propios medios los que definan los alcances de su actuación, ya que cualquier intervención injustificada de las autoridades puede amenazar la libertad de expresión.
• Creación de observatorios de medios de comunicación, al resultar necesario un permanente monitoreo por parte de las agencias especializadas e independientes, que además permitan evaluar el avance de la estrategia de sensibilización.
• Identificar a los medios de comunicación libres de violencia y reconocer públicamente a los programas, noticieros y comunicadores que busquen erradicar la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, en cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas y, en acatamiento a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano, así como al Programa Nacional y Diagnóstico de Estrategias de Comunicación de Cultura de la No Violencia, a efecto de reducir los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos para acceder a la justicia, esta Comisión Nacional en el ámbito de su competencia, ha desarrollado un modelo integral de servicios y de acceso a la justicia, llamados Centros de Justicia para las Mujeres.
La implantación de este modelo se caracteriza por ser interdisciplinario e interinstitucional especializado en los delitos de género, para proporcionar ayuda concreta e inmediata a las víctimas de violencia, sus hijas e hijos, con el propósito fundamental de lograr que las mujeres tengan acceso real y efectivo a la justicia para ejercer sus derechos con asistencia y protección inmediata, que incluyan servicios de apoyo psicológico, jurídico, judicial, sanitario, educativo, social y comunitario que haga posible a los integrantes del núcleo social básico, encontrar nuevamente el equilibrio en sus relaciones y en sus vidas.
Dichos centros deben proporcionar atención integral a las mujeres y sus menores hijos e hijas en situación de violencia, maltrato, explotación en cualquiera de sus modalidades, marginación o pobreza alimentaria, con la coordinación de las diversas instancias del gobierno estatal, municipal y organizaciones de la sociedad civil.
Sin otro particular, esperando que la información le sea de utilidad, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 de octubre de 2011.— Maestra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros (rúbrica), comisionada nacional.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
ESTADOS DE DURANGO, ZACATECAS, SAN LUIS POTOSI, COAHUILA, CHIHUAHUA Y SONORA
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-3967 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGFI 1636 12011 suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo Nacional de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la emisión de declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 31 de octubre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Carlos Angula Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3514/11, de fecha 30 de septiembre de 2011, dirigido inicialmente a la licenciado Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual informa que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-3967, los diputados Emilio Chuayfett Chemor y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el martes 13 de septiembre de 2011, y cuyo punto resolutivo segundo se reproduce a continuación:
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora por la intensa sequía que ha azotado a dichas entidades federativas.”
Sobre el particular, y considerando que el presente asunto fuera remitido a esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) el martes 4 de octubre de 2011 para efectos de su atención correspondiente, nos permitimos comunicar que aún y cuando el punto de acuerdo que ocupa se compone de dos puntos resolutivos, en el presente oficio únicamente nos pronunciaremos respecto del antes transcrito dentro del ámbito de competencia de la Segob, y de conformidad con el marco jurídico vigente y aplicable al programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden), solicitando atentamente a usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los siguientes pronunciamientos:
• En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), actualmente los tres niveles de gobierno llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante los daños ocasionados por la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores que durante los últimos años han afectado a varias entidades federativas de la República Mexicana. La participación que el gobierno federal tiene en esas tareas, se realiza a través de diversas dependencias, según su ámbito de competencia, de tal suerte que a la Segob, le corresponde la coordinación del programa Fonden.
En ese orden de ideas, comunicamos que si bien es cierto el Fonden es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos de los fenómenos naturales perturbadores, y que en la implementación del instrumento financiero que denominarnos Fonden Reconstrucción la Segob puede emitir declaratorias de desastre natural, con la finalidad de atender diversos fenómenos hidrometeorológicos, entre los que se incluyen las sequías severas, comunicarnos atentamente que las acciones tendientes al otorgamiento de recursos para el sector agrícola y los productores agropecuarios afectados en sus activos productivos, no corresponden a la competencia de la Segob.
De igual manera, precisamos que en la normatividad vigente y aplicable al Fonden, tampoco se prevé expresamente la posibilidad de brindar apoyos económicos o en especie para esos efectos, dado que la participación de este programa federal en materia de Protección Civil se circunscribe a proporcionar el apoyo conducente para la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno perturbador de origen natural en los bienes públicos de competencia federal, o de competencia de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos del Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños producidos por tales fenómenos en las viviendas de la población de bajos ingresos.
Abundando sobre los asertos anteriores, diremos que tales atribuciones fueron conferidas específicamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por virtud de la publicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) (DOF.-7-XII-2001) en cuyo artículo 129 se dispone expresamente que:
“Artículo 129. El gobierno federal, con la participación de las dependencias que considere necesarias el presidente de la República, creará un fondo administrado y operado con criterios de equidad social, para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas.
Con base en los recursos de dicho fondo y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas, se apoyará a los productores afectados a fin de atender los efectos negativos de las contingencias climatológicas y reincorporarlos a la actividad productiva.
A este fondo se sumarán recursos públicos del gobierno federal y de los estados, cuando así lo con vengan, acompañados de los destinados a los programas de fomento.”
En razón de lo anterior, el 31 de diciembre de 2010 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, el cual establece el Programa de Prevención y Manejo de Riesgosque opera la Sagarpa, y que a través de su Componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena). tiene como objetivo específico que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, así como fortalecer la cultura de la prevención de riesgos, siendo su población objetivo precisamente los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por fenómenos naturales perturbadores relevantes.
• En todo caso, puntualizamos que la Sagarpa podrá solicitar apoyos del Fonden cuando los recursos del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos se encuentren ejercidos en su totalidad o resulten insuficientes, atendiendo para esos efectos lo dispuesto en el numeral 26 de los “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales” (en lo sucesivo los Lineamientos de Operación) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011.
Una vez autorizados los recursos correspondientes, la aplicación de los mismos se hará conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.
Notas:
1 Con las cuales declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios, así como a los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden.
2 Su antecedente se encuentra en las “Reglas de Operación del Programa del, Fondo para Atender a la Población Afectada por Contingencias Climatológicas (Fapracc)”, en cuyo artículo 3 se señaló que el objetivo del programa Fapracc sería “apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de aseguramiento público o privado, que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras afectados por contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y reincorporarlos a la actividad productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes transitorias de ingreso; así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del aseguramiento”.
Con anterioridad al programa Fapracc, y en el período de 1995 a 2002, se apoyó a los productores afectados por fenómenos climatológicos extremos, mediante el Fonden, destacándose que las mayores necesidades de apoyo se destinaron al fenómeno de la sequía, en seguida, a las contingencias provocadas por los huracanes y, en tercer término, al fenómeno de las heladas. No obstante, el Artículo Segundo Transitorio de las referidas Reglas del Fapracc, dispuso que las solicitudes de apoyo para el sector agropecuario y pesquero remitidas al Fonden y que a la fecha de la publicación de las Reglas en mención se encontraran en proceso de atención, podrían canalizarse a la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Sagarpa, a fin de que se considerara su apoyo con recursos presupuesta les del Fapracc.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
REUNION DEL G20
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-9-4180, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP- 1922/ 11, suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la celebración de la reunión del G20.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con arreglo a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo a su digno cargo, me permito hacer llegar a usted la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en la sesión del pasado 25 de octubre, el cual remitió para nuestra atención con el oficio número SEL/ UEL/ 311/ 3778/ 11, y que a continuación se describe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que la celebración de la reunión del G20 en el país se realice en fecha posterior al proceso electoral que habrá de celebrarse el próximo año. Asimismo, se le solicita que informe a esta representación la forma con base en la cual se determinarán las fechas para este tipo de reuniones.
Por lo expuesto, ruego a usted que sea el amable conducto para hacer llegar al primer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión la respuesta adjunta que emite esta secretaría.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 1o. de noviembre de 2011.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general de Coordinación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha tomado nota de dicho exhorto y se permite formular las consideraciones siguientes acerca de las fechas en que se celebrará la reunión cumbre del G20 en 2012, así como del procedimiento mediante el cual se programa la realización de este tipo de encuentros:
1. Como se informó en su oportunidad, durante la Cumbre de Líderes de 2010 –realizada en Toronto, Canadá, en junio–los mandatarios de los países que integran el G20 acordaron que México presidiría dicho mecanismo y sería sede de su reunión cumbre en 2012. El acuerdo fue hecho del conocimiento del Senado de la República en tiempo y forma a través del informe de la participación del presidente Felipe Calderón en la cumbre citada, cuyo contenido fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del propio Senado.
2. El G20 no cuenta con una estructura administrativa permanente ni posee lineamientos formales que normen su funcionamiento. Las decisiones de procedimiento, incluida la definición de fechas para realizar los encuentros, se adoptan por consenso de los integrantes. En todos los casos anteriores, las fechas para la celebración de las cumbres de líderes han sido fijadas de común acuerdo, con base en dos criterios centrales. En primer lugar, las tendencias económicas imperantes y su potencial efecto en las perspectivas de crecimiento y desarrollo de los países que forman el grupo, en particular el mayor o menor sentido de urgencia que imponga la situación vigente en la economía global. En segundo lugar, la disponibilidad de espacios en las agendas de los jefes de Estado y de gobierno que forman dicho foro, a fin de propiciar la mayor participación posible por los mandatarios.
3. La flexibilidad imperante en la programación de las reuniones cumbre del G20 puede constatarse mediante una somera revisión de la periodicidad con que se han realizado los encuentros anteriores: Washington, en noviembre de 2008; Londres, en abril de 2009; Pittsburgh, en septiembre de 2009; Toronto, en junio de 2010; y Seúl, en noviembre de 2011. En promedio, dichos encuentros se han celebrado cada seis meses y, en el caso de los tres primeros efectuados a nivel de líderes, durante la etapa inicial de lo que sería una de las más graves crisis financieras globales, con cinco meses de diferencia.
4. Correspondió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en tanto que Sherpa de la participación de nuestro primer mandatario en los encuentros de líderes del G20, realizar las gestiones necesarias para acordar las fechas de la próxima cumbre. La negociación para conciliar las agendas de los jefes de Estado o de gobierno que integran el G20 fue un reto mayor. La cancillería realizó de manera transparente la labor, teniendo como uno de sus objetivos centrales garantizar la presencia del mayor número de líderes en la cumbre que tendrá lugar en México el año entrante. Dado el gran número de cumbres internacionales programadas para ese año cuyas fechas de realización han sido determinadas con antelación, tomó más de tres meses consensuar entre los países participantes las fechas para la celebración de la cumbre del G20 en México.
5. En su comparecencia con motivo del análisis del quinto Informe de Gobierno, la secretaria de Relaciones Exteriores informó al Senado de la República que, como resultado del proceso citado, la Cumbre de Líderes del G20 en 2012 se llevará a cabo el 18 y el 19 de junio en Los Cabos, Baja California Sur. La elección de esta fecha responde tanto a la importancia de dar continuidad al diálogo al más alto nivel a fin de enfrentar la compleja situación por la que atraviesa la economía global como a la disponibilidad de espacios en la agenda de los participantes.
Siete meses de diferencia separarán, por tanto, la Cumbre de Líderes de Cannes, Francia, de la que tendrá lugar en Los Cabos, Baja California. Como se ha señalado, el plazo es congruente con la periodicidad observada en años previos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su voluntad de mantener un diálogo sólido y franco con esa soberanía, como expresó previamente en una carta fechada el 26 de septiembre del año en curso y suscrita de manera conjunta por la canciller, Patricia Espinosa Castellano, y por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña. En esa comunicación también se hizo llegar a los integrantes del Congreso de la Unión una atenta invitación para acompañar al Ejecutivo federal en la Presidencia del G20 mediante la designación de una comisión plural de legisladores. Las dependencias del gobierno federal que participan en la preparación de la cumbre de Los Cabos están convencidas de que el diálogo respetuoso y constructivo con el Poder Legislativo será esencial para que tan importante encuentro cumpla sus propósitos, en particular la promoción de los intereses de México y el diálogo para encontrar soluciones compartidas a los grandes retos de la economía global contemporánea.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.
ESTADO DE TAMAULIPAS
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 61-II-9-3948 signado por los diputados Emilio Chuayffet Chemor y Carlos Samuel Moreno Terán, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-265/2011 suscrito por Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Maestro Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3493/11, de 28 de septiembre de 2011, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, remite copia del punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 27 de septiembre de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo resolutivo cito:
“Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que antes que concluya el presente ejercicio fiscal, dé inicio a la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas, con el propósito de evitar una inundación, pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura industrial y portuaria, a las vías de comunicación, la dispersión de aguas contaminadas, daños patrimoniales y una recesión económica de la región.”
En atención a ello, me permito ofrecer la respuesta que, en términos de lo establecido en el artículo 10o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, obsequió el licenciado Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos, mediante oficio 7.3.2997/2011, de 17 de octubre de 2011, que se adjunta al presente para los fines conducentes.
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de octubre 2011.— Sofía Fernández del Castillo Quintana (rúbrica), encargada de la Dirección General de Vinculación.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Licenciada Sofía Fernández del Castillo Quintana, encargada de la Dirección General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente
Me refiero al oficio número 1.3.-190/2011 de fecha 30 de septiembre de 2011, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el 27 de septiembre de 2011 por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que a la letra dice:
“Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que antes de que concluya el presente ejercicio fiscal, dé inicio a la obra que permita recuperar el cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas, con el propósito de evitar una inundación, pérdida de vidas humanas, daños a la infraestructura industrial y portuaria, a las vías de comunicación, la dispersión de aguas contaminadas, daños patrimoniales y una recesión económica de la región”.
Sobre este particular comunico a usted que con objeto de estudiar y plantear soluciones a la problemática de erosión que se presenta en la zona sur del puerto de Altamira, la Administración Portuaria Integral de Altamira, S A de C V ( Api Altamira) y la Dirección General de Puertos ( DGP), han encomendado al Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas ( UAT) y al Instituto Mexicano del Transporte ( IMT) respectivamente, la realización de estudios y proyectos encaminados a establecer obras de protección que mitiguen los problemas de erosión que se presentan en la zona sur del puerto de Altamira.
La UAT está llevando a cabo trabajos de campo, consistentes en:
• Levantamientos batimétricos trimestrales (durante 1 año) en el frente marítimo de 35 kilómetros, 10 kilómetros hacia el norte a partir de la escollera del mismo nombre y 25 kilómetros hacia el sur a partir de la escollera del mismo nombre.
• Levantamiento de secciones de playa, trimestrales (durante 1 año), en el frente marítimo de 35 kilómetros, 10 kilómetros hacia el norte a partir de la escollera del mismo nombre y 25 kilómetros hacia el sur a partir de la escollera del mismo nombre.
• Muestreo de sedimentos en las zonas levantadas.
• Análisis granulométrico, en laboratorio, de dichos sedimentos.
Los trabajos en cuestión comenzaron en el mes de septiembre de 2011, y serán concluidos en septiembre de 2012.
EI IMT, se encuentra realizando los siguientes estudios:
• Medición de oleaje, corrientes y mareas con equipo autónomo.
• Caracterización del oleaje medio y extremal de la zona de estudio.
Los estudios en cuestión comenzaron en el mes de septiembre de 2011, y serán concluidos en septiembre de 2012.
Asimismo, el lMT, tiene previsto realizar adicionalmente los siguientes estudios:
• Análisis integral de procesos costeros y opciones para la mitigación de los problemas de erosión, mediante la aplicación de modelos numéricos.
• Modelo 2-D de estabilidad para optimar el diseño de la sección transversal de las obras de protección y de los perfiles de playa.
• Modelo 3-D para evaluar y verificar las medidas de solución de los problemas de erosión.
• Proyectos de obras para la estabilización y protección de la playa sur del puerto de Altamira.
Estos últimos 4 estudios, se tiene previsto iniciarlos en el mes de noviembre de 2011 y serán concluidos en noviembre de 2012.
Tomando en consideración la complejidad del fenómeno y sus repercusiones, es necesario completar los estudios antes referidos y en cuanto se tengan los proyectos ejecutivos se procedería a la elaboración del estudio costo-beneficio, para presentarlo a la aprobación de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental para su ingreso a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 17 de octubre de 2011.— Licenciado Alejandro Hernández Cervantes (rúbrica), director general.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
CUBANOS ENCARCELADOS
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4009 signado por el diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP1913/11 suscrito por la licenciada Betina Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al caso de los cubanos Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.
Maestro Carlos Fernando Angula Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Por instrucciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa Cantellano, con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la Unidad de Enlace Legislativo a su digno cargo, me permito hacer llegar a usted la respuesta al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión en la sesión del pasado 6 de octubre, el cual remitió para nuestra atención con oficio SEL/UEL/311/3614/11, y que a continuación se describe:
“ Único. La Cámara de Diputados demanda la liberación de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González, cubanos que fueron injustamente encarcelados por luchar por la paz y en contra del terrorismo hacia su país, que se encuentran en prisión en los Estados Unidos de América, desde hace más de trece años.”
Por lo antes expuesto, ruego a usted ser el amable conducto para hacer del conocimiento del primer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión que el pasado 27 de octubre, esta cancillería –a través de la Dirección General para América del Norte, y mediante nota diplomática– hizo llegar a la embajada de Estados Unidos en México el punto de acuerdo antes citado.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 1o. de noviembre 2011.— Licenciada Betina Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.
DISCRIMINACION CONTRA MUJERES
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Senador José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, poderes de la unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, adjunto oficio INMUJERES/DF/DG/701/10-11 y anexo mediante el cual la directora del Instituto de las Mujeres, da respuesta al punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a crear, implementar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lo anterior, en relación con el oficio D.G.P.L.61-II-3-77 en donde se comunicó por parte del Vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la aprobación de un Punto de Acuerdo, relacionado con el asunto antes citado.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 17 de octubre de 2011.— Licenciado José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Para: José Ángel Ávila Pérez
De: Marcela Gómez Zalce
Anexo a la presente para tu conocimiento y en su caso atención procedente, punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a crear, implementar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como a erradicar la violencia institucional.
Sin otro particular, te envío un cordial saludo.
México, DF, a 13 de septiembre de 2011.— Marcela Gómez Zalce (rúbrica), jefa de oficina de la Jefatura de Gobierno.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno.— Presente
Apreciable licenciado Ávila
Me refiero a su oficio número SG/LVH/1120/2011, de fecha 19 de septiembre de 2011, relativo a la aprobación del punto de acuerdo de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relativo a crear, implementar o reforzar las acciones y políticas dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres así como erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este sentido y en respuesta del oficio antes mencionado, le hago del conocimiento las diversas acciones que este i ha realizado para garantizar que al interior del centro laboral, las mujeres vivan en un ambiente libre de violencia y asimismo las acciones para la atención en aquellos casos en los que una mujer acuda a denunciar hechos de esta naturaleza, aunado a los avances obtenidos para que en el interior de las dependencias existan mecanismos institucionales claramente definidos para dar un adecuado cause y atención a dichas denuncias.
Para efectos del presente informe se detallan únicamente las más cercanas a las consideraciones vertidas por parte de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de octubre de 2011.— Licenciada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), directora general.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Capital en Movimiento.
Acciones institucionales para prevenir, atender, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres que laboran en el Gobierno del Distrito Federal, así como promover la igualdad entre hombres y mujeres
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal derivado del compromiso gubernamental adquirido para dar debido cumplimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, y conforme a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el Distrito Federal, la cual señala la obligación que tienen los entes públicos en garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres, se han implementado las acciones siguientes:
A) Atención a casos de violencia
Para la atención de los casos relativos a violencia institucional el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres-DF), a través del área de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, realiza diversas acciones de intervención y actuación a fin de dar respuesta a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia, entre las cuales destacan las siguientes:
1. Estrategia de intervención. Se refiere a las alternativas ofrecidas a las mujeres de acuerdo a la problemática planteada, en la cual se sugiere las medidas y acciones a tomar, decisión que se toma de forma conjunta, evitando en todo momento la creación de falsas expectativas, por lo regular esta acción se realiza en la primera asesoría.
2. Entrevista de primera vez. En dicha entrevista se identifica cuál es la problemática que se enfrenta en relación a los servicios de atención y/o procuración de justicia que han sido otorgados a la víctima y, a partir de ello:
a)Dependencias y servidores(as) públicos se encuentran involucrados;
b)Dependencias, entidades y/o instancias que tienen competencia para intervenir en el caso (por ejemplo: contralorías internas, direcciones de derechos humanos, fiscalías especializadas como la de servidores públicos, entre otras).
c) Análisis de la estrategia de intervención a utilizar para la atención al caso.
d) Otorgamiento de la asesoría jurídica correspondiente. Tras la realización de la primera entrevista, se llevan a cabo las subsecuentes necesarias para asesorar a la víctima.
3. Canalización y acompañamiento. De acuerdo con la estrategia de intervención determinada para cada caso se realizan las canalizaciones y acompañamientos ante las dependencias, entidades e instancias competentes. El acompañamiento personalizado se prioriza en aquellos casos donde la revictimización está poniendo en riesgo por un lado, la seguridad e integridad de la víctima y, en su caso, de las víctimas indirectas; por el otro, el acceso a la procuración e impartición de justicia.
4. Seguimiento. Una vez que el Inmujeres-DF ha realizado el acompañamiento requerido para impulsar que las víctimas sean atendidas con debida diligencia y tengan acceso a los servicios de protección y procuración de justicia que les otorga el marco jurídico, se llevan a cabo acciones de seguimiento para identificar los avances en la atención del caso y, con base en éstas, se determina si resulta nuevamente necesaria la intervención institucional.
Es importante mencionar que en cada uno de los casos además de realizar el acompañamiento jurídico a las mujeres víctimas se realizan asesorías a las dependencias a fin de que establezcan mecanismos de atención acordes a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.
a) Atención a casos especiales
Recientemente se han detectado casos notables a los cuales se les otorga especial cuidado en la atención y seguimiento, debido principalmente a la diversidad de características que los distinguen de otros, la distinción se establece con base en los siguientes criterios:
1. Gravedad de los hechos: Pueden existir uno o más delitos, entre los que se encuentran los de violación, abuso sexual, homicidio, violencia familiar extrema, entre otros o inclusive pueden ir aparejadas situaciones en materia penal y familiar.
2. No existir respuesta evidente y notoria de la autoridad competente: ante la solicitud de servicios a los que tiene derecho la víctima e inclusive haber re- victimizado a la misma, convirtiéndose en acciones u omisiones del servidor o servidora pública.
3. Intervención inmediata: A razón de existir la emergencia de brindar el apoyo y en su caso canalización a la instancia competente, siendo el caso de delitos que se comente de forma fragante, o cuando existe una acción legal en la cual se tienen términos para su contestación de demandas en materia familiar.
4. Persona que comete la agresión: Se ha detectado dentro de estos casos una diversidad de perfiles de las personas agresoras, donde las víctimas presumen que por ello, se crea impunidad, debido a las influencias que poseen; dentro de este criterio se encuentran magistrados, militares, artistas, líderes políticos, boxeadores, servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, (delegaciones, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Salud, Heroico Cuerpo de Bomberos, Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Seguridad Pública, etcétera).
5. Persona que refiere el caso: Existen casos de instancias del mismo gobierno que solicitan la intervención de este instituto, entre las cuales podemos señalar a la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia entre otros, o inclusive mujeres que se acercan directamente a la Dirección General y sociedad civil organizada.
6. Lugar donde suceden los hechos: Tiene que ver con los espacios donde suceden constantemente eventos de violencia, tal es el caso que se han acercado varias mujeres al módulo en la estación del Metro Pino Suarez, en las que han sido víctimas de violación.
7. Requerimiento de servicios integrales: En la mayoría de los casos las mujeres requieren de diversos servicios, sin embargo los mismos no se encuentran en una sola instancia, pero existen casos en donde existe una inmediata urgencia en proporcionar todos los servicios de manera que den respuesta a las necesidades de las víctimas y que ello implica mayor coordinación entre las instancias del gobierno involucradas.
b) Beneficios logrados a favor de las víctimas
En lo que respecta a los avances logrados en materia de atención a casos de mujeres víctimas de violencia institucional, podemos enumerar los siguientes, no sin antes mencionar que se continúa trabajando para dar respuesta eficaz, eficiente e integral a las necesidades de las mujeres:
1. La Coordinación, colaboración y vinculación de las instancias del Gobierno del Distrito Federal.
Esta acción ha permitido:
a) Evitar la doble victimización a las mujeres, toda vez que a partir del conocimiento de los servicios que proporciona cada una de las dependencias y con base a sus competencias se evita que la usuaria se presente a diversas instancias sin obtener respuesta.
b) Algunas dependencias cuentan con mecanismos de referencia y contra referencia de los casos remitidos, lo cual va relacionado con la ruta de canalización hacia una respuesta eficaz y eficiente a la víctima.
c) Se ha logrado proporcionar de manera integral los servicios de las instancias en algunos casos, favoreciendo la respuesta del Gobierno del Distrito Federal de manera conjunta y oportuna, mecanismo instalado en el grupo estratégico de trabajo.
d) Se han creado herramientas menos burocráticas para la canalización recepción y seguimiento de casos, que van desde la llamada por teléfono o envíos de correos electrónicos.
2. Solución en algunas pretensiones de las mujeres víctimas de violencia, de las cuales no se había obtenido respuesta anteriormente, tales como la reinstalación laboral, obtención de pensión alimenticia, ejecución de medidas de protección, consignación de averiguación previa, despido de agresores de violencia sexual, entre otros.
3. Colaboración de acciones conjuntas para optimizar la calidad de la atención a través de la retroalimentación de experiencias y capacitación que encamine la regeneración del sistema estructural patriarcal por .uno más justo y equitativo.
4. Una herramienta para garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia, ha sido sin duda alguna el acompañamiento que proporcionado por el área Políticas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, a las diversas instancias del Gobierno del Distrito Federal, lo que da celeridad a los trámites e inclusive, reafirma el posicionamiento del instituto en el cumplimiento del seguimiento y vigilancia a los objetivos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.
Asimismo de enero a junio de 2011, se proporcionó atención especializada a 66 nuevos casos de violencia institucional a mujeres de entre 21 y 62 años de edad, a los cuales se les da atención y seguimiento junto con casos anteriores por violencia institucional, familiar, económica, laboral y patrimonial.
B) Las acciones que se han realizado con el fin de capacitar y especializar al personal de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal
Para fortalecer el proceso de transversalidad de la perspectiva de género en la función pública, a partir de 2007, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal implementó el programa de capacitación Género, Política y Gestión Pública, dirigido a servidoras y servidores públicos de las dependencias de la administración pública con cargos de toma de decisiones y puestos de dirección, incluyendo al jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a las y los titulares de todas las dependencias, entre ellas: la Secretaría de Gobierno.
De igual manera, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, a través del Área de Políticas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, diseñó el curso usticia con Perspectiva de Género, con el objetivo de proporcionar herramientas teórico prácticas-a las servidoras y servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que incorporen la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres, en el marco de las competencias que les confiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal.
Durante el año 2009 se impartió el curso Justicia con perspectiva de género, a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. En el año 2010, nuevamente, la Secretaría de Gobierno solicitó que se impartiera el curso Justicia con perspectiva de género, a través de la misma subsecretaría.
Cabe mencionar que para este año 2011, se tiene programado capacitar al personal administrativo de la Secretaría de Gobierno en esta materia.
Asimismo, con el objetivo de que las servidoras y servidores públicos adquieran los conocimientos teórico-metodológicos de la perspectiva de género y garanticen una gestión pública con transversalidad y equidad de género en la estructura interna de todas las áreas y dependencias a su cargo, así como en las políticas y programas de gobierno, en 2009 (15 y 16 de enero y 21 de septiembre) la Secretaría de Gobierno recibió capacitación a través del curso-taller Género y acciones en beneficio de los derechos humanos de las mujeres . Este curso, coordinado por el Área de Fomento y Concertación de Acciones de este instituto, contó con una duración de 12 horas y una asistencia de 52 personas: 18 mandos medios y superiores y 34 operativos.
En materia de prevención, durante el primer semestre de 2011, a través de las brigadas de información y difusión en las 16 delegacionales, el Inmujeres-DF ofreció asesorías especializadas en materia de derechos humanos de las mujeres. Durante el primer semestre de 2011 brindó 21 mil 216 asesorías, mismas que beneficiaron a 13 mil 142 personas (12 mil 685 mujeres y 457 hombres):
- 5 mil 858 asesorías jurídicas,
- 4 mil 141 psicológicas,
- Mil 707 en materia económica y laboral.
- 9 mil 510 asesorías de primera vez.
Con la finalidad de ofrecer un espacio más de promoción y conocimiento sobre los derechos humanos de las mujeres, se realizó el Diplomado ciudadanía y empoderamiento de las mujeres del Distrito Federalel 24 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al cual asisten 169 mujeres integrantes del Consejo Ciudadano de Mujeres del DF y 35 asesoras del Inmujeres-DF. En total, está organizado en 82 sesiones de trabajo.
En este mismo sentido, 36 abogadas y 4 abogados de las 16 unidades asisten al diplomado en prevención y atención de la violencia sexual 32 asesoras de las 16 Unidades asistieron al seminario Trabajando con Mujeres y Hombres jóvenes. Tejiendo la igualdad y una vida libre de violencia, impartido por la asociación civil Salud y Género del 5 de abril al 17 de mayo. Asimismo 29 acciones de asesoría y seguimiento para la realización de brigadas de difusión de la Red de Mujeres y Hombres Jóvenes por una Ciudad con Equidad y Libre de violencia, con lo cual se benefició a 2 mil 12 participantes (1,175 mujeres y 837 hombres).
Durante el mes de junio de 2011, las unidades delegacionales han capacitado a mil 883 mujeres en el tema de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se impartió el curso Formación de facilitadores para la impartición de cursos (talleres en materia de género); y el 23 y 24 de febrero el taller Atención inicial y grupos de información sobre los derechos humanos, con un total 28 personas capacitadas (20 mujeres y 8 hombres).
Documento para la especialización de servidoras y servidores públicos del Inmujeres-DF, en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres
En cuanto a la capacitación a servidoras y servidores públicos en materia de género, derechos humanos de las mujeres, su acceso a una vida libre de violencia y políticas públicas, Inmujeres-DF impartió 45 capacitaciones a mil 791 personas (933 mujeres y 858 hombres), pertenecientes a 29 instancias del GDF como Policía Auxiliar y Sistema de Aguas de la Ciudad de México, además de organizaciones de la sociedad civil y dependencias del Gobierno Federal como el Instituto Politécnico Nacional y Telecomm.
C) Acciones de promoción para impulsar condiciones laborales para mejorar el desarrollo de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación, respecto del acceso, la capacitación, el ascenso y la permanencia de las mujeres
En 2007, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, instruyó al Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a realizar –en colaboración con todas las dependencias que integran la Administración Pública del DF– el Diagnóstico de la situación laboral de las mujeres trabajadoras del GDF, con el propósito de: 1) Identificar la situación de las mujeres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal, y 2) Proponer soluciones que desde el análisis de género disminuyan la brecha de desigualdad en el acceso a las oportunidades y la eliminación progresiva de la discriminación.
A partir de los resultados de este trabajo, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal se dio a la tarea de diseñar un paquete de medidas para disminuir las brechas de desigualdad de género, dando como resultado el documento: Propuestas y medidas para construir una política laboral con perspectiva de género, el cual incluyó: acceso al empleo, nivel salarial, profesionalización y permanencia de las mujeres en el trabajo, así como conciliación trabajo familia, entre otras.
Los resultados del Diagnóstico de género de la situación de las mujeres trabajadoras del Gobierno del Distrito Federal y la propuesta de política laboral con perspectiva de género en el gobierno,fueron enviados a las y los titulares de las diferentes secretarías que integran el Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de que cada una identificara y tuviera conocimiento de la situación al interior de su dependencia, y que determinara un paquete de medidas internas que le permitieran avanzar en la construcción de una política laboral con perspectiva de género. En el caso de la Secretaría de Gobierno, dichos documentos fueron enviados mediante oficio INMUJERESDF/DF/012/01-09 de fecha 13 de enero de 2009.
Asimismo, según las atribuciones y obligaciones que confiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal a partir de su entrada en vigor en 2008, ha sido establecida una Coordinación Interinstitucional entre las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduría General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Inmujeres DF, Procuraduría Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y los dieciséis Órganos Político Administrativos; cuya Presidencia y Secretaria Ejecutiva, están a cargo del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y en su ausencia la presiden el secretario de Gobierno, y la directora general del Instituto de las Mujeres del DF, respectivamente.
La coordinación interinstitucional ha sesionado 12 veces a partir de su instalación; en estas sesiones se han dado a conocer los informes de avance respecto al cumplimiento de las obligaciones que confiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del DF a cada uno de las dependencias que la integran.
Por otra parte, en el marco de la Mesa Interinstitucional para Fomentar una Cultura de la Igualdad de Género al Interior de la Administración Pública; en 2010 dio inicio el Programa de Capacitación en Cultura de la Igualdad de Género al interior de la Administración Pública, con el objeto de promover una cultura sin discriminación y con igualdad de oportunidades para las mujeres al interior del GDF.
D) Las acciones de coordinación que se han desarrollado para fomentar un ambiente laboral libre de violencia y discriminación
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal elabora y envía solicitudes de información a todas las dependencias y a los 16 órganos político-administrativos que integran la Coordinación Interinstitucional respecto de las acciones llevadas a cabo por las mismas para dar cumplimiento a las obligaciones generales y, en su caso, específicas que les confiere la Ley. En dichas solicitudes también se ha requerido a las y los integrantes de la Coordinación Interinstitucional que designen a una persona como enlace para efecto de dar seguimiento a los requerimientos realizados por el Instituto de las Mujeres del DF, con motivo del seguimiento y vigilancia del cumplimiento de los objetivos de la citada ley.
En el marco de estas sesiones ordinarias de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal, se han presentado informes de avances, obstáculos y retos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de cada una de las dependencias y órganos político-administrativos a sus titulares y/o representantes, entre ellas a la Secretaría de Gobierno del DF.
E) Las gestiones realizadas para el establecimiento de un mecanismo que tenga como fin detectar, atender y erradicar el acoso sexual en la administración pública del Gobierno del Distrito Federal.
El Área de Políticas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres de este instituto, con fundamento en el artículo 15, fracción IV, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal, solicita a todas las dependencias y a los 16 órganos político-administrativos, entre los que se encuentra la Secretaria de Gobierno del DF, de manera trimestral, lo siguiente:
1. Indicar las acciones realizadas para fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral.
2. Indicar las condiciones, mecanismos, instancias y acciones establecidas para detectar, atender y erradicar el acoso sexual en el lugar de trabajo.
3. Indicar respecto de los casos de hostigamiento sexual detectados:
A. Número de casos atendidos y unidad o instancia a que fueron canalizados.
B. La edad de la víctima y su agresor, en su caso, nivel y adscripción del servidor público.
C. Conducta denunciada por la víctima.
D. Indicar los obstáculos para el cumplimiento de esta obligación.
Asimismo, a través del a cuerdo SOIII/2011/03 de la III sesión ordinaria de la Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, celebrada el 7 de septiembre de 2011, fue aprobado en lo general, el Protocolo de prevención, atención, sanción y erradicación del acoso sexual en la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México y el Código de ética y de conducta para promover una cultura de igualdad para servidoras y servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México, con el compromiso de revisarse con las dependencias integrantes de dicha coordinación.
Dicho documento, que se anexa a la presente, se coloca a su disposición a efecto de que, en su caso, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realice las observaciones que considere convenientes.
Es importante comentar que en dicho instrumento se pretende que:
• Sea un medio más para garantizar que las mujeres puedan acceder a un recurso efectivo relacionado con la investigación, acompañamiento de sus denuncias y, en su caso, la sanción que corresponda.
• Se establezcan lineamientos claros para dar apoyo de asistencia médica, psicológica o legal, a las víctimas, en los casos en que haya sido solicitado y se generen mecanismos para contar con un registro y seguimiento.
• Explicite al interior de los centros de trabajo el procedimiento para denunciar los hechos de violencia sufridos por las empleadas, así como de las áreas a las que se tendría que acudir para formular dicha denuncia y las áreas de apoyo, con inclusión de los teléfonos o áreas a las que puedan acudir en caso de emergencia en horarios inhábiles. De igual manera incluirá los deberes relativos a que los servidores públicos involucrados en hechos de queja, se abstengan de señalados de cometer actos de violencia en agravio de las mujeres que deben asumir una actitud profesional, imparcial y diligente en su intervención.
• Que el instrumento se apegue a las obligaciones establecidas en normas locales, nacionales e internacionales, respecto de los derechos de las mujeres.
Todas estas consideraciones antes señaladas podrían ser ya cumplimentadas, respecto de este tipo de violencia contra las mujeres con el protocolo de referencia.
Siguiendo con las acciones de política es importante señalar que además se ha realizado:
1) La creación de un código de ética de las y los servidores públicos.
Este documento que también se anexa al presente, es fruto del trabajo interinstitucional de las dependencias que integran la Mesa de Igualdad y que construye una acción de política pública, de naturaleza preventiva, para alentar evitar un trato indiscriminado y de violencia contra las mujeres.
En el mismo sentido, es importante precisar que a partir del 18 de marzo de este año, entraron en vigor las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales del Distrito Federal en el marco de la armonización legislativa con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de las cuales se eliminó la figura del hostigamiento sexual y se modificó el tipo penal de acoso sexual para quedar como sigue:
Acoso sexual
Artículo 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión.
Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior.
Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.
Esta reforma fue impulsada por este instituto a través de la mesa de armonización legislativa y por Mandato de la Coordinación Interinstitucional creada por orden de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.
Asimismo se realizó la elaboración del Protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia sexual en taxi.
Durante 2011 y hasta el mes de julio, se atendieron 123 casos por abuso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo, un caso por acoso sexual, se auxiliaron siete mujeres por violación cometida fuera del STC y 23 casos por otras violencias sexuales, de los cuales 154 de las víctimas contaron con atención en los módulos Viajemos Seguras por el Inmujeres-DF.
F) Las acciones realizadas para establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia institucional
Con fundamento en el artículo 15, fracción VI, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal, para establecer los mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia institucional, el área de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres de este instituto solicita a todas las dependencias y a los 16 órganos político-administrativos, entre los que se encuentra la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, de manera trimestral, lo siguiente:
1. Indicar las instancias, mecanismos y procedimientos internos establecidos en la delegación o dependencia para la denuncia de los servidores públicos que incurran en violencia institucional, informando los espacios en que se implementaron, la fecha, población a la que se dirigió y número aproximado de personas beneficiadas.
2. Indicar el sexo, nivel, adscripción y edad del personal que a la fecha ha sido denunciado. Al respecto, señalar el seguimiento que se dio a dichas denuncias y, en su caso, la sanción a que fueron acreedores las o los servidores públicos que incurrieron en violencia institucional.
3. Respecto de los casos de violación denunciados o detectados, indicar:
A. Número de casos atendidos y unidad o instancia a que fueron canalizados.
B. La edad de la víctima, y, en caso de que ésta sea servidora pública su nivel y adscripción. En relación a este punto, aclarar qué número y porcentaje de las víctimas es interno (es decir servidoras públicas del órgano político administrativo) y externo (es decir mujeres que acudieron a solicitar los servicios de la delegación y en el marco de su visita fueron víctimas de violencia institucional).
C. La modalidad o el tipo de violencia contra las mujeres detectado, especificando el número y porcentaje que representa cada tipo respecto del total.
D. Indicar con qué instancias, dependencias o entidades de la administración pública federal y/o local se ha trabajado en colaboración para el cumplimiento de esta obligación, aclarando bajo qué mecanismos y/o procedimientos ha tenido lugar la misma.
E. Indicar los obstáculos para el cumplimiento de esta obligación.
Lo anterior, a fin de identificar qué mecanismos, instancias o procedimientos existen actualmente para dar atención a las mujeres que son víctimas de violencia institucional particularmente, de acoso sexual, así como la eficacia de los mismos.
El ejercicio referido permite realizar un primer acercamiento a la atención que desde las dependencias y los órganos político-administrativos se está dando a la violencia institucional.
Vale la pena recordar que el acoso sexual es una conducta que constituye un delito, de tal manera que las mujeres que son víctimas pueden acudir a recibir asesoría jurídica y psicológica a alguna de las unidades de Inmujeres-DF y/o al Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del DF y, en su caso, ejercer el derecho a denunciar por la vía penal los hechos.
En la vía administrativa, según el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal el despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Distrito Federal, tal como se establece en:
Fracción XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias correspondientes ante el ministerio público prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.
Fracción XXVII. Emitir, formular y notificar los pliegos de responsabilidades a los servidores públicos que estime presuntos responsables, a efecto de incoar el procedimiento administrativo correspondiente, así como a aquellos servidores públicos a los que, una vez valorados los expedientes que le remita la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, así lo determine.
En consideración a las atribuciones y competencia de la Contralaría General se estima conveniente analizar la posibilidad de la instalación de un módulo especializado para la atención de casos de violencia de género en el ámbito interno de la administración pública del Distrito Federal, ya que en la investigación de este tipo de actos de realización oculta es fundamental una atención especializada con perspectiva de género que fomente la cultura de la denuncia y combata la impunidad,
En el instituto se ha estado trabajando de manera permanente en la creación de una ruta de atención para la violencia institucional como un modelo único de atención, tal y como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal para que las dependencias y los órganos político-administrativos puedan implementar, atender y ejercer de manera uniforme esta modalidad de violencia contra las mujeres en el marco de una armonización legislativa y así pueda fomentarse una cultura sin discriminación y con igualdad de oportunidades para las mujeres al interior la administración pública del Gobierno del Distrito Federal.
Nota:
1 Fracción I, artículo 16, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.
Atentamente
Licenciada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), directora general.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y DE PERSPECTIVA DE GENERO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo.— Gobierno del estado de México.
Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente
Por instrucciones del doctor Eruviel Ávila Villegas, gobernador constitucional del estado de México, me permito acusar recibo de su oficio número D.G.P.L. 61-II-4-1759, de fecha 4 de octubre del año en curso, mediante el cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y a las autoridades correspondientes del Distrito Federal, a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.
Al respecto le comento que el doctor Ávila Villegas, desde el inicio de su administración, ha instruido que las acciones de gobierno se realicen con perspectiva de género, a fin de combatir la discriminación y violencia contra las mujeres y promover el pleno respeto de sus derechos.
A la fecha, se han impartido diversos cursos, talleres, conferencias y seminarios dirigidos a los servidores públicos estatales, a fin de que los objetivos, programas, proyectos y acciones que realizan de manera cotidiana, se orienten a dar cabal cumplimiento a esta instrucción.
Asimismo, el gobierno de esta entidad federativa asume el exhorto realizado por el Poder Legislativo federal y, en su observancia, continuará impulsando la capacitación y profesionalización permanente de su personal, con el propósito de que las funciones que lleven a cabo contribuyan a garantizar la igualdad, la dignidad y los derechos de las mujeres.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Toluca de Lerdo, México, a 25 de octubre de 2011.— Elizabeth Vilchis Pérez (rúbrica), secretaria.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Asunto: Se atiende punto de acuerdo.
Hago referencia al oficio número DGPL-61-II-2-1635 de fecha 14 de septiembre de 2010, emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el cual se informa a la Comisión Federal de Competencia (CFC o comisión) sobre el punto de acuerdo aprobado por esa Cámara, en los siguientes términos:
Único. La Cámara de Diputados, solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes, maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione, al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, maestro Mony de Swaan Addati y al presidente de la Comisión Federal de Competencia, doctor Eduardo Pérez Motta, que en el marco de sus atribuciones intervengan de inmediato en el conflicto suscitado entre las empresas del sector telecomunicaciones a que hace referencia el presente acuerdo.
El punto de acuerdo deriva de una proposición presentada el 15 de marzo de 2011 por el diputado Francisco Hernández Juárez. Al respecto, le comunico que mediante oficio número PRES-1 0-096-2011-033 del 28 de febrero de 2011, esta autoridad emitió, en el marco de sus atribuciones, una opinión a los Poderes Ejecutivo y Legislativo “con el fin de promover una mayor competencia en los mercados de telecomunicaciones a partir de los conflictos actuales entre diversos agentes económicos” (opinión).
En dicha opinión, la cual se adjunta al presente, la CFC presentó una serie de recomendaciones en materia administrativa y legislativa cuya implementación permitiría impulsar significativamente la competencia en los mercados de telecomunicaciones, en el contexto de los conflictos que se suscitaron entre agentes económicos que participan en ese sector. En específico, la CFC recomendó lo siguiente:
Medidas administrativas
Primero. La Comisión Federal de Competencia reorientará recursos a los procedimientos en curso relacionados con los problemas descritos. En particular, es factible presentar al Pleno, para su análisis y resolución, tres expedientes relacionados con interconexión durante el mes de mayo. También es factible emitir una resolución final sobre dominancia en terminación móvil en julio de este año, una vez superadas las complicaciones procedimentales y judiciales registradas en los últimos dos años. La Comisión reitera su completa disposición a analizar, en sus méritos, toda denuncia por parte de cualquier agente económico que aporte elementos sólidos para acreditar una práctica monopólica.
Segundo. En el corto plazo, se recomienda a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofete/) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coordinar eficientemente sus respectivas responsabilidades bajo el marco legal vigente para resolver en el menor tiempo posible los desacuerdos de interconexión en curso y aquellos que se presenten en el futuro, con base en el modelo de costos elaborado por la Cofetel, considerando los comentarios emitidos por la CFC. Asimismo, se recomienda a la Cofetel emitir, a la brevedad, la regulación asimétrica derivada de las declaratorias de dominancia resueltas por la CFC.
Tercero. De considerarlo útil, se recomienda a la Cofetel convocar a un grupo de expertos independientes de reconocido prestigio internacional para que pongan a consideración de la autoridad una propuesta de tarifa de interconexión móvil calculada conforme al modelo de costos elaborado por la Cofetel, considerando los comentarios emitidos por la CFC. Aprobada por la Cofetel, esta propuesta sería el parámetro de evaluación para las ofertas de interconexión que pudieran hacer los diferentes concesionarios.
Cuarto. Una vez implementada la interconexión en los términos previstos por el modelo de costos de la Cofetel, se recomienda a la SCT modificar en el menor tiempo posible el título de concesión de Telmex, para permitirle ofrecer los servicios de audio y televisión restringidos, de conformidad con la opinión de la CFC sobre convergencia, de octubre de 2005.
Quinto. Se recomienda a la SCT y a la Cofetel convocar, en el menor tiempo posible, a una licitación de espectro para televisión abierta a nivel nacional, con la participación de la CFC para evitar fenómenos de concentración anticompetitiva.
Legislación
Sexto. Se proponen al Congreso de la Unión las siguientes reformas al marco legal de telecomunicaciones, orientadas a fortalecer la capacidad de la autoridad en materia de telecomunicaciones, para asegurar condiciones competitivas en la interconexión en el largo plazo:
a) Consolidar en la Cofetel todas las facultades relacionadas con la interconexión, desde la resolución hasta una sanción realmente disuasiva (incluyendo la revocación del título de concesión) por incumplimiento, para evitar el retraso y la debilidad jurídica derivados de la “doble ventanilla” con la SCr. Las resoluciones de la Cofetel deberían estar sujetas a impugnación ante el Poder Judicial, para dar certidumbre jurídica a los agentes económicos.
b) Otorgar facultades explícitas para que la Cofetel pueda declarar la presencia de cuellos de botella competitivos o infraestructura esencial en las redes de telecomunicaciones y establecer condiciones mínimas de acceso en estos casos. Estas facultades serían adicionales a las actuales de árbitro en caso de desacuerdos de interconexión y de regulación asimétrica en caso de dominancia.
c) Establecer en la ley que las tarifas de interconexión o acceso asociadas con infraestructura esencial o cuellos de botella competitivos sean reguladas con base en un modelo de costo incremental de largo plazo “viendo hacia adelante”.
Con respecto a las recomendaciones que recaen en el ámbito administrativo y, en específico, las que se encuentran en la esfera de la Comisión Federal de Competencia, le informo que durante los meses de abril y mayo de 2011 la CFC resolvió dos asuntos en materia de interconexión en telecomunicaciones en los que se impusieron sanciones a los agentes económicos responsables por cometer prácticas monopólicas, en el mercado del servicio de interconexión para la terminación de llamadas en teléfonos móviles y en el mercado del servicio de interconexión en redes fijas. Para mayor referencia, se adjuntan al presente las resoluciones de estos procedimientos, las cuales son públicas y pueden consultarse a través del sitio web de la CFC.
Por otro lado, la CFC concluyó una investigación en el mercado del servicio de acceso a Internet de banda para clientes residenciales, en la cual se decretó el cierre del expediente por no existir elementos suficientes para sustentar la probable responsabilidad de agente económico alguno por la realización de las prácticas monopólicas relativas investigadas.
En estos tres asuntos, los agentes económicos con interés en el procedimiento cuentan con el derecho de presentar un recurso de reconsideración, en el marco del artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Asimismo, le informo que a partir del mes de abril de 2011, la CFC ha iniciado dos nuevas investigaciones en materia de telecomunicaciones, una en los mercados de servicios de interconexión en la república mexicana y otra en los mercados de telefonía fija, acceso a internet y televisión restringida a consumidores finales en el territorio nacional. Actualmente corre el primer periodo de la investigación. De esta forma, la comisión mantiene una completa disposición a analizar, en sus méritos, toda denuncia por parte de cualquier agente económico que aporte elementos sólidos que acrediten la existencia de una práctica monopólica.
Con respecto a las recomendaciones que recaen en el ámbito legislativo, esta autoridad reitera las recomendaciones expuestas en el punto sextode la opinión, a fin de fortalecer la capacidad de la autoridad en materia de telecomunicaciones y, con ello, asegurar condiciones competitivas en los mercados de interconexión en el largo plazo. Al respecto, le manifiesto la entera disposición de la CFC a colaborar con la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para implementar estas recomendaciones.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta consideración.
Atentamente
México, DF, a 24 de octubre de 2011.— Eduardo Pérez Motta (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia.
Senador Fernando Jorge Castro Trenti, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes Senado de la República, LXI Legislatura, Honorable Congreso de la Unión;senador Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía Senado de la República, LXI Legislatura, honorable Congreso de la Unión;diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, honorable Congreso de la Unión; diputado Juan Gerardo Flores Ramírez, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía Cámara de Diputados, LXI Legislatura, honorable Congreso de la Unión;maestro Dionisio Pérez-Jácome Friscione, secretario de Comunicaciones y Transportes; maestro Mony de Swaan Addati, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.— Presente
Asunto: Se emite opinión
Con fundamento en los artículos 2, 23, 24, fracciones XI y XVIII, y 28, fracciones I, V y VI, de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), así como en los artículos 1, 3, 8 fracción 11, 20 y 22, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia (CFC o comisión), esta autoridad emite la siguiente opinión con el fin de promover una mayor competencia en los mercados de telecomunicaciones, a partir de los conflictos actuales entre diversos agentes económicos. Esta opinión no prejuzga sobre aspectos de otra índole, toda vez que no son competencia de esta autoridad.
Introducción
1. La promoción de una mayor competencia en todos los mercados de telecomunicaciones ha sido un objetivo primordial de la Comisión Federal de Competencia (CFC o comisión) desde por lo menos 2005, por dos causas fundamentales:
• La importancia de estos servicios para los consumidores mexicanos, para quienes la falta de competencia ha generado condiciones desfavorables de precio, calidad y disponibilidad de los servicios. En promedio, el 5.4 por ciento del gasto corriente monetario de los hogares mexicanos se dedica a internet, televisión restringida y telefonía fija y móvil.
• El impacto de los mercados de telecomunicaciones en la competitividad de la economía mexicana en su conjunto, como lo han enfatizado diversos organismos nacionales e internacionales.
2. Para alcanzar el objetivo de una mayor competencia en todos los mercados de telecomunicaciones, la CFC ha hecho uso de todos’ los instrumentos a su alcance, desde investigaciones de prácticas monopólicas y declaratorias de dominancia hasta opiniones sobre el marco regulatorio en esta materia, dirigidas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo (ver anexo).
3. La coyuntura actual de alianzas cambiantes y enfrentamientos crecientes entre los agentes económicos participantes en los diferentes mercados de telecomunicaciones puede constituir una oportunidad para resolver algunos de los principales problemas de competencia en estos mercados, en beneficio de los consumidores y de la competitividad de la economía mexicana.
4. El presente documento propone, a partir de la visión general de la política de competencia en telecomunicaciones que ha guiado a la CFC, una serie de medidas concretas que podrían implantarse en el corto plazo, responsabilidad del Ejecutivo –a través de las autoridades en materia de telecomunicaciones y competencia- y del Congreso de la Unión. La adopción de estas medidas permitiría dar un paso importante hacia el objetivo de lograr mercados competitivos en telecomunicaciones, al tiempo que daría respuesta a los legítimos reclamos de acceso a los mercados que han esgrimido los diferentes agentes económicos.
Política de competencia en los mercados de telecomunicaciones
5. En octubre de 2005 y noviembre de 2006, la CFC publicó dos opiniones en las materias de convergencia tecnológica y de contenidos audiovisuales. En estos dos documentos, junto con una serie de opiniones puntuales sobre proyectos de ley o regulación emitidas en los últimos años (ver anexo), se delinea la política de competencia en materia de telecomunicaciones que ha seguido la Comisión en sus propias decisiones y que ha propuesto como elemento fundamental para una política más amplia en estos mercados.
6. Esta política puede sintetizarse de la siguiente manera: En un sector caracterizado por grandes economías de escala, de alcance y de red, que inevitablemente traen consigo una alta concentración, la tarea esencial en materia de competencia consiste en eliminar barreras artificiales a la entrada (regulatorias e impuestas por los agentes), para aprovechar al máximo el potencial de competencia entre diferentes redes fijas y móviles interconectadas, en beneficio de los consumidores y de la competitividad de la economía. Este objetivo se traduce en los siguientes principios generales:
a) Convergencia tecnológica: Todas las redes deben estar autorizadas para dar todos los servicios tecnológicamente factibles, en condiciones que permitan la competencia entre ellas. Para ello, las condiciones de interconexión entre distintas redes son un elemento fundamental, ya que pueden convertirse en una barrera a la entrada o limitar la capacidad de competir de redes de menor tamaño.
Bajo este principio se inscriben acciones como las declaratorias de dominancia resueltas por la CFC en los mercados intermedios de telecomunicaciones, las diversas investigaciones por prácticas monopólicas relativas y la promoción del arrendamiento de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para servicios de telecomunicaciones.
b) Asignación eficiente del espectro radioeléctrico: El espectro es un insumo esencial y, bajo las condiciones tecnológicas actuales, un recurso escaso. Todo el espectro disponible debe utilizarse, y su concesión debe responder al objetivo de maximizar la competencia en los mercados de telecomunicaciones.
A este principio corresponden decisiones de la CFE como la imposición de límites de acumulación en las licitaciones ·de espectro para evitar concentraciones excesivas, la promoción de una tercera cadena de televisión abierta y el impulso a las licitaciones de otras frecuencias.
c) Acceso a contenidos audiovisuales: La interacción entre generadores de contenidos -sobre todo de televisión abierta- y redes de transmisión de estos contenidos debe regirse por el principio de no discriminación y evitar el establecimiento de barreras artificiales a la entrada.
Este principio ha guiado, por ejemplo la imposición por la CFC de condiciones de must offer y must carry en las concentraciones entre redes de televisión restringida, así como las investigaciones sobre proveedores mayoristas de señales de televisión restringida.
7. Las decisiones de la Comisión, al igual que las de todas las autoridades con injerencia en el sector, deben evaluarse no de manera aislada, sino con base en su consistencia con estos principios generales, para determinar si contribuyen al objetivo de maximizar la competencia entre redes interconectadas y por lo tanto al bienestar del consumidor y a la competitividad de la economía.
La oportunidad actual: interconexión competitiva y competencia en TV
Los conflictos coyunturales
8. En diciembre de 2010, Telmex, Telcel y Telefónica publicaron un acuerdo de interconexión móvil entre estas empresas, que fija una tarifa de 95 centavos por minuto para 2011 e incluye una disminución gradual de esta tarifa hasta alcanzar 69 centavos por minuto en 2014. Telcel ha publicado una oferta pública de interconexión en términos similares, con el objetivo de que otros concesionarios se adhieran a ella.
9. Varios concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones han manifestado públicamente su desacuerdo con esta tarifa. Argumentan que las tarifas ofrecidas por Telcel bloquean la competencia efectiva y, al elevar sus costos, obligan a mantener precios altos a los consumidores.
10. A lo anterior hay que agregar los conflictos por las tarifas de publicidad en televisión abierta que a partir de la segunda mitad de febrero ha sostenido Grupo Carso con Televisa y TV Azteca, respectivamente.
11. La información pública no permite determinar, por si sola, si en el marco de lo arriba descrito existen elementos para iniciar una investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. La CFC manifiesta su completa disposición a analizar, en sus méritos, toda denuncia por parte de cualquiera de los agentes económicos involucrados que aporte información adicional. Todos ellos conocen a fondo la Ley y han demostrado, en reiteradas ocasiones, su capacidad de participar en procedimientos legales ante la comisión.
12. Independientemente de lo anterior, los conflictos ponen de manifiesto, una vez más, dos de los problemas fundamentales de competencia en los mercados de telecomunicaciones en los que ha venido insistiendo, desde hace años, la CFC: las condiciones de interconexión como barrera artificial a la entrada y la insuficiente competencia en televisión. La coyuntura actual provee una oportunidad histórica para resolver estos problemas.
13. La interconexión entre redes es un aspecto fundamental del funcionamiento de los mercados de telecomunicaciones. Ésta tiene que darse de manera eficiente para que los usuarios de determinada red puedan comunicarse con los de una red distinta en condiciones que no distorsionen la competencia y que no impongan costos excesivos a los usuarios.
Interconexión en términos competitivos
14. La CFC, en cooperación con la OCDE, publicó en junio de 2009 un estudio sobre las condiciones de interconexión en México, utilizando como referencia la práctica internacional, para analizar los efectos de las condiciones actuales sobre los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
Las conclusiones fundamentales son las siguientes:
a) Las condiciones de interconexión son una causa central del rezago del mercado de las telecomunicaciones en México en términos de precios y disponibilidad de servicios para la población.
b) El problema fundamental radica en la tarifa de interconexión a redes móviles, que parece excesiva al compararla con la práctica internacional (tarifas ajustadas por poder de compra, PPP):
• La tarifa aplicada en México es 43.5% superior al promedio de las que aplican los países de la OCDE que se rigen por el esquema “el que llama paga”.
• La tarifa aplicada en México es más de tres veces el promedio de la tarifa basada en costo incremental de largo plazo “viendo hacia adelante” calculada por los reguladores de diversos países (incluyendo México).
e) Si la tarifa de interconexión móvil aplicada en México bajara al promedio de los países OCDE con el esquema “el que llama paga”, los precios de telefonía móvil y fija se reducirían en 18.3 por ciento y 9.4 por ciento, respectivamente. Esto representaría beneficios para los consumidores mexicanos equivalentes a 6 mil millones de dólares anuales.
15. En noviembre de 2010, la Cofetel sometió a consulta pública, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un anteproyecto de “lineamientos para desarrollar los modelos de costos que empleará al momento de resolver (...) las tarifas de interconexión”. El 7 de diciembre de 2010, la CFC emitió comentarios puntuales a este anteproyecto. De aplicarse el modelo de costos presentado por la Cofetel considerando los comentarios de la CFC, las tarifas de interconexión móviles se basarían en un modelo de costo incremental de largo plazo “viendo hacia adelante”, conforme a las mejores prácticas internacionales. En otras palabras, las tarifas de interconexión reflejarían sólo el costo adicional en que incurre en el largo plazo quien provee el servicio de interconexión, reflejando las condiciones tecnológicas más actualizadas.
16. Desde su opinión sobre convergencia de octubre de 2005, la CFC ha manifestado que una vez establecidas condiciones procompetitivas de interconexión debería cambiarse el título de concesión de Telmex para permitirle ofrecer el servicio de audio y video restringido. Esto promovería una mayor competencia en este mercado. El mismo principio se recogió en el Acuerdo de Convergencia publicado por la SCT el 3 de octubre de 2006.
17. La CFC estima que la competencia adicional derivada de esta decisión podría hacer accesible el servicio de televisión restringida para 3.8 millones de hogares mexicanos que hoy no cuentan con él.
Competencia en televisión
18. A pesar del acelerado crecimiento de la penetración de los servicios de televisión restringida, a la fecha sólo alcanzan al 26.7 por ciento de la población. Si se considera que, incluso en hogares con televisión restringida, las señales de televisión abierta atraen el alrededor de la mitad de la audiencia, es claro el papel central que ocupa la televisión abierta en los mercados de contenidos audiovisuales.
19. La opinión de la CFC de noviembre de 2006 en materia de contenidos audiovisuales mostraba una alta concentración en el mercado de televisión abierta: Televisa y Tv Azteca abarcaban el 96.8 por ciento de la audiencia de televisión abierta, así como prácticamente la totalidad de los ingresos publicitarios en este medio (que, a su vez, atraía el 58% de la inversión total en medios publicitarios). A pesar de que han pasado más de 4 años, no ha habido cambios estructurales que reduzcan significativamente ‘la concentración en los mercados de televisión abierta comercial.
20. En concordancia con lo anterior, en diversos procedimientos la CFC ha determinado que Televisa tiene poder sustancial en el mercado de televisión abierta y que la televisión abierta es un insumo esencial para ofrecer el servicios de televisión restringida.
21. Uno de los problemas fundamentales, en 2006 como hoy en día, ha sido la restricción de espectro en el mercado para transmitir señales de televisión abierta. Las autoridades de telecomunicaciones han señalado que hay espectro disponible para por lo menos una cadena nacional adicional de televisión abierta comercial. Este espectro debe licitarse a la brevedad, para ampliar las opciones e intensificar la competencia en televisión abierta, en beneficio de los consumidores y de los usuarios de servicios publicitarios.
22. Además, es relevante la discusión sobre una transición más acelerada a la televisión digital, porque el estándar digital permite usar de manera más eficiente el espectro y por lo tanto amplía la oferta de este insumo esencial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza actualmente la constitucionalidad del Decreto que establece acciones para agilizar la transición a la televisión digital terrestre, publicado por el Ejecutivo el 2 de septiembre de 2010. Independientemente del instrumento mediante el cual se lleve a cabo, resulta urgente acelerar el apagón analógico.
Recomendaciones de política
23. La solución a los problemas arriba descritos exige el concierto de diversas autoridades administrativas, así como del Congreso de la Unión. A continuación se enumeran una serie de recomendaciones concretas cuya implementación permitiría impulsar significativamente ·Ia competencia en los mercados de telecomunicaciones en la coyuntura actual.
Medidas administrativas
Primero. La Comisión Federal de Competencia reorientará recursos a los procedimientos en curso relacionados con los problemas descritos. En particular, es factible presentar al Pleno, para su análisis y resolución, tres expedientes relacionados con interconexión durante el mes de mayo. También es factible emitir una resolución final sobre dominancia en terminación móvil en julio de este año, una vez superadas las complicaciones procedimentales y judiciales registradas en los últimos dos años. La Comisión reitera su completa disposición a analizar, en sus méritos, toda denuncia por parte de cualquier agente económico que aporte elementos sólidos para acreditar una práctica monopólica.
Segundo. En el corto plazo, se recomienda a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coordinar eficientemente sus respectivas responsabilidades bajo el marco legal vigente para resolver en el menor tiempo posible los desacuerdos de interconexión en curso y aquellos que se presenten en el futuro, con base en el modelo de costos elaborado por la Cofetel, considerando los comentarios emitidos por la CFC. Asimismo, se recomienda a la Cofetel emitir, a la brevedad, la regulación asimétrica derivada de las declaratorias de dominancia resueltas por la CFC.
Tercero. De considerarlo útil, se recomienda a la Cofetel convocar a un grupo de expertos independientes de reconocido prestigio internacional para que pongan a consideración de la autoridad una propuesta de tarifa de interconexión móvil calculada conforme al modelo de costos elaborado por la Cofetel, considerando los comentarios emitidos por la CFC. Aprobada por la Cofetel, esta propuesta sería el parámetro de evaluación para las ofertas de interconexión que pudieran hacer los diferentes concesionarios.
Cuarto. Una vez implementada la interconexión en los términos previstos por el modelo de costos de la Cofetel, se recomienda a la SCT modificar en el menor tiempo posible el título de concesión de Telmex, para permitirle ofrecer los servicios de audio y televisión restringidos, de conformidad con la opinión de la CFC sobre convergencia, de octubre de 2005.
Quinto. Se recomienda a la SCT y a la Cofetel convocar, en el menor tiempo posible, a una licitación de espectro para televisión abierta a nivel nacional, con la participación de la CFC para evitar fenómenos de concentración anticompetitiva.
Legislación
Sexto. Se proponen al Congreso de la Unión las siguientes reformas al marco legal de telecomunicaciones, orientadas a fortalecer la capacidad de la autoridad en materia de telecomunicaciones, para asegurar condiciones competitivas en la interconexión en el largo plazo:
a) Consolidar en la Cofetel todas las facultades relacionadas con la interconexión, desde la resolución hasta una sanción realmente disuasiva (incluyendo la revocación del título de concesión) por incumplimiento, para evitar el retraso y la debilidad jurídica derivados de la “doble ventanilla” con la SCT. Las resoluciones de la Cofetel deberían estar sujetas a impugnación ante el Poder Judicial, para dar certidumbre jurídica a los agentes económicos.
b) Otorgar facultades explícitas para que la Cofetel pueda declarar la presencia de cuellos de botella competitivos o infraestructura esencial en las redes de telecomunicaciones y establecer condiciones mínimas de acceso en estos casos. Estas facultades serían adicionales a las actuales de árbitro en caso de desacuerdos de interconexión y de regulación asimétrica en caso de dominancia.
c) Establecer en la ley que las tarifas de interconexión o acceso asociadas con infraestructura esencial o cuellos de botella competitivos sean reguladas con base en un modelo de costo incremental de largo plazo “viendo hacia adelante”.
Consideraciones finales
24. Los conflictos actuales entre diversos agentes económicos que participan en los diversos mercados de telecomunicaciones representan una oportunidad para que, en sus respectivos ámbitos, el Ejecutivo - a través de las autoridades de telecomunicaciones y competencia- y el Legislativo tomen acciones para mejorar las condiciones de competencia en estos mercados.
25. Si se implementan las recomendaciones contenidas en la sección anterior, se avanzará sustancialmente en varios frentes cruciales para la competencia en telecomunicaciones en México:
• Una tarifa de interconexión móvil basada en costo incremental de largo plazo “viendo hacia adelante”, que equilibre las condiciones de competencia en la telefonía móvil y que podría representar beneficios de 6 mil millones de dólares cada año para los consumidores de telefonía móvil y fija en nuestro país.
• Una fuente adicional de competencia en televisión restringida, como resultado de la modificación al título de concesión de Telmex para permitirle entrar a este mercado; esto podría redundar en que 3.8 millones de hogares adicionales accedan a los servicios de televisión restringida.
• Una tercera cadena de televisión abierta, que amplie las opciones para los televidentes y redunde en mejores condiciones de precio y disponibilidad para los usuarios de publicidad en este medio fundamental.
26. Esta autoridad manifiesta su entera disposición para, en el ámbito de las atribuciones respectivas, colaborar con las demás autoridades competentes en la implementación de las recomendaciones descritas con el objetivo de mejorar la eficiencia de los mercados de telecomunicaciones.
La presente opinión se emite con fundamento en los artículos 2, 23, 24 fracciones XI y XVIII, Y 28, fracciones I, V y VI, de la Ley Federal de Competencia Económica, así como en los artículos 1, 3, 8 fracción 11. 20 y 22 fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia.
Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi más atenta consideración.
Atentamente
México, DF, a 28 de febrero de 2011.— Eduardo Pérez Motta (rúbrica), Presidente.»
Notas:
1 Inegi, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008
2 Véase, por ejemplo:
IMCO, México ante la crisis que cambió al mundo: Competitividad intemacional 2009: “Los sectores precursores se rafieren al sector da transporte, telecomunicaciones y financiero porque son condiciones necesarias para el desarrollo de la economía de un país. [ ... ] El sector de telecomunicaciones en México as más caro y menos eficiente que en el resto del mundo.·
• Banco Mundial, Mexico 2006-2012: creating the foundations for equitable growth, junio 2007: “Especially key are the non-traded sectors of the economy, particularly energy, telecommunications, transport and financial services, which beca use of its non-traded nature and its importance as inputs to mast products and services, are priority areas [ ... ] Performance of regulated sectors, such as energy and telecommunications, has also been inadequate.”
• OCDE. Economic survey of Mexico, 2007: “Mexico’s telecommunications sector is a good illustration of how lack of competition impedes the development of infrastructure for innovation, creating barriers to the diffusion of innovation through the economy and society.”
3 Disponibles en http://resoluciones.clc.gob.mxlDocslCOMENTARIOS/convergredtelecomvozdatosvi.PDF y hltp: llresoluciones.cfc. gob.mxlDocs/COMENTARIOSlopinioncontenidos28 11 2006.PDF.
4 Respectivamente, la obligación, para un concesionario de TV abierta, de ofrecer las señales de TV abierta a todos los concesionarios de TV restringida en condiciones no discriminatorias y la obligación para un concesionario de TV restringida, de transmitir todas las señales de TV abierta en condiciones no discriminatorias.
5 CFC/OCDE, Recomendaciones para promover un marco regulatorio más favorable a la competencia en la interconexión entre redes de Telecomunicaciones, junio 2009. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/32/6/45049465.pdf.
6 Esto se refiere a la interconexión bidireccional. Para la interconeXión en una dirección (es decir, el acceso a infraestructura que controla un solo operador y que es esencial para los demás), el estudio establece que sobresalen como problema fas altas tarifas de los enlaces dedicados que ofrece Telmex.
7 Disponible en http://www.cofemermir.gob.mxtformatostdefaultview.aspx?SubmitID=280631.
8 Disponible en http://www.cofemer.gob.mxlexpediente/v99/ BOO1005108.pdf.
9 La otra condición sugerida por la CFC, la portabilidad de números, ya está en operación.
10 Disponible en http://dgplsct.gob.mxlfileadmin/acuerdoStacuedodeconveroencia dof 031006.pdf.
11 Inegi, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2010.
12 Expediente DE.22·2007, resolución disponible en http://resoluciones.cfc.gob.mxlDocslAsuntos%20JuridicoslV22I47/1208635.pdf
13 Expediente CNT·18-2007, resolución disponible en http://resoluciones.cfc.gob.mxlDocslcnt_18_2007.pdf
14 Basadas en CFC/OCDE, Recomendaciones para promover un marco regula torio más favorable a la competencia en la interconexión entre redes de Telecomunicaciones, op cit
20 http://resoluciones.cfc.gob.mxlDOCSlMercados%20Regulados N3f7/1406958.pdf.
21 http://resoluciones.cfc.gob.mxIDocs/COMENTARIOS/048.pdf
22 http://resoluciones.cfc.gob.mxlDocsICOMENTARIOS/opinvextr. pdf
23 http://resoluciones.cfc.gob.mxIDocs/COMENTARIOSlopiníoncontenidos28 11 2006.PDF
24 http://resoluciones.cfc.gob.mxJDocs/COMENTARIOSl07_jul_ 2006 acuerdodeconverg.pdf.
25 http://resoluciones.cfc.gob.mxtDoCS!COMENTARIOSJooinonlttvIfMv8_12_200S.pdf.
26 http://resoluciones.cfc.gob.mxIDocslCOMENTARIOSJconvergredtelecomvozdatosvi.pdf .
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
MIGRANTES MEXICANOS
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Uriel López Paredes, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados
Me refiero a su oficio D.G.P.L. 61-II-7-1762, del 6 de octubre de 2011, dirigido al jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informa que en sesión celebrada en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se aprobaron los puntos de acuerdo siguientes:
Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al gobierno federal, para que en la medida de sus atribuciones, realice las adecuaciones o supervisión necesaria, para garantizar que a los connacionales que ingresan al país, les sean aceptadas las tarjetas de crédito o débito internacional, para el pago de los derechos por la importación temporal de sus vehículos.
Segundo.Se exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, a que evalúe y en la medida de sus atribuciones, se implemente un mecanismo que permita disminuir el costo por los trámites y de la garantía que se realiza, para la importación temporal de vehículos, sin poner en riesgo el cumplimiento de la obligación de retornar los vehículos al extranjero.
Al respecto, esta Administración Central de -Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, con fundamento en los artículos 2, primer párrafo, apartado B, fracción V, inciso e), y tercer párrafo, 9, segundo párrafo, 23, primer párrafo, apartado E, fracción I, en relación con el 22, primer párrafo, fracción V, tercer párrafo, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado mediante publicación en el mismo órgano de difusión el 29 de abril de 2010, le comunica:
Por lo que se refiere al primer punto de acuerdo, me permito comentarle que la Regla 4.2.7 de las de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2011, dispone que los extranjeros o mexicanos residentes en el extranjero podrán realizar el trámite de importación temporal de vehículos, y que el trámite y el pago para obtener dicho permiso, así como el depósito en garantía, deberá realizarse en la forma de pago prevista, dependiendo del lugar donde se adquiera dicho permiso, siendo éstos los siguientes:
“I. Módulos CIITEV ubicados en las aduanas de entrada a territorio nacional; el pago podrá ser en efectivo, o con tarjeta de crédito o débito internacional, a nombre del importador.
II. Consulados Mexicanos en los Estados Unidos de América, ubicados en Chicago, Illinois; en Austin, Dallas, Dallas Fort Worth y Houston, Texas; en Los Angeles, San Bernardino y Sacramento, California; en Albuquerque, Nuevo México; en Denver, Colorado y en Phoenix, Arizona; el pago será únicamente mediante tarjeta de crédito o débito internacional, a nombre del importador.
III. Vía internet, a través de las páginas electrónicas de Banjercito, www.banjercito.com.mx, o de la Administración General de Aduanas www.aduanas.gob.mx; el pago será únicamente mediante tarjeta de crédito internacional, a nombre del importador.”
En este sentido, de conformidad con la Regla 4.2.7 de las de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011, el permiso de importación temporal del vehículo se puede tramitar en distintos lugares y en todos ellos .el pago que corresponda, así como el depósito en garantía de 200 a 400 dólares, se acepta mediante tarjeta de crédito o débito internacional a nombre del importador.
No omito señalar que las Reglas de Carácter-General en Materia de Comercio Exterior para 2011, son de observancia obligatoria para todas y 'cada una de las autoridades aduaneras, al tratarse de disposiciones de carácter y aplicación general dentro de ámbito administrativo, por lo que en ese entendido, las mismas son aplicadas de forma indistinta por las unidades ante las que se tramitan los permisos de importación temporal de vehículos.
En lo que se refiere al segundo punto de acuerdo, respecto a que evalúe e implemente un mecanismo que permita disminuir el costo por los trámites y de la garantía que se realiza, para la importación temporal de vehículos, le comento que este es un tema de suma importancia que involucra a diversas áreas del Servicio de Administración Tributaria, por lo que el mismo será puesto a consideración de las unidades correspondientes a fin de que se analice su procedencia y una vez que se obtenga alguna respuesta, la misma se hará de su conocimiento.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 24 octubre 2011.— Licenciada Leticia León Domínguez (rúbrica), administradora de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “2”, firma en suplencia por ausencia del administrador central de Normatividad de comercio Exterior y Aduanal y del Administrador de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal “1”, con fundamento en los artículos 2o., primer párrafo, Apartado B, fracción V, inciso e), y tercer párrafo, 8o., cuarto párrafo, 9o., segundo párrafo, y 22 primer y tercer párrafo, numeral 5, inciso b), en relación con el 23, Apartado E, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007 y reformado en el mismo órgano de difusión el 29 de abril de 2010.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante septiembre de 2011 únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y las que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Entre los bienes destinados por las autoridades aduaneras se encuentran los siguientes:
• Alimentos y bebidas, artículos de limpieza y aseo personal, billetes y monedas, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, productos agrícolas y agropecuarios, productos farmacéuticos, entre otros.
El total de bienes destinados en septiembre de 2011 por las autoridades aduaneras fue de 48 mil 864 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida como kilogramo, litro, par y pieza. Se anexa al presente el informe respectivo.
Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 19 de octubre de 2011.— Licenciado Oliver Arredondo Gálvez (rúbrica), administrador Central de Destino de Bienes.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2011. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2011.
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2010.
Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Rural.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
México, DF, a 28 de octubre de 2011.— José Antonio Meade Kuribreña (rúbrica), secretario de Hacienda y Crédito Público.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
LEY GENERAL DE SALUD
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de decreto
Que reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforma el artículo 55 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 55. Toda persona, institución pública o privada que tenga conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos los que estarán obligados a brindar los servicios de salud de urgencia en forma inmediata con la finalidad de estabilizar sus signos vitales.
Asimismo, el responsable del servicio de urgencias tomará las medidas necesarias que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de sus condiciones generales para que pueda ser transferido.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF., a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente; senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Por el que se reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Artículo Único. Se reforman los artículos 108 y 138 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 108. Se entenderá por dopaje en el deporte, la administración a los deportistas, su uso deliberado o inadvertido de una sustancia prohibida o de un método no reglamentario; enunciado en la lista vigente de la Agencia Mundial Antidopaje, misma que será publicada por la Conade para efectos del conocimiento público.
Se sancionará como infracción, por dopaje, lo establecido en la fracción primera del artículo 138 de la presente Ley.
Artículo 138. Se considerarán como infracciones muy graves a la presente Ley, las siguientes:
I. En materia de dopaje:
a) La presencia de una sustancia prohibida, de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista;
b) La utilización o tentativa, de las sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones;
c) La promoción, instigación, administración y encubrimiento a la utilización de sustancias prohibidas o métodos no reglamentarios dentro y fuera de competiciones;
d) La negativa o resistencia, sin justificación valida, a someterse a los controles de dopaje dentro y fuera de competiciones cuando sean exigidos por los órganos o personas competentes, posterior a una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables;
e) Cualquier acción u omisión tendiente a impedir o perturbar la correcta realización de los procedimientos de represión del dopaje;
f) La falsificación o tentativa, de cualquier parte del procedimiento de control del dopaje;
g) Tráfico o tentativa, de cualquier sustancia prohibida o de algún método no reglamentario, y
h) La administración o utilización de sustancias o prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva.
II. Las distinciones, exclusiones, restricciones, preferencias u hostigamiento que se hagan en contra de cualquier deportista, motivadas por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad o anule o menoscabe sus derechos y libertades;
III. El uso indebido de recursos públicos por parte de los sujetos destinatarios de los mismos, y
IV. El incumplimiento o violación a los estatutos de las asociaciones deportivas nacionales, por cuanto hace a la elección de sus cuerpos directivos.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal publicará las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a efecto de ajustarlo a los términos del mismo.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal
Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 3, 4, 6, fracción LIX, y 105 fracción III; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 2, un artículo 106 Bis, un segundo párrafo al artículo 154 y el artículo 176 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos tipo inspección federal; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría de Salud de acuerdo con el ámbito de competencia de cada secretaría; regular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. Sus disposiciones son de orden público e interés social.
Artículo 2. ...
...
La inspección, verificación y certificación en establecimientos dedicados al sacrifico de animales y procesamiento de bienes de origen animal de competencia municipal, estatal o del Distrito Federal se realizará a través de la Secretaría o la Secretaría de Salud, a petición de los ayuntamientos, de los gobiernos del los estados y del gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con el ámbito de competencia.
Artículo 3.La Secretaría es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, así como de las buenas prácticas pecuarias en la producción primaria; y establecimientos tipo inspección federal, y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal.
Artículo 4. Para los efectos de la ley se entiende por
Acreditación: ... a Brote: ...
Buenas prácticas de manufactura: Conjunto de procedimientos, actividades, condiciones, controles de tipo general que se aplican en los establecimientos que elaboran productos químicos, farmacéuticos, biológicos, aditivos o alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, así como en los establecimientos tipo inspección federal y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio de animales, y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, con objeto de disminuir los riesgos de contaminación física, química o biológica; sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables en materia de salud pública;
Buenas prácticas pecuarias: ... a Erradicación: ...
Establecimientos: Las instalaciones ubicadas en territorio nacional donde se desarrollan actividades de sanidad animal; que prestan servicios veterinarios; sacrifican animales o procesan bienes de origen animal, sujetos a regulación zoosanitaria o de buenas prácticas pecuarias en términos de esta ley y su reglamento;
Establecimientos tipo inspección federal (TIF): ... a Zona libre: ...
Artículo 6. Son atribuciones de la Secretaría
I. a LVII. ...
LVIII. Expedir disposiciones en materia de buenas prácticas pecuarias en unidades de producción primaria y establecimientos TIF dedicados al sacrificio y procesamiento de bienes de origen animal;
LIX. Certificar, verificar e inspeccionar la aplicación de las buenas prácticas pecuarias en establecimientos TIF y en los demás establecimientos dedicados al sacrificio, así como de las actividades de sanidad animal relacionadas directa o indirectamente con la producción y procesamiento de bienes de origen animal, sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables en materia de salud pública;
LX. a LXXI. ...
...
Artículo 105. ...
I. a II. ...
III. Los tipo inspección federal y los demás dedicados al sacrificio de animales;
IV. a XV. ...
...
Artículo 106 Bis. La Secretaría determinará, en disposiciones de salud animal y de inocuidad de bienes de origen animal, las buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas de manufactura y actividades de sanidad y bienestar animal que deberán observar los establecimientos de sacrificios de animales y de procesamiento de bienes de origen animal.
Artículo 154. ...
Las autoridades locales de los estados, municipios y el Distrito Federal promoverán que los establecimientos donde se sacrifican animales o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal obtengan la certificación y, en su caso, la contraseña correspondiente una vez que hayan cumplido lo dispuesto en el reglamento de esta ley, sin menoscabo de las atribuciones de la Secretaría y la Secretaría de Salud.
Artículo 176. A quien sacrifique u ordene el sacrificio de animales para consumo humano fuera de los establecimientos autorizados por la autoridad competente, para su comercialización de manera habitual y reiterada, se impondrá la pena de seis meses a un año de prisión y multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona económica donde se llevó a cabo el hecho.
Se duplicarán la pena y la multa en caso de reincidencia.
No se aplicará la pena prevista en este artículo cuando las condiciones geográficas impidan el sacrificio de animales en los establecimientos autorizados.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría expedirá las disposiciones que deberán contener los lineamientos y requisitos para la certificación de los establecimientos donde se sacrifican animales, o procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal, en seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. La Secretaría difundirá en los medios impresos y electrónicos la participación de los municipios y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal en los programas de certificación.
Cuarto. Las legislaturas de los estados deberán adecuar en su legislación correspondiente las reformas contenidas en el presente decreto para fomentar la certificación por parte de la Secretaría de los establecimientos dedicados al sacrificio de animales o que procesan, envasan, empacan, refrigeran o industrializan bienes de origen animal de competencia municipal.
Quinto. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento al presente decreto deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y IV del artículo 61 de la Ley General de Salud.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Por el que se reforman las fracciones II y IV del arículo 61 de la Ley General de Salud
Artículo Único.Se reforman las fracciones II y IV del artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 61. ...
I. ...
II. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento, desarrollo integral, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna, atención prenatal, así como la prevención y detección de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénitas, y en su caso atención, que incluya la aplicación de la prueba de tamiz neonatal ampliado, y su salud visual;
III. ...
IV. La aplicación del tamiz auditivo neonatal para la detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus grados, desde los primeros días del nacimiento, y
V. ...
Transitorios
Primero.El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Los gobiernos federal y de las entidades federativas deberán desarrollar, de manera coordinada, las políticas públicas previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestarios disponibles, para lograr, de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 25 de octubre de 2011.—Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Renán Cleominio Zoreda Novelo (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A fin de que dictamine, túrnese a la Comisión de Salud.
LEY DE PUERTOS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos.
Atentamente
México, DF, a 26 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos
Artículo Único. Se adiciona un artículo 17 Bis a La Ley de Puertos, para quedar como sigue:
Artículo 17 Bis. Para ser Capitán de Puerto deberán cumplirse los requisitos siguientes:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Contar con título de estudios superiores náuticos debidamente registrado;
III. Comprobar una experiencia mínima de cinco años en labores vinculadas con la operación marítima portuaria, y
IV. No haber sido sentenciado por autoridad judicial competente, ni estar suspendido, inhabilitado o destituido por resolución firme como servidor público.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A más tardar en 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo federal a través de la secretaría y las autoridades encargadas de aplicar la presente ley, realizarán e implementarán las adecuaciones a las disposiciones reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar cabal cumplimiento al mismo.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 26 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Adrián Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Hágase llegar a las Comisiones Unidas de Transporte, y de Marina, para dictamen.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción E) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111; y se reforma el artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Atentamente
México, DF, a 27 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de Decreto
Por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41, 58, 85, 107 y 111; y se reforma el artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.
Artículo Único. Se adicionan: una fracción III Bis al artículo 2; un párrafo sexto al artículo 23, recorriéndose en su orden los actuales párrafos sexto a noveno, pasando a ser séptimo a décimo respectivamente; una fracción III al artículo 27; una fracción V al artículo 28; los incisos o), p), q), r), s), t) y u) a la fracción II; un inciso c) a la fracción III, recorriéndose en su orden el actual inciso e), pasando a ser el inciso d); un último párrafo al artículo 41; un quinto párrafo al artículo 58; un segundo párrafo a la fracción II, recorriéndose en su orden los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando a ser tercero a quinto, del artículo 85; un sub inciso iv) al inciso b) de la fracción I; un quinto párrafo al artículo 107, recorriéndose en su orden el actual párrafo quinto, pasando a ser el sexto; un cuarto párrafo al artículo 111, recorriéndose en su orden el actual párrafo cuarto pasando a ser el quinto, y se reforma la fracción V del artículo 110, todos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I. a III. ...
III Bis. Anexos Transversales: anexos del presupuesto donde concurren programas presupuestarios, componentes de éstos y/o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: igualdad entre mujeres y hombres; desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas; desarrollo de los jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático;
IV. a LVII. ...
...
Artículo 23. ...
...
...
...
...
La secretaría deberá elaborar los calendarios de presupuesto, en términos mensuales, de los Anexos Transversales a que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta ley y deberá publicarlos en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación.
...
...
...
...
Artículo 27. ...
I. ...;
II. ..., y
III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.
...
...
...
Artículo 28. ...
I. ...
II. ...
III .... ;
IV. ... , y
V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres.
Artículo 41. ...
I. ...
a) a e) ...
II. ...
a) a m) ...
n) ...;
ñ) ...;
o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres;
p) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para el desarrollo de los jóvenes;
q) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
r) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Ciencia y Tecnología;
s) Las previsiones de gasto que correspondan a la Estrategia Nacional para la Transición Energética·y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a que se refiere el artículo 25 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética;
t) Las previsiones de gasto que correspondan para la atención a grupos vulnerables, y
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la mitigación de los efectos del cambio climático.
III. ...
a) ...
b) ...;
c) La metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los Anexos Transversales a los que se refieren los incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de la fracción anterior, estableciendo con claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los programas presupuestarios y/o de las unidades responsables son considerados para la integración de dichos Anexos. En caso de que existan modificaciones en la metodología con respecto a la utilizada en el ejercicio fiscal anterior, se deberá incluir un apartado donde se explique y justifique plenamente el motivo de dichas modificaciones, y
d)...
Las previsiones de gasto a las que se refieren los incisos j), o), r) y t) de la fracción II del presente artículo, en congruencia con los ingresos previstos en la iniciativa de Ley de Ingresos deberán contar, al menos, con la misma proporción del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando se hubiere cumplido con los objetivos y metas que para tal efecto se hayan definido en el Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto de dicho ejercicio fiscal.
Artículo 58. ...
I. ...
II. ...
III. ...
...
...
...
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.
Artículo 85. ...
I. ...
II. ...
Los informes a los que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres.
...
...
...
Artículo 107. ...
I. ...
...
...
...
a)...
b)...
i) a iii)...
iv) La evolución del gasto público previsto en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), s), t) y u) de esta ley.
c) a f)...
II. ...
...
...
...
...
La Cuenta Pública deberá contener los resultados del ejercicio del presupuesto establecido en los Anexos Transversales a los que se refiere el artículo 41, fracción II, incisos i), o), p), q), r), s), t) y u) de esta ley, en los mismos términos y el mismo grado de desagregación en los que se presente la evolución del gasto público al que hace referencia el sub inciso iv), inciso b), fracción 1 del presente artículo.
...
III. ...
Artículo 110. ...
...
...
...
I. a IV. ...
V. Las evaluaciones deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarías y beneficiarios de los programas. Asimismo, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y
VI. ...
Artículo 111. ...
...
...
El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género.
...
Transitorios
Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de si publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La secretaría, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, enviará a la Cámara de Diputados la metodología, factores, variables y fórmulas utilizados para la elaboración de cada uno de los Anexos Transversales, informando sobre los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los programas presupuestarios y/o de las unidades responsables son considerados para la integración de dichos anexos.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con las comisiones ordinarias correspondientes, contará con 30días hábiles siguientes a la entrega de la información a la que se refiere el párrafo anterior, para remitir a la secretaría las opiniones y comentarios para que sean considerados en la integración del Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal siguiente.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 27 de octubre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Adrian Rivera Pérez (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
LEY DEL SEGURO SOCIAL - LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Atentamente
México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Proyecto de decreto
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Artículo Primero.Se reforman los artículos 64 fracción II; 65; 66, párrafos tercero y cuarto; 84, fracciones III y IV; 127, fracción IV; 130, párrafo primero; 138, párrafo primero, fracciones I, III y IV; y se deroga el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 64. ...
...
Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente ley serán:
I. ...
II.Al cónyuge sobreviviente del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida;
III.a VI....
Artículo 65. Sólo a falta de cónyuge tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la persona con quien el asegurado vivió como si fueran matrimonio durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien procreó o registró hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante dicho plazo. Si al morir el asegurado tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos gozará de pensión.
Artículo 66. ...
...
A falta de beneficiarios con derecho a pensión, en términos de los dos artículos anteriores, a cada uno de los padres que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.
Tratándose de las pensiones de viudez otorgadas a las personas precisadas en términos de los dos artículos anteriores, aquéllas se continuarán pagando mientras dichas personas no contraigan matrimonio o vivan en concubinato. Al darse cualquiera de las situaciones mencionadas, los beneficiarios en cuestión recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada. En este caso, la aseguradora respectiva deberá devolver al instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se otorgue.
Artículo 84. ...
I.y II....
III.El cónyuge del asegurado o, a falta de éste, la concubina o el concubinario con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado o registrado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varios concubinas o concubinarios ninguno de ellos tendrá derecho a la protección;
IV.El cónyuge del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la fracción II; a falta de cónyuge la concubina o el concubinario del pensionado si reúnen los requisitos de la fracción III;
V.a IX....
...
Artículo 127.Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo, las siguientes prestaciones:
I.a III....
IV.Ayuda asistencial al pensionado por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y
V....
...
...
...
...
Artículo 130.Tendrá derecho a la pensión de viudez el que fuera cónyuge del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión la concubina o el concubinario del asegurado o pensionado por invalidez, con quien haya vivido durante al menos los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o que hubieran procreado o registrado hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la pensión.
(Párrafo segundo. Se deroga).
Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:
I.Para el cónyuge del pensionado, o a falta de éstos, la concubina o el concubinario en los términos del artículo 84, fracciones III y IV de esta Ley, el quince por ciento de la cuantía de la pensión;
II....
III.Si el pensionado no tuviera ninguno de los beneficiarios precisados en las fracciones I y II anteriores, se concederá una asignación del diez por ciento para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;
IV.Si el pensionado no tuviera ninguno de los beneficiarios precisados en las fracciones I, II y III anteriores, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que le corresponda, y
V....
...
...
...
...
Artículo Segundo.Se reforman los artículos 6, fracción XII, inciso a); 39, párrafo primero; 40, párrafo primero; 41, fracción I; 70; 131, fracción II, párrafo primero y III: y 135 fracción II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 6....
I. a XI. ...
XII. Familiares derechohabientes a:
a)El cónyuge, o a falta de éste la persona que acredite vivir en concubinato con el Trabajador o Pensionado, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tuviera varios concubinatos, ninguno de éstos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley;
b)a d)...
XIII.a XXIX. ...
Artículo 39.La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge, o la mujer con quien acredite vivir en concubinato y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a:
I.a III....
Artículo 40.Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge, o hija menor de dieciocho años y soltera, o en su caso, la mujer que acredite vivir en concubinato con el Trabajador o Pensionado, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o los de la o el Trabajador o la o el Pensionado del que se deriven estas prestaciones.
...
Articulo 41. ...
I.El cónyuge, o falta de éste la persona con quien el Trabajador acredite vivir en concubinato antes de la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si la o el Trabajador o la o el Pensionado, tiene varios concubinatos según sea el caso, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la prestación;
II.a V....
Artículo 70.Para la división de la pensión derivada de este capítulo, entre los familiares de la o el trabajador, así como en cuanto a la asignación de la pensión para el supérstite o la persona con quien el trabajador o pensionado haya vivido en concubinato, hijos, ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la sección de Pensión por causa de muerte, del seguro de invalidez y vida.
Artículo 131. ...
I....
II.A falta de cónyuge, o la persona con quien el trabajador o pensionado haya vivido en concubinato, solo o en concurrencia con los hijos, o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la persona con quien haya vivido en concubinato hubiere tenido hijos con la o el trabajador o con la o el pensionado o vivido en su compañía durante los años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir la o el trabajador o la o el pensionado tuviere varios concubinatos, ninguno tendrá derecho a Pensión.
III.A falta de cónyuge, hijos, persona con la que el trabajador o pensionado haya vivido en concubinato, la pensión se entregará a la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente de la o el trabajador o de la o el pensionado.
IV.y V....
Artículo 135.Los derechos a percibir pensión se pierden para los familiares derechohabientes de la o el trabajador o de la o el pensionado por alguna de las siguientes causas:
I....
II.Porque el pensionado contraiga matrimonio, o llegasen a vivir en concubinato. Al contraer matrimonio, el cónyuge supérstite, o la persona con quien el trabajador o pensionado haya vivido en concubinato, recibirá como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión que venían disfrutando.
La persona que se haya divorciado del trabajador o pensionado, no tendrán derecho a la pensión de quien haya sido su cónyuge a menos que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no exista cónyuge supérstite, hijos, persona con la que el trabajador o pensionado haya vivido en concubinato y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la persona que se haya divorciado del trabajador o pensionado disfrutasen de la pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen matrimonio o si viviesen en concubinato, y
III....
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente; senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 254/2011 IV PE, así como del dictamen que le dio origen, emitido por el honorable Congreso del estado, por medio del cual la Sexagésima Tercera Legislatura formula iniciativa de decreto ante el honorable Congreso de la Unión, en la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sin otro particular de momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 15 de septiembre de 2011.— Diputada Liz Aguilera García (rúbrica), Presidenta del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones del Honorable Congreso del Estado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Chihuahua.— Secretaría.
Acuerdo 254/2011 IV PE
La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de Chihuahua, reunida en su cuarto periodo extraordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional
Acuerda
Primero. Formular iniciativa de decreto ante el honorable Congreso de la Unión, por medio de la cual se propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:
Artículo Primero. Se reforman los artículos 64, primer párrafo, y 189; se adiciona un inciso m), fracción I, del artículo 85; un segundo y tercer párrafos al artículo 180, todos del Código Penal Federal, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o los ilícitos contemplados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis, fracción II; 83 Ter, fracción III; 84, fracción II; u 86, último párrafo, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, supuestos en los cuales se aplicarán las reglas del concurso real.
...
...
Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:
I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este código que a continuación se señalan:
a) a l)...
m) Los ilícitos contemplados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis, fracción II; 83 Ter, fracción III; 84, fracción II; u 86, último párrafo, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
II a IV. ...
...
Artículo 180. Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos al que, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.
Se le aplicará de cinco a diez años de prisión y de trescientos cincuenta a mil días multa al que, dentro del supuesto del párrafo anterior, se oponga mediante disparos realizados con arma de fuego.
Dichas penas se aplicarán independientemente de las que le correspondan por la comisión de otros ilícitos.
Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a diez años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 194, fracción III, con un inciso 6, del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. ...
1) a 36)...
II. ...
III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:
1) a 5). ...
6) Lo previsto en el último párrafo del artículo 86.
IV. a XVIII. ...
...
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 83, fracciones II, III, y párrafo segundo; 83 Bis, fracciones I y II, el segundo párrafo; 83 Ter, fracción III; 83 Quáter, fracción II; 84, primer párrafo; 86, primero y tercer párrafos; y 88, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea se le sancionará:
I. ...
II. Con prisión de tres a quince años y de cien a cuatrocientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley; y
III. Con prisión de doce a veinticinco años y de doscientos a mil quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará de una a dos terceras partes.
...
Artículo 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas se le sancionará:
I. Con prisión de tres a veinte años y de ciento cincuenta a quinientos días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y
II. Con prisión de veinte a cincuenta años y de mil a dos mil días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En caso de que constaren más de diez armas, la pena correspondiente se aumentará de una a dos terceras partes.
...
Artículo 83 Ter. Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I y II. ...
III. Con prisión de doce a treinta años y de mil a dos mil días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
Artículo 83 Quáter. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas se le sancionará:
I. ...
II. Con prisión de seis a doce años y de doscientos a quinientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley.
Artículo 84. Se impondrá de cinco a cincuenta años de prisión y de mil a tres mil días multa:
I a III. ...
Artículo 86. Se impondrá de seis meses a diez años de prisión y de diez a trescientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo:
I y II. ...
...
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de quince a treinta años de prisión y de mil a dos mil días multa.
Artículo 88. Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo, serán decomisadas para ser destruidas o aseguradas en caso de investigación. Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, y las de valor histórico, cultural, científico o artístico, que se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, al honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a quince de septiembre de dos mil once.— Diputadas: Liz Aguilera García, presidenta; Inés Aurora Martínez Bernal, Gloria Guadalupe Rodríguez González, secretarias (rúbricas).»
«Escudo.— LXIII Legislatura.— Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Honorable Congreso del Estado.— Presente.
La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a consideración del pleno el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes
Antecedentes
I. Con fecha siete de junio del año dos mil once, fue turnada para su estudio y posterior dictamen a esta comisión, iniciativa con carácter de decreto ante el honorable Congreso de la Unión, que presentan los diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional, Alex Le Barón González, Jesús José Sáenz Gabaldón, Gloria Guadalupe Rodríguez González, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Francisco Javier Salcido Lozoya, René Franco Ruíz, Ricardo Alán Boone Salmón y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, por medio de la cual proponen reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como iniciativa de decreto, a efecto de adicionar el artículo 278 Bis al Código Penal del Estado, con objeto de aumentar las penas cuando se cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas.
II. La iniciativa queda expuesta en los siguientes términos:
“En varias ocasiones hemos mencionado que la seguridad pública se ha tratado desde perspectivas operativas hasta legislativas de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno; por lo que atañe al orden federal y estatal en su ámbito legislativo, hemos tenido avances significativos que dotan a las autoridades de mejores instrumentos para el combate a la delincuencia, como la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Extinción de Dominio y la Prisión Vitalicia en nuestra entidad; aun así nos queda todo un camino que transitar para el mejoramiento del sistema en donde se apoya la seguridad.
“Ya que si bien es cierto, aquellos son ordenamientos que otorgan una flexibilidad extraordinaria para combatir estas conductas antisociales, también lo es, que no debemos de olvidar reforzar las otras trincheras desde donde combatimos las actividades del crimen organizado, es por ello que ahora propongo aumentar la punibilidad en diversas modalidades de la portación, acopio, posesión, tráfico y venta de armas de fuego y explosivos: primero, porque la percepción social es que a los que se encuentran en estos supuestos les otorgan penas muy bajas e inmediatamente salen de prisión y nuevamente vuelven a delinquir; segundo, por qué, ¿cómo es posible que casi sea la misma pena a quien porte una pistola calibre 9 milímetros a quien porte un AK-47?; claro es que, en la mayoría de las ocasiones, quien porta un rifle de asalto o arma superior, cargada y listo para disparar, no lo hace por simple diversión, sino porque acaba o va a realizar delitos de alto impacto, y si a esto le agregamos que se le localizan diversos cartuchos, vestimenta operativo de fuerzas policiales o del Ejército, no es porque desconocieran lo que están haciendo, sino al contrario, porque saben lo que hacen.
“Desgraciadamente hemos visto cómo fuerzas federales detienen a este tipo de personas, se les imputan diversos homicidios, secuestros, extorsiones, delitos contra la salud, entre otros, y quedan exonerados de los cargos, pero se les impone una pena de prisión mínima por la portación del arma al momento de su detención y las diversas corporaciones policíacas se sienten impotentes porque aquel criminal que acaban de detener y que costó una gran cantidad de esfuerzo y dinero para su aprehensión, en unos pocos años o meses quedará libre, aunado al sentimiento de impunidad que impera en nuestro país, debido a que seguido apreciamos en la prensa que se realizan grandes detenciones, pero al poco tiempo vemos que esas personas quedan libres por falta de ‘elementos’; de ahí que para coadyuvar al sentir social y policíaco junto a la prevención general del ilícito, esto es, que se mande el mensaje a todas aquellas personas de bien, que si poseen un rifle de estas características, lo entreguen o cuando menos no circulen con él, porque a todas las personas que sean detenidas con este tipo de armas sin el permiso correspondiente, serán aprehendidas y se les impondrá una penalidad alta, sin beneficios preliberacionales, ya que no queremos en nuestra sociedad a este tipo de personas.
“Ahora bien, en otro orden de ideas, propongo reformar y adicionar la desobediencia y resistencia de particulares y los delitos cometidos contra funcionarios públicos, de la siguiente forma: En el primero de los i1ícitos es cuando la persona que va a ser detenida y emplea la fuerza, el amago o la amenaza para oponerse de sus agentes captores; situación que se agravará punitivamente cuando se oponga mediante disparos realizados con arma de fuego. Y en el segundo de los i1ícitos, se aumentan las penas cuando se cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas.
“Todo ello, porque hemos apreciado que con gran facilidad ahora los delincuentes al ser sorprendidos por la autoridad, empiezan a disparar en contra de ellos, y al Ministerio Público se le complica acreditar alguna tentativa de homicidio por diversas razones o peculiaridades de los hechos, lo cual resulta redituable para el delincuente, porque si es detenido, simplemente le aplican la pena del delito por el que lo sorprendieron, sin embargo, al momento de disparar contra la autoridad tienen más posibilidades de facilitar su huida; de ahí que propongo estas modificaciones al Código Penal Federal y al Código Penal del Estado, porque el grado de peligrosidad de una persona que dispara en contra de un agente policíaco es superior de aquella persona que es sorprendida y simplemente se entrega, aunado al hecho de que contribuimos a la seguridad y la paz social.
“También propongo una serie de limitantes a los beneficios de disminución de penas, debido a que en la mayoría de los casos, los juzgadores imponen una pena mínima y el sentenciado por delitos que afectan a la sociedad, ve redituable su conducta debido a que es excarcelado en pocos años o meses.
“Todo lo anterior es con la finalidad de establecer una estrategia político-criminológica en relación a estas conductas antisociales, dirigidas a regular el proceder del Estado mexicano para enfrentar en la actualidad estos fenómenos delictivos, no sólo en la fase preventiva, sino también en la represiva, haciendo efectiva una sanción de manera coordinada entre los órdenes de gobierno desde el punto de vista jurídico.
“Y parte de hacer efectiva una sanción y realizar una prevención general, fue para nosotros el restringir las salidas alternas y aumentar las penas, lo cual empiezo a rendir frutos en nuestro estado, de ahí que optamos por imponer medidas represivas. Amenaza que ha funcionado en nuestra entidad y que compartimos con la federación.”
La Comisión de Justicia, después de entrar al estudio de la iniciativa de mérito, tiene a bien formular las siguientes
Consideraciones
I. El honorable Congreso del estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el artículo 58 de la Constitución Política del estado, así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
II. La presente iniciativa tiene como finalidad proponer al Congreso de la Unión la aprobación de un decreto, a fin de reformar y adicionar diversos ordenamientos federales para aumentar las penas cuando una persono se oponga o resista a su detención, llevada a cabo por parte de la autoridad correspondiente, mediante el disparo de un arma de fuego, así como crear un nuevo tipo penal en el estado de Chihuahua que regule la misma situación.
Dicha propuesta surge debido a la estrategia de seguridad pública que se encuentra realizando el Estado de Chihuahua en contra de personas o grupos delictivos, ya que aún cuando contamos con alternativas como las reformas que se han aprobado referentes a la prisión vitalicio, el agravamiento de penas o la modificación de los procesos y tiempos, se sigue presentando la situación de que los delincuentes detenidos por ilícitos que realizan utilizando armas de fuego, son exonerados al poco tiempo o se les imponen penas de prisión mínimas.
Por ello con esta propuesta se busca aumentar la punibilidad en diversas modalidades de la portación, acopio, tráfico y venta de armas de fuego y explosivos; garantizar que los delincuentes sean aprehendidos e imponerles una penalidad alta, sin beneficios preliberacionales; aumentar las penas cuando se opongan a su detención mediante disparos realizados con armas de fuego; aumentar las penas cuando se cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas y una serie de limitantes a los beneficios de disminución de penas.
Lo anterior se lograría reformando o adicionando, según sea el caso, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como crear un nuevo tipo penal en el Código Sustantivo Penal del estado.
III. Antes de entrar al análisis particular de la Iniciativa sería prudente mencionar algunas cuestiones que orillan a realizar las reformas mencionadas. De acuerdo con Oxfam Internacional en el mundo cada minuto se pierde una vida humana por armas de fuego, de las cuales se estima que a nivel global circulan alrededor de 650 millones, 60 por ciento de estas armas están en manos de civiles.
Cada día ingresan a nuestro país dos mil armas de fuego, sin embargo las autoridades federales logran recuperar sólo dos por ciento por lo que la gran mayoría va a parar al “mercado negro” o a los arsenales de la delincuencia organizada.
Investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) aseguran que en el noventa por ciento de los delitos cometidos en México se utilizan armas adquiridas legalmente en Estados Unidos y que ingresan de manera ilícito a nuestro país
Lo anterior a pesar de que México posee una de las más estrictas regulaciones sobre la portación de armas, pues solamente se pueden adquirir a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cifras como las anteriores demuestran que muchos civiles pueden obtenerlas fácilmente, sobre todo a través del mercado ilegal o mediante prácticas corruptas.
Dicha dependencia federal establece como requisitos para portar un arma de fuego tener un modo honesto de vivir, haber cumplido el servicio militar, no tener impedimentos físicos y mentales, no haber sido condenado por algún delito con el empleo de armas y no consumir estupefacientes.
Pero a pesar de los esfuerzos realizados por la autoridad se siguen presentando en número creciente de delitos cometidos utilizando armas de fuego, es por ello que surge esta propuesta con la cual la comisión que hoy dictamina coincide plenamente ya que se deben aplicar estrategias diferentes para lograr frenar el uso ilícito de las armas de fuego por grupos delictivos.
IV. Con la propuesta se propone reformar el Código Penal Federal, en sus artículos 64, primer párrafo; y 189, así como adicionar un inciso m) a la fracción I del artículo 85: y un segundo y tercer párrafos al ordinal 180.
Por lo que toca al artículo 64, primer párrafo, con la modificación que se pretende realizar, se busca que los ilícitos contemplados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis, fracción II: 83 Ter, fracción III: 84, fracción II; u 86, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se les aplique de pena correspondiente las reglas del concurso real, equiparándolo con esto a los delitos en materia de secuestro.
Asimismo al adicionar el inciso m) a la fracción I del ordinal 85, se estaría restringiendo la libertad preparatoria a los sentenciados por alguno de los ilícitos contemplados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis, fracción II; 83 Ter, fracción III; 84, fracción II: u 86, último párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En cuanto a la intención de adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 180, para agravar las penas cuando el delincuente se oponga o resista al cumplimiento de un mandato judicial, mediante disparos realizados con arma de fuego, esto se realiza debido a que el grado de peligrosidad de una persona que dispara en contra de un agente policíaco es superior de aquella que es sorprendida y simplemente se entrega, o que se opone o resiste pero usando la fuerza física, aunado al hecho de que con esta situación contribuimos a la seguridad y la paz social.
Por último, del Código Penal Federal se reforma el artículo 189 respecto a que cuando se comete un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad, siempre y cuando esté en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará como pena máxima hasta diez años, cuando anteriormente era de seis.
V. Respecto al Código Federal de Procedimientos Penales, se adicionará un inciso 6) a la fracción III del artículo 194, con lo cual se calificarán como graves los delitos comprendidos en el último párrafo del artículo 86 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
VI. Por lo que toca a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se reformarán los artículos 83, en las fracciones II y III, así como en su párrafo segundo; 83 Bis, en las fracciones I y II; 83 Ter, en la fracción III; 83 Quáter, en la fracción II; 84, en el primer párrafo; 86, en el primero y tercer párrafos; y 88.
Lo anterior, a efecto de aumentar las penas cuando los delitos se cometan con armas de fuego ya que en la mayoría de los casos los juzgadores imponen una pena mínima al sentenciado, el cual es excarcelado en pocos años o meses, con lo cual los únicos afectados terminan siendo la sociedad.
VII. Por lo que respecta a nuestro Código Penal se adicionará un nuevo tipo penal el artículo 278 Bis al capítulo II del título décimo octavo, el cual pretende quedar redactado de la siguiente manera: .
Artículo 278 Bis. A quien en los supuestos de los artículos 277 y 278 se oponga mediante disparos realizados con arma de fuego, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa, además de la que le corresponda por el delito cometido.
Es factible su ubicación en este capítulo II, tomando en cuenta el texto de los ordinales 277 y 278, los cuales mencionan lo siguiente:
Artículo 277
Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión a quien por medio de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales.
Artículo 278
La pena será de uno a cinco años de prisión, cuando la desobediencia o resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento a una sentencia.
Con el nuevo tipo penal se está incrementando la penalidad a quien se oponga a su detención mediante disparos realizados con arma de fuego, ya que como mencionamos anteriormente refleja mayor peligrosidad para la sociedad, aunado también a que el restringir las salidas alternas y aumentar las penas de los delitos cometidos con mayor frecuencia, son cuestiones que han empezado a rendir frutos en nuestro estado, lo cual se busca compartir con la federación a través de este dictamen.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción 1, en relación con el 57, 58, 64 y 68 de la Constitución Política del estado y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de iniciativa de
Decreto ante el Congreso de la Unión
Artículo Primero. Se reforma el artículo 64, primer párrafo, y el 189; se adiciona un inciso m), fracción I, del artículo 85; un segundo y tercer párrafos del artículo 180, todos del Código Penal Federal, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los ilícitos contemplados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis, fracción II; 83 Ter, fracción III; 84, fracción II; u 86, último párrafo, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, supuestos en los cuales se aplicarán las reglas del concurso real.
Artículo 85. No se concederá la libertad preparatoria a:
I. Los sentenciados por alguno de los delitos previstos en este código que a continuación se señalan:
a) a l)...
m) Los ilícitos contemplados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis, fracción II; 83 Ter, fracción III; 84, fracción II; u 86, último párrafo, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
II a IV. ...
...
Artículo 180. Se aplicarán de uno a dos años de prisión y multa de diez a mil pesos al que, empleando la fuerza, el amago o la amenaza, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones o resista al cumplimiento de un mandato legítimo ejecutado en forma legal.
Se le aplicará de cinco a diez años de prisión y de trescientos cincuenta a mil días multa al que dentro del supuesto del párrafo anterior, se oponga mediante disparos realizados con arma de fuego.
Dichas penas se aplicarán independientemente de las que le correspondan por la comisión de otros ilícitos.
Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicará de uno a diez años de prisión, además de la que le corresponda por el delito cometido.
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 194, fracción III, con un inciso 6, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. ...
1) a 36). ...
II. ...
III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:
1) a 15). ...
6) lo previsto en el último párrafo del artículo 86.
IV. a XVIII. ...
...
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 83, fracciones II y III, y párrafo segundo; 83 Bis, fracciones I y II; 83 Ter, fracción III; 83 Quáter, fracción II; 84, primer párrafo; 86, primero y tercer párrafos; y 88, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea se le sancionará:
I. ...
II. Con prisión de tres a quince años y de cien a cuatrocientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta ley; y
III. Con prisión de doce a veinticinco años y de doscientos a mil quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de los otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
En caso de que se porten dos o más armas. la pena correspondiente se aumentará de una a dos terceras partes.
...
Artículo 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:
I. Con prisión de tres a veinte años y de ciento cincuenta a quinientos días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y
II. Con prisión de veinte a cincuenta años y de mil a dos mil días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En caso de que constaren más de diez armas, la pena correspondiente se aumentará de una a dos terceras partes.
...
Artículo 83 Ter. Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
I y II. ...
III. Con prisión de doce a treinta años y de mil a dos mil días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.
Artículo 83 Quáter. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:
I. ...
II. Con prisión de seis a doce años y de doscientos a quinientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley.
Artículo 84. Se impondrá de cinco a cincuenta años de prisión y de mil a tres mil días multa:
I a III. ...
Artículo 86. Se impondrá de seis meses a diez años de prisión y de diez a trescientos días multa, a quienes sin el permiso respectivo:
I y II. ...
...
Si el transporte es de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley, excepto las mencionadas en los incisos a), b) e i), la pena será de quince a treinta años de prisión y de mil a dos mil días multa.
Artículo 88. Las armas materia de los delitos señalados en este capítulo serán decomisadas para ser destruidas o aseguradas en caso de investigación. Se exceptúan las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a dichas instituciones, y las de valor histórico, cultural, científico o artístico, que se destinarán al Museo de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los objetos, explosivos y demás materiales decomisados se aplicarán a obras de beneficio social.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo por las consideraciones expresadas, la Comisión de Justicia, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52, 59, 99, 102 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Chihuahua, se permite proponer a esta asamblea legislativa el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona el artículo 278 Bis al capítulo II del título décimo octavo, “Delitos contra el Servicio Público cometidos por Particulares”, del Código Penal del estado, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 278 Bis. A quien en los supuestos de los artículos 277 y 278 se oponga mediante disparos realizados con arma de fuego, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de cien a doscientos cincuenta días multa, además de la que le corresponda por el delito cometido.
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore las minutas de decreto en los términos que deban publicarse.
Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a 15 de septiembre de 2011.— Por la Comisión de Justicia, diputados: Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, presidente; Alejandro Pérez Cuéllar, secretario; César Alejandro Domínguez Domínguez, Ricardo Alán Boone Salmón, Brenda Ríos Prieto, vocales (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, para dictamen.
LEY DE COORDINACION FISCAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, V y XVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito remitir a usted el original de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo, a 20 de octubre de 2011.— Diputado Rafael Miguel Medina Pederzini (rúbrica), presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— V Legislatura.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXI Legislatura.— Presente.
Los que suscribimos, diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, en nuestro carácter de integrantes de la Mesa Directiva de este órgano de gobierno local con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso ñ), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 10, fracción II, 31, 32 y 36, fracciones II, V, VI y XV, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Exposición de Motivos
Primero. Que de conformidad con el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso ñ), es facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal “Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;”
Segundo. Que el Distrito Federal es la base económica, social, urbana y política sobre la cual se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, la zona metropolitana del valle de México, con una población hoy superior a los 19 millones de personas, constituyendo no sólo la primera y más poblada zona metropolitana del país sino una de las mayores del planeta.
Tercero. Que “la gestión de las zonas metropolitanas implica la concurrencia de dos o más gobiernos municipales, y en ocasiones estatales, con sus respectivas autoridades” y que la legislación para enfrentar este fenómeno es endeble.
Cuarto. Que los recursos presupuestales hasta ahora destinados a la atención de los problemas específicos de las zonas metropolitanas del país no tienen la necesaria dimensión, ni certeza, ni regularidad, por lo cual los problemas específicos que se derivan del desarrollo urbano, económico y social de numerosas zonas metropolitanas del país están quedando sin la debida atención.
Quinto. Que una de las razones por las cuales se carece de suficientes recursos presupuestales, y de falta de regularidad y certeza de los mismos, deriva de que en el marco del sistema nacional de coordinación fiscal, en particular en la Ley de Coordinación Fiscal, no existe la obligatoriedad de asignar los recursos requeridos para atender los problemas propios de las zonas metropolitanas.
Sexto. Que en el país se reconocen ya por lo menos 56 zonas metropolitanas, con una población total de 57.9 millones de personas, cuyas necesidades específicas, en tanto habitantes de zonas conurbadas no reciben la debida atención.
Séptimo. Que la iniciativa referida busca beneficiar a la población del Distrito Federal, y a la que diariamente realiza en su territorio –sin tener su residencia en éste– un gran número de actividades laborales, culturales, educativas, de salud, recreativas, religiosas, deportivas, entre otras, mejorando el sistema de coordinación fiscal imperante en la federación al adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal con objeto de incluir el Fondo Metropolitano en los fondos considerados en el apartado de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para lo cual el diputado Reyes Zúñiga propone la adición de una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como establecer reglas de operación de los recursos de este Fondo Metropolitano por la vía de adicionar los artículos 47-A, 47-B, 47-C y 47-D al ordenamiento en comento.
Octavo. Que la iniciativa del diputado Reyes Zúñiga presenta sus propuestas de modificaciones en cinco artículos, el primero de los cuales se propone adicionar la fracción IX, “Fondo Metropolitano”, al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que se integre a los considerados en los fondos de aportaciones federales del ramo 33.
Actualmente, los fondos regulados en el artículo 25 son los siguientes:
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. Fondo de Aportaciones Múltiples;
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Señala el diputado que al incluirse el Fondo Metropolitano, como fracción IX del artículo 25 de la ley, permitirá regir de manera más eficiente, productiva y coordinada los montos asignados para el cumplimiento de sus objetivos, dejando de lado los intereses político partidistas en el cálculo de sus asignaciones y dando sustentabilidad a la propuesta que se haga año con año, permitiendo una planeación permanente para su aplicación.
En el resolutivo segundo de la iniciativa, el diputado Maximiliano Reyes Zúñiga se propone añadir los artículos 47-A a 47-D, que pretenden precisar los objetivos y propósitos del Fondo Metropolitano, la integración del monto asignado al mismo con 1.9 por ciento del Fondo de Aportaciones Federales, constituido con 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, de conformidad con los principios de equidad y proporcionalidad de las aportaciones de las zonas metropolitanas a la economía nacional. Igualmente se propone que los recursos sean orientados al desarrollo de la competitividad regional, entre otros, de la siguiente manera:
Segundo. Se adicionan los artículos 47-A, 47-8, 47-C y 47-D al capítulo V, “De los fondos de aportaciones federales”, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 47-A. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo Metropolitano reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales, por conducto del Distrito Federal, determinados zona metropolitana en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, tienen el carácter de subsidio federal, con el objeto de ser destinados a la elaboración de planes y programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento en las zonas metropolitanas.
I. Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que formen parte de las zonas metropolitanas indicadas en el párrafo anterior, serán determinadas conforme a la delimitación que emita el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, e incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
II. El Fondo Metropolitano impulsará los siguientes fines:
a) La competitividad económica y las capacidades productivas;
b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
c) La consolidación urbana; y
d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.
Artículo 47-8. El Fondo Metropolitano se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, como sigue:
a) Con 1.8 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
Este fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47 Bis de este ordenamiento; y
b) Los gobiernos estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.
Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.
Artículo 47-C. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo Metropolitano reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con los servicios urbanos a sus habitantes.
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.
Artículo 47-D. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo Metropolitano a que se refiere el artículo 47 Bis de esta ley, en proporción directa con el número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el 75 por ciento correspondiente a cada demarcación territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Las entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios y demarcaciones territoriales antes referidos.
Consideraciones
Primera. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal considera totalmente pertinente el análisis del diputado Reyes Zúñiga en el sentido de que el crecimiento de numerosas zonas metropolitanas en el país, ocurrida a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y durante la primera década del siglo XXI han generado nuevas realidades y problemáticas, incluidas la de la de gestión pública, que rebasan las normas y políticas establecidas, por lo que son indispensables reformas a las normas establecidas y a las políticas para poder enfrentar con éxito la problemática que plantean los desarrollos de estas zonas metropolitanas, en las que convergen los territorios, poblaciones, gobiernos y normatividades de hasta tres entidades y varios municipios y demarcaciones territoriales.
La Asamblea Legislativa reconoce que el Distrito Federal es el núcleo y motor principal que ha generado el desarrollo de la zona metropolitana del valle de México, la más grande del país, y una de las mayores del mundo, que constituye un continuo urbano y social que concentra hoy más de 19 millones de personas que residen en el territorios de tres entidades de la federación, con una gran diversidad de problemas y necesidades, cuya solución requiere la convergencia de acciones y recursos federales, con los de los gobiernos del Distrito Federal, estado de México e Hidalgo, así como de los gobiernos de los municipios y demarcaciones territoriales involucrados.
Segunda. La Asamblea Legislativa considera que por tanto es totalmente pertinente aprobar la modificación del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el sentido de añadir una fracción IX, denominada “Fondo Metropolitano”, que se suma a los ocho fondos definidos actualmente en la ley.
Tercera. La Asamblea Legislativa considera apropiado que el monto asignado al Fondo Metropolitano sea integrado con 1.9 por ciento del Fondo de Aportaciones Federales, constituido con 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, de conformidad con los principios de equidad y proporcionalidad de las aportaciones de las zonas metropolitanas a la economía nacional.
Cuarto. Después de deliberar cuidadosamente, la Asamblea ha considerado que la propuesta de adicionar un artículo 47-A la propuesta se debe modificar con los siguientes cambios:
Es impreciso señalar en el cuerpo de la ley que los recursos del fondo constituyen un “subsidio federal”, pues la integración de los fondos mencionados constituye transferencias, no subsidios, a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, y demarcaciones territoriales, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley. Por tanto, se ha decidido modificar el texto propuesto por el diputado Reyes Zúñiga para el primer párrafo del artículo en comento, para quedar como sigue:
Artículo 47-A. Las transferencias que con cargo al Fondo Metropolitano reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales a través de las entidades, definidas como zona metropolitana en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, constituyen aportaciones federales que se regirán por lo siguiente:
Se debe precisar que la definición y delimitación de las zonas metropolitanas para efectos los efectos de esta ley deberá ser realizada por la propia Cámara de Diputados. Igualmente, con objeto de posibilitar el manejo de los recursos del fondo, que será realizado por conjuntos de gobiernos de diversas entidades, municipios y demarcaciones territoriales (según sea el caso) se estima necesario prever la constitución de acuerdos y convenios marco y específicos entre los gobiernos participantes, así como la constitución de fideicomisos que manejen los recursos, por lo cual se propone el siguiente texto para la fracción I:
I. La determinación de las zonas metropolitanas será propuesta y aprobada por la Cámara de Diputados. Las que se definan serán incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
Los gobiernos de las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales realizarán convenios marco y específicos para cada uno de los programas, estudios, proyectos, obras, etcétera, que se realicen en las zonas metropolitanas con cargo a los fondos provenientes del Fondo Metropolitano. Para la administración de los recursos destinados a las zonas metropolitanas se generarán fideicomisos administrados por las autoridades competentes designadas por las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales en cada zona metropolitana.
II. El Fondo Metropolitano impulsará en las zonas metropolitanas la elaboración de programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento. Éstos se destinarán a
1. La elevación de las capacidades productivas de la zona metropolitana;
2. La protección civil y la disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
3. La consolidación urbana a través del mejoramiento de la infraestructura para la movilidad; para el desarrollo de proyectos hidráulicos (abasto y descarga); conservación de áreas y recursos naturales compartidos (aire, agua, suelos, bosques, entre otros) tratamiento de residuos sólidos y tóxicos.
4. El aprovechamiento de las ventajas de desarrollo económico regionales de las zonas metropolitanas.
Con el fin de aclarar mejor los fines y propósitos de los proyectos que puedan ser realizados con cargo al Fondo Metropolitano se propone el siguiente texto, y que reordena la redacción, amplía la perspectiva de los objetivos que pueden ser financiados con el Fondo Metropolitano, y se excluyen conceptos como que conllevan cierta ambigüedad y subjetividad como “competitividad económica” que no es en sí un atributo de municipios, ciudades o regiones, puesto que se trata de un atributo de otro tipo de agentes como son las corporaciones, las empresas, los equipos, los productos, las marcas las mercancías o los servicios. Se propone el siguiente texto para la fracción II:
II. El Fondo Metropolitano impulsará los siguientes fines en las zonas metropolitanas:
a) Elaboración de programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento. Éstos se destinarán a
i) La elevación de las capacidades productivas de la zona metropolitana;
ii) La protección civil y la disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
iii) La consolidación urbana a través del mejoramiento de la infraestructura para la movilidad; para el desarrollo de proyectos hidráulicos (abasto y descarga); conservación de áreas y recursos naturales compartidos (aire, agua, suelos, bosques, entre otros) tratamiento de residuos sólidos y tóxicos.
iv) El aprovechamiento de las ventajas competitivas regionales del territorio y culturas de las zonas metropolitanas.
Quinto. Es conveniente aprobar la adición de un artículo 47-B en el tenor propuesto por el diputado Reyes Zúñiga, pero eliminando el segundo párrafo del inciso a) de la propuesta, así como el inciso, debido a que se considera que el Fondo Metropolitano se dotará a los fideicomisos que correspondan a cada proyecto acordado entre los gobiernos de las zonas metropolitanas, por lo cual no procede reglamentar en esta ley lo correspondiente a su operación específica.
Por tanto, el texto que se aprueba para el artículo 47-B es el siguiente:
Artículo 47-B.El Fondo Metropolitano se integrará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente
a) A 1.8 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
Sexto. Por las mismas razones la Asamblea considera que no es procedente la propuesta incluida en el artículo 47-C, por lo cual se ha decido suprimirlo del dictamen.
Séptimo. La comisión decidió modificar la propuesta de artículo 47-D, reenumerándolo como artículo 47-C y modificando su texto para reverenciarlo adecuadamente al artículo 25, fracción IX, y no al 47 Bis, inexistente, para quedar como sigue:
Artículo 47-C. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo Metropolitano a que se refiere la fracción IX del artículo 25 de esta ley en un 75 por ciento en proporción al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, y el 25 por ciento restante en proporción al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística oficial más reciente que al efecto emita la autoridad competente en la materia.
Por lo expuesto y fundado, se
Resuelve
Artículo Único. Se adicionan los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:
I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;
II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;
V. Fondo de Aportaciones Múltiples;
VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;
VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal;
VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; y
IX. Fondo Metropolitano.
Dichos fondos se integrarán, distribuirán administrarán, ejercerán y supervisarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.
Segundo. Se adicionan los artículos 47-A, 47-B y 47-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 47-A. Las transferencias que con cargo al Fondo Metropolitano reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales a través de las entidades, definidas como zona metropolitana en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, constituyen aportaciones federales que se regirán por lo siguiente:
I. La determinación de las zonas metropolitanas será propuesta y aprobada por la Cámara de Diputados. Las que se definan serán incluidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
Los gobiernos de las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales realizarán convenios marco y específicos para cada uno de los programas, estudios, proyectos, obras, etcétera, que se realicen en las zonas metropolitanas con cargo a los fondos provenientes del Fondo Metropolitano. Para la administración de los recursos destinados a las zonas metropolitanas se generarán fideicomisos administrados por las autoridades competentes designadas por las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales en cada zona metropolitana.
II. El Fondo Metropolitano impulsará en las zonas metropolitanas la elaboración de programas de desarrollo, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento. Éstos se destinarán a
1. La elevación de las capacidades productivas de la zona metropolitana;
2. La protección civil y la disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
3. La consolidación urbana a través del mejoramiento de la infraestructura para la movilidad; para el desarrollo de proyectos hidráulicos (abasto y descarga); conservación de áreas y recursos naturales compartidos (aire, agua, suelos, bosques, entre otros) tratamiento de residuos sólidos y tóxicos.
4. El aprovechamiento de las ventajas de desarrollo económico regionales de las zonas metropolitanas.
Artículo 47-B.- El Fondo Metropolitano se integrará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente a 1.8 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio fiscal.
Artículo 47-C. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo Metropolitano a que se refiere la fracción IX del artículo 25 de esta ley en 75 por ciento en proporción al número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, y el 25 por ciento restante con proporción al factor de población flotante, de acuerdo con la información estadística oficial más reciente que al efecto emita la autoridad competente en la materia.
Artículos Transitorios
Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Se derogan las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano publicadas el 28 de marzo de 2008, así tomo todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Firmas de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 20 de octubre de 2011.— Por la Mesa Directiva, diputados: Rafael Miguel Pederzini, presidente; Juan José Larios Méndez, Jorge Palacios Arroyo, secretarios (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS - LEY DE AMPARO - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXII Legislatura al honorable Congreso del estado de Nuevo León tuvo a bien aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los Casinos, Centros de Apuestas, Salas de Sorteo, Casas de Juego y establecimientos similares.
En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y del Acuerdo No. 210 aprobado con fecha 11 de octubre de 2011, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, agradeciéndole nos haga saber el trámite legislativo dado al presente.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de octubre de 2011.— Diputado Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica), secretario;diputado Arturo Benavides Castillo (rúbrica), secretario.»
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Sala de Comisiones.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnado en fecha 5 de septiembre de 2011, el expediente legislativo número 7021/LXXII, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación a los Casinos, Centros de Apuestas, Salas de Sorteo, Casas de Juego y establecimientos similares, presentada por el ciudadano licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del estado; licenciado Javier Treviño Cantú, secretario general de Gobierno; licenciado Adrián Emilio de la Garza Santos; procurador general de Justicia; contador público Othón Ruiz Montemayor, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, e ingeniero Fernando Gutiérrez Moreno, secretario de Desarrollo Sustentable.
Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido de la iniciativa ya citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso. a) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, quienes integramos la comisión de dictamen legislativo que sustenta el presente documento, consideramos ante este pleno los siguientes
Antecedentes
Señalan los promoventes de la iniciativa, que el estado y el país están siendo víctimas de una violencia sin precedentes y de las expresiones más negativas del crimen organizado, es un fenómeno que debe de atenderse en todos sus frentes, los acontecimientos ocurridos el pasado 25 de agosto en la ciudad obligan a reconsiderar la conveniencia de los denominados casinos o casas de apuesta sigan instalándose en el Estado.
Mencionan que para aumentar los índices de seguridad que reclama y merece la ciudadanía nuevoleonesa es necesario atender de manera conjunta todos los frentes que integran las causales de inseguridad pública, dentro de esta visión la prevención ocupa un lugar importante y la lucha por recuperar nuestra tranquilidad, la seguridad patrimonial legítima y la vida de los ciudadanos, es de evidente interés público que exige poner un alto a la proliferación de casinos o casa de apuesta que obedece a la alta rentabilidad económica para sus propietarios.
Refieren que no menos importante es que siendo esta materia de competencia federal concretamente de la Secretaría de Gobernación, debe de considerarse en la Ley de Juegos y Sorteos como requisito previo antes de autorizar cualquier casino o casa de apuesta, el requisito indispensable en el trámite de autorización que se recabe por dicha dependencia federal, el visto bueno tanto de la autoridad municipal como de la estatal de que se trate, lo anterior debido a las repercusiones que dicha autorización traerá como consciencia para esa entidad y ese municipio.
Expresan el deber de ir más allá de una estricta reglamentación y vigilancia en la operación de estos negocios, evitando que en el futuro operen nuevas concesiones o permisos que los autorice la federación sin intervención de las autoridades locales. Ser estrictos en la vigilancia de su operación y no permitir nuevas autorizaciones unilaterales de la federación es un reclamo de interés ciudadano y de protección para cada comunidad que está muy por encima del afán del lucro que anima a .los dueños de estos establecimientos, ignorando las consecuencias de su operación.
Comentan los promoventes que no es el interés de cancelar indiscriminadamente opciones de entretenimiento, respetando la competencia federal en esta materia, lo que interesa es el respeto a la autonomía municipal y a la soberanía estatal en los términos del pacto federal, por lo tanto anunciaron propuestas de reforma interpretando el sentir ciudadano nuevoleonés y por esta vía se presentó a la consideración del Congreso del estado de Nuevo León, solicitando que haga suya, y en uso del derecho de iniciativa que le confiere el artículo 71 de la propia Constitución General de la República eleve al Congreso de la Unión iniciativa de reforma a diversas leyes federales con ese denominador común.
Ahora bien, la Ley de Amparo contempla justificadamente la figura de la suspensión los caso de excepción que por interés público el legislador para que se otorgue esta medida cautelar, la experiencia dice que se debe de aumentar la lista de estos casos de excepción cuando se trate de instalación, control, vigilancia, y clausura de estos centros de apuestas, pues la bondad de la legislación en la materia solo ha servido para que el interés privado prevalezca sobre el interés público y que la actuación preventiva y oportuna de las autoridades locales llegue tarde o no sea efectiva cuando por esta vía suspencional se protege a casinos o casas de apuesta en detrimento del interés común.
Asimismo, se debe de actuar con determinación y de manera urgente a favor de la comunidad, de su salud y de su seguridad pública del estado, no se puede mantener al margen y con pretexto de centros de entretenimientos permitir que lucren con la economía familiar y tolerar el riesgo de inseguridad que estamos obligados a combatir en todos sus ángulos, así como respetar la forma de vida que cada municipio y cada entidad quiera darse.
Esta actividad comercial que pretende justificar como una “actividad recreativa” “diversión o entretenimiento” tiene graves consecuencias, entre otras:
• En materia de salud no se pude ignorar que el juego para un gran número de ciudadanos honestos y antes, sin problemas en su entorno familiar o económico, se ha transformado en una patología, en una adicción con graves consecuencias económicas, psicológicas y familiares;
• En materia de seguridad por el alto grado de riesgo de implicación en operaciones de lavado de dinero.
Aluden que el caso que nos ocupa, el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en toda la República, entre otras materias, sobre juegos con apuestas y sorteos.
Por consiguiente en uso de esa atribución el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Juegos y Sorteos, misma que en sus artículos 3 y 4 establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la reglamentación, autorización, control, y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase, y que podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas no sorteos, de ninguna clase sin permiso de la Secretaría de Gobernación.
Argumentan que debe de haber entre federación, estados y municipios corresponsabilidad y por lo tanto coparticipación y el veto de una autoridad municipal o de la estatal, debe de prevalecer sobre el interés y la especulación comercial que sólo ve hacia su propio beneficio, en los artículos 7 y 8, se establece que la Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos y sorteos, y que clausurará todo local abierto o cerrado en el que se efectúen juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos que no cuenten con autorización legal.
Agregan que en el artículo 12, fracción II, establece penas de prisión para los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Secretaría de Gobernación, así como aquellos que participen en estas empresas en cualquier forma.
Por lo anterior proponen a esta soberanía legislativa que considere conveniente urgente ampliar y adecuar las leyes a estos objetivos, en los siguientes términos:
Ley Federal de Juegos y Sorteos
Se propone reformar por modificación de su artículo 4 y por adición de un artículo 18 la Ley Federal de Juegos y Sorteo, a fin de establecer que, como requisito de procedibilidad para el otorgamiento de de permisos, la Secretaría de Gobernación debe recabar previamente la opinión favorable tanto del Ejecutivo Estatal como la del Ayuntamiento de que se trate, en el entendido de que el hecho de no tener cualquiera de las dos opiniones favorables, será determinante para no considerar cumplido satisfactoriamente todos los requisitos del trámite por parte del solicitante.
Asimismo se propone explicitar la obligación de los permisionarios, operadores y beneficiarios de responder solidariamente por los daños y prejuicios que se causen a cualquier persona en los establecimientos respectivos a un cuando sean causados por acciones de terceros.
Ley de Amparo
De igual se propone que se reforme por modificación el artículo 124, fracción II, incisos “a” y d” de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior a efecto de ampliar los supuestos en los cuales, de concederse la suspensión, se considera que se siguen en perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, de manera que se incluya la continuación del funcionamiento de casas de juego, centros de apuesta, casinos o establecimientos similares o se impida o dificulte su inspección, control y vigilancia por las autoridades en materia de protección civil u otras competentes, y cuando se impida la ejecución de medidas para combatir la ludopatía y el tabaquismo.
Que la seguridad es uno de los retos más urgentes que enfrenta México y que en el caso del estado no es la excepción. Indica que la sociedad exige a las autoridades una respuesta que, de manera coordinada, haga frente día a día a esta situación y, por lo tanto, demanda acciones concretas en materia de seguridad.
Ley de Instituciones de Crédito
Se propone reformar el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito mediante la adición de la fracción X. Incorporar una obligación de las instituciones de crédito de dar noticias o información de los depósitos, operaciones y servicios de los casinos, centro de apuestas salas de sorteos, casas de juego y similares ya en operación cuando estos datos sean solicitados por la Secretaría de Gobernación o el servidor público a quien delegue facultades para requerir información, en ejercicio de funciones de inspección, control, y vigilancia de este tipo de establecimientos.
Ahora bien, una vez señalado lo anterior y con fundamento en el artículo 47, inciso b), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León, y de manera posterior al análisis de la fundamentación y motivación presentada por el promovente de este asunto, quienes integramos la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera de sustento para este dictamen las siguientes:
Consideraciones
Corresponde a este honorable Congreso del estado conocer sobre el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. En tal sentido, esta comisión de dictamen legislativo, ha procedido al estudio y análisis de la iniciativa en cuestión, de conformidad a lo establecido en los diversos numerales 70, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, fracción II, inciso i) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León.
Quienes conformamos esta comisión dictaminadora, reconocemos la intención que se pretende con la iniciativa en comento en relación a reforzar el marco jurídico en lo que respecta a la instalación y operación de los casinos, centros de apuestas, salas de sorteo, casas de juego y establecimientos similares, derivado de los acontecimientos suscitados en nuestro estado, es así como el Ejecutivo del estado puntualmente presenta a esta soberanía reformas a distintos ordenamientos de índole federal intrínsecamente relacionados con el tema como los son la Ley Federal de Juegos y Sorteos, Ley de Amparo Reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y de la Ley de Instituciones de Crédito.
Es prioritario atender con celeridad la petición de los promoventes y demanda de un amplio sector de la sociedad, para evitar y prevenir que para salvaguardar los derechos de los ciudadanos nuevoleoneses proveyéndolos de seguridad desde todos los ámbitos de competencia, siendo a través de la prevención como se busca recuperar la tranquilidad de la sociedad, cuidando y evitando con el marco jurídico regulatorio la proliferación indiscriminada de los establecimientos mencionados en el párrafo anterior.
Es por eso que, a fin de coadyuvar con los distintos actores inmersos en la problemática de la instalación y funcionamiento de estos llamados centros de entretenimiento, partiendo del punto que es la autoridad federal la encargada de autorizar estos lugares concretamente la Secretaría de Gobernación, se debe tomar en cuenta tanto a las autoridades estatales como municipales que es lugar donde se instalan reforzando el marco legal para la prohibición o instalación protegiendo el interés público más allá del privado, debido a que el establecimiento de estos negocios trae consigo un impacto cultural, económico y de salud pública cuyos efectos desconoce tanto la autoridad encargada de dar dichos permisos, como los propietarios de dichos establecimientos.
El impacto social que se vivió tanto a nivel estatal, nacional inclusive mundial debe replantear tal como lo manifiestan los promoventes en su exposición de motivos, en el cual estamos de acuerdo la de replantear para mejorar y eficientizar las leyes principales que rigen el marco regulatorio como lo es en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, donde se propone que sea reformada para incluir obligatoriamente el consentimiento del municipio y el estado en todo tramite que se solicite a la Secretaría de Gobernación, instalar y en su caso autorizar la operación de casinos o casas de apuestas, es aquí donde se habla de coadyuvar entre la federación, estados y municipios incorporando a estos últimos.
Es de advertir que también la reforma contempla a la Ley de Amparo, a efecto de ampliar los supuestos en los cuales, de concederse la suspensión, se consideraría que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Asimismo, a la Ley de Instituciones de Crédito de dar noticias de la información de los depósitos, operaciones y servicios de los casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares ya en operación cuando estos datos sean solicitados por el secretario de Gobernación o el servidor público a quien delegue las facultades para requerir información, en ejercicio de sus funciones de inspección, control y vigilancia de este tipo de establecimientos.
En este orden de ideas, el legislador debe de procurar atender el sentir de los ciudadanos con la finalidad de que las leyes busquen la tranquilidad y bienestar de todos, legislando lo justo y lo correcto, tal como la ley positiva es obra del individuo, nunca es perfecta pero siempre perfectible, por consiguiente se debe de estar perceptivo y abierto a los permanentes cambios de la sociedad para incorporarlos con oportunidad y prudencia a las leyes indispensables para preservar el equilibrio justo entre el bien colectivo y de los particulares pero privilegiando siempre el interés general.
Asimismo, a efecto de retroalimentar las propuestas generadas dentro de la iniciativa de reforma en comento a los distintos ordenamientos jurídicos de carácter federal en relación al tema de casinos, esta dictaminadora reconoce el aporte que hacen con sus comentarios y observaciones los diputados integrantes de esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, principalmente al Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, encaminados a la solución de un problema de salud pública como de carácter social.
Es así como esta comisión de dictamen legislativo, concuerda con la iniciativa de mérito, en el sentido de reformar los distintos ordenamientos federales que regulan la materia, con la finalidad de aportar a la solución de la problemática, en lo referente a los tramites de autorización de nuevos casinos y la mejor regulación de los ya existentes, mismos que repercutirán en beneficio del los ciudadanos nuevoleoneses.
Por último, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, quienes suscribimos el presente dictamen legislativo, realizamos modificación sintáctica de forma a la iniciativa en comento.
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a consideración del pleno de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación a los casinos, centros de apuestas, salas de sorteo, casas de juego y establecimientos similares; presentada por el ciudadano Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del estado de Nuevo León y otros, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Primero. En uso del derecho de iniciativa conferido a las legislaturas de los estados en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Congreso de la Unión iniciativa de reforma al artículo 4 y adición de un artículo 18, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:
Artículo 4. No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Ésta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse.
Para la expedición de los permisos a que se refriere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobernación como requisito de procedibilidad deberá de recabar previamente la opinión favorable tanto del Ejecutivo estatal como la del ayuntamiento de que se trate.
La negativa de cualquiera de las dos autoridades Locales será determinante para considerar no cumplidos satisfactoriamente todos los requisitos del trámite por parte del solicitante.
Artículo 18. Los permisionarios, operadores y beneficiarios a que se refiere la presente ley y su reglamento, están obligados a responder solidariamente por los daños y perjuicios que se causen a cualquier persona en los establecimientos respectivos, aun en casos de que fueren causados por acción de terceros.
Artículo Segundo. En uso del derecho de iniciativa conferido a las Legislaturas de los estados en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Congreso de la Unión iniciativa de reforma al artículo 124, fracción II, incisos a) y d), de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretara cuando concurran los requisitos siguientes:
I. ...
II. Que no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Se considera, entre otros casos que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, y de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, o se impida o dificulte su inspección, control y vigilancia por las autoridades en materia de protección civil u otras competentes;
b) a c) ...
d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo, la ludopatía, el tabaquismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
e) a h). ...
III.... ...
Artículo Tercero. En uso del Derecho de Iniciativa conferido a las Legislaturas de los estados, en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Congreso de la Unión iniciativa de adición de una fracción X al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 117. ..
..
...
I. a la IX. ...
X. El Secretario de Gobernación o el servidor público a quien delegue facultades para requerir información, en ejercicio de funciones de inspección,· control, y vigilancia de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y establecimientos similares.
...
...
...
...
...
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.
Segundo. Envíese al honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y para los efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea turnado a la Comisión Legislativa correspondiente, la cual previo análisis, estudio, discusión, y en su caso aprobación de la misma.
Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Monterrey, Nuevo León.— Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, diputados: Héctor García García (rúbrica), presidente; Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), vicepresidenta; Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), secretario; Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), César Garza Villarreal (rúbrica), Héctor Julián Morales Rivera (rúbrica), Hernán Salinas Wolberg, Jovita Morín Flores (rúbrica), Fernando González Viejo (rúbrica), Jorge Santiago Alanís Almaguer (rúbrica), Juan Carlos Holguín Aguirre (rúbrica).»
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.
Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.— Presente.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos en forma atenta y respetuosa solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del estado, el acuerdo número 210, expedido por el honorable Congreso del estado en esta fecha, cuyo documento se acompaña.
Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Monterrey, Nuevo León, a 11 de octubre de 2011.— Honorable Congreso del Estado, diputado Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica), secretario;diputado Arturo Benavides Castillo (rúbrica), secretario.»
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.
El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXII Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente
Acuerdo número 210
Artículo Primero. Es de aprobarse y se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los casinos, centros de apuestas, salas de sorteo, casas de juego y establecimientos similares, presentada por el ciudadano Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del estado de Nuevo León y otros, para quedar como sigue:
Decreto
Artículo Primero. En uso del derecho de iniciativa conferido a las legislaturas de los estados en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Congreso de la Unión iniciativa de reforma al artículo 4 y adición de un artículo 18, de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:
Artículo 4. No podrá establecerse ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteos, de ninguna clase, sin permiso de la Secretaría de Gobernación. Ésta fijará en cada caso los requisitos y condiciones que deberán cumplirse.
Para la expedición de los permisos a que se refriere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobernación, como requisito de procedibilidad deberá de recabar previamente la opinión favorable tanto del Ejecutivo estatal como la del ayuntamiento de que se trate.
La negativa de cualquiera de las dos autoridades locales, será determinante para considerar no cumplidos satisfactoriamente todos los requisitos del trámite por parte del solicitante.
Artículo 18. Los permisionarios, operadores y beneficiarios a que se refiere la presente Ley y su Reglamento, están obligados a responder solidariamente por los daños y perjuicios que se causen a cualquier persona en los establecimientos respectivos, aun en casos de que fueren causados por acción de terceros.
Artículo Segundo. En uso del derecho de Iniciativa conferido a las legislaturas de los estados en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Congreso de la Unión iniciativa de reforma al artículo 124, fracción II, incisos a) y d) de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretara cuando concurran los requisitos siguientes:
I. ...
II. Que no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
Se considera, entre otros casos que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes, y de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y similares, o se impida o dificulte su inspección, control y vigilancia por las autoridades en materia de protección civil u otras competentes;
b) a c).......
d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo, la ludopatía, el tabaquismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
e) a h) ...
III. ...
...
Artículo Tercero. En uso del derecho de iniciativa conferido a las legislaturas de los estados, en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Congreso de la Unión iniciativa de adición de una fracción X al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
Artículo 117. ..
..
...
I a IX. ...
X. El secretario de Gobernación o el servidor público a quien delegue facultades para requerir información, en ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de juego y establecimientos similares.
........................
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
Artículo Segundo. Envíese al honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y para los efectos del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea turnado a la comisión legislativa correspondiente, la cual previo análisis, estudio, discusión y, en su caso, aprobación de la misma.
Artículo Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Por lo tanto, envíese al Ejecutivo del estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los once días del mes de octubre de dos mil once.— Diputados: Jorge Santiago Alanís Almaguer (rúbrica), presidente; Jesús René Tijerina Cantú, Arturo Benavides Castillo, secretarios (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen.
ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.
Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXII Legislatura al honorable Congreso de Nuevo León, tuvo a bien aprobar la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto de reformar los numerales d) y e); y se adiciona, un segundo y tercer párrafo al numeral a), así como un segundo párrafo al numeral c), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud de lo anterior acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y del acuerdo número 213 aprobado con fecha 18 de octubre de 2011, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, agradeciéndole nos haga saber el trámite legislativo dado al presente.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Monterrey, Nuevo León, a 18 de octubre del 2011.— Diputado secretario Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica), diputado secretario Arturo Benavides Castillo (rúbrica).»
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.
Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador Constitucional de Nuevo León.— Presente.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, nos permitimos, en forma atenta y respetuosa, solicitar la publicación en el órgano informativo oficial del estado, el acuerdo número 213 expedido por el honorable Congreso del estado en esta fecha, cuyo documento se acompaña.
Sin otro particular, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección
Monterrey, Nuevo León, a 18 de octubre del 2011.— Diputado secretario Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica); diputado secretario Arturo Benavides Castillo (rúbrica).»
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXII Legislatura.— Secretaría.
El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXII Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política local, expide el siguiente
Acuerdo Número 213
Artículo Primero. Es de aprobarse y se aprueba promover la iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales d) y e); y se adiciona un segundo y tercer párrafo al numeral a); así como un segundo párrafo al numeral c), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Decreto
Único. Se reforman los numerales d) y e); y se adiciona un segundo y tercer párrafo al numeral a); así como un segundo párrafo al numeral c), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 72. ...
a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasara para su discusión a la otra. Si esta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicara inmediatamente.
Para el caso de reformas o leyes que impliquen la asignación o supresión de atribuciones a las entidades federativas, estas deberán ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados previamente a ser remitidas al Ejecutivo para su publicación.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las reformas o leyes.
b) ...
c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por esta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasara otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Para el caso de reformas o leyes que impliquen la asignación o supresión de atribuciones a las entidades federativas, estas deberán ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados, previamente a ser remitidas al Ejecutivo, para su promulgación.
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
d) Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desecho, la cual lo tomara otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasara a las legislaturas de los estados o al Ejecutivo, según sea el caso, para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versara únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasara todo el proyecto al Ejecutivo o a las legislaturas de los estados, según sea el caso, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasara al Ejecutivo o a las legislaturas de los estados, según sea el caso, para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no -ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
f) a i) ...
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Envíese al honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y para los efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que sea turnado a la comisión legislativa correspondiente, la cual previo análisis, estudio, discusión y, en su caso, aprobación de la misma.
Artículo Tercero. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Por lo tanto envíese al Ejecutivo del estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil once.— Presidente, diputado Jorge Santiago Alanís Almaguer (rúbrica);secretario diputado Jesús René Tijerina Cantú (rúbrica);secretario;diputado Arturo Benavides Castillo (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Eloy Cantú Segovia y Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 31 y una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica).»
«Eloy Cantú Segovia y Francisco Agustín Arroyo Vieyra, senadores de la LXI Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 31 y una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad a la siguiente
Exposición de Motivos
El contenido de la Ley del Impuesto sobre la Renta contempla en forma limitativa y restrictiva las deducciones que pueden efectuar los contribuyentes a los ingresos que perciban en un ejercicio fiscal determinado y que son susceptibles del pago de este impuesto.
La restricción referida en el párrafo procedente genera tratos inequitativos, cuando las deducciones en que debe incurrir el contribuyente son generadas por hechos que le son ajenos y que debieran ser atendidos por los distintos órganos del Estado (Poderes de la Unión o bien, poderes locales incluidos los gobiernos federal, estatales, municipales) y que el particular tiene que sustituir efectuando gastos e inversiones. Esta inequidad se materializa cuando dichos gastos no son considerados como deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras.
El caso que nos ocupa, en esta ocasión, se encuentra representado por aquellos gastos o inversiones en que tiene que incurrir el contribuyente en virtud de la inseguridad pública y del incremento de los delitos que esta conlleva y que priva en una importante proporción del territorio nacional.
Estos gastos incluyen los que son destinados para mantener la seguridad que los ciudadanos han visto perdida recientemente y que incluyen entre otros los necesarios para proteger su persona, su familia, sus bienes, sus instalaciones de trabajo, la integridad de sus trabajadores y de su equipo de transporte, en su caso.
Dado el alto índice de inseguridad que se enfrenta actualmente, cuya atención primaria y original corresponde al Estado a través de sus órganos de gobierno, muchos contribuyentes han tenido que incurrir en gastos correspondientes a medidas de seguridad que ordinariamente no realizarían, tales como: servicios de seguridad privada, equipo de circuito cerrado o monitoreo a distancia, equipo de alarmas, protección contra incendios, seguros de vida, de daños para inmuebles y vehículos, así como gastos en infraestructura de seguridad (bardas perimetrales, puertas, rejas, alumbrado adicional) entre otros.
Por las razones mencionadas estimamos justo y equitativo que se prevea en la legislación un mecanismo que permita la deducibilidad de al menos algunos de estos gastos e inversiones, mediante una adición a los artículos 31 y 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que permita a las personas físicas y morales la deducción de los gastos o inversiones que hayan realizado en materia de seguridad, proponiendo su adecuación para quedar del modo siguiente
Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
I. a XXIII. ...
XXIV. Que cuando se trate de gastos o inversiones en materia de seguridad, la protección relativa se refiera a los trabajadores del contribuyente, a sus instalaciones a su equipo de transporte, a sus oficinas, a sus bienes muebles o inmuebles”.
‘’Art. 176. - Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. a X. ...
IX. Los gastos y las inversiones tendentes a la protección de la vida y de la seguridad del contribuyente, de su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta, incluyendo aquellas erogaciones tendientes a proteger su casa habitación, su equipo de transporte, sus bienes muebles o inmuebles
En este sentido, si al Estado corresponde implantar las medidas de seguridad que brinden a la población la tranquilidad y el orden necesarios para desarrollar su vida personal y productiva de manera óptima y esto dista de acontecer, provocando con ello que los ciudadanos deben procurarla con cargo a su patrimonio familiar y/o productivo, estimamos que estas reformas constituirían una mínima respuesta del Estado y que equivaldrían a una especie de “bono de seguridad” para la población.
Por lo expuesto, solicitamos se inscriba la presente iniciativa en el Diario de los Debates y se remita en los términos del inciso h) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Diputados para su dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción XXIV al artículo 31 y una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIV al artículo 31 y una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
I. a XXIII. ...
XXIV. Que cuando se trate de gastos o inversiones en materia de seguridad, la protección relativa se refiera a los trabajadores del contribuyente, a sus instalaciones, a su equipo de transporte, a sus oficinas, a sus bienes muebles o inmueble.
Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. a X ...
IX. Los gastos y las inversiones tendentes a la protección de la vida y de la seguridad del contribuyente, de su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea recta, incluyendo aquellas erogaciones tendentes a proteger su casa habitación, su equipo de transporte, sus bienes muebles o inmuebles.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas generales para la aplicación de estas disposiciones dentro de los 90 días siguientes a su entrada en vigor.
México, DF, a 20 de octubre de 2011.— Senadores: Eloy Cantú Segovia, Francisco Arroyo Vieyra (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese, para dictamen, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado y Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García y los Diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica).»
«Los suscritos, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, senadores de la república; y Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputados federales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, con la siguiente:
Exposición de Motivos
México ha sido a lo largo de su historia un país minero. Incluso, existen vestigios de bocaminas y excavaciones en lugares como Taxco, Pachuca o Zacatecas, que dan cuenta de la existencia de esta actividad desde la época prehispánica.
En nuestro país se encuentran yacimientos de importancia mundial como las salinas de Guerrero Negro, las más grandes del planeta; el yeso de la Isla San Marcos y de la costa oriental de la península de Baja California, con reservas probadas de más de 70 años; Las Cuevas, la mina más grande de fluorita en el mundo; Fresnillo, el yacimiento de plata más rico y más grande que haya descubierto la humanidad; Molango, el depósito más importante de manganeso en Norte América, y las minas de carbón de la Cuenca de Río Escondido.
De acuerdo con cifras de la Cámara Minera de México, nuestro país es el primer productor de plata en el mundo (17 por ciento del total), el segundo productor de fluorita (18 por ciento del total), el sexto productor de cadmio (7 por ciento del total), el décimo primer productor de oro (2 por ciento del total) y el duodécimo productor (2 por ciento del total).
En 2010, el valor de la producción minera ascendió a 13 mil 900 millones de dólares. Se proyecta que durante 2011 se invertirán más de 9,000 millones de dólares.
Tan sólo el año pasado la minería se ubicó entre los sectores productivos más importantes de México: fue el cuarto generador de divisas y contribuyó con el 1.6 por ciento del producto interno bruto.
Este fenómeno estuvo influenciado por la fuerte demanda de materias primas por parte de los países del denominado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y por el incremento récord en el precio de los metales preciosos derivado en gran medida de la caída del dólar y de la búsqueda de nichos de inversión más seguros en la antesala de lo que parece ser una nueva crisis económica y financiera mundial. Recordemos que en el mes de agosto pasado el precio de oro al contado alcanzó los mil 917.90 dólares por onza, su máximo histórico. Algunos analistas consideran que en 2012 la onza de oro superará los 2 mil dólares.
La realidad es que nunca en la historia del país se ha producido tanto oro y plata como en el año 2010.
Pero toda esta riqueza, que ha impulsado por siglos el desarrollo de México y la consolidación de su infraestructura, su industria y su comercio, proviene de las entrañas de unas cuantas entidades federativas, municipios y regiones mineras. Paradójicamente, muchas de ellas han sufrido también por siglos un trato injusto y hoy se encuentran entre las más pobres y atrasadas del país.
Al analizar cada caso concreto podemos valorar la magnitud de este trato injusto.
Basta señalar que Zacatecas, que aportó el 20 por ciento de la producción minera nacional en 2010 y que es el principal productor de plata del país con casi el 50 por ciento del total, es al mismo tiempo una de las entidades federativas con mayores rezagos. Zacatecas es al mismo tiempo el primer productor de Zinc en el país (40 por ciento del total), el primer productor de plomo (51 por ciento del total), el segundo productor de cobre (15 por ciento del total) y el tercer productor de oro (16 por ciento del total). Sin embargo, en 2010 más del 50 por ciento de su población se encontraba en condiciones de pobreza.
Guerrero es otra entidad federativa que ilustra el trato injusto al que hemos hecho referencia. De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México, Guerrero es actualmente el cuarto productor de oro a nivel nacional con 13 por ciento del total y se calcula que en unos años alcanzará el primer lugar gracias a la explotación de la mina Los Filos, ubicada en el municipio de Mezcala, que constituye uno de los proyectos auríferos más grandes de América Latina. Pero Guerrero es también uno de los estados de la República con mayor miseria y con menor Índice de Desarrollo Humano. En 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó que el 67.4 por ciento de su población se encontraba en situación de pobreza.
Otras entidades federativas del país con una importante actividad minera como San Luis Potosí, Durango o Guanajuato padecen una situación similar.
Lo cierto es que el gobierno federal ha sido extremadamente complaciente con las grandes empresas mineras, la gran mayoría extranjeras, en un intento por promover la inversión, al establecer condiciones que garanticen una tasa de retorno por encima del riesgo que representa. Esta situación ha impedido el establecimiento de medidas impositivas que permitan un aprovechamiento racional de nuestros recursos y que impulsen el desarrollo sustentable de las entidades federativas, municipios y comunidades que tienen yacimientos.
Actualmente, las empresas mineras pagan impuestos por concesiones o asignaciones que van de los 5 a los 111 pesos por hectárea; una cifra minúscula si consideramos el volumen de ganancias del sector y que resulta a todas luces insuficiente para compensar el impacto que tienen las actividades extractivas sobre las comunidades donde se localizan los yacimientos y sobre su entorno ecológico. Se calcula que en el periodo 2002-2010 la recaudación de derechos por concepto de minería constituyó en promedio apenas el 1 por ciento del total de la producción de ese sector en ese periodo. Este hecho da cuenta de la ineficiencia tributaria y de la inequidad distributiva en el caso de la minería.
Es importante recordar, por ejemplo, que los procesos productivos de minerales como el oro, la plata o el cobre pueden consumir más de 30 mil toneladas de agua por 100 mil toneladas de material extraído. Cuando las actividades extractivas y de procesamiento de las empresas terminan, es común que las comunidades mineras se conviertan en pueblos fantasma ante la falta de recursos y programas para atender problemas como la sobreexplotación de mantos acuíferos, la deforestación y la erosión de tierras, el pago de servicios de salud para enfermedades relacionadas con las minas, el manejo de desechos o la rehabilitación de infraestructura urbana.
En el mundo existen ejemplos de regímenes fiscales y mecanismos institucionales establecidos con el propósito de garantizar una explotación racional de los recursos minerales y generar condiciones para el desarrollo sustentable de los lugares donde se asientan los yacimientos.
Chile, por ejemplo, cobra un impuesto a las empresas mineras por el solo hecho de extraer sus recursos minerales. Este impuesto es conocido como royalty mineroo regalía minera y constituye una especie de compensación que los particulares deben hacer al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas contenidas en el subsuelo. De tal forma, a las empresas mineras cuyas ventas anuales excedan al valor equivalente a 50 mil toneladas métricas de cobre fino, se les aplica una tasa única de impuesto de 5 por ciento. A las empresas que tengan ventas anuales iguales o inferiores a las 50 mil toneladas métricas de cobre fino y superiores a 12 mil, se les aplicará una tasa escalonada, basada en tramos de tonelaje, que puede ir de 0,5 por ciento a 4,5 por ciento.
Debemos señalar que a lo largo de nuestra labor legislativa hemos presentado diversas propuestas de reforma para establecer mecanismos que permitan retribuir a las entidades federativas, a los municipios y a las comunidades mineras un porcentaje de la riqueza que aportan para el desarrollo y bienestar de nuestra nación. Sin embargo, ninguna de dichas propuestas ha logrado concretarse de forma satisfactoria.
La presente iniciativa recoge algunas de esas propuestas que hemos presentado y se enriquece con otras presentadas recientemente por compañeros de la Cámara de Diputados. En particular, retoma muchas de las propuestas contenidas en la Iniciativa presentada por la diputada Claudia Edith Anaya Mota el 19 de mayo de 2010.
Quienes la suscribimos esta iniciativa no pretendemos afectar a la industria minera o generar condiciones que limiten la inversión en el sector, sino de establecer condiciones que permitan un trato más equitativo y justo para las entidades federativas y lugares de nuestro país donde se desarrollan proyectos de explotación minera.
A fin de materializar este propósito, proponemos adicionar un artículo 263 Bis a la Ley Federal de Derechos a fin de establecer un derecho adicional sobre minería aplicando la tasa del 2.5 por ciento al valor nominal anual de los minerales o sustancias que extraigan.
De manera paralela, proponemos adicionar un artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de establecer que el importe obtenido por el derecho adicional sobre minería previsto en el artículo 263 Bis de la Ley Federal de Derechos, conformará el Fondo para Entidades Federativas Mineras. Los recursos de este Fondo serán distribuidos entre las entidades federativas de conformidad con su participación porcentual en el valor nominal anual de los minerales o sustancias que extraigan en el país. Por último, consideramos necesario establecer que los municipios recibirán cuando menos el 50 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas.
Consideramos que ya es tiempo de saldar esta deuda histórica y sentar las bases del desarrollo en esas tierras ricas en recursos naturales pero escasas en oportunidades de empleo, educación y salud.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforman los artículos 262, 266 y 275, y se adiciona un artículo 263 BIS a la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 262. Están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece este Capítulo las personas, físicas o morales, titulares de concesiones o asignaciones, que desarrollen trabajos relacionados con la exploración, explotación u obtención por cualquier medio de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera y su Reglamento.
Artículo 263 Bis. Las personas físicas o morales, titulares de concesiones o asignaciones mineras, a que se refiere el artículo anterior, pagarán el derecho adicional sobre minería aplicando la tasa del 2.5 por ciento al valor nominal anual de los minerales o sustancias que extraigan.
Para calcular este derecho se utilizará el último dato anual de la Secretaría de Economía.
El contribuyente que esté obligado al pago de este derecho efectuará pagos provisionales trimestrales que se pagarán a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre del ejercicio de que se trate y enero del siguiente año.
El pago provisional se calculará aplicando al valor nominal de los minerales o sustancias extraídos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre que corresponda, la tasa del 2.5 por ciento. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales efectivamente pagados de este derecho, realizados en los trimestres anteriores correspondientes a dicho ejercicio, siendo la diferencia el pago provisional a enterar.
El contribuyente presentará declaración anual por este derecho a más tardar el 17 del mes de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate. En dicha declaración se acreditarán los pagos trimestrales efectivamente pagados. Si el contribuyente tuviera varios centros o unidades de producción de sustancias o minerales, presentará por todos ellos una sola declaración.
Artículo 266. La cancelación de una concesión o asignación minera por el incumplimiento en el pago de los derechos sobre minería establecidos en esta Ley o por cualquier otra de las causas previstas en la Ley Minera, no libera a su titular del pago del derecho sobre minería ni del pago del derecho adicional sobre minería que haya causado durante su vigencia, así como de los demás accesorios que se hubieren originado por el incumplimiento en el pago de éstos, de acuerdo con las disposiciones fiscales.
Artículo 275. Las entidades federativas participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refiere este Capítulo, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 y se adiciona un artículo 4-C a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.
No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3 por ciento sobre el impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2 por ciento en las demás exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo, ni el derecho adicional sobre minería.
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 4-C. El Fondo para Entidades Federativas Mineras estará conformado con el importe obtenido por el derecho adicional sobre minería en términos de lo previsto por el artículo 263 BIS de la Ley Federal de Derechos.
El Fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre las entidades federativas de conformidad con su participación porcentual en el valor nominal anual de los minerales o sustancias que extraigan en el país.
Los municipios recibirán cuando menos el 50 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Senado de la República a los 6 días del mes de octubre de 2011.— Senadores: Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García (rúbricas);diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, Gerardo Leyva Hernández (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para el dictamen procedente, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY DEL IMPUESTO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García, y los diputados Gerardo Leyva Hernández, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, y José Narro Céspedes, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
La presidencia dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica).»
«Los suscritos, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, senadores de la República, y Gerardo Leyva Hernández,Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, y José Narro Céspedes, diputados federales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, con la siguiente
Exposición de Motivos
El 1o. de julio de 2008 entró en vigor una de las leyes que han generado mayor debate al interior del Congreso de la Unión y un gran rechazo de la sociedad en su conjunto: la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
Dicha ley tuvo su origen en una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el 20 de junio de 2007 por el presidente Felipe Calderón, que pretendía gravar con 2 por ciento a los depósitos bancarios en efectivo, en moneda nacional o extranjera, cuyo monto acumulado excediera los 20 mil pesos mensuales, en una o varias de sus cuentas abiertas en instituciones financieras. Esta iniciativa, denominada Ley del Impuesto contra la Informalidad, tuvo como propósito incorporar una nueva contribución federal para el control de la evasión fiscal. La idea era crear un mecanismo para impulsar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta y otras contribuciones y desalentar las medidas evasivas a su pago.
El nombre de la iniciativa original cambió finalmente al ser aprobada por el Congreso de la Unión, pero los objetivos de la misma permanecieron inalterados.
Hoy, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) se calcula aplicando la tasa de 3 por ciento al excedente de los depósitos en efectivo en instituciones financieras que superen los 15 mil pesos mensuales. Es decir, el impuesto lo causan todas las personas por los depósitos en efectivo que hagan en cualquier institución financiera del país, sea cual sea la moneda en que se haga tal depósito y sin importar el origen o destino del dinero depositado. El IDE también se aplica por adquirir cheques de caja en efectivo, sin importar el monto de los mismos. Este impuesto es recaudado por los bancos y demás instituciones del sistema financiero y enterado posteriormente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2012, el gobierno federal estima recaudar el próximo año cerca de 3 mil 888 millones de pesos por concepto del IDE, lo que confirma una tendencia a la baja en el cobro de dicho impuesto. Basta recordar que en el primer año de su vigencia (2008), de acuerdo con datos de la SHCP, se recaudaron 17 mil millones de pesos por este impuesto, en el año 2009 se recaudaron 16 mil millones de pesos por el mismo concepto, y en el año 2010 únicamente 8 mil millones de pesos.
El IDE es un impuesto único en su tipo. Ante todo, porque no es un impuesto al consumo, al ingreso o a la propiedad, como sucede en el mundo entero, sino un tributo al circulante.
Este impuesto también es único porque a pesar de no cumplir con los objetivos que acompañaron su nacimiento sigue vigente. La realidad es que el IDE no ha logrado disminuir la evasión fiscal de la informalidad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2009 había 12 millones de personas en la informalidad; en 2011 esta cifra llega a casi 14 millones de personas y diversos estudios y especialistas en la materia advierten que con ello se ha incrementado la evasión fiscal. Lo paradójico es que mientras la economía informal se incrementa en México, el monto de la recaudación por este impuesto baja significativamente. Recordemos que la recaudación del IDE ha disminuido más de 50 por ciento en los últimos años.
En lo que sí ha sido eficiente el IDE es en lesionar aún más la débil proporcionalidad de nuestro sistema tributario y en hacerlo más complejo, inequitativo e incierto.
Lo que sí ha logrado el IDE es afectar a prestadores de servicios profesionales independientes, a pequeños comerciantes y a personas de la clase media, todos ellos registrados en el padrón de contribuyentes, al generar molestias innecesarias y elevar sus costos contables.
Además, este impuesto ha contribuido a limitar la capacidad de recuperación de importantes sectores económicos de nuestro país. Y peor aún: creado desde su origen para combatir la informalidad, sólo ha generado incentivos para la creación de nuevas formas de evadir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
Transitorios
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Senado de la República a 6 de octubre de 2011.— Senadores: Tomás Torres Mercado (rúbrica), Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García (rúbrica);diputados: Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, José Narro Céspedes.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY DE PETROLEOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, y los diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, Gerardo Leyva Hernández y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Petróleos Mexicanos.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, la cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica).»
«Los suscritos, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, senadores de la república, y Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, Gerardo Leyva Hernández yHeladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, diputados federales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, y 164 Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Petróleos Mexicanos con la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado sábado 10 de septiembre, los mexicanos sufrimos el noveno incremento del año en el precio de las gasolinas y el diesel, conocido popularmente como gasolinazo. Como ha sucedido mes con mes en los últimos años, la Magna subió 8 centavos, la Premium 4 centavos y el diesel 8 centavos. Con dicho incremento, el precio al público de la gasolina Magna se sitúa en 9.48 pesos por litro, la gasolina Premium cuesta 10.46 pesos por litro y el diesel se vende ahora en 9.84 pesos por la misma cantidad.
Con estas nuevas tarifas el incremento de la gasolina Magna en lo que va del año asciende a 7.24 por ciento, mientras que el incremento en la gasolina Premium fue de 3.16 por ciento y en el caso del diesel de 6.96 por ciento en el mismo periodo. De tal forma, los combustibles de mayor consumo en el país, como la gasolina Magna y el diesel, han tenido incrementos superiores a la inflación promedio del año, la cual se sitúa en 3.4 por ciento.
A lo largo del sexenio del presidente Calderón, los combustibles han aumentado en promedio más de 40 por ciento.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los aumentos constantes en los precios de la gasolina y el diesel se deben al incremento en los precios internacionales del petróleo. Para dicha dependencia, de no existir el ajuste en forma periódica y gradual, se generaría una transferencia indebida de recursos, vía subsidios, a un pequeño sector de la población a costa del resto. Además, la SHCP afirma que con los altos precios se cumple con una responsabilidad ambiental básica al desincentivar el uso indiscriminado o el desperdicio de un valioso recurso natural no renovable.
La realidad es que los constantes incrementos en el precio de los combustibles tienen un impacto generalizado sobre todos los sectores de la economía lo que afecta fundamentalmente a las personas de menores ingresos, que en México son la mayoría de la población. No es un asunto que impacte de manera exclusiva a los que poseen vehículo automotor, pues el uso de esta mezcla de hidrocarburos ejerce una presión generalizada en la mayoría de los precios.
No debemos olvidar que dichos incrementos hacen que los costos de producción, almacenamiento y transporte de bienes agrícolas se encarezcan, lo que impulsa el precio de los alimentos y los hace inasequibles a los bolsillos de un número importante de mexicanos. Basta señalar que en los últimos 3 años el porcentaje de población en pobreza alimentaria en México pasó de 20 a 25 por ciento.
Tampoco podemos olvidar que los altos precios del diesel, que constituye la principal fuente de energía para el sector agrícola e industrial de México, limitan su eficiencia, impiden la competitividad y afectan el desempeño de nuestras cadenas productivas. Por otra parte, el alza de los combustibles no ha impedido el uso indiscriminado y el desperdicio de nuestra riqueza petrolífera ni ha logrado desincentivar el uso de los vehículos automotores, que en la gran mayoría de los casos son usados por necesidad y no por una cuestión de lujo.
En este sentido, la actual política de incrementos periódicos al precio de los combustibles resulta contraria al interés de las mayorías, limita nuestra capacidad de crecimiento e impide la generación de oportunidades de desarrollo y bienestar. Como hemos señalado en otras ocasiones, México es un país productor de petróleo y de ninguna forma existe justificación para que los precios de las gasolinas y el diesel se encuentren en niveles similares o superiores a los que existen en países que no son productores importantes de hidrocarburos. De hecho, el valor de nuestras exportaciones de hidrocarburos debería ayudar a compensar el aumento de los combustibles.
Lo cierto es que no podemos seguir dependiendo del exterior en materia de combustibles, de la misma forma en que no podemos posponer la búsqueda de soluciones a problemas económicos que afectan al país.
Es urgente aumentar la capacidad mexicana de refinación con inversión pública. Es urgente generar una política energética enfocada al crecimiento sostenido. Pero, sobre todo, es urgente abaratar el precio de las gasolinas y el diesel para fortalecer nuestro mercado interno.
El Congreso de la Unión y la clase política del país no puede cerrar los ojos ante las exigencias de millones de industriales, productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos en general que sufren a diario por el elevado precio de los combustibles.
La presente iniciativa pretende responder a esas exigencias y dar un paso en la dirección correcta. En primer término, como una medida inicial para frenar la tendencia alcista, proponemos reformar la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de reducir en 9/11 la tasa que se cobra a las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional. Lo anterior, adelantando el cumplimiento de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.
De tal forma, el precio al público de la gasolina Magna se reduciría 29.45 centavos, el de la gasolina Premium 35.93 centavos y el del diesel 24.45 centavos.
De manera paralela, y a fin de impedir que la reducción del impuesto tenga un impacto negativo en los recursos que reciben las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales por ese concepto, proponemos reformar el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal para incrementar el actual porcentaje de la recaudación federal participable destinado a la constitución del Fondo General de Participaciones. Si consideramos que en el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2012 se proyecta recaudar 25 mil millones de pesos por concepto de enajenación de gasolinas y diesel a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con la aprobación de esta propuesta las entidades federativas y los municipios dejarían de percibir 20 mil 454 millones de pesos. Para compensarlo proponemos incrementar en 1.5 por ciento el Fondo General de Participaciones, que en lo sucesivo sería de 21.5 por ciento. Si durante el ejercicio fiscal de 2012 se estima una recaudación federal participable de 1 billón 974 mil 407.2 millones de pesos, este 1.5 por ciento equivale a 29 mil millones de pesos.
Por otra parte, proponemos reformar el artículo de la Ley de Petróleos Mexicanos a fin de establecer un tope a la capacidad de la SHCP para incrementar los precios de los combustibles, en particular de las gasolinas y el diesel. De manera concreta, proponemos adicionar un artículo 74 a la Ley de Petróleos Mexicanos para establecer que dichos precios podrán ser actualizados atendiendo a variaciones en los costos de producción, pero en ningún caso podrán darse incrementos superiores al 80 por ciento de la tasa de inflación estimada por el Banco de México para el mes o año fiscal de que se trate.
Consideramos que es urgente frenar los incrementos en el precio de los combustibles, pues perturban el entorno económico de los mexicanos y lesionan las esperanzas de una vida mejor de la mayoría de los mexicanos.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para quedar como sigue:
Artículo 2o.-A. Las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional estarán sujetas a las tasas y cuotas siguientes:
I......
II. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, se aplicarán las cuotas siguientes a la venta final al público en general en territorio nacional de gasolinas y diesel:
a) Gasolina Magna, 6.55 centavos por litro.
b) Gasolina Premium UBA, 7.99 centavos por litro.
c) Diesel, 5.43centavos por litro.
.........
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
Artículo 2o.El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 21.5 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.
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Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 74 a la Ley de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público fijará al inicio de cada año calendario el precio de las gasolinas y el diesel. Dicho precio podrá ser actualizado atendiendo a variaciones en los costos de producción, pero en ningún caso podrán darse incrementos superiores al 80 por ciento de la tasa de inflación estimada por el Banco de México para el mes o año fiscal de que se trate.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 6 de octubre de 2011.— Senadores: Tomás Torres Mercado (rúbrica), Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García (rúbrica);diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, José Narro Céspedes.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
Atentamente
México, DF, a 25 de octubre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica).»
«Los suscritos, Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, y 164 Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), con la siguiente
Exposición de Motivos
El 1 de octubre de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del IETU, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2008. Esta nueva carga tributaria derivó de un conjunto de iniciativas que el Ejecutivo federal presentó en junio de 2007 como parte de su propuesta de “reforma integral de la hacienda pública”.
En la ley que regula el nuevo impuesto se estableció que se calcularía aplicando una tasa de 17.5 por ciento (a partir de 2010) a los ingresos obtenidos, previo descuento de las deducciones autorizadas, por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
El titular del Poder Ejecutivo propuso el nuevo gravamen como un instrumento de control del pago del impuesto sobre la renta (ISR). De ahí que lo defina como un impuesto mínimo respecto al ISR, pues se paga por concepto del IETU sólo el excedente entre éste y el primero.
De acuerdo con la definición de la Secretaría de Hacienda, se trata de un impuesto de tipo directo, de aplicación general, con un mínimo de exenciones, que incide directamente en quien paga la retribución a los factores de la producción. Es decir, se diseñó como un impuesto que grava a nivel de la empresa, con una tasa uniforme, el flujo remanente de la empresa que es utilizado para retribuir los factores de la producción, deduciendo las erogaciones para la formación bruta de capital, que comprenden maquinaria, equipo, terrenos y construcciones, además de los inventarios.
Más allá de las concepciones u objetivos de este gravamen, se ha observado en la práctica, a casi cuatro años de su entrada en vigor, que continúa afectando la capacidad financiera de las pequeñas y medianas empresas, pues el impuesto se paga sobre una base amplia con mínimas deducciones, sin importar si la empresa tuvo pérdidas o ganancias, lo cual no sólo no contribuye a la conservación de los empleos sino que reduce la capacidad de flujo y, por tanto, de pago de los empleadores. Sus efectos, de igual manera, han inhibido la competitividad de las empresas que demandan importantes financiamientos o que son intensivas en mano de obra.
Pese a que senadores y diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT han presentando iniciativas que proponen abrogar el IETU, inexplicablemente siguen prevaleciendo la visión y decisión de la Secretaría de Hacienda de mantenerlo, suplantando así las facultades del Congreso de la Unión, desde donde deberíamos impulsar y aprobar una reforma fiscal que ponga fin a los argumentos chantajistas de la Secretaría de Hacienda de que traería graves consecuencias para el país eliminar el IETU, particularmente en la reducción significativa de la inversión social.
Cabe señalar que el IETU fue planteado para aplicarlo transitoriamente y para un entorno económico en crecimiento. Hoy, el país, cuando todavía no se recupera de la crisis financiera internacional de 2008-2009, que provocó una caída del PIB de 6 por ciento y que incrementó la pobreza en más de 4 millones de personas, nuevamente es amenazado por un entorno de incertidumbre y de recesión económica que seguramente detendrá nuevas inversiones y provocará más desempleo.
En este orden, hoy queremos insistir en la urgente necesidad de eliminar el IETU porque además de no cumplir las metas trazadas de recaudación, ha introducido una gran complejidad y generado distorsiones en el sistema tributario mexicano, además de que ha representado una pesada carga para las empresas, sobre todo ante la volatilidad del entorno macroeconómico internacional que ha prevalecido en los últimos años.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de octubre de 2011.— Senadores: Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García (rúbricas).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY GENERAL DE TURISMO
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud
La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente:
Antecedentes
I. A la Comisión de Turismo le fue turnado para su estudio y dictamen, las siguientes iniciativas:
1. Iniciativa que reforma y adiciona diversa disposiciones de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 15 de diciembre de 2010.
2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7, fracción XVIII, de la Ley General de Turismo, presentada por el diputado Miguel Martínez Peñaloza, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en fecha 25 de Noviembre de 2010.
II. Las iniciativas planteadas en el apartado de Antecedentes.
Materia de las iniciativas
La iniciativa que suscribe el diputado Osuna Millán, esencialmente propone definir el turismo de la salud como la actividad turística generada por las personas que viajan para recibir servicios, tratamientos o intervenciones relacionadas con la salud, ya sea de tipo preventivo, curativo, de cuidados paliativos o rehabilitación, así como adicionar un Capítulo IV Bis, denominado “Del Turismo de la Salud”, con el objeto de que la Secretaría de Turismo impulse, fomente y apoye el turismo de la salud en nuestro país, en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud y que los prestadores de servicios relacionados con el turismo de la salud se sujeten a las normas, lineamientos y disposiciones que emitan las autoridades correspondientes.
Por lo que se refiere a la segunda iniciativa, propuesta del diputado Martínez Peñaloza, facultar a la secretaría para que, en coordinación con las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Economía, fomente la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del turismo médico en todo el país.
Consideraciones
Esta comisión dictaminadora, convencida de que el turismo en México es una actividad económica decisiva para el país y es una de las mayores en el mundo, por lo cual es colocada en octavo lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales, con 21,4 millones de visitantes, y es el primer destino para turistas extranjeros dentro de América Latina. Los ingresos provenientes de los turistas extranjeros alcanzaron USD 12,17 mil millones en 2006, y México capturó el 15,7% del segmento de mercado turístico de América en términos de llegadas de turistas extranjeros, colocado en segundo lugar en el continente, detrás de Estados Unidos.
La Comisión que tiene el compromiso de impulsar el turismo en la actualidad se plantea como la mejor opción para generar crecimiento económico con desarrollo social y cuidado del medio ambiente y los recursos naturales en general, y como una medida específica para enfrentar el reto de disminuir la pobreza y reactivar la economía nacional de manera estructural.
Las principales atracciones turísticas de México son las ruinas arqueológicas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa. El clima templado del país, junto con su herencia histórica cultural; la fusión de la cultura europea (particularmente la española) con la cultura mesoamericana; también hacen de México un atractivo destino turístico a nivel mundial. La gran mayoría de los turistas extranjeros que visitan México provienen de los Estados Unidos y Canadá. El siguiente grupo en importancia son visitantes de Europa y América Latina. Un número reducido de turistas también proviene de los países de Asia.
De acuerdo a datos emitidos por el Banco de México en el 2010, el turismo representó la tercera fuente de ingresos del país, con 9% del producto interno bruto y aproximadamente siete y medio millones de empleos directos e indirectos. La Cuenta Satélite del Turismo establece que el mercado interno explica más del 80% del consumo turístico. De acuerdo con estos datos, es relevante analizar la dinámica de crecimiento del “Índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” que elabora y difunde mensualmente el Inegi y que, en línea con los indicadores antes comentados, muestra un crecimiento favorable a partir de mayo de 2009, aunque aún no se ha llegado a los niveles de los primeros meses de 2008.
De acuerdo a los últimos datos disponibles en la Cuenta Satélite del Turismo, en 2008 el consumo doméstico participa con el 87% del consumo turístico total. Durante 2010 el número de turistas domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones.
Los últimos reportes del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo indican que México ocupa el lugar 4 de 25 en América. Nuestro país ha subido 8 lugares en la comparación a nivel mundial del 2009 al 2011, ocupando el lugar número 43. En el ranking países de América, ocupa el lugar número 4, superando a Costa Rica y Brasil.
De tal modo que México ocupa el lugar 43 de 139 países en el Ranking Global de Competitividad en Viajes y Turismo 2011 en el ranking de los países de América, México ocupa el lugar 4 de 25.
Las áreas que requieren mayor atención en México son: Infraestructura del Transporte Terrestre (lugar 79), insuficiente Salud e Higiene (lugar 64), Sustentabilidad Ambiental (114) y problemas de Seguridad en el país (lugar 128).
En el ranking de los países de América:
México ocupa el lugar 4 de 25 en América. Nuestro país ha subido 8 lugares en la comparación a nivel mundial del 2009 al 2011, ocupando el lugar número 43. En el ranking países de América, ocupa el lugar número 4, superando a Costa Rica y Brasil.
México obtuvo estos lugares debido a sus Recursos Naturales (ocupa el lugar número 10 en este indicador) y muestra una mejora desde la última evaluación, con muchos sitios naturales considerados como Patrimonio de la Humanidad, además de tener una rica fauna. Los Recursos Culturales también están entre los mejores del mundo (ocupando el lugar 19), con 33 sitios de culturales considerados Patrimonio de la Humanidad, Ferias Internacionales y Exhibiciones, así como Industrias Creativas. Estas fortalezas están reforzadas por las prioridades que se han establecido en el país para impulsar el Turismo (lugar 30), con una promoción y campañas de marca para atraer a los turistas y esfuerzos significativos para recolectar datos del Sector Turístico ( Travel & Tourism, T&T) de una manera integral y oportuna.
Las iniciativas materia del presente dictamen conciben el turismo de salud como el término para describir la práctica rápidamente creciente de viajar fuera del lugar de residencia para someterse a (atención profesional) y/o un cuidado médico integral.
En cuanto a los beneficios que el Turismo de Salud aporta se tiene registro de que en los últimos años, y gracias a la globalización ha habido una mejora y aumento de la tecnología, en la capacidad de los médicos y los estándares del cuidado de salud en muchos países en el mundo. Esto aunado con el alto costo de los cuidados y servicios médicos en otros países, ha resultado en que más gente está buscando el turismo en salud. El fenómeno es muy sencillo porque se define cuando alguien viaja a otra región o país para obtener algún servicio de salud y bienestar.
Con el objetivo de fortalecer el turismo de salud en nuestro país, en fechas recientes en Monterrey, Nuevo León, se llevo a cabo el primer Foro de turismo de salud, en el que los titulares de las Secretarías de Turismo y de Salud aseguraron que México cuenta con todas las condiciones para ser líder en este segmento. La Secretaría de Turismo coincide con que el turismo de salud permitirá atraer a un mayor número de visitantes, elevar el gasto en esta actividad y generar más fuentes de empleo, así mismo se expuso que a nivel mundial más de 40 millones de personas salen de su país en busca de servicios médicos y que solamente para 2012 se espera que 1.6 millones de estadounidenses vayan a otra nación a realizarse algún tratamiento, por lo que México tiene grandes posibilidades de crecimiento en este rubro.
Para fortalecer a este sector, la Secretaría de Turismo llevará a cabo acciones decisivas para certificar que las instalaciones turísticas sean adecuadas para los pacientes, lo que fomentará la creación de una oferta integrada al combinar los servicios de salud y los relacionados con el turismo.
El Consejo de Salubridad General certificará a los hospitales privados interesados, lo que permitirá contar con información detallada de las atenciones médicas, así como generar incentivos para que la iniciativa privada corrobore la calidad y garantía de los servicios que ofrecen las instituciones. Coordinando las mencionadas acciones, con la reformas propuestas en el presente dictamen con la finalidad de dar certeza jurídica se avanza en los objetivos planteados en Acuerdo Nacional por el Turismo, el cual fue firmado el pasado 28 de febrero por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La propuesta de esta comisión dictaminadora es la de realizar las reformas necesarias que partan de reconocer el potencial de la actividad, reoriente propósitos e instituciones, garantice el carácter transversal del turismo y su operación, y sin duda, fortalezca su presupuesto.
En algunos estados del norte del país se cuenta con personal médico de primera calidad, así como con especialistas con reconocimiento internacional, y miles de personas que trabajan alrededor de los servicios médicos, enfermeros y enfermeras de primer nivel, así como universidades de calidad internacional.
Los diputados integrantes de la Comisión de Turismo comprometidos a trabajar para colocar al turismo como motor de crecimiento de México, en virtud de que esta actividad representa el nueve por ciento del producto interno bruto y genera 7.5 millones de empleos.
El principal beneficio para los usuarios del Turismo de Salud es el menor costo al que pueden obtener los servicios de salud de calidad. Que en ocasiones los ahorros en el costo de los servicios de salud pueden variar entre 30% a 70% y esto definitivamente es un beneficio muy grande para la persona que va a viajar por algún tratamiento médico. Porque aún incluyendo los costos de transporte, hospedaje y otros gastos adicionales, se puede obtener un gran ahorro total.
El segundo mayor beneficio de la industria del Turismo de Salud, es la atención oportuna de alguna situación en particular. En países en donde los servicios médicos están saturados, las listas de espera para algunos tratamientos médicos o cirugías es tan larga que puede llegar a ser de 6 a 18 o incluso 24 meses de espera. En los países que están ofreciendo el Turismo en Salud, generalmente se tienen sistemas de salud complejos en donde los servicios privados tienen una capacidad instalada para atender a sus pacientes de forma inmediata.
Un último beneficio a mencionar es la posibilidad de recuperarse en un ambiente de vacaciones o relajante, en donde también puede combinarse actividades placenteras y viajes de turismo.
Las modificaciones propuestas a la Ley General de Turismo se exponen en el siguiente cuadro comparativo:
La cadena de servicios que implica la actividad del turismo genera una derrama económica de considerable importancia, así como la derrama económica que es posible que genere el negocio del turismo de salud para México y sus empresas por lo cual se han hecho cálculos de gasto aproximados a:
• Agencias de Viajes para la compra de boletos e información sobre el destino $300 a 600 dólares
• Taxi para traslados terrestres: aeropuerto-hotel-aeropuerto $50 dólares
• Hotel, condominio, casa: para hospedaje de recuperación (de 1 a 2 semanas) $100.00 dólares por día para 2 personas = a $1,200.00 dólares aproximadamente
• Hospital o clínica para tratamiento médico es de $5,000 dólares a $12,000.00
• Ambulancia (opcional) para los traslados hospital-hotel $200.00 dólares
• Laboratorios para exámenes clínicos es de $200.00 dólares a $400.00 dólares
• Farmacia para la compra de medicina es de $200.00 dólares a $400.00 dólares
• Enfermera privada (opcional) para la atención personalizada 30 dólares por día = a $300.00 dólares aproximadamente
• Restaurantes: por lo menos cenará una vez fuera del hotel, condominio o casa por 2 personas $100.00 dólares
• Recorridos turísticos (opcional) por lo menos tomara un tour por 2 personas $100.00 dólares
• Compra de artesanías: realizara una compra de $100.00 dólares
Gasto promedio por paciente internacional $13,000.00 dólares.
Dentro de las acciones en materia de política Turística en el país se han efectuado ya algunas gestiones, así como lo es el punto de acuerdo presentado en la Cámara de Senadores por el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa e impulsado por Luis Coppola Joffroy, el cual se aprobó en votación económica solicitar al titular del Ejecutivo federal la implementación de una política pública interinstitucional de fomento al turismo de salud que permita el aprovechamiento del potencial que tiene México en esa materia.
También se exhortó a la Secretaría de Turismo para que lleve a cabo campañas masivas que promuevan y difundan las ofertas, los servicios médicos y la infraestructura hospitalaria de primer nivel que ofrecen los estados de la frontera norte dentro del esquema de turismo de salud, así como para que informe los avances de la estrategia implementada para impulsar el turismo de salud en el país además, se invitó al Ejecutivo federal para que instruya al Consejo de Salubridad General a que promueva en los estados de la frontera norte, la certificación de sus hospitales públicos y privados, por parte del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, así como el reconocimiento de dicha certificación por parte de las aseguradoras extranjeras.
México es un país que, de manera similar a la industria turística, tiene una industria médica o de la salud. Por otro lado, la inversión anual en infraestructura médica es cada vez mayor, tanto en el sector público como privado, por lo que es necesario aprovechar las ventajas con que cuenta nuestro país tanto en materia de infraestructura turística como de infraestructura medica.
El turismo de salud, por sus cualidades intrínsecas sería uno de los de mayor gasto por parte de los turistas internacionales, ya que en busca de mejores condiciones económicas migran de sus países en busca de atención médica más económica, pero, por su naturaleza, mayor en gasto que una internación turística de recreación.
En Latinoamérica, los países que está tratando a pacientes extranjeros son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay.
Se estima que los consumidores de turismo de salud en busca de valor comentaron ahorros en costos promedian de entre 30-70% de precios americanos.
Los americanos, particularmente los que viven cerca de la frontera mexicana, cruzan rutinariamente a México para obtener cuidados médicos. Las especialidades más populares incluyen: cirugía dental y cirugía plástica.
De acuerdo al Centro de Estudios Superiores de Turismo, a nivel mundial más de 40 millones de personas salen de su país en busca de servicios médicos y que solamente para 2012 se espera que 1.6 millones de estadounidenses vayan a otra nación a realizarse algún tratamiento.
Esta actividad económica, generada por las personas que viajan por todo el mundo para recibir servicios de salud, tiene un potencial vasto, que podría generar una derrama económica y generación de empleos sumamente importante, mucho mayor a lo que tenemos en la actualidad, considerando que los costos de los procedimientos tanto médicos como quirúrgicos en México son mucho más económicos que en Estados Unidos de América, nuestro principal mercado para ello, lo que nos sitúa en un escenario de ventajas competitivas.
El diputado proponente expone que se estima que tan sólo en nuestro país vecino, existe un potencial de cerca de 6 millones de personas que podrían estar en condiciones de buscar soluciones y atención médica en el exterior.
Por tanto, para poder preservar y hacer crecer y multiplicar el turismo de la Salud en nuestro país, tenemos el reto y la obligación de generar condiciones que permitan maximizar las posibilidades de esta actividad, a fin de atraer y generar la confianza tanto de inversionistas y empresarios, como de los clientes, consumidores y turistas de dicha rama.
Si bien el turismo médico se ha venido consolidando como práctica, mediante la cual una cantidad cada vez mayor de personas en todo el mundo viajan a algún país distinto al suyo para obtener cuidados y servicios médicos, incluyendo procedimientos y cirugías diversas, como cardiaca, dental o cosméticas, el impulso y fomento al Turismo de la Salud representa la oportunidad de atraer una gran cantidad de nuevas inversiones, desarrollar auténticos polos de desarrollo, y contribuir al engrandecimiento del turismo en México. Por ello, el Poder Legislativo tiene un peso específico estratégico en esta gran tarea.
Las investigaciones de mercado sugieren que los principales mercados de turistas de la salud provienen de Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Italia y Australia, y que los servicios más demandados son aquellos relacionados con la odontología, oftalmología y cirugías.
Estudios Internacionales demuestran que aquellos países que diseñan e implementan estrategias innovadoras, consistentes, ambiciosas e integrales, para promover, atraer y captar los flujos y beneficios del turismo de la salud, pueden obtener un éxito importante, benéfico para sus habitantes. Los casos más emblemáticos son los de Colombia, Cuba, El Salvador, Puerto Rico y Uruguay.
Colombia posee alrededor de 5 por ciento del mercado mundial del turismo generado a partir de la medicina curativa, debido entre otros factores, a la amplitud de su cobertura de tratamientos de alta calidad, así como su estructura. Los costos de los procedimientos médicos en este país son menores hasta en un 35 por ciento que en los Estados Unidos de América, fuente principal del mercado de turistas de la salud. Además, los componentes de la innovación y el de la obtención de certificados y reconocimiento internacional a la calidad médica, representan sin duda elementos que facilitan e incentivan esta industria.
El Turismo de Salud es un término acuñado inicialmente por las agencias de viajes y los medios de comunicación para describir la práctica rápidamente creciente de viajar a través de las fronteras internacionales para obtener atención de salud.También se refiere a la práctica de los profesionales sanitarios viajan al extranjero para ofrecer asistencia sanitaria.
Más de 50 países han identificado el turismo médico como una industria nacional. Cuba es, sin lugar a dudas, el destino médico del turismo por excelencia. Cuando los pacientes internacionales piensan en médicos de alta calidad y costos bajos, el primer país que aparece es Cuba. No sólo está la reputación de los doctores cubanos, sino la ventaja de las playas cubanas, que hábilmente son promocionadas como lugares propicios para la fase de recuperación, después de la operación médica.
Las estadísticas de salud indican también una ventaja competitiva, al:
Tener: 5.91 médicos por cada mil habitantes;
Una esperanza de vida de 75 años para hombres y
De 79 años para mujeres; y
Finalmente, una tasa de mortalidad infantil de tan sólo 6 por ciento.
Todas esas cifras son propias de los países que cuentan con un alto nivel de desarrollo humano, por lo que Cuba tiene argumentos sólidos para posicionarse a nivel mundial en el Turismo de Salud.
El Salvador es un ejemplo en la promoción del Turismo de Salud principalmente en lo que se refiere a la articulación de instituciones y de operadores turísticos especializados en la materia. La labor de promocionar los servicios médicos para atraer turistas internacionales, la realizan en conjunto la Cámara de Exportadores de Servicios de Salud, la Agencia de Promoción de Exportaciones, la Agencia de Promoción de Inversiones y el Ministerio de Salud de dicho país. De esta manera, El Salvador cuenta con un auténtico plan estratégico.
En el caso de Puerto Rico, el éxito que han obtenido se explica, además de la calidad y el bajo costo de sus servicios, en el aspecto tecnológico, y también debido a que la preparación de una gran cantidad de sus doctores y profesionales de la salud han estudiado y se han preparado en Estados Unidos. Así mismo, este país ha tomado muy en serio su participación activa en todo tipo de asociaciones internacionales relacionadas con el turismo de la salud, como lo es la Asociación de Turismo Médico Internacional (MTA, por sus siglas en inglés).
Uruguay, un referente más bien emergente del Turismo de Salud, se ha distinguido en particular por dos aspectos: una infraestructura hotelera importante y servicios médicos de gran nivel, además de contar con un clima de seguridad reconocido que concita la confianza de los turistas.
En consecuencia, retomando los mejores ejemplos internacionales en el campo del Turismo de la Salud, valdría la pena considerar algunas lecciones para ser aplicadas y replicadas en nuestro país, tales como las siguientes:
• Tomar en consideración aspectos como el tener hotelería especializada, servicios a la medida, operadores turísticos y centros de rehabilitación.
• El tomar medidas para reducir los costos y ser más competitivos en términos de tratamientos médicos y cirugías.
• Mejorar la conectividad para la atención de los pacientes internacionales, especialmente en cuantos a los vuelos.
Dadas las potencialidades que se han encontrado en este mercado para la actividad turística del país previo a un amplio análisis esta comisión propone NO modificar el Art. 3 fracción XIX de la Ley General de Turismo toda vez que la propia Secretaría de Turismo ya concibe el Turismo de Salud en sus Planes y Programas.
No obstante se propone una modificación a la redacción en la propuesta que se refiere al artículo 7 fracción XVIII que conste en ampliar la participación que puedan tener otras secretarías, suplementariamente se plantea generar una estrecha coordinación con la Secretaria de Salud para impulsar, fomentar y apoyar al Turismo de Salud, esta comisión considera importante adicionar a esta coordinación de acciones a las dependencias que puedan tener un papel de involucramiento para que los servicios relacionados a este segmento se encuentren en optimas condiciones y adecuadas para su impulso.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud
Artículo Único. Se adicionan el artículo 7, con una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, y un Capítulo IV Bis, denominado “Del Turismo de la Salud”, que comprende los artículos 19 Bis y 19 Bis 1, a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:
Articulo 7.Para dar cumplimiento de la presente Ley, le corresponde a la Secretaría:
I. a XVI. ...
XVII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable;
XVIII. La Secretaría, se encargará en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, y todas aquellas dependencias que tengan injerencia para que los servicios relacionados se encuentren en condiciones optimas y adecuadas para su impulso, de fomentar la creación de las políticas públicas necesarias para la promoción y pleno desarrollo del Turismo de Salud en todo el país, y
XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.
Capítulo IV BisDel Turismo de la Salud
Artículo 19 Bis. La Secretaría impulsará, fomentará y apoyará el Turismo de la Salud en nuestro país, en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud.
Artículo 19 Bis 1. Los prestadores de servicios relacionados con el turismo de la salud se sujetarán a las normas, lineamientos y disposiciones que para tales efectos emitan las autoridades correspondientes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días de octubre de 2011.
La Comisión de Turismo, diputados:Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo González Díaz (rúbrica), María Guadalupe García Almanza (rúbrica), secretarios; Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Efraín Ernesto Aguilar Góngora (rúbrica), Cecilia Soledad Arévalo Sosa (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza, Víctor Manuel Castro Cosío (rúbrica), Juan José Cuevas García, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Baltazar Martínez Montemayor, Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra, Emilio Serrano Jiménez, Luis Alejandro Guevara Cobos, Silvia Isabel Monge Villalobos (rúbrica), Marta Elena García Gómez, Iridia Salazar Blanco.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
CODIGO PENAL FEDERAL
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal en materia de robo en transporte ferroviario.
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión ordinaria de la honorable Cámara de Diputados de fecha 22 de septiembre de 2011, el diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal, en materia de robo en transporte ferroviario.
Segundo. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa misma fecha turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente.
Contenido de la iniciativa
Expone el autor que el transporte ferroviario resulta particularmente importante para el desarrollo económico, ya que se trata de un transporte con ventajas comparativas en ciertos aspectos, tales como el consumo de combustible por tonelada/kilómetro transportada, la entidad del impacto ambiental que causa o la posibilidad de realizar transportes masivos.
Continúa señalando que en años recientes, las empresas concesionadas han tenido que sufrir incontables actos delictivos que atentan contra su patrimonio, el de sus usuarios, las mercancías que transporte y contra la prestación del servicio en sí misma.
Asimismo, se percibe una clara reincidencia por parte de quienes realizan dichas conductas, y existen evidencias de que se trata de una actividad ilícita organizada, y se percibe la existencia de canales para la comercialización de los bienes sustraídos del ferrocarril.
Se advierte que la redacción actual de la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal es objeto de interpretaciones in malam parte, ya que si bien hace referencia al objeto de apoderamiento, posteriormente refiere a que sea en vías o equipo ferroviario, lo que excluye el robo de las mercancías o bienes que se transportan por este medio.
Considera el proponente que a fin de cumplir con el principio de estricta legalidad y para no dejar lugar a dudas al intérprete de la norma es necesario perfeccionar el tipo penal de robo en contra del transporte ferroviario, así como los bienes, valores y mercancías que son transportados a través de éste; por lo que se refiere al objeto material sobre el que recae la conducta, que por su conducto daña de manera intensa el bien jurídico que se pretende tutelar a través de la finalidad de autor, que con su conducta afecta el patrimonio.
Por tal motivo, se considera necesario reformar y adicionar la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para especificar que la conducta de apoderamiento se realice no sólo sobre las partes integrantes de las vías o equipo ferroviario, sino también sobre el equipaje, equipo, mercancías o cualesquiera otros bienes que se transporten por éste medio.
Texto de la iniciativa
Propuesta. Se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, consideran procedente la reforma planteada por las siguientes
Consideraciones
Primera
Se coincide con el promovente en el sentido de que el transporte ferroviario tiene una importancia trascendental para el desarrollo del país, por tratarse del medio de transporte terrestre con mayor capacidad de carga, permitiendo el intercambio comercial de un mayor volumen de mercancías, con el beneficio de implica para los sectores agrícola, comercial, industrial, y de prestación de servicios.
De tal suerte, resulta de suma importancia realizar las adecuaciones a nuestro marco jurídico que son necesarias para proteger de manera efectiva la prestación de este servicio público de carácter federal, así como el patrimonio de las empresas concesionarias y los particulares que hacen uso de este medio para el transporte de bienes y mercancías.
Segunda
La Federación es competente para establecer la normatividad en materia de vías generales de comunicación, de conformidad con el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
Asimismo, el numeral XXI de ese mismo dispositivo constitucional estipula la facultad del Poder Legislativo federal para:
XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.
De conformidad con lo anterior, se considera procedente que el Congreso de la Unión legisle en materia de delitos cometidos en contra del transporte ferroviario, y por tanto, tipifique aquellos delitos de carácter patrimonial que se cometan en contra de los bienes afectos a la prestación de este servicio, así como aquellos que son objeto del mismo, esto es, los bienes y mercancías que se transportan por su conducto.
Tercera
No pasa desadvertido para esta Comisión la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2010 de la reforma y adición de diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, en Materia de Delitos contra el Transporte Ferroviario, en el que, entre otras cosas, se sanciona en el artículo 381, fracción XVII, el robo cometido en vías o equipo ferroviario.
Cabe destacar que como se tiene redactado actualmente el tipo, la aplicación de dicho dispositivo ha sido objeto de interpretaciones que no protegen los bienes y valores jurídicos que deben ser tutelados.
De conformidad con estas consideraciones, se advierte claramente la necesidad de tipificar adecuadamente el artículo 381 fracción XVII a fin de determinar de manera clara el objeto material sobre el cuál recae la conducta de apoderamiento, y proteger de manera más intensa los bienes, valores y mercancías que son objeto de la prestación del servicio de transporte ferroviario.
Cuarta
Para determinar el objeto material sobre el cuál debe recaer la protección, es pertinente la lectura del artículo 5o. de la Ley de Vías General de Comunicación que dispone:
Artículo 5o. Corresponderá a los Tribunales Federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fuere parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la explotación de las vías, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que estén bajo su responsabilidad.
De conformidad con lo anterior, resulta evidente que la competencia federal surge no sólo cuando se trata de vías o equipo ferroviario, sino los bienes muebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las empresas de transporte, esto es, los bienes mercancías o valores que se transportan por su conducto.
El criterio que se sustenta se fortalece de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50, fracción I, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dispone:
Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán:
I. De los delitos del orden federal.
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado;
Quinta
Es de explorado derecho que la doctrina penal, la jurisprudencia y las normas fundamentales establecen que la aplicación e interpretación de las normas penales es restrictiva a partir del reconocimiento del principio de legalidad en el artículo 14 de la norma constitucional, que señala:
Artículo 14. ......
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
...
El principio de legalidad es interpretado de acuerdo a su significado etimológico en los siguientes términos:
Nullum poena, nullum crimen sine lege; “No hay Pena, no hay delito sin ley”.
De conformidad con lo anterior, si bien de la lectura de los dispositivos transcritos en la consideración que antecede se advierte claramente la competencia federal para conocer del apoderamiento ilícito de bienes que son objeto de transporte por conducto del sistema ferroviario, en aplicación del principio de estricta legalidad se hace necesario especificar a nivel del tipo penal que el objeto material sobre el que puede recaer la conducta lo son no sólo las vías o equipo ferroviario, sino los bienes, valores o mercancías que se transportan por este medio.
El objeto material del delito se identifica con el objeto corporal o material hacia donde se realiza la acción, siendo un elemento distinto al bien jurídico que es el objeto de protección.
Para el caso que nos ocupa, el objeto material son las vías o el equipo ferroviario, así como los bienes, valores o mercancías que se transportan por este medio, mientras que el bien jurídico protegido será en todos los casos el patrimonio, y por tanto se trata de bienes necesitados de protección distintos a los ya protegidos en materia de ataques a las vías generales de comunicación.
Sexta
De conformidad con las consideraciones anteriores, esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en la necesidad de tipificar de manera más clara la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal, a fin de evitar la impunidad en que se ha caído respecto del robo sobre bienes transportados por conducto del sistema ferroviario, por falta de especificación en el objeto material sobre el cuál recae la conducta de apoderamiento.
No obstante, atendiendo a la intención del promovente, esta Comisión considera necesario mejorar la redacción y adicionar al texto propuesto, la posibilidad de que la conducta de apoderamiento ilícito recaiga también sobre valores o mercancías, otorgando de este modo un mayor grado de certeza sobre los bienes que son objeto de tutela.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal
Único. Se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:
I. a XVI. ...
XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por éste medio.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de octubre de 2011.
La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa, Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja (rúbrica), Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, María Antonieta Pérez Reyes, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz, Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
HONORABLE ASAMBLEA:
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y con opinión de la de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral , incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
DICTAMEN
I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
1. El 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia con opinión de Derechos Humanos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
2. El 12 de octubre del 2010, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
3. En fecha 4 de marzo de 2011, se recibió de la Comisión de Derechos Humanos, Opinión relativa al proyecto de decreto en estudio, misma que fue aprobada en Comisión el 23 de febrero de 2011, la cual se agrega al presente para los efectos conducentes.
4.Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y opinión de Derechos Humanos, en sesión celebrada el 27 de octubre de 2011, aprobaron dictamen en sentido positivo.
II. Contenido de las iniciativas
1. El Titular del Poder Ejecutivo Federal, argumenta que el Estado mexicano tiene el imperativo de garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad. Por ello, es necesario responder efectivamente para combatir cualquier acción que vulnere la paz social.
Asimismo, señala que existen compromisos internacionales adquiridos por México en la celebración de diversos tratados y convenciones internacionales para tipificar como delitos ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Como ejemplo, hace alusión a los casos de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
Por otra parte, señala que la iniciativa busca generar un mecanismo de excepción, por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.
De la misma forma, el promovente, menciona que la seguridad pública constituye un deber del Estado en sus diferentes niveles, y este concepto implica en sentido amplio: prevención y persecución de delitos y responsables, imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la reintegración social del delincuente. Es decir, pretende regular todas las actividades que contribuyan a alcanzar la integridad y los derechos de las personas para preservar su libertad, el orden y la paz pública.
Refiere la iniciativa, que con el fin de salvaguardar la integridad de los órganos supremos de gobierno, es necesario que se tomen las acciones pertinentes para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Por ello, la iniciativa busca proteger la nación mexicana, preservando la soberanía e independencia.
Por todos estos motivos, el autor de la iniciativa concluye que es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos de fuero común trascienden al ámbito de los Estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya sea porque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernadores el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad que aspiramos es necesario armonizar los derechos.
2. La iniciativa del Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, en lo general, establece lo siguiente:
“México ha sido declarado como el segundo país más riesgoso para los periodistas, y el llevar al fuero federal los delitos que se cometen contra la libertad de expresión, ha sido una meta del gremio periodístico durante más de 20 años.
Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.
De conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano permite al Poder Legislativo de la Unión, establecer los delitos y faltas contra la Federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.
Por lo anterior, y teniendo en consideración que la Constitución General faculta al Congreso de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación así como fijar las sanciones que por ellos deba imponerse, se propone reformar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y facultar a las autoridades federales para conocer de delitos que atenten contra los derechos humanos y la liberad de expresión.
III. CONSIDERACIONES
En primer término, se atiende lo expresado por la Comisión de Derechos Humanos, respecto de la Opinión emitida, el 23 de febrero de 2011, la cual en sus considerandos y resolutivos expone:
Es necesario resaltar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las “facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
En este sentido, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 73, fracción XXI, de la Constitución. Esto significa que, en materia penal, el Congreso de la Unión puede legislar en el ámbito del fuero federal y las legislaturas de los estados lo pueden hacer en el ámbito del fuero común.
Si bien esta Comisión comparte la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, se advierte que la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción, concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y en consecuencia atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la naturaleza del delito del orden federal, se determina por el lugar en donde se cometió; al respecto, se cita el siguiente criterio judicial:
Conforme al segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales (...) pues la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió, a menos que surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De lo anterior se desprende que la ley establece los supuestos en que las autoridades federales podrán conocer de delitos del fuero común, cuando estos tienen conexidad con delitos del fuero federal.
Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo federal para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, contiene supuestos que por su propia naturaleza tienen conexidad con los delitos federales; es decir, si hablamos de delitos que atenten contra la seguridad nacional, estos son propiamente de carácter federal.
Lo anterior sustenta con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual señala el concepto de seguridad nacional, de que se desprende que es un asunto de orden federal, en consecuencia, toda amenaza a la seguridad nacional es también delito del orden federal.
Aunado a lo anterior, el artículo 102, apartado A, señala en su segundo párrafo que: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal”
En el mismo orden de ideas, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, en las que están involucradas autoridades del orden federal, podrá intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual está facultada para formular denuncias ante las autoridades competentes.
Por ello, esta Comisión considera que la propuesta del ejecutivo federal es innecesaria toda vez que el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional ya faculta a las autoridades federales para que puedan conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales.
Por otro lado, si se tratará de precisar los supuestos de atracción de las autoridades federales, deberán proponerse modificaciones a la legislación reglamentaria, como lo manifiesta el propio proponente en su exposición de motivos.
En consecuencia, esta Comisión considera que el contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal no es procedente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos emite la siguiente:
. Deséchese la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Ejecutivo federal.
. Comuníquese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para los efectos legales a que haya lugar.
. Comuníquese a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Para los efectos legales a que haya lugar.”
No obstante la Opinión de Derechos Humanos, expresada en sentido negativo, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, comparten la visión de los promoventes, pues resulta necesario garantizar y fortalecer la legislación, para que permita atraer competencias entre las autoridades Federales, Estatales, del Distrito Federal y Municipales, en tratándose de conductas que atenten contra la libertad de expresión en sus diversas modalidades, que transgredan las garantías individuales y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otras legislaciones.
La naturaleza de las iniciativas consiste en establecer diversos supuestos de procedencia, en los cuales, las autoridades federales estarían facultadas para investigar delitos del fuero común, al momento de que estos supuestos se actualicen.
Tales supuestos de procedencia, son los siguientes:
Los integrantes de las Comisiones Unidas, han resuelto únicamente entrar al estudio del supuesto de procedencia, cuando se ataque lo anterior en aras de dar respuesta al reclamo social, relativo a evitar y sancionar los atentados contra el Derecho a la libertad de expresión, los demás supuestos de procedencia, serán materia de estudio en dictamen posterior.
La iniciativa busca mediante reforma al artículo 73 constitucional, facultar a las Autoridades Federales, para que puedan atraer e investigar los delitos en los que se vean involucrados como víctimas reporteros, periodistas, o cualquier persona, en el que se adviertan atentados contra la libertad de expresión.
En este sentido, el valor protegido de esta reforma reviste una trascendencia sustancial dentro del marco jurídico mexicano, ya que en ella se establecerán los mecanismos que permitirán la correcta y debida protección de los mencionados derechos.
Los periodistas y defensores civiles de los Derechos Humanos se encuentran en el peor momento de su vida profesional; no sólo las agresiones al gremio periodístico representan un ataque directo a la vigencia del Estado de Derecho, sino también la inacción de las autoridades competentes, lo cual se traduce en impunidad. Afectar la libertad de expresión, es una de las formas de destruir la democracia y la sana convivencia que demanda el país.
Por tanto, es necesario reconocer la posición de los periodistas como un sector contra el que se han venido acentuando las agresiones y violaciones a sus Derechos Humanos, por lo que resulta imperativo proteger la actividad esencial que realizan en beneficio de la vida pública del país, en especial en los casos en que los profesionales de la información cubren situaciones de alto riesgo.
En este sentido cobra relevancia el informe presentado por la Federación Latinoamericana de periodistas, ante la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, sobre la situación del periodismo en México al primer trimestre de 2010, en el que revela cifras alarmantes que obligan a atender el asunto de manera urgente e inmediata: 67 asesinatos y 12 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
México ocupa el primer lugar como el más peligroso en el mundo, para ejercer el periodismo, después de Iraq, tras la ocupación de Estados Unidos, en 2003, según la organización Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra.
Para los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, tales antecedentes son un llamado de alerta que amerita sin demora la renovación del marco normativo que permita a las autoridades competentes en los distintos ámbitos, accionar de manera inmediata en contra de aquellos que atentan contra la libertad de expresión.
En este contexto, es ilustrativo señalar que la comunidad internacional ha trabajado a favor de la protección a la vida y los derechos humanos, en donde nuestro país, no ha sido ajeno a estas políticas, y ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por esto es necesario señalarlos en este documento como sigue:
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrito en el año de 1948 y con entrada en vigor en el mismo año, y que establece:
“Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a lalibertad de opinión y de expresión;este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
“Artículo 29
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin deasegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.”
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;suscrito el 23 de marzo de 1981 y con entrada en vigor el 23 de junio del mismo año, y que establece:
“Artículo 19
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tienederecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b)La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
• Convención Americana Sobre Derechos Humanos;suscrita el 24 de marzo de 1981 y con entrada en vigor en esa misma fecha, que a la letra dice:
“Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, en 1948, la cual:
“Artículo IV
Toda persona tienederecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
• La Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; suscrita el 20 de febrero de 1975 y con entrada en vigor el 20 de marzo del mismo año, el cual establece en su artículo 5°, lo siguiente:
“Artículo 5°:
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:
VIII) El derecho a la libertad de opinión y de expresión.”
• Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de San José Costa Rica, aprobada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante 108° periodo ordinario de sesiones, Washington D.C., octubre 2000, el cual menciona que:
1. “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
9. “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las victimas una reparación adecuada”.
Es claro que la posición del Estado Mexicano, ha sido coadyuvar con la comunidad internacional para proteger los derechos esenciales del hombre. Siendo el común denominador la suscripción de los diversos instrumentos internacionales, cuya voluntad de nuestro País, es ser coincidente con la comunidad internacional, en cuanto a su espíritu humanista.
Hay que recordar las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que incorporaron los tratados a nuestro derecho interno, obligan al Estado mexicano a darles cabal cumplimiento.
Debido a ello, la intención de los miembros de estas Comisiones dictaminadoras es la de incorporar expresamente en nuestro derecho, figuras sustantivas y adjetivas que regulen la coordinación entre los tres niveles de gobierno para efecto de que sus autoridades actúen debidamente para proteger a los habitantes del país, cuando ocurran atentados contra la libertad de expresión.
La libre manifestación de ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, permite que las sociedades avancen en la construcción de diálogo, y de una opinión que respete la pluralidad de ideas, que a su vez, permita el desarrollo de una cultura política y participativa necesaria en la consolidación de un Estado Democrático de Derecho. Así, la libertad de expresión es un indicador del nivel de consolidación de la democracia en un país y un fiel reflejo del ejercicio de otros derechos fundamentales.
De manera específica, las personas dedicadas al ejercicio de la actividad periodística en sus diferentes manifestaciones y alternativas son las encargadas de informar y dar a conocer la expresión del pensamiento ajeno y proveer de información a la sociedad para facultarla a llamar a la rendición de cuentas y así promover la participación política informada. Así, toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad de expresión. Por ello, la violación a la libertad de expresión de quienes ejercen esta función, representa una afectación a la sociedad en su conjunto.
Como se ha mencionado, en los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales, han dado cuenta del incremento de los ataques, amenazas y actos de intimidación en contra de personas que ejercen la labor periodística y los medios de comunicación en América Latina. Dentro de este contexto México es considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en la región.
Este fenómeno en México ha despertado la preocupación mundial de tal manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, así como el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, elaboraron sendos informes para explicar la razón real desatada en contra de la libertad de opinión y de expresión.
Para estas Comisiones resulta imperante hacer constar en este dictamen, por la importancia y trascendencia que tiene esta reforma, los informes elaborados por los Organismos Internacionales, que son del tenor siguiente:
INFORME DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DRA. CATALINA BOTERO:
815. Con base en la información recabada con ocasión de su visita in loco a México, y en atención a la situación que guarda la libertad de expresión en el país que precisa de acciones urgentes, la Relatoría aprovecha para reiterar muchas de las conclusiones y recomendaciones emitidas al finalizar su visita oficial al país en agosto de 2010. La Relatoría se pone nuevamente a disposición del Estado mexicano y ofrece su asistencia para que las recomendaciones se atiendan a la brevedad posible.
816. La Relatoría considera que la libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas en el país. Según la información recibida, entre 2000 y julio de 2010 64 periodistas fueron asesinados y 11 desaparecidos, ubicando a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas. La situación de seguridad de los y las periodistas sigue siendo crítica; en 2010 la Relatoría registró 13 asesinatos de periodistas en el país, además de desapariciones, secuestros, ataques armados contra medios, y numerosas amenazas y hostigamientos. La Relatoría ha constatado que en los últimos años la mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas que cuentan con fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunos de dichos Estados hay comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de violencia e impunidad.
817. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y responsables de estos crímenes. No obstante, la información recibida por la Relatoría permite afirmar que en estos lugares el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida e integridad física de los y las periodistas, especialmente de aquellos/as que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados.
818. La Relatoría está consciente de que el problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población. Sin embargo, observa que las agresiones contra periodistas y comunicadores tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás periodistas y comunicadores, genera zozobra y autocensura, priva a la sociedad en general de su derecho a estar informada y desalienta la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad. Por ello, saluda la adopción, en noviembre de 2010, del Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas, el cual representa el primer paso para la creación de un mecanismo nacional de protección de periodistas y comunicadores.
819. La Relatoría está convencida de que la protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México. En este sentido, saluda la existencia de una Fiscalía Especializada y la mencionada adopción de un Convenio que busca la protección de las y los periodistas. Sin embargo, de particular gravedad resulta para la Relatoría el constatar la impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas en México, fenómeno que alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes.
820. Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población.
821. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión.
• Recopilar estadísticas criminalísticas detalladas y desagregadas sobre la violencia contra periodistas y la persecución penal de estos crímenes.
• Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a los órganos locales de procuración y administración de justicia. Especialmente, se recomienda adoptar las reformas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión, y garantizar que las posibles violaciones de este derecho sean siempre investigadas por la jurisdicción penal ordinaria.
• Dotar a la Fiscalía Especial y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos, así como adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes cometidos contra periodistas, en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente agotada.
• Fortalecer la capacidad de acción de los organismos públicos de derechos humanos, mediante, entre otros, la aprobación de la propuesta de reforma constitucional en derechos humanos actualmente pendiente.
• Implementar el Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas como mecanismo nacional de protección de periodistas y comunicadores. La aplicación del Convenio debe tener en cuenta: 1) la necesidad de asegurar los recursos financieros y personales necesarios para la implementación adecuada del mecanismo; 2) la necesidad de asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de medidas de prevención y protección; 3) la necesidad de definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el mecanismo y el procedimiento para su adopción; 4) la necesidad de garantizar la plena participación de los periodistas, la sociedad civil y los beneficiarios en la implementación y funcionamiento del mecanismo; y 5) la conveniencia de buscar el apoyo de la comunidad internacional para el funcionamiento del mecanismo.
• Capacitar en materia de libertad de expresión a la fuerza pública.
822. En torno a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones sobre radiodifusión, la Relatoría observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas.
823. Asimismo, advierte que no existe un órgano regulador independiente, y que el marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan solicitar y obtener frecuencias para operar.
824. Con relación a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio adecuado ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente, y por consiguiente pueda ser empleada para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
825. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Adoptar un marco normativo que brinde certeza, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operar sin discriminación.
• Garantizar que la asignación de licencias en radio o televisión sea regulada por ley de manera completa, clara y transparente, y en virtud de criterios objetivos, claros, públicos y democráticos.
• Establecer un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión.
• Establecer mecanismos legales para garantizar que la transición a los servicios de radiodifusión digitales garantice la mayor pluralidad y diversidad posible en el uso del espectro.
• Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.
826. La Relatoría reconoce los avances registrados a nivel federal y en muchas de las entidades federativas relativos a la despenalización de los delitos de calumnia, difamación e injurias. Sin embargo, aún existen tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Preocupa a la Relatoría el uso de figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, personas que trabajan en radios comunitarias y activistas sociales en el marco de actos de protesta social.
827. La Relatoría está preocupada por las acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios en un marco jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Además, la Relatoría recibió información sobre acciones civiles que podrían tener el propósito de hostigar y silenciar la crítica, y que habrían sido interpuestas contra periodistas y medios de comunicación.
828. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión, entre ellos los contenidos en la
Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y en los códigos penales estatales, así como abstenerse de recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
• Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
829. La Relatoría reconoce los notables avances logrados por el Estado mexicano en los últimos años, los cuales han convertido al país en un referente en materia de acceso a la información. Al mismo tiempo, observan que el marco jurídico e institucional que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. La Relatoría también fue informada sobre la existencia de normas estatales así como sobre la interposición de recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.
830. La Relatoría fue informada sobre prácticas que limitan la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. Así, por ejemplo, en algunos Estados el Poder Judicial mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen reservadas hasta que haya trascurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte.
831. Por lo anterior, la Relatoría recomienda particularmente:
• Preservar los avances en materia de acceso a la información, garantizando que los órganos de transparencia sean autónomos, que tengan presupuestos adecuados y estables, y que sus resoluciones sean definitivas e inatacables.
• Seguir expandiendo el acceso real al derecho de acceso a la información pública, fortaleciendo la capacidad institucional a todos los niveles de gobierno para responder adecuada y oportunamente a solicitudes de información, y estableciendo mecanismos sencillos (que incluyen, pero no se limitan, a Internet) para realizar dichas solicitudes.
• Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.
832. La Relatoría se siente privilegiada de haber presenciado una emergente solidaridad entre las y los periodistas en México. El 7 de agosto de 2010, el día antes de su llegada al país para realizar la visita in loco, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y columnistas de diversos medios de comunicación realizaron manifestaciones públicas en 14 ciudades para reclamar condiciones de seguridad en el ejercicio de su actividad y protestar por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, Estado de Durango, por parte de quienes exigían la difusión de videos a cambio de su libertad. La Relatoría hace un reconocimiento y un llamado especial a las y los periodistas a continuar y profundizar estos procesos de solidaridad y apoyo mutuo. También expresa su admiración hacia los y las periodistas que conoció—y a muchos que no conoció—, que ejercen su profesión con gran dignidad y dedicación, no obstante las condiciones difíciles y riesgosas a las que están sometidos. Expresa, además, su solidaridad con las y los periodistas que han sido víctimas de violencia y con sus familiares.
833. Durante su visita la Relatoría recibió información de ciertas iniciativas adoptadas por algunos medios de comunicación para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de sus periodistas. Posteriormente a la visita recibió además información sobre una iniciativa de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión para elaborar un protocolo de seguridad para la protección de comunicadores en contra de agresiones y amenazas del crimen organizado. La Relatoría invita a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Asimismo, las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social.
834. Adicionalmente, la Relatoría reconoce la importancia fundamental de la labor ejercida por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el estado de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas. Considera esencial que estas organizaciones continúen realizando esta importante labor en condiciones de seguridad e instan a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a seguir apoyando sus esfuerzos.
835. Finalmente, la Relatoría reconoce una vez más la apertura del Estado mexicano al haberle invitado a realizar una visita oficial al país, y expresa su voluntad para seguir apoyando todos los esfuerzos que el Estado emprenda para fortalecer la libertad de expresión de todas las mexicanas y los mexicanos. Respetuosamente, la Relatoría insta al Estado mexicano a atender a la brevedad posible estas recomendaciones y se ofrece nuevamente para participar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones ofrecido por el Gobierno al finalizar la visita in loco. La situación apremiante por la que atraviesa la libertad de expresión en México precisa de acciones efectivas e inmediatas como las aquí señaladas.”.
INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA LIBIERTTAD DE EXPRESIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, FRANK LA RUE
70. Con base en la información recabada antes, durante y después de la visita, y en atención a la situación que guarda la libertad de expresión en el país, el Relator Especial formula las conclusiones siguientes:
71. Aunque el actual problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, las agresiones contra periodistas y comunicadores sociales tienen efectos multiplicadores que impactan a los demás miembros de la profesión; generan zozobra y autocensura; privan al conjunto de la sociedad de su derecho fundamental a la información, y desalientan la denuncia, todo lo cual incrementa la impunidad.
72. La impunidad que caracteriza los crímenes contra periodistas y comunicadores sociales en México alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes.
73. La libertad de expresión en México enfrenta graves obstáculos, principalmente por los actos de intimidación y violencia que sufren las y los periodistas. En los últimos 10 años, 66 periodistas han sido asesinados y 12 han sido desaparecidos. México ha devenido así en el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.
74. La mayor parte de los asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentran en entidades federativas que cuentan con una fuerte presencia del crimen organizado, incluyendo, entre otros, a los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. En algunas de dichas entidades federativas existen actualmente comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que genera el clima de impunidad y violencia.
75. En estas entidades federativas, el crimen organizado representa la mayor amenaza a la vida y a la integridad física de las y los periodistas, especialmente de aquellas y aquellos que cubren noticias locales sobre corrupción administrativa, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos conexos. La ausencia de investigaciones concluidas en la gran mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de estos crímenes.
76. Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México.
77. Por tal razón, el Relator Especial saluda la existencia de una Fiscalía Especializada y las incipientes discusiones en torno a la creación de un mecanismo de protección para periodistas tanto a nivel nacional como en algunas entidades federativas.
78. En México prevalece un contexto adverso para la diversidad y el pluralismo. En relación a la regulación del espectro radioeléctrico y la aplicación de las disposiciones legales sobre radiodifusión, el Relator Especial observa que existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas. El marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. No existe tampoco un órgano regulador independiente.
79. En relación a las emisoras comunitarias, no existe un marco legal para reconocerlas ni procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgarles frecuencias para operar. Existe simplemente la figura legal del permiso para las estaciones no comerciales de carácter cultural.
80. Respecto a la publicidad oficial, el gasto es alto y tiende a incrementarse. La ausencia de un marco regulatorio ha permitido que la asignación de publicidad oficial sea utilizada discrecionalmente. Ello permite que la asignación de la publicidad oficial pueda ser utilizada para presionar, premiar, castigar o privilegiar a medios de comunicación en función de sus líneas informativas.
81. El Relator Especial reconoce los avances registrados a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas en la despenalización de la calumnia, la difamación e injurias. Sin embargo, existen todavía tipos penales que permiten criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Continúan utilizándose figuras penales en contra de periodistas que abordan asuntos de interés público, de personas que trabajan en radios comunitarias y de activistas sociales en el marco de actos de protesta social.
82. Las presiones directas o indirectas encaminadas a silenciar la labor informativa de los periodistas son incompatibles con la libertad de expresión de acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La cobertura noticiosa de denuncias o la expresión de opiniones críticas sobre funcionarias y funcionarios se encuentran ampliamente protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
83. De acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión, quienes ejercen una función pública tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y cuestionamiento que el resto de la sociedad porque han asumido voluntariamente responsabilidades de carácter público.
84. Continúan ejerciéndose acciones legales de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación en un entorno jurídico carente de estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden información sobre asuntos de interés general o de crítica política. Se han ejercido acciones de carácter civil contra periodistas y medios de comunicación con el presunto propósito de hostigar y aún de silenciar la crítica.
85. México se ha convertido en los últimos años en un referente mundial en materia de acceso a la información. No obstante, el marco institucional y jurídico que garantiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ante el Ejecutivo Federal, no siempre existe a nivel estatal y municipal. Se han promulgado normas estatales e interpuesto recursos judiciales que pretenden revertir el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y de los órganos de transparencia de las entidades federativas.
86. Se dan prácticas que limitan la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia. En algunas entidades federativas, el Poder Judicial mantiene como reservadas las sentencias de instancia que han sido recurridas, hasta tanto no se agoten todas las etapas del correspondiente proceso. Asimismo, con base en una reforma reciente del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas se mantienen reservadas hasta que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate. Esta norma es actualmente objeto de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
87. El Relator Especial reconoce la importancia fundamental de la labor ejercida por las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México en todas sus facetas, incluyendo las agresiones contra las y los periodistas.
88. Con base en las conclusiones anteriores, el Relator Especial estima oportuno formular las siguientes recomendaciones a la par que reitera su entera disposición para colaborar con el Estado mexicano en la implementación de las mismas:
89. El Estado parte debería acelerar la aprobación y entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, y emitir la legislación secundaria correspondiente a la brevedad posible a afecto de reptar y garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión.
90. El Relator Especial recomienda:
a) Reconocer la importancia de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa;
b) Fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República así como a los órganos locales de procuración y administración de justicia;
c) Adoptar las medidas necesarias para permitir el ejercicio de la jurisdicción federal sobre los delitos contra la libertad de expresión;
d) Dotar a la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales de mayor autonomía y mayores recursos;
e) Adoptar protocolos especiales de investigación para crímenes y delitos cometidos contra periodistas en virtud de los cuales la hipótesis según la cual el crimen o delito habría sido cometido con motivo de su actividad profesional sea necesariamente privilegiada y agotada;
f) Fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos y crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección a periodistas en las comisiones estatales de derechos humanos;
g) Establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas. Dicho mecanismo debería ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; gozar de recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación. El Relator Especial toma nota de la suscripción, el 3 de noviembre de 2010, del Convenio de Colaboración para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas entre las Secretarías de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
h) Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de libertad de expresión.
91. El Relator Especial recomienda:
a) Adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica; promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población;
b) Asegurar la existencia de medios públicos verdaderamente independientes del Gobierno, con el objetivo de fomentar la diversidad y garantizar a la sociedad, entre otros, ciertos servicios educativos y culturales;
c) Crear un marco legal claro, preestablecido, preciso y razonable que reconozca las características especiales de la radiodifusión comunitaria y que contenga procedimientos sencillos y accesibles para la obtención de frecuencias;
d) Crear un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión;
e) Establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.
C. Acciones legales relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión
92. El Relator Especial recomienda:
a) Derogar los tipos penales que criminalizan la expresión en los códigos penales estatales, así como no recurrir a otras figuras penales para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión;
b) Derogar la Ley Sobre Delitos de Imprenta de 1917;
c) Garantizar que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo, estableciéndose estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores;
d) Emitir la legislación reglamentaria del derecho de réplica de conformidad con el artículo 6º constitucional y los estándares internacionales;
e) Asegurarse que el ejercicio de la radiodifusión comunitaria no sea objeto de persecución penal;
f) Garantizar el derecho a la libertad de expresión en el marco del ejercicio legítimo de actos de protesta social.
93. El Relator Especial recomienda:
a) Preservar los avances en materia de acceso a la información;
b) Garantizar que las resoluciones de los órganos de transparencia sean definitivas e inatacables;
c) Asegurar que las resoluciones de los órganos de transparencia no sean desafiadas por las autoridades;
d) Dotar de autonomía constitucional a los órganos de transparencia a efecto de que puedan desarrollar sus funciones de promoción y vigilancia sobre todos los sujetos obligados por la legislación de acceso a la información;
e) Considerar como sujetos obligados por la legislación de acceso a la información a las entidades de interés público, particularmente a los partidos políticos, así como a otros entes que reciben financiamiento público;
f) Profundizar la transparencia en el sistema de procuración y administración de justicia, garantizando el acceso a las sentencias de los órganos judiciales y a una versión pública de las averiguaciones previas concluidas o inactivas durante un plazo no razonable.
94. El Relator Especial invoca a los propietarios de los medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. Las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social.
95. El Relator Especial insta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a continuar apoyando la labor y los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México. Estas organizaciones deben realizar su labor en condiciones de seguridad.
96. El Relator Especial formula un llamamiento especial a las y los periodistas a continuar y profundizar los procesos de solidaridad y apoyo mutuo.”.
Por su parte México a través de la Procuraduría General de la República, dio a conocer en su Quinto Informe de Labores, los resultados estadísticos en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, durante el ejercicio comprendido del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, información que pone en evidencia la imperiosa necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional que se propone y se dictamina, resultados que son del tenor siguiente:
El 5 de julio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/145/10 del Procurador General de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que sustituye a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), y con base en el Plan de Trabajo 2010-2012 desarrollado por ésta última, los resultados generados en el periodo que abarca del 1º de septiembre de 2010 al 30 de junio de 2011, son los siguientes:
Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.
Enfocar el sistema de procuración de justicia a favor de la víctima, identidad. (sic.)
Durante el periodo que se informa, se han iniciado investigaciones sin prejuzgar sobre la competencia, en virtud de que esta Fiscalía Especial no decide a priori si los hechos denunciados son o no materia federal, por lo que efectúa la práctica de diligencias a efecto de integrar debidamente la indagatoria y de esta manera estar en aptitud de resolver sobre la competencia de cada caso concreto, y tal como lo establece la jurisprudencia que a continuación se cita:
Controversias constitucionales. La Procuraduría General de la República no puede decidir a priori si se trata de delitos federales o locales sin que antes se averigüe y determine que existe algún ilícito.Ante la denuncia de los hechos que pudieren llegar a constituir delitos, conforme al imperativo del artículo 118 del Código Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público Federal no puede decidir a priori si esos hechos merecen el calificativo de delictivos y, menos aún, en caso de que se reputaran criminosos, si corresponden a la órbita competencial de la Federación o de los estados, pues para llegar a definir una u otra cosa sólo es jurídico realizarlo a través de una averiguación previa que permita precisar el tipo de la conducta desplegada por el agente activo del ilícito. De esa manera, el órgano a quien compete asumir el papel de investigador, auxiliándose de todos los medios probatorios previstos en la ley, podrá determinar a posteriori si los hechos descritos o narrados en la denuncia respectiva son o no susceptibles de encuadrárseles en la tipología penal y, en su caso, si se trata de delitos federales o de orden común. En resumen: a la Procuraduría General de la República, en este caso, sólo le es dable diferenciar si concurren delitos del fuero federal y del común, a condición de que primero determine si los hechos denunciados son constitutivos de algún ilícito penal. Por lógica, primero habría que precisar si hay delitos para después determinar a qué fuero corresponden; adoptar la proposición inversa sería antijurídico y descansaría en una petición de principio.
Localización: Controversia constitucional 11/95. Roberto Madrazo Pintado, Pedro Jiménez León y Andrés Madrigal Sánchez, en su carácter de Gobernador, Presidente del Congreso y Procurador General de Justicia del Estado de Tabasco, respectivamente, contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Procurador General de la República. 26 de marzo de 1996. Unanimidad de 11 votos. Ponente: Presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jesús Casarrubias Ortega. Novena Época. Registro 200109. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, junio de 1996. Materia: Constitucional. Tesis P./J.36/96. página. 393.
En este mismo sentido y en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, la Fiscalía en vía de colaboración y asistencia con las autoridades locales, ha procedido cada vez que se lo han solicitado, a efectuar las diligencias y/o análisis detallados de las evidencias e investigaciones que se integran en el fuero común. Lo anterior, a efecto de colaborar con los estados, y cuando así proceda legalmente ejercer la facultad de atracción federal.
Actualmente la Fiscalía cuenta con un control automatizado de registros que parten del año 2000, respecto a los homicidios y desapariciones de periodistas, que permiten identificar a las víctimas por entidad federativa, año, zona o región geográfica, medio de comunicación al que pertenecían, entre otros.”
De lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden con las iniciativas en estudio y consientes del contenido de los informes que han quedado detallados sobre la situación de riesgo y agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión, comparten la urgente necesidad de aprobar la norma constitucional en estudio.
Es por ello, que consideran pertinente que cuando estos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes con esta reforma podrán ejercer de oficio la facultad de atracción, y combatir con mayor eficacia los delitos contra periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión, información e imprenta, que tengan conexidad con delitos del fuero común.
A pesar de que la libertad de expresión, es parte del concepto de derechos humanos, otorgar competencia para la Federación evitará que estos queden impunes y garantizará imparcialidad, lo que repercute directamente en mejorar la procuración y administración de la justicia para las víctimas y sus familiares.
Facultad de atracción del Órgano Investigador Federal.
Resulta claro que la facultad de atracción, ya existe en nuestro sistema jurídico, como facultades de algunas autoridades, para conocer excepcionalmente de asuntos que por mandato legal, le competería a otra autoridad, ya sea diversa o en su caso de distinto nivel de gobierno.
Para efectos del presente dictamen, los miembros de estas Comisiones Unidas, coinciden en la necesidad de generar un mecanismo de excepción por el cual, se faculte a las autoridades federales para conocer de ciertos delitos, que ya sea por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, asegurando que de ninguna forma se debilite el pacto federal, pues se insiste, se trata de una facultad excepcional.
La Ley Suprema establece el federalismo como la forma de organización política, jurídica y social del Estado mexicano, dentro del cual existen tres órdenes de gobierno, que son la Federación, los Estados miembros y los Municipios, los cuales actúan de manera independiente, sin estar subordinados unos a otros.
El Constituyente Permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto de los delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, o sea, de hechos relacionados con delitos del orden federal y local, principio de conexidad que ya se encuentra establecido para delito diverso, y que con la presente reforma se ampliará en materia de atentados contra la libertad de expresión y otros supuestos.
Estas Comisiones Unidas enfatizan que la propuesta de otorgar a las autoridades federales tal facultad de atracción, no tiene el objetivo de invadir a las entidades federativas en el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino que pretende que la Federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por su naturaleza, de conformidad con los propios límites establecidos, trasciendan en el ámbito de las entidades federativas.
Así las cosas, los miembros de estas Comisiones Unidas consideran que la facultad de atracción con la que se dotaría a las autoridades federales, tiene entre sus objetivos, enfrentar el problema que surge cuando existen elementos suficientes que presupongan la necesidad de que sea la Federación la encargada de investigar, perseguir y sancionar algún delito que sea de competencia de las entidades federativas, para lo cual deberá desarrollarse el mecanismo y los supuestos para su procedencia en la legislación secundaria. Así las cosas, podría establecerse que esta facultad será ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales lo soliciten, o bien a petición de la víctima u ofendido, cuando el sujeto activo del delito sea un servidor público local.
En este sentido, estas Comisiones consideran pertinente expresar en la Constitución, las facultades a la Federación, ya que como los promoventes reconocen, existe un incremento en los delitos que afectan más a la sociedad y que atentan en contra de valores jurídicos cuya salvaguarda corresponde a las entidades federativas, pero qué, dado su relevancia e impacto, así como su efecto para el Estado de Derecho, se reconoce la necesidad de que sea la Federación, para que conozca y persiga estos ilícitos.
Por tanto, es viable que las instituciones como Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Sistema Nacional de Seguridad Pública, Centro Nacional de Información, que cuentan con estructuras sólidas en materia de inteligencia, energías técnicas y capacidad de investigación avanzada, darán respuesta en la prevención, y el abatimiento de los delitos cometidos contra el ejercicio a la libertad de expresión e información.
Esto es así, ya que las labores de inteligencia en contra de la delincuencia organizada y desorganizada, constituyen la articulación de sistemas e instrumentos tecnológicos que apoyan las labores de los órganos ministeriales y policiales, en términos de la legislación constitucional y secundaria, en términos del artículo 21 inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del acuerdo por el que se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Control de Investigación y Seguridad Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Ley de Seguridad Nacional, Ley de la Policía Federal, Reglamento de la Ley de la Policía Federal y el Plan Nacional de Desarrollo.
Por último, estas Comisiones dictaminadoras, considerando que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, debe cumplir con su obligación constitucional de brindar leyes claras y eficaces que representen un desarrollo adecuado de los individuos dentro de la sociedad en irrestricto respeto de las garantías fundamentales y derechos humanos de nuestro Estado de Derecho, cumpliendo a cabalidad los principios a técnica legislativa, se proponen una modificación a la iniciativa que se dictamina, en cuanto al artículo transitorio propuesto.
Lo anterior es así, ya que para efectos del proyecto de decreto, no se requiere que las legislaturas de las entidades federativas, incluyendo la del Distrito Federal, realicen modificación alguna a sus ordenamientos locales para que la Federación pueda ejercer la facultad de atracción a que alude la reforma.
Esto es, para que el texto sea armónico y no incongruente o contradictorio, basta con que en la legislación federal se establezcan los casos específicos y supuestos en que el Ministerio Público conocerá; por su parte, a la autoridad local le corresponderá por mandato constitucional hacer entrega de la información que se requiera sin que tenga necesidad de señalar expresamente en su legislación lo que ya ordena la Constitución.
Los diputados firmantes de este dictamen, coinciden en el hecho de obligar al órgano legislativo federal a realizar las reformas precisas en los cuerpos normativos conducentes, para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, cuando de los delitos de su competencia se deriven otros del orden común. Sin embargo y derivado de la relevancia del tema se considera oportuno establecer un plazo certero para legislar dichas modificaciones en el ámbito federal. Toda vez, que con esta reforma se busca cumplir con los principios constitucionales de administración e impartición de justicia pronta y expedita.
Es por ello que se propone establecer un término de máximo de un año para que el Congreso de la Unión realice las reformas adecuadas para la correcta aplicación de la presente reforma.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados, el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único.Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO ÚNICO:Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 73. ...
I a XX. ...
XXI. ...
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, en el ejercicio de las libertades de expresión, información e imprenta.
...
XXII. a XXX. ...
TRANSITORIOS
Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.
Tercero.Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el presente Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.
Nota:
1 Semanario Judicial de la Federación, Gaceta XXXI, Tesis: 1ª./J45/2010. Conexidad de delitos. La facultad del Juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Registro No. 164486, Novena Época. Primera Sala, junio de 2010, página 6.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2011.
La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), presidente; Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Gustavo González Hernández (rúbrica), Carlos Alberto Pérez Cuevas, Rafael Pacchiano Alamán, Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), secretarios; José Luis Jaime Correa (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Justino Eugenio Arraiga Rojas, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Maricarmen Valls Esponda (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica; con precisiones), Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Laura Viviana Pérez (rúbrica), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Rafael Rodríguez González, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Felipe Solís Acero (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba, Fernando Ferreyra Olivares (rúbrica).
La Comisión de Justicia, diputados:Humberto Benítez Treviño (rúbrica), presidente; Sergio Lobato García (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica; con reservas), Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz, Eduardo Ledesma Romo, secretarios; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Leonardo Arturo Guillén Medina (rúbrica), Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Gregorio Hurtado Leija, Israel Madrigal Ceja, Sonia Mendoza Díaz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyez, Rodrigo Pérez-Alonso González, Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Miguel Ángel Terrón Mendoza, Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica; con las observaciones hechas en la reunión), Josué Cirino Valdés Huezo, Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
«Opinión de la Comisión de Derechos Humanos por la que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Ejecutivo Federal
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 157, numeral 1, fracción IV y 158 numeral 1, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la presente opinión, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión celebrada el 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo federal, con fundamento en el artículo 71 fracción II, presentó iniciativa que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
Contenido de la iniciativa
El Ejecutivo federal en su exposición de motivos señala que:
La Constitución general faculta al Poder Legislativo de la Unión para establecer los delitos y faltas contra la federación, y fijar las sanciones que por ellos deben imponerse; sin embargo, la capacidad de legislar en materia penal tiene un carácter concurrente, es decir, que las entidades federativas están en posibilidad de tipificar las conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos fundamentales cuya salvaguarda está a su cargo.
Por ello pretende, a través de su iniciativa, facultar a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Asimismo, manifiesta el Ejecutivo en su exposición de motivos que:
Es necesario precisar en la ley los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos del fuero común trascienden al ámbito de los estados o del Distrito Federal, por su efecto nacional o internacional, ya se aporque el conocimiento de éstos es necesario para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México, o bien, para garantizar a los gobernado0res el acceso a la justicia, en aras de salvaguardar la autonomía de los estados, y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción con miras a no debilitar la consolidación del federalismo a la que todos los actores políticos y de la sociedad aspiramos.
Para la mejor comprensión de la propuesta se expone un cuadro comparativo que contiene el texto vigente y la propuesta de reforma del artículo en comento.
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta Comisión formula las siguientes
Consideraciones
1. Es necesario resaltar que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que las “facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”
En este sentido, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 73, fracción XXI, de la Constitución. Esto significa que, en materia penal, el Congreso de la Unión puede legislar en el ámbito del fuero federal y las legislaturas de los estados lo pueden hacer en el ámbito del fuero común.
Si bien esta Comisión comparte la preocupación del Ejecutivo federal de que el Estado mexicano debe garantizar a la ciudadanía las condiciones mínimas de sociabilidad, combatiendo cualquier acción que vulnere la paz social, se advierte que la propuesta de establecer un nuevo supuesto de procedencia de la facultad de atracción, concede un margen de discrecionalidad muy amplia a la autoridad federal y en consecuencia atenta contra la soberanía de los estados y debilita el federalismo.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que la naturaleza del delito del orden federal, se determina por el lugar en donde se cometió; al respecto, se cita el siguiente criterio jurisprudencial:
Conforme al asegundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales (...) pues la naturaleza del delito se determinan por el lugar en donde se cometió, a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
De lo anterior se desprende que la ley establece los supuestos en que las autoridades federales podrán conocer de delitos de fuero común, cuando estos tienen conexidad con los delitos del fuero federal.
2. Por otra parte, la propuesta del Ejecutivo federal para que las autoridades federales puedan ejercer la facultad de atracción, contiene supuestos que por su propia naturaleza tienen conexidad con los delitos federales; es decir, si hablamos de delitos que atentan contra la seguridad nacional, estos son propiamente de carácter federal.
Lo anterior se sustenta con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, el cual señala el concepto de seguridad nacional, del que se desprende que es un asunto de orden federal, en consecuencia, toda amenaza a la seguridad nacional es también delito de orden federal.
Aunado a lo anterior, el artículo 102, apartado A, señala en su segundo párrafo que: “Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos de orden federal”
En el mismo orden de ideas, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, en las que están involucradas autoridades de orden federal, podrá intervenir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual está facultada para formular denuncias ante las autoridades competentes.
Por ello, esta Comisión considera que la propuesta del ejecutivo federal es innecesaria toda vez que el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XXI del artículo 73 constitucional ya faculta a las autoridades federales para que pueda conocer de los delitos de fuero común cuando estos tengan conexidad con los delitos federales.
Por otro lado, si se tratara de presenciar los supuestos de atracción de las autoridades federales, deberán proponerse modificaciones a la legislación reglamentaria, como lo manifiesta el propio proponente en su exposición de motivos.
En consecuencia, esta Comisión considera que el contenido de la iniciativa del Ejecutivo federal no es procedente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Derechos Humanos emite la siguiente:
Opinión
Primero.Deséchense la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentadas por el Ejecutivo federal.
Segundo.Comuníquese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para los efectos legales a que haya lugar.
Tercero.Comuníquese a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Para los efectos legales que haya lugar.
Nota:
1 Seminario Judicial de la Federación, Gaceta XXXI, Tesis: 1ª. /J45/2010. Conexidad de delitos. La facultad del Juez de Distrito para conocer de los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, no implica que las conductas deban analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal. Registro No. 164486, Novena Época. Primera Sala, junio de 2010 página 6.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de febrero de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama, Rosi Orozco (rúbrica en contra), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León (rúbrica en contra), Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica en contra), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica en contra), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica en contra), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica en contra), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica en contra), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
PERMISO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE CONSUL HONORARIO
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 6 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen el expediente relativo.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que el peticionario acreditó su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento; la residencia en la circunscripción consular con la constancia de residencia; y el nombramiento con la nota formulada por la Embajada de la República Eslovaca en México,
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV del apartado C del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en Quintana Roo y Yucatán.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 12 de octubre de 2011.
La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Sergio Mancillas Zayas (rúbrica) secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Nazario Norberto Sánchez, Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas(rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea:
La Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
En sesión celebrada el 6 de octubre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, Érika de la Torre Crosse y María Isabel Olivares Jiménez puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Estadas Unidos de América, y del Estado de Kuwait, en México, y en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
Consideraciones
De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Marisol Reynal Baeza para prestar servicios como investigadora de fraude criminal en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Fermín Vantí Hernández para prestar servicios como chofer en la Embajada del Estado de Kuwait en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Érika de la Torre Crosse para prestar servicios como operadora de teléfonos en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana María Isabel Olivares Jiménez para prestar servicios como asistente de servicios consulares especiales en la agencia consular, en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 12 octubre de 2011.
La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Carlos Oznerol Pacheco Castro (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas(rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se cumple la declaratoria de publicidad.
Damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la escuela primaria Cuauhtémoc, de Tequesquinahuac, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada. La escuela citada se encuentra en el municipio de Tlanepantla, estado de México. Sean bienvenidos.
LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fueron turnados, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, los expedientes números 4044y 4426, que contienen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la iniciativa que reforma los artículos 7o., 15, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En virtud del análisis y estudio de las iniciativas que se dictaminan, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión plenaria celebrada el 1 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, recibió una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por los diputados Emilio Serrano Jiménez y Paz Gutiérrez Cortina;
Segundo. En sesión plenaria celebrada el 31 de marzo de 2011, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 7o., 15, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Tercero.Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
En primera instancia, este dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Espino Arévalo, quien considera procedente reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) para promover en territorio nacional la reducción total del consumo de bolsas de plástico que los establecimientos mercantiles empleen para sí o las otorguen a sus clientes. Asimismo, propone prohibir la recolección, transporte o almacenamiento de residuos en bolsas de plástico y promover la concientización de la sociedad sobre el uso de bolsas biodegradables; sugiriendo la siguiente redacción:
Artículo 7.Son facultades de la federación:
I. a XX. ...
XX Bis. Establecer programas y acciones conducentes a la reducción total del consumo de bolsas de plástico que empleen los establecimientos mercantiles o que a su vez las ofrezcan a sus clientes; sustituyéndolas por bolsas fabricadas con materiales biodegradables, con la salvedad de aquellos casos que por asepsia o conservación de alimentos, sea inviable la utilización de sustitutos del plástico.
XXI. a XXVI. ...
Artículo 32 Bis. Queda prohibido la recolección, transportación o almacenamiento de residuos a través de bolsas o empaques fabricados con plástico salvo en aquellas situaciones que por asepsia o higiene, sea inviable la sustitución de estos productos.
Artículo 35.El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:
I. a V. ...
VI.Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como también en la sustitución total del uso de bolsas de plástico por bolsas biodegradables. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y
VII. ...
En segunda instancia, este dictamen atenderá la solicitud de la diputada Cuevas Barron, quien propone diversas reformas a la LGPGIR para promover la instrumentación de una política a nivel nacional que comprenda de manera integral a todas las categorías de residuos y que esté orientada a modificar patrones culturales.
Asimismo, refiere que deben encausarse mayores esfuerzos para aprovechar todo tipo de materiales y prohibir aquellos cuya reutilización es prácticamente nula, que son altamente contaminantes y que, además de tomar mucho tiempo en degradarse, contienen sustancias potencialmente cancerígenas. Proponiendo en consecuencia, que se le otorgue facultad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para emitir normas oficiales mexicanas para impulsar el uso de insumos biodegradables y de materiales que cumplan con los criterios de sustentabilidad que emita la Semarnat.
La diputada promovente sugiere la siguiente redacción:
Artículo 7....
I. ...
II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra . Estas disposiciones incluirán medidas para que, en sus actividades productivas, las industrias utilicen insumos biodegradables o materiales que cumplan con criterios de sustentabilidad y, en caso de ser necesario, que se prevenga la utilización de insumos que sean altamente contaminantes y de difícil aprovechamiento, ya sea por la imposibilidad de reintroducirlos en los ciclos productivos o porque la naturaleza sea incapaz de asimilarlos debido a su composición, como es el caso del poliestireno expandible;
III. a XVI. ...
XVII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos . Dentro de este sistema se integrarán las mejoras que alcancen los tres órdenes de gobierno en el manejo de los residuos y, específicamente, en la promoción del uso de insumos biodegradables o materiales que cumplan con los criterios de sustentabilidad que emita la Secretaría;
XVIII. a XXVI. ...
Artículo 15. ...
I. a IV. ...
En el Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales se integrará la subclasificación a que hace referencia este artículo de manera desagregada, evitando agrupar en una sola categoría dos o más tipos de residuos.
Artículo 37. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la Secretaría en los términos del artículo 15 de esta ley,la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y los ordenamientos que de ella deriven y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables.
Artículo 38. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, de manera bimestral, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo. En ellos se incluirá una descripción detallada de la situación general existente en materia de residuos sólidos en el ámbito de su competencia.
Es conveniente señalar que las reformas a la LGPGIR que se proponen a través del presente dictamen, son resultado del análisis individual de cada una de ellas. Sin embargo, a efecto de agilizar su proceso legislativo y siendo reformas a la misma ley se abordan conjuntamente.
I. Iniciativa del diputado Fernando Espino Arévalo, en materia de prohibición de bolsas de plástico.
Los residuos sólidos urbanos constituyen quizá uno de los problemas ambientales más visibles y cercanos al ciudadano, así como también uno de los asuntos que demanda atención prioritaria en función de su volumen y su convivencia directa con el colectivo social.
En México, durante el año 2010 se generaron 39.05 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, 21.3 por ciento más que los 30.73 millones de toneladas producidos en el 2000. Más aún, es de señalarse que actualmente el manejo de residuos se reduce a la recolección y disposición final de la basura en muchas ciudades del país, por lo que resulta preocupante la utilización de insumos que la naturaleza no puede asimilar.
Existen un gran número de residuos cuyo manejo integral ya representa un reto para nuestro país por los volúmenes en los que son generados o por las limitadas o nulas acciones que se han implementado para su manejo, tal es el caso del PET (tereftalato de polietileno), las pilas convencionales, el unicel o bien, las bolsas de plástico.
Uno de los residuos que han motivado el interés de los ciudadanos y legisladores son las bolsas de plásticos. Esos objetos introducidos aproximadamente en los años 70, hoy se han convertido en un objeto cotidiano utilizado para transportar diferentes mercancías y que podemos, tras su corto uso, identificar fácilmente en calles, tiraderos a cielo abierto y rellenos sanitarios.
La mayoría de las bolsas de plástico están fabricadas de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de polipropileno, conocidos como polímeros de plástico, que son sintetizados a partir del petróleo por la industria petroquímica, y cuya descomposición puede tomar hasta 400 años. El proceso de fabricación de una bolsa de plástico incluye la extrusión de la resina, ya sea por el método conocido de soplado o por medio de un dado; la impresión puede ser por el método de flexografía3 o de fotograbado4 que también se le conoce como huecograbado; en ésta puede haber un proceso de barnizado o laminación, que incluye otra capa de plástico, y finalmente el proceso conocido como de soldado o sellado, que se hace por medio de calor, agregando presión
Anualmente circulan en todo el mundo entre 500 mil millones y un billón de bolsas de plástico. En 1997 se precisó que el consumo que había generado la Ciudad de México equivalía a 29 kilogramos per cápita de plásticos.
Por otro lado, la proliferación del plástico es creciente y los basureros y rellenos sanitarios no se dan abasto para contener tal cantidad de material, menos aun cuando únicamente el 1 por ciento de estas bolsas se recicla; además, dada la extrema ligereza y delgadez de algunos de estos productos, sobre todo de aquellos que tienen un espesor menor a 3 milímetros, así como su inadecuada disposición final, ocasiona que sean volátiles y se esparzan, generando obstrucción en las tuberías y los sistemas de drenaje.
Asimismo, a consecuencia de su inadecuada disposición final y ligereza, las bolsas terminan dentro de los ríos o mares, lo que provoca que especies marinas como los delfines, las tortugas, las ballenas, incluso las aves marinas, mueran al ingerirlas o por asfixia al ser envueltas por ellas; siendo las cualidades de su estabilidad y resistencia, que convierten a los plásticos en materiales tan útiles, pero a su vez las hacen problemáticas una vez que han cumplido su función y se desechan con descuido.
En México, el Instituto Nacional de Ecología (INE) publicó en el 2009, el informe final del Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de análisis de ciclo de vida, tras una investigación dirigida a determinar las ventajas y desventajas de las bolsas de plástico tradicionales, degradables, biodegradables y reusables de polipropileno, el INE determinó las posibles cargas ambientales asociadas en el ámbito nacional.
En el resumen ejecutivo señala que “de los hallazgos derivados del estudio se encontró que la etapa de extracción y producción de materias primas es la etapa con mayores impactos del ciclo de vida de las bolsas estudiadas debido al uso de combustible, seguido por el transporte de materias primas, ya que la mayoría son importadas. Por otro lado, la bolsa reutilizable genera menores impactos ambientales en la mayoría de las categorías de impacto.
Igualmente concluyó que no existe una diferencia significativa sobre el desempeño ambiental de las bolsas de PEAD y PEBD con y sin aditivo oxo en todo su ciclo de vida, para los escenarios considerados en el estudio. Por lo que el prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo degradables, desde una perspectiva ambiental, no tiene un fundamento técnico sólido y, por ende, se corre el riesgo de incrementar el consumo de las bolsas que requieren ser manejadas adecuadamente una vez que son dispuestas, como lo son las bolsas tanto PEAD y PEBD en su versión oxodegradable.”
En ese sentido, aún cuando las bolsas de plástico representan sólo el 1 por ciento del total de residuos que se desechan en todo el país, pues de acuerdo con su peso, de los 135 millones de toneladas de residuos que se generan al año en México, sólo 107 mil 513 toneladas son bolsas de plástico, es imprescindible implementar acciones para su manejo adecuado, como lo refiere el Instituto Nacional de Ecología en el informe anteriormente citado.
En ese tenor, la propuesta del diputado es acertada en señalar que se debe promover la reducción del consumo de bolsas de plástico y la concientización de la sociedad sobre el uso racional de las mismas. Sin embargo, esta comisión legislativa estima que la propuesta presenta diversas inconsistencias a considerar:
1. Atendiendo al estudio realizado por el INE, el prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo degradables y oxo-degradables no tiene un fundamento técnico sólido y, en consecuencia, se incrementará el consumo de bolsas que requieren ser manejadas adecuadamente una vez que son dispuestas no existiendo las condiciones para garantizarlo.
2. Las bolsas de plástico están incluidas dentro de la categoría de residuos sólidos urbanos, los cuales son definidos por la LGPGIR en su artículo 5, fracción XXXIII, como sigue:
XXXIII.Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole;
Así, de la lectura del precepto citado se advierte que las bolsas de plástico que en su mayoría se generan en casa habitación, en establecimientos y lugares públicos, entran dentro de la categoría de residuos sólidos urbanos; y en consecuencia, son residuos municipales atendiendo a la distribución de competencias establecida por la LGPGIR en su artículo 10 que a la letra señala:
Artículo 10.Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:
I.Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente;
II.Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas correspondientes;
III.Controlar los residuos sólidos urbanos;
IV.Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta ley y la legislación estatal en la materia;
...
En ese tenor, la autoridad responsable del manejo integral de esos residuos son los municipios.
3. La LGPGIR ya establece un precepto que podría servir de sustento a la federación para obligar a que ciertos residuos sólidos urbanos como las bolsas de plástico, el unicel, las pilas comunes y el PET, por citar algunos ejemplos, se sujeten a un plan de manejo para minimizar la generación de esos residuos y, a su vez, garantizar su recuperación, reuso y reciclaje.
El artículo 28 en su fracción III a la letra señala:
Artículo 28.Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda:
...
...
III.Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes.
El plan de manejo es definido por la LGPGIR como sigue:
Artículo 5.Para los efectos de esta ley se entiende por:
...
XXI.Plan de manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos específicos, bajo criterio de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así como a los tres niveles de gobierno;
De la lectura de los preceptos citados se advierte que aquellos productos que tengan un impacto ambiental considerable y se incluyan en los listados que el Ejecutivo federal emita, deberán ser sujetos a plan de manejo.
Si bien es cierto, el Ejecutivo federal tiene ante sí la posibilidad de iniciar acciones concretas a través de la estructuración y publicación de norma oficiales mexicanas que obliguen a productores, importadores, exportadores y distribuidores de productos con un impacto ambiental considerable a elaborar un plan de manejo que promueva la reducción y manejo adecuado de esos residuos, lo cierto es que a la fecha no se ha publicado alguna norma oficial o listado al respecto.
En ese sentido, esta comisión legislativa estima que el Legislativo federal debe enviar una señal de interés por promover la reducción de los residuos sólidos urbanos en nuestro país, por lo que esta inquietud del diputado Espino Arévalo será retomada en las iniciativas que a continuación se analizarán.
Finalmente, es de reiterar que la propuesta de la presente iniciativa es promover el uso y consumo de materiales más amigables con el ambiente, no sólo en la elaboración de bolsas de plástico sino de otros productos y sus empaques.
II. Iniciativa de la diputada Gabriela Cuevas Barron, en materia de prevención de uso de materiales altamente contaminantes.
Acertadamente la diputada promovente de esta iniciativa refiere que México ha implementado políticas públicas para el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Sin embargo, en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial los logros han sido poco significativos, ante la falta de un enfoque estratégico orientado a la reducción, reutilización y reciclaje (3 R´s).
Al respecto, el documento emitido por la Semarnat en 2007 denominado Política y estrategia para la prevención y gestión integral de los residuos en México hace un diagnóstico importante al señalar que en nuestro país se han privilegiado las políticas públicas de recuperación y disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, ante el crecimiento poblacional y modificaciones significativas en los patrones de consumo (en 1950 sólo el 5 por ciento de la basura era material no biodegradable en 2007 representa el 50 por ciento), lo que se requiere es implementar una política de reducción de generación de residuos y de recuperación.
Lo anterior es así, pues en México la recuperación de residuos sólidos para su reciclaje es sólo del 3.3 por ciento, a pesar de que el 28 por ciento son materiales reciclables como el papel y cartón (14 por ciento), vidrio (6 por ciento), plásticos (4 por ciento), hojalata (3 por ciento) y textiles (1 por ciento). Y el otro 19 por ciento son residuos de madera, cuero, hule, trapo y fibras, materiales parcialmente reciclables aunque con mayor grado de dificultad.
Así, la gestión integral de los residuos, requiere del establecimiento de estrategias que permitan fortalecer la comunicación, coordinación y participación de toda la sociedad mexicana, con el fin de generar soluciones a la problemática actual relacionada con la gestión de los residuos de una forma eficaz, efectiva, eficiente y responsable.
En ese sentido, la propuesta de la diputada Cuevas Barron se estima procedente y la comisión legislativa que elabora el presente dictamen procede a iniciar el siguiente análisis.
Artículo 7....
I. ...
II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra . Estas disposiciones incluirán medidas para que, en sus actividades productivas, las industrias utilicen insumos biodegradables o materiales que cumplan con criterios de sustentabilidad y, en caso de ser necesario, que se prevenga la utilización de insumos que sean altamente contaminantes y de difícil aprovechamiento, ya sea por la imposibilidad de reintroducirlos en los ciclos productivos o porque la naturaleza sea incapaz de asimilarlos debido a su composición, como es el caso del poliestireno expandible;
III. a XVI. ...
XVII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos . Dentro de este sistema se integrarán las mejoras que alcancen los tres órdenes de gobierno en el manejo de los residuos y, específicamente, en la promoción del uso de insumos biodegradables o materiales que cumplan con los criterios de sustentabilidad que emita la Secretaría;
XVIII. a XXVI. ...
Artículo 15. ...
I. a IV. ...
En el Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales se integrará la subclasificación a que hace referencia este artículo de manera desagregada, evitando agrupar en una sola categoría dos o más tipos de residuos.
Artículo 37. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la Secretaría en los términos del artículo 15 de esta ley,la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.
Artículo 38. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, de manera bimestral, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo. En ellos se incluirá una descripción detallada de la situación general existente en materia de residuos sólidos en el ámbito de su competencia.
1.Respecto a la reforma de la fracción II, artículo 7 es de señalarse que su inclusión no coincide con el texto vigente de ese precepto, pues en éste se faculta a la federación para expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos. A mayor abundamiento es de señalarse que la propuesta de la diputada está dirigida a promover la sustitución de insumos altamente contaminantes y de difícil aprovechamiento por materiales biodegradables o más sustentables, citando el caso particular del poliestireno expandible (unicel), residuo que por sus características y aunque su lapso de degradación sea demasiado prolongado, no cumple con ninguno de los criterios y niveles para ser considerado como un residuo peligroso.
En ese tenor, esta comisión estima que la inclusión de la propuesta debe reubicarse en la fracción IV del artículo 7 para quedar como sigue:
Artículo 7.Son facultades de la federación:
...
IV.Expedir normas oficiales mexicanas relativas al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial , promoviendo los principios de prevención, minimización y valorización así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica;
Sobre el particular, la propuesta de esta comisión legislativa es no privilegiar el consumo de un material respecto a otro, es decir, no promover desde una ley general el uso de materiales biodegradables u oxodegradables, pues el uso de un material u otro se determinará sólo por el productor o distribuidor.
A mayor abundamiento, es de señalarse que la LGPGIR no ha establecido una definición de materiales altamente contaminantes o de insumos biodegradables, sin embargo, el criterio general que ha mantenido esta ley es promover el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, mismo que se propone retomar.
Finalmente, esta comisión estima que la prohibición expresa de un material o producto en esta ley no es procedente, por lo que se omitirá la mención del unicel.
2. Respecto a la reforma del artículo 7, fracción XVII, y artículo 37 de la LGPGIR, la comisión legislativa que elabora el presente dictamen estima procedente ambas reformas como un mecanismo de acceso a la información que facilite y promueva acciones en materia de gestión de los residuos en México.
A fin de dar congruencia a la reforma del artículo 7 y retomar la propuesta original del diputado Fernando Espino, se propone que en las acciones de participación social se incluya además de la reducción en la generación de residuos, se promueva el uso de materiales más amigables con el ambiente siguiendo los mismos criterios.
3.Finalmente, con relación a la propuesta de la promovente de reformar el artículo 38 de la LGPGIR, esta comisión estima oportuno determinar con que periodicidad se deben publicar los informes, sin embargo, requerirlos bimestralmente puede hacer inoperante dicha disposición, en consecuencia se propone determinar que se publiquen anualmente.
Esta propuesta encuentra sustento en que las autoridades en sus tres niveles de gobierno rinden un informe de gobierno anual, lo cual facilita la compilación de datos y manejo de información en la materia.
Asimismo, es de señalarse que el informe detallado de la situación general en materia de equilibrio ecológico se elabora y publica bianualmente.
Asimismo, es de señalarse que la adición de ese precepto resulta reiterativa, pues ya se establecieron anteriormente la información que debe contener el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
En virtud de lo anterior y con objeto de mejorar la técnica legislativa, esta comisión dictaminadora se permite proponer el siguiente texto alterno:
Artículo 7....
I. a III. ...
IV.Expedir normas oficiales mexicanas relativas al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, promoviendo los principios de prevención, minimización y valorización así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica;
V. a XVI. ...
XVII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos . Dentro de este sistema se incluirán las metas y logros alcanzados por los tres órdenes de gobierno en el manejo de los residuos;
...
Artículo 35.El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual:
I. a V. ...
VI.Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y
VII. ...
Artículo 37. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la Secretaría evitando agrupar en una sola categoría dos o más tipos de residuos;la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.
Artículo 38. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, anualmente, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Artículo Único. Se reforman los artículos 7, fracciones IV y XVII; 35, fracción VI; 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:
Artículo 7. ...
I. a III. ...
IV.Expedir normas oficiales mexicanas relativas al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, promoviendo los principios de prevención, minimización y valorización así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica;
V. a XVI. ...
XVII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de residuos . Dentro de este sistema se incluirán las metas y logros alcanzados por los tres órdenes de gobierno en el manejo de los residuos;
XVIII. a XXVI. ...
Artículo 35. ...
I. a V. ...
VI.Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales; y
VII. ...
Artículo 37. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la Secretaría evitando agrupar en una sola categoría dos o más tipos de residuos;la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.
Artículo 38. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, anualmente, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo.
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole.
Artículo 5, fracción XXXIII, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
2 Cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Anexo estadístico. Página 357.
3 Es una técnica de impresión en relieve, que las zonas impresas de la forma están realzadas respecto de las zonas no impresas.
4 Es una técnica de impresión en la cual las imágenes son transferidas al papel a partir de una superficie cuyas depresiones contienen tinta, a diferencia del grabado tipográfico, en el que la impresión se realiza a partir de una superficie plana cuyas líneas entintadas están en relieve.
5 http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/422/envases.html
6 Proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto.
7 Instituto Nacional de Ecología, Dirección de Investigación en Residuos y Sitios Contaminados. Estudio comparativo de bolsas de plástico degradables versus convencionales mediante la herramienta de Análisis de ciclo de vida. Disponible en www.ine.gob.mx/descargas/ dgcenica/ estudio_comp_ bolsas.pdf-
8 La unidad funcional seleccionada en el estudio fue el contener y transportar 9,568 litros de compras al año, considerando 52 compras al año y un promedio de compra semanal de 14 bolsas de asa y 16 bolsas rectangulares.
9 Los materiales evaluados fueron: (1) Bolsa de un solo uso, de polietileno de alta densidad (PEAD), (2) bolsa de un solo uso, de polietileno de baja densidad (PEBD), (3) bolsa de un solo uso de PEAD con aditivo oxo-degradable, (4) bolsa de un solo uso de PEBD, con aditivo oxo-degradable, y (5) bolsa reutilizable de polipropileno no tejido, conocida como “ bolsa verde”.
Así mismo, las categorías de impacto se seleccionaron en función de los temas prioritarios en la agenda ambiental nacional, así como las categorías de impacto comunes a los estudios internacionales de ACV para bolsas, las cuales fueron: Agotamiento de la Capa de Ozono, Agotamiento de Recursos Abióticos, Acidificación, Cambio Climático, Ecotoxicidad Acuática y Eutrofización.
10 Alcántara, 2009. Alcántara, Liliana. Entrevista realizada a Sandra Herrera Flores, Subsecretaria de Fomento y Normatividad de la Semarnat, y publicada en el diario El Universal,el 16 de febrero de 2009. Disponible en http://www.el-universal.com.mx/notas/577104.html
11 Política y Estrategias para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 2007.
12 Gutiérrez Avedoy, Víctor (coordinador). Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. Semarnat, 2006.
Dado en el Palacio Legislativo, a 31 de agosto de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En razón de que la etapa procesal de discusión en lo general y en lo particular, que establece el artículo 104 del Reglamento, ya fue cubierta y la asamblea consideró suficientemente discutido el tema, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Vamos a proceder a levantar la votación de viva voz de izquierda a derecha.
El diputado Armando Ríos Piter (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (desde la curul): A favor.
El diputado David Ricardo Sánchez Guevara (desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Velasco Lino (desde la curul): A favor.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado José Ricardo López Pescador (desde la curul): A favor.
El diputado Pavel Díaz Juárez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Lauro Rojas San Román (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza (desde la curul): A favor.
La diputada Paula Angélica Hernández Olmos (desde la curul): A favor.
El diputado Rafael Pacchiano Alamán (desde la curul): A favor.
La diputada Silvia Fernández Martínez (desde la curul): A favor.
El diputado Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (desde la curul): A favor.
El diputado Rolando Bojórquez Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Óscar Lara Salazar (desde la curul): A favor.
El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello (desde la curul): A favor.
El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): A favor.
El diputado Aarón Irízar López (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Rojo García de Alba (desde la curul): A favor.
El diputado Héctor Pedroza Jiménez (desde la curul): A favor.
El diputado Alejandro Gertz Manero (desde la curul): A favor.
El diputado Felipe Borja Texocotitla (desde la curul): A favor.
La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz (desde la curul): A favor.
El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera (desde la curul): A favor.
El diputado Domingo Rodríguez Martell (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Antonio García Ayala (desde la curul): A favor.
La diputada Lorena Corona Valdés (desde la curul): A favor.
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): A favor.
El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez (desde la curul): A favor.
La diputada Rosi Orozco (desde la curul): A favor.
La diputada Janet Graciela González Tostado (desde la curul): A favor.
La diputada Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Alberto Jiménez Merino (desde la curul): A favor.
La diputada Nancy González Ulloa (desde la curul): A favor.
La diputada María de Lourdes Reynoso Femat (desde la curul): A favor.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina (desde la curul): A favor.
El diputado Javier Gil Ortiz (desde la curul): A favor.
El diputado Leandro Rafael García Bringas (desde la curul): A favor.
La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): A favor.
El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina (desde la curul): A favor.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (desde la curul): A favor.
El diputado Sergio Octavio Germán Olivares (desde la curul): A favor.
El diputado Gregorio Hurtado Leija (desde la curul): A favor.
El diputado Miguel Martínez Peñaloza (desde la curul): A favor.
El diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Venustiano González Ilescas (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Javier Orduño Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): A favor.
El diputado José Luis Ovando Patrón (desde la curul): A favor.
El diputado José Antonio Yglesias Arreola (desde la curul): A favor.
El diputado José Óscar Aguilar González (desde la curul): A favor.
El diputado Óscar González Yáñez (desde la curul): A favor.
El diputado Alejandro Canek Vázquez Góngora (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Flores Rico (desde la curul): A favor.
El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.
El diputado Herón Agustín Escobar García (desde la curul): A favor.
El diputado Israel Madrigal Ceja (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?
El diputado Rafael Rodríguez González (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señor presidente, se han emitido un total de 358 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 358 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Cultura, que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Economía, y de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la “minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y el 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor”, recibida por esta Cámara colegisladora en fecha 8 de febrero de 2011.
Las Comisiones Unidas de Economía, y de Cultura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 95, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocaron al estudio y análisis de la minuta mencionada, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 8 de febrero de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Cultura”.
Tercero. El antecedente de la minuta de referencia es el siguiente:
1. En fecha 11 de agosto de 2010, el senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial y el 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso su turno a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, para estudio y dictamen.
3. Seguido el trámite legislativo, en fecha 13 de diciembre de 2010 el pleno de la Cámara de Senadores aprobó la iniciativa referida por 85 votos a favor, enviándose la minuta a la Cámara de Diputados.
4. En fecha 8 de febrero de 2011, el pleno de la Cámara de Diputados resolvió enviar a las Comisiones Unidas de Economía, y de Cultura para estudio y dictamen correspondiente la minuta de referencia.
5. En sesión ordinaria de la Comisión de Economía celebrada en fecha 23 de febrero de 2011 se aprobó en sentido positivo el dictamen de la minuta que nos ocupa, y el 14 de marzo de 2011 fue enviado a la comisión codictaminadora para análisis y dictamen.
6. En sesión ordinaria de la Comisión de Cultura celebrada el 30 de marzo de 2011 fue aprobado con modificaciones el dictamen de la minuta de referencia, remitiéndose en la misma fecha a la Comisión de Economía a fin de continuar el trámite legislativo.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó al estudio y dictamen de la minuta que nos ocupa.
Tercera. En primer término, debe decirse que los integrantes de la Comisión de Economía consideraron atinadas las razones y modificaciones que realizaron las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores a la iniciativa original, por lo que se allanaron a ellas aprobando el dictamen de la minuta en sus términos.
Dichas consideraciones fueron al tenor de
Consideraciones
A continuación se realiza un análisis de cada una de las modificaciones y adiciones propuestas en la iniciativa:
Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial
Primero. Adición al artículo 183.
La iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 183, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 183. ...
En los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en la presente ley, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas dentro de los mismos, así como todas las dictadas en procedimientos seguidos en rebeldía podrán ser notificadas a las partes por estrados en el instituto y mediante publicación en la Gaceta.
Al respecto, estas comisiones coinciden con el senador promovente en que aun cuando el artículo 183 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que en toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar al IMPI cualquier cambio del mismo; en diversos procedimientos que actualmente se ventilan ante el Instituto, frecuentemente se presentan dificultades para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones de trámite y definitivas correspondientes, específicamente cuando los presuntos infractores pretenden evadir su responsabilidad y no proporcionan domicilio para oír y recibir notificaciones, aun cuando la autoridad les haya prevenido al respecto.
Sin embargo, estas comisiones consideran apropiado modificar la redacción propuesta para referirse a los procedimientos de declaración administrativa en general y no limitarlo sólo a los procedimientos relativos a infracción, pues los mismos pueden resolver una nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa, aplicándose así esta regla de manera general a todos los procedimientos realizados.
Por lo anterior, estas comisiones realizan la modificación correspondiente en el proyecto de dictamen.
Segundo. Adición al artículo 205.
Tiene el propósito adicionar un tercer párrafo al artículo 205, para quedar como sigue:
Artículo 205. Las visitas de inspección se practicaran en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.
...
El personal comisionado a las visitas de inspección podrá, durante el desarrollo de las diligencias, tomar fotografías o videofilmaciones o recabar cualquier otro instrumento considerado admisible como prueba en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y los demás instrumentos recabados en términos de este artículo podrán ser utilizados por el instituto como elementos con pleno valor probatorio.
Sobre el particular, la iniciativa señala que la adición en comento tiene el propósito de que el personal que lleve a cabo la visita pueda hacer uso de los medios que la tecnología brinda para hacer inspecciones más eficientes.
En efecto, el uso de esta tecnología permitiría al IMPI realizar de mayor manera la verificación de posibles violaciones a patentes y marcas dentro de sus atribuciones.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que estos elementos de prueba ya resultan admisibles en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Por lo expuesto, estas comisiones advierten la necesidad de permitir la toma de fotografías y videos durante las visitas de verificación, y poder darles valor probatorio. Por lo anterior, se realiza la adecuación correspondiente en el proyecto de decreto de este dictamen.
Tercero. Adición al artículo 206.
La iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 206. Esta adición contempla lo siguiente:
Artículo 206. ...
Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva y se presumirán ciertos los hechos contenidos en la solicitud de imposición de medidas provisionales o en su defecto en la solicitud de declaración administrativa.
En la exposición de motivos se advierte que en la práctica se ha observado que una manera común a través de la cual se evaden las sanciones ante infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, es la de negarse a atender visitas de inspección y hasta oponerse a las mismas. Así, dicha negativa impide a la autoridad realizar sus funciones de verificación y en su caso, de protección y sanción, además de que es frecuente el ocultamiento o desaparición de pruebas indispensables para el procedimiento.
De proceder la adición en sus términos, se permitiría superar el obstáculo que actualmente representa para el IMPI el que la negativa a permitir el acceso a su personal para que lleve a cabo una visita de inspección haga imposible la obtención de pruebas y la imposición de medidas precautorias.
Por lo anterior, estas comisiones consideran procedente la adición de un segundo párrafo al artículo 206 a efecto de señalar con toda precisión que si se negara el acceso del personal comisionado para la inspección a un establecimiento, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva y se presumirá como cierta la comisión de infracciones a lo que señala la Ley de la Propiedad Industrial y a las disposiciones que de ellas derivan que se imputen en procedimientos de declaración administrativa.
Cuarto. Adición al artículo 208.
En este artículo, la iniciativa propone adicionar un párrafo segundo al artículo 208, y quedar como sigue:
Artículo 208. ...
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar copia de la misma, o no se proporcionan testigos para firmar la misma, dichas circunstancias se asentarán en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Sobre el particular, estas comisiones coinciden con el propósito de la adición consistente en no afectar la validez del acta en los casos en que se niegue a recibir copia del acta de verificaciones. Asimismo, destacan que la adición propuesta es congruente con lo que ya señala el artículo 212 de la ley, en el sentido de que la falta de firma en el acta por parte del visitado no invalida a dicho documento, además de que es consistente con lo que, en ese mismo sentido, contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 67, fracción IX, y que supletoria en esta materia.
En virtud de lo anterior, estas comisiones consideran aprobar la adición en comento.
Quinto. Modificaciones al artículo 209.
La iniciativa plantea modificar la fracción VII del artículo 209. Dicho artículo quedaría de la siguiente manera:
Artículo 209. ...
I. a VI. ...
VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia y que pudieran constituir una infracción y la mención de si se han tomado fotografías, realizado videofilmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;
VIII. a X. ...
Al respecto, estas comisiones consideran procedente para la certidumbre jurídica y el mejor desarrollo de los procedimientos que se establezca que el personal comisionado haga constar en el acta de la visita de inspección si se han recabado elementos de prueba adicionales a los contenidos en los puntos del acta de inspección, durante el desarrollo de la diligencia y anexar éstos a la misma.
En este sentido y en congruencia con la adición de un párrafo al artículo 205, estas comisiones consideran que es procedente la aprobación de este artículo.
Sexto. Modificación y adición al artículo 213.
Por su parte, la iniciativa propone adicionar dos nuevas fracciones, XXVI y XXVII, recorriéndose esta última para quedar como fracción XXIX, al artículo 213, para quedar como sigue:
Artículo 213. ...
I. a XXV. ...
XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este artículo;
XXVII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, en términos de lo establecido en el artículo 206 de esta ley;
XXVIII. No proporcionar información, sin causa justificada, y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203; y
XXIX. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.
Sobre el particular, estas comisiones coinciden con el propósito de que se contemplen como infracciones administrativas y puedan ser sancionadas los dos supuestos siguientes:
• Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección;
• No proporcionar información, sin causa justificada, así como datos, documentos, instrumentos y pruebas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando los requiera en ejercicio de sus atribuciones.
En este sentido se considera procedente la adición de estas fracciones para dotar al instituto de la facultad de imponer sanciones en estos dos casos y permitir así mayor efectividad al practicar visitas de inspección y al solicitar información para desahogar sus procedimientos de vigilancia.
Séptimo. Adición al artículo 220.
Por otra parte, la iniciativa propone la adición de dos párrafos al artículo 220, la cual está planteada de la siguiente manera:
Artículo 220. Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta
I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
II. Las condiciones económicas del infractor; y
III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.
Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora.
Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular, a través de las leyendas a que se refieren los artículos 26, 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial y 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Gaceta de la Propiedad Industrial y de cualquier otra forma de comunicación, incluyéndose las publicaciones en diarios de circulación nacional y las notificaciones con acuse de recibo.
Al respecto, estas comisiones concuerdan con el propósito de la iniciativa para homologar los criterios con los que la autoridad administrativa debe motivarse al imponer una multa con los contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por lo que se considera pertinente modificar el artículo 220 de la ley, y así garantizar un mayor apego a la legalidad de las sanciones pecuniarias.
Sin embargo, estas comisiones consideran suprimir la referencia a “cualquier otra forma de comunicación”, pues deja abierta una gran posibilidad de formas de comunicación, generando así incertidumbre jurídica. Por lo anterior se realiza la adecuación correspondiente en el proyecto de decreto de este dictamen.
Ley Federal del Derecho de Autor
Octavo. Modificación al artículo 232.
Finalmente, la iniciativa prevé realizar modificaciones al artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:
Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstas en la presente ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa
I. De cinco hasta sesenta mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior, cuando se cometa la acción u omisión constitutiva de infracción, con lucro directo;
II. De veinte hasta sesenta mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones II y VI del artículo anterior; y
III. De quinientos hasta mil días de salario mínimo en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo anterior.
Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.
En lo relativo a las sanciones aplicables para las infracciones, estas comisiones consideran adecuado modificar el monto máximo establecido en la fracción I del citado artículo a 40 mil días de salario mínimo, en congruencia con otros dictámenes que se encuentran actualmente en proceso legislativo y que fijan con esta cantidad el monto máximo de las sanciones económicas aplicadas por el IMPI.
De esta manera se asientan las modificaciones referidas en el proyecto de decreto de este dictamen.
Cuarta. Ahora bien, el dictamen favorable de la minuta que nos ocupa realizado por la Comisión de Cultura establece como fundamento de su posición lo siguiente:
Consideraciones
I. Reformas a la ley de la propiedad industrial
1. La propuesta de adición del párrafo segundo al artículo 183, los integrantes de la Comisión de Cultura, consideran pertinente modificar el esquema de notificaciones en los procesos administrativos desahogados ante el IMPI, para que se puedan realizar por estrados en el Instituto y mediante publicación en la Gaceta, ya que frecuentemente se presentan dificultades para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones de trámite y definitivas correspondientes.
Artículo 183. ...
En los procedimientos de declaración administrativa de infracción previstos en la presente ley, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas dentro de los mismos, así como todas aquellas dictadas en procedimientos seguidos en rebeldía podrán ser notificadas a las partes por estrados en el Instituto y mediante publicación en la Gaceta.
2. La propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 205 resulta conveniente ya que plantea facultar a los encargados de las visitas de inspección el uso de los medios que la tecnología brinde para realizar de forma más eficiente las diligencias. Asimismo es importante resaltar que en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya resultan admisibles dichos elementos de prueba.
Por lo anterior se considera necesario permitir la toma de fotografías y videos durante las visitas de verificación y otorgarles valor probatorio.
3. La adición del segundo párrafo al artículo 206 propone solventar el problema por el que se evaden las visitas de inspección en los establecimientos mercantiles cuando se niegan a atender las visitas y en algunos casos que llegan a oponerse. Por lo que se propone que en las actas respectivas de la visita, el verificador pueda hacer constar dicha negación u oposición presumiendo ciertos los hechos contenidos en la solicitud de imposición de medidas provisionales o en su defecto en la solicitud de declaración administrativa.
4. La adición de un segundo párrafo al artículo 208, en el mismo sentido que el anterior, faculta al verificador asentar en el acta respectiva situaciones en las que la persona con quien se atiende la diligencia o los testigos se nieguen a firmar el acta.
5. La modificación de la fracción VII del artículo 209 busca proporcionar certidumbre jurídica y el mejo desarrollo de los procedimientos para que el personal comisionado haga constar en el acta de la visita de inspección los casos en los que se hayan recabado elementos de prueba adicionales a los contenidos en los puntos del acta de inspección.
6. La propuesta de modificaciones y adiciones de fracciones al artículo 213 busca contemplar como infracciones administrativas los supuestos en que se impida el acceso del personal comisionado para realizar las visitas de inspección y los casos en que se niegue la información sin causa justificada.
7. La adición de dos párrafos al artículo 220 considera homologar los criterios con que la autoridad administrativa debe motivarse al imponer una multa con los contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
II. Modificación al artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Por lo que hace a la propuesta de modificación a la fracción I, se considera pertinente modificar el monto máximo establecido en la fracción primera en congruencia con otros dictámenes que actualmente se encuentran en proceso legislativo.
Sin embargo, se advierte que derivado de un error mecanográfico, la minuta enviada por el Senado incluye modificaciones del monto mínimo de la sanción establecida en la misma fracción, por lo que los integrantes de la Comisión de Cultura consideran pertinente aprobar la modificación de la fracción primera con las observaciones sobre la corrección de la sanción mínima, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstas en la presente ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa
I. De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior,
II. y III. ...
Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.
Quinta. Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Economía coinciden con la modificación apuntada por la Comisión de Cultura y se manifiestan por aprobarla, por lo que en los términos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Economía, y de Cultura disponen que se remita la minuta a la Cámara de origen para su discusión correspondiente, estableciéndose el sentido de la reforma en los siguientes términos:
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Artículo Primero. Se reforman las fracciones VII del artículo 209, y XXVII y XXVIII del artículo 213, recorriéndose esta última, para quedar como XXX; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 183, uno tercero al artículo 205, y uno segundo a los artículos 206 y 208, una fracción XXIX al artículo 213 y dos párrafos al artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo 183. ...
En los procedimientos de declaración administrativa previstos en la presente ley, las resoluciones de trámite y definitivas dictadas dentro de los mismos, así como todas aquellas dictadas en procedimientos seguidos en rebeldía, podrán ser notificadas a las partes por estrados en el instituto y mediante publicación en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 205. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.
...
El personal comisionado a las visitas de inspección podrá, durante el desarrollo de las diligencias, tomar fotografías o videofilmaciones o recabar cualquier otro instrumento considerado admisible como prueba, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y los demás instrumentos recabados en términos de este artículo podrán ser utilizados por el instituto como elementos con pleno valor probatorio.
Artículo 206. ...
Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva y se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente.
Artículo 208. ...
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no firman el acta, o se niega a aceptar copia de la misma, o no se proporcionan testigos para firmar la misma, dichas circunstancias se asentarán en la propia acta sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Artículo 209. ...
I. a VI. ...
VII. Datos relativos a la actuación, incluyendo el reporte de cualquier circunstancia o hecho que haya observado durante la práctica de la diligencia, aún y cuando dicha circunstancia o hecho no estén contenidos en los puntos del acta de inspección, y la mención de si se han tomado fotografías, realizado videofilmaciones o recabado otros elementos de prueba durante el desarrollo de la diligencia. En su caso, dichos elementos se deberán anexar al acta correspondiente;
VIII. a X. ...
Artículo 213. ...
I. a XXVI. ...
XXVII. Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción;
XXVIII. Impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, en términos de lo establecido en el artículo 206 de esta ley;
XXIX. No proporcionar información, sin causa justificada, y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción I del artículo 203; y
XXX. Las demás violaciones de las disposiciones de esta ley que no constituyan delitos.
Artículo 220. Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta
I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
II. Las condiciones económicas del infractor; y
III. La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.
Cuando la acción u omisión constitutiva de infracción se haya realizado a sabiendas, se impondrá multa por el importe del doble de la multa impuesta a la conducta infractora.
Se entenderá que la acción u omisión se realizó a sabiendas, cuando el infractor conocía la existencia de los derechos del titular, a través de las leyendas a que se refieren los artículos 26, 131 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial y 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Gaceta de la Propiedad Industrial, incluyendo las publicaciones en diarios de circulación nacional y las notificaciones con acuse de recibo.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:
Artículo 232. Las infracciones en materia de comercio previstas en la presente ley serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con multa
I. De cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior;
II. y III. ...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de junio de 2011.
La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes, Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).
La Comisión de Cultura, diputados:Kenia López Rabadán (rúbrica), presidenta; Armando Jesús Báez Pinal, Noé Fernando Garza Flores, Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), José Luis Íñiguez Gámez (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, secretarios; José Antonio Aysa Bernat (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica en contra), Héctor Hernández Silva (rúbrica), David Hernández Vallín, Francisco Herrera Jiménez (rúbrica), Inocencio Ibarra Piña (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), Adán Augusto López Hernández (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), María de Lourdes Reynoso Femat (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Reyes Tamez Guerra (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Ignacio Téllez González, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Habrá de hacer la propuesta correspondiente el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, hasta por cinco minutos.
AGENDA POLITICA
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Fernández Noroña, ¿qué comentario quiere realizar?
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sobre el orden del día, diputado presidente. Veo en la agenda política —cuando lleguemos—, originalmente entiendo que la idea era que el primer tema fuera sobre el Estado laico. Acabo de leer otra vez la declaración del Semanario desde la mala fe y me hierve la sangre, la verdad sea dicha. Está en segundo término después del tema de Michoacán, que es muy importante también.
Yo no alego ya sobre la importancia de qué tema primo y qué tema después, sino solicitarle formalmente que no terminemos la sesión hasta no haber abordado en todo caso ambos temas. Los dos son muy importantes.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No terminaremos la sesión sin agotar la agenda política. Adelante.
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos ante una minuta que pretende dar mayor eficiencia al procedimiento de declaración administrativa, contenido en la Ley de Propiedad Industrial, y aumentar las sanciones en el ámbito de la Ley Federal del Derecho de Autor y con ello dar mayor certidumbre jurídica a los actos de autoridad orientados a demostrar la culpabilidad de los infractores.
En resumen, la minuta introduce los siguientes elementos: como parte del procedimiento de declaración administrativa, establece que las notificaciones podrán realizarse por estrados en el instituto y mediante su publicación en la Gaceta cuando no se hubiera podido realizar la entrega en el domicilio señalado para tal efecto. También de forma expresa, se faculta al personal comisionado del INPI para que, durante las visitas de inspección, se tome fotografía o vídeo o se recabe cualquier otro medio de convicción, los cuales tendrán valor probatorio pleno en los procedimientos.
Se establece también la afirmativa Ficta de los hechos que se pretende probar cuando al personal comisionado se le niegue el acceso a los establecimientos respecto a los cuales se hubiera ordenado una visita de inspección. Se otorga pleno valor a las actas aun cuando los testigos o las personas con las que se atiende la diligencia se negaran a firmar las correspondientes. Finalmente se aumenta el límite máximo de las multas para infractores que reproduzcan, distribuyan o utilicen con fines de comercialización obras protegidas por derechos de autor sin el consentimiento del titular.
Con lo anterior se refuerza a las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de propiedad industrial y de autor y se desincentiva la violación a las normas que regulan la materia. Lo que permite mejorar la inversión y con ello impulsar el crecimiento, la generación de empleos y el desarrollo económico del país.
Dada la trascendencia de la reforma, los invito, con su voto, a apoyar el impulso de la presente minuta. Gracias, señor presidente, gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes diputados: en contra, los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Fernández Noroña; a favor, el diputado Vidal Llerenas Morales. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Hace un momento que escuchaba al diputado Guajardo, no daba crédito tanto a lo que él decía como a lo que contiene este dictamen. Quiero decirles que se trata de reformas, principalmente a la Ley Federal de Propiedad Industrial y también a la Ley Federal de Derechos de Autor, pero es una reforma inquisitorial, establece mecanismos que violentan el principio de presunción de inocencia.
Hace un momento, el diputado que me antecedió en el uso de la palabra decía: “es una reforma que propone darle a la autoridad administrativa más facultades para demostrar la culpabilidad del presunto infractor”.
Es decir, no es una reforma orientada por el principio de presunción de inocencia, sino es una reforma que se orienta para demostrar el principio de culpabilidad y esto desde luego es violatorio del artículo 20 de nuestra Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que ha suscrito nuestro país, que garantizan y protegen la presunción de inocencia.
Pero no queda ahí, no solamente se viola el principio de presunción de inocencia, sino que contrario a lo que establece el artículo 16 de la Constitución, se está permitiendo que la autoridad administrativa practique visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de la ley, más allá de lo que prevé la Constitución.
La Constitución permite estas visitas domiciliarias en dos extremos: para que la autoridad administrativa se cerciore del cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de policía y para la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado disposiciones fiscales. Además agrega la Constitución “que se debe sujetar esta inspección a las normas en materia de cateos”.
Pues bien, aquí se permite en el artículo 205, que en estas visitas de inspección se recabe cualquier instrumento considerado admisible como prueba, que se tomen fotografías, que se realicen videos, y no solamente ello, sino que dice, contrario al derecho procesal mexicano, que estos instrumentos, fotografías y videos, que son pruebas técnicas, pruebas de otra naturaleza, se les considerará con valor probatorio pleno. Es decir, a una simple fotografía, a un video se le está otorgando un valor probatorio indebido, valor probatorio pleno.
Por ser contraria esta propuesta al artículo 16 y al artículo 20 de la Constitución, mi voto será en contra.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales. No se encuentra en el salón. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña. Declina. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general el presente dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
¿Falta algún diputado por emitir su voto? Continúa abierto el tablero. Queda un minuto para realizar la votación. Diputado presidente, se emitieron 333 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 333 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, y el artículo 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El siguiente punto del orden del día, señoras y señores diputados, era la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El proponente, diputado Javier Corral Jurado, ha tenido un contratiempo con el tránsito, por lo que ha solicitado que se posponga al final de los dictámenes la votación, y esta Presidencia obsequia esa solicitud.
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Honorable Asamblea
La Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 85, 157 fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable Asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente No. 3598, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada por el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar, el día 24 de marzo de 2011.
En la parte sustantiva de la propuesta el diputado Jaime Arturo destaca que en la actualidad los jóvenes mexicanos atraviesan por una coyuntura compleja que se refleja en la falta de oportunidades para vincularse al mercado productivo para obtener fuentes de trabajo bien remuneradas. En este sentido señala que el desempleo juvenil plantea retos para las dependencias de la administración pública federal y sobre todo la construcción de una auténtica política de Estado que otorgue oportunidades de desarrollo personal y profesional a este sector.
Asimismo, el legislador refiere que la ausencia de una efectiva política de empleo juvenil representa un grave problema social y económico, y que la frustración por la falta de oportunidades incentiva a los jóvenes a emigrar a otros países o en el peor de los casos a involucrarse en organizaciones criminales.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, expone el diputado, señala que México es el segundo país dentro de la organización con mayor inactividad juvenil.
Para el diputado promovente, es una realidad que el crimen organizado se ha convertido en una alternativa de los jóvenes.
Continúa su exposición indicando que el desafío del Estado mexicano es lograr que los jóvenes accedan a un empleo seguro y productivo y a un salario digno. México debe apostarle a su capital humano juvenil, por ello es fundamental impulsar y fortalecer políticas públicas para lograr que el sector sea el centro de atención de los programas gubernamentales.
En este sentido el promovente argumenta que si bien es cierto que el gobierno federal ha realizado esfuerzos para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, también lo es que han sido insuficientes. Hoy en día existen muchos programas gubernamentales que incentivan la creación de empleos y la empleabilidad, tales como Apoyo al Empleo (PAE), Empleo Temporal (PET), Fomento al Empleo (PFE), Empleo Temporal Ampliado a Zonas Urbanas (PETU), Preservación del Empleo (PPE), Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginales, Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), Opciones Productivas, entre otros, desafortunadamente la mayoría de la población, en especial los jóvenes, desconoce su existencia, comenta el legislador.
En este orden de ideas, indica el legislador que un primer paso para atender la problemática, es redefinir las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) a fin de que adopte un papel más preponderante. El organismo puede desarrollar una gran cantidad de actividades. Es fundamental, señala el promovente, que el Imjuve permanentemente emprenda acciones transversales con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes en la planificación de estrategias que permitan a nuestros jóvenes insertarse al mercado productivo. También integrar un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector las posibilidades de emplearse y autoemplearse, finaliza el diputado.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Consideraciones
La Comisión de Juventud y Deporte concuerda con la exposición de motivos expuesta por el diputado promovente en cuanto a la situación en la que se encuentra la población mexicana en materia de desarrollo laboral, específicamente sobre la situación por la que atraviesan los jóvenes mexicanos, así como en los desafíos a los que se enfrenta la administración pública federal en el tema.
En efecto, con una población actual de 112 millones 336 mil 538 mexicanos de los cuales poco más de 35 millones son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad –histórico en nuestra nación–, y con un crecimiento constante en la población joven hacia la próxima década, y en contraste, con un panorama desalentador para incorporarse en la actividad productiva ya sea autoempleo o empleo, nuestro país hoy enfrenta una incidencia de desempleo juvenil, al igual que en muchas partes del mundo, lo cual plantea retos no solamente para las dependencias de la administración pública federal, como acertadamente lo refiere el diputado promovente, sino para todos los sectores del gobierno y de la propia sociedad.
Los datos son reveladores, a partir de la crisis económica mundial del 2008, en nuestro país se incrementó el problema del desempleo llegando a presentar una tasa de desocupación de la población económicamente activa del 5% (al primer trimestre del 2011), afectando en mayor grado a los jóvenes.
Por otro lado, México cuenta con un bono demográfico esto es, con el mayor número de jóvenes que representan una oportunidad histórica de desarrollo económico para cualquier nación en esa situación.
Sin embargo, para México pareciera una paradoja. Una paradoja debido a que encontrándose en un momento histórico por contar con el mayor número de jóvenes y en consecuencia ante la oportunidad de tener un crecimiento económico importante –debido a la productividad que significa la juventud–, ésta se encuentra en un estado de inmovilidad, situación que representa riesgos sociales para el país que van desde la migración y con ello la perdida de la fuerza productiva, hasta el incremento del crimen organizado alimentado con jóvenes.
Por todo lo anterior, este órgano legislativo coincide con el promovente en que el gobierno tiene el reto de trabajar en la construcción de una política de Estado eficaz, que otorgue oportunidades de desarrollo personal y profesional a la población en general, pero particularmente a los jóvenes que día con día se incorporan a la población económicamente activa de nuestro país.
En este orden de ideas, consideramos fundamental fortalecer jurídicamente las facultades del Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud. Lo anterior tomando en consideración que el gobierno federal realiza esfuerzos para incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, como la creación y operación de los siguientes programas, citados por el promovente: Apoyo al Empleo (PAE), Empleo Temporal (PET), Fomento al Empleo (PFE), Empleo Temporal Ampliado a Zonas Urbanas (PETU), Preservación del Empleo (PPE), Programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginales, Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), Opciones Productivas, entre otros. Desafortunadamente la mayoría de la población, en especial los jóvenes, desconoce su existencia.
De acuerdo con esta exposición, la Comisión de Juventud y Deporte comparte la propuesta del legislador para que el Instituto Mexicano de la Juventud tenga como atribuciones específicas las de emprender acciones transversales con las dependencias y entidades de la administración pública federal, particularmente con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Relaciones Exteriores, Reforma Agraria y Comunicaciones y Transportes con el objeto de proponer programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo de los jóvenes. Asimismo, la atribución para integrar, actualizar, publicar y difundir un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer al sector juvenil opciones de empleo y autoempleo.
Esta propuesta no contraviene ninguna disposición jurídica del orden federal ni duplica disposiciones, por el contrario, enriquece las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud permitiendo que el trabajo de las distintas dependencias de la administración pública federal dirigido a los jóvenes tenga mayor difusión entre el sector e impacto en sus objetivos al brindarles mayores oportunidades de empleo y autoempleo.
Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
Artículo Único.Se adiciona el artículo 4, con las fracciones XV y XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones, a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:
Artículo 4. ...
I. a XIV. ...
XV. Integrar, actualizar y publicar un catálogo nacional de programas y proyectos federales de fomento al empleo y autoempleo juvenil;
XVI. Proponer a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con prioridad a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Relaciones Exteriores, de Reforma Agraria, y de Comunicaciones y Transportes, programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil, y
XVII.Difundir en las dependencias y en entidades de la Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud, y
XVIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las acciones que, en su caso, deba realizar el Instituto Mexicano de la Juventud para cumplir con el presente decreto, deberán solventarse atendiendo a sus recursos disponibles.
Notas:
1 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Conapo. Proyecciones para el 2010.
2 Indicadores Oportuno de de Ocupación y Empleo; cifras preliminares durante el mes de marzo de 2011. INEGI, Comunicado 155/11.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil once.
La Comisión de Juventud y Deporte, diputados:José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), presidente; Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Nely Edith Miranda Herrera (rúbrica), Juan José Cuevas García (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Sixto Alfonso Zetina Soto, Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Juan Carlos Natale López (rúbrica), secretarios; Carlos Cruz Mendoza (rúbrica), Víctor Alejandro Balderas Vaquera (rúbrica), Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez, Onésimo Mariscales Delgadillo, Martín Enrique Castillo Ruz (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Wendy Guadalupe Rodríguez Galarza, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón, Jesús Gerardo Cortés Mendoza (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Ilich Augusto Lozano Herrera, Jorge Herrera Martínez.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Francisco Landero Gutiérrez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
No se encuentra en la sala el proponente. Tengo registrados, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, en pro del dictamen a los tres diputados siguientes: Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Sixto Alfonso Zetina Soto y Salvador Caro Cabrera, quienes dispondrán hasta de tres minutos para exponer su punto de vista; en contra se inscriben el diputado Cárdenas Gracia y el diputado Fernández Noroña. Entonces, perdón, tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia, en primer lugar, hasta por tres minutos.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Se trata de un dictamen que adiciona dos fracciones al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Su intención es buena, es una intención positiva. Busca promover programas y proyectos federales para fomentar el empleo y el autoempleo juvenil. Y también pretende que las dependencias, entidades de la administración pública federal, con prioridad de algunas secretarías de Estado, pues promuevan estos programas y proyectos para el fomento del empleo y autoempleo juvenil.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones del dictamen, me parece que ésta no es la manera en la que la Cámara de Diputados debe abordar un problema tan serio, como es el desempleo de millones de jóvenes que hay en México. La manera de abordarlo no es a través del fomento del empleo o de programas y proyectos federales con apoyo en las secretarías de Estado, sino hay que defenderlo y promover el empleo juvenil haciendo realmente exigible el derecho del trabajo o el derecho al trabajo.
El artículo 123 de la Constitución, en su encabezado —al inicio del mismo— indica que el derecho al trabajo es un derecho humano y que todo mexicano tiene derecho al trabajo. Y sin embargo en México no hay pleno empleo. Millones de mexicanos, no solamente jóvenes, sino también adultos y personas mayores carecen de empleo.
Creo que el trabajo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, a este respecto debiera consistir en establecer en las leyes federales mecanismos de exigibilidad, mecanismos de justiciabilidad para que fuese una realidad el empleo en nuestro país.
A mí me preocupa una iniciativa de este tipo, porque los programas de empleo que están aquí proponiendo podrían favorecer contratos laborales chatarra, contratos laborales que disminuyeran las garantías laborales que consagra el artículo 123 de nuestra Constitución y eso me parece inadmisible. No por tener empleo se van a debilitar las condiciones laborales que establecen nuestra Carta Magna. Me parece que aunque son buenas intenciones, es un dictamen insuficiente para garantizar el empleo de millones de jóvenes de este país. Por eso votaré en contra de este dictamen.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra para hablar, hasta por tres minutos, en pro del dictamen, el diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.
El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, saludo con agrado el interés de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte por aprobar el presente dictamen que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, el cual —estoy plenamente convencido— coadyuvará a fortalecer las facultades del Imjuve en materia de fomento al empleo y autoempleo de los jóvenes mexicanos. La frustración por falta de oportunidades para obtener un empleo digno es una de las causas que incentivan a nuestros adolescentes y jóvenes a emigrar a otros países, a engrosar las filas de los ninis o, en el peor de los casos, a involucrarse con organizaciones criminales.
Es una realidad que el crimen organizado se ha convertido en una alternativa de los jóvenes para contratarse como halcones, sicarios, narcomenudistas y secuestradores pues en muchos casos resulta más atractivo cobrar entre 800 y 6 mil pesos mensuales, por esos actos delictivos, que emplearse en el sector formal y percibir un salario mínimo mensual de tan solo mil 723 pesos.
Hoy día se estima que el 19 por ciento del sector juvenil tiene concluida la educación superior; sin embargo, como lo señala la OCDE, es alarmante que los jóvenes profesionales tengan mayores posibilidades de quedar desempleados, pues la tasa de desocupación de las personas con estudios superiores es de 3.8 por ciento, mientras que para las personas que únicamente tienen primaria o secundaria es de 2.1 por ciento.
México debe apostar por el desarrollo de su capital humano juvenil como el recurso más valioso para ser competitivos internacionalmente y obtener bases sólidas de crecimiento económico para los próximos 20 años.
Por ello, es fundamental que el Imjuve, en tanto instancia articuladora de la política juvenil, adquiera un papel más preponderante en la elaboración de recomendaciones y programas, y que puedan impulsar proyectos de empleo juvenil las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Asimismo, que tenga la atribución para integrar, actualizar, publicar y difundir un catálogo nacional de programas para el empleo y autoempleo juvenil, a efecto de dar a conocer a los jóvenes opciones de empleo y autoempleo.
De aprobarse este dictamen, compañeras y compañeros legisladores, coadyuvaremos a lograr que el sector juvenil sea el centro de atención de los programas gubernamentales, principalmente aquellos que se encuentran en situación de exclusión del mercado laboral y así vamos a poder apoyar a nuestros jóvenes mexicanos. Por su atención y el apoyo que le puedan dar a este dictamen con su voto en pro, les agradezco. Es cuanto, señor presidente,
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. Diputados, diputadas, el diputado Jaime Vázquez y el diputado Caro son dos diputados a los que yo les tengo consideración y respeto. Lamento ir en contra de lo que ellos están defendiendo, pero me parece que la iniciativa es una buena intención que no tiene ningún sostén sólido.
Presupuesto es: hechos son amores y no buenas razones. Aquí afuera están protestando ahorita policías de la antigua AFI, jóvenes, que era la mejor policía del mundo decía Genaro García Luna, el delincuente más peligroso que hay en el país o uno de los más peligrosos, y ahí están, desemplea-dos. Y la mayoría de los del SME, jóvenes. Y la mayoría de los de Mexicana, jóvenes. Y la mayoría de los mineros, jóvenes. Y la mayoría de los 56 mil asesinados en la absurda guerra contra el narco de Calderón, jóvenes. Y el 90 por ciento de la gente que está en la cárcel, jóvenes.
Tenemos el tercer lugar de no acceso a educación y no acceso a empleo de jóvenes en la OCDE. La mayoría de los que migran a Estados Unidos, jóvenes, 7.5, lo he repetido hasta el cansancio, 7.5 millones de jóvenes sin acceso a educación superior. Muchos muchachos y muchachas de preparatoria, quieren entrar a la preparatoria, y no tienen espacio.
Es el Presupuesto el que define en primera instancia la determinación y el compromiso nuestro con los jóvenes y no existe ese compromiso. Esta iniciativa no modificará la posición de absoluto deprecio a la problemática, al no presente y no futuro de los jóvenes en este país. No tienen ninguna oportunidad, ninguna es ninguna, porque como aquí ya lo comentó mi compañero Jaime Cárdenas, lo que les espera de empleo es outsourcing, sin seguro social, sin pensión, sin jubilación, sin vacaciones, sin aguinaldo, además de la simulación que hay ya de todas las instituciones surgidas del proceso de la Revolución Mexicana.
Entonces, como ha sido mi postura, yo estoy en contra de la simulación. Y aunque hay buena intención en esta iniciativa, encubre la brutal simulación y el absoluto abandono que hay en este tema, porque además —termino, porque no me dará tiempo para más—, lo que se requiere es un profundo cambio del modelo económico absolutamente rebasado, absolutamente voraz, absolutamente empobrecedor de la mayoría de la población del país y del mundo. Es hora de cambios de fondo y nosotros seguimos promoviendo cambios cosméticos, y un buen indicador de cómo están las cosas es la nula atención de la mayoría de los legisladores a estos puntos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Sixto Alfonso Zetina Soto, en pro del dictamen.
El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, actualmente los jóvenes constituyen uno de los grupos más amplios de la población, quienes poseen características heterogéneas que desafortunadamente se reflejan en problemas diversos y complejos. No obstante, uno de los problemas que enfrenta la juventud mexicana se refiere precisamente a la falta de oportunidades para ingresar en la vida laboral. En muchas ocasiones el hecho de no encontrar empleo genera una sensación de exclusión que los puede conducir a participar en actividades ilegales, incluso los orilla a la migración ya que sus expectativas de vida se ven truncadas.
En muchos casos, los jóvenes abandonan sus estudios ante la necesidad de buscar un empleo. Sin embargo se enfrentan a muchos problemas para conseguirlo, ya que la economía no ha sido capaz de ofrecer oportunidades laborales y por otros factores que se conjugan, como la baja escolaridad de los demandantes.
En otro escenario, los jóvenes profesionistas enfrentan problemas para entrar al mercado laboral, la mayoría de las veces por la falta de experiencia y entonces volvemos a la pregunta de siempre, ¿cómo quieren que el joven tenga la experiencia si no se le da la oportunidad que tanto está reclamando y que tanto nos está exigiendo? El desempleo tiene efectos profundos en el bienestar de la sociedad y de la juventud, genera a su vez pobreza y exclusión social.
Sin embargo esta situación plantea retos importantes para el gobierno. Si bien es cierto que se han impulsado diversos programas que incentivan la creación de empleo y la empleabilidad de los y las jóvenes tales como Apoyo al Empleo, Empleo Temporal, Fomento al Empleo, Empleo Temporal Ampliado a Zonas Urbanas, Preservación del Empleo, programa para la Creación de Empleo en Zonas Marginales, Opciones Productivas, entre otros, se requiere dar continuidad a dichas acciones e impulsar otras que converjan en el objetivo de lograr la inserción laboral de las y los jóvenes mexicanos, fomentando las competencias y habilidades para el empleo, el autoempleo y la empleabilidad.
Los jóvenes tienen en sus manos el futuro y el destino de México. Por ello es de gran relevancia el dictamen que hoy se somete a discusión, ya que permitirá, por un lado, involucrar al Instituto Mexicano de la Juventud, institución encargada de la política nacional de los jóvenes, con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, y también integrar, actualizar, publicar y difundir un Catálogo Nacional de Programas para el Empleo y Autoempleo Juvenil, a efecto de dar a conocer en ese sector opciones de empleo y autoempleo, para proponer programas y proyectos, y para fomentar el empleo y autoempleo en este sector de la sociedad.
En Acción Nacional refrendamos nuestro amplio compromiso en materia de empleo con el sector juvenil, por ello nos pronunciamos a favor del presente dictamen, que sin duda alguna traerá una serie de beneficios para convertir a las y los jóvenes en un activo fundamental para mejorar la productividad y bienestar de la población en general. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, en pro del dictamen, el diputado Salvador Caro Cabrera, hasta por tres minutos.
El diputado Salvador Caro Cabrera: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y particularmente de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, acudo a esta tribuna con el ánimo de concitar la voluntad de esta Cámara para respaldar la adición al artículo 4 en sus fracciones XV y XVI de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Para los diputados del PRI es una prioridad dar a los gobiernos instrumentos para apoyar a los jóvenes en el desarrollo de sus capacidades individuales y con lo cual se puede lograr solamente a través de la educación y el empleo, pues sólo así se está en condiciones, un joven, de satisfacer necesidades primarias con autosuficiencia.
La educación y el empleo para los jóvenes mexicanos es un compromiso de todos. Desde la posición de la Comisión de Juventud hemos decidido impulsar este dictamen que va a permitir integrar un catálogo nacional de programas que actualmente se encuentran dispersos, con un efecto mínimo y con una incidencia prácticamente nula en las carencias de la juventud mexicana.
También, esta reforma permitirá al instituto proponer a las distintas dependencias y entidades de la administración pública, programas y proyectos adicionales para el fomento del empleo y del autoempleo juvenil. En conjunto, estas normas darán al instituto capacidad para influir de manera transversal en el tema del empleo para los jóvenes y dejar atrás los inútiles esfuerzos aislados.
Evidentemente, no estamos tratando de resolver, en conjunto, la problemática que enfrentan los jóvenes mexicanos en materia de desempleo. Pero lo que sí, estamos asumiendo nuestro compromiso en este Congreso, en la actividad especializada de las comisiones, de revisar los cuerpos legales que nos corresponden para dar al Estado mexicano, a sus gobiernos y a la juventud medios para salir adelante.
Debemos pensar en positivo, debemos unirnos para poder salir adelante y poder respaldar a esos siete millones de jóvenes que el día de hoy no estudian ni trabajan, y que es responsabilidad de todos nosotros abrirles horizontes desde las posiciones que tenemos, aún sea poco a poco y con modestas reformas que sin duda tendrán efectos positivos. Falta mucho por hacer. El Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara está comprometido con seguir realizando los cambios. Gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la escuela primaria federal matutina Andrés Ortiz, de la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, que amenizaron con su Banda de Guerra los honores a la Bandera este día. Muchas gracias por su contribución.
También damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la escuela primaria Carmen Serdán, delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández. Sean ustedes bienvenidos.
A estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Arkos, de Puerto Vallarta, Jalisco, invitados por el diputado Juan José Cuevas García. Les damos también la más cordial bienvenida.
A estudiantes de la escuela primaria Artículo 123, ingeniero Andrés Ortiz, de Tierra Blanca, Veracruz, invitados por el diputado José Luis Álvarez Martínez. Muy bienvenidos. El propio diputado José Luis Álvarez Martínez fue quien hizo la invitación a los estudiantes de la escuela Andrés Ortiz. Muchas gracias.
De Sinaloa nos acompañan los 40 diputados infantiles del Parlamento Infantil 2011, del Congreso de Sinaloa. Los acompañan los diputados Samuel Zacarías Lizárraga Valverde, Rosa Elvira Ceballos Rivera y Roberto Pérez de Alba. Han sido invitados por los diputados Germán Contreras, Roberto Pérez de Alba, Alfredo Villegas y Rolando Bojórquez. Sean ustedes bienvenidos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, señores diputados. ¿Alguien falta por emitir su voto, para poder cerrar el tablero electrónico? Ciérrese el sistema electrónico.
Señor presiente, tenemos 363 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 363 votos el proyecto de decreto que adiciona las fracciones XV y XVI, del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente número 4752, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. El 29 de abril de 2010, el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
2. La Mesa Directiva, en la misma fecha, acordó que se turnara a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para estudio y dictamen correspondiente.
3. Esta comisión recibió el asunto con fecha 13 de mayo de 2011, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.
Contenido de la iniciativa
El legislador plantea la problemática de la deforestación que se presenta en todo el país y plantea la necesidad de poner candados y fijar rigurosos requisitos con posibilidades de ser vigiladas, todas aquellas actividades concernientes al uso y explotación de las áreas forestales del país y su entorno ecológico. Para ello propone adicionar una fracción XV al artículo 33, una fracción XI al artículo 40, una fracción VII al artículo 144 y una fracción X al artículo 147; asimismo, reformar la fracción V del artículo 74 y el tercer párrafo del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Consideraciones
El legislador plantea diversas propuestas para enfrentar la problemática de la deforestación, respecto a las cuales la comisión dictaminadora se pronuncia de la siguiente manera:
1. Establecer la reforestación de selvas, bosques, manglares o aéreas naturales, así como el restablecimiento de su fauna y del equilibrio ecológico , como criterio obligatorio de política forestal de carácter ambiental y silvícola. Dicha propuesta resulta inviable, pues la reforestación no es un criterio, es una acción, no podría tomarse como base general para las acciones a implementar en todos los terrenos forestales. La ley de la materia señala en el artículo 7 que la reforestación es el “establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales”. Lo anterior, con el propósito de inducir el mejoramiento de la estructura, la fertilidad y la protección de los suelos y para aumentar la disponibilidad de forraje durante la estación seca.
2. Incluir en el Sistema Nacional de Información Forestal el número de hectáreas que pierden los bosques, selvas y manglares al año, además del grado de deforestación a nivel nacional, estatal y municipal. La ley ya considera dicha propuesta, pues existe el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información Forestal, y que es un instrumento de política nacional en materia desarrollo forestal sustentable, así lo considera el artículo 35 en la fracción III, es un conjunto de técnicas y procedimientos consistentes y comparables en el tiempo para la obtención de información cuantitativa y cualitativa de los recursos forestales, vegetación asociada, componentes y características del territorio donde se localiza el bosque; sirve para contar con información cartográfica y estadística de los suelos y ecosistemas forestales del país para apoyar la política nacional de desarrollo forestal sustentable e impulsar las actividades del sector con información de calidad, dentro de sus principales funciones se encuentra
• La planeación de políticas públicas.
• Definición de inversiones en el sector.
• Ordenamiento ecológico territorial.
• Reportar la situación de los bosques y suelos de México en el mundo.
• Impulsar la industria forestal y el sector ambiente.
• Desarrollar los servicios ambientales.
• Establecer los programas de conservación y restauración.
• Registrar datos históricos de la vegetación de México para la toma de decisiones futuras.
• Conocer las zonas con tendencias de pérdida de vegetación en el país, mediante el monitoreo forestal anual.
• Informar a la sociedad sobre el tipo de ecosistemas vegetales y su estado actual.
De lo anterior se desprende que, el monitoreo del grado de deforestación que pudiera tener un bosque se puede detectar mediante dicho instrumento de política ambiental.
3. Que las solicitudes para obtener autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables deberán de incluir, en el programa de manejo forestal que presenten, un plan de reforestación. La ley ya considera que cuando los particulares soliciten autorización para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, deberán de llevar a cabo acciones de reforestación, de conformidad con lo previsto en el programa de manejo autorizado, así lo señala el artículo 62, que a la letra dice:
Artículo 62. Los titulares de los aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales estarán obligados a
I. Firmar el programa de manejo;
...
III. Reforestar, conservar y restaurar los suelos y, en general, a ejecutar las acciones de conformidad con lo previsto en el programa de manejo autorizado;
...
V. Inducir la recuperación natural y, en caso de que no se establezca ésta, reforestar las áreas aprovechadas de conformidad con lo señalado en el programa de manejo;
...
IX. Presentar informes periódicos, en su caso avalados por el responsable técnico sobre la ejecución, desarrollo y cumplimiento del programa de manejo forestal. La periodicidad de la presentación de dichos informes se establecerá en el reglamento y en la autorización correspondiente;
...
Asimismo, el párrafo segundo del artículo 131: “Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso, funja como encargado técnico será responsable solidario junto con el titular, de la ejecución del programa en este aspecto”. Y el artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que en los programas de manejo que los particulares presenten en su solicitud para el aprovechamiento de recursos forestales maderables deberán contener, para nivel avanzado, entre otros requisitos, los compromisos de reforestación cuando no se presente la regeneración natural.
4. Que la reforestación de las áreas afectadas, impulsada por los tres órdenes de gobierno con especies forestales autóctonas o nativas, tenga un plazo no mayor de dos años. Es de señalar que es improcedente, pues tal y como lo señala el artículo 131 la reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, las cuales definirán las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida.
El proceso de reforestación toma en cuenta varios indicadores, por ejemplo que las zonas geográficas tengan vocación natural que beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas hidrológico-forestales, el mejoramiento de la biodiversidad, de la estructura y fertilidad del suelo, de la calidad de vida humana con la disponibilidad de madera para leña, frutos y productos secundarios; sin embrago, sino se lleva a cabo un estudio previo pueden generarse impactos negativos con las plantaciones de árboles, algunas especies exóticas pueden ser invasoras o grandes consumidoras de agua, las plantaciones de árboles pueden incrementar la presión de las aves sobre las cosechas, pueden reducir la cobertura de pastos en el caso de altas densidades. Por ello resulta imposible establecer un plazo de dos años.
5. Que se incluya la reforestación en la promoción del desarrollo de infraestructura para el desarrollo forestal que hagan la federación, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Resulta improcedente, pues la reforestación no forma parte de la infraestructura forestal, es una medida de conservación forestal; es decir, contribuye al mantenimiento de las condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o inducido, sin degradación de éste ni pérdida de sus funciones. Tan es así que el capítulo V, “De la reforestación y forestación con fines conservación y restauración”, forma parte del título quinto, “De las medidas de conservación forestal”, y no al título sexto, “Del fomento al desarrollo forestal”, como es el caso del capítulo II, “De la infraestructura para el desarrollo forestal”.
6. Finalmente, la propuesta de establecer una promoción de una cultura de reforestación como una acción, que la comisión realice en materia de cultura forestal, en coordinación con las dependencias competentes de la administración pública federal y las correspondientes de los estados y el Distrito Federal, organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales. Es de señalar que ya se considera en la fracción IV del artículo 147, pues incluye promover la actualización de los contenidos programáticos en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional que fortalezcan y fomenten la cultura forestal, y como en el punto anterior señalamos, la reforestación es una acción de conservación, por lo que al contemplarse la conservación se entienden todas las acciones que la forman: cambio de uso del suelo en los terrenos forestales, acciones de sanidad forestal, de prevención, combate y control de incendios forestales, de conservación y restauración, de reforestación y forestación con fines de conservación y restauración, de los servicios ambientales forestales y del riesgo y daños ocasionados a los recursos forestales, al medio ambiente, ecosistemas o sus componentes, de los previstos en la ley de la materia.
Ahora bien, esta comisión dictaminadora toma en cuenta la problemática planteada por el legislador y coincide con que es necesario fortalecer las disposiciones relativas a las acciones de reforestación. Por ello, y derivado de un análisis integral de la ley de la materia y siguiendo con la propuesta del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez de reformar el artículo 131, esta comisión considera reformar dicho disposición en los siguientes términos:
Artículo 131. La reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración, las actividades de forestación y las prácticas de agrosilvicultura en terrenos degradados de vocación forestal no requerirán autorización y solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la biodiversidad.
Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso, funja como encargado técnico será responsable solidario junto con el titular, de la ejecución del programa en este aspecto.
Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen programas de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales autóctonas o nativas. La norma oficial mexicana definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida.
La reforestación o forestación de las áreas taladas será una acción prioritaria en los programas de manejo prediales, zonales o regionales.
Para los efectos del presente capítulo, se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados. En los programas de reforestación que promueva y apoye la comisión se dará énfasis a la demanda y necesidades de campesinos y sociedad; a precisar en cada tipo de reforestación de acuerdo con sus objetivos, especies a plantar y a reproducir en los viveros, metas a lograr especialmente en términos de calidad de la planta y mayor supervivencia en el terreno, así como a establecer un sistema de incentivos para la reforestación y su mantenimiento durante los primeros años sobre bases de evaluación de resultados.
Dicha propuesta se considera necesaria, pues la reforestación es una acción de la política forestal que compete a la federación; es decir, a la Comisión Nacional Forestal y en zonas degradadas que no sean competencia de la federación, los estados y el Distrito Federal podrán elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas. Sin embargo, hace falta disposiciones que garanticen que tales acciones de conservación, sean monitoreadas y las cuales se le dé el seguimiento adecuado que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas para los que se crearon.
Es de tomar en cuenta que el programa ProÁrbol, con sus diversos tipos de vertientes, es el principal programa federal de apoyo al sector forestal Conafor. Sin embargo, de acuerdo con la evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) realizada en julio de 2008, el Programa Pro-árbol necesita cuantificar con más claridad la población potencial y objetivo del programa para tener una mejor estrategia de cobertura; debe fortalecer la planeación estratégica del programa contando con planes de mediano y largo plazos y tiene que contar con evaluaciones rigurosas que permitan conocer si se cumplen los resultados finales del mismo. Es decir, una política de reforestación integral debe de tomar en cuenta el mantenimiento y la protección de áreas reforestadas.
Así, retomando el espíritu de la propuesta del legislador, que es la reforestación, esta comisión dictaminadora considera que lo que hace falta es fortalecer en el capítulo V, “De la reforestación y forestación con fines de conservación y restauración” lo relativo a que las autoridades se coordinen, en el ámbito de sus competencias, para implantar los programas de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento de éstos.
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 131. ...
...
Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implanten programas de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales autóctonas o nativas. La norma oficial mexicana definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por sus características biológicas afecten los procesos o patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya autorización esté prohibida.
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 http://148.223.105.188:2222/gif/snif_portal/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=1&Itemid=4
2 el cual tendrá por objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, que estará disponible al público para su consulta y que se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural.
3 http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Tech/ 6Reaff.htm
4 http://www.conafor.gob.mx/index.php?option=com_content&task= view&id=432&Itemid=455
Dado en el Palacio Legislativo, a 31 de agosto de 2011.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros (rúbrica), secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade (rúbrica), Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No existe proponente en este caso. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: en pro, Juan Pablo Escobar Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez y Gerardo Fernández Noroña. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez. No se encuentra en el recinto. Tiene la palabra el diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.
El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen plantea aprobar una serie de propuestas con las cuales se fortalezca la operatividad de las actuales instancias al cuidado de nuestros bosques y selvas.
Es de todos conocido que la ley vigente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya considera la contabilización del número de hectáreas de bosques que se pierden año con año y que aumentan gravemente los grados de deforestación. Pese a ello, como propósito del presente dictamen es incentivar la reforestación de acciones coordinadas por medio de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen programas de forestación, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Dichos mecanismos deberán siempre impulsar la reforestación con especies forestales autóctonas y nativas.
Para los efectos de esta propuesta, se consideran prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que hayan sufrido incendios reiterados. También tiene como objetivos priorizar en la reproducción y conservación de especies a plantar, a través de viveros, sujetarse a las metas para lograr especialmente un avance en términos de calidad de la planta y mayor supervivencia en los terrenos respectivos. Para un servidor es necesario tomar en cuenta que la reforestación es un tema que le corresponde a la federación, a través de la Comisión Nacional Forestal.
Sin embargo aún hacen falta disposiciones que garanticen qué acciones de conservación, forestación y reforestación, por parte de los estados y el Distrito Federal, puedan ser llevadas a cabo con seguimiento adecuado pero que también garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas para los que se crearon. Así entonces es de presentarse este dictamen a favor de su aprobación para reformar el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, preocupado por rescatar nuestro medio ambiente.
Finalmente, compañeras y compañeros, debemos considerar que se necesita cuantificar con más claridad la población potencial y objetivo de los programas forestales para tener una mejor estrategia de cobertura, además de que se debe fortalecer la planeación estratégica de los programas, contando con planes de mediano y largo plazos que puedan hacerse acompañar con evaluaciones rigurosas que nos permitan dar a conocer si se cumplen los resultados finales del mismo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente, diputados, diputadas, compañeros, compañeras, la propuesta es una buena propuesta. Quise intervenir a favor para hacer un comentario.
Están abandonados nuestros bosques y todos los ejidos, las propiedades comunales. Los campesinos que se dedican a cuidar bosques son acosados por las autoridades y por los talamontes y acaban en la peor ironía de la vida, acusados de talamontes, como acaba de ser el caso de Agustín Barrera Cosme, que en el municipio de San Luis Zacatlán, en la Costa Chica, fue señalado de supuestamente talar montes, cuando es uno de sus defensores más firmes y más férreos. No es la primera vez, ni en Guerrero ni en otras partes del país, que se hace este tipo de canalladas.
Esta iniciativa da un piso pero también queda sin resolverse toda esta parte de que no existe un proyecto de preservación de los bosques, explotación racional, de promoción de la actividad forestal, que en nuestro país sería muy importante.
Acabo de estar en Nayarit y están sembrando teca, pero son esfuerzos aislados, tienen todo, tienen agua, tienen tierra, tienen gente que sabe de cultivos y lo que quieren hacer es construir el penal de alta seguridad más grande todo el continente americano.
Es increíble la manera en que se están enfrentando los problemas económicos, políticos y sociales en el país. Y esta soberanía, a veces hasta pienso que el semanario Desde la Mala Fe no está tan errado, sí es muy majadero —ya lo discutiremos en su momento—, pero de repente viéndolos en estas discusiones, me dan ganas de sumar mi voz a las críticas que se hacen a esta soberanía, que son malintencionadas y tienen otro objetivo, por eso es que no me sumo a ellas.
Pero sí me parece, compañeros diputados, compañeras diputadas, que estamos tocando problemas muy serios de manera muy superficial. En fin, iba a usar menos de los tres minutos y lo haré. Estoy a favor de esta iniciativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, por lo que pido a la Secretaría que ordene abrir el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se encuentran entre nosotros alumnos de la secundaria oficial número 0139, Niños Héroes, de La Jornada, municipio de El Oro, estado de México, y alumnos de la escuela secundaria 0302, anexa a la normal de Atlacomulco, ambos invitados por su servidor. Sean ustedes muy bienvenidos.
También doy la más cordial bienvenida a la señorita Mariana Juárez Trejo, campeona mundial de Box, invitada por el diputado Víctor Félix Flores Morales y diputados veracruzanos.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 351 votos a favor, 2 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 351 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se remite al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 13 de abril de 2010 el senador Sergio Álvarez Mata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
2. El 22 de marzo de 2011 se presentó al pleno de 1a Cámara de Senadores el dictamen de las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, donde se aprobó con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
3. El 22 de marzo de 2011 el vicepresidente del senado, Francisco Arroyo Vieyra, remite a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
4. El 29 de marzo de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Contenido de la minuta
La minuta del Senado propone eliminar la limitante legal establecida en el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que establece: “la Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de entregarse o no”.
La presente minuta, tiene como objetivo que el quejoso o las víctimas de violaciones de derechos humanos, puedan presentar ante el juez competente, como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional, las actuaciones que integren un expediente de queja interpuesto ante la CNDH.
Consideraciones
Efectivamente, como lo plantea la minuta, las y los integrantes de esta comisión compartimos la misma preocupación del Senado de la República, concerniente a la necesidad de eliminar este impedimento legal, con el propósito de que sean beneficiados los quejosos o las víctimas de violaciones de derechos humanos. Cierto resulta que con esta reforma, se les proporcionará equidad y seguridad jurídica en el proceso jurisdiccional.
Esta dictaminadora comparte el razonamiento expuesto en la minuta, sobre la problemática de que el o los agraviados, no puedan presentar ante el juez competente las pruebas que integren la queja gestionada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en virtud del impedimento normativo del artículo 48 de la Ley de la CNDH, porque faculta la discrecionalidad por parte de este organismo para entregar o no dichas pruebas.
Por consiguiente, al quejoso o deudos de éste, se les niega por parte de la CNDH la expedición de copia simple o certificada de las actuaciones, aduciendo la confidencialidad de la información de conformidad con el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de la CNDH, que establece: “El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de manera confidencial la información o documentación relativa a los asuntos de su competencia”. Generando, con lo anterior una doble vulneración de derechos, la primera es la planteada en la misma queja y la segunda trasgrediendo la garantía de audiencia de conformidad con lo establecido por la tesis aislada en materia constitucional del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación XLVIII/2000, citada en la minuta.
Además, al no permitir a los agraviados obtener las pruebas solicitadas, como son las copias de constancias relativas a los expedientes de queja, impide exhibirlas en un juicio como medio de prueba durante un procedimiento jurisdiccional. Lo que trasgrede el acceso a una justicia completa, pronta e imparcial. Esto conlleva que el Estado, no garantiza al quejoso los medios necesarios, ni las garantías que le corresponden de acuerdo al segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, que señala:
Artículo 17. ...
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Además, los quejosos no pueden ser privados de derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme leyes expedidas con anterioridad al hecho. Atendiendo a lo establecido por el artículo 14 Constitucional, que en su parte conducente dice:
Artículo 14. ...
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Con relación a lo anterior, las formalidades esenciales del procedimiento, no son respetadas por la limitante legal que establece el artículo 48 de la CNDH. Es conveniente señalar lo estipulado por la jurisprudencia 47/95 en materia constitucional, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos lo siguiente:
Registro No. 200234
Novena Época
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: II, Diciembre de 1995
Materia(s): Constitucional, Común
Tesis: P./J. 47/85
Página: 133
Jurisprudencia
Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, 3) la oportunidad de alegar, y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
En lo referente al inciso 2 y 3 de la jurisprudencia anteriormente citada, concerniente a las pruebas y alegatos, la limitante señalada por el artículo 48 de la Ley de la CNDH, no permite al quejoso la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las cuales se sustente su defensa, durante un procedimiento jurisdiccional, por consiguiente queda en estado de indefensión, al no contribuir a una adecuada y oportuna defensa, contraviniendo los derechos humanos y las garantías para su protección que le son reconocidas por nuestra Carta Magna.
Finalmente, debido a la necesidad de establecer mecanismos que coadyuven a la protección del quejoso y garanticen con ello la defensa de sus derechos en los procedimientos jurisdiccionales, coincidimos con la propuesta de la colegisladora para facultar a la CNDH para proporcionar al quejoso o los deudos de éste, previa solicitud de éstos, la oportunidad de presentar ante el juez competente, como medio de convicción, las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante este organismo nacional.
Por todo lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos sometemos a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:
Artículo 48. La Comisión Nacional no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una Recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, resolverá si son de entregarse o no, excepto en los casos en que el quejoso o sus familiares en línea ascendente o descendente en cualquier grado o colaterales hasta el segundo grado, ofrezcan como medio de convicción en un procedimiento jurisdiccional las pruebas o constancias que integraron la queja ventilada ante la propia Comisión Nacional.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, abril de 2000, página 65, tesis P. XLVIII/2000. Rubro “Comisión Nacional de Derechos Humanos. La negativa a expedir copia de constancias relativas a los expedientes de queja a las partes que la solicitan para exhibirlas en juicio, viola la garantía de audiencia, aun cuando se aduzcan razones de confidencialidad”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No hay proponente. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los diputados Jaime Cárdenas Gracia, en contra, y Guadalupe Valenzuela Cabrales, en pro. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Esta reforma a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos modifica el artículo 48 de esta Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que la comisión no esté obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual se dirigen las recomendaciones o a particulares, excepto cuando soliciten las pruebas, las víctimas o familiares de las víctimas, para utilizarlas en procedimientos de carácter jurisdiccional.
A mí me parece preocupante que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se esté a favor del principio de máxima revelación, de máxima publicidad a que obliga el artículo 6o. de la Constitución. Nuestra Constitución en una reforma de hace algunos años modificó el artículo 6o. de la Carta Magna, para establecer el principio de máxima publicidad al que están obligadas todas las autoridades de este país.
Pues bien, este artículo 48 que se propone modificar el dictamen no es consecuente con el principio de máxima publicidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está impidiendo que las autoridades que reciben recomendaciones tengan acceso a las pruebas y a la información del expediente respectivo.
Creo que no hay razón alguna, desde el punto de vista jurídico. Es más, me parece violatorio del artículo 6o. de la Constitución el que se impida entregar la información, el que se establezca un velo de opacidad en materia de transparencia sobre la información, sobre las pruebas, sobre los expedientes que conducen a una recomendación. Hay que tener en cuenta que además la reforma habla de recomendaciones. Es decir, el procedimiento ya ha concluido y de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 13 y 14 de esa ley, cuando los expedientes administrativos han concluido, esa información debiera ser pública.
Entonces, yo votaré en contra de esta propuesta de reforma porque eso cuesta al principio de transparencia, eso cuesta al principio de máxima publicidad y no favorece la rendición de cuentas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debiera dar ejemplo de transparencia y de acceso a la información. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la señora diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales, en pro del dictamen.
La diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que es puesto a nuestra consideración adquiere especial relevancia por establecer nuevas disposiciones que incidirán directamente a favor de las personas, contribuyendo a la protección de sus derechos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde su creación, ha defendido los derechos de todas y todos los mexicanos. Sus acciones han sido reconocidas por gran parte de organismos internacionales y los procedimientos que realiza gozan de veracidad y respeto por la sociedad y por las autoridades.
El fiel compromiso que tiene con la protección de los derechos humanos ha sido el eje rector de sus procedimientos y resoluciones. Por ello está obligado a desarrollar oportunamente los procedimientos para resolver las quejas que son interpuestas ante él. La realización de este procedimiento se encuentra cimentado en la confidencialidad de la información que le son proporcionados por el quejoso y por las autoridades. De ahí que las pruebas que son presentadas por las partes, y desahogadas durante el procedimiento, deben ser resguardadas por contener datos confidenciales, y se encuentran protegidos por la ley.
Sin embargo debemos recordar que, de acuerdo con sus atribuciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para realizar denuncias de hechos ante las autoridades competentes, cuando en el procedimiento de queja se advierte la realización de un acto que puede ser considerado como delito, y es justamente en este punto donde la reforma, que estoy segura vamos a aprobar, contribuye en gran medida a la ayuda de la defensa del quejoso o de la víctima del delito.
De ahora en adelante, siempre y cuando lo solicite el quejoso o alguno de sus familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estará obligada a entregar las pruebas de las que se allegó para poder emitir una recomendación, ampliando con ello la esfera de protección del quejoso.
Debemos reconocer la motivación de nuestra colegisladora en la dictaminación de la minuta que hoy atendemos; fortalecer la parte quejosa que sufre la vulneración de derechos humanos y busca la impartición de justicia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe coadyuvar en el desarrollo del procedimiento, ayudando a evitar que se genere impunidad en los procedimientos jurisdiccionales.
Ha sido la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos quien ha señalado que el derecho a la prueba es de carácter fundamental y pilar de un debido proceso, y su existencia es en razón de aquella persona encargada de establecer la verdad jurídica. Ante ello, es el mismo organismo el que debe de coadyuvar a evitar la pérdida de derechos para las víctimas.
Compañeras y compañeros, es momento de permitir que los expedientes de prueba, que se generan en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puedan ser utilizados a favor del quejoso o de sus familiares. Cuando se busca la protección judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede ser omisa en ello. Por todo lo anterior es que Acción Nacional dará su voto a favor de este importante dictamen, que contribuye, sin duda alguna, a garantizar una defensa adecuada y oportuna de los derechos de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a niños estudiantes, adultos, maestros y dos diputados locales de Culiacán, Sinaloa, invitados por el señor diputado Adolfo Rojo Montoya. Sean bienvenidos.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se han emitido un total de 335 votos en pro, 1 en contra y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 335 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2011 los diputados María Cristina Díaz Salazar y Fermín Montes Cavazos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
2. Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano Legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
Enriquecer y fortificar la masa de maíz nixtamalizada, así como indicar los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
Ley General de Salud vigente
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos.
Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Iniciativa
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz y de masa de maíz nixtamalizada, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
III. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. Se considera pertinente comenzar con la explicación de algunos términos para tener un mejor entendimiento de la iniciativa:
Nixtamal es el nombre que se le da al maíz cocido con cal, con la finalidad de eliminar el hollejo. Es usado principalmente para la elaboración de tortillas. La palabra proviene del náhuatl nextli, o cenizas de cal, y tamalli, masa de maíz cocida.
Masa de nixtamal es el producto que se obtiene de la molienda húmeda de granos de maíz nixtamalizado, esta se forma a partir de maíz, cal y agua, se pueden también agregar otros ingredientes para la elaboración de la tortilla y de muchos otros alimentos como tamales, atole, etcétera.
El proceso nixtamalización tiene la finalidad de hacer el grano más digerible así como el de aumentar su valor proteínico, la concentración de calcio aumenta en 20 por ciento, la de fosforo en 15 por ciento y la de hierro en 37 por ciento.
La fortificación de alimentos se define generalmente como la adición de uno o más nutrientes a un alimento con la finalidad de mejorar su calidad, y reducir y controlar su carencia de nutrientes.
Tercera. La desnutrición crónica afecta en México a 1.8 millones de niños menores de cinco años, de los cuales al menos 170 mil que habitan las zonas marginadas de las ciudades y el campo presentan una situación aguda y mueren por enfermedades infecciosas.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública hablan de que entre 168 mil y 170 mil son lo que se detectaron con un problema agudo; el resto, que son casi dos millones, como se menciona en el párrafo anterior, presentan desnutrición crónica, de tal manera que el problema que hay es severo.
Es por ello acertado, como lo señalan los promovente en la exposición de motivos Desde el año de 1998, la industria harinera de maíz nixtamalizado acordó voluntariamente con el gobierno federal a petición de este último, realizar acciones de enriquecimiento nutricional a la harina producida en paquete por esta industria. Esta acción se volvió obligatoria, al plasmarse en la Ley General de Salud publicada el 12 de julio de 1998 en el Diario Oficial de la Federación y que en su artículo 115, fracción VII, dice a la letra: “...establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse...”
Desde esa fecha, la industria harinera ha cumplido con este acuerdo beneficiando nutricionalmente a los consumidores de harina de maíz nixtamalizado en paquete, aunque, la venta de este producto es una mínima parte de la producción total de la industria harinera. La mayor parte de la producción de este producto se realiza con el método tradicional de la masa nixtamalizada, por lo que el objetivo central del Gobierno Federal de ofrecer un valor nutricional mayor a la población que más lo requiere, no abarca a toda la población, especialmente la de menor ingreso, que consume más tortilla per cápita.
Cuarta. La tortilla es para la gran mayoría de la población el alimento más importante en su dieta. Donde la pobreza es más aguda la tortilla es el alimento principal, casi único.
El consumo de tortilla es parte sustancial de la dieta de los mexicanos, se consumen diariamente alrededor de 325 gramos per cápita de este alimento, y en zonas rurales provee cerca del 70 por ciento del total de calorías y el 50 por ciento de las proteínas.
Quinta. Como legisladores se tiene el compromiso moral en pro de la buena salud, pero si bien el combate a la desnutrición es una necesidad ética, una razón moral no es suficiente: se considera que se necesitan reformas eficientes y eficaces. Es un imperativo ético no sólo el hacer lo correcto, es decir combatir la desnutrición, sino también hacerlo correctamente.
Sexta. Si bien las tortillas fortificadas existen desde hace años, y en México se han hecho por supuesto muchos estudios e iniciativas impulsando el uso de tortillas como medios para llevar nutrientes a los más necesitados. El problema estriba en cómo se fabrican las tortillas en el país.
Séptima. Con lo que respecta en específico a la iniciativa, es preciso señalar que actualmente se tiene contemplado en la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, que todas las harinas industrializadas de trigo y maíz deben de ser fortificadas. Uno de los objetivos de esta norma es:
1.3. Esta Norma Oficial Mexicana establece los nutrimentos que se deben adicionar y restituir en las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado y su nivel de adición, exceptuándose las utilizadas para: frituras, como texturizantes o espesantes y base para harinas preparadas.
Se menciona también las especificaciones que deben contener algunos productos como:
5.2.2.7. Especificaciones nutrimentales
i) Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación.
ii) Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser adicionadas con los siguientes nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación.
...
Es por ello necesario igualar los términos, para que de esta manera se de mayor certeza jurídica en el artículo, es por ello que el termino de “masa de maíz nixtamalizada” sea homologado como la NOM-247-SSA1-2008 la cual lo define como “maíz nixtamalizado o nixtamal”
Iniciativa
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz y de masa de maíz nixtamalizada, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Propuesta de modificación
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como de las de masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Octava. Los integrantes de esta comisión consideran viable dicha iniciativa con la modificación de homologar términos con la NOM-247-SSA1-2008, ya que se muestra sin duda como una estrategia de impacto sustancial con el objetivo principal de Prevenir y proteger a la población de zonas marginadas con riesgo a la desnutrición.
Es por ello necesario garantizar la fortificación desde las materias primas como lo es el maíz nixtamalizado o nixtamal, para que desde sus procesos primarios se cuente con la fortificación, y finalmente estos nutrientes se encuentren en el producto consumible final.
Asimismo, se propone necesario también que dentro de los transitorios se agregue que se emita una Norma Oficial Mexicana correspondiente o adecuaciones a la ya existentes, para que se cumpla en un plazo no mayor a 300 días naturales, y no de 180 días como se propone, debido a que una norma oficial incluye procedimientos que no se cubrirían en 180 días.
En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada
Artículo Único.Se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
I. a VI. ...
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y maíz; así como de las de masa de maíz nixtamalizado o nixtamal, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
VIII. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaria de Salud deberá emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente, o en su caso, hacer las adecuaciones pertinentes a las ya existentes, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto en un plazo no mayor a 300 días naturales.
Palacio Legislativo, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica en abstención), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga, Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Cristina Díaz Salazar, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros legisladores. Esta iniciativa por la cual se modifica el artículo 115 de la Ley General de Salud, a efecto de enriquecer y fortalecer con micronutrientes la masa de maíz nixtamalizada, tiene como origen que desde 1928 la industria harinera de maíz acordó voluntariamente, con el gobierno federal, realizar acciones de enriquecimiento nutricional a la harina producida en paquete por esta industria. Esto se volvió obligatorio al quedar plasmado en la Ley General de Salud.
En las zonas rurales o urbanas marginadas es donde más se requiere el beneficio de una tortilla fortificada. Por ello el objeto de complementar la alimentación de la población, a través de la tortilla, nos obliga a fortificar la totalidad del producto final elaborado, y dentro de esto está la tortilla producto de los molinos de maíz nixtamalizado. Es por esto que, complementándose esta acción con los programas de apoyo a la tortilla que brinda el gobierno, puede subsidiarse sin aumentar el precio de las tortillas.
Les dejo, compañeros, como dato, que el dar estos micronutrientes por tonelada sería de 100 pesos, realmente no impactaría. Y por kilo de tortilla 10 centavos, contando con el apoyo de los programas de Promasa y las tortillas y alguna maquinaria también que es subsidiada a estos molinos por Pymes. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Esta iniciativa ha sido integrada y participada por todos los grupos legislativos que representa la Comisión de Salud. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y lo particular, los siguientes diputados: en pro del dictamen el diputado Sergio Tolento Hernández y el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez. Tiene el uso de la palabra el primero de los mencionados, hasta por tres minutos.
El diputado Sergio Tolento Hernández: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el maíz que se consume en México principalmente es en forma de tortilla, y es considerado como un alimento básico en la dieta diaria de la población en todos los estratos sociales.
Desde el punto de vista nutricional, en una dieta equilibrada se debe de incluir del 55 al 65 por ciento de hidratos de carbono, del 10 al 15 por ciento de materia proteica, entre un 25 a un 35 por ciento de materia grasa. Pues bien, la tortilla aporta una cantidad importante de esos nutrientes en la dieta de la población consumidora, por lo que se considera un alimento de excelente calidad.
México es el principal consumidor de tortilla en el mundo. Se estima que es consumida por el 94 por ciento de la población, por lo que el volumen de producción y consumo es cercano a los 12 millones de toneladas de tortillas por año, lo que representa un porcentaje importante entre los productos alimenticios y comercializados en el país.
Cabe también señalar que es un alimento de suma importancia en la alimentación de diversos países de Centroamérica. La palabra nixtamalización se deriva del náhuatl nextli, que significa cenizas o cal, y tamalli, que quiere decir masa de maíz.
El dictamen que fue aprobado por la Comisión de Salud de esta Cámara tiene como objetivo reformar la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud, para dejar a cargo de la Secretaría la facultad de indicar los nutrientes y las cantidades que deberán de incluirse en la fortificación de la masa del maíz nixtamalizada, a fin de lograr su enriquecimiento nutricional.
Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen, porque complementa el conjunto de acciones que el Ejecutivo federal ha realizado a favor de la gobernanza en materia de nutrición. Como ejemplo queda la publicación de la norma 247 de 2008 durante la presente administración y a la que se hace referencia en la consideración octava del dictamen que se comenta.
Votaremos a favor de este dictamen, actuando en concordancia con el precepto de la Ley General de Salud, que establece como materia de salubridad general a la prevención, la orientación, el control y vigilancia en materia de nutrición y, asimismo, guiados por la convicción de que un pueblo bien alimentado es un pueblo sano, productivo y capaz de hacer realidad todos sus proyectos, y que una niñez bien alimentada representada un futuro prometedor para nuestra nación, es por eso que votaremos a favor del dictamen. Es cuanto, compañeros. Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Invito al señor diputado Gerardo Verver y Vargas a hacer uso de la tribuna.
Entre tanto, saludo a 40 ciudadanos de los municipios de Tizayuca y Villa Tezontepec, del estado de Hidalgo, invitados por nuestra compañera diputada Paula Hernández Olmos. Sean ustedes muy bienvenidos.
No está el orador. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Saludamos a los alumnos del Colegio Moderno Tepeyac, de la colonia San Mateo Nopala, en Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga. Sean ustedes muy bienvenidos.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señores diputados, quedan 30 segundos para emitir el voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido un total de 368 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular, por 368 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Honorable Asamblea:
La Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 28 de octubre de 2010, la diputada María Cristina Díaz Salazar integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
2. Con la misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
Considerar al Instituto de Geriatría como Instituto Nacional de Salud.
Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias;
II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares;
III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición;
IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;
V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;
V Bis. Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;
VI. Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;
VII. Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;
VIII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;
VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación;
IX. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;
X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y
XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.
Iniciativa
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a IX. ...
IX Bis. Instituto Nacional de Geriatría
X. ...
XI. ...
III. Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
Segunda. En México desde el siglo XX hasta estos días, se han venido originando grandes cambios demográficos; entre éstos destaca el inicio del proceso de envejecimiento demográfico que se expresa como un incremento relativo y absoluto de la población en edades avanzadas.
Actualmente es un país de jóvenes, donde 50 por ciento de la población tiene 22 años o menos; no obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y brindar atención a los principales problemas de las personas adultas mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de población en los años por venir.
Tercera. El 28 de julio de 2008, se emitió el decreto que creó el Instituto de Geriatría, por lo que al ser un problema nacional, el beneficio en la creación fue y es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores, en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y social, fomentando la creación y capacitación de recursos humanos en geriatría, así como la implantación de programas y cursos especializados para los adultos mayores de todo nuestro país.
Cuarta. Dentro de la exposición de motivos la promovente se apoya en el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores, al mostrarse de acuerdo en promover una cultura del envejecimiento, a fin de que se valore y reconozca la dignidad de los adultos mayores, y con ello combatir la discriminación, segregación y desprecio que aún están presentes en el país.
Es por ello que esta reforma es un gran paso en pro de este grupo poblacional vulnerable, ya que propone considerar al Instituto de Geriatría como Instituto Nacional de Salud, los integrantes de esta comisión consideramos necesario dar los medios para que hacer crecer la infraestructura y personal médico especializados en enfermedades de la vejez, que la atención medica este dirigida a las enfermedades crónico degenerativas, incapacitantes y psicológicas especializadas en las personas mayores de 60 años.
Quinta. Con respecto a la adición de la fracción IX Bis artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es necesario mencionar que, los integrantes de esta comisión, aprueban dicha propuesta, se considera importante que el instituto de Geriatría pase a ser Instituto Nacional de Salud, como un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el Sector Salud, es importante señalar que al ser considerado instituto nacional es importante que al dedicarse a la investigación científica en el campo de la salud, y a la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, se destinen en especifico para los cuidados del adulto mayor, es por ello que se propone la siguiente modificación:
Iniciativa
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a IX. ...
IX Bis. Instituto Nacional de Geriatría
X. ...
XI. ...
Propuesta de modificación
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
I. a IV. ...
IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;
V. a XI. ...
Sexta. Es menester señalar que en la reforma que se pretende en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, se debe notar que cada instituto tiene funciones en especifico reflejas en el articulo 7o. en adelante, y es fundamental que se especifiquen las funciones en especifico, tal y como establecen los demás Institutos Nacionales de Salud. Sin embargo el artículo 6 de Ley de institutos Nacionales de Salud, establece las funciones en general que deben cubrir estos, a pesar de que únicamente son aplicables al Instituto de Geriatría son de las fracciones I a VI y IX a XIV, es de gran utilidad establecer funciones mas especificas, es por ello que al ya estar establecido el Instituto de Geriatría se pueden tomar en cuenta, algunas funciones que pueden ser aplicables al Instituto Nacional de Geriatría.
1. En el decreto de creación del Instituto de Geriatría, se señalaron las siguientes funciones:
I. Fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en materia de geriatría y en aquellas complementarias y de apoyo, mediante la creación e implementación de programas y cursos especializados;
II. Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones en materia geriátrica;
III. Apoyar a la Secretaría de Salud en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;
IV. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas relacionados con su objeto;
V. Difundir y publicar los estudios e investigaciones que en materia de geriatría elabore, así como de aquellas materias afines o complementarias a ésta;
VI. Llevar a cabo el intercambio de estudios científicos, de carácter nacional e internacional, a través de la celebración de reuniones, eventos y convenios con instituciones afines, y
VII. Desarrollar las demás actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el presente Decreto y demás disposiciones jurídicas aplicables.
2. Es trascendental que dichas funciones sean tomadas en cuenta, debido a que ya como Instituto Nacional de Salud, en su carácter de coordinador de sector geriátrico, debe seguir elaborando y ejecutando programas anuales, sectoriales y especiales así como la concertación de acciones con los diversos sectores tanto sociales como privados, con la finalidad de ocupar la estructura ya establecida.
3. Asimismo, se considera que otra función que lleva a cabo y debe seguir al ser Instituto Nacional de Salud es la de fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en materia de geriatría y en aquellas complementarias y de apoyo, mediante la creación e implementación de programas y cursos especializados, con la finalidad de seguir formando especialistas en la materia.
4. Al ser un Instituto Nacional debe de dejar de ser un órgano únicamente de consulta, y sería más adecuado que se convierta en un Instituto Nacional de Referencia que tenga que ver con estudios sobre el envejecimiento y sus aplicaciones.
5. Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente adición:
Artículo 7 Ter.El Instituto Nacional de Geriatría tendrá, además de las funciones señaladas en las fracciones I a VI y IX a XIV del artículo 6 de esta Ley, las siguientes:
I.Apoyar a la Secretaría, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;
II.Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico y tratamiento; y
III.Ser el Centro Nacional de Referencia para asuntos relacionados con estudios sobre el envejecimiento poblacional y sus aplicaciones.
Octava. Es preciso señalar en los transitorios que se sugiere que en cuanto a la creación del Instituto Nacional de Geriatría, deba sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente el Instituto de Geriatría, es necesario que sea paulatinamente esto con la finalidad que exista un equilibrio en cuanto a la atención que se quiere cubrir con el recurso con el que cuenta la institución. Además es importante que se establezca el Estatuto Orgánico, con el que se regirá, aunado a lo anterior en cuanto se aproveche la estructura actual, se tome en cuenta que la designación del director general, representante del Instituto Nacional de Geriatría, recaiga en el servidor público que a la fecha se encuentra en funciones, de igual manera que los cuatro vocales, se contemple, que durarán en el cargo por excepción el plazo de 2 años.
Asimismo es importante que se protejan las relaciones laborales con los trabajadores del Instituto Nacional de Geriatría, para que estos se sujeten al régimen laboral establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en el Apartado B del artículo 123 constitucional.
Y por último, es necesario que se contemple en los transitorios la abrogación del decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008, para de esta manera dar paso a la creación del Instituto Nacional de Geriatría.
Novena. De esta manera, como integrantes de la comisión de Salud, comprometidos con todos los grupos poblacionales de este país, consideramos que la iniciativa de modificar la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en sus artículos 5o. y 7o. Ter, es un trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo, esta iniciativa es necesaria y viable, debido a que tal y como lo menciona la promovente en la exposición de motivos el beneficio en la creación del Instituto Nacional de Geriatría es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores, en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y social, fomentando la creación y capacitación de recursos humanos en geriatría, así como la implementación de programas y cursos especializados para los adultos mayores de todo el país.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Salud se permite someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Artículo Único. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 5. ...
I. a IV. ...
IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;
V. a XI. ...
Artículo 7 Ter. El Instituto Nacional de Geriatría tendrá, además de las funciones señaladas en el artículo 6 de esta Ley, las siguientes:
I. Apoyar a la Secretaría, en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;
II. Fomentar la realización de proyectos de desarrollo de tecnología especializada, obteniendo con ello protocolos de innovación tecnológica en cuanto a la elaboración de medios de diagnóstico y tratamiento; y
III. Ser el Centro Nacional de Referencia para asuntos relacionados con estudios sobre el envejecimiento poblacional y sus aplicaciones.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.
Segundo. La creación del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, Instituto Nacional de Geriatría, deberá sujetarse a los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta actualmente el órgano desconcentrado Instituto de Geriatría.
Tercero. Las relaciones entre el Instituto Nacional de Geriatría y sus trabajadores, se sujetarán a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 constitucional.
Cuarto. Dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto, deberá celebrarse la sesión de instalación de la Junta de Gobierno, en la cual se deberá expedir su Estatuto Orgánico, y se podrá designar un director general.
Quinto. Las funciones a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 6 de la ley, se realizarán de manera paulatina por el Instituto Nacional de Geriatría, a partir de que cuente con los recursos humanos y financieros necesarios.
Sexto. En tanto se haga la designación del director general, la representación del Instituto Nacional de Geriatría, recaerá en el servidor público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, ocupa el cargo de director general del órgano desconcentrado creado por el decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008.
Séptimo. Por única vez dos de los cuatro vocales de la honorable Junta de Gobierno del Instituto durarán en su encargo 2 años.
Octavo. Se abroga el decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de julio de 2008.
La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho, Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), Olga Luz Espinoza Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Cristina Díaz Salazar, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, la creación del Instituto Nacional de Geriatría está avalado por las estadísticas que arrojan la prioridad a la salud de los adultos mayores, ya que en 30 años la pirámide de edad se invertirá y será un mayor número de personas adultas mayores, en relación a niños y jóvenes.
Estos cambios demográficos se consideran el mayor desafío al que se enfrenta el actual gobierno, trayendo enfermedades que provocarán crecientes costos de los servicios de salud, lo que representa un problema grande para la economía y los presupuestos públicos. Es por esto que se tienen el reto de ofrecer a los mayores de 60 años servicio de salud, alimentación, abrigo y vivienda, sobre todo a quienes están en condiciones de vulnerabilidad o desventaja social, y sobre todo debemos considerar la falta de infraestructura y personal médico especializado en enfermedades de la vejez.
El beneficio de la creación del Instituto Nacional de Geriatría es prevenir y tratar los problemas inherentes a los adultos mayores en relación a los padecimientos, discapacidades, invalidez física y fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en geriatría, así como la implementación de programas y cursos especializados en este tema.
Una vez más reconozco y agradezco la participación de todos los grupos legislativos representados en la Comisión de Salud, por haber confirmado su aval a esta iniciativa. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados: en pro el diputado Gerardo Fernández Noroña, el diputado Gerardo Verver y Vargas y la diputada Oralia López Hernández. Dispondrán hasta de tres minutos. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. Salvo honrosas excepciones, viendo la desatención general del pleno a estos temas estaba pensando no intervenir, pero ya se me está olvidando que hoy está en vivo en el Canal del Congreso, así es que le estamos hablando al pueblo de México y no a la mayoría de diputados, que les tiene sin cuidado lo que les pase a los adultos mayores en este país.
Dice un refrán que un país se conoce por cómo trata a sus niños y a sus ancianos. Y este país los trata a patadas, justifica como si fuera un problema de cada quien la situación en que se encuentran. De los niños es increíble, porque ellos qué culpa tienen para que anden en las esquinas limpiando parabrisas, echando fuego, haciendo literales malabares para ganarse la vida. Y los ancianos que deberían tener una pensión de por vida justa, digna, que les permitiera llegar al final de sus días con tranquilidad, no sólo no cuentan con ella sino que se vienen desmantelando todas las instituciones de seguridad social que había en el país.
Y se nos olvida, compañeros diputados, compañeras diputadas, que la mayoría pasaremos por ahí. Seremos, más temprano que tarde —a menos que se les ocurra otra cosa a nuestros opositores— adultos mayores en algún momento. Yo no sé si llegaré a ser adulto mayor, pero aspiro a ello y aspiraría a que todos los hombres y mujeres tuvieran una vejez tranquila y no es así.
Cuando Andrés Manuel López Obrador sacó la pensión alimenticia se le fueron encima con todo. Un apoyo muy modesto, pero están tan abandonados los adultos mayores que ha sido muy importante en el Distrito Federal. Y los gobiernos del PRI y del PAN lo han copiado y mal, de manera corporativa, después de decir populista y no sé cuántas cosas. La gente debería tener un buen empleo, un buen ingreso, prestaciones de ley plenas para que no tuviera que extender la mano para pedir ayuda de ningún programa social y, llegando a la vejez, con mayor razón.
Este instituto es un paso, pero no es suficiente. La verdad es que se vive un proceso de desigualdad, de injusticia, de simulación brutal donde los niños y los ancianos, las mujeres por supuesto, son quienes pagan la peor parte del costo de estas políticas canallas y criminales en contra de la población del país. Yo apoyo esta iniciativa aunque está claro que es evidentemente insuficiente. A los compañeros diputados y compañeras diputadas que me pusieron atención,debo reconocer que mejoró, les agradezco mucho la misma.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Me informan que el diputado Verver y Vargas Ramírez declina su participación, ¿es correcto? Bien. Tiene la palabra la diputada Oralia López Hernández.
La diputada Oralia López Hernández: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros. Sin duda alguna, uno de los sectores de la población que ha crecido rápidamente desde la década pasada es la de los adultos mayores. Dicha dinámica ha traído consecuencias económicas, sociales y culturales que a su vez han implicado una serie de responsabilidades y compromisos tanto para el gobierno como para las instituciones y la sociedad en su conjunto.
Cabe señalar que parte de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano ha sido la implementación de políticas públicas y medidas legislativas, a fin de garantizar a las personas adultas mayores el pleno goce y ejercicio de sus derechos de salud, alimentación, trabajo, educación, participación, acceso a una vida de calidad, a una vida libre de violencia, por mencionar algunos.
En este contexto, parte de los avances más significativos han sido la publicación, en el año 2002, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus derechos, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Cabe resaltar que por disposición de la misma ley se dio lugar a una institución muy importante, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, organismo rector de la política nacional a favor de dicho sector, y cuyo objetivo ha sido coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estratégicas y los programas en la materia.
Otro gran avance ha sido la creación, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio del 2008, del Instituto de Geriatría, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, dotado de autonomía operativa, técnica y administrativa. El cual tiene por objeto coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, mediante acciones de desarrollo, fomento y promoción en materia de investigación y creación de recursos humanos en geriatría.
En este sentido, el dictamen que hoy se pone a la consideración de este pleno resulta de suma relevancia, ya que precisamente busca fortalecer una de las instituciones que resultan trascendentes para garantizar el derecho de salud de las personas adultas mayores: el Instituto de Geriatría, al buscar considerarlo como instituto nacional de salud. Es decir, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado al Sector Salud, agrupado al sector social.
Considero pertinente señalar que los institutos nacionales de salud con los que hasta el momento cuenta, tienen un ámbito de acción que comprende todo el territorio nacional y a su vez tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación, la capacitación de recursos humanos calificados y la prestaciones de servicios de atención médica de alta especialidad para este sector tan importante de nuestra sociedad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta presidencia da la más cordial bienvenida a vecinos de la colonia Jardines de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por el diputado José Alfredo Torres Huitrón.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 365 votos a favor, 2 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular, por 365 votos, el proyecto de decreto que adiciona una fracción IV Bis al artículo 5 y el artículo 7 Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 29 de abril de 2011, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 Bis de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente (expediente número 4839).
Contenido de la iniciativa
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo señala en la exposición de motivos de la iniciativa la discriminación a que están sometidas las personas que padecen acondroplasia (talla pequeña), y propone mecanismos jurídicos y programas sociales que eleven su calidad de vida.
Estas medidas, comenta, incluyen crear y acondicionar espacios públicos, la adaptación de medios de transporte y vivienda.
La iniciativa propone adicionar
Artículo 13 Bis. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con acondroplasia:
I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;
II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;
III. Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y fomento a la integración laboral;
IV. Crear espacios de recreación adecuados;
V. Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general;
VI. Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público tengan adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, y uso; y
VII. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles.
Derivado del análisis de la iniciativa de mérito, esta comisión formula las siguientes
Consideraciones
Los integrantes de la comisión compartimos la preocupación de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo para atender y brindar opciones de solución a la discriminación e iniquidad a que se ven sometidas las personas con acondroplasia, toda vez que el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional se refiere a la prohibición de cualquier tipo de discriminación, señalando específicamente, entre otras causas, la discapacidad.
De conformidad con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (en actual revisión), la acondroplasia es considerada una discapacidad.
En este sentido, la ley federal en comento, en el capítulo III, “Medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades”, considera en el artículo 13 el caso de las personas con discapacidad.
Asimismo, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, tiene por objeto reglamentar lo señalado en el artículo 1o. constitucional en la materia, “estableciendo las condiciones en que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.
En virtud de la reciente publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que podrá observarse fue promulgada en fecha posterior a la presentación de la iniciativa motivo de este dictamen (30 de mayo de 2011), esta comisión considera que la adición propuesta está incluida en la norma general citada que, con la ley objeto de modificación en la iniciativa de mérito, contiene medidas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación alguna.
Sin embargo, en la investigación que llevó a cabo esta dictaminadora, tanto en organismos públicos como en privados, es evidente que la situación de la acondroplasia en el país aún no se encuentra debidamente estudiada, sistematizada y atendida, por lo que una de las estrategias más efectivas para abatir la discriminación es hacer notorias las condiciones reales de existencia de los grupos que la padecen, quienes son relegados y objeto de mofa.
La comisión dictaminadora reitera y comparte con la diputada Gastélum Bajo el compromiso para promover acciones que coadyuven a eliminar la discriminación en el país, considerando que la discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un grupo humano determinado y que una de sus manifestaciones es privar a un grupo social de los mismos derechos que el resto de la población. Es labor del Poder Legislativo enriquecer las normas para hacerlas cada vez más inclusivas y explícitas, se acuerda tomar la intención y el espíritu de la iniciativa original e incluir la talla como una de las causas comunes de discriminación.
Por lo expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de la asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación
Único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
Artículo 4o. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
(...)
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica, con las observaciones hechas en la reunión), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No hay proponente de esta reforma. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular las diputadas Claudia Edith Anaya Mota y Aranzazú Quintana Padilla, en pro del dictamen. Tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota hasta por tres minutos. No se encuentra en la sala. Tiene la palabra la diputada Aránzazu Quintana Padilla.
La diputada Aránzazu Quintana Padilla: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que hoy discutimos busca promover acciones que coadyuven a eliminar la discriminación en el país, en especial la discriminación de la que son objeto las personas con acondroplasia o talla pequeña.
La acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento óseo, que es evidente desde el nacimiento. Es el más común de un grupo de defectos de crecimiento que se caracteriza por la anormalidad en las proporciones del cuerpo. Las personas afectadas tienen brazos y piernas muy cortos, mientras que el tronco tiene un tamaño casi normal.
Con la reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación que hoy votamos se pretende impedir que se anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas de talla pequeña.
En ese sentido, la definición de persona con discapacidad prevista en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no contiene o enlista todos los tipos de discapacidades que existen. Tampoco particulariza beneficios para personas con determinado tipo de discapacidad. Más bien establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
Por ello la ley establece que, persona con discapacidad es toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.
El mismo ordenamiento prevé en su artículo 4 que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua o situación migratoria.
Según estos preceptos, se considera que la definición de persona con discapacidad incluye a las personas con acondroplasia, o talla pequeña, de acuerdo con la ley los derechos que establece la misma deben ser reconocidos para este grupo de población, toda vez que son personas con una discapacidad física permanente.
Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con las personas con discapacidad. Continuamos impulsando las medidas que les permitan acceder a mejores condiciones de vida. Construyamos un marco jurídico inclusivo. Los invitamos a votar a favor de este dictamen que hoy presenta la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias.
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Diva Gastélum, ¿para qué efectos?
La diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Para que usted lo considere, como iniciadora de esta propuesta, cuando usted lo considere, quisiera hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No se registró, diputada, en la lista de oradores; en consecuencia no puedo darle el uso de la palabra porque hay un Reglamento que rige el debate de cada una de las reformas o leyes integralmente consideradas para tales efectos. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a invitados del municipio de San Felipe del Progreso, estado de México, a invitación del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. Y hace lo mismo con estudiantes del Instituto Rudyard Kipling, invitados por la diputada María Teresa Ochoa Mejía.
Esta Presidencia saluda a integrantes del Instituto Educativo y Cultural Hermano Ernesto Montañez Cendejas, que han sido invitados por varios diputados del estado de México. Los acompaña el hermano Bulmaro García Sánchez, el licenciado Antonio Aguilar Villasana y el licenciado Juan José Freire Dueñez. Sean ustedes bienvenidos.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema de votación.
Señor presidente, se han emitido un total de 352 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular, por 352 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados dictaminando de forma única, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVIII, 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, 84, 85, 176, 177, 180, 182, 183, 187, 188, 190 y 191 demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:
De la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Antecedentes
1. El día 28 de febrero de2008 fue presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el diputado Obdulio Ávila Mayo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2. Con fecha 28 de febrero de dos mil ocho la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la turno para su análisis y dictamen a la Comisión de la Función Pública bajo el número de expediente número 3431.
3. La iniciativa pretende, en lo dicho por el iniciante: “volver eficiente y eficaz el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades, y atender los principios de legalidad y seguridad jurídica a que debe de apegarse el mismo para brindar de este modo la certeza jurídica que debe prevalecer en este tipo de procedimientos”.
4. Señala que “es por la importancia de que en la actualidad los ordenamientos que emanan de nuestra Ley Suprema, cumplan y se sujeten a los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, con la finalidad de que los gobernados tengan la certeza de que existen los instrumentos legales que permiten la impartición de justicia”.
5. Asimismo señala que, “la Ley Federal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, tiene como finalidad fijar las diversas hipótesis jurídicas en las que se puede encontrar un servidor público y el procedimiento administrativo al que se sujetara en el supuesto de que incurra en algún supuesto normativo que regule dicha Ley, en consecuencia, es relevante que como todo ordenamiento normativo, cuente con principios legales sólidos, que permitan su correcta aplicación y sobre todo que no dejen en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, a los servidores públicos”.
6.Tomando en cuenta lo anterior el iniciante considera importante que “la ley, salvaguarde lo establecido en el artículo 113 constitucional y que no transgreda de ninguna manera los principios que este artículo consagra”, señala que “en el caso concreto del artículo 37, antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se distingue que dicho artículo contiene una incompatibilidad con los principios contenidos en el artículo 113 constitucional en relación con los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, ya que el artículo 37 de la LFRASP contempla en su párrafo sexto, que en el supuesto de que un servidor público no presente la declaración de situación patrimonial por conclusión de su encargo, será inhabilitado por un año, desprendiéndose claramente de que se deja en estado de indefensión al servidor público, y que el procedimiento administrativo deja de cumplir su función primordial que es de otorgar legalidad y seguridad jurídica al gobernado, ya que al ser una sanción fija, ésta no permite al órgano sancionador tomar en cuenta las particularidades, excepciones o justificaciones de cada supuesto”.
7. En consecuencia, manifiesta que “es relevante que el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establezca las condiciones de hecho que tendrá que tomar en cuenta el sancionador para imponer la infracción, para que esta deje de ser una imposición legal que deja a un lado los derechos constitucionales del servidor público, en ese sentido es de destacar, que la presente iniciativa pretende dotar de elementos de juicio a la autoridad sancionadora, con el objeto de que la sanción no sea rígida y contemple las peculiaridades de cada caso, para lo cual prevé introducir supuestos de análisis para la fijación de la sanción, como lo son la omisión de presentar declaración de conclusión por un servidor público que no ha sido sancionado anteriormente, en este supuesto se pretende que la autoridad una vez consideradas las especificaciones anteriores, cuente con elementos para sancionar al infractor con una sanción administrativa que iría de 6 a 12 meses de inhabilitación, además de que es importante que contemple, que tratándose de un servidor público reincidente, la sanción será no menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año...”
8. En síntesis, el iniciante considera necesaria la reforma al artículo 37 de la LFRASP, estableciendo que la sanción administrativa tendrá un rango mínimo de seis meses y máximo de un año, y sólo el rango mínimo será de nueve meses, para el caso de los servidores públicos reincidentes.
Consideraciones
Primera. La iniciativa de merito, tiene por objeto establecer los parámetros mínimo y máximo de la sanción de inhabilitación que se imponga por la omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial de conclusión del encargo de un servidor público, así como prever una sanción mínima y máxima para los casos de reincidencia, en la omisión de la presentación de dicha declaración.
Segunda. Para tales efectos se reformaría el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) en los siguientes términos:
“Artículo 37. ...
I. ...
II. ...
III. ...
...
...
...
...
Para el caso de omisión, sin causa justificada en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de seis meses a un año. Si el infractor fuese reincidente, se impondrá una inhabilitación que no será menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año.
...
...”
Tercera. En ese sentido, la reincidencia forma parte de los elementos que se tomarán en cuenta al momento de imponer las sanciones administrativas de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, y de acuerdo con ese precepto legal se considerará como reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 del ordenamiento legal en cita, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras.
Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;
II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.
*Lo resaltado es nuestro
Cuarta. Proceden los integrantes de la Comisión de la Función Pública a estudiar los demás elementos que integran la Iniciativa, considerando que el texto actual del párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es contrario a la Constitución al disponer de una sanción “fija” sin considerar los elementos que revistieron a la conducta del servidor público.
Esto es así, ya que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las sanciones administrativas consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas mismas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
De la redacción del artículo constitucional citado, se desprende que al imponer la sanción, la autoridad está obligada a valorar las circunstancias particulares que existen en el caso y que le permitan graduar el quantum de la sanción, puesto que, aún y cuando el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se refiera a la omisión de la declaración de conclusión del encargo sin causa justificada, no se exime de observar los elementos previstos en el artículo 14 de la misma Ley al momento de imponer la Sanción Administrativa, sirviendo de apoyo los criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se citan:
Tesis I.7o.A.301 A con número de registro 181025 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XX del mes de Julio de 2004, Novena Época a foja 1799, que a la letra dice:
Responsabilidad administrativa de servidores públicos. Al resolver el procedimiento relativo, la autoridad debe buscar el equilibrio entre la conducta infractora y la sanción a imponer. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: I. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales.
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo directo 1217/2004. Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
Tesis I.4o.A.604 A con número de registro 170605 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXVI del mes de diciembre de 2007, novena época, a foja1812 que establece lo siguiente:
Responsabilidades de los servidores públicos. Para que se considere debidamente fundada y motivada la imposición de una sanción administrativa, la autoridad debe ponderar tanto los elementos objetivos como los subjetivos del caso concreto. Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su determinación.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Revisión fiscal 98/2007. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 8 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.
Quinta. Robusteciendo el sentido del dictamen, los integrantes de la Comisión de la Función Pública consideramos oportuna la reforma al sexto párrafo del artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, máxime que dentro de dicho artículo sí se establece parámetros para la imposición de sanciones, concretamente el último párrafo dice lo siguiente:
“Artículo 37. ...
...
El servidor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de la Ley, previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los efectos legales procedentes.”
Consideramos incongruente la redacción vigente del artículo 37 de la Ley de Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos, puesto que el sexto párrafo señala una sanción fija y el último párrafo contempla un parámetro de sanción mínima y máxima, respetando las garantías de legalidad y seguridad jurídica a que hace mención el artículo 113 Constitucional.
De igual forma, el artículo 13 de la Ley en comento establece que las sanciones por falta administrativa consistirán, entre otras, en “suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año”.
“Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I. Amonestación privada o pública;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;
III. Destitución del puesto;
IV. Sanción económica, e
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
...”
Del argumento anterior, podemos acreditar que la intención del legislador al momento de crear el cuerpo jurídico que regula la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos, fue establecer el procedimiento para que la sanción sea personal, tomando todos los elementos personales y externos que llevar a la conducta sancionada.
No obstante lo anterior, en lo que toca respecto a la falta o inexistencia de la garantía de audiencia a favor del servidor público, es importante reiterar que el artículo 21 de la Ley en estudio establece el procedimiento al cual deberá sujetarse la Secretaría o el Contralor Interno o el titular del área de responsabilidades al momento de intentar la imposición de sanciones, el cual en sus diversas fracciones garantiza tanto la audiencia del servidor, como el procedimiento.
En mérito de lo expuesto, la Comisión Dictaminadora, con base en las consideraciones anteriores y al analizar la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los integrantes de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo Único. Se reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 37. ...
I. a III. ...
...
...
...
...
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor de seis meses a un año. Si el infractor fuese reincidente, se impondrá una inhabilitación que no será menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder del plazo máximo de un año.
...
...
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 15 de junio de 2011.
La Comisión de la Función Pública, diputados: Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente; Patricio Chirinos del Ángel (rúbrica), Josué Cirino Valdés Huezo (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Juan Carlos López Fernández, secretarios; Janet Graciela González Tostado, Agustín Guerrero Castillo, Sergio Lobato García (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Pedro Peralta Rivas (rúbrica), Ivideliza Reyes Hernández, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Fausto Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Esthela Damián Peralta (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María de Jesús Mendoza Sánchez, Josefina Rodarte Ayala (rúbrica), Héctor Pedroza Jiménez (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Pablo Escudero Morales para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, presidente. Solo ocuparé unos cuantos minutos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 37, contempla una sanción fija, una sanción de una inhabilitación por un año para aquel servidor público que omita presentar en tiempo su declaración patrimonial.
Sin duda esta disposición es contraria a los preceptos constitucionales, en específico al 113 constitucional, donde se ordena una disposición distinta. Donde se ordena que se tienen que hacer algunas otras valoraciones para poder imponer esta sanción. Por lo anterior, es evidente que esta fracción tiene un vicio de constitucionalidad, y eso es lo que estamos arreglando en este dictamen.
Más aún, si revisáramos a detalle la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, encontraremos que en su artículo 14 tiene casi este mismo precepto constitucional donde ordena que hay que tener, hay que revisar algunas otras consideraciones como la gravedad de la conducta, el nivel jerárquico, las condiciones exteriores y la reincidencia.
Por eso hemos corregido esta ley poniendo una gradualidad de seis meses hasta un año, y en caso de reincidencia, de nueve meses a un año para que pueda tener la autoridad un parámetro, para que pueda la autoridad cumplir con los preceptos constitucionales y que en estos asuntos, que están siendo litigados por los servidores públicos, no se caigan ante el Tribunal correspondiente. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: la diputada Estela Damián Peralta y el diputado Enrique Torres Delgado, a favor. Tiene la palabra la diputada Esthela Damián Peralta.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, ¿me puede registrar a favor?
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No, no los puedo registrar a favor, porque no lo hicieron en el momento en que se inició la discusión.
La diputada Esthela Damián Peralta: Con su venia, diputado presidente. En el dictamen que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos pretende volver eficiente y eficaz el procedimiento administrativo en materia de responsabilidades, y atender los principios de legalidad y seguridad jurídica a que debe apegarse el mismo para brindar de este modo la certeza jurídica que debe prevalecer en todos estos procedimientos.
Por otro lado, la importancia es de que los ordenamientos que emanan actualmente de nuestra Ley Suprema cumplan y se sujeten a los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, con la finalidad de que los gobernados tengan la certeza de que existen los instrumentos legales que permitan la impartición de justicia.
Es relevante que, como todo ordenamiento normativo, cuente con principios legales sólidos que permitan su correcta aplicación y, sobre todo, que no dejen en estado de indefensión o incertidumbre jurídica a los servidores públicos. Por lo que nuestro grupo parlamentario votará a favor. No abundaré sobre el fondo de la iniciativa, fue expuesta de manera puntual y específica por el diputado presidente de esta Comisión. Por eso invito a mis compañeros de esta Legislatura a pronunciarse a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Enrique Torres Delgado.
El diputado Enrique Torres Delgado: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, distinguidos señores y señoras diputadas, desde esta alta tribuna de la Cámara de Diputados se han discutido dictámenes como el que hoy me trae ante ustedes, con la finalidad de perfeccionar la rendición de cuentas y la transparencia que sin lugar a dudas son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Y es justamente este gobierno democrático el que desde un principio ha reconocido que la transparencia abre la información al escrutinio público, para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y en su caso utilizarla como mecanismo para sancionar, además de abrir canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.
Es por ello, señores legisladores, que la aprobación de este dictamen sentará un precedente positivo pues manifiesta nuestro compromiso, como legisladores, de actualizar disposiciones que no se prevén con exactitud en algunos ordenamientos normativos, como ocurre con el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Este dictamen busca establecer con claridad, y en armonía con nuestra propia Constitución, los parámetros mínimos y máximos de la sanción de inhabilitación que se imponga por la omisión sin causa justificada, en la presentación de la declaración de situación patrimonial de conclusión del encargo de un servidor público, estableciendo la respectiva sanción que va de nueve meses hasta un año para los casos de reincidencia.
Actualmente, el artículo 37 contiene una incompatibilidad con los principios contenidos en el artículo 113 constitucional, en relación con los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, ya que en el supuesto de que un servidor público no presente la declaración de situación patrimonial por conclusión de su encargo será inhabilitado por un año, desprendiéndose claramente que se le deja en estado de indefensión, ya que al establecer una sanción fija ésta no permite al órgano sancionador tomar en cuenta las particularidades, excepciones o justificaciones de cada supuesto.
Es por ello, señores legisladores, que espero aprobemos este dictamen para cubrir esta laguna, misma que ya habían advertido los tribunales administrativos al declarar a este mismo párrafo sexto del artículo 37 como inconstitucional, aludiendo a la falta de los principios constitucionales consagrados en los artículos 14, 16 y 113 de nuestra Carta Magna.
Finalmente, señores legisladores, estoy seguro que esta reforma, además de brindar mayor certeza jurídica para los servidores públicos, propicia y favorece el acceso a la información pública, la cual contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en una mayor calidad de la democracia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se le consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a vecinos de la colonia Cuauhtémoc y de la colonia Popular, del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, invitados por el diputado Noé Martín Vázquez Pérez.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Está abierto el sistema, señores diputados. Señores diputados, vamos a proceder a cerrar el tablero electrónico, favor de emitir su voto. Está abierto el tablero, señoras diputadas, adelante, diputados. Ciérrese el sistema electrónico.
Señor presidente, tenemos 346 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular, por 346 votos, el proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación, le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para establecer como fecha solemne nacional el día 2 de octubre.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen basándose en los siguientes:
Antecedentes
1. Con fecha 19 de abril del 2007, el senador Pablo Gómez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona con un párrafo el artículo el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para establecer como fecha solemne nacional el día 2 de octubre.
2. En esa misma fecha, 19 de abril del 2007, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.
3. El día 4 de diciembre del 2008, el pleno de la Cámara de Diputados recibió la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo tercero, y se recorren los actuales décimo tercero y décimo cuarto para quedar como décimo cuarto y décimo quinto, respectivamente, al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, turnándola a la Comisión de Gobernación para su estudio y análisis correspondiente.
Contenido de la minuta
A) Objeto de la iniciativa.
1. De la lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de la colegisladora, se desprende que el objetivo de la iniciativa es proponer que el Congreso de la Unión declare al 2 de octubre como día solemne para toda la nación, modificando el texto del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para efecto de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del mismo ordenamiento, sea izada la Bandera Nacional a media asta en señal de duelo, en escuelas y edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México.
2. Los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco de la ciudad de México, en los cuales un número significativo de ciudadanos, en su mayoría estudiantes, que participaban en una manifestación política resultaron muertos, heridos o detenidos por efectivos militares mediante el uso indiscriminado de la fuerza, han pasado a formar parte de la memoria histórica cotidiana de nuestro país, reproduciéndose de generación en generación como conocimiento tradicional.
3. En la conciencia colectiva de los mexicanos ha quedado plasmado el rechazo a la violencia como método para dirimir los conflictos políticos, sobre todo la que proviene del Estado, lo que queda patente año con año. Por ello, considera el iniciador que es preciso que el propio Estado asuma el día 2 de octubre como una conmemoración oficial representativa del repudio nacional a la violencia.
4. Aprecia la iniciativa al 2 de octubre como una fecha de duelo nacional que debe ser institucionalizada como solemne y que sirva además como un recordatorio permanente de lo que no debe volver a ocurrir en nuestro país.
B) Consideraciones de la Colegisladora.
1. Los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, forman parte del conocimiento tradicional mexicano, que se reproduce a través de las subsecuentes generaciones de mexicanos cada vez con mayor certeza respecto de lo sucedido.
2. Se trata de hechos históricos que se reconocen como símbolo que recuerda lo que no debe volver a suceder en el camino que cotidianamente trazamos para alcanzar un sistema político, económico y social efectivamente democrático.
3. Es un hecho público y notorio la persistente memoria que la sociedad mexicana guarda de los hechos del 2 de octubre de 1968; memoria que se expresa con la realización de diversos actos políticos, sociales y culturales en muy distintos foros, cada vez que se cumple un aniversario de los mismos o por su constante referencia habitual por analistas, intelectuales, escritores y otros formadores de opinión pública, así como el ciudadano común: Lo anterior obedece a la apertura del sistema político hacia el respeto creciente de las libertades ciudadanas, sobre todo las de expresión y opinión pública política, apertura que es sin duda consecuencia de las movilizaciones sociales de aquellos años.
4. Por lo anterior, es necesario otorgar al movimiento estudiantil del 68, un reconocimiento oficial por parte del Estado mexicano de su responsabilidad en una acción de ejercicio desmesurado de su fuerza represiva.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes.
Consideraciones
1. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria.
2. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo Mexicano en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos que han formado nuestra identidad como mexicanos.
3. El Himno, la Bandera y el Escudo Nacionales, son la síntesis de nuestra conciencia nacional; expresan nuestras coincidencias y a través de ellos nos reconocemos como una comunidad política, además de constituir lecciones permanentes y objetivas de educación cívica, política e histórica.
4. La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, tiene por objeto regular las características, difusión y uso de nuestros símbolos patrios, con el propósito de que sean respetados a cabalidad.
5. El artículo 15 de la citada Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales establece la obligación de las escuelas, templos, edificios públicos, sede de representaciones diplomáticas y consulares de México de izar la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, en las fechas declaradas solemnes para la nación.
Artículo 15. En las fechas declaradas solemnes para toda la nación, deberá izarse la Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o duelo, respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de México. Todas las naves aéreas y marítimas mexicanas, portarán la Bandera Nacional y la usarán conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables.
Las autoridades educativas federales, estatales y municipales, dispondrán que en las instituciones de enseñanza elemental, media y superior, se rindan honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de labores escolares o a una hora determinada en ese día durante la mañana, así como al inicio y fin de cursos.
6. El artículo 18 del mencionado ordenamiento enuncia las fechas declaradas como solemnes para toda la nación y en las que la Bandera Nacional debe izarse a toda asta si se trata de acontecimientos festivos o a media asta si se trata de conmemoraciones luctuosas.
7. El 2 de octubre de 1968, constituye un pasaje desafortunado en la historia de México y ampliamente conocido por la sociedad, que representa la consecuencia necesaria de una sociedad civil más activa y de actitud crítica, indispensable para la construcción del sistema democrático que se anhela.
8. Como lo señala la colegisladora, dicho suceso no debe quedar sólo en la memoria de sus protagonistas. Esta Comisión coincide con el objeto de la minuta del presente dictamen, en aras de reconocer que el movimiento estudiantil sintetiza la lucha de lo nuevo, de una nueva clase política contra la vieja sociedad. Sin el movimiento estudiantil de 1968, no sería explicable la reforma política de 1977 con la que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro electoral y gracias a esto se fortaleció el sistema democrático.
9. Más allá de recordar el 2 de octubre como una fecha lamentable, debe ser una fecha de homenaje en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas, debe ser recordado como una lucha de libertad que no responde a intereses partidistas o de grupo. Tal hecho histórico tiene que ser reconocido y recordado como una transición política de la libertad democrática que tuvo auge para el bienestar de las generaciones futuras.
10. El triste suceso ha quedado sin duda en la memoria de todos los mexicanos, pero merece quedar plasmado en nuestra ley con el respeto que como sociedad debemos a la memoria de las personas que lucharon por la democracia, motivo por el cual esta Comisión considera pertinente la reforma planteada en la minuta materia del presente dictamen.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se adiciona la fecha “2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968” al inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Artículo Único. Se adiciona un párrafo décimo tercero, y se recorren los actuales décimo tercero y décimo cuarto para quedar como décimo cuarto y décimo quinto, respectivamente, al artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo18. En los términos del artículo 15 de esta Ley, la Bandera Nacional deberá izarse:
a) (...)
b) A media asta en las siguientes fechas y conmemoraciones:
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2 de octubre:
Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968.
7 de octubre:
Conmemoración del sacrificio del senador Belisario Domínguez, en 1913.
22 de diciembre:
Aniversario de la muerte de José María Morelos en 1815.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintiuno de septiembre de dos mil once.
La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Corral para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco a la Mesa Directiva la posibilidad de haber enlistado hasta el final este dictamen de la Comisión de Gobernación, lo que me permite poder ahora hacer, ante ustedes, la presentación formal, para efectos de fundamentación de este dictamen.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Comisión de Gobernación ha rescatado de la congeladora legislativa el dictamen que hoy ponemos a su consideración. Lo hacemos a partir de una conciencia histórica, la ineluctable trascendencia social y política que tuvo el movimiento estudiantil de 1968 en nuestro devenir democrático.
Por eso el dictamen propone que la bandera nacional se ice a media asta en señal de duelo, en todas las escuelas y edificios públicos de México el 2 de octubre, en memoria de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la lucha por la democracia.
También hemos impulsado este dictamen conscientes de que nuestras actuales Fuerzas Armadas no son ni herederas de aquella bestialidad ni deben asumirse como custodios del silencio, el olvido o la impunidad.
Que esta reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales debe ser un rescate nacional de la memoria sobre un hecho que nunca más debe repetirse. La historia entendida como legado común de los mexicanos, con sus claroscuros, con sus luminosidades, con sus bajos relieves y también con sus hechos vergonzosos.
El dictamen que hoy ponemos a su consideración es eso, un rescate común de la batalla permanente de la memoria frente al olvido. Y el 2 de octubre nunca se debe olvidar, como lo ha dicho Raúl Trejo Delarbre: “al 2 de octubre no lo olvidan, jamás podrán ni querrán hacerlo quienes tienen suficientes motivos para recordarlo con rabia, dolor, tristeza y también con orgullo”.
La noche de Tlatelolco es recordada por la generación que al ser víctima de la represión gubernamental tuvo la extraordinaria oportunidad de contribuir a la modernización de la sociedad y luego del Estado mexicanos. Después le llamaríamos transición democrática, pero esa modernización inacabada y contradictoria sería impensable sin el esfuerzo y el ejemplo pioneros de los estudiantes de 1968.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, al votar hoy a favor de este dictamen saldaremos una deuda histórica de homenaje patrio en la efeméride nacional y recuperaremos la memoria, así como la escribió y la canta Víctor Heredia: “Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento.
Por las anteriores razones, la Comisión de Gobernación, en mi nombre, les pide su voto a favor del dictamen; por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: en contra el diputado Ramón Jiménez López, en pro los diputados Víctor Manuel Castro Cosío, Pedro Vázquez González, Julián Francisco Velázquez y Llorente, Guadalupe Acosta Naranjo, Juan Enrique Ibarra Pedroza, César Octavio Pedroza Gaitán, Beatriz Paredes y Carlos Flores Rico. Al final del sexto orador preguntaré a la asamblea si considera o no suficientemente discutido el punto. También doña Laura Arizmendi en pro.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ya no puedo inscribirla porque ya se inició la discusión. Están inscritas estas personas y en el caso de Laura Arizmendi tampoco puedo inscribirla, porque se inició la discusión. Tiene la palabra en contra del dictamen el diputado Ramón Jiménez López.
El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, diputado presidente. Hay que recodar que el movimiento estudiantil de 1968, entre otras demandas, planteaba como fundamentales la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145 y 145 Bis, relativos a la disolución social y la desaparición del cuerpo de granaderos.
Diariamente en ese año salían a las calles centenares de brigadistas de los centros de estudio, tan sólo en la Vocacional 7, donde estudié, diariamente salían 60 brigadas, compuestas cada una de ellas por tres compañeros: uno para volantear, otro para botear y otro para hablar en los trolebuses o en los camiones.
El movimiento estudiantil contaba con la participación directa de jóvenes de las Prevocacionales del Politécnico, que eran los más pequeños. Este movimiento fue un movimiento auténtico a pesar de que el gobierno encabezado por Díaz Ordaz trataba de decir que recibían financiamiento del exterior.
Recuerdo claramente que muchos automovilistas, al pasar el bote, cooperaban hasta con 100 pesos. Era un movimiento autosuficiente, un movimiento genuino de las masas juveniles que caló hondo en la consciencia de millones de mexicanos.
Los niños en las calles jugaban, en lugar de vaqueros e indios, a granaderos y estudiantes. Este movimiento encontró la más amplia solidaridad de diversos sectores de la ciudadanía. Los locatarios daban comida diariamente a los estudiantes, los padres de familia acompañaban a sus hijos a las asambleas, los transeúntes o los automovilistas colaboraban desinteresadamente, igual que los usuarios de los autobuses.
La derecha de este gobierno, imponte de dar salida democrática a las justas demandas de los estudiantes, reprimió, canceló con ello la posibilidad de una salida democrática. Reprimió, encarceló, asesinó a lo largo de varias semanas a miles de jóvenes. Esta represión alcanzó el clímax precisamente el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas.
Nuestra plaza se empapó con sangre de jóvenes estudiantes, padres de familia, trabajadores y moradores de Tlatelolco. La prensa dijo en ese tiempo que sólo hubo 40 muertos. Falso. Posiblemente les faltó un cero por lo menos. Fueron centenares de muertos. Los que estuvimos la tarde-noche en la Plaza de las Tres Culturas, efectivamente no olvidaremos nunca la acción represora de este gobierno de derecha.
Pero quiero decir que la misma corriente de derecha que en 1968 reprimió a la juventud, estando en el gobierno el PRI, es la misma que hoy estando en el gobierno el PAN contabiliza más de 50 mil muertos, la mayoría de ellos jóvenes. Y, además, siete millones y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. Por eso decimos, los que recordamos el 2 de octubre: ni PRI ni PAN. Gobierno Popular. Gracias. Estoy a favor del dictamen.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estaba registrado en contra. Cometimos un error, le ofrezco disculpas. Tiene la palabra el diputado Ramírez Bucio.
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para hacerle una atenta solicitud. Que a nuestro orador, si lo puede intercalar entre la diputada Beatriz Paredes y el diputado Flores Rico, para que sea más equilibrado el cierre de este debate, por favor.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quién es su orador, ¿César Octavio Pedroza Gaitán?
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Debo decirle que preguntaré al final de los seis oradores si se considera suficientemente discutido el punto. El orador que inició la discusión estaba aquí mal inscrito en contra del dictamen, era a favor. De tal manera que César Octavio Pedroza Gaitán, está en contra. Perdón. Es el séptimo, ya no es el sexto. Con esta aclaración obsequio su petición con mucho gusto y cuando llegue el momento de preguntarle al pleno si procede ampliar o no la discusión, se decidirá ésta. Tiene la palabra en pro del dictamen el diputado Víctor Manuel Castro Cosío.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: El siguiente documento es un reconocimiento, del compañero Alejandro Encinas y de un servidor, a quienes lucharon el 2 de octubre del 68 y a quienes siguen luchando por los mismos ideales.
Amanecía el 2 de octubre de 1968, los diarios capitalinos publicaban. “Crecimiento mayor a 7 por ciento, en 68”, “Cancela Nixon su visita a México”, “La UNAM reanuda labores y estudiantes asamblea”. Un desplegado clamaba “México entero con Díaz Ordaz”.
Ningún medio daba cuenta de la reunión que sostendrían representantes del gobierno federal con el Consejo Nacional de Huelga ni de la concentración que se celebraría en Tlatelolco en respuesta a la advertencia de Díaz Ordaz, “No queremos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario”, clamaba ufano el presidente Ordaz.
Para su gobierno existía un plan internacional de subversión concebido sólo en su mente, en su incapacidad de dar respuesta a los graves problemas del desarrollo político nacional. En conferencia de prensa, Echeverría, secretario de Gobernación, y Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal, atribuyeron los sucesos a agitadores profesionales de ideología comunista que se proponían desprestigiar a México, aprovechando la cercanía de los Juegos Olímpicos.
Las heridas derivadas del aplastamiento a la huelga ferrocarrilera de 1959, de la represión al movimiento magisterial de los 60 y del asesinato de Rubén Jaramillo y su familia, continuaban abiertas.
El 13 de septiembre se realizó la Marcha del Silencio y se demandó el diálogo público, el 14 el Consejo Nacional de Huelga recibió un comunicado oficial que aceptaba el diálogo, pero la noche del 18 el Ejército tomó CU y luego el casco de Santo Tomás.
La mañana del 2 de octubre se celebró el encuentro entre gobierno y estudiantes. El primero no aceptaba condiciones al diálogo público y ante la eventualidad de romper pláticas, aceptaron consultar con Díaz Ordaz la propuesta. Por la tarde tuvieron la respuesta. En la Plaza de las Tres Culturas, los estudiantes eran asesinados.
Voy a leer un texto de José Revueltas, en Lecumberri: “Nuestra sentencia ya está decidida de antemano, no depende de nuestros supuestos delitos, nada tiene que ver con los principios constitucionales, con el respeto a la democracia, la ley o el derecho, nada tiene que ver con la realidad, aunque sus efectos sean muy reales en los años de cárcel que a cada uno de nosotros les corresponda, está decidida porque en el cielo de nuestro destino político, con el dedo de Dios se escribió, y todos sabemos quiénes son ese Dios, quien es ese tlaquecutli sexenal que ata los vientos y desata tempestades, pero ¿podrá detener el tiempo de la historia? Cuarenta y tres años después la historia ha demostrado que no pudieron detener el tiempo. La lucha sigue, Zapata vive.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González.
El diputado Pedro Vázquez González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación para adicionar el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta importante no perder la memoria histórica sobre lo que ocurrió ese miércoles 2 de octubre, por la tarde, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Esa tarde sangrienta se perpetró una masacre de estudiantes que al amparo de las garantías del artículo 9 constitucional se reunían pacíficamente para realizar una manifestación.
El autoritarismo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ordenó esa brutal represión, como lo hizo con el bazucazo en la puerta principal de la Preparatoria 1, el 30 de julio, también en la toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria, el 18 de septiembre, del Instituto Politécnico Nacional en el Casco de Santo Tomás, el 24 de septiembre.
El gobierno se negó a atender las justas demandas que los estudiantes planteaban en un pliego petitorio. El malentendido principio de la autoridad confundió demandas razonables con el ataque directo a la institución presidencial y al régimen político derivado de la presidencia autoritaria.
Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico y de otras instituciones de educación pública del país se organizaron democráticamente en el Consejo Nacional de Huelga, que fungió como órgano director del movimiento estudiantil. Sin embargo, la petición de diálogo sólo encontró represión, sangre y muerte en esa fatídica fecha. Sin lugar a dudas, el 2 de octubre de 1968 es el parteaguas del México plenamente autoritario a otro donde necesariamente se tuvo que dar apertura política a las fuerzas emergentes. Al no encontrar vías institucionales, vieron en la guerrilla su única forma de hacer política y transformar a este país.
Ante la cerrazón de las autoridades, los grupos estudiantiles participantes y amplios sectores de la sociedad recurrieron a la movilización, ejercitando reiteradamente su derecho constitucional de petición, el cual les fue una y otra vez negado. Entonces, como ahora, no debemos de permitir que el diálogo, que es el instrumento supremo de la búsqueda de los conceptos, se empantane.
Voy a señalar una cita textual del poeta Jaime Sabines. Cito: “Tlatelolco será mencionado en los años que vienen como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y la justicia social”. Fin de la cita.
Compañeros y compañeras: el grupo parlamentario los invita y los exhorta a votar a favor del presente dictamen. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente.
El diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea. “Huichilobos vuelve a Tlatelolco”. Así rezaba el titular de la revista La Nación, órgano oficial del Partido Acción Nacional. Han pasado 43 años de que fueron masacrados muchos jóvenes que participaron en el movimiento estudiantil de 1968, el 2 de octubre, en la Plaza que después se llamaría de Las Sepulturas.
Al respecto, desde julio de ese año se había observado que la actitud de provocación y represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se había convertido en una práctica rutinaria.
A 43 años de distancia queda despejado el papel que jugó el Partido Acción Nacional. Digno y congruente, pero relegado al polvo del Diario de los Debates y las hemerotecas por la historia oficial, ignorancia deliberada que cultivó la idea errónea de un PAN cruzado de brazos, silencioso y táctico aliado de la represión. Increíblemente los perseguidos creyeron —y creen aún— fielmente esta parte de historia reformada, igual que su propia versión.
Los hechos ocurrieron así. Poco después del bazucazo, en el histórico portón de San Ildefonso, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN protestó enérgicamente contra los excesos de la represión a los estudiantes y el asalto de la policía y el Ejército a los planteles escolares por orden del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y del —entonces denominado— regente del Distrito Federal.
Al respecto, el PAN hizo pública la declaración de que la explicación de las autoridades no satisface, y menos aún, cuando éstas consideran a los estudiantes como instrumentos inconscientes de los comunistas.
Los presidentes de Acción Nacional, Christlieb, primero, e Ignacio Limón, después, los diputados en el Congreso y el dirigente juvenil Diego Fernández de Cevallos llamaron a la cordura. La ocupación de las fuerzas armadas indignó a un partido fundado por universitarios, uno de los cuales, Manuel Gómez Morín, había luchado por su autonomía, como rector.
La tarde del 2 de octubre las luces de bengala fueron la señal que se convirtió en una larga noche oscura en la historia de México. El Ejército abrió fuego contra la multitud reunida en Tlatelolco. Odio y miedo, increíble crueldad. Diálogo asesino en las tinieblas. Tiros de gracia. Obsesión por arrasar. Son objetivos de Gerardo Medina que coinciden con otras versiones. —Termino, presidente—. El PAN no accionó los gatillos ni recibió en el cuerpo las mortíferas ráfagas de las armas, como en León o Baja California, pero su dignidad, junto a la de la patria quedó mancillada aquella noche. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Ramírez Bucio, ¿la había solicitado?
El diputado Arturo Ramírez Bucio (desde la curul): No.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Quiero comentarles, señores diputados, que el diputado Ramírez Jiménez López comentó conmigo que se inscribió para hablar en contra, pero al término de su alocución fue claro al hablar en favor del dictamen.
Todos los oradores que están inscritos, están inscritos en favor del dictamen, y el Reglamento señala que cuando esto ocurra en el tercer orador —aquí se ha cometido un error que no es producto de la Mesa, dado que Ramón Jiménez se inscribió en contra— se debe preguntar a la asamblea si se debe o no considerar suficientemente discutido el dictamen. No hasta el seis, sino hasta el tres, cuando se producen en una sola dirección las intervenciones.
Para cumplir con el Reglamento —a destiempo lamentablemente por la primera inscripción—, ruego a la Secretaría pregunte si se considera suficientemente discutido o no este dictamen.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo, gracias. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muy bien. Continuaremos con otros tres oradores y volveremos a hacer la pregunta respectiva. La diputada Guadalupe Acosta... El diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Perdón.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, señor presidente. No es la primera vez ni la última, que me confundirán por mi nombre con una mujer, y como he dicho en otras ocasiones, para mí es un orgullo que me confundan con una mujer.
Honra a esta Cámara, que el día de hoy se ponga a consideración este proyecto. Y la honra porque también la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión aplaudió de pie a Gustavo Díaz Ordaz en su informe presentado a esta soberanía, para desgracia y para vergüenza de aquella legislatura.
Honra a esta Cámara que hoy se transmita en red nacional esta sesión que trata este tema tan importante para muchísimos mexicanos. Porque lo que hubo después del 2 de octubre fue censura, fueron encabezados culpando a los estudiantes, fueron encabezados de titulares de los periódicos nacionales justificando la matanza.
Honra a esta Cámara que después de muchísimos meses de estar congelada esta iniciativa, haya podido ser votada en la Comisión de Gobernación por unanimidad. Iniciativa presentada por un compañero miembro de nuestro partido, que fue presidente nacional del PRD, del senador Pablo Gómez Álvarez, quien participó en esa gesta y quien fue encarcelado y estuvo muchos meses en Lecumberri, producto de su decisión de participar en esta lucha política por ampliar las libertades democráticas del país.
Por eso, que el día de hoy se apruebe que cada 2 de octubre se declare día de luto nacional y se ice la bandera a media asta, es lo menos que puede hacer este Honorable Congreso de la Unión y esta Cámara de Diputados para recordar a cientos de jóvenes que cayeron abatidos por las balas asesinas del Ejército, y a cientos de jóvenes que fueron reprimidos y encarcelados, exiliados del país, y a cientos de jóvenes que posteriormente tuvieron que tomar las armas para abrir los cauces democráticos en México. Por eso, el día de hoy es un buen día para la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores diputados. El 21 de septiembre de este año, en la Comisión de Gobernación discutimos y votamos este dictamen.
En ese entonces la votación en positivo fue por unanimidad de todas y de todos los integrantes. Lamentablemente, por los vericuetos procedimentales de esta Cámara, no se pudo dictaminar por el pleno, como era la intención de quienes así lo votamos para que se homenajeara desde el pasado 2 de octubre.
Sin embargo —y qué bueno que el día de hoy se está haciendo ése reconocimiento a toda una generación de mexicanos, simbolizada, emblematizada por los estudiantes mártires del 2 de octubre del 68— ellas y ellos fueron la voz del despertar de la llamada de atención de que las cosas en el país no marchaban como en aquél entonces se nos quería hacer parecer. El llamado desarrollo estabilizador, el llamado crecimiento económico del 6 por ciento anual, pero ayunos totalmente de desarrollo social y de justicia social, ayunos totalmente de un régimen plural y democrático. Esa fue la voz de los estudiantes y su reclamo en el 68.
Por ello hoy, a 43 años, estamos modificando la ley en cuestión para que su en artículo 18 se establezca el que anualmente en esa efeméride se ponga la bandera media asta, que son las gestas luctuosas, pero más que eso las que deben permanecer en nuestra memoria y nunca olvidar. Por ello las diputadas y diputados del Partido del Trabajo vamos a votar a favor de este dictamen, y recordamos a esta legislatura que es una añosa propuesta de nuestro grupo parlamentario desde la Legislatura LVII, el que se instituya en los muros de esta Cámara la fecha en honor a los mártires de la democracia del 2 de octubre. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Tiene la palabra, porque lo solicitó el diputado Ramírez Bucio, el diputado César Octavo Pedroza Gaitán.
El diputado César Octavio Pedroza Gaitán: Con su anuencia, diputado presidente. Honorable asamblea, aquella aciaga tarde del 2 de octubre del 68 se escribió con la sangre de cientos de mexicanos la página que marca el antes y el después del devenir histórico de nuestro país.
Cuántos de nosotros crecimos y formamos nuestro anhelo de nación leyendo a Luis González de Alba y a Elena Poniatowska. Cuántos de nosotros decidimos a temprana edad que no era ése el modelo de país en el que aspirábamos a vivir. A cuántos de nosotros nos quedó desde esos lejanos años gravada la imagen de un gobierno represor, de un aparato gubernamental que desde su cabeza, el presidente de la República, sin el menor asomo de respeto a los derechos humanos decidió sacrificar a su juventud, que alzaba su voz demandando reivindicaciones sociales, en esos años impensables.
La institución castrense, las fuerzas armadas, por disposición superior y atendiendo a las líneas de mando dictadas por el entonces presidente Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, actuaron en contra de la inerme población civil.
Acción Nacional fue en ese entonces el único partido en esta Cámara que denunció los abominables hechos. Con indignación demandó incluso la destitución inmediata del presidente Díaz Ordaz. Lo que no podemos hacer, es hoy pretender enjuiciar a la institución del hoy por las órdenes de los responsables del ayer.
Lo que éticamente es incorrecto es juzgar por la política totalitaria y deshumanizada de los regímenes enterrados, a las fuerzas armadas, hoy bajo un mando que privilegia la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión y de manifestación.
Gracias a los gobiernos del Partido Acción Nacional, hoy nuestro Ejército no sólo sirve y provee seguridad a la población, sino que libra en su defensa una lucha heroica contra los sin escrúpulos que atentan diariamente contra nuestro tejido social.
Nos sumamos a la propuesta que recibe esta Cámara como minuta del Senado, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y que enarboló nuestro partido desde hace 43 años, para reprobar uno de los más trágicos acontecimientos en la historia moderna de nuestro país, como señal indeclinable de nuestra aspiración de que nunca se repita una tarde de Tlatelolco. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si considera que se encuentra suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Repita por favor la votación, señora secretaria.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Con gusto, diputado presidente. De nuevo se pregunta a la asamblea, por instrucciones de la Presidencia, se consulta si se encuentra suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Continúa la discusión. Tiene la palabra la diputada Beatriz Paredes.
La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel:Honorable asamblea, las lecciones de la historia no pueden ignorarse, espero que la madurez de los legisladores en este recinto no pretenda llevar agua al molino de una u otra fuerza política, por una herida, que sin duda fue dramática y sangra.
El juicio histórico sobre octubre de 68 existe y es implacable. Por encima de ello, y por ello, en la Comisión de Gobernación todas las fuerzas políticas ahí representadas votamos unánimemente este dictamen.
El alineamiento de las fuerzas de ese entonces ha tenido tal grado de movilidad que no puede decirse que los mismos de ayer sean los mismos de ahora. No debe ser ahora un tema de confrontación, sino de registro de un hecho histórico, a la luz de la historia y de nuestro transcurso democrático. Merecido homenaje a los caídos, sí, pero sobre todo a la memoria de lo que no puede volvernos a suceder.
Las heridas de la historia sanan precisamente en la medida en que no las olvidemos. Y fue la fuerza del pueblo mexicano, el sacrificio de los jóvenes y la capacidad de conducir las contradicciones por la ruta democrática lo que nos permite estar aquí, en este escenario. Quienes acompañaron a dirigentes estudiantiles, quienes fueron dirigentes estudiantiles de todas las fuerzas políticas y quienes acompañamos a correligionarios nuestros, como Fernando Solana, que estuvo al lado del rector Barros Sierra.
Quiero, para señalar nuestro compromiso renovado con la democracia y con la capacidad del Estado mexicano para regenerarse, citar a Rosario Castellanos: “Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros”.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Flores Rico.
El diputado Carlos Flores Rico: 6814175, 6814175, ésa era mi boleta escolar. Dice Simon Lowenthal que el pasado es como un país extraño. Pero cómo olvidarlo, cómo olvidar esa tarde ahí, frente a aquellos triángulos amarillos en mi costado derecho. Una geometría de tres culturas.
Sí, ahí estábamos miles, sentados, otros alegres, discutiendo, soñando. Algo pasó, salimos corriendo. Yo corrí por un pasillo, entre aquellas ruinas, como enterrando ese pasado. Subí a la calle San Juan norte y corrí hacia el sur de la ciudad sin sentir, sin saber, sin oír, hasta que los cristales de los aparadores de Avenida Juárez reflejaban a un niño de 16 años con el rostro lleno de sangre. ¿Y qué paso? Que muchos murieron y que aquel pliego petitorio de seis puntos —no llega muy lejos, puesto que iba cuando mucho al Zócalo de la Ciudad de México— se convirtiera con los años en lo que Paz dijo un eje axial donde aquellos seis puntos cortos fueron ahora seis demandas de futuro.
De veras, de veras que el pasado a veces es como un país extraño. No saben cuánto agradezco a esa noche, a esa fuga del tiempo, sus sueños. Hoy es posible la pluralidad, la diversidad, la inclusión, la tolerancia, la libertad. Que sea por eso que este dictamen vaya muy lejos con nuestros recuerdos, en cada mañana que la Bandera quede a media asta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Vázquez.
La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su venia, diputado presidente. Mi matrícula era 6407091. Estuve en el 68 y me da muchísimo gusto y celebro, aplaudo, que la LXI Legislatura ahora se pronuncie a favor de este dictamen. Es necesario que México no vuelva a vivir un Estado autoritario.
Y es necesario que —no voy a llevar agua a mi molino— objetivamente reconozca el PRI el autoritarismo que llevó a cabo durante 70 años, aquellos estudiantes de 1968 fueron masacrados. Y elevamos la voz en contra de nepotismos, en contra de clientelismos, en contra de corrupción e impunidad. Y es necesario que el PRI se haga cargo y que objetivamente acepte ese error histórico.
Y es necesario que todos los mexicanos a partir de ahora no volvamos a caer en esos vicios. La LXI Legislatura tiene ante sí la oportunidad de firmar un gran pacto nacional. No más autoritarismos.
Ojalá que pudiéramos —en un diálogo— elaborar una reforma hacendaria, una reforma política que ya no pudimos hacer, pero que todavía podemos lograrlo, y una reforma de modelo, de modelo económico que ha dado tantos y tantos pobres.
Eso era lo que queríamos en 1968, participar en el diálogo abierto con el gobierno para decidir, para que todos los mexicanos democráticamente tuviéramos la capacidad de decidir sobre un modelo de capitalismo salvaje, y no olvidemos que Estados Unidos está al asecho.
La LXI Legislatura tiene que estar con la estatura suficiente que le reclama la nación en este año, en 2012. Ojalá que logremos que no vuelva a repetirse. Gracias. Democracia ya, patria para todos.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Se va a conceder el uso de la palabra a dos diputados más para rectificación de hechos en este orden: Gerardo Fernández Noroña y Avelino Méndez.
Antes de que el primero de ellos haga uso de la palabra, saludo a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 49 José Vasconcelos, invitados por el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez. Sean ustedes bienvenidos.
A estudiantes de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, de las Facultades de Administración, Contaduría y Economía, invitados por la diputada Frida Celeste Rosas Peralta. También bienvenidos. Y a estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Yucatán, de la Facultad de Derecho.
Tiene el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña, para rectificación de hechos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Pedí el uso de la palabra, yo me siento plenamente representado por mis compañeros del PRD y PT que han hecho uso de la palabra en este tema. Han sido muy claros, muy contundentes.
Yo tengo amigos, amigas entrañables que estuvieron en esa Plaza de las Tres Culturas y que en su momento fueron acusados de ser los responsables de esa matanza, como Raúl Álvarez Garín, por citar un ejemplo extraordinario de un hombre de consecuencia, principios y de temple; y muchísimos hombres y mujeres. Me precio de la amistad de una mujer sin igual, Fernanda Campa, que también ha jugado un papel extraordinario desde ese tiempo.
Muchísimos amigos, amigas que tengo en el PRD, en el PT, en los movimientos sociales y políticos en general, que desde entonces han batallado porque sean sancionados Echeverría, Díaz Ordaz, mucha gente que estuvo ahí responsable de esa matanza, de ese acto criminal, de ese crimen de lesa humanidad de jóvenes, mujeres y hombres que en su momento estaban levantando la voz por democracia, por justicia, por mayores libertades.
Y la verdad es que no quiero dejar pasar un comentario de Acción Nacional que dice que hoy el Ejército sí se usa de manera responsable. No, compañeras y compañeros, es absolutamente falso.
Espero que no tengan que pasar décadas para que también esta soberanía condene los crímenes que hoy hace el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, con el Ejército.
Hay 56 mil muertos, 5 mil niños, por lo menos, y niñas, menores de edad, civiles asesinados en retenes militares bajo el argumento de la supuesta lucha contra el narcotráfico, en una visión mesiánica.Por cierto, dice Montes en su libro La Cruzada de Calderón, que ya tomaremos en el momento del Estado laico y que es muy grave lo que está pasando.
No es una represión estudiantil, es represión selectiva a dirigentes estudiantiles, a dirigentes sociales, a dirigentes campesinos, a dirigentes políticos. Son campañas de odio permanente.
Hace apenas una semana en Ciudad Juárez fue reprimido un grupo que se manifestaba por los miles de muertos que ha habido, muchos de ellos en Ciudad Juárez, Chihuahua, un acto brutal que esta soberanía dejó pasar como deja pasar muchas cosas.
Entonces, no. Sí tienen nombre y apellido, sí tienen colores, sí tienen responsabilidades. Sí, el Partido Revolucionario Institucional cargará siempre con este agravio brutal y el Partido Acción Nacional cargará también con el actual uso del Ejército en contra de la población del país. Perdón, a la izquierda no nos pueden meter en ese paquete, nosotros no hemos gobernado al país, nunca hemos usado al Ejército, y cuando gobernemos al país no usaremos al Ejército nunca en contra del pueblo de México, nunca. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Avelino Méndez.
El diputado Avelino Méndez Rangel: Con su permiso, señor presidente. Hace 43 años sucedió este hecho. Parece que nos tardamos un poquito en reconocer que ese día se cometió un acto de barbarie en contra de personas pacíficas e indefensas. Nos tardamos un poquito, como aquí en este país normalmente se hace. ¿Qué ha cambiado en 43 años? Los jóvenes de aquel tiempo, al igual que hoy, muchos defendían sobre todo, pedían libertades democráticas. Y eso es lo que no debemos olvidar.
Yo pregunto ¿en verdad ha cambiado tanto el país? En el 68 teníamos un partido de Estado; hoy una partidocracia que limita severamente los derechos democráticos de los ciudadanos. En el 68 había corrupción e impunidad desbordada. Hoy tenemos corrupción e impunidad desbordadas.
Es cierto, hemos avanzado afortunadamente en la búsqueda de libertades y de tolerancia, pero no ha sido una concesión graciosa del gobierno, ha sido una lucha constante de millones de mexicanos para que este país se transforme.
No estoy de acuerdo por supuesto en esterilizar esta ceremonia, que se le quite contenido, que se le quite el cuestionar de la realidad de los jóvenes del 68. Hoy debemos seguir cuestionando nuestra realidad. Es la única forma de honrar verdaderamente a los estudiantes, obreros, campesinos y empleados que fueron masacrados en el 68.
Debemos estar pidiendo que nuestro país se transforme. Debemos estar pidiendo que se detenga esta lucha en donde han muerto más de 50 mil mexicanos. En el 68 teníamos un Congreso obsequioso, obediente, lleno de diputados levanta dedos. Hoy tenemos un Congreso que no se atreve a ser poder y a definir el rumbo del país. Eso lo debemos de tener bien claro y es el verdadero homenaje que debemos de hacerles a los estudiantes del 68. Que este Congreso se transforme y tome decisiones en bien de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del presente dictamen.
(Votación)
Son 333 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular, por 333 votos, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 18, inciso b), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Se informa a la asamblea que, en cumplimiento al artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con puntos de acuerdo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.
ENFERMOS MENTALES
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con puntos de acuerdo por los que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue sobre las posibles violaciones de los derechos humanos de los enfermos mentales; y al Ejecutivo federal, a enviar por la Secretaría de Salud un diagnóstico de las personas con tal condición recluidas en las instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 6 de septiembre de 2011, la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:
Primero. Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en uso de las facultades que le confiere el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realice una investigación inmediata sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales recluidos en las instituciones públicas de salud mental del país, así como en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno, a efecto de que informe a esta soberanía, con la brevedad, sobre los resultados de la misma.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico a esta soberanía, así como datos estadísticos, sobre la situación de los enfermos mentales del país recluidos en las Instituciones Públicas de Salud Mental y en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno.
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
Finalidad de la proposición con punto de acuerdo
La diputada Diva Gastélum refiere –en su proposición– que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 450 millones de personas en todo el mundo sufren de algún problema mental. Al respecto, refiere que en México “menos de la mitad de los mexicanos con enfermedades mentales reciben atención especializada. Lo anterior se debe al deficiente acceso a los servicios clínicos, la discriminación y el alto costo de los medicamentos.”
Asimismo, alude al marco legal nacional e internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad entre las que se encuentran la población que padece enfermedades mentales. Empero, ejemplifica el trato que se les brinda a las y los enfermos mentales en distintas partes del país, particularmente por las condiciones insalubres, abusos y violencia con la que son tratados, lo que consecuentemente provoca “una falta de rehabilitación y habilitación” de esta población.
De igual manera, manifiesta su preocupación por los enfermos mentales recluidos en los centros de readaptación social de los tres niveles de gobierno, citando la legisladora que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha referido que el sistema penitenciario carece de “medidas de atención para enfermos mentales que no han sido ubicados en áreas aptas, por lo que constantemente sufren diversos abusos de parte de internos y del personal de seguridad y custodia”.
Consideraciones
Efectivamente, como lo señala la diputada Diva Gastélum, la población que padece de enfermedades mentales se encuentra dentro de los parámetros considerados para las personas con discapacidad. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud distingue tres clases de discapacidad, dentro de las que se encuentra la deficiencia mental que implica la pérdida o anormalidad, permanente o transitoria, de carácter sicológico, fisiológico o anatómico de alguna estructura o función. En este sentido, la enfermedad mental considera trastornos como retraso mental, daño cerebral, psicosis (esquizofrenia), demencia y afectivos como la depresión, entre otros. (http://www.who.int/es/)
Al respecto, en la reforma constitucional en materia de derechos humanos recientemente publicada contempla en el párrafo quinto que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Asimismo, el artículo 4 señala en su parte conducente que:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Y el segundo párrafo del artículo 18 constitucional mandata que:
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
Dentro de las leyes secundarias, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPC) contempla en la parte conducente del artículo 1o. que:
“... el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.”
Asimismo, regula la protección a las personas que padecen enfermedades mentales al señalar en la fracción XXI que las personas con discapacidad son:
Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás
Particularmente, por lo que corresponde a la petición de la proponente para efecto de que el Poder Ejecutivo, a través del titular de la Secretaría de Salud, envíe a esta Cámara de Diputados un diagnóstico y datos estadísticos sobre la situación de los enfermos mentales internos en las instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social, se estima viable en virtud de que la LGIPC, señala dentro del artículo 2 en sus fracciones XXIII y XXV que:
XXIII. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales;
XXV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social;
Por lo anterior, esta dictaminadora considera al igual que la diputada proponente, la importancia de conocer el estado actual en que se encuentran las personas que padecen enfermedades mentales recluidos en las instituciones públicas de salud mental, a través de un informe especial realizado por la CNDH, de conformidad con la facultad concedida a dicho organismo en su ley reglamentaria.
Cabe mencionar que la CNDH emitió el 9 de octubre de 2009, la Recomendación General No. 9 dirigida a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe de gobierno del Distrito Federal y a los secretarios de seguridad pública y de salud federales, respecto a la situación de los derechos humanos de los internos que padecen trastornos mentales que se encuentran en los centros de reclusión de la República Mexicana. Sin embargo, esta dictaminadora considera fundamental conocer de manera puntual si las condiciones en que se encuentran las personas que padecen enfermedades mentales, en los espacios antes señalados, no han ocasionado violaciones a sus derechos humanos, así como la manera en que se ha atendido esta recomendación general.
Por lo que corresponde al exhorto al Poder Ejecutivo, las y los integrantes de esta dictaminadora consideran viable que, por conducto del titular de la Secretaría de Salud, se remita un diagnóstico integral que permita conocer de manera exhaustiva la situación de los enfermos mentales del país recluidos en las instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social del ámbito federal, en razón de su competencia.
Asimismo, este informe permitirá conocer el cumplimiento al marco legal correspondiente, particularmente la señalada en la Ley General de Salud que en su parte conducente dispone:
Artículo 74 Bis. La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:
I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona;...
...
IV. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible;...
VI. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona;...
Sirve de sustento lo anterior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, cuyos instrumentos contemplan el derecho a la integridad personal que incluye la física, psíquica y moral, así como el respeto a su dignidad inherente. Cabe resaltar de éste último instrumento la definición señalada en el artículo 2 que dispone:
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por lo expuesto y fundado, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se solicita respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en ejercicio de sus facultades, se realice de manera inmediata, un informe especial sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales recluidos en las instituciones públicas de salud mental del país, así como en los Centros de Readaptación Social de los tres niveles de gobierno, a efecto de que remita a la Cámara de Diputados los resultados del mismo.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del titular de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico integral con estadísticas a la Cámara de Diputados, sobre la situación y protocolos de atención que se han brindado a las y los enfermos mentales internos en las instituciones públicas de salud mental del ámbito federal así como en los Centros Federales de Readaptación Social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre del 2011.
La Comisión de Derechos Humanos, diputados: Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (rúbrica), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Lizbeth García Coronado, Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Florentina Rosario Morales (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño.»
DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al consejero presidente del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse con las delegaciones para revisar establecimientos mercantiles de bajo impacto
Honorable Asamblea:
La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 numeral 3 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
A la Comisión del Distrito Federal le fue turnado para su estudio y dictamen el oficio número D.G.P.L. 61-II-4-755, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse con las delegaciones para ejecutar revisiones en los establecimientos mercantiles de bajo impacto que venden cerveza, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
1. Con fecha 13 de diciembre de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Inveadf) a coordinarse con las delegaciones para ejecutar revisiones en los establecimientos mercantiles de bajo impacto que venden cerveza; así como exhortar al jefe de Gobierno a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda el Programa de Regularización de Usos de Suelo de Establecimientos Mercantiles de bajo impacto urbano.
2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
3. Dentro de los motivos que originan la proposición mencionada, la diputada refiere que el problema más importante de adicciones en nuestro país es el consumo de bebidas alcohólicas, ubicándose el Distrito Federal por encima de la media nacional con el 42 por ciento en el consumo de alcohol, según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.
Además, sostiene que si bien diversos establecimientos cuentan con permiso para vender bebidas alcohólicas en envases cerrados, en muchos de ellos se permite el consumo en el interior, por lo que considera necesario que el gobierno capitalino practique verificaciones y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes.
Para ello, recuerda que los órganos político-administrativos tienen la atribución de ordenar a los verificadores del Inveadf la práctica de visitas de verificación en materia de establecimientos mercantiles.
4. Adicionalmente, la diputada puntualiza que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha puesto en marcha un programa de regularización de uso del suelo de aquellos establecimientos mercantiles que tengan hasta 100 metros cuadrados de construcción y cuyos giros sean de abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y especialidades, administración y asistencia social de bajo impacto social urbano.
5. Por lo anterior, y considerando que se requiere de una política integral para el control del uso nocivo de bebidas alcohólicas en la que se incluya la verificación, regulación y sanción de los establecimientos que venden estas bebidas sin licencia, la Diputada considera necesario:
1) Exhortar al titular del Inveadf a coordinarse con las dieciséis delegaciones políticas para que se ejecuten las verificaciones necesarias en los establecimientos mercantiles de bajo impacto que venden cerveza y que se proceda a la suspensión o clausura correspondientes;
2) Exhortar al jefe del gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, a informar a esta soberanía del estado que guarda el Programa de Regularización de Usos de Suelo de Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto Urbano, el cual se puso en marcha el pasado mes de agosto.
Consideraciones
I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. Esta dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:
1. La preocupación principal de la promovente es la existencia de establecimientos mercantiles que sin contar con los permisos respectivos venden bebidas alcohólicas a menores de edad, permitiendo el consumo en el interior de sus instalaciones o en sus inmediaciones.
El marco jurídico que existe para controlar este fenómeno es relativamente nuevo. En enero de 2010 se publicó la Ley del Inveadf, mientras que en enero de este año se publicó la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, entrando en vigor a los 30 días hábiles siguientes a su publicación.
El segundo de estos ordenamientos tiene como objeto regular el funcionamiento de los establecimientos públicos de la capital y, en específico, regular el funcionamiento de los locales donde se desarrollan actividades de intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro.
En él se establece que para iniciar el funcionamiento de establecimientos considerados de “bajo impacto” (como la venta de abarrotes y comestibles en general) se requiere dar un aviso a la Secretaría de Desarrollo Económico a través del sistema informático diseñado para tal efecto. Además, el artículo 35 destaca que estos establecimientos “tienen prohibida la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior”.
A mayor abundamiento el artículo 36 destaca lo siguiente:
“Artículo 36. Los establecimientos mercantiles en que se vendan abarrotes y comestibles en general, podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente en envase cerrado, estando prohibido su consumo en el interior del establecimiento.
a) La venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado sólo se podrá realizar de las 7:00 a las 24:00 horas”.
Por lo que hace a las facultades de verificación, el artículo 59 de la Ley de Establecimientos Mercantiles a la letra dice:
“Artículo 59. La delegación ordenará a personal autorizado por el instituto para realizar visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas en la presente ley, conforme a la Ley de Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y aplicarán las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables...”
En el mismo sentido, la Ley del Inveadf señala que:
“Artículo 7. En materia de verificación administrativa el instituto y las delegaciones tienen la siguiente competencia: ...
B. Las delegaciones tendrán las atribuciones siguientes:
I. Ordenar, a los verificadores del Instituto, la práctica de visitas de verificación administrativa en las siguientes materias:
a) Establecimientos mercantiles;...”
Dentro de este marco, en el periodo del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 se practicaron 53 mil 625 diligencias relacionadas con la actividad verificadora de las delegaciones, de las cuales únicamente el 16 por ciento correspondió a visitas de verificación y el resto a actuaciones complementarias (corroboraciones de datos, inspecciones oculares, clausuras, levantamientos y o reposiciones de sellos, citatorios, notificaciones, implementaciones de medidas cautelares, etcétera).
Del total de verificaciones, la mitad se enfocó en la revisión de establecimientos mercantiles, dentro de los cuales no sólo se comprenden establecimientos de bajo impacto, sino también de impacto vecinal y zonal, motivo por el cual se requieren mayores esfuerzos en la materia y un informe detallado respecto a los resultados que arrojan dichas verificaciones, ya que los datos presentados por el Inveadf en su informe de actividades no se encuentran desagregados.
III. Por lo que se refiere al Programa de Regularización de Usos de Suelo de Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto Urbano, éste se contempló en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Desarrollo Urbano del DF (publicada en julio de 2010) con el propósito de fomentar y consolidar la actividad económica de la ciudad. Con fundamento en lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicó el 2 de agosto de 2010 el acuerdo por el que se emitió el programa para regularizar giros de abasto y almacenamiento, venta de productos básicos y de especialidades, administración y asistencia social.
Dicho programa se realiza sobre aquellos establecimientos que cumplen las siguientes condiciones: que tengan hasta 100 metros cuadrados de superficie construida, que no obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por lo vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización que se desarrolle sean al menudeo.
Además, esta regularización se refiere únicamente a inmuebles en los que se encuentren operando establecimientos mercantiles y no a predios que se pretendan destinar a la operación de alguno de los giros antes mencionados. Asimismo, sólo está dirigido a inmuebles localizados en los siguientes programas parciales: Santa Fe; Cooperativa Miguel Gaona, Milpa de Cedro y Cedro Chico; Tlacoyaque, Ampliación Tlacoyaque, Barrio Lomas de Chamontoya, el Capulín, Paraje Caballito y Caballito Segunda Sección; San Bartolo Ameyalco; Centro Histórico; Centro Alameda; Villa Milpa Alta; Mesa los Hornos; Héroes de 1910; Parques del Pedregal; Tlalpuente; Colibrí; Plan de Ayala; Toriello Guerra; y San Andrés Totoltepec.
A la fecha, y a más de un año de puesto en marcha el programa, no se encuentra disponible información respecto a los avances de éste.
Por lo anterior, y con base en el análisis de la información y argumentos vertidos en el cuerpo del presente dictamen, esta dictaminadora considera necesario actualizar los planteamientos realizados por la diputada proponente tomando en cuenta que: a) los ordenamientos aplicables disponen que el Inveadf, en coordinación con las Delegaciones, podrá elaborar un programa anual de verificación ordinaria para especificar los establecimientos que serán objeto de verificación; y b) la contravención a las disposiciones legales no sólo da lugar a la clausura y suspensión de los establecimientos, sino también a la imposición de sanciones económicas, así como a la revocación de los avisos y o permisos.
En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de la honorable asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero. Se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse con los titulares de los órganos político administrativos para incluir en el programa anual de verificación ordinaria la ejecución de verificaciones en establecimientos mercantiles de bajo impacto que, sin contar con los permisos correspondientes, permiten el consumo de bebidas alcohólicas en su interior, aplicando en su caso las sanciones correspondientes.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal a informar a esta soberanía del estado que guarda el Programa de Regularización de Usos de Suelo de Establecimientos Mercantiles de Bajo Impacto Urbano, el cual se puso en marcha en agosto del año pasado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2011.
La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), presidenta; Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica), secretarios; Andrés Aguirre Romero, Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín, Armando Corona Rivera (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina, Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Óscar González Yáñez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica).»
IMPORTACIONES DE CALZADO
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a detener por la Secretaría de Economía la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, así como a revisar y detener cualquier otra desgravación de ese tipo que afecte la planta productiva nacional
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:
“Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, toda vez que esto debilitará a la industria nacional. Asimismo exhortar al Ejecutivo federal a revisar y detener cualquier otra desgravación arancelaria que afecte a la planta productiva nacional”, presentada por el diputado Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en fecha 27 de septiembre de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el martes 27 de septiembre de 2011, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero.El legislador propone en resumen lo siguiente:
El próximo 11 de diciembre se desgravará el arancel a la importación de calzado chino. Esta medida pondrá en riesgo alrededor de 14 mil 137 empleos directos en un país cuyas condiciones actuales de bajo crecimiento económico e incremento de la pobreza, exigen la protección de las fuentes de trabajo ya creadas a nivel nacional.
El libre comercio es benéfico para todos los países, siempre y cuando la planta productiva nacional tenga las mismas condiciones para competir frente a los productos del exterior. De tal manera que este arancel a la importación de calzado chino no puede ser eliminado, sin antes haber creado condiciones de mayor competitividad a la industria nacional tales como: el acceso a energéticos, infraestructura, un mejor ambiente de negocios, seguridad pública, financiamiento y la proyección hacia mercados en el exterior, toda vez que México tiene la décima posición mundial en producción de calzado pero no está posicionado como un país exportador.
Sin estas medidas de protección previas a la apertura masiva de la frontera al calzado chino, la industria nacional con cerca de 7 mil fábricas de calzado, 60 mil empleos directos y poco más de 160 mil empleos indirectos se verá severamente afectada en sus ingresos al ver desplazada su oferta por la invasión de calzado de menor calidad, lo que generará el despido de miles de empleados, situación que es impensable en un contexto nacional donde la violencia y el bajo crecimiento económico frenan el desarrollo de negocios y, por lo tanto, la creación de nuevas empresas, motivo suficiente para no debilitar uno de los pocos clusters desarrollados en el país, el cual, si fuera fortalecido con políticas para la innovación, diseño y estrategias de comercialización tendría enormes posibilidades de expandirse a nivel internacional,
Por otra parte, con los aranceles actuales, el déficit de la balanza comercial de bienes manufacturados textiles y de cuero va en aumento. De 2009 a 2010 el déficit comercial aumentó de 89 a 176 millones de dólares (97 por ciento), y para junio de 2011 el déficit asciende a 208.7 millones de dólares. La cámara de la industria del calzado señala que en 2010 se importaron 3.1 millones de pares de calzado de China, lo cual representó un incremento de 67.16 por ciento respecto al 2009 y el aumento será aun mayor una vez que disminuyan las barreras arancelarias, lo que implica que las importaciones de estos bienes seguirán desplazando la oferta nacional. Mientras que otros países como Brasil y Argentina han impuesto aranceles frente a la inundación de calzado chino, protegiendo sus importantes industrias nacionales, a pesar de que Brasil es la tercera industria exportadora de calzado a nivel mundial. En 2006, la Unión Europea también decidió mantener las tarifas arancelarias en el calzado de piel proveniente de China y Vietnam debido a que importantes países como Italia, Francia y España son productores de calzado de piel.
Por tanto, desgravar las importaciones de calzado chino sería un aniquilamiento a la industria nacional porque no se han creado las condiciones de mayor competitividad y competencia ni a nivel local, ni a nivel internacional, así como tampoco se han creado las medidas efectivas para evitar el ingreso de cerca de 20 millones de pares de calzado que entra de manera ilegal al país que incrementan el tamaño del mercado informal, en detrimento de los empleos, el salario y la productividad. De tal manera que, debe existir un rechazo categórico a la desgravación de aranceles en sectores productivos a nivel nacional y por el contrario, analizar la posibilidad de establecer un arancel cercano al 35 por ciento, que es el máximo permitido en los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, frente a productos provenientes de Asia (principalmente China, Vietnam y la India) ‘en tanto se consolida y posiciona la industria nacional.
Por las consideraciones expuestas someto al pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, toda vez que esto debilitará a la industria nacional y pondrá en riesgo más de 14 mil empleos directos en un país de bajo crecimiento económico, incremento de la pobreza y déficit en la creación de empleo.
Segundo. Que la Secretaría de Economía establezca el arancel máximo de 35 por ciento a las importaciones de calzado proveniente de China.
Tercero. Que la Secretaría de Economía ponga en marcha un conjunto de acciones y políticas públicas a fin de fortalecer la industria nacional del calzado, previo a la desgravación total o parcial, dentro de las cuales se incluyan medidas para impulsar la innovación en diseño, mercados y productos así como estrategias de comercialización para la industria del cuero y el calzado.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Armando Ríos Piter, la Comisión de Economía con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución...
Cuarta. Que el artículo 131 constitucional dispone lo siguiente:
Es facultad privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
Quinta. Que el artículo primero de la Ley de Comercio Exterior, tiene como objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional y propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.
Sexta. Que la fracción III del artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior, establece que es facultad de la Secretaría de Economía estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías.
Séptima. Que el artículo 34 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal atribuye a la Secretaría de Economía lo siguiente:
V. Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los Artículos de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;
Octava. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece que para elevar el potencial de crecimiento de la economía mexicana y su productividad, es esencial continuar con el proceso de apertura comercial, sin embargo, en su eje de “Democracia efectiva y política exterior responsable”, también dispone que es necesario salvaguardar la industria nacional y hacer de ella una economía más competitiva que brinde mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos.
Novena. Adicionalmente, debe mencionarse que la Comisión de Economía ha impulsado diversos exhortos al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Economía que exponen la problemática derivada de la desgravación arancelaria.
Por lo anterior, de acuerdo con los argumentos esgrimidos, los integrantes de la Comisión de Economía estiman correcto solicitar al titular del Ejecutivo federal, para que en el ámbito de su competencia, considere establecer a las importaciones de calzado provenientes de China el arancel máximo de 35 por ciento consolidado ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), a fin de salvaguardar la industria nacional y con ello los empleos de los mexicanos.
Asimismo, los diputados que integran la Comisión de Economía comparten las preocupaciones y argumentos expuestos por el diputado Armando Ríos Piter sobre la importancia de la industria del calzado y la necesidad de establecer estrategias para su fortalecimiento y crecimiento dentro del mercado nacional e internacional.
Adicionalmente, la Comisión de Economía estima que debe de agregarse al exhorto que se dictamina, la petición dirigida al titular de la Secretaría de Economía, de que rinda un informe sobre las acciones que se han tomado para proteger a la industria nacional de los efectos de la política de desgravación arancelaria.
Décima. Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto:
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Economía, se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, toda vez que esto debilitará a la industria nacional y pondrá en riesgo más de 14 mil empleos directos en un país de bajo crecimiento económico, con incremento de la pobreza y con déficit en la creación de empleo.
Segundo. Que la Secretaría de Economía establezca el arancel máximo de 35 por ciento a las importaciones de calzado provenientes de China.
Tercero. Que la Secretaría de Economía ponga en marcha un conjunto de acciones y políticas públicas a fin de fortalecer la industria nacional del calzado, previo a la desgravación total o parcial, dentro de las cuales se incluyan medidas para impulsar la innovación en diseño, mercados y productos, así como estrategias de comercialización para la industria del cuero y el calzado.
Cuarto. Que el secretario de Economía rinda un informe a esta soberanía respecto de las acciones que ha tomado a fin de proteger a la industria nacional de los efectos de la política de desgravación arancelaria.
Nota:
1 Esta balanza comercial incluye calzado y vestido de cuero y tela pero da una aproximación de lo que sucede en cada una de las industrias por separado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2011.
La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales y a los gobiernos municipales a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipyme
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, fue turnada para estudio y dictamen la “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales, y a los gobiernos municipales a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las Mipyme; y al secretario de Economía, a dar cuenta a la opinión pública acerca de los convenios celebrados con las entidades federativas y los municipios para la consecución de los objetivos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, presentada por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en fecha 20 de septiembre de 2011.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 66, 68, 157 y 158, inciso 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el 20 de septiembre de 2011, sus secretarios dieron cuenta al pleno de esta soberanía del punto de acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.
Tercero. El legislador propone en resumen lo siguiente:
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la competitividad es la capacidad de un país para atraer y retener inversiones y talento. Por otra parte, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa señala que la competitividad es la calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la productividad; mientras que a nivel de empresa, se considera que es la capacidad para mantener y fortalecer la rentabilidad y participación de las Mipyme en los mercados, con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen. En este sentido, se considera que un país competitivo debe ofrecer a todo inversionista un marco regulatorio con reglas claras y que propicie la certeza jurídica en materia económica. Así, el Estado debe proteger aquellos bienes que se consideran valiosos para la sociedad, así como garantizar los derechos de todo agente económico a lo largo del proceso productivo.
Ser competitivo fomenta el crecimiento de las empresas, ayudando a maximizar el bienestar social de forma sostenida. La interacción del gobierno con todo agente económico debe tener siempre presente la meta de reducir los costos de transacción. Según el estudio Doing business, realizado por el Banco Mundial en 2010, en la clasificación que mide la facilidad de hacer negocios en un Estado, México ocupa el lugar 41 de 183 economías, el 90 para empezarlos, el 37 para el manejo de permisos de construcción y el 99 en lo que se refiere al registro de propiedades.
En dicho estudio se analizan las regulaciones que influyen en once fases de la vida empresarial: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, cierre de una empresa, obtención de electricidad y empleo de trabajadores. Según el mismo informe, México no cuenta con un ambiente de negocios propicio para la actividad empresarial; por lo que se hace necesaria la implementación de mecanismos de apoyo a la actividad empresarial, en especial, a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme).
En México, tanto la federación como las entidades federativas y los municipios tienen competencia para regular distintos aspectos que inciden en la gestión de los trámites que los particulares se ven obligados a obtener; por ejemplo, las autorizaciones, los vistos buenos, las factibilidades, las licencias o permisos necesarios para poder llevar a cabo cierta actividad comercial. Esta distribución de competencias da como resultado un entramado abundante, complejo y, la mayoría de las veces, descoordinado y contradictorio, que genera barreras y obstaculiza la actividad empresarial para las Mipyme.
Con el objetivo de ayudar en el fomento de la inversión por medio de un fácil acceso y gestión de diversos trámites empresariales, el gobierno federal ha emprendido diversas acciones. Una de ellas es la implantación de la herramienta informática www.tuempresa.gob.mx; por medio de esta página web se puede tramitar lo siguiente: proyecto de estatutos de la empresa; acta constitutiva; permiso de uso de nombre o denominación social; aviso de uso del permiso de uso de nombre o denominación social; boleta de inscripción del acta constitutiva en el Registro Público del Comercio; cédula de identificación fiscal con clave de Registro Federal de Contribuyentes; y cita ante la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social para recoger la tarjeta del registro patronal.
Por medio del citado portal, y en el caso de sociedades anónimas de capital variable y sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, se puede tramitar el permiso de apertura, cubrir los derechos correspondientes y obtener un modelo de los estatutos que regirán la sociedad, con lo cual se obtendrá la documentación completa para acudir ante el fedatario público con el objetivo de obtener la escritura constitutiva. Más aún, el portal sirve de enlace con el fedatario público, el cual podrá ser escogido de una lista oficial; asimismo, sirve de enlace para realizar el envío completo de la información ya ingresada por el usuario.
La implantación de los medios tecnológicos para la mejora de la gestión de trámites se ha visto reflejada en diversos órganos, entre los que destaca el Registro Público de Comercio. La posibilidad de agilizar los trámites, reducir los tiempos y traslados para la gestión de los trámites, así como la presentación simplificada de la información correspondiente, convierte los medios tecnológicos en una herramienta de gran utilidad para los empresarios. La concentración de los trámites que deben realizar las personas interesadas en constituir una Mipyme implica la coordinación, tanto de las dependencias competentes como la vinculación con el usuario.
Es preciso destacar que una de las ventajas de la utilización de herramientas novedosas, es que hacen accesible la información jurídica necesaria para los empresarios, mediante la concentración de las leyes y reglamentos aplicables a las Mipyme.
Por otra parte, tenemos que las acciones emprendidas en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas obedecen al beneficio que generan las mismas. En este sentido, tenemos que el establecimiento de dichas empresas ha impulsado el crecimiento económico y la generación de empleos, lo cual se ve reflejado en el producto interno bruto.
Los programas de ayuda a las Mipyme se centran en el otorgamiento de financiamiento, tanto del sector público como del privado. Al respecto, las opciones utilizadas son microcréditos; adquisición de equipo, adquisición de insumos; adquisición de maquinaria, ampliación y modernización de instalaciones; asistencia técnica; capacitación, capitalización; cartas de crédito; centros tecnológicos y laboratorios; desarrollo tecnológico; estudios de mercado; exportación; ferias y exposiciones, garantías; gastos de operación; integración de la cadena productiva; pago de proveedores; pago de sueldos; proveedores; proyectos de inversión para la exportación; servicios fiduciarios; cajas solidarias; proyectos ecológicos; fondo para capacitación y asesoría; y, otros fondos para las Pyme. Para cada una de estas opciones hay instituciones públicas y privadas con programas específicos; por ejemplo, en materia de exportación, Bancomext cuenta con créditos y banca de inversión; en materia de estudios de mercado, el Conacyt cuenta con el Programa de Modernización Tecnológica.
La determinación del tipo de empresa y sus necesidades específicas ayuda a la generación de políticas públicas eficaces y eficientes que coadyuven a la consolidación de las Mipyme. La problemática a la que se enfrentan las Mipyme es, en gran medida, la falta de condiciones para el desarrollo de las mismas. De esta manera, se considera que no sólo es necesario procurar su financiamiento, sino la construcción de un entorno en el que se puedan desarrollar; es decir, la creación de un ambiente de negocios con estabilidad de gobierno, seguridad pública, apoyo del sector público y fomento de la industria. En este sentido, se encuentran obstáculos concretos como
• Falta de acceso a la información útil a los empresarios.
• Altos costos de transacción.
• Falta de simplificación y coordinación para la obtención de trámites en los tres niveles de gobierno.
• Altos costos de materias primas, materiales y componentes.
• Capacidad de producción ociosa.
• Elevada imposición tributaria.
• Altas tasas de interés del crédito.
• Elevados costos de transporte, comunicaciones y otros servicios.
De esta manera, los tres ámbitos de gobierno necesitan redoblar los esfuerzos para apoyar a las Mipyme durante todo el proceso económico de las mismas; tomando en cuenta no sólo las necesidades regulatorias de los gobiernos, sino también del entorno en el que se desarrollarán.
Por lo expuesto y fundado, acudo a este pleno para presentar y solicitar su respaldo a la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales, y a los gobiernos municipales a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.
Segundo. Se exhorta al secretario de Economía a efecto de informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley.
Consideraciones
Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Que con base en los antecedentes indicados por el diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.
Tercera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 lo siguiente:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución...
... Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el ambiente.
... La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.
Cuarta. Que las fracciones XXIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen las siguientes atribuciones para la Secretaría de Economía:
... XXIII. Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional;
XXIV. Promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales;
Quinta. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley Mipyme) establece en el artículo 2 lo siguiente:
Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta ley es la Secretaría de Economía quien, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa, del Distrito Federal y de los municipios, en congruencia con la planeación nacional...
Asimismo, esta ley señala en la fracción IV del artículo 3 que se entenderá por competitividad la calidad del ambiente económico e institucional para el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades privadas y el aumento de la productividad. Señala que a nivel empresa, la competitividad se entenderá como la capacidad para mantener y fortalecer su rentabilidad y participación de las Mipyme en los mercados, con base en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen.
Este ordenamiento dispone en el artículo 4 como parte de sus objetivos la promoción de
a) Un entorno favorable para que las Mipyme sean competitivas en los mercados nacionales e internacionales;
b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las Mipyme;
... g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las Mipyme;
Asimismo, la Ley Mipyme establece en el artículo 12 que la Secretaría de Economía tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipyme, las siguientes responsabilidades:
II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipyme;
III. Promover con las entidades federativas, el Distrito Federal y con los municipios la celebración de convenios para coordinar las acciones e instrumentos de apoyo a las Mipyme de conformidad con los objetivos de la presente ley;
IV. Evaluar de manera conjunta con las entidades federativas, el Distrito Federal y con los municipios, los resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes en la materia;
... VII. Realizar la función de coordinación a que se refiere la presente ley para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme;
... IX. Proponer a través de las instancias competentes, la homologación de la normativa y trámites, por lo que se refiere a la materia de la presente ley.
Para lo anterior, por disposición del artículo 13 de la Ley Mipyme, los convenios que celebre la Secretaría de Economía con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios deberán realizarse de acuerdo con lo siguiente:
I. Un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipyme considerando las necesidades, el potencial y vocación de cada región;
II. La celebración de acuerdos con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas, el Distrito Federal, los municipios o grupos de municipios, para una promoción coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme, que desarrollen las propuestas regionales y la concurrencia de Programas y proyectos;
III. Participar en el desarrollo de un sistema general de información y consulta para la planeación sobre los sectores productivos y cadenas productivas;
IV. El diseño de esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores y distribuidores locales del sector público y de los sectores; y
V. La generación de políticas y programas de apoyo a las Mipyme en sus respectivos ámbitos de competencia.
Sexta. Que el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa establece en el artículo 4 que se consideraran como actividades de fomento para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme las siguientes:
I. Económicas: Las que contribuyan a crear, organizar y desarrollar mecanismos económicos para apoyar o estimular la creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las Mipyme, así como el incremento de su participación en los mercados, con el fin de fomentar el empleo y el bienestar social y económico;
II. Jurídicas: Las que contribuyan al análisis y revisión del marco jurídico aplicable para establecer las condiciones que permitan la creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las Mipyme;
IV. Comerciales: Las que contribuyan a promover el contacto y desarrollo de negocios para las Mipyme, así como la creación de espacios e infraestructura para la ejecución de las actividades de las Mipyme;
VI. Tecnológicas: Las que contribuyan a la actualización e innovación tecnológica de las Mipyme, particularmente en el desarrollo de sistemas, procesos, productos y servicios, con el fin de incrementar su competitividad.
Séptima. Que el Plan Nacional de Desarrollo establece entre los objetivos nacionales, tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.
Para lo anterior, establece como parte de sus estrategias las siguientes:
... Estrategia 5.3. Disminuir los costos para la apertura y operación de los negocios a través de la mejora regulatoria. Mejorar la regulación y hacerla más expedita mediante la ampliación de los sistemas de apertura rápida de empresas en los municipios del país, reduciendo trámites y agilizando los tiempos de respuesta en la apertura de negocios.
Estrategia 5.4. Fomentar condiciones de competencia económica y libre concurrencia, así como combatir a los monopolios.”
Asimismo, en la vertiente “Economía competitiva y generadora de empleos”, establece que con base en información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, se estima que las Mipyme constituyen 99 por ciento de las unidades económicas del país, representan alrededor de 50 por ciento del PIB y contribuyen a generar más de 70 por ciento de los empleos en México.
Octava. Que por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Economía se pronuncian por aprobar la presente proposición con punto de acuerdo en virtud de la necesidad de crear condiciones económicas, administrativas y jurídicas que favorezcan el desarrollo y competitividad de las Mipyme para enfrentar la problemática actual del país.
Novena. En virtud de lo anterior.
La Comisión de Economía acuerda:
Primero. Se exhorta al secretario de Economía y a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos locales, y a los gobiernos municipales a mejorar las condiciones regulatorias que incidan en la actividad y en el proceso productivo de las Mipyme para que éstas cuenten con un ambiente de negocios claro, ordenado y propicio para la eficiencia de los procesos económicos. En específico, procuren la coordinación, coherencia y estricta necesidad de los requerimientos en los trámites de su competencia, favoreciendo el uso de herramientas tecnológicas, el acceso a la información y la mejora regulatoria.
Segundo. Se exhorta al secretario de Economía a informar acerca de los convenios considerados en el artículo 13 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que haya celebrado con las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para la consecución de los objetivos de la mencionada ley.
Notas:
1 México ante la crisis que cambió al mundo, Imco, 2009.
2 Artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002.
3 www.ifc.org/spanish
4 Fuente: Micro, pequeñas y medianas empresas en México. Evolución, funcionamiento y problemática, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, julio de 2002. Página web: http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/lineas/docs/varios/MPYMEM.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2011.
La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva (rúbrica), Rodrigo Pérez-Alonso González, Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez, Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»
El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Faltó una, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se retiró de la lista a petición de dos diputados.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.Continúe la Secretaría con dictámenes en sentido negativo.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL 61-II-3-158,de fecha 10 de noviembre de 2009, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 600,que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, presentado por la diputada María del Carmen Izaguirre Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos señala que en el periodo 2000-2009, el gobierno federal ha asignado para las delegaciones de dependencias federales 330 mil 634.5 millones de pesos, y durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va del actual presidente Calderón, la burocracia en las delegaciones del gobierno federal adscritas a los 31 estados y al DF ha representado para el erario un aumento de 20 mil millones a 67 mil millones de pesos anuales. Lo cual indica que mientras la burocracia crece, las participaciones de la federación a los estados, que son destinadas al financiamiento de obras, acciones sociales e inversiones decrece, ya que este año disminuyeron 49 mil 214 millones: pasando de 230 mil 960 millones destinados en 2008 a 181 mil 746 millones en lo que va del año.
La proponente indica que los programas sociales surgen con el propósito de garantizar condiciones apropiadas a la población de escasos recursos económicos, así como para que los niños y los jóvenes no abandonen su educación. Sin embargo, durante la implantación de estos programas sociales por el gobierno federal, persisten la dispersión y la centralización, en demérito de la eficacia del costo de operación.
La Iniciativa en comento señala que existen tres estructuras burocráticas para atender a la misma población objetivo, al grado de observar programas que tienen hasta 7 por ciento de su presupuesto destinado a gastos indirectos de operación. Lo que viene a generar una duplicidad de esfuerzos y concentración de recursos y facultades, con la única finalidad de detener el principio de descentralización inspirado en un federalismo republicano.
Además, la proponente argumenta que es innegable la incapacidad del gobierno federal para instaurar políticas de planeación, así como su falta de tacto para dotar de un marco jurídico que permita el establecimiento de un sistema de instituciones, normas y leyes que regulen las acciones en el ámbito de coordinación social para una mejor implantación de los programas sociales, reduciendo con ello los gastos operativos de éstos.
Conforme a esta premisa y a las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas en que se encuentra insertado el país, la descentralización tiende a ser una necesidad para gobernar y promover el desarrollo, por lo que se deben promover nuevas formas que fortalezcan el federalismo, y de esta manera los gobiernos locales y los municipales puedan cumplir con responsabilidad, eficacia y eficiencia las necesidades de la población.
La diputada plantea la necesidad de que se establezca una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en la cual se fije que en las entidades federativas donde opere un programa social deba existir una comisión coordinadora, presidida por el titular del Poder Ejecutivo de cada una de ellas, y en los municipios se cree una comisión ejecutiva municipal, presidida por el presidente municipal, quien coordinará la ejecución del programa, así como plasmar que los gastos de operación de los programas no sean mayores al 5 por ciento de la asignación presupuestal que corresponda a esta dependencia. Con ello se estaría implantando las bases para un desarrollo social y humano integral, con plena libertad y responsabilidad hacia el bien común.
En este sentido, la proponente menciona que los gobiernos locales y los municipales son el eje fundamental del desarrollo de cualquier país, motivo por el cual se requiere se les proporcionen mayores apoyos e instrumentos institucionales para llevar a cabo sus acciones de forma eficiente, con el objetivo de orientarlas a la solución de las necesidades de las comunidades. A fin de fortalecer el federalismo, el municipio debe ser el más favorecido para que sea este quien se haga cargo de la implantación de los programas que beneficien a las comunidades con la finalidad de lograr una sociedad más igualitaria y con un mayor bienestar.
Para la diputada resulta importante resaltar, que merece especial atención la asignación, el control y la evaluación de los recursos económicos asignados a las comunidades rurales donde se implantarán alguna obra o servicio público. Señalando que será valiosa la participación de la población en la vigilancia de los recursos, pues sin una participación comunitaria difícilmente se concretarán las metas y los propósitos de gobierno previamente establecidos. Es un reto de los pueblos contribuir al fortalecimiento del desarrollo social del país, para alcanzar el desarrollo y la democracia en ese ámbito con una amplia participación ciudadana, partiendo de la idea de que los ámbitos estatal y municipal son estratégicos porque es se toca, se palpa, se observa y se vive la pobreza, donde los conflictos sociales tienen su cultivo.
La iniciativa considera que dicha propuesta contribuirá a fortalecer el federalismo y para que los municipios tengan una mayor participación en el diseño y ejecución de los programas sociales, y que además, la ayuda a los sectores populares se vea beneficiada con un incremento y no con una disminución de los recursos.
Con esta argumentación la iniciativa propone adicionar 4 párrafos al artículo 39, y reformar la fracción X del artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 39. ...
...
Para la efectiva coordinación del sistema nacional, en cada entidad federativa se establecerá una comisión de coordinación que promueva una mejor ejecución de las políticas generales de desarrollo social, con estricto arreglo a las reglas de operación y a las leyes y a los reglamentos aplicables al desarrollo social. La comisión será presidida por el titular del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa, y tendrá la responsabilidad de garantizar la coordinación y concurrencia de las acciones de los tres órdenes de gobierno, así como la complementariedad e integralidad de los programas de desarrollo social. El secretario técnico de la comisión será nombrado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
En los gobiernos municipales se establecerá una comisión ejecutiva municipal, presidida por el presidente municipal, responsable de coordinar la ejecución de los programas de desarrollo social. La comisión contará con un secretario técnico, nombrado por el voto de las dos terceras partes del cabildo del ayuntamiento, y será el enlace operativo entre las instancias estatales y las federales.
La coordinación nacional y las comisiones estatales y municipales, en su caso, notificarán por escrito a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Cámara de Diputados sobre problemas u obstáculos que surjan en la ejecución de los programa de desarrollo social para que se apliquen las medidas que correspondan.
Los gastos de operación de la coordinación del sistema nacional no serán mayores de 5 por ciento de la asignación presupuestaria que corresponda a esta dependencia. La Secretaría de Desarrollo Social suscribirá convenios de coordinación con los estados y los municipios para la transferencia de activos y recursos que se precisen para la operación a cargo de los municipios. La coordinación del sistema nacional se regirá por los principios de neutralidad, transparencia y honestidad. No podrán realizarse convocatorias a reuniones ni a acciones no previstas en las reglas de operación del programa.
Artículo 43. Corresponden al gobierno federal, por conducto de la secretaria, las siguientes atribuciones:
I. a IX. ...
X. Proyectar, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y ejecución de los programas de desarrollo social.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
1. La Comisión dictaminadora considera de buena intención la presente iniciativa de reforma presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, la cual pretende que exista una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno, en cuanto a la ejecución del presupuesto destinado a la política de desarrollo social, siendo los municipios quienes deben ejecutar los programas sociales, y así el recurso de los diferentes programas no se vea disminuido, por el constante aumento al gasto de operación que el gobierno federal destina a sus delegaciones, sin embargo lo que la diputada propone reformar resulta innecesario, toda vez que ya existen disposiciones específicas referentes a la coordinación entre los tres niveles de gobierno así como de la planeación y ejecución de los programas sociales, contenidas tanto en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), así como en su reglamento, por lo que queda sin fundamento.
2.También la Ley de Planeación (LP) especifica las facultades de los tres niveles de gobierno, así como la concertación de convenios de coordinación por parte del gobierno federal con las entidades federativas, para que así las autoridades de los tres ámbitos de gobierno atiendan sus respectivas atribuciones y jurisdicciones en la coordinación, programación y ejecución de los programas sociales.
3.Cabe señalar que en el artículo 20 de la LGDS determina que el presupuesto federal destinado al gasto social, no podrá ser inferior en términos reales al del año fiscal anterior y garantiza que su incremento será cuando menos en la proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto. Así también, en el artículo 23, fracción I, establece que el gasto social per cápita no será menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior, por lo que el presupuesto a los programas de desarrollo social es difícil se vean reducidos, a menos que los diputados analicen y determinen incrementar el monto en algún programa que tenga mayor impacto en la reducción de la pobreza y por consecuente dispongan disminuir transfiriendo parte del presupuesto de algún programa social que consideren innecesario.
4.La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone, en el artículo 21, que “si hay una reducción de los ingresos del gobierno federal asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano, y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y en caso que con los ajustes aplicados no sea suficiente para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales”.
5.En lo relativo a que el gasto de operación no sea mayor al 5 por ciento del presupuesto, es un tema presupuestal que requiere de una opinión más particularizada por parte de la comisión de presupuesto o del centro de estudio de las finanzas públicas.
6.La propuesta de reformar del artículo 43, en la que pretende agregar el termino Proyectar resulta innecesario, ya que dicho termino se encuentra incluido y explícito a lo largo de la LGDS y la LP, por lo que esta reforma es improcedente, ya que no presenta argumentos sólidos que justifiquen la necesidad de reformar el artículo 43 de la LGDS en el término que se propone, que tiene como objeto el reforzamiento del federalismo, para que sea el municipio el encargado de planear y ejecutar los programas de desarrollo social.
7.Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria, de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social emite los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 10 de noviembre de 2009.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez Morelos, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-2-380 de fecha, 4 de marzo de 2010 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 1497, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó |el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
En sus consideraciones, la diputada proponente precisa que la falta de información genera en las personas una situación aislada de denuncia, que inhibe la vigilancia del buen uso de los recursos públicos y la denuncia de los actos de corrupción, del nepotismo, del uso de recursos en programas de asistencia social con tendencias proselitistas, además de la autorización de programas sociales a discreción. En la práctica, sigue siendo insuficiente este mecanismo para frenar, de manera definitiva, la pretensión o, en su caso, la aplicación del recurso público traducido en programas para beneficio personal.
Menciona la diputada que si bien es cierto nuestro sistema judicial menciona pero no garantiza, en los hechos, que un acto de denuncia pueda derivar en una investigación profunda y se finquen las responsabilidades del caso. Señala que hoy día somos testigos de una mala actuación de las autoridades frente a la investigación de algún acto de denuncia, además que suele ser peor, si se trata de una acusación donde se vea en riesgo todo una red de intereses que presuntamente pueda beneficiar a alguien en específico, por medio de actividades y programas sociales.
En este sentido, señala la diputada proponente que pese a las precarias condiciones económicas y la urgente necesidad de obtener cualquier tipo de apoyo, económico o en especie, en cualquier zona del país, sirve de plataforma para fortalecer actos de campaña de algún candidato político o bien, para mantener cooptados a los pobladores de dichas zonas con fines de apoyo político, lucrando con la necesidad de la gente. Es común escuchar de actividades como la entrega de despensas, láminas, siempre encontrando la manera para disfrazar el mal uso de los recursos que son parte del erario.
Establece la diputada que es necesario recalcar que el impulso por atender el tema de control y vigilancia de los distintos programas sociales del país, tiene que ver con las auditorías al gasto federal para su ejercicio mediante, y que equivalen, anualmente, a entre 30 y 40 por ciento en las cuentas públicas. Actos como los descritos anteriormente y como los de corrupción y nepotismo dados en perjuicio de miles de personas realmente necesitadas, son las circunstancias que generan el rechazo a estas medidas de participación activa en la vigilancia de cualquier administración.
La diputada proponente señala que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo están convencidos de que una contraloría social, realmente constituida por personas experimentadas en los temas de desarrollo social, justicia y políticas públicas, es la que debe de comprometerse con el país y buscar soluciones a las enormes carencias de millones de familias mexicanas, en espera de ser atendidas por algún programa público. Todas estas personas deben ser tratadas y resueltas sus demandas bajo los mismos criterios, pero ello no debe ser motivo que dé pie para malversar los fondos, ni para desviar recursos para fines personales de funcionarios y secretarios de despacho, así como para fines proselitistas.
Por lo anteriormente expuesto, la diputada proponente manifiesta que su iniciativa pretende incluir candados que eviten lograr un beneficio personal de funcionarios o secretarios de estado y familiares, materia más que necesaria en la vida pública de la nación. No obstante las regulaciones en esta importante materia que es la distribución equitativa, su adecuada promoción y el aprovechamiento de programas sociales, no es lo suficientemente atendida, puesto que vemos cómo hacen mal uso de las bondades que representan los ya mencionados programas con el fin de atender las necesidades de los mayormente desprotegidos.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
I. Con base en la exposición de motivos que plantea la diputada proponente en su propuesta de iniciativa, esta comisión realiza las siguientes consideraciones que fundamentan el sentido del dictamen.
II. En un primer término, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 67 establece que “Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social”. El artículo 69 señala que se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. El artículo 71 que pretende reformar la diputada proponente establece que son funciones de la Contraloría Social: “Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación; atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas, y presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales”.
III. El artículo 28 establece que la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el escudo nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”. En el artículo 67 de la misma ley se establece que “Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los derechos establecidos en esta ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social”. De igual forma, el reglamento de dicha ley señala en el artículo 57 que “El gobierno federal deberá difundir e informar a la sociedad sobre las reglas y lineamientos de las políticas, programas y acciones de desarrollo social, así como el monto presupuestal asignado para las mismas”. Por su parte, el artículo 67 señala que “El gobierno federal impulsará la creación de contralorías sociales por parte de los beneficiarios, con el fin de verificar la adecuada ejecución de los programas de desarrollo social, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas”.
IV. El artículo 68 señala que “Las reglas de operación de los programas de desarrollo social deberán prever mecanismos de contraloría social y los requisitos para su conformación, para asegurar que los beneficiarios hagan uso de esta práctica de transparencia y rendición de cuentas”. El artículo 71 establece que las contralorías sociales emitirán informes anuales respecto de la vigilancia en la ejecución de los programas de desarrollo social y en el ejercicio y aplicación de los recursos federales asignados a los mismos, así como de la verificación en el cumplimiento de las metas, los cuales se presentarán ante las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes de igual forma, dichos informes se enviarán, en su caso, al órgano interno de control de la dependencia o entidad que corresponda”. Asimismo, se podrán presentar ante los órganos estatales de control cuando el programa de desarrollo social esté financiado con recursos federales.
V. Asimismo, el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 señala en su fracción V que la publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de sus programas deberá incluir, claramente visible y audible, la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas en su propaganda”. De igual forma, en el artículo 30 se señala que la papelería y documentación oficial para los programas deberán incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. “El condicionamiento electoral o político de los programas sociales constituye un delito federal que se sanciona de acuerdo con las leyes correspondientes. Ningún servidor público puede utilizar su puesto o sus recursos para promover el voto a favor o en contra de algún partido o candidato”. Por otro lado, todos los programas de desarrollo social adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social y a sus organismos desconcentrados cuentan con propaganda y difusión de sus acciones bajo la leyenda que establece la Ley General de Desarrollo Social y lo estipulado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 2011.
VI. Por otra parte, en relación al uso de los programas sociales para fines distintos al desarrollo social como puede ser su utilización para fines proselitistas o de promoción del voto en elecciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 34 señala que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Además, el artículo 41 Apartado C establece claramente que “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”.
VII. De igual forma, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109 establece que “La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo”. El artículo 113 establece que “las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas”. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
VIII. Por otro lado, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8 establece que “todo servidor público tendrá la obligación de utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos”. El artículo 10 menciona que “En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos”.
IX. Asimismo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su artículo 37 establece que “La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes”.
X. De igual forma, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo primero establece que “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”. En su artículo segundo se especifica que “Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables”. El artículo 114 señala que “Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos: causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad; Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa; Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas”.
XI. Debe reconocerse la labor y preocupación de la diputada proponente y es especialmente atendible su inquietud de que exista una mayor regulación a través de las leyes para para prohibir el uso de programas sociales con fines personales de funcionarios, secretarios de estado, de sus familiares y con fines proselitistas y que si ello ocurriese que se puedan presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales. Son de suma importancia las propuestas y opiniones de los diputados para el fortalecimiento del debate y las discusiones legislativas. Sin embargo, la iniciativa presentada no puede ser aprobada en sentido positivo por lo anteriormente expuesto.
XII. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes:
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social relativa a prohibir el uso de los recursos públicos y los programas de desarrollo social para fines personales, en beneficio de familiares directos o para uso proselitista, presentada por la diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 4 de marzo de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González(rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social
Honorable Asamblea
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-2-642 de fecha, 23 de septiembre de 2010 turnó a la Comisión de Desarrollo Social con opinión de la Comisión de Equidad y Género, para su estudio y dictamen, el expediente número 2721, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
En su exposición de motivos, el diputado proponente señala que en el país la pobreza y la desigualdad no se limitan a la distribución del ingreso sino que se vinculan a la discriminación de género, étnica y de lugar de residencia. Las mujeres todavía reciben remuneraciones inferiores a las de los varones, aun cuando desempeñen la misma ocupación con iguales requisitos educativos y horarios. La discriminación de género también determina que las tareas de desarrollo y cuidado de los seres humanos, como las de educación y salud, en las que se registra una elevada participación femenina, reciban comparativamente retribuciones menores y se sitúen en la parte más baja de la escala ocupacional.
En sus planteamientos, el diputado precisa que mejorar las condiciones materiales de vida de la sociedad mexicana pasa necesariamente por la promoción efectiva de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Para lograrlo es indispensable reconocer que mujeres y hombres desempeñan diferentes papeles y responsabilidades en sus vidas, dentro de sus familias, en su comunidad y en la sociedad, pero que esas diferencias no tienen por qué traducirse en discriminación.
El empoderamiento de las mujeres significa tener control sobre sus vidas y tener capacidad de influencia y de toma de decisiones que permitan mejorar su bienestar. El empoderamiento de las mujeres constituye una estrategia importante para transformar las estructuras de dominación y discriminación en todos los ámbitos: familiar, escolar, laboral, y en todas las instancias en que prevalezca un dominio masculino, en menoscabo de la condición social femenina.
Las convenciones internacionales en favor de los derechos humanos y de las mujeres representan esfuerzos importantes para superar barreras formales que restringen el acceso de las mujeres a una vida digna en condiciones de equidad. Los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de igualdad y no discriminación de género han seguido en tiempo y forma la ratificación de las convenciones internacionales. En un proceso de arduo trabajo de legisladoras y de legisladores han sido promulgadas leyes generales y estatales para la igualdad, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Aun cuando subsisten importantes discrepancias de algunas leyes federales y locales con los instrumentos internacionales para el avance de las mujeres, aquéllas constituyen importantes herramientas para tomadores de decisión hacia la remoción de los obstáculos de facto para el desarrollo humano con equidad de género.
Por lo expuesto, el diputado propone en su iniciativa que con el propósito de contribuir al empoderamiento de las mujeres se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social, para que los beneficios de los programas de desarrollo social que tengan como población objetivo a las familias o los hogares con algún grado de pobreza, sean entregados de manera preferente a las mujeres.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
Con base en la exposición de motivos que plantea el diputado proponente en su propuesta de iniciativa y considerando en todo momento la opinión emitida por la Comisión de Equidad y Género, esta comisión realiza las siguientes consideraciones que fundamentan el sentido del dictamen.
En un primer término y revisando las diversas leyes federales relativas al tema principal de la propuesta (el priorizar al género femenino para recibir los beneficios de los programas sociales federales) se desprende lo siguiente. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es la norma jurídica que reglamenta la igualdad que debe existir entre el género masculino como en el femenino. Por ello, en su artículo primero establece con claridad que dicha ley tiene por objeto “regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”. El artículo tercero señala que son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.
El artículo sexto menciona que “la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”. El artículo 17 establece que “La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo federal deberá considerar los siguientes lineamientos: Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres”. Sin duda, estos artículos de la ley definen y establecen con claridad la igualdad que debe existir entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida humana, sin embargo en ningún momento se habla darle prioridad a un género en detrimento del otro, o en el caso de la propuesta de la iniciativa, una exclusión hacia otros sectores para recibir los beneficios de los programas, contradiciendo con ello el principio de igualdad y equidad de género. Y es que la igualdad y equidad de género, como bien se establece en la ley referida, no se trata de beneficiar a un género en lo particular, en este caso a las mujeres, sino precisamente de lograr ese trato igualitario entre ambos para puedan convivir y desarrollarse armónicamente en la sociedad.
Asimismo, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres en su artículo cuarto establece que “el objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país”. Ello, sin duda, fundamental y que requiere de un seguimiento constante para que se cumpla, pero en ningún momento se habla de priorizar a las mujeres para que puedan ser beneficiadas por sobre los demás, aun cuando existan acciones en donde se encuentren en desventaja, sino más bien se señala que debe existir un trato igualitario entre ambos géneros. El artículo quinto define con claridad los siguientes conceptos: “Género: concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres; Equidad de género: concepto que refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”. El artículo 7 señala como funciones del Instituto Nacional de las Mujeres, el estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos. Con ello, se pretende que los programas que implementa el gobierno federal tengan siempre en cuenta la equidad de género, la cual se define en esta ley.
Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo cuarto que “Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, la no discriminación y la libertad de las mujeres”. En su artículo quinto define a la perspectiva de género, de la siguiente forma: “Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones”.
De igual manera, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 define muy bien sus objetivos estratégicos, los cuales no establecen una priorización de un género por sobre el otro, ni en el caso de los beneficios de los programas sociales. Por ejemplo, el objetivo estratégico segundo de este Programa señala que se deben garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho. El quinto objetivo señala que se deben fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y reducir la desigualdad de género. El sexto objetivo de este Programa establece que se debe potenciar la agencia económica de las mujeres en favor de mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo.
En síntesis, estas leyes que tienen relación directa con la propuesta de la iniciativa son de suma importancia y deben ser valoradas con profundo interés, como bien ha sido observado por la Comisión de Equidad de Género en su opinión sobre el proyecto de decreto de la iniciativa aquí planteada. Esta Comisión Dictaminadora concuerda con la citada Comisión encargada de emitir su opinión en la materia, en cuanto a que los objetivos y líneas de acción enmarcados en el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 tienen sustento cuando señalan que la falta de desarrollo de las capacidades de las mujeres y la pobreza son fenómenos estrechamente vinculados y que ello les impide el acceso a la toma de decisiones en diversos ámbitos. Sin embargo, más allá de que en la propuesta de iniciativa no se especifique ni se delimite con claridad los programas y las acciones a implementar para su realización, la igualdad y equidad de género no debe tender a beneficiar a un sexo por sobre otro como se pretende incorporar a la Ley General de Desarrollo Social, sin antes hacer las adecuaciones necesarias en otras leyes federales y sin tener un análisis y un diagnóstico a detalle de sus implicaciones de diverso índole.
La comisión concuerda con el diputado en que la pobreza y la desigualdad no se limitan solamente al facto ingreso de las personas. Coincidimos en que la equidad de género es la igualdad entre el hombre y la mujer ante los diferentes escenarios sociales, es decir, una igualdad en el desarrollo personal de cada individuo y a una igualdad de oportunidades para participar activamente en distintos objetivos. Ello, porque en la actualidad todavía se presentan casos significativos de discriminación y un trato desigual hacia las mujeres en diversos ambientes. Sin embargo, la equidad de género no conlleva por tanto una prioridad hacia uno por sobre otro, no significa una exclusión silenciosa de un género para fortalecer al otro.
De igual forma, es cierto que tanto mujeres como hombres desempeñan papeles muy importantes desde diversos ámbitos. También es cierto que ambos géneros tienen sus características muy particulares que los distinguen en su accionar y desenvolvimiento. En la iniciativa se menciona al empoderamiento de las mujeres como el control que tienen para tomar el control de sus vidas y tomar sus propias decisiones, para así poder transformar las estructuras de dominación y discriminación en donde prevalece el predominio masculino en detrimento del género femenino. Sin embargo, la proposición que se propone incorporar a la ley citada no habla de un empoderamiento de la mujer, sino de que este género tenga prioridad por sobre los demás sectores en el beneficio de los programas de desarrollo social implantados por el gobierno federal.
En la propuesta que se pretende incorporar al ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social no se especifica ni se limitan con claridad aquellos programas de desarrollo social a los que las mujeres serían beneficiadas prioritariamente para recibir las prebendas. No se menciona si existiría, por lo tanto, un mayor o menor presupuesto en tales programas sociales para que puedan ser beneficiadas las mujeres, por lo que sin duda se trataría de un proceso arduo en la discusión y aprobación del presupuesto de egresos. O también si ello significaría una modificación en todo el presupuesto para el ramo 20 en materia de desarrollo social. Es decir, faltaría una fundamentación presupuestal y financiera para especificar con precisión a cuáles programas se enfocaría la propuesta y con cuántos recursos contarían para su aplicación. Por otro lado, en la mayoría de las reglas de operación actuales de los programas de desarrollo social que implementa el gobierno federal se hace alusión en los apartados de los beneficiarios, destinatarios y la población objetivo, a las mujeres (principalmente aquellas que se encuentran en situación de pobreza y marginación) como un sector que requiere de una atención particular y necesaria.
En suma, la propuesta del diputado es muy significa porque conlleva desde un análisis teórico la lucha por el empoderamiento de las mujeres y el tratar de modificar las estructuras que prevalecen, en muchos casos, de discriminación y exclusión hacia el género femenino, para de ahí llegar a la práctica con la participación de las mujeres en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales en donde puedan desarrollarse plenamente como personas. Sin embargo, al incorporar esa propuesta se excluiría y se le daría menor importancia a otros sectores de igual importancia que requieren de igual manera de los beneficios de los programas sociales, es decir, se contradeciría el mismo argumento de la equidad e igualdad de los géneros, amén de lo establecido en diferentes leyes federales en la materia.
Además, si se pretende que se incorpore la propuesta de la iniciativa a la Ley General de Desarrollo Social, la naturaleza misma de la propuesta debería materializarse en las otras leyes federales citadas con el objetivo de que no exista una confusión y una disparidad del tema en esas leyes. Por lo tanto, se requeriría reformar estas leyes secundarias que reglamentan la igualdad y la equidad de género y el adelanto y empoderamiento de las mujeres.
Debe reconocerse la labor y preocupación del diputado proponente y es especialmente atendible su inquietud de que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y beneficios sociales, así como un trato igualitario en pos de la equidad de géneros y su empoderamiento como personas, sin embargo para esta Comisión no se cuenta con los suficientes elementos argumentativos que validen la incorporación de la propuesta a la Ley General de Desarrollo Social. Son de suma importancia las propuestas y opiniones de los diputados para el fortalecimiento del debate y las discusiones legislativas. Sin embargo, la iniciativa presentada no puede ser aprobada en sentido positivo por lo anteriormente expuesto.
Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Social relativa a establecer que los beneficios de los programas de desarrollo social que tengan como población objetivo a las familias o los hogares con algún grado de pobreza serán entregados de manera preferente a las mujeres, presentada por el diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de septiembre de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irizar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de la Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-6-0557,de fecha 23 de septiembre de 2010 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 2724, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
En las consideraciones, la diputada proponente comenta que de acuerdo con la división de poderes y con relación a la no invasión jurisdiccional de competencia entre el Ejecutivo federal, las entidades federativas y los municipios de la República Mexicana y con el propósito de que el primero no incida de manera determinante en las políticas locales de los gobiernos municipales, a través de los programas de desarrollo social, es conveniente que el Estado federal delegue a estados y gobiernos municipales, atendiendo a facultades específicas de éstos derivadas del artículo 115 constitucional, con el objetivo de que estén en condiciones de ejercer en todo momento sus facultades y atribuciones correspondientes, se propone que dichas facultades puedan ser objeto de convenio en coordinación con la federación cuando se trate de la administración, aplicación y continuidad de los programas de desarrollo social.
Señala la diputada proponente que el Estado federal mexicano se creó en la Constitución, la cual forma dos órdenes subordinados a ella: la federación y las entidades federativas, a las que a su vez señala competencia y límites, sin que haya supremacía entre estos órdenes sino coordinación, pero ambos están subordinados a la Constitución que los creó. Lo anterior opera también para los municipios.
Por lo expuesto, la diputada proponente manifiesta que su iniciativa se hace con base en los reclamos recogidos en la mayoría de los municipios del país en atención de que los programas dirigidos y planeados a través del Ejecutivo federal deben cumplir el objetivo propuesto y los gobiernos municipales tendrán todo el derecho de exigir al Ejecutivo federal el subsidio correspondiente para la continuidad del programa social instaurado. Es urgente garantizar el cumplimento y la imparcialidad de estos programas de desarrollo social para que incidan de manera general en toda la población de acuerdo con los postulados de la propia Ley General de Desarrollo. Así pues, los gobiernos municipales serán los principales coordinadores y ejecutores de los programas, los recursos y las acciones federales de desarrollo social respecto a las reglas de operación que al efecto hayan convenido y emitido de común acuerdo entre éstos y el Ejecutivo federal.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
I. Con base en la exposición de motivos que plantea la diputada proponente en su propuesta de iniciativa, esta comisión realiza las siguientes consideraciones, que fundamentan el sentido del dictamen.
II. En primer término, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 115 que “los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre”. En la fracción III de dicho artículo se menciona que “los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones”. El artículo 116, fracción VII, establece que “la federación y los estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a que se refiere el párrafo anterior”.
III. Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social establece en el artículo 17 que “los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, de acuerdo con las reglas de operación que al efecto emita el Ejecutivo federal, excepto en los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal”. El artículo 1o. señala que la ley determina la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del gobierno federal en materia de desarrollo social. El artículo 23 señala que “en el caso de los presupuestos federales descentralizados, las entidades federativas y los municipios acordarán con la administración pública federal el destino y los criterios del gasto, a través de los convenios de coordinación”. El artículo 26 establece que “el gobierno federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la metodología, la normatividad, el calendario y las asignaciones correspondientes a las entidades federativas. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas publicarán en sus respectivos periódicos oficiales la distribución a los municipios de los recursos federales”. El artículo 39 menciona que “la coordinación del sistema nacional compete a la secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las organizaciones. La secretaría diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social”. El artículo 42 señala que “los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los de las entidades federativas y el del gobierno federal”. El artículo 43 señala que corresponde al gobierno federal promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo federal, entidades federativas, municipios y organizaciones civiles y privadas, para la instauración de los programas relacionados con el desarrollo social y promover, con la intervención de los gobiernos de los estados respectivos, la participación de los municipios en el diseño y la ejecución de los programas de desarrollo social. El artículo 45 señala que es atribución de los gobiernos municipales ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas.
IV. De igual forma, el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social establece en el artículo 3 las definiciones siguientes: “Convenios de coordinación: instrumentos jurídicos que suscribe el Ejecutivo federal con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de los municipios o delegaciones políticas, a efecto de que coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la política nacional de desarrollo social”. El artículo 25 de dicho ordenamiento señala que “las dependencias y entidades de la administración pública federal que celebren convenios de coordinación con las entidades federativas deberán verificar que en el respectivo presupuesto local se establezcan partidas claramente identificables para el programa de desarrollo social de que se trate”. El artículo 27 menciona que “en el ejercicio de los recursos públicos federales que se complementen o combinen con recursos de las entidades federativas, de los municipios o delegaciones políticas, o bien, con los de los sectores social y privado, se aplicarán las disposiciones jurídicas federales. En los convenios que se celebren deberá señalarse esta circunstancia”. El artículo 40 señala que “para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y a los principios, objetivos y vertientes de la política nacional del desarrollo social, así como para asegurar la congruencia del Programa Nacional y los demás programas de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno, la secretaría promoverá la celebración de convenios de coordinación”. El artículo 41 establece que “las dependencias y entidades del gobierno federal para celebrar convenios de coordinación, deberán verificar que los instrumentos respectivos sean acordes con las bases siguientes: Indicar las metas cuantitativas y cualitativas de los programas de desarrollo social, que deban ser ejecutados de manera coordinada; Los compromisos para el financiamiento de los programas, acciones, obras y servicios de desarrollo social convenidos, indicando las erogaciones asignadas por la federación a la entidad federativa o municipio, los recursos propios del gobierno de la entidad federativa, los aportados por los municipios y, en su caso, los que correspondan a las comunidades beneficiarias, de acuerdo con las reglas de operación de cada programa; Indicar los programas que se ejecutarán de manera coordinada por las dependencias o entidades de la administración pública federal, de las entidades federativas y de los municipios y, en su caso, en concertación con las organizaciones de los sectores social y privado”. El artículo 42 señala que “los convenios de coordinación y las modificaciones a los mismos, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el correspondiente órgano de difusión oficial local, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que queden íntegramente suscritos”.
V. Por su parte, la Ley de Planeación establece en el artículo 2o., relativo a la descentralización administrativa, que la planeación a nivel federal debe basarse en “el fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional”. El artículo 23 señala que “los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución”.
VI. El artículo 27 señala que “para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes”.
VII. El artículo 28 menciona que “el plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados”. El artículo 33 establece que “el Ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios”. El artículo 44 señala que “el Ejecutivo federal, en los convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos de las entidades federativas, propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven”.
VIII. Con relación al tema de las reglas de operación de los programas sociales que alude la diputada proponente en su iniciativa, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece en el artículo 77 que “con objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y los programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia”.
IX. “Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones de las que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria”.
X. “Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio”. Por su parte, el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 establece en el artículo 30 que “la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo del artículo arriba citado. En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 15 de febrero de 2011, se entenderá como opinión favorable”.
XI. Por otro lado, el 30 de marzo de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, con objeto de orientar los programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, así como medir sus resultados objetivamente mediante indicadores relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la administración pública federal y el impacto del gasto social público. Por ello, estos lineamientos definen con claridad los tipos de evaluación, la matriz de indicadores para la evaluación de los programas sociales, el seguimiento de las evaluaciones y sus recomendaciones, su difusión y del sistema integral de monitoreo.
XII. Por todo lo anterior, y sumado al hecho de que lo propuesto por la diputada en sus consideraciones ya se encuentra claramente contenido en diversas leyes secundarias, resulta por demás innecesario que lo propuesto por la diputada se incluya en el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social. Además, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes secundarias relativas al tema de la iniciativa que se propone, establecen las facultades y obligaciones de las autoridades locales, de los gobiernos municipales en cuanto a la política social y a la ejecución e instrumentación de los programas de desarrollo social federales estatales y municipales. De igual forma, todas las reglas de operación de 2011 de los programas de desarrollo social especifican con claridad los ejecutores de dichos programas, así como de los recursos para su aplicación, observándose en la mayoría de ellas una sólida coordinación entre los tres niveles de gobierno.
XIII. Deben reconocerse la labor y preocupación de la diputada proponente y es especialmente atendible su inquietud de que los gobiernos municipales sean los principales coordinadores y ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, incluyendo los casos expresamente asignados, legal o administrativamente, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal. Son de suma importancia las propuestas y opiniones de los diputados para el fortalecimiento del debate y las discusiones legislativas. Sin embargo, la iniciativa presentada no puede ser aprobada en sentido positivo por lo expuesto.
XIV. Conforme a los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso que no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Social relativa a establecer que serán los gobiernos municipales los principales coordinadores y ejecutores de los programas, los recursos y las acciones federales de desarrollo social, respecto a las reglas de operación que al efecto hayan convenido y emitido de común acuerdo éstos y el Ejecutivo federal, presentada por la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de septiembre de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número DGPL 61-II-1-0813, de fecha 30 de noviembre de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 3358, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
En la iniciativa en comento se propone garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias de la población que se encuentra en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad. De la misma forma, se propone prever como objetivo de la política nacional de desarrollo social promover condiciones y apoyos para los mexicanos, especialmente los de situación de pobreza y vulnerabilidad, consistentes en alimentación, desarrollo de capacidades, vivienda e ingreso, para lo cual se deberá destinar 5 por ciento del presupuesto de los programas de desarrollo social.
De la misma manera, la iniciativa plantea establecer que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal promoverán procedimientos a fin de otorgar microcréditos para el desarrollo de actividades productivas, iniciando por los que tienen por objeto la obtención de alimentos y todos los que se generen productos para su venta.
Para tales efectos, la iniciativa propone adicionar una fracción IX al artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Social, así como modificar los artículos 11, 13, 14, 19, 20, 33, 34 y 50, además de adicionar el 34 Bis.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
I. La Comisión de Desarrollo Social concuerda con el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino en el sentido de que son necesarias acciones para asegurar que la población más vulnerable tenga acceso a la alimentación básica para su desarrollo. Sin embargo, este derecho se encuentra ya inscrito en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo Social, donde se señala que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Por otro lado, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera en las fracciones I y III la obligación del Estado de impulsar políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo; y contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país.
III. Conforme a los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso que no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por el diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de noviembre de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el oficio número CP2R2A, de fecha 27 de julio de 2011, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 5041, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, presentada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el senador Tomás Torres Mercado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
En la exposición de motivos, el diputado y el senador señalan que las artesanías poseen un valor patrimonial cultural material e inmaterial que debe ser conservado, protegido, enriquecido y proyectado hacia el futuro. A través de ella se reflejan creatividad, identidad y patrimonio cultural.
La complejidad y problemática por la que atraviesa el sector frenan su desarrollo y no le permiten integrarse al desarrollo productivo del país, lo que hace urgente una adecuación jurídica.
En los planteamientos de la iniciativa se precisa que si bien la artesanal es una actividad económica prioritaria, en el país hay un claro rezago en el impulso de ésta, ya que los más de 8.5 millones de artesanos encuentran una realidad lamentable, sin posibilidades de acceso la gran mayoría a apoyos crediticios e institucionales importantes, a programas de capacitación para mejorar sus procesos de producción y al respaldo formal para la protección y comercialización de sus productos.
De igual forma, los legisladores mencionan que el sector artesanal a la fecha no cuenta con un ordenamiento que proteja, incentive y regule el sector artesanal, que asegure sus procesos de producción, comercialización y difusión, que brinde asesoría técnica en la administración de sus actividades y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que preserve el ambiente, su salud y la de los consumidores, que otorgue su incorporación plena al régimen de seguridad social y cuyo propósito primordial sea fomentar la actividad artesanal y hacerla competitiva.
En las consideraciones que fundamentan la iniciativa propuesta, los proponentes señalan que la actual Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal es incompleta e inoperante. Por lo anterior, y resultado del cuarto a sexto Foros nacionales artesanales, celebrados en Campeche en 2008, Jalisco en 2009 y Zacatecas en 2010, respectivamente, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) impulsó el proyecto de ley que aquí se presenta y que ha sido un trabajo colegiado del Fonart y los representantes del sector artesanal de los estados, que han participado en dicho foros.
Por los planteamientos expuestos en los párrafos anteriores, los legisladores proponentes precisan que el propósito de la presente iniciativa es brindar mayor protección y certeza para los artesanos a través de la promulgación de una nueva ley que considere de manera separada la actividad artesanal y no de manera forzada, como se hizo en una ley que originalmente no estaba planeado para apoyar la actividad artesanal. La Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal tiene el firme propósito de fomentar la actividad artesanal y hacerla competitiva; proteger, incentivar y regular al sector artesanal; brindar asesoría técnica en la administración de sus actividades y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en un régimen especial que asegure sus procesos de producción, comercialización y difusión; y otorgar la incorporación plena al régimen de seguridad social de los artesanos y preservar la generación de empleos que crea esta actividad. Además, se busca regular dos realidades distintas, lo que no ha permitido impulsar el sector artesanal y su desarrollo en la economía formal.
Conforme a la argumentación anterior, los proponentes señalan que la iniciativa busca integrar armónicamente al orden jurídico vigente la regulación del sector, toda vez que actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el artículo 34, fracción XXII, establece que compete a la Secretaría de Economía “fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares”; y en el artículo 35, fracción XIII, que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación compete “fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares del sector rural...” Conforme a ello, esta propuesta reconoce la personalidad jurídica de los artesanos como creadores de sus obras, que preservan la identidad y la cultura de nuestro pueblo; como personas físicas; a sus organizaciones de acuerdo con usos y costumbres, o como personas morales asociadas de acuerdo con la legislación vigente, y a las artesanías como patrimonio cultural de México y generadoras de riqueza.
Además, los legisladores que presentan la iniciativa establecen que el proyecto de decreto propone crear el instituto mexicano de las artesanías, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, obligaciones, objetivos y fines, como órgano rector y normativo en materia de fomento, desarrollo y promoción artesanal y que estará adscrito sectorialmente a la Secretaría de Economía.
De igual forma, la presente iniciativa propone articular todo el sector artesanal, estableciendo que el instituto, en colaboración con las dependencias y las entidades de la administración pública federal, deberá realizar tareas en las políticas y acciones vinculadas con el sector, las cuales deberán contar con la aprobación del instituto; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios; de interlocución con el sector artesanal; y de concertación con los sectores social y privado. El instituto, con apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generará un régimen fiscal especial que otorgue de forma directa y específica beneficios al artesano productor, que le permita transitar a la economía formal y beneficiarse con ello de pertenecer a dicho régimen.
Finalmente, la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal pretende crear el consejo consultivo nacional, para dar voz a los representantes del sector artesanal en los estados y los municipios; se crea un sistema que, entre otros fines, tendrá que elaborar un padrón único nacional de artesanos; se obliga al nuevo instituto a ser el rector del comercio internacional de la artesanía mexicana; se crea un capítulo especial para la protección del patrimonio cultural tangible e intangible, representado en las artesanías y se crea todo un capítulo de sustentabilidad, a efecto de armonizar la obtención de materias primas y el cuidado del ambiente.
Por todo lo expuesto, y con el objetivo de permitir a los artesanos mexicanos el acceso a mejores formas de organización, producción, consumo y, por ende, de vida, el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, así como modificaciones de reformas y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
I. La comisión dictaminadora considera de buena intención la iniciativa presentada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el senador Tomás Torres Mercado, la cual pretende crear una ley que norme, desarrolle y fomente la actividad artesanal. Sin embargo, lo que proponen en la iniciativa resulta innecesario, toda vez que ya hay organismos y una ley encargados de promover y fomentar la actividad artesanal, por lo que queda sin fundamento.
II. Para atender las demandas del sector artesanal en México hay dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Fonart, que ofrecen apoyo al sector artesanal para colocar sus productos en el mercado, o bien, para su producción, mediante la realización de seminarios, foros, congresos y ferias regionales.
III. El Fonart fue creado como fideicomiso del gobierno federal el 28 de mayo de 1974. Tiene como finalidad preservar, comercializar y difundir la obra de los artesanos mexicanos, mediante apoyos a la actividad económica artesanal. El presupuesto autorizado al Fonart para el ejercicio fiscal de 2011 es de 105 millones 678 mil 896 pesos, con lo cual se tiene considerado beneficiar a 16 mil 100 artesanos. En lo que va del segundo trimestre de este ejercicio fiscal se ha beneficiado a 6 mil 371 artesanos, lo cual representa un avance de 39.5 por ciento de la meta.
IV. Las entidades federativas, a través de sus Secretarías de Desarrollo Económico o similares, desarrollan programas especiales y de apoyos a artesanos, destinando recursos para impulsar la producción y el crecimiento del mercado artesanal en sus respectivas regiones. Además, los estados promueven y cuentan con una ley estatal que busca proteger los derechos de los artesanos.
V. Adicionalmente, hay varios organismos estatales cuyo objetivo principal es el desarrollo de las artesanías. Entre ellos pueden mencionarse el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, de la Secretaría de Economía, y otras dependencias que atienden de manera indirecta estos objetivos, como Nacional Financiera, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Turismo.
VI. También ya existe un ordenamiento que norma la actividad artesanal, la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal (LFFMAA), la cual regula varios lineamientos propuestos en la iniciativa en comento.
VII. Aunado a todo lo expuesto, no se cuenta con una opinión presupuestaria del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que pudiera fundamentar la factibilidad de que se expida este nuevo ordenamiento.
VIII. Debido a que la propuesta de crear la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal quedaría sin fundamentación, de igual manera las reformas de la LFFMAA en el sentido de eliminar todo lo referente a la actividad artesanal resultan innecesarias.
IX. Conforme a los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa, el pleno de la Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso que no se encuentra motivación suficiente para aprobar la iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, la Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal, presentada por el diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez y el senador Tomás Torres Mercado,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 17 de julio de 2011.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio número DGPL 61-II-6-0260, de fecha 4 de febrero de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para estudio y dictamen, el expediente número 1220, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta con las siguientes:
Contenido de la iniciativa
La diputada Elsa María Martínez Peña manifiesta que el desarrollo social es una condicionante necesaria para que esta nación salga de la deplorable situación económica, política y social en la que se encuentra, debido a que la política social que se viene aplicando en el país está muy lejos de ser una política de Estado, y que sólo se trata de una política que privilegia el enfoque asistencialista encaminado a paliar los efectos más lacerantes de la pobreza extrema, la marginación y el rezago social que caracterizan la existencia de millones de mexicanos.
La proponente indica que una política social de Estado tiene la función de generar el bienestar de las personas como una prioridad nacional, basada en una visión de largo plazo y garantizando a la ciudadanía el pleno acceso a la educación de calidad con equidad y pertinencia, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y la seguridad pública. En este sentido, la política social no debería estar subordinada y determinada por los imperativos de la política económica, como ha sucedido en nuestro país en las últimas décadas sin que la economía nacional haya generado condiciones para abatir la desigualdad, la pobreza y la exclusión.
Para alcanzar dichos objetivos la diputada plantea que se debe comenzar por revisar profundamente el marco jurídico e institucional de la política social mexicana. De tal forma que se tiene una Ley General de Desarrollo Social (LGDS) promulgada en enero de 2004 y que hasta la fecha no ha sido reformada. Pero las circunstancias que impone una aguda crisis económica presente desde 2008, y que ha dejado severos efectos en el empleo y la seguridad social, y que profundiza la desigualdad y la pobreza, obligan a replantear diversas disposiciones de dicha ley.
La proponente señala que sigue existiendo un debate de ideas sobre qué nivel de gobierno debe ejercer los recursos de los programas sociales, pero lo significativo en torno a este debate, es que la principal objeción para que los programas sociales sean ejecutados por uno u otro orden de gobierno, consiste en la sospecha de que dichos programas sean utilizados para promover beneficios político-partidistas o para favorecer la imagen de algún gobernante en lo personal, y que por tales motivos se debe blindar los programas sociales, independientemente de cuál orden de gobierno lleve a cabo su ejecución.
La iniciativa en comento plantea que en la LGDS se incorpore de manera explícita lo que al respecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 134, de manera especial en sus párrafos VII y VIII, para que de esta manera se tenga certeza de la imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos, para el buen funcionamiento de las instituciones.
La proponente expone que debe ser adicionado el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo, para que se obligue claramente a los servidores públicos responsables de ejercer los recursos destinados a los programas de desarrollo social, para que lo hagan con absoluta imparcialidad y así los recursos no sean manipulados para beneficiar a un partido político, un candidato o la promoción personal del propio funcionario, y con ello se garantice la equidad en la contienda política y electoral, situación que no se ha podido conseguir a plenitud.
Por lo anterior la diputada Elsa María Martínez Peña propone se establezca la obligación de los servidores públicos responsables de observar plenamente el principio de imparcialidad en el ejercicio de las partidas presupuestales.
Con esta argumentación la iniciativa propone adicionar el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 22.En el Presupuesto Anual de Egresos de la Federación se establecerán las partidas presupuestales específicas para los programas de desarrollo social y no podrán destinarse a fines distintos; los servidores públicos responsables de ejercerlas, lo harán observando el principio de imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
1.La comisión dictaminadora considera de buena intención la presente iniciativa de reforma presentada por la dip. Elsa María Martínez Peña para establecer el principio de imparcialidad dentro de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), y así se evité que los recursos de los programas sociales sean utilizados para favorecer algún partido político, sin embargo si la propuesta de la diputada es el de pretender incorporar el principio de imparcialidad, primero se debe definir e incluir una reforma dentro del artículo tercero de la LGDS, porque es este el apartado de los principios a los que debe sujetarse la ley en comento, además lo que se propone en la iniciativa ya se encuentra comprendido en otras disposiciones legales, por lo que queda sin fundamento.
2. La Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en el artículo 134, establece que “los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
3. Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el artículo 47, dice que “todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”.
4. En la LGDS la propuesta de la diputada se encuentra de manera implícita en el artículo 41 el cual mandata que los gobiernos de las entidades federativas de manera coordinada con el gobierno federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad. También en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, en los artículos 17, 29 y 33, se encuentra incluido el principio de imparcialidad.
5. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social propone al pleno los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Elsa María Martínez Peña, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el 4 de febrero de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
La Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-6-0733de fecha, 13 de diciembre de 2010 turnó a la Comisión de Desarrollo Social, para su estudio y dictamen, el expediente número 3443, que contiene una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión de la misma fecha.
Con estos antecedentes, la Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido, deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa presentada por la diputada Ivideliza Reyes Hernández propone establecer la obligación de que en los planes o programas de desarrollo urbano, estatales y municipales, se creen vías de acceso libre a los bienes de uso común ,y cuando se trate de asentamientos humanos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, se deberán determinar accesos libres a dicha zona, al menos cada mil metros.
De la misma manera, se propone incluir la definición de bienes de uso común, en la Ley General de Asentamientos Humanos, para considerar como utilidad pública el establecimiento de vías de acceso libre a los bienes de uso común.
Además, propone facultar a la Secretaría de Desarrollo Social para verificar junto con las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, y de Educación, que en los planes o programas de desarrollo urbano estatal y municipal, se establezcan vías de acceso libre a los bienes de uso común. Asimismo establecer que corresponde a las entidades federativas la elaboración del programa estatal de desarrollo urbano, y a los municipios los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, que deberán prever vías de acceso libre a los bienes de uso común.
Para los efectos anteriores, la iniciativa propone modificar los artículos 2o., 5o., 7o., 8o., y 19 de la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I y II. ...
III. Bienes de uso común: Los previstos por el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.
IV. a XXI. Se recorren las subsiguientes fracciones.
Artículo 5. Se considera de utilidad pública:
I. a VII. ...
VIII. El establecimiento de vías de acceso libre a los bienes de usos común, y
IX. ...
Artículo 7. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones:
I. a XV. ...
XVI. Verificar junto con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes, y de Educación; que en los planes o programas de desarrollo urbano estatales y municipales, se establezcan vías de acceso libre a los bienes de uso común; y
XVII. ...
Artículo 8o. Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. ...
II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. En la elaboración de dicho programa, deberá prever vías de acceso libre a los bienes de uso común, de conformidad con las leyes aplicables.
Cuando se trate de asentamientos humanos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, el programa deberá establecer accesos libres a dicha zona, al menos cada mil metros.
III a XIII. ...
Artículo 9o. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local. En la elaboración de los planes o programas de desarrollo urbano, se deberán prever vías de acceso libre a los bienes de uso común.
Cuando se trate de asentamientos humanos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, en el plan o programa deberán establecerse accesos libres a dicha zona, al menos cada mil metros.
II a XV. ...
Artículo 19. Los planes o programas de desarrollo urbano deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en los artículos 23 a27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. Asimismo, deberán prever vías de acceso libre a los bienes de uso común, los cuales no podrán ser modificados en ninguna forma, sino por causas de interés público, debidamente acreditadas. Las entidades federativas y los municipios, deberán registrar ante la secretaría, todos los accesos libres a los bienes de uso común.
En caso de que en los accesos citados, se haya realizado cualquier tipo de afectación que impida el libre acceso a los bienes de uso común, será responsabilidad de las autoridades estatales o municipales, según corresponda, realizar los trabajos respectivos tendientes a restituir las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de las afectaciones; incluyendo demoliciones de construcciones. Dichos trabajos serán con cargo al propietario concesionario o en su caso, al servidor público que haya autorizado la afectación, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente.
Las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental que otorguen la secretaría o las entidades federativas y los municipios conforme a las disposiciones jurídicas ambientales, deberán considerar la observancia de la legislación y los planes o programas en materia de desarrollo urbano.
Consideraciones de la comisión dictaminadora
I. La Comisión de Desarrollo Social concuerda con la diputada Ivideliza Reyes en que deben asegurarse un acceso a los bienes considerados por la Ley como de uso común, sin embargo, se considera que la Ley de Asentamientos Humanos no es el instrumento jurídico para normar el acceso a este tipo de bienes.
II. La Ley General de Asentamientos Humanos establece en su artículo 1o. que esta ley tiene por objeto:
I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;
II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, y
IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.
Dentro de estos objetivos no se tienen contemplado la regulación de acceso a playas, cuestión fundamental en la motivación expuesta en la Iniciativa analizada.
III. La iniciativa, al conferirle mayores atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Social, estaría ampliando las propias atribuciones establecidas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
IV. Debe tomarse en cuenta que la aplicación de las modificaciones propuestas, implicaría que tanto estados como municipios deberán hacer frente a afectaciones de derechos adquiridos que necesariamente implican erogaciones y procesos civiles muchas veces fuera de las posibilidades de las administraciones municipales.
V. Conforme a la fracción VIII del artículo 31 bis de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, por lo que la propuesta sería opuesta a este artículo.
VI. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la Iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre del año en curso, no se encuentra motivación suficiente para aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto en comento.
Con base en los antecedentes expuestos y en virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión de Desarrollo Social propone al Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada Ivideliza Reyes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 13 de diciembre de 2010.
Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.
La Comisión de Desarrollo Social, diputados: José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), José Óscar Aguilar González (rúbrica), Carlos Luis Meillón Johnston (rúbrica), Héctor Hugo Hernández Rodríguez, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Carlos Flores Rico, Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»
LEY GENERAL DE POBLACION
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente dictamen respecto de la iniciativa que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población con base en los siguientes
Antecedentes
Que en fecha 8 de febrero de 2011 se presentó la iniciativa que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas, la que también fue suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Que en esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios para su dictamen”.
Contenido de la iniciativa
El proponente menciona en su exposición de motivos que se ha incrementado el ingreso de inmigrantes ilegales a nuestro territorio nacional en los últimos 10 años y que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y otros se han presentado hechos delictivos.
Que en 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció más de doscientos secuestros en contra de transmigrantes, y que, independientemente de su situación, gozan de los derechos y garantías fundamentales e conformidad con el artículo 1o. de la Carta Magna.
Derivado de lo anterior, el diputado Ilescas propone adicionar un primer párrafo al artículo 32, y el actual pase a ser segundo párrafo y se adicione un artículo 43 Bis a la Ley General de Población.
Con la primera propuesta, se busca establecer que el Estado mexicano a través de los tres órdenes de gobierno se vea obligado a proteger y garantizar un trato digno a los inmigrantes y transmigrantes.
Con la segunda propuesta, se pretende crear un fondo, para poder cumplir con los fines humanitarios y de ayuda, en aquellos lugares que determinen una incidencia alta en el flujo migratorio de la frontera sur, al cual podrán acceder las entidades federativas, los municipios y las organizaciones civiles que coadyuven a la defensa de los derechos humanos de los transmigrantes.
Por último, el diputado propone la obligación del Estado mexicano a través del Ministerio Público de la Federación, la creación de una fiscalía especializada de atención a delitos contra transmigrantes, además de brindar las condiciones mínimas de seguridad, independientemente de su calidad migratoria.
Consideraciones
Los integrantes de esta comisión, posterior al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, exponemos las siguientes consideraciones:
Primera. En primer término, es de señalarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, ya garantiza la protección de los derechos de todo individuo, como a continuación se transcribe:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
...
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En este sentido, resulta claro que todas las autoridades, indistintamente del orden de gobierno a que pertenezcan, tienen la obligación no sólo de proteger sino de garantizar un trato digno a cualquier persona en términos de las garantías consagradas en los artículos 1o., 4, 5, 11, 13, 14 y 16.
Ahora bien, de conformidad con el principio de jerarquía constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia Constitución, se establece un orden preciso en que deberán ser aplicadas las leyes atendiendo a su jerarquía, señalando que las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución representan las normas de mayor jerarquía y que junto con las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales serán la ley suprema de toda la unión; por tanto, si existen normas jurídicas del orden constitucional que protegen a todo individuo, a través de las garantías que otorga el ordenamiento legal en comento, así como la prohibición a cualquier persona o entidad, entre las cuales, desde luego, queda comprendida cualquier autoridad para realizar cualquier tipo de discriminación motivada por cualquier causa, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; es evidente en consecuencia, que el Estado mexicano en sus distintos órdenes de gobierno, ya se encuentran protegiendo y garantizando un trato digno, no únicamente a los inmigrantes y transmigrantes, sino a todo individuo que se encuentre dentro de territorio nacional.
A mayor abundamiento, los integrantes de esta comisión dictaminadora arriban a la conclusión de que por lo que se refiere a la primer propuesta del diputado promovente, ésta ya se encuentra atendida, en virtud de que la obligación por parte de las autoridades de proteger y garantizar un trato digno a los migrantes, ya se encuentra contenida en diversas disposiciones constitucionales y el hecho de establecer también tal obligación en la Ley General de Población, deviene en una reforma innecesaria que duplicaría normas jurídicas en distintos ordenamientos legales, además que también sería innecesaria y ociosa, si se considera que al encontrarse establecida en la Constitución federal se encuentra en un plano jerárquico superior a cualquier otra Ley secundaria que la pudiera contener.
Segundo. Por otra parte, debemos hacer notar que recientemente fueron aprobadas reformas al artículo 67 de la Ley General de Población, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 22 de noviembre de 2010, las cuales tuvieron por objeto garantizar los derechos fundamentales de los migrantes, sin importar su situación migratoria, de tal manera que dichas personas puedan formular quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibir atención médica, ser auxiliados en caso de desastre, tener accesos a la procuración e impartición de justicia, etcétera, como a continuación se transcribe:
Artículo 67. ...
No se podrá negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, cualquiera que sea su situación migratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia en todos los niveles, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, los extranjeros tendrán derecho a ser auxiliados en el caso de desastres, así como a recibir la atención médica que requieran en enfermedades o accidentes que pongan en riesgo su vida, independientemente de su situación migratoria.
Los servidores públicos que atiendan a los extranjeros en los supuestos antes establecidos, no estarán obligados a dar el aviso a que se refiere el párrafo primero del presente artículo.
Con dicha reforma, se restringe la posibilidad de que las autoridades de cualquier orden de gobierno, nieguen a los extranjeros que lo requieran, cualquiera de los supuestos a que se contrae el precepto legal citado, aludiendo para ello una situación migratoria irregular, lo que abona en beneficio de los migrantes el respeto pleno e irrestricto a sus derechos fundamentales.
Con la restricción referida en la disposición jurídica en comento, se considera también que la propuesta del diputado promovente se encuentra atendida, toda vez que la obligación de las autoridades de cualquier orden de gobierno de no negar cualquiera de los supuestos contenidos en la misma, se traducen en un trato digno y más humano a los migrantes que se encuentren en territorio nacional, sin importar su situación migratoria.
Tercera. A mayor abundamiento, es dable mencionar que tanto la elaboración como aplicación de las disposiciones y acciones en materia migratoria, corresponden al orden federal, en términos de los dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 constitucional, y fracción IV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aunado al hecho de que la materia migratoria por su propia naturaleza, es un tema que implica situaciones en donde tienen lugar diversas áreas tales como: seguridad nacional, aduanas, fronteras, entre otros, lo cual justifica la el carácter federal que dicha materia representa.
No obsta a lo anterior señalar que, la protección de los derechos humanos de los extranjeros, ya se encuentra prevista en el artículo 33 de la Constitución Política, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.
En función de lo expuesto, queda claro que los extranjeros también gozarán y en consecuencia, estarán protegidos mediante las garantías que otorga la Constitución Política, sin embargo, el Estado mexicano conserva en todo momento el derecho que corresponde a cada nación, de determinar libremente quienes pueden entrar y salir de su territorio, así como establecer las condiciones de entrada y salida del mismo, en virtud de la concurrencia de materias a que hicimos referencia con anterioridad, sin que ello implique en modo alguno, violaciones a los derechos humanos de los extranjeros, así como tampoco la falta de probidad y trato digno a dichas personas.
Cuarta. Ahora bien, por lo que se refiere a la segunda de las propuestas contenidas en el proyecto legislativo que se dictamina, los integrantes de la comisión estimamos prudente realizar las siguientes observaciones:
El establecimiento de una obligación a cargo de la autoridad que tenga por objetivo la protección de los derechos humanos y de garantizar un trato digno a los extranjeros, a través de la conformación de un fondo de ayuda, tiene evidentemente un impacto presupuestario que no es justificado por el promovente en lo relativo a la obtención de los recursos materiales para su constitución, aunado al hecho de que con ello se contraviene lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dispone a la letra lo siguiente:
Artículo 18. A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.
El Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.
Dicha propuesta implica obstáculos no solo presupuestarios sino también requiere necesariamente de la suscripción de convenios de colaboración entre la federación, ya que sería un fondo de carácter federal, y las entidades federativas que formarían parte de dicho fondo en términos de la legislación aplicable, así como los alcances, obligaciones, derechos y sobre todo participación, sin que en la iniciativa que se dictamina se haga mención en forma alguna, a todas estas particularidades.
Por otro lado, existe la problemática consistente en que la constitución de un Fondo en los términos propuestos, es decir, cuya creación estaría determinada en una ley federal, implica necesariamente que la aplicación de la misma ocurra en todo el territorio nacional, al pretender que dicho fondo atienda sólo una región del país (frontera sur), se estaría contraviniendo el ámbito de aplicación espacial de validez.
No se considera justo ni equitativo crear un fondo que tenga por objeto atender únicamente a la frontera sur, ya que eso denotaría un trato diferenciado y discriminatorio, cuando también en la frontera norte se tiene el mismo problema.
Una ley debe tener un ámbito de aplicación general para toda la república, pero al querer beneficiar de la iniciativa de reforma sólo a una parte de las entidades federativas, se estaría quitando ese objetivo o fin que las leyes mexicanas tienen en su aplicación. No sería adecuado ni correcto, constituir un fondo para proteger derechos y brindar un trato digno a las personas, cuyo ámbito de aplicación sea un sector específico, es decir, al cual sólo puedan acceder los que se encuentren en la frontera sur de nuestro país.
Quinta.Por lo que se refiere a la última de las propuestas sugeridas por el promovente, con relación a la creación de una fiscalía especializada de atención a delitos contra transmigrantes, los integrantes de esta comisión dictaminadora la estiman inviable por los siguientes razonamientos:
La creación de una fiscalía especializada es una atribución exclusiva del procurador general de la República, en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por tanto, se colige que la Cámara de Diputados no cuenta con facultades para crear estas unidades por decreto, tal y como lo dispone el precepto legal citado:
Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.
El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.
Ahora bien, aún en el supuesto caso de que se determine la creación de esta fiscalía especializada, su actuación se encontraría limitada ya que solo conocería de delitos federales tal y como son: el uso de armas exclusivas del ejército y fuerzas armadas, delincuencia organizada y algunos otros, sin embargo, los delitos de secuestro, robo, violación, extorsión, etc., que en realidad son los delitos que más aquejan a los migrantes en su tránsito por nuestro país, pertenecen al orden común y les corresponde su investigación a los ministerios públicos locales.
Asimismo, la fiscalía de la cual pretende su creación, se refiere en la propuesta solo al grupo de transmigrantes, esto es, solo aquellos que se encuentren en tránsito por territorio nacional, resultando cuestionable jurídicamente la mencionada propuesta, ya que para la creación de una Fiscalía Especializada debe tomarse en consideración el género de delitos; para el caso que nos ocupa, el grupo vulnerable en su totalidad, se encuentra representado por los migrantes y no únicamente por los transmigrantes, por lo que se estima que en todo caso, se promueva la creación de una fiscalía especializada de atención a delitos contra migrantes, ampliando con ello la protección no solo de los que transitan sino de cualquier tipo de migración.
La problemática, de la defensa de los derechos humanos y de garantizar un trato digno a los migrantes, va más allá de una determinada región, se requiere de acciones concretas y en conjunto con los diversos niveles, pero en ámbitos de colaboración más que como una imposición, la colaboración dependerá en todo momento de la disponibilidad presupuestal. No podemos obligar a las entidades federativas a que realicen acciones que ya se encuentren implementándose o que el gobierno federal ya esté aplicando.
Aunado a lo anterior, debemos mencionar que los artículos que el diputado Illescas que pretende sean modificados o adicionados han dejado de tener vigencia, toda vez que fueron derogados con la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Migración, en fecha 25 de mayo de 2011.
Por todos los argumentos anteriormente vertidos, los integrantes de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 32 y 43 Bis de la Ley General de Población, a cargo del diputado Jorge Venustiano González Ilescas y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios, presentada en fecha 8 de febrero de 2011.
Segundo. Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2011.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Rafael Rodríguez González.»
LEY GENERAL DE POBLACION
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población
Honorable Asamblea
A las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación de la LXI Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 39, fracción 1, y 2, 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente dictamen respecto de la iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103, de la Ley General de Población, bajo los siguientes
Antecedentes
Que en fecha 1 de diciembre de 2009, se presentó la iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103, de la Ley General de Población, a cargo del diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI.
Que en esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: túrnese a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa del proponente, pretende modificar los artículos 97, 101, 102 y 103 de la Ley General de Población, con el objetivo de dar la facultad al Instituto Federal Electoral, de emitir la cédula de identidad.
Lo anterior tomando como base, la información con la que ya se cuenta en el instituto y con el apoyo de la Secretaría de Gobernación.
Consideraciones
Estas comisiones, posterior al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, emite los siguientes argumentos por los cuales se considera que no es viable la aprobación de la Iniciativa de Ley de referencia:
Primero. Si bien la iniciativa propone que sea el Instituto Federal Electoral, quien emita la cedula de identidad, tomando como base la información que consta en su poder al momento en que se ha llevado a cabo el registro del padrón de electores, por lo cual no creemos que sea viable aprobar una iniciativa como la referida, porque deja fuera del alcance de dicho documento de identificación a los menores de edad.
Lo anterior toda vez que para obtener una credencial de elector, es para aquellas personas que han cumplido los 18 años de edad, y que de esta manera quedarían excluidos los menores de edad, al no estar registrados en este padrón que está en manos del IFE.
Segundo. Por otro lado, se propone que la Secretaría de Gobernación colabore con el IFE, en el proceso de emisión de las cédulas de identidad, de alguna forma queda muy vaga la propuesta al decir que colaborará en la emisión de este documento.
Si en determinado momento, existiera viabilidades técnicas y legales para impulsar una reforma como la planteada, el incluir un concepto como el de colaboración, deja de manera vaga que tipo de colaboración será, puede ser técnica, de recursos: monetarios, humanos, económicos, de infraestructura o de datos.
Tercero. El IFE, es un organismo público autónomo, que fue creado para llevar a cabo la tarea de organizar los procesos electorales de nivel federal, así como de brindar su apoyo en la organización de los comicios a nivel local, por medio de sus juntas distritales.
Lo anterior se desprende de lo estipulado por el art. 41, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Artículo 41. ...
I. a IV. ...
V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
De igual manera el artículo 106 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone lo siguiente:
Artículo 106
1. El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Como puede observarse, el IFE tiene facultades para llevar a cabo la organización de los procesos electorales, y que la propuesta de reforma en comento, acarrearía problemas en cuanto a la encomienda que tiene como organismo público autónomo, y más cuando se le pretende dotar de atribuciones que la propia reglamentación que rige su actuación no las considera.
Los integrantes de esta comisión consideramos, que aprobar una reforma como la propuesta, estaríamos otorgando facultades a otras áreas que no fueron creadas para llevarlas a cabo, se caería en un conflicto de atribuciones que determinara quien tiene facultades, y más aún cuando la reforma implica modificaciones que deben ir más allá de sólo afectar a la Ley General de Población.
Por lo expuesto, los integrantes de las comisiones unidas, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes
Acuerdos
Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 97, 101, 102 y 103, de la Ley General de Población, presentada por el diputado Canek Vázquez Góngora, del Grupo Parlamentario del PRI.
Segundo. Archívese la iniciativa como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a veintiuno de septiembre de dos mil once.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados:Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres, Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla, Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín, Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Sofío Ramírez Hernández, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez (rúbrica), Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), Benigno Quezada Naranjo (rúbrica), Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Roberto Pérez de Alva Blanco, Eduardo Ledesma Romo, Rafael Rodríguez González.
La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David, Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»
LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5 y 50, y reforma el 11, 22, 36, 47 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, inciso e), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 158, 167, 176 y 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género, para su análisis y dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.
Contenido de la iniciativa
Para la promovente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en el artículo 1o. toda forma de discriminación; a su vez, en el numeral 4o. consagra la igualdad de mujeres y de hombres. Para reglamentar estos principios constitucionales, detalla, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el 27 de abril de 2006, cuya entrada en vigor fue el 2 de agosto de ese año.
Un aspecto a destacar de este ordenamiento, expone, es el relativo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la encargada de observar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con objeto de construir un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres y el efecto de las políticas públicas aplicadas en la materia; todo ello, a través de la recepción de quejas, formulación de recomendaciones y presentación de informes especiales, como se desprende de los artículos 11, 22, 36, 46, 47, 48 y 49 de referido instrumento jurídico.
Precisa que en el dictamen que presentó la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura el 18 de abril de 2006 ante el Pleno de la Cámara de Diputados y que modificó en varios aspectos la minuta del Senado por la cual se expedía la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres destaca que se eliminó la creación del observatorio con autonomía técnica de seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres.
Señala que en el dictamen se argumentó que la creación de dicho observatorio, como órgano dependiente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), su autonomía y la objetividad de sus funciones se mermarían en virtud de que el instituto es una entidad de la administración pública federal.
También, que no era sano subordinar el observatorio a la entidad encargada de la coordinación del sistema nacional derivado de la ley que se pretendía crear y las acciones que éste genere, así como de la expedición de reglas de organización y funcionamiento del propio sistema nacional de igualdad entre mujeres y hombres.
Por ello, expone se propuso en ese entonces que la observancia debería recaer en un órgano que no estuviera subordinado a dependencia o entidad alguna de la administración pública federal. En ese sentido, se estableció que la observancia fuera responsabilidad de la CNDH, como establece su ley, cuyo ejercicio corresponderá a un área especializada del mismo órgano constitucional autónomo, ya que su estructura, a escala nacional, resultaba favorable para alcanzar los objetivos de la observancia y de la ley.
Informa que con las enmiendas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 2006, se facultó a la CNDH en la observancia del seguimiento, la evaluación y el monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, a través de un área que se encargará de dichas funciones.
Alega que según las atribuciones conferidas en la propia Ley Orgánica de la CNDH, ésta tendrá competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones de los derechos humanos cuando fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.
Mientras que, aduce, en el artículo 6 de citada ley se dispone una serie de facultades que se derivan de la naturaleza jurídica que la Constitución otorga a la CNDH, ya que se adiciona la fracción XIV Bis, donde se le da la facultad de dar seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres, rompe con este esquema.
Por lo mismo, manifiesta, los artículos 22 y 46 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres rebasan lo establecido en el texto constitucional, al otorgar facultades a la CNDH que no le confiere la Constitución en el artículo 102, Apartado B.
Reitera que la propia Constitución establece restricciones en la actuación de la CNDH para conocer de determinados asuntos, como los electorales, laborales y jurisdiccionales. De ahí que lo planteado en el artículo 36, fracción III, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres contravenga la Constitución, pues se faculta a la CNDH para evaluar la participación equilibrada de los géneros en los procesos electorales.
También, señala que la facultad que se confiere a la CNDH se refiere a la observancia en el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre los géneros, y ésta consiste, conforme al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la adopción de medidas para lograr la igualdad en los ámbitos económico, político, social y cultural.
Por tanto, concluye, si la CNDH pretende evaluar estas medidas, nos encontramos con que en esa gama de acciones, indudablemente se encuentran esferas que no son de su competencia, como las electorales, laborales y jurisdiccionales, por lo que se está violentando la disposición constitucional que da origen a la CNDH.
Argumenta que a dos años de la vigencia de la Ley de referencia, hasta diciembre de 2007 la CNDH no publicó el Informe especial sobre el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, donde señala que a través de su Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, creado el 8 de marzo de 2006, analizó las medidas y actividades puestas en marcha por la administración pública para evaluar su impacto en la sociedad y con ello, señala, estar en posibilidad de identificar las deficiencias que subsisten y realizar las propuestas indispensables para hacer efectivo el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en el país.
Además, dice, se llevaron a cabo dos encuestas para dar cumplimiento a su programa y, señalan, se tuvo como objetivo mostrar la percepción social de la población en general sobre la situación de igualdad entre géneros. La encuesta sobre igualdad se hizo a través de la página de Internet, cuyo campo de acción fue muy limitado, pues aún poca población tiene acceso a este medio electrónico de información.
Para la promovente, del informe especial, con el que se pretende dar cumplimiento al mandato que le señala la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la CNDH se constriñe a emitir algunas conclusiones y respuestas sin mostrar resultados en el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de la igualdad entre mujeres y hombres.
La iniciadora expresa que el propósito de la iniciativa es el de retomar el espíritu original en lo relativo al monitoreo, evaluación y seguimiento de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Por ello, destaca que el Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres debe surgir como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece la facultad del Congreso de la Unión para crear ese tipo de organismos.
Por otra parte, señala, con la finalidad de que el observatorio no invada el ámbito de competencia ni duplique funciones de la CNDH y del resto de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos de la República Mexicana, el observatorio no estará facultado para recibir quejas ni formular recomendaciones; tampoco recibirá denuncias, lo que en estricto sentido sería una facultad del Ministerio Público. En cambio, se propone que formule observaciones y emita conclusiones del resultado de las acciones realizadas para alcanzar sus objetivos, además de dar seguimiento a casos paradigmáticos o de interés social; de igual forma, que informe sobre el seguimiento de las quejas y de las recomendaciones emitidas por los organismos competentes en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Por tanto, propone que derivado de que la función de la CNDH va más allá de la Constitución y de que no ha brindado los resultados que se esperaban con las atribuciones que se le dieron, se le debe retirar esta atribución para estar en concordancia con el texto constitucional y para que se cuente con un mecanismo de observancia eficaz y jurídicamente fundado de la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.
En razón de lo anteriormente expuesto, somete a consideración la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Artículo Primero.Se reforman los artículos 11, 22, 36, fracción III, 46, 47 y 49, y se adiciona una fracción al artículo 5, y el artículo 50, todo ellos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:
Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por
I. a IV. (...)
V. Observatorio. Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;
Artículo 11. Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, intervenga el Observatorio, de acuerdo con las atribuciones que la ley y los reglamentos respectivos le confieran.
Artículo 22. El Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. El Observatorio es el encargado de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:
I. y II. (...)
III.Evaluar a través del Observatorio la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;
IV. a VII. (...)
Artículo 46.De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta ley , el Observatorio es el encargado del seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer y monitorear la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y analizar y dar seguimiento al efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. Invariablemente, deberá solicitársele su opinión en materia de planeación, reglamentos y normas relacionadas con los propósitos de la ley.
Artículo 47. El Observatorio tendrá las facultades siguientes:
I. Emitir opinión en la determinación de lineamientos para el establecimiento de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres;
II. Sistematizar, analizar y difundir información de fuentes nacionales e internacionales, sobre la situación de las mujeres y los hombres;
III. Formular recomendaciones y propuestas para el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como para mejorar los sistemas de información relacionados con la igualdad;
IV. Realizar propuestas de programas de cooperación institucional, nacional, estatal o municipal, en los fines de la presente ley;
V. Elaborar propuestas de reforma de leyes y reglamentos, así como políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
VI. Llevar a cabo las medidas pertinentes para que el Observatorio se constituya en foro de intercambio y comunicación entre organismos públicos y de la sociedad, que tengan por objeto realizar el seguimiento del tratamiento de las imágenes y lenguaje basados en estereotipos en función del sexo en los medios de comunicación;
VII. Participar y mantener relaciones con instituciones internacionales similares, así como con los observatorios de carácter local que se establezcan;
VIII. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico de la situación de la igualdad entre hombres y mujeres sobre diferentes temas;
IX Realizar el seguimiento informativo de las políticas públicas y sociales que afectan a las mujeres;
X. Fomentar en quienes impartan y administren justicia la inclusión en sus razonamientos, visiones y actitudes de la perspectiva de género;
XI. Analizar que los criterios de procuración de justicia no sean discriminatorios ni valorativos hacia un género determinado;
XII. Revisar la inclusión de los principios rectores de la ley en los documentos básicos de las instituciones políticas del país;
XIII. Pronunciarse con relación a iniciativas de ley que vinculen o no incluyan la perspectiva de género;
XIV. Analizar los proyectos y estudios que se sometan a su consideración;
XV. Opinar sobre la expedición de reglas para la organización y funcionamiento al Sistema Nacional y su vinculación con otros programas nacionales, estatales o municipales; y
XVI. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta ley.
Artículo 48. (...)
Artículo 49. El Observatorio estará integrado por once personas con carácter de propietarias, que durarán en su encargo cinco años, dentro de las cuales se elegirá a su titular y serán
I. Cuatro personas expertas en el análisis del tema de la igualdad entre mujeres y hombres de reconocida trayectoria;
II. Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil, abocadas a las materias que son de competencia del Observatorio y acrediten estar operando los últimos dos años inmediatos a su inclusión; y
III. Tres personas expertas procedentes del ámbito universitario, académico o vinculado a disciplinas que tengan relación con las materias que se analizan en el Observatorio.
Las once personas con carácter de propietarias contarán con una suplencia.
Para el caso de quien funja como titular del Observatorio, durará en su encargo dos años y podrá ser reelegido por una sola vez, si así lo determinan las personas integrantes de él.
Las designaciones a que se refiere el presente artículo las realizará el Congreso de la Unión a partir de la selección de personas expertas sobre el tema, personas representativas de la sociedad civil y personas representativas del ámbito universitario, que realicen las Comisiones de Equidad y Género de ambas Cámaras, a propuesta de las organizaciones de sociedad civil y las instituciones de educación superior con especialidad en estudios de género y derechos humanos o especialidades directamente relacionadas.
Artículo 50. El Observatorio, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá la integración de observatorios para la igualdad entre mujeres y hombres estatales y municipales, en su caso, como órganos de carácter consultivo, asesoramiento y concertación en materias de planeación, supervisión y evaluación de las políticas o acciones a que se refiere la presente ley.
En la constitución de estos observatorios se propiciará la representación proporcional y equilibrada por sexos de sus integrantes. Asimismo, sus normas de operación interna deberán responder a las necesidades, demandas, costumbres e interés de cada territorio o demarcación.
Artículo Segundo.Se deroga el artículo segundo transitorio de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:
Transitorios
Artículo Primero. (...)
Artículo Segundo. (Derogado)
Transitorios
Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.Los recursos otorgados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del área correspondiente para la aplicación de la presente ley serán reasignados al Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para su funcionamiento.
Artículo Tercero.El reglamento respectivo para la operación del Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá publicarse en los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Cuarto.Los nombramientos a que se refiere el artículo 49 del presente decreto deberán hacerse en los 30 días siguientes a su entrada en vigor.
Consideraciones
Primera. Las y los senadores, al facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –con la aprobación unánime de la adición de una fracción XIV Bis al artículo 6 de la Ley que la rige– en la observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, argumentaron que los derechos humanos en sus contextos de igualdad y dignidad suponen que entre varón y mujer no existe diferencia alguna, ya que nadie es más o menos que el otro. Lo anterior, considerando el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, el cual precisa que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo (...) por lo que no existen diferencias entre hombres y mujeres.
Asimismo, luego de reconocer que legalmente, mujeres y hombres tienen los mismos derechos como obligaciones, en materia de derechos humanos al ser éstos de carácter universal, implica que corresponden a toda persona, consideraron de gran importancia la creación de una instancia especial encargada de la observancia dando un seguimiento, evaluación y monitoreo a la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Al respecto, señalaron que las tareas de emitir opiniones, lineamientos, sugerencias, recomendaciones y excitativas para que las disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fueran debidamente observadas, debían efectuarse con autonomía e independencia.
Por tanto, concluyeron, que la CNDH era la entidad idónea por contar con la estructura adecuada para el cumplimiento de tales funciones.
Segunda. Por su parte, a fines de ese mismo año y como parte del proceso legislativo, la Cámara de Diputados aprobó en sus términos la Minuta con proyecto de decreto que adicionó la fracción XIV Bis al artículo 6 la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Entre las razones aducidas por las y los diputados figuró el hecho de que la protección y defensa de los Derechos Humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, manifestaron que el objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Por lo tanto, la tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
Finalmente, en la tercera consideración exponen que habiendo creado el marco regulatorio de las atribuciones y facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se considera indispensable encomendar a dicho organismo el análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia de equidad de género. En virtud de que dicha problemática forma parte de la noción de protección a los derechos humanos inherentes a toda persona, en el caso que nos ocupa, de las mujeres.
Tercera. Efectivamente, el 18 de abril de 2006 la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente la minuta proyecto de decreto de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, remitida por el Senado de la República un año atrás.
Entre los instrumentos de la Política Nacional en la materia, el Senado incluyó en el artículo 19 la creación el Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. No obstante, la Cámara de Diputados consideró adecuado sustituir el instrumento “Observatorio Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, con el de “La Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De igual manera, convinieron en adicionar un artículo 22, a fin de que la CNDH asumiera las facultades de la observancia:
Artículo 22.- De acuerdo con lo establecido por el Artículo 6, Fracción XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La Cámara de Diputados, reconoció la necesidad de la existencia jurídica de la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, pese a ello señalaron que no se estimaba pertinente la creación del Observatorio propuesto por el Senado, porque al crearlo como órgano dependiente del Instituto Nacional de las Mujeres, su autonomía y la objetividad de sus funciones se verían disminuidas.
Asimismo, las y los legisladores reconocieron que dicha observancia implicaba el seguimiento, la evaluación y el monitoreo de los programas y acciones de la Política Nacional en la materia.
Con ese fin, modificaron la minuta en comento para que la observancia recayera en un órgano que no esté subordinado a dependencia o entidad alguna de la Administración Pública Federal, para que, congruente con los propósitos de la Ley, el órgano encargado de la observancia tenga la autonomía y objetividad suficientes para hacer viables dichos propósitos y la eficacia de la Ley misma.
Así, la protección integral de los derechos humanos en materia de igualdad, por decisión mayoritaria del Pleno, incluyó las tareas de seguimiento, evaluación y monitoreo de los programas y acciones de la Política Nacional en la materia, asegurando que además de fortalecer la autonomía y objetividad en las acciones del órgano encargado de la observancia, se favorece la concurrencia de los Estados, el Distrito Federal y los municipios; se establece que la observancia sea responsabilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como lo establece su Ley específica, cuyo ejercicio corresponderá a un área especializada del mismo órgano constitucional autónomo, ya que su estructura, a nivel nacional, resulta favorable para alcanzar los objetivos de la observancia y de la Ley.
Cuarta. Posteriormente, el 26 de abril de 2006, el Senado, luego de dar cuenta de los cambios adoptados por la Colegisladora, los aprobó al considerar que abonaban a los propósitos de la misma:
9. Consideramos necesarias todas las modificaciones y adiciones relativas a la figura del observatorio nacional, las cuales fueron elaboradas a fin de dar mayor autonomía a esta función de observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, atribuyéndola a un organismo autónomo independiente del Poder Ejecutivo Federal, siendo éste la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Con esta serie de modificaciones se fortalecen no sólo la autonomía y objetividad en las acciones de esta área encargada de la observancia, sino también la concurrencia de los estados, el Distrito Federal y los municipios.
Quinta. De las razones expuestas, se advierte que el Congreso de la Unión desechó por improcedente la creación de un órgano de suyo debilitado, que en la práctica hubiese fortalecido tal condición, en menoscabo de los derechos humanos de las y los ciudadanos mexicanos. En consonancia, acordaron facultar a la CNDH en materia de observancia con lo que fortalecieron la función que la Constitución General de la República le otorga, la de proteger los derechos humanos que amparan los ordenamientos jurídicos mexicanos.
Lo anterior, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de la CNDH que a la letra dice:
Artículo 2o. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
Sexta.La propia promovente reconoce, en la exposición de motivos, que el organismo que busca crear tendría un perfil limitado, insustancial para la defensa de los derechos humanos. Al respecto señala:
Con la finalidad de que el Observatorio no invada el ámbito de competencia ni duplique funciones de la CNDH y del resto de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos de la República Mexicana, el observatorio no estará facultado para recibir quejas ni formular recomendaciones; tampoco recibirá denuncias, lo que en estricto sentido sería una facultad del Ministerio Público. En cambio, se propone que formule observaciones y emita conclusiones del resultado de las acciones realizadas para alcanzar sus objetivos, además de dar seguimiento a casos paradigmáticos o de interés social; de igual forma, que informe sobre el seguimiento de las quejas y de las recomendaciones emitidas por los organismos competentes en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Cabe destacar que la iniciadora no especifica el significado de casos paradigmáticos o de interés social; incluso omite considerarlos en el cuerpo de las reformas planteadas.
Así, la formulación de observaciones y conclusiones que se desprendan de la actividad del pretendido organismo que se propone crear no tendrían relevancia alguna y únicamente serían materia de registro y archivo por no tener un sustento jurídico certero y claro.
Séptima. Esta comisión dictaminadora considera que la aprobación de la propuesta para crear un observatorio nos conduciría a la duplicidad de funciones en detrimento de la efectividad en la defensa a los derechos humanos, incluso, de la hacienda pública.
Al respecto, resulta pertinente señalar que las recientes reformas constitucionales refuerzan el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con la reforma del artículo 102 se traslada, del artículo 97, la facultad de investigar hechos que constituyan violaciones graves de los derechos humanos —a petición expresa del Ejecutivo federal, los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal, las cámaras de Congreso de la Unión o las legislaturas locales— a la CNDH.
Octava. Por demás, con el fin de hacer frente a la faculta de observancia la CNDH una dirección general dependiente de la Segunda Visitaduría, denominada Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Mediante dicha instancia especializada, la Comisión cumple las tareas establecidas en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo más alto propósito es la eliminación de toda práctica discriminatoria que permita garantizar el ejercicio de derecho a la igualdad
En ese tenor, en julio de 2009, la CNDH publicó el Segundo Informe Especial 2008, Sobre el derecho de igualdad entre mujeres y hombres, donde se contienen las acciones, las observaciones y las propuestas que la Comisión ha efectuado; así como los obstáculos que ha enfrentado y las quejas que ha recepcionado y atendido.
En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del pleno de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa por la que se adicionan los artículos 5 y 50 y reforman los artículos 11, 22, 36, 46, 47 y 49 de la Ley General para la Igualdad entre hombres y Mujeres, presentada por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 30 de abril de 2008.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Notas:
1 Diario de los Debates. Senado de la República, Legislatura LIX; año II; Diario 29; Segundo Periodo Ordinario, abril 27 de 2005.
2 Ibíd.
3 Ibídem.
4 Gaceta Parlamentaria. Cámara de Diputados, LIX Legislatura; número 1875-I jueves 3 de noviembre de 2005, pp. 31-34.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, LIX Legislatura; número 1989-V, Jueves 20 de abril de 2006
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Diario de los Debates. Cámara de Senadores, LIX Legislatura; año III; diario 26; Segundo periodo ordinario; abril 26 de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de agosto de 2011.
La Comisión de Equidad y Género, diputadas y diputados: Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), presidenta; Ana Estela Duran Rico, Adela Robles Morales, Elvia Hernández García (rúbrica), Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica), Laura Elena Estrada Rodríguez (rúbrica), Tomasa Vives Preciado (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera (rúbrica), secretarias; Laura Arizmendi Campos, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Laura Felícitas García Dávila, Luis García Silva (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Marcela Guerra Castillo, María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Juan Carlos Natale López, María Elena Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Leticia Robles Colín (rúbrica), Felipe Kuri Grajales, Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica).»
LEY PARA LA IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS USADOS PROCEDENTES DE LA ZONA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en fecha 18 de noviembre de 2009.
La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados en fecha 18 de noviembre de 2009, los secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.
Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tercero. En resumen, el legislador propone lo siguiente:
• Expedir la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Cuarto.En fecha 14 de septiembre de 2011, la Comisión Especial de la Industria Automotriz, remitió a esta Comisión de Economía, opinión en sentido negativo de la iniciativa que nos ocupa, la cual fue tomada en cuenta en la elaboración del presente dictamen.
Consideraciones
Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen.
Segunda. Los diputados que integran la Comisión de Economía comparten la preocupación de los diputados proponentes respecto a la necesidad de regular la importación de vehículos usados.
Ciertamente, se debe reconocer que la entrada al país de vehículos usados, en su mayoría provenientes de Estados Unidos, ha tendido a darse de manera desordenada e ilícita, pues es recurrente que una vez ingresados a territorio nacional bajo el esquema de “importación temporal”, un alto porcentaje de estos vehículos ya no es retornado a su país de origen.
Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Economía estiman inviable la aprobación de la iniciativa propuesta debido a las siguientes consideraciones:
1. Primeramente, se debe mencionar que las preocupaciones expresadas en la iniciativa de mérito, la cual fue presentada en noviembre de 2009, al día de hoy ya se encuentran atendidas en el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, expedido por el Ejecutivo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011 (Decreto), cuyas disposiciones, incluso, tienen un mayor alcance que las contenidas en la iniciativa.
En efecto, el decreto responde atinadamente a la necesidad de regular la importación de vehículos usados, pues establece un régimen especial para su importación por residentes de la franja fronteriza norte; prohíbe su importación temporal o definitiva al territorio nacional a aquellos que en su país de procedencia esté restringida su circulación por no cumplir con las condiciones físico-mecánicas o de protección al ambiente aplicables o cuando haya sido reportado como robado; dispone la obligación de los comerciantes de vehículos de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las importaciones realizadas al amparo del decreto; prevé la suspensión en el Padrón de Importadores a quien importe vehículos usados de manera ilícita; obliga a los propietarios de vehículos usados importados a realizar la inscripción correspondiente en el Registro Público Vehicular conforme a la ley de la materia; y, atribuye al pedimento de importación la calidad de documento que acredita la legal estancia en el país de los vehículos usados importados.
Además, como bien lo manifiestan los diputados proponentes en la exposición de motivos de su iniciativa, han existido varios decretos a partir de 2005 para regular esta actividad; lo que permite razonar que las condiciones del mercado internacional para esta actividad son variables y constantemente surgen nuevos elementos que hacen necesaria la expedición de normas que se adecúen con prontitud a las fluctuaciones comerciales de este sector, por lo que pretender regular esta actividad a través de una ley podría constituir una obstrucción a la velocidad de respuesta a las cambiantes necesidades en el entorno comercial, principalmente, por razón de los tiempos con los que se conduce el proceso legislativo.
2. Asimismo, la iniciativa pretende establecer que todos los vehículos se puedan importar acogiéndose al trato preferencial arancelario previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sin el requisito de presentar un certificado de origen para tal efecto. Dicha disposición contraviene al TLCAN, pues el artículo 502 sección 1 del mencionado instrumento internacional, establece que a fin de que un importador pueda beneficiarse del trato preferencial arancelario, se requerirá que:
a) Declare por escrito, con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como originario;
b) Tenga el certificado en su poder al momento de hacer dicha declaración;
c) Proporcione una copia del certificado cuando lo solicite su autoridad aduanera; y
d) Presente sin demora una declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, cuando tenga motivos para creer que el certificado en que se sustenta su declaración contiene información incorrecta.
En ese sentido, eliminar el requisito de presentación de un certificado de origen para acceder a los beneficios arancelarios que prevé el tratado, traería como consecuencia un importante detrimento de las finanzas públicas nacionales pues se reduciría la recaudación por las importaciones al estarse otorgando trato preferencial arancelario a quienes no sean objeto de ello. También se estaría causando una afectación a la industria nacional automotriz al desregular la entrada al país de vehículos cuyo precio es significativamente menor que los nacionales.
Ahora bien, también es cierto que en el decreto se establece que algunos vehículos usados podrán ser importados al territorio nacional sin que se requiera certificado de origen, por razón de su año-modelo de antigüedad, siempre y cuando su número de identificación vehicular corresponda a un productor o ensamblador de México, Estados Unidos de América o Canadá; lo cual no constituye una violación al TLCAN, pues dicha disposición es congruente con el calendario de desgravación previsto en su apéndice 300-A.2, en el cual se establece que paulatinamente se irán simplificando los requisitos y restricciones para la importación en la zona del tratado hasta llegar a eliminarse completamente, logrando una integración total de los tres mercados automotrices.
Tercera. Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Economía somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa por la que se expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentada por la diputada Graciela Ortiz González y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, el 18 de noviembre de 2009.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2011.
La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pável Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruíz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso f) de la fracción 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
I. Antecedentes
1. En la sesión ordinaria del día 13 de diciembre de 2010, el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados.
2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó, el 13 de diciembre de 2010, a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (en adelante la comisión).
3. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 3158-II, del 7 de diciembre de 2010.
4. En la sesión ordinaria del día 23 de marzo de 2011, la Mesa Directiva dio cuenta de la comunicación del diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan, por el que solicita que su iniciativa sea procesada bajo las nuevas reglas establecidas por el sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados. En esa fecha la Mesa Directiva obsequia el trámite solicitado y el 24 de marzo la turna nuevamente a la comisión para que corra el término reglamentario.
5. Con fecha 26 de abril del 2011 la Comisión solicitó plazo distinto para dictaminar mediante el oficio CRRPP/LXI-254/11.
6. El 6 de mayo del 2011 la Gaceta Parlamentaria en su número 3255-I publicó acuerdo de la Mesa Directiva que autoriza a la comisión la prórroga solicitada.
7. El 12 de mayo de 2011, se recibió la notificación de la Mesa Directiva de autorización de prórroga para dictaminar la iniciativa mediante oficio D.G.P.L. 61-II-4-1076.
8. El 08 de agosto del 2011 la Comisión solicitó al Servicio de Información y Análisis, reporte de investigación con doctrina y antecedentes mediante el oficio CRRPP/LXI-495/11.
9. En esa misma fecha, la Comisión solicitó a Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, estudio jurídico de carácter histórico así como tesis o jurisprudencia en su caso mediante el oficio CRRPP/LXI-496/11.
10. El 08 de agosto del 2011, la Comisión solicitó a la Secretaria de Servicios Parlamentarios, un estudio jurídico-parlamentario, respecto de la viabilidad de la propuesta mediante oficio CRRPP/LXI-494/11.
11. Con fecha 16 de agosto del 2011 la Comisión convocó al iniciante, ante la misma para el día 23 de agosto del mismo año, con la finalidad de ampliar la información sobre la iniciativa que nos ocupa en términos del artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
12. Durante los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto, los integrantes de la comisión se dieron a la tarea de analizar la iniciativa y la información recabada para proponer el presente dictamen.
13. El 27 de septiembre, se recibió el oficio s/n de esa misma fecha, remitido por la Maestra Claudia Gamboa Montejano, Subdirectora de Análisis de Política Interior de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, al que acompaña un documento de análisis a la iniciativa.
14. El miércoles 28 de septiembre este año, la Comisión conoció en pleno el contenido del presente dictamen, resolviendo su aprobación.
II. Contenido de la iniciativa
La iniciativa pretende adicionar un párrafo al inciso f) del numeral 6 del artículo 45 para incluir entre las tareas de las comisiones que en la elaboración de los proyectos de dictamen realicen las adecuaciones de técnica jurídica y legislativa necesarias para el perfeccionamiento de la norma.
III. Proceso de análisis
Los integrantes de esta comisión, encargados de la elaboración de este proyecto, en sucesivas reuniones realizadas durante los meses de julio y agosto, valoraron los contenidos de la iniciativa, tomando en consideración la elaboración de proyectos de dictamen de las iniciativa turnadas a las comisiones, estas deberán realizar las adecuaciones de técnica jurídico- legislativa que sean necesarias para el perfeccionamiento de la norma, para el beneficio que ello traería, elaborando el presente documento que fue presentado en calidad de predictamen desde el 20 de septiembre a los integrantes de este órgano colegiado, quienes resolvieron aprobarlo en su sesión ordinaria del 28 septiembre de 2011.
IV. Argumentos del autor
Para respaldar su propuesta, el autor conforme a su exposición de motivos, establece lo siguiente:
1. La fortaleza del trabajo legislativo, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, requiere de la imperiosa necesidad de actualizar permanentemente sus procedimientos para la mejor atención y desahogo de los asuntos que le toca atender, de manera objetiva aquellos que tienen que ver con la revisión y actualización del marco normativo de una sociedad que como la nuestra se encuentra en una constante y continua evolución.
2. El procedimiento legislativo se origina con la presentación de la iniciativa, documento con el que principia una propuesta formal de ley o decreto, reforma, adiciona o derogación, por quienes están facultados para ello.
3. La iniciativa, está acompañada de una exposición de motivos que es donde se expresa la manifestación doctrinal y técnica de la razones que tiene el iniciador para modificar, adicionar, derogar o crear una nueva ley; es la determinación del alcance de la misma, su justificación y objetivo.
4. La iniciativa, tan luego es presentada en cualquiera de las Cámaras del Congreso, es turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de dictamen legislativo, o Comisiones, si se considera que la materia de la misma compete a más de una, para el estudio y formulación del dictamen correspondiente. En esta etapa de investigación, análisis y evaluación hay iniciativas con proyectos propositivos, que al no cumplir con ciertas formalidades que la técnica jurídico-legislativa requiere como son: cuestiones de lenguaje y/o conceptuales, entre otros, son dictaminados en sentido negativo, por estás y, posteriormente desechadas en el pleno, o bien pasan a formar parte del voluminoso acervo de expedientes que forman el rezago legislativo; soslayándose así todo un trabajo propositivo del iniciador que no pudo salir adelante ante el desconocimiento o duda de quienes dictaminan para poder corregir y perfeccionar los textos de las propuestas de quienes tienen plena facultad de iniciativa.
5. Situación similar ocurre en aquellos proyectos que son aprobados, los cuales no están exentos de presentar fallas que los hacen muchas veces contradictorios con otras normas, confusos, ambiguos y oscuros, debido a que la legislación actual no señala con exactitud la facultad que tienen los órganos dictaminadores para perfeccionar las iniciativas en la etapa de estudio y valoración.
6. Actualmente, la estructura administrativa de órganos legislativos, cuenta con diferentes instancias de investigación y análisis de la problemática nacional, así como un cuerpo completo de apoyo técnico en materia jurídico-legislativa para coadyuvar con los legisladores en los requerimientos de información especializada para la formulación de las iniciativas y todo aquel material que el quehacer parlamentario les demanda de manera objetiva, imparcial y oportuna.
7. Es precisamente en esta tesitura en la que debe aprovechar el profesionalismo y la experiencia del cuerpo asesor de los órganos legislativos para superar, en la etapa de dictamen, las deficiencias del contenido de las iniciativas presentadas, en aras de fortalecer el trabajo parlamentario y coadyuvar así de una forma dinámica y eficiente en la construcción de un marco jurídico sólido, además de presentar una excelente oportunidad para disminuir el elevado nivel de iniciativas rezagadas en las comisiones, que por el mero hecho de presentar problemas de carácter técnico quedan relegadas en los archivos de las mismas, perdiéndose muchas veces intenciones y propuestas valiosas y de gran contenido jurídico, social, económico, entre otros.
8. El propósito fundamental de la presente propuesta está dirigido a otorgar expresamente a las comisiones ordinarias, la facultad para que en el proceso de dictamen de las iniciativas que le son turnadas puedan corregir errores o deficiencias de técnica jurídico-legislativa en que incurran las propuestas de quienes tienen la facultad de iniciativa, a fin de generar instrumentos jurídicos más comprensibles y certeros.
V. Valoración del impacto presupuestal y regulatorio
1. Considerando que el propósito de la iniciativa es adicionar con un segundo párrafo, el inciso f) de la fracción VI del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no traería gasto alguno en primera instancia, ya que solo modificación el artículo antes menciona.
VI. Análisis, valoración y consideraciones de la comisión
1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa que nos ocupa, conforme se establece en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La Comisión tiene competencia para dictaminar la iniciativa que motiva este documento, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
3. La iniciativa pretende facultar a las comisiones a realizar las adecuaciones legislativas necesarias para el perfeccionamiento de las normas, bajo el argumento de que muchas de las propuestas son desechadas por fallas de técnica legislativa y otras tantas quedan sin dictaminarse. En otras palabras pretende que las comisiones ordinarias de dictamen ejerzan una especie de suplencia de la iniciativa para evitar que por esta causa sean objeto de un abandono procesal o de desechamiento.
4. Es comprensible que la iniciativa tuviera tal visión pues, en la fecha en la que se presentó originalmente (13 de diciembre de 2010) las normas existentes permitían la proliferación de algunos de los problemas señalados.
5. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2011, entró en vigor el Reglamento de la Cámara de Diputados que:
a) Permite que las iniciativas se elaboren con un contenido mínimo de elementos que permiten elevar su calidad.
b) Posibilita a los autores subsanar sus iniciativas cuando adolezcan de alguna carencia o error.
c) Faculta a un órgano de la Cámara a vigilar que las iniciativas cumplan con los elementos reglamentarios.
d) Obliga a las comisiones a citar al autor para que, si él lo considera pertinente, pueda abundar respecto de su iniciativa.
e) Legitima al autor de la iniciativa a poderla retirar hasta antes de que se emita el dictamen o se considere precluido el derecho a hacerlo.
f) Establece la posibilidad de que las comisiones soliciten la información que requieran e incluso la opinión de especialistas, de los titulares de las entidades de la administración pública.
g) Faculta al autor para formular un voto particular ante la comisión para cambiar el dictamen, hasta antes del inicio de la discusión del mismo, si considera que la esencia de su propuesta ha sido desvirtuada.
6. Con tales elementos resulta infundado el temor de que las iniciativas puedan ser desechadas por deficiencias técnicas.
7. Por cuanto a que pudieran quedar en la inactividad procesal, a lo que el autor denomina “rezago legislativo”, no es factible con el nuevo ordenamiento porque establece un plazo cierto y finito para que las comisiones emitan dictamen, prevé la obligación de la Mesa Directiva de la Cámara de recordar mediante avisos a las comisiones del inminente vencimiento de los plazos y prescribe que, en caso de que no se presente el dictamen en tiempo, las iniciativas deban pasar al pleno en sus términos.
8. Finalmente y sólo para efectos de una justipreciación del valor de la iniciativa, conviene recordar que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que aún cuando la iniciativa es la causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma, su presentación no obliga jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue a presentar la comisión encargada, ni mucho menos condiciona el sentido de la discusión y votación que realicen los miembros de las cámaras de origen y revisora.
9. Por todo lo anteriormente expresado los integrantes de la Comisión consideramos superada la propuesta.
10. En atención a todo lo anteriormente expuesto y razonado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 81 numeral 2, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen con proyecto de
Acuerdo que desecha la iniciativa para adiciona con un segundo párrafo, el inciso f) de la fracción 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona con un segundo párrafo, el inciso F) de la fracción 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Emilio Andrés Mendoza Kaplan , del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional , en la sesión del 13 de diciembre de 2010.
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.
Notas:
1 Artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
2 Artículo 102, párrafo 2, fracción II íbidem.
3 Artículos 63 párrafo1 y 62 párrafo 2, fracción II. Ibid.
4 Artículo 177, párrafo 1. Íbid.
5 Artículo 77, párrafo 2. Íbid.
6 Artículos 150, párrafo 1, fracción XII y 177 párrafo 2 Íbid.
7 Artículo 83 Íbid.
8 Artículo 182, párrafo 1.
9 Artículo 88 Íbid.
10 Artículo 184 íbid.
11 Tesis aislada LXIX/1999. Iniciativa de leyes y decretos. Su naturaleza jurídica. Registro no. 193256, novena época, pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, septiembre de 199, página 8, materia constitucional.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su reunión extraordinaria celebrada el jueves seis de octubre de dos mil once en la sala de juntas de la propia Comisión, ubicada en el edificio “F” primer nivel.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), secretarios; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Carlos Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Carlos Diputado Diputado Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), José Ricardo López Pesacador (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).»
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 Bis y reforma el 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
I. Antecedentes
1. En la sesión ordinaria del día 5 de abril de 2011, el diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que reforma los artículos 45 y 97, y adiciona un artículo 13 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
2. La Comisión de Régimen Reglamentos y Practicas Parlamentarias la recibió el 6 de abril.
3. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3221-VII, el martes 15 de marzo de 2011.
4. La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (en adelante “la comisión”).
5. El 27 de abril de 2011, la comisión mediante el oficio CRRPP/LXI-254/11 solicitó a la Mesa Directiva plazo distinto para dictaminarla.
6. El 12 de mayo de 2011, la Mesa Directiva acordó otorgar la prórroga solicitada a través del oficio DGPL-II-4-1330
7. El 1 de agosto de 2011, la comisión mediante el oficio CRRPP/LXI-560/11, solicitó al Licenciado César Becker Cuéllar, Director General del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, le solicito un análisis técnico jurídico respecto de la viabilidad de propuesta, un estudio de carácter histórico así como tesis o jurisprudencia en su caso.
8. El 2 de agosto de 2011, la comisión mediante el oficio CRRPP/LXI-561/11, solicitó al doctor Francisco Luna Kan, director general de Servicios de Documentación un reporte de investigación con doctrina, estudio comparativo de la iniciativa presentada así como antecedentes del marco jurídico.
9. El 2 de agosto de 2011, la comisión mediante el oficio CRRPP/LXI-562/11, solicitó al Licenciado Emilio Suárez Licona, Secretario de Servicios Parlamentarios, estudio jurídico- parlamentario, respecto de la viabilidad de la propuesta.
10. El 17 de agosto de 2011, la comisión recibió el oficio SSP/LXI/2.10117/2011 de la Secretaría de Servicios Parlamentarios al que acompaña opinión elaborada por la maestra Xóchitl Garmendia Cedillo, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
11. El 17 de agosto de 2011, la comisión invitó al autor en términos del artículo 177, párrafo 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados para que acudiera el martes 23 de agosto a las 11:00, en la sala de juntas ubicado en edificio F.
13. El 19 de agosto de 2011, la comisión recibió oficio ULP/161/2011, con el que el Lic. Pedro García Cruz, Coordinador de asesores, confirma asistencia del citado.
14. El 12 de septiembre de 2011, se recibe el oficio sin número de la misma fecha, remitido por la maestra Claudia Gamboa Montejano, Subdirectora de Análisis de Política Interior de la Dirección de los Servicios de Investigación y Análisis, con el que remite documento de análisis de la propuesta.
15. El 22 de septiembre de 2011, el autor fue citado mediante oficio CRRPP/LXI-705/11, para que acudiera el martes 27 de septiembre a las 17:00 horas o al término de la sesión (si se prolongase más allá de esa hora) con la finalidad de que abundara respecto de su iniciativa en términos del artículo 177, párrafo 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
II. Contenido de la iniciativa
La iniciativa pretende reformar los artículos 45 y 97 y adicionar un artículo 13 bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de otorgarle a los órganos de dirección de las Cámaras y de la Comisión Permanente y a las comisiones de ambas representaciones, facultades para imponer sanciones a los servidores públicos señalados en el artículo 93 constitucional, cuando se nieguen a acudir a comparecer, no otorguen información o lo hagan fuera de un término señalado.
III. Proceso de análisis
Los integrantes de esta comisión, encargados de la elaboración de este proyecto, en sucesivas reuniones realizadas durante el mes de agosto, valoraron los contenidos de la iniciativa, tomando en consideración que con esta reforma se busca definir las obligaciones básicas de los integrantes del Congreso de la Unión, elaborando el presente documento que fue presentado en calidad de predictamen desde el __ de abril a los integrantes de este órgano colegiado, quienes resolvieron aprobarlo en su sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2011.
IV. Análisis y valoración de los argumentos del autor
Para apoyar su propuesta, el autor hace la siguiente exposición argumental:
1. “El Ejecutivo federal ya no es todopoderoso, cierto; sin embargo, los secretarios y titulares de los organismos desconcentrados y descentralizados se siguen comportando como en el pasado; comparecen a regañadientes ante las cámaras del Congreso de la Unión y no responden lo que se les pregunta; y, peor aún, se les cita a comparecer y se niegan a ir pretextando cualquier nimiedad, como problemas de agenda.”
2. “Sin embargo el Congreso aún carece de la facultad directa. Se propone la adición del artículo 13 bis, reitera la obligación de los servidores públicos en mención de comparecer, y se otorgan facultades a las mesas directivas comisiones de las dos cámaras –y a la comisión permanente—, para aplicar sanciones.”
3. “Con la finalidad de evitar fraudes a la ley, se ordena que se proponga adicionar, la prohibición de ser restituido en su mismo cargo o en otro similar por lo que dure la legislatura.”
4. “Incluye la posibilidad de que el servidor público solicite audiencia ante el órgano legislativo que lo haya sancionado, con la finalidad de no quedar en estado de indefensión, ser escuchado y tener la posibilidad de que la sanción impuesta pueda ser revocada.”
5. “El propósito de las modificaciones propuestas es que el servidor público obligado a proporcionar la información o documentación no pueda negarse a hacerlo, salvo que esté protegida su confidencialidad por mandato judicial o de ley. En caso contrario, se hará acreedor a una sanción. Actualmente, si el funcionario requerido es omiso, el Congreso General sólo puede interponer una queja ante el presidente de la República, situación que normalmente no conduce a nada.”
6. “Con el fin de evitar abusos, las comisiones que requieran la comparecencia o información deberán prevenir al funcionario en cuestión de la sanción a que se puede hacer acreedor en caso de no cumplir esta obligación.”
V. Valoración de impacto
1. Impacto regulatorio.
De aprobarse la iniciativa que se analiza y en congruencia con los principios de legalidad y debido proceso que se encuentran señalados en los artículos, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sería necesario establecer las instancias, procesos, etapas, instrumentos, medios y términos para que tal medida resultase legal y eficaz.
El derecho de audiencia del incoado, los medios de prueba admisibles, la forma y términos del desahogo de las mismas, los medios de defensa, los tiempos que se tienen para presentarla serían algunos de los aspectos a considerar.
2. Impacto Económico.
El costo de esta reforma se podría valorar una vez que se establezca el impacto regulatorio pues una vez que se conozcan los requerimientos legales se puede determinar si se demandaría de la creación de otro ente administrativo y por lo tanto de infraestructura física y humana o si esas necesidades se podrían cubrir con la infraestructura actual.
VI. Consideraciones de la comisión
1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa que nos ocupa, conforme se establece en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La comisión tiene competencia para dictaminar la iniciativa que motiva este documento, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
3. La iniciativa pretende facultar a:
• La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;
• La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores;
• La Mesa Directiva de la Comisión Permanente;
• Las comisiones ordinarias para aplicar medidas disciplinarias:
• A los secretarios de Estado;
• Al procurador general de la República;
• A los directores y administradores de organismos y entidades paraestatales;
• A los titulares de órganos autónomos, y
• A los funcionarios que dependan jerárquicamente de ellos.
Cuando:
– Se nieguen a comparecer en el Congreso de la Unión,
– Se nieguen a proporcionar información al mismo, o
– No proporcionen la información solicitada dentro de un plazo.
Tales medidas serían:
• Amonestación pública;
• Multa hasta por 90 días de sus percepciones como servidor público;
• Suspensión del cargo hasta por 6 meses
• Inhabilitación hasta por 6 meses para ocupar otro cargo público
• Destitución.
4. La reforma al texto constitucional del 15 de agosto de 2008, estableció instrumentos de apoyo al Poder Legislativo para el ejercicio de su facultad de control, asentando que los funcionarios públicos a que alude el artículo 93 de la Carta Magna debían comparecer a informar bajo protesta de decir verdad, podían ser citados a comparecer, ser interpelados y requerirles información mediante la pregunta por escrito.
5. En esta reforma resulta claro que lo único que el legislador encontró punible fue la falsedad, pues incorporó la figura de la protesta de decir verdad y con ello la posibilidad de que el funcionario que falte a ella se haga acreedor al cargo de “falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad”, en términos de lo que indica el capítulo V del Título decimotercero del Código Federal de Procedimientos Penales.
6. Las sucesivas expediciones de los Reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados que regulan estos instrumentos, establecieron consecuencias diferenciadas.
7. Los senadores establecieron que la insatisfacción de la pregunta o la dilación de la respuesta posibilita que se pueda acordar la comparecencia del funcionario; asimismo dispusieron que cuando un servidor público no responda satisfactoriamente o evada las preguntas que se le formulan el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara o el de la Junta Directiva de la comisión le otorgarán 5 días para hacerlo por escrito, de no hacerlo se le puede convocara a una segunda convocatoria previo acuerdo del órgano respectivo.
8. Los representantes prescribieron que ante la negativa a responder o ante la respuesta insatisfactoria los diputados pueden acudir en queja ante el Presidente de la República.
9. En ninguno de los dos ordenamientos se establecieron sanciones a los servidores públicos por no acudir a citación a comparecer. Esto se puede entender porque ambos establecen procedimientos y canales muy claros de entendimiento entre los poderes de suerte que no es muy remota la posibilidad de que algún funcionario se niegue a acudir.
10. Tampoco se establecen sanciones administrativas como las propuestas por la iniciativa ni en la Ley Orgánica ni en los reglamentos, toda vez que no les corresponde a estos ordenamientos establecer tales por 3 razones. La primera, la naturaleza administrativa de las consecuencias expresadas no cabe en ordenamientos cuyo ámbito de aplicación material y personal son las Cámaras y sus procedimientos. La segunda es que como ordenamientos propios del poder legislativo, no pueden ser objeto de intervención u observaciones por parte del Poder Ejecutivo por lo que, de accederse a la petición legislativa, se estaría interfiriendo en la facultad autonómica del Poder Legislativo sin darle posibilidad de intervención. Tercera, porque la facultad de nombrar y remover a los integrantes de la administración pública Federal (salvo algunos casos constitucionalmente exceptuados), es una facultad conferida exclusivamente al régimen autónomo del Presidente de la República y, en tanto ello no cambie en el texto constitucional, el establecimiento de sanciones por parte del legislativo hacia integrantes del Ejecutivo podría constituir una intromisión competencial.
En atención a todo lo anteriormente expuesto y razonado, la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 81 numeral 2, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desechan diversas iniciativas que reforman la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, que se enuncian.
Proyecto de acuerdo que desecha la iniciativa para adicionar el artículo 13 Bis y reformar los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Uriel López Paredes
Primero. Se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 13 Bis y se reforman los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Uriel López Paredes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la sesión del 5 de abril de 2011.
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.
Notas:
1. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2010.
2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2011 y su primera reforma el 20 de abril de 2011.
3 Artículo 272, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República.
4 Artículo 273, numeral 3, ibídem.
5 Artículos 131, párrafo 6 y 203, párrafo 3.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su reunión extraordinaria celebrada el jueves seis de octubre de dos mil once, en la sala de juntas de la propia Comisión, ubicada en el edificio “F” primer nivel.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), secretarios; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Julio César Castellanos Ramírez (rúbrica), Carlos Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Heliodoro Díaz Escárraga (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), José Ricardo López Pescador (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).»
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desechan cuatro iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
I. Antecedentes
1. Respecto de la iniciativa que reforma el artículo 43, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional (en adelante iniciativa López-Portillo).
A) En la sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre del 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta ante el Pleno de la iniciativa enunciada (Inic.17/LXI) y determinó que se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (En adelante la Comisión).
B) La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2875-II, martes 27 de octubre de 2009 y con esa misma fecha el expediente fue entregado a esta comisión.
C) El 13 de julio del 2011 la Comisión solicitó a la Dirección General de Servicios de Investigación y Análisis de la Biblioteca (en adelante SIA), con número de oficio 449/11, valoración del texto normativo propuesto, estudio comparativo y viabilidad de la propuesta.
D) El 13 de julio de 2011, la comisión solicitó al Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (en adelante CEDIP), mediante oficio 450/11 estudio jurídico de carácter histórico así como tesis o jurisprudencia.
E) El 27 de julio de 2011, la Comisión recibió respuesta del CEDIP, mediante el oficio CEDIP/LXI/DG/573/11.
F) El 29 de agosto de 2011, se recibió oficio sin número de SIA, con el que responden la solicitud hecha.
2. De la Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la diputada Adriana Sarur Torre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (en adelante iniciativa Sarur).
A) En la sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre del 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta ante el Pleno de la iniciativa señalada y determinó se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (iniciativa 18/LXI).
B) La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 2877-II, del jueves 29 de octubre de 2009 y con esa misma fecha fue remitido el expediente respectivo a la comisión.
C) El 13 de julio de 2011 la Comisión solicitó CEDIP con oficio 434-11 análisis técnico jurídico preliminar.
D) El 10 de agosto de 2011 el CEDIP contesta a la petición con oficio CEDIP/LXI//DG/561/11.
3. De la Iniciativa que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (en adelante iniciativa Bermúdez).
A) En la sesión celebrada el martes 24 de noviembre del 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta ante el pleno de la iniciativa referida y determinó que se turnara a esta Comisión (iniciativa 22/LXI).
B) La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 2888-II, viernes 13 de noviembre de 2009 y con esa misma fecha remitida a la comisión.
C) El 11 de julio de 2011, la Comisión solicitó a SIA, mediante oficio 449-11, un estudio preliminar respecto de la iniciativa.
D) El 13 de julio de 2011 la Comisión solicitó con oficio 450-11 al CEDIP, un estudio jurídico preliminar.
E) El 27 de julio de 2011 se recibió oficio CEDIP/ LXI//DG/573/11 con el que se da respuesta a la solicitud.
F) El 29 de agosto de 2011, se recibió oficio de SIA s/n al que acompaña elementos de análisis.
4. De la iniciativa que reforma los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gregorio Hurtado Leija del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (en adelante iniciativa Hurtado).
A) En la sesión celebrada el día 29 de abril del 2010, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta ante el Pleno de la propuesta legislativa señalada y determinó que se turnara a esta comisión (iniciativa 56/LXI).
B) La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 2999-A-I, jueves 29 de abril de 2010.
C) El expediente de la misma fue remitido a la comisión el 17 de mayo de 2010.
D) El 13 de julio de 2011, la Comisión solicitó a SIA con oficio 449/11 estudio preliminar.
E) El 13 de julio de 2011, la Comisión solicitó al CEDIP con oficio 450-11, estudio jurídico preliminar.
F) El 27 de julio de 2011, la Comisión recibió respuesta del CEDIP mediante oficio CEDIP/LXI/DG/573/11.
G) El 29 de agosto de 2011, se recibió oficio de SIA sin número al que acompaña elementos de análisis.
II. Contenido de las iniciativas
1. La iniciativa López-Portillo propone reformar el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el término en el que se deben constituir las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados será en la tercera sesión ordinaria del primer mes de ejercicio de la legislatura. Los argumentos con los que se respalda su iniciativa, conforme a la exposición de motivos, son los siguientes:
A. Mejorar y actualizar el tramo inicial de organización y funcionamiento de la Cámara de Diputados, a partir de que la integración de comisiones se realice a mas tardar, en la tercera sesión posterior a la instalación de la Cámara de Diputados, ya que actualmente el artículo 43 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que las comisiones se constituyan durante el primer mes de ejercicio, con ello se logrará;
B. Que el grueso de las tareas legislativas, se emprenderán con mayor oportunidad contando ya con rubros y materias de trabajo que aportan las comisiones.
C. Apoyaría las tareas iniciales de los diputados, fundamentalmente en los asuntos concurrentes con otros poderes y soberanía.
D. Es el caso, entre otros, del Informe del Poder Ejecutivo federal y su glosa correspondiente; Informes de entidades fiscalizadoras, lo relacionado con el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación, materias a partir de las cuales se definen y encausan muchas de las iniciativas o decretos y, atender las propuestas de las legislaturas de los Estados.
2. La iniciativa Sarur pretende reformar el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, se constituyan a más tardar el día 20 del primer mes de ejercicio de la legislatura en turno. Los argumentos en que la diputada basa su propuesta son los siguientes:
A. ...Después de casi 40 días de haber emprendido nuestra responsabilidad como legisladores iniciamos con el trabajo de comisiones ordinarias. En este orden de ideas, y en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, recibimos el paquete económico el 8 de septiembre y las comisiones encargadas de dictaminarlo –Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública– tienen, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 14 días –en el caso de la primera– y poco más de un mes –en el caso de la segunda– para analizarlo, modificarlo y aprobarlo, en un contexto, hay que señalarlo, de crisis sin precedente en los ámbitos económico, político y social...
B. Cabe destacar que, en el caso la Ley de Ingresos, donde compartimos la responsabilidad de análisis y aprobación con el Senado de la República, los tiempos se estrecharán aún más por las modificaciones que se realizan a algunos dictámenes.
Dentro de este esquema, la facultad de aprobar el proyecto de ingresos y egresos de la federación es, sin duda alguna, una de las principales funciones de control institucionalizado sobre las actividades del gobierno federal con que cuenta el Poder Legislativo. En este sentido, el examen objetivo, la modificación responsable y la aprobación comprometida del paquete económico son elementos inherentes al control político en donde el destinatario final es el cuerpo de nuestros representados.
C. Ante la grave crisis de credibilidad del poder público, ante las críticas por los excesos, ante las percepciones, ciertamente fundadas, de la inoperatividad de los lazos que deben articularnos con las demandas y necesidades del grueso de la población, es necesario que redoblemos nuestro compromiso. Es nuestra obligación ser profundamente escrupulosos a la hora de realizar la función para la que hemos sido electos. Es necesario que hagamos cada vez más eficientes los mecanismos que utilizamos para ejercer nuestras facultades.
D. Es por ello que proponer la modificación del artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, encargadas de dictaminar el paquete económico, se constituyan a más tardar el día 20 del primer mes de ejercicio para que su revisión formal cuente con más tiempo, ampliando con ello los márgenes de maniobra, fundamentalmente de los legisladores que asumen su responsabilidad durante el proceso electoral intermedio.
E. Paralelamente, se destaca que además de extender los plazos para la revisión del paquete económico se abre la posibilidad de sentar las bases para reducir los tiempos y de esta forma adelantar la construcción de los acuerdos necesarios para el funcionamiento de esta Cámara...
3. La iniciativa Bermúdez sugiere la reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el término para la constitución de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, será durante los primeros quince días de ejercicio de la legislatura.
Los argumentos en los que el autor sustenta su iniciativa, tienen como base:
A. ... retraso legislativo y la gran demanda de trabajo que se tiene tanto por la legislatura que inicia como de la Legislatura saliente, lo que obliga a que los tiempos de trabajo sean más cortos.
B. ...la función legislativa es una de las actividades más importantes que realiza el estado para la producción de normas generales y abstractas que reflejan la potestad y el imperio del mismo, pues impone patrones de actuación a la conducta externa humana y que en el desempeño de esta función, el estado el Estado crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley, para hacer frente a los problemas fundamentales de la sociedad de lo que se infiere debe realizarse de manera eficiente y eficaz.
C. La importancia de las comisiones como órganos especializados constituidos por el Pleno tiene a su cargo la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones que contribuyen a que las Cámaras del Poder Legislativo cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales.
D. ...la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como responsable de estudiar y dictaminar el proyecto de Ley de Ingresos, que conforme al artículo 74, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria tiene a su cargo para estudiar y dictaminar la Ley de Ingresos así como aprobar el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para ser presentado ante el pleno para su aprobación a más tardar el día 20 de octubre y 15 de noviembre, respectivamente.
E. Con estos plazos, la Comisión solamente cuenta con veinte días naturales para realizar el trabajo de dictamen y veta la posibilidad de realizar un análisis más a fondo de las propuestas que se reciban.
F. En tal virtud considera necesario reducir los tiempos para la instalación de las comisiones; para lograrlo propone modificar el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incorporar un plazo mínimo de 15 días para la constitución de las comisiones ordinarias.
4. La iniciativa Hurtado, plantea la reforma al artículos 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar a los grupos parlamentarios a modificar anualmente la integración de las comisiones; y la modificación del artículo 43 del mismo ordenamiento para establecer que la duración del encargo de los integrantes de las comisiones ordinarias será ratificado anualmente por los grupos parlamentarios y que las sustituciones se deben notificar a la Junta de Coordinación Política. Basa su propuesta en lo siguiente:
A. ...los tiempos que actualmente vive el país, en donde la ciudadanía exige a sus representantes un mayor compromiso dentro y fuera de los trabajos legislativos, cada legislatura los diputados trabajan dentro de las comisiones para poder debatir, analizar, crear o modificar la legislación para el desarrollo social ordenado y a su vez vaya encaminado hacia un futuro mejor, todo esto, gracias a la pluralidad, al compromiso y al trabajo que cada día se lleva a cabo dentro del Congreso.
B. Las comisiones representadas en esta soberanía tienen una importancia fundamental dentro de las actividades parlamentarias que día con día se realizan y cuya función es estudiar los asuntos que les corresponden a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, como lo establece el artículo 45, numeral 6, de nuestra Ley Orgánica.
C. ...la presente iniciativa tiene como objeto otorgar atribuciones para que la Junta de Coordinación Política proponga al pleno, de forma anual, la modificación o ratificación de los integrantes de Comisiones ordinarias incluyendo los miembros de las directivas, esto con el fin de que se retribuya el esfuerzo, la disposición, el trabajo y el liderazgo dentro de dos periodos ordinarios transcurridos.
III. Valoración del impacto presupuestal y regulatorio
Se considera que las iniciativas presentadas en este dictamen no tienen un impacto presupuestal ni en otras disposiciones normativas ya que su propuesta sólo tiene implicaciones procesales para modificar el plazo para la conformación de las comisiones al inicio de la legislatura.
IV. Análisis, valoración y consideraciones de la comisión
1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señalan los artículos 71, párrafo segundo, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La Comisión tiene competencia para dictaminar la iniciativa que motiva este documento, de acuerdo a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
3. La comisión considera que son de acumularse las cuatro iniciativas enunciadas toda vez que pretenden reformas a éste ordenamiento y el sentido de éstas es coincidente pues el objeto a regular es el tiempo de integración de las comisiones y normar la integración de las mismas, en tal sentido, por economía procesal se considera conveniente y oportuno, analizar y dictaminarlos asuntos en un solo documento en términos de lo dispuesto en el artículo 81, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
4. El plazo para integrar las comisiones ordinarias, ha sido una preocupación atendida en diversas reformas a la Ley Orgánica así como a la Constitución. De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el desarrollo del plazo para constituir las comisiones permanentes ha tenido varios momentos.
5. Uno de los primeros antecedentes quedó establecido en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 64 establecía que “las Comisiones Permanentes se elegirán en la primera sesión que verifiquen las Cámaras después de la apertura del periodo de sesiones de su primer año de ejercicio”.
6. Con la reforma a la Ley Orgánica de 1979 se derogó esta disposición y se estableció en el artículo 53 y 87 que las comisiones se integraran en la primera quincena de septiembre del año en que iniciara la legislatura; en el caso del Senado prevaleció la regla establecida en el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior.
7. La reforma a la Ley Orgánica de 1994 modificó las disposiciones anteriores para incorporar en el artículo 44 que las comisiones deberían integrarse durante el mes de septiembre del año en que se iniciara la legislatura. En el caso del Senado prevaleció la regla de integrarlas en la primera sesión del primer periodo en el artículo 74 de la propia ley. Dicha reforma Se aprobó con el objetivo de armonizar el texto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto del artículo 65 constitucional que disponía que el Congreso se reuniera a partir del primero de noviembre, derivada de la reforma del 7 de abril de 1986.
8. Esta disposición constitucional fue modificada en la reforma del 3 de septiembre de 1993 que establecía que el Congreso debía reunirse a partir del primero de septiembre.
9. La Cámara de Senadores en el dictamen del 5 de julio de 1994 señaló que: “... se adecúa el señalamiento vigente del que deberán integrarse durante el mes de septiembre del año en que se inicie la legislatura correspondiente, en vez de durante los quince primeros días de ese mes, salvo en el caso de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que por su naturaleza y funciones deberá integrarse en la primera sesión ordinaria de la Cámara en la Legislatura que corresponda...”
10. La previsión de ese artículo 44 pasó al artículo 43 de la Ley Orgánica de 1999 y es la que actualmente regula la integración de las Comisiones de la Cámara de Diputados:
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo 43.
I. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura...
11. La propuesta para la conformación de las comisiones ordinarias de dictamen, es una facultad conferida a la Junta de Coordinación Política, que después es sometido a la valoración del pleno.
12. La Junta de Coordinación Política (en adelante la junta), es un órgano político que expresa la pluralidad de la Cámara y por tanto órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fín de alcanzar los acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones constitucionales y legales.
13. Las propuestas de acuerdo que hace la junta al pleno, requieren del mayor consenso posible, de manera que cuando el pleno las conozca no susciten debates infructuosos e innecesarios sino que representen puntos de convergencia del mayor número de fuerzas políticas para darles peso y viabilidad.
14. De manera que acortar el plazo para que la junta adopte una decisión como lo es la integración de las comisiones, impone una presión innecesaria a un órgano cuya deliberación requiere de la mayor libertad posible.
15. Cabe mencionar que la forma en la que está actualmente establecido el plazo para la conformación de las comisiones en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso, no es una camisa de fuerza, pues esta expresado como un límite máximo que no obliga a agotarlo sino que, permite que la resolución pueda darse antes si el entendimiento se logra en forma temprana.
16. Los integrantes de esta representación, coinciden en señalar que la expresión del plazo legalmente establecido para la conformación de las comisiones ordinarias es adecuado y por tanto no resultan procedentes las propuestas para modificar dicho precepto.
17. Por cuanto hace a acotar la facultad de la Junta de Coordinación Política para ajustar las propuestas de los integrantes de las comisiones solamente una vez al año, tal como lo propone la iniciativa Hurtado, aún cuando está guiada por un objetivo correcto, no procede, en virtud de que un alto porcentaje de los casos en los que la junta propone ajustes obedecen a necesidades propias de los diputados como lo son licencias o incompatibilidades por lo que ceñir a que esto sólo pueda hacerse una sola vez al año representa para cada grupo parlamentario la posibilidad de quedar en desproporción representativa en las decisiones que se tomen al interior de la comisión, por lo que tampoco se considera apropiada.
18. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, debe interpretarse en forma total, ya que establece que todas las Comisiones se integren al mismo tiempo, dentro del mismo proceso de negociación y construcción de acuerdos.
19. En atención a todo lo anteriormente expuesto y razonado, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 80, 81 numeral 2, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen con proyecto de
Acuerdo por el que se desechan diversas iniciativas que reforman la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Primero. Se desechan las iniciativas:
1. Que reforma el artículo 43, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Jorge Humberto López-Portillo Basave integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, presentada en la sesión del 27 de octubre de 2009;
2. Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentada por la diputada Adriana Sarur Torre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentada el 29 de octubre de 2009;
3. Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión del 24 de noviembre de 2009, y
4. Que reforma los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gregorio Hurtado Leija del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada en la sesión del 29 de abril de 2010.
Segundo. Archívense como asuntos total y definitivamente concluidos.
Notas:
1 Comentarios sobre distintas iniciativas que proponen modificar las reglas para la integración de las comisiones ordinarias. Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Cámara de Diputados LXI Legislatura. 26 de julio del 2011.
2 Artículo 43, párrafo 4 en concordancia con el artículo 39 primer párrafo, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
3 Artículo 33, íbidem.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en su reunión extraordinaria del jueves seis de octubre de dos mil once,
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; José Antonio Arámbula López (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), secretarios; Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Julio Castellanos Ramírez (rúbrica), Carlos Agustín Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica), Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), Héctor Guevara Ramírez (rúbrica), Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (rúbrica), José Luis Jaime Correa (rúbrica), José Ricardo López Pesacador (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica).»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. La Secretaría ha leído el punto referente a los dictámenes en sentido negativo. Informo a la asamblea que todos ellos se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y que no se inscribieron oradores para su discusión. Por lo que pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
La Junta de Coordinación Política nos ha hecho llegar cuatro propuestas de acuerdo. Ruego a la Secretaría dé lectura al primero de ellos.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a mantener el abasto suficiente y oportuno de medicamentos para satisfacer la demanda de los derechohabientes de esta institución, particularmente en Baja California Sur y Colima
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes
Antecedentes
I. La Junta de Coordinación Política recibió de los diputados Silvia Puppo Gastélum, Víctor Manuel Castro Cossío y Francisco Meza Castro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Jesús Villa lobos López, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a garantizar el abasto suficiente y necesario de medicamentos para todos los derechohabientes afiliados a esta institución en Baja California Sur y en el resto del país.
II. Asimismo, este órgano de gobierno recibió de la diputada Yulenny Guylaine Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta Directiva del ISSSTE a cubrir la demanda de medicamentos de sus derechohabientes afiliados en el estado de Colima.
III. Ante el grave peligro que representa para la salud de los derechohabientes de la mencionada institución el desabasto de medicamentos, la Junta de Coordinación Política decidió hacer suyo el contenido de las citadas proposiciones.
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del pleno los siguientes
Acuerdos
Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, las acciones legales y administrativas necesarias para satisfacer la demanda de medicamentos por parte de sus derechohabientes en todo el país, particularmente en los estados de Baja California Sur y Colima.
Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud a velar, en el ámbito de sus atribuciones, por el abasto suficiente y oportuno de medicamentos en el ISSSTE, que permita satisfacer la demanda de sus derechohabientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Víctor Castro.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío (desde la curul): Gracias, señor presidente, es usted muy amable. Sólo quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política este punto de acuerdo, pero también agregar algo que es muy importante, que la comunidad y este pleno se enteren.
El próximo 24 de noviembre se ha emplazado al ISSSTE en Baja California Sur, para que, de no haber respuesta a este reclamo de la sociedad sudcaliforniana afiliada al Instituto, el 24 de noviembre se cerrarán las instalaciones de la delegación en Baja California Sur por acuerdo de la última asamblea de los trabajadores de la burocracia, del magisterio democrático y de todos los sectores que estén involucrados en este asunto.
Así que agradezco mucho la atención y el respaldo que he tenido en este pleno, particularmente de la Junta de Coordinación Política, pero hay una decisión política de los sudcalifornianos para que no se siga, nada más para que tengan este dato todos ustedes, en la última semana, el 56 por ciento sólo tenía de abasto Baja California Sur, para que tengan una idea de la gravedad del asunto, y el ISSSTE sigue sin hacer nada al respecto.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No habiendo más oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado, comuníquese.Continúe la Secretaría.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear, mediante decreto, el hospital regional de alta especialidad Doctor Ignacio Morones Prieto, en el estado de San Luis Potosí
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustentan la diputada Delia Guerrero Coronado y el diputado José Ramón Martel López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a crear, mediante decreto, el hospital regional de alta especialidad “Doctor Ignacio Morones Prieto”, en el estado de San Luis Potosí, como organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado a la Secretaría de Salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Los que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado, comuníquese.Dé cuenta la Secretaría del tercer acuerdo, la propuesta de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, SAN LUIS POTOSI, TAMAULIPAS, COAHUILA, DURANGO, SINALOA, ZACATECAS Y NUEVO LEON
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de un fondo especial de apoyo para la atención de la sequía en Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia por instaurar las acciones necesarias, en coordinación con el Ejecutivo federal, para atender con la mayor brevedad las consecuencias de la sequía severa que padecen Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León. Entre las acciones que se deberán impulsar está la creación del fondo especial de apoyo para la atención de la sequía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.Dé cuenta la Secretaría de la última propuesta de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION Y PROTECCION DE PERIODISTAS
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades federativas a crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección de periodistas
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente
Acuerdo
Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones de Derechos Humanos de las 32 entidades federativas a efecto de que, en caso de no contar con ellos, creen programas especializados sobre la libertad de expresión y protección de periodistas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.
ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es el de agenda política. Comenzamos con el primer tema: comentarios relativos a la contienda electoral en el estado de Michoacán.
Tiene la palabra hasta por siete minutos, el diputado José Torres Robledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Se han registrado para hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, los diputados Laura Arizmendi Campos, José Isabel Meza Elizondo, Jaime Cárdenas Gracia, José María Valencia Barajas, Laura Margarita Suárez González y Heliodoro Díaz Escárraga. No tengo registro del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, señor diputado.
El diputado José Torres Robledo: Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia. Diputadas y diputados presentes, en el proceso electoral para la renovación del poder del estado de Michoacán, el próximo domingo 13 de noviembre, se han registrado una serie de violaciones a las normas electorales y a los principios de la misma democracia con la artera intervención del gobierno federal, que se ha volcado con toda su fuerza para apoyar a la candidata del PAN al gobierno de la entidad, Luisa María Calderón, y de paso minar sistemáticamente la estabilidad del gobierno constitucional de Michoacán.
Esta actitud del gobierno federal ha enrarecido el ambiente político desde el comienzo del proceso, y ahora que estamos a sólo unos días de la jornada electoral no han escatimado en utilizar todos los recursos que tiene a su alcance el PAN, el gobierno federal y su candidata para inducir la decisión del electorado, rebasando todas las disposiciones legales en materia de topes de gasto de precampaña y campaña electoral.
Desde la precampaña, Luisa María Calderón rebasó el tope de gasto para la elección de los candidatos a gobernador, fijado por el Instituto Electoral del Estado en 5 millones 854 mil 286 pesos, ya que ha gastado más de 10 millones de pesos.
Después, ya como candidata del PAN, volvió a rebasar con creces los montos de los topes de campaña autorizados por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de 39 millones de pesos, ya que hasta este momento ha erogado un monto aproximado de más de 45 millones 750 mil pesos. Con lo que se ha excedido por 6 millones 721 mil 425 pesos del total autorizado, utilizando gran parte de esos recursos para propaganda de diversos tipos, excediendo también, por esta vía, las disposiciones legales en la materia.
El tope de campaña, fijada por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, para el gasto en propaganda de radio, televisión y difusión en medios impresos es de 25 millones 368 mil 500 pesos, a la fecha la candidata Calderón ha gastado la cantidad de 27 millones 750 mil pesos. Es decir, ha rebasado el tope por 2 millones 381 mil pesos.
Por otro lado, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una actitud de abierta intromisión en la elección ha recortado y manipulado la entrega de las participaciones federales que legítima y constitucionalmente le corresponden, no al gobierno perredista, sino al pueblo de Michoacán, que es a quien se castiga absurdamente con el firme propósito de ahorcar las finanzas del Estado, dejó de depositar oportunamente mil 511 millones de pesos, contribuyendo a generar reclamos de los trabajadores sindicalizados, que con esta decisión arbitraria no pudieron cobrar sus sueldos.
No obstante, este michoacanazo financiero que ha decidido el gobierno, la gestión perredista ha logrado reducir la pobreza en nuestro estado, ha logrado mantener finanzas sanas, las cuales se reflejan, entre otros indicadores, en el servicio de nuestra deuda, que es apenas del 3.14 por ciento del presupuesto anual.
En los 10 años que lleva nuestro partido, el PRD, al frente del gobierno de Michoacán, el gasto corriente se redujo del 64 por ciento, que tenía el último gobierno priista de la entidad, al 51 que tiene el actual gobierno.
Nuestro gobierno ha logrado que los trabajadores gocen de más y mejores prestaciones. Además, de respetar su autonomía sindical, cumpliendo con el compromiso de mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores sindicalizados, con salarios más dignos, por arriba del incremento de la inflación y el 40 por ciento de las prestaciones, que tiene un enfoque de apoyo a la economía familiar, como también con un claro enfoque de género para las madres sindicalizadas y sus hijos, con ayudas adicionales cuando se jubilan o se pensionan.
Las circunstancias políticas actuales en Michoacán nos generan gran preocupación, ya que nos demuestran que estamos enfrentando una elección de Estado, que el gobierno federal está personalmente interesado en conseguir, a toda costa, un resultado favorable a sus intereses familiares y de grupo, como lo hemos hecho desde semanas atrás.
Hacemos una firme denuncia de este hecho, con lo que tenemos claro el panorama adverso que enfrentamos. Que no les quepa la menor duda de que defenderemos los derechos de los michoacanos. No dejaremos pasar la imposición del gobierno federal ni la restauración del viejo régimen que sentó sus reales en nuestro estado, en el pasado, con la abierta y sistemática represión del movimiento cardenista, a la postre el origen de nuestro partido.
Vamos a luchar porque la legalidad del proceso electoral sea respetada y por garantizar la legalidad de las autoridades que de ella emanen. Vamos a defender la democracia y los avances del gobierno progresista a favor de todas y todos los michoacanos.
Termino. De manera muy enérgica exhortamos, le exigimos a Felipe Calderón que saque sus limpias manos del proceso político de Michoacán. Y le decimos que si quiere ganar Michoacán lo haga en las urnas, de manera democrática, limpia y transparente, sin coaccionar el voto, sin comprar conciencias ni voluntades. Que respete la decisión de los michoacanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, del Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el estado de Michoacán, para renovar a los poderes locales, es un evento donde se someterán a la evaluación de la ciudadanía las propuestas de las distintas fórmulas que contienden por la titularidad del Ejecutivo estatal, el Congreso y los ayuntamientos.
Llama la atención que dicha jornada se celebrará en una entidad donde desafortunadamente se ha enseñoreado la violencia alcanzando niveles alarmantes. Queremos señalar que ello no es exclusivo de Michoacán, pues lo mismo ha ocurrido en otras entidades del país con los saldos que conocemos ampliamente. No obstante, las dificultades que circundan Michoacán, como la violencia a la que nos hemos referido, la jornada del próximo domingo debe constituir una fiesta cívica, en la cual los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio sin ninguna condicionante que inhiba o impida ese derecho.
Más allá de hacer pronósticos acerca de los resultados, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que se trata de una inmejorable oportunidad para contribuir a que en el país se instaure lo que los especialistas llaman la normalidad democrática. En la cual los procesos electorales se efectúan sin ningún sobresalto y atendiendo, exclusivamente, al escrutinio ciudadano.
Por ello no podemos coincidir con las posturas que festejan veladamente los hechos de violencia, como el que cegó la vida del presidente municipal de La Piedad. Fundamentar una campaña en descalificaciones y carente de propuestas sólo contribuye a enrarecer el de por sí crispado ambiente político. Por tanto hacemos un atento llamado para que dicha contienda sea conducida con el más elemental apego a la civilidad política y que los resultados sean aceptados sin recurrir a los argumentos de confabulaciones palaciegas u otros.
Concluyo diciendo que, para Movimiento Ciudadano los procesos electorales locales responden a determinadas condiciones y no tienen cabida las interpretaciones de que son un referente de lo que habrá de pasar en el 2012. En este marco son un referéndum para la fuerza política gobernante y representan la posibilidad de contar con el refrendo ciudadano o que otra fuerza se levante con el triunfo como todo proceso democrático.
Por tanto, confiamos en que la jornada electoral michoacana cuente con el respaldo en los hechos y acciones de todas las fuerzas políticas que concurrirán a ella, y que transcurra sin ningún sobresalto, ya sea por hechos violentos u otras circunstancias que impidan el avance democrático. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para referirse al tema el diputado José Isabel Meza Elizondo, de Nueva Alianza.
El diputado José Isabel Meza Elizondo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el desarrollo de los procesos electorales en nuestro país tiene una larga historia de lucha por la consolidación de una democracia moderna y efectiva, que garantice la representación plural de todos los grupos y sectores dentro de nuestra sociedad.
Desde la creación del Instituto Federal Electoral hasta su plena autonomía e independencia, en 1996, y la consolidación de los institutos electorales locales las elecciones de nuestro país se han convertido en procesos más confiables que traducen el interés nacional a través del voto de los ciudadanos.
Siguiendo sus principios rectores, este instituto ha contribuido al desarrollo de una vida democrática que asegura a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos políticos y electorales. No obstante, la celebración de comicios en sí misma no garantiza que los propósitos de la democracia se cumplan. Sabemos que ello depende del tipo de elecciones, de sus reglas y, más importante aún, de las condiciones en que se celebren. Por lo que nuestro grupo parlamentario aboga en todo momento por el buen desarrollo de las elecciones con el fin de que dichos propósitos se cumplan.
Como todos sabemos, el próximo domingo se celebrarán elecciones en el estado de Michoacán, donde el panorama electoral se vislumbra delicado, derivado por un lado de la sana competencia partidista y por el otro ensombrecido por el temor que la ciudadanía siente a ser víctima de la violencia.
A pesar del ambiente que ha prevalecido en gran parte del proceso, en este estado no podemos permitir que estas elecciones arrojen una nota reprobatoria para nuestra creciente democratización. De ninguna manera se puede considerar en incurrir en actos que atenten contra la pulcritud de los procesos electorales.
Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhorta a todos los partidos políticos, al Instituto Electoral de Michoacán, a las michoacanas, a los michoacanos y al gobierno federal a ser partícipes de unos comicios transparentes, siguiendo por la misma línea que ha caracterizado a este país en los últimos años, respetando y procurando unas elecciones libres de cualquier acción antidemocrática en el estado de Michoacán. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Hace uso de la palabra, a nombre del Partido del Trabajo, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Estamos viviendo en México una regresión autoritaria muy clara. Esta Cámara, por ejemplo, es incapaz de designar a tres consejeros electorales poniendo en riesgo el proceso electoral federal de 2012. En el estado de Michoacán se ha organizado un proceso electoral que, tal como lo reportan los medios de comunicación y las declaraciones de distintos sectores sociales y políticos, es un proceso electoral sumamente irregular, sumamente sucio.
El gobierno federal suspende fondos federales al estado de Michoacán. Hay acusaciones que aquí hemos oído de rebase de topes de gastos de campaña. Pero sobre todo, lo que aparece en el escenario político de Michoacán es el uso intensivo de programas sociales, de programas oficiales de carácter federal, en donde los recursos federales se están desviando con fines electorales. Y en todas partes del estado, seguramente eso proviene de distintas fuerzas políticas y no solamente de una, se compran los votos, hay compra y coacción del voto.
Me acaban de entregar un video, un disco que da cuenta de una reunión entre el delegado de Sagarpa y panistas del estado de Michoacán. Para el que esté interesado en conocer lo que ocurre en esas reuniones, aquí les voy a dejar el disco y les voy a dejar la transcripción de esas conversaciones.
Voy a leer simplemente una parte de la conversación que tuvo el delegado de la Sagarpa, en una reunión en Apatzingán, Michoacán, Esteban Cruzaley Díaz Barriga, con panistas del estado. Dice el señor delegado federal: “Sobre todo que ustedes —cito— traen el pulso exacto —le dice a los panistas de Apatzingán—, de cada milímetro territorial, de ayuntamientos, de la diputación. Eso habla de que conocen perfectamente dónde están las fortalezas, las debilidades, dónde andamos flojos, dónde tenemos que apretar, dónde tenemos que cuidar el voto, dónde tenemos que inhibirlo, cuál es la zona susceptible en donde pudiéramos estar el día de e interactuar...”
Luego, en distintas partes de esta transcripción y de este video señala, para ponerse de acuerdo con los panistas de Michoacán, de Apatzingán, “cómo ganar las casillas, cómo movilizar, cómo inhibir o cómo promover el voto en determinadas zonas de la región, cómo acercarnos, cómo hacer un trabajo fino”. Y termina diciendo que “la alquimia electoral consiste en la compra de los representantes de las juntas municipales y de las juntas distritales electorales”. Pues así está el país y así está el estado de Michoacán y este proceso. Creo que las autoridades electorales están interviniendo.
Por lo menos sé de algunas quejas que han sido presentadas ante el Instituto Federal Electoral y sé también de quejas presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y seguramente —estoy seguro— que se van a plantear denuncias de carácter penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Michoacán y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
Pero eso, no basta. Esta Cámara tiene que tomar medidas firmes, más consistentes, para prevenir el desastre que puede significar este proceso electoral de Michoacán con conflictos seguramente postelectorales. Y ¿qué tenemos que hacer a este respecto? Yo invito a la Cámara de Diputados a la creación de una comisión especial que revise cómo se han utilizado en los últimos meses los programas federales en el estado de Michoacán, el nivel de opacidad o de transparencia de esos programas y a qué grupos han ido a parar estos recursos federales, si han tenido esos recursos federales una pretensión electoral para generar iniquidad e inautenticidad en el proceso electoral de ese estado.
Urge que establezcamos, que conformemos esa comisión especial para analizar el uso de los recursos federales en el estado de Michoacán durante el proceso electoral de esa entidad. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José María Valencia Barajas: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde que el maestro Leonel Godoy asumió su administración ha tenido que soportar el ataque sistemático a su administración por parte de la federación.
En plena campaña política, donde andábamos todos los que hoy somos diputados, el 28 de mayo del 2009, vino El Michoacanazo político, encarcelando a 32 funcionarios, de los cuales hoy día todos están libres porque son inocentes. Sin duda esta acción fue con la intención y el afán de influir en la preferencia electoral de ese año en Michoacán. Afortunadamente no les dio resultado. El PRD ganó ampliamente las elecciones en Michoacán.
Ahora, en la elección actual se está dando El Michoacanazo financiero, que bien describió aquí mi compañero Torres Robledo, reteniendo más de mil 500 millones de pesos con el objetivo de desestabilizar políticamente al estado con el propósito de que los sindicatos, en aras de cobrar su sueldo de trabajo, tomasen las calles de las ciudades de Michoacán. No contaban con que el maestro Leonel Godoy iba a poder sortear muy bien esa situación y para el próximo domingo en Michoacán acudiremos a las urnas en santa paz.
Nuestro amigo y compañero diputado Fernández Noroña en múltiples ocasiones ha subido a esta tribuna y ha dejado bien claro cómo la federación, cuando se lo propone, trata de imponer una elección de Estado. De las muchas acciones ilegales que ha empleado la candidata de Acción Nacional para la presente contienda está ofrecer una tarjeta a la cual le puso de nombre La Engañadora, porque en ella promete que quien tenga la tarjeta tendrá acceso a todos los programas federales a los que todos los mexicanos tenemos derecho, tengamos o no esa tarjeta.
Se está gastando dos millones de pesos diarios en seguridad personal usando el personal de la PGR y usando a los guardias presidenciales. El estado está lleno de operadores políticos a sueldo. Hay 200 brigadas de 50 personas cada una con un salario de 200 pesos operando a favor del PAN.
Secundo aquí a mi compañero Cárdenas Gracia, y pedimos que se forme una comisión especial de la Cámara, que se investigue la utilización de estos fondos federales que indiscriminadamente se están utilizando a favor de la candidata de Acción Nacional en Michoacán; así como el actuar a favor de su campaña de todos los funcionarios federales en Michoacán.
En Michoacán, compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos viviendo una elección de Estado. El Ejecutivo federal está apoyando a su hermana con todos los recursos humanos y económicos que le son posibles, lo cual es una verdadera situación gravosa ya que son recursos que son propiedad de la nación. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, gracias, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. La agenda política es deliberativa. No caben las mociones correspondientes a las que usted hace alusión. Tiene la palabra la diputada Laura Margarita Suárez González, del Partido Acción Nacional hasta por cinco minutos.
La diputada Laura Margarita Suárez González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, entre más escuchamos aquí reclamos, quejas y denuncias originados en la imaginación o en los intereses de nuestros adversarios, más claro nos queda que la primera gobernadora en la historia de Michoacán será Luisa María Calderón Hinojosa.
Nos hacemos una pregunta: ¿quiénes hacen los señalamientos? ¿No será que el león cree que todos son de su condición? Para eso les voy a mostrar una foto que muestra que sí, en las campañas de Michoacán se da dinero. Aquí se les dejo para el que guste venirla a ver: es el candidato Fausto Vallejo, del PRI, dándole dinero a unas personas.
La candidata del PAN va a ganar porque durante la campaña se ha ganado la confianza de los michoacanos. Mientras que en las otras campañas se escuchan las quejas y cunde la desesperación, en la campaña del PAN, Luisa María ha ofrecido soluciones concretas, propuestas concretas, y ha formado un equipo cuyo primer éxito será el triunfo en las elecciones del próximo domingo.
No le busquen. Los ciudadanos van a votar y Cocoa va a ganar. Ese desenlace ya no lo revierte nada, y menos sus quejas sin fundamento. Lo que va a pasar en Michoacán será una jornada electoral altamente competida, pero que será, a no dudarlo, una lección democrática que vamos a dar todos los partidos para rechazar la violencia y la inseguridad que han lastimado tanto al estado en los últimos años, y que hace días le costó la vida a nuestro compañero Ricardo Guzmán Romero, alcalde panista de La Piedad.
A eso vengo a convocarlos a todos, compañeros, a que los partidos nos comprometamos a que sea una elección en paz. No señores, no inventen, aquí no va a haber imposición ni nada por el estilo, porque el que va a votar es el pueblo de Michoacán. Están a la vista de todos, los candidatos, los gobiernos y los partidos que contendemos. Están a la vista nuestro desempeño, nuestras ofertas y nuestras alianzas. Los michoacanos no son menores de edad para que les digan por consigna por quién van a votar o por quién no. Eso quisieran ustedes, para tratar de invalidar a gritos la candidatura de Luisa María Calderón, por ser hermana del presidente. Pero será electa por voto mayoritario el próximo domingo y, por supuesto, por los meritos y trayectoria propia y, sobre todo, porque tiene una alta vocación democrática.
La lucha frontal contra el cartel de La Familia Michoacana, que ha sido prácticamente desmantelado por la acción de las fuerzas federales, será validada en las urnas, porque la lucha contra la delincuencia no admite pausas ni pactos y eso lo valora el elector.
Porque Michoacán no ha olvidado la afrenta sufrida el 15 de septiembre de 2008. Porque ha sufrido décadas de cacicazgo del priismo que ahora quiere regresar a restaurar los controles perdidos. Porque tiene en sus manos el poder para hacer a un lado a un gobierno poco eficiente. Porque en la campaña han quedado expuesta las capacidades y trayectorias de los aspirantes al gobierno. Porque Cocoa ganó los debates, las planas y las plazas. Por todas esas razones y por mucho más Acción Nacional ganará la elección del domingo 13 de noviembre y encabezará una gestión que deberá regresarle la paz y el progreso a Michoacán. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Para terminar con este tema, tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Michoacán de Ocampo está a unos días de decidir su destino, de decidir si quiere ser sujeto de una imposición caciquil en donde se demuestra la obsesión del poder, la última oportunidad que tiene el presidente Calderón para tratar de aparentar que puede tener capacidad para que su partido gane la Presidencia de la República.
Michoacán se pregunta hoy, ¿cuál será su destino? Si lo que lo ha caracterizado es la violencia, es la reprobación de los elementales derechos de los ciudadanos. Es una tierra sin capacidad de gobierno. Por eso creo que Michoacán es hoy tema de la tribuna máxima de este país porque está ante un parteaguas, porque ve que se trata de imponer una decisión desde Los Pinos, y por otro lado, de un ambiente de ingobernabilidad, de inseguridad, en donde el tejido social se ha roto sin discusión.
Por eso el presidente Calderón no ha escatimado en dar un uso electoral y político a los recursos públicos. Por eso ha orientado programas sociales al proselitismo a favor de su partido. Por eso ha ordenado a sus secretarios y delegados a trabajar la gestoría de quienes no sean panistas. Por eso no ha dudado en propiciar una elección de estado en Michoacán.
Para Calderón el fin justifica los medios. Y para muestra un botón. Hace un momento ya se hizo la denuncia, que hoy también me sumo a ella, y de la que habla el periódico Impacto al señalar esta grabación que es reflejo fiel de todas las marrullerías y las acciones de un servidor público panista de la Sagarpa en donde hace y da instrucciones para coaccionar el voto. A usted, señor presidente, dejo este video para que pueda ordenar sea consultado por quien así guste y corrobore los hechos y los dichos que aquí se han señalado.
Este funcionario hoy solamente, sin descaro alguno, se entrevista con la candidata a gobernadora de Acción Nacional en un desayuno en horas que son de trabajo y que son para el servicio público. Aquí vemos a Esteban Cruzaley —que algo debe decir su segundo nombre— Cruzaley Díaz Barriga reunido con la candidata de Acción Nacional. Estos son los hechos, esto es lo que este gobierno panista ha enseñoreado en esa campaña y en esa obsesión presidencial en Michoacán. Esto no se merece Michoacán de Ocampo.
Por eso hoy llamamos a la reflexión de los michoacanos para que le den rumbo y destino a su país, a su estado. Para que pueda quitarse esa acción de intimidación de que han sido víctimas. Para que puedan rechazar la calumnia hacia liderazgos opositores a su partido. Para que no permitan ése derroche de dinero en campañas, esa publicidad y propaganda transestatal, esa compra en especie de votos, esa exaltación por lo religioso, a esos funcionarios que sin recato alguno promueven el voto, esa utilización perversa y antiética de los recursos públicos en las campañas electorales.
Felipe Calderón decidió que Luisa María Calderón sea gobernadora, pretende una elección de Estado, es lo que hoy estamos denunciando, es lo que los michoacanos van a impedir el próximo domingo. Michoacán no quiere dinastías ni cacicazgos, pese al dinero y al uso faccioso del presupuesto federal, a la alianza del PAN con poderes fácticos, los Calderón no ganarán la gubernatura. Michoacán será para el PRI, que tiene el mejor candidato y el mejor programa en Fausto Vallejo. Así será el domingo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado.
ESTADO LAICO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto de la agenda política son los comentarios sobre el Estado laico, sobre los cuales se expresarán sendos diputados de los diversos grupos parlamentarios que constituyen esta Cámara.
Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados: Laura Arizmendi Campos, Gerardo Fernández Noroña, Alberto Cinta Martínez, Enoé Margarita Uranga Muñoz, José Gerardo de los Cobos Silva y José Ricardo López Pescador, que hablarán cada uno hasta por cinco minutos. Tiene la palabra por Movimiento Ciudadano la diputada Laura Arizmendi Campos.
La diputada Laura Arizmendi Campos: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestra Constitución Política establece en el artículo 130 las bases sobre las cuales se asienta nuestro Estado laico. Para entender a cabalidad el contenido de sus postulados basta con acercarse a la historia política y social de nuestro siglo XIX.
Una vez consumada la Independencia, de España, la lucha contra el enemigo exterior se transformó en un enfrentamiento intestino entre liberales y conservadores, quienes enarbolaban proyectos de nación irreconciliables entre sí.
Los liberales tenían puesta la mira en la construcción de un Estado republicano y laico, que limitara los privilegios de la Iglesia. Por su parte, los conservadores buscaban preservar el carácter confesional del Estado, siguiendo los preceptos heredados de la Constitución de Cádiz, la cual proclamaba a la religión católica, apostólica y romana como la única verdadera.
Tan enconada fue la lucha que el clero brindó todo su apoyo a la guerra civil, misma que estalló para oponerse al texto constitucional de 1857, el cual facultaba al Estado para legislar en materia religiosa. Luego de tres años de lucha, la entrada de Juárez a la capital del país en 1861 dejó constancia del triunfo liberal y, con él, de la abolición del poder económico y de la potestad eclesiástica en materia de nacimientos, defunciones y uniones matrimoniales.
Este periodo —ha escrito la historiadora Patricia Galeana—constituyó el tiempo eje de la historia mexicana, porque fue cuando se definió su Estado republicano y laico. México se puso así a la vanguardia continental, pues solamente Haití había establecido un Estado laico con anterioridad.
Los postulados del texto original de la Constitución Política de 1917, como la educación laica, la prohibición para que agrupaciones religiosas y ministros de culto establecieran y dirigieran escuelas primarias, la prohibición para que las asociaciones religiosas adquirieran o administraran bienes raíces, las limitaciones al culto fuera de los templos, entre otros, responden al empuje anticlerical heredado de los liberales del siglo XIX, el cual se fue suavizando a partir de la presidencia de Emilio Portes Gil y ha permitido a la Iglesia ganar fuerza política.
En razón de ello, desde hace cuando menos dos décadas, nos encontramos enfrascados en una lucha de carácter ideológico entre los defensores y los detractores del Estado laico. En la editorial ha aparecido, en el semanario católico Desde la fe, de fecha 30 de octubre del presente año, titulado “Vergüenza legislativa”, da cuenta de una nueva violación al Estado laico, impulsada por la jerarquía eclesiástica que se siente con el derecho de cuestionar el poder civil, con el objetivo de ejercer presión sobre éste y ganar espacios de decisión en los terrenos político y económico.
Cuestionar el Estado laico es una forma de increpar libertades y derechos individuales y colectivos que se han ido consolidando a lo largo de 200 años de vida independiente. Recordemos que la laicidad está ligada a la conformación de instituciones y formas democráticas de ejercicio del poder, que hemos logrado consolidar a través del diálogo, la negociación y la participación social.
Llama la atención, sin embargo, que la naturaleza laica de nuestro Estado haya quedado establecida en una ley secundaria, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y que en el texto constitucional que hoy nos rige el término laico sea mencionado sólo en el artículo 3o. para establecer que la educación se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa. Al artículo 24 constitucional hay que referirse cuando de libertad de creencias y de culto se trata, y al 130 por lo que hace al principio histórico de la separación del Estado y las iglesias.
En la legislatura pasada nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano. Reforma que nos parece fundamental para asegurar un trato igualitario a los seres humanos que profesen diferentes religiones y convicciones, para mantener el respeto al ejercicio de los derechos ciudadanos, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión, para elaborar normas colectivas libres de convicciones particulares que estén por encima del poder civil y las instituciones públicas. Por lo anterior, condenamos toda manifestación de corte confesional —termino, presidente— que pretenda ir en contra de la libertad de conciencia y que busque imponer normas particulares para favorecer a un grupo.
Movimiento Ciudadano refrenda su convicción a favor de la plena vigencia de un Estado laico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Antes de iniciar, diputado presidente, pensé que íbamos a posicionar el tema nosotros, no hubo quién lo posicionara, quisiera solicitarle, antes de iniciar, si se lee el documento de marras del Semanario Desde la fe, por parte de la Secretaría.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, señora secretaria, y pare tiempo del diputado Fernández Noroña.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Con su venia, presidente.
Editorial “Vergüenza legislativa”. Domingo 30 de octubre de 2011, semanario Desde la fe.
La Cámara de Diputados se ha convertido en una de las instituciones más desprestigiadas y despreciadas en la opinión pública nacional, debido a la falta de resultados y a la mediocridad de sus integrantes, siempre preocupados por sus mezquindades partidistas, siempre lejanos de la altura de miras para comprometerse con el desarrollo que el país necesita.
Han sido muchos los estudios y análisis tanto nacionales como internacionales que se han realizado en los últimos años en torno a lo que se requiere de manera urgente para lograr un mayor dinamismo social y económico, principalmente en lo que toca a reformas estructurales tan importantes como la energética, fiscal, política, laboral y educativa.
Sin embargo, al llegar el momento de tomar las decisiones legislativas pertinentes nunca se concluyen. Se dan respuestas a medias o se postergan las soluciones, evidenciando irresponsabilidad y una enorme falta de compromiso que afecta gravemente el futuro inmediato de millones de mexicanos que esperan mejores condiciones para su desarrollo.
Por una parte está el ausentismo generalizado que hacen valer muchos diputados privilegiando otras actividades antes que su responsabilidad con la nación. Por otra parte está la actitud cada vez más indigna de algunos legisladores que solamente están para insultar y calumniar a propios y extraños, sin ninguna propuesta, sin ideas de por medio, con la única finalidad de romper cualquier acuerdo.
De igual forma se ha llegado a constatar que otros han estado burdamente comprometidos con narcotraficantes y, por si fuera poco, se ha denunciado que algunos realizan su trabajo legislativo alcoholizados. Es decir, incapacitados para tomar decisiones propias y, por supuesto, para responder a la altísima exigencia de buscar mejores leyes y caminos para todo un país.
Pero más allá de las actitudes personales están las posturas de las diferentes fracciones partidistas. Cada vez queda más claro que el partido que dice haber aprendido la lección histórica es el mismo de siempre: incapaz de comprometerse, con discursos absolutamente contrarios a las decisiones que asume, hábil para el discurso, tramposo en las acciones.
También destaca la fragmentación de las distintas corrientes de izquierda que son incapaces de tomar un rumbo claro, y la falta de convicción y arrojo en los legisladores del partido que tiene la responsabilidad de conducir en estos momentos al país, si bien con minoría parlamentaria.
La Cámara de Diputados se vuelve un espejo de nuestra realidad: un país con muchas necesidades y urgencias, pero detenido por las divisiones, la corrupción y las mezquindades.
¿Quién puede pedir cuentas a los legisladores? El absurdo y el escandaloso fuero del que inmerecidamente gozan les hace sentirse intocables. Buenos para criticar y malos para legislar —les han dicho—, pero habría que añadir también: expertos para cobrar y es que un país que tiene la mitad de sus habitantes en el límite de la pobreza paga a los legisladores cantidades insultantes que desde su sueldo base más compensaciones parlamentarias pueden llegar a varios cientos de miles de pesos mensuales, sin que nadie les exija resultados, sin que tengan responsabilidades, sin compromiso con la nación y en algunos casos, deplorables, sin dignidad ni vergüenza.
La forma más eficaz de exigencia es la de los ciudadanos en las urnas. Basta de ser engañados con el doble discurso. Basta ya de divisiones estériles y de ser rehenes de unos legisladores que han hecho pedazos el título de Honorable Congreso de la Unión, y que con sus acciones frívolas, mediocres e inmorales llenan de vergüenza a la nación. Es cuanto, señor presiente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señora secretaria. Por favor, el orador.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, lamentable esta asistencia para un tema de tal envergadura. Hace 10 días este documento injurioso salió en el semanario Desde la fe, Desde la mala fe le llamaría yo, y en 10 días la Cámara no le ha contestado nada, aceptando todas estas injurias, rompimiento del Estado laico, intromisión en la actividad política, descalificación brutal hacia esta soberanía en un acto verdaderamente inaceptable.
Dice que ganamos varios de cientos de miles, faltando a la verdad, sólo una de las muchas mentiras que dice. Pero cuánto gana el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, ¿y paga sus impuestos? ¿Y por qué tiene una escolta como jefe de Estado, con una patrulla, con dos motocicletas, con una camioneta blindada con dinero público? ¿Por qué?
Me iría todavía más lejos, no conozco a un cardenal, a un arzobispo, a un obispo, delgado. Ni uno. No se alimentan mal, no viven en la pobreza ni en la austeridad que Jesucristo predicó. Viven con mucha bonanza, tienen todos los privilegios. Han generado por lo menos tres guerras civiles: la de Reforma, la Intervención Francesa y la Cristera, sólo por mencionar alguna. Y por eso la gente en México separa, muy claro, el clero religioso de la actividad política.
Dicen que quieren la reforma energética, o sea entregar el petróleo, fiscal, política, laboral y educativa. Ellos si quieren participar en política, entonces que no se digan representantes de Dios y que entren al debate, pero hoy la Constitución se los prohíbe. Y hoy deberían dejar de proteger a pederastas de su Iglesia. ¿Cómo hablan de autoridad cuando Maciel es uno de sus más fieles y distinguidos representantes? Dicen que hay un ausentismo generalizado, que no vengan ahorita, pero es falso en términos generales.
Dicen que se trabaja alcoholizados, esta soberanía, los 500 diputados. Cuando dije eso de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se rasgaban las vestiduras, que cómo era posible. Les pregunto lo mismo, cómo es posible que Calderón alcoholizado tome las decisiones que toma en el país, y sin ningún elemento ataquen a esta soberanía.
Dicen críticas a todos, la izquierda incluida, no me detendré en eso, es bastante burdo. Y luego toman el insulto, que también hemos dejado pasar, a excepción mía, de Lozano: Están buenos para criticar y malos para legislar. Expertos para cobrar sin dignidad ni vergüenza, todos y todas. No está diciendo aquí que nadie no esté en esta condición, sin dignidad ni vergüenza.
Reto a Norberto Rivera, cuando quiera, a ver quién tiene honor, quién tiene compromiso con el pueblo, quién tiene dignidad y quién tiene vergüenza porque la alta jerarquía católica, salvo honrosas excepciones, no lo tiene. Es un rompimiento bárbaro del Estado laico, no había habido una declaración tan injuriosa contra una institución de la República desde el siglo XIX. Es muy serio lo que están planteando.
Y se me acaba el tiempo, no quiero dejar de comentar que no es el único que rompe el Estado laico, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa lo rompe permanentemente con una organización religiosa que se llama Casa sobre la Roca y que hay un funcionario y una compañera nuestra, diputada, que son ministros del culto de esa iglesia y que a pesar de eso no han renunciado a su función religiosa y que están usufructuando cargos públicos. Uno público y otro de representación popular.
Aquí podría —no me va a dar tiempo— hacer un largo listado de intervenciones religiosas del propio Calderón invocando asuntos de ideología cristiana para combatir al narcotráfico, para beneficiar a un grupo religioso que se escuda en una asociación civil, pero que es un grupo claramente religioso. ¿Dónde está la Secretaría de Gobernación del gobierno de facto, que permite tan graves violaciones frente a sus narices, ignominiosas, calumniosas de esta soberanía? No basta este debate descafeinado. No basta un desahogo de un debate que no es debate porque no se puede responder a alusiones, rectificación de hechos y todo lo que un debate serio implica. No basta eso. Tiene que haber un documento serio de esta soberanía rechazando estas imputaciones.
Tiene que haber una queja formal ante la Secretaría de Gobernación exigiendo todas las sanciones que implica para el arzobispo primado de México y su órgano de difusión Desde la mala fe, y debe haber mucho mayor seriedad nuestra para dar respuesta a tan canalla campaña a la que se ha sumado ahora la jerarquía católica en nuestra contra. Muchas gracias, compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez: Gracias, presidente. Definitivamente nos sumamos a la solicitud que acaba de hacer el diputado que me antecedió en relación a exigir a la Secretaría de Gobernación que haga lo que por ley está mandatada a hacer: actuar en consecuencia a uno de los —como ya se mencionó anteriormente— atentados, a una de las críticas más fuertes que se han hecho desde la Iglesia a las instituciones de la República, sin lugar a dudas, desde el siglo XIX.
Este texto que nos leyeron previamente cae en cuatro puntos que son extremadamente graves y que afectan de manera muy nociva a este país. Primero, se desconoce el aprendizaje de nuestra historia: las guerras de Reforma, la Intervención Francesa, la Guerra Cristera. Guerras que costaron muchos muertos, mucha sangre y que lo recordemos, eran guerras en contra de intereses, de intereses anquilosados de instituciones que afectan y afectaban el desarrollo de las instituciones laicas, el desarrollo de la República, de la democracia y del futuro de nuestro país. Es día hoy para recordar esta frase tan importante de José María Luis Mora, padre del liberalismo mexicano, quien con toda claridad dijo: “Queremos leyes para los ciudadanos y no queremos nunca una ley entre Dios y las conciencias, porque esto es asunto de Dios y de cada quien”.
En segundo término, este lamentable texto que se nos leyó previamente violenta un principio fundamental establecido en nuestra Constitución y que sin lugar a dudas constituye una ruptura del Estado laico.
Este atentado tan importante contra nuestras leyes, contra el aprendizaje de la historia, también trae de fondo una mal concepción que es muy peligrosa en nuestros días. Hemos hablado de las guerras que se han vivido en nuestro país para dotar a nuestra República de un Estado laico y es muy importante recordar que éste ha sido un esfuerzo constante. Generación tras generación desde 1821, desde 1857, desde 1863, es muy importante recordar que este esfuerzo no se acaba y hoy por hoy es muy importante poner en la mesa de discusión, aquí en esta asamblea, el tema de la libertad religiosa.
No nos confundamos. No podemos caer en la confusión del pensamiento conservador que pretende sustituir el concepto de libertad de cultos por el de libertad religiosa. El Estado laico es la mejor garantía de la libertad religiosa. El Estado laico es sinónimo de democracia, de pluralismo, de tolerancia, de no discriminación, de respeto a las minorías.
“Somos esclavos de las leyes para poder ser más libres—dijo Cicerón—”. Nadie debe tener libertades absolutas ni derechos absolutos, todos nos sometemos a las leyes y al acotamiento de nuestras libertades, para que todos tengamos más libertades. El derecho sirve para limitar nuestros derechos específicos y permitirnos tener esas libertades. La libertad religiosa simplemente quiero decir Estado laico.
Tengamos cuidado de aquellos conservadores que buscan confundir libertades con privilegios. La intromisión de las instituciones religiosas en la vida política es un privilegio que por nuestra historia, por nuestra República y por nuestro futuro no podemos darnos el privilegio de permitir.
Tercer punto. Con esta carta se desprestigia a una institución de la República, a uno de los poderes de la Unión, y de paso se pretende polarizar, dividir y encender los ánimos. En vez de construir, destruir.
Es muy grave, en este Congreso, en esta Legislatura estamos acostumbrados a la crítica. Es buena, nos criticamos entre todos. Pero no podemos caer en las generalidades. Una crítica objetiva de acciones de ciertos legisladores que es muy válida, es muy diferente a una crítica generalizada, absurda, clichés de esta Legislatura y de lo que es esta institución, que es el Congreso de la Unión.
Para hablar con el mismo idioma de quienes escribieron estas desafortunada carta, dice la Biblia “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Ojalá la jerarquía católica entienda lo peligroso de esta carta, el daño que le hace a las instituciones y que definitivamente no lo vamos a permitir.
Coincidimos con el diputado Noroña. Ojalá en esta Cámara de Diputados se plantee un escrito que se haga llegar a la Secretaría de Gobernación para que reaccione y por supuesto una atenta, respetuosa y amable invitación para que el Senado vote favorablemente la minuta del artículo que va a darle por fin y de una vez por todas un carácter laico, sumado al artículo 130 y el artículo 40 de nuestra Constitución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, presidente. Entiendo cómo opera la jerarquía, la política de la Iglesia católica, y lamentablemente sé los porqués que existen en sectores de la sociedad que aún le temen y le siguen siempre y principalmente desde la población más indocta.
Se dicen príncipes, cardenales, ricos y bien alimentados producto de la ignorancia y el atraso de los más hambrientos, y de la complicidad siniestra de los que más tienen, bendiciendo narcotraficantes, agraviando públicamente a la pluralidad de las familias, insultando al amor, atiborrados de su privatizado cacho de cielo y en sus templos de pederastas e incitadores a la violencia contra las mujeres.
Desde esa realidad, tuertos, con un gran tabique en el ojo propio y con su lengua sangrante, hoy hablan de mediocridad, desarrollo del país, calumnias, vínculos con narcotraficantes, división, corrupción, mezquindad, dignidad y hablan hasta de vergüenza.
Pero lo realmente alarmante, lo que debe preocupar a este poder es que hablan de votos ciudadanos y de urnas electorales. Por eso no solamente es lamentable la complicidad de la protección del gobierno de Felipe Calderón a los ministros de diversos cultos religiosos en la comisión de ilícitos de diversa índole, e inminentemente peligrosos. La falta de autoridad y debilidad, inclusive el vacío de poder del Estado laico con este México resulta inaceptable. Escondida en la hipocresía moral de la Iglesia católica e iglesias secuaces está abierta una presión y desafío a los poderes electos en urnas y, en consecuencia, a las instituciones que el país se ha dado.
Pero considero que no es a la Iglesia a quien hay que exigir cuentas. Es al gobierno de Felipe Calderón, que guarda un vergonzoso silencio y que ha exhibido un carnaval ridículo de declaraciones por demás reprobables y poco republicanas ante el reto cínico de la jerarquía católica por violar el artículo 130 de nuestra Constitución. La política pública debe evitar el autoritarismo religioso ejercido desde la creencia de un gobernante, evitando con ello la exclusión social y la injusticia. Es responsabilidad del gobierno vigilar que estos valores se cumplan, que no sean amenazados, especialmente por los poderes fácticos, más cuando la Constitución está siendo violentada.
No será mi intención nunca ofender la creencia de nadie ni menos su fe, pero espero que se respete la mía. Espero, por ejemplo, que ya que la diputada panista, Kenia, nos ha colgado sus santitos en la entrada de la Cámara, sea institucional ahora y pronto adorne el mismo espacio con imágenes de la Santa Madre del Perpetuo Orgasmo, de la Virgen de Media Noche, de la Sagrada Perspectiva de Género, del Patrono contra la Eyaculación Precoz, del Divino Prepucio Desconsolado y de la Santa Clítoris del Corazón Satisfecho.
Eso es la laicidad de un Estado, que no preferencia de una creencia sobre otra. Uno, en el que si se hace una exposición de santitos será porque el Poder Legislativo ha planeado hacer lo mismo con los santos de las más de 2 mil iglesias registradas, incluidos los míos.
Éste puede sonar a un ejemplo muy menor de cómo se viola el Estado laico, pero ni el PAN y menos aún el Ejecutivo parece entender la gravedad de la afrenta al estado de derecho que hacen desde su llegada al gobierno promoviendo esas alianzas que sí son perversas y sí son inmorales. Desde que el presidente eligió priorizar su relación con el Episcopado y concedió fuero eclesiástico a las iglesias condenó al entierro a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas.
La Secretaría de Gobernación, permanente cómplice, omisa respecto de su responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley por el clero, traicionó al Estado mismo. La esencia de la laicidad es la independencia e imparcialidad religiosa del Estado respecto de cualquier credo, iglesia o dogma. La laicidad no es una mera metáfora, no es una disposición accesoria, no es un capricho político y, menos aún, una casualidad histórica. Es el elemento indispensable para que se pueda hablar de un Estado conformado por la voluntad popular de personas con dignidad jurídica reconocida y protegida.
Entre la Iglesia y Calderón, entonces, ¿quién viola más la ley: el que comete el delito o la utilidad que se vuelve permisiva y pasiva, cómplice, cínica cómplice?
Tenemos un gran problema. Nosotros unánimemente ya hemos exhortado a Gobernación ante los reiterados desa-catos a la ley por parte de la jerarquía católica a que cumpla con su responsabilidad y sancione a la Iglesia católica, y Gobernación también se ha reído de nosotros porque ha priorizado su relación perversa con el clero.
Esa herramienta, diputado Noroña, ya la utilizamos, ya se la enviamos a Calderón y han desoído. Tenemos que buscar herramientas mucho más firmes para que ese presidente que solito eligió dejar de ser el presidente de todos los mexicanos, cuando eligió ser cómplice de una religión y se olvidó de que representaba a muchos más que ellos, para ese presidente que renunció a ser presidente de todos los mexicanos, este Estado, esta Legislatura requiere una medida de mucha más fuerza. No tenemos otra herramienta, y lamentablemente sé que no lo haremos, que el juicio político. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Gerardo de los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Con su permiso, presidente. Muy buenas tardes, compañeros, dice la frase: Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es cierto y coincido con el diputado Cinta que las generalidades o las generalizaciones no son buenas, pero ni de un lado ni del otro. Ciertamente muchas de las cosas que vienen en esta editorial nos afectan. Puedo no coincidir en su totalidad con el texto. Hay puntos rescatables y voy a mencionar algunos, porque también creo que hay que centrar la discusión en su verdadero contexto.
Yo no creo que estemos ante la presencia de un ataque al Estado laico. La separación Iglesia-Estado sigue siendo la separación Iglesia-Estado, o Iglesias-Estado, como dice la ley. No hay en este texto —si bien es cierto estar o no estar de acuerdo— un rompimiento de este principio, pero si se quiere aprovechar para sacar a la luz, o al ruedo, aquellas cosas que muchos traen y que están en su libre derecho de expresarlo, y de creer o no creer, o de venir a esta tribuna y realmente hacer expresiones denigrantes. Pero lo importante, lo importante, es que hay que rescatar algunas de las cuestiones que aquí se dicen. Porque miren, compañeros, ataque al Estado laico, al Estado laico o al Estado no laico...
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, diputado. Quiero pedir respeto a la intervención del orador. Gracias.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Gracias, presidente. Decía: ataque al Estado laico, o al no Estado laico, es precisamente el que no funcionen las instituciones, es, precisamente, el que este país no avance. Hay cuestiones aquí, y nos dicen, está diagnosticada la necesidad de reformas estructurales importantes. Claro que sí, y no lo hacemos. Por ejemplo, la reforma laboral, aunque no están de acuerdo, pero que tampoco han querido debatir ni entrar a los puntos concretos. Y lástima que no está aquí mi buen amigo Tereso Medina, porque si le quiero volver a pedir, como en otras ocasiones, que presente un proyecto de dictamen, que discutamos lo que sirve o lo que no sirve, pero lo que no se vale es que las cuestiones no funcionen.
Se burlaban del ausentismo. Pues digo, aquí está presente. Las expresiones, como dice aquí que solamente algunos —o no solamente, verdad, también hay gente inteligente—, pero que insulta y calumnia a propios y a extraños. Eso también es un ataque al Estado de derecho, laico o no laico.
Se dice que en el caso... — Señor presidente, si los puede conminar, porque me distraen.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Ruego a los diputados se sirvan ofrecer el mismo respeto que hemos tenido para los oradores de otros grupos parlamentarios. Y habré de tener en consideración el tiempo que le hemos hecho perder al orador para compensarlo cuando termine.
El diputado José Gerardo de los Cobos Silva: Gracias, presidente. No, no, déjenlo, déjenlo, es una muestra de la intolerancia. Les gusta decir, hacer, señalar, criticar, injuriar, pero no pueden escuchar algo que por algo les cala en el fondo de sus corazones. Está bien, algo, algún problema tendrán, alguna gran contradicción en sus vidas. De las enseñanzas de sus padres contra las enseñanzas de los que les llevaron su pensamiento quién sabe por dónde. Eso es respetable, en su forma de pensar, pero intolerantes, intolerantes lo son y lo demuestran.
Decía yo, lo que es un ataque al Estado, al Estado laico, al Estado no laico, como lo quieran llamar, es que precisamente no hayan los resultados necesarios de las instituciones a favor de los mexicanos. Fíjense nada más, hace unos días simple y sencillamente por una postura política del partido que tiene más diputados en esta Cámara, simple y sencillamente se dio a la luz una reforma política inconclusa, trunca, y aquí está mi compañero que oí mucho sus intervenciones y que realmente lo respeto y sí me escuchara con respeto se lo agradecería. No, porque luego dice que por alusiones personales, pero me está viendo y lo estoy viendo.
En ese sentido de cosas, les quiero decir compañeras y compañeros, no aprovechemos. A lo mejor sí un comunicado inexacto, con generalidades, pero que no es la postura oficial de la Iglesia católica. No es un documento del magisterio, no es una encíclica, no es una carta apostólica, es una editorial en una publicación que, por cierto, se ve que tiene muchos lectores porque ha causado el interés de muchos grupos parlamentarios.
Yo finalizaría mi intervención haciendo una exhortación. Si lo que quieren hacer de todo es una hoguera, están también en su derecho, pero lo que sí necesitamos es hacer que las instituciones funcionen, que las instituciones trabajen, que México salga adelante. Ustedes sabrán si con sus actitudes están colaborando a ello o simple o sencillamente no les importa nada más que su postura, aunque al país se lo lleve la fregada.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Flores Rico: Gracias, señor presidente. Apenas lo puedo creer, que un miembro de este Congreso, de esta Cámara, pueda avalar la sarta de insultos que esta editorial le ha prolongado y le ha prodigado a esta tribuna, a esta soberanía.
Me tomé la molestia de leer este libelo y le conté 25 insultos, no opiniones. La opinión de que si este Congreso funciona o no funciona, que si le gusta la reforma, es un asunto que se puede respetar, lo que no se pude admitir es el insulto, la diatriba, el ataque artero, la mala fe — como dijo el diputado Fernández Noroña—, y esto no se vale.
El texto es verdaderamente vergonzoso. Hace años que no había en la política mexicana una diatriba de este tamaño, con esta suciedad, con esta mala vibra, con esta mala fe. No hay manera de leerlo sin tropezarse una y 25 veces, en dos cuartillas, con los insultos, pero tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿y dónde está la autoridad? ¿Quién es el responsable de este desaguisado y quién es el responsable de perseguir ese incumplimiento? Ésa es una buena pregunta. Dice la Constitución en el 130, que no puede, ni en lo individual ni en lo colectivo, un miembro o un ministro de la iglesia no puede ofender a las instituciones.
Artículo 130, inciso e), dice: Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios.
Eso es lo que dice la Constitución, y qué dice la ley. La ley dice que el responsable es la Secretaría de Gobernación. ¿Dónde está aquí la Secretaría de Gobernación? Ausente como en los casinos, ausente. Como en la gobernabilidad, ausente. Como en la relación política del Congreso con la federación, ausente. Como en el sentido común, ausente. Como en el estado de derecho, ausente. Ésa es la protesta que aquí este Congreso hace, no porque opine la iglesia, puede opinar por supuesto, tiene una misión social, puede hacerlo. No tiene que ver nada el conjunto de personas que están en las iglesias, ellos pueden hablar, lo que no pueden es insultar, lo que no pueden es agredir. Eso es lo que molesta y lo que irrita. Y en este Congreso, en esta Cámara, sí hay dignidad para decirles con todo respeto: no se vale.
Ésa no es la iglesia que reclama un país en construcción democrática. Ésa no es la iglesia de un país que está postrado por la violencia. Ésa no es la iglesia que merecen los cristianos. Por favor, señores, tengan vergüenza, tengan decencia, sean fieles a su causa. Muchas gracias. No hace falta qué decir más.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado.
* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de aquellas que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 8 de noviembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados
Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del martes 8 de noviembre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma los artículos 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Justicia, para dictamen.
2. Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
3. Que expide la Ley General de Atención a Víctimas, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
4. Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Diana Patricia González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
5. Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado David Hernández Vallín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.
6. Que reforma el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Hugo Héctor Martínez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
7. Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen.
8. Que reforma el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada María Esther Terán Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
9. Que reforma el artículo 206 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.
10. Que reforma el artículo 29 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
11. Que reforma los artículos 3º, 4º, 8º y 9º de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gerardo Del Mazo Morales, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para dictamen.
13. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.
14. Que reforma los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Vivienda.
Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.
15. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
16. Que reforma los artículos 2o. y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
17. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
18. Que reforma los artículos 185 y 186 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
19. Que reforma los artículos 12 y 13 a la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
20. De decreto, por el que se establece el segundo domingo del mes de mayo como el Día Nacional de la Madre, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar.
Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.
21. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, "Cruz Roja Mexicana", a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
22. Que expide la Ley Federal de Gobierno Electrónico, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por los diputados Juan José Guerra Abud y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de la Función Pública, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
23. Que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vid.
Turno: Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
24. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por el Dip. Eduardo Ledesma Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.
25. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo del diputado Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación, para dictamen.
26. Que reforma los artículos 2o. de la Ley de Planeación, 64 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, y de Participación Ciudadana, para dictamen.
27. Que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
28. Que reforma los artículos 6o. y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
29. De decreto, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
30. Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Daniela Nadal Riquelme, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
31. Que reforma el artículo 109 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
32. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
33. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
34. De decreto, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
35. Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
36. Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley Federal de Cinematografía, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Radio, Televisión Y Cinematografía, para dictamen.
37. Que adiciona un artículo 38 Bis y reforma los artículos 40, 41 y 43 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Ninfa Clara Salinas Sada y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
38. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
39. Que reforma el artículo 20 de la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.
40. Que reforma los artículos 38, 55, 82 y 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
41. Que expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por el Dip. Emilio Chuayffet Chemor, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
42. Que reforma el artículo 7º Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
43. Que expide la Ley del Fondo para Fortalecer Nuevas Actividades Productivas ante la Emergencia Económica, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
44. Que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
45. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Enrique Torres Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.
46. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Indira Vizcaíno Silva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
47. Que reforma los artículos 2o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Eric Luis Rubio Barthell, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
48. Que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.
49. Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Isabel Merlo Talavera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
50. Que reforma el artículo 231 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Hacienda y crédito público, para dictamen.
51. Que expide la Ley de la Comisión Federal de Transportes, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Puertos, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisiones Unidas de Gobernación, y de Transportes, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Marina, y de Comunicaciones, para opinión.
52. Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
53. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos y suscrita por la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
54. Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gastón Luken Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
55. De decreto, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Oscar Javier Lara Aréchiga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
56. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
57. Que deroga el artículo 267 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Miguel Ernesto Pompa Corella, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
58. Que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
59. Que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
60. Que reforma el artículo 4o. y adiciona un artículo 4o. Bis a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, a cargo del diputado Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
61. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a los titulares de la SHCP, del SAT y al Administrador General de Aduanas, para que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan agilizar el tránsito vehicular en las aduanas ubicadas en los cruces internacionales localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta Soberanía, para que se considere la creación de un Fondo para la Infraestructura e Instalaciones que promuevan la Actividad Física en las Escuelas Primarias y Secundarias, a fin de combatir la obesidad infantil, a cargo del diputado César Daniel González Madruga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE, a que en el proceso electoral federal de 2012, instrumente medidas que garanticen la participación político electoral de las personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a celebrar un convenio de coordinación con los Gobiernos del Distrito Federal, Estados y Municipios, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico de la situación de violencia contra los menores y el establecimiento de acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil, con la colaboración de la SEGOB, de la SSA, de la SEP, de la SEDESOL, de la SHCP, del DIF y de la PGR, a cargo de la diputada Caritina Saénz Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo y a la PGR, salvaguarden la integridad física de los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambríz Hernández, de la revista "Luces del Siglo", así como a desahogar con eficacia y oportunidad la denuncia de hechos que presentaron el 11 de octubre del año en curso, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SENER, tome las medidas conducentes a efecto de que PEMEX reduzca en un 40 por ciento el precio del gasóleo, gas LP y gas natural, a cargo del diputado Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Energía, para dictamen.
7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, para que en las fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, con sede en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las obras que se tengan programadas a realizar en el 2012 en estas localidades, se ejecuten con anticipación o en su caso se posterguen, a fin de evitar contratiempos a los visitantes que asisten a estos eventos, a cargo del diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrito por el Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.
8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, al Consejo de la Judicatura y a la PGR, investiguen y determinen responsabilidades sobre la situación que guarda el predio donde se ubica el Hotel Riu Palace Pacífico, en Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.
9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, emita el decreto correspondiente para que se elimine definitivamente el IETU, para impulsar la recuperación del crecimiento a favor de la inversión y el empleo, a cargo del diputado Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la SAGARPA, realice el pago a los productores de temporal del estado de Guanajuato, en el mes de febrero, de los recursos para el ciclo primavera-verano, asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo para 2012, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen.
11. Con punto de acuerdo, para que se emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.
12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, levante la veda para otorgar concesiones para el uso de agua superficial de los Ríos Juchipila y Cuixtla, afluentes que alimentan al Río Santiago en el municipio de San Cristóbal de la Barranca del estado de Jalisco, a cargo del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco y a las autoridades municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano, determinen la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en esa entidad. Asimismo, que esta Soberanía envíe una felicitación a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, haciéndoles un reconocimiento especial a los deportistas mexicanos acreedores de alguna de las medallas en Sesión Solemne; de igual manera, se envíe una felicitación al Comité Organizador y al Gobernador del estado, por que dichos juegos se hayan desarrollado de forma pacífica y exitosa, suscrito por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Turno: Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.
14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias que integran al Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, agilicen la evaluación, y en su caso, aprobación y certificación de los proyectos de desarrollos urbanos integrales sustentables que se encuentran en estudio, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.
15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones necesarias que permitan el establecimiento de un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación con residencia en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, suscrito por los diputados Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.
16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la SEP, realicen la defensa de los intereses de los jóvenes estudiantes y trabajadores que permitan continuar y terminar sus estudios y desempeñar trabajos dignos. Asimismo, se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas y a los gobiernos municipales, para que establezcan programas con el sector público, privado y social que impulsen a los jóvenes trabajadores, a cargo del diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, vigile la adecuada utilización de los recursos federales transferidos al estado de Yucatán para la implementación de las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el grave brote del virus del dengue que están padeciendo, a cargo de la diputada María Yolanda Valencia Vales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen
18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las reglas para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, se amplíe su cobertura a un mayor número de municipios y se incluya al de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
19. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP, la continuidad de las acciones relativas al fomento para la creación de estancias infantiles de las instituciones de educación superior, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen
20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Economía y del Director General de PROMEXICO, dé cuenta a la ciudadanía sobre el avance del proyecto Ciudad Creativa Digital, Clúster Tecnológico, y dadas las características, ventajas competitivas y ubicación geográfica estratégica, la Ciudad de Puebla sea considerada como sitio adecuado para su establecimiento, a cargo del diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Economía, para dictamen
21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP, investigue a fondo los actos de extorsión y corrupción por parte de elementos de dicha corporación destacamentados en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, durante los últimos meses, a cargo de la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen
22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Sagarpa, de la SSa, de la Conagua y de la CFE, inicien las acciones procedentes para atender y solucionar los graves problemas de contaminación que padece la población que vive en los alrededores de la Presa Zimapán, a cargo del diputado Jorge Rojo García de Alba, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen
23. Con punto de acuerdo, por el que se propone la creación y otorgamiento de la Medalla de la Paz, "Dr. Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz", a mexicanos, mexicanas y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SENER, promueva el desarrollo e implementación de nuevos proyectos para la generación de electricidad por medio de fuentes de energía renovables en el país, a cargo del diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Energía, para dictamen.
25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, emita reglas de operación sencillas e implemente esquemas que agilicen la entrega de los recursos de los programas destinados a promover y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país por aprobarse en esta soberanía para el ejercicio fiscal 2012, a cargo del diputado Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Economía, para dictamen.»
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Se han agotado los asuntos en cartera, señor presidente.
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 16:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 10 de noviembre de 2011, a las 10 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.
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