SUMARIO

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Presidencia del diputado Emilio Chuayffet Chemor

ASISTENCIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Se informa a la Presidencia que existen registrados 253 diputados y diputadas; por tanto, hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 10:16 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias.— Tercer año de ejercicio.— LXI Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de noviembre de 2011

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Dos, de la Mesa Directiva.

De la Junta de Coordinación Política.

Del diputado Maurilio Ochoa Millán, por el que solicita el retiro de su iniciativa.

Del Banco de México

Con el que remite informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre de 2011.

De la Secretaría de Gobernación

Con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a la emisión de Declaratoria de Emergencia por las lluvias severas y deslaves en Oaxaca; y para implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país.

De diversas autoridades de los estados de Colima, Guanajuato, Morelos y Tabasco.

Con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la capacitación de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género.

Minutas

Con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que establece las Características de una Moneda Conmemorativa del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862. (Turno a Comisión)

Iniciativas de ley o de decreto de las legislaturas de los estados

Del Congreso del Estado de Chihuahua, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales: de Educación, de Cultura Física y Deporte; y Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (Turno a Comisión)

Del Congreso del Estado de Yucatán, con proyecto de decreto que adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)

Iniciativa de ley o de decreto de los senadores

Con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al Artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII, al artículo 100 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que Expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22; 22 Bis; 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57, de la Ley de Seguridad Nacional.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Sandra Isabel Vázquez Castillo, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en Veracruz, con Circunscripción Consular en el Estado de Veracruz y a Luis Augusto Lutteroth del Riego, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Japón en Tijuana Baja California, con Circunscripción Consular en el Estado de Baja California.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso para que los ciudadanos: Juan Manuel Guerrero López, Héctor Daniel Padilla Yáñez, José Hernández Herrera y Beatriz Adriana Reyes Espinoza, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y sus Consulados Generales en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Dictámenes a discusión de proposiciones

De la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que presente ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal.

De las Comisiones Unidas de Economía, y de Energía, con puntos de acuerdo, por los que solicita al Ejecutivo Federal, acreditar por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en el territorio nacional.

De la Comisión de Marina, con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Marina que realice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de Seguridad Nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de la Ley General de Educación y 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Óscar Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y expide la Ley Federal de la Pirotecnia, a cargo del diputado Héctor Guevara Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 111 y adiciona un artículo 8 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 de la Ley General de Salud y 8o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo de la diputada María del Carmen Izaguirre Francos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Seguridad Alimentaria, a cargo de la diputada María Guadalupe García Almanza y suscrita por los diputados Laura Arizmendi Campos, Pedro Jiménez León y María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 93 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Rafael Rodríguez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Fideicomiso Público para la Defensa y Protección de la Economía Familiar, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García y suscrita por el Dip. Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Herón Agustín Escobar García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 85 y 90 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Oscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 46 de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población, a cargo del diputado Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Protección Civil y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 23 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Gloria Trinidad Luna Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3° y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Oscar González Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 157 Ter y 157 Quáter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 10, 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 39 Bis a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Josué Cirino Valdés Huezo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 1378 Bis y reforma el artículo 1399 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 109, 167 y 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Protección Frente a la Violencia Ejercida en Contra de los Varones, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 37 y 40 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Luis García Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De Decreto, que crea el Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal y expide su Ley Orgánica, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, supervise los servicios de dietas telefónicas que se ofrecen mediante spots transmitidos por radio y televisión, debido a que en México se están sufriendo serios trastornos alimenticios que perjudican a nuestra juventud y niñez, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJ del estado de Jalisco y a las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, tomen las medidas correspondientes a fin de evitar que se utilicen las instalaciones de las mismas en actividades ajenas a su naturaleza y se sancione de manera enérgica a quienes incurran en dichas prácticas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, diseñe de manera coordinada con el Gobierno del estado de Chihuahua, políticas públicas y comerciales que coadyuven al mejor desarrollo económico del estado con el objeto de atraer mayor inversión nacional y extranjera y establecer canales para comercializar y posicionar los productos de exportación chihuahuenses en los diferentes países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la SEP, para que los planes y programas de estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, comprendan lo relativo al conocimiento y dominio del idioma inglés, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con base en los estándares que al efecto ha emitido la UNESCO, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que a través del Consulado General de México en Raleigh, se brinde la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos, independientemente de su condición migratoria, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, instrumente un nuevo programa de chatarrización con el objeto de retirar unidades vehiculares con más de 10 años de antigüedad de la circulación, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año 2012 como el del bicentenario del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Názares Jerónimo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 187 aniversario de la Federación de Chiapas en México, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativo a la Conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del LI aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica en México, a cargo del diputado Eduardo Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al aniversario luctuoso de Manuel J. Clouthier, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del aniversario del 2 de octubre, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de las diputadas María Guadalupe García Almanza y Leticia Quezada Contreras, de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente y la diputada María del Carmen Guzmán Lozano a nombre de la Comisión de Equidad y Género.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación; Acciones por la Seguridad Alimentaria en México, a cargo del diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 17 de octubre, conmemoración del aniversario del Sufragio Femenino, a cargo de la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.

Con motivo del 19 de octubre, conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Elvia Hernández García y suscrita por diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del primer aniversario de la muerte de Néstor Carlos Kirchner, a cargo del diputado Héctor Elías Barraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se concede el uso de la palabra al diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, sé que hoy no está considerada la agenda política, pero sí quiero condenar, comentar, compartir la represión que ayer vivieron los trabajadores de Mexicana de Aviación.

En primer lugar, es inaudito que a más de un año del cierre arbitrario de Mexicana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Trabajo y el gobierno de facto no hayan resuelto este problema. Lozano vino a decir majaderías a los diputados y diputadas y este problema sigue sin resolver. Me parece que dentro del presupuesto debería considerarse una partida para que volviera ser del pueblo de México Mexicana de Aviación y ponerla nuevamente en funcionamiento.

Es verdaderamente absurdo que un tercio del mercado nacional esté dejado a las otras compañías con un pésimo servicio, con altísimos costos de los boletos y que hombres y mujeres muy capacitados de la compañía Mexicana de Aviación estén en la calle literalmente y que ayer que se manifestaban hayan sido reprimidos.

Entiendo la preocupación del gobierno de la ciudad, porque estaba bloqueado el Metrobus y la línea de tranvía que querían que se liberara, pero es injustificable que haya habido un acto de represión en contra de los trabajadores.

Quiero pedir formalmente, por conducto de la Mesa Directiva, que la Comisión de Presupuesto considere la posibilidad de que Mexicana de Aviación vuelva a ser del Estado mexicano, vuelva a ser del pueblo de México y se eche a andar nuevamente esta importante empresa nacional.

El segundo comentario que quiero hacer, diputado presidente, es respecto al debate que se hizo de la agenda política; lamento mucho que el Reglamento no permita un debate, no hay alusiones, no hay rectificación de hechos, no hay nada, no hay una resolución, y el documento —como coincidimos todas las fracciones parlamentarias, a excepción del PAN—, es muy infamante el documento del arzobispado primado en contra de esta soberanía.

Quiero pedir que la Mesa Directiva pudiera presentarnos una propuesta de documento y se iniciara una queja formal, como lo plateé en el debate a la Subsecretaría de Gobernación del área respectiva.

Finalmente, comentar que también esta soberanía debería tomar cartas en el asunto sobre los sueldos de los funcionarios, porque aparece información —sólo por poner un ejemplo— que el alcalde de Tlalnepantla, de apellido Ugalde, gana 370 mil pesos mensuales, lo cual es un verdadero escándalo para la situación existente en el país.

Pido que tomemos cartas sobre estos tres temas, no en particular sobre Tlalnepantla, en general sobre los sueldos. Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En relación al primer tema, todavía no hay dictamen, en consecuencia será trasladada a la comisión correspondiente la petición que usted formula; en relación al segundo tema, mañana se reúne la Mesa Directiva y discutiremos el punto para tomar una posición al respecto; el tercer tema, que es de orden más particular, también tendremos una respuesta para usted en lo conducente. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Presidente, nuevamente para insistir a la Junta de Coordinación Política y a los grupos parlamentarios, a los coordinadores, para que hagan propuestas a fin de que se propongan a este pleno las designaciones de los consejeros electorales.

También comunicar a este pleno y a usted, señor presidente, que le tengo una noticia respecto al tema de los consejeros electorales. He seguido estudiando el tema desde el punto de vista jurídico y creo que hay vías que pueden implementarse; una vía, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la ha reconocido, consistiría en que alguno de los aspirantes que aún quedan de los 16, promoviera ante el tribunal un juicio para la protección de los derechos político-electorales, a fin de que le diese un plazo a esta Cámara para designar a los consejeros electorales.

Pero he pensado —y con esto quiero invitar a mis compañeros diputados y diputadas que quieran acompañarme en lo que voy a realizar—, en promover yo mismo un juicio para la protección de los derechos político electorales, como diputado, en contra de la Junta de Coordinación Política y en contra de los coordinadores de los grupos parlamentarios, porque me están impidiendo nombrar a los consejeros electorales.

Le quiero informar al pleno y a usted mismo, señor presidente, que en próximos días presentaré este juicio para la protección de los derechos político electorales, a fin de obligar a la Junta de Coordinación Política y a los coordinadores respectivos, de los grupos parlamentarios, para que propongan en un breve plazo las propuestas de consejeros electorales.

Creo que voy a tener éxito y por eso invito a compañeros diputados, a compañeras diputadas, a sumarse a mi pretensión legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque sé que tengo interés jurídico para acceder al Tribunal y para que el Tribunal obligue por fin a este pleno a designar a los consejeros electorales.*

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago.

El diputado César Augusto Santiago Ramírez (desde la curul): Presidente, buenos días. Quiero simple y llanamente hacer dos sugerencias en este espacio, que ya se ha convertido en el único espacio donde uno puede hacer peticiones a la Junta de Coordinación Política, por conducto de usted.

La primera, es para hacerme solidario con las sugerencias que ha hecho aquí al pleno el diputado Fernández Noroña; creo que ambas son atendibles y ojalá a través de sus buenos oficios podamos encontrar alguna solución en estos asuntos.

La segunda, es una promoción personal, señor presidente, para proponerles a las compañeras y a los compañeros diputados, la urgente necesidad de que antes de que concluya nuestro periodo de sesiones podamos discutir el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional en el pleno de esta Cámara.

Quiero decirle a usted, que —como todos los mexicanos— nos enteramos hoy del informe de este organismo internacional, Human Rights Watch, que es verdaderamente ilustrativo del grave problema que vive el tema de los derechos humanos y la seguridad pública en nuestro país.

No es posible que un organismo internacional formule este tipo de aseveraciones, críticas y alertas de manera tan grave y que en la Cámara de Diputados estemos ausentes a este asunto; si el dirigente de este organismo acudió al Ejecutivo, creo que es una situación de elemental sentido común que la Cámara de Diputados debe invitar a este organismo para que acuda aquí a la Cámara de Diputados y presente el informe que ya se conoce a través de los medios.

Mi sugerencia, señor presidente, es que en sus deliberaciones con la Mesa Directiva puedan establecer aquí un debate en la agenda política que concluya con la invitación formal para que el informe de Human Rights Watch pueda ser conocido con amplitud por esta soberanía. Es mi petición, con todo el respeto que sabe que le tengo, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con mucho gusto, señor diputado. El diputado Pedro Ávila Nevárez.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, con todo respeto quiero pedirle a usted, de ser posible, que la Junta de Coordinación Política le envíe al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a nombre de esta soberanía, que aplique la requisa en el caso de Mexicana de Aviación; es lo más fácil, que aplique la requisa y que se expropien todos los bienes de Mexicana, se ponga de acuerdo con los nuevos capitalistas que quieren echar a andar la línea más antigua de México, que fue fundada por el presidente patriota Lázaro Cárdenas, para que vuelva a funcionar esa importante línea de aviación.

Es una cosa muy fácil, que el presidente aplique la requisa y de inmediato Mexicana volverá a ser del pueblo de México.

Creo que no debemos de dar esos espectáculos tan tristes; ayer los capitanes de nuestras naves que surcaron los cielos del mundo llevando prestigio en sus uniformes, llevando prestigio en sus naves, llevando a presidentes tan prestigiados como Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos a muchos confines del mundo; llevando a personajes como el Papa Juan XXIII, y tantos y tantos. Ayer, por los granaderos de la Ciudad de México, en forma salvaje destrozándoles sus uniformes, a ellos y a las sobrecargos y a todos los que pedían simple y sencillamente que querían trabajar.

Pido que esta Cámara de Diputados, a nombre del pueblo de México, en una forma enérgica le diga a Felipe Calderón que no se haga tonto y aplique la requisa; con eso, Mexicana de Aviación volverá a ser del pueblo de México.

Otra cosa, estamos a punto de terminar nuestro periodo de sesiones y no se ha dicho nada de las Letras de Oro del presidente Adolfo López Mateos, del presidente más querido de todos los mexicanos, aunque a muchos les pese.

Quisiera, por conducto suyo, hacer una excitativa a la Comisión de Prácticas Parlamentarias para que antes de terminar veamos ahí con justicia el nombre de ese gran mexiquense que hizo entrega de su vida por México. Es lo que le pido, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Con mucho gusto, don Pedro, en los dos sentidos.

Tengo inscritos en este capítulo sólo a dos diputados más, la diputada Silvia Fernández Martínez y el diputado Ramón Jiménez López. El diputado Muñoz Ledo y el diputado Moreno. Diputada Silvia Fernández.

La diputada Silvia Fernández Martínez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Simplemente para —a nombre de esta Legislatura y en la calidad que se me ha conferido como presidenta del Grupo de Amistad México-Guatemala— expresar una felicitación a Otto Pérez Molina, presidente electo de la hermana República de Guatemala, quien el pasado domingo ganó la segunda vuelta electoral de este país.

Pero sobre todo, para extender una felicitación al pueblo guatemalteco y desearle todo el éxito en el trabajo que vendrá. Guatemala comparte con México cultura, idioma, tradiciones y frontera, lo que hace indispensable trabajar de la mano para encontrar soluciones para beneficien a ambos países. Muchísimas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. El diputado Ramón Jiménez López.

El diputado Ramón Jiménez López (desde la curul): Buenos días, señor presidente. Para hacer una denuncia en contra del titular de Conagua, Luege Tamargo y los funcionarios de esta dependencia, particularmente los del estado de Tabasco.

El día de ayer se manifestaron centenas de damnificados por las lluvias en el estado de Tabasco y el titular de la misma y sus funcionarios acuñaron cínicamente el término industria del reclamo; llaman estos funcionarios industria del reclamo a los reclamos justos de los pobladores, particularmente del centro de Tabasco, del municipio centro, de los municipios y ejidos Guanal, Aztlán 1a., 2a., 3a., 4a. y 5a. sección, que desde el 2008, debido a obras irregulares realizadas por Conagua, anualmente son inundadas sus tierras; han echado a perder sus cosechas, han propiciado la muerte de centenares de cabeza de ganado y el día de ayer se manifestaron nuevamente para reclamar la atención urgente del gobierno del estado de Tabasco y de Conagua.

Quiero decir que el director de Conagua, en lugar de estar inventando términos como la industria del reclamo, según él que están generando estos campesinos afectados, debiera ya de apoyar las nueve averiguaciones, que derivadas de la Cuenta Pública del 2009, la Auditoría Superior de la Federación promovió por obras que precisamente están causando la inundación de estas tierras en Tabasco, particularmente, la Auditoría Superior de la Federación promovió, repito, nueve demandas en contra de funcionarios de Conagua, porque éstos reportaron la realización de obras por 76 millones de pesos, las cuales al ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación ni siquiera estaban concluidas.

Entonces, reitero, señor presidente y solicitaría también su amable intervención para que Conagua ratifique las demandas que inició la Auditoría Superior de la Federación en contra de estos falsos y malos funcionarios de Conagua, y deje de estar tratando de desacreditar las justas demandas de los campesinos del estado de Tabasco. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se procederá el asunto detallado por el diputado Jiménez López, conforme a derecho.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Muñoz Ledo.

El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (desde la curul): Gracias presidente. Quiero hacerme eco de dos peticiones; una, la procedencia de un punto de acuerdo, como lo ha expresado el señor diputado, respecto a la Mexicana de Aviación.

Éste es un caso en donde los intereses creados, mezclados obviamente con intereses de personajes públicos, han dejado caer a la más antigua de las líneas nacionales; dos comisiones trabajaron en esta Cámara y las dos fracasaron.

Nosotros recibimos en varias ocasiones a los trabajadores de los tres sindicatos de Mexicana: el de aire, el de tierra y el de sus recargos; había un proyecto, pero otra vez más hubo cerrazón de las autoridades gubernamentales.

Tiene razón el diputado, procedía la requisa; procedía por ser un servicio público, cuidado, un servicio público.

En otras ocasiones, en contra de huelgas de los trabajadores, en contra de los trabajadores, en malas horas, la requisa sobre instalaciones aéreas y compañías tuvo lugar; ahora que era para salvar un servicio público de beneficio, además nacional e internacional, no se ha hecho absolutamente nada. Creo que procede un exhorto y éste es el primer punto. Son tres rápidos.

El segundo es, el diputado Víctor Castro planteó la creación de una comisión que se entrevistase con quienes hacen huelga de hambre simbólicamente, enfrente de la bolsa de valores —aquí no se ocupa Wall Street, aquí se ocupa la bolsa, que sería la traducción al castellano—, con quienes estuve el domingo; sus demandas son muy razonables, tienen que ver con un intento que ellos pueden probar de privatización gradual de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Lo tercero, ciudadano presidente, que me parece sumamente delicado y sobre lo cual le mandaré hoy mismo un ocurso, la señora secretaria de Relaciones Exteriores, con fecha 1o. de noviembre mandó un escrito a esta Cámara en respuesta al punto de acuerdo que adoptamos, que es un asunto de alta sensibilidad, para que el gobierno de México no promoviera una cumbre de jefes de Estado del Grupo de los 20 durante el mes de junio, a sólo 20 días de las elecciones federales del año próximo.

Esa carta llegó, no la enviaron a la Comisión de Relaciones Exteriores; gracias a los servicios de la Presidencia de la Cámara la pude obtener, después de que en el Senado le reclamé a la subsecretaria de Relaciones, antier, que hayan dado una respuesta de la cual estaba enterado, pero no conocía el documento.

Los pretextos de esta carta no son aceptables; habla de una calendarización de cada seis meses, pero no dice que en ninguna de las cumbres del G 20, en ninguna de las cumbres importantes del mundo se ha realizado un mes antes o menos de 30 días antes de que haya elecciones nacionales en un país.

Le rogaría, en los tres puntos, que tomara usted cartas en el asunto, fundamentalmente en el de la formación de la comisión que visite a los huelguistas de hambre y el de una respuesta que debe darse por esta Cámara a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Ruego al señor vicepresidente Uriel López, que proceda a la formación de esta comisión de inmediato, para atender el objetivo que usted, diputado Muñoz Ledo, ha descrito.

El diputado Burelo tiene el uso de la palabra.

El diputado César Francisco Burelo Burelo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Lamentablemente los asuntos que quería comentar han sido abordados con anterioridad; sin embargo, quisiera precisar algunas puntualizaciones, en el sentido de la respuesta que usted dio, me refiero al editorial injurioso del medio de la Iglesia Católica Desde la fe; quienes me antecedieron le pidieron a usted y a la Mesa Directiva que retome el posicionamiento y el planteamiento que hizo cada uno de los grupos parlamentarios, exceptuando el PAN, natural y entendiblemente, para que esta Mesa Directiva se aboque a la elaboración del documento que ha sido mencionado.

Lo que quiero puntualizar es lo siguiente, señor diputado presidente, que por favor en la ocasión en que este documento esté elaborado, usted nos haga el favor de darlo a conocer a esta soberanía para que sea aprobado por la misma, en los términos en que esta soberanía decida y esperando que sea naturalmente a la brevedad posible.

Creo que dentro de todas las injurias que la Iglesia Católica menciona en este libelo, hay una que me parece todavía más importante, como es la de que esta Cámara es improductiva, en esta Cámara no se trabaja; estoy seguro que a estas horas todavía los jerarcas eclesiásticos estarán en sus mullidas camas, espero que no sea en púber compañía; entonces, hay que dar del conocimiento de la nación que estamos trabajando.

Por otro lado, diputado presidente, quisiera decirle también el caso Tabasco; desde hace varias semanas he estado en comunicación con mi coordinador. Lamentablemente el tema de la agenda política priorizó el debate; sin embargo, como ya lo mencionó el diputado Ramón Jiménez López, el estado de Tabasco se encuentra en una situación lamentable desde hace más de un año; inundadas cientos de comunidades, desplazados miles de campesinos, miles de indígenas que no tienen hoy donde vivir.

La situación se torna, señores diputados y diputadas, más trágica aún que los estados que se encuentran en sequía, porque aquí está perdido el patrimonio, no solamente en lo que significa su hogar, sino sus tierras de cultivo de todos los tabasqueños.

Por tanto, quisiera que esta soberanía también retome los puntos de acuerdo que se han aprobado, en torno a los apoyos que el gobierno federal debe proporcionar a nuestro estado. Es cuanto, señor presidente, ya no me suene la campana.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. En relación al tema del Estado laico, le ofrezco que el martes tendrán en su poder la respuesta que la Mesa Directiva acuerde para los efectos de hacerla llegar a la dirección de la revista de la Arquidiócesis de México. Al mismo tiempo, porque eso se pidió en la agenda política, aunque hoy no se haya repetido, el oficio a Gobernación para que deslinde las responsabilidades y aplique las sanciones que conforme a derecho deben darse.

En relación con Tabasco, se retoman los puntos que se han venido discutiendo en el seno de esta asamblea, para que, sobre todo ahora que estamos en vísperas de la aprobación del Presupuesto, se puedan considerar. Muchas gracias, señor diputado.

El martes, ruego a la Secretaría tener los dos documentos, el de la carta de la Mesa Directiva a la dirección de la revista y el del oficio de la Presidencia al secretario de Gobernación, que nos enviarán antes de ser conocidos por este pleno.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes ocho de noviembre de dos mil once, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.

Presidencia del diputadoEmilio Chuayffet Chemor

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos ochenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas del martes ocho de noviembre de dos mil once, el Presidente declara abierta la sesión.

A las once horas con dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia, con un registro de doscientos noventa y cinco diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa la lectura del orden del día y del acta de la sesión anterior, y de la misma manera aprueba esta última.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De las Comisiones Unidas de Marina y de Justicia, sobre las conclusiones derivadas de las respuestas realizadas por el Secretario de Marina, en relación a las preguntas parlamentarias formuladas en Sesión del veintidós de septiembre de dos mil once, por el Pleno de la Cámara de Diputados. De conformidad con lo que establece el numeral cinco, del artículo ciento treinta y uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, se remite a la Secretaría de Gobernación, para que a su vez sean hechas del conocimiento del titular de la Secretaría de Marina, señalando que derivado de la opinión vertida por las Comisiones Unidas, en las respuestas a las preguntas parlamentarias cuatro y seis, se advierte una incorrecta interpretación de los artículos cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, y sesenta y cuatro, de la Ley de Seguridad Nacional, y por lo que se refiere a las preguntas cinco, siete y diez, se advierte que las respuestas son insuficientes. El Presidente informa que el Secretario de Marina tiene quince días para contestar nuevamente las preguntas a las que se refieren las conclusiones y recomendaciones de las comisiones unidas.

b) De la Mesa Directiva:

• La Presidencia informa que se recibieron de la Cámara de Senadores, un Acuerdo aprobado y once proposiciones con puntos de acuerdo, relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil doce, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los cuales fueron remitidos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

• Por la que informa de las iniciativas de reforma constitucional, que no fueron dictaminadas dentro del plazo reglamentario. De conformidad con el artículo ochenta y nueve, numeral dos, fracción tercera del Reglamento de la Cámara de Diputados, se tienen por desechadas. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación a diversos temas legislativos los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, en dos ocasiones; Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México; Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo; y Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

c) De la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes y de Junta Directiva de Comisiones Ordinarias y Especiales. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

d) Del Diputado Eduardo Ledesma Romo, por el que solicita que su iniciativa presentada el once de octubre del año en curso, sea retirada de la Comisión de Economía. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

e) De la Cámara de Senadores:

• Por el que remite Acuerdo del Congreso del estado de Tabasco, relativo a la implementación de todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales, de los cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta, supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

Desde su curul realizan comentarios con relación a los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el diputado Pedro Ávila Nevárez, e Isaías González Cuevas, ambos del Partido Revolucionario Institucional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Armando Neyra Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.

• Con la que remite acuerdo, por el que invita a la Cámara de Diputados para que, a través de sus comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, en conferencia con las de la Cámara de Senadores, analicen el régimen de derechos mineros vigentes en el país. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para su atención.

Desde su curul hace comentarios con relación a la exposición de uvas y vinos en la explanada del Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Francisco Arturo Vega de la Madrid, del Partido Acción Nacional.

• Por la que informa la aprobación del Acuerdo por el que la Cámara de Senadores solicita al Titular de la Secretaría de Economía, remitir un informe detallado de los volúmenes de exportación a los Estados Unidos de América de pez dorado durante el período dos mil siete - dos mil diez. Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

• Por la que informa que se da por concluido el procedimiento legislativo del proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De enterado.

• Con la que devuelve expediente de la Minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Turismo, para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

f) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Informe Trimestral sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil once, sobre el presupuesto ejercido, a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de metas y objetivos con base en los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que envía el Informe sobre la utilización de los tiempos oficiales de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondiente al cuarto bimestre de dos mil once. Se remite a las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con la que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado en la Comisión Permanente del Segundo Receso, relativo al monto subejercido del presupuesto en el primer semestre de dos mil once y el subejercido a la fecha.

• Con la que remite contestación a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados, relativos:

– Dos sobre la protección y preservación de los sitios históricos y sagrados de los pueblos indígenas.

– A la crisis cañera veracruzana.

– A crisis de los productores lecheros nacionales.

– A la reactivación productiva del sector agrícola.

– Para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

– Para erradicar la violencia en el noviazgo.

– A la emisión de declaratoria de emergencia y zona de desastre en el sector agrícola de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua y Sonora.

– A la celebración de la reunión del G-Veinte.

– Al cordón litoral erosionado de la costa de Altamira, Tamaulipas.

– Al injusto encarcelamiento de ciudadanos cubanos en los Estados Unidos de América.

g) Del Gobierno del Distrito Federal, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para erradicar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

h) Del Gobierno del Estado de México, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la capacitación de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y de Perspectiva de Género.

i) De la Comisión Federal de Competencia, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al conflicto suscitado entre las empresas del sector telecomunicaciones.

j) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar a los connacionales que ingresen al país, les sean aceptadas las tarjetas de crédito o débito internacional, para el pago de los derechos por la importación temporal de sus vehículos.

Se remiten a las Comisiones correspondientes, para su conocimiento.

• Por la que informa que en el mes de septiembre de dos mil once, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con la que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al Tercer Trimestre de dos mil once, incluyendo la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de septiembre de dos mil once, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de septiembre de dos mil diez. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

k) De la Cámara de Senadores, con la que remite Minutas con proyecto de decreto:

• Que reforma el artículo cincuenta y cinco de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Que reforma los artículos ciento ocho, y ciento treinta y ocho de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Que reforma las fracciones segunda y cuarta del artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Que adiciona un artículo diecisiete Bis a la Ley de Puertos. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Marina, para dictamen.

• Que adiciona los artículos dos, veintitrés, veintisiete, veintiocho, cuarenta y uno, cincuenta y ocho, ochenta y cinco, ciento siete, y ciento once, y que reforma el artículo ciento diez de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

l) Iniciativas con proyecto de decreto de los estados:

• Del Congreso del Estado de Chihuahua, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y Defensa Nacional, para dictamen.

• De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Del Congreso del Estado de Nuevo León:

– Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federal de Juegos y Sorteos; de Amparo; Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de Instituciones de Crédito. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los numerales A, C, D y E, del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

m) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Que adiciona una fracción vigésima cuarta al artículo treinta y uno, y una fracción novena al artículo ciento setenta y seis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por los senadores Eloy Cantú Segovia y Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y a nombre de los diputados Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.

• Que abroga la Ley del Impuesto de los Depósitos en Efectivo, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y a nombre de los diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Petróleos Mexicanos, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández, Jesús Garibay García; y a nombre de de los diputados Claudia Edith Anaya Mota, José Narro Céspedes, y Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.

• Que abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, presentada por los senadores Tomás Torres Mercado, Rosalinda López Hernández y Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría da lectura a los siguientes dictámenes con proyecto de decreto que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria de las Comisiones:

a) De Turismo, que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, en materia de turismo de la salud.

b) De Justicia, que reforma la fracción décimo séptima del artículo trescientos ochenta y uno del Código Penal Federal.

c) Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, que adiciona el párrafo segundo de la fracción vigésimo primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

d) De Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos:

• Francisco Edmundo Lechón Rosas, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Eslovaca en Cancún, con circunscripción consular en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

• Marisol Reynal Baeza, Fermín Vantí Hernández, Erika de la Torre Crosse y María Isabel Olivares Jiménez, puedan prestar sus servicios en las Embajadas de los Estados Unidos de América y Kuwait en México, y en los Consulados Generales de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Guadalajara, Jalisco.

La Presidencia informa que, de conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Se someten a discusión los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma los artículos siete, treinta y cinco, treinta y siete, y treinta y ocho de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En razón que la etapa procesal de discusión en lo general y en lo particular que establece el artículo ciento cuatro del Reglamento de la Cámara de Diputados, ya fue cubierta, y la Asamblea consideró suficientemente discutido el dictamen, se procedió a la votación nominal del mismo. Se aprueba por trescientos cincuenta y ocho votos a favor; y dos abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realiza comentarios con relación al orden del día el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

b) Unidas de Economía, y de Cultura, que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo doscientos treinta y dos de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos treinta y tres votos a favor; dos en contra y dos abstenciones. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) De Juventud y Deporte, que adiciona las fracciones décimo quinta y décimo sexta al artículo cuatro de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados Jaime Fernando Cárdenas Gracia, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo; y en pro los diputados Jaime Arturo Vázquez Aguilar; Sixto Alfonso Zetina Soto, del Partido Acción Nacional; y Salvador Caro Cabrera, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos sesenta y tres votos a favor; dos en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma el artículo ciento treinta y uno de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cincuenta y un votos a favor; y dos abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

e) De Derechos Humanos, que reforma el artículo cuarenta y ocho de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; y en pro la diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos treinta y cinco votos a favor; uno en contra y cuatro abstenciones. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

f) De Salud:

• Que reforma la fracción séptima del artículo ciento quince de la Ley General de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Cristina Díaz Salazar. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Sergio Tolento Hernández, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos sesenta y ocho votos a favor; y una abstención. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona una fracción cuarta Bis al artículo cinco y el artículo siete Ter a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada María Cristina Díaz Salazar. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Oralia López Hernández, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos sesenta y cinco votos a favor; y dos abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

g) De Derechos Humanos, que reforma el artículo cuarto de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro la diputada Aránzazu Quintana Padilla, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cincuenta y dos votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

h) De la Función Pública, que reforma el párrafo sexto del artículo treinta y siete de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Esthela Damián Peralta, del Partido de la Revolución Democrática; y Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos cuarenta y seis votos a favor; y dos abstenciones. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

i) De Gobernación, que adiciona el artículo dieciocho inciso b) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión al diputado Javier Corral Jurado. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Ramón Jiménez López, Víctor Manuel Castro Cosío, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Julián Francisco Velázquez y Llorente, del Partido Acción Nacional. En votación económica no se considera suficientemente discutido, se abre una segunda ronda de intervenciones de los diputados Guadalupe Acosta Naranjo, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Enrique Ibarra Pedroza, del Partido del Trabajo; y César Octavio Pedroza Gaitán, del Partido Acción Nacional. En votación económica no se considera suficientemente discutido, se abre una tercera ronda de participaciones de los diputados Beatriz Elena Paredes Rangel, y Carlos Flores Rico, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática. Para rectificación de hechos intervienen los diputados José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; y Avelino Méndez Rangel, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido y en votación nominal se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por trescientos treinta y tres votos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Arturo Ramírez Bucio, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se someten a discusión los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo, a cuyos encabezados se da lectura:

a) De Derechos Humanos, por los que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lleve a cabo una investigación sobre las posibles violaciones a los derechos humanos de los enfermos mentales, así como al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud, envíe un diagnóstico sobre la situación de los enfermos mentales recluidos en las diversas instituciones públicas de salud mental y en los centros de readaptación social.

b) Del Distrito Federal, por los que se exhorta al Titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal a coordinarse con las delegaciones para realizar verificaciones en establecimientos mercantiles de bajo impacto.

c) De Economía:

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Economía, se detenga la desgravación arancelaria de las importaciones de calzado provenientes de China, así como revisar y detener cualquier otra desgravación arancelaria que afecte a la planta productiva nacional.

• Por los que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, a los Congresos locales y a los gobiernos municipales, mejoren las condiciones regulatorias que incidan en el proceso productivo de las MIPYMES.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban los siguientes dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que desechan iniciativas o minutas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Desarrollo Social:

• Que reforma los artículos treinta y nueve, y cuarenta y tres de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo setenta y uno de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo siete de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma el artículo diecisiete de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que crea la Ley Federal para el Fomento, Desarrollo y Promoción de la Actividad Artesanal.

• Que reforma el artículo veintidós de la Ley General de Desarrollo Social.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

b) De Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que reforma los artículos treinta y dos y cuarenta y tres bis de la Ley General de Población.

c) Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Gobernación, que reforma los artículos noventa y siete, ciento uno, ciento dos, y ciento tres de la Ley General de Población.

d) De Equidad y Género, que adiciona los artículos cinco, y cincuenta, reforma los artículos once, veintidós, treinta y seis, cuarenta y siete, y cuarenta y nueve de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

e) De Economía, que expide la Ley para la Importación definitiva de Vehículos usados procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

f) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:

• Que adiciona un segundo párrafo al inciso f) de la fracción 6 del artículo cuarenta y cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que adiciona el artículo trece Bis y reforma los artículos cuarenta y cinco, y noventa y siete de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

• Que reforman los artículos treinta y cuatro, y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Se da cuenta con cuatro propuestas de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a mantener el abasto suficiente y oportuno de medicamentos, para satisfacer la demanda de los derechohabientes de esta Institución, particularmente en los estados de Baja California Sur y Colima. Desde su curul realiza comentarios el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Partido de la Revolución Democrática.

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a crear, mediante decreto, el Hospital Regional de Alta Especialidad ”Doctor Ignacio Morones Prieto”, en el estado de San Luis Potosí.

• Por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de un fondo especial de apoyo para la atención de la sequía en los estados de Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Nuevo León.

• Por el que se exhorta a las Comisiones de Derechos Humanos de las treinta y dos entidades federativas a efecto de crear programas especializados sobre libertad de expresión y protección de periodistas.

En sendas votaciones económicas se aprueban. Comuníquense.

En el capítulo de la agenda política:

• Se concede el uso de la palabra al diputado José M. Torres Robledo, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la contienda electoral en el estado de Michoacán. Intervienen los diputados Laura Arizmendi Campos, del Movimiento Ciudadano; José Isabel Meza Elizondo, de Nueva Alianza; Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo; José María Valencia Barajas, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Margarita Suárez González, del Partido Acción Nacional; y Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Partido Revolucionario Institucional.

• Intervienen con relación al tema Comentarios sobre el Estado Laico los diputados Laura Arizmendi Campos, de Movimiento Ciudadano; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Alberto Emiliano Cinta Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Enoé Margarita Uranga Muñoz, del Partido de la Revolución Democrática; José Gerardo de los Cobos Silva, del Partido Acción Nacional; y Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión, se turnan:

a) Iniciativas con proyecto de decreto, de los diputados:

• Arturo Zamora Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos, quinto de la Ley de Vías Generales de Comunicación y ciento noventa y cuatro del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Justicia, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Yolanda de la Torre Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General de Atención a Víctimas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y octavo de la Ley General de Educación. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• David Hernández Vallín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y uno de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Hugo Héctor Martínez González, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos sesenta y siete de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Esther Terán Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos quince de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Esther Terán Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento veinte de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos seis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Gerardo Del Mazo Morales, de Nueva Alianza:

– Que reforma el artículo veintinueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma los artículos, tercero, cuarto, octavo, y noveno de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari, de Nueva Alianza:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para dictamen.

– Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.

• Integrantes de la Comisión de Vivienda, que reforma los artículos cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, y cuarenta y siete de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Octavo Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Liev Vladimir Ramos Cárdenas, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos segundo y treinta y seis de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, que reforma los artículos ciento ochenta y cinco, y ciento ochenta y seis de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jaime Arturo Vázquez Aguilar:

– Que reforma los artículos doce y trece a la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Por el que se establece el segundo domingo del mes de mayo como el Día Nacional de la Madre. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jorge Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, "Cruz Roja Mexicana". Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por los diputados Juan José Guerra Abud y Carlos Alberto Ezeta Salcedo, del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley Federal de Gobierno Electrónico. Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Francisco Arturo Vega De Lamadrid y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial para Impulsar el Desarrollo de la Industria Vitivinícola y Productos de la Vida, que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Rodrigo Pérez-Alonso González y suscrita por el diputado Eduardo Ledesma Romo, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Roberto Armando Albores Gleason, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Gobernación, para dictamen.

• Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos segundo de la Ley de Planeación, sesenta y cuatro de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, y de Participación Ciudadana, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza, que reforma los artículos sexto y ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Cruz López Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Daniela Nadal Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos uno y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

• Sergio González Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento nueve de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras y suscrita por diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Jorge Antonio Kahwagi Macari y suscrita por diputados integrantes Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Óscar García Barrón, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Elpidio Desiderio Concha Arellano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintitrés de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Ariel Gómez León, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo veintiuno Bis a la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión Y Cinematografía, para dictamen.

• Ninfa Clara Salinas Sada y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que adiciona un artículo treinta y ocho Bis y reforma los artículos cuarenta, cuarenta y uno, y cuarenta y tres de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Ricardo López Pescador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veinte de la Ley de Expropiación. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Leticia Quezada Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y ocho, cincuenta, ochenta y dos, y noventa y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Yolanda de la Torre Valdez y suscrita por el diputado Emilio Chuayffet Chemor, del Partido Revolucionario Institucional, que expide el Código para la Protección Integral de los Derechos de la Infancia. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Francisco Arturo Vega De Lamadrid, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo séptimo Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley del Fondo para Fortalecer Nuevas Actividades Productivas ante la Emergencia Económica. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Enrique Torres Delgado, del Partido Acción Nacional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Indira Vizcaíno Silva, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Eric Luis Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos segundo y octavo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Joann Novoa Mossberger, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y dos de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para dictamen.

• María Isabel Merlo Talavera, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo doscientos treinta y uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y crédito público, para dictamen.

• Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley de la Comisión Federal de Transportes, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley de Puertos, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Transportes, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Marina, y de Comunicaciones, para opinión.

• Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sofía Castro Ríos y suscrita por la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Gastón Luken Garza, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo sesenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Oscar Javier Lara Aréchiga, del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por el que se integra un Fondo Especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo y por inundaciones en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ovidio Cortazar Ramos, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Miguel Ernesto Pompa Corella, del Partido Revolucionario Institucional, que deroga el artículo doscientos  sesenta y siete de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Armando Rebollo Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cincuenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Ahued Bardahuil, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto y adiciona un artículo cuarto Bis a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alba Leonila Méndez Herrera, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:

• Adriana Terrazas Porras, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, instruya a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y al Administrador General de Aduanas, para que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan agilizar el tránsito vehicular en las aduanas ubicadas en los cruces internacionales localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• César Daniel González Madruga, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las comisiones correspondientes de esta Soberanía, para que se considere la creación de un Fondo para la Infraestructura e Instalaciones que promuevan la Actividad Física en las Escuelas Primarias y Secundarias, a fin de combatir la obesidad infantil. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral, a que en el proceso electoral federal de dos mil doce, instrumente medidas que garanticen la participación político electoral de las personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Caritina Saénz Vargas, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a celebrar un convenio de coordinación con los Gobiernos del Distrito Federal, Estados y Municipios, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico de la situación de violencia contra los menores y el establecimiento de acciones y políticas necesarias para prevenir y atender de manera integral el maltrato infantil, con la colaboración de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Desarrollo Integral de la Familia y de la Procuraduría Federal de la República. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Quintana Roo y a la Procuraduría Federal de la República, salvaguarden la integridad física de los periodistas Norma Madero Jiménez y Agustín Ambríz Hernández, de la revista "Luces del Siglo", así como a desahogar con eficacia y oportunidad la denuncia de hechos que presentaron el once de octubre del año en curso. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Manuel Guillermo Márquez Lizalde, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, tome las medidas conducentes a efecto de que Petróleos Mexicanos reduzca en un cuarenta por ciento el precio del gasóleo, gas LP y gas natural. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional y suscrito por el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, para que en las fechas de realización del Tianguis Turístico y del Foro Económico Mundial, con sede en los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, las obras que se tengan programadas a realizar en el dos mil doce en estas localidades, se ejecuten con anticipación o en su caso se posterguen, a fin de evitar contratiempos a los visitantes que asisten a estos eventos. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• José Narro Céspedes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, al Consejo de la Judicatura y a la Procuraduría Federal de la República, investiguen y determinen responsabilidades sobre la situación que guarda el predio donde se ubica el Hotel Riu Palace Pacífico, en Bahía de Banderas, Nayarit. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alfredo Francisco Lugo Oñate, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita el decreto correspondiente para que se elimine definitivamente el Instituto Empresarial a Tasa Única, para impulsar la recuperación del crecimiento a favor de la inversión y el empleo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, realice el pago a los productores de temporal del estado de Guanajuato, en el mes de febrero, de los recursos para el ciclo primavera-verano, asignados en el Programa de Apoyos Directos al Campo para dos mil doce. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería, para dictamen.

• Lizbeth García Coronado, del Partido de la Revolución Democrática, para que se emita y publique el Reglamento de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Ejecutivo Federal, levante la veda para otorgar concesiones para el uso de agua superficial de los Ríos Juchipila y Cuixtla, afluentes que alimentan al Río Santiago en el municipio de San Cristóbal de la Barranca del estado de Jalisco. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Jalisco y a las autoridades municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para que en coordinación con el Comité Olímpico Mexicano, determinen la posibilidad de llevar a cabo los Juegos Olímpicos en esa entidad. Asimismo, que esta Soberanía envíe una felicitación a los atletas que participaron en los Juegos Panamericanos, haciéndoles un reconocimiento especial a los deportistas mexicanos acreedores de alguna de las medallas en Sesión Solemne; de igual manera, se envíe una felicitación al Comité Organizador y al Gobernador del estado, por que dichos juegos se hayan desarrollado de forma pacífica y exitosa. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, para dictamen.

• Efraín Ernesto Aguilar Góngora, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las dependencias que integran al Grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables, agilicen la evaluación, y en su caso, aprobación y certificación de los proyectos de desarrollos urbanos integrales sustentables que se encuentran en estudio. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

• Marcos Pérez Esquer y Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones necesarias que permitan el establecimiento de un Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación con residencia en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Educación Pública, realicen la defensa de los intereses de los jóvenes estudiantes y trabajadores que permitan continuar y terminar sus estudios y desempeñar trabajos dignos. Asimismo, se exhorta a los titulares del Ejecutivo de las entidades federativas y a los gobiernos municipales, para que establezcan programas con el sector público, privado y social que impulsen a los jóvenes trabajadores. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Yolanda Valencia Vales, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, vigile la adecuada utilización de los recursos federales transferidos al estado de Yucatán para la implementación de las acciones, medidas, programas y campañas para combatir el grave brote del virus del dengue que están padeciendo. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

• Melchor Sánchez de la Fuente, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que se modifiquen las reglas para el otorgamiento del subsidio para la seguridad pública municipal, se amplíe su cobertura a un mayor número de municipios y se incluya al de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

• Martha Elena García Gómez, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública, la continuidad de las acciones relativas al fomento para la creación de estancias infantiles de las instituciones de educación superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

• Jorge Alberto Juraidini Rumilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Economía y del Director General de PROMEXICO, dé cuenta a la ciudadanía sobre el avance del proyecto Ciudad Creativa Digital, Clúster Tecnológico, y dadas las características, ventajas competitivas y ubicación geográfica estratégica, la Ciudad de Puebla sea considerada como sitio adecuado para su establecimiento. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen

• Guadalupe Pérez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, investigue a fondo los actos de extorsión y corrupción por parte de elementos de dicha corporación, destacamentados en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, durante los últimos meses. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

• Jorge Rojo García de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal de Electricidad, inicien las acciones procedentes para atender y solucionar los graves problemas de contaminación que padece la población que vive en los alrededores de la Presa Zimapán. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

• Rafael Yerena Zambrano, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se propone la creación y otorgamiento de la Medalla de la Paz, "Doctor Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz", a mexicanos, mexicanas y organizaciones de la sociedad civil que se distingan por su labor a favor de la cultura de paz y la no violencia en nuestro país. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

• Fernando Espino Arévalo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía, promueva el desarrollo e implementación de nuevos proyectos para la generación de electricidad por medio de fuentes de energía renovables en el país. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Eviel Pérez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, emita reglas de operación sencillas e implemente esquemas que agilicen la entrega de los recursos de los programas destinados a promover y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país por aprobarse en esta soberanía para el ejercicio fiscal dos mil doce. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

El Presidente clausura la sesión a las dieciséis horas con veintitrés minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día jueves diez de noviembre de dos mil once a las diez horas.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con el siguiente punto de acuerdo:

“Primero.El Senado de la República solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal y a los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, para que organicen y promuevan acciones tendientes al pleno desarrollo de los menores de edad en México, de manera específica para niñas, niños y adolescentes jornaleros, además de fomentar el respeto a sus derechos de alimentación, atención médica, educación, sano esparcimiento y desarrollo; asimismo, se les exhorta para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y dependencias análogas de las entidades federativas, implementen acciones conjuntas para desalentar el trabajo de menores de 14 años de edad jornaleros, con el fin de salvaguardar su seguridad física y la protección integral de sus derechos.

”Segundo.El Senado de la República solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que rinda un informe minucioso sobre las acciones favorables que se han realizado para desalentar el trabajo de menores de 14 años de edad indígenas jornaleros y mejorar la calidad de vida de los mayores de 14 años de edad en estas condiciones,

”Tercero.El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Dictamen que realice sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 se destinen mayores recursos para la protección de niñas, niños y adolescentes jornaleros, con el objeto de asegurar su integridad personal, seguridad social y el pleno respeto a sus derechos.

”Cuarto.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que apruebe reformas para la protección de los derechos de los grupos vulnerables; en especial, niñas, niños y adolescentes en materia laboral.”

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención; y el resolutivo cuarto a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Julio César Aguirre Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la ampliación de recursos para el fortalecimiento de la política migratoria del Estado mexicano.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, senador Julio César Aguirre Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados la ampliación de recursos para el fortalecimiento de la política migratoria del Estado mexicano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los Estados Unidos actualmente radican 11.5 millones de mexicanos, que representan 11 por ciento del total de la población total mexicana. Los migrantes provienen tanto del medio urbano como del rural y de todas las entidades federativas; pero el 45 por ciento del total proviene de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, estado de México y Zacatecas. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos reconoce que existen al menos 10.8 millones de inmigrantes ilegales y de ellos 6.6 millones son mexicanos. De acuerdo con las cifras oficiales, los mexicanos representan más de la mitad de todos los indocumentados en ese país.

El número de los sin papeles en Estados Unidos era de 8.5 millones en el 2000 y llegó a 11.8 millones en el 2007, para luego bajar a 11.6 millones en el 2008 y seguir cayendo para alcanzar los actuales números. La tendencia va a la baja y todo indica que se mantendrá.

En Estados Unidos hoy viven 30.7 millones de hispanos de origen mexicano, de acuerdo con el Pew Hispanic Center. Representan 75 por ciento de un poco más de 42 millones de hispanos que ahora radican en la Unión Americana, que es ya la primera minoría en ese país, por arriba de los afroamericanos.

La falta de una reforma migratoria integral en los Estados Unidos y el predominio de una visión unilateral sobre el mismo, ha convertido a la inmigración mexicana como un problema de seguridad nacional. Lo anterior sumado con un reforzamiento de la seguridad fronteriza  ha ocasionado en los últimos años en un incremento de las muertes de mexicanos en los cruces fronterizos, que de acuerdo a la CNDH, al menos 5 mil mexicanos han fallecido en la frontera norte. Otras de la consecuencias del endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos ha registrado la repatriación voluntaria (antes deportación) durante el año fiscal 2011 a casi 400 mil indocumentados, el dato más alto de la historia.

En la parte de políticas migratorias, de acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos, en lo que va del 2011 los legisladores de Estados Unidos presentaron un total de 600 iniciativas contra los indocumentados, tomando como modelo la Ley SB 1070 Arizona. La tendencia antiinmigrante se ha  incrementado en todos los estados del país. El año pasado se decretaron 346 fallos que condenan la inmigración indocumentada. En 2008 se promovieron cerca de 800 iniciativas antiinmigrantes, y en 2007 se llevaron a la mesa de la discusión legislativa mil 400 iniciativas de ley relacionadas con el empleo de trabajadores indocumentados.

Esta nueva etapa de políticas estatales antiinmigratorias en Estados Unidos se concentra en elevar las penas contra el inmigrante indocumentado, aun cuando estas violen sus derechos humanos, como:

• Sanciones a empresas que realicen ventas al gobierno y que empleen indocumentados.

• Aplicación de penas civiles, administrativas o penales en contra de empleadores privados y de los inmigrantes indocumentados contratados por aquéllos.

• Utilización del e-Verify, sistema de identificación in situ para revisar el estatus migratorio del trabajador por parte de los empleadores, policías o agentes de seguridad en las cárceles, o por las autoridades cuando una persona es detenida por algún delito menor o de carácter administrativo (por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo).

• Aplicación de las leyes federales de migración por autoridades locales.

• Sanciones a quienes alquilen inmuebles u hospeden a indocumentados.

• La imitación parcial o total del uso de servicios y beneficios públicos. La parcial se refiere a cuando se permite atención médica de emergencia a indocumentados; la total limita incluso la asistencia a ancianos.

• Restricciones al registrar un automóvil para personas sin estatus migratorio en regla; restricciones para la compra de un automóvil y para la expedición de licencias a inmigrantes indocumentados. Estas disposiciones incluye la imposibilidad de recuperar un automóvil después de un decomiso para personas sin documentos migratorios.

• Eliminación de incentivos económicos para empleadores privados que contraten a inmigrantes indocumentados.

• Retención de parte del salario por parte de los empleadores a personas que no cuenten con un número de seguridad social válido.

• Elevan las penas severas por el uso de documentación falsa o usurpada utilizada con el fin de obtener un trabajo.

• Sanciones por transportar, albergar, alojar u ocultar a indocumentados.

• La aceptación o rechazo de migrantes en Estados Unidos de América parece depender del grado de educación de las personas, de los políticos del área, de la percepción general de la comunidad y, finalmente, del número de inmigrantes concentrados en el estado.

Aunque la aplicación de las leyes sobre inmigración corresponde exclusivamente al gobierno federal, media docena de estados han promulgado y otros treinta se plantean leyes que convierten en delito la presencia en sus jurisdicciones de inmigrantes indocumentados.

Las leyes promulgadas permiten que la policía local y estatal requiera la documentación a las personas de las cuales exista la sospecha que son inmigrantes indocumentados. La aplicación de esas leyes ha quedado en suspenso por apelaciones de grupos defensores de los inmigrantes y recursos del gobierno federal.

Este endurecimiento de las políticas de control y deportación ha permitido al gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que en el año fiscal de 2011 deportar a casi 400 mil indocumentados, la mayor cifra registrada hasta ahora, y lo sobresaliente es que casi la mitad son personas cuentan con antecedentes penales. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) informó casi el 55 por ciento de los extranjeros deportados, 216.698 personas, eran individuos con antecedentes penales. Los datos de ICE para el período fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre significan que el gobierno del presidente Obama deportó en 2011 a unas 27 mil personas más que las deportadas en el último año de la presidencia de George W. Bush. Sobresale del comunicado oficial que de las 216 mil 698 personas deportadas fueron condenadas por delitos, 44 mil 600 recibieron sentencias por delitos vinculados a la droga; 35 mil 927 por conducir vehículos en estado de ebriedad; 5,848 por crímenes sexuales y mil 119 por homicidio.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Migración de 2008, al mes de agosto de 2011, por los estados fronterizos se han deportado por Baja California 789 mil 309 personas, por Sonora 569 mil 154 personas, por Chihuahua 137 mil 091 personas, por Coahuila 79 mil 646 personas, por Tamaulipas 306 mil 741 personas. Las cifras presentadas representan miles de extranjeros y connacionales que son deportados de Estados Unidos a México por las ciudades fronterizas de Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nogales, San Luis Río Colorado, Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa y que representan un problema serio para la capacidad de los servicios públicos municipales y estatales.

El fenómeno de las deportaciones masivas se han convertido en una prioridad para los municipios limítrofes con Estados Unidos, de acuerdo con el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, los migrantes deportados representan un alto costo económico, tan es así que la Oficina de Atención al Migrante, que se reactivó en octubre de 2010, fue cerrada en julio. En sus palabras:

“(Representan) un alto costo financiero y de salud, porque no nomás no tenemos los recursos para cubrir las necesidades básicas en muchos casos de los propios juarenses, y aun así estamos cargando en muchas ocasiones con programas importantes de repatriación.”

“Nomás en puro transporte estábamos gastando en dos meses casi un millón de pesos. No es posible que si tenemos tantas necesidades en muchas áreas, nosotros tengamos que atender a cosa muy sentida, yo lo siento, pero que no es de nuestra competencia.”

De acuerdo con Iveth Alonso, coordinadora de la Oficina de Atención a Migrantes del Municipio, cuyas puertas cerró hace un mes, indicó que desde octubre de 2011, cuando inició la actual administración, hasta el mes de junio se atendieron 2 mil 777 personas.

El alcalde de Reynosa, Everardo Villarreal Salinas, señaló que las deportaciones masivas sin control que realiza el país vecino provocan perjuicio económico en la ciudad de recepción. Representantes altruistas de organismos civiles de atención a migrantes señalan que la problemática es una falta de control del Instituto Nacional de Migración para los deportados.

“Sin dinero, sin documentos, sin familiares, con hambre y desesperados, los repatriados que llegan a la frontera mexicana caen en la tentación de delinquir para satisfacer sus necesidades”, dijo la fuente civil.

Adicionalmente al problema de seguridad, es la vulnerabilidad al que son sometidos los menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad en los procesos de deportación por las autoridades migratorias de Estados Unidos, en lo que va del año han sido deportados por Nuevo Laredo mil 22 niños, mientras que en todo 2010 la cantidad fue de mil 42, lo que indica que esa cifra será fácilmente rebasada.

Las condiciones de pobreza en algunos de sus lugares de origen, además de que los padres viven en Estados Unidos, son las razones que los obligan a salir de sus hogares. Originarios de comunidades marginadas de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, estado de México y Veracruz, aunque últimamente se han visto niños de Querétaro, Guerrero, Sonora y Chihuahua. El 80 por ciento del total de menores que son deportados por esta frontera cruzaron solos el río Bravo, y son menores que van en busca de sus padres que los abandonaron cuando eran muy pequeños. Pero lo más preocupante es que muchos de los niños deportados por las autoridades estadounidenses llegan al Instituto Nacional de Migración y al albergue enfermos del estómago, con lesiones y llagas en sus pies de tanto caminar, semideshidratados e incluso algunas niñas embarazadas.

A partir del endurecimiento de las políticas migratorias a nivel federal y estatal en Estados Unidos, la población flotante que representan los deportados ha crecido a un punto que representan una importante carga fiscal para los gobiernos locales, es indispensable que en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 dichas entidades y municipios donde se registra la mayor cantidad de deportados cuenten con recursos federales para atender las necesidad de salud, seguridad, transporte, en coordinación con los esfuerzos del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación.

El Senado de la República se ha pronunciado enérgicamente durante este año contra la debilidad estructural del marco jurídico para la protección de los inmigrantes y transmigrantes indocumentados,  por estas mismas razones y frente al descrédito de México frente al mundo en materia de respeto a los derechos humanos el 24 de febrero de 2011, el Senado de la República  aprobó por unanimidad una Ley de Migración, que tiene por objeto elevar a rango de política de Estado la protección del migrante, este esfuerzo fue respaldado por la Colegisladora el 29 de abril de 2011 al aprobar la reforma migratoria  en sus términos con 432 votos a favor. Sin olvidar los diferentes exhortos que han solicitado acciones contundentes contra la corrupción del Instituto Nacional de Migración, y demás autoridades responsables del control de los flujos migratorios y la seguridad nacional. Sin embargo, contar con la Ley de Migración sin los recursos suficientes para implementar las diversas disposiciones que el Senado de la República estableció en su cuerpo normativo significa una legislación muerta y sin ninguna consecuencia practica para mejorar la infraestructura de atención a los transmigrantes, los repatriados, a los grupos vulnerables, al personal de la dependencia, entre otras tareas pendientes.

A pesar de los argumentos y de la  problemática planteada con anterioridad, el fortalecimiento de la política migratoria en su parte de protección al migrante y atención consular a connacionales no es parte de las prioridades del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012.

Aunque  contamos con poca  información del Instituto Nacional de Migración (INM) en cuanto a si el ejercicio de los recursos corresponde a la magnitud de las necesidades de las personas migrantes. En general los recursos presupuestarios destinados al INM han disminuido desde 2008, fecha donde contaba con un presupuesto de 2 mil 183 millones de pesos y ha disminuido hasta llegar a 1,832 millones de pesos presupuestados para 2012, una caída en términos reales de 16 por ciento de 2008 a 2012. El Proyecto de Egresos enviado por el Ejecutivo federal sólo considera un incremento de uno por ciento en términos reales respecto a 2011 sobre el presupuesto autorizado de mil 832 millones  de pesos –un incremento de solo 9 millones de pesos–  monto que no alcanza a cubrir ni el recorte presupuestal realizado en 2011 del orden de los 80 millones de pesos, ni dar suficiencia presupuestaria a las nuevas facultades que le otorgo el Congreso de la Unión en materia de protección de los derechos humanos de los transmigrantes.

El mismo criterio se observa con la Secretaría de Relaciones Exteriores que en el rubro de Programas de Protección Consular, donde están destinados 1.1 millones de pesos, de cuales se tiene que destinar para una población de 11.5 millones de mexicanos en Estados Unidos en materia de atención a detenidos, Repatriación de enfermos, protección a menores, traslados de restos a territorio nacional, atención a víctimas de crímenes violentos, visitas a connacionales detenidos en centros penitenciarios, ayuda económica directa a mexicanos en situación de indigencia, asesoría legal, recuperación de salarios y pertenencias, indemnización por lesiones, sucesión testamentaria, presunciones de nacionalidad, y localización de personas.

A partir de la argumentación presentada y por la magnitud de la población que requiere de los recursos federales para fortalecer la política migratoria a través del Instituto Nacional de Migración, de los gobiernos de los estados con altos índices de deportación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en su programa de atención de los mexicanos en el extranjeros, a efecto de hacer cumplir los compromisos del Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos de los migrantes y protección consular de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, proponemos una adecuación presupuestal para 2012, las siguientes propuestas:

a) Para el apoyo de los estados fronterizos que tienen que atender las consecuencias del fenómeno de las repatriaciones (deportaciones) masivas de connacionales y extranjeros de autoridades norteamericanas, la creación de un programa federal de apoyo a entidades fronterizas con un  presupuesto de 100 millones de pesos, a distribuirse proporcionalmente entre los estados de la frontera norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

b) Ampliar los recursos presupuéstales del Instituto Nacional de Migración a un monto de 2 mil 241 millones de pesos para cumplir con los objetivos de la Ley de Migración.

c) Ampliar los recursos de la Secretaría de Relaciones Exteriores destinados a protección y asistencia consular de 1.1 millones de pesos a 800 millones de pesos, específicamente en el programa de protección a mexicanos en el exterior, a efecto de fortalecer la contratación de servicios jurídicos para la defensa y protección de familias de escasos recursos, indocumentados o en situación de vulnerabilidad como niños, mujeres embarazadas, enfermos o personas de la tercera edad frente a las políticas antimigratorias implementadas actualmente en la Unión Americana.  Estos recursos buscarían atender al 11 por ciento de la población mexicana en Estados Unidos que demanda la intervención del Estado mexicano su protección y defensa ante los abusos de las autoridades federales y locales.

Por lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a través de la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a realizar adecuaciones presupuestarias del proyecto de Ley de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2012, para  fortalecer la política migratoria del Estado mexicano en el territorio nacional y la protección de los mexicanos radicados en Estados Unidos, conforme a las siguientes propuestas:

a) Creación del programa federal de apoyo a entidades con alto índice de deportaciones por un monto de 100 millones de pesos.

b) Ampliación de los recursos al Instituto Nacional de Migración a 2 mil 241 millones de pesos.

c) Ampliación de los recursos destinados a la Secretaria de Relaciones Exteriores para los programas de atención consular por a un monto de 800 millones de pesos para la protección y defensa de los mexicanos en condición de vulnerabilidad radicados en Estados Unidos.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Julio César Aguirre Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la ampliación de 900 millones de pesos a los recursos propuestos originalmente por el Ejecutivo y que serán destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos, Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López, Julio César Aguirre Méndez y Jesús Garibay García, integrantes de la LX Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX; 108; 276; y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la ampliación de 900 millones de pesos a los recursos propuestos originalmente por el Ejecutivo y que serán destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes y, eventualmente, considerarlo como un programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias y de fomento a la inversión productiva, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, de los migrantes mexicanos devueltos en 2010, 23 por ciento había realizado 2 o más intentos de cruce durante el viaje de la entrevista Además, 30 por ciento declaró que contaba con viajes o experiencias migratorias previas por motivos laborales.

Entre 1995 y 2000 se incrementaron las aprehensiones y devoluciones de migrantes mexicanos en condición migratoria irregular por las autoridades estadounidenses. Ahora bien, las cifras de 2000 a 2010 indican una tendencia a la baja de manera gradual y paulatina, que en este periodo se mostró un declive de 75 por ciento de los mexicanos aprehendidos: pasaron a 1 millón 744 mil a 428 mil eventos en la materia. Igualmente, el número de migrantes devueltos se redujo en 67 por ciento.

Aunque esos datos se refieren a migrantes de condición migratoria irregular, la tendencia coincide con el comportamiento general de la emigración mexicana. Por tanto, es posible afirmar que en la última década se presenta un declive de la emigración mexicana hacia Estados Unidos.

Las aprehensiones y devoluciones han marcado la tendencia de la emigración mexicana porque más de la mitad (cerca de 60 por ciento) de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos no cuentan con documentos migratorios. Se estima que aproximadamente 3 de cada 4 mexicanos que se desplazaban en el vecino país del norte lo hacían sin autorización migratoria.

Ambos flujos, de regulares e irregulares, han respondido a coyunturas sociales, económicas o políticas, y las políticas de control migratorio han tenido poca influencia en los flujos migratorios, aunque ello parece estar cambiando en los últimos años.

Desde la creación de la Patrulla Fronteriza, en 1924, la mayoría de los aprehendidos era de nacionalidad mexicana. Aún en 1997, cerca de 97 por ciento eran mexicanos. Sin embargo, el índice de aprehensiones de mexicanos se redujo en 83 por ciento en 2010. Esto indica que la composición de los flujos migratorios empezó a cambiar en los noventa, donde prevalecen las personas de nacionalidad centroamericana, cuya mayoría busca atravesar el territorio nacional para llegar a Estados Unidos.

Segunda. El desarrollo de la crisis mundial y el estancamiento económico de Estados Unidos se han acompañado de dos hechos importantes que inciden en los flujos migratorios: la aparente disminución de la migración indocumentada mexicana y el incremento de las deportaciones de migrantes llevadas a cabo por el gobierno estadounidense.

De ese modo, la recesión económica estadounidense afectará de diversas maneras a un buen número de trabajadores migrantes y, por ende, a sus familias.

Por otra parte, las consecuencias de la estrategia estadounidense de refuerzo de la frontera se pueden resumir de la siguiente manera:

– Los grupos ilegales se han distribuido a lo largo de la frontera suroeste.

– El costo económico del ingreso ilegal se ha incrementado en más del cuádruple (aumentando también el uso de los polleros y los precios de éstos).

– Los migrantes indocumentados permanecen más tiempo en Estados Unidos y una mayor proporción se asienta permanentemente.

– Las muertes de migrantes han aumentado significativamente.

– Ha habido un incremento alarmante en la actividad antiinmigrante del tipo vigilante (Minuteman y otras).

Tercera. En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 se establece el Fondo de Apoyo a Migrantes, en el anexo 12, “Programas del ramo 23, ‘Provisiones salariales y económicas’”, recursos por 100 millones de pesos que se ejercieron a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Frente a ello, resulta imprescindible que la Cámara de Diputados incluya en el PEF de 2012 que pueda ampliarse el Fondo de apoyo a Migrantes y, con la mayor brevedad, se considere el fondo como un programa establecido en el PEF, que pretende ser un programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias y de fomento a la inversión productiva.

Actualmente, el Fondo de Apoyo a Migrantes opera sólo en 24 entidades federativas, de conformidad con los indicadores de migración y marginación social del Inegi. Sin embargo, las 8 entidades restantes también demandan el apoyo del nuevo programa, utilizando un coeficiente de las bases estadísticas más importantes sobre marginación y migración del Inegi, del Conapo, del Coneval y del Inami, lo cual justifica su inclusión en dicho programa.

Se prevé que la aplicación de este programa beneficiará a 1.8 millones de familias, que hasta 2010 recibieron regularmente remesas del exterior.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Cámara de Diputados que de conformidad con lo que establece la fracción del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, presentado por el Ejecutivo federal, amplíe los recursos destinados al ramo administrativo 23, “Provisiones salariales y económicas”, se prevean 900 millones de pesos adicionales destinados al Fondo de Apoyo a Migrantes y, eventualmente, considerarlo como un programa de reinserción integral de los migrantes y sus familias, y de fomento a la inversión productiva.

Notas:

1Véase Berumen, Salvador; Luis Felipe Ramos; e Isabel Ureta (2011). “Migrantes mexicanos aprehendidos y devueltos por Estados Unidos. Estimaciones y características generales”, en Apuntes sobre Migración, México, DF, Centros de Estudios Migratorios del INM, número 2, septiembre.

2 Véase Vega Briones, Germán; e Ilescas Vela, Virginia. Algunas características de los migrantes devueltos por la Patrulla Fronteriza, Departamento de Estudios de Población, El Colegio de la Frontera Norte, en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S187035502009000-100005&script=sci_ arttext

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2011.— Senadores: Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández, Julio César Aguirre Méndez, Jesús Garibay García (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Rubén Camarillo Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Rubén Camarillo Ortega, senador de la República de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos; así como los recursos extraordinarios por 14 millones de pesos con el fin de crear la licenciatura en artes audiovisuales en dicha universidad, lo anterior en base a las siguientes:

Consideraciones

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos y para que el subsidio federal sea equitativo conforme a lo otorgado a las demás universidades públicas de otras entidades federativas.

Lo anterior, considerando la importancia de la educación superior en nuestro país, tal es así que México se ha constituido como uno de los referentes en educación superior en América Latina, ya sea por sus reformas o innovación educativas o por sus sistemas de financiamiento, que contemplan la participación activa de diversos organismos nacionales e internacionales, creándose mecanismos de asignación presupuestal para las Instituciones de Educación Superior (IES).

Sin embargo, es innegable que hoy en día las universidades se han visto superadas por la demanda de los servicios educativos en este nivel, en casi la mayoría de las entidades federativas de nuestro país existe solamente una institución pública de educación superior que atienda a este sector de la población; son muchas las causas de la falta de crecimiento de la IES, sin embargo la principal a decir de la propias autoridades universitarias, es la falta de recursos económicos que les permita acrecentar por ejemplo la matricula, ampliar su infraestructura u ofrecer nuevas carreras que se adapten a nuestro acontecer.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes no escapa a esta situación, en donde los espacios de ingreso de nuevo alumnado resultan insuficientes, así como su infraestructura y recursos para hacer frente a la demanda de los jóvenes estudiantes. Por ello en días pasados el rector Mario Andrade Cervantes explicó “que la oferta educativa en el Estado debe incrementarse, para evitar que miles de jóvenes sigan quedando en una situación vulnerable, que los obligue a incursionar en prácticas desafortunadas, al no contar con la oportunidad de continuar con su formación profesional”.

Destacando el papel que ha tenido la Universidad en el desarrollo mismo del estado y sus posibilidades para contribuir con este mismo crecimiento de Aguascalientes en los siguientes años, argumentando que la población debe tener la seguridad de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes recibirá el presupuesto necesario para la consolidación de su crecimiento, tanto en infraestructura como en su operatividad, máxime cuando el crecimiento de la matrícula de la educación superior acrecienta con los años, requiriéndose la expansión de recursos económicos para su cobertura con calidad y equidad.

Por tal motivo, y en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en cuanto a convertir a la educación superior en un verdadero motor para alcanzar mejores niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una inserción ventajosa en la emergente economía del conocimiento, se concluye que es necesario que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, destine mayores recursos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para incrementar la cobertura que tiene dicha universidad y dé cumplimiento a sus objetivos educativos prioritarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2012 se consideren mayores recursos para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con la finalidad de que ésta cumpla correctamente con sus objetivos educativos, así como los recursos extraordinarios por 14 millones de pesos con el fin de crear la licenciatura en artes audiovisuales en dicha universidad.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Rubén Camarillo Ortega (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Alfonso Sánchez Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Cultura de la Cámara de Diputados para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se considere presupuestar al proyecto de expresión cultural Yolotzin, de Tlaxcala.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Quien suscribe, Alfonso Sánchez Anaya, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 276 y 172, numeral 4, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, las siguientes:

Consideraciones

El Programa Nacional de Cultura 2007-2012 establece las necesidades de actualización de la administración cultural y la redefinición de las políticas públicas en la materia.

La Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PEF) destinó a la cultura 12 mil 059 millones 916 mil 23 pesos, monto superior a la propuesta original del Ejecutivo Federal de 8 mil 920 millones de pesos.

De ese monto se etiquetó 979 millones 200 mil pesos a las instituciones culturales del gobierno federal; a los organismos estatales de cultura, 480 millones a razón de 15 millones de pesos para cada entidad; también incluyó 155 millones para las ciudades del país declaradas patrimonio de la humanidad.

Mil 525 millones 100 mil pesos se destinaron a donativos y apoyos a proyectos de diversa índole; el resto se aprobó para restaurar museos, programas de promoción de la cultura, rescate al patrimonio nacional, equipamientos a casas de cultura, festivales y ferias de libro.

En el PEF 2012, el Ejecutivo Federal, propuso para la cultura 12 mil 821 millones de pesos, lo que significa aumentar 239 millones de pesos respecto a los 12 mil 059 millones 916 mil pesos del presente año.

La propuesta expresa los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán la actuación de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a este ámbito; por ejemplo, remodelar la Cineteca Nacional requiere 380 millones de pesos; rescatar la Ciudadela, 550 millones, y los Estudios Churubusco, 240 millones.

Como se puede apreciar, el proceso de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, permite adecuaciones al gasto federalizado que se encuentra constituido por una diversidad de programas, entre los que se ubican el Programa Nacional de Cultura y establece subsidios que se entregan a las estados y organizaciones para impulsar el desarrollo cultural y regional que fortalezcan con su desempeño, eficiencia y capacidad de respuesta a las necesidades de la población en materia de desarrollo cultural.

El presente punto de acuerdo adjunta una síntesis del proyecto de expresión cultural Yolotzin de Tlaxcala, promovido por la asociación civil Compañía de Artes Vitaminas, organización que ha reunido esfuerzos de diferentes instituciones del gobierno federal, redes y organismos internacionales, empresas benefactoras y patrocinadores independientes con el afán de realizar su labor altruista.

Desde su fundación en 2004, tiene cuatro vertientes de acción. El programa Se Busca atiende personas en situación de abandono, reclusorios, adicciones, migrantes y ancianos. Otro programa denominado Arte en Microrregiones y Comunidades Marginadas se inspira en el concepto del arte y la cultura para reconstruir el vínculo con la sociedad que los llevó a esa situación.

El Mundo sin Agua plasma la versión del daño posible por tal catástrofe con el objeto de enfrentar el reto y evitar el desastre ecológico; logrado a través de títeres y talleres de creación literaria, pintura y cerámica. Viajes al extranjero cumple el propósito de integrar a los jóvenes artistas a la comunidad internacional a través del arte, sin perder nuestra identidad, raíz e historia.

El proyecto de expresión cultural Yolotzin tiene el propósito de desarrollar la cultura comunitaria en zonas de atención prioritaria de Tlaxcala. Su ámbito comprende los municipios de Atltzayanca, Tequexquitla, Totolac, Tizatlán, Tetlanohcan y Tlalcuapan.

En atención a la convocatoria emitida para tal efecto, la asociación civil presentó el proyecto de expresión como susceptible de financiamiento en el presupuesto 2012. También acudió a la Comisión de Cultura de la honorable Cámara de Diputados.

Requiere del PEF 2012, 5 millones 375 mil pesos respecto al total de 8 millones 511 mil pesos.

Se apega a los lineamientos que señala el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, al considerar como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que consta de elementos de diagnóstico y de acción.

Se acopla a la Ley de Planeación al constituir una estrategia de impulso para el desarrollo del país en apoyo del sistema integral de desarrollo de la cultura comunitaria en zonas de atención prioritaria de Tlaxcala y se vincula al proceso presupuestal que la Cámara de Diputados aprueba año con año.

Aunque las asimetrías en el desarrollo cultural nacional y regional constituyen un problema estructural endémico de México, existen formas de apoyo a la cultura y su fomento en zonas prioritarias como lo es por excelencia el presupuesto.

El incremento presupuestal para el 2012, en sí mismo no es suficiente, implica gastar bien a favor de un desarrollo real, que jerarquice y atienda las necesidades más apremiantes y proteja a los sectores más vulnerables.

Adquiere importancia configurar en el PEF, el apoyo a los territorios donde los programas culturales otorguen sentido a las acciones coordinadas de los distintos ámbitos de gobierno e incentiven la verdadera planeación.

Se trata de promover el financiamiento de las zonas prioritarias desde la federación, en la lógica congruente de la coordinación intergubernamental, para que se promueva la cultura, como ya se hace en diversas instituciones diseminadas en el país.

El panorama de destinar recursos escasos para la expresión cultural y la necesidad de optimizar el dinero, hace indispensable que en todos los documentos de referencia del PEF 2012, se exija que sea una constante la transparencia y rendición de cuentas.

En mérito de lo expuesto me permito someter a esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Hacienda y Crédito Público; así como a la de Cultura de la Cámara de Diputados, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se considere presupuestar al proyecto de expresión cultural Yolotzin, de Tlaxcala.

Segundo.Se etiqueten en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 cinco millones 375 mil pesos para financiar al proyecto de expresión cultural “Yolotzin” de Tlaxcala.

Dado en el salón de sesiones, a los 8 días del mes de noviembre de 2011.— Senador Alfonso Sánchez Anaya (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca un aumento de recursos federales destinados a la inversión al estado de Nayarit.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Raúl Mejía González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno del Senado del a República, la presente proposición con punto de acuerdo, sustentada en las siguientes

Consideraciones

Nayarit es el penúltimo estado en participación del producto interno bruto, PIB, nacional, esto debido a la falta de inversión, lo que ha provocado que en los últimos años el porcentaje de participación del estado en la economía nacional sea muy bajo, conforme a los datos siguientes:

Periodo                                             Nayarit

2003                                                         0.58

2004                                                         0.60

2005                                                         0.60

2006                                                         0.66

2007                                                         0.61

2008                                                         0.63

2009                                                         0.65

Asimismo, los ingresos propios representan sólo el 5.53 por ciento de los recursos del estado; siendo las participaciones y aportaciones federales la base del presupuesto del gobierno estatal:

Fuente: Sexto Informe de Gobierno, Nayarit, 2011.

El Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, establece en un estudio la particularidad del estado en cuanto a sus ingresos, ya que: “el caso de Nayarit es interesante porque el aumento o reducción de los ingresos parece tener una relación con el crecimiento del PIB local. En particular, aumentos en ingresos estatales han venido acompañados de aumentos signi?cativos en el PIB en 2006 y en 2008. Por otro lado, caídas en los ingresos en 2005 y 2008 observaron caídas en el PIB. Lo anterior sugiere que existe una conexión signi?cativa entre el gasto público del estado y su desarrollo económico.”

Asimismo el CIDAC determina que gasto del estado es muy dependiente de las decisiones federales, lo que reduce la autonomía local y limita oportunidades de inversión para detonar áreas de crecimiento o desarrollo social.” (http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Nayarit)

Esta limitación de los ingresos del estado ocasiona que se el empleo se estanque, y el que exista sea de poca productividad, ya que una parte importante del presupuesto se destina a gasto de inversión.

Los ingresos del estado se están reduciendo, si consideramos, el impuesto a la tenencia. En el 2009 el estado recibía 111 millones 286 mil 889.42 pesos, mientras que en el 2010 se recaudaron 43 millones 514 mil 840.94 pesos, es decir, una reducción de más del 50 por ciento.

Las participaciones federales que integran el ramo 28 para el estado, se han visto reducidas dos años seguidos, aunque el gasto se está incrementando de manera constante.

Existen limitaciones importantes en la infraestructura del estado lo que limita su desarrollo industrial. Por ejemplo, no se tienen instalaciones eléctricas suficientes, aunque el estado aporta una parte importante del fluido al país mediante las presas que se encuentran en su territorio.

Otro aspecto importante de la economía del estado de Nayarit, es la reducción de la producción de cultivos, en particular el tabaco; producto que a nivel nacional el estado participa con el 86 por ciento. Las tierras destinadas al cultivo se han reducido en un 80 por ciento. Hacen falta recursos para implementar la adopción de nuevos cultivos que sustituyan al tabaco.

Si consideramos lo que establece el CIDAC, que entre más ingresos el PIB aumenta, y estos dependen en su mayoría de la Federación, solicitamos mediante este punto de acuerdo un aumento de recursos para Nayarit, ya que consideramos que esto va a favorecer el desarrollo del estado, que tiene una situación privilegiada en cuanto a su posición geográfica y clima, y que un peso invertido ahí, se va a multiplicar.

En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la colegisladora, Cámara de Diputados para que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación se establezca una aumento de los recursos para inversión al estado de Nayarit.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Raúl Mejía González (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 los recursos necesarios para que la Secretaría de Educación Pública impulse el desarrollo integral de los institutos tecnológicos.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Jaime Rafael Díaz Ochoa , senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o., numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los recursos necesarios para que la Secretaría de Educación Pública impulse el desarrollo integral de los institutos tecnológicos, al igual que los 41 millones 656 mil 908.10 pesos requeridos para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa culmine la reconstrucción del Instituto Tecnológico de Mexicali, siniestrado tras el terremoto del 4 de abril de 2010, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La educación hoy en día constituye una parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones, al ser la herramienta primaria para hacer frente a los imponentes desafíos que plantea el entorno global que evoluciona con rapidez, por lo que la introducción de sistemas pedagógicos en materia de ciencia y tecnología permitirá que los estudiantes de hoy, sean los investigadores, técnicos y científicos del mañana de cara a un mundo cada vez más tecnológico y competitivo.

En México se crearon en 1948 los primeros institutos tecnológicos en Durango y Chihuahua, seguidos por los de Saltillo en 1951 y Ciudad Madero en 1954, dependientes del Instituto Politécnico Nacional hasta 1959, año en que son desincorporados de éste para depender directamente de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales, a partir de lo cual, devinieron transformaciones en el panorama organizacional de la educación tecnológica, como la de 1979 cuando surge el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, que integró al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), hasta que una nueva reestructuración en 2005 del Sistema Educativo Nacional por niveles, incorporó a los institutos tecnológicos a la Subsecretaría de Educación Superior (SES) transformando a la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) en Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), a la cual también se agregó el nivel superior.

Es así, como se constituye el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) coordinado por la DGEST dependiente de la SES, que para junio de 2010 se integró por 249 instituciones, 114 de las cuales son institutos tecnológicos federales, 129 institutos tecnológicos descentralizados, cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo de la Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet), atendiendo en el periodo 2010-2011 a un total de 413 mil 929 estudiantes de licenciatura, licenciatura técnica y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal.

Mediante un proceso educativo basado en el Modelo Educativo para el Siglo XXI que opera el SNEST, se alimentan cinco procesos estratégicos, el académico, el de planeación, el de administración de recursos, el de vinculación y difusión de la cultura y el de innovación y calidad, con el anhelo y visión de “consolidar una nación reconocida y respetada por su sistema de gobierno; por el respeto y promoción de los derechos humanos, y el impulso al desarrollo integral de sus ciudadanos con una clara perspectiva de género, así como por su eficacia en la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico en favor del ser humano”, en aras de que sus egresados contribuyan a impulsar la innovación, creación y desarrollo tecnológico que requiere nuestro país.

En ese sentido, los institutos tecnológicos contribuyen de manera activa en la construcción de alternativas para hacer frente a los desafíos que el SNEST plantea sobre la transición demográfica, económica, política y social que enmarca el presente y perfila el devenir histórico del país, formando actualmente a 40 por ciento de los ingenieros que contribuyen significativamente a la vida productiva y al desarrollo tecnológico de México, atendiendo no sólo la formación técnica y profesional, sino también, el desarrollo integral de la persona.

Para ello, el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) de la Subsecretaría de Educación Superior, tiene como prioridad la formación de profesionales con las competencias necesarias para coadyuvar al desarrollo nacional, mediante planes y programas de estudio que respondan a las particularidades y realidades de cada región, formando ingenieros y profesionales de las áreas administrativas en sus 218 instituciones ubicadas en los 31 estados de la república.

Sin embargo, el costo anual destinado por alumno de los institutos tecnológicos alcanzó en 2010 apenas 31 mil pesos, el monto más bajo en promedio entre las instituciones de educación superior, siendo también escasas las aportaciones extraordinarias dirigidas al incremento de la oferta educativa y la calidad de dichos institutos comparadas con las destinadas a las universidades públicas, entre otras problemáticas que padecen a pesar del plausible servicio educativo que brindan a los estudiantes y a México, por lo que resulta pertinente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, se destinen los recursos necesarios a la Secretaría de Educación Pública para que a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, se impulse y fortalezca la labor de los institutos tecnológicos de nuestro país.

Aunado a lo anterior, en el caso particular del estado de Baja California, que cuenta con tres institutos tecnológicos federales, el de Ensenada, el de Tijuana y el de Mexicali, lamentablemente a raíz del sistema telúrico de abril de 2010 registrado en el municipio de Mexicali, éste último instituto, que desde 1981 contribuye generación tras generación al desarrollo nacional a través de la formación de profesionistas, reportó 10 edificios con averías, de los cuales, 5 se encontraban en reconstrucción por daño severo, conforme al Informe de Rendición de Cuentas 2010 del Instituto Tecnológico de Mexicali.

Dicho informe señala que el evento sísmico destruyó 44 aulas, frente a lo cual con apoyo de la Subsecretaria de Educación Superior y la gestión de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, se adquirieron 15 módulos de 2 aulas móviles para un total de 30 aulas con instalación eléctrica, con una inversión operada a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife-BC) de 3 millones 500 mil pesos, con lo cual se permitió solventar la necesidad de salones para impartir las clases.

Asimismo, se presentaron daños considerables en dos laboratorios implicando su acondicionamiento en otro edificio con disponibilidad de red eléctrica, red de datos, dispositivos de conectividad y mobiliario. Asimismo, se vieron afectadas las instalaciones académicas y administrativas del edificio industrial siendo necesaria la reubicación del equipamiento del laboratorio de ingeniería y del Departamento de Servicios Escolares, acciones que en conjunto demandaron una inversión de más de 100 mil pesos.

Tal situación, de acuerdo con el informe del Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM), trajo consigo rezagos en los avances de ciertas metas institucionales, como la de atender una matrícula de 2 mil 897 alumnos de licenciatura como contribución al logro de 30 por ciento de cobertura de educación superior establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, alcanzando sólo a 2 mil 535 alumnos debido, en parte, a que el sistema telúrico indujo baja en la matrícula.

De igual modo, la meta del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) de realizar, a partir del 2010, un diagnostico de la infraestructura física del 100 por ciento de sus instituciones, ante la cual el ITM había iniciado un plan maestro de desarrollo y consolidación de la infraestructura educativa que incluía dicho diagnóstico, no pudo lograrse debido a los graves daños que el terremoto provocó en la infraestructura del tecnológico.

No obstante, en el informe se menciona que se logró alcanzar la mayoría de los objetivos y metas planteadas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2007-2012 del Instituto Tecnológico de Mexicali a pesar del terremoto, logrando la reconstrucción de 5 edificios con recursos federales del Inife-Fonden a través del Inife-BC, sin embargo, se establece como reto principal para el presente año, la reconstrucción de los otros 5 edificios averiados que a febrero de este 2011 registraba pocos avances, para proceder posteriormente con la reinstalación de laboratorios, talleres, aulas, cubículos y equipamientos en los edificios correspondientes.

Por su parte, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica refiere que el Instituto Tecnológico de Mexicali, además de los cinco edificios dañados ostensiblemente y que aún requieren de obras de reforzamiento, cuenta con 16 edificios que necesitan reparaciones importantes, proyectándose una afectación a 46 aulas, 12 aulas-laboratorio, 41 cubículos de docentes y 10 módulos de servicios sanitarios, entre otras instalaciones, lo que impacta severamente en el quehacer educativo e institucional de 1 mil 950 estudiantes, que equivale a 71.45 por ciento del total del ITM, y de 56.48 por ciento del total de docentes, es decir, 135 de ellos.

Al respecto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California estima que la reparación íntegra del Instituto Tecnológico de Mexicali demanda un monto de 41 millones 656 mil 908.10 pesos, para concluir las obras necesarias que permitan a sus miles de estudiantes volver a contar con las instalaciones adecuadas para recibir la educación de calidad que merecen y demandan.

Bajo esta tesitura, resulta imperante que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa lleve a cabo las gestiones pertinentes para que sean ejercidos con prontitud los recursos económicos que permitan la reconstrucción total del Instituto Tecnológico de Mexicali severamente afectado por el sistema telúrico del 4 de abril de 2010 que afectó dicho municipio, toda vez que, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en su capítulo IV, artículo 16, el Inifed está encargado de fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, además, desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo, encargándose de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal, como lo es el instituto en cuestión, o cuando así se convenga con las autoridades estatales.

Toda vez que la educación superior tecnológica es reconocida dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 en razón a su papel estratégico en la generación del conocimiento científico-tecnológico y su impacto positivo en el desarrollo humano del país, es menester de los tres órdenes de gobierno, proveer a los institutos tecnológicos de nuestro país de los medios precisos para que más mexicanos tengan acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante el disfrute de su derecho a la educación de calidad.

Punto de Acuerdo

Primero.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los recursos necesarios para que la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección de Educación Superior Tecnológica, impulse el desarrollo integral de los institutos tecnológicos de nuestro país.

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los 41 millones 656 mil 908.10 pesos, requeridos por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para culminar la reconstrucción del Instituto Tecnológico de Mexicali, siniestrado tras el terremoto del 4 de abril de 2010, en aras de garantizar su cabal funcionamiento en beneficios de miles de estudiantes y docentes bajacalifornianos.

Notas:

1 . Página web de la Dirección de Educación Superior Tecnológica, http://www.dgit.gob.mx/informacion/sistema-nacional-de-educacion-superior-tecno logica

2. Ibídem

Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere una partida presupuestal de 300 millones de pesos para la conclusión del libramiento ferroviario de Córdoba, Veracruz.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Juan Bueno Torio, senador de la República de la LXI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere una partida presupuestal de 300 millones de pesos para la conclusión del Libramiento Ferroviario de Córdoba en el Estado de Veracruz, lo anterior en base a las siguientes

Consideraciones

La actual vía del ferrocarril constituye un problema urbano para la región de Córdoba ya que no permite un sano desarrollo económico y turístico, además de generar problemas viales, embotellamientos y accidentes, debido a que tiene más de 30 cruces con calles.

Cabe mencionar que por la ciudad de Córdoba circulan a diario más de 200 convoy ferroviarios, la mayoría de itinerario largo procedente de Veracruz y Coatzacoalcos hacia la capital del país, lo que genera muchos cortes a la circulación y con ello pérdidas en la economía local.

La conclusión del libramiento ferroviario en la zona de Córdoba permitirá a la región un crecimiento armónico de la ciudad una vez que la vía del ferrocarril no pase por los cruces de calles de la ciudad.

A lo anterior cabe mencionar que la obra de construcción del libramiento ferroviario de Córdoba fue autorizada a través de los recursos para construcción y modernización de carreteras del ramo 09 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.

Es necesario mencionar que el proyecto ejecutivo del libramiento ferroviario de Córdoba fue realizado y validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace casi diez años, en la misma época se adquirió el derecho de vía.

Derivado de reuniones con el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Veracruz se acordó que la SCT ejerciera 75 millones de pesos en un frente de construcción, y que el gobierno del Estado ejerciera 125 millones de pesos en otro frente de construcción, ambos frentes en una primera etapa que sumaba 200 millones de pesos de los 450 millones estimados como costo total de la obra.

Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se presupuestaron 70 millones de pesos más para el libramiento ferroviario mismos que fueron transferidos en septiembre de 2008 de igual forma al gobierno del estado. Sumando un total de 275 millones asignados para este proyecto. Sin embargo al día de hoy es preocupante la lentitud de los trabajos realizados en el mencionado libramiento ferroviario de Córdoba.

Es importante decir, que he sido portavoz de diversas demandas de la ciudadanía como es el caso particular por el cual he promovido diversos exhortos a través del Senado de la República para solicitar se concluya la construcción del libramiento ferroviario de Córdoba, además, se solicitó a la Auditoria Superior de la Federación revisara y auditara –ampliamente– que los recursos estén dentro del fideicomiso formado para este fin, entre otros.

Estoy convencido que la conclusión de esta obra será un beneficio importante para miles de automovilistas, además permitirá reducir el número de siniestros en cruces a nivel y garantizar la seguridad en zonas urbanas a través del mejoramiento de la infraestructura del transporte ferroviario.

En razón de lo anterior y con la intención de avanzar con las obras que permitan generar un crecimiento y bienestar en la economía de los veracruzanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere una partida presupuestal de 300 millones de pesos para la conclusión del libramiento ferroviario de Córdoba en el estado de Veracruz.

Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, 4 de noviembre de 2011.— Senador Juan Bueno Torio (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Serrano Serrano, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, presentó propuesta con punto de acuerdo para solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Asuntos Indígenas, de la Cámara de Diputados que, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012 se considere, en lo que proceda, la Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, respecto de las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los pueblos indígenas y se considere un incremento sustancial que permita cerrar la brecha de desigualdad existente.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«María Serrano Serrano, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y a la Comisión de Asuntos Indígenas, ambas de la Cámara de Diputados, para que en la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere en lo que proceda, la Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, respecto de las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los pueblos indígenas y se considere un incremento sustancial que permita cerrar la brecha de desigualdad existente, atendiendo a las siguientes

Consideraciones

Del 22 al 24 de junio del 2011, se llevó a cabo la XIV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano en la Ciudad de México. En esta reunión se formuló la declaración respecto a las asignaciones presupuestales nacionales para el desarrollo de los pueblos indígenas. En la XV Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericanocelebrada los días 27 y 28 de octubre de 2011, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Valparaíso, Chile, se ratificó el contenido de dicha declaración. Este documento establece lo siguiente

“Declaración de la Comisión de Pueblos y Etnias del Parlamento Latinoamericano respecto a las asignaciones presupuestales nacionales para el desarrollo de los pueblos indígenas

Considerandos:

América Latina tiene una configuración pluriétnica, expresada en la presencia diversa de pueblos indígenas cuya población, según estimaciones, asciende a un número que fluctúa entre 40 y 50 millones de indígenas que representa aproximadamente 10 por ciento de la población regional.

Su peso demográfico, en los diferentes países de América Latina es diverso, “...hay países cuya población indígena es menor a 1 por ciento del total nacional (Brasil y Costa Rica)... otros que no cuentan con más de 4 por ciento de población indígena...(Paraguay, Colombia, El Salvador, Venezuela, Argentina, Guyana Francesa), y en otros...que... fluctúan entre 5 y 20 por ciento (Belice, Honduras, México, Panamá, Nicaragua, Chile, Guyana, Surinam), o entre 20 y 40 por ciento (Perú y Ecuador), Bolivia y Guatemala superan esta marca, llegando a tener una mayoría indígena dentro de sus fronteras que supera 50 por ciento de la población total... países que no cuentan ya con población indígena (Uruguay y Cuba, Jamaica, Haití, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros países caribeños)...”

El estudio Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presenta los bajos índices de desarrollo humano (IDH) que tienen los pueblos indígenas, entre los datos relevantes que muestran la grave situación indígena, destaca, que para el año 2008:

• 93.9 por ciento de la población indígena, estaba privada de al menos, uno de los seis derechos básicos –educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación–, establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para la medición de la pobreza multidimensional y 64.2 por ciento al menos de tres de los 6 derechos citados;

Pese a los bajos índices de desarrollo humano (IDH) que presentan los pueblos indígenas en América Latina, los presupuestos asignados para atender esta circunstancia son sumamente limitados, la proporción del presupuesto nacional, destinada para atender esta problemática, en la mayor parte de nuestros países es menor a la proporción de la población indígena: en el caso de México los datos señalan que nuestro país destina 1.42 por ciento de su presupuesto nacional con una población indígena de 13.35 por ciento.

Sin embargo, no sólo es un asunto de asignación presupuestal, recordemos que estamos hablando de pueblos indígenas, quienes tienen formas propias de existencia, de tal manera que las acciones desarrolladas con los pueblos indígenas tienen que considerar, sus propias cosmovisiones que reflejan sus perspectivas de vida, como lo señala el propio PNUD “...las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza y desigualdad de oportunidades que afligen a los indígenas deben al mismo tiempo respetar sus referentes culturales...”, es por ello urgente que las asignaciones presupuestales respondan a programas y políticas públicas ancladas en la formulación de un desarrollo indígena.

Por lo antes expuesto, esta comisión acuerda:

1. Que en la formulación de los presupuestos nacionales se apruebe un monto para el desarrollo de los pueblos indígenas de acuerdo a su proporción poblacional en cada uno de nuestros países.

2. Que estos recursos presupuestales sean ejercidos por las instituciones y gobiernos indígenas.

3. Que estos presupuestos estén reflejados en cada una de las dependencias gubernamentales, en los diferentes programas que para estos fines existan.

4. Se instituyan mecanismos que permitan el seguimiento y verificación de su aplicación.

5. Que los parámetros de medición del desarrollo indígena, utilizados para la definición de presupuesto y programas para el desarrollo de los pueblos indígenas, incorporen indicadores a partir de la concepción de los propios pueblos. ”

Por otro lado, es importante señalar que en el 5o. Informe del gobierno federal enviado por el presidente de la República al Congreso de la Unión, en relación al Eje 3. Igualdad de Oportunidades, Grupos Prioritarios, Pueblos y Comunidades Indígenas, se informó que:

La población indígena de 15 años y más en condición de alfabetización ascendió a 3 millones 867 mil 870 personas, es decir, 72.1 por ciento; en cuanto al número de analfabetas, éste es de 1 millón 463 mil 116 personas, que implica 27.1 por ciento de dicha población.

Por rangos de edad, el índice de analfabetismo en la población indígena de 15 a 24 años del país se estima en 7.3 por ciento; en cuanto a la población indígena de 45 años y más, este índice se calcula en 47.7 por ciento.

Los resultados anteriores se presentan, pese a los grandes esfuerzos presupuestales realizados durante los últimos años para la atención de los pueblos y comunidades indígenas.

Es importante considerar que las asignaciones presupuestales federales para la atención de este sector de la población muestran incrementos considerables, según el cuadro siguiente:

Y para el ejercicio presupuestal de 2011 se asignó un total de 49 mil 101 millones 209 mil 701 pesos.

Sin embargo, y tomando en cuenta las evaluaciones que elabora el Coneval, persiste un gran rezago en el desarrollo y falta de oportunidades de progreso para los pueblos y comunidades indígenas, por lo que resulta indispensable el incremento del presupuesto correspondiente.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, la proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para que en la aprobación de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se considere en lo que proceda, la Declaración de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, respecto de las asignaciones presupuestales para el desarrollo de los pueblos indígenas considerando un incremento sustancial que permita cerrar la brecha de desigualdad existente.

Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.— Senadora María Serrano Serrano (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el ejercicio presupuestal de 2012 se incrementen los recursos necesarios a la Universidad Juárez del estado de Durango.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador Ricardo Pacheco Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Es ampliamente conocido el papel que juega la educación en el desarrollo de un país, pues a través de ésta se pueden generar inventos y producir fuentes de trabajo, que inciden favorablemente en la calidad de vida de su población.

La educación es un derecho universal reconocido en nuestra Carta Magna, en la Ley General de Educación así como en diversos instrumentos internacionales.

Desafortunadamente, mantenemos una deuda histórica con nuestros jóvenes en este rubro ya que a pesar de las acciones y esfuerzo que ha realizado el gobierno para abatir el rezago educativo, aún queda camino por recorrer.

Lo anterior, a pesar de que entre el año 2000 y 2011 los proyectos de presupuesto presentados por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados los ha incrementado en cerca de 60 mil millones de pesos.

Ante este panorama y con el objeto de incrementar la competitividad, la equidad y el bienestar social de los mexicanos es imperante impulsar la formación profesional y/o técnica de nuestros jóvenes, pues de esta manera contribuiremos al desarrollo sostenido del país.

El último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reveló que nuestro país invierte solamente mil 284 dólares por alumno, cuando el costo que ejerce una universidad pública es 4 veces superior.

Para lograr nuestro objetivo debemos destinar mayores recursos a las universidades públicas de las entidades federativas con el fin de tener mejor infraestructura, garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación.

Hoy existe un movimiento a nivel mundial en defensa de la educación pública, en los medios de comunicación impresos y electrónicos podemos observar las protestas de los jóvenes universitarios, que no sólo exigen gratuidad o apoyo del gobierno para iniciar o concluir sus estudios, sino también calidad.

En consecuencia, debemos preservar y apoyar a nuestras universidades públicas, las cuales representan un factor importante en el desarrollo no sólo de la región sino también de las comunidades aledañas al estado.

En el caso del estado de Durango, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) manifestó que es necesario obtener un incremento de los recursos en el presupuesto 2012, a fin de mejorar la atención de los estudiantes, esto en virtud de que dicha institución recibe un trato inequitativo ya que a pesar de contar con una matrícula similar a otras universidades del país recibe entre 30 y 40 por ciento menos de subsidios federales.

Aunado a lo anterior, la ciudad universitaria de Durango ya no tiene espacio suficiente para atender la demanda de estudiantes. Dentro de las principales necesidades se encuentra la creación de un centro de cómputo institucional que permita a los alumnos abocarse a la realización de tareas y trabajos de investigación en mejores condiciones.

La petición que se plantea es válida ya que, en los últimos cuatro años la Secretaría de Educación Pública ha distinguido a la UJED como una institución pública que ofrece programas educativos de calidad, que la coloca dentro de las primeras 10 de entre 43 instituciones de educación superior en el país.

Asimismo, desde enero de 2009 forma parte del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), organismo que reúne sólo a las instituciones que cumplen, mantienen y mejoran estándares de calidad en la educación superior de México y que las ayuda a establecer relaciones con universidades extranjeras.

Durante la administración del rector Luis Tomás Castro Hidalgo se acreditó el programa de ciencias de los materiales de la Facultad de Ciencias Químicas Durango.

En junio pasado se reacreditó el programa de ingeniería civil de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura del campus de la UJEDI en Gómez Palacio.

Actualmente, están en proceso de acreditación los programas de médico cirujano e ingeniero químico en alimentos, ambos pertenecientes al campus Gómez Palacio; y también se trabaja con programas de otra oferta a fin de que una vez egresada su primera generación sea sujeta a evaluación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, se incrementen los recursos necesarios a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a fin de que se amplíen los espacios educativos y mejoren la oferta educativa, así como la infraestructura.

Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.— Senadores: Ricardo Pacheco Rodríguez, Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhortan a la Comisión Nacional de Vivienda a proveer en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa estándares de calidad de las viviendas subsidiadas en materia de construcción, funcionalidad y acabados.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnaran a la Comisión de Vivienda los dos siguientes.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Jaime Rafael Díaz Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de Vivienda a que dentro de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, prevea estándares de calidad de las viviendas subsidiadas en materia de construcción, funcionalidad y acabados de éstas, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

La vivienda, concebida como el espacio que reúne las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan realizar de manera digna su proyecto de vida, se reconoce como uno de los derechos humanos que integra los derechos económicos, sociales y culturales catalogados de segunda generación, que se caracterizaron en primera instancia por su carácter eminentemente prestacional y asistencialista con un contenido precisado en forma programática, visión que ha ido transitando en el ámbito del derecho internacional de los derecho humanos hacia el reconocimiento de su carácter subjetivo, como garantía efectiva de su cumplimiento.

Cabe tener en cuenta que el carácter prestacional de estos derechos se traduce en la instauración de políticas públicas, que considerando la disponibilidad presupuestaria, delinean las condiciones prácticas para garantizar su disfrute.

En ese tenor, el gobierno federal opera diversos programas centrados en garantizar el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa bajo los instrumentos y apoyos necesarios que permitan alcanzar este objetivo, centrando los esfuerzos en el sector de la población económicamente más desfavorecida mediante el otorgamiento de subsidios a través de diversos programas operados por la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Uno de los programas de mayor efecto en el sector, alcanzando a 16 de octubre del presente año, un otorgamiento de 149 mil 789 subsidios con una inversión de 4 mil 670 millones de pesos, es el de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda Ésta es tu Casa, operado por la Conavi, cuyo objetivo es apoyar a la población de bajos recursos a dar solución a su necesidad de vivienda mediante un apoyo económico, subsidio, otorgado por el gobierno federal, con el que, de manera conjunta con el financiamiento de parte de alguna de las entidades financieras u organismos del sector que cumplan con los criterios establecidos en las reglas de operación para ser entidad ejecutora, y una aportación del beneficiario, éste puede tener acceso a alguna de las soluciones habitacionales que apoya el programa.

Para el logro de tal fin, el programa se orienta a la población que habita en el ámbito urbano, labora en el sector formal o fuera de él, con ingresos de hasta cinco salarios mínimos y capacidad de obtener un crédito hipotecario, en aras de que puedan adquirir una vivienda nueva o usada, o un lote con servicios; mejoras o autoconstrucción, a la vez que incentiva la sustentabilidad en su ámbito ecológico, económico y social a nivel del ordenamiento territorial, la planeación urbana y la edificación de vivienda sustentable.

Las reglas de operación del programa prevén criterios para fomentar el desarrollo habitacional sustentable apoyando iniciativas como los desarrollos urbanos integrales sustentables, la redensificación urbana y las ecotecnologías.

A partir de septiembre de 2008 se exige que todas las acciones de vivienda subsidiadas a través del programa cuenten con un paquete básico de ecotecnias, basadas principalmente en el uso eficiente de la energía y el agua, así como en el manejo adecuado de los residuos sólidos, además de otros criterios de sustentabilidad enfocados en el análisis del lugar y mantenimiento para el caso de las viviendas horizontales, y en aspectos urbanos y sociales para las verticales.

De la incorporación de dichos elementos, devino el incremento del valor de la vivienda económica sujeta al monto máximo del subsidio, pasando de 118 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal (VSM) a las 128 VSM actuales, equivalentes a 224 mil pesos, lo que representó un incremento en su costo equivalente a 10 VSM. Así, el monto del subsidio va descendiendo a medida que el precio de la vivienda rebasa ese nivel hasta un máximo de 158 VSM, es decir, 276 mil pesos que corresponde a la casa popular.

No obstante, a pesar que la oferta de propuestas innovadoras de vivienda verde y desarrollos urbanos sustentables para la población económicamente más necesitada en primera instancia resulta más onerosa, cabe señalar que en el largo plazo representa la opción más redituable no sólo en términos económicos y ambientales, al incidir en la reducción significativa de los costos de servicios básicos como luz, agua y gas, sino también en materia de salud, como ha referido la Organización Mundial de la Salud al sostener que existe la oportunidad de reducir padecimientos relacionados con la vivienda en la construcción de edificaciones sustentables, por lo que resulta indiscutible y esencial que la política de vivienda impulse en sus acciones la sustentabilidad, como en su caso lo hace el programa Ésta es tu Casa.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio Situación inmobiliaria México, presentado en enero de 2011 por BBVA Research, la vivienda sujeta a subsidios, tanto económica como popular, es la que más atributos ha perdido entre 2007 y 2010, toda vez que “tiene menos espacio, una mayor proporción se vende sin cocina y el precio por metro cuadrado ha crecido más que en el resto de los segmentos”, caso contrario a las no subsidiadas, las cuales han mantenido de manera prácticamente constante sus atributos, e incluso, en algunos casos se aprecia una reducción en los precios.

Se observa que la calidad y el funcionamiento de la vivienda no están recibiendo prioridad, lo que se refleja en menor cantidad y calidad de acabados y equipamiento que acelera su deterioro y disminuye su plusvalía, así como, en su construcción generalmente alejada de los centros de trabajo, lo que implica la pérdida de productividad por los tiempos de traslado de tres a cuatro horas en promedio, mayores gastos económicos en transporte y reducción en tiempo de convivencia familiar, factor que puede incidir en la desintegración de los núcleos familiares acarreando efectos que pueden escalar hasta el colectivo social.

Con relación al tema, resulta oportuno traer a colación lo advertido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en la observación general número 4:

El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al pacto. Así pues, “la dignidad inherente a la persona humana”, de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta 2000 en el párrafo 5: “el concepto de ‘vivienda adecuada’... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Considerando lo expuesto, resulta claro que el reto actual es lograr calidad constructiva y de acabados a nivel de la vivienda, del conjunto habitacional y del entorno urbano que cumplan el contenido y alcance de conceptos como la habitabilidad, calidad física y sustentabilidad.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha a partir de enero de 2007 el índice de calidad de la vivienda (Icavi), como una herramienta de orientación sobre las características de calidad que tiene la vivienda, el conjunto habitacional donde ésta se halla, así como el entorno que la rodea.

Dicho índice permite medir los atributos de calidad de la vivienda nueva, determinados a partir del avalúo que se lleva a cabo para otorgar el crédito, considerando para tal fin los espacios, los elementos, las instalaciones, las obras, los servicios, la infraestructura y el equipamiento, que brindan al usuario de la vivienda un valor agregado en su calidad de vida.

La vivienda que se adquiere a través de un crédito del Infonavit debe contar con características básicas de calidad, dentro de las que cabe destacar el cumplimiento de parámetros tales como, seguridad legal, que implica que la vivienda cuente con escrituras en el Registro Público de la Propiedad; seguridad estructural, que indica que cumple el reglamento de construcción estatal o municipal; que tenga los servicios de energía eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado; que cumpla los estándares de habitabilidad que garanticen los espacios para la convivencia, además de ofrecer la iluminación y ventilación necesaria; que cumpla la calidad constructiva verificada y certificada, y que su valor comercial corresponda al del mercado como resultado del avalúo realizado por un profesional.

Así, actualmente los derechohabientes del Infonavit adquieren viviendas que reúnen condiciones de calidad controlada a través de la instauración de tres procesos: un registro único de oferta de vivienda, otro de verificación de obra y el de avalúo inmobiliario, a través de los cuales se vigila y garantiza que la vivienda cumpla las expectativas y preferencias del acreditado al ponderar aspectos como la ubicación, cercanía a servicios y equipamiento urbano, tipo de vivienda, funcionamiento de la vivienda (iluminación, ventilación, distribución de espacios), tamaño, disponibilidad de espacios (recámaras, sala, comedor, baño o baños, área de lavado, cocina), servicios básicos (agua potable, drenaje y electricidad), tamaño del terreno, áreas comunes, tipo de acabados, telefonía, vigilancia, seguridad, sistema de ahorro de agua, red de gas natural, equipo de bombeo y elementos para discapacitados.

El Icavi ha resultado una referencia útil para monitorear la satisfacción del acreditado con su vivienda, asegurando un nivel básico de calidad de ésta, por lo que resultaría conveniente que su aplicación fuera general para el sector.

Para ilustrar la situación, cabe tener en cuenta que los verificadores certificados del Infonavit reportan que de cada 100 unidades que revisan, 10 por ciento presenta fallas o no cumple la calidad exigida, tratándose de deficiencias en los acabados en la mayoría de los casos.

La mala calidad de los materiales de construcción, con los vicios y los desperfectos en la estructura que generan agrietamientos y problemas de transminación, provocan la demanda de quienes habitan las viviendas de interés social ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, instancia que de enero a noviembre de 2008 recibió 100 denuncias al respecto.

En el estudio, BBVA Research-México señala que la carencia de infraestructura y servicios urbanos adecuados, con la ubicación de las viviendas construidas para el sector subsidiado, figura entre los obstáculos que el programa Ésta es tu Casa afronta para cumplir de manera eficiente su objetivo, sobre todo porque la política de subsidios de monto fijo que ofrece dicho programa para la adquisición de una casa nueva, no cuenta con mecanismos de calificación de la vivienda, pasando a ser irrelevante aspectos tales como su tipo y calidad, siempre y cuando cuente con las ecotecnologías a que obligan las reglas de operación del programa.

Dicha situación representa uno de los múltiples factores que incentivan el abandono de las viviendas, que hoy representa uno de los mayores retos del sector. Además, las deficiencias en su calidad devalúan su precio, perdiendo atractivo en el mercado inmobiliario, que puede derivar en cartera vencida que perjudica tanto a los acreditados como a las instituciones crediticias.

El escenario planteado evidencia la conveniencia de incorporar criterios que garanticen estándares de calidad de las viviendas en las Reglas de Operación del programa Ésta es tu Casa, similares a los aplicados por el Icavi, permitiendo ofrecer viviendas con subsidio que cumplan atributos básicos de calidad en materia de construcción, funcionalidad y acabados, observando con ello los fines de la política nacional de vivienda.

Sin duda, sustentabilidad y calidad son condiciones que actualmente resultan insoslayables en todo desarrollo de vivienda que ofrezca el mercado inmobiliario y que con mayor razón no deben ser omitidos en las viviendas de interés social, porque no basta incorporar sólo uno de ellos, perdiendo de vista y excluyendo los atributos de calidad que garanticen viviendas habitables y equipadas, con los espacios y las instalaciones necesarios que faciliten la vida y las actividades que en ellas se desarrollarán, más aún si tenemos en cuenta que gracias a los buenos resultados que ha arrojado este programa y a la necesidad de incrementar las acciones de vivienda con subsidio, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 registra un incremento de 69.4 por ciento respecto al aprobado en 2011 para el programa Ésta es tu Casa, lo que coadyuvará, de ser aprobado en dichos términos, a que el sector vivienda registre una sensible reactivación y que una porción mayor de la población más necesitada de nuestro país se beneficie con un subsidio para la adquisición de su vivienda, al preverse un aumento aproximado de 250 mil acciones de vivienda.

Pasando a otro tema, llaman también la atención las estadísticas del subprograma para no asalariados de Ésta es tu Casa, toda vez que dicha población en la actualidad demanda más soluciones de vivienda, además de que este sector, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, representa 30 por ciento de su mercado, por lo cual si bien se reporta que a esta porción de la población se dirige el segundo mayor número de acciones, con un total de 34 mil 334, resulta inquietante que el total invertido en ellas sea de sólo 310 millones 926 mil 63.98 pesos, que representa menos de 10 por ciento de lo destinado a las 71 mil 525 acciones realizadas a 23 de octubre de 2011 para los derechohabientes del Infonavit, que alcanzaron 3 mil 170 millones 756 mil 288.83 pesos.

Además, cabe destacar que de los más de 30 mil subsidios otorgados por el programa Ésta es tu Casa a no asalariados, tan sólo 2,068 fueron destinados para la adquisición de vivienda y 447 para autoconstrucción, lo que permite inferir que la atención a quienes laboran fuera del sector formal es muy reducida a pesar del esfuerzo por solventar el rezago habitacional de dicho segmento, como el impulsado por la Sociedad Hipotecaria Federal que expandió su red de intermediarios financieros para ofrecer productos a esta población y creó el programa Ahorra SHF mediante el cual las personas que no tienen la posibilidad de comprobar ingresos, que no cuentan con un salario fijo o desean mejorar su calificación crediticia, pueden acceder al crédito hipotecario mediante el ahorro que al mismo tiempo los lleva a reunir el enganche para su casa, y les permite, en su caso, obtener el subsidio de Ésta es tu Casa.

La necesidad de vivienda que impera entre el sector poblacional insertado en el empleo informal resulta indiscutible de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señalan que este sector alcanzó una tasa de 28.5 por ciento en el primer trimestre del año, lo que significa que poco más de 12.97 millones de personas no tienen acceso a seguridad social y, por ende, son ajenas a las diversas prestaciones que de ella derivan y a cumplir los requisitos generales para obtener un crédito hipotecario, lo que exige que programas como Ésta es tu Casa que abarcan también a esta población, deban enfocar y reforzar sus esfuerzos para aumentar las acciones dirigidas a la misma.

Compañeras y compañeros legisladores: de ser aprobado el presupuesto de 9 mil 609 millones 296 mil 73 pesos propuesto para la Conavi para el año fiscal de 2012, que representa un aumento cercano a 70 por ciento del otorgado en 2011, sin duda alguna redundará en el bienestar de miles de mexicanos que hoy en día demandan una vivienda digna y decorosa, que cumpla con los estándares de calidad necesarios para brindar bienestar a quienes la habiten, asimismo, permitirá promover el incremento de acciones dirigidas al sector laboral informal en aras de atender cabalmente los requerimientos de vivienda de ese sector.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que apruebe para el Presupuesto de Egresos de 2012 el monto de 9 mil 609 millones 296 mil 73 pesos propuesto por el Poder Ejecutivo para la Comisión Nacional de Vivienda.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda a que dentro de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, prevea estándares de calidad de las viviendas subsidiadas en materia de construcción, funcionalidad y acabados de éstas.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Vivienda a que rinda un informe cualitativo y cuantitativo acerca de las acciones realizadas en cada uno de los subprogramas del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Ésta es tu Casa, especificando la distribución de los recursos destinados a ellas.

Notas:

1 “Apuesta OMS por viviendas sustentables”, por Adriana Alatorre, en Reforma, martes 5 de julio de 2011.

2 “Promotores y certificadores de vivienda, los expertos de su casa”, por Felipe Gazcón, en Excélsior,domingo 20 de febrero de 2011.

3 “Fallas en casas de interés social afloran con lluvias”, por Agustín González, en Milenio, 25 de noviembre de 2008.

4 “Busca recursos históricos”, por Rolando Ramos, en El Economista, octubre de 2011.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Jaime Rafael Díaz Ochoa (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó propuesta con punto de acuerdo sobre jubilados y pensionados.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, el cual se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnara a la Comisión de Seguridad Social el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el siglo XX, el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos adquirió gran importancia en la agenda internacional. Los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación y a la seguridad social fueron incorporándose a las leyes nacionales, plasmando la responsabilidad del Estado en la provisión del bienestar.

El propósito de las políticas de bienestar es otorgar protección a las personas garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de condición económica, social, o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación ventajosa o desventajosa de inserción en el mercado laboral o de adquisición de habilidades y conocimientos.

De esta forma, la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias previsibles o no, permanentes o temporales que mermen la capacidad económica del individuo y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios, en cuyo financiamiento pueden participar el Estado, los empleadores y los trabajadores.

La seguridad social incluye cinco rubros básicos: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la seguridad social es “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.

Así, el objetivo de la seguridad social es “velar porque las personas que están en la imposibilidad –sea temporal o permanente– de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios”.

En México, el artículo 123 constitucional establece la utilidad pública de la Ley del Seguro Social y describe aquellos rubros que deben estar cubiertos por esta ley.

México es el país con menor gasto en seguridad social con un 2.9 por ciento del PIB, por lo que la cobertura de pensiones de adultos mayores solo abarca sólo el 19 por ciento y una inversión de 756 dólares per cápita en servicios de salud. Mientras países como Argentina destinan el 9 por ciento del PIB, Brasil el 9 por ciento y Chile el 7 por ciento. Asimismo, la cobertura de pensiones es en Brasil del 86 por ciento, Argentina del 68 por ciento y Chile del 64 por ciento y su inversión en salud es tan sólo en Argentina de 1,665 dólares per cápita.

No es posible que se siga violentando este derecho. El Estado debe velar y garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a la seguridad social, cubriendo los cinco rubros básicos ya mencionados.

Los gobernantes deben cambiar la forma en que distribuyen los recursos, para que de esta forma, aquellos ciudadanos que no tengan acceso a este derecho puedan hacerlo sin tener que caer en un problema financiero, al no disfrutar de una protección social adecuada que cubra o reembolse dichos gastos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a aumentar el presupuesto destinado a la seguridad social en por lo menos el 7 por ciento del PIB, para lograr mayor inclusión y una mejora importante en los cinco rubros básicos: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares, de la seguridad social.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar las acciones correspondientes en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respecto al manejo de los fondos dedicados a los cinco rubros de la seguridad social: vejez, invalidez y muerte; enfermedad y maternidad; accidentes de trabajo; desempleo; y asignaciones familiares.

Nota:

1 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2011/07/04/caen-ingresos-petrolero s-shcp

Dado en el salón legislativo del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.— Senadores: Ricardo Monreal Ávila, Rosario Ibarra de Piedra (rúbricas).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Norma Esparza Herrera, Carlos Jiménez Macías, María del Socorro García Quiroz, Francisco Arroyo Vieyra y Antonio Mejía Haro, presentaron propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar recursos suficientes en el ejercicio presupuestal de 2012 para los proyectos territoriales transversales a través de la Sagarpa-Conaza para los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

La presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados el primer resolutivo y se turnara a la Comisión de Agricultura y Ganadería los dos siguientes.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Los suscritos senadores Norma Esparza Herrera, Carlos Martín Jiménez Macías, María del Socorro García Quiroz,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Antonio Mejía Harodel Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de esta LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, 109, 110 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Dentro de los acuerdos en materia agropecuaria a los que se llegaron en la reunión de gobernadores zona centro norte, en la que participan los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, de fechas pasadas, fue buscar y solicitar en la estructuración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012, para que se destinara una bolsa de recursos específica de al menos 10 millones de pesos para la realización de acciones de infraestructura, innovación tecnológica, reconvención productiva y cosecha de agua, para revertir los desastrosos efectos de las sequías recurrentes en las entidades.

La sequía que se ha presentado en muchos estados de la república de unos años hacia la fecha, hace necesario que los esfuerzos por atender la situación cuenten con el consenso y apoyo de los gobiernos estatales, gobierno federal, senadores y diputados, ya que del resultado de ese trabajo, se podrán mitigar los graves estragos que ha dejado el fenómeno natural, ya que debido a este tipo de situaciones climatológicas ha aumentado la pobreza, la no producción de los productos básicos y la muerte de cabezas de ganado, y en cadena, la afectación a las demás áreas de producción y comercio.

Desde abril de este año los estados, a través de sus gobiernos, han realizado gestiones de manera directa con las instancias competentes del gobierno federal, para encontrar alternativas de apoyo al sector rural buscando la declaratoria de desastre por sequía atípica, situación que sólo ha ocurrido para algunas zonas o municipios de algunos estados. En el caso de Aguascalientes, se ha seguido el proceso de declaratoria, a la fecha ya cuenta con el dictamen técnico emitido por la Conagua desde el mes de agosto de este año, sin embargo, en el dictamen se señala que únicamente 8 municipios del estado tienen las condiciones para recibir los apoyos de gobierno federal para la sequía, dejando fuera de este beneficio a los municipios de Cosío, Asientos, y Rincón de Romos, los cuales también han sido afectados por la falta de lluvia.

La situación de sequía en el país es muy grave, a nivel nacional este fenómeno ha llevado a la pérdida de 80 por ciento de los cultivos, en especial de frijol y maíz blanco; para Aguascalientes la situación no ha sido distinta: de 101 mil hectáreas de temporal, este ciclo sólo se sembraron 56 mil hectáreas de las cuales 53 mil ya se perdieron, y de continuar la situación de sequía las restantes también se perderán.

Para el sector ganadero también las noticias han sido malas a causa de la sequía aguda, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes informó en fechas pasadas que se sacrificarían cinco mil vacas debido a que “resulta más caro mantenerlas”.

Esta situación también la padecen los estados de Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, y la consecuencia es el encarecimiento de los productos de consumo básico, y aunque no se ha dado una declaratoria nacional para eso, es la realidad que viven todos los habitantes de los estados aquí mencionados.

Desde fechas pasadas varios legisladores han solicitado que se hagan llegar los recursos a la gente de los estados que están padeciendo esta lamentable circunstancia, fue así como en el mes de septiembre, desde Cámara de Diputados, se solicitó la declaratoria de desastre natural para hacer llegar los recursos al sector rural. Misma situación que se ha presentado desde el Senado, continuamente escuchamos propuestas de compañeros que solicitan apoyo para remediar esta situación.

Durante todo este proceso y entre el papeleo burocrático para hacer llegar a los estados recursos para el sector afectado por el fenómeno natural, todos los estados han seguido buscado recursos y apoyos de Sagarpa en el programa de Prevención y Manejo de Riesgos, en el Componente de Atención a Desastres Naturales en el sector agropecuario y pesquero.

Al respecto, el “objetivo específico del componente es que los productores del medio rural cuenten con apoyos para la prevención y manejo de riesgos derivados de desastres naturales perturbadores, relevantes, y fortalecer la cultura de la prevención de riesgos.

La población objetivo es: productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio rural de bajos ingresos que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado agropecuario, acuícola y pesquero, que se vean afectados en sus activos productivos elegibles por los siguientes fenómenos naturales (sequía) perturbadores relevantes, según Anexo LII, para la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola” [1]

Para poder acceder a los recursos que oscilan entre 600 a 2 mil pesos, según el rubro a apoyar, es necesario el dictamen emitido por Conagua, de ahí se elaboran actas de diagnóstico de daños y se envían a las oficinas generales de Sagarpa, para que el comité dictaminador, emita el fallo correspondiente.

Acto seguido se tiene que formular y firmar un anexo técnico, en el que se estipula que el gobierno del estado afectado, está de acuerdo en aportar el pari passo correspondiente, el cual está establecido en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre de 2010, en su artículo 27 referente al componente de Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, que establece que el monto máximo de aportación será en porcentaje apoyos directos 50 por ciento federal y 50 por ciento estatal.

Esta situación sin lugar a dudas, pone a los gobiernos estatales en situaciones apremiantes, ya que dicho recurso no está contemplado en los presupuestos y pone a las administraciones de las entidades federativas en riesgo de no cumplir con otros compromisos ya establecidos con la sociedad, a fin de atender un desastre natural atípico como el de la sequía.

Sabemos de la buena disposición de la administración federal ante los desastres naturales pues apenas en días pasados el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aseguró que los recursos en caso de emergencia llegarán a la gente a la brevedad.

Con este antecedente, el día de hoy, solicitamos al Ejecutivo federal la simplificación y facilitación de trámites, para que por fin lleguen los recursos al campo dañado severamente por la sequía en los estados de la zona centro del país. Además de ser posible desaparecer la aportación pari passo o que el gobierno federal pueda absorberla.

Es necesario solicitar el apoyo de nuestros compañeros diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012, se destinen al menos 10 millones de pesos para que los estados afectados por la sequía puedan realizar acciones de infraestructura y de innovación tecnológica para que los efectos de las sequías que son cada vez más comunes para los estados sean menos gravosas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito la resolución de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que considere recursos suficientes para el ejercicio presupuestal de 2012, para los proyectos territoriales transversales a través de la Sagarpa-Conaza para los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a su vez instruya al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que dentro del componente de atención a desastres naturales (Cadena), disminuya el pari passo estatal, lo desaparezca, o sea el gobierno federal quien lo absorba, a fin de que los recursos puedan llegar en tiempo inmediato a la población afectada por la sequía atípica que sufren los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a su vez instruya al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en el dictamen técnico de siniestro para el estado de Aguascalientes, se incluyan a los municipios de Cosío, Asientos, y Rincón de Romos, que también padecen sequía.

Cámara de Senadores, a 8 de noviembre de 2011.— Senadores: Norma Esparza Herrera (rúbrica), Carlos Martin Jiménez Macías (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), María del Socorro García Quiroz (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor:   Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Emma Lucía Larios Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a considerar mayores recursos para la realización de las acciones necesarias para la implantación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y exhorta a los Ejecutivos estatales y a las legislaturas locales a que lleven a cabo la armonización de su marco jurídico en relación dicha ley.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se remitiera el primer resolutivo a la Cámara de Diputados y se turnara a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el segundo de ellos.

Atentamente

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«Emma Lucía Larios Gaxiola, senadora de la República de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 276 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a su consideración la siguiente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es muestra de que la sociedad organizada y voluntad política, puede hacer la diferencia, es el resultado del compromiso de familias que decidieron unirse, por un interés legitimo de justicia.

El 5 de junio de 2009, la ciudad de Hermosillo, Sonora fue el escenario de una de las peores tragedias infantiles en la historia de nuestro país, ocurrió un incendio en la bodega ubicada en avenida Ferrocarril y calle Mecánicos sin número, colonia Y Griega, la cual era arrendada por la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, que se propagó al inmueble contiguo donde se situaba la guardería ABC, SC, en donde perdieron la vida 49 niñas y niños y resultaron lesionados 75 más, todos entre cinco meses y seis años de edad.

Esta tragedia, marco la vida de cientos de padres de familia, sentida por cada uno de los sonorenses como si hubiese sido propia y lamentada por todos los mexicanos, coloco en el escenario nacional la prestación de servicios de cuidado infantil.

Los centros que prestan servicios de cuidado infantil, son un instrumento muy útil en esta creciente incorporación laboral a las actividades económicas de las mujeres mexicanas. De ahí que su existencia viene a resolver un problema social importante y cuando funcionan de forma óptima son una ayuda muy valiosa para que las niñas y los niños, estén seguros, con una nutrición apropiada y estimulados correctamente, procurando así su crecimiento sea en un ambiente de cariño y seguridad.

Sin embargo, la experiencia de la Guardería ABC, motivo que se revisara detalladamente la operación y la atención que ofrecían tales centros de cuidado infantil.

Ello motivo, que en aras de contar con instrumentos jurídicos tendientes a la protección de los derechos de las niñas y los niños que se encuentren en guarderías u otra modalidad de atención de cuidado infantil. Las Legislaturas de las entidades federativas de Calima, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roa y Tabasco expidieron leyes específicas para regular las guarderías, estancias infantiles y en general para los establecimientos encargados del cuidado infantil. Asimismo, estados como Baja California, Nuevo León y Yucatán han expedido reglamentos en la misma materia.

En el ámbito federal, consientes de la necesidad apremiante de generar un instrumento útil que permitiera allanar todo vacío legal, para evitar que esta tragedia volviera a suceder, como un primer esfuerzo el 15 de julio 2009, se presento la iniciativa para expedir la Ley General de los Servicios de Guarderías Infantiles y desde entonces hemos trabajado intensamente para generar una ley acorde a las necesidades de cada modalidad pero sobre todo, les permita operar adecuadamente.

Asimismo, a estos trabajos se han fueron incorporando respetuosamente las propuestas presentadas con el mismo objetivo, uniendo esfuerzos e ideas de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, especialistas, así como de la participación de distintas autoridades institucionales, para lograr un sólido y concreto instrumento jurídico.

El día 23 de octubre de 2011, se firmó el decreto por el cual se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, después de un proceso de dos años, considerado como un esfuerzo realizado por la sociedad civil y la voluntad política, en donde se privilegio el interés superior del menor.

Esta Ley, representa un paso fundamental para garantizar las mejores condiciones de seguridad para las niñas y los niños que acuden a las guarderías y a las estancias infantiles del país, sean públicas, privadas o mixtas.

Se establecen las condiciones esenciales de protección civil, que deberán cumplir los Centros de Atención y Desarrollo Integral Infantil. Se contemplan aspectos fundamentales, como la necesidad de que cada centro cuente con un programa interno de protección civil; se señalan, de la misma forma, las medidas de seguridad que deberán cumplirse, tanto en las instalaciones, como la capacitación, por ejemplo, que deberán recibir quienes presten ahí sus servicios o laboren en esos centros.

Se determina, por ejemplo, que ningún establecimiento que por sí mismo pueda poner en riesgo la integridad física o emocional de las niñas y los niños, podrá estar ubicado a una distancia menor a 50 metros de estos centros.

Desde luego, se señalan los requisitos que deberán cumplir los establecimientos para poder entrar en operación, así como los aspectos que las autoridades, de acuerdo a su respectivo nivel de competencia, deberán supervisar periódicamente para velar por el buen funcionamiento de estos centros.

Se fortalecen dos instrumentos muy importantes: la política pública en la materia, por una parte, y por la otra, se crea el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil.

Por lo que se refiere al primer aspecto, a la política pública; ésta deberá, entre otros aspectos, reconocer, desde luego, la dignidad de las niñas y los niños, establecer criterios estandarizados de calidad y, sobre todo, de seguridad para la prestación de los servicios, y contribuir a su mejoramiento progresivo, así como promover el acceso de estos servicios a, por ejemplo, niños con discapacidad, niños que se encuentren en situación de calle, niños que habiten en el medio rural o en comunidades indígenas y, en general, que habiten en las zonas marginadas o de extrema pobreza.

Con esta política, quedarán establecidas, con claridad, las pautas a seguir en la prestación de estos servicios y, también, se podrán estructurar los esfuerzos, tanto de los distintos niveles de gobierno, como de los sectores social y privado, para ofrecer la mejor atención a las niñas y a los niños.

El consejo sustituye al Sistema Nacional de Guarderías, que fue creado por mi gobierno, el 10 de mayo de 2007. El consejo, desde luego, retama los esfuerzos emprendidos por el sistema, y en él participarán diversas dependencias y entidades del gobierno federal, así como diferentes actores sociales.

Este consejo tendrá la responsabilidad de continuar diseñando la política nacional en la materia, así como los programas específicos que se requieran para asegurar el buen funcionamiento de los Centros de Atención y Desarrollo Integral Infantil.

Asimismo se instaura un Registro Nacional de Centros de Atención, así como registros estatales, que deberá ser alimentado por los gobiernos estatales y por cada una de las dependencias federales, que tengan guarderías o estancias infantiles.

De los cuales través de estos registros, se podrá dar y contar con información actualizada acerca de los Centros de Atención, así como de los prestadores de servicio; información que será manejada bajo los más estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas, para que los ciudadanos puedan conocer dónde se prestan los servicios de atención infantil, y quiénes lo hacen.

La ciudadanía exige que las estancias infantiles y las guarderías, sean un lugar seguro, donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer felices con toda seguridad. Y todas las autoridades estamos, desde luego, obligadas a responder con hechos a esta legítima demanda.

Por ello es de vital importancia, que se exhorte a las Legislaturas y a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para que realicen las acciones necesarias con la finalidad de contar con una ley estatal y políticas públicas que sean acordes a las condiciones y necesidades del estado, siempre privilegiando la seguridad y el bienestar del menor de edad.

Asimismo, propongo que se exhorte a la honorable Cámara de Diputados con la finalidad de que realicen un estudio para que consideren mayores recursos para la realización de las acciones necesarias con la finalidad de implantar esta ley.

Es importante que la sociedad y todos los niveles de gobierno y los poderes públicos, trabajemos unidos para seguir generando las leyes, las políticas y las instituciones que el país necesita, sólo de esta manera, habremos de garantizar un futuro mejor para las niñas y los niños de nuestro México.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración desde esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, se consideren mayores recursos para la realización de las acciones necesarias para la implementación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. El Senado de la República, exhorta a los Ejecutivos estatales y a las legislaturas locales a que lleven a cabo la armonización de su marco jurídico en relación a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para realizar acciones, medidas o propuestas legislativas en torno a la materia de la prestación del servicio de cuidado infantil, y estas sean acordes a lo establecido en la mencionada ley.

Salón de sesiones del honorable Senado de la República, a 8 de noviembre del 2011.— Senadora Emma Lucía Larios Gaxiola (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

MODIFICACION DE TURNO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se realizó modificación de turno, de conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, de la siguiente iniciativa:

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 20 de octubre de 2011.

“Se turna a la Comisión de Salud para dictamen, con opinión de la Comisión de Economía.”

México, DF, a 10 de noviembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Publíquese en el Diario de los Debatesy actualícense los registros parlamentarios.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Emilio Cuayffet Chemmor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado José Ignacio Seara Sierra cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que el diputado Ramón Merino Loo cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Adolfo Rojo Montoya cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

• Que el diputado José Ignacio Seara Sierra cause alta como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 9 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De enterado. Comuníquese.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva que sea retirada la siguiente iniciativa que fue presentada en el pleno el 11 de octubre de 2011.

• Con proyecto de decreto que reforma el artículo 150 de la Ley del Seguro Social, en materia de pensiones.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2011.— Diputado Maurilio Ochoa Millán (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

BANCO DE MEXICO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación*, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de julio a septiembre del año en curso.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

México, D F, a 9 de noviembre de 2011.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-3994 signado por el diputado Francisco Javier Salazar Sáez, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/1684/2011 suscrito por el licenciado Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales de la Coordinación General de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la emisión de la declaratoria de emergencia para el municipio de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Carlos Fernando Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/3566/11., de fecha 5 de octubre de 2011, dirigido inicialmente a la licenciada Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil, por medio del cual informa que mediante oficio D.G.P.L. 61-II-9-3994, el Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunican a la Secretaría de Gobernación (Segob), el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2011, y cuyos puntos resolutivos primero y segundo se reproducen:

“ Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, solicita a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia para el municipio de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, de acuerdo con lo establecido por el artículo 33 de la Ley General de Protección Civil, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves.

”Segundo. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, solicita a la Secretaría de Gobernación emita y publique en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural para los municipios de Asunción Nochixtlán, y Magdalena Jalcepec, Oaxaca, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil, por la ocurrencia de lluvias severas y deslaves.”

Sobre el particular, y considerando que el asunto de mérito fuera remitido a esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (DGF) para efectos de su atención correspondiente, nos pronunciaremos al respecto dentro del ámbito de competencia de la Segob, y de conformidad con el marco jurídico vigente y aplicable al programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden), solicitando atentamente a Usted, sea el amable conducto para hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, lo siguiente:

I. Por cuanto hace al Punto Resolutivo Primero del Punto de acuerdo que nos ocupa, diremos que si bien es cierto en el marco del programa Fonden la Segob puede emitir Declaratorias de Emergencia para efectos del acceso a los suministros de auxilio que se autorizan con cargo al instrumento denominado Fondo Revolvente Fonden, debemos precisar que tales declaratorias no es un acto que pueda ser realizado de oficio y/o de manera unilateral por parte de esta dependencia, sino que es el resultado de diversas actuaciones previas efectuadas por instancias diversas a la Segob, y su emisión se encuentra invariablemente sujeta al cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en el procedimiento que para esos efectos se establece en el “Acuerdo que establece los Lineamientos para emitir las Declaratorias de Emergencia y la utilización del Fondo Revolvente Fonden (en lo sucesivo los Lineamientos), mismo que es del tenor siguiente:

a) De conformidad con el artículo 8 de los Lineamientos, el titular del ejecutivo de la entidad federativa correspondiente (o en su caso el servidor público de nivel jerárquico inmediato inferior con facultades expresas para ello), deberá enviar a la Coordinación General de Protección Civil ( CGPC) de la Segob, una solicitud de declaratoria de emergencia, en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios u órganos político-administrativos respecto de los que se solicita la declaratoria de emergencia.

En ese mismo sentido, el artículo 7 de los Lineamientos, dispone que las entidades federativas son las instancias facultadas para solicitar a la Segob, la emisión de una declaratoria de emergencia, motivo éste por el que los municipios u órganos político-administrativos deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios con la entidad federativa a la que pertenezcan para efectos de ser considerados en una solicitud.

b) Una vez recibida la solicitud aludida, la CGPC la remitirá a más tardar al día siguiente a la Instancia Técnica Facultada que corresponda a efecto de que corrobore la inminencia, alta probabilidad o existencia del fenómeno natural perturbador en los municipios u órganos político-administrativos solicitados.

De lo anterior se desprende, por una parte, que las entidades federativas son, en primera instancia, las encargadas de incluir en sus correspondientes solicitudes de declaratoria de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos que, consideren, se encuentran de manera particular ante la situación de emergencia de que se trate.

Asimismo, atentos a lo dispuesto por el artículo 9, fracción II, de los propios Lineamientos, corresponderá de manera exclusiva a las Instancias Técnicas Facultadas el corroborar mediante dictamen técnico enviado a la CGP(, la existencia de un fenómeno natural perturbador que puede generar una situación de emergencia en una fecha y lugar determinado (lo cual implica que no necesariamente todos los municipios u órganos político-administrativos incluidos en una solicitud de declaratoria de emergencia podrían ser corroborados como afectados por un fenómeno natural perturbador).

La instancia técnica tendrá un máximo de dos días hábiles para corroborar o negar la presencia o inminente presencia de un fenómeno natural que dé origen a una situación de emergencia (Artículo 9, fracción II, de los Lineamientos).

c) En el caso de que el dictamen técnico corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CGPC emitirá una declaratoria de emergencia a más tardar al día siguiente de recibido tal dictamen. Dicha declaratoria de emergencia se difunde por medio de un Boletín de Prensa y por cualquier medio de comunicación disponible. La CGPC contará con 6 días hábiles siguientes a la emisión del Boletín de Prensa para publicar la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Federación (artículo 9, fracciones III y IV, de los lineamientos).

Cabe señalar en este punto que la labor que desempeña la CGPC en el marco de los Lineamientos, se circunscribe a la emisión de la declaratoria de emergencia (con base en el dictamen técnico enviado) a través de Boletín de Prensa y a su correspondiente publicación en el Diario Oficial de la Federación, procediendo a declarar como zona de emergencia única y exclusivamente a los municipios que, habiendo sido incluidos en una solicitud de declaratoria de emergencia, fueron corroborados por la instancia técnica facultada respectiva como municipios que han sido o pueden ser afectados por la inminencia, alta probabilidad o existencia de un fenómeno natural perturbador.

Contando con el conocimiento que ofrecen las precisiones anteriores, esta DGF considera oportuno informar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión que aun cuando durante el presente ejercicio fiscal, el gobierno del estado de Oaxaca ha solicitado la emisión de diversas declaratorias de emergencia por la ocurrencia de lluvias severas y/o movimientos, de ladera, en las mismas no ha sido incluido el municipio de Asunción Nochixtlán como una demarcación afectada por-tales fenómenos, por lo que no se ha dado inicio al procedimiento de acceso a los suministros del Fondo Revolvente  Fonden, paraestatales municipio en particular.

II .Por otra parte, y respecto del punto resolutivo sexto del punto de acuerdo que se atiende, comunicamos de igual manera que aún y cuando en el marco del instrumento del Fonden que denominamos Fonden Reconstrucción la Segob puede emitir declaratorias de desastre natural,  la emisión de tales declaratorias se encuentra sujeta a lo dispuesto para ello en el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales (en lo sucesivo las Reglas Generales), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010, así como en los Lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011 (en lo sucesivo los Lineamientos de Operación); aspectos de los que, para pronta referencia, se ofrece una descripción suscita:

a. De conformidad con el artículo 7, mismo que dispone que cuando una entidad federativa se encuentre en desastre natural deberá solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a la instancia técnica facultada que corresponda, que corrobore la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.

Tal solicitud deberá estar suscrita por el titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa de que se trate o, en su defecto, por el servidor público facultado para tal fin, y deberá contener, entre otros aspectos, la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios u órganos político-administrativos que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión.

De lo anterior, cabe hacer la precisión que aun y cuando las entidades federativas son, en una primera instancia, las encargadas de incluir en sus correspondientes solicitudes de declaratoria de desastre los municipios u órganos político-administrativos que consideren que de manera particular sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate, atentos a lo dispuesto por los artículos 7 y 8 de las propias Reglas Generales, corresponderá de manera exclusiva a las instancias técnicas facultadas el corroborar mediante dictamen técnico notificado a la Entidad Federativa, la existencia del fenómeno en las demarcaciones territoriales solicitadas, lo cual implica que no necesariamente todos los municipios u órganos político-administrativos incluidos en una solicitud de Declaratoria de Desastre podrían ser corroborados como afectados.

b. La instancia técnica facultada tendrá hasta 3 días hábiles para notificar su dictamen de corroboración a la entidad federativa, debiendo marcar copia a la Coordinación General de Protección Civil y a la DGF (artículo 8 de las Reglas Generales).

c. En caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica facultada, el titular del Ejecutivo de la entidad federativa o el servidor público competente para tal efecto, deberá convocar a más tardar al día hábil siguiente a todas las instancias tanto federales como locales, a la instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), que tiene por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular. Dicho comité se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en subcomités que se agruparán por materia o sector.

Se estima necesario precisar que las acciones de evaluación de daños, competen exclusivamente al CED, por lo que esta Unidad Administrativa no tiene injerencia alguna en tales aspectos, ni cuenta con atribuciones para interceder en los resultados que en su momento pudiera reportar dicho cuerpo colegiado.

Por su parte, es en la instalación del CED correspondiente que la Entidad Federativa deberá entregar al representante de la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud de emisión de la declaratoria de desastre natural firmada por el titular del ejecutivo de la entidad federativa (artículo 9 de las Reglas Generales). Asimismo, desde la instalación del CED, las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas, podrán solicitar apoyos parciales inmediatos (APIN), con cargo al Fonden (artículo 11 de las Reglas Generales).

d. En los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la Declaratoria de Desastre Natural, y siempre que ésta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC), deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la Declaratoria de Desastre Natural respectiva (artículo 10 de las Reglas Generales).

e. A partir de la instalación del CED, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables) para realizarse la entrega de resultados del referido CED en donde se identificarán por sector afectado, los datos aludidos en el numeral 9 de los Lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales (en lo sucesivo los Lineamientos), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011.

Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (artículo 12, fracción III de las Reglas Generales):

• Cada subcomité deberá presentar a los miembros del CED los documentos que integran los resultados de la cuantificación y evaluación de daños de su sector, debidamente firmados por los responsables de las instancias federales y locales; y

• La entrega oficial de los documentos originales de los resultados señalados en el párrafo anterior a los representantes de oficinas centrales de las Dependencias y Entidades Federales coordinadoras del sector afectado, así como copia de los mismos a los representantes de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de la Segob.

f. A partir de la sesión de entrega de resultados del comité de evaluación de daños, las Dependencias y Entidades Federales, mediante solicitud formal del servidor público facultado para tal efecto, podrán solicitar anticipos respecto de un determinado sector afectado por el desastre natural, ante la UPCP, para realizar acciones de competencia cien por ciento federal y local, únicamente tratándose de aquellas obras y acciones que conforme a lo establecido en el artículo 22 de las reglas, se haya acordado su ejecución por las dependencias y entidades federales.

Los anticipos serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso Fonden hasta por un monto equivalente al cincuenta por ciento de la coparticipación federal que corresponda al Fonden y se deberán de ejercer con base en los programas de obras y acciones autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

La UPCP atenderá dicha solicitud considerando la emisión de la Declaratoria de Desastre Natural e instruirá al Fiduciario para que los recursos solicitados se pongan a disposición por cuenta y orden de las dependencias y entidades federales, informando a la Dirección General del Fonden, cabe señalar que los anticipas deberán regularizarse con la autorización de los recursos por el Comité Técnico.

g. Ahora bien, dentro de los cuatros días hábiles siguientes a la sesión de entrega de resultados, las Dependencias y Entidades Federales responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción y la Entidad Federativa, deberán establecer las obras que correrán a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno y su tiempo estimado de ejecución, las cuales figurarán como un anexo del Convenio de Coordinación (artículo 22 de las Reglas y numeral 11 de los Lineamientos).

Paralelamente, dentro de un plazo máximo de 7 días hábiles a partir de la sesión de entrega de resultados, la Dependencia o Entidad Federal deberá presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico definitivo de obras y acciones a la Segob, incorporando los diagnósticos preliminares presentados en dicha sesión (artículo 15 de las Reglas Generales y numeral 20 de los Lineamientos).

h. Una vez que cuente con la información antes descrita en el apartado que antecede y de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de las Reglas Generales, la Segob por conducto de la DGF, dentro de un plazo de dos días hábiles realizará las siguientes acciones:

• Elaborar, dictaminar y presentar la solicitud global de recursos a la UPCP en la que se incluirá su opinión respecto a si las solicitudes se ajustan a los contenidos previstos por las Reglas.

• Verificar que no exista duplicidad de acciones y que no se encuentren pendientes o en trámite solicitudes de APIN o anticipos.

• Verificar que no se soliciten recursos del Fonden para la reparación de daños ajenos al Desastre Natural en cuestión.

• Verificar que la infraestructura objeto de apoyo no haya sido materia de otros apoyos anteriores.

• Anexar las solicitudes de recursos elaboradas por las Dependencias y Entidades Federales, así como sus respectivos diagnósticos de obras y acciones, tanto de los programas de competencia local como federal.

i. Una vez que la Segob remite a la UPCP la solicitud de recursos, dicha instancia determinará si éstos se erogarán con cargo al Programa Fonden o al Fideicomiso Fonden (artículo 18 de las Reglas Generales). Cuando los recursos autorizados por la UPCP sean con cargo al Programa Fonden, la Dependencia o Entidad Federal deberá proceder a tramitar la ampliación líquida presupuestaria ante la Dirección General de Programación y Presupuesto sectorial que corresponda, como máximo, dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que la citada Unidad, haya hecho de su conocimiento el origen de los recursos. El trámite y ejercicio de los recursos se sujetarán a lo establecido por las disposiciones aplicables en la materia (artículo 19 de las Reglas Generales).

En los casos en que la Unidad de Política determine que los apoyos serán con cargo al Fideicomiso Fonden, convocará en un plazo no mayor a cinco días hábiles al Comité Técnico y presentará la información correspondiente recibida de la Segob, para la autorización de los recursos con cargo al patrimonio de dicho fideicomiso y, en su caso, instruirá al Fiduciario para que lleve a cabo las acciones necesarias para tal efecto (artículo 20 de las Reglas). Cabe señalar que en términos del anexo XVII de los Lineamientos, el Fiduciario pagará las cantidades correspondientes por cuenta y orden de la instancia ejecutora de que se trate, de conformidad con lo establecido en las Reglas Generales. Por su parte, tratándose de obras y acciones de competencia federal, el Fiduciario reservará los recursos correspondientes para atender los programas autorizados de las Dependencias y Entidades Federales.

Visto lo anterior, informamos que durante el presente ejercicio fiscal el Estado de Oaxaca ha ingresado a la Segob diferentes solicitudes de Declaratorias de Desastre Natural por la ocurrencia de diversos fenómenos naturales perturbadores en esa Entidad Federativa, dentro de las cuales, en el listado de municipios que se reportaron como afectados, figura en una de ellas el municipio de Asunción Nochixtlán y en otra el municipio de Magdalena Jaltepec, por lo que esta DGF considera oportuno informar respecto de las acciones que la Segob, por conducto de la DGF y a través del instrumento Fonden Reconstrucción ha llevado a cabo para la atención de las mismas, haciendo especial mención en que la información se encuentra actualizada al día de la fecha, y que de acuerdo a la propia dinámica del Fonden, y aún podría sufrir una constante actualización:

Fonden Reconstrucción

Estado de Oaxaca

Ocurrencia de movimiento de laderas los días 27, 28 y 31 de agosto, 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2011 en los municipios de Putla, Villa de Guerrero, heroica ciudad de Tlaxiaco, San Juan Diuxi y Asunción Nochixtlán del estado de Oaxaca.

• Mediante oficio IEPC/DG/JUR/020, de fecha 29 de agosto de 2011, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, el secretario General de Gobierno del estado de Oaxaca, contador público Jesús Martínez Álvarez, solicitó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la corroboración del fenómeno natural perturbador consistente en Movimiento de Ladera ocurrido los días 27 y 28 de agosto de 2011, en los municipios de Putla Villa de Guerrero y heroica ciudad de Tlaxiaco de dicha entidad federativa, ocasionado por las precipitaciones presentadas en los últimos días.

• Mediante oficio IEPC/DG/JUR/029, de fecha 8 de septiembre de 2011, de igual forma el secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca, solicitó al Cenapred la corroboración del fenómeno natural perturbador consistente en movimiento de ladera, subsidencia y hundimiento a consecuencia de las precipitaciones ocurridas los días 31 de agosto, 01, 02, 03, 04 y 07,08 de septiembre de 2011 en los municipios de Santiago Juxtlahuaca, San Juan Diuxi, Santa María Yucuhiti, San Juan Ixtaltepec, Teococuilco de Marcos Pérez, Yutanduchi de Guerrero, Guevea de Humbolt, Santos Reyes Nopala, San Juan Bautista Cuicatlán, San Andrés Zautla, San Agustín de la Juntas, Asunción Nochixtlán, San Miguel Soyaltepec y San Miguel del Río, de dicha entidad federativa.

• Con la finalidad de atender la solicitud contenida en el oficio IEPC/DG/JUR/020, el Cenapred emitió su opinión técnica mediante oficio H00-D.G./1051/2011, de fecha 5 de septiembre de 2011, disponiendo en su parte conducente que con base en la información fotográfica enviada por el Instituto Estatal de Protección Civil del estado de Oaxaca y la información técnica y documental recabada en medios de comunicación electrónicos, así como la información geológica, geotécnica y climática consultada por Internet y en la base de datos de ese Centro, se corrobora la ocurrencia de movimiento de ladera los días 27 y 28 de agosto de 2011, para los municipios de Putla Villa de Guerrero y heroica ciudad de Tlaxiaco del Estado de Oaxaca, mismos que pueden catalogarse como movimiento de laderas, flujos de suelos y rocas superficiales, detonados por las lluvias intensas que han azotado a la región en las últimas semanas.

• A través de oficio H00-D.G./1083/2011, de fecha 14 de septiembre de 2011, el Cenapred emitió también su opinión técnica sobre la solicitud referida en el oficio IEPC/DG/JUR/029, disponiendo en su parte conducente que con base en la información fotográfica enviada por el Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca y la información técnica y documental recabada en medios de comunicación electrónicos, así como la información geológica, geotécnica y climática consultada por Internet y en la base de datos de ese Centro, se corrobora la ocurrencia de movimiento de ladera, subsidencia y hundimiento los días 31 de agosto, 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2011, para los municipios de San Juan Diuxi, Yutanduchi de Guerrero y Asunción Nochixtlán del estado de Oaxaca. Dichos fenómenos pueden catalogarse como movimiento de laderas, caídos, flujos de suelos y rocas, detonados por las lluvias intensas que han azotado a la región en las últimas semanas. Ello, refiriendo adicional mente que para el resto de los municipios solicitados no se recibió suficiente información para hacer la corroboración.

• Con fecha 19 de septiembre de 2011, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de Instalación del CED, en la cual el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva.

• Una vez cubiertos los requisitos y formalidades que establecían las Reglas Generales, la CGPC emitió y publicó en el DOF de fecha 23 de septiembre de 2011, la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de movimiento de laderas los días 27,28 y 31 de agosto, 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de septiembre de 2011 en los municipios de Putla Villa de Guerrero, heroica ciudad de Tlaxiaco, San Juan Diuxiy Asunción Nochixtlán del estado de Oaxaca.

Al día de la fecha, y en atención al artículo 15 de las Reglas Generales, las dependencias federales normativas de los sectores vivienda e hidráulico estatal, ya han presentado a la Segob la solicitud de recursos correspondiente y el diagnóstico definitivo de obras y acciones, conforme a lo siguiente:

En el diagnóstico definitivo de obras y acciones de los sectores antes mencionados ya se han identificado expresamente las obras y acciones que serán atendidas por cada uno de los órdenes de gobierno en términos del artículo 22 de las Reglas Generales y los Lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales (Lineamientos de Operación), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011.

Abundando en las ideas anteriores, diremos que las obras a cargo de cada uno de los órdenes de gobierno y el tiempo estimado de ejecución para atender el fenómeno natural perturbador de referencia, son acordados en un anexo del Convenio Marco de Coordinación que, en atención al artículo 22 de las Reglas Generales, ya tuvieron a bien suscribir la Segob y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el gobierno de cada una de las entidades federativas con el fin de acordar los términos generales para la ejecución de obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal, que serán llevadas a cabo a través de las dependencias y entidades federales, por sí o a través de un tercero, hasta por el 50% con cargo al Fonden según se ha mencionado, y la entidad federativa por el porcentaje restante.

El anexo a que se refiere el párrafo que antecede, será suscrito exclusivamente por las dependencias y entidades federales responsables de la ejecución de obras y acciones de reconstrucción y por la entidad federativa dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la sesión de entrega de resultados del CED, con la intervención que en su caso corresponda al testigo social que designe el Gobierno Federal.

Asimismo, consideramos importante mencionar que la ejecución de las obras y acciones de reconstrucción que le corresponda llevar a cabo las Dependencias y Entidades Federales para la atención del fenómeno natural perturbador que nos ocupa, no estarán sujetas a que los recursos federales se ejerzan de manera concurrente con recursos de los otros órdenes de gobierno.

• No se omite señalar al día de la fecha aún nos encontramos a la espera de que los sectores Carretero Estatal, así como Educativo y Carretero Federal, remitan la totalidad de la información a-que refiere el numeral 20 de los Lineamientos de Operación, y que se permita a la Segob, por conducto de esta DGF, estar en posibilidad de dar cumplimiento a las acciones a que se refiere el artículo 16 de las Reglas Generales.

En ese mismo sentido, y de conformidad con el artículo 18 de las Reglas Generales, la UPCP, una vez que reciba de parte de la Segob la solicitud de recursos para la atención del desastre natural de mérito, determinará si éstos se erogarán con cargo al Programa Fonden o al Fideicomiso Fonden.

Ocurrencia de movimiento de laderas los días 17, 18, 18, 20, 21 y 22 de septiembre de 2011 en los municipios de Santa María Tataltepec, Santa María Yucuhiti y Magdalena Jaltepec del estado de Oaxaca

• A través del oficio IEPC/DG/JUR/033, de fecha 23 de septiembre de 2011, en cumplimiento del artículo 7 de las Reglas Generales, el secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, contador público Jesús E. Martínez Álvarez, solicitó al Cenapred, la corroboración del fenómeno natural perturbador consistente en Movimiento de Ladera, Subsidencia y Hundimiento, ocurridos los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre de 2011, en los municipios de Santa María Tataltepec, Santa María Yucuhiti y Magdalena Jaltepec, de dicha entidad federativa.

• Mediante oficio H00-D.G/1157/2011, de fecha 29 de septiembre de 2011, el Cenapred hace referencia al oficio IEPC/DG/JUR/033, mediante el cual se solicita que se corrobore la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores:

Movimiento de ladera, subsidencia y hundimiento, los días 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de septiembre del presente año, para los municipios de Santa María Tataltepec, Santa María Yucuhiti y Magdalena Jaltepec, del estado de Oaxaca, emitiendo su opinión técnica al respecto, misma que en su parte conducente dispone que con base en la información técnica y documental enviada por el Instituto Estatal de Protección Civil del estado de Oaxaca, así como la información recabada en medios de comunicación electrónicos y la recopilada durante la visita que personal del Cenapred realizó el 27 de septiembre de los corrientes en la comunidad de Santa Cruz Mitlatongo, del municipio de Magdalena Jaltepec, se corrobora la ocurrencia de dichos fenómenos, en los municipios de Santa María Tataltepec, Santa María Yucuhiti y Magdalena Jaltepec. Ello, señalando adicionalmente que los fenómenos de referencia pueden catalogarse como movimientos de ladera, caídos de rocas y flujos superficiales de suelos, detonados por las intensas lluvias que han, azotado a la región en las últimas semanas.

• Con fecha 3 de octubre de 2011, y con fundamento en el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de instalación del CED, en la cual el gobierno del estado de Oaxaca presentó la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

• Cabe señalar, que con fecha 28 de octubre de 2011, se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del CED y actualmente se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 22 de las Reglas Generales, a efecto de que se presente la solicitud de recursos y el diagnóstico definitivo de obras y acciones a la DGF, acompañado del respectivo anexo al Convenio Marco de Coordinación que ya han suscrito la Segob, la SHCP y el Gobierno del Estado de Oaxaca.

Una vez realizadas dichas acciones se podrá estar en condiciones de saber de qué manera y con qué montos se atenderán y apoyarán, finalmente y con cargo al Fonden, los daños ocurridos por los fenómenos perturbadores que hemos referido.

Sin otro particular por el momento, ofrezco atentamente a Usted, que no obstante la información que se proporciona en el presente oficio, quedo a sus órdenes en la siguiente cuenta de correo electrónico cnunez@segob.gob.mx, o bien, en el teléfono 01 55 51280000, extensión 11177 a efecto de que podamos aclarar cualquier duda o comentario que, respecto de dicha información, pudiera surgir.

Hago propicia la ocasión para saludarle cordialmente.

Notas

1 Mediante las cuales la Segob reconoce que uno o varios municipios órganos políticos de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación generada... que pueda causar un daño a la sociedad y proporcionar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2008.

a) De conformidad con el artículo 8 de los lineamientos, el titular del ejecutivo de la entidad.

3 La Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el caso de los fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el caso de incendios forestales, o bien el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el caso de los fenómenos geológicos.

4 Con las cuales se declara formalmente en zona de desastre natural a determinados municipios, así como a los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden.

5 Como se ha comentado, aquellas instancias facultades para corroborar la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador en una fecha y lugar determinado (la Conafor, la Conagua, y el Cenapred).

6 Los subcomités que se podrán constituir para cada uno de los sectores, son los siguientes: vivienda; infraestructura urbana; residuos sólidos; carreteras; hidráulico; educativo; salud; monumentos históricos, artísticos y arqueológicos; áreas naturales protegidas; pesquero y acuícola; forestal y de viveros, y zonas cesteras.

7 Entendiéndose estos, como los recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, para evitar mayores daños y proteger a la población.

8 Para efectos de las ROF las dependencias federales se considerarán normativas cuando realizan funciones de validación y supervisión de la ejecución de obras y acciones conforme a sus atribuciones; asimismo, se considerarán ejecutaras en el caso de que realicen acciones de competencia cien por ciento federal.

9 Los anticipas contribuirán a la realización de trabajos y obras prioritarias, por lo que se podrán fundamentar en evaluaciones preliminares, parciales, aproximadas, estimadas y acumulativas del desastre natural.

10 Según el artículo 5, fracción IX de las Reglas Generales, Dependencias Federales son las referidas en el artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH). Para efectos de las Reglas Generales, las dependencias federales se considerarán normativas cuando realizan funciones de validación y supervisión de la ejecución de obras y acciones conforme sus atribuciones: se considerarán ejecutoras en el caso de que realcen acciones de reconstrucción. Por su parte, las entidades federales son las entidades paraestatales a que se refiere el artículo 2, fracción XVI, de la LFPRH.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2011.— Licenciado Rubem Hofliger Topete (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

POLITICAS PUBLICAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-4173, signado por el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 4.1828/2011 suscrito por el licenciado Antonio Hernández Legaspi, consultor jurídico “A” de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 7 de noviembre de 2011.— Licenciado Carlos Angulo Parra (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Licenciado Carlos Angulo Parra, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Por instrucciones del licenciado Javier Arriaga Sánchez, m de Legislación y Estudios Normativos, hago referencia a su oficio SEL/UEL/311/3755/11, referente a su vez al oficio D.G.P.L 61-II-9-417 de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que establece:

Por lo que toca al exhorto “[...] al Presidente de la República, en su carácter de titular de la Administración Pública Federal, a implementar políticas públicas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación en nuestro país, así como promover la igualdad de oportunidades [...]”, cabe mencionar que la fracción XIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto.

En este sentido, la dependencia competente para implementar políticas públicas para prevenir y erradicar las conductas prohibidas en el artículo 1o. de la Constitución federal es la Secretaría de Gobernación, a través de un organismo descentralizado sectorizado a ésta, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual, precisamente se crea por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación como la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

Respecto del segundo punto, “el exhorto a las Entidades Federativas a introducir en su texto constitucional la garantía de No Discriminación que coadyuve a una convivencia social justa y digna para todas y todos”, debe advertirse que el Ejecutivo Federal no tiene injerencia en los procesos legislativos locales, pues es competencia de cada entidad federativa darse su propia Constitución, así como sus demás leyes en el ámbito de su competencia.

En todo caso, es facultad de la Secretaría de Gobernación conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios (fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), por lo que es esta dependencia quien, a juicio de esta Consejería, podría promover en el ámbito de su competencia la referida reforma.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Nota:

1 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo 17.- EI Consejo tiene como objeto: I.Contribuir al desarrollo cultural, social del país; II.Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; III.Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y IV.Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación

Atentamente

México, DF, a 1 de noviembre de 2011.— Licenciado Antonio Hernández Legaspi (rúbrica), consultor Jurídico “A”.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y DE PERSPECTIVA DE GENERO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima.— Poder Ejecutivo.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 61-II-4-1759, dirigido al titular del Ejecutivo estatal, mediante el cual da a conocer un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el cual exhorta a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en el trabajo cotidiano, me permito anexar al presente el oficio número S.F.A./C.E.001/2011, mediante el cual la maestra Martha Ofelia Martínez Llamas, coordinadora de Enlace de la Secretaría de Finanzas y Administración, informa sobre algunas actividades que se están llevando a cabo en dichos temas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterando a usted las muestras de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Colima, Colima, a 25 de octubre de 2011.Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez (rúbrica), director general de Gobierno.»

«Escudo.— Colima late pata todos.

Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, director general de Gobierno de la de la Secretaría General de Gobierno.— Presente.

En atención al oficio número DGG.-1133/2011 fechado el 19 de octubre del año en curso, hago de su conocimiento que la Secretaría de Finanzas y Administración se encuentra actualmente en proceso de recertificación del Modelo de Equidad de Género (MEG: 2003), Dicho distintivo garantiza el establecimiento de acciones afirmativas en favor del personal para detectar, combatir y, en su caso, erradicar los problemas de inequidad que se detecten dentro de la dependencia.

Asimismo, le informo que a través de la Dirección General de Recursos Humanos se desarrolla el proyecto líder: Escuela de Gobierno, mismo que está en preparativos para ofertar, a partir de enero de 2012, una serie de cursos en materia de equidad de género, dirigidos a todo el personal interesado del poder centralizado y descentralizado de gobierno del estado de Colima.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Colima, Colima, a 24 de octubre de 2011.— Maestra Martha Ofelia Martínez Llamas (rúbrica), coordinadora de Enlace de la Secretaría de Finanzas y Administración.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima.— Poder Ejecutivo.

Doctor J. Jesús Orozco Alfaro, decretario de Finanzas y Administración.— Presente.

Por instrucciones del secretario general de Gobierno, se le turna el oficio número D.GP.L 61-II-4-1759, dirigido al titular del Ejecutivo estatal, por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, en el cual da a conocer un punto de acuerdo en el que exhorta a capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género y a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano. Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, reiterando a usted las muestras de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Colima, Colima, a 19 de octubre de 2011.— Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez (rúbrica), director general de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  Estado de Guanajuato.— Poder Judicial.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión

Acuso recibo de su oficio número DGPL61_II-4-1757, de fecha 4 de los corrientes, con el cual recibí el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en esa misma fecha, por lo que informo que de manera permanente se llevan a cabo acciones para capacitar a nuestros servidores en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género; sin embargo, en atención a su exhorto, estaremos redoblando esfuerzos para generar las condiciones que así lo garanticen.

Al agradecerle su gentileza, aprovecho la ocasión de hacerle llegar un atento y cordial saludo.

Guanajuato, Guanajuato, a10 de octubre de 2011.— Licenciada María Raquel Barajas Monjarás (rúbrica), presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.— Poder Judicial.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, Cámara de Diputados— Presente.

Atento a su oficio número DGPL 31-II-4-1757, relativo al expediente 3115, mediante el cual hace de conocimiento la aprobación del punto de acuerdo en sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 4 de octubre en curso, en el que exhorta a los poderes del Estado a capacitar a sus servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género, así como a incorporar estos temas en el trabajo cotidiano; al respecto, me permito comunicar a usted que esta institución ya está realizando acciones tendientes a cumplir con tal fin.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 11 de octubre de 2011.— Doctor Miguel Ángel Falcón Vega (rúbrica), magistrado presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos.»

«Escudo.— Poder Judicial del Estado de Tabasco.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente.— Presente.

Estimado señor diputado, en atención al oficio número DGPL-II-4-1757, expediente número 3115, en donde se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidades federativas y del Distrito Federal a capacitar a sus servidores en materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectiva de género, como titular del Poder Judicial del Estado de Tabasco, me complace hacer del conocimiento de esa honorable legislatura que:

1. Que previamente a su exhorto, centrándonos en la equidad de género, el Poder Judicial del estado tiene establecido como política institucional, promover el trato igualitario entre los servidores y las servidoras judiciales; y ello se refleja en actividades permanentes de capacitación y adiestramiento en donde se impulsa la participación de hombres y mujeres, con la finalidad de mejorar las aptitudes y especializar a las servidoras y los servidores públicos que deseen ocupar puestos superiores.

2. Que somos el único Poder Judicial del país que desde 2008 obtuvo el distintivo MEG: 2003 del modelo de equidad de género por parte del Instituto Nacional de las Mujeres,de esta forma nuestra dependencia refrendó su compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en la institución así como la permanencia de condiciones de equidad de género.

3. Que en la actualidad en el poder judicial del estado de tabasco, tenemos un fenómeno interesante y es que de los mil 512 trabajadores que integran la plantilla laboral, mil 11 son mujeres y 501 hombres, reflejando dichos números el empoderamiento del sexo femenino en una institución dedicada a la administración e impartición de justicia; vale la pena resaltar que se encuentran ubicadas desde puestos considerados altos mando, como magistradas y consejeras, puestos mandos medios como juezas, coordinadoras y directivos, hasta personal sindicalizado o en lista de raya.

Esto demuestra que se ha fomentado positivamente los derechos laborales tanto para hombres como para mujeres.

4. Nuestro compromiso, también abarca el promover un clima laboral saludable, libre de conductas inapropiadas que traigan como consecuencia el malestar en las personas que laboran al interior de la institución y que a su vez, se refleja al exterior; máxime siendo una institución encargada de la impartición de justicia y en la cual la sociedad deposita su confianza para resolver los conflictos que se presenten.

Me es de suma satisfacción mencionar también, que actualmente se da seguimiento a los trabajos realizados desde la implementación, certificación y recertificación del modelo de equidad de género en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, y que se ha asumido como compromiso más no sólo del titular de la dependencia, sino de todo el personal que aquí labora, pues se entiende en beneficio propio y de la sociedad.

Sin otro particular me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Villahermosa, Tabasco, octubre 18 de 2011.— Magistrado Rodolfo Campos Montejo (rúbrica), presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tabasco.»

«Escudo.— Tabasco trabajar para transformar.

Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

De acuerdo a la información requerida en su oficio No. D.G.P.L. 61-II-4- 1759 de fecha 4 de octubre pasado, me permito informarle que este Instituto Estatal de las Mujeres como instancia rectora de género se ha ocupado en el tema, trabajando conjuntamente con las instancias que procuran y administran la justicia en el estado de Tabasco, así como con todas aquellas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en el Estado.

Con el inicio de las acciones programadas en el proyecto Fortalecimiento de las Políticas Públicas en el sector Laboral, Educativo y Procuración de Justicia con Perspectiva de Género en el Estado de Tabasco 2011, se han observado avances positivos que contribuyen a la incorporación de la institucionalización de la perspectiva género en las instancias estatales involucradas en los procesos de capacitación y profesionalización, en la cual han participado funcionarias y funcionarios de orden público de diferentes niveles, lo cual adquiere especial relevancia ya que para la consolidación de los objetivos establecidos en este proyecto es necesaria la participación plural y determinante de actoras y actores estratégicos en los diferentes sectores de la administración pública.

La incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y presupuestos representa un mecanismo fundamental para materializar el ejercicio de los derechos humanos y el avance de condiciones que propicien y fortalezcan la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando el avance en la construcción de una sociedad más justa.

Para consolidar esta propuesta ha sido necesario establecer acuerdos institucionales, que nos permitan avanzar en el logro de los objetivos planteados, en todas las vertientes representadas en este proyecto. Al interior de las instancias de mujeres en las entidades federativas, se han fortalecido competencias como la capacidad de trabajo en equipo, así como el liderazgo y realización de actividades de coordinación a nivel estatal y municipal. La actividad interinstitucional ha sido factor clave para el desarrollo de cada una de las acciones programadas.

Los avances del proyecto en este primer momento sustancial mente tienen que ver con la organización del trabajo, el establecimiento de acuerdos con las instituciones Involucradas en las metas programadas, así como el arranque de actividades sustantivas que evidencian el alcance a nivel de planeación estratégica. La respuesta de convocatoria ha sido satisfactoria, existe interés por parte del personal de la función pública, lo cual representa un factor importante para el logro de las metas, la disposición que han mostrado las instituciones para participar es un avance significativo, lo cual permite observar que el trabajo realizado en años anteriores en el marco del Programa de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, ha logrado impulsar y fortalecer la articulación de acciones y la respuesta institucional de la administración pública estatal y municipal.

De acuerdo a lo programado en la calendarización de actividades, se ha dado inicio con los procesos de capacitación, profesionalización, elaboración de programas y estrategias de incorporación de la perspectiva de género en la cultura institucional de las dependencias.

Las metas relacionadas con los procesos de capacitación a personal fortalecen las herramientas teórico metodológicas que permitan a las y los participantes incorporar la perspectiva de género en su quehacer institucional, impactando en la cultura institucional y a su vez en sus experiencias de vida, además de facilitar la elaboración de propuestas a partir del análisis de las responsabilidades, con lo que se espera no solo que las y los participantes adquieran conocimientos sino que los apliquen en su actuar cotidiano, en las responsabilidades que como servidoras y servidores públicos asumen y en el tratamiento de manera específica de los temas que tienen que ver con la atención, sanción y erradicación de la violencia de género, el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres y el posicionamiento de políticas públicas con perspectiva de género.

A manera de análisis se informa sobre el avance que guardan cada una de las metas del proyecto Fortalecimiento de las Políticas Públicas en el Sector Laboral, Educativo y Procuración de Justicia con Perspectiva de Género en el Estado de Tabasco 2011 hasta el momento:

Meta 1. 3 Talleres de 40 horas cada uno dirigido a 120 ministerios públicos para la aplicación de instrumentos internacionales a favor de las mujeres en los procesos y procedimientos penales.

Se han establecido los acuerdos con las dependencias encargadas de la administración e impartición de justicia para garantizar la participación de agentes del ministerio público y personal de seguridad. El proceso de capacitación se realizará en los meses de noviembre y diciembre, previo a esto se sostendrán reuniones para la revisión de metodología, diseñar instrumentos de evaluación pre- post, levantamiento de información de las y los participantes y organización de la logística de los talleres.

Meta 2: Fortalecimiento de 25 personas de las Dams mediante dos talleres de contención de 40 horas grupales y 4 sesiones individuales para cada una de ellas.

Se dio inicio el 27 de agosto con una sesión grupal contando con la participación de 28 personas se realizaron sesiones individuales los días 6, 7 y 8 de septiembre, en las que se atendió de manera individual al personal de las Direcciones de Atención a las Mujeres de los municipios de Huimanguillo, Jalpa, Jonuta, Balan Can, Jalapa, Macuspana y Comalcalco, Cárdenas, Nacajuca, E. Zapata, Tenosique, Teapa, Tacotalpa, Paraíso, Cunduacan, Centro y Centla.

Meta 3: Programa sobre el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras domésticas en el estado de Tabasco.

Las actividades para el logro de esta meta dieron inicio el 15 de septiembre de 2011 con la capacitación y conformación de una mesa redonda en la que se contó con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, CEDH, Infonavit, IMSS, Comisión del Trabajo y Previsión Social, la Cámara de Diputados, Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno, sindicatos (Federación de Trabajadores y Obreros Tabasqueños)

Meta 4: Maestría en estudios de género (un cuatrimestre), para 25 personas con la finalidad de desarrollar conocimientos teórico metodológicos a integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Con la finalidad de dar continuidad al proceso de profesionalización del personal de la administración pública estatal, se dio inicio el 26 de agosto con el cuatrimestre correspondiente de la maestría en estudios de género, contando con la participación responsable y entusiasta de 25 servidores públicos de dependencias integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres

Meta 5: Programa de apoyo a las mujeres en situación de riesgo de desastre para dar cumplimiento al Proes.

Para el desarrollo de esta meta se han establecido reuniones de coordinación con Protección Civil del Estado a nivel estatal y municipal, ejecutándose hasta el momento dos-reuniones y contando con la participación de 15 personas.

Meta 6: Diplomado superior en política pública para 20 personas del sector de la administración central (Finanzas, Planeación, Contraloría del IEM, integrantes del sistema) para incidir en el avance hacia la institucionalización de la PEG en el quehacer de la acción gubernamental.

El diplomado dio inicio en modalidad semipresencial el día 26 de agosto, el módulo presencial se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de septiembre contando con la participación de 20 servidoras y servidores públicos de las dependencias involucradas en el diseño y evaluación de planes estatales, las sesiones fueron impartidas por profesionales especialistas en temas de género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, quienes para el desarrollo de los temas utilizaron técnicas expositivas, reflexivas, prácticas y vivenciales.

Meta 7: Desarrollar 17 planes estratégicos de las Dam en materia de incorporación de la PEG a nivel municipal.

Con esta meta se pretende dotar a las Direcciones de Atención a las Mujeres, administración municipal de un plan estratégico para incorporar la transversalidad de la perspectiva de género municipal. En este sentido se ha realizado agenda para establecer reuniones en los 17 municipios iniciando el día 27 de septiembre con el municipio de Cárdenas, 28 de septiembre Emiliano Zapata y 30 de septiembre Nacajuca, participando 36 servidoras y servidores públicos de la administración municipal.

Meta 8: 2 Seminarios de 40 horas para el fortalecimiento institucional de 25 personas del IEM con los siguientes temas: 1) marco normativo de referencia; 2) estadísticas e indicadores con perspectiva de género, que les permitan disponer de las herramientas conceptuales metodológicas y operativas imprescindibles para dar respuesta a la política de igualdad en el estado.

Este proceso se llevó a cabo del 19 al 23 de septiembre, en el que participaron 25 servidoras y servidores públicos de las diferentes áreas que conforman el Instituto Estatal de las Mujeres. Lo cual asume vital importancia ya que el papel central del IEM es dirigir las políticas públicas con enfoque de género en la entidad, por lo que su personal debe contar con herramientas conceptuales, metodológicas y operativas que le permitan cumplir con sus objetivos.

Meta 9: 8 Talleres de 24 horas para 100 docentes de 2 regiones del estado para la implementación del libro género y violencia para quinto año de primaria en escuelas

Con la finalidad de dar continuidad al proceso de implementación del libro de quinto año de primaria con perspectiva de género se propuso el pilotaje del mismo a través de 8 talleres dirigidos a 100 docentes de dos regiones del Estado. Se ha propuesto trabajar con las regiones de Centro y la Chontalpa abarcando los municipios de Centro y Comalcalco. Hasta el momento del presente informe se han desarrollado 3 talleres contando en su conjunto con la participación de 46 docentes de la región del Centro.

Meta 10: Sistematización de los diagnósticos de cultura institucional y presentación de resultados.

En seguimiento a los diagnósticos de Cultura Institucional realizados durante los años 2009, 2010 y 2011 se realizará la sistematización de los diagnósticos elaborados, obteniéndose como resultado la propuesta a nivel estatal en función de Cultura Institucional con Perspectiva de Género. Este año se ha concluido la etapa diagnóstica con tres resultados finales correspondientes a las Secretarías de Planeación, Finanzas y Contraloría del Estado, contando con la participación de 230 servidoras y servidores públicos.

Meta 11: Elaboración del protocolo de hostigamiento y acoso laboral sexual, a través de 20 cursos de 8 horas en 20 dependencias del gobierno estatal centro de maestros

Debido a la importancia de realizar acciones que impacten en las políticas públicas en materia de cultura institucional, derechos humanos de las mujeres y prevención y atención de la violencia laboral y sexual se ejecuta talleres de sensibilización y análisis en materia de acoso laboral y sexual, obteniendo como resultado propuestas que permitan el desarrollo del protocolo de hostigamiento y acoso laboral sexual para el estado de Tabasco. Hasta la fecha la participación en esta meta asciende a 58 servidoras y servidores públicos de 3 instituciones del gobierno del Estado.

De igual forma, se adjunta relación de los diplomados y talleres que se impartieran bajo el proyecto Fortalecimiento Institucional para Potenciar las Acciones de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en Tabasco, así como el catálogo permanente de este Instituto Estatal de las Mujeres, que se imparte a quien lo solicite.

Aprovecho la oportunidad la enviarle un cordial saludo.

Villahermosa, Tabasco, a 24 de octubre 2011.— Profesora Leticia del Carmen Torres Pulido (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se remiten a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.

LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS - CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan:

I. El Poder Legislativo Federal;

II. El Poder Judicial de la Federación;

III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia;

IV. Los tribunales administrativos de la Federación;

V. La Procuraduría General de la República;

VI. La Presidencia de la República;

VII. Las dependencias federales, y

VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.

Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable.

En todo caso la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes:

I. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;

II. Reconocimiento del desempeño: La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes;

III. Equidad: La remuneración es proporcional a la responsabilidad del puesto;

IV. Fiscalización: La remuneración es objeto de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes;

V. Igualdad: La remuneración compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos;

VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente, y

VII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad.

Artículo 4. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Artículo 5. Los servidores públicos están obligados a reportar a su superior jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la demasía.

Se exceptúa de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Capítulo IIDe la determinación de las remuneraciones

Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se consideran las siguientes bases:

I. Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de:

a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales;

b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo;

c) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o

d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o de cumplir con un determinado perfil y, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley.

Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

III. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional.

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto.

IV. Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente:

a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales.

La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público;

b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto que convenga a sus intereses, y

c) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar.

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

La falta de dictamen se subsana. mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la incompatibilidad.

Capítulo IIIDe la presupuestación de las remuneraciones

Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán:

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la retención de contribuciones correspondiente:

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.

Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el personal operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y

b) Los límites mínimos y máximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas.

II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda.

III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo:

a) Cámara de Senadores;

b) Cámara de Diputados;

c) Auditoría Superior de la Federación;

d) Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Consejo de la Judicatura Federal;

f) Banco de México;

g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

h) Instituto Federal Electoral;

i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación;

1) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y

m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.

IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo.

Artículo 8. Durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno.

Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley.

Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas sean otorgadas, considerando que:

a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la remuneración.

b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables.

c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su remuneración.

Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos presupuestos.

Artículo 9. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.

Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la percepción.

Capítulo IVDe las percepciones por retiro y otras prestaciones

Artículo 10. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente público no sujeto a control presupuestal directo.

Artículo 11. Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato.

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Artículo 12. Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la cuenta pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.

Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública Federal.

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los límites máximos previstos en la Constitución y el Presupuesto de Egresos.

Capítulo VDel control, las responsabilidadesy las sanciones

Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente.

Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también ante la Secretaría de la Función Pública.

Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político.

Artículo 14. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al procedimiento correspondiente.

Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley:

I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos correspondientes;

II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas;

III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias;

IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando proceden, y

V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción.

Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias, así como la aplicación de las sanciones que corresponden, se desarrollan de conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública descentralizada, y en los entes autónomos.

Artículo 17. Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrá destitución e inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Y si excede del equivalente a la cantidad antes señalada se impondrá destitución e inhabilitación de cuatro a catorce años.

Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso.

Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley.

Artículo Segundo. Se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, con los artículos 217 Bis y 217 Ter, para quedar como sigue:

TÍTULO DÉCIMO Delitos Cometidos por Servidores Públicos

CAPÍTULO V BISDel pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos

Artículo 217 Bis. Además de las responsabilidades administrativa y política, incurre en el delito de remuneración ilícita:

I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley;

II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el ‘personal de tropa y clases de las fuerzas armadas.

Artículo 217 Ter. Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente se impondrán las siguientes penas:

I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito;

III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, y

IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 8 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo García Cervantes (rúbrica), vicepresidente;senador Arturo Herviz Reyes (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se turna a la Comisión de la Función Pública, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión

MONEDA CONMEMORATIVA

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

Atentamente

México, DF, a 26 de octubre de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

Valor nominal: Diez pesos.

Forma: Circular.

Diámetro: 28.0 mm (veintiocho milímetros).

Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda.

Aleación de alpaca plateada, que estará compuesta en los siguientes términos:

Contenido: 65 por ciento de cobre, 10 por ciento de níquel y 25 por ciento de zinc.

Tolerancia en contenido: 2 por ciento (dos por ciento) por elemento en más o en menos.

Peso: 4.75 gramos (cuatro gramos, setenta y cinco centésimos).

Tolerancia en peso por pieza: 0.190 gramos (ciento noventa miligramos) en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, esta aleación estará integrada como sigue:

Contenido: 92 por ciento (noventa y dos por ciento) de cobre; 6 por ciento (seis por ciento) de aluminio; y 2 por ciento (dos por ciento) de níquel.

Tolerancia en contenido: 1.5 por ciento (uno, cinco décimos por ciento), por elemento, en más o menos.

Peso: 5.579 gramos (cinco gramos, quinientos setenta y nueve milésimos).

Tolerancia en peso por pieza: 0.223 gramos (doscientos veintitrés miligramos), en más o en menos.

Peso total: será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la misma, que corresponderá a 10.329 gramos. (Diez gramos, trescientos veintinueve milésimos), y la tolerancia en peso por pieza 0.413 gramos (cuatrocientos trece miligramos), en más o en menos.

Los cuños serán:

Anverso: el Escudo Nacional con la leyenda ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de estas monedas será el que de conformidad con el artículo segundo transitorio del presente decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Comisión Especial Encargada de los Festejos del Sesquicentenario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 del Senado de la República. Dicho motivo deberá referirse, invariablemente, a la Batalla de Puebla.

Canto: Estriado.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Especial Encargada de los Festejos del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 del Senado de la República, enviará al Banco de México el diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el artículo único del presente decreto, a más tardar dentro de los 60 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que la Comisión Especial Encargada de los Festejos del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 del Senado de la República, no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, a fin de que se contenga en el reverso de la moneda.

La moneda a que se refiere el presente decreto, podrá comenzar acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño señalado en el párrafo primero del presente artículo.

Tercero. Corresponderá a la Casa de Moneda de México, realizar los ajustes técnicos que se requieran para que el motivo que proponga la Comisión Especial Encargada de los Festejos del CL Aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de Mayo de 1862 del Senado de la República, en los términos del artículo Único, así como del segundo transitorio de este decreto, pueda ser utilizado en el reverso de la moneda conmemorativa a que se refieren los citados artículos.

En todo caso, los ajustes técnicos que se realicen en los términos de este artículo, deberán ser acordes con las características esenciales del motivo propuesto.

Cuarto. Corresponderá al Banco de México, cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual, derivado del diseño de acuñación de la moneda a que se refiere el presente decreto.

Quinto. El año de acuñación a que se refieren los decretos que fijan las características de las monedas previstas en el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, será el que el Banco de México indique en las correspondientes órdenes de acuñación que envíe a la Casa de Moneda de México.

Cámara de Senadores, a 26 de octubre de 2011.— Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica), vicepresidente;senadora Ludivina Menchaca Castellanos (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE - LEY GENERAL PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo.— LXIII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputado Emilio Chuayffet Chemor, Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 263/2011 I P.O., así como del dictamen que le dio origen, por medio del cual esta honorable soberanía presenta iniciativa con carácter de decreto ante el honorable Congreso de la Unión, mediante la cual se propone reformar los artículos 3 y 33 de la Ley General de Educación; 8 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Sin otro particular de momento, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Chihuahua, Chihuahua, a 4 de octubre de 2011.— Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica), presidente del honorable Congreso del Estado.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del estado de Chihuahua.— Secretaría.

Acuerdo número 263/2011 I P.O.

La Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional

Acuerda

PRIMERO. Presentar iniciativa con carácter de decreto ante el honorable Congreso de la Unión, mediante la cual se propone reformar los artículos 3o. y 33 de la Ley General de Educación; 8 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar corno sigue:

Artículo Primero. Se reforma el artículo 3o. y se adiciona una fracción XVI al artículo 33, ambos de la Ley General de Educación, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. En estos niveles y en sus diversas modalidades, el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación física y a la práctica del deporte. Estos servicios se prestarán en el marco de federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de -los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 33. ...

I-XV...

XVI. Destinarán recursos suficientes para garantizar el acceso a la educación física y la práctica del deporte a todos los alumnos de los niveles y modalidades educativos cuya obligación corresponde al Estado.

Artículo Segundo. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 8 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 8. ...

...

La Conade, en coordinación con la SEP, promoverán la asignación de recursos suficientes para que esta última garantice el acceso a la educación física y la práctica del deporte, a los alumnos de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo cuya obligación corresponde el Estado.

Artículo Tercero. Se reforma la fracción XIV y se adiciona la fracción XV, recorriendo el contenido de la fracción XIV a la XV, del artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 12. ...

I-XIII. ..

XIV. En coordinación con la Comisión- Nacional del Deporte, promoverá las partidas presupuestales que permita la asignación de los recursos humanos especializados suficientes, para garantizar el acceso a la educación física y la práctica del deporte, a los alumnos con discapacidad del sistema educativo cuya obligación corresponde al Estado.

XV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como del dictamen que le dio origen, al honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil once.— Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (rúbrica), presidente;diputado Jaime Beltrán del Río (rúbrica), secretario;diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnense a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—  LIX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.

Ciudadano Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

El suscrito, diputado Carlos Germán Pavón Flores, en mi carácter  de presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del estado de Yucatán, me permito hacer de su conocimiento que el trece de octubre del año en curso, en sesión del pleno se aprobó un acuerdo mediante el cual se eleva a calidad de iniciativa la minuta con proyecto de decreto de reforma para adicionar un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se fije como mínimo el 2% de los presupuestos de las entidades a los poderes judiciales estatales para fortalecer la independencia de dichos poderes.

Lo anterior, para los efectos del artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se adjunta dicho acuerdo con su expediente respectivo y que contiene los siguientes documentos:

Iniciativa de acuerdo de fecha 12 de julio de 2011 suscrita por la ciudadana Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, gobernadora constitucional del estado, con el que propone elevar a iniciativa la minuta con proyecto de decreto de reforma para adicionar un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de Gobernación y Puntos Constitucionales, en sesión de fecha 12 de octubre de 2011.

Minuta del acuerdo aprobado en sesión del pleno de fecha trece de octubre de 2011 para elevar a iniciativa la minuta con proyecto de decreto de reforma para adicionar un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acta de la sesión de fecha trece de octubre de 2011 en la que se aprobó el acuerdo para elevar a iniciativa la minuta con proyecto de decreto de reforma para adicionar un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Original del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 14 de octubre de 2011, donde se publicó el Acuerdo para elevar a iniciativa la minuta con proyecto de decreto de reforma para adicionar un séptimo párrafo a la fracción 111 del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anteriormente expresado, agradecemos de antemano la atención que le brinden a la presente, reiterando la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Mérida, Yucatán, a 28 de octubre de 2011.— Diputado Carlos Germán Pavón Flores (rúbrica), presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado de Yucatán.— Poder Ejecutivo.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política y 18 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, ambas del estado de Yucatán, emite el siguiente

Acuerdo

Artículo Único. El honorable Congreso del Estado de Yucatán, en ejercicio del derecho de iniciar leyes y decretos previsto en el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba elevar a calidad de iniciativa de decreto ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la reforma para adicionar un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Decreto

Artículo Único. Se adiciona un séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 116. ...

...

I. ...

II. ...

III. ...

El Poder Judicial de los estados gozará de independencia financiera, la que será garantizada mediante la asignación de un presupuesto que no será inferior al dos por ciento del total del gasto programable de los presupuestos de egresos anuales de las entidades y no podrá ser disminuido respecto al del año anterior. Las leyes de cada entidad federativa establecerán la forma y términos en que se fijará anualmente el presupuesto

Transitorios

Artículo Primero. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Artículo Segundo. La Secretaría General del Poder Legislativo deberá presentar formalmente esta iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión, remitiendo el correspondiente Diario Oficial del Gobierno del Estado, para los efectos legales que correspondan.

Artículo Tercero. Remítase la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las demás legislaturas de los estados, solicitándoles su adhesión a favor de la misma para que presenten de igual forma su iniciativa respectiva al honorable Congreso de la Unión.

Dado en la sede del recinto del Poder Legislativo en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los trece días del mes de octubre del año dos mil once.— Diputado Carlos Germán Pavón Flores (rúbrica), presidente;diputado Pedro Francisco Couoh Suaste (rúbrica), secretario;diputada Leticia Dolores Mendoza Alcocer (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, Adolfo Toledo Infanzón, senador de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La principal exigencia de la población del país es la seguridad pública. Más allá del creciente nivel de desempleo, la desigualdad de oportunidades, el atraso social, la impunidad, la corrupción, la deficiencia en educación, etcétera, el principal lastre de este gobierno es justamente la espiral creciente y generalizada de la violencia en prácticamente todo el territorio nacional.

De ahí que, al ser uno de los principales compromisos de nuestro grupo parlamentario: la consecución del bienestar de la población, propongamos la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de establecer que las personas físicas podrán hacer deducible los gastos por concepto del servicio de monitoreo de alarma en sus domicilios, contribuyendo el Estado a la seguridad de miles de hogares en todo el país.

Sobre el particular, cabe destacar que actualmente el servicio de alarma residencial no constituye en modo alguno un lujo, sino más bien una necesidad innegable ante la espiral de violencia en el país. Por lo tanto, si partimos del entendido de que las autoridades en los tres órdenes de gobierno están demandando la participación activa de la ciudadanía, cabe colegir entonces que el monitoreo de alarma en casa-habitación representa una encomiable función de vigilancia con dos claros objetivos, donde el primero sería la prevención del delito concretamente, mientras que el segundo tendría un carácter reactivo, al comunicar a las corporaciones de seguridad pública en tiempo real una situación de emergencia que eventualmente permitirá la detención de los delincuentes, pero que también dará mayor certeza a los indicadores de seguridad a nivel nacional, al hacer las veces de denuncia.

Por tal motivo, consideramos pertinente la propuesta de que el Estado coadyuve con la economía familiar, reconociendo que su ineficacia ha obligado a miles de mexicanos a recurrir a este tipo de tecnología para evitar sufrir un menoscabo en su patrimonio. En suma, es necesario que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la desafortunada situación que actualmente impera en nuestro país.

Las acciones para combatir y erradicar al flagelo de la delincuencia en nuestro país no pueden esperar más. Es necesario, por lo tanto, que el Estado mexicano asuma toda su responsabilidad en una materia tan sensible como lo es la seguridad pública. El Estado y la sociedad enfrentan una crisis sin parangón, pues el agravio a la sociedad entera se traduce en una deslegitimación total y absoluta de las instituciones del Estado y de los entes encargados de velar por su seguridad. Bajo esta tesitura, debemos de ser consientes de la enorme responsabilidad que tenemos en la lucha contra la delincuencia.

De conformidad con lo expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se adiciona una fracción IX al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. ...

I. a VIII. ...

IX. Los pagos por el servicio de monitoreo de alarma en casa habitación, siempre que el propietario sea el mismo contribuyente.

...

...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2011.— Senador Adolfo Toledo Infanzón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.

LEY GENERAL DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Guajardo.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde la curul): En el orden del día circulado y el aprobado, aparece en el número uno justamente la aprobación de la minuta del Senado que establece la ley reglamentaria del artículo 25 constitucional en materia del sector social, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Así es. Tengo noticias de que este punto, al ser discutido en la Junta de Coordinación Política, fue apoyado por el PRI y el PRD para que se ventilara de inmediato, pero Acción Nacional ha solicitado que lo pospongamos sólo tres puntos después del actual, para verlo en cuarto término, con el objeto de tratar de lograr un consenso.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (desde la curul): Entendido, señor presidente. Nada más quiero recordar en este pleno que el dictamen de comisiones, tanto de Economía como de Fomento Cooperativo, fue por unanimidad de todos los partidos políticos representados y ayer también fue aprobado por unanimidad de la Junta. Pero sin duda, atendiendo la solicitud que usted hace, esperaremos el turno. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Le agradezco a usted su comprensión y haremos del conocimiento de la asamblea ese punto en el lugar número cuatro.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El punto del orden del día en discusión es el dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud.

Estas comisiones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81 y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al examen de la minuta descrita, y presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 8 de agosto de 2007, los d iputados Ector Jaime Ramírez Barba, Margarita Arenas Guzmán, Martín Malagón Ríos, Efraín Arizmendi Uribe, Antonio Muñoz Serrano y Adriana Vieyra Olivares, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,presentaron al pleno de la comisión permanente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 y adiciona el 104 Bis de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados la iniciativa de mérito para realizar estudio y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 24 de abril de 2008, las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología emitieron dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 100 y adiciona el 104 Bis de la Ley General de Salud.

3. Con fecha 28 de octubre de 2008, el pleno de la honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen de referencia remitiéndolo en calidad de minuta al Senado de la República.

Con la misma fecha, la Presidencia de la honorable Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

4.  Con fecha 7 de diciembre de 2010, las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos  emitieron dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud para realizar su estudio y dictamen correspondiente.

5. Con fecha 22 marzo de 2011, el pleno del honorable Senado de la República aprobó el dictamen de referencia remitiéndolo en calidad de minuta al la honorable Cámara de Diputados.

Con la misma fecha, la Presidencia de la honorable Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud para realizar el estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la minuta

Incluir dentro de las responsabilidades de las instituciones de atención a la salud el proporcionar atención médica a la persona que sea sujeta a estudios de investigación y que por éstos sufra algún daño en su salud, si estuviere relacionado directamente con ésta, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.

III. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su  párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud [...] y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La investigación científica y tecnológica es un tema que aparece recurrentemente en nuestro entorno, es así que el derecho a la protección de la salud cuenta entre sus finalidades con el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Hoy por hoy el progreso de la medicina se basa íntegramente en la investigación científica, la cual recurre en muchas ocasiones al desarrollo de la investigación clínica en seres humanos.

En el marco normativo para la investigación en salud se hallan tratados y pronunciamientos internacionales, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Salud (LGS) con su normativa reglamentaria, la legislación constitutiva de las diferentes instituciones públicas de salud y sus ordenanzas de menor jerarquía. Todas ellas componen el encuadre que asegura y hace viable y factible la investigación en salud.

Actualmente, los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados están comprometidos con dicho tema, tal es el ejemplo de la aprobación el 28 de abril pasado de una iniciativa propuesta por la diputada María Cristina Díaz Salazar: Dicha iniciativa considera sustancial y necesario potenciar los beneficios de fomentar el ejercicio de protocolos de investigación clínica, tanto para atraer recursos y avanzar la práctica médica, como por la importante función social que guardan al permitir a pacientes tener acceso a cuidados óptimos de salud. Asimismo permitir la participación de terceros autorizados para emitir dictámenes que coadyuven a la autorización de los protocolos de investigación clínica, con la finalidad de optimizar los procesos de aprobación, haciendo explícita la posibilidad de que inicien al mismo tiempo los procesos de emisión del dictamen técnico por parte de terceros autorizados y el de aceptación por parte de la institución donde se pretenda conducir la investigación.

Tercera. No obstante lo anterior y de manera complementaria a la reforma antes mencionada, es preciso establecer en la Ley General de Salud, la importancia de asegurar los derechos de las personas que se someten a alguna intervención en virtud de su participación en investigaciones en seres humanos, siendo ese, el motivo de la iniciativa.

Igualmente y desde el punto de vista metodológico, la validez de los estudios de investigación depende en gran medida de un tamaño muestral suficiente y de la adherencia de los participantes a los protocolos de investigación, previo cumplimiento de los requisitos bioéticos y administrativos correspondientes.

Al perder los participantes-derechohabientes su calidad de asegurados, se provoca la atrición, especialmente en los estudios prolongados y de intervención en los que es necesaria la vigencia de derechos, a fin de seguir prestando al paciente los servicios auxiliares de diagnóstico, consulta e intervenciones, en beneficio de la salud del paciente, y que el protocolo de investigación tenga previsto, mismas que conforman los datos necesarios para concluir dichos estudios.

Cuarta. El derecho del sujeto en investigación está regulado en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, para recibir atención médica hasta que terminen los efectos de la investigación, es decir, por daños causados directamente por la investigación o relacionados con la misma; además establece que es responsabilidad de la institución la disponibilidad del tratamiento a que legalmente tendría derecho.

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, en el artículo 19 establece:

Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.

Quinta. A pesar de que el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud contempla esta responsabilidad, se debe precisar que este es solo el instrumento jurídico para que se puedan desarrollar los requisitos y características, así como las medidas de seguridad, ejecución y seguimiento, que deben cumplir todos los involucrados en dichas investigaciones, sin embargo es importante que en la Ley General de Salud se establezca la base para el desarrollo de la investigación en seres humanos y de esta manera la responsabilidad de la institución para proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.

Estas comisiones dictaminadoras, en el argumento de que el objeto de un reglamento es ser un instrumento jurídico que nos permita llegar al detalle de las situaciones contempladas en el orden normativo superior, en este caso la Ley General de Salud; lo que en la esfera administrativa hace posible afrontar de manera equitativa problemas que se presentan dentro de la dinámica social.

Sexta. Respecto al supuesto establecido en la adición aprobada el 23 de octubre del 2008 en la Cámara de Diputados, que dice:

Para ello, el responsable de la investigación, deberá prever recursos, para el caso de pérdida de derechohabiencia, seguro médico u otra forma de financiamiento, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

La colegisladora ocupa el argumento antes mencionado, esta vez en sentido negativo, respecto a que los reglamentos son el instrumento jurídico para regular requisitos, características, medidas de seguridad, etcétera, y este supuesto debería ser regulado dentro del reglamento y no en la ley.

Estas comisiones unidas no coinciden totalmente con dicha iniciativa , ya que en la ley si puede estipularse la designación de recursos para el caso de pérdida de derechohabiencia y en el Reglamento estipular los mecanismos para la obtención de estos recursos y la forma bajo la cual se administren (por ejemplo un fideicomiso); sin embargo, el que la persona responsable de una investigación, deba prever recursos para este supuesto, significa reunir recursos financieros para que las personas sujetas a investigación adquieran seguridad social, aspecto que no se considera conveniente ya que la gente usaría este procedimiento para obtener este beneficio y no para cumplir con el objeto principal que es la investigación en seres humanos.

Es por ello que los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología  concluyen que la reforma es de aprobarse en sus términos, con la finalidad de dar a la investigación un tratamiento humano en el que prevalezcan los derechos de los pacientes y la participación corresponsable de las partes.

Por las razones expuestas y fundamentadas, y para los efectos de la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para ser la VIII, al artículo 100 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se adiciona una fracción VII, recorriéndose la actual para ser la VIII, al artículo 100 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 100. ...

I. a V. ...

VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, invalidez o muerte del sujeto en quien se realice la investigación;

VII. Es responsabilidad de la institución de atención a la salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño, si estuviere relacionado directamente con la investigación, sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda; y

VIII. Las demás que establezca la correspondiente reglamentación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2011.

La Comisión de Salud, diputados:Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), presidente; Marco Antonio García Ayala (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica en abstención), Rosalina Mazari Espín, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica), Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez (rúbrica), Carlos Alberto Ezeta Salcedo (rúbrica), María del Pilar Torre Canales (rúbrica), secretarios; Felipe Borja Texocotitla (rúbrica), Yolanda de la Torre Valdez, Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Clara Gómez Caro (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), José Manuel Hinojosa Pérez, José Luis Marcos León Perea (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Ana Elia Paredes Árciga (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Sergio Tolento Hernández (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Laura Piña Olmedo (rúbrica), Leticia Quezada Contreras (rúbrica), Oralia López Hernández (rúbrica).

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Óscar Román Rosas González, secretarios; Pedro Ávila Nevárez (rúbrica),  Alejandro del Mazo Maza (rúbrica), José Alberto González Morales, Tomás Gutiérrez Ramírez, Juan Enrique Ibarra Pedroza, Aarón Irízar López (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Óscar Lara Salazar, Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Oralia López Hernández, José Trinidad Padilla López, César Octavio Pedroza Gaitán, María Isabel Pérez Santos, Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tienen la palabra para hablar en pro del dictamen, hasta por tres minutos, los diputados: Eduardo Robles Medina y Heladio Verver y Vargas Ramírez. Hace uso de la palabra el primero de los mencionados.

El diputado Eduardo Robles Medina: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que emitieron conjuntamente las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología —de las cuales formo parte—, aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 y recorre la fracción VII vigente para convertirla en VIII.

Tiene por objeto elevar a rango de ley el contenido textual del artículo 19 del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación para la salud.

Con esta reforma se logra establecer, como base para el desarrollo de las investigaciones para la salud aplicadas en seres humanos, que las instituciones de atención a la salud se hagan responsables en proporcionar atención médica a la persona que sea sujeta a estudios de investigación y que por éstos sufra algún daño en su salud, si el mismo estuviere relacionado directamente con ésta. Ello sin perjuicio de la indemnización que legalmente corresponda.

Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen emitido en sentido positivo por las comisiones de Salud y de Ciencia y Tecnología, porque estamos ciertos que una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

De acuerdo con la fracción IX del artículo 3o. de la misma ley, es materia de salubridad la coordinación de la investigación para la salud y el control de éste en los seres humanos, materia ligada indiscutiblemente a los derechos de los sujetos de investigación.

El contenido que el decreto del dictamen aprueba ratifica los preceptos relativos a la seguridad de los sujetos de investigación y que se han consagrado históricamente en la Declaración de Helsinki que establece que deben tomarse todas las precauciones del caso para reducir al mínimo el impacto del estudio en la integridad  física del participante.

Asimismo, el contenido del decreto aprobado mediante el dictamen ratifica los preceptos emitidos mediante las pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación biomédica en seres humanos de la Organización Mundial de la Salud conocidas como pautas CIOMS. Mediante las mencionadas pautas éticas, la Organización Mundial de la Salud establece a favor de los sujetos de la investigación el derecho a tratamiento y compensación de sujetos perjudicados.

Lo anterior significa que las investigaciones deben garantizar que los sujetos de investigación que sufran algún perjuicio como resultado de su participación en una investigación tengan derecho a tratamiento médico gratuito.

Concluyo, diputado presidente.

Los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen porque representa la oportunidad para ratificar nuestros principios partidistas que nos dotan de la convicción de ratificar con nuestras acciones la brega eterna a favor de la dignidad humana y de la protección de la integridad física y moral de la persona. Es cuanto, diputado, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gerardo Verver y Vargas Ramírez.

El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez:Con su venia, presidente. Buenos días a todas, buenos días a todos, esta modificación de la Ley General de Salud intenta elevar a rango de ley algo que está contemplado en el reglamento.

Los procedimientos, los dispositivos médicos, las intervenciones y los medicamentos que son utilizados por las y los humanos tienen que pasar por un proceso de investigación que comienza probablemente en el laboratorio.

Después de ahí sigue el experimento en animales y al final, en las fases III y IV se hace experimento en humanos voluntarios o en personas que en el protocolo de su atención acepta que el método, el medicamento, la actividad o el dispositivo médico todavía no está autorizada para su utilización sino que está en una fase última de investigación.

Cuando se hace esto, en todos los países desarrollados, el que está realizando la investigación y la que lo financia y patrocina adopta las responsabilidades si existieran circunstancias secundarias en perjuicio de la salud de las personas.

En nuestro país esta circunstancia estaba en el rango de un reglamento, no estaba a nivel de ley. De tal manera, que una persona que tuviera derechohabiencia de alguna institución de seguridad social que haya sido participante de este protocolo y por alguna razón la perdía, estaba en la posibilidad de que si había consecuencias, no fueran cubiertas por ellos; una persona que tuviera un seguro de gastos médicos, que aplica el procedimiento, tiene consecuencias o tiene daño, y ella deja de tener el seguro de gastos médicos, no había la posibilidad de poderlo cubrir.

Por eso, el decreto que modifica las fracciones VII y VIII del artículo de la Ley General de Salud lo que contempla es que las personas que están en esta circunstancia queden protegidos y sujetos a un amparo; a su amparo personal de que van a ser cubiertos.

Lo más determinante es que es una actitud muy noble; se prestan a resolver su problema y a dar futuro en la investigación en el resto de las otras personas, en caso de que ese procedimiento sea utilizado después.

Los invito a todas y los invito a todos a votar a favor de este dictamen. El Partido de la Revolución Democrática identifica la gran posibilidad que es el avance de la ciencia, pero también el respeto a la integridad de los seres humanos en la parte más importante: su salud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Saludamos a alumnos del Colegio Concepción Cabrera, del Distrito Federal, que fueron invitados por la diputada Paz Gutiérrez Cortina. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 346 votos en pro, 0 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 346 votos el proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 100 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11 a 13 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 8 de diciembre de 2010, la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Derechos Humanos (expediente 3422), para el análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero en su iniciativa propone incorporar de manera plena un lenguaje incluyente, el principio de no discriminación y el interés superior de la infancia que permitan vivir una vida libre de violencia. Para ello, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres, niños y personas mayores de 60 años, sugiere diversas modificaciones a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), mismas que se analizan en el presente dictamen, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

1. La diputada proponente sugiere incorporar en el artículo 5 de la LFPED relativo a las conductas que no se considerarán discriminatorias “el trato diferenciado que en su caso reciba una persona discapacitada”. Al respecto, esta comisión dictaminadora considera necesario destacar el contenido del párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Y por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), en sus dos primeros artículos estipula:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Artículo 2. Corresponde al estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

De manera particular el artículo 5 de la LFPED, contempla en su fracción II, que no serán consideradas conductas discriminatorias las “distinciones basadas en capacidades o conocimientos especializados para desempeñar una actividad determinada.”

Sumado a lo anterior, en el artículo 13 de esta misma ley, se establece como una obligación para los órganos públicos y las autoridades federales, dentro de su competencia, llevar a cabo diversas medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, cuyo listado es enunciativo más no limitativo. Dentro de estas medidas, se pretende colocar a las personas con discapacidad en condiciones que les permitan ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente, dentro de un principio de no discriminación.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por nuestro país mediante decreto publicado el 24 de octubre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, dispone en su artículo 4, numeral 1 que:

1. Los estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad...

En este sentido, esta dictaminadora estima pertinente recordar que siempre debe prevalecer en nuestro marco jurídico para que a todas las personas les sea respetado su derecho a la dignidad, como una base y condición de los demás derechos fundamentales.

Luego entonces, resulta innecesario adicionar la fracción que se propone, toda vez que de conformidad con los criterios legales antes señalados, además del objetivo y contenido de la LFPED, el trato diferenciado que se brinda a las personas con discapacidad no constituye una conducta discriminatoria, toda vez que dentro de una cultura de no discriminación inmersa en la citada ley, se pretende consolidar la exigencia constitucional e internacional de brindar trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, sin que esto implique la necesidad de especificar, de manera reiterada, el trato que se debe brindar a las personas con discapacidad.

2. La propuesta de reforma que realiza la diputada Camacho, a la fracción III del artículo 10, relativa a las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres, con el fin de que se realice “la promoción de campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres”, fortalece los criterios y disposiciones contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo instrumento entró en vigor para el Estado mexicano el 3 de septiembre de 1981.

Este instrumento internacional contempla, entre otros principios, la adopción de las medidas necesarias que tengan como propósito suprimir la discriminación hacia las mujeres en todas sus formas y manifestaciones, razón por la que los estados parte, “convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”. Por lo que, para el tema que nos ocupa, asumen el compromiso de:

Artículo 2. ...

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

En este mismo sentido, el artículo 10 de este instrumento mandata que los estados parte, “adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.” De manera particular, en el inciso h de este artículo prevé el “acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.”

Por lo anterior, esta dictaminadora como lo manifestó en su sesión del 2 de junio de 2011, al aprobar la adición de la fracción V al artículo 10 de la LFPED, consideró fundamental establecer como una medida positiva y compensatoria a favor de la igualdad de las mujeres, ofrecer “información completa y actualizada sobre los derechos de las mujeres y la forma e instituciones ante los cuales pueden ejercerse”. En tal virtud, la propuesta que se hace en la presente iniciativa es innecesaria retomarla en el presente dictamen, en virtud de la aprobación antes referida.

Por lo tanto, esta comisión comparte el criterio de la diputada Camacho al proponer la adición, en este mismo artículo, de la “...promoción de campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres”. Cuya sugerencia se encuentra implícita en la aprobación de la reforma antes mencionada, en virtud de que la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y su correspondiente sensibilización, se encuentran contempladas dentro de los derechos de las mujeres. Por ende, hablar de “información completa y actualizada” en la difusión de tales derechos, conlleva la realización de distintas acciones de política pública que se deben realizar para dar mayor certeza al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

3. De las propuestas que realiza la diputada en su iniciativa, relativas a las reformas al artículo 11 de la LFPED, esta dictaminadora expone el análisis correspondiente de cada una. Al efecto, el texto vigente contempla, en su parte conducente, lo siguiente:

Texto vigente

Artículo 11. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños:

I. ...

II. ...

III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil, incluyendo a menores con discapacidad;

IV. Promover las condiciones necesarias para que los menores puedan convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

V. ...;

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas;

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados, y

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete, en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente.

Propuesta

Artículo 11. ...

I. ...

II. ...

III. Promover el acceso a centros de desarrollo infantil a todas las niñas y niños sin ejercer ninguna forma de discriminación.

IV. Promover las condiciones necesarias para que la niñez pueda convivir con sus padres o tutores, incluyendo políticas públicas de reunificación familiar para migrantes y personas privadas de la libertad;

V. ...

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas, entre ellos los que promuevan y difundan los derechos humanos, de manera particular los derechos humanos de la infancia, y fomenten los principios de igualdad y no discriminación.

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen la calidad de vida de las niñas y niños de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todas las niñas y niños víctimas de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados,

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete, en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente, y

X. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las niñas y los niños.

Al respecto, en relación a la adición que propone para la fracción III esta dictaminadora considera que la especificación para que se promueva el acceso a los centros de desarrollo infantil “a todas las niñas y niños sin ejercer ninguna forma de discriminación” es innecesaria en virtud de que reitera la misión y naturaleza de la LFPED, toda vez que su contenido busca evitar cualquier acto de discriminación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley, citado con antelación.

Y en todo caso, al proponer la eliminación de la especificación para que se incluya a menores con discapacidad, en la promoción de acceso a centros de desarrollo infantil conlleva un acto precisamente de discriminación en contra de esta población.

Por lo que se refiere a la modificación dentro de la fracción IV para sustituir el término de “los menores” por el de “la niñez”, cabe señalar que el Código Civil federal establece la expresión de “menor” tratándose de infantes. En este mismo tenor, los conceptos de “menor” y “niñez” son figuras análogas que de igual manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha considerado en sus distintas tesis jurisprudenciales.

Por su parte, en el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone en su artículo 1 que “Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”

Y dentro de la ley que nos ocupa, se menciona a los “menores” sin que se especifique entre niños, niñas, adolescentes o menores, razón por la que de estimarse necesario se tendría que sustituir la denominación de “menor” por la de “niñez” en las distintas disposiciones de esta ley, lo que evidentemente implica que esta dictaminadora exceda las facultades que tiene concedidas para dictaminar la iniciativa en estudio.

De la propuesta que realiza en la fracción VI, se estima aprobarla con modificaciones en virtud del contenido y alcance que la misma fracción puede incidir en la difusión de los derechos humanos, particularmente de aquellos que se dirigen a infantes y adolescentes, como un ejercicio para el conocimiento pleno de sus derechos. Al efecto se propone la siguiente redacción:

VI. Alentar la producción y difusión de libros para niños y niñas, particularmente de aquellos que promuevan y difundan sus derechos humanos y fomenten los principios contenidos en esta ley.

Por lo que corresponde a la reforma de la fracción VII, el contenido de la citada disposición contempla la “creación de instituciones que tutelen a los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;” por lo que a criterio de esta comisión el contenido de esta disposición, implica el beneficio que se busca brindar a la infancia que se encuentra impedida de estar en su medio familiar. En tal virtud, excluir ésta condición privativa, como se sugiere en la iniciativa, se eliminaría la posibilidad de brindar protección adicional a los menores que se encuentran alejados de su medio familiar, razón por la que en el texto vigente se busca crear espacios apropiados para la población que se encuentra en dicha condición.

Empero, la propuesta de la diputada Camacho para encaminar el objetivo de estas instituciones resulta loable e incluso indispensable, de conformidad con el principio 6 contenido en la Declaración de los Derechos del Niño que estipula:

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; (...) La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. (...)

Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en su resolución 41/85 del 3 de diciembre de 1986 emitió la “Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional”, cuyo instrumento contempla para el tema que nos ocupa lo siguiente:

Artículo 5

En todas las cuestiones relativas al cuidado de un niño por personas distintas de sus propios padres, los intereses del niño, en particular su necesidad de recibir afecto y su derecho a la seguridad y al cuidado continuado, deber ser la consideración fundamental.

Artículo 6

Los encargados de los procedimientos de adopción y de colocación en hogares de guarda deberán haber recibido capacitación profesional u otro tipo de capacitación apropiada.

Lo anterior, indica que en el caso concreto y con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a los derechos y principios contemplados en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esta dictaminadora estima viable su aprobación con la misma denominación genérica contemplada en el texto vigente; lo anterior, en virtud de que al especificar “las niñas y niños” deja de lado a las y los adolescentes, además de que en términos legales, como se ha señalado, se reconoce a los menores indistintamente de las niñas y niños e incluso de los adolescentes. Por lo anterior, se propone la siguiente reforma:

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen la calidad de vida de los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

Respecto a la reforma a la fracción VIII, de nueva cuenta se considera innecesaria la modificación para incorporar “todas las niñas y niños”, esto de conformidad con las consideraciones antes enunciadas, respecto a lo innecesario que implica especificar en cada disposición tal denominación.

En lo que corresponde a la adición de la fracción X al artículo 11, es de aprobarse con la respectiva modificación, a fin de mantener el concepto señalado en el texto vigente y por las razones multicitadas, en torno a la terminología. En consecuencia se propone:

X. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra infantes y adolescentes.

4. Las reformas y adiciones que propone a las fracciones del artículo 12 de la LFPED, se analizan a continuación en comparación con el texto vigente:

Texto vigente

Artículo 12. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas mayores de 60 años:

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia;

II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos a través de programas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:

a) De apoyo financiero directo y ayudas en especie y

b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos, y

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera.

Propuesta

Artículo 12. ...

I. Garantizar el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, según lo dispuesto en la normatividad en la materia sin ejercer ninguna forma de discriminación;

II. Procurar un nivel mínimo y decoroso de ingresos que garanticen un nivel de vida adecuado a través de programas, conforme a las reglas de operación que al efecto se establezcan:

a)...

b)...

c) De acceso, permanencia y ascenso en el trabajo y

d) De accesibilidad en instalaciones públicas, privadas y transportes, y

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando la persona afectada así lo requiera.

IV. Promover la creación de centros de gerontología para su atención, misma que deberá de cubrir las necesidades de prevención y atención de la salud diferenciada por género.

V. Promover programas recreativos y culturales para las personas mayores de 60 años.

VI. Promover campañas de información en los medios de comunicación y en las escuelas, a fin de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos humanos de las personas mayores de 60 años y de eliminar toda forma de discriminación y violencia en su contra.

VII. Promover campañas de prevención y sensibilización a fin de eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las personas mayores de 60 años.

La propuesta que realiza a la fracción I para adicionar la posibilidad de que no se ejercerá “ninguna forma de discriminación” en el acceso a los servicios de atención médica y seguridad social, la LPED contempla dentro de sus objetivos evitar cualquier acto de discriminación, independientemente de la población que se vea afectada, en virtud de que esta ley se encuentra dirigida a todas las personas, motivo por el que es innecesaria esta propuesta.

La reforma y adiciones que propone a la fracción II e incisos c y d, respectivamente, carecen de soporte jurídico en razón de que garantizar “un nivel de vida adecuado” a favor de las personas mayores de 60 años, implica un criterio subjetivo que no permite distinguir los parámetros que permitirán gozar del nivel de vida que pretende la diputada.

Lo anterior no implica que esta dictaminadora no coincida con la preocupación e interés de la diputada proponente para garantizar mejores condiciones de vida para la población adulta, mayor de 60 años. Sin embargo, no es factible su aprobación de conformidad con lo expresado en el párrafo que antecede.

Por lo que se refiere al contenido de las disposiciones que sugiere incorporar en los incisos c y d, cabe mencionar que éstas se encuentran consideradas en el artículo 9 de la LFPED, mismo que para el tema que nos ocupa se citan a continuación:

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:

...

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales;

V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional;

...

XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos;

...

Particularmente, en lo relativo al “acceso, permanencia y ascenso en el trabajo”, éstos criterios se encuentran contemplados en la Ley Federal del Trabajo los cuales, de manera ejemplificativa, se contemplan dentro de los artículos 3o., 5o., 56 y 133, entre otros, cuyos numerales estipulan consideraciones en torno a la edad de las y los trabajadores, mismos que en términos genéricos se relacionan con actos discriminatorios que no pueden externarse en consideración a los parámetros de edad.

De la modificación que propone a la fracción III, se considera innecesaria toda vez que “la persona afectada” en lugar de “el afectado” no implica un cambio que impacte en la efectividad de la ley, en virtud de que ésta denominación se vincula con la tutela que el estado debe brindar con el propósito de garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías, señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que se refiere a las fracciones IV y V, estas propuestas ya se encuentran contempladas en las distintas disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, dentro de las que se encuentra la población que sugiere la diputada en su iniciativa. Por ende, esta dictaminadora considera innecesaria su aprobación en el presente dictamen.

Y por lo que corresponde a las propuestas de adición contenidas en las fracciones VI y VII, dado el contenido de su similitud y de conformidad con la propuesta de reforma considerada en la fracción X del artículo 11, señalada con antelación, se estima viable su aprobación por las razones referidas en el orden correspondiente a las fracciones del artículo de mérito, motivo por el cual se sugiere la siguiente redacción:

IV. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas mayores de 60 años.

5. Respecto a las reformas que propone a las fracciones del artículo 13 de la LFPED, se expone su análisis a continuación:

Texto vigente

Artículo 13. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

I. Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;

II. Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. a IX. ...

X. Promover que en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

Propuesta

Artículo 13. ...

I. ...

II. Asegurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. a IX. ...

X. Promover su acceso en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social para que reciban sin discriminación alguna el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

XI. Garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad visual y auditiva.

XII. Promover campañas de información en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, a fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las personas con discapacidad.

XIII. Promover en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, programas de educación especial atendiendo a lo señalado en la Ley General de las Personas con Discapacidad.

De las propuestas que se mencionan en las fracciones II y X se considera parcialmente viable su aprobación, en virtud de que los términos que incorpora la diputada Camacho en su iniciativa, permite garantizar la efectividad de los derechos contemplados en el citado artículo. Al respecto, se propone la siguiente modificación en virtud de que la propuesta que realiza en la fracción X, resulta reiterativa de conformidad con la naturaleza de la LFPED:

X. Promover su acceso en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social para que reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida.

Quedando la fracción XI en los términos sugeridos por la proponente.

Por lo que corresponde a las adiciones de las fracciones XI, XII y XIII, la primera de ellas se considera viable, toda vez que el derecho a la información constituye uno de los derechos fundamentales que son indispensables para un estado democrático. Y respecto a la fracción XII, de conformidad con los criterios mencionados con antelación, resulta necesaria su incorporación con el propósito de consolidar una cultura de la no discriminación, sin que sea necesario aprobarla en su totalidad, en virtud de que sería reiterativo señalar la parte relativa a las “personas con discapacidad”.

Respecto a la propuesta contenida en la fracción XIII, ésta se considera improcedente en virtud de que su contenido ya se encuentra contemplado en la Ley General de Educación, dentro de los artículos 2o., 80 y 30, el acceso a la educación, sin distinción de ningún tipo, cuyas disposiciones en su parte conducente señalan:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

(...)

(...)

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. (...)

II. (...)

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

Artículo 30. Las instituciones educativas establecidas por el estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.

(...)

Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

Y en todo caso, la mención que hace la proponente de vincularlo a la Ley General de las Personas con Discapacidad ha quedado sin materia, de conformidad con la abrogación de la citada ley por la vigencia de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.

Finalmente esta dictaminadora estima que la aplicación de las reformas que en el presente dictamen se aprueban, no ameritan impacto presupuestal en virtud de que únicamente se requiere encauzar la política pública necesaria para dar cumplimiento a los objetivos y alcance contenidos en el presente dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos somete a la consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforman los artículos 11, fracciones VI y VII; y 13, fracciones II y X; y se adicionan los artículos 11, fracción X; 12, fracción IV y 13 fracciones XI y XII, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a V. ...

VI. Alentar la producción y difusión de libros, programas educativos, y juegos didácticos para niños y niñas, particularmente de aquellos que promuevan y difundan sus derechos humanos y fomenten los principios contenidos en esta ley;

VII. Promover la creación de instituciones que tutelen la calidad de vida de los menores privados de su medio familiar, incluyendo hogares de guarda y albergues para estancias temporales;

VIII. Promover la recuperación física, psicológica y la integración social de todo menor víctima de abandono, explotación, malos tratos o conflictos armados;

IX. Proporcionar, en los términos de la legislación en la materia, asistencia legal y psicológica gratuita e intérprete, en los procedimientos judiciales o administrativos, en que sea procedente, y

X. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra infantes y adolescentes.

Artículo 12. ...

I. ...

II. ...

a) ...

b) De capacitación para el trabajo y de fomento a la creación de empleos;

III. Garantizar, conforme a la legislación aplicable, asesoría jurídica gratuita así como la asistencia de un representante legal cuando el afectado lo requiera, y

IV. Promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas mayores de 60 años.

Artículo 13. ...

I. ...

II. Asegurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III. a VIII. ...

IX. Informar y asesorar a los profesionales de la construcción acerca de los requisitos para facilitar el acceso y uso de inmuebles;

X. Promover su acceso en las unidades del sistema nacional de salud y de seguridad social para que reciban regularmente el tratamiento y medicamentos necesarios para mantener y aumentar su capacidad funcional y su calidad de vida;

XI. Garantizar el acceso a la información a personas con discapacidad visual y auditiva, y

XII. Promover campañas de información en los medios de comunicación para sensibilizar a la sociedad, a fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de agosto de 2011.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Manuel Cadena Morales (rúbrica), presidente; Sabino Bautista Concepción (rúbrica), Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Clara Gómez Caro (rúbrica), Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), Rosi Orozco (rúbrica), Enoé Margarita Uranga Muñoz (abstención), secretarios; Velia Idalia Aguilar Armendáriz, María del Rosario Brindis Álvarez, Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Yulenny Guylaine Cortés León, Sami David David, Margarita Gallegos Soto, Lizbeth García Coronado (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores, Diana Patricia González Soto (rúbrica), María del Carmen Guzmán Lozano (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo López (rúbrica), Aránzazu Quintana Padilla (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), Florentina Rosario Morales, Jaime Sánchez Vélez, María Sandra Ugalde Basaldúa, Guadalupe Valenzuela Cabrales (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se han registrado, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, las diputadas Mirna Lucrecia Camacho Pedrero y Florentina Rosario Morales, para hablar en pro del dictamen, cada una de ellas hasta por tres minutos. Tiene la palabra, la primera de las mencionadas.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. La discriminación es toda infracción al principio general de igualdad, motivado en una razón de clase o por la pertenencia a un grupo y, en sentido estricto, cuando concurre un criterio de diferenciación, no permitido o prohibido expresamente por la ley, esto trae como consecuencia la exclusión de ese grupo del goce o ejercicio de derechos y el consiguiente agravamiento de su marginación social.

En este caso, las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que hoy votaremos busca contrarrestar la discriminación y la violencia en contra de los grupos más vulnerables de la sociedad, como son las niñas, los niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se fundamenta en el artículo 4o. constitucional y tiene por objeto garantizarles la tutela y el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución.

En su artículo 3o. se establece que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

A pesar del avance tan importante que representa esta ley, siguen siendo necesarias reformas que permitan una mejor protección de los derechos de la niñez; por ello, coincidimos con el reforzamiento en la ley de las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de los niños y niñas.

Por otro lado, el dictamen también plantea que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, promuevan campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las personas mayores de 60 años.

Es precisamente en la edad avanzada cuando se enfrentan los mayores problemas de salud  y desempleo, además de una gran parte de los adultos mayores se encuentran en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.

En este sentido resulta relevante que impulsemos este tipo de propuestas legislativas. Debemos hacer lo necesario para incrementar el aprecio y reconocimiento por las personas adultas mayores y por la gran experiencia obtenida a lo largo de su vida.

Este sector de la población ocupa un espacio significativo dentro de las familias mexicanas, ya que forman parte esencial de su desarrollo al proporcionar conocimientos y cimentar su estabilidad que consolida el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

No hay duda de que la lucha contra la discriminación por motivos de edad y la promoción de la dignidad de las personas adultas mayores, es fundamental para asegurar el respeto a estas personas que merece.

Compañeras y compañeros diputados, no debemos dejar a un lado que las barreras de todo tipo que se siguen enfrentando hoy en día, precisen las transformaciones estructurales profundas y de un cambio cultural.

Por eso los invitamos a dar su voto favorable para el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que hoy discutimos. Impulsemos la construcción de una sociedad incluyente y equitativa en la que cualquier persona, independientemente de sus características, pueda desarrollarse —termino, señor presidente— y ésta es una sociedad capaz de derribar las barreras en lo legal, político, social, económico y cultural que hasta hoy han impedido el pleno ejercicio de derechos y la participación activa de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por su voto, señoras y señores diputados, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Florentina Rosario Morales.

La diputada Florentina Rosario Morales:Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que vamos a votar propone reforma a los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación para prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra infantes, adolescentes y en contra de las personas mayores de 60 años en fin de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia.

Se trata de una reforma que busca proteger los derechos humanos y garantía de menores y de adultos mayores, y del cual nuestro grupo parlamentario comparte plenamente, sobre todo porque actualmente la violencia en nuestro país se ha desbordado sin control y ha cobrado la vida de un número importante de jóvenes y adultos.

Por tanto, al proteger la promoción de campañas de sensibilización en los medios de comunicación, para prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra los infantes y personas adultas mayores, se pretende proteger a un sector vulnerable de nuestra población y de los cuales son mencionados en un número importante de tratados internacionales de derechos humanos; por tanto, el voto de nuestro grupo parlamentario es a favor del mismo. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estamos en votación, cuando termine.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Treinta segundos para cerrar el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 382 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 11, 12 y 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro, ¿con qué objeto?

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Sí, presidente, únicamente para hacer referencia al comentario que hizo el diputado Ramón Jiménez, con referencia a que desde el día de ayer un grupo muy importante de habitantes del estado de Tabasco, que están ocupando las oficinas de la gerencia estatal de la Conagua esperando respuesta, que desde 2008 estas zonas abrieron ventanas de desagüe y prácticamente se inundaron muchas comunidades y muchas tierras, y hubo daños muy importantes también en la ganadería y en la agricultura y lamentablemente Conagua, hasta la fecha, no ha dado respuesta.

Se ha estado pidiendo la intervención del director general y hasta el momento no se tiene la posibilidad de que se instale una mesa de trabajo; la actitud que se ha mantenido es una actitud fundamentalmente de dejar pasar, de dejar hacer y no tomar el problema en las manos, que afecta gravemente a los habitantes de la zona centro y norte del estado de Tabasco.

Por eso queremos pedirle a usted reiterar el planteamiento, pedirle a usted su intervención, para poder tener a la brevedad esa mesa de trabajo entre los habitantes de Tabasco, que están implementando esta acción ante la falta de respuesta, con el director general de Conagua, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Lo haré con mucho gusto, diputado, pero hago la aclaración de que este comentario se hizo en otra etapa de esta sesión, estamos en dictámenes; le voy a rogar, con todo respeto, nos ajustemos al orden de las sesiones, porque éste ha ofrecido una mayor productividad de la Cámara.

LEY DE APOYO SOLIDARIO PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAMPO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo

Honorable Asamblea

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable Asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

La Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fue instalada el 6 de octubre de 2009.

La Mesa Directiva de la LXI Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mediante oficio DGPL 61-II-8-310 de fecha 16 de marzo de 2010, turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y dictamen, el expediente número 1606, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, presentada por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, durante la sesión de la misma fecha.

El 23 de junio de 2010, se recibió el oficio CPCP/ST/310/10 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en donde se remite, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de citada con fundamento en la valoración que fue elaborada por el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputado la cual fue dictaminada en sentido positivo.

Con estos antecedentes, la Comisión, realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa con proyecto de decreto referida, a fin de valorar su contenido y deliberar el sentido del dictamen que hoy se presenta.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa en comento apunta que en toda la geografía rural de nuestra patria, sobre todo en las miles de pequeñas poblaciones menores de 2,500 habitantes, los mexicanos de 70 o más años de edad, padecen lacerantes condiciones de pobreza extrema, prácticamente excluidos de los programas gubernamentales y con pocas perspectivas de superar las condiciones de precariedad de su existencia y el abandono en que viven.

El Consejo Nacional de Población estima que, debido al aumento de la esperanza de vida, en las zonas rurales del país la población de adultos mayores de 70 años de edad será de 1,632,000 este año, de 1,930,000 en el 2015 y de 3,594,000 en el 2030.

En los hogares de estos mexicanos, el ingreso es extremadamente inferior al indispensable para atender sus necesidades alimentarias. Sin embargo, su pobreza no es sólo la carencia de satisfactores materiales. Su miseria implica también exclusión social, negación de oportunidades para llevar una vida plena, es discriminación e incluso rechazo familiar.

Esta condición de vulnerabilidad, asociada a la falta de independencia, confianza y autoestima, nos confirma que la pobreza no es sólo un problema de falta de ingresos o de desarrollo humano. Para estos hombres y mujeres que dejaron atrás su edad productiva, esta situación social implica también carencia de representación para hacer escuchar sus voces de inconformidad y exigir sus derechos.

Los diputados proponentes señalan que el problema de fondo es la desigualdad. La estructura socioeconómica del campo es inequitativa e injusta. De las 4,500,000 unidades productivas con que cuenta el país, bajo diferentes modalidades jurídicas de propiedad y tenencia, 3 millones corresponden a parcelas de ejidatarios, la mayoría de ellas minifundios de escasa productividad; 1,335,000 a productores medianos; 150,000 a pequeños productores; y sólo 15,000 a grandes negocios o empresas.

Esta estructura piramidal de la propiedad y uso de la tierra campesina, de base muy ancha y de cúpula privilegiada, hace que los campesinos involucrados también difieran grandemente en cuanto a su potencial productivo y económico. Aproximadamente el 90% sólo produce para el autoconsumo. Ante lo exiguo de su ingreso, la inmensa mayoría –si no es que la totalidad– de los adultos mayores del campo, no pudieron, a lo largo de su vida, cotizar en un esquema de seguridad social que les otorgara un ingreso permanente para enfrentar los riesgos de su vejez, discapacidad o invalidez.

Así, los logros sociales mayores del siglo XX, como son la Reforma Agraria y la seguridad social universal, prácticamente no llegaron a este olvidado grupo social de nuestra patria y su situación de miseria y marginación a lo largo y ancho de nuestro territorio, es hoy una dramática denuncia que no podemos desoír, sino, antes bien, nos compromete política e ideológicamente a enfrentar con determinación para saldar la añeja e insoluta deuda que tiene nuestra sociedad con todos esos mexicanos que merecen toda nuestra solidaridad.

Los diputados proponentes parten de la idea de que la Seguridad Social de la que hoy se benefician los obreros y los trabajadores al servicio del Estado, no sólo no ha llegado a los adultos mayores del campo, sino incluso ha sido omisa o ha retrocedido en el aseguramiento de los trabajadores agrícolas, pues de los 3.7 millones que venden su fuerza asalariada en los campos productivos de nuestro país, a más de medio siglo de haber sido creado el Instituto Mexicano del Seguro Social, apenas se encuentran afiliados 450 mil, que representan únicamente un 12% de ese universo.

En la actualidad, 20 millones de personas del agro mexicano no tienen acceso a la seguridad social y sólo dos de cada cien pesos que entran como cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social provienen de ese sector. Son datos duros que desafortunadamente comprueban que si el mundo rural en general está desprotegido, el segmento de población mayor a los 70 años vive una auténtica soledad social.

No existe una política de Estado en materia de seguridad social para los campesinos y las familias rurales, desatendiéndose asuntos como las pensiones y jubilaciones por cesantía, que hagan posible el sostenimiento de los adultos mayores que ya no están en condiciones de trabajar y que, en consecuencia, no pueden valerse por sí mismos.

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares más reciente destaca que sólo el 10% de los ingresos por pensiones fueron captados por los hogares ubicados en localidades rurales, y, en el caso de los segmentos de hogares más pobres, que se ubican en comunidades de hasta 2,500 habitantes, esta participación es de sólo 0.1%.

La seguridad social para los campesinos que sólo dependen de su tierra y de su fuerza de trabajo es la que les ofrece el Seguro Popular en materia de atención a la salud. Los demás beneficios que implica la seguridad social, como la pensión por vejez, el seguro de vida y el pago de marcha, de los que sí se benefician otros sectores, son inexistentes para este sector.

En la exposición de motivos de la iniciativa en dictamen, se señala que la Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” Para los adultos mayores del campo mexicano esta definición es sólo una buena y remota intención que no está presente en sus vidas ni en sus familias.

Lo mismo ocurre con el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

En cuanto al aspecto normativo, la exposición de motivos señala que rigen también en nuestro país los convenios 35 (1933), 36 (1933), 48 (1935), 128 y 131 (1967) de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales nos comprometen a garantizar la seguridad social y las pensiones para los ancianos mayores de 65 años de edad.

Por su parte, nuestra Constitución Política establece claros mandatos a favor del bienestar y la seguridad social de los campesinos, que esperan la acción efectiva del Estado y de las Leyes para hacerse realidad. En su artículo primero la Constitución establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.” Asimismo, el Apartado B en su artículo segundo dispone con claridad que “La Federación, los Estados y los Municipios, (...) tienen la obligación de (...) III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.” Y en su artículo cuarto establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Y si bien el artículo 123 de nuestra Constitución regula las relaciones laborales y el derecho de los trabajadores a la protección social para todos, incluidos los trabajadores del campo y jornaleros agrícolas, esta disposición tiene escasa aplicación en las comunidades rurales, y es letra muerta en el caso de los ancianos y discapacitados que viven en esas comunidades.

Lo mismo ocurre con la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que definen las modalidades para llevar diversos bienes públicos, entre ellos los de la seguridad social, a campesinos, trabajadores del campo, indígenas y pequeños productores; señalan la obligatoriedad para los programas del Gobierno Federal de impulsarla, lo mismo que la salud, la educación, la alimentación y la atención a personas de la tercera edad. Estas disposiciones reflejan el interés del Estado mexicano por la población rural, pero en la realidad sus beneficios no están a la altura de las intenciones ni se traducen en una vida más digna para los campesinos y sus familias, especialmente de los que más necesitan el apoyo del Estado.

Entre otras disposiciones pertinentes, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 154 que “Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.”

La iniciativa plantea que si estos mandatos legales y otros similares no fueran suficientes, el Acuerdo Nacional para el Campo, suscrito en el 2003, asume el objetivo de “alcanzar un desarrollo rural sustentable que garantice una redimensión social, productiva y económica de la población campesina, bajo el criterio de paridad urbano-rural que ha sido enunciado como principio rector del Acuerdo Nacional para el Campo, a través de la promoción y transformación productiva del sector primario, así como de actividades económicas alternativas y de un acceso justo a los más elementales satisfactores y servicios públicos, que el Estado está obligado a proporcionar a todos los mexicanos por igual, sin importar su ubicación territorial, urbana o rural”.

A pesar de estas justas y humanitarias intenciones, acuerdos y normas jurídicas, en las comunidades campesinas e indígenas de México, por ausencia de políticas e insuficiencias administrativas, los dispositivos emanados de los mismos e incluso de recientes programas de gobierno, como el denominado “70 y Mas”, originalmente destinado a los ancianos de las localidades rurales con hasta 2,500 habitantes, se quedan sólo en la intención. Lo mismo ocurre con lo dispuesto en la Ley del Seguro Social que extiende la seguridad social al campo mexicano, al señalar claramente que son sujetos de ella las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores independientes; o con la declaración de que los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; los ejidos y otras formas superiores de organización, podrán acceder a la seguridad social.

A nivel mundial, por el contrario los apoyos económicos y la seguridad social a los grupos vulnerables se ha ido convirtiendo en una política de Estado bajo el criterio de que ése es el medio más idóneo para redistribuir mejor el ingreso y luchar más eficazmente contra la pobreza. Así, en Europa se tiende a garantizar el derecho de todos a recibir un ingreso permanente y ser objeto de atención especializada a determinada edad.

Lo mismo sucede en diversos países de América Latina en los que existen Leyes, políticas y programas que otorgan diversos beneficios, incluyendo un apoyo económico a los adultos mayores, por los cuales no se requiere ningún pago de cuotas para tener derecho al mismo.

Gracias a la introducción de pensiones no contributivas para adultos mayores, Brasil ha alcanzado una cobertura excepcional de su régimen de seguridad social, principalmente en el área rural.

En Argentina se otorga pensiones asistenciales por vejez e invalidez a las personas mayores de 70 años que no cuentan con algún tipo de beneficio previsional o de retiro; tampoco con bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo que les permitan la subsistencia de su grupo familiar. La pensión de vejez es un monto fijo mensual que incluye servicios médicos, y es financiada con recursos provenientes de impuestos generales.

Los bolivianos mayores cuentan con el Bonasol, un programa que transfiere dinero en efectivo a todos los ciudadanos residentes que tienen 65 o más años de edad, y que incluye gastos funerarios equivalentes a nuestro “pago de marcha”. El Bonasol es financiado con el Fondo creado por la privatización de empresas estatales.

En Chile existe la pensión básica solidaria de vejez e invalidez. Para la pensión de vejez el beneficiario debe tener 65 años de edad y no estar inscrito en otro régimen previsional. Los beneficiarios carentes de recursos tienen, adicionalmente, derecho a una asignación por muerte y están exentos de la cotización del 7% para salud.

En Costa Rica el sistema de seguridad social no contributiva incluye una pensión mensual, el pago de un décimo tercer mes, un seguro de salud y acceso a las prestaciones sociales. El sistema es financiado con recursos de impuestos generales: 20% del total recaudado por concepto de impuesto sobre ventas y un recargo del 5% del total de sueldos y salarios que empleadores públicos y privados pagan a sus trabajadores.

En Uruguay existe un programa de carácter no contributivo, que incluye beneficios especiales para la rehabilitación de los pensionados por invalidez. La edad mínima para acceder a este beneficio es de 70 años. Esta prestación se ajusta de acuerdo a la variación del índice medio de salarios. El financiamiento total se cubre con los impuestos generales y está supeditado a un examen de ingresos familiares.

De acuerdo con diversas investigaciones, estos apoyos a la población de adultos mayores en los países mencionados han contribuido a aminorar los índices de pobreza nacional de forma importante, y a reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

En México por el contrario los esfuerzos realizados hasta hoy con esa finalidad, han sido atomizados, esporádicos y un tanto voluntaristas, sin la integralidad, intencionalidad y complementariedad requeridas.

Así, en la ciudad de México la “Pensión Alimenticia para los Adultos Mayores de 70 años, residentes en el DF”, consiste en un apoyo de medio salario mínimo que se otorga a quienes habitan en unidades territoriales clasificadas como de muy alta, alta y media marginación.

Por su parte, el Estado de México tiene el programa “Pensión Alimenticia para Adultos Mayores”, que otorga un apoyo de 400 pesos mensuales para las personas mayores de 60 años que no cuenten con servicios de seguridad social y vivan en comunidades de alta marginación.

En el orden federal, el Programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social en su componente de “Adultos Mayores”, que operó entre el 2006 y el 2007, ofrecía un “apoyo alimentario” a los residentes de las comunidades rurales de hasta 2,500 habitantes, mayores de 70 años, materializando la entrega, con transferencias bimestrales en efectivo de 2 550 pesos en el curso del año.

En septiembre del 2006, la Secretaría de la Reforma Agraria puso en marcha el programa “Fondo de Tierras y Joven Emprendedor Rural”, el cual otorga una pensión dirigida a campesinos de 65 años o más, a cambio de la venta de sus tierras a jóvenes capacitados por ese programa. Al aporte producto de esa venta, se suma un subsidio de 50 000 pesos, misma que les aseguraría una pensión vitalicia garantizada por un salario mínimo mensual. El esquema, además de ser contributivo por los requisitos que impone a sus posibles beneficiarios, ha tenido poco éxito dada la resistencia de los ejidatarios a ceder sus derechos agrarios.

En el año 2007, la propia Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha el Programa “70 y Más”. Inicialmente dirigido a los adultos mayores que viven en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes, este programa amplió su cobertura en el año 2009 a las localidades de hasta 30 mil habitantes.

Es de destacarse sin embargo que, de acuerdo con diversas evaluaciones, “70 y Más” no ha alcanzado sus metas, concentrándose sus mayores insuficiencias en las comunidades de 2,500 habitantes o menos, tanto por ineficiencia operativa, como por las dificultades reales que representa la extrema dispersión de los asentamientos humanos que existen en ese ámbito. De allí que no se justifica, pero se explica, que en la actualidad las acciones se concentren en localidades de hasta 30 000 habitantes, que son de más fácil acceso y operacionalidad. Es evidente, sin embargo, que, con ello, el programa se aleja del objetivo más sentido y del grupo social más agraviado de más de un millón de adultos mayores de 70 años y más que es el que vive en esas dispersas y alejadas comunidades con menos de 2,500 habitantes.

Ello, no obstante que este programa ha contado con asignaciones importantes de recursos para su operación que se elevaron durante el ejercicio fiscal del 2009 a 12 509 millones de pesos; si bien para el presente ejercicio sufrieron una merma del 8% al habérsele autorizado en el Presupuesto de Egresos para el 2010, solo 11 551.1 millones de pesos.

Como se desprende de lo anterior, en México la problemática que aqueja a los adultos mayores, y muy en particular la de los que habitan en el medio rural, sólo muy recientemente ha pasado a formar parte de la agenda pública y, sin duda, los programas pertinentes han adolecido de falta de articulación, integralidad, permanencia y direccionamiento, lo que en la práctica ha impedido que se conviertan en una genuina política de Estado.

Es obvio que no habrá justicia plena para este desprotegido sector de mexicanos, mientras persistan estas deficiencias. Los apoyos a los adultos mayores no pueden minimizarse y los programas que los favorezcan no deben menospreciarse disminuyendo sus presupuestos ni menos manipularse como instrumentos puramente asistencialistas o con un ánimo de clientelismo electoral.

Al contrario. Las altas tasas de pobreza en esas comunidades, -significativamente más altas que en las zonas urbanas-, y el acelerado envejecimiento demográfico, obligan al Estado a garantizar a los hombres y mujeres de 70 años o más un apoyo económico permanente y universal, como primer paso para construir una cultura de respeto y solidaridad hacia ellos.

Con ese propósito, es imperativo promover las reformas jurídicas e institucionales indispensables para que los ancianos campesinos no sigan condenados a un destino que no es inevitable, sino producto de la pobreza y la ineficacia de las instituciones, así como de la falta de instrumentos normativos que se traduzcan en políticas públicas y programas específicamente destinados a atender el desamparo y la dura problemática de los campesinos ancianos.

Como garante de los derechos ciudadanos, al Estado compete la responsabilidad de implementar acciones que promuevan la protección y seguridad social, no sólo por razones éticas y humanitarias, sino por expreso mandato constitucional y compromisos internacionales suscritos.

Eliminar toda forma de discriminación hacia las personas adultas mayores debe ser una condición fundamental de la acción de gobierno. Adoptar las medidas necesarias que les garanticen el acceso a un esquema de apoyo universal, es un paso crucial para poder brindarles una vejez con justicia, dignidad y respeto, en su diversidad social y cultural.

La iniciativa tiene como propósito ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo. Su pretensión es que los apoyos que hoy se ofrecen a este sector de la población no se queden en el marco de simples programas asistenciales atomizados, sino que se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa, fundada en criterios de justicia, equidad y sustentabilidad fiscal, propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2,500 habitantes o menos, eliminando con ello los errores de exclusión en los cuales han incurrido los programas vigentes, tergiversándose así el espíritu del que debiera estar revestida una política social a favor de este sector altamente vulnerable y marginado.

La propuesta busca asegurar beneficios que actualmente están incluidos en los programas asistenciales del Gobierno Federal y de los estados del país, asegurándoles un estatus legal; una pensión vitalicia a los adultos mayores de 70 años; un seguro de vida que se traduzca en una transferencia en efectivo por única vez al momento del deceso, en beneficio de su cónyuge o sus descendientes; y un pago de marcha, también en efectivo, a la ocurrencia del fallecimiento del beneficiario, para cubrir los gastos funerarios.

En el artículo tercero de la iniciativa se propone que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, sea la responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios; esta dependencia deberá coordinarse en su caso con las demás instancias del Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales.

El objetivo central de la iniciativa es garantizar que los apoyos económicos a los adultos mayores del campo y los demás beneficios que conlleva la seguridad social, no sean un acto de voluntarismo aislado, o un juego retórico con ánimo partidario para fines electorales, sino una consistente política de Estado, un mandamiento expreso de Ley que reivindique la dignidad y los derechos humanos de quienes han esperado históricamente la justicia social.

En las conclusiones de la exposición de motivos, los diputados proponentes señalan que esta iniciativa tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los dos mil quinientos habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Consideraciones de la comisión dictaminadora

1. La Comisión de Desarrollo Social considera positiva la iniciativa planteada y que cumple con una suficiente fundamentación y motivación. Además, se cuenta con la opinión de su viabilidad presupuestaria por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, lo que hace factible la expedición de este nuevo ordenamiento legal.

2. Crear un marco legal que de certeza a la protección de los adultos mayores en el campo, resulta un objetivo compatible plenamente con el marco constitucional. Además es a todas luces construir y garantizar un mínimo de vida digna para uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables en el país.

3. Cuidar de las generaciones que construyeron nuestro país, debe ser una tarea de justicia social y de agradecimiento colectivo por la contribución que realizaron a lo largo de su vida los adultos mayores del campo.

4. Bajo los argumentos expuestos, y una vez analizada y discutida la iniciativa en análisis, el pleno de esta Comisión de Desarrollo Social de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, determinó en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto del año en curso, aprobar la iniciativa con proyecto decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, presentada por los diputados Narcedalia Ramírez Pineda y Luis Videgaray Caso.

Por los argumentos anteriormente expuestos, la Comisión de Desarrollo Social, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

Artículo Único. Se expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana, en la forma y términos que la misma establece.

Artículo 2. La Ley tiene por objeto normar y garantizar, en beneficio de los adultos mayores de setenta años residentes en centros de población del medio rural menores a los 2,500 habitantes: una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Artículo 3. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, será responsable de la organización, administración y entrega de los apoyos solidarios, así como del cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente Ley en el marco de sus atribuciones, en coordinación, en su caso, con los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 4. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Adultos Mayores: Las personas con setenta o más años de edad;

II. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;

III. Apoyo solidario: Beneficios en dinero por concepto de pensión vitalicia, servicios de salud, y otras ayudas sociales en favor de las personas de setenta o más años de edad en localidades del medio rural de hasta 2,500 habitantes, incluyendo un seguro de vida y un pago de marcha en caso de fallecimiento del beneficiario;

IV. Población objetivo: Las personas adultas mayores de setenta o más años de edad susceptibles del apoyo solidario, de acuerdo a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

V. Beneficiario: Las personas de setenta o más años de edad que reciban el apoyo solidario;

VI. Padrón de beneficiarios: Base de datos que contiene la información necesaria de los beneficiarios, así como del apoyo que reciben;

VII. Residente: Persona que acredite su residencia en localidades del ámbito rural de hasta 2,500 habitantes, de acuerdo al catálogo único homologado de claves de entidades federativas, municipios y localidades conforme a los criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

VIII. Representante acreditado: El familiar o la persona autorizada por el adulto mayor para realizar trámites y cobros ante la Secretaría con motivo del otorgamiento y la vigencia del apoyo solidario; y

IX. Solicitante: Persona que presenta su solicitud para ser incluido en el padrón de beneficiarios.

Artículo 5. Son susceptibles de los beneficios que otorga esta Ley todos los adultos de setenta o más años de edad, residentes en las comunidades rurales consideradas y registradas como tales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como las consideradas como de alta o muy alta marginalidad por el Consejo Nacional de Población.

Los beneficiarios tienen derecho a recibir del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, los apoyos solidarios que se establecen en el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente Ley, en los términos y condiciones que ésta y su Reglamento establecen. Estos beneficios se complementan con los otorgados por el Seguro Popular adscrito a la Secretaría de Salud.

Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos establecidos por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La inscripción en el padrón de beneficiarios, la entrega del apoyo solidario y cualquier otro trámite o solicitud relacionado con dicho apoyo, serán gratuitos y no estarán sujetos a ningún tipo de condicionamiento.

Título SegundoDe la Competencia, Concurrencia y Participación Social

Capítulo UnoDe las Atribuciones de la Secretaría

Artículo 7. Corresponde al Gobierno Federal, a través de la Secretaría:

I. Otorgar el apoyo solidario a los beneficiarios;

II. Administrar y actualizar el padrón de beneficiarios, pudiendo utilizar, en su caso, la información proporcionada por las entidades federativas y municipios;

III. Expedir el Reglamento de esta Ley;

IV. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios, conforme a lo establecido en la presente Ley;

V. Diseñar el formato de solicitud para la inscripción al padrón de beneficiarios;

VI. Atender las solicitudes de inscripción al padrón de beneficiarios, de asesoría y orientación a los solicitantes y beneficiarios, así como las peticiones de información pública y la resolución de recursos de quejas e impugnación;

VII. Realizar estudios e investigaciones, con apoyo de instituciones públicas y centros de educación superior, para mejorar las políticas de atención a las personas de setenta o más años de edad, con particular referencia a los que viven en localidades de hasta 2,500 habitantes;

VIII. Establecer mecanismos de participación social entre las personas de setenta o más años de edad, congruentes con la política pública dirigida a este grupo de la población, los cuales deberán quedar especificados y explicados en el Reglamento de esta Ley;

IX. Evaluar las políticas y procedimientos relativos al pago del apoyo económico;

X. Diseñar e implementar indicadores de gestión que permitan dar seguimiento y evaluar los beneficios resultados de la aplicación de esta Ley;

XI. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, federales, estatales y municipales, para la mejor eficiencia y agilidad en la entrega de este apoyo solidario y, en general, para la atención a las necesidades de las personas de setenta o más años de edad;

XII. Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables, en el que se detalle la situación financiera de la entrega de los apoyos, el ejercicio del gasto administrativo relacionado con el mismo, el número total de beneficiarios, su distribución por entidad federativa, las altas y bajas del padrón de beneficiarios, y el impacto social y económico derivado de la aplicación de la presente Ley;

XIII. Evaluar la suficiencia del apoyo solidario y los criterios de cobertura, a fin de proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y, de ser necesario, la ampliación de la cobertura así como la inclusión de otros apoyos cuyo propósito sea lograr el constante bienestar de la población objetivo, así como la gradual y efectiva universalización de los beneficios de la seguridad social en los términos señalados por la Ley, y

XIV. Las demás que le señalen la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo DosDe la Concurrencia

Artículo 8. La Federación garantizará el pago de los apoyos solidarios, tomando en cuenta las particularidades demográficas, económicas y sociales de la población de cada entidad federativa o región.

Artículo 9. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en las atribuciones de otras dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos que suscriban las partes interesadas. Esta disposición se hará extensiva a los organismos descentralizados del Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, en los que se establezcan procedimientos de cooperación, administración y ejecución de los dispositivos de esta Ley.

Los gobiernos de las entidades federativas, previo convenio con la Secretaría, podrán aportar recursos para hacer cada vez mayores y más efectivos los apoyos solidarios que esta Ley establece.

Artículo 11. La Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, deberá realizar informes trimestrales sobre los resultados derivados de la aplicación de esta Ley, en materia de combate a la pobreza, así como coadyuvar en la elaboración de los indicadores a los que hace referencia la fracción X del artículo 7 de esta Ley.

Capítulo TresDe la Participación Social

Artículo 12. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría, garantizará el derecho de las personas de setenta o más años de edad a participar de manera activa y corresponsable en la gestión de los apoyos solidarios, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento que al efecto se expida. Este derecho se entenderá otorgado a los individuos, a las familias o a las organizaciones civiles y privadas que tengan como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes del campo objetos de esta Ley.

Artículo 13. La Secretaría establecerá las disposiciones y mecanismos más adecuados tendientes a garantizar la atención oportuna y eficaz de las quejas, denuncias, peticiones y sugerencias que respecto a los apoyos solidarios que establece esta Ley, presenten los beneficiarios, sus representantes acreditados, organizaciones de la sociedad civil o el público en general.

Título TerceroDel Apoyo Solidario

Capítulo UnoDe los Componentes y Montos

Artículo 14.El apoyo solidario que establece esta Ley consiste en lo siguiente:

I. Una pensión vitalicia, consistente en el pago a cada beneficiario equivalente a 8.5 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal al mes, en efectivo, mediante entregas bimestrales. Este apoyo será inembargable e intransferible;

II. Un seguro de vida que se pagará en caso de fallecimiento del beneficiario. Dicho seguro consistirá en el pago en efectivo y en una sola exhibición, del equivalente a cuatrocientos noventa y cinco salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, el cual será sólo a favor del cónyuge sobreviviente;

III. Un pago de marcha que tendrá lugar al ocurrir el deceso del beneficiario, en una cantidad equivalente a cuarenta salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal, y que se entregará al cónyuge sobreviviente del beneficiario, o en su defecto, al familiar más cercano que asumirá, con ese apoyo, los gastos correspondientes al sepelio del beneficiario fallecido, y

IV. Los derechos a la salud preventiva y curativa, hasta el tercer nivel, a través del Seguro Popular, incluyendo el acceso al cuadro básico de medicamentos, actualizado y seleccionado regionalmente para la efectividad terapéutica.

Artículo 15. El otorgamiento del apoyo solidario materia de esta Ley, es incompatible con el disfrute de otras pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, salvo cuando la ayuda económica que se establezca en dichos casos sea menor a la contenida en esta Ley, en cuyo caso el apoyo solidario se determinará por la diferencia que exista entre los recursos que establece el artículo 13 de esta Ley, y el total de los apoyos en efectivo que establezcan los gobiernos estatales o municipales para el beneficiario que corresponda.

Capítulo DosDe los Beneficiarios

Artículo 16.Para ser beneficiario, el adulto mayor deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Tener setenta o más años de edad cumplidos al momento de solicitar su inscripción en el padrón de beneficiarios;

II. Tener su residencia permanente en localidades rurales de hasta 2,500 habitantes;

III. Encontrarse en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios previstos en la Ley General de Desarrollo Social;

IV. Informar, mediante la solicitud de inscripción a los beneficios que establece esta Ley, sobre el disfrute de pensiones, subsidios o ayudas en efectivo otorgadas por instituciones federales de seguridad social y de asistencia social, así como por gobiernos estatales o municipales, y

V. Aceptar y cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 17. La acreditación de los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo anterior, deberá realizarse mediante identificación oficial. A falta de lo anterior y en los casos previstos en la legislación común y en el Reglamento de esta Ley, la acreditación se hará mediante la presentación de dos testigos de la comunidad bajo protesta de decir verdad.

Artículo 18. En caso de que el adulto mayor tenga algún impedimento físico, mental o de salud para presentar personalmente la solicitud de inscripción al padrón de beneficiarios, lo podrá hacer su representante acreditado mediante identificación oficial y documento expedido por la Secretaría, en los términos previstos por el Reglamento de esta Ley.

Capítulo TresDel Financiamiento

Artículo 19. El Presupuesto de Egresos de la Federación asignará cada ejercicio fiscal, recursos para cubrir los apoyos solidarios que esta Ley consigna. Para tal efecto, el Ejecutivo Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, la estimación, así como un estudio sobre la población objetivo y el número de beneficiarios, desglosando los recursos que se deberán asignar a los conceptos que señala el artículo 14 de esta Ley.

Capítulo CuatroDe la Vigencia de Derechos

Artículo 20. La Secretaría tendrá un plazo no mayor a tres meses a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, para corroborar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de los apoyos solidarios. En caso de que la Secretaría haya aprobado la solicitud, deberá hacer entrega de los apoyos solidarios en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aprobación de la solicitud.

El beneficiario tendrá derecho a los apoyos solidarios correspondientes, a partir de la fecha en que hubiere entregado la solicitud y hubiere cumplido con los requisitos y condiciones que establece el artículo 16 de esta Ley, y los demás que establezca su Reglamento.

Artículo 21. El beneficiario, por sí o mediante su representante, deberá comunicar, en un plazo no mayor a treinta días del momento en que se produzca, cualquier modificación en su condición económica, residencial o estado civil. La falta de esta notificación dará lugar a la suspensión de los apoyos solidarios, así como una notificación, en su caso y si así lo comprueban las visitas domiciliarias señaladas en los artículos 22 y 23 de esta Ley, en el sentido de que se han alterado las condiciones del beneficiario, en cuanto a los requisitos que lo hacen merecedor de los derechos amparados por el presente ordenamiento.

Artículo 22. Durante la vigencia, la Secretaría podrá realizar visitas de verificación, seguimiento y evaluación del otorgamiento de los apoyos. El personal que realice estas visitas deberá contar con una identificación expedida por la Secretaría, la que deberá mostrar al beneficiario, a su representante y a sus familiares al momento de la visita.

Artículo 23. Las visitas a que se refiere el artículo anterior tendrán como objeto verificar el cabal cumplimiento de los fines y disposiciones reglamentarias que regulen el apoyo solidario, y atender dudas o problemas relacionados con la entrega del mismo. Durante las visitas se podrá recopilar información que requiera la Secretaría para implementar acciones y estrategias orientadas a mejorar el otorgamiento de los apoyos solidarios.

Capítulo CincoDe la Suspensión y Cancelación de los Apoyos Solidarios

Artículo 24. La suspensión y, en su caso, cancelación de los apoyos solidarios tendrá lugar por las siguientes causas:

I. Cuando después de al menos tres visitas domiciliarias consecutivas en días y horarios diferentes, el beneficiario no sea localizado en el domicilio reportado como residencia del mismo, sin que exista motivo que lo justifique a juicio de los visitadores;

II. Cuando se compruebe que el beneficiario se haya inscrito, con intención dolosa, más de una vez en el padrón;

III. Cuando se compruebe que el beneficiario no cumple con los requisitos de edad y residencia establecidos en el artículo 16 de esta Ley;

IV. Cuando el domicilio señalado por el solicitante o beneficiario como lugar de residencia no exista;

V. En el caso del apoyo mensual y otros beneficios pertinentes, cuando el adulto mayor haya fallecido;

VI. Cuando el beneficiario no pueda ser calificado como en situación de pobreza, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 15 de esta Ley y de otros ordenamientos aplicables;

VII. Cuando el fallecimiento del beneficiario, cause su baja del padrón, y una vez que se hayan cubierto las cantidades correspondientes a los conceptos de seguro de vida y pago de marcha conforme a lo establecido en esta Ley.

Artículo 25. Las causas para la cancelación de los apoyos, con excepción de los fallecimientos que deberán ser notificados por el representante acreditado, serán corroboradas por la Secretaría mediante las visitas domiciliarias a que se refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley.

Artículo 26. La cancelación de los apoyos solidarios deberá notificarse por escrito al beneficiario o a su representante acreditado.

Artículo 27. En caso de que el adulto mayor sea remitido a un asilo o sea hospitalizado, el representante acreditado o un familiar notificarán a la Secretaría esta situación, mediante documentación oficial, para que conserve el derecho al beneficio.

Artículo 28. El rechazo a la inscripción en el padrón de beneficiarios o la baja del mismo podrán ser impugnadas por el beneficiario por sí o por su representante mediante los mecanismos jurídicos, administrativos y reglamentarios previstos en la Ley General de Desarrollo Social relativos a la denuncia popular, así como en la legislación común o directamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría. La respuesta que al efecto emita la autoridad competente deberá estar debidamente fundada.

Título CuartoDel Padrón de Beneficiarios, la Transparencia y el Acceso a la Información

Capítulo Único

Artículo 29. La Secretaría establecerá y mantendrá el padrón de beneficiarios, construido de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos normativos para la integración, mantenimiento y consulta del padrón de beneficiarios de programas de Desarrollo Social” y demás normatividad aplicable.

El padrón de beneficiarios estará conformado por la información individual de cada uno de éstos para el registro, control y certificación de la asignación, continuación, suspensión y/o cancelación de los apoyos solidarios.

Artículo 30. La información contenida en el padrón de beneficiarios será pública, con las reservas y los criterios de confidencialidad que prevé la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 31. La información contenida en el padrón de beneficiarios no podrá ser destinada a otro fin que el establecido en la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, por lo que queda prohibida su utilización para fines políticos, electorales, de lucro o cualquier otro ajeno al objeto de esta Ley.

Artículo 32. La Secretaría, a través de su página de Internet, deberá publicar trimestralmente los movimientos de baja y alta del padrón, estableciendo, para el caso de la cancelación de los apoyos solidarios y por cada beneficiario, las causas que la originaron.

Título QuintoDe las Responsabilidades

Capítulo Único

Artículo 33. Los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente Ley deberán cumplir sus actividades observando los principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad.

Artículo 34. La falta de cumplimiento de los principios mencionados en el artículo anterior será sancionada, según sea el caso, de acuerdo a lo que establecen el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Transitorios

Primero.La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se regirán por la presente Ley todos los programas y servicios del Estado orientados a los mismos fines en cuanto estén asignados al sector rural y al segmento de la población referida.

Tercero.El titular del Poder Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. La convocatoria pública para la inscripción al padrón de beneficiarios se hará en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto.

Quinto.El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año fiscal posterior a la entrada en vigor del presente Decreto contendrá las partidas a que hace referencia el Capítulo Uno del Título Tercero de la presente Ley.

Sexto. La Secretaría de Desarrollo Social dispondrá de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, para el diseño y puesta en operación del padrón de beneficiarios de los apoyos solidarios estipulados en esta Ley, así como para la ejecución de ésta.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de junio de 2011.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), presidente; Aarón Irízar López (rúbrica), Edgardo Melhem Salinas (rúbrica), Maricela Serrano Hernández (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Jesús Gerardo Cortez Mendoza (rúbrica), Elpidio Desiderio Concha Arellano (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, Hugo Héctor Martínez González (rúbrica), Gerardo Sánchez García, Sergio Octavio Germán Olivares (rúbrica), Martín García Avilés (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), secretarios; Alfonso Primitivo Ríos, Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Lucila del Carmen Gallegos Camarena (rúbrica), Gloria Trinidad Luna Ruiz (rúbrica), Alba Leonila Méndez Herrera, Adriana Terrazas Porras, José Óscar Aguilar González, Carlos Luis Meillón Johnston, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Enrique Torres Delgado (rúbrica), Samuel Herrera Chávez, Carlos Flores Rico (rúbrica), Bélgica Nabil Carmona Cabrera, Laura Margarita Suárez González(rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica).»

«Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con fundamento en la valoración del impacto presupuestario que elabora el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en relación a la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, que suscriben la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y el diputado Luis Videgaray Caso.

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente a la LXI Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y por el diputado Luis Videgaray Caso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII; 45, numeral 6, incisos e) y f) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con base en los artículos 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 1 y 42 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las Comisiones y Comités de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 16 de marzo de 2010, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional, integrante de la LXI Legislatura, presentó la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo.

II. En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de su estudio y dictamen correspondientes.

III. Con base en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante oficio de fecha 18 de marzo de 2010, la valoración del impacto presupuestario.

IV. Esta Comisión recibió el 27 de abril de 2010 por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la mencionada valoración de impacto presupuestario de la iniciativa en comento, la cual sirve de fundamento para la presente opinión.

Objetivo de la iniciativa

El objetivo de la Iniciativa materia de la presente opinión consiste en ordenar y concertar la dispersa y heterogénea acción gubernamental en sus tres niveles a favor de los ancianos del campo; se busca que los programas asistenciales se articulen y complementen para que se conviertan en una consistente y vigorosa política de Estado.

La iniciativa propone garantizar y atender con prioridad a todos los adultos del campo de 70 o más años, pero en primer término a los que viven en comunidades rurales de 2,500 habitantes o menos; busca normar y garantizar una pensión vitalicia; servicios integrales de salud en el marco del Seguro Popular; un seguro de vida al momento del deceso del beneficiario a favor de su cónyuge; y un pago de marcha para la cobertura de gastos funerarios ante el fallecimiento del beneficiario.

Consideraciones

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con base en estadísticas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 y del Consejo Nacional de Población, realizó una valoración de impacto presupuestario de la iniciativa materia de la presente opinión, realizando estimaciones para el periodo 2010-2015.

En la siguiente tabla se muestra la información agregada de la estimación del impacto presupuestal realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas:

Con base en lo anterior, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en la valoración de impacto presupuestario emitido por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y del análisis realizado a la iniciativa, observa que la misma tiene un impacto presupuestario de alrededor de 3,200 millones de pesos anuales (en pesos de 2010) entre 2010 y 2015 para cubrir los gastos de la pensión vitalicia, seguro de vida y el pago de marcha para los adultos mayores de 70 años o más que viven en el campo, por lo que implica un impacto presupuestario.

Por todo lo anterior, es de emitirse la siguiente:

Opinión

Primero. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en los artículos, 39 numeral 1 y 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 18 párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con base en la valoración realizada por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, opina que la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, suscrita por la diputada Narcedalia Ramírez Pineda y por el diputado Luis Videgaray Caso, implica impacto presupuestario de 3,238 millones de pesos en promedio anual para el periodo 2010-2015, en pesos de 2010.

Segundo. La presente opinión se formula, solamente en la materia de la competencia de esta Comisión, tomando como base la valoración del impacto presupuestario que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, por lo que el sentido del dictamen que se dicte respecto de la iniciativa que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, es de la exclusiva competencia de la Comisión de Desarrollo Social.

Tercero. Remítase la presente opinión a la Comisión de Desarrollo Social.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, para su conocimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de junio de 2010.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Luis Videgaray Caso (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Felipe Enríquez Hernández, Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Mario Moreno Arcos (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León, secretarios; Cruz López Aguilar (rúbrica), David Penchyna Grub (rúbrica), Fernando Morales Martínez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva (rúbrica), Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, María Esther Sherman Leaño (rúbrica), Miguel Ángel Riquelme Solís, Óscar Guillermo Levin Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga (rúbrica), Roberto Albores Gleason (rúbrica), Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez, J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba, Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Armando Ríos Piter, Claudia Anaya Mota, Emiliano Velázquez Esquivel, Marcos Covarrubias Villaseñor, Juan José Guerra Abud (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Narceladalia Ramírez Pineda, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Compañeras y compañeros diputados, existen en nuestro país más de 4 millones de adultos mayores de 70 años que sufren el olvido de la sociedad y de las principales instituciones de nuestro país; esta realidad se agrava si consideramos que en la geografía rural de nuestro México habita uno de cada tres de estos adultos mayores de 70 años y que el 40 por ciento de éstos no percibe los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más elementales. Para referirnos a ellos, a los adultos mayores del campo, es que pedía la palabra.

Vengo a solicitarles su voto a favor de este dictamen, que contiene una respuesta positiva para este grupo vulnerable que sufre la mayor pobreza, la mayor desigualdad y discriminación social; golpea la conciencia constatar el abandono, maltrato y marginación, que aún al interior de sus hogares caracterizan la vida cotidiana de los adultos mayores del campo.

Mujeres y hombres ancianos, abandonados a su suerte, enfermos, sin opciones y en muchos casos en la indigencia, son imágenes que reproducen de manera dolorosa la realidad de las comunidades rurales más marginadas de nuestro país.

El asunto es de una invaluable trascendencia social; se trata de fortalecer y garantizar en las leyes para los adultos mayores del campo, lo que hoy con un gran sentido de solidaridad el gobierno federal, algunos gobiernos estatales y el Distrito Federal han atendido en los espacios urbanos, mediante programas específicos que constituyen una ayuda y un poco de esperanza para quienes merecen concluir su vida con dignidad.

Siendo esta actitud plausible, no se debe quedar en la generosidad de un acto benevolente y temporal —por parte del gobierno— la atención de los adultos mayores del campo, sino que debe transformarse en un mandato permanente que la constituya en una política de Estado, basada en principios de justicia y equidad a favor de los más pobres de los pobres.

Cuando las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública aprobaron el dictamen, que hoy someten a nuestra consideración, hicieron históricamente un acto de justicia para quienes con su desamparo, fragilidad y pobreza lacerante debieron estar siempre en el corazón mismo de nuestras preocupaciones.

La propuesta de Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo, que habitan en comunidades de hasta 2 mil 500 habitantes, que estamos votando, ofrece los beneficios de una pensión mensual para el adulto mayor, el pago de un seguro de vida a favor de su cónyuge, un pago de marcha que permita a la familia enfrentar los gastos funerarios del adulto mayor y la atención médica garantizada a través del Seguro Popular.

La consolidación de estos beneficios en la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo permitirá corregir las omisiones que han derivado en que cerca de 270 mil adultos mayores de 70 años en comunidades rurales no cuenten con ingreso alguno y vivan en condiciones de vulnerabilidad.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, lo que quiere decir este dictamen que hoy demanda nuestra aprobación es la reivindicación de la justicia social para quienes en el México profundo sufren la calamidad de la pobreza como una maldición, para quienes viven como invisibles la humillación a su dignidad como seres humanos.

Si nosotros, como legisladores de la nación, todavía somos capaces de reconocernos en nuestros campesinos más pobres, si somos capaces de avergonzarnos frente a la dramática realidad que viven los ancianos de nuestra patria —que lloran en silencio su tragedia en las más apartadas rancherías y comunidades indígenas—, y si somos capaces de apoyar con el mandato de las leyes y las garantías de las políticas públicas, una certidumbre para quienes ya viven los últimos días de su existencia, entonces estaremos cumpliendo con honor la confianza que este gran pueblo mexicano depositó en nosotros.

Porque esta propuesta tiene que ver con la realidad de nuestra patria, les reitero mi solicitud de voto favorable. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general sólo diputados en pro de la propuesta, el diputado Carlos Flores Rico, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, el diputado Fernández Noroña.

En este punto haré la pregunta de si se considera o no suficientemente discutido el punto, y dependiendo de la respuesta de la asamblea se encuentran inscritos después el diputado Ovidio Cortázar Ramos y el diputado José Narro Céspedes. Tiene la palabra el diputado Carlos Flores Rico.

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias, señor presiente. Éste es de los dictámenes que da gusto subir a respaldar. Lo que hoy vamos a votar —y ojalá cuente con el apoyo de ustedes— es una ley que establece por obligación del Estado uno de los anhelos más buscados por los diputados de muchas legislaturas, el hacer jurídicamente exigible un apoyo solidario a las personas de la tercera edad en el nivel federal. Esto es muy relevante.

Ésta es de las pocas ocasiones en las que tenemos oportunidad de establecer como una obligación del Estado, con un sujeto que tiene que responder por ellas, con un beneficiario establecido, una obligación que tiene que ver con el estado de bienestar.

Lo que hoy vamos a definir aquí, al votar este dictamen, no es una política pública, es un estatuto legal; es decir, dar reconocimiento a que la pensión y el apoyo solidario a quienes tienen una tercera edad, después de los 70 años, pueda ser una cuestión exigible legalmente.

No hay que confundir con lo que ahora tenemos como política pública —en este momento, por ejemplo— de una pensión a quienes tienen esa edad o más, que es una cuestión de un programa del Estado federal y que existe inclusive en varios estados de la República y en la Ciudad de México, en el caso de lo que hablamos hoy es una exigibilidad jurídica; es decir, que se pueden seguir atendiendo políticas públicas que den más, inclusive mejores apoyos, pero que se establezca una red básica de protección social que garantice que ese derecho no está sujeto a la burocracia, a la voluntad del funcionario o a la decisión de unas reglas de operación.

Lo que quiero destacar ahora es que lo que tantos años ha costado aquí, es hoy llevar a la práctica, al instrumento, una cuestión que antes era simplemente una decisión de política pública.

Hoy tenemos la oportunidad, diputados, diputadas de todos los partidos, de que por lo menos este apoyo solidario quede, por primera vez en la ley federal, como una obligación; con eso estamos construyendo un camino en lo que es un amplio todavía trecho por andar, de establecer la exigibilidad jurídica a los derechos que están en la Constitución y que pasen de las declaraciones a los hechos. Enhorabuena.

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Gerardo Cortez, ¿con qué objeto?

El diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza (desde la curul): Quería hacerle una pregunta al orador, pero ya se bajó.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Sin lugar a dudas se trata de una reforma muy importante que va a beneficiar a muchos miles, seguramente en los próximos años, millones de mexicanos adultos mayores; nosotros no podemos sino estar a favor de la propuesta que aquí se ha hecho, porque entendemos que uno de los sectores más marginados, más abandonados por el Estado y por la sociedad mexicana son los adultos mayores del campo que viven en comunidades menores a 2 mil 500 habitantes.

A nosotros —como es obvio—, nos parece de manera adecuada la propuesta, pero también nos parece insuficiente, nos gustaría que estos beneficios se extendieran a todos los adultos mayores del país, sobre todo a aquellos que viven en condiciones de pobreza, no solamente de las áreas rurales, sino también de las áreas urbanas de México.

También nos gustaría —como establecen los convenios que ha ratificado nuestro país, de la OIT— que estos beneficios se diesen a partir de los 65 años de edad y no hasta los 70 años de edad.

Sin embargo, a pesar de que no es totalmente universal la propuesta, consideramos que ese sector de mexicanos adultos mayores que viven en estas poblaciones rurales, merecen una atención firme, decida y contundente del Estado mexicano; por eso nosotros votaremos a favor de la misma, aunque hacemos votos para que las siguientes propuestas y de manera progresiva se dé cumplimiento al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución.

Es decir, que comencemos a tomarnos en serio los derechos humanos en México a partir de la Constitución y los tratados; que este órgano legislativo realice interpretación conforme; que todas las propuestas de ley que aquí se presenten, las veamos con los ojos de la Constitución y de los tratados que hemos celebrado.

Un comentario final antes de despedirme de ustedes: creo que es importante que estos programas que plantea la reforma, que plantea esta ley para beneficiar a adultos mayores, no deben tener usos electorales ni usos políticos, que los delitos electorales en este ámbito deben ser delitos graves. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, pedí la palabra a favor, por supuesto estoy a favor de esta iniciativa.

Narcedalia hizo un discurso muy bueno, digno de una mejor iniciativa; la verdad es que nuestra compañera Tere Lupe Reyes, planteó que hubiera la pensión alimenticia a todos los adultos mayores de todo el país. No fue aceptada, fue aceptado esto que está siendo presentado y que atiende a un sector, pero no a todos los adultos mayores del país.

Voy más lejos, además me pareció oír —no sé si estaban poniendo atención—, que le llaman pago de marcha a un apoyo económico, frente al fallecimiento del adulto mayor; me parece muy desafortunado que le llamen pago de marcha.

A ver, ¿quiénes quieren su pago de marcha también aquí? Creo que hay que modificar esa manera de denominar ese apoyo económico a los adultos mayores, es desafortunado.

Quiero plantearles, sobre todo, compañeros diputados, sabiendo de su enorme preocupación por el pueblo de México, quiero decirles que no es posible que el país se encuentre en esta situación, que les demos 3 mil 200 millones de pesos, mientras que a la banca extranjera se le han dado 800 mil millones de pesos.

Me hacía el diputado Gertz Manero conciencia hace rato de que no hay una sola área de la actividad económica del país que no haya sido entregada al capital extranjero, no sólo el petróleo, no sólo la energía eléctrica, no sólo las minas, ahora hasta la educación privada, los puertos, los aeropuertos, todo está hecho una desgracia y pensamos que es mucho 3 mil 200 millones de pesos para un sector de adultos mayores, cuando lo que hace falta en el país es justicia social plena, empleo pleno y bien pagado, seguridad social para todos, pensiones y jubilaciones dignas.

La gente no quiere caridad, la gente no quiere migajas, la gente ni siquiera quiere extender la mano, lo que quiere es una oportunidad de vivir con dignidad en base a su esfuerzo y su trabajo y le ha sido negada, a la mayoría del pueblo de México, esta posibilidad.

La verdad es que nos sentimos muy bien con iniciativas de este tipo que lamentablemente siguen siendo parches para la enorme injusticia social, desigualdad, miseria, hambre y desesperanza que se enseñorea en el país.

A aquellos compañeros, compañeras, que están siendo muy realistas, nos va a despertar la realidad más temprano que tarde. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este punto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Mayoría por la afirmativa. Pido a la Secretaría que ordene la apertura del sistema electrónico, hasta por tres minutos, para recoger el voto de la asamblea.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Damos la más cordial bienvenida a alumnos del Colegio Moderno Tepeyac, tercer grado, invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga.

Alumnos de la escuela primaria vespertina Generalísimo Morelos, de Tlalnepantla, estado de México, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada.

Alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, invitados por el diputado Agustín Guerrero Castillo.

Todos ustedes sean cordialmente bienvenidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Falta un minuto para que puedan emitir su voto. Diputado presidente, el resultado es el siguiente: 382 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado por 382 votos en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Apoyo Solidario para los Adultos Mayores del Campo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia saluda a los niños de la escuela primaria Adolfo Ramos, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, invitados por el diputado César Augusto Santiago.

LEY GENERAL DE LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

“Minuta proyecto de decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Séptimo Párrafo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía”, recibida por esta Cámara de Diputados de la cámara colegisladora, en fecha 27 de abril de 2011.

Las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 95, 157 y 158 inciso 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la minuta mencionada al tenor de los siguientes antecedentes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 27 de abril de 2011, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la minuta que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión”.

Tercero. El antecedente histórico de la minuta en referencia es el siguiente:

1. En fecha 14 de septiembre de 2010, el senador René Arce del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Séptimo Párrafo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía, la que fue turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Desarrollo Social.

2. Seguido su trámite legislativo, en fecha 26 de abril de 2011, la iniciativa en referencia fue aprobada por 83 votos en el Pleno de la Cámara de Senadores y enviada la minuta a la Cámara de Diputados.

3. En fecha 27 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados resolvió enviar la minuta que nos ocupa a las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, son competentes para conocer sobre la minuta referida en el exordio del presente escrito.

Segunda. Que la materia de la minuta de referencia trata de lo siguiente:

• Expide una Ley que tiene por objeto establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado; así como definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

• Asimismo, establece las formas de organización social que integrarán al Sector Social de la Economía, como serán ejidos; comunidades; organizaciones de trabajadores; sociedades cooperativas; empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

• Además, se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tendrá como objeto definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

• Y se establecen cuales serán los fines del Sector Social de la Economía, los principios y valores que dichas organizaciones deberán tomar en cuenta y observar, así como la aceptación de dichas cuestiones en sus estatutos.

Tercera. Que el dictamen favorable a la Iniciativa referida realizado por las Comisiones Unidas de Fomento Económico, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, establece como fundamento de su posición lo siguiente:

“Consideraciones

1. El proyecto de Ley, objeto del presente dictamen, refleja la voluntad de legisladores de distintos grupos parlamentarios que comparten la convicción de que nuestro país cuente con un marco jurídico que reconozca, fomente e impulse al Sector Social de la Economía como un motor de desarrollo y crecimiento económico.

El presente proyecto de Ley constituye un avance significativo en el impulso al desarrollo del país y busca establecer las condiciones para que los propios ciudadanos se organicen en las distintas formas asociativas del Sector Social de la Economía a fin de que contribuyan en el mejoramiento de sus condiciones de bienestar y calidad de vida, así como para satisfacción en conjunto de sus necesidades económicas.

2. Desde 1983, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, establece la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y el carácter mixto de la economía, integrada por tres sectores: público, privado y social, dejando explícitamente señalado en su párrafo tercero que al “desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”.

El mismo artículo constitucional en su párrafo séptimo establece la responsabilidad del Estado para impulsar al Sector Social de la Economía al señalar: “La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social...”

Así mismo, la Constitución en su artículo 123 le asigna al Estado la responsabilidad de promover la creación de empresas sociales sustentadas en la asociación de trabajadores: “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo...”

3. Cabe hacer mención que este sector, como lo señala el mismo artículo 25 de la Constitución, se encuentra conformado por una diversidad de formas asociativas: “ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.

Cada una de estas formas asociativas cuenta con su respectivo estatuto jurídico y con sus propias organizaciones representativas, no obstante se advierte una necesidad que es común para todas ellas, la de un marco legal que facilite la organización y expansión del sector.

Así mismo, en las legislaciones locales de cada entidad se han establecido leyes de fomento a las diversas formas asociativas del Sector Social de la Economía, sin reconocer explícitamente el término y pertenencia de las organizaciones al mismo sector, generando con ello poca o nula claridad de los objetivos de este sector de la economía y restándole eficacia a las distintas normas.

En virtud de lo anterior, los integrantes de las Comisiones unidas revisoras de la Iniciativa en estudio, coinciden en la necesidad de establecer una Ley marco de la economía social y solidaria que estructure en forma coherente y oriente las políticas públicas de fomento al Sector Social de la Economía al que se refiere el artículo 25 de la Constitución, así como buscar los medios para mejorar la armonización de la legislación federal y estatal que regula las distintas formas asociativas que integran el sector.

4. En los últimos años se han generado propuestas legislativas en aras de construir un marco legal del Sector Social de la Economía de nuestro país, las cuales concluyeron su proceso legislativo sin llegar a convertirse en Ley. Sin embargo, tanto el autor de la iniciativa como los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, las han retomado como un antecedente y base de la presente propuesta.

La primera, fue propuesta por el diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante la LVII legislatura, cuyo proyecto consistía en crear la Ley Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al Sector Social de la Economía y que en palabras del legislador pretendía “lograr un marco de organización, fomento y desarrollo para la economía social y solidaria”.

La segunda, fue del diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante la LX Legislatura, en la cual propuso un proyecto de Ley General de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional, planteando la “necesidad de incorporar en nuestro sistema normativo una Ley Reglamentaria del Sector Social de la Economía”.

5. El Sector Social de la Economía, prescrito en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, responde a las necesidades de los grupos sociales de organizarse para satisfacer sus necesidades materiales comunes, sin que con ello se reste responsabilidad al Estado para que implemente acciones, programas y estrategias a fin de lograr que las personas gocen de las garantías constitucionales de manera efectiva o que el sector privado deje de cumplir su función de inversor y generador de empleo.

Modificaciones de las comisiones dictaminadoras

No obstante las consideraciones vertidas con antelación, estas Comisiones dictaminadoras consideran conveniente realizar, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se crea la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Séptimo Párrafo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al sector social de la economía, las modificaciones siguientes.

1. Se modifica el artículo 3º del proyecto de Ley, para establecer expresamente que el Sector Social de la Economía, que para efectos de esta Ley se denominará únicamente como “Sector” o “Sector Social de la Economía”, conforme a lo que establece el artículo 5º, y que corresponde al sector a que hace mención el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El séptimo párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a las “Comunidades” incluyéndolas como una de las formas de organizaciones sociales que integran el sector social de la economía. Así mismo, en los artículos 98 a 107 de la Ley Agraria, éstas se definen como el núcleo de población y su propiedad sobre la tierra, reconociendo su personalidad jurídica. Por ende, en el artículo 4, fracción II, del proyecto de Ley, se sustituye el término de “Comunidades Agrarias” por el de “Comunidades”.

3. El artículo 8º del proyecto de Ley pasa a ser artículo 5º del Decreto. Se sustituye el término de “Entidades del Sector” por el de “Organismos del Sector”, toda vez que el término de “entidad” se entiende como corporación, compañía e institución, en cambio “Organismo” como una forma de organización social.

Asimismo, en razón de que en el cuerpo del proyecto de Ley en varias ocasiones se hace referencia a los términos de: “Secretaría”; “Asociados”; “Organismos de Integración”; “Actividad Económica”; por técnica legislativa y economía del texto se incluyen para quedar definidos de la siguiente manera:

• “Secretaría”, a la Secretaría de Economía;

• “Asociados”, en singular o plural, a las personas que participan en el capital social de los Organismos del Sector;

• “Organismos de Integración”, en singular o plural, a Organismos de representación de segundo o grados superiores del Sector Social de la Economía;

• “Actividad Económica del Sector”, la actividad económica del Sector Social de la Economía realizada por los Organismos del Sector que lo integran; a cualquier proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o servicios socialmente necesarios, en cualquiera de sus fases de producción, distribución o consumo, y en cualquier de los sectores primario, secundario o terciario.

4. El artículo 9º del proyecto de Ley pasa a ser artículo 7º del Decreto y a éste se adiciona un segundo párrafo para establecer que sin detrimento de la legislación específica para los distintas figuras jurídicas que integran el Sector Social de la Economía, podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en la misma.

5. El artículo 10º del proyecto de Ley pasa a ser artículo 8º del Decreto y en la fracción VI de este artículo se modifica el término de “Garantizar” por el de “Facilitar”, ya que si se garantizan actos como la gestión o la propiedad se deberá asegurar y dar certeza a un acto privado que es susceptible al incumplimiento.

6. El artículo 7º del proyecto de Ley pasa a ser artículo 12 del Decreto y se establece que serán supletorias de esta Ley, además del Código Civil Federal, la legislación específica de las distintas figuras jurídicas en que se constituyan los Organismos del Sector. Además se establece, que corresponderá a la Secretaría de Economía la interpretación para efectos administrativos los preceptos de esta Ley.

7. En la Iniciativa de proyecto de Ley, se señala que el Instituto Nacional de Economía Social será “un organismo público autónomo...”. Sin embargo, el carácter de “órgano autónomo” en la Administración Pública Federal, le corresponde a los órganos que la Constitución Política de los Estados Unidos establece como tales. Los órganos autónomos referidos en el Texto Constitucional hasta ahora son: el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. No obstante, si se constituyera al Instituto como un organismo desconcentrado de la Secretaria de Económica dependería presupuestalmente y estaría subordinada directamente a la misma, contando con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos que establezca esta Ley.

Por tanto, se modifica la naturaleza jurídica del Instituto para establecerlo como un Organismo desconcentrado, ya que para constituirse como la iniciativa lo indica se requeriría modificar la Constitución, así como de un presupuesto mayor.

8. En el artículo 14 fracción II de la iniciativa, se hace una corrección de redacción para señalar con claridad que el Fondo de Fomento a la Economía Social se constituirá con los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación -y no por el Poder Legislativo Federal-, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las entidades federativas y municipios.

Se unifican las fracciones X y XI, las cuales se refieren al Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mismo que se conformará mediante la firma de convenios de coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas y Municipios. Las fracciones subsiguientes se recorren.

En la fracción XII, se establece que para la creación de Organismos de Integración del Sector se deberá respetar lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las formas asociativas que integran el Sector Social de la Economía.

Y en la fracción XIII, toda vez que no resulta conveniente establecer por mandato de Ley la creación de entidades financieras del sector, se modifica la redacción para quedar como sigue: “Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus sectores específicos, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector”.

9. El artículo 17 del proyecto de Ley, se adiciona estableciendo cuáles serán las atribuciones de la Junta Directiva del Instituto, pues no se tenían contempladas en la iniciativa.

10. El artículo 19 del proyecto de Ley, se arregla de conformidad con lo que establece el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer que el Instituto, como toda dependencia y entidad de la Administración Pública Federal, podrá contar con delegaciones en las Entidades Federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una Entidad Federativa.

11. Se elimina del artículo 21 del proyecto de Ley la fracción V, toda vez que sería inviable para el Congreso Nacional participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, en todo caso ésta puede ser una atribución del Consejo Nacional.

12. En el artículo 23 del proyecto de Ley se establece una condición para que la Junta Directiva pueda Convocar al Congreso Nacional extraordinario, toda vez que debe preverse la posibilidad de que sea necesaria una reunión de carácter extraordinario cuando así lo consideren las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva. Por lo anterior, se propone que cuando dos terceras partes así lo acuerden se emitirá la referida convocatoria.

13. En el artículo 25 del proyecto de Ley se adiciona una fracción V, recorriéndose la numeración sucesiva de las fracciones, para establecer como una de las atribuciones del Consejo Nacional la de participar en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades que desarrollen los Organismos de Sector.

Se modifica del mismo artículo la fracción VI, eliminándose lo señalado respecto a que el Consejo Nacional promoverá la “creación de instituciones financieras de primero y segundo piso que requiera el sector social”, toda vez que esta disposición se contrapone con otras leyes que regulan a las instituciones financieras, quedando como sigue: “Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias especificas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector”. Cabe mencionar que ya existen algunos tipos de Organismos del sector reconocidos y regulados en la legislación, como son los casos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras comunitarias.

14. Se modifica el artículo 30 del Proyecto de Ley, en virtud de la inviabilidad de destinar una partida del Presupuesto de Egresos de la Federación para el funcionamiento de Organismos de carácter privado. El Congreso Nacional y el Consejo Nacional deberán de fondearse de las aportaciones de los Organismos de Integración asociados.

No obstante, se adiciona que dichos órganos del sector podrán recibir donaciones, subsidios, herencias, legados y recursos análogos que reciban de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales destinados a incrementar su patrimonio.

15. Con el fin de evitar discrepancias con otras leyes que regulan a Organismos del sector en el artículo 31 del proyecto de Ley, se especifica que la constitución de los Organismos de integración se ajustará por lo dispuesto en la legislación específica de cada una de las formas asociativas de los Organismos del sector.

16. Se modifica el artículo 35 del proyecto de Ley para establecer con claridad que los Organismos de Integración deberán inscribirse ante el Registro al que se refiere el Capítulo IV del Título II de esta Ley, a fin de que sea reconocida su representatividad.

17. Se modifica el primer párrafo del artículo 42 del proyecto de Ley, para establecer que los Organismos del sector podrán realizar las actividades señaladas en este artículo -entre las que se encuentran las de tipo financieras de seguros, crédito, ahorro y préstamo-, siempre que la legislación específica para cada uno de los Organismos les faculte de acuerdo a su objeto social y naturaleza legal. Además, se adiciona un último párrafo para indicar que las actividades de proselitismo político electoral y partidista nos les estarán permitidas.

18. Se unifican los artículos 44, 45, 46 y 47 del proyecto de Ley, estableciendo en un solo artículo (artículo 43) que las distintas formas asociativas integrantes del Sector Social de la Economía, adoptarán la estructura interna que señale su legislación específica y sus propios estatutos, que más se adecúe a sus necesidades, debiendo contar al menos con un órgano de dirección, asamblea general, u otra figura similar; un órgano de administración, comisariado, gerente, director general, o figura similar, y un órgano o consejo de vigilancia y control interno. Y se adiciona que los miembros de estos órganos serán designados y podrán ser removidos por decisión de la mayoría del órgano de dirección o asamblea general, de conformidad con sus propios estatutos.

19. El artículo 48 del proyecto de Ley pasa a ser artículo 44 del Decreto. Además, se elimina la fracción IV, -recorriéndose la numeración de las siguientes fracciones-, toda vez que resulta poco viable la participación directa de los Organismos integrantes del sector en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo en los términos de la Ley de Planeación.

20. El artículo 49 del proyecto de Ley pasa a ser artículo 45 del Decreto. Si bien en la fracción II de este artículo, se establece que todos los Organismos del Sector deben contar con tres tipos de fondos: de reserva, de previsión social y de educación, debe señalarse que éstos se constituirán sin detrimento de otros fondos que establezcan las leyes específicas.

En sus fracciones IV, V, VI y VII, se modifican para señalara con claridad que el financiamiento público otorgado a los Organismos del sector tendrá como único fin el fomento de sus actividades, para lo cual se establecen lineamentos que deberán cumplir en la elaboración de los informes anuales sobre el ejercicio de dicho financiamiento, así como la clase de información que estarán obligados a presentar al Instituto o en su caso a otras autoridades competentes.

Asimismo, se adicionan las fracciones XII a XVIII, estableciéndose como obligaciones de los Organismos del sector las siguientes:

• Promover la profesionalización y capacitación de sus asociados;

• Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios;

• Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con el instituto;

• Informar a sus asociados a través de su asamblea general u órgano de dirección sobre los servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en el respectivo ejercicio, así como de sus estados financieros;

• Notificar al registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de dirección, administración y vigilancia en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva;

• En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otros Organismos del sector que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de elegir quién transmitirá dichos bienes, y

• Contribuir al desarrollo socioeconómico nacional;

• Las demás que señale la presente Ley y leyes aplicables.

21. El artículo 50 del proyecto de Ley pasa a ser artículo 46 del Decreto y se modifica este artículo redefiniendo los fines del Fondo de Fomento de la Economía Social, para quedar de la siguiente manera:”...cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social”. Este fondo por tratarse de recursos públicos no podrá destinarse para el funcionamiento del Consejo Nacional, el cual es un Organismo del Sector.

22. Se adiciona el artículo 47, para establecer restricciones a los Organismos del sector para obtener apoyos o estímulos públicos cuando existan relaciones de parentesco ya sea por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o relaciones de interés entre sus administradores o representantes con los servidores públicos encargados de otorgar o autorizar dichos apoyos.

23. Se adiciona el artículo 50 para establecer que los Organismos del sector que con fines de fomento reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. Además, deberán llevar a cabo sus operaciones conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional.

24. El artículo 56 del proyecto de Ley pasa a ser artículo 52 del Decreto, el cual se modifica en razón de darle un orden lógico-jurídico en cuanto cuestiones de forma y técnica legislativa al Capítulo IV del Decreto, es decir, se pretende primeramente definir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social conforme lo prevé la Ley General de Desarrollo Social, estableciendo que dicho Consejo será el órgano responsable de la evaluación periódica del cumplimiento de las políticas públicas de fomento y apoyo a los Organismos del sector social de la economía, para posteriormente señalar en el Capitulo V del Decreto, el cual alude a las sanciones, la facultad de imponer sanciones de carácter administrativo con la que contara dicho Consejo.25. Se elimina el artículo 51 del proyecto de Ley, toda vez que no es jurídicamente procedente establecer que los Organismos del sector solicitarán financiamiento preferentemente a otros Organismos de mismo sector, pues sería una norma imperfecta que al no obligar pierde carácter de disposición legal, pues los Organismos tendrían en cualquier tiempo la oportunidad de obtener financiamiento en las condiciones que más les convengan ya sea en la banca comercial o en la banca de desarrollo.

26. Se elimina el artículo 52 del proyecto de ley, toda vez que no pueden establecerse exenciones fiscales en esta Ley.

27. El artículo 60 del proyecto de Ley pasa a ser artículo 56 del Decreto y se modifica, ya que las auditorias sobre el ejercicio de recursos públicos son facultad exclusiva de la Auditoria Superior de la Federación, misma que es la encargada de establecer las sanciones correspondientes, por lo que se elimina la segunda parte del párrafo, donde se establecía en la Iniciativa que en caso de que las evaluaciones detecten anomalías en el manejo de los recursos del Instituto, del Fondo o del Consejo, se procederá a efectuar las investigaciones correspondientes, aplicándose, en su caso, las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de la Funcionarios Públicos.

28. El artículo 62 del proyecto de Ley pasa a ser artículo 58 del Decreto y se establece que el Instituto podrá establecer sanciones administrativas en los casos en que los Organismos o sus administradores simulen estar constituidos como Organismos del sector, y gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas de esta Ley.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras que suscriben el presente Dictamen someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DECRETO por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

Cuarta. Que los diputados que integran las Comisiones de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social, estiman legítimo el espíritu de la iniciativa y correctas las modificaciones que realizó a la misma la Cámara de Senadores, así como los argumentos que se esgrimieron para tal efecto; por lo que los hace suyos para los efectos del presente dictamen.

Quinta. No obstante, aunado a las consideraciones realizadas por los senadores, los integrantes de las Comisiones de Economía y Fomento Cooperativo y Economía Social, estiman importante señalar que el decreto que se aprueba no ha sido la única propuesta para reglamentar el sector social de la economía y fomentar su desarrollo, pues desde la LVII Legislatura existen iniciativas que han perseguido los mismos objetivos y que el impulso que sus proponentes han dado al tema ha sido determinante para el avance del trámite parlamentario de la minuta que se dictamina:

• La del diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante la LVII legislatura, cuyo proyecto consistía en crear la Ley Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo referente al Sector Social de la Economía.

• La del diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional durante la LX Legislatura, en la cual propuso un proyecto de Ley General de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Artículo 25 Constitucional.

• La del diputado José Manuel Agüero Tovar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el pasado 30 de noviembre de 2010, cuyo proyecto consistía en crear la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• La del diputado Luis Felipe Eguía Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el pasado 24 de marzo del presente, cuyo proyecto consistía en crear la Ley Federal de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al Sector Social de la Economía y asimismo, reformaba el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

• La del diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia el pasado 7 de abril del presente, cuyo proyecto consistía en crear la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al sector social de la economía.

Sexta. En virtud de lo anterior, las Comisiones Unidas de Economía y de Fomento Cooperativo y Economía Social se manifiestan por aprobar la minuta que nos ocupa en los términos precisados en el presente dictamen, y remitir en su momento al Ejecutivo, para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente:

Decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía

Artículo Único. Se expide Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

TÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente al Sector Social de la Economía.

La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal y de las Entidades Federativas, así como municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2o. La presente Ley tiene por objeto:

I. Establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la Actividad Económica del Sector Social de la Economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado.

II. Definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

Artículo 3o. El Sector Social de la Economía es el sector de la economía a que hace mención el párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se integra por el conjunto de organizaciones sociales en los términos que establece la presente Ley.

Artículo 4o. El Sector Social de la Economía estará integrado por los siguientes formas de organización social:

I. Ejidos;

II. Comunidades;

III. Organizaciones de trabajadores;

IV. Sociedades Cooperativas;

V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y

VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Sector, al Sector Social de la Economía a que hace mención el párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Organismos del Sector, a las organizaciones, empresas y sociedades del Sector Social de la Economía;

III. Secretaría, a la Secretaría de Economía;

IV. Instituto, al Instituto Nacional de la Economía Social;

V. Congreso Nacional, al Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;

VI. Consejo Nacional, al Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;

VII. Asociados, en singular o plural, a las personas que participan en el capital social de los Organismos del Sector;

VIII. Organismos de Integración, en singular o plural, a organismos de representación de segundo o grados superiores del Sector;

IX. Fondo, al Fondo de Fomento a la Economía Social;

X. Registro, al Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, y

XI. Actividad Económica, la actividad económica del Sector Social de la Economía realizada por los Organismos del Sector; a cualquier proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes o servicios socialmente necesarios, en cualquiera de sus fases de producción, distribución o consumo, y en cualquier de los sectores primario, secundario o terciario.

Artículo 6o. El Estado apoyará e impulsará a los Organismos del Sector bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público, y conforme al uso, en beneficio general, de los recursos productivos que tendrán la obligación de proteger y conservar, preservando el medio ambiente.

Artículo 7o. La organización y funcionamiento de los distintos subsectores que conforman el Sector Social de la Economía se regirán por las leyes y reglamentos dictados al efecto, de conformidad con su naturaleza eminentemente social y disposiciones de la presente Ley.

Los Organismos del Sector legalmente constituidos podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley, en estricta observancia de los valores, principios y prácticas señalados en los artículos 9o., 10 y 11 de la misma.

Artículo 8o. Son fines del Sector Social de la Economía:

I. Promover el desarrollo integral del ser humano;

II. Contribuir al desarrollo socioeconómico del país, participando en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios;

III. Fomentar la educación y formación impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora;

IV. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa;

V. Participar en el diseño de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social;

VI. Facilitar a los Asociados de los Organismos del Sector la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna.

Artículo 9o. Los Organismos del Sector tomarán en cuenta en su organización interna, los siguientes principios:

I. Autonomía e independencia del ámbito político y religioso;

II. Régimen democrático participativo;

III. Forma autogestionaria de trabajo;

IV. Interés por la comunidad.

Artículo 10. Los Organismos del Sector orientarán su actuación en los siguientes valores:

I. Ayuda mutua;

II. Democracia;

III. Equidad;

IV. Honestidad;

V. Igualdad;

VI. Justicia;

VII. Pluralidad;

VIII. Responsabilidad compartida;

IX. Solidaridad;

X. Subsidiariedad, y

XI. Transparencia.

Artículo 11. Los Organismos del Sector realizarán sus actividades conforme a las leyes que regulen su naturaleza jurídica específica, sus estatutos sociales y de acuerdo con las siguientes prácticas:

I. Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital;

II. Afiliación y retiro voluntario;

III. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora;

IV. Trabajo en beneficio mutuo y de la comunidad;

V. Propiedad social o paritaria de los medios de producción;

VI. Participación económica de los Asociados en justicia y equidad;

VII. Reconocimiento del derecho a afiliarse como Asociado a las personas que presten servicios personales en los Organismos del Sector, sobre la base de su capacitación en los principios y valores del Sector, y el cumplimiento de los requisitos que establezcan sus bases constitutivas;

VIII. Destino de excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus Asociados parte de los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo del Organismo del Sector;

IX. Educación, formación y capacitación técnico administrativa permanente y continua para los Asociados;

X. Promoción de la cultura solidaria y de la protección del medio ambiente entre sus Asociados y la comunidad;

XI. Información periódica de sus estados financieros y de resultados a todos y cada uno de sus Asociados, a través de los informes a sus órganos de dirección, administración y vigilancia, así como libre acceso a la información respectiva para los mismos;

XII. Integración y colaboración con otros Organismos del Sector, y

XIII. Compromiso solidario con las comunidades donde desarrollan su actividad.

Artículo 12.En lo no previsto por la presente Ley se aplicará supletoriamente:

I. La legislación civil federal;

II. La legislación específica de las distintas figuras en que se constituyan los Organismos del Sector, y

III. Los usos y prácticas imperantes entre los Organismos del Sector.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, interpretará para efectos administrativos los preceptos de la presente Ley.

TÍTULO IIDE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

CAPÍTULO IDEL INSTITUTO

Artículo 13. Se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley.

El Instituto tiene como objeto definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Artículo 14. El Instituto tendrá como funciones las siguientes:

I. Definir e instrumentar la Política Nacional de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía;

II. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y consolidación del Sector, mediante la constitución del Fondo de Fomento a la Economía Social con los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las Entidades Federativas y Municipios;

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;

IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de apoyo público a la promoción, fomento y desarrollo del Sector;

V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector;

VI. Ser órgano consultivo del Estado en la formulación de políticas relativas al Sector, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos del Sector;

VII. Establecer en colaboración con el Consejo Nacional un modelo de supervisión a los Organismos del Sector, salvo aquellos casos en los que las Leyes en sectores específicos dispongan algún tipo de supervisión especial a los Organismos del Sector, tomando en cuenta su propio balance social;

VIII. Constituir la Comisión de Conciliación y Arbitraje propia del Sector, a fin de promover y procurar la conciliación de intereses al interior y entre los Organismos del Sector como vía preferente para la solución de conflictos derivados de la aplicación de esta Ley, actuando como árbitro en los casos en que las partes así lo convengan;

IX. Llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

X. Promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el Sector, para lo cual establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, mediante la firma de convenios de coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las Entidades Federativas y Municipios;

XI. Promover en el ámbito nacional e internacional los bienes y servicios producidos por los Organismos del Sector, siempre que la legislación específica en la materia de cada Organismo del Sector se los permita;

XII. Promover la creación de Organismos de Integración del Sector de conformidad por lo dispuesto en las leyes específicas para cada una de las formas asociativas que los integran;

XIII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias especificas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector;

XIV. Difundir los valores, principios y fines del Sector, así como sus principales logros empresariales y asociativos;

XV. Elaborar y mantener actualizado el catálogo de los diferentes tipos de Organismos del Sector, teniendo en cuenta los principios, valores y fines establecidos en la presente Ley;

XVI. Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía;

XVII. Coadyuvar con los Organismos de Integración en la realización, cada tres años, del Congreso Nacional del Sector Social de la Economía;

XVIII. Establecer un Observatorio del Sector Social de la Economía, que sirva como herramienta para la sistematización de las experiencias nacionales del Sector, y

XIX. Definir las distintas regiones geoeconómicas necesarias para el cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Artículo 15.El Instituto contará con los siguientes recursos para el cumplimiento de su objeto:

I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal; y

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la Ley.

Artículo 16. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará de los órganos siguientes:

I. Una Junta Directiva, integrada por el Director General, seis consejeros electos con carácter honorifico por el Congreso Nacional y seis consejeros designados por el Secretario de Economía;

II. Un Director General, designado y removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Economía, y

III. Las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su objeto.

Artículo 17. La Junta Directiva sesionara por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría. Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

Son atribuciones indelegables de la Junta Directiva:

I. Vigilar la correcta administración del Fondo;

II. Aprobar el programa anual de actividades del Instituto;

III. Aprobar el Informe de Labores Anual que presente el Director General del Instituto;

IV. Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto que emitirá el Instituto a través de la Secretaria;

V. Aprobar los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector que realizará el Instituto, y

VI. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Artículo 18. El Director General, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento del Instituto, podrá ejercer su representación legal, y además tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto;

II. Elaborar, proponer y someter a consideración de la Junta Directiva, para su aprobación, los programas y acciones de fomento a la actividad económica del Sector;

III. Designar a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores a sí mismo, considerando para tales funciones a quienes tengan amplia experiencia y conocimiento en temas relacionados con los Organismos del Sector;

IV. Presentar a la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal correspondiente;

V. Presentar un informe anual de actividades, y

VI. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Artículo 19.El Instituto podrá establecer delegaciones regionales, las que en su caso atenderán a los Organismos del Sector de las distintas regiones geoeconómicas.

Los titulares de las delegaciones serán designados por el Director General del Instituto y tendrán las atribuciones que determine el Estatuto Orgánico del mismo.

Artículo 20. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO IIDEL CONGRESO Y CONSEJO NACIONAL

Artículo 21.El Congreso Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es el máximo órgano de representación del Sector, y estará conformado de acuerdo a los siguientes criterios y su propio reglamento interno:

I. Dos congresistas de cada uno de los Organismos del Sector de segundo, tercer y cuarto grado, que estén dentro del Registro Nacional.

II. Cien congresistas electos en asambleas regionales, convocadas y desarrolladas por el Instituto, con base a las distintas regiones geoeconómicas que establezca el Instituto con base a sus atribuciones; así como los respectivos Organismos de Integración registrados.

Artículo 22. Son funciones del Congreso Nacional:

I. Fomentar y difundir los principios, valores y fines del Sector;

II. Promover la integración de los componentes del Sector;

III. Emitir de manera conjunta y/o con la anuencia de los Organismos de Integración que, conforme al asunto, deban conocer del tema, posicionamientos con respecto a las problemáticas que afecten al Sector;

IV. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos;

V. Elegir a través de su pleno y en apego a su reglamento interno, a los representantes propietarios y suplentes, ante el Instituto, así como a los consejeros del Consejo Nacional, y

VI. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta Ley.

Artículo 23. El Congreso Nacional se convocará cada tres años de manera ordinaria, pudiendo realizarse convocatoria extraordinaria cuando exista acuerdo de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional.

Artículo 24. El Consejo Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía es un órgano operativo y de coordinación del Congreso Nacional y desarrollará las actividades de apoyo al Sector.

Artículo 25. Son funciones y atribuciones del Consejo Nacional:

I. Convocar las sesiones del Congreso Nacional;

II. Servir como Organismo de coordinación, discusión y exposición de todos los asuntos de interés para el Sector, debiendo para ello tomar en cuenta la opinión de aquellos Organismos de Integración que, conforme a su actividad, les corresponda conocer de dichos asuntos;

III. Apoyar en la gestoría a favor de los Organismos del Sector en trámites ante cualquier instancia pública o privada;

IV. Brindar en coordinación con el Instituto y las dependencias correspondientes de la Administración Pública Federal, de los tres órdenes de gobierno, capacitación y asesoría a los Organismos del Sector en actividades agrícolas, ganaderas, silvícola, pecuarias, pesqueras y las demás de explotación y aprovechamiento de recursos naturales, así como para la transformación y comercialización de productos;

V. Participar en la elaboración, consecución y verificación del Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades económicas que desarrollen los Organismos de Sector;

VI. Promover la creación de Organismos de integración, considerando los lineamientos que señalen las leyes respectivas;

VII. Promover y apoyar la creación de Organismos del Sector que se constituyan y operen conforme a las Leyes que regulan sus materias especificas, para la prestación de servicios financieros al mismo Sector; y

VIII. Las demás que establezca su reglamento interno, que no contravengan las disposiciones de esta Ley.

Artículo 26.El Consejo Nacional será conformado por 15 Consejeros electos por un periodo de tres años por el pleno del Congreso Nacional, los cuales no podrán ser reelectos para el periodo inmediato y estando impedidos para ser representantes ante el Instituto al mismo tiempo de su encargo en el Consejo Nacional.

Artículo 27. El Consejo Nacional tendrá la estructura organizativa más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, pero deberá contar, al menos, con los siguientes órganos:

I. Junta Directiva;

II. Órgano de Vigilancia, y

III. Área especializada en educación y capacitación en economía social de acuerdo a lo que establezca su reglamento interno.

Artículo 28.La Junta Directiva será el órgano responsable de la dirección y coordinación de las actividades del Consejo Nacional, así como de su representante legal.

Se conformará como lo establezca el reglamento interno del Consejo Nacional y entre sus atribuciones estarán:

I. Designar al Secretario Ejecutivo;

II. Nombrar a sus representantes ante el Registro Nacional;

III. Ejecutar sus acuerdos y decisiones;

IV. Elaborar el presupuesto y los programas de trabajo; y

V. Presentar al Congreso Nacional los estados financieros y los informes de su actuación para su aprobación.

Artículo 29.El Órgano de Vigilancia tendrá las atribuciones de fiscalizar la adecuada administración de los recursos patrimoniales del Consejo.

Artículo 30.El Congreso Nacional y el Consejo Nacional se financiarán con las aportaciones económicas de los Organismos de Integración y de las cuotas por los servicios otorgados a los Organismos del Sector.

Además, estos órganos podrán recibir donaciones, subsidios, herencias, legados y recursos análogos que reciban de personas físicas y morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales destinados a incrementar su patrimonio.

CAPÍTULO IIIDE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN

Artículo 31. Los Organismos del Sector podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines, en Organismos de Integración de segundo, tercer o cuarto grado.

Aquellos de índole económico no necesariamente serán especializados en determinado ramo o actividad económica.

Los requisitos y procedimientos para constituir Organismos de Integración de cualquier grado serán los establecidos por las leyes específicas que corresponda a cada una de las formas asociativas de los Organismos del Sector y en las leyes de materia civil aplicables.

Artículo 32. Los Organismos de Integración de segundo grado podrán agruparse en Organismos de tercer grado y cuarto grado, de índole nacional o sectorial, con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional.

Artículo 33. Los Organismos de Integración de tercer grado y cuarto grado deberán precisar claramente en sus estatutos su jurisdicción, así como los sectores económicos o las formas asociativas o solidarias que representan.

Artículo 34.Los Organismos de Integración ejercerán de pleno derecho la representación y defensa de los derechos e intereses de sus Asociados y de la rama de la actividad económica en que actúan, así como de los beneficios y preferencias que concede esta y demás leyes específicas a los Organismos del Sector.

Podrán prestar u obtener en común servicios profesionales y técnicos de asesoría, apoyo financiero, asistencia técnica, educación, capacitación e investigación científica y tecnológica.

Artículo 35. Los Organismos de Integración de segundo, tercer y cuarto grado deberán inscribirse en el Registro, a fin de que le sea reconocida su representatividad.

CAPÍTULO IVDEL REGISTRO

Artículo 36. El Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, es el instrumento público encargado de la sistematización de la información y registro de los Organismos del Sector.

Artículo 37. Los Organismos del Sector si desean acogerse a los beneficios y prerrogativas de la presente Ley, además de constituirse y realizar su registro conforme lo establezcan las leyes especificas que los regulan según su naturaleza, podrán solicitar su inscripción ante el Registro, conforme a las disposiciones marcadas en el Reglamento del mismo.

Artículo 38. El Registro dependerá del Instituto de conformidad con su reglamento y será el encargado de llevar las inscripciones de los Organismos del Sector legalmente constituidos.

La Secretaría de Economía, a través del Instituto constituirá el Registro Nacional de los Organismos del Sector Social de la Economía, conformado por los asientos registrales siguientes:

I. La denominación social;

II. El domicilio social, y

III. Los Estatutos Sociales.

La información del Registro se integrara de manera económica, electrónica y simplificada; siendo el Instituto responsable de su elaboración, resguardo y actualización; pudiendo complementarse para reducir costos, con la información que la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Registro Público del Comercio, así como las demás dependencias públicas que cuenten con información relativa a los organismos del sector, en estricto apego a sus atribuciones conferidas por su legislación específica le proporcione, para la integración del mismo.

Artículo 39. El Registro será público, por lo que cualquier ciudadano podrá solicitar información, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 40. El Instituto publicará anualmente un compendio de información básica sobre los Organismos del Sector registrados, así como su capacidad y cobertura de servicios.

TÍTULO IIIDE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

CAPÍTULO IDEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 41. Se reconocerá el carácter de Organismo del Sector a todas aquellas organizaciones que hayan cumplido con los ordenamientos de la ley respectiva según su naturaleza para su constitución y registro, y además reúnan los siguientes requisitos:

I. Contemplar en sus Estatutos, la aceptación y respeto de los principios, valores y prácticas enunciados en los artículos 9o., 10 y 11 de la presente Ley;

II. Estar considerado en alguna de las categorías del catalogo de Organismos del Sector, elaborado por el Instituto; y

III. Estar inscrito en el Registro en los términos de la presente Ley y del reglamento respectivo.

Artículo 42.Los Organismos del Sector; siempre que la legislación específica en la materia de la actividad económica que desarrollen, su objeto social y su naturaleza legal se los permita, podrán desarrollar las siguientes actividades económicas:

I. Producción, prestación y comercialización de bienes y servicios;

II. Explotación de bienes propiedad de la nación, así como prestación de servicios públicos, siempre y cuando obtengan los permisos o concesiones respectivos;

III. De educación, salud, gremiales, deportivas, recreacionales, culturales y sociales en beneficio de los socios y la comunidad;

IV. De servicios financieros de seguros, crédito, ahorro y préstamo; y

V. Todas las actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

VI. En el caso de las actividades de ahorro y préstamo a que se refiriere la fracción IV de este artículo, deberá observarse y dar estricto cumplimento a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. En cuanto a los servicios de seguro deberá obtenerse las autorizaciones o registros previstos en la ley de la materia.

VII. Los Organismos del Sector les estará prohibido realizar actividades de proselitismo partidista y político-electoral.

Artículo 43. Los Organismos del Sector adoptarán la estructura interna que señale la legislación específica de cada una de las formas asociativas y sus propios estatutos, y que más se adecue a sus necesidades, debiendo contar al menos con los siguientes:

I. Un Órgano de Dirección, Asamblea General, u otra figura similar;

II. Un Órgano o Consejo de Administración, Comisario, Gerente, Director General, o figura similar, y

III. Un Órgano o Consejo de Vigilancia y Control Interno;

Los miembros de los Órganos encargados de la administración, la vigilancia y el control interno serán designados y podrán ser removidos por decisión de la mayoría del Órgano de Dirección o Asamblea General, de conformidad con sus propios estatutos.

CAPÍTULO IIDE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 44.Sin perjuicio de los derechos y prerrogativas que establecen las leyes relativas a las distintas formas asociativas, se reconocen a los Organismos del Sector los siguientes derechos:

I. Ser sujetos de fomento y apoyo a sus actividades económicas por parte del Estado;

II. Gozar de autonomía en cuanto a su régimen interno;

III. Constituir sus órganos representativos;

IV. Realizar observaciones y propuestas al Instituto en relación con las políticas, programas y acciones de fomento y apoyo de sus actividades;

V. Solicitar y recibir información sobre el estado que guarden las gestiones que hubieren realizado ante las dependencias del gobierno;

VI. Recibir asesoría, asistencia técnica y capacitación por parte de las autoridades competentes de acuerdo a la presente Ley;

VII. Celebrar contratos, actos, operaciones y acuerdos entre sí o con empresas del sector privado y con el sector público, siempre que fueren necesarios o convenientes a sus fines y objeto social, y

VIII. Los organismos del sector de segundo, tercer y cuarto grado podrán elegir a los congresistas que participaran en el Congreso Nacional.

Artículo 45. Los Organismos del Sector tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir y hacer cumplir los principios, valores y prácticas consagrados en la presente Ley;

II. Constituir Fondos y reservas colectivos e irrepartibles destinados a cubrir pérdidas eventuales y a financiar servicios sociales en beneficio de sus Asociados y de la comunidad, con porcentajes de los excedentes o beneficios percibidos en sus actividades económicas.

En todo caso los Fondos mínimos obligatorios serán de reserva, de previsión social y de educación en economía social. Los reglamentos internos definirán los porcentajes, reglas de operación y montos requeridos, y sin detrimento de otros fondos que establezcan las leyes específicas;

III. Utilizar los beneficios que consagra la presente Ley para los fines con que fueron autorizados;

IV. Conservar la documentación que demuestre el otorgamiento y uso de apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

V. Informar al Instituto anualmente o en los casos que les sea requerido, sobre el ejercicio de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento;

VI. Proporcionar la información que les sea requerida por el Instituto y demás autoridades competentes sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, patrimonio, operación administrativa y financiera, estados financieros y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban;

VII. Cumplir en tiempo y forma con las normas de las recuperaciones financieras establecidas por el Instituto;

VIII. Acatar las disposiciones, recomendaciones y sanciones administrativas que emita o disponga el Instituto y demás autoridades competentes;

IX. Los Organismos del Sector deberán fomentar y difundir los principios, valores y prácticas de la economía social, formular y promover la implementación, en coordinación con las autoridades competentes, de estrategias, planes y programas que impulsen el desarrollo del Sector, así como ejercer cualquier actividad lícita en beneficio de sus Asociados y la comunidad;

X. Los Organismos del Sector realizarán programas de planeación estratégica para su desarrollo progresivo, elaborarán informes sobre servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en su ejercicio a sus Asociados y a la comunidad.

XI. Promover la profesionalización y capacitación de sus Asociados;

XII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de beneficiarios;

XIII. Cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con el Instituto;

XIV. Informar a sus Asociados a través de su Asamblea General u Órgano de Dirección sobre los servicios y beneficios económicos, educativos y sociales prestados en el respectivo ejercicio, así como de sus estados financieros;

XV. Inscribirse al Registro, así como notificar al mismo de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los cambios en sus órganos de dirección, administración y vigilancia en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva;

XVI. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otros Organismos del Sector que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro. El Organismo del Sector que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes;

XVII. Contribuir al desarrollo socioeconómico nacional;

XVIII. Las demás que señale la presente Ley y leyes aplicables.

CAPÍTULO IIIDEL FOMENTO Y FINANCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 46. La Secretaría creará el Fondo de Fomento a la Economía Social, cuyo objeto será atender iniciativas productivas del Sector mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de Organismos del Sector y la participación en esquemas de financiamiento social.

El capital del Fondo se constituirá con recursos públicos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La naturaleza del Fondo, su organización y funcionamiento se regirá por el Reglamento de la presente Ley y las Reglas de Operación del Fondo que al efecto dicte la Secretaría.

Artículo 47.Los Organismos del Sector no podrán recibir los apoyos y estímulos públicos previstos en esta Ley cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos:

I. Exista entre sus administradores o representantes y los servidores públicos encargados de otorgar o autorizar los apoyos y estímulos públicos; relaciones de interés o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y

II. Contraten con recursos públicos a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado.

Artículo 48. Los Organismos del Sector que con fines de fomento reciban apoyos y estímulos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. Además, deberán llevar a cabo sus operaciones conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional.

Artículo 49. Cuando las empresas de participación estatal se encuentren en proceso de desincorporación, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de estas.

Tratándose de empresas de participación estatal, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley General de Enajenación de Bienes del Sector Público y a las demás disposiciones legales que le resulten aplicables.

Artículo 50. En los casos en los cuales las empresas de carácter privado presenten conflictos obrero-patronales calificados como irreconciliables, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta a los trabajadores, a través de las organizaciones o empresas del sector ya existentes o las que sean constituidas para tal efecto, para ser considerados en la transferencia de los bienes de la empresa en cuestión, a fin de que dichas empresas continúen operando con eficiencia y rentabilidad.

Lo anterior, de conformidad y con absoluto respeto a lo que dispongan las leyes laborales y mercantiles en la materia.

Artículo 51. A fin de dar cumplimento a las disposiciones previstas por los artículos 49 y 50, el Instituto, conforme a sus facultades, brindará asesoría, capacitación y financiamiento de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias.

CAPÍTULO IVDE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y DEL DESEMPEÑO DE SUS ORGANISMOS DEL SECTOR

Artículo 52. La evaluación periódica del cumplimiento de las políticas públicas de fomento y apoyo a los Organismos del Sector estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conforme a la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 53. Para la evaluación se deberán incluir los indicadores de resultados, de gestión y servicios para medir su cobertura e impacto.

Artículo 54. El proceso de evaluación de la Política de Economía Social, se realizará cada tres años.

Artículo 55. Los resultados de las evaluaciones, serán entregados a la Secretaría de Economía, al Instituto, al Consejo Nacional, a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores y puestos a la disposición del público en general a través de las páginas Web de esas instancias.

Artículo 56. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Instituto podrá emitir las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

CAPÍTULO VSANCIONES

Artículo 57. Los Organismos del Sector perderán sus beneficios cuando incumplan reiteradamente sus principios y prácticas generales y violen sistemáticamente las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 58. El Instituto podrá acordar sanciones administrativas, en los términos previstos por el Reglamento que al efecto expida la Secretaria, a los Organismos y sus administradores que simulando estar constituidos como Organismos del Sector gocen o pretendan gozar de los beneficios y prerrogativas de esta Ley.

Transitorios

Primero.La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La convocatoria y asuntos relativos a la celebración de las asambleas regionales de los Organismos del Sector, será efectuada por la Secretaría a través de sus delegaciones estatales en un plazo no mayor de seis meses después de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación. Una vez realizadas las asambleas regionales, la Secretaría deberá convocar a la Instalación del Congreso Nacional.

El Congreso Nacional Constituyente deberá elegir tan pronto como se instituya, a sus Representantes permanentes ante la Junta Directiva del Instituto, así como elaborar su plan de trabajo y su reglamento interno en un plazo no mayor a seis meses después de haber quedado legalmente constituido.

El Congreso Nacional Constituyente tendrá treinta y seis meses a partir del momento de su constitución para convocar a la constitución y la elección democrática del Consejo Nacional.

Tercero.El Instituto deberá quedar constituido, instalado y reglamentado en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, asumiendo las funciones e integrándose con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

El personal que, en virtud de esta Ley pase de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad al Instituto, de ninguna forma resultará afectado en las prerrogativas y derechos laborales que hayan adquirido conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley en la materia aplicable.

Los asuntos que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren pendientes de trámite por parte de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad seguirán a cargo del Instituto hasta su total conclusión.

En tanto se modifique el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía para la reglamentación del Instituto, se continuará aplicando el Reglamento vigente y Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2008, en lo que no se oponga a esta Ley; y, en lo no previsto, se estará a lo que resuelva la Junta Directiva.

Las facultades, funciones y atribuciones que desempeña actualmente la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, deberán ser concedidas íntegramente al Instituto y reconocidas por el Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, así como en todas las disposiciones legales que al efecto se emitan o modifiquen.

Cuarto. Las normas que regulen al Registro y al Fondo, respectivamente, deberán ser expedidas por la Secretaria en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, posteriores a la fecha de su instalación.

Quinto. En tanto no se expidan las disposiciones correspondientes, continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a esta Ley, las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de octubre de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud, Jorge Alberto Juraidini Rumilla, Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández, Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Luis Felipe Eguía Pérez (rúbrica), presidente; José Manuel Agüero Tovar (rúbrica), Margarita Gallegos Soto (rúbrica), Mirna Lucrecia Camacho Pedrero (rúbrica), Adolfo Rojo Montoya (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), secretarios; Manuel Humberto Cota Jiménez, Jaime Flores Castañeda (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Juan Pablo Jiménez Concha (rúbrica), Israel Reyes Ledesma Magaña, Héctor Pedroza Jiménez, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa, José Gerardo de los Cobos Silva (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas, Ruth Esperanza Lugo Martínez (rúbrica), Miguel Martínez Peñaloza (rúbrica), Silvia Fernández Martínez (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), Jorge Herrera Martínez (rúbrica), Ricardo Urzúa Rivera, Gloria Romero León (rúbrica).»

«Opinión de impacto presupuestario que emite la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, enviada por la Cámara de Senadores

Comisiones de Economía, Fomento Cooperativo y Economía Social:

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la Economía.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXVIII; 45, numeral 6, incisos e), f) y g) y 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como con base en los artículos 18, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y los artículos 67, fracción II y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa anteriormente descrita al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 27 de abril de 2011, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, remitió la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la Economía.

II. En esa misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a las Comisiones de Economía, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para efectos de su estudio y dictamen correspondientes.

Contenido de la Iniciativa

El objetivo de la iniciativa materia de la presente opinión consiste en establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado y definir las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del Sector Social de la Economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social. El Sector Social de la Economía estará integrado por los siguientes formas de organización social: ejidos; comunidades; organizaciones de trabajadores; sociedades cooperativas; empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. De manera adicional, se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, el cual contará con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos establecidos en esta Ley. Tendrá como objeto definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía, con el fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector.

Consideraciones

Para la elaboración de la presente opinión, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, mediante oficio de fecha 28 de abril de 2011, la valoración del impacto presupuestario de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, misma que esta Comisión recibió el 15 de junio de 2011, por dicho Centro, y que sirve de base para este documento.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en la valoración de impacto presupuestario emitida por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y derivado del análisis realizado a la iniciativa, observa que la citada minuta no tiene impacto presupuestario, ya que la constitución del Instituto y del Fondo no implicarían el ejercicio de recursos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, toda vez que el primero, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del proyecto de ley, asumirían las funciones y se integrarían con los recursos financieros, materiales y humanos que actualmente están asignados a la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (Fonaes) de la Secretaría de Economía, incluyendo los recursos del fondo que dicha institución maneja. Por lo que la infraestructura institucional actual, así como los recursos del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, serían suficientes para su instrumentación y no se requiere la creación de ninguna otra estructura orgánico administrativa para su operación.

Por lo que refiere al Consejo Nacional, éste se financiará con las aportaciones económicas de los Organismos de Integración y de las cuotas por los servicios otorgados a los Organismos del Sector, de acuerdo con el artículo 30 del proyecto de ley.

Por lo tanto, la citada minuta no implicaría impacto presupuestario alguno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emite la siguiente

Opinión

Primero. La minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, no implica impacto presupuestario.

Segundo. La presente opinión se formula solamente en la materia de la competencia de esta Comisión.

Tercero. Remítase la presente opinión a las Comisiones de Economía, Fomento Cooperativo y Economía Social, para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. Por oficio, comuníquese la presente opinión a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados para su conocimiento.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputados:Jesús Alfonso Navarrete Prida (rúbrica), presidente; Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa (rúbrica), Felipe Enríquez Hernández (rúbrica), Jesús Alberto Cano Vélez (rúbrica), Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica), Rolando Rodrigo Zapata Bello, Julio Castellanos Ramírez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Sergio Gutiérrez Villanueva, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), María del Rosario Brindis Álvarez, Pedro Vázquez González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Pedro Jiménez León (rúbrica), secretarios; Cruz López Aguilar, David Penchyna Grub, Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Silvio Lagos Galindo (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), María Esther Sherman Leaño (rúbrica), Óscar Guillermo Levín Coppel (rúbrica), Óscar Javier Lara Aréchiga, Roberto Albores Gleason, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias (rúbrica), Noé Fernando Garza Flores (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), J. Guadalupe Vera Hernández (rúbrica), Marcos Pérez Esquer (rúbrica), Mario Alberto Becerra Pocoroba (rúbrica), Ovidio Cortazar Ramos (rúbrica), Rigoberto Salgado Vázquez, Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Claudia Anaya Mota (rúbrica), Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), Juanita Arcelia Cruz Cruz (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Nuestra Carta Magna consagra en su artículo 25 la rectoría del Estado en el desarrollo nacional y el carácter mixto, integrada por tres sectores fundamentales: el sector público, el sector privado y el sector social.

Asimismo, establece expresamente que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social los tres sectores para fomentar el impulso a la economía del país. El mismo dispositivo constitucional mandata que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica de dicho sector.

Debe mencionarse que el sector social se encuentra conformado por diversas formas asociativas, el mismo artículo 25 de la Constitución enuncia, entre otras: a los ejidos, a las cooperativas, a las empresas conformadas mayoritaria o totalmente por trabajadores, y adicionalmente, tipifica todas las formas de organización social para la producción, distribución, consumo de bienes y servicios socialmente necesarios como dentro de este sector.

No obstante lo anterior, no existe una ley marco que permita conjuntar las políticas públicas orientadas a fomentar al sector social, lo que se ha traducido en que muchos de los esfuerzos en este sentido no logran el éxito esperado o no logran maximizar los resultados, anclando a parte importante de este sector de la economía a un funcionamiento ineficiente y no adecuado.

La minuta que hoy votaremos significa un avance histórico; por primera vez se establecen mecanismos e instituciones para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social con la creación del Instituto Nacional de Economía Social, organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tendrá como objeto definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector y concentrar todas las acciones de la administración pública, de apoyo al mismo, con el fin de fortalecerlo y consolidarlo como uno de los pilares del desarrollo económico del país; a través de la participación, la capacitación, la investigación, la difusión y el apoyo a proyectos productivos.

Asimismo se definen las reglas de organización, fomento y fortalecimiento de este sector, se precisa cuáles son las organizaciones que lo integran y se establecen sus fines, principios y valores.

Compañeras y compañeros diputados, nos encontramos ante la oportunidad de refrendarle al pueblo de México y específicamente a quienes integran el sector social de la economía, nuestro compromiso de hacerlos partícipes del desarrollo nacional, de hacerlos protagonistas de la expansión económica y hacerlos pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país.

El Congreso mexicano tiene una deuda con el sector social y por ello, con su voto el día de hoy, estaremos abonando al compromiso que asumimos cuando fuimos electos representantes de los ciudadanos.

Gracias, compañeros y compañeras diputados, por el apoyo a esta minuta del Senado de la República; gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos para fijar la posición del Partido del Trabajo, el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Dígame, señor diputado, ¿para qué objeto?

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (desde la curul): Señor presidente, las diferentes fracciones parlamentarias hemos estado platicando sobre esta ley y tenemos algunas dudas que nos gustaría discutir.

Quisiera solicitarle que nos permitiera diferir la votación y discusión de este dictamen, con el objeto de ponernos de acuerdo, tanto con la fracción parlamentaria del PRI, como la del PRD y otras fracciones, para aclarar esas dudas sobre este dictamen, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El señor diputado Salazar, vicepresidente de esta Mesa, solicitó postergar por tres turnos este dictamen, con el objetivo que usted señala; habiendo transcurrido los tres turnos, no puedo obsequiar su petición. Ésta es una ley que habiendo sido suscrita en su dictamen desde hace tiempo y por unanimidad, se ha diferido varias veces.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante, diputado Mercado.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí, ya lo escuché, diputado Guerra.

El diputado Luis Enrique Mercado Sánchez (desde la curul): Hemos platicado, tanto con el diputado Martel como el diputado Ilich, pero no hemos terminado de aclarar las dudas que tenemos, señor presidente; le pido que acceda a la petición para que transite mejor este dictamen, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El diputado Martel subió a hablar con nosotros; el vicepresidente Salazar, con su servidor, para pedir que se votara este dictamen. Se va a votar, diputado. Diputado Guerra.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente, nosotros no estaríamos de acuerdo con la propuesta que hace Acción Nacional, ésta es una minuta que se ha discutido desde hace varios meses, ha estado en comisiones; viene unánimemente aprobada por el Senado y por esa razón, esta propuesta que sale del Partido Verde, nosotros no estaríamos de acuerdo en diferir su votación.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Estoy registrado para presentar la posición del grupo; quiero decir que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, mayoritariamente votará a favor de esta propuesta.

Ahora voy a exponer mi opinión en torno a esta propuesta; no voy con la mayoría del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votaré en contra de la misma, con cuatro argumentos; primer argumento, no estoy de acuerdo con esta propuesta, porque el artículo 25 de la Constitución establece —en la letra y en su espíritu— el equilibrio, la obligación de un equilibrio entre el sector privado, el sector social y el sector público, y a todas luces, en México el sector social está totalmente subordinado, limitado, reducido, menoscabado, en relación con el sector privado.

El sector privado domina a la economía de este país, sobre todo a partir de la instauración de los gobiernos neoliberales en México; entonces, no puedo acompañar —en lo personal—esta propuesta, por ése desequilibrio entre el sector privado y el sector social, en donde la legislación, el marco jurídico, el sistema económico y el sistema político están de lado del sector privado, siendo el sector social un remedo, un elemento subordinado a esa importancia tan grande del sector privado.

En tercer lugar, no estoy de acuerdo con la propuesta, porque no hay una construcción en la propuesta de ley de un sector social de abajo hacia arriba; toda la propuesta descansa en un esquema centralista, en donde la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de Economía Social, órgano desconcentrado que se crea, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, tendrán el control, la vigilancia, la supervisión del sector social del país.

Finalmente, hay un cuarto argumento que me parece muy atendible, tal como está el sector social en México, su organización interna, me refiero a los ejidos, me refiero a los sindicatos; me refiero a la organización social en México, encontramos que el esquema que se está planteando aquí, no solamente no favorece sino que no propone ningún esquema de democracia interna ni en sindicatos ni democracia interna en ejidos ni democracia interna en cooperativas.

Para que este esquema que se propone en la Ley de Economía Solidaria y Economía Social funcionara, es imprescindible, es un requisito sine qua non, es un presupuesto necesario la democratización plena del sector social; sin democracia social en los sindicatos, sin democracia interna en las cooperativas, sin democracia interna en los ejidos, este esquema que propone la ley que estamos discutiendo va a favorecer el corporativismo, el fortalecimiento de las estructuras antidemocráticas y corporativas de este país.

Aquí va a salir beneficiado no el sector social, aquí se va a beneficiar a la CNC, a la CTM y a esos grandes sectores corporativos del país; por eso es fundamental dar un impulso en una Ley de Economía Solidaria, a los ejidos y a los sindicatos y a las cooperativas, sí, pero con previa democracia interna, con obligaciones estrictas de democracia interna en la organización sindical y en la organización ejidal del país, y como no veo aquí en este proyecto de ley ningún planteamiento serio respecto a la democracia interna del sector social, no lo puedo acompañar.

Entiendo que hay un paso adelante, que se trata de organizar al sector social del país que hoy está desorganizado y eso me parece bien, no tengo inconveniente al respecto, pero es un proyecto centralista y es un proyecto que no ve por la democracia interna en sindicatos y en ejidos; por eso votaré en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Ley General de la Economía Social y Solidaria, cuyo dictamen hoy se pone a consideración de este pleno, establece mecanismos para facilitar la organización y la expansión de las actividades económicas del sector social de la economía y la responsabilidad del fomento e impulso por parte del Estado, definiendo las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento del sector social como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución del ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.

En nuestro país, no obstante que en términos legales hasta hoy, en México, el sector social de la economía había estado relegado, en la práctica tiene hondas raíces históricas e incluso culturales que es necesario rescatar para complementarlas con las experiencias internacionales y facilitarle los medios que le permitan convertirse en un motor adicional al desarrollo económico, que acompañando a los sectores público y privado consigan cumplir con la responsabilidad y objetivos planteados en el artículo 25 de nuestra ley fundamental.

Con la Ley General de la Economía Social y Solidaria, se crea un entramado institucional de fomento al sector al constituirse el Instituto Nacional de Economía Social, el cual orientará su objetivo hacia el impulso de patrimonio social y nuevos organismos del sector, buscando mantener una amplia calidad en sus procesos, así como seguir con su actual funcionamiento basado en la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos.

Es importante también la participación de los organismos del sector en la construcción de su agenda de desarrollo, mediante la creación de un consejo que esté presente en la toma de decisiones de las políticas públicas correspondientes, con el fin de retroalimentar el proceso de gestión pública y obtener mejores resultados debido a la intervención de los beneficiarios  de la política de fomento.

Vale la pena destacar el proceso de evaluación y control, donde se procura que exista una eficaz vigilancia en la aplicación del presupuesto público y el seguimiento constante a la consecución de las metas físicas y programáticas establecidas, tanto por los organismos internos como por otros ya existentes en la actual configuración institucional gubernamental.

En la configuración de la ley —que hoy está a consideración de esta asamblea— han participado actores de primer orden dentro del sector de la economía social y solidaria, académicos, especialistas, integrantes de la administración pública federal y desde luego, la diversidad de propuestas y opiniones de legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en esta Cámara.

Concluyo, diputado presidente.

Compañeras y compañeros diputados, desde mi perspectiva esta Ley General de la Economía Social y Solidaria, reviste una trascendencia histórica como elemento coadyuvante para el crecimiento, empleo y desarrollo de la sociedad y desde la sociedad.

Por último quiero agradecer, sinceramente, al senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, presidente de la Comisión de Fomento Económico y al diputado Luis Felipe Eguía Pérez, presidente de la Fomento Cooperativo, así como al diputado Guajardo, presidente de la Comisión de Economía, por el trabajo y el apoyo invaluable para que este marco jurídico llegara a esta instancia, en donde por consenso de todas las bancadas fue aprobado y por ello, en congruencia, pido su voto, diputados y diputadas, a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para presentar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al diputado Rodolfo Lara Lagunas.

El diputado Rodolfo Lara Lagunas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy estamos ante una ley que puede marcar la diferencia en el desarrollo económico de nuestro país para las próximas generaciones.

La ley que hoy discutimos busca establecer mecanismos para facilitar la organización y expansión de las actividades económicas del sector social y también hacer más responsable en el fomento y el impulso de la economía para lograr la rectoría económica, al Estado mexicano.

Como todos sabemos, la crisis que hoy vive el mundo y que afecta a nuestro país, nos ha demostrado que el modelo económico que desde hace 30 años tiene hegemonía en todo el mundo ha sido un fracaso y en el caso de nuestro país, prácticamente no ha habido un crecimiento económico en estas tres décadas; por eso importa impulsar alternativas que promuevan el desarrollo económico, que creen nuevos empleos y de ahí la importancia del sector social.

Hoy día este sector está formado por millones de mexicanos que participan en un género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores de acciones; hay un 15 por ciento de la población económicamente activa de nuestro país, que se moviliza en 26 mil ejidos, más de 2 mil comunidades, 11 mil cooperativas, 600 empresas de trabajadores y muchas figuras asociativas de segundo nivel.

Todo lo anterior hay que aprovecharlo si queremos ver a nuestro país con un crecimiento económico sostenido en las actuales condiciones de crisis mundial y crisis nacional, a fin de que los tres sectores que integran la economía, tanto la empresa privada como la empresa pública y el sector social, contribuyan al desarrollo de nuestro país.

Por ello, al contenido de la minuta, que ponemos y que se ha puesto a consideración, el partido de la Revolución Democrática ha sumado su voto e invita a todos los demás partidos a que, en esta emisión de la totalidad de diputados y diputadas, convierta al sector social en la punta de lanza del cambio económico en nuestro país.

Existen dos puntos, además, que considero de suma importancia para la aprobación de esta minuta; el primero, es el entramado institucional de fomento que se crea mediante la transformación y fortalecimiento del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad, que pasará a convertirse en el Instituto Nacional de la Economía Social, el cual ampliará su aspecto y orientará su objetivo hacia el impulso del patrimonio social de los nuevos organismos de este sector, buscando, sobre todo, ampliar la calidad de sus procesos, así como seguir con el actual funcionamiento basado en la eficiencia, eficacia, economía en el manejo de los recursos.

El segundo, es la participación de los organismos del sector en la construcción de su agenda de desarrollo, mediante la creación de un consejo que esté presente en la toma de decisiones de la política que lo incuben, con el fin de retroalimentar el proceso de gestión pública y con el objetivo de obtener mejores resultados debido a la intervención de los beneficiarios en la política de fomento.

Compañeras y compañeros, todos, por lo antes expuesto, el Partido de la Revolución Democrática, al discutir y analizar este sector, estamos convencidos de que se trata de una iniciativa con trascendencia histórica, que va a permitir el crecimiento del empleo, del desarrollo económico, lo que puede finalmente hacer que esta sociedad tenga mayor cohesión social y hasta cierto punto frenar la delincuencia y la inseguridad que priva el país; por eso mi Partido de la Revolución Democrática invita a todas y a todos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, a nombre del Partido Acción Nacional, la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.

La diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero iniciar mi intervención con mi reconocimiento a las comisiones dictaminadoras de este importante dictamen, que seguramente vendrá a reactivar y fortalecer las actividades económicas del sector social de la economía en nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tenemos la firme convicción de que las actividades de la sociedad civil son muy importantes y contribuyen al desarrollo de la nación; en los principios de doctrina de nuestro partido se destaca que en donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues es en estos casos la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora.

El sector social de la economía, además de contribuir a satisfacer necesidades de interés colectivo, fomenta la cohesión social y ayuda a la reactivación de redes y relaciones de confianza en la sociedad, a través de actividades socioeconómicas que no tienen como fin último el lucro.

En este sector, en donde amplios grupos de la población encuentran de manera solidaria y subsidiaria, organizados para encontrar solución a problemas tales como el desempleo, la baja productividad y la imposibilidad del acceso al crédito; por medio de estos servicios, tales como la producción agrícola artesanal, la distribución de bienes y servicios, además de servicios bancarios que ayudan a fomentar el ahorro en sectores, en donde tradicionalmente no se hacía, entre otros.

Con el fortalecimiento de las actividades económicas de la economía social se tiene una alternativa a los problemas que el sector privado y público enfrentan para satisfacer las necesidades de la población, sobre todo de aquellas que tienen un acceso limitado al mercado.

La colaboración entre las personas iguales, en su condición ciudadana, conduce a que las comunidades humanas establezcan hacia su interior relaciones dinámicas para la construcción de servicios, espacios más favorables de convivencia y desarrollo.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional respalda en términos generales el dictamen a nuestra consideración, por la importancia que reviste que este sector cuente con el marco jurídico y que impulse su crecimiento y desarrollo.

Esta nueva ley tiene como objeto establecer mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social de la economía y la responsabilidad por parte del Estado en su fomento e impulso; entre otras cosas, crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un organismo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Economía, cuyo objeto es definir e instrumentar políticas públicas de fomento al sector social de la economía.

Precisamente, buscando garantizar que este nuevo instituto cumpla cabalmente con dichas funciones de fomento y apoyo al sector social de la economía, presentaremos algunas reservas que buscan contribuir a que la ley —que seguramente aprobaremos— se integre de manera armónica y a nuestro sistema jurídico, sin contravenir otras disposiciones jurídicas y dotando del diseño institucional pertinente y de la atribución consecuente para que cumpla con su función primordial de apoyo y fomento a este sector tan importante de la economía nacional.

En ese sentido, esperamos encontrar la sensatez y voluntad de este pleno para que éstas sean admitidas y aprobadas, pues tienen el objetivo de generar las condiciones jurídicas que permitan al instituto —que la ley crea— garantizar el que sean funcionarios públicos los principales responsables de las decisiones gubernamentales en esta materia que con las responsabilidades como tales deben asumir, de acuerdo con la normatividad correspondiente.

Compañeras y compañeros legisladores, les invitamos a aprobar este dictamen en lo general con las modificaciones que se propondrán, asumiendo con gran seriedad nuestra responsabilidad ante la sociedad; fortalezcamos la participación de diversos actores del sector social de la economía por el bien de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Tiene la palabra, a nombre del Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Manuel Agüero Tovar.

El diputado José Manuel Agüero Tovar: Con su permiso, señor presidente. La significación de la economía social, con sus formas de trabajo y de organización, va más allá del peso específico que tienen en el producto nacional y la generación de valores; mantienen parte de nuestra identidad, muestran mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos y se caracterizan por atender las necesidades básicas, antes que por un determinado nivel de rentabilidad.

Este sector social agrupa hoy en día a millones de mexicanos en todo género de empresas, llámense fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones; en este género, el aumento de la nómina o el número de empleados tiene mayor importancia que el monto de la utilidad.

Dentro de las prioridades del Estado están el desarrollar políticas públicas y el marco normativo que aliente la generación del empleo, la creación de la riqueza, la ampliación del mercado interno y la elevación de los índices de bienestar.

Por esas razones, la inversión y el gasto deben otorgar mayor importancia a la producción de alimentos y en los renglones en los que la generación de empleo y la producción de bienes de consumo básicos sean lo central; por lo tanto, esto tiene que asumirse con la misma prioridad con que hoy se cuidan las variables macroeconómicas.

Todas las organizaciones y empresas del denominado sector social tienen sin duda un potencial importante y pueden realizar contribuciones decisivas en el desarrollo inmediato del país, aunque hasta ahora, desafortunadamente, no han contado con un marco legal para hacerlo.

El marco actual no ofrece la motivación para ello, derivado de que los ejidatarios no han participado en asambleas de balance y programación; los comuneros sólo se han limitado a conservar sus instituciones ancestrales de gobierno o administración y las cooperativas de ahorro no se planteen nada más allá del reparto de utilidades; ha sido un sector poco creativo y carente de dinamismo.

Esta propuesta de ley pretende sacudirlo, sentar las bases para que se ponga de pie, ya que establece los mecanismos para facilitar la organización y expansión del sector, obligando al Estado a impulsarlo y a fomentarlo; por primera vez se va a crear un registro nacional de los organismos del sector social de la economía, además de la creación del fondo de fomento a la economía social que apoyará proyectos productivos, la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de los organismos del sector.

La creación del instituto nacional de la economía social, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía, consolidará al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país.

Es de resaltar que en la Cámara de Diputados ya existían tres iniciativas muy similares al dictamen, que en el Senado se han votado por unanimidad; por lo tanto, los invitamos a los diputados y a las diputadas, a votar a favor de esta iniciativa, ya que es necesario de una vez por todas establecer una ley marco de la economía social y solidaria que estructure en forma coherente y oriente políticas públicas de fomento al sector de la economía social. Nuestro partido —en apoyo total y desinteresado en las causas sociales— emitirá su voto a favor y reitero la invitación para que nuestros diputados y diputadas hagan el compromiso con todos los sectores de la sociedad en el aspecto social y votemos a favor de esta iniciativa. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, en contra del dictamen, el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, uno debe hablar de los méritos de la iniciativa más que de quien la promueve, pero en tres minutos no hay tiempo suficiente para hablar de los méritos de la iniciativa.

Sólo les diré que sectores sociales, cooperativistas sobre todo, se duelen de no haber sido consultados y se duelen que la iniciativa aparezca muy bien elaborada, aparece muy bien intencionada, pero sostienen que va encaminada justo a desaparecer el sector social, al ponerlos en igualdad de condiciones de competencia con el sector privado.

Ellos han planteado que un senador de la República, René Arce, hermano de nuestro compañero Círigo, se prestó a la presentación de este dictamen contrario al sector social.

Tengo una mala, muy mala opinión del senador Arce, nunca lo consideré un hombre de izquierda y hoy se va acercando más a las posiciones que originalmente ha defendido siempre en realidad y no percibo que tenga buenas intenciones su iniciativa.

Ya aquí Jaime Cárdenas ha sido puntual en los señalamientos jurídicos y en las preocupaciones sociales sobre este dictamen; veo la construcción de un acuerdo de todas las fracciones parlamentarias para aprobar esta iniciativa; no será ni la primera ni la última iniciativa contraria a los intereses mayoritarios que aquí surja.

Solamente quise dejar constancia de la petición que esas organizaciones sociales me hicieron de plantear el rechazo a esta iniciativa, el engaño que tiene implícito en ella y el futuro de mayor dificultad para el sector social, en lugar del fortalecimiento de las cooperativas, que por cierto, se encuentran ya muy ahogadas en este momento en este país; muchas otras son simulaciones de sectores privados que se han hecho dueños de estas cooperativas.

Aprovecho para comentar, estuve en Nayarit y se quejaban pescadores de la planta El Novillero, que ahí nacen, que ahí crecen, que ahí se reproducen y que ahí mueren literalmente y que no pueden pescar frente a sus propios mares, porque las seudocooperativas camaroneras, en manos de políticos como Labastida, en complicidad con la Marina, los hostilizan, los atropellan, los agreden, les decomisan lo poco que pueden pescar.

La verdad es que una vez más esta iniciativa es fiel a ese refrán: que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Muchas gracias por su atención, diputados y diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez. ¿No se encuentra en la sala? Ahí viene.

El diputado Víctor Hugo Círigo Vasquez: Con su venia, diputado presidente. No voy a entrar, por supuesto, en consideraciones de carácter personal y en juicios de valor que me parece a mí totalmente erróneo traer a esta tribuna; pero sí me interesa desacreditar el tema que tiene que ver con la no consulta a los sectores involucrados en esta Ley de la Economía Social y Solidaria.

Esta iniciativa fue presentada en el Senado de la República y efectivamente, corrió todo un proceso de meses de foros de consultas, como lo planteé en el posicionamiento que hice hace un momento, en donde estas consultas pasaron por la academia, por las organizaciones cooperativistas del campo y de la ciudad y por supuesto, por las comisiones de ambas Cámaras; de tal manera, que viene con toda la legitimidad y legalidad parlamentaria.

Este dictamen —compañeros diputados y diputadas— que hoy estamos discutiendo, trae el consenso tanto de las comisiones como del pleno del Senado de la República y también trae el consenso de las dos Comisiones Unidas de esta Cámara de Diputados; no es gratuito entonces que el día de hoy estemos aquí posicionando prácticamente la totalidad de los grupos parlamentarios a favor del dictamen. Por eso me parece francamente poco responsable pretender descalificar este dictamen a partir de una valoración muy subjetiva. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Finalmente tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Acosta Naranjo.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Nosotros, como ha anunciado el señor presidente, nuestros compañeros integrantes de la comisión votaremos a favor este proyecto de ley, pues creemos que es un avance importante regular al sector social.

Efectivamente, durante mucho tiempo este sector no ha estado regulado y debemos de avanzar en propiciar que el sector social se convierta en una de las palancas de desarrollo de justicia que tanto se necesita; nuestras cooperativas, nuestras cajas de ahorro están abandonadas; los recursos inmensos que se destinan al sector social bajan por las instituciones de crédito privada, no por las instituciones de crédito social y eso es muy importante, porque una vez que se apruebe esta ley también hay que tomar medidas en el Presupuesto, para que garanticemos que los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por ejemplo, en vez de andar financiando a Banorte —para que Banorte le preste a las cajas y las cajas le presten a la gente y a ellos no se les cobren tasas de interés y puedan tener un fondo de aseguramiento, que prácticamente hace que no tenga ningún riesgo al momento de prestar— le preste directamente a las organizaciones cooperativas.

Nosotros solamente haremos, en su momento, dos observaciones en lo particular; una, es que nos parece que en vez de ser desconcentrado debería de ser descentralizado este organismo, para que tenga patrimonio propio y personalidad jurídica, que le permita a este instituto incluso firmar convenios con organismos internacionales y poder bajar recursos de manera directa al sector social. Creo que es mucho mejor que sea descentralizado a que sea desconcentrado este organismo.

Lo segundo, hay que regular mejor la Junta de Gobierno; me parece que el que sólo haya seis organizaciones en la Junta de Gobierno va a meter en un serio conflicto la conformación de esta Junta.

¿Con qué criterios? ¿Quiénes? ¿Qué organizaciones? ¿De qué manera van a formar esta Junta de Gobierno? Y en vez de estar propiciando el desarrollo, van a estar mediando el conflicto que se va a abrir para la integración de esta Junta de Gobierno. Creo que eso no es adecuado y que hay mejores formulaciones.

Pero, en términos generales, nos congratulamos con que se haga esta ley, con que se apruebe, con que se avance y ojalá podamos tener un consenso en estos dos temas que nosotros estamos planteando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Habiendo concluido la intervención de los oradores, debo informar a ustedes que se acercaron a esta Presidencia coordinadores y vicecoordinadores que integran la Junta de Coordinación Política, solicitaron que se difiera para la semana entrante la votación de este punto y ésta Mesa respondió que se hará en los siguientes términos: se entrará directamente a la votación en lo general, porque ya no habrá discusión posible ni intervención posible de los diputados, dado que ese procedimiento ya se agotó.

Después de la votación general, la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero presentará dos reservas, al artículo 16, fracción I y al artículo 25, fracción VIII; en el primer caso, con el orador a favor de la propuesta, diputado Adolfo Rojo Montoya y en el segundo, con el orador, diputado José Gerardo de los Cobos Silva, también a favor de la reserva y después se tomará la votación de ambas reservas para dar por concluido el asunto.

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, damos la más cordial bienvenida a la escuela primaria Estado de Puebla, de la delegación Venustiano Carranza, del Distrito Federal, 6o. grado, invitados por la diputada Beatriz Paredes Rangel.

A alumnos de la carrera de Administración Pública y de Gobierno de la Universidad Anáhuac, invitados por el diputado Armando Jesús Báez Pinal. Sean todos ustedes muy bienvenidos.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Alejandro Cano Ricaud, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara.

El diputado Juan José Guerra Abud (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado, se había concluido ya la intervención de los oradores y así lo anuncie, perdone, no le puedo conceder el uso de la palabra. Perdón, hay un error.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, presentada por el diputado Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en fecha 17 de agosto de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa mencionada al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados, en fecha 17 de agosto de 2011, los secretarios de ésta dieron cuenta al pleno de esta soberanía de la iniciativa con proyecto de decreto que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Economía”.

Tercero. En resumen, el legislador propone lo siguiente:

• Adicionar un segundo párrafo al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), a fin de establecer que los proveedores sancionados publiquen en un diario de circulación nacional, un extracto de la sentencia condenatoria donde conste la infracción cometida, los hechos que la constituyen, así como la sanción impuesta.

Consideraciones

Primera. De conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Economía es competente para conocer sobre la iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Los diputados que integran la Comisión de Economía estiman legítimo el espíritu de la iniciativa en el sentido de dar publicidad a las resoluciones que sancionen en grado de reincidencia a los proveedores de bienes y servicios, por lo que se pronuncian por aprobar la propuesta en los términos del presente dictamen.

En efecto, la propuesta del legislador consiste en adicionar un párrafo al artículo 129 de la LFPC, que establece las sanciones aplicables en los casos de reincidencia, en los términos siguientes:

...Además, la Procuraduría deberá ordenar una vez ejecutada la sentencia condenatoria, que el proveedor sancionado, publique por cuenta propia en un diario de circulación nacional a través de aviso destacado, un extracto de la sentencia conteniendo los hechos constitutivos de la infracción, la infracción cometida, así como la sanción impuesta.

Ahora bien, si bien se coincide con la finalidad que persigue el diputado proponente, la Comisión de Economía considera que se deben realizar los ajustes que a continuación se enuncian:

1. El término “sentencia condenatoria” que se utiliza en la propuesta es incorrecto, pues dicho término se refiere a resoluciones definitivas emitidas por órganos jurisdiccionales; en este sentido, si la iniciativa implica modificaciones a las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entonces el término adecuado es el de “resolución administrativa”, que es el que la ley de la materia ya refiere en los artículos 131 y 135.

2. La propuesta establece que será obligación del proveedor sancionado publicar un extracto de la resolución con sus propios medios; lo que se estima inadecuado, pues el cumplimiento del dispositivo estaría supeditado a que el proveedor fuera anuente con la obligación de la norma, lo que llevaría a implementar la carga de verificación para la Profeco, cuando la finalidad legislativa es hacer más eficiente la aplicación de la ley.

Por lo anterior, se estima que sería más adecuado establecer como facultad de la Profeco, la publicación de las resoluciones administrativas que se dicten en grado de reincidencia.

3. No se comparte la propuesta en el sentido de que la publicación del extracto de la resolución, se realice en un “diario de circulación nacional”, pues esta referencia es ambigua, ya que no se establece un parámetro para determinar qué periódico tiene dicha característica.

En ese sentido, se considera adecuado establecer que la publicidad de la sentencia se realizará en el portal electrónico de la Profeco y que podrá reproducirse en medios masivos, armonizando este dispositivo con el actual artículo 98 BIS, que establece que cuando con motivo de una verificación la Profeco detecte violaciones a la LFPC, podrá ordenar se informe a los consumidores individual o colectivamente, inclusive a través de medios de comunicación masiva, sobre las acciones u omisiones de los proveedores que afecten sus intereses o derechos.

4. Se considera que el momento adecuado para publicar la resolución administrativa es cuando “causa estado” y no cuando es “ejecutada”, como lo propone el legislador. Pues de esta manera se evita que la publicación de la resolución se retarde por maniobras evasivas del infractor para que no sea ejecutada la sanción. Además, debe decirse que lo anterior es congruente con la Ley Federal de de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las resoluciones o sentencias definitivas podrán ser objeto de publicación.

5. La propuesta pretende incluir un artículo Transitorio que defina la reincidencia, cuando el actual artículo 130 de la LFCP, ya establece una definición para dicho término, por lo que se estima eliminar dicho dispositivo transitorio.

Con las modificaciones apuntadas se estima que la reforma logrará fortalecer a la Profeco, pues se amplían las herramientas para promover y proteger los derechos de los consumidores, informándolos sobre los proveedores que de manera reiterada violentan sus prerrogativas.

Tercera. Por lo expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Economía, se manifiestan por aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto mencionada en el exordio del presente dictamen, en los términos siguientes:

Decreto por el que se reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumido

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 129....

Además, la Procuraduría deberá publicar la resolución administrativa correspondiente, una vez que haya causado estado, en su portal electrónico de internet, y podrá reproducirla en los medios de comunicación masiva. La publicación deberá consistir en un extracto de la resolución y deberá contener los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de septiembre de 2011.

La Comisión de Economía, diputados: Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente, José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero, Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, José Antonio Arámbula López, Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo, Ramón Jiménez López, Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), María Florentina Ocegueda Silva, David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, David Ricardo Sánchez Guevara, Víctor Roberto Silva Chacón (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Los cinco minutos, para fundamentar el dictamen, corresponden al señor diputado Alejandro Cano Ricaud.

El diputado Alejandro Cano Ricaud: Con su permiso, diputado presidente. Estimados compañeros diputados y diputadas, la reforma al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que en el caso de que un proveedor de bienes o servicios reincida en la comisión de una de las infracciones previstas por dicha ley, la Profeco deberá publicar la resolución administrativa correspondiente —una vez que haya causado este estado— en su portal electrónico de Internet y reproducirla en los medios de comunicación masiva; la publicación deberá consistir en un extracto de la resolución y deberá contener los hechos constitutivos de la infracción, el proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Primeramente, se debe decir que esta modificación es congruente con el derecho fundamental de acceso a la información previsto por nuestra Constitución. Asimismo es coherente con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual establece que las resoluciones o sentencias definitivas podrán ser objeto de publicación.

Por lo anterior, esta reforma abona a la protección de los consumidores, pues fortalece institucionalmente a la Profeco al ampliar sus herramientas para promover y proteger sus derechos, informándolos sobre los proveedores que de manera reiterada violenten sus prerrogativas; además, transparentar la actividad administrativa que realice el organismo encargado de la protección al consumidor permite dar credibilidad a las acciones que lleva a cabo y resulta en una mayor seguridad y certeza jurídica a los agentes envueltos en las relaciones de consumo.

Por otra parte, esta normatividad servirá también como incentivo para que los proveedores de bienes y servicios cumplan con la ley y no trasgredan los derechos de los consumidores, pues la población podrá conocer quiénes son los que constantemente están infringiendo el marco jurídico; en ese sentido, podemos afirmar que la reforma que hoy votamos amplía los derechos de los consumidores y resalta el compromiso insoslayable que esta Cámara tiene con la defensa de los mismos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1 fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: en contra, Jaime Cárdenas Gracia; en pro, el diputado Leoncio Morán Sánchez. Hace uso de la palabra el señor diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Desde luego que —como en el caso que discutíamos anteriormente, de la Ley de Economía Solidaria— aquí también hay un avance, pero nuevamente realizamos avances graduales y no tenemos un compromiso pleno con la Constitución o con los principios que ella establece.

Quiero señalar que cuando aprobamos la reforma en materia de derechos humanos, reforma que se publicó el 10 de junio de este año, en el Diario Oficial de la Federación, aprobamos un párrafo muy importante que no nos estamos tomando en serio, que dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Es decir, este artículo reformado —este párrafo segundo del artículo 1o.—, no solamente obliga a que realicemos la interpretación pro homine, sino obliga a que toda interpretación, aún en los órganos legislativos como éste, interpretemos las leyes, interpretemos los dictámenes tomando en cuenta primero la Constitución y los tratados, y en este caso no lo estamos haciendo así, ¿por qué no lo estamos haciendo así?

El artículo 6o. de nuestra Constitución establece —como ya lo he comentado en otras ocasiones— el principio de máxima publicidad; obliga a que las leyes en materia de transparencia, o en materia de transparencia promovamos la publicidad y la transparencia al máximo, que la optimicemos.

Aquí no se optimiza, aquí ciertamente hay un compromiso con la transparencia, como decía el diputado preopinante, pero —por ejemplo— señala la reforma al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que las resoluciones serán públicas hasta que causen estado; es decir, hasta que se agoten todos los recursos. Las resoluciones debieran ser públicas una vez emitidas, en cada etapa procesal concluida debiera haber máxima publicidad.

Hay un autor finlandés, un teórico del derecho que se llama Aulis Aarnio, que dice que en una democracia deben ser públicas las decisiones, pero también los procedimientos. Aquí no hay compromiso con la publicidad y transparencia de los procedimientos; por eso votaré en contra, porque no se privilegia el principio de máxima publicidad, debe ser pública la emisión misma de la resolución. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leoncio Morán Sánchez.

El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez: Con su permiso, señor presidente diputado. Estimados compañeros legisladores, es relevante resaltar la importancia del dictamen en discusión; sin duda, con la aprobación del presente dictamen se dará un paso importante hacia la protección de los derechos de los consumidores, se fortalecerán las atribuciones de la Profeco respecto a la difusión de los derechos de los mismos, dado que se estará informando al consumidor, en general, sobre las causas de la sanción de ciertos oferentes, lo cual les dará mayor garantía y certeza jurídica.

Precisamente, en muchas ocasiones los consumidores no conocemos nuestros derechos y obligaciones; en ese sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor es integrado al respecto.

Sin embargo, estamos poco informados sobre las sanciones a oferentes, bajo las disposiciones que estamos por aprobar en este dictamen tendremos un mejor panorama sobre nuestra elección de consumo; adicionar un segundo párrafo al artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de facultar a la Profeco para que publique las resoluciones una vez que hayan causado estado, en su portal electrónico, y que puedan además reproducirla en los medios masivos de comunicación; la publicación deberá consistir en un extracto a la resolución, conteniendo los hechos constitutivos de la fracción del proveedor sancionado, así como la sanción impuesta.

Por lo antes expuesto y dada la trascendencia del dictamen en comento, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, coincidiendo plenamente con el espíritu del dictamen, votaremos a favor del mismo; por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Juan Carlos Natale, así como a alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por la diputada Wendy Rodríguez Galarza. Sean ustedes muy bienvenidos.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Cinco segundos y se cierra el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 383 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 129 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE NACIONALIDAD

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción 6), incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la  siguiente iniciativa que adiciona un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad.

Antecedentes

Que en fecha 6 de julio de 2011, se presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, a cargo de la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

Que en esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez, en su exposición de motivos, señala la intención de que se pueda otorgar la nacionalidad mexicana a aquellas personas que no nacieron en México, pero que son descendientes directos en segundo grado de mexicanos nacidos en  territorio nacional.

La propuesta se basa en las acciones que están tomando diversos estados del vecino país del norte, las cuales están obligando a mexicanos a salir de ese territorio, toda vez que las leyes creadas en esas entidades no permiten la estancia a personas que no cuenten con la documentación que acredite su legal estancia.

Por ello la iniciativa pretende que queden exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de realizar la solicitud.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión considera importante y trascendental que el Estado mexicano lleve a cabo acciones que otorguen certeza jurídica a los connacionales y a sus descendientes que se encuentran fuera de territorio nacional, a fin de que sus derechos sean respetados en cualquier parte del mundo, principalmente en Estados Unidos, país donde se encuentran residiendo una gran cantidad de mexicanos e hijos de éstos, a quienes por la creación de nuevas leyes, no les es permitido acceder a la ciudadanía de aquel país por no acreditar la legal estancia de los padres.

Dada la importancia del tema, la proponente pretende que se faciliten  los medios a los hijos de los connacionales que se encuentran fuera del territorio nacional, a fin de que puedan obtener la nacionalidad mexicana de una manera eficiente, si así lo desean, teniendo la oportunidad de ingresar a nuestro país cuando ellos así lo deseen o lo requieran.

Es importante mencionar que en algunos estados del vecino país del norte, como California, se dio entrada a una propuesta para eliminar la ciudadanía  a los hijos de indocumentados; asimismo, en Arizona existen medidas referentes a la petición de despojar de la ciudadanía a niños nacidos de padres indocumentados, siendo estas acciones las causas principales que orillan a los connacionales a buscar otras opciones para poder llevar a cabo sus actividades con plena seguridad jurídica.

Cabe señalar que el artículo 20 de la Ley de Nacionalidad menciona la estancia de dos años anteriores a la fecha de una solicitud de naturalización, siempre y cuando el peticionario sea descendiente en línea recta de un mexicano por nacimiento, situación que ocasiona que tanto los hijos como los nietos no tengan la nacionalidad mexicana por diversos motivos.

Con base en lo anterior, y con la aprobación parcial de la Ley SB1070 en el estado de Arizona y de otras acciones en la misma entidad, puede provocar un gran retorno de muchas personas que actualmente se encuentran radicando en esa localidad y en otros estados del vecino país del norte, lo cual ocasionaría una gran cantidad de solicitudes de naturalización, por lo que al pretender ingresar a territorio nacional muchas de estas personas no contarán con alguna nacionalidad al momento de ser expulsados de Estados Unidos.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios considera importante y trascendental la presente iniciativa, toda vez que los nietos de mexicanos nacidos en territorio nacional, podrán quedar exentos de la comprobación  mínima de 2 años de residencia previos a la solicitud, pudiendo adquirir de ésta manera la nacionalidad mexicana.

Por otro lado, debemos considerar que el Congreso de la Unión debe ser visionario, así como proactivo a las circunstancias que se enfrentarían los descendientes de los connacionales y el gobierno, si se aprobaran o siguieran impulsando en los próximos meses o años,  iniciativas que promuevan la deportación de aquellos mexicanos que no cuenten con una estancia regular en los Estados Unidos.

Asimismo, la presente reforma pretende garantizar una nacionalidad a los descendientes de los connacionales, ya que en caso de dejar los marcos legales como se encuentran actualmente, muchas personas quedarían como apátridas y en consecuencia, sin el apoyo de las instituciones por no contar con un documento que compruebe su nacionalidad.

No obstante, los integrantes de esta comisión, manifestamos y coincidimos en que si bien, el pedir un mínimo de años de residencia a los descendientes de mexicanos por nacimiento, previos a la presentación de su solicitud, tiene como trasfondo el de poder crear pertenencia o arraigo a las costumbres y tradiciones, así como a la historia de nuestro país, lo cual es de gran relevancia e importancia cuando alguien quiere obtener la nacionalidad mexicana.

En el mismo tenor, la aprobación de la presente Iniciativa tiene como objetivo el atender de una manera puntal las inquietudes expresadas por algunos integrantes del CCIME, ante las cada vez más frecuentes iniciativas en contra de los migrantes, así como de prever que en un futuro lleguen a aplicarse reformas de fondo en otros países.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes  de esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración de la honorables asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

I. ...

a)...

Quedarán exentos de comprobar la residencia que establece la fracción I, aquellos descendientes en línea recta en segundo grado de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud; o bien no le sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento;

b) a d) ...

II. y III. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal contará con un plazo de 45 días para realizar las adecuaciones al reglamento de la ley, con el objetivo de garantizar la viabilidad y aplicación del presente decreto.

Palacio Legislativo, a 28 de septiembre de 2011.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: Norma Leticia Salazar Vázquez (rúbrica), presidenta; Julieta Octavia Marín Torres (rúbrica), Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica), Cristabell Zamora Cabrera (rúbrica), Gumercindo Castellanos Flores (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún (rúbrica), secretarios; Heriberto Ambrosio Cipriano (rúbrica), Guillermina Casique Vences (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas, Olivia Guillén Padilla (rúbrica), Sandra Méndez Hernández, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Miguel Ernesto Pompa Corella (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Jaime Oliva Ramírez (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Francisco Arturo Vega de Lamadrid (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), José M. Torres Robledo (rúbrica), Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, Eduardo Ledesma Romo (rúbrica), Rafael Rodríguez González.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, en pro del dictamen, la diputada Norma Leticia Salazar Vázquez.

La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, aprovecho esta oportunidad para expresar el voto positivo de Acción Nacional para la aprobación de este importante dictamen, que tiene como única finalidad ayudar a los nietos de mexicanos que radican en los Estados Unidos de América a obtener de forma expedita la nacionalidad mexicana cuando regresen a nuestro territorio, ante la posible implementación de normas de carácter migratorio en aquel país.

Se trata de una propuesta loable, una propuesta a petición del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que pretende atender la falta de nacionalidad de una persona, más aún cuando se trata de una persona cuya familia es mexicana.

En este sentido, la ACNUR ha señalado que una de las principales causas que provocan que una persona quiera la calidad de apátrida es la privación arbitraria de la nacionalidad o la retirada de la nacionalidad a grupos o individuos por el Estado. Ante ello, reconocemos la problemática que tendrían los nietos de los mexicanos que han nacido en los Estados Unidos de América.

El Estado no puede permanecer inerte ante las constantes medidas antimigrantes que están siendo aprobadas, particularmente en los Estados Unidos de América.

La aprobación de iniciativas como la SB 1070 en Arizona; la SB9 en Texas; la HB2372, en Kansas; o la HB78 en Nuevo México. Otras más parecidas en Alabama, la Ley HB87 en Georgia, en Utah, en Carolina del Sur y algunas otras restrictivas, como la SB590 en Indiana, adquieren especial relevancia al limitar los derechos de las personas que nacen en territorio mexicano.

Es por todo conocido que algunas de estas leyes, que tienen como objetivo fundamental desconocer la nacionalidad de estos menores, en efecto la negativa de las autoridades de expedir las respectivas actas de nacimiento a los hijos de los migrantes que no cuentan con la legal estancia, implica que estos no cuenten con ninguna nacionalidad.

De esta manera, el dictamen que estamos por aprobar ayudará a que al regresar a territorio nacional puedan adquirir su nacionalidad, sin necesidad de cumplir con la residencia exigida por la Ley de Nacionalidad, lo cual le permitirá acceder de manera pronta a servicios como acceso a la educación y a salud en nuestro país.

Compañeros legisladores, ante la aprobación de leyes antiinmigrantes en Estados Unidos de América, es nuestra obligación revisar nuestro marco jurídico para hacer las modificaciones necesarias para hacer frente de manera pronta los problemas a los que se enfrentan miles de mexicanos deportados.

Concluyo, diputado presidente.

Por todo lo anterior, Acción Nacional dará su voto a favor del presente dictamen, convencido de que con este tipo de medidas el Estado mexicano cumple con su obligación legal de proteger a todas las personas que guardan estrecha relación con nuestra cultura y con nuestra sociedad. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en pro del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Esta iniciativa realmente me parece importante, trascendental para apoyar a descendientes de mexicanos que han ido a los Estados Unidos de América indocumentados.

En particular, protege —sobre todo— a los nietos de indocumentados mexicanos que son expulsados —como explicaba la diputada proponente— de los Estados Unidos de América, sobre todo de los Estados Unidos de América, en donde ese gobierno no le reconoce sus derechos adquiridos aunque haya nacido ahí y tampoco tienen por supuesto la nacionalidad norteamericana.

Leyes como la de Arizona los expulsa a nuestro país; en nuestro país tendrían que hacer un enorme trámite, un trámite gravoso: acreditar una residencia de dos años por lo menos para obtener la nacionalidad mexicana. Lo que propone esta iniciativa es que no tengan que acreditar ese requisito de residencia de dos años, cuando se trate de descendientes de mexicanos que no tengan otra nacionalidad o que sus derechos adquiridos no sean reconocidos. Creo que esta propuesta maximiza derechos humanos y debemos, por tanto, apoyarla.

Simplemente, diría que esta iniciativa y este dictamen que vamos a votar —y espero que sea a favor y por unanimidad— venga acompañado por otro tipo de medidas; es decir, el gobierno mexicano aquí hacer un llamado a la Cancillería, para que siga realizando gestiones diplomáticas y consulares ante el gobierno de los Estados Unidos de América, para proteger a los descendientes inmigrantes mexicanos que fueron a los Estados Unidos de América o que llegaron a los Estados Unidos de América de manera indocumentada; el gobierno mexicano no debe cejar en su empeño por seguir presionando para que estos hijos o nietos de indocumentados reciban la nacionalidad mexicana.

También es importante que el gobierno mexicano, a la par que realiza esfuerzos diplomáticos, planteara litigios internacionales ante la Corte Internacional de la Haya para exigir el pleno reconocimiento de los derechos de los inmigrantes o descendientes de inmigrantes mexicanos que llegaron a los Estados Unidos de América indocumentados. Enhorabuena por este dictamen, lo votaremos a favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría abrir el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia saluda a invitados de Actopan, Hidalgo, invitados por el diputado Canek Vázquez Góngora, y a invitados por la diputada Rosario Brindis Álvarez, que son líderes de asociaciones religiosas del estado de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A sus órdenes, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Yolanda de la Torre Valdez (desde la curul): Hacer un exhorto respetuoso, desesperado, al presidente de la Comisión de Hacienda, que tiene turnado un decreto que impulsaron varios diputados de las comisiones unidas del campo y diputados de ocho estados, que estamos viviendo un extraordinario problema de la sequía; la gente se está muriendo de hambre, no hay comida, no hay alimentos en muchos estados del norte.

Pedirles que de manera inmediata, por favor, lo dictaminen, a efecto de que podamos tener un fondo extraordinario para atender la sequía.

Compañeros y compañeras, en varios estados del norte del país, como en el estado de Durango, la gente tiene necesidad de líquido, tiene necesidad de alimento; por favor, estamos viviendo una situación desgarradora, desastrosa y hacerles ese respetuoso llamado. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Óscar García Barrón.

El diputado Óscar García Barrón (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para preguntar en qué circunstancia del proceso legislativo se encuentra una iniciativa de decreto donde las comisiones unidas —y en mi calidad de presidente de la Comisión de Reforma Agraria hago la pregunta, porque fuimos parte de esos acuerdos que se tuvieron con los 10 gobernadores de los 10 estados de la República que están sufriendo una sequía histórica y quisiéramos saber en qué situación o cuál es el nivel en el que se encuentra esa iniciativa de decreto, señor—, donde estamos pidiendo 10 mil millones de pesos para apoyar a estos estados con esta sequía recurrente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Le haré saber el estado de situación de esa iniciativa; una vez que la Secretaría General se percate de ello, él le dará a conocer a usted esa situación. Don Pedro.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Señor presidente, igual que la compañera Yolanda de la Torre y el compañero Óscar García Barrón, queremos pedirle, con todo respeto a usted y a todos los compañeros diputados, que nos tiendan la mano, es el momento de responderle al pueblo de México.

La gente en Chihuahua, en Coahuila, en Zacatecas, en Durango, en Tamaulipas, en Nuevo León, se mueren de hambre por la sequía recurrente que tenemos; desde hace más de 100 años que no se daba esta sequía.

Hemos estado en diferentes comisiones; le pedimos a usted, señor presidente, que con su carácter de presidente del Congreso y de representante del pueblo de México, porque aquí en esta Cámara está representado todo el pueblo de México por todos nosotros, que somos representantes de la nación, le diga a Felipe Calderón que envíe esos recursos de inmediato, que no se detengan ni un segundo más, porque el pueblo de esos estados se muere de hambre, el pueblo necesita agua, necesita comida, el pueblo tiene hambre. Respondámosle como representantes de la nación al pueblo de México.

Señor presidente, usted es quien debe encabezar estos reclamos, porque usted es el que está al frente de todos los representantes del pueblo de México, que somos los diputados, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado García Granados.

El diputado Miguel Ángel García Granados (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer un llamado respetuoso a que prive la sensatez en esta Cámaras por una razón; como dijera el filósofo Juan Gabriel: pero qué necesidad.

Se anda corriendo ya el rumor de que el día de mañana tendremos sesión para analizar la cuestión del proyecto del Presupuesto de Egresos; me parece que hay una gran cantidad de detalles que no han sido planchados todavía en las distintas comisiones y que se está trabajando todavía para llegar a los acuerdos y a los acercamientos.

Lo más sensato sería, sinceramente, convocar para el lunes, antes de que venza el plazo, que es el martes; a final de cuentas, podemos llegar otra vez a la estratagema clásica de parar nuevamente el reloj parlamentario y continuar la discusión durante la madrugada del miércoles.

Pero creo sinceramente que no hay necesidad, como tampoco había necesidad de que llegáramos con un dictamen de reforma política, cuando había una gran cantidad de asuntos que distrajeron y trajeron a esta Cámara una gran cantidad de dimes y diretes.

Recomendaría sinceramente que prive la sensatez y que una vez que se tengan más o menos planchados los asuntos —hasta donde se puedan llegar los acuerdos necesarios—, se convoque para el próximo lunes, presidente, y no le demos cabida a un llamado de la Junta de Coordinación Política, o de quien sea, de meternos a una dinámica que puede provocar nuevamente que se desaten las pasiones.

Por pesos y centavos, señor presidente, puede darse un conato de violencia grave en esta Cámara, que dejaría en un mal papel a esta representación nacional.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor diputado García Barrón, tengo inscritos a otros oradores; cuando terminen, le daré el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra don Héctor Barraza Chávez.

El diputado Héctor Elías Barraza Chávez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nada más para informar a las compañeras y compañeros diputados que la iniciativa para atender la emergencia por sequía, heladas e inundaciones, que presentaron las comisiones unidas del campo, fue turnada la sesión pasada a la Comisión de Presupuesto.

El tema es de suma importancia y haría un llamado respetuoso a la Comisión de Presupuesto, para que la dictaminara a la mayor brevedad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García.

El diputado Gerardo Sánchez García (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para retomar justamente el tema y la solicitud que habíamos formulado varios diputados, preocupados por la situación tan agobiante que priva a lo largo y ancho del país, derivada de la sequía.

Escuché al diputado que me antecedió en la palabra que se turnó a la Comisión de Presupuesto; hay quien nos dice que está en la Comisión de Hacienda. Suplicarle, señor presidente, un exhorto a la comisión donde haya sido turnada esta iniciativa de decreto legislativo, que por la trascendencia y el problema que hoy padece un enorme número de compañeros a lo largo y ancho del país en el campo, con la agudeza de la sequía, intervengamos de manera inmediata.

Si bien es cierto que en este momento estamos en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto, también los compañeros que viven en condiciones verdaderamente deprimentes, que nos están pidiendo el auxilio de la Cámara de Diputados, el que pudiéramos resolver a la brevedad este problema; por su atención, muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Diputado García Barrón.

El diputado Óscar García Barrón (desde la curul): Declino, presidente, fue muy clara la participación del diputado Gerardo Sánchez.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Pedro Ávila.

El diputado Pedro Ávila Nevárez (desde la curul): Ya no.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: También declina. Quiero pedirle a la Secretaría que me dé el resultado de la votación, no sin antes exhortar a mis compañeras y a mis compañeros a respetar el orden procesal de las sesiones; se dieron estas intervenciones justas, prudentes, exactas, cabales, lamentablemente a la mitad de la votación de un dictamen, que no tiene que ver con la materia. Rogaría de la manera más respetuosa que nos atuviéramos al orden procesal de las sesiones. Adelante, señora secretaria.

LEY DE NACIONALIDAD

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 399 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 399 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción I del artículo 20 de la Ley de Nacionalidad. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 229 CP que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 1 y reforman los artículos 22, la fracción I del 22-Bis, el 41 y la fracción III del 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, promovida por la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que se le confiere en la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 26 de mayo de 2010, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa por la que se adiciona una fracción VIII al artículo 1 y reforman los artículos 22, la fracción I del 22-Bis, el 41 y la fracción III del 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2. En esa misma fecha, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, adicionar una fracción VIII al artículo 1o. recorriendo las subsecuentes; reformar el artículo 22, la fracción I del 22 Bis, el artículo 41 y por último la fracción III del artículo 116.

La propuesta tiene como objetivo impulsar y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental, tomando como punto de partida lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo; que considera estratégico establecer las condiciones para que México se inserte en la vanguardia tecnológica, lo que resulta esencial para promover el desarrollo integral del país de forma sustentable.

La promovente señala que México requiere que exista una mayor vinculación entre la investigación y las políticas públicas, propiciar la innovación tecnológica ambiental sustentable con la que se logren abatir las problemáticas urgentes que el país debe atender y, que además esté respaldada por un compromiso social.

Para lograr lo anterior la diputada promovente sugiere las siguientes reformas:

Comparativo

• Texto vigente

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

IV.La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;

VII. Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

VIII. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la federación, los estados, el distrito federal y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución;

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan.

En todo lo no previsto en la presente ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

(Artículo reformado, DOF del 13 de diciembre de 1996.)

Artículo 22. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios.

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, o bien, que establecen los límites de aprovechamiento de recursos naturales, o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas cuya preservación y protección se considere relevante desde el punto de vista ambiental.

Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetos al interés público y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

(Artículo reformado, DOF del 13 de diciembre de 1996.)

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes;

III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua;

IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas;

V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y

VI. Los procesos, productos y servicios que, conforme a la normatividad aplicable, hayan sido certificados ambientalmente, y

(Fracción adicionada, DOF del 5 de julio de 2007.)

VII. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

(Fracción reformada, DOF del 5 de julio de 2007 –se recorre)

(Artículo adicionado DOF, 13 de diciembre de 1996.)

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

(Artículo reformado, DOF 28 de enero de 2011.)

Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;

III. Realicen investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y

IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.

• Iniciativa

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. a VII. ...

VIII. Impulsar y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental.

IX. a XI. ...

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.

(Artículo reformado. DOF del 13 de diciembre de 1996.)

Este artículo señala de manera general los principios que establece el artículo 4o. constitucional

...

...

Artículo 22. ...

...

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación para la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

...

...

Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:

I. La investigación, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. a VII. ...

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación para el perfeccionamiento y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 116. Para el otorgamiento de estímulos fiscales, las autoridades competentes considerarán a quienes:

I. Adquieran, instalen u operen equipo para el control de emisiones contaminantes a la atmósfera;

II. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento a equipo de filtrado, combustión, control, y en general, de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera;

III. Realicen investigaciones de tecnología e innovación cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y

IV. Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para evitar emisiones contaminantes en zonas urbanas.

Consideraciones

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en el Capítulo IV Instrumentos de Política Ambiental, comprende una Sección VIII relativa a la Investigación y Educación Ecológica, en el cual se destaca la importancia que la introducción y desarrollo de las tecnologías estén acordes con las necesidades de la nación, principal reto para enfrentar el deterioro ambiental; y que la relación entre centros de investigación y esferas de gobierno, permitan proteger, preservar y restaurar el medio ambiente.

Ahora bien, el interés de la diputada de adicionar el concepto de innovación es determinante para lograr dicho fin, pues innovar significa tornarse nuevo, renovar, o introducir una novedad. No basta con inventar algo, sino que el proceso avanza hasta introducirlo e implementarlo, por lo que la innovación se ve transformada en una actividad interdisciplinaria ya que convergen en ella metodología, teoría y concepto, generando resultados más coherentes e integrados, es decir, el elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún cambio discernible o reto en el status quo.

Michael A. West, y James L. Farr, en su libro Innovation and Creativity at Work: Psychological and Organizational Strategies, publicado en 1990 señalan que la innovación es la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ella o a la sociedad en conjunto.

Mientras que dentro del Manual de Oslo, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2005, se define a “la innovación como la introducción de un nuevo, o significantemente mejorado, producto (bien o servicio) de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”.

La innovación se enfoca en la creación o modificación de un producto, proceso o servicios, en cambios que introduzcan novedades que, para el caso que nos ocupa, permitan preservar, proteger y restaurar el medio ambiente.

Dentro de nuestro ámbito jurídico nacional, la innovación no es considerada un asunto menor, prueba de ello lo constituye la reforma y actualización que se hiciera a la Ley de Ciencia y Tecnología de fecha 12 de junio de 2009, promovida entre otros muchos propósitos para impulsar el desarrollo en México por la vía de la actividad innovadora, con el objeto de incorporar los procesos de innovación dentro del desarrollo científico y tecnológico. Según lo establece el artículo 4 de dicho ordenamiento la innovación es la capacidad de generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes.

Asimismo, la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como objetivo, de acuerdo al artículo 2o., promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.

Es importante destacar que el proyecto de decreto es congruente con el objetivo 13 del Plan Nacional de Desarrollo, que destaca la necesidad de generar procesos de investigación científica, tecnológica y de innovación y con ello alcanzar una verdadera sustentabilidad ambiental que permita el avance del conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones.

Por lo anterior, la comisión considera procedente la propuesta de la legisladora, pues resulta necesario dar continuidad y permanencia a los planes y programas en materia ambiental, que promuevan el conocimiento, la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el quehacer gubernamental. Sin embargo, por lo que hace a la adición de la fracción VII en el artículo 1o. es de señalar que dicho artículo forma parte del Capítulo I de Normas Preliminares del Título Primero, correspondiente a las Disposiciones Generales, el cual conforma los principios y objetivos base sobre los que se van a fundamentar el resto de las disposiciones de la ley marco, así como sus instrumentos reglamentarios, por lo que no es viable adicionar un proceso o acción, como es la innovación, en el artículo 1o.

Ahora bien, esta comisión dictaminadora, con el fin de dar un enfoque integral y sólido al objetivo de la diputada promovente, considera necesario reformar y adicionar los siguientes aspectos:

• Aprovechamiento racional por: Aprovechamiento sustentable; y

• Proteger los ecosistemas por: preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Lo anterior, con el fin de cumplir con el objetivo general de la ley marco, establecido en el artículo 1o., que es el de propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

• La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;

• La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

• El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;

• La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.

Es importante contemplar los 4 conceptos que se establecen en la Ley marco: aprovechamiento sustentable, preservación, protección y restauración, ya que toman en cuentan diversas maneras de manejo de los ecosistemas. Lo anterior, de acuerdo a lo que señala el artículo 3o. del propio ordenamiento:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

...

III. Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;

...

XXV. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;

...

XXVII. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;

...

XXXIV. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

Asimismo, se retoma lo establecido en el principio XX del artículo 15o., relativo a los principios que el Ejecutivo federal deberá observar en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente:

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

...

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Por lo motivado y fundado, los integrantes de la comisión dictaminadora se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 22, la fracción I del artículo 22 Bis, el artículo 41 y la fracción III del artículo 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único: Se reforma el artículo 22, la fracción I del artículo 22 Bis, el artículo 41 y la fracción III del artículo 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

...

Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservación, protección, restauración o aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el ambiente, así como al financiamiento de programas, proyectos, estudios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovaciónpara la preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

..

...

Artículo 22 Bis. ...

I. La investigación científica y tecnológica, incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objetivo evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía;

II. a VII, ...

Artículo 41. El gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, preservar, proteger y restaurar los ecosistemas para prevenir desequilibrios ecológicos y daños ambientales, determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Para ello, se podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 116....

I. y II. ...

III. Realicen investigación científica y tecnológica e innovación, cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes; y

IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/542/15.pdf

2 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/sustentabilodad-ambiental. html.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, el 27 de septiembre de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug, Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Cora Pinedo Alonso.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el dictamen que nos ocupa propone reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que responden a una necesidad estratégica para el país: hacer de la generación e innovación del conocimiento científico y tecnológico en materia ambiental un instrumento que nos permita salvaguardar la diversidad y los ecosistemas y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales.

Si bien México es uno de los cuatro países con mayor número de especies animales y vegetales y figura entre los 17 países denominados megadiversos, es preocupante que en las últimas décadas el deterioro ambiental haya crecido, en tal magnitud, que tenga ya serias consecuencias para la vida y el desarrollo de las y los mexicanos.

México necesita contar con mayores conocimientos acerca de los procesos ambientales que lo afectan; requerimos impulsar decididamente una agenda ambiental de investigación científica y de desarrollo tecnológico, en donde la innovación permita el perfeccionamiento de técnicas y procedimientos que prevengan, controlen y abatan el deterioro ambiental.

La innovación es un fenómeno, que cuando se incorpora a una sociedad influye en su crecimiento y en la calidad de vida de las personas, pues brinda la capacidad de generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u organización, o añadir valor a los existentes para mejorarlos.

Como país comprometido con el medio ambiente, debemos impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para propiciar el desarrollo sustentable y la implementación de políticas responsables.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solamente conciliando un desarrollo socialmente justo, equitativo y sostenible, desde el punto de vista ecológico, podemos progresar sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras; el desarrollo económico y social ya no puede concebirse sin políticas ambientales integrales y para avanzar en ellas es imprescindible el uso y la aplicación de la tecnología, la innovación y la ciencia.

La iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente; tiene como objetivo impulsar y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en materia ambiental.

Considero que se requiere que exista una mayor vinculación entre la investigación y las políticas públicas, propiciar la innovación tecnológica ambiental sustentable con la que se logren abatir las problemáticas urgentes que el país debe atender y que además está respaldada por un compromiso social.

Mi reconocimiento a la Comisión de Medio Ambiente, que ha valorado la propuesta y considera procedente, como un instrumento que nos permitirá dar continuidad y permanencia a los planes y programas en materia ambiental, que promoverá el conocimiento, la educación, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el quehacer del sector público; por todo lo anterior, compañeros diputados y diputadas, solicito el voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados: María Araceli Vázquez Camacho, Laura Arizmendi Campos y Juan Pablo Escobar Martínez. Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez, hasta por tres minutos.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su venia, diputado presidente. He solicitado el uso de la voz para dirigirme a ustedes como parte del Grupo Parlamentario del PRD y decirles que es trascendental esta reforma, y también me sumo a la Comisión de Medio Ambiente, a la felicitación que ha externado aquí mi compañera, por haber dejado transitar esta propuesta.

Hasta ahora el desarrollo tecnológico y la innovación han sido implementados por un modelo de desarrollo depredador: el capitalismo; un modelo de desarrollo que ha priorizado el desarrollo industrial y que nos ha llevado a los grados de desequilibrio y de contaminación que hoy estamos padeciendo.

Creo que es momento de que la LXI Legislatura —como ya lo demostró con otras iniciativas de ley—, pongamos énfasis en que el desarrollo industrial, el desarrollo científico y la innovación pueden ser instrumentados para buscar un desarrollo económico sustentable, un desarrollo social menos injusto.

Ojalá que se sumen; se trata de incorporar los conceptos de desarrollo tecnológico e innovación en varios artículos de la LGEEPA; ojalá que este modelo económico sea superado y venga y sea sustituido por otro modelo que haga menos daño a los ecosistemas y al ser humano.

Acabamos de escuchar, por boca de algunos diputados, que en algunas zonas se están prácticamente muriendo de hambre y que en otras zonas les ha llegado el agua al cuello; esos desequilibrios son producto de un modelo de desarrollo agotado. Súmense con su voto positivo a esta reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.

Ruego a los ciudadanos, que en ejercicio de su libertad de expresión están en la tribuna, resuelvan, por favor, cómo hacer compatible ése derecho con el orden que debe privar en la tribuna, cuyo uso está reservado por la ley a quienes tienen el título de diputados.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero.

El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Para aprovechar este espacio en el que hemos sido interrumpidos, simplemente para hacer una felicitación al doctor Narro; tenemos una buena noticia, ha sido reelecto en la UNAM. Desde aquí le mandamos una felicitación al doctor y un aplauso.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El artículo 260 de nuestro Reglamento señala: el presidente de la Mesa Directiva o de la Junta Directiva, según corresponda, tendrá en el desarrollo de las sesiones o reuniones como medios para promover la libre discusión y decisión parlamentaria entre los diputados y diputadas, así como inhibir la interrupción de éstas, las siguientes acciones: llamada al orden; declaración de falta de orden con mención en el acta; retiro del sonido y dictar las medidas que estime pertinente con base a la ley y al presente Reglamento, con el objeto de cumplir con lo señalado en este numeral.

RECESO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 13:14 horas) La Presidencia declara en receso esta sesión, hasta que se restablezcan las condiciones para continuar con ella.

(Receso)

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 13:31 horas): Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Arizmendi Campos.

La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su venia, señor presidente, agradezco su gentileza. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano apoya este dictamen, porque reconoce los beneficios que tanto ecológicamente y de carácter técnico van a beneficiar a nuestro país.

Necesitamos aportar, tanto recursos como ideas, para que este tipo de propuestas, como el que hizo la diputada Cora Pinedo Alonso, sean aprobadas, sean beneficiadas con un voto de todos ustedes a favor. Agradezco mucho la atención y agradezco mucho que me hayan esperado. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Escobar Martínez. No se encuentra en la sala.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A nombre de la Mesa Directiva quiero hacer un saludo y darles la más cordial bienvenida a los compañeros del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa del Presupuesto de la Ciudad de México, el Barzón, UPREZ, Patria Nueva, Asamblea de Barrios, UCP, Comité de Lucha Popular, MLP, SOL, FOSIC y COOS, invitados por el diputado Samuel Herrera Chávez. Sean ustedes bienvenidos.

Disponga la Secretaría lo conducente para ampliar un minuto más la votación, dado que muchos diputados se encontraban fuera del recinto.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Manténgase abierto el sistema electrónico, hasta por 1 minuto más. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 348 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 22, 22 Bis, 41 y 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 4577, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentada por el diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 78, 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 13 de abril de 2011, la Mesa Directiva recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y

Segundo. En esa misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, iniciándose un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El presente dictamen tiene por objeto atender la solicitud del diputado Andrés Aguirre Romero, quien considera procedente reformar el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) a efecto de homologar la definición de residuos peligrosos en las leyes con antelación mencionadas.

En ese tenor, el diputado promovente refiere que la definición propuesta deberá contener los siguientes elementos:

– Peligrosidad (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad y patogenicidad).

– Hacer énfasis a lo infeccioso, relacionado con la patogenicidad (capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible).

– Estado físico en que se encuentran los residuos (entrando todos los estados físicos no encuentra limitante).

– Incorporar que esos residuos representan un riesgo, para aquellos sujetos que se han de exponer a ellos.

– Añadir en la definición la leyenda “No se incluyen los residuos reactivos” (esta mención no afecta de manera alguna en la definición en virtud de que el manejo de estos residuos recae en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía (SENER).

Así, el texto propuesto por el diputado Aguirre a la letra señala:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 3o.

XXXII. Residuos peligrosos:Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un riesgo al ser humano, al medio ambiente y a los bienes. No se incluyen los residuos radiactivos.

XXXIII. (...)

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo 5o.

XXXII. Residuos peligrosos:Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un riesgo al ser humano, al medio ambiente y a los bienes. No se incluyen los residuos radiactivos.

XXXIII. (...)

En atención a dicha solicitud la Comisión Legislativa que elabora el presente Dictamen procede a iniciar su análisis.

De manera formal, los residuos peligrosos (RP) se definen como aquellos que, sustancial o potencialmente, ponen en peligro la salud humana o el medio ambiente cuando son manejados en forma inadecuada y poseen una o más características CRETIB, es decir tiene alguna de las siguientes propiedades: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico-infeccioso (precisando que los residuos radioactivos por sus características de alto riesgo son regulados en otra legislación y manejados por el ramo de energía).

De forma particular, la NOM-052-SEMARNAT-2005 establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de estos residuos.

Por sus características de corrosividad, reactividad, explosividad o inflamabilidad, un manejo inadecuado de los residuos peligrosos puede ocasionar accidentes severos. Los residuos peligrosos que tienen características de toxicidad y la inclusión de agentes infecciosos pueden afectar a la población y demás elementos de los ecosistemas a través de la contaminación de las fuentes de agua, tanto superficial como subterránea.

La problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas; por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación y por el otro, aquella orientada a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes en operación.

En México, hasta el año 2004, se tenían identificados 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 se habían caracterizado -esto es, se clasificaron y priorizaron de acuerdo al grado de riesgo que representan para la salud y el ambiente-, y 12 se consideraban como rehabilitados o en proceso de rehabilitación.

Los riesgos al medio ambiente causados por los residuos peligrosos son un foco de atención, no sólo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y normas) y establezcan políticas públicas para garantizar su manejo adecuado a fin de prevenir riesgos, a la vez que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y peligrosidad. Esta preocupación que nació en los países con mayor desarrollo económico, obligó a encarar problemas de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública.

El manejo y/o disposición seguro de los residuos peligrosos se aborda de tres maneras. La primera es a través de acciones de prevención orientadas a la reducción de los volúmenes de generación de los RP que se liberan al ambiente. Entre las alternativas para la reducción del volumen de este tipo de residuos está la minimización de su generación, ya sea por reducción o eliminación de residuos derivados del cambio de tecnologías de producción. Otra estrategia consiste en la reducción de los RP por medio de su reciclaje y reúso, lo que maximiza su utilización antes de su tratamiento y disposición final.

Los programas de manejo y control deben tener como sustento fundamental, una legislación que defina con precisión que se entiende como residuos peligrosos. Al respecto es menester mencionar que la legislación nacional establece dos conceptos de residuos peligrosos distintos.

En primera instancia, la LGEEPA en su artículo 3o., fracción XXXIII, lo define a la letra como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

....

XXXIII. Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente

Por su parte, la LGPGIR establece en su artículo 5o., fracción XXXII una definición propia de residuos peligrosos señalando a la letra lo siguiente:

Artículo 5o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

...

XXXII. Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley;

En atención a esa discrepancia, la iniciativa propone homologar el concepto de residuos peligrosos a fin de homogeneizar ambas definiciones y dar claridad al marco jurídico ambiental.

Al respecto, esta Comisión Legislativa estima procedente la propuesta, a fin de dar claridad al marco jurídico nacional. Sin embargo, sería viable solo adecuar el concepto de RP en la LGEEPA, retomando lo dispuesto en la LGPGIR, a efecto de enriquecer la propuesta del diputado promovente.

En el mismo sentido, esta Comisión estima que no es necesario señalar expresamente que los residuos radioactivos no se consideran como residuos peligrosos.

Lo anterior es así, en virtud de que en México desde el año de 1956 se inició el control sobre la utilización y disposición de isótopos radiactivos, creando para tal la Comisión Nacional de Energía Nuclear, encargada de atender su manejo adecuado.

Actualmente, las Secretarías de Salud y de Energía son las autoridades competentes en este ámbito, tal y como se desprende de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que en sus artículos 33 y 39 determina a la letra lo siguiente:

Artículo 33. A la Secretaría de Energía le corresponde el Despacho de los siguientes asuntos:

“I. Establecer y conducir la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente...”

Cualquier otra aplicación de la energía nuclear y radioisótopos es competencia de la Secretaría de Energía a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (Conasenusa).

Artículo 39. A la Secretaría de Salud le corresponde el Despacho de los siguientes asuntos:

“I. Establecer y conducir la política nacional, en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad en general...”

La Secretaría de Salud regula la utilización, disposición, importación, y exportación de materiales radiactivos y fuentes de radiación ionizante destinadas a usos médicos, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Salud.

Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a que corresponde a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones con otros propósitos, se publicó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia Nuclear, en la cual se determinan el manejo de los materiales radioactivos incluidos los residuos generados.

Finalmente, la LGPGIR en su artículo 4 exceptúa de la aplicación de esta Ley a los residuos radioactivos. En consecuencia, resulta reiterativo, señalar que los residuos peligrosos no incluyen los residuos radioactivos.

En el mismo sentido, es de señalarse que esta materia se encuentra regulada por las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-NUCL-1994 y NOM-019-NUCL-1995.

Ahora bien, esta Comisión estima procedente dar claridad en relación a que los residuos peligrosos podrían ser todos aquellos residuos que por sus características CRETIB representen un peligro al ser humano, al ambiente o a los bienes.

Lo anterior es así, en virtud de que deban ser considerados como residuos peligrosos aquellos que representen un riesgo a la salud humana o a los bienes son criterios subjetivos que podrían generar confusión.

De la revisión de la propuesta se estima que lo más acertado sería retomar la definición establecida en la ley especial, es decir en la LGPGIR en virtud de que retoma diversos elementos siendo uno de ellos la cuestión de peligrosidad. En primera instancia, es indispensable que la definición a homologar contemple que tienen la característica como residuos peligrosos los envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, toda vez que de no contemplarlos, implicaría que los recipientes que han utilizado durante el manejo y hasta la disposición final, queden exentos del tratamiento como residuos peligrosos.

En ese tenor, esta comisión propone el siguiente texto alterno:

XXXIII. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

Baste precisar que la reforma al artículo 3o. de la LGEEPA se incluye en la fracción XXXIII y no en la XXXII, atendiendo a la última reforma de ese precepto legal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011.

Finalmente, es de señalarse que resulta acertada la propuesta del diputado promovente pues la LGEEPA es la ley marco en nuestro sistema jurídico, en ésta se incluyen las bases generales y los instrumentos que conducen la política nacional. Más aún, dicha ley refiere en diversas disposiciones el término “residuos peligrosos”, por lo que se debe dar certeza jurídica definiendo los conceptos que pudieran generar confusión.

Tal es el caso de este término, utilizado en el artículo 28, fracción IV de la LGEEPA que establece que se requiere autorización en materia de impacto ambiental para instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos.

Es evidente que no existe un conflicto de leyes respecto la aplicación de una u otra ley, pues resulta aplicable el principio general del Derecho de especialidad que establece lex especialis sobre la lex generalis, es decir norma especial primar sobre norma general.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Artículo Único.Se reforma la fracción XXXIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXXII...

XXXIII. Residuos peligrosos:son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

XXXIV. a XXXVIII.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.definicion.org/diccionario/260

2 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/08_residuos/cap8_2.html

3 http://campus.usal.es/~retribucionesysalud/ssalud/calid_amb/manual.htm#introduc cion

4 http://www.sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1608&cx=01604 1137291724762691%3At7lsrffmdbw&cof=FORID%3A11&palabras=&q=residuos+ radioactivos+site%3Awww.energia.gob.mx&x=0&y=0#1209

5 http://www.cnsns.gob.mx/acerca_cnsns/marco_normativo.php

6 Zegarra Vílchez, Juan Carlos. Aplicación del principio de especialidad.

Dado en el Salón de Plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 27 septiembre de 2011.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Ninfa Salinas Sada (rúbrica), presidenta; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), Francisco Alejandro Moreno Merino, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Ma. Dina Herrera Soto (rúbrica), Araceli Vásquez Camacho (rúbrica), Alejandro Carabias Icaza (rúbrica), Jaime Álvarez Cisneros, secretarios; María Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Adela Robles Morales, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Marcela Vieyra Alamilla (rúbrica), Víctor Manuel anastasio Galicia Ávila (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Óscar Saúl Castillo Andrade, Juan Pablo Escobar Martínez (rúbrica), Jesús Giles Sánchez, José Manuel Hinojosa Pérez, Francisco Javier Orduño Valdez (rúbrica), César Daniel González Madruga (rúbrica), Rafael Pacchiano Alamán (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se han registrado, para hablar en pro del dictamen, la diputada María Araceli Vázquez Camacho y el diputado Alejandro Baena Flores. Tiene la palabra la diputada María Araceli Vázquez Camacho.

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su venia, diputado presidente. Este dictamen trata de homologar el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. En la LGPA se trata de homologar la definición, el concepto de residuos sólidos.

Los riesgos al medio ambiente causados por los residuos sólidos son un foco de atención no sólo en México sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias, leyes, reglamentos y normas, y se establezcan políticas públicas para garantizar su manejo adecuado, a fin de prevenir riesgos, a la vez que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y peligrosidad.

Esta preocupación, que nació en los países con mayor desarrollo económico, obligó a encarar problemas de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública.

La problemática asociada a los residuos peligrosos tiene dos grandes líneas; por un lado, la que se deriva de la presencia de sitios ya contaminados y que requieren su remediación, y por el otro lado, aquéllas orientadas a la prevención de la contaminación proveniente de las fuentes de operación.

El concepto que se define queda como sigue: residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como embases, recipientes, embalajes y suelos, que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico y al medio ambiente.

Solicito a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Alejandro Bahena Flores.

El diputado Alejandro Bahena Flores: Con su permiso, diputado presidente. El dictamen que se encuentra a discusión tiene por objeto reformar la definición de residuos peligrosos considerada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

La definición propuesta incorpora características que identifican a los residuos peligrosos, tales como corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos.

Asimismo hace referencia a los embases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y representan un peligro para el equilibrio ecológico o el medio ambiente.

Esta reforma podría parecer insignificante, pues únicamente amplia la definición en la ley marco de protección al ambiente; sin embargo, contribuye a brindar certeza jurídica para la elaboración, ejecución y control de los planes de manejo al definir los residuos peligrosos.

Dentro de los pasos primordiales para solucionar un problema se encuentra la definición y diagnóstico del mismo; sin embargo, si no contamos con conceptos e información precisa y oportuna sobre los residuos, su manejo integral se puede ver limitado particularmente en México, en donde existen tareas pendientes en la materia, pues aún persiste la ausencia de información acerca del volumen generado, su trabajo y disposición final.

Asimismo la población no cuenta con información precisa sobre los riesgos ambientales y de salud pública que representan, lo que ocasiona el rechazo a la construcción de confinamientos controlados, ya que en este tema convergen factores como la falta de colaboración entre los órdenes de gobierno, la desinformación, el manejo político y la falta de herramientas de participación ciudadana y negociación.

Es por eso que hoy, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los invito a votar a favor del presente dictamen, ya que si bien es una pequeña reforma, representa un excelente punto de partida para que desde el ámbito legislativo contribuyamos a la gestión integral de los residuos peligrosos.

Asimismo, con la aprobación de una definición clara y precisa, se fortalece el papel que México ha jugado a nivel internacional en materia ambiental, particularmente para controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación en el marco del Convenio de Basilea, en donde cada uno de los países signatarios se comprometió a dar a conocer la definición nacional sobre desechos peligrosos.

En la comisión, todos los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales votamos a favor; es por lo mismo, compañeros diputados, que los invito a que todos demos el voto unánime a esta reforma. Muchas gracias. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia saluda con afecto a estudiantes del Conalep, plantel Atlacomulco, y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, del estado de México, plantel Jocotitlán, invitador por su servidor.

También saluda con afecto a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Juárez, del estado de Durango, invitados por el diputado José Ricardo López Pescador. Sean todos ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido un total de 343 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Publica de la LXI Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones  de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa  de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el  presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el 23 de febrero de 2010, el diputado Jaime Francisco Cárdenas Gracia, integrante de Grupo Parlamentario, del Partido del Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa que reforma diversas disposiciones  de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

II. En la misma fecha el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, y Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

III. El 21 de abril del 2010, en sesión plenaria de la Comisión de Seguridad Pública, éste dictamen fue aprobado en sentido positivo por 19 votos a favor y una abstención.

IV. El 21 de septiembre del 2011, en sesión plenaria de la Comisión de Gobernación, fue aprobado en sentido positivo.

Contenido de la iniciativa

1. El propósito de esta iniciativa es fortalecer la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo, particularmente por lo que hace al tema de la seguridad nacional y la seguridad pública en México.

2. El proponente argumenta que es un hecho que la Cámara de Diputados no cuenta con elementos suficientes para dar seguimiento a las políticas que en materia de seguridad nacional y seguridad pública que ha implantado el Ejecutivo federal. Los mecanismos que dispone la legislación vigente para obligar a los secretarios de despacho a rendir informes y proporcionar documentación e información están siempre sujetos a los acuerdos de la mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados; lo mismo sucede si se trata de que las comisiones ordinarias hagan valer su derecho de evaluar los programas y el desempeño de los funcionarios públicos.

3. Advierte que la Cámara de Diputados, a través de las comisiones, puede solicitar la comparecencia de funcionarios y no sólo en el marco de la glosa del Informe presidencial, sino que es dable formular invitaciones a los funcionarios públicos para que en reuniones de trabajo se les solicite información, opinión o aclaración sobre asuntos de su competencia. De igual forma, es posible que la comisión evalúe periódicamente las políticas públicas en lo concerniente al área de su competencia. Sin embargo, se requiere necesariamente el acuerdo de la comisión, lo que limita la facultad de control, supervisión y evaluación que debería tener la Cámara de Diputados sobre el funcionamiento de todas las áreas del Gobierno Federal.

4. Pretende que con esta iniciativa la Comisión Bicamaral encargada del control y de la evaluación de las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional del país sea un órgano plural y que se encuentren representadas en ella todas las fuerzas políticas y de representación popular en ambas Cámaras del Congreso, y que cuente además con la facultad de emitir opinión sobre los informes que se le remitan.

5. Advierte que de la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se colige que no hay obligación de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública de rendir informes o proporcionar información al Poder Legislativo, por lo que consideramos que el informe a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Política y que rinde cada año el Secretario de Seguridad Pública no es suficiente ni compete en su totalidad a una dependencia del Ejecutivo federal.

6.- Finalmente explica que la Seguridad Pública es un asunto en el que convergen múltiples niveles de gobierno y diversas dependencias del Ejecutivo. En este esquema de ejecución y coordinación sólo ha quedado marginado el Poder Legislativo, por lo que en la iniciativa en comento se propone que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda a la Cámara de Diputados, a través del Secretariado Ejecutivo, un informe trimestral que contenga las principales actividades y estrategias del ramo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

1. Las comisiones dictaminadoras coinciden en la necesidad de mejorar la legislación en lo referente a transparentar las acciones y políticas en materia de seguridad pública y seguridad nacional, así como asegurar un verdadero equilibrio de poderes.

2. Dentro de la organización institucional parlamentaria se encuentran las comisiones bicamarales, las cuales históricamente y por acuerdos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se ha establecido que su composición sea de tres senadores y tres diputados, situación que se advierte en diversas leyes dentro de su articulado, como lo es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 132 dice lo siguiente:

1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

2. La comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus grupos parlamentarios en ambas Cámaras.

3. La comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades del canal.

4. Los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable del canal copia de las video grabaciones transmitidas a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral...”

Por tal motivo no se considera pertinente modificar el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo  de incrementar el número de integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

3. Por otro lado, las comisiones unidas considera oportuna la propuesta contenida en el  artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional, para facultar a la comisión bicamaral a emitir opinión al informe que hace referencia el artículo 58, dado que no existe fundamento jurídico que no lo permita, de esta manera se podrá transparentar y en su caso realizar las observaciones que se consideren necesarias en la materia.

4. No se considera procedente la redacción propuesta al artículo 60 de la Ley de Seguridad Nacional que introduce el enunciado “cuando sea reservada o confidencial de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia”, ya que toda la información y documentación proporcionada a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional debe ser resguardada, protegida y deberá evitarse su uso indebido, independientemente de que sea reservada o confidencial.

5. Por lo que hace a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta comisión considera improcedente modificar los artículos 14 y 18 de ésta, bajo los términos que establece el diputado promovente, dado que las dependencias del Ejecutivo federal deberán planificar sus actividades de forma programada, tal como lo establece el artículo noveno de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 9o. Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo, establezca el Ejecutivo federal.

Dicha programación y planeación se realiza de forma anual, así como los informes del avance del cumplimiento de los objetivos fijados, no así de forma trimestral, ya  que el artículo octavo de la Ley de Planeación menciona lo siguiente:

Artículo 8o. Los Secretarios de Estado y los Jefes de los Departamentos Administrativos, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.”

6. Por otro lado, en cuanto a  los informes trimestrales para dar observancia de la evolución del presupuesto, cabe aclarar que ya está contemplado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual los define en su artículo 2 numeral XXIX de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

XXIX. Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión.

7. Finalmente, los informes de resultados de las políticas públicas realizadas en materia de Seguridad Pública se integran en el informe del Ejecutivo Federal, el cual se presenta bajo los términos que establece el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado, al procurador general de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En mérito de lo expuesto, las comisiones dictaminadoras, con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 57, fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional

Único. Se reforma el artículo 57, fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 57. ...

I. y II. ...

III. Conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta ley y emitir opinión al respecto;

IV. a IX. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México Distrito Federal, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil once.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica en abstención), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza, Francisco Ramos Montaño, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Beatriz Elena Paredes Rangel (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez (rúbrica). María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica).

La Comisión de Seguridad Pública, diputados: José Luis Ovando Patrón (rúbrica), Sergio González Hernández (rúbrica), Bonifacio Herrera Rivera (rúbrica), María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira (rúbrica), Felipe Amadeo Flores Espinosa (rúbrica), Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Adriana Sarur Torre (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Alejandro Gertz Manero, Miguel Álvarez Santamaría (rúbrica), Óscar Martín Arce Paniagua (rúbrica), Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica en abstención), Salvador Caro Cabrera (rúbrica), Ernesto de Lucas Hopkins (rúbrica), Omar Fayad Meneses (rúbrica), Jorge Fernando Franco Vargas, Luis Alejandro Guevara Cobos, Aarón Irízar López (rúbrica), Feliciano Rosendo Marín Díaz, Manuel Guillermo Márquez Lizalde (rúbrica), Rosi Orozco, Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, María Antonieta Pérez Reyes, Camilo Ramírez Puente (rúbrica), Francisco Lauro Rojas San Román, Arturo Santana Alfaro, Ricardo Sánchez Gálvez (rúbrica), Ardelio Vargas Fosado.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 104, numeral uno, fracción IV del Reglamento de la Cámara, se han registrado los siguientes oradores: en contra, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, Juan Enrique Ibarra Pedroza y Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; en pro, Bonifacio Herrera Rivera y Nazario Norberto Sánchez. Hace uso de la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Este dictamen es consecuencia de una iniciativa que presentó su servidor; agradezco que parte de mi iniciativa haya sido atendida y aceptada, pero las partes fundamentales de mi iniciativa desgraciadamente no fueron atendidas por las comisiones unidas, ¿qué proponía inicialmente?

Primero, solicito muy atentamente, señor presidente, que se corrija en la Gaceta Parlamentaria mi nombre, porque mencionan que mi nombre es Jaime Francisco y soy Jaime Fernando.

Entrando al detalle del dictamen, menciono que propuse tres cosas; propuse, en primer lugar, que la comisión bicameral de Seguridad Nacional fuera una comisión más plural.

Actualmente la comisión bicameral solamente está integrada por las tres fuerzas políticas más importantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con lo que los partidos minoritarios no tenemos representación alguna en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

En segundo lugar, proponía que la información que proporcionan los órganos de seguridad nacional a esta Comisión Bicameral pudiese ser en algunos casos pública, siempre y cuando no estuviese reservada o fuese confidencial en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Finalmente, mi iniciativa proponía —lo que sí fue concedido— que los informes que rinde el secretariado ante esta Comisión Bicameral, en los términos del artículo 58, pudiesen ser evaluados por la Comisión Bicameral, ¿cómo evaluarlos? Por lo menos emitiendo opiniones. Éste es el único punto de los tres que propuse inicialmente que fue admitido.

Actualmente, el secretariado en la Comisión Bicameral presenta informes, pero los legisladores ni siquiera pueden tener un mecanismo de evaluación respecto a esos informes opinando al respecto; aquí se concede que se evalúen, que se opinen los informes que presenta el secretariado, pero no se concedió que parte de esa información fuese pública si no era reservada o confidencial, en los términos de la ley respectiva y tampoco se concedió que estuviésemos integrados en la Comisión Bicameral todos los grupos parlamentarios; por eso he decidido votar en contra de este dictamen, aunque lo haya propuesto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Bonifacio Herrera Rivera, en pro del dictamen.

El diputado Bonifacio Herrera Rivera: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen presentado el día de hoy por parte de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública conlleva una gran importancia, ya que permite el fortalecimiento de la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo, concretamente en el tema de seguridad nacional.

La reforma propuesta es oportuna y necesaria dentro del desafortunado contexto en que se encuentra nuestro país, derivado de los altos niveles de inseguridad, mismos que han implicado un mayor esfuerzo de todos los órganos y órdenes de gobierno e incluso cambios de estrategia, métodos y procedimientos aplicados tradicionalmente en materia de seguridad.

Es claro que la inseguridad es provocada principalmente por el crimen organizado a lo largo del territorio nacional, delincuencia que incide gravemente, tanto en la seguridad y tranquilidad de los mexicanos como en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas.

Esta situación ha provocado la reacción del Estado, aplicando de forma decisiva e inmediata acciones concretas para garantizar la seguridad de los mexicanos, además de que también se han dirigido otras más para el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Nuestro marco jurídico establece que le corresponde al Poder Ejecutivo la determinación de la política en materia de seguridad nacional, así como dictar los lineamientos que permitan articular las acciones que son necesarias a implementar.

En ese sentido, el ejercicio de las facultades legislativas debe constituirse como una función indispensable para atender los retos actuales en materia de seguridad que afronta nuestro país, no tan sólo con la expedición de reformas de leyes, sino como un medio de control y supervisión de las actividades desarrolladas por el Poder Ejecutivo en dicha materia.

De ahí la importancia de la aprobación del dictamen sometido a consideración de esta asamblea, ya que amplía las facultades de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para fortalecer el control de un tema tan trascendente, como la materia de seguridad nacional.

Actualmente, la Ley de Seguridad Nacional obliga al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional a rendir un informe, pero dicho informe sólo es conocido y no se pueden dar observaciones en dicha materia.

Esta situación sin duda impide un verdadero control y supervisión por parte del Poder Legislativo en el tema de seguridad nacional; por ello se coincide con el dictamen sobre la importancia de conceder la facultad de la Comisión Bicamaral para emitir opinión sobre el informe general de actividades desarrolladas en seguridad nacional, que presenta el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Acción Nacional apoyará con su voto el presente dictamen, a efecto de permitir la evaluación de los informes que se rinden en materia de seguridad nacional y contribuir al mejoramiento de los mecanismos de colaboración entre los Poderes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza.

El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias. Es que estaba invocando a la generosidad del presidente Chuayffet para que nos admita dos reservas en este tema.

Señoras y señores diputados, el dictamen a la iniciativa que estamos viendo planteada por el diputado Cárdenas Gracia es una resolución incompleta que no atiende el objetivo original de su autor: fortalecer la facultad de control y supervisión del Poder Legislativo respecto del Ejecutivo; esta propuesta tiene por objeto dotar a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de las atribuciones de control y evaluación de las políticas públicas y acciones sobre el tema.

A pesar de ello, el dictamen sólo retoma la disposición que en el artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional permite a la Comisión Bicamaral conocer el informe a que hace referencia el artículo 58 de esta ley y dice simplemente: emitir opinión al respecto.

Aun cuando esto significa un avance —como ya se dijo aquí—, dado que en el Título Cuarto de la ley vigente las supuestas facultades de control de la Comisión Bicamaral no son tales, pues se reducen a conocer y solicitar información a los órganos involucrados, pero no a emitir ninguna opinión al respecto.

Sin embargo, se deja de lado en la reforma la que establece la obligación del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública para elaborar y remitir trimestralmente a la Cámara de Diputados un informe con distintas precisiones, entre otros, contenidos de carácter público.

Lamentablemente se omite en la reforma, que la comisión sea integrada por un diputado y un senador de todos y de cada uno de los grupos parlamentarios, dado que en la actualidad solo participan los tres con mayores integrantes.

Por último, se soslaya la necesidad de que la información en poder de la Comisión Bicamaral sea reservada o confidencial, de conformidad a lo que establece la ley de la materia, con lo que se ensancha el criterio discrecional.

Nos parece muy preocupante que esta Cámara tome decisiones tan limitadas ante el evidente fracaso de la campaña represiva de Felipe Calderón, que justamente hace unas horas un organismo internacional acreditó el cúmulo de ejecuciones, desapariciones y torturas que forman parte de una política sistemática, de violaciones de derechos humanos.

Por último, reiteramos nuestra petición al presidente de la Comisión de Defensa Nacional, para que a la brevedad se dictamine lo que está pendiente de reforma al Código de Justicia Militar y acotar definitivamente, como ha sido la indicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fuero militar que ha servido para preservar impunidad de los militares, en esa pretendida lucha en contra de la delincuencia organizada. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente. La necesidad de mejorar la legislación en lo referente a transparentar las acciones y políticas en materia de seguridad pública y seguridad nacional, así como a asegurar un verdadero equilibrio de Poderes, se consideran prioritarios.

Dentro de la organización institucional parlamentaria se encuentran las Comisiones Bicamerales, las comisiones las cuales históricamente y por acuerdos de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se ha establecido que su composición sea de tres senadores y tres diputados, las cuales estarán encargadas de informar, al inicio de cada periodo, en cada Cámara, a través de las respectivas Mesas Directivas, sobre el desarrollo de las actividades del Canal del Congreso.

Mediante la presente reforma se busca facultar a la Comisión Bicamaral a emitir opinión al informe que hace referencia el artículo 58, en lo que respecta al informe general, desarrolladas en el semestre inmediato anterior, dado de que no existe fundamento jurídico que no lo permita de esta manera; por lo cual se podrá transparentar y en su caso, realizar las observaciones que se consideren necesarias en esta materia.

Por tal motivo, es necesario que la Comisión Bicameral encargada del control y evaluación de las políticas vinculadas con la seguridad nacional del país sea un órgano plural, en donde se encuentren representadas todas las políticas de ambas cámaras del Congreso.

Compañeras diputadas y diputados, es cierto que hace falta mucho más materia en esta iniciativa y que se dejaron fuera las propuestas del compañero diputado Cárdenas Gracia, pero avancemos; solicitamos su voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Antes de que empiece a correr mi tiempo, diputado presidente, una solicitud; me informan que están bloqueadas todas las salidas de la Cámara por los grupos que están protestando; creo que sería conveniente que se formara una comisión plural que los atendiera para ayudar a liberar esa tensión. Es una petición formal que hago.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Repóngase el tiempo del diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Le agradezco, diputado presidente. Miren, compañeros diputados, compañeras diputadas, si hay un diputado con iniciativas se llama Jaime Cárdenas Gracia; lleva 70 iniciativas presentadas él solo; es la primera que le van a dictaminar y se la hacen trizas; le hacen un mostrenco de lo que él había presentado.

Es un buen ejemplo de lo que pasa en esta soberanía; no vale mucho estar muy activo, porque la cúpula del PRI y el PAN —la cópula, les digo yo—, son los que resuelven qué pasa y qué no pasa y cómo pasa en esta soberanía.

Es un primer paso, el intento de Jaime Cárdenas, de regular otra entelequia, otro mostrenco, que es el Consejo de Seguridad Nacional, que eso, ¿qué es? No lo eligió nadie y tiene más atribuciones que muchos gobiernos de los estados; están ahí gobernadores, está un secretario técnico, que impone en este caso quien usurpa la Presidencia de la República, hasta hacen operativos como el Conago-1, que fueron violatorios de derechos humanos y no pasa nada.

Hoy que se quiere empezar a poner orden en esa entelequia, la respuesta es esto, que ha sido presentado.

Quiero aprovechar, hoy que veo algunas carillas de inconformidad; Human Rights Watch dice que en Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Tabasco —que fueron los lugares donde hicieron su investigación, sólo en esos—, hay acreditados 170 casos de tortura, 39 desapariciones, 24 ejecuciones extrajudiciales; son civiles asesinados en retenes militares o civiles asesinados mediante la tortura.

Esto está amparado en este Consejo de Seguridad Nacional y en estos mecanismos, que se generan totalmente al margen del derecho constitucional.

Lo que más me asombra, es que muchos diputados que en este momento están desatentos a esta discusión tan importante, cuando llegan a un retén militar, entonces sí se cuadran y permiten que les revisen lo que sea.

Ya les advertí, así como les dije que iba a haber compañeros diputados y diputadas que iban a morir y van a seguir muriendo, lamentablemente y no precisamente de muerte natural, también les digo que al rato a los hombres les van a hacer los análisis de la próstata en los retenes militares y policiacos, y a ver si siguen tolerando todos los atropellos, abusos y maltrato que hay; si a los diputados, con ellos hacen lo que quieren, los civiles ni se diga.

Así es que cómo estarán las cosas, que el promotor de esta iniciativa tendrá que votar en contra, porque cayó en las manos de las comisiones que hacen totalmente diferente lo que se presenta. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Se han agotado los oradores y la Presidencia no puede aceptar las reservas, porque no se refieren al artículo dictaminado que es únicamente el 57, ni el 56 ni el 60; por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, invitados por el diputado Jorge Juraidini Rumilla, y a estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua, invitados por el diputado Maurilio Ochoa Millán. Para todos ustedes la más cordial bienvenida.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Compañeros diputados, quedan 30 segundos para emitir el voto; está abierto el sistema, gracias; sigue abierto el sistema, por favor. Diputada Sofía Castro, que no sirve el sistema.

La diputada Sofía Castro Ríos (desde la curul): A favor.

El diputado Sergio González Hernández (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido un total de 321 votos en pro, 26 en contra y 7 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 321 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley de Seguridad Nacional. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, es competente para analizar, valorar y elaborar el dictamen correspondiente, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada en la Cámara de Senadores el 21 de julio de 2010, los senadores Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; y Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles sobre el Premio Nacional del Deporte y la adición del Premio del Mérito Deportivo.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la iniciativa mencionada fuera turnada a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, para estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Tercero. El 23 de noviembre de 2010, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República por 76 votos en pro.

Cuarto. El 25 de noviembre de 2010 se presentó ante esta soberanía la minuta enviada por el Senado de la República, turnándola a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Quinto. El 5 de abril de 2011, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados se dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores donde se remite la solicitud de los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la colegisladora para dictaminar la minuta proyecto de decreto materia del presente dictamen, ordenándose que la excitativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su atención.

Sexto. En sesión de 2011, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la minuta objeto del presente dictamen:

Contenido de la minuta

a) Objeto de la iniciativa

De la lectura del dictamen de las Comisiones de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos de la colegisladora se desprende que el objetivo de la iniciativa es reformular y replantear los mecanismos, así como la normatividad que permitan resurgir y recuperar al Premio Nacional de Deportes el atractivo social que dio origen a dicho reconocimiento, permitiendo a una actividad como el deporte seguir formando parte de las más amplias y valoradas actuaciones de la sociedad en cuanto a desempeño y logro obtenido.

Las últimas ediciones relacionadas con la entrega del Premio Nacional de Deportes han sido motivo de cuestionamientos, en virtud de la amplia gama de interpretaciones de que ha sido objeto por quienes la aplican y ejecutan previamente a su tramitación. Lo anterior ha puesto en duda la imparcialidad y el mérito de sus acreedores, ocasionando una amplia y dura crítica sobre este reconocimiento.

Por tanto, es clara la necesidad de reformular y replantear los mecanismos considerados en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles con relación al Premio Nacional de Deportes. Para mejorar y facilitar el cumplimiento de sus fines y dada la trascendencia de la actividad deportiva y la necesidad de instaurar un día específico al año para reconocer a nuestros atletas debe cambiarse la fecha establecida desde la creación del premio por una que permita dar mayor relevancia a dicha celebración.

b) Consideraciones de la colegisladora

El Premio Nacional de Deportes es el máximo reconocimiento público que se otorga a quienes se desarrollan en el ámbito deportivo, por haber destacado en alguna de sus distinciones, de manera que su desempeño o logro, como reflejo de su conducta y dedicación a una disciplina o especialidad cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad deportiva y de la sociedad en general.

Mantener en constante actualización y transparencia los procedimientos y mecanismos sobre el reconocimiento por el Estado de la actividad deportiva en el país es responsabilidad obligada de quienes como legisladores no sólo son testigos de dicha entrega sino que al formar parte de algún consejo de premiación observan la necesidad de actualizar y otorgar mayor certeza a las normas que rigen los premios y estímulos de quienes forman el deporte nacional.

Una vez realizado un exhaustivo análisis y estudio de la consulta nacional relativa al Premio Nacional de Deportes elaboradapor la Asociación de Medallistas Olímpicos, de las iniciativas planteadas en ambas Cámaras, ponderado la opinión de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y habiendo llegado a los consensos y acuerdos necesarios con la mesa directiva de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estimamos necesario tomar en consideración la valoración de ambas propuestas, a fin de plasmar de la mejor manera posible las reformas necesarias que permitan enriquecer y fortalecer el marco jurídico que sustenta el Premio Nacional de Deportes.

Por lo anterior, la colegisladora considera conveniente reformar el contenido del capítulo IX, relativo al Premio Nacional de Deportes, y adicionar dos capítulos, creando el IX Bis, denominado “Premio Nacional de Mérito Deportivo”; y el IX Ter, que contiene las disposiciones comunes para ambos premios.

Coincide con el planteamiento de suprimir del artículo 6 la excepción relativa a una segunda o más entregas de dicho premio en un mismo campo, dejando abierta la posibilidad de obtenerlo en otro; es decir, que con ello alguien que lo recibió por su actuación deportiva sólo podrá recibirlo en un futuro como entrenador, juez, por fomento o por trayectoria. Sin duda, ello permitirá resurgir y recuperar al Premio Nacional de Deporte el atractivo social que dio origen a dicho reconocimiento.

Asimismo, el Senado respalda la propuesta de los diputados proponentes respecto al artículo 56 para premiar a los principales actores del ámbito deportivo; es decir, deportistas profesionales, deportistas no profesionales y deportistas paralímpicos, incorporando además la propuesta del Senado de premiar a los entrenadores y al juez o árbitro.

De gran importancia es la creación del capítulo IX Bis, relativo al Premio Nacional de Mérito Deportivo, así como la reforma propuesta de los artículo 57 y 58, que corresponden a dicho capítulo, estableciendo la posibilidad de otorgar el premio por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y por el fomento, la protección y el impulso de la práctica de los deportes.

También se propone la creación del capítulo IX Ter, “Disposiciones comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, en el que se destacan entre otras disposiciones lo referente al consejo de premiación, el que funcionará para ambos premios. Con lo anterior se otorga certidumbre en cuanto a la representación del Poder Legislativo en la formación del consejo al establecerse que los presidentes de las Comisiones de Juventud y Deporte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión se integren a éste.

Respecto a la integración del jurado, establecido en el artículo 63 del proyecto resalta el dictamen, la integración expresa a él por un integrante del Comité Paralímpico como el de un medallista paralímpico, lo cual representa un amplio reconocimiento a su ámbito y espacio en el deporte del país, así como la incorporación de un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Comparte el Senado de la República el planteamiento propuesto por la iniciativa de los diputados, en el sentido de modificar la fecha de entrega establecida desde la creación e instauración de dicho premio, cambiando su celebración al primer domingo de diciembre de cada año, así como las fechas de recepción e integración de expedientes, su deliberación y correspondiente dictamen.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta, los miembros de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1.La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la vigésima reunión, llevada a cabo París del 24 de octubre al 28 de noviembre de 1978, proclamó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en la cual se manifestó a favor de que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que, en consecuencia, se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. Afirma que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales, que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos y teniendo en cuenta la diversidad de los modelos y modos de formación y de educación existentes en el mundo, pero comprobando que, pese a las diferencias de las estructuras deportivas nacionales, es patente que la educación física y el deporte, además de la importancia que revisten para el cuerpo y la salud, contribuyen al desarrollo completo y armonioso del ser humano.

2. La Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003, en el artículo 4 define educación físicacomo el proceso por medio del cual se adquiere, transmite y acrecienta la cultura física. Por su parte, la cultura física es el conjunto de bienes, entendiéndose por tales los conocimientos, las ideas, los valores y los elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo.

3. La citada ley define el deporte como la actividad institucionalizada y reglamentada, desarrollada en competiciones que tienen por objeto lograr el máximo rendimiento.

4. Esta comisión ya se ha pronunciado en el sentido de que el deporte es factor de identificación local y nacional, así como de integración familiar, social y comunitaria; es de gran importancia para la formación de valores desde la niñez, pues contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y de metas, y permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados.

5.Asimismo, que la educación física constituye un proceso educativo permanente que promueve la salud corporal, la habilidad física, la versatilidad y la adaptabilidad mediante prácticas imaginativas y creativas que estimulan la autodisciplina, la coordinación psicomotriz y el trabajo en equipo, contribuye al desarrollo armónico del ser humano y favorece el crecimiento sano del organismo. Es también un medio para promover la formación de actitudes y valores, como la confianza, la seguridad en sí mismo, la conciencia de las posibilidades propias, el respeto de las posibilidades de los demás y la solidaridad humana.

6. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el rubro “Igualdad de oportunidades”, en el apartado “Cultura, arte, deporte y recreación”, establece como objetivo fomentar una cultura física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.

7. Por lo anterior se establece como estrategia estimular la formación y consolidación de una cultura deportiva entre todos los grupos sociales y de edad en todas las regiones del país.

8.Esta dictaminadora considera de gran importancia fortalecer esta política de Estado, con el reconocimiento que se haga a las personas sobresalientes en la materia, y coincide con la colegisladora en la necesidad de hacer dicho reconocimiento según reglas precisas en su otorgamiento.

9. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, determina las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado de las personas que por su conducta, actos u obras merezcan los premios, los estímulos y las recompensas que ésta establece, como fiel reflejo de su contribución ciudadana en bien del desarrollo del país, a través de la destacada labor o el eficiente impulso de alguna actividad en diversos ámbitos de la sociedad.

10. Lo anterior significa un aliciente y una constante invitación a todos los mexicanos que día tras día se entregan y dedican gran parte de su vida a la realización o el impulso de alguna actividad cuyos logros trascienden más allá de lo individual y en ocasiones de lo nacional, mostrando al exterior la entrega, tenacidad y perseverancia de nuestra sociedad.

11. Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con la minuta enviada por la colegisladora y ha considerado favorable el objetivo fundamental de la iniciativa en estudio.

Cabe mencionar que el 28 de septiembre de 2010, los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la que comparte el sentido de la minuta que hoy se estudia y que demuestra la importancia que sobre el tema se tiene en la Cámara de Diputados.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura, para los efectos del artículo 72, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 6, último párrafo, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63; y se adicionan los artículos 6, con una fracción V Bis, el artículo 63 Bis, el capítulo IX Bis, “Premio Nacional de Mérito Deportivo”, que comprende los artículos 57 y 58, y el capítulo IX Ter, “Disposiciones comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo”, que comprende los artículos 59 a 63 Bis, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a V. ...

V Bis. De Mérito Deportivo;

VI. a XVII. ...

La misma persona puede recibir dos o más premios distintos, pero sólo una vez el premio correspondiente a uno de los campos de los conceptos instituidos, o a un solo concepto si éste no se divide en campos, con excepción del Premio Nacional de la Cerámica, el cual podrá otorgarse a una misma persona las veces que lo amerite, considerando su desempeño, virtud, actuación y trayectoria.

Capítulo IXPremio Nacional de Deportes

Artículo 56. El Premio Nacional de Deportes se concederá a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido en el año que se califica dentro del ámbito deportivo, en cualquiera de las siguientes modalidades:

a) En el deporte no profesional;

b) En el deporte profesional;

c) En el deporte paralímpico;

d) Al entrenador; y

e) Al juez-árbitro.

Las modalidades previstas en los incisos a), c), d) y e) podrán hacerse acompañar de numerario, cuyo monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para la modalidad prevista en el inciso b) no se acompañará numerario alguno.

El otorgamiento del Premio Nacional de Deportes obtenido en grupo no será impedimento para ser premiado de manera individual, pero cuando se otorgue por segunda o más ocasiones a la misma persona no se acompañará de numerario.

Capítulo IX BisPremio Nacional de Mérito Deportivo

Artículo 57.El Premio Nacional de Mérito Deportivo se concederá en las siguientes categorías:

I. Por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano; y

II. Por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes.

La categoría prevista en la fracción I podrá hacerse acompañar de numerario, cuyo monto será determinado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Para la categoría prevista en la fracción II no se acompañará numerario alguno.

Cuando el premio se otorgue por segunda o más ocasiones a la misma persona no se acompañará de numerario.

Artículo 58. El Premio Nacional de Mérito Deportivo a que se refiere la fracción II del artículo anterior se otorgará a un solo aspirante de entre las asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Capítulo IX TerDisposiciones Comunes para los Premios Nacionales de Deportes y de Mérito Deportivo

Artículo 59. El mismo consejo de premiación designado para el Premio Nacional de Deportes funcionará para el Premio Nacional de Mérito Deportivo.

Éste se integrará por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y por los titulares de las Comisiones de Juventud y Deporte de las Cámaras de Diputados y de Senadores, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, del Comité Olímpico Mexicano, AC, y del Comité Paralímpico Mexicano, AC.

Cualquier controversia será resuelta por el Consejo.

Artículo 60. Los premios consistirán en medalla de primera clase y se tramitarán ante la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Si el premio se otorga a un grupo o equipo de deportistas, el conjunto recibirá un diploma y cada uno de los individuos medalla.

Artículo 61. Por cada año habrá una asignación de premios determinados atendiendo a lo establecido en la ley y con base en las definiciones del jurado y del consejo de premiación; si ocurrieren vacantes de los premios en alguno de los campos, modalidades o categorías, así lo declarará el consejo de premiación, fundando y motivando tal determinación.

Artículo 62. Estos premios se concederán exclusivamente a candidatos propuestos por asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas registradas ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y reconocidas ante la Confederación Deportiva Mexicana, AC, o por los responsables de la información deportiva difundida por prensa escrita, radio o televisión, que lo podrán proponer a través de las asociaciones deportivas nacionales o asociaciones deportivas registradas.

Las candidaturas se propondrán al consejo de premiación dentro del periodo comprendido del primero de octubre al cinco de noviembre de cada año. El consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los diez días naturales siguientes y a continuación los pondrá en manos del jurado, que entregará su dictamen, debidamente fundado, motivado y por escrito al consejo, a más tardar el 28 de noviembre.

Una vez que el consejo conozca los nombres de quienes serán premiados se los hará de su conocimiento inmediatamente.

Artículo 63. Habrá un solo jurado para los dos premios, que se integrará por un representante de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, uno de la Confederación Deportiva Mexicana, AC, uno del Comité Olímpico Mexicano, AC, y uno del Comité Paralímpico Mexicano, AC, quienes serán designados por los titulares de dichos organismos, respectivamente. Asimismo, por un ex galardonado del Premio Nacional de Deportes, un ex galardonado del Premio Nacional de Mérito Deportivo, un medallista olímpico, un medallista paralímpico, un representante de la prensa escrita, un representante de la televisión y un representante de la radio.

Los miembros del jurado deberán conducirse con imparcialidad, legalidad y equidad, y su actuación en los asuntos que conozcan en el ejercicio de sus funciones estará sujeta al secreto, a la ética y a la confidencialidad. Su incumplimiento será motivo de expulsión a consideración del consejo que, en su caso, ordenará la reposición de las actuaciones afectadas por la falta de los miembros.

Además de las disposiciones previstas en esta ley, el jurado podrá proponer la entrega de premios adicionales en una misma modalidad y categoría.

Artículo 63 Bis. Los premios se entregarán el primer domingo de diciembre de cada año.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Si a la fecha en que la presente reforma inicie su vigencia se han iniciado los trámites para la entrega del Premio Nacional de Deportes instituido en la ley vigente, correspondiente al año que se curse, las disposiciones de esta reforma se aplicarán a partir del año siguiente.

Tercero.Durante el primer año de vigencia de la presente reforma, la formación del jurado previsto en el artículo 63, referente a los ex galardonados, se integrará por única vez por dos ex galardonados del Premio Nacional de Deportes.

Cuarto. Cuando el primer domingo de diciembre al que se refiere el artículo 63 Bis coincida con el día del cambio del titular del Poder Ejecutivo, la entrega de los premios se recorrerá al siguiente domingo.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 17 de mayo de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Luciano Cornejo Barrera (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija, Luis Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Paredes Rangel (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Agustín Torres Ibarrola (rúbrica), Arturo Zamora Jiménez.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los diputados José Francisco Javier Landero y Nazario Norberto Sánchez, en pro. Tiene el uso de la palabra el primero de ellos.

El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez (desde la curul): Compañeros diputados, el dictamen que traigo a esta tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN y también como presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, se refiere a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas.

Como sabemos, el Estado mexicano reconoce, desde el año de 1975, a los mexicanos que destacan por sus aportaciones dentro de 15 disciplinas que contempla esta ley en comento; sin lugar a dudas, los reconocimientos públicos que hace el Estado constituyen —hoy más que nunca— un medio fundamental para impulsar, fomentar el desarrollo y la cohesión de la sociedad, también nos permiten ejemplos y modelos a seguir de mexicanos que destacan por sus aportaciones a nuestro Estado mexicano.

En este contexto, diversos actores del medio deportivo han coincidido en señalar que es necesario actualizar, modificar y darle vigencia al Premio Nacional de Deportes y para ello es necesario reformar la ley; por ello, en ese sentido es fundamental actualizarla y establecer un reconocimiento a todos aquellos mexicanos que de manera excepcional aportan al deporte mexicano.

Para ello se reestructura el contenido de la Ley del Premio Nacional de Deportes y también se crea el Premio Nacional de Mérito Deportivo; con el primero, se premiarán a deportistas profesionales, deportistas no profesionales, deportistas paralímpicos, a entrenadores, a jueces y árbitros, y con el segundo, a quienes de manera destacada fomentan, protegen o impulsan la práctica de los deportes, así también como aquellos que tengan una actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano.

También y algo fundamental, se incorpora en la ley al Comité Paralímpico Mexicano para que forme parte del consejo, con la finalidad de fortalecer esta modalidad deportiva, hacerlo más representativo y también premiar a todos esos grandes deportistas paralímpicos, que también le han dado grandes satisfacciones a nuestro país.

También se fortalecen las facultades del consejo para que haya más claridad y transparencia en la selección de los candidatos, y también, entre otros puntos, se fortalecen las facultades del jurado, otorgándole mayor independencia para garantizar la transparencia del mismo.

Compañeros legisladores, les pedimos su apoyo y más ahora, después de haber visto los excelentes resultados que nuestros deportistas obtuvieron en los Juegos Panamericanos; estamos a unos días de la entrega del Premio Nacional del Deporte y por ello, será satisfactorio que podamos en ese evento también anunciar estas modificaciones que fortalecen a los deportistas y el reconocimiento que el Estado mexicano les da. Por su voto a favor, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Nazario Norberto Sánchez.

El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente. La presente ley que estamos por reformar, de nombre Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dará un fiel reflejo al desarrollo cultural, social y recreativo de este país, ya que es ineludible destacar la tenacidad y perseverancia de nuestros deportistas, implementando mecanismos de reconocimiento social que los haga acreedores a la afirmación de su destacada labor.

Siendo el deporte un factor de identificación local y nacional, de integración familiar, social y comunitario es necesario regularlo, con la finalidad de fomentar y evaluar el desempeño de una cultura deportiva.

El objetivo de la iniciativa es reformular y cambiar los componentes, así como la normatividad que permitan resurgir y recuperar al Premio Nacional de Deportes, el atractivo social que dio origen a dicho reconocimiento, permitiendo a una actividad como el deporte seguir formando parte de las más amplias y valoradas actuaciones de la sociedad, en cuanto a desempeño y logro obtenido.

Es necesario premiar a los principales actores del ámbito deportivo; es decir, deportistas profesionales, deportistas no profesionales y deportistas paraolímpicos y al entrenador y al juez árbitro, estableciendo la posibilidad de otorgar el premio por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano y por el fomento, la protección y el impulso de las prácticas del deporte.

Por lo anterior expuesto —si consideramos como una estrategia esta reforma para consolidar la formación en la cultura deportiva y grupos sociales—, esta Cámara de Diputados fomentará los valores para evitar que los jóvenes caigan en las drogas, en la delincuencia y que su tiempo lo ocupen en el deporte; por lo consiguiente, les pido su voto a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en contra sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría a favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

XVI JUEGOS PANAMERICANOS

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se le concede la palabra al diputado Tomás Gutiérrez Ramírez.

El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Rápidamente, ahorita que estamos tratando el tema de juventud, de trabajo, de honor, de todo lo que se ha hecho en los Panamericanos, sería oportuno que fuera una petición de lo que es la Mesa o de todo el Congreso —creo que todos los diputados se unirían a esta petición— de traer a los 133 medallistas invitados a esta Cámara por parte de la Mesa Directiva o por parte del Congreso.

Creo que el trabajo que se está realizando ya lo están haciendo también, tengo entendido, en el Senado y espero que también esta Cámara lo podamos hacer y haya eco. Sé que es un trabajo de todos por la economía también.

Espero, señor presidente, lo tome en cuenta, ya está platicado también con el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte; espero que esta petición sea atendida y todos podamos concluir en el asunto de la invitación a estos 133 medallistas, que realmente lo tienen muy merecido y sería ésta una muy buena oportunidad para tomarlo en cuenta. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, don Tomás. Efectivamente, es una muy buena propuesta y habré de procesarla con los integrantes de la Mesa Directiva el próximo martes, en nuestra reunión matutina previa a la sesión. Diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Una pregunta, diputado presidente, los deportistas que van a ser invitados, ¿van a venir a agradecer el apoyo de esta soberanía? Porque creo que no les habían dado ninguno.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Van a venir a recibir —como lo señaló el diputado preopinante— el homenaje de todos los integrantes de esta Cámara. Tiene la palabra el diputado Salvador Caro.

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): Presidente, muchas gracias; es para solicitarle que en esa invitación que usted ha anunciado procesará, se considere la invitación a los medallistas parapanamericanos, toda vez que esta justa inicia el próximo sábado en Guadalajara. Nosotros somos un país con grandes exponentes del deporte paraolímpico y seguramente tendremos muchos medallistas, que deben tener el mismo estatus de tratamiento que los deportistas panamericanos.

Decir que hay una petición también en la Comisión de Presupuesto para impulsar un programa de fogueo para los deportistas mexicanos rumbo a Londres 2012; en ese sentido, ver la posibilidad de que sea atendido por la comisión respectiva.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Así se hará. Antes de dar la palabra al diputado José Narro, procese el resultado de la votación la señora secretaria.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Sí, señor presidente. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 325 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 325 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado José Narro.

El diputado José Narro Céspedes (desde la curul): Diputado presidente, hemos —un grupo de diputados— presentado una iniciativa sobre los 10 mil millones de pesos para las zonas de desastre por el problema de la sequía; usted ha planteado —es una intervención sobre rectificación de turno— que se iba a la Comisión de Hacienda.

Hay una preocupación muy importante; las zonas rurales del centro-norte del país tienen un problema muy serio de hambre, de sequía y de oportunidad para poder vivir en condiciones dignas; necesitamos una respuesta urgente, inmediata, al tamaño y a la dimensión de la catástrofe que se está viviendo en esa región del país, una gran crisis alimentaria.

Por eso le pedimos a usted, comedidamente, su intervención para que se turne a la Comisión de Presupuesto y podamos tener una respuesta lo más pronto posible; es una excitativa de urgente resolución, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta es la iniciativa, me fue entregada por el grupo de diputados que subió a esta Mesa Directiva; está turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señalé —y aceptaron todos— que lo haría al final de los dictámenes; faltan dos documentos.

El siguiente punto del orden del día en la discusión de dictámenes de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para desempeñar el cargo de cónsul honorario y prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Proceda la Secretaría a dar lectura a los proyectos de acuerdo.

PERMISO PARA DESEMPEÑAR CARGO DE CONSUL HONORARIO

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 21 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con los oficios de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene las minutas proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Sandra Isabel Vázquez Castillo y Luis Augusto Lutteroth del Riego para que puedan aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honoraria de Belice en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el estado de Veracruz y cónsul honorario del Japón, en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en Baja California, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen, el expediente relativo.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República, en la aprobación de las solicitudes remitidas a la Cámara de Diputados en calidad de minutas con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción IV, del Apartado C del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso para que la ciudadana Sandra Isabel Vázquez Castillo, pueda desempeñar el cargo de cónsul honoraria de Belice en la ciudad de Veracruz, con circunscripción consular en el estado de Veracruz.

Artículo Segundo.Se concede permiso para que el ciudadano Luis Augusto Lutteroth del Riego, pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Japón en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en el estado de Baja California.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 7 de octubre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex, secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Elena Paredes Rangel, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

PERMISO PARA PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Gobernación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VII, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen.

Antecedentes

En sesión celebrada el 21 de septiembre del año en curso por la Cámara de Diputados, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso para que los ciudadanos Juan Manuel Guerrero López, José Hernández Herrera, Beatriz Adriana Reyes Espinoza y Héctor Daniel Padilla Yañez, puedan prestar sus servicios de carácter administrativo en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente, turnándose a la suscrita comisión para su dictamen.

Consideraciones

De la revisión del expediente se desprende que los peticionarios acreditaron su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

La comisión coincide con las consideraciones del Senado de la República, en la aprobación de la solicitud, remitida a la Cámara de Diputados en calidad de minuta con proyecto de decreto.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción II, del Apartado C del artículo 37 constitucional, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se concede permiso al ciudadano Juan Manuel Guerrero López, para prestar servicios como supervisor de suministros, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano José Hernández Herrera, para prestar servicios como chofer-mensajero, en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Beatriz Adriana Reyes Espinoza, para prestar servicios como empleada en la sección de visas, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Héctor Daniel Padilla Yañez, para prestar servicios como ayudante de albañilería, en la Embajada de Estados Unidos de América, en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 7 de octubre de 2011.

La Comisión de Gobernación, diputados:Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Luis Carlos Campos Villegas, Raúl Domínguez Rex, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Francisco Ramos Montaño (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken Garza (rúbrica), María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), secretarios; Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), Sami David David (rúbrica), Nancy González Ulloa (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Gregorio Hurtado Leija (rúbrica), Teresa del Carmen Incháustegui Romero (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe, Miguel Ángel Luna Munguía, José Ramón Martel López, Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Nazario Norberto Sánchez (rúbrica), Carlos Oznerol Pacheco Castro, Beatriz Elena Paredes Rangel, Liev Vladimir Ramos Cárdenas (rúbrica), Agustín Torres Ibarrola, Arturo Zamora Jiménez (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Están a discusión los dictámenes. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se reserva algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Invitados por el diputado Heriberto Ambrosio Cipriano, se encuentran con nosotros presidentes municipales de la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. Sean ustedes muy bienvenidos.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado es el siguiente: 305 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados en lo general y en lo particular por 305 votos los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para desempeñar el cargo de cónsul honorario y para prestar servicios en diversas sedes diplomáticas en México. Pasan al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tengo en mis manos el escrito al que se ha hecho referencia en varias veces dentro de la sesión para presentar una iniciativa de decreto por el que se integra un fondo especial de recursos económicos por 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en los estados de Tlaxcala, Puebla, estado de México e Hidalgo, y por inundaciones en el estado de Tabasco.

Esta iniciativa está suscrita por integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería; fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen, el día 8 de noviembre de 2011.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Iniciativa de decreto, por el que se integra un fondo especial de recursos económicos, por diez mil millones de pesos, para atender los daños ocasionados por las contingencias climáticas de sequía en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y parte de Guanajuato; por las heladas en Tlaxcala, Puebla, México e Hidalgo; y por inundaciones en Tabasco, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería

Los suscritos, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 102, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se instruye al Ejecutivo federal la integración de un Fondo Especial de recursos económicos por diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las sequías en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, y parte de Guanajuato, por las heladas en los Estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo, y por inundaciones en el estado de Tabasco.

Consideraciones

Desde hace dieciocho meses aproximadamente, se ha presentado en el territorio nacional una fuerte sequía que ha afectado a más del 40 por ciento del territorio nacional; que ha dañado al sector agropecuario productivo de los estados del norte y centro norte del país, y que por sus dimensiones y pérdidas debe ser calificada como una tragedia nacional.

La mayor afectación de la sequía se registra, particularmente en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, y parte de Guanajuato, afectando drásticamente la agricultura, tanto la de riego, como la de temporal, la ganadería, la pesca ribereña y otras actividades económicas del sector. Siendo éstos estados fuertes productores agropecuarios del país, los daños son cuantiosos, y su repercusión nacional es complicada, al grado de profundizar el riesgo de la alimentación de los mexicanos si no se atiende con urgencia esta contingencia.

Por otro lado, al inicio del mes de septiembre se presentó otro fenómeno meteorológico que afectó a diversos estados del altiplano del país, con fuertes heladas que han causado grandes pérdidas agrícolas en los principales granos básicos para el consumo de los mexicanos y la industria.

Los estados afectados por las heladas fueron Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, cuyas cuantiosas pérdidas, han visto afectados al maíz, frijol, cebada y diversas hortalizas y frutales.

Por otra parte el estado de Tabasco se ha visto seriamente afectado por inundaciones en todo su territorio siniestrado en plantaciones y cultivos básicos.

La situación en la que se encuentran los estados afectados por las contingencias climatológicas, es verdaderamente alarmante, debido a la gran pérdida patrimonial, así como de la producción, lo que generará una carestía de alimentos, representando así un serio problema de abasto, que si no es atendido de inmediato afectará gravemente a la población, particularmente a los más pobres, ampliando el número de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.

Las heladas y sequía que han afectado gran parte de las cosechas, provocaron en el sector rural, que miles de campesinos, ejidatarios, productores y trabajadores agrícolas, ganaderos y pescadores, perdiesen su fuente de empleo, por lo cual, se corre el riesgo de que los más vulnerables puedan incorporarse aún más a la pobreza extrema. Por lo tanto, se requiere reactivar urgentemente la planta productiva en esas entidades, con la finalidad de recuperar las fuentes de empleo que se han perdido por estos fenómenos meteorológicos.

El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía a fines del año pasado, no considera; evidentemente, por tratarse de un desastre natural de magnitud imprevisible, la posibilidad de integrar fondos de atención a emergencias como la que hemos referido.

Por todo ello, es que proponemos a través de la presente, que esta Soberanía, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instruya al Gobierno Federal para que se integre un fondo especial de recursos por diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía, heladas e inundaciones que dañaron la agricultura y la ganadería de los estados del norte, norte centro, el altiplano, y las inundaciones en Tabasco.

Se funda este decreto en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción F del artículo 72, que dice: “en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación”. Y en la fracción IV del artículo 74, establece que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es “facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”; y en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se prescribe que:

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia entre el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos y el límite previsto en el artículo 54, párrafo cuarto de esta ley, así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta ley resulte insuficiente.

Por lo tanto el fondo se integraría con los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, y economías obtenidas por el Ejecutivo Federal, así como excedentes por la venta de petróleo.

Considerando

a) Que la sequía que se presentó, las heladas atípicas en el mes de septiembre y las inundaciones, provocaron enormes daños en la producción agropecuaria de varios estados del país y generaron condiciones de extrema gravedad económica provocando condiciones de emergencia alimentaria;

b) Que es indispensable que el gobierno federal implemente las acciones urgentes para atender los graves efectos económicos y sociales de dichos fenómenos;

Que por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se integra un fondo especial de recursos económicos por diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias climatológicas de sequía en los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, y parte de Guanajuato, y por las heladas en los Estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo, y por inundaciones en el estado de Tabasco

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreta:

Primero.El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integrará un Fondo Especial de recursos económicos por diez mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por la sequía de los estados de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, y parte de Guanajuato, las heladas de los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México e Hidalgo, y por inundaciones en el estado de Tabasco.

Estos recursos se aplicarán de manera proporcional a las entidades señaladas, tomando en consideración los daños y pérdidas ocasionados y de conformidad con los lineamientos de operación que sobre el particular se expidan.

Segundo.Para la integración de este fondo, se considerarán, entre otros, los recursos excedentes que resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos 2011, de los subejercicios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, así como de las economías que el Ejecutivo Federal hubiera obtenido en la ejecución del paquete económico.

Tercero. Para efectos de este decreto, no se aplicaría pari passu a los estados y municipios afectados, tampoco se aplicará, en lo conducente, lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación; ni lineamientos o reglas de operación que limiten o impidan que los recursos lleguen urgentemente a las zonas afectadas.

Cuarto. Esta soberanía coadyuvará de manera permanente con el Ejecutivo federal en la negociación para la integración del fondo y en la ejecución de este decreto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2011.— Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Manuel Humberto Cota Jiménez (rúbrica), Alfredo Francisco Lugo Oñate (rúbrica), Fermín Montes Cavazos (rúbrica), Luis Félix Rodríguez Sosa (rúbrica), Rolando Zubía Rivera (rúbrica), Sergio Arturo Torres Santos (rúbrica), Dora Evelyn Trigueras Durón (rúbrica), Javier Bernardo Usabiaga Arroyo, José Narro Céspedes (rúbrica), José M. Torres Robledo, Óscar García Barrón, Joel González Díaz (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), José Luis Álvarez Martínez (rúbrica), Jorge Rojo García de Alba (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Héctor Eduardo Velasco Monroy, Alberto Esquer Gutiérrez, José Luis Íñiguez Gámez, Fernando Santamaría Prieto (rúbrica), Benigno Quezada naranjo, Liev Vladimir Ramos Cárdenas, Enrique Octavio Trejo Azuara (rúbrica), Ramón Jiménez Fuentes (rúbrica), José María Valencia Barajas (rúbrica), Héctor Elías Barraza Chávez (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica), Jorge Romero Romero, Héctor Pedraza Olguín (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), Adela Robles Morales (rúbrica), Antonio Benítez Lucho (rúbrica), José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica), Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Reginaldo Rivera de la Torre (rúbrica), Armando Corona Rivera (rúbrica), J. Eduardo Yáñez Montaño (rúbrica), Omar Rodríguez Cisneros (rúbrica), Blanca Juana Soria Morales (rúbrica), Héctor Hernández Silva (rúbrica), Héctor Franco López (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Miguel Ángel García Granados (rúbrica), Francisco Alberto Jiménez Merino (rúbrica), Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Por disposición de la Mesa Directiva, se turna también, para los mismos efectos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. Se informa a la asamblea que —en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados— se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con puntos de acuerdo que a continuación se discutirán. Proceda la Secretaría a dar lectura a los encabezados de los puntos de acuerdo.

DISTRITO FEDERAL

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno local a presentar ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, 84 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

A la Comisión del Distrito Federal fue turnado para estudio y dictamen el oficio número DGPL 61-II-4-688, que contiene la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal local a fin de fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos, presentada por la diputada Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

1. Con fecha 4 de noviembre de 2010, la diputada Gabriela Cuevas Barron presentó ante la tribuna de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal local.

2. En la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo de referencia fue turnada a la Comisión del Distrito Federal para que, en uso de sus facultades y atribuciones, emita el dictamen previsto en el artículo 80 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. El 4 de octubre de 2011, la comisión recibió del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) la opinión técnico-jurídica relativa a la propuesta con punto de acuerdo de mérito, la que se encomendó a dicha institución para ser un elemento de valoración en el respectivo análisis.

4. Dentro de los motivos que originan la proposición de marras, la diputada refiere que en el Programa General de Desarrollo 2007-2012 se menciona como una obligación del gobierno capitalino lograr un gobierno moderno, eficiente y transparente, con facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social. En ese sentido, recuerda que en el Estatuto de Gobierno se establece que la organización política y administrativa del Distrito Federal debe atender, entre otras cosas, a la definición de políticas en materia de finanzas públicas para asegurar la estabilidad financiera y solidez fiscal de la capital.

5. Señala que en el periodo 2007-2009, las delegaciones tuvieron disponible en promedio 17 por ciento de los ingresos recibidos por el gobierno capitalino, no obstante que dichos órganos son los más cercanos a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, afirma que de proseguir las deficiencias en la coordinación metropolitana, problemas urgentes como el reordenamiento territorial, la calidad ambiental y el manejo de desechos rebasarán las capacidades de los gobiernos delegacionales.

6. Afirma que se requiere establecer un sistema de coordinación fiscal en el DF con la finalidad de a) modernizar las finanzas públicas de las delegaciones en beneficio de sus habitantes; b) incentivar la recaudación delegacional conforme a sus facultades actuales; c) dar transparencia al proceso de determinación y transferencia de los montos de las participaciones y transferencias a las delegaciones; y d) establecer las bases, los montos y los plazos de la distribución de las participaciones federales.

De esa manera, sugiere incrementar la autonomía tributaria y financiera de las delegaciones, así como un trato fiscal más justo en la capital. Con ello, los gobiernos delegacionales se convertirán en actores fundamentales del pacto federal y tendrán mayor participación en la planeación y programación de las políticas públicas sectoriales y regionales.

7. Por lo anterior, la diputada proponente considera necesario exhortar al gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal para fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos.

Consideraciones

I. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo referida a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La proposición con punto de acuerdo que se dictamina se refiere a la expedición de una Ley de Coordinación Fiscal en el Distrito Federal.

III. La comisión dictaminadora ha realizado el análisis respecto a la proposición del punto de acuerdo, destacando lo siguiente:

Tomando en cuenta que la preocupación principal de la promovente es el fortalecimiento de la autonomía financiera de las delegaciones políticas, esta dictaminadora solicitó un estudio al CEDIP a fin de determinar la viabilidad de la expedición de una Ley de Coordinación Fiscal a nivel local.

De dicho análisis se desprende que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos con fundamento en la fracción V, inciso b), párrafos primero y cuarto, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables.

Dentro de la Ley de Ingresos no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente al jefe del gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe del gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

(Énfasis añadido)

Dicha facultad del jefe del gobierno para presentar iniciativas respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se reitera en el artículo 46, fracción III, del Estatuto de Gobierno:

Artículo 46. El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal corresponde

(...)

III. Al jefe del gobierno del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente al jefe del gobierno del Distrito Federal...

Con base en lo anterior, el CEDIP sostiene que “de las facultades exclusivas del jefe del gobierno de presentar iniciativas relativas a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se podría derivar el reparto de participaciones federales hacia las demarcaciones territoriales (delegaciones), siempre y cuando se expida una ley de coordinación fiscal que las regule”.

Lo anterior se refuerza con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en cuyo artículo 1o. se establece la participación de las entidades federativas en el total de los impuestos federales, así como en el artículo 6o., tercer párrafo, el cual refiere que las demarcaciones territoriales recibirán como mínimo 20 por ciento de la recaudación que corresponda al estado en los términos del último párrafo del artículo segundo.

IV. Del estudio realizado, el CEDIP concluye: “Es jurídicamente viable que las demarcaciones territoriales del Distrito Federal puedan recibir participaciones en situación semejante a los municipios, requiriéndose para ello que el jefe del gobierno, en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, promueva ante la Asamblea Legislativa una ley de coordinación fiscal para el Distrito Federal”, la que establecería y regularía un sistema de coordinación fiscal cuyo objeto sería determinar el procedimiento de cálculo y distribución de las participaciones federales a las demarcaciones territoriales, como acontece actualmente entre los estados y sus municipios.

En mérito de lo expuesto, la Comisión del Distrito Federal somete a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal a presentar ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal del Distrito Federal con el propósito de fortalecer la autonomía administrativa de los órganos político-administrativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2011.

La Comisión del Distrito Federal, diputados:Gabriela Cuevas Barron (rúbrica), Jesús Ricardo Enríquez Fuentes (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica en contra), Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Roberto Rebollo Vivero (rúbrica), César Daniel González Madruga, Agustín Guerrero Castillo (rúbrica en contra), Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Armando Jesús Báez Pinal (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Agustín Carlos Castilla Marroquín, Armando Corona Rivera (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Paz Gutiérrez Cortina (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Kenia López Rabadán (rúbrica), Miguel Ángel Luna Munguía (rúbrica), Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica en contra), Nazario Norberto Sánchez, Víctor Hugo Círigo Vásquez (rúbrica), Silvia Esther Pérez Ceballos, Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), Ezequiel Rétiz Gutiérrez, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, Óscar González Yáñez, María Araceli Vázquez Camacho (rúbrica en contra: no tiene fundamento).»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se encuentra registrado, en contra, el diputado Agustín Guerrero Castillo. La norma que rige este procedimiento señala que habrá un orador en contra y uno a favor y que al cabo de ellos se preguntará si existen condiciones de discusión para seguir con otros oradores.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Diputado Vidal Llerenas, ¿quiere inscribirse también como orador? De acuerdo, lo preguntaré al término de la intervención.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Sería a favor, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: A favor. El diputado Agustín Guerrero, por favor.

El diputado Agustín Guerrero Castillo: Con su permiso, diputado presidente. En la Comisión del Distrito Federal se presentó un proyecto de punto de acuerdo para que el jefe de Gobierno pueda presentar o deba de presentar una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal.

En ese momento, nosotros, en representación del PRD, le planteábamos a los demás integrantes de la comisión que para poder hacer eso —una Ley de Coordinación Fiscal— tiene que ser entre autoridades que la Constitución o el Estatuto de Gobierno, en el caso del Distrito Federal, les diera esa posibilidad; si no es así, la verdad es que era mucha la ignorancia de quien proponía una Ley de Coordinación Fiscal entre el jefe de Gobierno, que es el Ejecutivo de la Ciudad de México, y en este caso, los delegados políticos.

El artículo 122 constitucional establece quiénes son las autoridades en la Ciudad de México, dice que son: la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia; las delegaciones políticas, de acuerdo al artículo 122 constitucional, no son autoridades locales.

Por eso nosotros hemos exigido que el Distrito Federal se dé paso a tener una Constitución local que establezca con mucha puntualidad cuáles son las autoridades, los órganos, los Poderes que representan a los habitantes de la Ciudad de México.

Les quiero proponer votar en contra de este punto de acuerdo, porque no tiene un fundamento legal; no se puede hacer una Ley de Coordinación Fiscal entre el jefe de Gobierno, que sí es una autoridad local, y los jefes delegacionales, que son órganos desconcentrados de administración, pero que no tienen, a pesar de ser electos, no tienen ese carácter.

El Congreso de la Unión establece en este artículo 122 constitucional cuáles son las facultades expresas que tiene cada uno de los órganos y todas las facultades no establecidas expresamente se las reserva el Congreso de la Unión; legalmente lo que tendría que hacerse es, si se quiere hacer una Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal, lo tiene que discutir y lo tiene que aprobar el Congreso de la Unión, de acuerdo a lo que nosotros establecimos en la Constitución.

Otra cosa no procede legalmente por eso, porque no tiene ningún fundamento legal —que me parece más bien una ocurrencia este tema—, es que les proponemos votar en contra del mismo, porque no tiene fundamento legal, pero en todo caso sí abrir una discusión —con esto concluyo, presidente—; sí los convocamos a abrir una discusión para que el DF cuente ya con una Constitución local, que los habitantes de la Ciudad de México tengamos derechos plenos y que al igual que ustedes en los estados de la República, podamos definir únicamente los asuntos internos de la Ciudad de México. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Tiene la palabra, en pro del dictamen, la diputada Gabriela Cuevas.

El diputado Vidal Llerenas Morales: No.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, enseguida va usted. El diputado Vidal Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Después tenemos que preguntar si está suficientemente discutido, así lo dijo usted.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí. Después de preguntar si está suficientemente discutido.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Estoy a favor de que hubiera unidades de gobierno independientes y con Poderes autónomos y facultades fiscales en la Ciudad de México, en eso habría que estar a favor.

Como lo decía el diputado Agustín Guerrero, pues sí es una ocurrencia pensar que pueda haber una ley que coordine algo que no tiene facultades; las delegaciones del Distrito Federal no tienen facultades ni de ingreso ni de gasto; por lo tanto, no puede haber coordinación entre las mismas.

El punto —evidentemente alguna ocurrencia de alguien por ahí que no tenía nada más que hacer— sí nos da la oportunidad de volver a hacer el punto, de que la reforma política del DF no ha sido discutida en esta Cámara de Diputados, que fue una tremenda falta de la reforma política que se discutió aquí hace unas semanas, que los capitalinos seguimos sin tener derechos plenos, que seguimos siendo ciudadanos de segunda y uno de esos derechos que no tenemos es tener gobiernos locales que funcionen bien, que tengan unidades, tipo cabildos, en donde se puedan discutir las decisiones.

Lo que tenemos hoy son unidades administrativas electas, que por lo tanto, no se pueden coordinar ni en materia tributaria ni en materia de gasto y por lo tanto, seguimos sin tener un gobierno funcional a nivel local en la ciudad.

Es una exigencia en la que esta Cámara de Diputados ha fallado, esta Cámara no le ha dado, a pesar de las iniciativas que existen en el caso y del compromiso que hicieron todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, que votaron de manera unánime un proyecto de reforma política, que no ha discutido en esta Cámara, es algo que le debemos a los capitalinos; es algo que se lo deben las fracciones parlamentarias, que no están comprometidas con la ciudad, que no quieren que la Ciudad de México sí tenga un mejor gobierno, un gobierno mejor representado.

Sirva este punto, que evidentemente no tendría que ser votado a favor si somos rigurosos y si entendemos que no puede haber coordinación entre unidades que no tienen facultades para esa materia. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Estoy en consulta a la asamblea.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra, la diputada Gabriela Cuevas.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Presidente, rectificación de hechos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Rectificación de hechos es una moción que se intenta al término de todos los oradores inscritos.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Entonces, anóteme para rectificación de hechos.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No, ya intentada la registré y se le concederá.

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: ¿Igual? ¿Rectificación de hechos, diputado?

El diputado Avelino Méndez Rangel (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo. Adelante.

La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado presidente. El día de hoy se presenta este dictamen, un punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno a que presente a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal para el Distrito Federal.

La realidad —como ya se había comentado desde esta tribuna y en otros debates—, es que la reforma política del Distrito Federal no ha avanzado, no por otra cosa más que por la expectativa del jefe de Gobierno, que decidió mandar sus iniciativas al Senado de la República y aquí lo que vemos es que el partido que representa a ese jefe de Gobierno, apenas presentó —hace pocos meses— sus propuestas, cuando otros partidos ya habíamos presentado muchas otras; estamos en el proceso de dictaminación y estamos en tiempo.

Pero hoy el tema que nos ocupa no es la reforma política del Distrito Federal; lo que nos ocupa es dar un paso adelante en materia de federalismo, federalismo que el jefe de Gobierno por un lado viene y pregona pidiendo más recursos para el Distrito Federal y federalismo —en el cual además estamos de acuerdo, coincidimos en que es necesario que el Distrito Federal tenga más recursos—, pero cuando se trata de las delegaciones y de hacer una justa distribución del Presupuesto de la ciudad, ahí se acabó el federalismo para el jefe de Gobierno.

En el Distrito Federal, para el año en curso, el año 2011, se destinaron sólo el 17 por ciento de los recursos a las delegaciones, mientras que en el promedio de los estados de la República se destina el 20 por ciento de los recursos; los jefes delegacionales y aquellos compañeros que están aquí, en esta Cámara y que fueron jefes delegacionales, sufren año con año para poder ir a la Asamblea Legislativa y solicitar presupuesto para sus proyectos, y ése presupuesto no tiene otro criterio que el político, que el estarse sometiendo a los designios del jefe del Gobierno o de las mayorías en la Asamblea.

Lo que se necesita es darle certeza legal a las delegaciones; certeza legal para que se puedan llevar a cabo los proyectos; certeza legal para que se pueda invertir en mejores servicios públicos que demanda la población; lo que necesita el Distrito Federal es que vengan aquí sus representantes con menos rollos de formas y argumentando cosas jurídicas o políticas que no existen y que no proceden, y que nos pongamos a trabajar, avanzando en un verdadero federalismo para el Distrito Federal.

Entrando ya a detalle, queda muy claro en el cuerpo del dictamen toda la justificación técnica y jurídica que avalan la viabilidad de esta propuesta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Entiendo que alguien quería hacerle una pregunta diputada. El diputado Fernández Noroña lo escuché diciendo: una pregunta. ¿Agustín Guerrero? ¿No? Entonces, fue un error mío, diputada.

Tiene la palabra para rectificación de hechos el diputado Mario di Costanzo.

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Miren, compañeros, en lugar de estar debatiendo sobre algo que es parte de una reforma fiscal integral, de una reforma hacendaria, de estar aquí elucubrando sobre facultades del Gobierno del Distrito Federal y estar haciendo cartas a Santa Claus, como son los puntos de acuerdo, creo que deberíamos de estar hablando de la represión que ayer el gobierno del Distrito Federal llevó a cabo contra trabajadores de Mexicana de Aviación; es verdaderamente lamentable que un gobierno que habla de federalismo, que un gobierno que se dice ser de izquierda, reprima a trabajadores que se manifestaban de manera pacífica afuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Hay dos pilotos todavía hospitalizados por la brutal represión de la que fueron objeto; hay todavía versiones que señalan que a los manifestantes no se les llevó a un juzgado, les estuvieron dando vueltas en automóvil para llevarlos con el hijo del virrey, a que acordara con ellos; es verdaderamente lamentable, porque eso se llama secuestro exprés.

Para lo que sí hay facultades es para solicitarle al Gobierno del Distrito Federal un informe detallado de lo que aconteció con los trabajadores de Mexicana de Aviación, porque no se vale salir a los medios a decir mentiras; no se vale que un gobierno de izquierda reprima a los trabajadores, como si fuera Javier Lozano.

Me parece reprobable y me parece que deberíamos de estar discutiendo esto y tomando el acuerdo de solicitar este informe pormenorizado para que se deslinden las responsabilidades. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Avelino Méndez.

El diputado Avelino Méndez Rangel: Con su permiso, señor presidente. Sí le comento a la promovente de esta iniciativa que no confunda la gimnasia con la magnesia; que no confunda lo que se está pidiendo, el deseo, con la normatividad aplicable; es una ocurrencia, porque legalmente —y ése es el centro del asunto— no es posible hacer lo que se está pidiendo.

Le pido a mis compañeros diputados y mis compañeras diputadas que no nos prestemos a continuar con esta ocurrencia, que iría en desdoro de esta soberanía, porque nos estaríamos mostrando ignorantes de la ley y de lo que nosotros establecemos desde la Constitución, hasta los ordenamientos inferiores. No se puede hacer lo que está proponiendo la diputada o este punto de acuerdo; lo que sí se puede hacer es una reforma política que efectivamente le dé certeza a esos órganos que hoy se llaman delegaciones, para tener facultades plenas y entonces, sí estaremos hablando de que este tipo de coordinación se puede llevar a la práctica.

En tanto no se dé esta reforma que requiere el Distrito Federal, simplemente privarán los criterios que se den en base a las necesidades de un gobierno; de otra forma, simplemente lo que se está proponiendo no es posible.

Claro que nosotros, como diputados del Distrito Federal, como habitantes de esas mismas demarcaciones, queremos más recursos para que se puedan llevar a cabo los proyectos que se requieren para atender mejor a la ciudadanía, pero ése no es el camino, el camino hoy lo tenemos en esta discusión presupuestal, para que en lugar de los 100 escasos millones, que hace un año se aprobaron para las delegaciones, hoy a esos mismos órganos, que se les quiere fortalecer en lo económico, se acepte la propuesta que hizo Marcelo Ebrard, de mil 700 millones para esos 16 órganos político-administrativos llamados delegaciones, entidades, que no son ni chicha ni limonada y están en el limbo jurídico debido al estatus legal del Distrito Federal.

Es esto lo que les pido: más recursos para las delegaciones desde esta Cámara y por favor, compañeros diputados y diputadas, no nos prestemos a hacer un exhorto que no tiene ninguna base ni fundamento jurídico. Muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Economía, y de Energía, con puntos de acuerdo por los que solicita al Ejecutivo Federal, acreditar por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre lámparas flourecentes compactas que se comercialicen en territorio nacional

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Economía y de Energía de la cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión; correspondiente a la LXI Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su Reglamento, les fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente

“Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal a acreditar por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017 ENER/SCFI-2008, Sobre lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en el territorio nacional”, presentada por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en fecha 6 de septiembre de 2011.

La Comisión de Economía, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 66, 68, 157 y 158 inciso 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se abocó al estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo referida al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados el día 6 de septiembre de 2011, los CC. Secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de esta Soberanía del Punto de Acuerdo que se mencionó en el exordio del presente dictamen.

Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: “Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y Energía”.

Tercero. La Legisladora propone en resumen lo siguiente:

“Consideraciones

Han pasado muchos años desde que Thomas Alva Edison patentara la primera lámpara eléctrica, la única para su tiempo. En la actualidad, el mercado ofrece diferentes opciones de lámparas a elegir, por ejemplo, existen las bombillas incandescentes, que emiten luz cuando la corriente eléctrica pasa por un delgado filamento que se calienta y se vuelve incandescente; su duración es de aproximadamente 1,000 horas. Los tubos fluorescentes crean una descarga de gases, y su duración aproximada es de 6 mil horas.

Existen también lay lámparas halógenas, las cuales requieren menor cantidad de energía para generar luz y su luz es más potente, su duración media es de 2000 horas.

Las lámparas fluorescentes compactas o de bajo consumo duran más y requieren menos energía que una incandescente. Su duración aproximada es de 8,000 horas.

En México, las lámparas ahorradoras compactas disponibles proceden principalmente de China, aunque están resguardadas bajo por marcas de reconocimiento internacional. Sin embargo, no cumplen con los requerimientos especificados en la legislación vigente.

Esto se debe a que muchas lámparas ahorradoras importadas no cumplen el rendimiento que prometen, ya por un lado ahorran menos energía y por el otro duran menos de lo que indica la Norma.

La importación de lámparas ahorradoras que no están dentro de los parámetros permitidos en nuestras normas han venido representando un problema para aquellos sectores consumidores de nuestra sociedad, ya que se tornan lámparas inseguras y pueden llegar a producir cortocircuitos, exponiendo a la población a posibles accidentes.

En México, la legislación vigente que se encarga de la regulación de las lámparas fluorescentes es la NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia Energética y Requisitos de seguridad de lámparas Fluorescentes Compactas Autobalastradas. Límites y Métodos de Prueba. Ésta tiene por objeto fijar los límites mínimos de eficacia de lámparas fluorescentes compactas, con potencia hasta de 28 W, y de los balastros con que operan éstas.

El objeto de esta norma es atender la necesidad de comercializar productos que propicien el uso eficiente de la energía, favoreciendo con ello que no se introduzcan en el territorio productos de mala calidad en nuestro territorio.

Corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como el apoyo para la inspección fiscal y aduanera de acuerdo con el Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En el mismo orden de ideas, la NOM-017-ENER/SCFI-2008 dicta que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, son las autoridades a cargo de vigilar el cumplimiento de la misma Norma (numeral 11).

En dicha norma se establece el Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad(PEC), (numeral 12), este procedimiento establece los lineamientos que tienen que seguir los organismos de certificación, independientemente de los que, en su caso, determine la autoridad competente.

Es necesario el énfasis en el Certificado de Conformidad del Producto, ya que éste es un documento mediante el cual el organismo de certificación otorga un certificado y hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumplen o no las especificaciones establecidas en la norma citada.

Igualmente, la evaluación de conformidad debe realizarse por laboratorios de prueba y organismos de certificación, acreditados y aprobados en la NOM. El usuario debe solicitar la evaluación de conformidad cuando lo requiera para dar cumplimiento a las disposiciones legales, y el organismo de certificación, entregará al interesado el certificado.

Cabe agregar que el procedimiento para la evaluación de la conformidad (PEC), es aplicable a los productos de fabricación local o de importación que se comercialicen en territorio nacional.

Es así como podemos establecer que tenemos medidas jurídicas pertinentes para que por nuestras fronteras no entren lámparas fluorescentes que no cumplan con la normativa. Incluso con estas medidas legales siguen entrando lámparas fluorescentes con mala calidad al país.

Aun cuando las Secretarías de Economía y de Energía expiden el certificado esto no ha sido suficiente, debido a que el mercado nacional está saturado de lámparas fluorescentes compactas de muy mala calidad que llegan a costar hasta 13 pesos y duran un mes.

Con esto, lo único que se obtiene es que exista una competencia desleal, lo cual deja en condiciones de desventaja a las empresas que cumplen la norma vigente, y con todo el proceso de trámites para introducir lámparas de buena calidad2.  Esto da ventaja a las empresas que no se esfuerzan por introducir lámparas en buen estado.

Es necesario que se inspeccione y verifique el cumplimiento de la norma citada, al mismo tiempo que se fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia en aduanas, con objeto de cumplir los mínimos de eficiencia y evitar competencia desleal en la comercialización de lámparas fluorescentes en el país.

Por lo expuesto y fundado, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de las Secretarías de Economía, y Energía, acredite Organismos de Certificación, que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, de todas las lámparas fluorescentes compactas, que se comercialicen en territorio nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de las autoridades aduaneras, fortalezca las acciones de inspección y vigilancia, para verificar el punto de entrada al país y el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia Energética y Requisitos Autobalastradas. Límites y Métodos de Prueba”.

Cuarto. Que en fecha 7 de octubre de 2011, la Comisión de Energía remitió a esta Comisión de Economía el dictamen, en sentido positivo, que emitió respecto del Punto de Acuerdo que nos ocupa a fin de continuar con su trámite legislativo.

Consideraciones

Primera. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Comisión de Economía, es competente para conocer sobre la proposición de punto de acuerdo referida en el exordio del presente dictamen.

Segunda. Que con base a los antecedentes indicados por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, la Comisión de Economía, con las atribuciones señaladas, se abocó de forma respetuosa y responsable a dictaminar la proposición con punto de acuerdo referida.

Tercera. Que el dictamen de la Comisión de Energía establece como consideraciones que soportan el sentido positivo del mismo las siguientes:

“Consideraciones

Primera. Una vez realizado el estudio y análisis de la proposición suscrita por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera, los integrantes de estas comisiones unidas han resuelto respaldar la petición de la diputada promovente en el sentido de que se vigile el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 y de fortalecer las acciones de inspección y vigilancia por parte de las autoridades aduaneras en lo que concierne a las lámparas fluorescentes compactas CFL (sigla del inglés compact fluorescent lamp) que se comercializan en el país.

Segunda.- Plantea la diputada en el punto de acuerdo Primero:

“Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que por conducto de las Secretarías de Economía, y de Energía acredite organismos de certificación que verifiquen el cumplimiento de la NOM-017- ENER/ SCFI-2008, de todas aquellas lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.

Al respecto, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización define la acreditación como el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad.

De acuerdo con información del sitio electrónico de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), la Asociación de Normalización y Certificación, ANCE, AC, ha sido acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y aprobada por la Conuee como organismo de certificación de la NOM-017-ENER/SCFI-2008.

Asimismo los laboratorios de prueba  - autorizados por EMA y Conuee - para realizar pruebas relativas a la NOM-017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba son a saber:

- Osram de México, S.A. de C.V. Laboratorio de Osram Tultitlán.

- Truper Herramientas Laboratorio eléctrico Truper.

- Asociación de Normalización y Certificación, AC, Nueva Industrial Vallejo.

- Asociación de Normalización y Certificación, AC, Zona Norte.

De la revisión de lo anterior se desprende que el punto de acuerdo Primero, carece de materia toda vez que la EMA y la Conuee han acreditado y aprobado el organismo de certificación y los laboratorios para verificar el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba.

Tercera.  Por otra parte la diputada Díaz de Rivera señala que al país llegan lámparas fluorescentes de mala calidad principalmente de China las cuales pueden ser inseguras para el consumidor además de representar una competencia desleal, dejando en condiciones de desventaja a las empresas que cumplen con la norma vigente. Por ello, propone que las autoridades aduaneras fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país y el cumplimiento de la NOM-017- ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

Al respecto estas comisiones unidas no cuentan con los datos suficientes para respaldar la aseveración que hace la promovente en lo que concierne a la calidad de las lámparas fluorescentes compactas y su procedencia. Sin embargo se tiene conocimiento de que ciertas tiendas de productos de oportunidad expenden lámparas ahorradoras a precios muy por debajo de las que se comercializan bajo el cumplimiento de la normatividad vigente (alrededor de $13.00), situación que plantea serias dudas respecto de la calidad de las mismas y, por consiguiente, respecto del cumplimiento de las normas técnicas, lo cual, como señala la diputada Díaz, representan una competencia desleal para aquellas empresas que sí las cumplen.

En conclusión, estas dictaminadoras estiman conveniente respaldar la petición de la promovente por coincidir en que se deben reforzar las acciones de inspección y vigilancia en los puntos de entrada del país para que las lámparas compactas fluorescentes que se comercialicen en territorio mexicano, cumplan con la normatividad vigente a fin de garantizar la calidad de estos productos al consumidor.

Por los razonamientos expuestos las comisiones unidas de Economía y de Energía de esta honorable Cámara de Diputados someten ante el Pleno de esta Soberanía el siguiente:

IV. Acuerdo:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gire instrucciones a las autoridades aduaneras para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país de las lámparas fluorescentes compactas en cumplimiento de la NOM-017- ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

Segundo. Se exhorta a los titulares de la Secretarías de Economía y de Energía para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, implanten las medidas convenientes para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la NOM-017-ENER/ SCFI-2008, sobre las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.”

Cuarta. Que los Diputados que integran la Comisión de Economía, coinciden con los argumentos y razonamientos expresados por los Diputados integrantes de la Comisión de Energía en el dictamen que nos ocupa, por lo que los hacen suyos para efectos del presente dictamen.

Quinta. Por lo que en virtud de lo expuesto.

Las Comisiones Unidas de Economía y de Energía Acuerdan

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, gire instrucciones a las autoridades aduaneras para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país de las lámparas fluorescentes compactas en cumplimiento de la NOM-017- ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía y de Energía para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, implanten las medidas convenientes para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la NOM-017-ENER/SCFI-2008, sobre las lámparas fluorescentes compactas que se comercialicen en territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de octubre de 2011.

La Comisión de Economía, diputados:Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbrica), presidente; Alejandro Cano Ricaud (rúbrica), Jorge Alberto Juraidini Rumilla (rúbrica), Narcedalia Ramírez Pineda (rúbrica), Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María Antonieta Pérez Reyes (rúbrica), Norma Sánchez Romero (rúbrica), Indira Vizcaíno Silva, Rodrigo Pérez-Alonso González, Jorge Antonio Kahwagi Macari, secretarios; Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Arámbula López (rúbrica), Raúl Gerardo Cuadra García (rúbrica), Pavel Díaz Juárez (rúbrica en abstención), Sergio Gama Dufour (rúbrica), Jorge Hernández Hernández (rúbrica), Susana Hurtado Vallejo (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica en abstención), Ifigenia Martha Martínez y Hernández (rúbrica), Luis Enrique Mercado Sánchez (rúbrica), David Penchyna Grub, Enrique Salomón Rosas Ramírez, Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), David Ricardo Sánchez Guevara (rúbrica), Víctor Roberto Silva Chacón.

La Comisión de Energía, diputados:Felipe de Jesús Cantú Rodríguez (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella, José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (rúbrica), Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Ivideliza Reyes Hernández (rúbrica), José Erandi Bermúdez Méndez, Juan Gerardo Flores Ramírez, Eduardo Mendoza Arellano (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez, Pedro Jiménez León, Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Víctor Manuel Kidnie de la Cruz, Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Canek Vázquez Góngora, José Luis Soto Oseguera, Jorge Alberto Juradini Rumilla (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola, Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Genaro Mejía de la Merced, Éric Luis Rubio Barthell (rúbrica), Miguel Martín López (rúbrica), Leandro Rafael García Bringas (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Elsa María Martínez Peña (rúbrica), Magdalena Torres Abarca (rúbrica), Ramón Jiménez López (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Antes de poner a discusión el punto de acuerdo, quiero saludar a empresarios jaliscienses, invitados por el diputado Alberto Esquer Gutiérrez. Sean ustedes muy bienvenidos.

Está a discusión el punto de acuerdo. Se ha registrado, en pro, el diputado Ramón Jiménez López.

El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, presidente. Es innegable que en los últimos años hemos resentido los efectos del calentamiento global, debido a la actividad humana en desproporción. También es cierto que por cuestiones de sustentabilidad y racionalidad económica tenemos que mudar nuestras formas de producir y vivir a otras que generen un impacto mínimo en el medio ambiente, de producir energía más limpia, minimizando las emisiones de dióxido de carbono.

Asimismo, se pretende que se reduzca el consumo de energía con el mismo objetivo, planteando el cambio de lámparas incandescentes por fluorescentes, las cuales han demostrado una mayor eficiencia energética que impacta en la minimización de estas emisiones que contribuyen al calentamiento global.

Sin duda, es loable esta acción; por desgracia, la finalidad no se alcanzará hasta que exista un cronograma bien estructurado en la Estrategia Nacional de Energía —que todavía no vemos—, que permita éste sustituir no sólo lámparas incandescentes por fluorescentes, sino que sustituya las plantas eléctricas altamente contaminantes por aquellas donde los insumos sean renovables y su uso sea limpio.

Asimismo, también se reduzca el margen de reserva, ya que si esto no pasa, el lanzamiento de emisiones de dióxido de carbono se vendrá incrementando, favoreciendo con ello solamente la privatización del sector generador de energía eléctrica y favoreciendo también altas tarifas eléctricas.

Pero el tema fundamental es el siguiente: que las lámparas fluorescentes, que ya existen en el mercado, poseen un contenido de mercurio altamente contaminante y que puede poner en riesgo, en determinado momento, la salud humana debido a su mal manejo o a la mala calidad de las lámparas fluorescentes.

Por lo que consideramos conveniente que el gobierno federal, a través de las instancias correspondientes, sea capaz de hacer cumplir la norma oficial destinada a regular las características de dichos bienes, pues de no hacerlo podrían poner en riesgo la vida humana.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de aprobar el presente punto de acuerdo en sus términos, que básicamente consisten; primero, en que se exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público gire instrucciones a las autoridades aduaneras para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia para verificar el punto de entrada al país de las lámparas fluorescentes, compactas, en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-NER/SCFI-2008.

El punto número dos, que se refiere al mismo tema, se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y Energía para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, conforme a sus atribuciones y en el ámbito de sus respectivas competencias, implanten las medidas convenientes para fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de dicha norma. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Dictamen de la Comisión de Marina, con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Marina que realice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa La Amistad, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de Seguridad Nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Marina de la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Marina, analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza, presentada por el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión legislativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162,180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 6 de octubre de 2010, el diputado Francisco Saracho Navarro, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Marina, analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Marina, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

En el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, el diputado Francisco Saracho Navarro refiere que la presa “La Amistad” se encuentra situada a 1.5 kilómetros aguas abajo de la confluencia de los ríos Devil’s y Bravo y, a 23 kilómetros al noroeste de Acuña, Coahuila. Entre sus instalaciones que se ubican tanto en territorio estadounidense como mexicano, destacan una planta generadora de electricidad con capacidad de 160 millones de kilowatts por hora, así como una playa artificial denominada Tláloc.

Esta playa localizada del lado mexicano, es un atractivo turístico tanto para la población local como para la foránea, toda vez que ofrece la oportunidad de realizar diversas actividades recreativas y deportivas vinculadas a la pesca. También, ha servido de escenario para eventos culturales.

La alta afluencia de visitantes a esa playa, además de generar una importante derrama económica para los prestadores de bienes y servicios turísticos locales, ha colocado a Acuña como una de las fronteras que más personas recibe en diversas temporadas del año y, dada la hospitalidad y cordialidad de su gente, es considerada “La Ciudad de la Amistad”.

Sin embargo, precisamente por ser Acuña una ciudad fronteriza, la misma, como todas las demás ubicadas en la división natural que separa a nuestro país del de Estados Unidos de América no ha escapado a la influencia de actividades delictivas propias de regiones fronterizas tales como el tráfico de drogas, de migrantes, armas o la trata de personas.

En ese contexto, los gobiernos mexicano y norteamericano acordaron incrementar las medidas de seguridad en la zona de la presa. Redoblaron la vigilancia y cercaron la cortina y la central hidroeléctrica con una malla perimetral ciclónica coronada con alambre de púas. Además, elementos de la Dirección General de Aduanas adscritos en Acuña, en colaboración con oficiales de la Border Patrol del sector Del Río, de los Estados Unidos de Norteamérica, realizan operativos de revisión de vehículos y patrullajes para detectar cualquier tipo de contrabando, así como evitar el tráfico de personas e impedir que los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos de Norteamérica arriesguen sus vidas.

No obstante esto, los acuñenses demandan de las autoridades federales reforzar su presencia y las actividades de seguridad en esa ciudad, particularmente en la Presa “La Amistad” porque, al igual que las otras fronteras, Acuña es una zona vital para la seguridad nacional por lo que se requiere de presencia militar.

Sabedores que la Armada de México está facultada para emplear el poder naval de la Federación en la defensa exterior del país, así como para coadyuvar, tratándose de la seguridad nacional, en el combate de delitos como el terrorismo, contrabando, piratería, robo de embarcaciones, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes o psicotrópicos, los diputados de Coahuila, en apoyo al sentir de los acuñenses que piden mayor seguridad para su integridad física y patrimonial, así como proteger la de los turistas nacionales e internacionales que visitan la presa “La Amistad”, consideramos que la instalación de una estación naval en dicha presa representa una opción viable y adecuada para atender aquellas legítimas demandas.

Por lo antes expuesto someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Único.Se solicita a la Secretaría de Marina, analice y evalúe la viabilidad técnica y operativa de instalar una estación naval en la vertiente de la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de seguridad nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza.

Consideraciones

En atención de dicha solicitud, la Comisión legislativa que elabora el presente dictamen realizó el siguiente análisis:

De acuerdo a la exposición de motivos planteada en la propuesta, para instalar una Estación Naval en la presa “La Amistad” que cumpla con los fines requeridos, para reforzar la presencia de la autoridad en cuanto a medidas de seguridad, efectivamente la Secretaria de Marina tiene las facultades que emanan de la Ley Orgánica de la Armada de México en los siguientes artículos:

“Artículo 1. La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Artículo 2. Son atribuciones de la Armada de México, las siguientes:

...

...

III. Realizar acciones para salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas, cayos, arrecifes, zócalos y plataforma continental; así como en aguas interiores, lacustres y ríos en sus partes navegables, incluyendo los espacios aéreos correspondientes, así como vigilar los derechos de soberanía en la zona económica exclusiva;

IV. Proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre, en el área de jurisdicción federal y donde el Mando Supremo lo ordene y, en coordinación con otras autoridades competentes mediante convenios, establecer por instrucción del Mando Supremo las áreas de control al mismo, incluidos los respectivos espacios aéreos;

V. Salvaguardar la vida humana en la mar y en las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas marinas nacionales e internacionales y en todas aquellas en las que el Mando Supremo lo ordene;

VI. Proteger instalaciones estratégicas del país en su área de jurisdicción y donde el Mando Supremo lo ordene;

VII. Auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o emergencia; aplicando los planes institucionales de protección civil, en coordinación con otras autoridades;

VIII. Proteger los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales;

IX. Garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas mexicanas por sí o coadyuvando con las autoridades competentes en el combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de embarcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de la legislación aplicable;

...”

Atento a lo anterior, resulta procedente para esta Comisión que dictamina, la instalación de la Estación Naval que solicitan, más aún para los fines que se pretenden, en virtud de que la seguridad es primordial para el desarrollo y  crecimiento del turismo, así como de la propia sociedad acúñense, la que con los planes de promoción turística que pretenden para impulsar el turismo, beneficiará a todo el norte de la República Mexicana, aunado a lo anterior, en la ribera de la presa se localiza una playa artificial denominada Tlaloc y dentro de su infraestructura cuenta con palapas, asadores, baños, tienda, renta de lanchas para paseos, zona de acampar y muelles para el botadero de embarcaciones ligeras, por tal motivo este lugar tiene una alta afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros, la cual coloca a Acuña como una de las fronteras más visitadas en diversas temporadas del año, situación que no está exenta de actividades delictivas, y es una preocupación generalizada, el alarmante incremento y expansión de la inseguridad manifestada en el narcotráfico y la delincuencia organizada, que por su gravedad y sofisticación aqueja de manera importante esta región.

Asimismo se advierte como el Gobierno Federal ante dicha problemática implementa estrategias para combatir este fenómeno y que no obstante de mantener de forma permanente estos esfuerzos se hace necesaria la instalación de una estación naval, para que con las acciones provenientes de la Armada de México puedan combatir con más eficacia a los diferentes grupos delictivos, cuyos integrantes se dedican al tráfico ilícito de armas, de drogas, de inmigrantes y trata de personas.

La presa “La Amistad”, en los límites de la Ciudad de Acuña y del Río Texas, es la más grande de Coahuila con más de siete mil millones de metros cúbicos de agua y ocupa un terreno de más de treinta mil hectáreas, su central hidroeléctrica tiene una capacidad de generar sesenta y seis megawatts de energía eléctrica, la cual es distribuida en igualdad a ambas naciones, su embalse es aproximado a 4,462 hectómetros cúbicos y es operado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas y con su gran vaso de almacenamiento, la mencionada presa ocupa el sexto lugar en tamaño en la República Mexicana.

En virtud de lo anterior, y como un mero ejemplo, las estaciones navales que operan en la República Mexicana en forma efectiva, son las de Puerto Vallarta, Jalisco, que fue la primera en establecerse el 4 de abril de 2007; asimismo, con fecha 16 de abril de 2008 se crearon las estaciones en Ensenada, Baja California, Los Cabos, Baja California Sur, Huatulco, Oaxaca e Isla Mujeres, Quintana Roo; el 16 de abril de 2009 se establecieron las estaciones en Acapulco, Guerrero, Mazatlán, Sinaloa, Yucalpetén, Yucatán, y Ciudad del Carmen, Campeche y el 1 de junio de 2010 las de La Paz, Baja California Sur, Guaymas y Puerto Peñasco, Sonora, Tampico y el Mezquital en Tamaulipas.

En este sentido, esta Comisión Dictaminadora estima procedente la proposición con punto de acuerdo para que la Secretaria de Marina analice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad” y de ser procedente podríamos concluir que existiría una estructura sólida y completa para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad en la mencionada presa.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión de Marina somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Marina que realice y evalúe la viabilidad de instalar una estación naval en la presa “La Amistad”, ubicada en Acuña, Coahuila, a fin de reforzar las estrategias de Seguridad Nacional y combate a la delincuencia organizada en esa zona fronteriza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre 2011.

La Comisión de Marina, diputados: Alejandro Gertz Manero (rúbrica), presidente; Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica), Carlos Martínez Martínez, Francisco Armando Meza Castro (rúbrica), secretarios; Antonio Benítez Lucho (rúbrica), Rolando Bojórquez Gutiérrez (rúbrica), Martín Enrique Castillo Ruz, Sofía Castro Ríos (rúbrica), Hilda Ceballos Llerenas (rúbrica), Carlos Manuel Joaquín González, Víctor Manuel Kidnie de la Cruz (rúbrica), Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Israel Madrigal Ceja, César Mancillas Amador, Onésimo Mariscales Delgadillo (rúbrica), Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Mario Moreno Arcos (rúbrica), Gustavo Antonio Miguel Ortega Joaquín, Silvia Puppo Gastélum, José Francisco Rábago Castillo (rúbrica), Julio Saldaña Morán (rúbrica), José Ignacio Seara Sierra, Bernardo Margarito Téllez Juárez (rúbrica), Georgina Trujillo Zentella.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No se encuentran oradores inscritos; en tal virtud, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquese.

Para concluir la sesión han llegado diversas propuestas de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Dé la Secretaría cuenta de ellas.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado y a la Procuraduría General de la República, a ampliar el operativo Guerrero Seguro, actualmente en aplicación en Acapulco, Zihuatanejo de Azueta y otras zonas de Guerrero

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustentan la diputada Claudia Ruiz Massieu, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y a la titular de la Procuraduría General de la República, dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad Nacional, realicen las valoraciones y acciones necesarias a efecto de ampliar el operativo coordinado denominado Guerrero Seguro, actualmente en aplicación en el municipio de Acapulco, al municipio de Zihuatanejo de Azueta y otras zonas del estado de Guerrero que pudieran resultar afectadas por actividades de la delincuencia organizada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica ), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha registrado en contra el diputado Fernández Noroña y el diputado Cárdenas Gracia, y a favor, la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas. Tiene la palabra el diputado Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas —sobrevivientes a esta sesión—, miren, es correcto exigir la salida del Ejército de Guerrero, pero qué manera de pedirla.

Hay un fracaso estrepitoso de la política de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa en el asunto de la inseguridad; no hay una voz, bueno, sí, la del PAN, que lo defiende, pero no hay ninguna voz sensata que diga que se están haciendo bien las cosas; las violaciones a derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones forzadas, el brutal baño de sangre que hay en el país nos llama la atención sobre la gravedad del asunto y esta soberanía sigue mandando exhortos, pidiendo, planteando consideraciones, en lugar de ejercer ya una presión definitiva.

No sólo eso, sino se es tan esquizofrénico, que prácticamente todas las fracciones parlamentarias en esta tribuna han manifestado su repudio a esa política y mañana, que estemos aquí discutiendo el Presupuesto, le aprueban el aumento al Ejército, a la Marina, a la Secretaría de Seguridad Pública, con ese hampón peligrosísimo que es García Luna y que además, asigna directamente el 90 y tantos por ciento de lo que compra, desde esa dependencia.

La verdad es que no estoy de acuerdo en que se siga abordando de manera incorrecta este tema de seguridad; nosotros debemos generar un cambio de fondo en esta materia y eso sólo se hará si se empieza a invertir el 8 por ciento del producto interno bruto en educación, el 2 por ciento en investigación, inversiones importantes en infraestructura, que se requiere en el país de muy diverso tipo.

Por ejemplo, podríamos construir las cinco refinerías; reconstruir los Ferrocarriles Nacionales, que los privatizaron diciendo que iban a ser los más modernos del mundo y son tan modernos que son invisibles, no existen. De esa manera, se podría generar empleo bien pagado y podría detonar un proceso muy importante y diferente que atacara realmente las causas de fondo que han generado esta descomposición y violencia brutal que hay en el país.

Sostengo que el gobierno de facto simula esta lucha contra el narco; sostengo que sus órganos de inteligencia —si es que los tienen y si es que fueran reales—, no sirven para nada, porque todo mundo sabe dónde está la delincuencia y no se ataca. Sólo los ciudadanos, como lo he dicho, son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país.

Por ello, reitero en mi posición de rechazo este tipo de planteamientos, que no van al fondo del problema. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados y compañeras diputadas.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: No hará uso de la palabra la diputada Ruiz Massieu; por lo tanto, en términos de ley, debiendo haber un orador a favor y uno en contra, pregunte la Secretaría si se considera suficientemente discutido el punto.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido este asunto. Las diputadas y los diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en contra sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría a favor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si están de acuerdo en este punto. Las diputadas y los diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en contra sírvanse manifestarlo. Mayoría a favor, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE NAYARIT

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a realizar estudios técnicos, jurídicos y económicos que permitan el traslado de la población penitenciaria interna en el centro federal de readaptación social número 4, situado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario de las Islas Marías

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal a realizar con fundamento en sus facultades legales y con la mayor brevedad estudios técnicos, jurídicos y económicos que permitan el traslado de la población penitenciaria interna en el centro federal de readaptación social número 4 noroeste, El Rincón, situado en Tepic, Nayarit, al complejo penitenciario Islas Marías, así como la concesión de las instalaciones donde actualmente está dicho centro, al gobierno de Nayarit, para su operación como centro de readaptación social estatal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Antes de continuar con el trámite, esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad La Salle, del noreste de Ciudad Obregón, Sonora, invitados por el diputado Adolfo Rojo Montoya. Son cordialmente bienvenidos.

De igual manera a estudiantes de la Escuela Autónoma de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, invitados por el señor diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez. Son también cordialmente bienvenidos.

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Cora Cecilia ¿quiere hacer uso de la palabra?

La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso (desde la curul): Sí, diputado presidente. Para sumarme a este punto de acuerdo que propone la Junta, en virtud a que particularmente el municipio de Tepic se está viendo azotado por una violencia que desata precisamente la presencia de este penal federal.

Originalmente este centro de readaptación se construyó para convertirse en un centro de readaptación estatal, por motivo del hacinamiento que el actual centro y que desde hace tres sexenios tiene el penal estatal; en la primera administración panista se convierte este penal, que no tiene las características para ser un penal de alta peligrosidad, en un penal federal, donado por un gobierno de las mismas afiliaciones políticas y lo convierten en una bomba de tiempo que ha desatado un índice de violencia y una inseguridad muy grande en nuestro municipio.

Le agregaría a ese punto de acuerdo que se le pida a la Comisión de Presupuesto que no le sean asignados los recursos que vienen proyectados en ese Presupuesto, en virtud de que lo quieren convertir en el centro de readaptación más grande de América Latina.

Las características del penal no tiene las medidas de seguridad para convertirse en un penal que tenga bajo su custodia reos que tienen vínculos con la delincuencia organizada, en virtud de que se encuentra construido en un pozo, cerca de una carretera internacional, además de que —como todos sabemos— estos centros de readaptación todo reúnen menos las características para rehabilitar a los presos que ahí se tienen y que además, éstos siguen operando sus redes desde adentro de estos penales. Gracias.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: He recibido la solicitud de inscripción de dos oradores: en contra, el diputado Cárdenas Gracia; en pro, el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez. Tiene la palabra el diputado Cárdenas Gracia.

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Fíjense lo contradictorio que se plantea aquí; por un lado, se exhorta para trasladar a los reos que se encuentran en este penal de Tepic, Nayarit, a las Islas Marías, pero por otra parte, en el Presupuesto de Egresos de la Comisión de Presupuesto, que está conociendo esta Cámara de Diputados y que conocerá el pleno el día de mañana, seguramente, se propone incrementar los recursos para que este centro de readaptación social sea uno de los centros de readaptación así llamados, porque no hay readaptación más grande de América Latina.

Es decir, la Junta de Coordinación Política, la Cámara, pretende exhortar para trasladar a los reos a las Islas Marías, pero el día de mañana, cuando se vote el Presupuesto, se contienen asignaciones presupuestales para incrementar el presupuesto para este centro penitenciario, a fin de que sea uno de los centros más importantes de América Latina; estamos hablando dos lenguajes contradictorios: el día de hoy uno y el día de mañana otro.

Pedí la palabra para votar en contra, para exponer razones, porque coincido con lo que se decía en el punto anterior, cuando hablaba mi compañero Fernández Noroña, que explicaba cómo la política de seguridad pública en México está errada y está errada porque no es integral.

Por ejemplo, en materia de centros penitenciarios lo que urge en nuestro país es dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución, para que esos centros de readaptación permitan la reinserción social de las personas a través del trabajo, de la educación, de la salud y el deporte, lo que no ocurre en los centros penitenciarios de nuestro país.

También es fundamental, en esta propuesta de reforma integral, darle autonomía al Ministerio Público; fortalecer las policías estatales, municipales y federales mediante la educación; modificar el sistema de justicia.

Ahora, que aprobamos esta reforma en materia de derechos humanos, nos damos cuenta que los jueces mexicanos, locales y federales, no están capacitados en materia de tratados; no van a poder realizar este control de la convencionalidad, la que exige el artículo 1o. de la Constitución hoy en vigor.

Por tanto, porque el planteamiento es equivocado, porque es contradictorio, porque un día vamos a aprobar una cosa y el día de mañana otra, es que me apunté para votar en contra de este punto de acuerdo. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Humberto Cota Jiménez: Gracias, compañeros y compañeras. Con su permiso, señor presidente. Primeramente, quiero agradecer la adhesión que a este punto se ha expresado y no sólo ello, todos los diputados federales de las diferentes fracciones parlamentarias, integrantes de Nayarit, nuestra entidad, estamos sumados a este punto de acuerdo.

Quiero invitar al señor Cárdenas Gracia, respetable diputado, efectivamente coincidimos con mucho de lo que aquí ha expresado, pero el punto de acuerdo, que en este momento quiero colocar a consideración del pleno, es justamente —con puntualidad lo expreso—, lo que la compañera diputada Cora Cecilia ha expresado.

Un peso más no debe invertirse en este centro de rehabilitación penitenciario El Rincón; nos ha generado muchas dificultades, nos ha generado mucha inseguridad e indudablemente, este espacio penitenciario representa para nuestra entidad un grave problema, que justamente, a partir del 2007, ha sido la causa fundamental de la inseguridad de nuestra entidad.

Por ello, se considera que el Centro Federal de Readaptación Social de El Rincón no resuelve la problemática que envuelve a la población penitenciaria del fuero federal, sino por el contrario; permea a la sociedad nayarita que habita los alrededores de la institución, ya que las redes de delincuencia se tejen desde el interior del centro, lo cual afecta de manera directa a los habitantes, haciéndolos víctimas de violencia, de extorsión y de corrupción, y entristece, lamentablemente, a la sociedad nayarita.

Lo anterior, lo fundamentamos en el hecho de que no es sino hasta mediados de 2008, cuando se empieza a incrementar considerablemente la población en el Cefereso El Rincón, pasando de tan sólo 611 internos, en 2008, a mil 264 y que actualmente su población se ha incrementado a mil 360 y con la inversión que el señor Cárdenas Gracia con precisión ha dicho, se pretende que en ese centro de rehabilitación se llegue a más de 3 mil 200 internos.

En ese sentido y de acuerdo a las cifras que el propio gobierno federal ha emitido, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada, ocurridos en la ciudad de Tepic, se han incrementado considerablemente.

Aunado a ello, en el estado de Nayarit, el Cefereso 4 del fuero común, el Cefereso local, Venustiano Carranza, tiene una capacidad instalada para 962 internos y actualmente existen mil 987; son más del 100 por ciento de lo que ahí estaba inicialmente programado.

Por ello nuestra propuesta, de los diputados federales, es que en las Islas Marías sean trasladados los reos federales y que en este Presupuesto no se le coloque un peso más de inversión.

Concluyo, señor presidente.

Uno de los puntos del acuerdo es que se reconduzcan estos recursos a las Islas Marías para que se vocasione realmente este espacio penitenciario. Gracias por su apoyo a este punto expresado.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha inscrito, en pro del dictamen, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Pero antes, debe preguntar la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias diputados. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.

Antes de entrar al último punto del orden del día de esta sesión, saludamos al Grupo de Derecho, Vasco de Quiroga, de Morelia, Michoacán, invitados por el diputado Benigno Quezada Naranjo. Sean ustedes muy bienvenidos.

Continúe la Secretaría con el último punto de acuerdo.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Bicentenario de la Independencia.— Centenario de la Revolución.— LXI Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua a realizar una investigación en la barranca México 68, localizada en Naucalpan de Juárez, México, que permita establecer los límites comprendidos de la zona sujeta a conservación ambiental

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que sustenta el diputado Sergio Mancilla Zayas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, dispongan la realización de una investigación en la barranca México 68, localizada en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, que permita establecer los límites comprendidos de la zona sujeta a conservación ambiental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.— Diputado Armando Ríos Piter (rúbrica p.a.), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;Diputado Francisco José Rojas Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;Diputado Juan José Guerra Abud (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se ha registrado un orador.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Sí.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Diputado presidente, solo para comentar que siendo en términos generales correcta la intención de los exhortos —ya se ha comentado aquí, pero no quiero dejar de manifestarlo—, no han tenido ninguna fuerza política, mucho menos legal; no ha habido —que yo sepa— en toda esta LXI Legislatura un solo exhorto al cual el gobierno de facto le haya hecho caso, que yo sepa, uno solo; sería, inclusive, bueno que nos informaran si ha habido aunque sea uno, al que se le haya hecho caso.

Quiero comentar eso y quiero hacer una última reflexión muy puntual, es correcto el planteamiento que hacen los compañeros diputados de Nayarit, es una tierra súper fértil, tienen agua, tienen gente trabajadora, tienen todo y les quieren construir el penal más grande de alta seguridad. Pero con la decisión que se tomó se deja en una situación de mayor vulnerabilidad a muchísimos hombres y mujeres inocentes —y subrayo inocentes—, como policías de Hidalgo, que están acusados de vínculos con el narco, que llevan más de dos años sin ser sentenciados, que los mandaron a Nayarit; sus familias batallan muchísimo para ir a Nayarit y ahora tendrán que irlos a visitar con mayor dificultad a las Islas Marías; entonces, tenemos que entrarle al asunto de fondo.

El informe de Human Rights Watch, es muy claro en cómo se han estado fabricando culpables de manera brutal por este gobierno de facto y creo que esta soberanía, en algún momento, debería hacer una reflexión seria y tomar decisiones de fondo para atender este tema.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Continúe la Secretaría, ¿terminó la lectura?

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Sí, señor.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, en pro, el diputado Sergio Mancilla Zayas.

El diputado Sergio Mancilla Zayas (desde la curul): Con su permiso, diputado presidente. Quiero  comentarles a los compañeros diputados, a las compañeras diputadas, que coincido plenamente con lo expuesto por el compañero Noroña y de hecho, voy a arrancar mi intervención con lo que pensaba terminarla.

Quiero decirle que he presentado, por lo menos con ésta, tres o cuatro exhortos al gobierno federal, a diferentes dependencias y sí, sale en Gaceta, la Gaceta; si bien me va, me ha llamado algún funcionario menor, jefe de departamento y por cierto, ninguno de los casos que he exhortado ha tenido una conclusión favorable. Tiene usted toda la razón.

Quiero agradecerle, primero, a la Junta de Coordinación Política, a todos sus integrantes, que hayan hecho suyo este punto de acuerdo promovido por un servidor; el asunto que aquí se presenta, señores diputados, no es un asunto menor, como sabemos, la barrancas están bajo la jurisdicción y administración de la Comisión Nacional del Agua y en los hechos —y el hecho particular que está presentando su servidor—, se habla de un juicio de prescripción positiva, de adjudicación de mil 400 metros cuadrados de una zona federal protegida, que en realidad ya la fuimos a medir, son más de 3 mil 100 metros y sin que la autoridad federal intervenga.

Lo que estamos solicitando es que las autoridades competentes; es decir, la Conagua y la Profepa, intervengan de manera contundente para defender el patrimonio nacional y revertir la sentencia mediante el cual se adjudica a un particular un predio nacional.

Los vecinos del fraccionamiento ya han visitado en varias ocasiones a ambas dependencias y sin embargo, no han tenido ninguna respuesta.

Hemos visto una actuación muy endeble de parte de estas dos dependencias y queremos que además de hacer este exhorto la Junta de Coordinación Política, que nos apoye a darle seguimiento, que se pueda concretar una visita guiada por parte de los vecinos con funcionarios de ambas dependencias y que se puedan llegar a algunos avances, a lo cual le daré seguimiento; le pido a la Junta de Coordinación me apoye.

Estaré informándole a este órgano de gobierno, para que se pueda llegar a un buen cauce esta solicitud. Muchas gracias, diputado presidente.

ESTADO DE NAYARIT

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De acuerdo. Ha solicitado el uso de la palabra, para rectificación de hechos, la diputada Hilaria Domínguez.

La diputada María Hilaria Domínguez Arvizu (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para agradecer y reconocer el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con respecto al penal que tenemos en E1 Rincón, del municipio de Tepic, estado de Nayarit.

Como madre de familia, para quienes vivimos en Nayarit y que era un estado tranquilo, en paz, hoy respiramos mucha intranquilidad; nuestros niños, nuestros jóvenes de la escuela a su trabajo o del traslado de un plantel a otro, han sido víctimas; es más, hasta directores y maestros en sus propias aulas y siendo testigos nuestros niños han caído.

Nosotros, los que habitamos en Nayarit, demandamos y solicitamos a las y los diputados de esta LXI Legislatura, que los recursos que son asignados para seguridad en la ampliación del Cereso de El Rincón, del estado de Nayarit, sirvan, que de acuerdo a 1917, cuando se creó nuestro estado de Nayarit libre y soberano, las Islas Marías son nuestras, se las damos a Gobernación, en los años y los siglos que quieran, pero que ese Presupuesto que está asignado ahora mismo para la ampliación del penal, se construya un nuevo penal federal en las Islas Marías.

Los nayaritas no lo queremos en Nayarit, porque las familias queremos tranquilidad y paz en Nayarit, como había sido nuestro querido estado. Gracias, compañeras y compañeros diputados, por su atención y demandamos y requerimos de su comprensión para que esos recursos se vayan a las Islas Marías, a la construcción de un nuevo penal federal. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si está suficientemente discutido el punto del diputado.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Perdón, ¿alguien quería hacer uso de la palabra? Manuel Acosta.

El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (desde la curul): Sí, presidente. Muy buenas tardes; primero que nada, ayer en la Comisión de Seguridad Pública se discutió este tema, es preocupante que el Centro Federal que está en Tepic, que ni está cumpliendo su función como centro de readaptación, pero sí está trayendo un grave problema a la población nayarita, obviamente teniendo ahí en el mismo territorio, de ése mismo estado, las Islas Marías; que no se están haciendo las cosas, no se está cumpliendo el tema de fondo, como dijo el diputado que me antecedió.

Creo que aquí lo más importante es, hay grandes necesidades en el estado de Tamaulipas y en otros estados en el tema carcelario, pero además de eso se pide que en este Presupuesto no se le asignen recursos a ese centro federal, pero además que se tome esa decisión, que no se sigua aplazando esa decisión, porque los que están sufriendo las consecuencias —como ya lo dijo el diputado Cota, la diputada Hilaria y los diputados de Nayarit, la diputada Cora—, el problema es que la sociedad de Tepic y de Nayarit están sufriendo las consecuencias.

Como miembro de la Comisión de Seguridad Pública pido la solidaridad de todos y que en el mismo Presupuesto no se le asignen recursos a este centro, desde este tema que estamos discutiendo en estos días. Es cuanto.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Antes de proseguir, damos la más cordial bienvenida a alumnos del CBTIS 139, de San Juan del Rincón, Guanajuato, invitados por la diputada Cecilia Arévalo Sosa. Sean ustedes muy bienvenidos.

Igualmente, a estudiantes del CEBETA, Ichán, Chilchota, Michoacán, invitados por el diputado Agustín  Torres Ibarrola. También les damos la más cordial bienvenida.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo al que se refirió el diputado Sergio Mancilla.

ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas  y los diputados que estén por la negativa. Es mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado. Comuníquese.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y las proposiciones que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo de las que se haya recibido comunicación para ser registradas en la siguiente sesión.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa del turno correspondiente a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 10 de noviembre de 2011, de conformidad con los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea de los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo que no fueron abordadas en el orden del día del jueves 10 de noviembre de 2011, para su remisión a las comisiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2011.— Diputado Emilio Chuayffet Chemor (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ramón Martel López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

4. Que reforma los artículos 3º de la Ley General de Protección Civil y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 2°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

6. Que adiciona los artículos 157 Ter y 157 Quáter a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

8. Que reforma los artículos 10, 25 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de la Función Pública, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

10. Que adiciona un artículo 1378 Bis y reforma el artículo 1399 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

11. Que reforma los artículos 109, 167 y 190 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

12. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Que expide la Ley General de Protección Frente a la Violencia Ejercida en Contra de los Varones, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Equidad y Género, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

14. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

15. Que reforma los artículos 37 y 40 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Ariel Gómez León, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para dictamen.

16. Que reforma el artículo 50 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado Luis García Silva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y crédito público, para dictamen.

17. De Decreto, que crea el Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero, como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal y expide su Ley Orgánica, a cargo del diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y crédito público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

18. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María Felicitas Parra Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

19. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, supervise los servicios de dietas telefónicas que se ofrecen mediante spots transmitidos por radio y televisión, debido a que en México se están sufriendo serios trastornos alimenticios que perjudican a nuestra juventud y niñez, a cargo del diputado Jaime Flores Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la PGJ del estado de Jalisco y a las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, tomen las medidas correspondientes a fin de evitar que se utilicen las instalaciones de las mismas en actividades ajenas a su naturaleza y se sancione de manera enérgica a quienes incurran en dichas prácticas, a cargo de la diputada Rosi Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, diseñe de manera coordinada con el Gobierno del estado de Chihuahua, políticas públicas y comerciales que coadyuven al mejor desarrollo económico del estado con el objeto de atraer mayor inversión nacional y extranjera y establecer canales para comercializar y posicionar los productos de exportación chihuahuenses en los diferentes países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la SEP, para que los planes y programas de estudio para la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, comprendan lo relativo al conocimiento y dominio del idioma inglés, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, con base en los estándares que al efecto ha emitido la UNESCO, a cargo del diputado Jaime Oliva Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, para que a través del Consulado General de México en Raleigh, se brinde la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el respeto a sus derechos, independientemente de su condición migratoria, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, instrumente un nuevo programa de chatarrización con el objeto de retirar unidades vehiculares con más de 10 años de antigüedad de la circulación, a cargo del diputado Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, declare el año 2012 como el del bicentenario del rompimiento del sitio de Cuautla de 1812, a cargo del diputado José Ramón Martel López y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.»

La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor (a las 15:35 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 11 de noviembre de 2011, a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9 de la mañana.

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